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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 168, de 27/10/2020
cve: BOCG-14-D-168
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de octubre de 2020
Núm. 168
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la conmemoración de las víctimas del comunismo... (Página6)
161/001526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la provisión de la vacante existente en la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos... (Página9)
161/001550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al fortalecimiento de los derechos sociales como respuesta a la crisis sanitaria, económica y
social... (Página13)
161/001551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la defensa y protección de nuestro Patrimonio Cultural y sus valores democráticos, y el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales en materia
de derechos humanos... (Página14)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de la Democracia y los Derechos Humanos en el Estado plurinacional de Bolivia... (Página16)
161/001522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción y refuerzo de las lenguas y cultural españolas e hispanas en el mundo... (Página18)
161/001531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al apoyo al Gobierno legítimo de Bolivia contra las injerencias exteriores y por unas elecciones justas y libres... (Página19)
161/001533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a las garantías democráticas en los próximos procesos electorales de América Latina...
Comisión de Justicia
161/001529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar la mediación y la resolución extrajudicial de conflictos...
161/001540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno español a solicitar la ejecución provisional de la sentencia que reconoce el Pazo de Meirás como bien del Estado y su posterior
transferencia a la Xunta de Galicia... (Página26)
Comisión de Defensa
161/001518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de las capacidades del Ejército del Aire y del arma submarina de la Armada... (Página27)
Comisión de Hacienda
161/001523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas... (Página30)
Comisión de Interior
161/001532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la modificación del proceso de concesión de condecoraciones policiales, basado en los principios de objetividad, equidad y transparencia...
161/001536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital...
161/001545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de puntos focales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas...
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre alquiler asequible, estable y seguro... (Página40)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la inclusión del Pueblo Gitano y la lucha contra el antigitanismo ante las consecuencias de la crisis
provocada por la COVID-19. Incorporación de firma... (Página43)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a elaborar, revisar y actualizar las medidas contra la peste porcina africana (PPA)... (Página44)
161/001539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la modificación del proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado... (Página48)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a impulsar cualquier forma de hidrógeno de bajas emisiones que sea eficiente... (Página49)
161/001524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de modificar y actualizar el modelo de gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa con objeto de respetar y propiciar la cercanía
institucional, administrativa y socioeconómica a sus habitantes y proteger sus derechos... (Página53)
161/001541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la regeneración de la ría de Ferrol... (Página55)
Comisión de Cultura y Deporte
161/001517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a apoyar la inclusión de la Catedral de Santa María de Regla de León, la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, el edificio del antiguo convento de San
Marcos, la casa-palacio de Botines de Gaudí y las murallas, en la Lista Indicativa Española... (Página56)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la enfermedad de la Fibromialgia y la legislación vigente. Retirada... (Página59)
161/001512 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a considerar enfermedad profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja laboral del personal que presta
servicios en centros sanitarios y sociosanitarios, centros residenciales de gente mayor y centros de personas discapacitadas, contagiado por COVID-19... (Página59)
161/001537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de las medidas necesarias para reducir el nivel de contagios de la COVID-19 para la Navidad según el baremo de la Unión Europea...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en la cooperación
al desarrollo... (Página62)
161/001535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre promoción de una estrategia de desarrollo sostenible coherente con los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural...
Comisión de Igualdad
161/000968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
Incorporación de firma... (Página64)
161/001511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a una educación sexual integral respetuosa con la diversidad sexual...
161/001546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a abordar las carencias, dificultades y desigualdades de las mujeres en el ámbito rural, agravadas en la situación de crisis económica y social
devenida tras la COVID-19... (Página67)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/001538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prevención del suicidio en víctimas de violencia machista... (Página69)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001513 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a regular la baja laboral de los padres o tutores de hijos en edad de escolarización básica que deban hacer cuarentena, tanto si
han dado positivo en una prueba PCR como si no... (Página71)
161/001534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el consumo de leche y productos lácteos en la población infantil y adolescente... (Página72)
161/001543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan de actuación sobre la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia a través
de las redes... (Página73)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un nuevo Plan tipo de seguridad vial en la empresa... (Página75)
161/001542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de planes de actuación para la mejora de las condiciones de seguridad en los pasos de peatones...
161/001544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de reducir urgentemente la siniestralidad vial de las furgonetas de reparto de mercancías tanto en vía interurbana como en el
ámbito de la 'última milla'... (Página81)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/000509 Pregunta formulada por el Diputado don Íñigo Errejón Galván (GPlu), sobre opinión de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de la vandalización de la
estatua de Francisco Largo Caballero, ubicada en Nuevos Ministerios, e intención de realizar algún tipo de reparación y dignificación de la misma... (Página83)
Comisión de Presupuestos
181/000507 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre motivos por los que no trae el Gobierno a las Cortes Generales el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública aprobado en el Consejo de Ministros del 06/10/2020... (Página83)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000503 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca del estado deficitario de las carreteras españolas de acuerdo con el último 'Informe sobre necesidades de inversión
en conservación de carreteras en España' de la Asociación Española de la Carretera (ACE)... (Página84)
181/000504 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre últimas previsiones del Gobierno para la ejecución de los proyectos de Renovación y Variantes, y de Electrificación en la línea Monforte-Lugo
responsabilidad de ADIF... (Página84)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000510 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre previsiones acerca de aplicar a corto plazo una reducción del IVA a las actividades turísticas... (Página84)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/021904 Autor: Mena Arca, Joan Cortés Gómez, Ismael
Trasvase del Ebro para cubrir las necesidades de abastecimiento de Santander y otras comarcas de Cantabria. Incorporación de firma... (Página85)
184/022906 Autor: Mena Arca, Joan Cortés Gómez, Ismael
Actuaciones para evitar el cierre de la fábrica de vidrio plano Saint Gobain Glass, en L'Arboç. Incorporación de firma... (Página85)
184/022943 Autor: Mena Arca, Joan Cortés Gómez, Ismael
Medidas previstas para evitar la desindustrialización de la comarca del Alt Penedès. Incorporación de firma... (Página86)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/001520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Contreras Peláez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. Pedro Jesús Requejo Novoa y D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración de las víctimas del comunismo, para su discusión en la Comisión
Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. En la Europa desmoralizada por la Primera Guerra Mundial se desarrollaron en los años 20 y 30 los totalitarismos fascista y comunista. Ambos consideraban periclitada la democracia liberal y propugnaban la subordinación absoluta
del individuo a un 'Estado total' supuestamente portador de un grandioso proyecto colectivo (el fortalecimiento de la nación en un caso, la construcción del socialismo en el otro).
La aplicación de la ideología comunista a partir de 1917 se ha saldado con más de cien millones de muertes hasta el día de hoy -por represión directa o hambruna políticamente inducida- y la construcción de Estados opresivos basados en la
negación del pluralismo político y la destrucción de la libertad civil, económica e intelectual.
El totalitarismo de los regímenes comunistas no es una adulteración de la doctrina marxista original, sino un desarrollo consecuente de sus premisas. Marx rechazó categóricamente la democracia parlamentaria, los derechos humanos, la
igualdad ante la ley, la modernidad política en general: los consideraba engaños con los que la burguesía encubría su dominación de clase. La obra de Marx La cuestión judía (1844) contiene una crítica pormenorizada de la Declaración de Derechos
del Hombre y el Ciudadano de 1789, proclamada por la Asamblea Nacional Francesa. La protección de la conciencia, la propiedad y la vida del individuo buscada por tales derechos es interpretada por Marx como 'egoísmo': 'Se trata de la libertad del
hombre como mónada aislada y replegada sobre sí'. En el comunismo, esas barreras de protección del individuo frente al Estado no serán necesarias. El principio liberal de igualdad ante la ley es rechazado también por Marx: la solución a la
discriminación secular de los judíos no es la igualdad de las religiones ante la ley, sino la destrucción de cristianismo y judaísmo. Lo mismo vale para las clases sociales: no se trata de igualarlas jurídicamente, sino de que ya no haya clases.
Todas las conquistas de la modernidad jurídico-política -de la igualdad ante la ley a la seguridad jurídica, de la limitación del poder del Estado al aseguramiento de un reducto de libertad de conciencia- son despreciadas como mezquinas, en nombre
de un futuro utópico de comunión e igualdad absolutas en el que resultarán innecesarias.
La potencialidad totalitario-criminógena del marxismo se ve acentuada por otros factores, como su maximalismo (el reformismo posibilista es execrado como colaboracionismo: el capitalismo no es susceptible de reforma, sino de destrucción) o
su 'interpretación bélica de la historia' (Manifiesto Comunista: 'La historia de la humanidad ha sido siempre una historia de lucha de clases. [...] Abiertamente declaran [los comunistas] que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la
violencia todo el orden social existente'). La sociedad no es un ámbito de cooperación, sino un campo de batalla. Y es una guerra en la que no se da ni se espera cuartel.
El marxismo, al entender la historia como un entrechocar de 'masas' y 'clases sociales', no puede reconocer la dignidad del individuo, base de los derechos humanos. Lo que importa es la colectividad y las leyes históricas, y el individuo
cuenta solo en tanto que miembro de un colectivo. El Estado-partido tiene derecho a disponer de las vidas y libertades de las personas, supeditándolas al gran proyecto de construcción del socialismo. La interpretación bélica de la historia llevará
a la criminalización de categorías sociales completas como 'contrarrevolucionarias': burguesía, kulaks, nobleza, clero, creyentes de las diversas religiones... A veces también etnias, como los cosacos (la 'descosaquización' de 1920), los
ucranianos (castigados deliberadamente como pueblo en el Holodomor: cuatro millones de muertos), los judíos en la paranoia antisemita del último Stalin ('complot de los médicos'), etc. El individuo es disuelto en el colectivo. Martin Latsis, uno
de los primeros jefes de la policía política soviética (Cheká), afirmó: 'Los prisioneros de la Cheká no deben ser juzgados por sus acciones, sino de acuerdo con sus orígenes sociales. Nosotros no estamos librando la guerra contra personas
individuales. Queremos exterminar a la burguesía como clase'.
De la Rusia bolchevique de 1918 a la Corea del Norte de 2020, los gobiernos comunistas han resultado invariablemente liberticidas. En muchos casos, directamente mortíferos, pues practicaron una represión brutal contra los opositores reales
o imaginarios, individuales o colectivos. Una antología no exhaustiva de los crímenes del comunismo debe incluir hitos como:
- Los entre 300.000 y 500.000 cosacos del Don (estimación del historiador Michael Kort: The Soviet Colosus: History and Aftermath) muertos en la 'descosaquización' de 1919-20.
- Las 240.000 personas asesinadas en la represión por el gobierno de Lenin de la 'rebelión de Tambov' (1920-21) (Cf. trabajo del historiador Boris Sennikov, 'The Tambov Uprising of 1918 to 1921').
- Los entre 3 y 5 millones de muertos en la hambruna -políticamente inducida- de la Rusia de 1921-22 (Cf. Anne Applebaum, Red Famine: Stalin's War on Ukraine).
- Las 486.370 personas muertas -cifra basada en archivos soviéticos, aportada por el historiador Orlando Figes (The Whisperers: Prívate Life in Stalin's Russia)- en la campaña de 'deskulakización' de 1930-31.
- Los 3.9 millones de personas muertas de hambre en el Holodomor u 'holocausto ucraniano' en 1932-33, fríamente aplicado por Stalin para castigar al nacionalismo ucraniano y la resistencia a la colectivización agraria. Debe añadirse un
millón más en el Cáucaso y otro en Kazajstán (cf. Anne Applebaum, Red Famine).
- Los 724.000 ejecutados (casi todos comunistas) en la Gran Purga de 1937-38 (Cifras de N.G. Okhostin y A.B. Roginsky, El Gran Terror 1937-1938: Breve crónica).
- Los 4.000 judíos y comunistas alemanes entregados para su ejecución por Stalin a Hitler en 1939-40, en virtud de la alianza nazi-soviética.
- El exterminio de toda la oficialidad del ejército polaco en 1940: 4.404 fusilados en Katyn, 3.896 en Jarkov y 6.287 en Tver (cf. Stéphane Courtois, 1939, L'alliance soviéto-nazie: Aux origines de la fracture européenne).
- La violación de millones de mujeres alemanas y polacas por soldados soviéticos en 1945 (cf. Antony Beevor, Berlín: La caída, 1945).
- Las 72.500 personas ejecutadas en la retaguardia del bando republicano durante la Guerra Civil española (estimación del más riguroso estudio de las bajas de nuestro conflicto: Ramón Salas Larrazábal, Pérdidas de la guerra, 1977); entre
ellas, 6.800 sacerdotes y monjas.
- Unos 27 millones de presos muertos en el Laogai (el 'Gulag chino') a partir de 1949 (estimación de Jung Chang en Mao: The Unknown Story). Según la Laogai Research Foundation, todavía hay entre 3 y 5 millones de presos políticos en China.
- Las estimaciones de muertos de hambre en el Gran Salto Adelante (fallida colectivización agraria en la China comunista, 1959-60) oscilan entre los 20 y 40 millones.
- Los cientos de miles de personas asesinadas por los gobiernos comunistas en Europa del Este después de 1945. Por ejemplo, se estima que los partisanos comunistas yugoslavos asesinaron a unas 100.000 personas ya durante la ocupación
alemana de 1941-44, y a unas 500.000 en 1944-45. El Instituto Nacional de la Memoria (Polonia) cifra en 150.000 los polacos muertos por ejecución en su país, o por deportación al Gulag soviético.
- El régimen comunista de Pol Pot exterminó en Camboya a entre 2 y 2.4 millones de personas en solo tres años y medio (1975-79).
- En Vietnam, las cifras de la violencia política comunista (primero en la mitad del norte, y desde 1975 en todo el país) oscilarían entre el millón asignado por el Libro Negro del Comunismo y los 3.8 millones estimados por el profesor
Rudolph Rummel.
- En Corea del Norte, se estiman en 100.000 las ejecuciones y en 1.5 millones los muertos en campos de concentración desde 1950. El régimen reconoció oficialmente 220.000 muertos por hambre entre 1995 y 1999.
- La ONG Archivo Cuba tiene rigurosamente documentadas 7.062 muertes y desapariciones imputables al régimen comunista cubano entre 1959 y 2015: 3.116 ejecuciones por fusilamiento, 1.166 ejecuciones extrajudiciales, 123 desapariciones, 315
muertes por negligencia médica y 146 suicidios por causas políticas.
- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en julio de 2019 un informe que cifraba en 6.869 las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela sólo en el año 2018 y la primera mitad de 2019.
Segundo. El 19 de septiembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó la 'Resolución 2019/2819 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa'. El texto exhorta a la conmemoración de los crímenes de los
regímenes totalitarios, incluyendo en dicha categoría tanto al nazismo como al comunismo; también recomienda la vigilancia para impedir la reaparición de tales ideologías criminales. Concretamente:
- El considerando I afirma que 'recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y reconocer y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras comunista, nazi y de otro tipo es de vital importancia para la
unidad de Europa'.
- El parágrafo 3 recuerda que 'los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca
vista en la historia de la humanidad'.
- El parágrafo 5 'pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi'.
- El parágrafo 8 'pide a todos los Estados miembros que conmemoren el 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo a escala tanto nacional como de la Unión, y que sensibilicen a la nueva
generación con respecto a estas cuestiones incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudios y los libros de texto de todas las escuelas de la Unión'.
- El parágrafo 11 'pide que el 25 de mayo (aniversario de la ejecución del capitán Witold Pilecki, héroe de Auschwitz) sea declarado Día internacional de los héroes de la lucha contra el totalitarismo'. (Pilecki, militante de la resistencia
polaca frente la invasión nazi y comunista -Alemania y la URSS se repartieron el país conforme a lo acordado en el pacto Hitler-Stalin de agosto 1939- se dejó atrapar por la Gestapo para constituir una célula de la ZOW [Zwiqzek Organizacji
Wojskowych, Unión de Organizaciones Militares] en el campo de concentración de Auschwitz, desde donde filtró a los Aliados informes sobre el Holocausto; fugado del Lager e incorporado al Alzamiento de Varsovia contra los nazis, Witecki terminaría,
una vez concluida la guerra, militando en la resistencia polaca frente a la nueva ocupación soviética; fue fusilado por el régimen comunista el 25 de mayo de 1948).
- El parágrafo 17 'expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales, y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis
y comunistas'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a dar cumplimiento a la Resolución 2019/2819 del Parlamento Europeo, adoptando las siguientes medidas:
1. Velar porque se incluya en los libros de texto y programas escolares información suficiente sobre los crímenes y otras violaciones de los derechos humanos de los regímenes nazi y comunista, incluidos los cometidos por comunistas y
anarquistas españoles.
2. Promover la retirada de los monumentos, nombres de calles y demás signos de homenaje a personajes que se significaran por su adhesión a los regímenes nazi o comunista, o bien hayan participado en los crímenes cometidos por alguno de esos
movimientos totalitarios.
3. Promover la adecuada celebración en el Congreso de los Diputados de la efemérides del 25 de mayo como Día Internacional de los Héroes de la Lucha Contra el Totalitarismo, y su conmemoración en otros ámbitos, incluidas las escuelas y la
radiotelevisión pública.
4. Se prohíba el uso público de los emblemas de los regímenes totalitarios (cruz gamada; hoz y martillo).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Francisco José Contreras Peláez, Pablo Juan Calvo Liste, Pedro Jesús Requejo Novoa y Eduardo Luis Ruiz navarro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
161/001526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco Javier Ortega Smith y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la provisión de la vacante existente en la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, para su discusión en la Comisión
Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos de la dirección de la agencia española de protección de datos.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LO 3/2018), se promulgó a fin de adaptar la normativa interna al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento). El Reglamento regula la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y sería aplicable desde el 25 de mayo de
2018, según establece su artículo 99. Ello requería la elaboración de una nueva ley orgánica que sustituyera a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LO 5/1992).
Si algo ha permanecido inalterado en la lex posterior respecto a la priori es la definición de la naturaleza de la Agencia Española de Protección de Datos ('AEPD'). Así, la L.O. 3/2018 dedica el Capítulo I del Título VII a la regulación de
la AEPD, y señala que es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que
actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, la ordenación de la estructura jerárquica sí fue objeto de modificación. Así, antes de la aprobación de la LO 3/2018, la AEPD, la LO 5/1992, señalaba lo siguiente:
'1. El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia y ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro años.
2. Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquellas.
3. El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de la expiración del período a que se refiere el apartado 1 a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que
necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
4. El Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo.'
El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, debía aprobar su Estatuto mediante real decreto. Así se hizo a través del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de
Protección de Datos (Estatuto).
El artículo 14 del Estatuto, en referencia, al director de la AEPD indicaba lo siguiente:
1. El Director de la Agencia de Protección de Datos será nombrado por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, de entre los miembros del Consejo Consultivo.
2. El Director de la Agencia de Protección de Datos gozará de los mismos honores y tratamiento que los Subsecretarios.
3. El mandato del Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá una duración de cuatro años contados desde su nombramiento y solo cesará por las causas previstas en el artículo 15 del presente Estatuto.
Segundo. Nueva Regulación. Presidencia de la AEPD.
No obstante, con la aprobación de la LO 3/2018, la AEPD se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la propia LO 3/2018, y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia, y
en cuanto no la contradiga, se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La LO 3/2018 regula la AEPD en los artículos 44 y siguientes. Concretamente, el artículo 48 regula la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos:
'3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de
protección de datos. Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria
pública de candidatos.
[...]
4. La Presidencia y el Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante real decreto.
5. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.'
De tal manera que a la cabeza de la estructura jerárquica de la AEPD ya no se encuentra un director, sino un presidente. La duración del mandato también ha sido modificada, de cuatro años -en la LO 5/1992- a cinco -en la LO 3/2018-.
Segundo. El nombramiento de la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos se encuentra caducada desde julio de 2019.
D.ª María del Mar España Martí fue nombrada Directora de la AEPD el 24 de julio de 2015. Como marca el procedimiento, fue designada a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. El Real Decreto
715/2015, de 24 de julio, por el que se la nombraba, fue publicado en el BOE núm. 77, de 25 de julio de 2015, página 63.037.
El nombramiento de la Sra. España Martí se realizó de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en aquel momento: la LO 5/1992 y el Estatuto. El apartado 3 del artículo 14 del Estatuto reproducido 'supra', señala que el puesto de
director tendrá una duración de cuatro años. Por tanto, el nombramiento de la Sra. España Martí caducó el pasado 25 de julio de 2019.
Atendiendo a la LO 3/ 2018, en el mes de mayo de 2019, el Ministerio de Justicia debió haber ordenado la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos.
'Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de
candidatos.'
Por tanto, previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno debe remitir al Congreso de los Diputados una propuesta de Presidencia y Adjunto acompañada de un informe justificativo. Este
informe, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificado por la Comisión de Justicia. La ratificación se hará en votación pública por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación o, de no
alcanzarse esta, por mayoría absoluta en segunda votación. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de Diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios diferentes.
Recordemos que la directora de la entidad compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio. Esta compareció tras más de un año de caducidad de su nombramiento y de inmovilidad del Ejecutivo. En
ese sentido, la Sra. España Martí hizo hincapié en que no se presentaría a la reelección.
Tercero. Perfil de la actual directora de la AEPD.
La Sra. España Martí es licenciada en derecho por la Universidad Pontificia Comillas y Máster en Protección Internacional de Derecho Humanos por la Universidad de Alcalá. Es experta en gestión de entidades sin ánimo de lucro por la
Fundación Luis Vicens, y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en especialidad jurídica, desde 1989.
En cuanto a su experiencia profesional, la Sra. España Martí, ha sido:
- Asesora en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (junio 2015).
- Viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2012-2015).
- Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas en la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha (2011-2012).
- Asesora en la Delegación del Gobierno en Madrid (2010-2011).
- Secretaria General del Defensor del Pueblo (2002-2010).
- Consejera del Consejo de Administración de Canal Sur (2000-2002).
- Directora del Área de la Alta Inspección de Educación en Andalucía, Delegación del Gobierno (1999-2000).
- Asesora del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1997-1999).
- Secretaria General del Instituto de la Mujer (1994-1997).
- Consejera Técnica del Director General de Coordinación y la Alta Inspección del Ministerio de Educación (1990-1994).
- Asesora Técnica del Director Provincial de Educación en Cantabria (1989-1990).
Del currículo de la Sra. España Martí se desprende que nunca ha cursado estudios en la materia. La directora cuyo nombramiento ha caducado tampoco ha ostentado ningún cargo relevante en materia de protección de datos. En la mayor parte de
su carrera profesional ha desempeñado cargos de confianza y de libre designación. En estos no priman, necesariamente, los criterios de mérito, capacidad, competencia e idoneidad, que deben regir el nombramiento del presidente y su adjunto como
marca la LO 3/2018. Y, desde luego, la Sra. España Martí no ha sido seleccionada entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.
El Grupo Parlamentario VOX tiene un firme propósito de poner fin a las corruptelas, oscuridad y excesos ocurridos durante la democracia por los distintos Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Igual de firme
es el propósito de reforzar la deteriorada calidad institucional de la democracia española.
Cuarto. La política de nombramientos de altos cargos del actual gobierno no invita a la esperanza.
Tradicionalmente, un cambio de Gobierno supone el relevo de una pléyade de altos cargos en el Ejecutivo, en la Administración o en las empresas públicas. Ello impide que España disponga de una dirección pública estable, profesionalizada e
inmune a los vaivenes del poder político. En consecuencia, la calidad de nuestro sistema institucional se deteriora y los sistemas de contrapesos a posibles Gobiernos ineficaces desaparecen.
Sin embargo, lo anterior, por desgracia habitual en nuestra democracia, ha alcanzado cotas de ignominia insuperables. Ello ha sido consecuencia de la vuelta al poder del PSOE en el mes de junio de 2018 y, en particular, tras el nacimiento
del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos en enero de 2020. La voracidad de ambos partidos en la designación de altos cargos ha hecho de la cúpula del Gobierno y de la Administración General del Estado una agencia de colocación al servicio de
los partidos referidos. El único objeto de estos nombramientos ha sido el de repartir prebendas entre amigos, devolver favores y sacar del paro a personas con escasa preparación y nula experiencia de gestión.
Asimismo, se han reducido al absurdo los mandatos de objetividad, independencia, profesionalidad y transparencia exigidos por el ordenamiento jurídico. La práctica totalidad de los más altos puestos del Estado está copada por dependientes
de los partidos del Gobierno de coalición.
La AEPD desarrolla una tarea esencial y con una alta sensibilidad social y política. Por ello, este Grupo Parlamentario entiende que debe procederse de inmediato a la propuesta de designación de una persona que reúna los requisitos de
mérito, capacidad, competencia e idoneidad para el puesto exigidos por la Ley. En el mismo sentido, a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones con plena independencia y objetividad, el candidato deberá ser ajeno y libre de las presiones del
Gobierno.
Pues este último, ignora constantemente lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Así se ha
evidenciado desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Iniciar los trámites necesarios para que el Ministerio de Justicia ordene la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos a la Presidencia y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos,
en cumplimiento de su obligación legal.
2. Que, previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, remita al Congreso de los Diputados una propuesta de designación de Presidente y Adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la
celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Esta propuesta habrá de hacerse entre personas de robusta independencia, reconocido prestigio y sobresaliente experiencia profesional en el campo de la protección de datos, de manera que se garantice que la persona nombrada desarrolla su
labor con objetividad de criterio y de una manera autónoma y no condicionada a las presiones políticas del Gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Francisco Javier Ortega Smith Molina, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión Constitucional, relativa al fortalecimiento de los derechos sociales como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social.
Exposición de motivos
La salida a la crisis de 2008 fue una salida regresiva para la sociedad. Supuso retrocesos importantes en los derechos de las mayorías del país en varias direcciones. No sólo se concretó en recortes a partidas presupuestarias que han
dejado desamparadas a muchas familias y personas dependientes que sufrieron, por ejemplo, desahucios inmobiliarios, cortes de suministros y restringieron su acceso a servicios básicos, sino que impuso una política estructural que limitó
constitucionalmente el gasto y la inversión públicas y declaró, por la vía de los hechos, el debilitamiento sostenido de sistemas de protección, como el de salud y dependencia, que hoy son clave para frenar la pandemia.
Hemos asistido literalmente al desmantelamiento del Estado del bienestar a través de la puesta en práctica de una serie de medidas de ajuste estructural que, bajo el lema de la austeridad fiscal, han consistido fundamentalmente destruir
derechos sociales y servicios públicos que tradicionalmente habían servido para corregir las situaciones de desigualdad social y asegurar unas mínimas condiciones de vida para la población.
La reforma del artículo 135 de la Constitución dejó constitucionalizada la priorizaron del pago de los intereses y la devolución de la deuda pública sobre los derechos de la ciudadanía. Desde entonces, hemos visto cómo en los presupuestos
generales del Estado de los últimos años, se han ido llevando a cabo reducciones en las partidas destinadas a la sanidad, la educación o protección social, lo que ha supuesto una merma sin precedentes en la calidad de vida de la población.
Esto deterioró los servicios públicos al mismo tiempo que reprodujo el ciclo de pobreza estructural de importantes sectores de la población. Por eso, tal vez la consecuencia más clara de estas decisiones se reflejan en que España (antes de
la crisis del COVID-19) estaba a la cabeza de los índices de desigualdad y exclusión social en Europa. Hoy casi un 21,5 % de la población de España, es decir casi 10 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza (un 4,7 % más que la
media de la UE) según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2018. Con estas cifras en mente y teniendo claros los efectos de la última crisis sobre la mayoría social, es de sentido común proponer cambios de calado, medidas que reviertan el
debilitamiento de lo público y nos pongan en el camino de fortalecer nuevamente nuestro estado del bienestar.
La crisis de COVID-19 no hizo sino poner de manifiesto que el sistema de salud y dependencia han sido los principales perjudicados. La avalancha de enfermos del coronavirus nos ha permitido percibir las debilidades del sistema salud.
Efectivamente, en lo que respecta a nuestro sistema público de salud, desde 2012, España ha bajado 13 posiciones en el ranking mundial, ese año estábamos en séptima posición con una cifra 3.96 facultativos por cada 1000 habitantes. Por delante de
España se sitúan países del entorno europeo como Grecia, con una ratio de 6,3 médicos por cada 1.000 habitantes; Portugal (4,4); Alemania (4,2); o Italia (4). Los efectivos que ya trabajan en la sanidad pública: unos 140.000 médicos y 300.000
enfermeras han demostrado durante esta crisis ser insuficientes, hechos señalados por sindicatos y expertos desde hace años. El deterioro de la atención primaria y la tendencia a la privatización de los hospitales y servicios hospitalarios públicos
tampoco ha ayudado en la lucha contra el virus. Se ha manifestado la necesidad de aumentar el número de profesionales, mejora de sus condiciones laborales, aumento del número de camas en hospitales y de plazas de los centros de dependencia, sin
embargo, estas decisiones solo podrán tomarse con un marco regulatorio y constitucional que priorice la vida.
Por su parte, esta crisis nos ha dejado una auténtica tragedia nacional en las residencias para personas mayores. En un país donde, según fuentes oficiales del Gobierno hay más de 7 millones de personas por encima de los 60 años, casi un 36
% de los muertos por COVID-19 son personas mayores que vivían en estos centros o residencias. Estas cifras denotan los efectos de un recorte acumulado de 5.000 millones de euros en la financiación del sistema de dependencia desde el año 2012. Las
razones
de la propagación en una población altamente vulnerable al coronavirus son la falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal, medios y esto no responde a otra cosa sino a una falta sistemática de financiamiento y de un modelo de
residencias y de cuidados de mayores orientado hacia la lógica de la eficiencia mercantil, gestionado por fondos de inversión no especializados: se ha priorizado la obtención de lucro sobre la necesidad de cuidados a lo largo del ciclo vital.
La pandemia ha dejado al descubierto la tremenda fragilidad del Estado Social en España. Es necesario, por tanto, aprovechar esta coyuntura y actuar, para garantizar la consolidación de la universalización y el blindaje constitucional del
servicio público de salud, de la atención a la dependencia y de los servicios esenciales necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado, tal y como dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este sentido, nuestro texto Constitucional mandata a los poderes públicos a proporcionar una protección social adecuada, al declarar en el artículo 1.1 que 'España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho'.
La hoja de ruta a la salida de la crisis a la que estamos abocados debe plantearse desde los consensos políticos de cara a la reconstrucción del país desde abajo. Dados los inminentes efectos de la crisis que enfrentamos, y sabiendo que las
secuelas solo se verán en los próximos años, es imprescindible actuar para defender, revitalizar y expandir derechos reconocidos en la constitución de manera justa y permanente. Esa reconstrucción debe ser constructiva y plantearse a través de un
pacto transversal, planteado desde el constitucionalismo democrático como herramienta de defensa de lo común y con miras a enfrentar la pobreza y las situaciones de marginalidad que hemos conocido como secuelas de la última crisis económica. Esta
vez no podemos retroceder ni un solo paso en protección de las mayorías sociales, sino que, por el contrario, existe un margen de posibilidad para avanzar en justicia social.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar aquellos mecanismos tanto de carácter coyuntural como estructural necesarios para garantizar de forma efectiva la totalidad de los derechos reconocidos en la Constitución, por medio
de su suficiencia económica, de la promoción de los principios de no regresividad y de la obligatoriedad del respeto a un contenido mínimo esencial inviolable de todos los derechos constitucionales, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados
internacionales firmados por el Estado español; se prestará especial atención a los derechos vinculados al desarrollo de los servicios de salud, atención a la dependencia y al resto de servicios públicos y prestaciones sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Pilar Garrido Gutiérrez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001551
A la Mesa de la Comisión Constitucional
Más País, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Constitucional sobre la defensa y
protección de nuestro Patrimonio Cultural y sus valores democráticos y el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Exposición de motivos
El pasado jueves 15 de octubre el Ayuntamiento de Madrid retiró a martillazos la placa que honra a Francisco Largo Caballero, histórico sindicalista y artífice de una las legislaciones en materia socio-laboral más avanzadas de su época,
exiliado en Francia a raíz del Golpe de Estado de 1936 y deportado por la Gestapo al campo de concentración alemán Sachsenhausen-Orianenburg del que fue liberado al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Dicho acto no puede denominarse como otra cosa que un acto de vandalización institucional por parte del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, venía antecedido por la aprobación en el Consistorio días antes de una petición de VOX -con el
apoyo de Ciudadanos y PP- sobre la retirada de las distinciones a Largo Caballero e Indalecio Prieto. Desde el punto de vista historiográfico, dicha petición fue inmediatamente impugnada por más de cien historiadores y académicos españoles, que a
través de un informe técnico desmontaron lo que denominaron ellos mismos como un escrito 'lleno de bulos y manipulaciones'. En segundo lugar, desde una perspectiva institucional, el acto vulnera diferentes garantías procesales, pues dicha placa
está protegida, incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos municipal y no se puede trasladar, y la decisión debía pasar por la Junta de Gobierno. En tercer lugar, desde una perspectiva democrática, se trata de una acción que bajo las premisas
del desconocimiento, acaba con los símbolos de nuestra democracia. En este sentido, esta acción abre las puertas a prácticas antidemocráticas como la que luego acontecieron en la Estatua de Largo Caballero emplazada en Nuevos Ministerios, que fue
vandalizada días después, y a graves tergiversaciones de nuestra historia colectiva. Nuestras calles deben homenajear, y no criminalizar, a las mujeres y los hombres cuyos valores democráticos sirven como referentes para la construcción de la
identidad colectiva de nuestro país, fomentando la igualdad y la participación ciudadana a través del espacio público. Esta labor es aún más importante cuando encontramos una ausencia clamorosa en los programas curriculares educativos sobre los
hechos históricos del golpe de estado, la guerra civil y la dictadura que incorporen una perspectiva en derechos humanos, por lo que diferentes generaciones nacidas en democracia no conocen una parte fundamental de su patrimonio ético y democrático
a través de las biografías y trayectorias de las personas que lucharon por la mejora de nuestra sociedad y la conquista de derechos y libertades con garantías para toda la ciudadanía.
Este episodio se enmarca en un contexto en el que gobierno se ha comprometido a cumplir las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas del golpe
de estado, la guerra civil y la dictadura franquista, señalando que está trabajando en una iniciativa legislativa para mejorar y asegurar la ejecución de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre (Ley de Memoria Histórica) a través de un nuevo Proyecto de
Ley.
Por todo ello, y mientras se desarrolla con carácter amplio y definitivo el anunciado Proyecto de Memoria Democrática, el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión Constitucional para instar al Gobierno a:
'1. Tomar las medidas oportunas para que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática asuma el compromiso con la defensa y protección de nuestro Patrimonio Cultural y sus valores democráticos.
2. Establecer medidas de reparación simbólicas referidas a lugares y monumentos, para todas aquellas personas para haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico y daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición.
3. Proteger, remover, resignificar e intervenir en lugares de memoria y monumentos para que las nuevas generaciones puedan acceder a su propia historia colectiva y desarrollar una capacidad crítica sobre la misma en consonancia con los
tratados internacionales ratificados por España, la legislación vigente en derecho internacional y los marcos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición promovidos por Naciones Unidas.
4. Fortalecer los programas de formación de funcionarios públicos, en materia de derechos humanos e incorporar materias relacionadas con la historia de la Guerra Civil y el franquismo, en línea con los planes de estudio nacionales,
incluyendo el estudio de las responsabilidades de las instituciones del Estado en las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario durante este período, como una medida de educación, sensibilización y para promover la no
repetición. Centrar este estudio en los derechos de todas las víctimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de la Democracia y los Derechos Humanos en el Estado
plurinacional de Bolivia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 20 de octubre de 2019 tuvieron lugar las últimas elecciones generales celebradas en Bolivia en un contexto de alta conflictividad que desencadenaría en una crisis política el 10 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas de
la oposición contra el Gobierno del otrora Presidente Evo Morales.
La Ley Electoral boliviana establece que la Presidencia será alcanzada por el candidato aquel o aquella que supere el 50 % de los votos o que sobrepase el 40 % de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo o segunda más
votada. En caso de que ningún candidato alcanzase esos porcentajes, aquellos dos candidatos más votados habrán de competir por la Presidencia en una segunda vuelta dos meses después. Asimismo, la Constitución Boliviana vigente, aprobada en 2009,
establece en su artículo 168 que: 'el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua'.
Así, tras la aprobación de la nueva Constitución y habiendo sigo Evo Morales reelegido para un segundo mandato, el Gobierno boliviano convocó para febrero de 2016 un referéndum de reforma constitucional para modificar el artículo 168 y
permitir al Presidente Morales volver a presentarse en 2019. Sin embargo, y pese a que la consulta fue rechazada por el 51,3 % de los votos, el Tribunal Constitucional Plurinacional fallaría en 2017 a favor de una repostulación indefinida.
Con estos antecedentes se llevaron a cabo unos comicios en los que, a las 19:50 h de Bolivia, se interrumpiría el sistema de transmisión de los resultados electorales preliminares (TREP) cuando únicamente habían sido cargados el 83,76 % de
las actas. En ese momento, y según datos oficiales, existía una diferencia entre los dos primeros candidatos (Evo Morales 45,28 % y Carlos Mesa 38,16 %) que anticipaba la celebración de una segunda vuelta. Sin embargo, 24 horas después se
reanudaría la publicación de los resultados y, con el 95,37 % de los votos escrutados, Morales obtuvo un 46,86 % de los votos frente al 36,72 % de Mesa, evitando así la segunda vuelta.
Fruto de las irregularidades, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a un grupo de especialistas para que auditara el proceso electoral, concluyendo que las fallas identificadas en la seguridad de los procesos vinculados a la
transmisión de las actas, que fueron asimismo confirmadas de manera independiente por una auditoría privada contratada por el ente electoral, no podrían certificar el resultado de la elección.
Paralelamente, un sector de la población, fuerzas políticas opositoras y del propio Estado tales como las fuerzas armadas y la policía nacional, sugirieron al Presidente Morales dimitir de su cargo para pacificar el país. Ante este
escenario, el Presidente Morales convocaría unas nuevas elecciones y renunciaría a su cargo el 10 de noviembre del pasado año y, tan sólo dos días después, un Senado reunido sin quórum ni participación del partido mayoritario Movimiento al
Socialismo (MAS), nombró como Presidenta interina a la senadora Jeanine Áñez, que promulgaría la 'Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales'.
Mientras que el Estado Plurinacional se prepara para las próximas elecciones convocadas para el 18 de octubre, luego de que se postergaran dos veces, el país atraviesa una profunda crisis social, política y de derechos humanos que ha sido
agravada por la pandemia de la COVID-19. En este sentido, Amnistía Internacional ha venido documentando como en diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a
ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban. Por su parte, la Organización denuncia que el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas
percibidas como tales, así como por amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos y periodistas acusados de 'desinformar'. Además, afirman que se han hecho acusaciones
a personas por participar en 'movimientos de desestabilización y de desinformación' y de hacer 'guerra virtual' contra el Gobierno. En efecto, tal hostigamiento limita de manera indebida la libertad de expresión en el país generando censura
hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Así pues, las recomendaciones de Amnistía Internacional a las personas candidatas a la presidencia están enfocadas a asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral que inició en octubre del 2019
sean investigadas, a garantizar los derechos de las víctimas, a asegurar un clima democrático que posibilite la celebración libre de los comicios, y a prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.
Del mismo modo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el pasado mes de agosto un informe en el que se detallan las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre en medio
de la crisis política acontecida tras las elecciones de octubre de 2019. En el informe se formulan una serie de recomendaciones destinadas a fomentar la protección de los derechos humanos, evitar futuras violaciones y promover las condiciones
necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas. En palabras de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 'Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al
país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos (...). Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y
reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en
beneficio de todos los bolivianos'.
Por último, cabe señalar como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribió un Acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia el pasado mes de diciembre de 2019 para el fortalecimiento y la instalación del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el fin de coadyuvar las investigaciones de los hechos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Acuerdo que a la fecha no se ha cumplido, retrasando la investigación y
comprometiendo la veracidad de la información y datos que se difunden desde fuentes no acreditadas como lo es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar al Gobierno interino del Estado plurinacional de Bolivia que garantice la celebración de unas nuevas elecciones libres, transparentes, pacíficas e inclusivas, en la que concurran y se respeten los derechos de participación y
libertad de expresión de todas las candidaturas.
2. Instar a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea para que garanticen la presencia de observadores internacionales e independientes que verifiquen la limpieza e imparcialidad del proceso, y que aseguren que sea el
pueblo boliviano quien decida libremente su futuro sin injerencias externas basadas en intereses geopolíticos selectivos.
3. Encomendar al Parlamento Andino, como órgano comunitario, deliberante, de representación ciudadana y de control político del Sistema Andino, a la pronunciación acerca del proceso electoral y a que garantice, a través de sus funciones de
control y observación, el pleno cumplimiento de las normas del proceso en pro de la integración y salud democrática de la Región.
4. Instar al Gobierno electo en las urnas a garantizar la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la mirada puesta
en reparar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Héctor Gómez Hernández, María Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Pau Mari Klose y Noemi Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre promoción y refuerzo de las lenguas y culturas españolas e hispanas en el
mundo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 12 de octubre conmemoramos no solo el día nacional de nuestro país, sino una efeméride que puede ser resignificada celebrando el hermanamiento de los pueblos hispanos que, sin renunciar a su rica diversidad y particularidades propias,
pueden hoy mirarse de igual a igual y reconocerse dentro de un patrimonio compartido, de una cultura y una lengua comunes. Desde esta perspectiva, con 483 millones de hispanohablantes nativos, hispanidad es también las casi 22 millones de personas
que estudian nuestra lengua en 110 países, de acuerdo con el Instituto Cervantes.
Precisamente, esta institución pública fue creada en España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso de la lengua castellana, contribuyendo a la difusión de las culturas hispanas en el exterior. Entre sus
objetivos y funciones destaca la realización de actividades de difusión cultural, en colaboración con otros organismos españoles y panhispánicos, y con entidades de los países anfitriones. Con este mismo objetivo de reforzar la presencia de la
lengua castellana y de la cultura hispanohablante en todo el mundo, se presentaba el pasado junio la plataforma 'Canoa' con la firma de un convenio de creación entre el Instituto Cervantes de España, el Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú, el
Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Así, las cinco letras que componen la primera palabra de la América de los pueblos originarios que fue adoptada por la lengua castellana y que carecía de su propio nombre para ser designada, sirven para bautizar este proyecto ambicioso que
aspira a fortalecer el peso de nuestra lengua común con el fin de que la comunidad hispanohablante sea más influyente y relevante como polo de civilización en el mundo multipolar que caracteriza el siglo XXI. En este sentido, y según recoge el
convenio firmado, 'la expansión del idioma español y de su diversidad cultural permitirá al conjunto de países que integran el polo panhispánico afianzar sus valores compartidos, afirmar su idioma como lengua de comunicación internacional y por
ende, como vehículo e instrumento para el desarrollo económico, social, científico, técnico y cultural'.
Con el fin de que no quede en una mera declaración de intenciones, entre los proyectos prioritarios que señalaron las instituciones firmantes destacan los de hacer del español una lengua científica y tecnológica, reflexionar sobre el papel
de la cultura en la era digital y debatir sobre el papel de la creatividad de las mujeres en la cultura hispánica.
Por todo ello, las y los socialistas queremos poner el foco no solo en países como los Estados Unidos de América que, de acuerdo con el Instituto Cervantes, en el año 2030 superará a su vecino México y se convertirá en el país con mayor
número de hispanohablantes; sino que pretendemos impulsar la presencia de nuestro patrimonio compartido en aquellos países y regiones con una especial vinculación histórica o cultural al espacio panhispánico tales como Belice, la República de
Surinam, la República de Filipinas o los campamentos de refugiados saharauis. Con todo, cabe señalar aquí la apuesta de poblaciones como la palestina que, en los últimos años, han venido fomentando el aprendizaje de la lengua española con el apoyo
de la AECID.
Por otro lado, en el marco del Día Europeo de las Lenguas del 26 de septiembre, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defendió la diversidad lingüística de España y afirmó que es necesario 'comprender la enorme riqueza de
vivir en un país con tantas lenguas'. En un encuentro con responsables de los organismos que fomentan el gallego, el euskera y el catalán, Luis García Montero afirmó que las lenguas cooficiales aportan 'distintas formas de vivir el mundo, que nos
enriquecen' tanto a los respectivos territorios donde se hablan como al conjunto de España. Con la premisa de la defensa de la diversidad cultural y lingüística de España, el Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull, el Consello da Cultura
Galega y el Etxepare Euskal lnstitutua firmaron el primer acuerdo de colaboración entre las cuatro principales lenguas españolas: castellano, catalán, gallego y euskera. Se trata de un protocolo que se traducirá, según sus firmantes, en diversas
actuaciones como, por ejemplo, traducciones de libros,
participaciones conjuntas en ferias, impulso y apoyo entre las cuatro culturas y la puesta en marcha de una comisión que analice el grado de cooperación y la eficacia de los trabajos.
En este sentido y partiendo de que no es posible crear o ampliar comunidad si no es desde el aprecio a la diversidad, urge señalar asimismo y más allá de nuestras fronteras, la necesidad de reconocer y proteger, junto a las lenguas de
nuestro país, otros idiomas que han contribuido a la construcción del español contemporáneo y que conviven con el mismo, tales como el guaraní, mapuche, quechua, aimara, náhuatl, hassania o tagalo, de las que emergen culturas que están en el ADN de
la hispanidad.
Todo lo aquí reseñado representa la firme voluntad de caminar unidos y unidas para incentivar dentro y fuera de las fronteras de España, la diversidad del impulso creativo de este mosaico de culturas y lenguas hispanas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir potenciando y promoviendo el acceso a la lengua española y su cultura en el exterior, a través del fomento de las actividades de las entidades asociativas y culturales de las comunidades españolas, incluidas las 'casas de España'
y otras entidades similares de carácter autonómico; y de la Plataforma Canoa impulsada por el Instituto Cervantes, negociando la incorporación al Convenio de otras instituciones iberoamericanas.
2. Impulsar acuerdos de promoción de la lengua española y su cultura con instituciones de países no pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, pero que cuentan en su territorio con importantes comunidades hispanohablantes y/o
con una vinculación histórica o cultural al espacio panhispánico tales como los Estados Unidos de América, Belice, Canadá, la República de Surinam, la República de Filipinas, los campamentos de refugiados saharauis o los campamentos de refugiados de
Palestina.
3. Impulsar dentro de la red del Instituto Cervantes, el aprendizaje y conocimiento de la diversidad lingüística y cultural de España y de todos los pueblos que constituyen la hispanidad, apreciando su historia compartida, la confluencia de
sus lenguas y de sus lazos históricos de afecto y fraternidad.
4. Fomentar dentro de la red del Instituto Cervantes en general, y de la Plataforma Canoa en particular, el papel de las mujeres en la creación y difusión de la cultura y de las lenguas hispanas y españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Héctor Gómez Hernández, María Olga Alonso Suárez, Arnau Ramírez Carner, Pau Mari Klose y Noemí Villagrasa Quero, Diputados.-Ana Belén Fernández Casero y Rafael Simancas Simancas,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Antonio Salva Verd y D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en
sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa al apoyo al Gobierno legítimo de Bolivia contra las injerencias exteriores y por unas elecciones justas y libres, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El próximo 18 de octubre va a ser una fecha clave para la sociedad boliviana. Los comicios del próximo domingo pueden poner punto y final a más de quince años de gobierno comunista y bolivariano, encabezado por el ex presidente
Evo Morales Ayma. No obstante, a día de hoy, no se están
dando las circunstancias idóneas para la celebración de estos comicios, debido al clima de crispación existente en el país andino.
Una de las razones de este clima de crispación tiene su origen en la intención del expresidente Evo Morales Ayma de mantenerse en el poder indefinidamente. Con este objeto, el Sr. Morales Ayma convocó un referéndum en el 2016. El 21 de
febrero del mismo año, el 51,3 % de los votantes rechazaron la propuesta del expresidente de modificar la Constitución para conseguir un cuarto mandato consecutivo (2020-2025) 1. Sin embargo, obviando lo estipulado en la Carta Magna y la misma
voluntad de la sociedad boliviana -reflejada en el Referéndum-, el Tribunal Constitucional habilitó la postulación de Evo Morales Ayma para las elecciones de 2019. El 4 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral boliviano (TSE) -formado
por partidarios de Evo Morales-, confirmó la habilitación del expresidente para presentarse a la revalidación del cargo.
Segundo. En las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 se produjo un escándalo mayúsculo al interrumpirse el conteo de los votos, al objeto de evitar una posible segunda vuelta. Este hecho radica en el sistema electoral de
Bolivia. Para ser Presidente evitando una segunda vuelta, se debe cumplir una de las dos condiciones:
- Obtener más del 50 % de los votos.
- La lista más votada debe acumular el 40 % del voto y obtener una ventaja de, al menos, 10 puntos sobre la siguiente candidatura.
En el caso de las elecciones de 2019, con un 83,76 % escrutado, el recuento provisional oficial fue suspendido sin previo aviso, reflejando una posible victoria de Evo Morales (45,28 %) frente al candidato opositor, Carlos Mesa (38,16 %).
No obstante, pese a la 'victoria', la segunda vuelta era necesaria.
Pasado varios días, el TSE anunció que se había completado el 100 % del escrutinio, dando como resultado la elección de Evo Morales Ayma como Presidente de Bolivia, obteniendo un 47,08 % de los votos, frente al 36,51 % de Carlos Mesa,
cumpliéndose, por tanto, la condición necesaria para evitar la segunda vuelta, al superar por 0,57 % la diferencia de 10 puntos.
Este ajustadísimo margen generó mucha controversia, sobre todo en la oposición, al ser conocedores de que, en una segunda vuelta, las probabilidades de vencer a Morales eran muy altas. Básicamente, por aglutinar en una única candidatura el
voto de la oposición, que se dividió en el pastor presbiteriano Chi Hyung Chung (8,7 % del voto) y Óscar Ortiz (4,3 %), entre otros.
Tercero. Sin embargo, no solo los partidos opositores a Evo Morales Ayma han mostrado su disconformidad con las irregularidades que se produjeron en los comicios. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEA) elaboró un informe de
'Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia', de 20 de octubre de 2019.
Según el citado informe, existieron una serie de acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Dichas acciones 'tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera
oficial'. Entre estas, cabe destacar las siguientes:
- Paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83.76 % de las actas verificadas y divulgadas, de un 89,34 % de actas que ya habían
sido transmitidas y estaban en el sistema TREP. El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5.58 % de actas que ya se encontraban en el sistema TREP pero que no fueron publicadas.
- Introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (servidores denominados BO1 2 y BO20 3), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Para la redirección del flujo hacia el
servidor BO20 se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el SERECI (Servicio de Registro Civil). Los servidores se emplearon para la transcripción y verificación de actas, así como para el flujo de otros datos asociados
provenientes del TREP. El servidor BO1 registró actividad inclusive durante el tiempo en que el sistema de resultados preliminares se encontraba 'apagado'.
1 Aunque la Constitución de Bolivia únicamente permite dos mandatos consecutivos, Evo Morales se presentó a las elecciones de 2014 con el aval de un fallo del Tribunal Constitucional que resolvió que el primer período (2006-2010) no debía
contarse porque Bolivia fue refundada en 2009.
2 Primera vía de re-direccionamiento de información, hasta las 19:40 del 20 de octubre de 2020.
3 Segunda vía de re-direccionamiento de información al reanudar el TREP el 21 de octubre de 2020.
- Se mintió respecto a la configuración real del servidor oculto BO1 (implementado en una red Amazon de NEOTEC y detectado por la empresa auditora). Además de ser una pasarela entre el navegador del usuario y el servidor como declara la
empresa NEOTEC, atendió también otras peticiones Web, como se puede ver en sus logs, y almacena tanto Bases de Datos como aplicaciones electorales. Las Bases de Datos estaban accesibles durante la auditoría de la OEA, situación que fue validada con
la empresa auditora contratada por el TSE (en consulta especial antes de cerrar el presente informe). La existencia de Bases de Datos en un servidor oculto y declarado como pasarela (recién al ser detectado) es extremadamente grave y merece una
investigación especial en una ulterior judicialización.
- Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del TSE.
- El esquema tecnológico paralelo y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital.
- El TSE contaba con un servidor principal (BO2), su respectiva contingencia (BO2) y uno para publicar (BO3). Se mintió deliberadamente al decir que se utilizó el servidor BO3 puesto que el servidor utilizado para la publicación no fue este
ya que, al momento de auditarlo, tenía menos actas que las publicadas. Se constató inconsistencias entre las bases de datos de los servidores BO2 y BO3.
- A pesar de ser material sensible, se quemaron actas (el número es incierto) y más de 13.100 listas de electores habilitados (o listas índice), lo cual no permite contrastar la información consignada en las actas de escrutinio y cómputo.
- Se detectaron irregularidades en el llenado de actas de escrutinio y cómputo que afectan la integridad de las mismas. En un ejercicio que buscó analizar posibles adulteraciones o manipulaciones se revisó una muestra de 4692 actas. En
este análisis se identificaron 226 actas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona, denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales y transgrediendo las
atribuciones de los Jurados de Mesa determinadas por ley. Las actas corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país. La suma de sus votos válidos es de 38.001, del cual el 91 % (34.718) fueron adjudicados al Movimiento al
Socialismo (MAS).
La gravedad de las irregularidades, constatadas por la OEA, ponen en evidencia el papel desempeñado por las instituciones judiciales del Estado boliviano, copadas por afines al régimen de Evo Morales Ayma. Además, el último punto del
informe mencionado 'ut supra', señala un amaño de las elecciones en favor de la candidatura del Movimiento al Socialismo (MAS), que encabezaba Evo Morales Ayma.
Cuarto. No sería hasta después de 21 días de protestas ciudadanas ante el palmario fraude electoral del MAS, y el rechazo de las Fuerzas Armadas de reprimir dichas manifestaciones, cuando el ex presidente Evo Morales Ayma renuncia.
El 12 de noviembre, en sesión parlamentaria en la que los representantes del MAS se negaron a participar, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez Chávez, es proclamada presidenta interina del Estado boliviano, por sucesión
constitucional. A lo largo de estos 11 meses de mandato se ha mantenido un clima de crispación constante, azuzado por la proclama del MAS -y el propio Morales- que denunció 'un golpe de Estado'.
Esta afirmación pierde su rigurosidad al venir de un presidente que tiene como meta la eliminación de los límites de mandato de todos los cargos políticos. Según el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), esto 'convierte a
Bolivia, junto con Nicaragua y Venezuela, en uno de los tres países de América Latina (y de los 22 del mundo) que ha eliminado los límites del mandato presidencial 4.
A ello, IDEA también cuestiona la transparencia y el proceso electoral boliviano. En particular, se señala que 'con la excepción de las elecciones en Bolivia en 2019 y en Venezuela en 2018 -y de las elecciones presidenciales de 2017 en
Honduras, que fueron consideradas empañadas por las irregularidades- se considera que todas han sido, en general, libres y justas 5'.
Es necesario reseñar que el Reino de España forma parte de este organismo desde su fundación en 1995 y ocupa la Vicepresidencia, junto a países como Australia, Suecia -que lo preside-, Bélgica,
4 'El Estado de la Democracia en el mundo y en las Américas 2019: Confrontar los desafíos, Revivir la Promesa', IDEA, 2019, p. 47.
5 Ibídem. p. 46.
Canadá, Chile, Alemania, Finlandia, Noruega, Suiza, Portugal, y así un total de 33 países y otro como observador (Japón).
Teniendo en cuenta los argumentos citados, tanto por el IDEA como la OEA, lo que es evidente es la falta de apego que sienten el MAS y Evo Morales Ayma por el proceso democrático por antonomasia.
Quinto. En resumen, tanto la deriva autoritaria del MAS, como del ex presidente Evo Morales Ayma, alcanzó en las elecciones de 2019 su culmen. El amaño de las mismas, certificado por la OEA, supuso un punto sin retorno para que el ex
presidente no se pueda presentar a los próximos comicios, y reincidiese de esta forma, en el peligroso camino hacia el totalitarismo. Característica común, por otro lado, de todos los regímenes socialistas, como desgraciadamente saben las
sociedades cubana y venezolana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español, y desde el máximo respeto al Estado boliviano, expresa su preocupación y condena por la injerencia de países terceros en los próximos comicios, con el fin de desestabilizar
el país e influir en el resultado electoral.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Mostrar su respaldo a la democracia y al Estado de derecho en Bolivia.
2. Mostrar su repulsa a los hechos recogidos en el informe de la Organización de Estados Iberoamericanos 'Análisis de Integridad Electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia', que acreditan las irregularidades
cometidas por parte del Gobierno de Evo Morales Ayma durante los comicios del 20 de octubre de 2019 en Bolivia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Víctor González Coello de Portugal, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Antonio Salva Verd, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.-Macarena Olona
Choclán e Iván Espinosa de los Monteros, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta esta Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a las garantías democráticas en los próximos procesos electorales de América Latina.
Exposición de motivos
Durante el año 2020 se preveía la celebración de diferentes procesos electorales en América Latina, entre ellos tres comicios presidenciales (República Dominicana, Bolivia y Guyana); dos elecciones legislativas (Perú y Venezuela); un
plebiscito y unas posibles elecciones a Convención Constituyente (Chile); así como diversas convocatorias regionales y locales en Brasil, México, Chile, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Costa Rica.
No obstante, no todas estas citas estaban planificadas de antemano. En un principio solo se planteaban las elecciones presidenciales en la República Dominicana y las legislativas en Venezuela. Sin embargo, la agitación política de 2019 en
la región latinoamericana tuvo como resultado la programación de jornadas electorales que no estaban contempladas este año.
Con ello se inicia un intenso y convulso ciclo electoral. Entre 2021 y 2024 los 18 países democráticos de la región celebrarán elecciones para ratificar o renovar a sus mandatarios con tres o más comicios por año: las elecciones
presidenciales en Chile, Perú, Ecuador, Honduras y Nicaragua, además de las legislativas en Argentina y México, previstas para 2021; las presidenciales en Colombia, Brasil y Costa
Rica en 2022; o las presidenciales en Argentina, Paraguay y Guatemala en 2023 y en México, Venezuela, Uruguay, Bolivia, El Salvador, República Dominicana y Panamá en el año 2024.
Este ciclo se inicia en un ambiente de profunda incertidumbre y desafección política, con una crisis de representatividad de estas democracias que cristaliza en un creciente malestar y numerosas movilizaciones sociales. La situación
económica de la región es crítica, con un crecimiento por debajo del 3 % en los últimos 6 años, episodios de ralentización en 2013 y 2014 y entre 2017 y 2019, sumados a una crisis más fuerte localizada en los ejercicios 2015 y 2016. Una
desaceleración generalizada, con contadas excepciones, que se relaciona con la caída de la demanda interna y externa.
Esta parálisis económica, que ha provocado la reducción del ingreso per cápita en torno a un 4 %, se suma al malestar de la ciudadanía por el mal funcionamiento de las administraciones públicas, que no muestran capacidad para canalizar las
nuevas demandas de diversos sectores de la población, lo que deriva en procesos de agitación y fragmentación social. En determinados territorios, la pervivencia de nuevos y viejos conflictos que se recrudecen, o la desprotección de la población
frente a intereses oligárquicos, locales o foráneos, sirven para agravar la situación. Y a todo ello se suman los retos planteados a nivel mundial: la digitalización, la robotización, el cambio climático, la erosión de los ecosistemas o la
incierta evolución del tablero geopolítico, entre otras cuestiones.
En este marco, la crisis política e institucional suma aún más incertidumbre al panorama. Las democracias latinoamericanas se encuentran en una difícil situación que pone en riesgo su propia continuidad y estabilidad, especialmente en
aquellos países donde existen importantes sospechas de uso indebido de las instituciones del Estado para deslegitimar, perseguir o inhabilitar a la oposición (política y social) de cara a los comicios venideros. El profundo descontento social se ha
hecho patente con las múltiples y diversas movilizaciones ciudadanas que han tenido lugar en 2019 y 2020, incluyendo las masivas manifestaciones feministas que se suceden a lo largo y ancho de la región. Ese contexto de volatilidad, incertidumbre,
malestar y desafección marcará y condicionará las próximas citas electorales.
Aún existe un elemento sobrevenido que, por una parte, agudiza la crisis social, económica y política de estos países y, por otra parte, juega un papel determinante de cara a la propia celebración de los comicios. La pandemia de la COVID-19
ha trastocado el calendario electoral previsto para 2020 en toda América Latina. Al menos 12 elecciones programadas en la región han sido pospuestas, incluyendo los comicios presidenciales en República Dominicana (finalmente celebrados el 5 de
julio) y en Bolivia (previstos para el 18 de octubre), o el plebiscito constitucional en Chile (pospuesto al 25 de octubre). Obviamente, esto no solo ocurre en América Latina. Según informa el Instituto Internacional para la Democracia y
Asistencia Electoral (IDEA Internacional), más de 70 países y jurisdicciones subnacionales en el mundo han postergado eventos electorales y más de 50 los han desarrollado en condiciones de pandemia.
La situación sanitaria y las restricciones que de ella se derivan suponen un hándicap a la hora de garantizar la adecuación de los procesos electorales a los estándares democráticos. En palabras de Kevin Casas, secretario general de IDEA
Internacional, '(...) La decisión de celebrar o posponer elecciones en medio de una pandemia involucra desde consideraciones de salud pública, hasta la potencial lesión a la legitimidad derivada de una baja participación electoral, pasando por el
riesgo de crisis constitucionales. Tampoco son ligeras las determinaciones sobre la habilitación de procedimientos alternativos para emitir el sufragio y las precauciones sanitarias que rodeen la votación. Cada una de estas decisiones es una
fuente potencial de fricción política y de esfuerzos para socavar la legitimidad del resultado electoral'.
Así, los organismos electorales de estos países, que con algunas diferencias entre unos y otros sufren de manera general una pérdida de confianza y legitimidad, se enfrentan a una difícil situación. Según el Latinobarómetro, solo el 28 % de
los latinoamericanos tenía alguna o mucha confianza en la institución electoral de su país en 2018, una caída de 23 puntos desde 2006. Los acontecimientos acaecidos los últimos años, sumados a la crisis sanitaria, dejan a estas instituciones en una
situación crítica.
Por último, la participación, directa o indirecta, de terceros países y organismos internacionales en los procesos electorales y su validación ha sido y es objeto de fuertes críticas por parte de determinados estamentos políticos y sociales
en toda Latinoamérica. La pérdida de legitimidad de estas intervenciones se vincula a la defensa interesada de determinadas opciones políticas, ya sea por intereses geoestratégicos, económicos o de filiación ideológica. La garantía de unas
elecciones limpias y justas pasa inexorablemente por acabar con estos comportamientos y actitudes, que son contrarios a los fundamentos del derecho y de la propia democracia, y garantizar la observación electoral independiente.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ser activo en la defensa de unos procesos democráticos justos, libres y transparentes en América Latina y contribuir, en el seno de la Unión Europea, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la observación internacional
independiente;
2. Asegurar que las elecciones se celebren con garantías democráticas para todas las fuerzas políticas, entre otras formas dando seguimiento a las múltiples denuncias de persecución a la oposición en diversos países de la región;
3. Colaborar con las autoridades gubernamentales y sanitarias de los distintos países de América Latina que se someterán a procesos electorales próximamente para garantizar las condiciones sanitarias y de distanciamiento social adecuadas
frente a la COVID-19 durante el desarrollo de las jornadas;
4. Reforzar los planes de cooperación con América Latina para la promoción de la participación democrática y los valores asociados a ella, la construcción de paz, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad de
género y la justicia social; asegurando en todo caso que la ayuda aportada contribuye efectivamente a dichos fines.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Enrique Fernando Santiago Romero, Lucía Muñoz Dalda y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Justicia
161/001529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la mediación y la
resolución extrajudicial de conflictos para su debate y votación en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR), como la mediación, la conciliación y el arbitraje, pueden colaborar a acabar con la situación de alta litigiosidad existente en el Estado español. Estos instrumentos, articulados
de forma que garanticen el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades, deben reducir la duración de los largos procesos judiciales y de sus costes asociados, tanto económicos como personales.
Además, probablemente la alta litigiosidad se verá incrementada en los próximos meses a consecuencia de la crisis sanitaria y las medidas públicas adoptadas. Esta situación puede derivar en un colapso del ya de por sí saturado sistema
judicial, lo que perjudicará principalmente a la ciudadanía, los y las profesionales, abogados y abogadas, procuradores y procuradoras, así como al personal de la Administración de justicia. Los mecanismos alternativos a la resolución de conflictos
pueden ser útiles para descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.
Desde una perspectiva de los derechos, la alta litigiosidad puede conculcar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, además de los derechos en el sí del proceso judicial, que pueden verse mermados. Explorar la
posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la mediación obligatoria, sin exceder el marco de los estándares de protección de los derechos fundamentales, es a día de hoy un reto de todas las personas implicadas en la elaboración de políticas
públicas, así como una asignatura pendiente del legislador.
Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a impulsar la mediación como parte del plan de modernización de la justicia. Lo cierto es que todas estas herramientas deben encontrar un encaje en el ordenamiento jurídico y en la práctica
judicial y administrativa para que sean una realidad en un periodo breve de tiempo.
En este sentido, deben impulsarse reformas normativas que intenten solucionar los conflictos civiles y mercantiles más comunes y de menor complejidad a través de la participación de una persona mediadora, antes de acudir a los Tribunales.
Por un lado, las modificaciones normativas deberían, como mínimo, obligar a las partes a asistir, por lo menos, a una sesión informativa y otra sesión exploratoria en los meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de
materias. Por otro lado, instaurar el impulso de la mediación intrajudicial, cuando el Juez/a o Tribunal considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes.
La Administración Pública debe garantizar en todo caso que es una solución ágil y menos costosa para las partes y que se asegura a las partes en todo momento toda la información necesaria para la toma de decisiones. Asimismo, para su
alcance, es necesario invertir en formación de calidad de todas las profesionales implicadas en la Administración de Justicia, pero también en las Administraciones públicas.
En el informe favorable del CGPJ al Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, el órgano de gobierno de los jueces y juezas recomendaba llevar a cabo una regulación integral y con profundidad de la mediación para convertirla en un
servicio público. El CGPJ afirmó que la reforma podría ser una oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación y realizó una serie de consideraciones que incidían en la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación más allá del
ámbito estrictamente normativo.
En el ámbito penal, la justicia restaurativa ya está siendo explorada, en el País Vasco, desde 2007 como vía intrajudicial de mediación para la resolución de conflictos, Este método permite que las víctimas y los autores de los delitos
participen de forma activa y conjuntamente en la cerca de soluciones más allá del punitivismo. Ello supone un menor coste económico de esos procesos para las partes, pero también un menor coste emocional y personal. Asimismo, es relevante el alto
grado de cumplimiento de estos acuerdos, debido a que las dos partes se involucran en la toma de la decisión.
En el ámbito de sus competencias, podrían impulsarse desde el Gobierno reformas normativas para que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplara estos métodos, de acuerdo con las directrices europeas y el Estatuto de la Víctima.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los métodos alternativos de resolución de conflictos como opción real, ágil y efectiva para la resolución extrajudicial de conflictos, asegurando el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades.
2. Impulsar las reformas normativas necesarias para reforzar el papel de la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias: i) estableciendo mecanismos para que las partes en asuntos civiles y mercantiles acudan a estos
medios con carácter previo a la interposición de la demanda; ii) impulsando la solución alternativa de controversias intrajudicial, cuando el letrado de la Administración de Justicia, el juez/a o el tribunal considere que una solución alternativa
al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes.
3. En el ámbito penal, impulsar las reformas necesarias para que la justicia restaurativa sea una herramienta útil como vía intrajudicial de mediación para la resolución de conflictos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Jaume Asens Llodrà, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno español a solicitar la ejecución provisional de la sentencia que reconoce el Pazo de Meirás como bien del Estado y su posterior transferencia a la Xunta de Galiza para su debate en la Comisión de
Justicia.
Exposición de motivos
El pasado día dos de septiembre el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña dictaba sentencia sobre el Pazo de Meirás y determinaba que el citado inmueble es propiedad del Estado, parte demandante principal, junto con la Xunta de
Galicia, el Concello de Sada, el Concello de A Coruña y la Diputación Provincial de A Coruña. En esta resolución se establece de forma clara que la venta con la que los herederos del dictador Franco acreditaban la titularidad era simulada y que por
lo tanto no les pertenece.
El fallo de la sentencia es una gran victoria en la lucha por la recuperación de la memoria histórica, pues la resolución reconoce que las actuaciones por las que se logró la entrega del Pazo de Meirás a Francisco Franco se realizaron en un
contexto de extorsión, terror y amenazas. Además, considera que se utilizó como residencia del dictador en calidad de Jefe del Estado y que todas las obras acometidas en el inmueble, tanto de mejora como de ampliación, se realizaron a costa del
erario público.
La lucha por la recuperación del Paro de Meirás para que se reconociera como bien público y propiedad de todo el pueblo gallego es un proceso colectivo que se inicia a finales de los años 70 del siglo XX y que se intensifica a partir de
principios del siglo XXI. Este movimiento colectivo se desarrolló en tres ámbitos distintos.
En primer lugar, contó con una amplia movilización social que se inició en el 2005 por la Comisión Pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, y que tuvo uno de sus hitos principales en la ocupación simbólica del Pazo de Meirás el 30
de agosto de 2017.
En segundo lugar, formó parte también de la lucha y de la divulgación pública de los hechos la investigación histórica que documenta el espolio y en la que fue fundamental el trabajo de los historiadores Carlos Babia y Manuel Pérez Lorenzo.
Las investigaciones realizadas finalmente vieron la luz a finales de 2017 con la publicación del libro 'Meirás: un Pazo, un Caudillo, un espolio', editado por la Fundación Galiza Sempre.
Por último, debe destacarse también la acción institucional, liderada desde el principio por la Deputación da Coruña, y a la que se sumaron posteriormente otras instituciones agrupadas en la llamada Xunta Pro Devolución creada en agosto de
2017, así como el Parlamento galego, la Xunta de Galiza y la Administración General del Estado que finalmente presentó la demanda reclamando la propiedad del Pazo a través de la Abogacía del Estado en julio de 2019.
Aunque no cabe duda del gran avance que ha supuesto esta sentencia judicial, en la práctica los Franco siguen en posesión del Paro de Meirás, siguen disfrutando de este bien que obtuvieron a través del espolio, y las visitas a este inmueble
declarado BIC están siendo gestionas por una entidad, la Fundación Franco, que utiliza estas actividades para hacer apología de la dictadura y del dictador, atacando a las instituciones y entidades democráticas.
Frente a la citada sentencia cabía aún recurso, por ser una resolución de primera instancia, y así, los abogados de la familia Franco presentaron ante la Audiencia Provincial el recurso de apelación contra la sentencia que determinaba que el
Paro de Meirás pertenece al Estado. Pero ello no impide que la parte demandante principal, en este caso la Administración General del Estado, puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia. No solo pueden, sino que es deber de toda
institución velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y deberían así instar la restitución inmediata de la propiedad del Paro al patrimonio público gallego pues, una vez que la sentencia sea firme, el Gobierno del Estado deberá
transferir el Paro de Meirás a la Xunta de Galiza y al patrimonio gallego que garantizará su apertura y su utilización como espacio histórico, de memoria democrática, cultural y turístico.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta por el BNG la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Solicitar la ejecución provisional de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de A Coruña del 2 de septiembre que ha establecido que el Pazo de Meirás forma parte del patrimonio público.
2. Transferir el Pazo de Meirás a la Xunta de Galiza y al patrimonio gallego una vez que la sentencia sea firme.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Defensa
161/001518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, y D. Manuel Mestre Barea, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las
capacidades del Ejército del Aire y del arma submarina de la Armada, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. El mundo en el que vivimos se caracteriza por la incertidumbre y la volatilidad. La pandemia de la COVID-19 es un ejemplo paradigmático de cuán rápido se globalizan los sucesos en un sistema híper conectado. Las relaciones
internacionales en la actualidad vienen marcadas por el cambio, la heterogeneidad y la multiplicidad de factores exógenos; es por ello que se han tornado mucho más complejas y su análisis por parte de los expertos, ya no solo en el ámbito
politológico sino también jurídico, resulta caracterizado por una profundidad y hondura de difícil sistematización.
El avance de la 'revolución de la información' supone una ruptura entre las instituciones sociales y la tecnología, ya que las primeras no tienen la capacidad de adaptarse tan rápido a las variaciones propiciadas por la segunda. Los cambios
ocasionados por las nuevas tecnologías han originado que la política exterior (en materia de relaciones internacionales) deje de ser un área exclusiva de los gobiernos, lo que se traduce en menos poder para el monopolio de la burocracia tradicional
estatal. En palabras de la periodista Esther Dyson, se ha producido la 'desintermediación de los gobiernos'.
No obstante, el Estado-Nación fruto de la Paz de Westfalia sigue siendo el actor principal en el tablero internacional. De hecho, los últimos documentos estratégicos de las grandes potencias contemplan una vuelta a los postulados realistas.
Concretamente, la Estrategia de Defensa Nacional (en adelante 'NDS', por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América establece en su introducción su propia visión general del panorama internacional:
Caracterizado por un '[...] mayor desorden global favorecido por el declive del orden internacional basado en normas, creando un entorno de seguridad más complejo y volátil 6.
Sin embargo, la aseveración que sustancia y resume el espíritu de todo el documento es la siguiente: 'Es la competencia estratégica interestatal, no el terrorismo, la principal preocupación en la seguridad nacional de Estados Unidos' 7.
6 National Defense Strategy 2018. Pág.1. Disponible en: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.
7 Ibídem.
No solo los Estados Unidos han mostrado su preocupación por esta lucha por el poder entre grandes potencias. La propia Unión Europea, en su Estrategia Global de 2016 también contiene parte de los postulados realistas:
'Para comprometerse de forma responsable con el mundo, la credibilidad es esencial. En este mundo frágil, el poder blando no es suficiente' 8.
Por ello, la Unión Europea ha creído conveniente el desarrollo de un Fondo Europeo de Defensa que mejore las capacidades tecnológicas, industriales y por supuesto militares de los países comunitarios. Esta iniciativa debe ser prioritaria
para España, pero no debe suponer, en ningún caso, un sustituto del esfuerzo económico que nuestro país debe realizar en materia de Defensa. Más bien, el objeto de la participación en los proyectos europeos de Defensa debe ser la profundización y,
por ende, la continuación de los proyectos que nuestro país por razones presupuestarias no puede asumir en solitario.
Segundo. La escasez de recursos que vive el Ministerio de Defensa español desde los últimos años, ha permitido a países vecinos como Marruecos y Argelia, reducir el gap existente entre nuestras Fuerzas Armadas y sus homólogas argelinas y
marroquíes.
Si observamos el gráfico con detenimiento, comprobamos que el presupuesto de Defensa de nuestro país todavía no se ha recuperado de los niveles pre-crisis. Por el contrario, tanto Marruecos y fundamentalmente Argelia han incrementado su
inversión. En el caso concreto de Argelia, su presupuesto ha aumentado en un 157 %.
Concretamente, la Marina de este país ha dado un salto cualitativo en su capacidad de disuasión al situarse como el único país del Mediterráneo, junto con Israel, con capacidad de lanzar misiles de ataque a tierra desde submarinos,
concretamente desde sus dos nuevos sumergibles de la clase 636 (versión modernizada de los rusos Kilo). Sólo EE.UU., Rusia, China, Corea del Norte y Reino Unido poseen la referida capacidad. Hay que recordar que cada vez que Corea del Norte
realiza una de estas pruebas levanta las consecuentes reacciones en los países vecinos.
Ni Francia tiene en estos momentos la capacidad de lanzar misiles tácticos desde sus submarinos: la Marine Nationale prevé incorporar los misiles Scalp en sus submarinos de la clase Barracuda, pero actualmente solo los puede lanzar desde
las fragatas FREEM.
Argelia se ha volcado en el arma submarina para fortalecer su armada: sin fragatas, sin portaaviones, con apenas corbetas, los submarinos son su punta de lanza. Esta situación se entiende viendo la armada
8 'To engage responsibly with the world, credibility is essential. In this fragile world, soft power is not enough'. The European Union's Global Strategy. 2016, Pág. 44. Disponible en:
https//eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.
marroquí, que carece de ellos. La rivalidad que enfrenta a ambos países, se traslada a una escalada en el proceso de rearme que están llevando a cabo.
En estos momentos, Argelia tiene seis submarinos:
- Cuatro de la clase 636 (variante de los Kilo rusos): dos han sido entregados a Argelia desde los astilleros TUBOS de San Petersburgo en 2010; y otros dos en enero de este año.
- Otros dos submarinos 877EKM, también de la clase Kilo -más antigua-, entregados en 1987 y 1988, aunque actualizados posteriormente en 1993 y 1996.
Además, el país africano prevé comprar otros dos submarinos de la clase 636.
Ante esta tesitura, la situación de la Armada española es crítica. En concreto, en el arma submarina. En teoría, la Armada española dispone de dos submarinos de la clase S-70, buques de diseño francés botados en los años ochenta del siglo
pasado: el Galerna (S-71) y el Tramontana (S-74). Sin embargo, el primero está inmovilizado desde julio de 2017 para someterlo a una gran carena, una obra que supone desmontarlo pieza a pieza con el objeto de alargar su vida útil. El quid de esta
situación reside en que el buque fue diseñado para soportar cuatro actuaciones de este tipo. La que ha decido realizar la Armada es la quinta. Además, para más inri, la obra está requiriendo un plazo mayor y, en consecuencia, un mayor coste del
esperado. Por tanto, la Armada no podrá contar con el Tramontana hasta finales del 2021.
Debido a estas complicaciones, la Armada ha renunciado a realizar el mismo proceso al Mistral (S-73), dándolo de baja el pasado junio. De esta forma, el Mistral sigue los pasos del Siroco (S-72), enviado al desguace en 2012. Así las cosas,
actualmente España cuenta con un único submarino -el Tramontana- operativo frente a los cuatro con los que contaba en la década pasada. En términos reales, esto es, teniendo en cuenta los periodos de instrucción, mantenimiento y descanso de las
tripulaciones -entre un 30 y un 60 % del tiempo-, la Armada española no dispondrá de ningún submarino.
Con casi 8.000 kilómetros de costa, dos teatros de operaciones marítimos (Mediterráneo y Atlántico) y un punto estratégico como el Estrecho de Gibraltar, es evidente que la situación que vive el arma submarina de la Armada es escalofriante.
Estas son las consecuencias de la abulia palmaria que este Gobierno demuestra hacia la Defensa Nacional.
Tercero. El 14 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Marruecos de una decena de misiles aéreos anti buque AGM-84-L Harpoon Block II. La empresa americana Boeing es la encargada de fabricar estos misiles, y
la operación se ha cerrado por un precio de 62 millones de dólares, según recogen varios medios marroquíes. Estos misiles están diseñados para ser lanzados desde los aviones de combate de fabricación americana F-16. La Fuerza Aérea de Marruecos
dispondrá en breve de unos 50 aparatos (varios modelos) del F-16, incluyendo la firma el año pasado de un contrato con EE.UU. para modernizar sus aeronaves existentes y adquirir otras 23 de este modelo, de última generación y equiparables en
aspectos operativos con aeronaves como el Eurofighter, el F-22 y el F-35, por ejemplo.
Por el contrario, para defender el espacio aéreo de Canarias, España solo cuenta con los 20 F-18 A+ del 462 Escuadrón del Ala 46. Son los F-18 más antiguos de la flota militar española, se adquirieron de segunda mano a los EEUU en su día y
necesitan reemplazo urgente. Solo se modernizaron a la versión A+, mucho menos que los F-18 situados en la península que recibieron una MLU (Mid Life Upgrade) y otras mejoras. Los F-18 destinados en las islas Canarias disponen de un radar inferior
al de los F-16 marroquíes, el AN/APG-65 con un alcance máximo de 150 km, por los 400 km del AN/APG-83 de las aeronaves del reino alauí.
La adquisición de esta nueva remesa de misiles anti buque Harpoon (ya adquirieron una primera versión en 2017), no solo evidencia una relación estrecha y privilegiada del gobierno alauí con el gobierno de EEUU, si no que se encuadra también
en un preocupante rearme de nuestro vecino del sur que abarca las tres ramas de sus FF.AA.: tierra, mar y aire.
Cuarto. La situación geográfica de nuestro país, con un punto estratégico como el Estrecho de Gibraltar y con dos archipiélagos como el de Canarias y Baleares, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, hacen del Mar de Alborán un
escenario incómodo para las marinas, dado el espacio crecientemente limitado para maniobrar a medida que se aproximan al Estrecho de Gibraltar, y acercándose a la costas desde donde pueden recibir ataques 9.
9 GUINEA CABEZAS DE HERRERA... op. cit.
Es por ello que se torna imperativo para España desarrollar una estrategia que sea capaz de mantener la superioridad de nuestras Fuerzas Armadas en el Flanco Sur Peninsular que incluye Baleares, Mar de Alborán, Ceuta, Melilla, Estrecho de
Gibraltar, Isla Perejil y Chafarinas, Peñones de Alhucemas y Vélez y Canarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar un Informe que incluya un análisis comparativo entre las Fuerzas Armadas de España, Marruecos y Argelia. El documento deberá incluir un apartado de recomendaciones en el que se expongan las necesidades operativas de nuestras
Fuerzas Armadas al objeto de asegurar una capacidad óptima de actuación en el Mar de Alborán. Dicho informe deberá ser remitido en un plazo no superior a 3 meses a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
2. Adquirir 200 misiles anti buque de largo alcance AGM-158C, para equipar tanto a los buques de la Armada como a los aparatos del Ejército del Aire, en particular a los pertenecientes al Mando Aéreo de Canarias.
3. Ampliar la serie de Submarinos S-80 a 6 unidades y agilizar el proceso de construcción de los mismos.
4. Aumentar la partida presupuestaria de Defensa hasta el 2 %, acorde con el compromiso adquirido por España en la Cumbre de Cardiff de 2014 de la OTAN.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Manuel Mestre Barea y Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda
161/001523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la modificación de la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El régimen fiscal de las cooperativas viene regulado en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Han pasado treinta años y esta ley apenas ha sufrido modificaciones de calado. Por ello, muchas de sus previsiones han quedado obsoletas y son, hoy, contrarias a otras tantas disposiciones legales que resultan de aplicación a dichas
entidades. Ello conlleva, desde hace tiempo, la necesidad de acudir a los tribunales para dilucidar conflictos interpretativos, así como al planteamiento de numerosas consultas ante la Dirección General de Tributos.
Ejemplos de la obsolescencia de varios preceptos de esta norma hay muchos. Quizá, el más significativo sea que el apartado 4 de su artículo 10 regula en 'pesetas' la cuantía que no debe superar la valoración de terrenos en las Cooperativas
de Explotación Comunitaria de la Tierra, para ser consideradas especialmente protegidas. A pesar de lo anacrónico de este hecho, el Gobierno vetó recientemente en el Senado una proposición de ley del Grupo Popular que pretendía modificar este
artículo con el fin de actualizar dicha cuantía a valores de hoy, y terminar con la incoherencia -y la
injusticia- de mantener un requisito limitativo de la posibilidad de acogerse al régimen fiscal de especial protección, en una cuantía de valoración económica de terrenos sin actualizar desde hace treinta años.
Pero la desactualización de esta norma no escatima en ejemplos. Así, destacan, entre otros:
a) La referencia al tipo 'incrementado' del Impuesto sobre el Valor Añadido contenida en el apartado 1 del artículo 12 de la norma; referencia que desapareció hace más de quince años de la normativa del impuesto,
b) La referencia exclusiva a las personas 'físicas', que se contiene en la definición de los socios con los que deben contar determinadas cooperativas para poder gozar de la consideración de especialmente protegidas; siendo así que la
posterior Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, ya contempla que puedan participar como socios de las cooperativas las 'entidades u organizaciones que tengan el carácter de destinatarios finales'. Este requisito ya fue modificado para las
Cooperativas Agroalimentarias por Ley 13/2013, precisamente por entenderse que la limitación a 'personas físicas' quedaba obsoleta en el contexto actual,
c) En parecido sentido, la referencia exclusiva que se hace, con relación a las Cooperativas de Consumidores y Usuarios en el apartado 1 del artículo 12, a la provisión de 'bienes' como único objeto asociativo posible, lo que también
contradice la ya citada Ley de Cooperativas que recoge expresamente el suministro de servicios como posible actividad principal de dicho tipo de cooperativas,
d) También debería ser objeto de revisión y aclaración en la norma, al menos, la figura del asociado o socio colaborador, esto es, los 'socios que no pueden desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social de
la cooperativa, pero que pueden contribuir a su consecución', según definición de la Ley de Cooperativas.
A pesar de que esta figura está reconocida en nuestra legislación común y en la mayoría de las normativas autonómicas en la materia, la Dirección General de Tributos viene haciendo una interpretación muy restrictiva de la misma y, así, viene
negando la posibilidad de aplicación del régimen fiscal de especial protección a las cooperativas que cuenten con este tipo de socios en sus estatutos (como ejemplo, CV 1339-09 o CV 1559-14, respecto de las cooperativas de trabajo asociado).
No encuentra fácil justificación que algunas clases de cooperativas, como las agroalimentarias, puedan tener asociados o socios colaboradores, incluso personas físicas y jurídicas y, para otras clases de cooperativas, como las de trabajo
asociado, no se dé la posibilidad de contar con esa forma de financiación, máxime teniendo en cuenta el peso que estas últimas tienen sobre el total de cooperativas españolas.
Estos son solo algunos datos que ejemplifican la necesidad de proceder a una revisión en profundidad de la ley fiscal mencionada con el fin de que la misma no entre en colisión con la normativa sobre cooperativas, nacional y autonómica,
aprobada con posterioridad y, desde luego, que no atente contra el sentido común manteniendo terminología en desuso y valores económicos tan absolutamente desactualizados que siguen expresados en una moneda fuera de circulación en nuestro país desde
hace veinte años.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo una revisión y modificación urgentes de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, en virtud de la cual se actualice la terminología, los
datos y los requisitos contenidos en su articulado que hubieran quedado obsoletos o fueran incongruentes con disposiciones legales aprobadas con posterioridad, extendiéndose dicha modificación, al menos, a los aspectos mencionados en el cuerpo de
este escrito que afectan a los artículos 8 a 12 de la citada Ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2020.-María Carmen Martínez Granados y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Interior
161/001532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ignacio Gil Lázaro y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del proceso de concesión de condecoraciones
policiales, basado en los principios de objetividad, equidad y transparencia, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Originariamente los hechos meritorios llevados a cabo por parte de nuestros funcionarios policiales eran objeto de reconocimiento por el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, aprobado por Real Decreto n.º 2649, de 25 de
noviembre de 1930, el cual recogía una escala de recompensas para premiar y fomentar las virtudes profesionales de los funcionarios de la Policía Gubernativa, integrantes de los Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad.
Posteriormente, mediante el Decreto de 18 de junio de 1943 -elevado a Ley el 15 de mayo de 1945-, se crea la Medalla del Mérito Policial, con la que se premian los servicios extraordinarios practicados en favor del orden, así como los
trabajos o estudios de sobresaliente interés científico o de técnica profesional 10. La Medalla constaba de tres categorías: Medalla de Oro, Medalla de Plata y Medalla de Bronce, que, con independencia de la categoría del condecorado, se otorgaban
según la importancia de la acción meritoria 11.
Segundo. Con la entrada en vigor de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones oficiales (en adelante, Ley 5/1964), aún vigente, se sustituyó 'la Medalla al Mérito Policial, en su categoría de Bronce, por la Cruz al Mérito
Policial con distintivo rojo o blanco; la primera, para premiar los hechos distinguidos que impliquen acusado riesgo para quienes los realicen, y la última, para premiar a quienes sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes o en la realización de
trabajos o estudios de carácter profesional' 12.
Así, existen, a día de hoy, las siguientes recompensas:
- Medalla de Oro al mérito policial.
- Medalla de Plata al mérito policial.
- Cruz al mérito policial con distintivo rojo.
- Cruz al mérito policial con distintivo blanco.
Los requisitos para ingresar a la Orden del Mérito Policial se encuentran recogidos en los artículos 5 a 7 de la citada Ley, cuyo tenor literal es el siguiente:
'Artículo quinto.
Para conceder la Medalla de Oro o de Plata al Mérito Policial, según los casos, será preciso que concurra en los interesados alguna de las condiciones siguientes:
a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente.
b) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedaren deformidad o inutilidad importante y permanente, concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.
c) Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación.
10 Artículo 1 del Decreto de 18 de junio de 1943 por el que se crea la Medalla del Mérito Policial.
11 Artículo 2. Ibid.
12 Exposición de motivos de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones oficiales.
d) Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación.
e) Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las exigencias anteriores, merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.
Artículo sexto.
Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:
a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente.
b) Participar en tres o más servicios, en los que, mediando agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara herido el funcionario.
c) Realizar, en circunstancias de peligro para su persona, un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto valor en el funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.
d) Observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa, en consideración a hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado
patente un riesgo o peligro personal.
Artículo séptimo.
Para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, será necesario que concurra en los interesados cualquiera de las condiciones siguientes:
a) Realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido del patriotismo o de la lealtad, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.
b) Sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, o realizar destacados trabajos o estudios profesionales o científicos que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.
c) Realizar de cualquier modo no previsto actos distinguidos de análoga naturaleza que redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio.'
Por su parte, el artículo 8 de la Ley 5/1964 regula las pensiones anejas a las citadas condecoraciones policiales, señalando expresamente lo siguiente:
'Artículo octavo.
Cuando las citadas condecoraciones se otorguen a funcionarios dependientes de los Cuerpos y Organismos señalados en el artículo cuarto de la presente disposición y cuyos haberes aparezcan consignados en los Presupuestos Generales del Estado,
llevarán siempre anejas las pensiones que se indican, proporcionales al sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vaya alcanzando en lo sucesivo:
Medalla de Oro: Veinte por ciento,
Medalla de Plata: Quince por ciento.
Cruz con distintivo rojo: Diez por ciento.
La Cruz con distintivo blanco no llevará aneja pensión.
En ningún momento se tomará como base para regular dichos porcentajes sueldo inferior al asignado para la categoría de Sargento primero del Cuerpo de Policía Armada, cuando los condecorados pertenezcan a este último Cuerpo o al de la Guardia
Civil; tampoco dicha base podrá ser inferior al sueldo señalado a la categoría de Auxiliar Mayor de tercera clase, cuando se trate de funcionarios del Cuerpo Auxiliar Femenino de Oficinas de la Dirección General de Seguridad.
Si los premiados con estas condecoraciones no pertenecen a los Cuerpos indicados en el párrafo primero del presente artículo, se les podrá conceder las mismas, bien con carácter exclusivamente honorífico o bien asignándoles alguna de las
pensiones anuales que se especifican en el artículo quinto
del Decreto de dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta y tres, según la condecoración concedida, y conforme se determine en la Orden de concesión.'
Sin embargo, los procedimientos de determinación de las pensiones anejas a las condecoraciones de la Orden del Mérito Policial dieron lugar a sucesivos problemas de aplicación. Con el fin de subsanar esta problemática se aprobó Real Decreto
1691/1995, de 20 de octubre, por el que se adecuan las cuantías de las pensiones anejas a las medallas y cruces de la Orden del Mérito Policial y del Cuerpo de la Guardia Civil a la realidad policial y a los actuales conceptos retributivos.
Tercero. Posteriormente, y debido al transcurso del tiempo desde la promulgación de la Ley 5/1964, se hizo necesario actualizar y adaptar el procedimiento para ingresar en la Orden al Mérito Policial. A tal efecto, la Dirección General de
la Policía dictó, el 11 de mayo de 2012, una Resolución por la que se establecieron e implementaron nuevos criterios objetivos y homogéneos con el fin de mejorar las propuestas de concesión, estableciendo, a su vez, un procedimiento que, con la
participación de las organizaciones sindicales más representativas, garantizara una mayor transparencia en todo el proceso de concesión (en adelante la 'Resolución').
En la disposición segunda de dicha Resolución se recogen los criterios objetivos mínimos para tramitar las propuestas, estableciendo expresamente lo siguiente:
'En las propuestas de Ingreso a la Orden al Mérito Policial para la concesión de las Medallas de oro o de plata a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así como de aquellos otros componentes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales.
Las personas ajenas a dichas corporaciones podrán excepcionalmente ser acreedoras de tan alta distinción únicamente con carácter honorífico, salvo que resulte aconsejable lo contrario, conforme expresa el propio texto legal.
Asimismo, en las propuestas de concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo o blanco, se estará a la concurrencia de las condiciones exigidas en los artículos 6.º o 7.º de la Ley, respectivamente, y a lo expresado en el
párrafo anterior.
Cuando la propuesta de ingreso en la Orden al Mérito Policial para la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco no se realice por hechos concretos, sino atendiendo a la valoración de la trayectoria profesional de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, deberán ser tenidos en cuenta por todos los órganos proponentes determinados criterios como son la dedicación, la disponibilidad, la especial responsabilidad, la iniciativa en su labor profesional o la
participación en determinados dispositivos que mejoren la eficacia, eficiencia y calidad del servicio policial y el prestigio e imagen del CNP.
Además de esta valoración, en el supuesto de trayectoria profesional, será necesario que concurran en los interesados las condiciones siguientes:
- Diez años de servicios efectivos, debiendo conjugarse el tiempo de servicio en la plantilla con el tiempo de servicio en el Cuerpo, de forma que el cambio de destino no impida que un funcionario sea propuesto por su nueva plantilla.
- Estar en posesión, al menos, de entre diez y veinte felicitaciones públicas, dependiendo del tipo de felicitación y del área de actividad en la que se obtuvieron.
- Haber transcurrido, al menos diez años desde la concesión de la anterior, salvo que la propuesta sea motivada por hechos concretos.
En consideración a la finalidad que la concesión de las condecoraciones al Mérito Policial persigue y a sentencias judiciales existentes al respecto, la Dirección General de la Policía evitará su concesión a título colectivo. Cuando se
quiera proponer a todos los funcionarios de una Unidad, por su intervención en hechos relevantes concretos, se hará nominativamente a cada uno de ellos.'
Sin embargo, tal y como denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP), la Resolución no ha cumplido con el objetivo para el cual se dictó. Los citados Sindicatos han denunciado que persiste la
anomalía que supone someter un proceso de concesión de recompensas profesionales a una normativa desfasada, con una vigencia de más de cincuenta y cinco años.
Cuarto. Además, el procedimiento de concesión de condecoraciones policiales ha generado en lo últimos años una polémica interna en el Cuerpo Nacional de Policía, debido a diferentes factores:
distribución descompensada de las condecoraciones al Mérito Policial entre las diferentes categorías profesionales, resultando discriminada la Escala Básica; concesión de las mismas a funcionarios que no cumplen los requisitos contemplados
en la Ley 5/1964 e inclusión en la Orden al Mérito Policial a personas de diferentes colectivos que no forman parte de la Policía Nacional 13.
Asimismo, uno de los principales sindicatos policiales ha denunciado 14 que se incumple reiteradamente el procedimiento de concesión de consideraciones policiales en lo relativo a la normativa que establece la participación sindical en el
mismo, ya que la citada Resolución establece, como hemos mencionado, un procedimiento que, con la participación de las organizaciones sindicales más representativas, otorgue una mayor transparencia a todo el proceso de concesión. Así lo señala
expresamente la Resolución, en su apartado tercero, según el cual:
'La elaboración de las propuestas corresponderá a las Unidades de destino de los funcionarios afectados, que, una vez concluidas, convocarán a los representantes de las organizaciones sindicales, a quienes facilitarán la relación de los
funcionarios propuestos. Si la propuesta fuera por un hecho concreto se informará puntualmente sobre el mismo.
Se fijará un plazo de cinco días para que las organizaciones sindicales planteen por escrito cuantas alegaciones crean conveniente, pudiendo instar a que se incluya alguna propuesta a favor de otros funcionarios que a su juicio sean
merecedores de condecoración y no hayan sido tenidos en cuenta por el Jefe de la Unidad, adjuntando a tal efecto las justificaciones que estimen oportunas.
Con todo lo actuado y con la documentación recibida, el Jefe de la Unidad remitirá al Jefe Superior las propuestas correspondientes, incluidas aquellas procedentes de las organizaciones sindicales, debidamente informadas, con el fin de que
aquel pueda resolver acerca de la tramitación o no de las mismas, dando cuenta de tal decisión al Sindicato que lo haya interesado.
Las Organizaciones Sindicales, una vez conocida la decisión del Jefe Superior, podrán elevar al Consejo de Policía las propuestas que consideren procedentes, siendo el Presidente de la Comisión de Personal, y Proyectos Normativos, el que, a
la vista de los fundamentos esgrimidos, así como del correspondiente Informe del Subdirector General competente por área de actividad, determinará si se eleva a la Junta de Gobierno, comunicando al Sindicato interesado la decisión adoptada.
Cuando se trate de Servicios Centrales, las referencias realizadas a los Jefes Superiores, se entienden hechas a los Secretarios Generales, con independencia de que sea el titular del órgano central el que eleve la propuesta.
Las propuestas se realizarán por área de actividad, estableciéndose un orden de prelación dentro de cada área. De este modo podrán ser consideradas las propuestas subsiguientes aquellas no atendidas durante el año por existir un exceso de
solicitudes.
Todas las plantillas deberán utilizar un único modelo, capaz de recoger las especificidades de cada servicio, con el fin de homogeneizar las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial. Dicho modelo será facilitado por la División
de Personal.'
En definitiva, si no se cumple el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la orden al mérito policial, omitiendo la participación de las Organizaciones Sindicales, el resultado final se traduce en que la Administración no
cumple con la ley al conceder las condecoraciones policiales y, en consecuencia, es preciso limitar aún más la discrecionalidad de la misma en el otorgamiento de las citadas distinciones 15.
Quinto. Por último, otra circunstancia que genera controversia dentro del Cuerpo Nacional de Policía, en cuanto al proceso de concesión de condecoraciones, es la inclusión en la Orden al Mérito Policial a personas, entidades y colectivos
externos, que no forman parte del citado cuerpo.
Así, el número de otorgamientos que se hacen de este tipo se considera desproporcionado, dado que la concesión de las mismas a personal ajeno a dicho Cuerpo Policial es de carácter excepcional, tal y como establece el artículo cuarto de la
Ley 5/1964, que dispone expresamente lo siguiente:
'Podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros y funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía Gubernativa, cualquiera que sea su categoría, así como aquellos otros componentes de los restantes Cuerpos y Unidades
integrados en las Fuerzas de Seguridad del Estado que aparecen enumerados en el artículo cuarto de la vigente Ley de Orden Público, cuando se estime que reúnen
13 Informe sobre condecoraciones en la Policía Nacional-2020. SUP.
14 Ibid.
15 Ibid.
alguna de las circunstancias exigidas para su concesión; y, excepcionalmente, las personas ajenas a dichas Corporaciones, cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de
relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos.'
En este sentido, la Confederación Española de Policía ha denunciado el otorgamiento excesivo y generalizado de dichas condecoraciones a personas ajenas al Cuerpo Nacional de Policía, manifestando que 'el Ministerio del Interior ha otorgado
1.500 cruces al mérito policial a personas ajenas a la Policía Nacional desde que el Gobierno actual comenzó su primera legislatura en junio de 2018. (...) Con estos reconocimientos Interior quita a los policías nacionales cientos de oportunidades
anuales para que su trabajo pueda tener la recompensa que merecen y opta por condecorar a personas e instituciones que no han participado en un solo servicio policial y cuyo apoyo al trabajo de la Policía tendría que estar totalmente al margen de
nuestras medallas. Esta práctica mantenida durante años, y que este Gobierno continúa hasta alcanzar las 1.500 medallas a personal ajeno, insulta a los compañeros que se han jugado la vida o que han participado en servicios contra el terrorismo, el
crimen organizado o la delincuencia de todo tipo 16'.
Sexto. En conclusión, es necesario llevar a cabo una reforma integral de la Ley 5/1964, con el fin de establecer un procedimiento de concesión de condecoraciones policiales que se base en verdaderos criterios objetivos y de transparencia,
garantizando, a su vez, la intervención de las organizaciones sindicales en dicho procedimiento. En definitiva, limitar la arbitrariedad de la Administración en materia de concesión de condecoraciones policiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
- Promover, de manera urgente, una reforma integral de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, con el fin de establecer un procedimiento de concesión de condecoraciones policiales que se base en verdaderos criterios
objetivos y de transparencia, de forma que todos y cada una de los servicios policiales que sean meritorios y arriesgados obtengan el oportuno reconocimiento policial.
- Establecer un proceso de selección en las condecoraciones policiales que sea justo y equilibrado, con independencia de la categoría profesional del interesado, en el que no resulte perjudicada ninguna Escala, especialmente la Escala
Básica.
- Acabar con el sistema 'numerus clausus' o de 'cupos' en las Jefaturas Superiores de Policía, en cuanto al número de propuestas de acceso a la Orden al Mérito Policial, de forma que cualquier actuación policial que sea meritoria de
reconocimiento conforme a los requisitos establecidos en la Ley sea siempre recompensada.
- Reconocer, de forma efectiva, la función fiscalizadora de las organizaciones sindicales representativas en el proceso de concesión de las condecoraciones policiales, en los términos establecidos en la Resolución.
- Implantar un sistema de transparencia, de forma que el interesado pueda acceder al expediente de su propuesta de ingreso en la Orden al Mérito Policial para la concesión de las correspondientes condecoraciones policiales, a fin de conocer
el estado de la tramitación de la propuesta o los motivos, en su caso, de denegación.
- Limitar la concesión de condecoraciones policiales a personas, entidades y colectivos ajenos al Cuerpo Nacional de Policía a supuestos excepcionales, de manera que se otorguen en cumplimiento efectivo de los requisitos legalmente
establecidos y de conformidad a los principios de mérito, objetividad, equidad y transparencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
16 Nota de prensa CEP. 30 de septiembre de 2020.
161/001536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Interior sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital.
Exposición de motivos
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha actuado como una lente de aumento, dotando de nuevas dimensiones a dinámicas sociales previas que habían pasado desapercibidas hasta ahora o que habían sido infravaloradas. Concretamente, la circulación
de discursos de odio en el espacio digital ha cobrado una especial atención, desde los primeros días de la pandemia, tal y como reconocía la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, a mediados de marzo. En agosto, el
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento mundial para frenar y contrarrestar el discurso de odio que se ha ido extendido en paralelo a la expansión de la pandemia de la COVID-19. En sus propias palabras:
'Debemos actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Por ello, hoy pido que no se escatimen esfuerzos para erradicar el discurso del odio en todo el mundo (...) la pandemia sigue desatando una oleada
de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo'.
El contexto de la COVID-19 ha generado una creciente polarización en la opinión pública, organizada por diferentes grupos de opinión que, a través de las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales, señalan a
determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la tragedia colectiva que estamos padeciendo. Así, el dolor colectivo de todo un país se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos, poniendo en riesgo la
seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de este tipo de linchamiento digital.
Sin embargo, la propagación de los discursos de odio en el espacio digital no se circunscribe al contexto específico de la COVID-19. Como explicaba José Natanson en el reciente número de septiembre de Le Monde Diplomatique: 'los discursos
de odio han sido una reacción a los avances en materia de pluralismo, tolerancia a la diversidad y multiculturalismo registrados en las últimas décadas'.
Alemania y Francia han sido países pioneros en la vigilancia y eliminación de los discursos de odio que circulan en el espacio digital. En el caso de Alemania, en 2018 se aprobó una ley destinada a reducir la incitación al odio y la
difamación online. La ley introduce cuantiosas multas para las empresas TIC, si no eliminan los contenidos digitales que incurran en la incitación al odio y la violencia, dentro de 24 horas desde que reciben una notificación.
En el caso de Francia, una ley similar a la alemana fue aprobada por el parlamento, en julio de 2019. Esta ley tiene como objetivo penalizar un amplio espectro de mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación racial,
religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el terrorismo, o el acoso online.
Por otro lado, para prevenir y contrarrestar la propagación de discursos de odio online, en mayo de 2016, la Comisión Europea publicó un Código de conducta para contrarrestar el discurso de odio ilegal en línea, en el que se recogía lo
siguiente: 'Las empresas TIC también comparten el compromiso y el deber de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE de hacer frente a la incitación al odio online'.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas a la Prevención de la Propagación de Discursos de Odio en el Espacio Digital, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la información necesaria acerca de cómo denunciar los contenidos que inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de los usuarios menores de edad.
2. Simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos de odio, incluida la creación de una herramienta única, accesible y fácil de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español.
3. Reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o una hora cuando las
víctimas sean menores. Esto exigirá a los operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos, cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramiten sin demora.
4. Aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de
ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú.
161/001545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de puntos focales en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
La Constitución Española de 1978 (CE) establece como derechos fundamentales de todas las personas el derecho a la libertad, a la seguridad (artículo 17 CE) y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE), no permitiéndose que nadie
pueda entrar o registrar un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido en su interior un delito flagrante.
Asimismo, en su artículo 33 CE recoge el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, prohibiendo que los mismos puedan ser privados de sus bienes y derechos sino es por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante
la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Como elemento para garantizarlos, junto con el resto de los derechos y libertades, en su artículo 104 CE, la Carta Magna establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos de las
personas y garantizar la seguridad ciudadana. Dicho mandato queda perfeccionado a través de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se recogen los principios básicos de su actuación y las misiones que se les
atribuyen.
Del mismo modo, en el artículo 149.1. 29.ª CE, se establece la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, cuestión que entre otras se materializa en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana. Esta disposición legal tiene como objeto principal la protección de personas y bienes, la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por
el ordenamiento jurídico, así como el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, incluyendo un conjunto plural y diversificado de actuaciones, de distinta naturaleza y contenido, inspiradas todas en una finalidad tuitiva de los bienes jurídicos
protegidos.
En este sentido, el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles transgrede y afecta a la seguridad pública y ha producido una alarma social que ha incidido en la percepción subjetiva de seguridad, y que demanda una reacción coordinada por
parte del Estado.
En respuesta a esta problemática social, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, por
medio de la Fiscalía General del Estado ha dictado la
Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
Siguiendo los criterios impartidos por la FGE, la Secretaría de Estado de Seguridad consideró conveniente proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) una herramienta que haga posible dar una solución policial
integral y uniforme ante las diferentes situaciones que se pudiesen plantear en este ámbito, en el marco de las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico, y dentro de los principios de subordinación y coordinación de las FFCCSE respecto
de las directrices emanadas de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal, viendo la luz la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el Protocolo de actuación de las FFCSE ante la ocupación ilegal de
inmuebles.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear en las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a nivel central un 'Interlocutor Policial Nacional sobre la Vivienda', punto nacional de contacto de cada órgano directivo, con la misión específica de coordinar,
dirigir, canalizar e impulsar la actuación de los distintos 'Interlocutores Policiales Territoriales sobre la Vivienda'.
2. Crear la figura de los 'Interlocutores Policiales Territoriales sobre la Vivienda', quienes serán expertos designados por las diferentes Unidades de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, tomando en consideración
su propia estructura orgánica y territorial, el volumen de la actividad policial concreta en esta materia y sus singularidades, los cuales, asumirán la responsabilidad de la coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de las actuaciones
relacionadas con cualquier manifestación relacionada con el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles en el ámbito territorial que les sea propio.
3. Que estos expertos, serán el punto de contacto permanente con los representantes de administraciones, instituciones y entidades en el ámbito local y autonómico que permitan un mejor conocimiento de la problemática en cada territorio de
actuación. En concreto deberán:
- Supervisar la elaboración de los atestados policiales con el objeto de que se reflejen todos los indicios existentes en relación con los elementos objetivos y subjetivos que conforman los distintos tipos penales relativos a la ocupación
ilegal de inmuebles, con la finalidad de aportarlos a las autoridades judiciales competentes para acreditar la comisión del delito y la participación de sus responsables, y contribuir, cuando ello proceda ante eventuales situaciones de extrema
necesidad o especial vulnerabilidad en los ocupadores desalojados, a desencadenar una respuesta ágil de las entidades e instituciones competentes para paliar dichas situaciones.
- Optimizar la respuesta policial ante este tipo de delitos, canalizando programas de formación permanente encaminados a garantizar la actuación correcta de las FFCCSE en sus intervenciones.
- Desarrollar actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas y, asimismo, dar la mejor respuesta dentro del ámbito social a todos los actores afectados.
- Reforzar las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos u organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación de las viviendas a sus legítimos propietarios para posteriormente alquiladas o
enajenarlas fraudulentamente a terceros, o utilizarlas, o de otro modo propiciar su uso, para realización de otras actividades delictivas en el inmueble.
- Potenciar la colaboración en el ámbito local y autonómico con instituciones y entidades que permitan un mejor conocimiento de la problemática en sus respectivos ámbitos territoriales, y tratar de establecer en coordinación con los
servicios públicos competentes (v.gr. registros de la propiedad), procedimientos ágiles para acreditar la titularidad de los inmuebles en situaciones en que así se precise ante la necesidad de una actuación inmediata.
- Incrementar la obtención de información a través de la coordinación y colaboración con colectivos representantes de afectados (asociaciones, comunidades de propietarios, promotoras inmobiliarias, etc.), así como con otros cuya cooperación
pudiera resultar de utilidad a la hora de elaborar la inteligencia relacionada con el asunto, como pueden ser los colegios profesionales de administradores de fincas; todo ello encaminado a mejorar los procesos de planificación y toma de
decisiones.
- Desarrollar mecanismos para facilitar el seguimiento de los casos de ocupación y obtener información de los mismos, que a la postre permita orientar medidas de prevención y actuación eficaces.
- Prevenir las actividades ilícitas aparejadas a las ocupaciones ilegales de inmuebles, ya sean viviendas, locales u otro tipo de establecimientos sus respectivos ámbitos territoriales centros médicos, colegios profesionales y autoridades
territoriales competentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-David Serrada Pariente, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/001549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre alquiler asequible, estable
y seguro, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda urbana.
Exposición de motivos
La especulación en el precio de los alquileres es una realidad económica que sufren actualmente cientos de ciudades en Europa y también en España. En diciembre de 2018, el Fondo Monetario Internacional advertía a España sobre los efectos en
la evolución de los precios inmobiliarios. Con datos de cierre de 2017, el organismo señalaba las primeras señales de una 'ligera sobrevaloración en el precio de las viviendas', y pedía a los supervisores españoles que amplíen las herramientas de
las que disponen para atajar los riesgos financieros y controlar la concesión de crédito.
Según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50 % en los últimos 10 años a nivel nacional, una subida significativa sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y en varios enclaves del turismo
nacional como las Islas Baleares, Islas Canarias y varias ciudades mediterráneas. En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general en el mercado laboral español. La OCDE señala que el 24,7 % de los
hogares tenía un gasto en vivienda de alquiler superior al 40 % de sus ingresos netos en 2014, frente al 13,1 % registrado en el promedio de la OCDE, por lo que esta proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual.
Según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que viven en alquiler destinan más del 40 % de los ingresos familiares al pago del alquiler, uno de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), solo
superado por Grecia y Lituania. Pagar por encima del 40 % de los ingresos en la vivienda es considerado por la UE como un cargo excesivo para la economía de un hogar.
El incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Según el estudio 'El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión' realizado por la
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN España, un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1 % de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. España se ha convertido en el segundo país de
la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, 20 veces más que el promedio europeo. Al descenso de los salarios debemos sumar los casos de cientos de familias obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y con
el riesgo de ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. Pero no solo son expulsadas de sus viviendas, sino también de sus barrios, que pierden a sus vecinas y se transforman así en aparadores para el turismo o en zonas
residenciales solo para personas con alto poder adquisitivo.
Según el estudio los 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los últimos datos estadísticos disponibles corresponden a 2019. El
número de lanzamientos practicados durante el 2019 ha sido
de 36.467, de los cuáles, un 67,5 por ciento del total ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 14.193 (el 26,3 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los
3.346 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2 por ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 25,1 por ciento con respecto a 2018. Los lanzamientos afectan a
distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual. Cataluña (con 12.446, el 23 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por
Andalucía (con 8.806) y la Comunidad Valenciana, con 7.390.
A este panorama hay que añadir el hecho de que el precio de los alquileres se ha disparado durante los últimos años en varias ciudades del Estado. En concreto, en 2019, algunos operadores privados, como Fotocasa o Idealista, muestran
incrementos de entre un 15 y un 17 % en ciudades como Barcelona o Madrid. Ambas, por ese orden, son las ciudades con los alquileres más caros, a la vez que concentran, según un estudio de la inmobiliaria Salvia, el 50 % de las viviendas en alquiler
de todo el Estado. También ciudades como San Sebastián (17 %), Valencia (20 %), Málaga (11 %) o Valladolid (11 %) han experimentado aumentos de precio importantes este último año, a pesar de que ya en 2014 los ingresos familiares destinados a pagar
el alquiler oscilaban entre el 30-40 % de media en todas ellas.
Tras la crisis económica del 2008, la historia se repite, y las familias de España se vuelven a enfrentar a problemas económicos, esta vez derivados de una pandemia mundial provocada por el virus del COVID-19. Una vez más, las familias de
nuestro país tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de una vivienda. La política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una tendencia alcista de los precios y una crisis de accesibilidad a este
bien que ha provocado la expulsión de los sectores de la población con menos recursos.
La crisis del coronavirus agravará esta situación. Con la paralización de gran parte de la actividad económica por culpa de la epidemia del COVID-19, muchas de las personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler van a tener
francas dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las familias sufrían la asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre
un escenario lleno de incertidumbre ante la posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico. En este escenario, se multiplican la dificultad en el acceso a una vivienda, de endeudamiento familiar o directamente de
pérdida de la casa, especialmente para las familias más vulnerables.
La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 CE y también para revertir las políticas de
mercantilización, dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo objeto de especulación. Es, ahora, cuando se nos presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público
de vivienda.
Durante el Estado de Alarma, el Gobierno del Estado ha aprobado medidas de urgencia en relación a las rentas de alquiler, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis sobre los arrendatarios en situación de mayor vulnerabilidad
socioeconómica, incluyendo la moratoria en todos los alquileres y la extensión de los plazos en los contratos de arrendamiento. Sin embargo, se precisan reformas estructurales en materia de regulación del acceso a la vivienda, encaminadas su
consideración como un bien de primera necesidad antes que como una inversión, en línea con el mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución Española.
La vivienda, en la situación de confinamiento que ha provocado la crisis del Coronavirus, se ha convertido más que nunca en lugar de refugio para la personas. El lugar donde transcurre toda su vida. Esta realidad puede ayudarnos a explicar
la necesidad de proteger este bien, que es un bien de primera necesidad y las nefastas consecuencias que tiene para la sociedad tratar la vivienda como una mercancía más.
Una nueva crisis de vivienda parece inevitable tras la Pandemia que azota España. Las diferencias surgen al estimar cuándo empezará, cuánto durará y cómo se saldrá de ella. Al igual que en la crisis de 2008, nos encontramos ante un mercado
especulativo, con fuerte presencia de capitales de inversión internacionales, que hace previsible el hundimiento de los precios y que puede generar nuevas oportunidades para la intervención de fondos buitres oportunistas que sobrevuelan el mercado
español.
Recientemente, varios Ayuntamientos del país como el de Barcelona, han reclamado con urgencia una modificación de la legislación estatal para poder hacer frente a las dinámicas especulativas que
impiden el acceso a la vivienda a amplios sectores de la ciudadanía que no pueden hacer frente a alquileres totalmente abusivos. De hecho, ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín, ya han puesto en marcha
medidas legislativas que limitan los precios y las subidas abusivas de los alquileres. Los desahucios por impago de alquiler, a saturación de los servicios sociales municipales y la precarización de los arrendamientos genera exclusión y
sobreendeudamiento de las arrendatarias, o lo que es lo mismo, más impagos de alquiler. En cambio, más estabilidad y adaptación de los alquileres a los salarios de las personas equivale a más seguridad de pago y, por lo tanto, de cobro por parte de
los propietarios.
Por todo ello, es necesario hacer un discurso claro que ponga el acento en la denuncia de las actuaciones especulativas que llevan a cabo en España los fondos de inversión. Convierten el mercado de la vivienda en un mercado altamente
especulativo que provoca un alza continuada de los precios de los alquileres. Se deben adoptar medidas que pongan la funcionalidad de la vivienda en el centro, que es servir de alojamiento digno a las personas, estableciendo las condiciones de
posibilidad para la puesta en marcha y desarrollo de sus proyectos vitales.
El Comité DESC de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, aprobadas en la sesión celebrada el 29 de marzo de este año 2018, explicita que 'En particular, preocupa al Comité el número
insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le
preocupa el número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar'. En consecuencia, recomienda al Estado que 'Adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de
la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos;' y 'Revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de
garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia y establecer mecanismos judiciales efectivos que garanticen la protección del derecho a una vivienda adecuada;
La legislación y políticas públicas en materia de alquiler han tenido grandes avances. En concreto, la última modificación legal efectuada mediante el Real Decreto Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler,
constituye una respuesta a las demandas de cientos de colectivos sociales y asociaciones de vecinos que estaban siendo sofocados por la reforma legislativa del Gobierno del Partido Popular, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización
y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que suponía la precarización absoluta de las personas inquilinas.
Bajo el nuevo Real Decreto-ley 7/2019 se consiguió mejorar la certidumbre y seguridad jurídica de los arrendatarios mediante la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de 3 a cinco 5 años en caso de que el
arrendador sea una persona física y a 7 años en caso de que sea una persona jurídica. Además, se amplió la prórroga tácita de uno a tres años y se prolongó el plazo de preaviso para romper el contrato de arrendamiento, debiendo informar al
inquilino con 4 meses de antelación y con 2 meses al arrendador. Adicionalmente se estableció que el incremento producido por la actualización anual de la renta no podrá exceder la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al
Consumo, por lo que la actualización anual del precio del alquiler quedó ligada al IPC, que opera como límite máximo del aumento.
A pesar de estos avances significativos, quedó en el tintero muchas de las iniciativas legislativas para frenar y regular la especulación de precios que sufren cientos de zonas sensibles en ciudades de toda España. Es necesario comprender
que, la posibilidad de regulación de los precios de alquiler asegura una rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada
en relación al derecho de acceso a una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la propiedad. El existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de
oferta y tensión de los precios, comporta que el precio se determine finalmente por la parte arrendadora, siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares. Todo ello justifica que sea posible la
intervención de los poderes públicos en la regulación de un elemento esencial en la relación contractual, como es el precio.
Para que esto sea posible es necesario conseguir que la vivienda salga al mercado con rentas asequibles. En estos momentos, acabar con los precios abusivos es urgente, más en una situación de crisis sanitaria, social y económica, donde los
ingresos de las clases populares se pueden reducir de
manera significativa. Ahora más que nunca, las rentas de alquiler de las viviendas tienen que acompasarse con los salarios y los niveles de ingresos de las familias. Sólo así lograremos una sociedad cohesionada y con futuro.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios, garantizando así un alquiler estable, seguro y asequible.
Se establecerán mecanismos legales para que las CC.AA. y/o Ayuntamientos puedan regular los precios de renta abusivos en determinadas zonas con un mercado de vivienda tensionado.
Los Ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus
habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio asequible y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda.
Se habilitará a las CC.AA. para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica, para controlar el precio de renta abusivos en dichas áreas.
2. Establecer, cuando fuera necesario, otros mecanismos de control de rentas adicionales que tengan en cuenta la posibilidad de actividades monopolísticas que dificulten la bajada de los precios abusivos de los alquileres.
3. Aprobar una Ley estatal de vivienda, respetando las competencias de las CC.AA., que blinde la función social de la propiedad de vivienda. En ella se regularan obligaciones para los grandes tenedores con el objetivo de
corresponsabilizarse junto con las administraciones competentes en materia de vivienda en configurar un mercado de alquiler con precios asequibles.
4. Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General n.º 7 del Comité DESC y la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN).
Para ello, se evaluarán las medidas aprobadas en relación a la protección del disfrute de la vivienda durante la crisis provocada por la pandemia, con el objetivo de seguir avanzando y de que no se den retrocesos en el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos en materia de vivienda por España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Pilar Garrido Gutiérrez y Rafael Mayoral Perales, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001122
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Incorporación de la firma del Diputado Ismael Cortés Gómez a la Proposición no de Ley sobre la inclusión del Pueblo Gitano y la lucha contra el antigitanismo ante las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporada la firma de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Magdalena Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias y D. Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para elaborar, revisar y actualizar las medidas contra la Peste Porcina Africana (PPA), para
su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El pasado 10 de septiembre se detectó el primer positivo de peste porcina africana (PPA) en Alemania en un jabalí silvestre. Hoy son ya treinta y dos (32) los casos detectados en jabalíes en la región alemana de Brandeburgo.
De esta forma, estos nuevos brotes ponen de manifiesto que existe una importante amenaza sanitaria para el sector porcino que cada vez está más cerca de nuestro país, lo cual sería una catástrofe para este sector ya que, en España, el sector
porcino es el principal sector ganadero, generando el 1,4 % del PIB nacional y el 14 % del PIB Industrial de España, y es además uno de los principales productores a nivel europeo y mundial.
La llegada a España de esta enfermedad supondría un enorme perjuicio para este sector, en un contexto económico y social muy delicado por los terribles efectos de la epidemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), sector que supone el 60 % de la
producción final ganadera y el 40 % de la producción final agraria, además de líder en exportaciones agroalimentarias.
Segundo. Con base en los resultados del análisis de riesgo motivado por el cambio de situación epidemiológica causado por el incremento en la incidencia de Peste Porcina Africana en los países del centro y este de Europa y Rusia, y
siguiendo las directrices de la Comisión Europea (Directiva 2002/60/CE del Consejo, de 27 de junio de 2022), se hace necesario incrementar los esfuerzos de vigilancia con el objeto de conseguir una detección temprana en el caso de que se produzca la
incursión del virus de la peste porcina africana (PPA) en España.
Tercero. En España se viene desarrollando el Plan de Vigilancia Sanitaria Serológica del ganado porcino (2006), el Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria Porcina que ha tenido que adaptarse a la actual situación de riesgo de incursión de
peste porcina africana (PPA) y el Manual Práctico de Operaciones en la Lucha contra la Peste Porcina Africana (2019). No obstante, los cambios que han tenido lugar en los últimos días demandan la adopción de nuevas medidas que eviten la llegada a
España de la PPA, y permita combatirla con eficacia y rapidez en caso de que ocurra.
En primer lugar, se deben revisar y actualizar las medidas establecidas para combatir la Peste Porcina Africana (PPA), con recursos suficientes para evitar que lleguen a España ejemplares de cerdo y jabalí infectados a través de mejores
controles y mayor vigilancia en frontera, pero también dotar de medios y mecanismos de control y erradicación ante una posible expansión por nuestro país. Al mismo tiempo, el
Gobierno debe velar por la aplicación y cumplimiento de criterios homogéneos en todo el territorio en materia de medidas y requerimientos de bioseguridad en las explotaciones ganaderas.
Es necesario que se refuerce el control de entrada en frontera debido al importante número de lechones que se importan procedentes de otros Estados miembro de la Unión Europea. Se debe solicitar la documentación de bienestar animal a todos
los camiones que entren con cerdos y lechones: origen, destino y control serológico de los animales.
Además, las acciones contempladas no se deben limitar sólo a cerdos y jabalíes, sino también a todos aquellos animales que puedan tener contacto con ellos. Por ejemplo, en numerosos casos, los vehículos empleados para el transporte de estos
animales también se utilizan para el transporte de terneros, de ahí que sea necesario reforzar la bioseguridad mejorando la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales y demandando los mismos requisitos. También un control y
seguimiento de los centros de concentración de lechones de importación que debe ser operativo y cuyos resultados sean reportados semanalmente para poder ser evaluados en número y eficacia por parte de la administración.
El control de los vehículos de transporte se debe extremar a la salida de los mataderos, ya que este tipo de vehículos se desplazan por todo el territorio, entrando en las diferentes granjas, lo que eleva el peligro de difusión de un posible
foco. Así, completando el Manual Práctico de Operaciones en la Lucha contra la Peste Porcina Africana (2019), los mataderos deben contar con su propio centro de limpieza y desinfección de vehículos con personal especializado y formado en esta
tarea. Todas estas medidas deben contemplarse para combatir la Peste Porcina Africana (PPA).
Por otro lado, el Gobierno debe impulsar una mayor colaboración con el resto de Administraciones Públicas competentes y colectivos vinculados (ganaderos, cazadores, veterinarios, agentes forestales...) para elaborar un plan de detección de
animales silvestres enfermos en territorio español adaptado a las necesidades actuales para combatir la Peste Porcina Africana (PPA). Sin olvidar un seguimiento en los cotos de caza, con un control de origen y analíticas a los animales.
Finalmente, para combatir la Peste Porcina Africana (PPA) se debe contemplar un sistema eficaz de sacrificio masivo para el caso de que apareciese un foco de animales positivos de PPA y articular las correspondientes ayudas a los ganaderos
afectados.
Cuarto. Al margen de estas medidas comentadas anteriormente, el Gobierno de España tiene que promover a nivel europeo que desde Bruselas se siga insistiendo en el sistema de regionalización de la Unión Europea, puesto en marcha para
controlar la propagación de la peste porcina africana (PPA), para que a través de acuerdos internacionales sea reconocido por terceros países. Este reconocimiento permitiría evitar perturbaciones del mercado en el caso de un brote de enfermedad,
máxime cuando el cierre completo de un país tiene consecuencias muy graves para el conjunto del sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Revisar y actualizar las medidas previstas para combatir la Peste Porcina Africana (PPA) de conformidad con lo expuesto a continuación:
- Incrementar los controles y la vigilancia en los corredores de entrada de cerdos y jabalíes a lo largo de la frontera con Francia (Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra) para impedir que los animales lleguen a España. Además, se debe
solicitar la documentación de bienestar animal a todos los camiones que entren con cerdos y lechones: origen, destino y control serológico de los animales. E instaurar un sistema de control y seguimiento de los centros de concentración de lechones
de importación que debe ser operativo y cuyos resultados sean reportados semanalmente para poder ser evaluados en número y eficacia por parte de la Administración.
- Implementar estas medidas también en los casos de otras especies, como los terneros, dado que en numerosos casos se emplean los mismos vehículos para el transporte de ambas especies.
- Reforzar las medidas de bioseguridad en cuanto a la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales, impulsando que los mataderos cuenten con su propio centro de limpieza y desinfección de vehículos con personal
especializado y formado en esta tarea.
- Establecer un sistema eficaz de sacrificio masivo para el caso de que apareciera un foco de animales positivos de PPA y articular las correspondientes ayudas a los ganaderos afectados.
2. Promover la aplicación y cumplimiento de criterios homogéneos en todo el territorio en materia de medidas y requerimientos de bioseguridad en las explotaciones ganaderas.
3. Adoptar, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas competentes y colectivos vinculados (ganaderos, cazadores, veterinarios, agentes forestales...), un plan de seguimiento, control y caza de jabalíes en territorio español,
así como un seguimiento en los cotos de caza, con un control de origen y analíticas a los animales.
4. Que se declare al sector cinegético como actividad esencial, dado que su labor es fundamental para el control de poblaciones silvestres, en especial durante la epidemia de SARS-CoV-2 (COVID-19) y durante la Peste Porcina Africana (PPA).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arías, María Magdalena Nevado del Campo y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la modificación del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Una vez más el Gobierno del Estado español pretende regulara la aplicación de purines y estiércol en aras de una supuesta contaminación del aire por amoniaco. Este proyecto de Decreto no atiende a un desarrollo de directrices de la Unión
Europea, sino que nace en el Ministerio, que una vez más, desde Madrid, y sea cual sea el color del Gobierno, no se atreven a llevar la contraria a los lobbies del porcino y de los abonos de síntesis y que hacen que se repercutan esas emisiones de
amoniaco al sector ganadero del vacuno, tanto de leche como de carne, principalmente de Galiza y de la cornisa cantábrica.
Así, el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen norma para la nutrición sostenible de los suelos agrarios se encuentra en este momento en período de alegaciones desde el 29 de septiembre y finalizará el próximo día 19 de octubre.
La normativa que se pretende implantar nuevamente prohibiría la aplicación de purines mediante el sistema de plato, abanico o cañón, cuando el contenido en humedad de los estiércoles sea igual o superior al 65 %.
Si esta normativa entrara en vigor sin una revisión sustancial se daría un golpe mortal a la ganadería de leche y carne de Galiza. Una vez más, la ignorancia temeraria, o la defensa de intereses ajenos al sector por parte del Estado,
respecto de las características edafológicas, climáticas, orográficas y de reparto de la propiedad en Galiza, poniendo así en riesgo a los sectores de leche y carne vacuno, que cumplen la importante función de mantener activa la economía y fijar
población en amplias zonas del rural gallego, siendo especialmente importante la ganadería extensiva de montaña.
El citado Real Decreto obligaría a implantar en estas explotaciones ganaderas toda una serie de requisitos para, teóricamente, controlar y racionalizar el uso de fertilizantes y purines. Como si de explotaciones contrarias al equilibrio
ambiental o como si de actividades peligrosas para con el medio ambiente se tratara, estas explotaciones de vacuno vendrían a sumar a toda la burocracia, papeleo y compleja normativa que ya las asedia, toda una serie de nuevas exigencias:
- Un plan de abonado para los cultivos forrajeros y viñedo con más de 10 hectáreas y en la huerta profesional con cualquier superficie. Este plan tendrá que adaptarse en las aportaciones de nutrientes, sin
excederse en más de un 10 %, a las necesidades del cultivo, para lo que tendrán que efectuarse analíticas varias en cada temporada y para cada cultivo.
- Un registro de aplicaciones de fertilizantes como apartado en el Cuaderno de la Explotación.
- Un técnico autorizado que asesore en materia de fertilizantes.
- Inspecciones rigurosas de la maquinaria de aplicación que garantice su eficacia.
- Analíticas do los purines y estiércoles o lodos de depuración usados.
Pero el principal problema del Real Decreto se encuentra en la difícil adaptación o en el cambio de toda la maquinaria de aplicación, cisternas y tractores, que además por su mayor volumen y peso, haría imposible que puedan ser usadas en la
mayor parte de los terrenos agrícolas gallegos, principalmente caracterizados por su pequeña extensión y difícil orografía.
Así, tal y como se ha hecho público en distintos informes y alegaciones al Real Decreto, las repercusiones económicas de este Decreto serían inasumibles para la mayoría de explotaciones gallegas. Además, estas nuevas exigencias pueden
suponer un condicionamiento al cobro de la PAC los que las dejaría en clara desventaja frente a la mayoría de explotaciones del resto de Europa. En el informe firmado por Juan Castro investigador de la AGACAL, se dice que lo más preocupante del
borrador hecho público por el Ministerio es que muestra una 'baja calidad de la información sobre los sistemas del manejo del ganado vacuno', y que parte de 'datos incorrectos para hacer los cálculos de emisiones del sector vacuno de leche ya que no
aparece información sobre el tiempo que pasan las vacas y la recría de leche en pastoreo', tanto en el caso de todas las vacas de leche y recría de Galiza como en toda la Cornisa cantábrica.
Según los datos reales de pastoreo publicados por el CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo), derivados de un proyecto financiado por el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) en el que
participaron centros de investigación de toda la Cornisa cantábrica y de Navarra se concluye que:
1. El 61,2 % de las explotaciones declararon realizar pastoreo con alguno o todos los grupos del rebaño lechero (vacas en lactación, vacas secas y novillas).
2. Horas diarias de pastoreo de las vacas en producción: el máximo es de 5,9 h en los meses de verano y el mínimo es de 2,9 h en invierno, siendo significativamente menores las horas de pastoreo en las explotaciones de mayor tamaño.
3. La superficie media pastada por explotación por el rebaño de vacas lactantes fue de 4,9 ha, representando el 30,0 % de la SAU (superficie agrícola utilizada) y que ascendería a un total de 80,8 mil ha para el conjunto de la zona Norte.
Si el Ministerio tiene en cuenta los datos reales de pastoreo que pueden verse en este informe, se estima que se reducirían las emisiones estimadas en un 30 % aproximadamente, lo que equivale, ya en este momento, a unas reducciones de
emisiones semejantes a que en todo el Estado español ya se estuviera aplicando el sistema de bajas emisiones de 'mangueras arrastradas' por todos los ganaderos.
Además debe destacarse que para el cálculo de las emisiones los 'expertos' del Ministerio no tienen en cuenta las características climáticas gallegas, en lo que tiene que ver con temperaturas, ni las características de sus suelos y su alta
capacidad de intercambio catónico que los hace menos propensos a las emisiones de amoníaco.
Así mismo, el Borrador ignora las buenas prácticas agrícolas como efecto reductor de estas emisiones, y que su fomento y generalización sería altamente saludable, además de tener un mínimo coste económico. Entre ellas estarían la promoción
del pastoreo y el incremento de la ganadería extensiva, lo que tendría otros beneficios, además de la reducción de emisiones, como la menor dependencia de insumos exógenos aumentando la producción de pasto y el bienestar animal. El dimensionamiento
adecuado de las fosas y su cubrición permitirían realizar el abonado cuando sea necesario para los cultivos, en el momento óptimo, y no cuando la fosa está llena, pudiendo así ajustar el balance de nutrientes. Esta medida tendría además la ventaja
de reducir el consumo de abonos de síntesis pero, curiosamente, no parece que esto le interese al Ministerio.
Otras buenas prácticas son el enterramiento de los purines justo después de su aplicación o la formación de costra en las fosas y también deberían ser fomentadas antes de acudir como remedio a las sanciones y a obligar a hacer inversiones
millonarias y reformas drásticas que llevarían al endeudamiento insostenible de un alto porcentaje de explotaciones de vacuno gallegas.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta por el BNG la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que reclame del Gobierno del Estado la toma en consideración de las razones y singularidades expuestas en el argumentario de esta iniciativa para que modifique el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición
sostenible de los suelos agrarios y contemple así la realidad gallega y evite su lesividad para con nuestros sectores ganaderos.
2. Que elabore un plan que incluya las medidas necesarias para la extensificación, el pastoreo y las buenas prácticas agrícolas que redunden en la disminución de las emisiones de amoníaco, en el bienestar animal y en la calidad de los
productos agroganaderos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/001528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reciprocidad de todas las televisiones autonómicas del Estado, para su debate en la comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Por iniciativa del Consejo de Europa, cada 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las Lenguas. Así los 47 estados miembros del Consejo animan a los más 800 millones de ciudadanos europeos a aprender más lenguas con la convicción que
la diversidad lingüística es una herramienta para conseguir una mayor comprensión intercultural y para poner en valor la rica herencia cultural de nuestro continente.
En el Estado Español, casi la totalidad de las comunidades autónomas -13 de 17-, así como de las dos ciudades autónomas, cuentan con corporaciones públicas de radio y televisión. En este sentido, la reciprocidad de todas las televisiones
públicas autonómicas sería de gran utilidad para mejorar la cohesión interterritorial y también para fomentar y proteger el pluralismo cultural y lingüístico del Estado.
Las recomendaciones de los expertos sobre la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias recogidas en el informe 'Proteger y promover la diversidad cultural, para fortalecer Europa' del Comité Europeo de las Regiones
publicado en el año 2018, van justamente en esta línea y propone esa reciprocidad para garantizar el derecho a la información y a la comunicación en las lenguas regionales.
La regulación de los medios audiovisuales públicos emana del artículo 20.3 de la Constitución Española, que dispone lo siguiente:
'(...) La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.'
Encontramos esta regulación posterior en la Ley 7/2020, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, que compendió la normativa vigente hasta el momento. De hecho, en el capítulo I del título II se consagra íntegramente 'la
garantía de los derechos de los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico'; hecho que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus diferentes lenguas.
Así, el artículo 4 establece que:
'1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la
sociedad. Además, todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura, acordes con la organización territorial
del Estado. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad
pública.
(...)
3. Los operadores de servicios de comunicación audiovisual promoverán el conocimiento y la difusión de las lenguas oficiales en el Estado y de sus expresiones culturales. En este sentido, los operadores de titularidad pública contribuirán
a la promoción de la industria cultural, en especial a la de creaciones audiovisuales vinculadas a las distintas lenguas y culturas existentes en el Estado.'
Y, por último, el artículo 5.1 dispone que:
'5. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía.'
Por otro lado, tal y como establece el título IV de la Ley, los medios de comunicación audiovisuales públicos tienen entre sus objetivos generales la formación de una opinión pública plural, la difusión de la diversidad lingüística y
cultural y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías.
Por todo ello, y con el objetivo de impulsar el reconocimiento de la diversidad cultural, territorial y lingüística y el fomento de la convivencia a través de los medios de audiovisuales, tal y como recoge la legislación española,
presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la reciprocidad de todas las cadenas de televisión públicas en el conjunto del Estado y a rendir cuentas en un máximo de tres meses
desde la toma en consideración de dicho acuerdo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2020.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Ángel López Maraver, D. Pedro Requejo Novoa, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a impulsar
cualquier forma de hidrógeno de bajas emisiones que sea eficiente, para su discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El hidrógeno (H) es el elemento más abundante del universo y el décimo quinto de la superficie terrestre. Principalmente se encuentra en forma de gas hidrógeno (H2) y, además, formando parte de compuestos químicos, como el agua o
la mayoría de compuestos orgánicos, incluyendo los hidrocarburos. En condiciones normales de presión y temperatura es inflamable, no tóxico, inodoro, incoloro y más ligero que el aire.
Dado que no se encuentra aislado en la naturaleza, es necesario producirlo mediante:
- Electrólisis del agua de mar, descomponiendo la molécula del agua y separando el hidrógeno del oxígeno mediante el aporte de electricidad. Si la electricidad utilizada es de origen renovable, el hidrógeno producido se conoce como
hidrógeno verde.
- El proceso de reformado de hidrocarburos, generalmente gas natural, calentando el gas y produciendo, mediante el uso de un catalizador, una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. En una segunda reacción, el monóxido de carbono se
combina con vapor para producir dióxido de carbono y más hidrógeno, obteniendo una mezcla de CO2 y H2. El proceso global tiene un rendimiento energético del 65 % aproximadamente. El que se obtiene de esta manera se conoce como hidrógeno gris,
salvo que el proceso vaya seguido de la captura y fijación de CO2, en cuyo caso se denomina hidrógeno azul o hidrógeno de bajas emisiones. Cuando se produce el reformado de biogás (en lugar de gas natural) o la conversión bioquímica de biomasa
también podremos hablar de hidrógeno renovable si se cumplen los requisitos de sostenibilidad.
Cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno del aire, libera energía generando solamente vapor de agua como producto de la combustión.
No se considera una fuente primaria de energía -como los combustibles fósiles-, sino un vector energético que puede utilizarse para transformar, transportar y almacenar energía. Precisamente el último uso es clave en un escenario de
producción masiva de energías inagotables debido al inherente desfase entre producción y consumo. Así, el hidrógeno puede almacenarse como gas a presión y como líquido o distribuirse a través de las ya existentes infraestructuras gasistas.
En la actualidad, la industria es el principal usuario de hidrógeno en España, con un consumo en torno a 500.000 toneladas anuales, producidas fundamentalmente a partir de gas natural. Sin embargo, el potencial del hidrógeno proporcionando
energía limpia y asequible es enorme para el transporte a larga distancia, la navegación y la aeronáutica, la industria intensiva en procesos de alta temperatura o para el sector residencial calentando nuestros hogares. Habiéndose triplicado su
demanda desde 1975, existe el convencimiento de que el hidrógeno será un valioso vector energético cuya demanda seguirá creciendo.
El Consejo del Hidrógeno (Hydrogen Council en inglés), organismo que nace en el Foro Económico Mundial de Davos 2017, cree que en el año 2050 el hidrógeno podría cubrir las necesidades energéticas de cerca de una quinta parte del mundo 17,
estimándose que el hidrógeno verde alcance el 8 % del consumo mundial de energía según cálculos de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) 18. En este contexto, sería una de las alternativas más atractivas en la transición energética
para cumplir con los compromisos internacionales asumidos, cuya combustión genera tres veces más energía por kilo que la gasolina.
Segundo. La estrategia europea, 'Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra' 19 (en adelante la Estrategia), señala que la prioridad de la UE es el desarrollo del hidrógeno renovable, y que de cara a 2050, este se
debe desplegar progresivamente a gran escala, paralelamente al despliegue de la nueva generación de energía renovable, a medida que madura la tecnología y disminuyen los costes de sus tecnologías de producción. Sin embargo, reconoce que a corto y
medio plazo, se necesitan otras formas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono, principalmente para reducir rápidamente las emisiones derivadas de la actual producción de hidrógeno y apoyar el uso paralelo y futuro del hidrógeno renovable.
Ésta pone de manifiesto que, a fecha actual, ni el hidrógeno renovable ni el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con bajas emisiones de carbono son competitivos en términos de costes con el hidrógeno a partir de combustibles fósiles.
Los costes estimados del hidrógeno a partir de combustibles fósiles, que dependen mucho de los precios del gas natural, y sin tener en cuenta el coste de las emisiones de CO2, se sitúan en torno a 1,5 EUR/kg para la UE. Los costes estimados del
hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura y almacenamiento de carbono son de unos 2 EUR/kg, y los del hidrógeno renovable de entre 2,5 y 5,5 EUR/kg. Hoy en día, se necesitarían precios de entre 55 y 90 EUR por tonelada de CO2 para que
el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con captura de carbono fuera competitivo con respecto al hidrógeno a partir de combustibles fósiles.
También destaca que los costes del hidrógeno renovable están bajando rápidamente. Los costes de los electrolizadores ya se han reducido en un 60 % en los últimos diez años y se espera que se reduzcan a la mitad en 2030 en comparación con
los de hoy gracias a las economías de escala. En regiones en las que la electricidad renovable es barata, se espera que los electrolizadores puedan competir con el hidrógeno a partir de combustibles fósiles en 2030. Estos elementos serán factores
clave del desarrollo progresivo del hidrógeno en toda la economía de la UE.
El Consejo de Hidrógeno también confía en que la continua ampliación de la producción y distribución de hidrógeno conduzca a una disminución del 50 % de los costes para 2030 para muchas aplicaciones de hidrógeno, si se acompaña de las
adecuadas políticas de apoyo y se invierten unos 70.000 millones de dólares que se calculan necesarios para que el hidrógeno sea competitivo -lo equivalente al 5 % del gasto anual mundial en energía- 20.
Lograr un hidrógeno verde competitivo en costos a partir de la electrólisis requiere el despliegue de 70 GW agregados de capacidad de electrolizadores, con una brecha de financiación acumulada implícita con una producción de hidrógeno gris
de 20 mil millones de dólares. En transporte y en calefacción las inversiones necesarias son de 30.000 millones y 17.000 millones, respectivamente.
Para apoyar las inversiones, la Comisión puso en marcha la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio, que desempeñará un papel relevante facilitando y aplicando las acciones de la Estrategia europea y apoyando las inversiones para aumentar la
producción y la demanda de hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono.
Tercero. El 6 de octubre del presente año 2020, el Ejecutivo aprobó la Hoja de ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable (en adelante Hoja de Ruta del Hidrógeno) documento que tiene por objeto proporcionar las señales
adecuadas para fomentar el desarrollo de esta tecnología en España.
17 El hidrógeno se postula como el combustible del futuro. (15/11/2017). ABC. Recuperado de: https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-hidrogeno-postula-como-combustible-futuro-201711150137_noticia.html.
18 IRENA (Septiembre 2019) Hydrogen: A renewable energy perspective. ISBN: 978-92-9260-151-5 Recuperado de: https://www.irena.org/publications/2019/Sep/Hydrogen-A-renewable-energy-perspective.
19 Comisión Europea (8 de julio 2020). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social Europeo y al Comité de las regiones. Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente Neutra.
(COM(2020) 301 final) Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DCO301&from=ES.
20 Llamas, F. (21.01.2020). Los costes del hidrógeno caerán bruscamente y antes de lo que se esperaba. El Mundo. Recuperado de: https://www.elmundo.es/motor/2020/01/21/5e26e13c21efa072158b45f4.html.
El despliegue del hidrógeno a 2030 fija una potencia instalada de electrólisis con fuentes de energía renovable de 4 GW, lo equivalente a un 10 % del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE. Asimismo, prevé que un
cuarto del consumo de hidrógeno industrial tenga origen renovable, establece una red de hidrogeneras y un parque de 5.000 vehículos ligeros y pesados alimentados con pila de combustible para el transporte de mercancías.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estima que en la próxima década el desarrollo del hidrógeno verde generará para la economía española más de 2.300 millones de euros anuales (hasta llegar a un total de 23.600
millones) con la creación de 30.000 puestos de trabajo 21.
Sin embargo, la Hoja de ruta del Hidrógeno no contempla la producción de todas las formas de hidrógeno, incluido aquel de bajas emisiones o hidrógeno azul, pese a que la Estrategia europea lo considera necesario para el despliegue de un
mercado del hidrógeno renovable, que aún tiene un largo recorrido hasta ser competitivo y coste eficiente.
Cuarto. Este año, por primera vez, el hidrógeno iba a ser usado para alimentar la antorcha olímpica durante su travesía por Japón en el marco de unos Juegos Olímpicos aplazados por razones sanitarias. Se trata de una anécdota que simboliza
el número creciente de países que están apostando por este gas. La Unión Europea ha establecido como objetivo crear oportunidades de producción de hasta 10 millones de toneladas del llamado hidrógeno verde de cara al año 2030. Esto se debe a que
prácticamente la totalidad de las cerca de 70 millones de toneladas de hidrógeno que se producen en el mundo cada año proceden, por ahora, del gas o del carbón (hidrógeno gris). Francia ha anunciado en los últimos meses inversiones millonarias de
hasta 7.000 millones de euros para implementar el uso del hidrógeno como combustible. Portugal y Australia también lo han fijado como prioridad. Alemania adoptó una estrategia nacional de hidrógeno a principios de junio que ha dado subsidios que
ascienden a los 9.000 millones de euros para hacer que esta fuente de energía sea comerciable.
La industria, por su parte, también está afrontando nuevos retos y dinamizando la producción de este elemento. Destacamos H-vision, un proyecto que pretende acelerar la descarbonización del puerto de Rotterdam y la industria local
produciendo hidrógeno azul a partir de gas natural y gas combustible de refinería y capturando y almacenando el CO2 en campos de gas bajo el Mar del Norte. Incluyendo la infraestructura necesaria y las adaptaciones técnicas de los usuarios
industriales, la inversión total se estima en alrededor de 2 mil millones. Iberdrola anunció este verano que construirá la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial de Europa en Puertollano (Ciudad Real), con una inversión de 150 millones
de euros y 700 empleos. Talgo presentó recientemente su primer prototipo de tren con pila de combustible de hidrógeno para cercanías y media distancia. Airbus puso sobre la mesa un plan para estrenar en el 2035 el primer avión comercial de cero
emisiones, unas aeronaves híbridas que usan combustión de hidrógeno y pilas de combustible de hidrógeno que generan energía eléctrica y complementan la turbina principal. El constructor aeronáutico europeo trabaja en tres conceptos de aviones
propulsados por hidrógeno para 2035. La compañía está explorando todas las opciones de hidrógeno para determinar qué vía de hidrógeno podría desempeñar un papel clave en la ampliación de la tecnología de emisión cero a aviones más grandes.
Quinto. El impulso de otras clases de hidrógeno podría suponer un paso intermedio para el desarrollo pleno de las tecnologías de 1-12 renovable. El hidrógeno verde todavía es una tecnología que no está madura y queda un largo recorrido
hasta que sea competitivo y coste-eficiente; y sin embargo el hidrógeno azul o hidrógeno de bajas emisiones está mucho más avanzado y más cerca de convertirse en una tecnología competitiva.
Si el objetivo de una Europa climáticamente neutra, contemplado en el Acuerdo de París, ratificado por la UF el 5 de octubre de 2016, en vigor desde el 4 de noviembre del mismo año, invita a intensificar los esfuerzos y medidas de apoyo para
reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, no habría razón para esperar años a que una tecnología madure cuando tenemos otras disponibles ahora. La disponibilidad de hidrógeno azul permite a la industria reducir las emisiones mientras
fortalece nuestra posición competitiva y evita distorsiones en el mercado europeo.
Cualquier iniciativa debería llevarse a cabo bajo el principio de neutralidad tecnológica, incluyendo todas las fuentes de energía y tecnologías que permitan una contribución sustancial a uno o varios de los objetivos propuestos, evitando
favorecer unas en detrimento de otras. De este modo no se obstaculizará
21 PIERGIORGIO M. S. (27 de septiembre de 2020). El hidrógeno creará un valor añadido de 23.600 millones en España en el 2030. La Vanguardia. Recuperado de:
https://www.lavanguardia.com/economia/20200927/48368981O156/transicion-energetica-hidrogeno-valor-anadido-espana.html..
el desarrollo de tecnologías que en igualdad de condiciones podrían ser más competitivas y eficientes en términos tanto económicos como medioambientales.
Concluyendo, y tal y como señala la Estrategia europea, la prioridad política será establecer el marco regulador de un mercado de hidrógeno líquido y operativo, e incentivar tanto la oferta como la demanda en los mercados principales,
incluso mediante la reducción de la diferencia de coste entre las soluciones convencionales y el hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono, así como mediante normas adecuadas sobre ayudas estatales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar todas las formas de hidrógeno que reduzcan emisiones y sean eficientes, estableciendo el marco regulatorio de un mercado de hidrógeno claro, estable y predecible, de modo que las inversiones cuenten con la necesaria seguridad
jurídica y se aprovechen las ayudas públicas provenientes de los distintos fondos de la UE particularmente enfocadas a proyectos relacionados con el clima.
2. Promover una fiscalidad atractiva de todas las formas de hidrógeno que reduzcan emisiones y sean eficientes, competitiva con los países de nuestro entorno, con el fin de poder captar las grandes inversiones que demanda la transición
energética y crear las condiciones que faciliten la atracción de talento en este campo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Mireia Borrás Pavón, Luis Gestoso de Miguel, Ángel López Maraver, Pedro Requejo Novoa, Francisco José Contreras Pélaez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001524
A la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del reglamento de la Cámara presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley referente a la necesidad de
modificar y actualizar el modelo de gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa con objeto de respetar y propiciar la cercanía institucional, administrativa y socioeconómica a sus habitantes y proteger sus derechos.
Exposición de motivos
Desde el inicio del año 2020 el Parque Nacional de los Picos de Europa está presidido por la comunidad autónoma de Castilla y León tras recibir el turno rotatorio de Cantabria, y que lo cederá dentro de tres años a Asturias, toda vez que son
los territorios por los que se expande este importante espacio natural. El Parque Nacional se gestiona mediante la Comisión de Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, en la que están representadas autoridades administrativas de las citadas
comunidades autónomas (Asturias, Cantabria y Castilla y León), además de un representante de la Administración General del Estado, con voz pero sin voto, y otro de los Ayuntamientos del Parque Nacional.
Desde hace años, uno de los grandes objetivos para la gestión de este Parque Nacional, el primero de los creados en España hace más de un siglo, es la aprobación del nuevo plan rector de uso y gestión (PRUG), asunto trascendental para el
único espacio protegido que alberga en su interior varios núcleos de población que, desde hace años, reclaman atención, para que la firma del convenio de gestión permita decididamente el desarrollo sostenible de los municipios y habitantes que
residen en este espacio, a la par que se asegura la conservación de sus recursos naturales. La enorme biodiversidad del Parque Nacional se ve amenazada por la desprotección de las personas que viven en su territorio, y de los usos y las costumbres
ancestrales que la venían conservando y salvaguardando.
Urge un cambio de 1800 en el modelo de gestión del Parque Nacional y en el perfil profesional de los titulares para que accedan a los puestos de responsabilidad personas expertas y conocedoras del medio natural a proteger. En este sentido,
el necesario cambio de gestión del Parque Nacional Picos de Europa
debe de respetar y propiciar cercanía institucional, administrativa y socioeconómica a sus habitantes, que deben de ser atendidos para proteger sus derechos como personas, y a sus instituciones locales.
Asimismo, los habitantes del Parque Nacional deberían tomar parte mucho más activa en su gestión para superar la perspectiva urbanita y destructiva que aún no comprende el alcance del tesoro cultural, natural, medioambiental y etnográfico
que tenemos los españoles en este gran espacio natural. Hay que poner término de forma urgente a una política exclusivamente elitista, orientada a los visitantes, que ignora a los habitantes solo conduce a la masificación en lugares concretos del
Parque Nacional, mientras abandona otros lugares fundamentales a su suerte.
La irrenunciable defensa de los derechos de los habitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa, tiene que contemplar diferentes aspectos en el plan rector de uso y gestión (PRUG) que se pretende aprobar. Entre ellos:
- Asegurar el saneamiento y depuración de las aguas, así como la mejora de la recogida de basura, tanto en las zonas turísticas como fuera de ellas.
- Ejecutar con exigencia el control del lobo y el resto de la fauna salvaje depredadora causante de los daños a la riqueza y el patrimonio de la población del Parque Nacional de Picos de Europa.
- Establecer actuaciones de promoción de las actividades artesanales y de producción agroalimentaria tradicional de los habitantes del Parque, con identificación de los puntos de información del Parque, tanto en los existentes como en los
que sean de nueva creación, en su caso.
- Promocionar el reconocimiento, cuidado y respeto de la práctica del deporte en el medio natural, cómo son las carreras de montaña y de cualquier otro deporte compatible con la protección medio ambiente.
Por lo expuesto, el Diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a través de su representante en la Comisión de Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, en la que está representada con voz, aunque sin voto, la Administración General del Estado, a promover e impulsar:
1. Un cambio de 1800 en el modelo de gestión del Parque Nacional y en el perfil profesional de los titulares para que accedan a los puestos de responsabilidad personas expertas y conocedoras del medio natural a proteger.
2. Respeto y cercanía institucional, administrativa y socioeconómica a sus habitantes y a sus instituciones locales, que deben de ser atendidos para proteger sus derechos tanto individuales como colectivos.
3. Poner término de forma urgente a una política exclusivamente elitista, orientada a los visitantes, que ignora a los habitantes solo conduce a la masificación en lugares concretos del Parque Nacional, mientras abandona otros lugares
fundamentales a su suerte.
4. Asegurar el saneamiento y depuración de las aguas, así como la mejora de la recogida de basura, tanto en las zonas turísticas como fuera de ellas.
5. Ejecutar con la mayor exigencia el control del lobo y el resto de la fauna salvaje depredadora causante de los daños a la riqueza y el patrimonio de los habitantes del Parque Nacional de Picos de Europa.
6. Establecer actuaciones de divulgación de las actividades artesanales y de producción agroalimentaria tradicional de los habitantes del Parque, con identificación de los puntos de información del Parque, tanto en los existentes como en
los que sean de nueva creación, en su caso.
7. Promocionar el reconocimiento, cuidado y respeto de la práctica del deporte en el medio natural, cómo son las carreras de montaña y de cualquier otra actividad deportiva compatible con la protección medio ambiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2020.-Isidro Martínez Oblanca, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la regeneración de la Ría de Ferrol para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Nos encontramos ya finalizando el 2020 y, sin embargo, la situación de la Ría de Fenol en lugar de mejorar y ver avances en su recuperación medioambiental es cada vez peor. Solamente en la última década la producción marisquera ha bajado
alarmantemente hasta representar el 10 % respecto de lo que suponía en el período anterior. Este fuerte descenso se aprecia en todos los ámbitos del marisqueo, tanto a pie como a flote, y en casi todas las especies, siendo especialmente grave en la
almeja babosa y en la almeja fina.
Así, en la actualidad se encuentra en grave riesgo la viabilidad de las tres Confrarías de la Ría de Ferrol, que ven como la mayor parte de sus mariscadores y mariscadoras se encuentran en situación de baja de forma prolongada o
sobreviviendo a duras penas cuando lo que ganan solo llega para cubrir las cuotas a la seguridad social y poco más. En resumen, situaciones personales dramáticas y Confrarías sin ingresos.
Las causas de la degradación de la calidad medioambiental de la ría y de los bancos marisqueros son múltiples, pero la principal sería los años de vertidos sin control. Si bien la depuración de las aguas residuales mejora la calidad de las
aguas y ello permite la comercialización de los productos marinos que se extraen, no sirve para la recuperación de los bancos marisqueros sepultados por los lodos de los vertidos. Así por ejemplo, el banco marisquero de As Pías, el más importante
de la ría, hoy apenas tiene producción, y de las más de doscientas embarcaciones diarias que faenaban en sus aguas a principios de esta década, hoy solo lo hacen una docena diariamente.
Esta grave y acuciante situación es sobradamente conocida tanto por la Consellaría do Mar de la Xunta de Galiza como por el Gobierno del Estado. Así, en una reunión con las Confrarías de la Ría de Ferrol celebrada a finales de 2018, la
Subdelegada del Gobierno manifestaba el compromiso del Gobierno español en realizar un informe para analizar si es posible retirar o mover los lodos de los fondos de la ría, que están mermando la calidad y cantidad del marisco. En esa reunión se
informó de que las principales necesidades para recuperar la capacidad productiva pasan por retirar los lodos, la eliminación de los restos del buque Enterprise en los fondos de As Pías, y abrir la escollera del puente de la misma zona. El informe,
que se anunció sería realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), analizaría cuales son las actuaciones idóneas
dando prioridad a la retirada de los lodos.
Las Confrarías y los propios mariscadores y mariscadoras no pueden seguir esperando por una actuación que nunca llega y necesitan soluciones de forma urgente, pues está en juego su medio de vida. Es necesario adoptar medidas de forma
inmediata, el Gobierno debe actuar, y debe hacerlo en colaboración con las Confrarías, y contando con la experiencia y asistencia de los técnicos y biólogos de la Consellaría y de la Estación de Biología Marina da Graña. Es necesario que estas
actuaciones comiencen cuanto antes para evitar un deterioro mayor, el cierre de entidades y la práctica desaparición del marisquero en la Ría de Ferrol.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta por el BNG la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar el estudio comprometido por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en el que se analizarán cuales son
las actuaciones idóneas para la regeneración de la Ría de Ferrol, dando prioridad a la retirada de los lodos que cubren los bancos marisqueros.
2. Iniciar a continuación la redacción del proyecto para la regeneración de la Ría de Ferrol, facilitando que esta necesaria actuación se pueda iniciar lo antes posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Mireia Borras Pabón, D. Francisco José Contreras Peláez, D. José Ramírez del Río y D. Pedro Requejo Novoa, D. Ruben Dario Vega Rias, D. Rafael Fernandez-Lomana Gutiérrez, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley
para apoyar la inclusión de la catedral de Santa María de Regla de León, la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, el edificio del antiguo convento de San Marcos, la casa-palacio de Botines de Gaudí y las murallas, en la Lista Indicativa Española,
para su debate ante la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Primero. La riqueza del patrimonio histórico-artístico de España en general y de León en particular ha sido ponderada en numerosas ocasiones y es fuente de riqueza cultural e histórica, recibiendo el reconocimiento de multitud de organismos
internacionales.
La ciudad de León alberga monumentos de una importancia y riqueza artística innegable, entre los que destacar la Catedral de estilo gótico y la Basílica de San Isidoro -donde se encuentra el cáliz de Doña Urraca-. Ambos monumentos contienen
por sí solos unas obras que, por su importancia histórica y cultural, podrían generar su inclusión en la Lista Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Sin embargo, este reconocimiento se ha restringido hasta la fecha a grandes conjuntos situados en la propia ciudad o en sus inmediaciones, motivo por el cual, hasta la actualidad, la única zona en la provincia de León incluida en la Lista de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO son Las Médulas.
Para las ciudades, en general, la concesión de este tipo de reconocimientos genera nuevas sinergias que dan lugar a nuevos incentivos y negocios llegados de la mano del turismo nacional e internacional. Por este motivo, conjuntos
patrimoniales de indudable importancia deben ser reconocidos como tales.
España es el tercer país del mundo con mayor número (48) de localizaciones declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, solo por detrás de China e Italia (ambas con 55). Por otro lado, España cuenta con 19 bienes inmateriales,
posicionándose, así, como el país de Europa con mayor número de bienes declarados Patrimonio cultural inmaterial.
Desde el año 1993, las rutas jacobeas son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento que se amplió en el año 1998 y 2015 con las rutas jacobeas francesa y la del norte. El año pasado, el Camino de Santiago albergó a
347.538 peregrinos con récord absoluto en cuanto al número de visitantes lo que refleja que, sin duda, es uno de los reclamos turísticos por antonomasia de la península ibérica. León es una de las paradas técnicas de la denominada ruta jacobea
francesa debido a su gran número de monumentos haciendo que esta parada sea casi obligatoria para quienes quieren disfrutar de las bondades arquitectónicas de nuestro país.
Segundo. La ciudad de León es uno de los más preciados tesoros artísticos existentes en la provincia. Se encuentra entre el río Bernesga y el río Torío y cuenta con calles empedradas de estilo medieval, calles estrechas e irregulares y
antiguos balcones.
Las antiguas murallas, con partes que aún quedan intactas, rodean el centro histórico de la ciudad, están formadas por torres de planta semicircular situadas a cortos intervalos y se declararon Monumento Histórico Artístico en el año 1931.
No obstante, el monumento más importante de la ciudad de León es la Catedral de Santa María de Regla de León, a la que también se la conoce como la 'Puichra Leonina', que significa 'bella leonesa',
fue el primer monumento declarado en España mediante Real Orden de 28 de agosto de 1844 y está reconocida como una de las joyas del gótico europeo de influencia francesa. La construcción de la Catedral se inició en el año 1205 y concluyó en
el año 1566.
Desde el punto de vista turístico, la Catedral es uno de los monumentos más visitados de nuestra geografía; en el año 2017, la visitaron 287.347 visitantes. Una de las peculiaridades de este monumento artístico reside en el conjunto de
vidrieras, las cuales fueron construidas entre los siglos XIII y XVI. Por su extensión (uno de los edificios que más metros cuadrados dedicó a la creación de vanos para vidrieras en proporción a su tamaño) y por su conservación de las originales,
algo extraño para las Catedrales de su época, quizás sea el más importante del mundo junto con el de la Catedral de Chartres. Sus 134 ventanales y 3 grandes rosetones totalizan 1.764 metros cuadrados de superficie.
Otro de los monumentos emblemáticos de León es la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, conjunto arquitectónico de estilo románico, que fue construido entre los siglos XI y XII. La Real Colegiata cuenta con un Panteón Real, ubicado a los
pies de la iglesia, con pintura mural románica y capiteles originales.
La Real Colegiata Basílica de San Isidoro es un emplazamiento históricamente importante, toda vez que en este sitio se ubicaron las primeras cortes en el año 1188, reunidas por el Rey Alfonso IX al principio de su reinado.
El edificio actual tiene tres naves y planta de cruz latina con una torre situada a los pies de la iglesia, obra del siglo XIII. Es de planta cuadrada y eje oblicuo respecto al eje de la iglesia; forma parte de la muralla romana de manera
que el primer cuerpo rodea un cubo de la misma.
Entre los edificios artísticamente relevantes de la ciudad de León también debemos destacar la Casa Botines que es un edificio encargado al arquitecto Antoni Gaudí. Construido y diseñado entre 1891 y 1892, de estilo modernista, aunque
pertenece a su período neogótico (1888-1898), tenía como finalidad ser casa de vecindad y establecimiento comercial y forma parte de una de las tres únicas obras de nueva planta que el arquitecto hizo fuera de Cataluña. En el año 1969, la Casa
Botines fue declarada Monumento Histórico de Interés Cultural. Actualmente, la Casa Botines acoge el Museo Gaudí Casa Botines.
Otra de las construcciones más importantes de la ciudad de León es el Antiguo Convento de San Marcos, construido en el siglo XII, el cual ha tenido diversas utilidades hasta el año 1964 en que se convirtió en Parador de Turismo de España.
La fachada de este edificio está considerada una perla del plateresco. Es de un solo lienzo con muro de dos cuerpos y dos pisos, rematado en crestería calada y candeleros. La obra fue financiada por el rey Fernando el Católico. Con un
Claustro y una Sala Capitular espectaculares. En su fachada labrada, en el claustro, en la iglesia y en la magnífica sillería del coro trabajaron algunos de los arquitectos y escultores más prestigiosos del país y de la vecina Francia.
Por último, las murallas de León, que corresponden a la cerca romana construida entre los siglos I y IV, con añadidos posteriores de los siglos XII al XV. En la actualidad un pequeño tramo de la misma es visible cerca de la torre de la
basílica de San Isidoro. Posteriormente, a finales del siglo III, se levantó otra muralla más poderosa por delante de la primera. Tiene algo más de 5 m de espesor, unos 8 m de altura y torres, llamadas cubos, de planta semicircular peraltada,
situadas a breves intervalos. Rodeaba el mismo recinto campamental de forma rectangular, con cuatro puertas en cada uno de sus laterales. De su evolución histórica y reparaciones dan fe la multitud de materiales y fórmulas constructivas que se
pueden apreciar en su fábrica. Está considerada como una de las más antiguas que se conservan en España.
En definitiva, por lo expuesto, queda claro que León es una ciudad con un gran número de edificios, lugares y monumentos históricos y artísticos.
Tercero. La declaración de bienes como Patrimonio Mundial es un reconocimiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los sitios que poseen un valor universal excepcional.
Por medio de esta distinción se califican estos bienes como universales y su disfrute, protección y cuidado pasa a ser reconocido por todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en el que estén localizados.
El primer paso que debe llevar a cabo un Estado es la realización de un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro. Este inventario se denomina Lista Indicativa y en base a esta se seleccionan
las candidaturas de sitios para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Es un paso de suma importancia dado que no se podrá considerar una propuesta de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial a menos que el bien haya figurado como
mínimo un año en la Lista Indicativa del Estado Parte.
La elaboración de la Lista Indicativa Española se realiza de la forma siguiente 22:
- Cada Comunidad Autónoma selecciona los bienes de su Comunidad susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en el futuro.
- Esta selección se presenta al Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial, creado en el año 2010 por el Ministerio de Cultura y avalado por el Consejo de Patrimonio Histórico.
- La Comunidad Autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histórico los bienes susceptibles de incorporarse a la Lista Indicativa y la recomendación del informe técnico del Grupo de Trabajo.
- El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusiones a la Lista Indicativa Española.
- El Ministerio da traslado de la misma al Centro de Patrimonio Mundial que, si se cumplen los requisitos necesarios, lo eleva al Comité de Patrimonio Mundial para su evaluación.
El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para
su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio mundial. Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad que posteriormente fue adoptada por la
conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 193 Estados miembros han ratificado la convención. Cada sitio Patrimonio Mundial pertenece al país en el que se localiza, pero se considera en el interés de la comunidad
internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 193 Estados miembros de la UNESCO.
Los criterios de selección para que un bien sea incluido en la Lista de Patrimonio Mundial son, entre otros, los siguientes:
i. Representar una obra de arte del genio creador humano;
ii. atestiguar un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural o determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de
paisajes;
iii. aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;
iv. constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana;
v. ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de la interacción entre el hombre y su entorno natural,
especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles;
vi. estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería ser
utilizado preferiblemente de manera concomitante con otros criterios).
Cuarto. Aunque en el pasado las Cortes de Castilla y León han aprobado solicitar a la Junta el aval de la candidatura de León como Patrimonio de la Humanidad, la realidad es que, a fecha de esta Proposición No de Ley, todavía no se han
incluido ninguno de los monumentos de la ciudad de León en la Lista indicativa para ser declarado Patrimonio de la Humanidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX insta al Gobierno de España a promover la inclusión del conjunto de monumentos citados en esta Proposición No de Ley en la Lista indicativa para declararse Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Apoyar la inclusión de la Catedral de Santa María de Regla de León, la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, el antiguo convento de San Marcos, las murallas de León y el edificio Botines de Gaudí, en la Lista Indicativa y proceder a la
posterior elaboración y defensa del expediente de propuesta de candidatura de cara a su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.
22 https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/proceso-de-candidaturas-en-espana.html.
2. Valorar y, en su caso, realizar los estudios y proyectos pertinentes que tengan por objeto demostrar la singularidad arquitectónica, histórica y artística de León, a fin de reunir los requisitos necesarios para su calificación como
Patrimonio Mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Pablo Juan Calvo Liste, José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón, Francisco José Contreras Peláez, Pedro Requejo Novoa, Rubén Darío Vega Arías y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001497
Mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2020 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley relativa a la enfermedad de la Fibromialgia y la legislación vigente, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, núm. 163, de 20 de octubre de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de las Diputadas de Junts per Catalunya Concep Cañadell Salvia y Laura Borràs Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
debate ante la Comisión de Sanidad y Consumo, una Proposición no de Ley para considerar enfermedad profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja laboral del personal que presta servicios en centros
sanitarios y socio-sanitarios, centros residenciales de gente mayor y centros de personas discapacitadas, contagiado por COVID-19.
Exposición de motivos
Ante la pandemia del COVID-19 y el elevado impacto que la misma tuvo en sus primeras fases y sigue teniendo aún sobre el personal sanitario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que tratasen a los sanitarios
contagiados con el tratamiento propio de una enfermedad profesional, con los beneficios sociales que ello implica en términos de compensación, rehabilitación y tratamiento.
En un primer momento, en España, el país con la mayor tasa de personal sanitario contagiado, y cuando la pandemia nos asolaba vigorosamente, se consideró, a las decenas de miles de sanitarios infectados de COVID-19, como al resto de
trabajadores infectados y se les otorgaba una baja por enfermedad común asimilable a un accidente laboral. Ello implicaba que no tendrían seguimiento en la eventualidad de producirse secuelas ni otras ventajas de las que sí dispondrían si su baja
laboral fuese considerada como enfermedad profesional.
Con este tratamiento, España incumplía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), coincidentes con las reclamaciones de sindicatos y asociaciones de médicos, como el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya, más aún
cuando en multitud de ocasiones estos profesionales han desempeñado sus funciones con material deficiente e improvisado.
En el accidente laboral, los beneficios empiezan con la baja y se da por concluido el proceso con el alta, mientras que la enfermedad profesional la atención no termina con el alta, sino que se habilita un posterior seguimiento periódico del
paciente. Dado que a día de hoy desconocemos las secuelas físicas o psicológicas o enfermedades secundarias a largo plazo que pueden ocasionar las infecciones por COVID-19, así como su alcance, con la normativa inicial los profesionales médicos
quedaban absolutamente desamparados en cuanto recibían el alta.
El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo y posteriormente el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, articularon un mecanismo intermedio, que consideraba contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades
padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2. Se trató sin duda de un gran paso, aunque insuficiente al parecer de este grupo parlamentario. Consideramos
fundamental que se considere enfermedad profesional en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios, centros residenciales de
gente mayor y centros de personas discapacitadas, puesto que las consecuencias de dicha consideración a largo plazo son de enorme magnitud.
La diferencia entre enfermedad profesional y contingencia profesional derivada de accidente de trabajo radica en que la enfermedad profesional tiene cobertura durante toda la vida de trabajador, esto es, si mañana o dentro de diez años un
sanitario contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrá una cobertura para la Seguridad Social. Sin embargo, si se trata de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo únicamente tendrá una cobertura
durante los cinco años posteriores al contagio.
Como sociedad tenemos el deber moral de proteger y cuidar a quienes dedican su vida al cuidado de la salud de los demás, especialmente la de aquellos en primera línea de exposición al virus, otorgándoles cualesquiera prestaciones sociales y
sanitarias necesarias para garantizar su salud y bienestar, máxime si se exponen de forma abnegada al contagio al carecer de medios materiales y medidas de protección adecuadas y suficientes.
Por todo ello los diputados de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar enfermedad profesional, en vez de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, la baja laboral del personal en contacto inmediato con los pacientes que presta
servicios en centros sanitarios y socio sanitarios, centros residenciales de gente mayor y centros de personas discapacitadas, contagiado por COVID-19 en el ejercicio de sus funciones, con todos los beneficios sociales que ello conlleva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Concep Cañadell Salvia, Diputada.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/001537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de las medidas necesarias para reducir el nivel de
contagios de la COVID-19 para la Navidad según el baremo de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La segunda ola de la pandemia de COVID-19, como ya sucediera con la primera, está golpeando con especial virulencia a nuestro país. Como resultado, España es ya el país de la Unión Europea con mayor número de contagios y el cuarto con mayor
número de fallecimientos, aunque es el primero en exceso de mortalidad en este periodo respecto al año anterior. También España es el país de la OCDE que más empleo ha destruido y el segundo en el que más ha caído el PIB. Lo peor de todo es que,
después del impacto de una primera ola, auspiciado en parte por la falta de previsión y reacción ante los primeros casos, resulta incomprensible la inacción que el Gobierno de España está mostrando ante los nuevos rebrotes que se vienen sucediendo.
A esta ausencia de liderazgo, se suma la constatada incapacidad del Gobierno de España para haber preparado, cuando era previsible y así se le exigía desde la oposición, un Plan de Contención Nacional
frente a la segunda ola de la COVID-19. Las consecuencias de esta falta de implicación se han traducido no solo en inseguridad jurídica -como evidencian las distintas decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia- sino y sobre todo en
una incertidumbre enorme para los ciudadanos españoles, que en muchos casos perciben la actuación confusa y errática del Gobierno de España como muestra de arbitrariedad e incluso de motivación política a la hora de tomar decisiones vitales para
combatir la pandemia. Toda esta falta de planificación está redundando, además, en un clima de confrontación partidista que está alimentando una crisis política hasta el punto de que los españoles constatan como las herramientas jurídicas para
combatir al virus se convierten en armas políticas arrojadizas.
Mientras en España somos incapaces de alcanzar acuerdos para luchar contra la pandemia, otros países de Europa están alcanzando consensos para tomar medidas eficaces contra el virus, con tasas de contagio muy inferiores a la nuestra. Sin ir
más lejos, recientemente el Gobierno Federal de Alemania, un Estado compuesto y descentralizado como el nuestro, lograba alcanzar un acuerdo con sus Under, para establecer unos protocolos, criterios y directrices comunes de actuación para hacer
frente a la COVID-19 en todo el territorio alemán. No será porque no se venga clamando desde la comunidad científica y desde la sociedad civil por un cambio de actitud. También desde Ciudadanos venimos reclamando una tregua política que ponga fin
a la crispación y permita aparcar la trifulca y la crispación dejando de lado todos aquellos asuntos que resulten ajenos o secundarios para la gestión de la pandemia.
Nos jugamos mucho en cómo seamos capaces de superar esta segunda ola de la COVID-19. Como hemos podido aprender de la primera, una salida precipitada no solo puede provocar que la recuperación dure mucho menos de lo esperado, como se
demostró con la interrupción abrupta de la temporada turística, sino que también puede acelerar la llegada de nuevas olas de la pandemia. No podemos caer en los mismos errores. Si queremos tener una Navidad en familia y salvar la temporada para
los empresarios de España, desde Ciudadanos estamos convencidos de que tenemos que tomar medidas ágiles, contundentes y efectivas, y sobre todo, tenemos que hacerlo siendo capaces de transmitir certezas y seguridad jurídica, no confusión,
descoordinación y confrontación entre las autoridades públicas.
Para conseguirlo, no tenemos más que mirar a la Unión Europea, que, como en otras ocasiones, ha establecido unas pautas que nos pueden servir para marcar el camino. En concreto, el Consejo Europeo ha emitido una recomendación que fija tres
situaciones con tres colores: rojo naranja y verde. Un sistema que ya popularmente se conoce como el 'Semáforo COVID'. Ahora mismo, España está en rojo, como lo están también otros territorios europeos que se han visto especialmente golpeados por
esta pandemia.
La finalidad de este 'semáforo' es doble:
- Establecer unos criterios de referencia comunes para todos los Estados Miembros para evaluar la incidencia de la COVID-19 y la consecuente graduación de la intensidad de las restricciones y medidas de contención sanitaria que se deban
adoptar;
- Permitir en una primera fase una identificación sencilla de la incidencia de la COVID-19 por parte de todos los ciudadanos y, en una segunda, garantizar las condiciones necesarias para permitir la movilidad entre territorios europeos que
según este sistema de 'semáforo' presenten una baja incidencia de la pandemia, contribuyendo así a la reactivación de los sectores del transporte y el turismo y, en definitiva, de las economías de los territorios que sean capaces de controlar la
transmisión del coronavirus.
Desde Ciudadanos tenemos claro cuál debe ser la forma de proceder en estos momentos, en el que las actuaciones de todos los poderes públicos deben estar guiadas por los principios de responsabilidad, diligencia y previsibilidad. Como
venimos reclamando desde hace meses, necesitamos urgentemente que se establezca un protocolo común de actuación, lo que implica la adopción de criterios objetivos, basados en la evidencia científica y epidemiológica disponible. También se debe
garantizar la debida cobertura jurídica a estas actuaciones para evitar una eventual disparidad de resoluciones o, incluso, desautorizaciones judiciales, que no hagan más que acrecentar la incertidumbre.
Y para acometer ambas tareas, en Ciudadanos estamos convencidos de que no hay camino más seguro que el marcado por la Unión Europea, que permitirá disponer de tales criterios claros y objetivos, evitando cualquier posible arbitrariedad y en
consecuencia anulará la sospecha de cualquier imposición partidista en la toma de decisiones, para superar la pandemia de cara a la Navidad, y cuyo cumplimiento también pueda servir para recuperar una movilidad de turistas dentro del territorio
comunitario que en estos momentos resulta imprescindible para poder encarrilar una recuperación de la economía española aprovechando esta temporada navideña.
Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir las recomendaciones de la Unión Europea y establecer todas las medidas necesarias para el control de la transmisión de la COVID-19, basadas en criterios objetivos y comunes en toda
España, con el objetivo de llegar a la Navidad con un nivel de contagios compatible con la libertad de movimientos según el baremo europeo, de modo que los españoles puedan celebrar estas fiestas en familia y que millones de autónomos y pymes puedan
recuperar su actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en la cooperación al desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
Exposición de motivos
En 1994, España fue uno de los 179 países que adoptaron un Programa de Acción histórico durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo, Egipto. Este programa transformó la forma en que
se abordaban los vínculos entre la población, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Entre los compromisos alcanzados, los estados acordaron la necesidad de luchar para alcanzar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva
para todas las personas y la reducción del 75 % de las tasas de mortalidad materna para el 2015. Posteriormente, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas amplió esta promesa más allá del periodo de 20 años establecido por el
Programa de Acción de la CIPD con el fin de 'cumplir sus metas y objetivos plenamente'. Sin embargo, a pesar del notable progreso en los últimos 25 años, sigue siendo necesario mejorar el acceso universal a la gama completa de información,
educación y servicios de salud sexual y reproductiva, como se define en el Programa de Acción de la CIPD y las Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo.
Además, la garantía de los derechos de las mujeres y la igualdad de género deben conformar una línea estratégica de la Cooperación Española. Por ello, el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, establece entre sus metas
reforzar la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, tal y como indica la meta 3.8.B. Además, la salud sexual y reproductiva de las mujeres forma parte de los objetivos de Desarrollo Sostenible. En este
sentido, tanto el ODS 3 sobre salud como el ODS 5 sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y de las niñas incluyen metas en materia de salud sexual y reproductiva y de derechos reproductivos. La meta 3.7 exige claramente el acceso
universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. La meta 5.6, por otra parte, reconoce el
acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos acordados de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) y de la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de evaluación.
Al igual que cualquier otra crisis, la pandemia por COVID-19 tiene un impacto diferenciado en mujeres y niñas de todo el mundo tanto a corto plazo como en el agravamiento de las desigualdades preexistentes basadas en el género, la raza/etnia
o el nivel socioeconómico, entre otras. De esta forma, la crisis ha
agravado la desigualdad estructural y sistémica afectando de forma desproporcionada y diferenciada a aquellas mujeres y niñas que ya se encontraban en situación de exclusión, aumentando exponencialmente el riesgo de vulneración de sus
derechos humanos.
La interrupción y reducción de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), las restricciones en la movilidad y los cambios de comportamiento en la búsqueda de atención sanitaria durante la pandemia han afectado significativamente al
funcionamiento de estos servicios, pese a que son fundamentales y pueden salvar vidas. En este contexto, la información y los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos deben seguir siendo un componente central de los servicios
esenciales de salud durante la pandemia, tal y como suscribe la Declaración sobre Cobertura Sanitaria Universal de 2019.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Intensificar los esfuerzos para la financiación e implementación efectiva, acelerada y plena del Programa de Acción de la CIPD, con especial atención sobre el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos como parte
de la cobertura universal de salud.
2. Mantener el 0,7 % del PIB de enero de 2020 en la asignación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) con especial atención sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas priorizando a las organizaciones locales del ámbito
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
3. Fortalecer el apoyo político y económico a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
4. Mejorar la coordinación para garantizar el mantenimiento de las cadenas de suministros para la salud sexual y reproductiva, especialmente con el programa de Suministros de UNFPA.
5. Garantizar la inclusión del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) como parte de la respuesta humanitaria en contextos de crisis como la vivida durante la pandemia por COVID-19.
6. Garantizar la participación de las trabajadoras sanitarias y las líderes locales en la toma de decisiones para que las respuestas al COVID-19 atiendan de forma adecuada las necesidades de mujeres y niñas en su comunidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2020.-Sofía Fernández Castañón y Lucía Muñoz Dalda, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión
de Cooperación Internacional al Desarrollo, una Proposición no de Ley para la promoción de una estrategia de desarrollo sostenible coherente con los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.
En muchos países con un pasado colonial las políticas de cooperación internacional al desarrollo han tendido a promover, hasta cierto punto, la prolongación de cierta relación de dependencia económica de antiguas colonias, con sus
metrópolis. Esto ha implicado, en muchos de estos casos, la continuación de ciertas dinámicas cultural y económicamente tóxicas para los países objeto de políticas de cooperación, ya que puede minar su capacidad de crear y mantener un tejido
asistencial y económico propio.
A lo largo de años de experiencia en el desarrollo contemporáneo de políticas de cooperación internacional se ha constatado que la mentalidad, a la hora de cooperar, no debe basarse en la agenda política de los países cooperantes -demasiado
a menudo, sus intereses comerciales-, sino que debe virar fundamentalmente sobre los intereses que definan los actores económicos, sociales y gubernamentales a los que se está intentando ayudar. Este proceso de aprendizaje, que se ha vivido con
intensidad desde los profesionales del sector, ha coexistido con innumerables intentos fallidos por parte
de aquellos estados con unas economías industrialmente más avanzadas, de imponer sus fórmulas para el desarrollo económico y social en contextos enormemente distintos a los suyos.
Esta transición no responde meramente a la necesidad de pasar página a la mentalidad colonial, sino que también responde a criterios técnicos y estratégicos. Los estados con unas economías industrialmente más avanzadas no pueden presuponer
saber más de la realidad que intentan cambiar con sus políticas de cooperación, que el colectivo inmerso en dicha realidad. Y, simultáneamente, si los progresos alcanzados son artificiales -alcanzables solo con ayuda externa- es inevitable que no
repercutan en un desarrollo que transforme la sociedad y la economía del país fomentando su autosostenibilidad.
A este reto de promover políticas de cooperación respetuosas con la diversidad cultural y la soberanía de pueblos libremente determinados, se le suma el inmenso reto que implica para la sociedad global, especialmente para aquellos países con
menos medios, la implementación de cambios suficientemente agresivos como para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado como humanidad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el actual contexto de calentamiento
global y cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son inaplazables y la necesidad de darles cumplimento innegligible.
Es imprescindible que el trabajo en relación con la Agenda 2030 venga de la mano del trabajo conjunto de la administración del Estado, y de aquellas entidades beneficiarias del erario público, con los colectivos a los que se intenta ayudar;
siempre desde el respeto por la diversidad cultural y en aras de compatibilizar el modelo del bien común que se quiere promover con los valores del contexto cultural que rodean las actuaciones. En este sentido, conviene que la subcomisión de futura
creación para la reforma de la Ley de Cooperación Internacional, así como el Gobierno en su actuación, no den la espalda a estos principios para garantizar que el cambio de paradigma -del colonial al post-colonial- quede consolidado.
La constatación de esta diversidad cultural no puede, en ningún caso, estar reñida con el deber moral y legal del Estado con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, incluyendo, pero no limitándose, a la inclusión de la perspectiva de
género y el compromiso con la equidad en todas las actuaciones que se promuevan. En aquellos casos en los que tradiciones específicas contravengan Derechos Humanos o fundamentales, la protección del individuo o colectivo perjudicado debe
priorizarse; no sin dedicar esfuerzos a la pedagogía. De no ser así, la Administración sería cómplice de las vulneraciones.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados constata la necesidad de transitar globalmente del paradigma de la imposición al de la colaboración en el ámbito de las políticas de cooperación internacional al desarrollo e insta al Gobierno a impulsar
estrategias para la cooperación en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que respeten la diversidad cultural y promuevan los Derechos Humanos, respondiendo a necesidades de las sociedades objetivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Igualdad
161/000968
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Incorporación de la firma del Diputado Ismael Cortés Gómez a la Proposición no de Ley relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporada la firma de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Igualdad, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/001511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para una educación sexual integral
respetuosa con la diversidad sexual para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En este 8 de marzo se han convocado diferentes manifestaciones para conmemorar el Día de las Mujeres a lo largo y ancho de la geografía española. Desde hace varios años, España se ha convertido en referente de unas movilizaciones que
atraviesan fronteras. Sin embargo, frente a una sociedad que se constituye en vanguardia del feminismo, como ya lo era para las personas LGTBI de todo el mundo, contamos con una educación desactualizada con el momento presente.
La educación sexual integral tiene un papel central en la preparación de la juventud para una vida segura, productiva y plena en un mundo donde las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planificados, las violencias machistas y
la desigualdad de género todavía representan un grave riesgo para su bienestar. La salud sexual y reproductiva abarca las dimensiones del bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no se trata solamente de la
ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad (OMS, 2006a). Cada día, son más las personas jóvenes que reclaman su derecho a una educación sexual exigiendo a quienes les representan cumplir con sus compromisos políticos para las generaciones
presente y futuras. En el Foro Mundial de la Juventud de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 2012, los y las jóvenes específicamente hicieron un llamamiento a los gobiernos para que 'creen ambientes y políticas
favorables para garantizar su acceso a la educación integral en sexualidad en entornos formales y no formales, a través de la reducción de barreras y de la asignación de presupuestos adecuados'.
La UNESCO define la educación sexual integral como un 'proceso de enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, que tiene una base curricular y cuyo objetivo es dotar de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores [...] para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; mantener relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo influyen sus decisiones en su bienestar y el de los demás; y comprender y asegurar la
protección de sus derechos a lo largo de su vida'. De hecho, tal y como se señala en el Informe sobre el Estado de la Población Mundial (Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, 2019), la educación sexual integral está efectivamente ayudando a
transformar las normas de género a través de planes de estudios apropiados para la edad que no solo proporcionan información sobre la sexualidad y la reproducción, sino que también se centran en el género y el poder en las relaciones, constituyendo,
además, una de las formas de involucrar a los hombres en las transformaciones necesarias para fomentar la igualdad de género.
Cuando las niñas y las mujeres no tienen acceso a una educación de calidad, su autonomía personal y libertad de elección disminuyen, especialmente en lo que concierne al control de su salud y sus decisiones sobre sexualidad y procreación,
(punto 28. RG 36 CEDAW). Además, los abusos sexuales que sufre la infancia necesitan una respuesta adecuada que consiste en implantar en todos los niveles de la
enseñanza planes de estudios obligatorios y adaptados a la edad sobre educación sexual integral, en que se aborden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable, la prevención del embarazo precoz y la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Además, es necesario proporcionar al personal docente formación específica para impartir esos contenidos de manera apropiada en función de los distintos niveles de edad del alumnado.
En el plano europeo, el Eurobarómetro (2015) suspende a España en educación sexual, sensibilización de la población y empoderamiento de las mujeres. Mientras tanto, la educación sexual forma ya parte de los planes de estudio de la inmensa
mayoría de los países europeos. Desde Suecia (1955) que la incluyó como asignatura obligatoria, hasta Irlanda (2003) pasando por países como Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, República Checa, Hungría, Islandia, Grecia,
Bélgica, Eslovaquia, Francia y Portugal entre las décadas de los 70 y los 90. Por otra parte, el 29 de junio de 2018 el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Firmada
en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas, dicha Agenda 2030 incluye, entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Igualdad de Género, para la cual se considera fundamental 'asegurar el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen'.
En nuestro país, a pesar de que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, establece, en su artículo 6, la obligación de los poderes públicos de desarrollar acciones
informativas y de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva, esto no se cumple en todas las escuelas por igual. De este modo, tal y como ya reflejaba el informe Deficiencias e lnequidad en los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en
España, presentado por diversas organizaciones no gubernamentales en octubre de 2016: 'la educación sexual solo en algunos casos es impartida en el contexto formal por parte de algunos/as profesores y profesoras durante las horas asignadas a la
tutoría, quedando delegada la responsabilidad a cada centro y dependiendo del interés y voluntad del profesorado el enfoque y los contenidos abordados. Unos contenidos que, en líneas generales, adolecen de un enfoque heterosexual, que limita la
sexualidad a la etapa reproductiva y orienta la información exclusivamente a la prevención de riesgos, especialmente los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Al no estar reconocida como materia educativa, no hay
un presupuesto específico asignado a la educación sexual a nivel nacional y el profesorado no cuenta con ningún tipo de formación y las iniciativas suelen provenir de entidades privadas'.
En lo que respecta al valor de la diversidad, desde las instituciones públicas tiene que ser imprescindible abordar la LGTBIfobia que muchas veces toma forma de bullying en los propios colegios; los niños y niñas LGTBI cuentan con un riesgo
mayor de sufrir acoso que los niños y niñas heterosexuales. Según datos recabado en una serie de estudios recogidos en la Guía de Actuación contra el Bullying Homofóbico elaborada por Charo Alises Castillo, el estudio Acoso escolar homofóbico y
riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y transexuales (FELGTB/COGAM, 2012) encuestó a 653 menores de 25 años que reconocían haber sufrido acoso escolar a causa de su orientación sexual. Entre ellos, el 43 % había llegado a
idear el suicido, el 35 % lo había planificado y el 17 % lo había intentado en una o varias ocasiones. Algunos años más tarde, el estudio LGBTfobia en las aulas 2015, elaborado por COGAM, mostraba una persistencia en los niveles de homofobia; el
60 % del alumnado era testigo de agresiones LGTB-fóbicas, que sufrían tanto adolescentes LGTB como todas aquellas personas que no reproducen los estereotipos de género de masculinidad y feminidad tradicional, y una gran parte del profesorado no
sabía qué hacer, mientras el 51 % del alumnado pensaba que sus profesores no hacían nada. Nada menos que la mitad del alumnado sentía que su familia no le aceptaría si fuera LGTB. Finalmente, el estudio 'Ciberbullying LGBT-fóbico' analizaba la
influencia de las TIC en el acoso que sufren estudiantes LGBT, mostrando que 15 % del alumnado LGTB padecía ciberacoso por su orientación afectivo-sexual, especialmente el alumnado transexual, y más del 52 % había sido testigo de ciberacoso
LGBT-fóbico.
En definitiva, la educación sexual integral respetuosa con la diversidad sexual debe ser un valor y una fortaleza de nuestro país y nuestra democracia, una garantía de igualdad para las niñas y niños, y, en definitiva, para toda la
ciudadanía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar todas aquellas medidas legislativas necesarias para la incorporación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos obligatorios.
2. Elaborar un currículum educativo integral con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, basado en la evidencia, acorde a la edad del alumnado, relevante en relación con las diferentes culturas y adecuada al contexto.
3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la necesaria formación del profesorado en materia de educación sexual integral de manera unificada y sistematizada, con el objetivo de lograr la actualización de conocimientos y
estrategias adaptadas a cada etapa educativa, metodología didáctica, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación.
4. Impulsar materiales específicos informativos sobre educación sexual accesibles para profesorado y alumnado en los propios centros educativos y en formato digital a través de sitios web, adaptados a las diferentes etapas educativas.
5. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, diferentes programas destinados a involucrar a toda la comunidad educativa, las familias, los grupos de iguales, así como profesionales sociales y sanitarios en
la promoción de la educación sexual integral.
6. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, servicios de atención específicos de atención a la sexualidad juvenil, así como programas de coordinación entre los centros educativos, sanitarios y sociales
orientados a la detección e intervención ante situaciones de riesgo que pongan en peligro el desarrollo integral de la libertad sexual de las niñas y jóvenes, la infancia y juventud LGTBI o con expresión de género no normativo.
7. Facilitar que todas las medidas educativas, tanto formales como no formales, en materia de educación sexual integral contemplan como medida transversal el principio de Igualdad de Trato y No Discriminación LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/001546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para abordar las carencias, dificultades y desigualdades de las mujeres en el
ámbito rural, agravadas en situación de crisis económica y social devenida tras la COVID-19, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La desigualdad estructural existente entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, producto de una organización social, económica, política y cultural patriarcal, hace que las mujeres sean mucho más frágiles ante la pobreza, no ocupen, en
ningún ámbito, la mitad de los puestos de poder aunque sean más de la mitad de la población, sufran en mayor medida la violencia y la inseguridad y ocupen los peores trabajos debido a que asumen, de forma casi exclusiva, las tareas domésticas y de
cuidados.
El mercado laboral del medio rural se caracteriza por una baja tasa de empleo que se acentúa en el caso de las mujeres. Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos indican que debemos abordar la brecha salarial de las
mujeres en ámbito rural con medidas específicas: las mujeres están sobrerrepresentadas en los rangos salariales entre los 400 y los 1.000 mientras que los hombres lo están entre los 1.001 y los 1.400 .
A pesar de la progresiva conquista de derechos para las mujeres, impulsada por la reivindicación y el trabajo permanente del movimiento feminista, que desde la sociedad civil ha impulsado en alianza con los gobiernos progresistas de las
distintas administraciones avances legislativos, hoy en día seguimos constatando que el camino hacia la consecución de la igualdad real en gran parte está aún por recorrer.
Conscientes de esta situación, resulta imprescindible prestar una atención especial a aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres que viven en entornos rurales, situación que se
ve más agravada en el caso de las mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, las mujeres migrantes o las mujeres que pertenecen a grupos étnico como, por ejemplo, las mujeres gitanas.
La histórica división sexual del trabajo mantiene a las mujeres en una situación de subsidiariedad, siendo esta diferenciación más aguda en el medio rural, lo que conlleva una mayor invisibilidad del trabajo de las mujeres y una mayor
dependencia económica de los varones. A esto hay que añadirle que la precariedad e inestabilidad laboral, así como la temporalidad, son los rasgos que definen el empleo al que acceden las mujeres y que, en las zonas rurales, se ve agravado.
La escasez de infraestructuras y servicios públicos de transporte, educativos, sanitarios, culturales o de cuidados, es una realidad en el medio rural. Esto se traduce en la pérdida de calidad de vida para las mujeres ya que asumen,
prácticamente en exclusiva, el cuidado de las niñas y niños así como de las personas en situación de dependencia, lo que en la práctica se convierte en un obstáculo casi insalvable que limita sus oportunidades de acceso a un empleo estable que les
permitiría ser independientes económicamente.
La crisis económica y social, surgida tras la pandemia del COVID-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los servicios públicos, fortalecer el sistema de bienestar y proteger a los y las más vulnerables. En el medio rural, la
población está muy dispersa y muchos pequeños municipios mal comunicados, tanto por carretera como por caminos a lo que hay que añadir los deficitarios o simplemente inexistentes servicios de transporte público. Del mismo modo, las posibilidades de
conexión a Internet en estas zonas, que permitiría ampliar las opciones, entre otras, de relación y empleo a la población de las mismas, se ven muy mermadas ya que la llegada de la banda ancha a los municipios, pueblos o aldeas, está siento lenta.
No es necesario decir que en estas deficiencias estructurales encontramos algunas de las causas del envejecimiento de la población tras décadas y décadas de emigración de su población más joven, sobre todo las mujeres que son las que fijan población
al territorio pero que, debido a todo lo anteriormente expuesto, son las primeras en marchar.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones locales a:
1. Impulsar medidas específicas destinadas al ámbito rural, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los Presupuestos Generales del Estado, que faciliten el desarrollo de proyectos de emprendimiento de las
mujeres y su incorporación y mantenimiento de las mujeres en la actividad económica.
2. Impulsar el acceso de las mujeres a los órganos de gobernanza de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y otras entidades relacionadas con la actividad agraria y el desarrollo rural.
3. Ejecutar las reformas legales necesarias de ámbito nacional para impulsar la eficacia e implantación de la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias.
4. Desarrollar medidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que garanticen el acceso en igualdad de condiciones a servicios públicos en el ámbito rural.
5. Incorporar la perspectiva de género y las necesidades específicas de las mujeres que viven en el ámbito rural en las políticas públicas de transportes y movilidad.
6. Continuar extendiendo a los municipios rurales las infraestructuras necesarias para asegurar el acceso a banda ancha de internet para al objeto de garantizar la igualdad en las condiciones de acceso de las personas que viven en el mundo
rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Laura Berja Vega y María Luisa Vilches Ruiz, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
161/001538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención del suicidio en víctimas de violencia machista, para
su debate en la Comisión de Seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Exposición de motivos
La violencia de género es una lacra social de la que por desgracia todavía disponemos de muy poca información. En la actualidad, el cómputo de las víctimas mortales de la violencia de género se limitan a aquellas que son asesinadas por sus
parejas o exparejas, sin tener en cuenta a todas aquellas mujeres que, como consecuencia del proceso de maltrato padecido optan por quitarse la vida como única vía para poner fin al sufrimiento. Tengamos en cuenta que el suicidio es la primera
causa de muerte externa en España: 10 personas se quitan la vida cada día en nuestro país y es la tercera causa de muerte en el segmento de 15 a 29 años.
El suicidio de aquellas mujeres que han sido víctimas o que sufren la violencia de género es una cuestión que no ha recibido la debida atención, y sobre la que todavía muchas recae una profunda incomprensión. Paradójicamente, la ideación
autolítica de la víctima, esto es, su pensamiento de cometer suicidio en el contexto de la violencia sufrida, ha sido utilizada tradicionalmente como prueba en su contra por parte de las defensas de sus agresores, como síntoma de un trastorno
psicológico que tanto explicaría la pulsión suicida de la denunciante como sería prueba de la escasa o nula veracidad de los hechos denunciados por ella.
En el año 2005 el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad presentó un trabajo de investigación llamado 'Ideación autolítica en supuestos de violencia de género', que fue abordado desde una perspectiva multidisciplinar
(forense, jurídica y psicológica), pero desde entonces apenas se ha vuelto a retomar el tema. Ya en el año 2005, los datos que arrojaba este estudio mostraban la gravedad de esta situación: el 80 % de las víctimas de violencia de género
encuestadas había pensado en el suicidio como única opción de salir de su situación y un 65 % había tenido uno o más intentos autolíticos. El 60 %, de las encuestadas que tenían hijos no pensó en las consecuencias que, para ellos, supondría la
pérdida de su madre. El confinamiento provocado por la COVID-19 ha disparado la utilización del 016. Es una tarea pendiente conocer la incidencia que ha podido tener en la tentativa al suicidio en las mujeres que sufren violencia machista y si
esta incidencia ha sido mayor en los colectivos vulnerables.
En la reciente Macroencuesta sobre la Violencia contra la Mujer de 2019, se destaca que las mujeres que han sufrido violencia sexual multiplican por 6 el riesgo de tener pensamientos de suicidio. El 70 % de las mujeres que han sufrido
violencia física, sexual o emocional de alguna pareja afirman que los episodios de violencia, les han producido alguna consecuencia psicológica. Y una de cada tres mujeres que han sufrido violencia física o sexual, han consumido medicamentos,
alcohol o drogas para afrontar lo sucedido.
Por otro lado, resulta muy preocupante el porcentaje de casos de violencia machista entre las jóvenes: un 71,2 % de las mujeres entre 16 y 24 años confiesan haber sufrido algún tipo de agresión y un 68,3 % de las que tienen entre 25 y 34
años. El uso de internet, redes sociales y todo tipo de avances tecnológicos
ha permitido que se creen nuevos tipos de violencia que antes no podían ejercerse, como el chantaje con vídeos de contenido erótico, el ciberacoso con fines sexuales o cualquier otro tipo de violencia contra la intimidad sexual de las
mujeres. Nos preocupa el silencio de las víctimas, ya que 1 de cada 4 mujeres ni siquiera confesó la agresión sexual a su entorno más cercano; y más allá del silencio, nos preocupa la ideación autolítica de las mujeres jóvenes víctimas de
violencia machista como salida a la situación que padecen. Tengamos en cuenta que el suicidio en los jóvenes ha aumentado desde el año 2004 casi un 50 %, cifras alarmantes a las que no podemos mirar de lado.
Desde Ciudadanos creemos que la ideación autolítica en supuestos de violencia machista debe de abordarse de manera intersectorial y de forma multidisciplinar, superando aquellos obstáculos que nos encontramos dentro del sistema de recursos y
protección destinados a las víctimas. Tal es el caso de la falta de sistematización de los datos. Necesitamos datos reales conforme recomienda el artículo 11 o el 41 del Convenio de Estambul, que insta a los Estados a regular esta casuística y
tipificar delitos como la inducción al suicidio. Una recomendación que también está recogida en la nota descriptiva de la OMS, del 2016, que especifica que 'la violencia contra la mujer puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el
suicidio'.
En el ámbito jurídico, nuestro Código Penal regula de forma variada la inducción al suicidio (art.143), el homicidio (arts. 138, 142 y 621), el asesinato (art.139), las agresiones sexuales (arts. 178 a 180), etcétera. En España, existen
sentencias en las que está valorada la inducción al suicidio en procedimientos de violencia de género y los agresores son enjuiciados, e incluso condenados, por ambos tipos penales. La vinculación entre la inducción al suicidio y la violencia de
género se da por hecha en las instituciones jurídicas. Aun así, las dificultades a las que se enfrentan los profesionales que se encargan de la defensa de las víctimas de violencia machista, tienen que ver con la formación específica en materia de
esta violencia y la aportación de pruebas. Así, puesto que la comisión del delito se produce en la intimidad y en el caso de suicidio, no se cuenta con el testimonio de la víctima, y en este sentido es necesario trabajar para que las instituciones
policiales puedan contar con herramientas que sean útiles en el proceso de investigación, como podría ser la incorporación de la autopsia psicológica (instrumento forense) o el peritazgo psicológico como parte de la investigación.
Los servicios que utilizan las mujeres para presentar denuncia por orden de utilización son los servicios sanitarios, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, la administración sanitaria ha sido clave para la detección de
la violencia sufrida durante el confinamiento y son clave en la detección y prevención del suicidio en las mujeres que sufren violencia machista. Por esta razón creemos que hay que actualizar la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud del Ministerio de Sanidad, incluyendo un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio que contemple, entre sus líneas de actuación, el abordaje específico del suicidio en mujeres que hayan sido o sean víctimas de violencia machista.
Desde Ciudadanos apostamos firmemente por la necesidad de actuar con mayor decisión frente a la lacra del suicidio vinculada a la violencia machista. Prueba de este compromiso es que fue Ciudadanos quien propuso, y finalmente consiguió
incorporar, en el apartado de Sanidad del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados una propuesta concreta relativa a la elaboración de esta nueva Estrategia en Salud Mental en los términos antes
mencionados.
Teniendo todo ello presente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Crear, desde el Observatorio de Violencia de Género, una herramienta de recogida de datos sobre la ideación autolítica en víctimas de violencia de machista, al objeto de obtener un diagnóstico de la realidad, con indicadores comunes a
todas las CC.AA., que permitan el análisis y la adopción de medidas necesarias para combatir esta lacra.
2. Valorar la incorporación de la autopsia psicológica o peritazgo psicológico como parte de la investigación en los casos de suicidio de víctimas de violencia machista.
3. Elaborar una nueva Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que contemple un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio que incluya entre sus líneas de actuación específicas el abordaje de la ideación autolítica de
víctimas de violencia machista o en supuestos relacionados con esta violencia, en coordinación con las CC.AA., con acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios
para garantizar la atención integral y de calidad sobre la salud mental y la prevención del suicidio en casos de violencia machista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de los Diputados de Junts per Catalunya, Sergi Miguel i Valentí y Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para
su discusión ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a regular la baja laboral de los padres o tutores de hijos en edad de escolarización básica que deban hacer
cuarentena, tanto si han dado positivo en una prueba PCR como si no.
Exposición de motivos
La vuelta a las escuelas ha constituido uno de los principales retos a los que Gobierno ha tenido que hacer frente desde la irrupción de la pandemia del COVID-19. Este retorno se ha producido con las máximas garantías de seguridad y
sanitarias posibles, tanto para los alumnos como para sus familiares y docentes.
Aun así, el riesgo de transmisión del coronavirus en los centros educativos es ingente, puesto que en los colegios conviven grupos de personas en espacios cerrados, dificultando sobremanera la logística para evitar la propagación del
coronavirus. Así las cosas, resulta a todas luces evidente que, en los próximos meses, durante el período escolar, diferentes grupos de clase deberán someterse a cuarentenas y, por consiguiente, algún adulto deberá responsabilizarse del cuidado de
estos menores mientras permanezcan en casa confinados siguiendo las recomendaciones médicas.
Ante este escenario, uno de los progenitores debe poder acompañar a su hijo mientras éste esté haciendo la cuarentena, independientemente del resultado del PCR, puesto que la obligación de cuarentena es de obligado cumplimiento aun con
resultado negativo en el PCR, con la tranquilidad de no sufrir por su sueldo ni su puesto de trabajo. Para ello, resulta imprescindible regular el acceso a la baja laboral para uno de los progenitores de alumnos que estén en cuarentena por el
coronavirus.
Si una persona es positiva en COVID-19, el criterio facultativo es que los convivientes más inmediatos se mantengan en cuarentena, para evitar otros contagios. Así pues, los padres de los niños positivos son sin duda convivientes directos e
inmediatos y, por tanto, tendrán derecho a la baja laboral que permita la ausencia del trabajo que es retribuida.
Sin embargo, ello no alcanza a cubrir la baja de los padres con hijos en cuarentena con PCR negativa en COVID-19, ya que el criterio facultativo solo se basa en tener derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, medida harto
insuficiente. El plan 'Me Cuida', al que se pueden acoger, permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, si se han de encargar del cuidado de sus hijos, incluso siendo posible una reducción del 100 % de la
jornada, sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello, aunque en estos casos se pierde parte del sueldo, incluso la totalidad del mismo, dependiendo de la reducción que se elija.
Tal como ocurre en otros países de nuestro entorno, es preciso regular, con carácter urgente, la vía para que los padres que lo soliciten, puedan tener el derecho a acceder a una baja laboral o prestación si sus hijos deben hacer cuarentena,
entendiéndose que solo uno de los progenitores debe poder acceder simultáneamente a esta baja.
Esta baja laboral ha sido reclamada reiteradamente por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya en el seno de la conferencia de presidentes autonómicos, sin haber sido atendidas sus peticiones por parte del Gobierno español.
Las competencias para decretar una baja laboral son estatales, por lo que corresponde al Estado regularlo.
Por todo lo expuesto anteriormente, los Diputados y Diputadas de Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y desarrollar un Real Decreto-ley que otorgue, a uno de los progenitores de hijos en edad de escolarización básica, el derecho a acceder a una baja laboral o prestación, en el caso de
que sus hijos deban hacer cuarentena, tanto si han dado positivo en una prueba PCR como si no, y por el tiempo de duración de dicha cuarentena.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Sergi Miquel i Valentí, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/001534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el consumo de leche y productos
lácteos en la población infantil y adolescente, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
La leche y los productos lácteos son fundamentales en la alimentación de toda la población en general y de los niños y adolescentes en particular. Por ello, su consumo diario es importante en el contexto de una alimentación sana y
equilibrada. Más del 60 % del calcio de la dieta española procede de los lácteos y el 75 % de los escolares tienen ingestas de calcio inferiores a las recomendadas, tal y como establecen varios estudios realizados por la Universidad Complutense de
Madrid.
La mayor parte de las guías dietéticas en toda Europa recomiendan el consumo diario de leche y productos lácteos durante todas las etapas de la vida pero especialmente en la infantil, ya que en este ciclo vital los nutrientes provenientes de
estos alimentos son fundamentales para el correcto desarrollo de los menores de edad, de acuerdo con esto, cabe señalar que varios Estados miembros de la Unión Europea, aconsejan una ingesta entre tres y cuatro raciones diarias.
Sin embargo, en España, muchas personas, entre ellas los menores de edad, no siguen estas recomendaciones obviando que el consumo insuficiente de productos lácteos puede originar consecuencias para su salud.
Además, la leche, el yogur, el queso y el resto de productos lácteos, son naturalmente ricos en: proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, potasio, yodo y diferentes tipos de vitaminas y, por tanto, hay que valorar su composición
nutricional. Es decir, estos productos proporcionan muchos nutrientes esenciales que contribuyen a una buena salud en todas las etapas de la vida. Las proteínas de alta calidad y el calcio son necesarias para el crecimiento y el desarrollo normal
de los huesos en niños y adolescentes, el calcio es imprescindible para el mantenimiento normal de los dientes, y las proteínas para el mantenimiento de la masa muscular. Además, los productos lácteos también contribuyen a la gestión del peso
corporal, están asociados con una menor presión arterial y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2, tal y como establecen diferentes estudios científicos.
En este sentido, el Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid afirma que los estudios científicos más recientes sugieren una
revalorización de la denostada imagen de la grasa láctea, puesto que supone una fuente de ingredientes bioactivos y funcionales cuyo consumo aporta beneficios para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades crónicas en humanos y,
de hecho, la disminución de la grasa de leche de la dieta, provoca una reducción en la ingesta de compuestos bioactivos de interés para la salud.
Por otro lado, cabe destacar que el estudio 'ALADINO 2015: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España', impulsado por Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, en el que participaron 10.899 niños en edad escolar entre 6 y 9 años, no establece ninguna relación entre el consumo de productos lácteos y el incremento de obesidad en la población infantil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas a:
1. Seguir trabajando con el sector lácteo para aprobar un nuevo 'Plan Nacional de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas' ya que el vigente finaliza este año 2020.
2. Intensificar la promoción de campañas de publicidad sobre hábitos saludables en la alimentación y sobre los beneficios que el consumo de la leche y los productos lácteos, conlleva para la salud, especialmente para los menores de edad.
3. Fomentar la promoción de campañas de consumo de leche y productos lácteos nacionales en los centros escolares para asegurar un consumo mínimo de estos por parte de la población infantil.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Ana Belén Vázquez Blanco, María de la O Redondo Calvillo y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de un Plan de
actuación sobre la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia a través de las redes, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
Internet cuenta con 2.400 millones de personas interconectadas, 27 millones en España. El entendimiento de las redes sociales permite participar a los ciudadanos de una manera más activa en la vida social.
El 70 % de los adolescentes europeos emplean la mayor parte de su tiempo on line en redes sociales, pero la mitad lo hace sin ningún tipo de supervisión o control parental. En España esta cifra alcanza el 93 %. El 92 % de los niños menores
de 2 años ya tienen huella digital, fotos de bebés transmitidas a través de redes sociales.
A pesar de las indudables ventajas de estas redes sociales, es necesario garantizar que estos mecanismos no faciliten la actividad delictiva, poniendo en peligro la vida o seguridad de los menores, especialmente influenciables ante este tipo
de medios de comunicación social.
La violencia y el acoso escolar deben entenderse como situaciones que van mucho más allá del aula, el recreo, el comedor o el pasillo del centro educativo. De hecho, un estudio desarrollado por Microsoft, 'Online Bullying Survey', constata
que el ciberacoso afecta a cerca de uno de cada cuatro jóvenes de ocho a diecisiete años en una muestra de veinticinco países de todo el mundo.
Insultos, amenazas, difusión de imágenes y vídeos comprometidos, divulgación de información de la víctima o incluso el pirateo de sus cuentas personales de Internet, además de su no inclusión o aceptación en las redes sociales, son algunos
de las actuaciones que los acosadores utilizan y que producen el afloramiento de sentimientos como el aislamiento y la soledad en la víctima. Sensaciones que, sin lugar a dudas, afectarán a esos menores en el desarrollo de su personalidad y a su
identidad social.
En nuestro país, según pone de manifiesto la Fundación ANAR, a través de su 'II Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying', elaborado en 2016, las niñas son más vulnerables de sufrir acoso que los niños (un 66,7 % frente a un 33,3 %) y la
edad media de las víctimas es de tan solo 13,5 años, aunque también es cierto que se comienzan a detectar casos a partir de los nueve años. Si prestamos atención a la información ofrecida sobre el perfil de los acosadores, se da la circunstancia de
que también es más elevado en el caso de las mujeres y que la edad de los acosadores está comprendida entre los doce y dieciséis años. Además, si hablamos sobre periodicidad de este problema, el Informe indica que la frecuencia es diaria en un 63,2
% de las ocasiones y semanal en el 13,8 %.
La World Wide Web Foundation y la Asociación Mundial de Niñas Guías y Niñas Scouts realizaron en 2020 una encuesta global sobre la experiencia de jóvenes con el abuso y el acoso on line. Según la encuesta, el 52 % de las niñas y las jóvenes
han sufrido acoso on line, entre ellos, mensajes amenazantes, acoso sexual y difusión de imágenes privadas sin consentimiento.
Y aunque las cifras son inaceptables, también es cierto que el mismo Informe señala que en el año 2016 se produce un avance en la denuncia, concienciación, y visibilidad del problema, puesto que tanto las víctimas, como los testigos se
rebelan más. Parece ser que la sociedad española ha tomado consciencia de un problema que hasta ahora no tenía la suficiente repercusión mediática.
Tras la exposición de los datos anteriores, es importante señalar que la convivencia es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, porque debemos ayudar a relacionarnos en el entorno social, cultural y afectivo
en el que vivimos y, en segundo lugar, porque aprender a convivir es vital para el desarrollo individual y social de cada persona.
En este sentido, los expertos nacionales e internacionales coinciden que la mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa, pero no tan solo de los profesionales,
sino también de los alumnos, las familias y otros agentes de su entorno. De hecho, los Centros educativos que introducen una perspectiva comunitaria, rechazando cualquier tipo de violencia, rompiendo la ley del silencio, apoyando a las víctimas y
potenciando la intervención de los testigos, están logrando transformarse en escuelas seguras, solidarias, libres, democráticas e inclusivas.
Lo que quieren los niños y las niñas, las familias y el profesorado es un ambiente seguro para todos porque así se trabaja mejor y se aprende más.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a diseñar un Plan de actuación a nivel estatal orientado a responder a las necesidades concretas que se hayan detectado en temas de ciberacoso y demás formas de violencia a través de las redes.
Un Plan que, además, pueda abarcar los siguientes aspectos:
1. Garantizar que las políticas de acceso a Internet sean inclusivas y garanticen activamente la igualdad de género en el acceso a los espacios on line.
2. La coordinación entre la Administración General, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para asegurar la cooperación y flujo recíproco de información, con el objetivo de emprender acciones que ayuden a eliminar este tipo de
fenómenos, pudiendo incluso crearse una plataforma digital a través de la cual se produzca la necesaria colaboración interinstitucional.
3. Actualizar y reformar los marcos jurídicos para que atiendan a la violencia y el acoso on fine, especialmente el que se produce contra las niñas y adolescentes, teniendo en cuenta sus características específicas. También se incluirán
los causados con motivo de la raza, edad, sexo, tipos de discapacidad, etnia, etc.
4. La incorporación de políticas educativas que promocionen la inclusión de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo el desarrollo de un currículo digital sobre cómo mantener la seguridad on line.
5. La formación adecuada del profesorado, alumnado, padres y madres y demás miembros parte de la vida socioeducativa de los Centros para ser capaces de afrontar los problemas y situaciones y proporcionar una formación adecuada en el dominio
de las competencias de las TIC.
6. La visibilización del trabajo de los Centros educativos que consigan objetivos y resultados positivos.
7. La difusión de información de la prevención, detección e impacto de los casos de ciberacoso sobre la salud física y psicológica, a fin de sensibilizar a la comunidad educativa y al resto de la sociedad.
8. La formación del alumnado alrededor de su identidad digital, para que conozca sus derechos en Internet, pero también sus deberes.
9. La promoción por parte de las Administraciones Públicas, dentro de todas las etapas formativas, del uso adecuado y crítico de Internet, con especial atención a la violencia sexual que se promueve en las imágenes de abuso y explotación
sexual de menores con más garantías de protección a los niños, niñas y adolescentes que el simple control de acceso a los mismos.
10. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y ser perjudiciales para la infancia y adolescencia. Dichas
campañas estarán dirigidas especialmente a las familias.
11. El fomento por parte de las Administraciones Públicas de la colaboración con el sector privado para la creación de entornos digitales seguros.
12. Crear un sello de responsabilidad social específico por parte del Ministerio de Sanidad y de Servicios Sociales para las empresas que contribuyan a la protección de la infancia en internet.
13. Las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, pondrán en marcha protocolos de verificación de edad, coordinados, con el fin de impedir que los niños puedan
acceder a vídeos o fotografías explícitos para adultos que se encuentren disponibles en Internet y especialmente en las redes sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Ana Belén Vázquez Blanco, María de la O Redondo Calvillo, Margarita Prohens Rigo y Alicia García Rodríguez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Julio Utrilla Cano, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Víctor Manuel Sánchez del Real, en sus respectivas
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la elaboración de un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa, para su discusión en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Primero. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativos al año 2019, en España fallecieron 1.755 personas en accidentes de tráfico. Aunque es una disminución del 3 % de los fallecidos con respecto a los 1.806
del año 2018, sigue siendo una cifra muy elevada. Sin embargo, si se analizan los accidentes de tráfico en función del tipo de vía, los datos son los siguientes:
- En vías urbanas hubo 519 fallecidos, un 6 % más que en 2018.
- En vías interurbanas 1.236 muertos, lo que supone un 6 % menos que en el año 2018 (No obstante, 340 personas murieron en accidentes producidos en autopistas y autovías, es decir, un 5 % más que en 2018).
Por otro lado, se observa que los fallecidos en la ciudad se elevaron al 30 % del total y que la tasa de mortalidad fue de 37 fallecidos por millón de habitantes. Esta tasa es inferior a la media de la Unión Europea, que fue de 51 muertos
por millón de habitantes. Aun siendo un dato positivo, no debe relajar a las autoridades competentes en la toma de medidas para reducir los 1.755 muertos del año 2019. Los datos de 2019, indican que murieron en nuestro país 5 personas al día como
consecuencia de los accidentes de tráfico, una cifra que sigue siendo preocupante.
Fuente: base de datos CARE de la Comisión Europea, EUROSTAT.
Segundo. Existen colectivos más vulnerables que otros que necesitan especial atención una vez analizadas los datos del año 2019. Los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas, fueron el 53 % de los fallecidos en accidentes de
tráfico. En función del medio de desplazamiento, destacan las cifras relativas a los ciclistas fallecidos que fue de 80 en 2019 frente a 58 en 2018; la de los motoristas que fallecieron en 2019 ascendió a 466, un 11 % más que en 2018. Esta cifra
de motoristas fallecidos es la mayor desde 2010, mientras que la de ciclistas es la más elevada desde 2007. En relación con los peatones, fallecieron 381 frente a los 386 de 2018. Analizando las cifras, se observa que existe un problema en
especial con estos colectivos.
Otro colectivo vulnerable es el de los mayores de 65 años. Estas personas supusieron el 28 % de víctimas mortales. Especialmente relevante es el dato que habla de que el 82 % de las personas fallecidas en vías urbanas son usuarios
vulnerables. A la hora de renovar el plan de seguridad vial tipo, se debe prestar especial atención a estos usuarios.
Tercero. En cuanto a las causas de los accidentes la más frecuente es la relacionada con las distracciones que supone el 28 %. A este respecto a tenor por los resultados arrojados por la campaña de vigilancia realizada del 14 al 20 de
septiembre por la DGT, la mitad de las denuncias interpuestas relativas a distracciones en ese periodo de tiempo fue debido a la utilización del móvil mientras conducían. Especial hincapié deberán hacer las empresas en el uso adecuado de las
tecnologías en la vía pública, la concentración es esencial para evitar accidentes.
Cuarto. El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social define, en el apartado primero del artículo 156, el concepto de accidente de trabajo, señalando
que es 'toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena'. Igualmente, señala en el apartado 2.ª que tiene consideración de accidente de trabajo 'los que sufra el trabajador al ir
o al volver del lugar de trabajo'. Estos últimos son los conocidos como accidentes 'in itinere'.
A este respecto, según el último Informe de accidentes laborales de tráfico realizado por Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), perteneciente al Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social, de los 617.488
accidentes de trabajo con baja que se produjeron en 2018, 71.886 fueron accidentes de tráfico, representando así el 11,6 % de los accidentes de trabajo totales. De estos 71.886 accidentes laborales de tráfico, 19.224 (26,7 %) fueron accidentes
laborales en jornada y 52.662 (73,3 %) accidentes 'in itinere'.
En relación con los accidentes mortales, este informe del INSST indica que de los 725 accidentes de trabajo mortales que se produjeron en 2018, 260 son accidentes laborales mortales relacionados con el tráfico, lo que supone el 35,9 % del
total. De estos 260 accidentes laborales mortales relacionados con el tráfico, 116 (44,6 %) fueron en jornada y 144 (55,45 %) 'in itinere'.
Si se comparan los datos anteriormente mencionados, se ve un grave problema ya que los accidentes laborales de tráfico suponen el 11,6 % del total de accidentes laborales, pero son el 35,9 % de las muertes por accidentes de trabajo mortales.
En definitiva, una reforma de la cultura de seguridad vial en la empresa podría ayudar a reducir esta tasa tan elevada.
Quinto. Los accidentes de tráfico suponen un problema social, de salud y laboral como se ha manifestado anteriormente. Además de las víctimas y lesionados que se producen, también suponen un problema en relación con las bajas laborales.
De esta manera, los accidentes laborales de tráfico no solo producen un problema de seguridad en las empresas, sino que también suponen un impacto económico importante, tanto para las empresas como para la propia Administración.
En relación con los accidentes labores de tráfico, es de destacar el Informe sobre 'La Seguridad Vial Laboral en España' realizado por el Real Automóvil Club de España (RACE). Dicho informe señala que las bajas por accidentes viales
laborales suponen un coste medio para la Seguridad Social de 100.600.056 euros. Este coste está estrechamente ligado con el número de accidentes y los días de baja, por ello los accidentes leves, que son más numerosos, generan mayor coste que el
resto. Igualmente, se recoge en el informe que la media de baja es de 38 días respecto a los accidentes en misión 23, y de 39 días en relación con los accidentes 'in itinere'.
Fuente: Estadísticas sobre Accidentes de Trabajo (Ministerio de Trabajo) y Parque automovilístico (DGT). Mos: 2008-2016.
El mismo informe, con base en las estimaciones del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, estima que en España los accidentes viales laborales supusieron un coste medio anual de 2.000 millones de E entre los años 2008 y 2016. Siendo el 61%
de los costes relativos a accidentes leves, el 23,5 % a accidentes mortales y el 15,5 % restante a los accidentes graves.
23 1Accidente sufrido por el trabajador en el trayecto que debe realizar como consecuencia de su trabajo, ya sea en la realización de una actividad de la empresa, o en el cumplimiento de órdenes o indicaciones ocasionales del empresario,
independientemente del medio de transporte utilizado.
Fuente: European Commission, guía Road Safety Country Overview-Spain (2016)-European Road Safety Observatory. Estimación de los costes sobre las Estadísticas de Accidentes de Trabajo (Ministerio de Trabajo). Años: 2008-2016.
Sexto. Por otro lado, el citado informe sobre 'La Seguridad Vial Laboral en España', indica que un 60 % de los trabajadores recibe formación sobre protocolos de incendios y evacuaciones pero únicamente el 27 % recibe formación en Seguridad
Vial. Si ya es llamativo este dato, lo es aún más que en el año 2017 se produjeron 14 veces más accidentes laborales viales que los causados por incendios.
Fuente primera imagen: Encuesta realizada a trabajadores por cuenta ajena (GAD3 2.º semestre 2018).
Fuente imagen segunda: Estadística sobre Accidentes de Trabajo (Ministerio Trabajo, 2017).
Séptimo. Los accidentes de tráfico son un problema para cualquier sociedad, y la Unión Europea no es una excepción. A este respecto es de destacar La Carta de Seguridad Vial, promovida por la Comisión Europea y aprobada en 2004, que recoge
la importancia de reducir los accidentes de tráfico y la mortalidad relacionada con ellos. Asimismo, la Comisión Europea, ha señalado que la seguridad vial es 'una responsabilidad compartida' entre todos los agentes públicos y privados. Además
plantea como reto
evitar todas las víctimas mortales del tráfico (visión cero). Con el objetivo de erradicar las muertes relacionadas con la seguridad vial, la UE ha articulado un marco piloto en materia de seguridad vial para los años 2021 a 2030.
Por otro lado, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14, bajo la rúbrica 'derecho a la protección frente a los riesgos laborales', señala que 'los trabajadores tienen derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo'. Igualmente, el apartado 2 dispone que 'en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo'. Dicho derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos labores incluye implícitamente la seguridad vial laboral, pues afecta y es parte de la seguridad en el trabajo.
Octavo. Actualmente, y a pesar de la existencia de un plan estratégico de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020 y de un Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa, elaborados por la DGT, no se ha implantado una cultura de seguridad vial
en las empresas.
De esta situación es responsable la Administración, en primer lugar por no fomentar esta cultura de seguridad vial en las empresas de forma adecuada. Tampoco se han establecido campañas efectivas sobre seguridad vial en la empresa y no se
ha aportado suficiente información, ni a las empresas ni a los trabajadores, por lo que ha habido una dejadez desde la Administración. Por otro lado, no se han establecido criterios claros ni se han buscado soluciones en relación con las posibles
bonificaciones fiscales a las empresas que implanten este plan. La situación de crisis actual hace difícil que las empresas afronten un gasto más, pero si se dota a las empresas de bonificaciones fiscales por su implantación y si se les informa con
datos y de forma clara del impacto económico que suponen los accidentes laborales de tráfico, las empresas serán más propensas a implantar el citado plan.
Una solución a este problema es la elaboración de un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa entre las Administraciones competentes y las organizaciones empresariales más representativas, con el objetivo de actualizar y adaptar el
citado plan a la nueva realidad en materia de seguridad vial, así como implantarlo, de manera definitiva, en las empresas para reducir los accidentes laborales de tráfico. La información a los empleados, el uso de herramientas tecnológicas para la
recopilación de datos, la formación y el diálogo continuo son indispensables para que este plan salga adelante.
En conclusión, desarrollar la seguridad vial en la empresa desde la prevención de riesgos, exige, además de la máxima colaboración entre todas las Administraciones competentes, la participación de todos los sectores afectados: empresas,
sindicatos, organismos técnicos especializados y los propios trabajadores 24.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas para la mejora de la seguridad vial en el ámbito laboral:
1. Elaborar, en coordinación con las distintas Administraciones competentes y las organizaciones empresariales más representativas, un nuevo Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa, con el objetivo de actualizar y adaptar el citado plan a
la nueva realidad en materia de seguridad vial.
2. Diseñar campañas divulgativas de concienciación de la seguridad vial en las empresas.
3. Reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que implementen este plan y reduzcan la siniestralidad laboral, tal y como recoge el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.
4. Promover la implantación de cursos de formación de seguridad vial en la empresa para crear una cultura preventiva en relación con la seguridad vial.
5. Promover la elaboración de un plan específico para colectivos vulnerables en lo relativo a la seguridad vial como son ciclistas, motoristas o peatones.
6. Promover el establecimiento de fórmulas para beneficiar económicamente a las empresas, con el fin de que los costes de implantación de este plan sean tenidos en cuenta a efectos de exenciones fiscales o de otro tipo.
24 Plan Tipo de Seguridad Vial de la Empresa 2011. DGT.
7. Promover fórmulas de apoyo a las empresas para la implantación de aplicaciones y otras herramientas tecnológicas, a fin de simplificar la recopilación de datos, así como su distribución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Víctor Manuel Sánchez del Real, Francisco José Alcaraz Martos, Julio Utrilla Cano, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y Luis Gestoso de Miguel,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de planes de
actuación para la mejora de las condiciones de seguridad en los pasos de peatones, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
En España el mayor número de accidentes en ciudad tienen lugar en los pasos de peatones, siendo las estadísticas en Europa de uno de cada cuatro accidentes de peatones los que se producen en estos lugares.
En muchas de nuestras ciudades españolas el 60 % de los atropellos se producen en los pasos de peatones sin regulación semafórica. Otras estadísticas nos hablan de que 9 de cada 10 atropellos se producen en zonas urbanas.
Las causas más frecuentes suelen ser la falta de respeto a la prioridad del peatón en estos pasos, los excesos de velocidad, las distracciones al volante o la mala visibilidad de los mismos.
En muchas ocasiones la causa del accidente se debe a que esa falta de visibilidad viene ocasionada por el estacionamiento de vehículos muy cerca del paso de peatones o por vehículos estacionados en doble fila.
También entran en las posibles causas la existencia de mobiliario urbano como paneles publicitarios, marquesinas, contenedores, etc., que dificultan la visibilidad de los conductores, percatándose de la existencia de los pasos de peatones
cuando ya se encuentran muy cerca, lo que sumado a velocidades inadecuadas impide la reacción a tiempo ante la presencia de un peatón cruzando.
Por otro lado la falta de espacios de aparcamiento en las vías urbanas de muchas ciudades han provocado que el estacionamiento de vehículos en algunas calles se mantenga hasta las inmediaciones del paso de cebra, o bien que el vehículo
estacionado correctamente sea del tipo furgón o similar y que por sus dimensiones impida a los conductores visibilizar a los peatones que ya han iniciado el cruce de la calle.
Si en las inmediaciones de estos pasos solo se permitiese como ya está regulado, el estacionamiento de vehículos como motos, bicicletas, patines o similares se conseguiría el doble beneficio de disponer de lugares de estacionamiento para
estos vehículos cada día más abundantes en las ciudades, y por otra parte no dificultar la visibilidad de los conductores ante la aproximación a un paso de cebra El Ministerio de Fomento en diversas ocasiones aprobó Instrucciones Técnicas para
regular la instalación de pasos de peatones elevados, o bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, que en muchos casos son travesías urbanas.
También existen normas regulatorias como el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, la Orden 8.2-IC y la norma UNE-EN 1436, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, etc...
Toda esta abundante normativa requiere de su coordinación y vigilancia en el cumplimiento para alcanzar los fines que las impulsan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar un plan nacional de mejora de la señalización de los pasos de peatones en todas los municipios del territorio nacional con una dotación económica suficiente.
- Vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de los titulares de las diferentes vías de circulación en la señalización de las pasos de peatones, entre otras, la Orden 8.2-IC y la norma UNE-EN 1436, con respecto a la necesaria
resistencia al deslizamiento de las marcas viales para que todos los usuarios puedan cruzar sobre los pasos de peatones de forma segura.
- Elaborar en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Dirección General de Tráfico, campañas de información y concienciación en el uso de estacionamientos en las zonas próximas a pasos de peatones con el fin
de evitar la falta de visibilidad causante de numerosos accidentes.
- Promoverla utilización de dichos espacios próximos a los pasos de peatones para el estacionamiento de vehículos tipo motos, bicicletas o patines, logrando así mayor espacio de aparcamientos para este tipo de vehículos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Joaquín María García Díez y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de reducir
urgentemente la siniestralidad vial de las furgonetas de reparto de mercancías tanto en vía interurbana como en el ámbito de la 'última milla', para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El periodo de confinamiento decretado por el Gobierno a consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19 ha evidenciado un cambio en los hábitos de compra de los españoles, de tal manera que las ventas anime, según los datos de la
patronal de logística y transporte (UNO), se han visto incrementadas alrededor del 55 % con respecto a la situación anterior a que se impusiera el estado de alarma.
Conscientes de que dicho cambio en los hábitos de compra de los españoles resulta imprescindible tener en cuenta por sus implicaciones desde la perspectiva de la seguridad vial, habida cuenta de la repercusión que sobre la siniestralidad
vial tienen los accidentes de tráfico en los que se ven involucrados los vehículos empleados para el mencionado reparto de 'última milla': es decir, las furgonetas.
Mejorar la seguridad vial con relación a las furgonetas viene formando parte de los objetivos de los diferentes gobiernos desde hace más de dos décadas. No en vano, el sector servicios es el que registra la tasa mayor de incidencia de
accidentes tanto durante la jornada laboral como 'in itinere'. Así, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en 2018 se contabilizaron 71.886 accidentes laborales de tráfico en los que perdieron la vida 260
trabajadores, de ellos 144 murieron durante su jornada laboral.
Consecuencia de esta situación, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 contemplaba entre sus prioridades 'mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo'; como objetivo estratégico para el segmento del transporte
profesional 'lograr el compromiso con la seguridad vial, a
través de la Responsabilidad Social Corporativa de las organizaciones'; y, como objetivos operativos en dicho segmento: 'conseguir comportamientos más seguros de los conductores profesionales'; y 'mejorar la capacitación y habilidad de
los conductores profesionales'.
Unos objetivos que, habida cuenta de los datos de siniestralidad vial correspondientes a estos vehículos, no sólo no se han alcanzado sino que explicitan un empeoramiento sistemático con respecto a la seguridad vial de las furgonetas: un
tipo de vehículo que, en 2019, alcanzaba los 2.467.487 de unidades (el 7,16 % del parque).
Así, en 2018, las furgonetas se vieron implicadas en el 43 % de los accidentes con víctimas, en vías interurbanas; alcanzando dicho porcentaje el 57 %, en vías urbanas. Por su parte, en el periodo comprendido entre 2010 y 2018, el número
de conductores de furgonetas fallecidos, en vías urbanas e interurbanas, disminuyó un 5 % mientras que el total de conductores fallecidos registraba una reducción del 23,7 %, y el de conductores de turismos un 33,4 %.
Las medidas implementadas por el gobierno de la Dirección General de Tráfico desde la moción de censura de junio de 2018 no parecen haber influido en la siniestralidad, ni en la mortalidad por accidente de tráfico, en el ámbito laboral ni en
la de los conductores de furgonetas.
La causa-raíz de la elevada presencia de este tipo de vehículo en la siniestralidad vial, tanto en vías urbanas como interurbanas, podría obedecer al hecho de poder conducir una furgoneta con los mismos grados de libertad y de restricción
aplicables a los conductores de turismos; cuando, en la práctica, deberían actuar como conductores profesionales habida cuenta de la tensión inherente al reparto de paquetería, sobre todo en la 'última milla'. En este sentido, a diferencia de los
conductores profesionales, a los conductores de furgonetas no les aplican, por ejemplo, los reglamentos de la Unión Europea sobre: períodos de conducción y descanso, monitorizados mediante tacógrafo digital (Reglamento 56112006, de 15 de marzo);
cualificación inicial y formación continua (Directiva 2003/59/EC, de 15 de julio) y dispositivos de limitación de velocidad (Directiva 2004/11/EC, de 11 de febrero).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar urgentemente un Plan de Acción que, en el plazo de tres años, sitúe la seguridad vial de las furgonetas empleadas para el transporte profesional de mercancías (vehículos de categoría N1 y M1) en un nivel tal que, también este
sector, cumpla con los objetivos de reducción de las cifras de siniestralidad vial (50 % en 2030 y 100 % en 2050) acordadas en la Tercera Conferencia sobre Seguridad Vial (Estocolmo, 19-20 de febrero de 2020).
2. Evaluar el impacto de las medidas específicas y generales de seguridad vial implementadas en la última década, bajo el paraguas de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, en la siniestralidad vial de las furgonetas.
3. Desarrollar e implementar progresivamente las medidas legislativas necesarias que garanticen el carácter profesional de la actividad de reparto de mercancías en furgonetas, tanto interurbana como en el ámbito de la 'última milla', entre
las que deberán incluirse, al menos, las relativas a: los tiempos de conducción y descanso, específicos para los conductores de dichas furgonetas; la cualificación inicial y de formación continua para estos conductores; la vigilancia y control
del cumplimiento de la legislación vigente sobre tráfico urbano e interurbano; y la instalación de dispositivos de bloqueo de arranque del vehículo dependiendo de la presencia de alcohol en el aire expirado por el conductor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Óscar Gamazo Micó, Jaime Miguel Mateu Istúriz y Carlos Rojas García, Diputados.- Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
181/000509
Grupo Parlamentario Plural.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Constitucional.
Diputado don Iñigo Errejón.
Dirigida a la Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España.
Texto:
- ¿Qué opinión tiene como Ministra de Memoria Democrática de la vandalización de la estatua de Francisco Largo Caballero, ubicada en Nuevos Ministerios?
- ¿Piensa el gobierno realizar algún tipo de reparación y dignificación de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.-Íñigo Errejón Galván, Diputado.
Comisión de Presupuestos
181/000507
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos
Diputado don Victor Valentín Piriz Maya.
Texto:
¿Por qué no trae el Gobierno a las Cortes Generales el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2020.- Victor Valentín Piriz Maya, Diputado.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000503
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Diputada doña Patricia de las Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, don José Luis Ábalos Meco.
Texto:
¿Qué opinión le merece al Gobierno el estado deficitario de las carreteras españolas de acuerdo con el último 'Informe sobre necesidades de inversión en conservación de carreteras en España' de la Asociación Española de la Carretera (ACE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.
181/000504
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Diputado don Joaquín María García Díez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Texto:
¿Cuáles son las últimas previsiones del Gobierno para la ejecución de los proyectos de Renovación y Variantes, y de Electrificación en la Línea Monforte-Lugo responsabilidad de ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2020.-Joaquín María García Díez, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000510
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Diputado don Agustín Almodóbar Barceló.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno de España aplicar a corto plazo una reducción del IVA a las actividades turísticas, tal y como viene reclamando el sector desde hace meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2020.-Agustín Almodóbar Barceló, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/021904
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cortés Gómez, Ismael (GCUP-EC-GC).
Comunicación de su voluntad de suscribir con su firma la pregunta de don Joan Mena Arca sobre trasvase del Ebro para cubrir las necesidades de abastecimiento de Santander y otras comarcas de Cantabria.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por autor de la iniciativa al Diputado que suscribe el presente escrito, comunicándolo al Gobierno y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo a
los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/022906
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cortés Gómez, Ismael (GCUP-EC-GC).
Comunicación de su voluntad de suscribir con su firma la pregunta de don Joan Mena Arca sobre actuaciones para evitar el cierre de la fábrica de vidrio plano Saint Gobain Glass, en L'Arboç.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por autor de la iniciativa al Diputado que suscribe el presente escrito, comunicándolo al Gobierno y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo a
los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/022943
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Cortés Gómez, Ismael (GCUP-EC-GC).
Comunicación de su voluntad de suscribir con su firma la pregunta de don Joan Mena Arca sobre medidas previstas para evitar la desindustrialización de la comarca del Alt Penedés.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por autor de la iniciativa al Diputado que suscribe el presente escrito, comunicándolo al Gobierno y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo a
los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vícén.