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DS. Senado, Pleno, núm. 90, de 21/11/2018
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 48


celebrada el miércoles, 21 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se solicita que el Senado apruebe el acuerdo
adoptado por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su sesión del día
31 de octubre de 2018, a fin de que la Cámara designe una delegación de
Senadores que se traslade a Nicaragua con el propósito de entrevistarse
con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y visitar a las
personas detenidas.


671/000100
Nicaragua; derecho de manifestación; política exterior;
seguridad pública


GPP






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites
para reformar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.


662/000136
acto jurídico; crédito inmobiliario; hipoteca;
impuesto; impuesto sobre transmisiones patrimoniales; modificación de la
ley


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a volver a establecer
el control financiero de la Generalitat de Cataluña con las medidas
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.


662/000137
Cataluña; administración regional; control
financiero


GPP





Moción sobre la exhumación de Francisco Franco Bahamonde del
Valle de los Caídos y la modificación y mejora de la Ley de la Memoria
Histórica.


662/000138
dictadura; guerra civil; modificación de la ley;
monumento; muerte


GPS






PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO




Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para
garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad.


625/000002
Derecho electoral; derecho de voto; elegibilidad;
medios para discapacitados








DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio,
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24
de noviembre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000013
Código de Comercio; Derecho de sociedades; auditoría;
institución financiera; mercado financiero; modificación de la ley;
sociedad de capital


Economía y Empresa





Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000014
gas con efecto invernadero; impacto ambiental;
modificación de la ley; reducción de las emisiones de gas


Transición Ecológica





Proposición de Ley sobre la transferencia de recursos de
19,99 hm3 desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y
Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


625/000003
Andalucía; gestión del agua; hidrología; proposición
de ley


Transición Ecológica





Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.


621/000012
Internet; datos personales; ley orgánica; protección
de datos; red de transmisión de datos; tecnología digital


Justicia







DECLARACIONES INSTITUCIONALES




Declaración institucional por la que el Senado lamenta y
rechaza el cese de la actividad de las factorías de Alcoa y reafirma su
apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las plantas de A Coruña y
Avilés (Asturias).


630/000049
Avilés (Asturias); Coruña (A) (A Coruña); aluminio;
cese de actividad; política industrial


GPP
GPS
GPPOD
GPER
GPV
GPN
GPMX






CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS





Adenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en calidad
de beneficiario asociado, para el desarrollo de las acciones previstas en
el Proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000570 'Recuperación de la
Distribución Histórica de Lince Ibérico (lynx pardinus) en España y
Portugal' acrónimo 'Iberlince'.


592/000014
Andalucía; Región de Murcia; cooperación
administrativa; lince; protección de la fauna


JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA QUE EL SENADO APRUEBE EL
ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS, EN SU SESIÓN
DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018, A FIN DE QUE LA CÁMARA DESIGNE UNA
DELEGACIÓN DE SENADORES QUE SE TRASLADE A NICARAGUA CON EL PROPÓSITO DE
ENTREVISTARSE CON LA ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA Y
VISITAR A LAS PERSONAS DETENIDAS.


671/000100

GPP


El señor García Carnero defiende la moción.


El señor Crisol Lafront defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez,
el señor Alegre Buxeda, el propio señor Crisol Lafront y el señor Marcos
Arias.


El señor Mulet García defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del
señor Navarrete Pla.


El señor Lemus Rubiales defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Quetglas Quesada defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora Cortès Gès defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana.


El señor García Carnero expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez,
el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos
Arias.


En turno de portavoces intervienen: el señor Crisol Lafront, el
señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora
Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura,
por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor
Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el señor Lemus Rubiales, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y el señor García Carnero, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


La señora Cortés Gès pide la palabra por alusiones.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán
Suárez, el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el señor Marcos
Arias, con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a
favor, 140; en contra, 82; abstenciones, 13.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRÁMITES
PARA REFORMAR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.


662/000136

GPP


El señor Martínez Arcas defiende la moción.


El señor Alegre Buxeda defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de la señora Roldán Suárez,
del propio señor Alegre Buxeda, del señor Crisol Lafront y del señor
Marcos Arias.


El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Mulet García y
del propio señor Navarrete Pla.


El señor Martínez Ruiz defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Martínez Arcas expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el
señor Navarrete Pla, la señora Domínguez de Posada Puertas, el señor
Yanguas Fernández y la señora Castilla Herrera, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Picornell
Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor
Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista; y
el señor Martínez Arcas, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 236; a favor, 141; en contra, 88; abstenciones, 7.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A VOLVER A ESTABLECER
EL CONTROL FINANCIERO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA CON LAS MEDIDAS
APROBADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS
ECONÓMICOS.


662/000137

GPP


La señora Rudi Úbeda defiende la moción.


El señor Mulet García defiende las cinco enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del
señor Navarrete Pla.


El señor Montilla Aguilera defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Rudi Úbeda expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen: el señor Alegre Buxeda, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano
Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la
señora Freixanet Mateo, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Rudi Úbeda, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 236;
votos emitidos, 236; a favor, 138; en contra, 98.









MOCIÓN SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LA LEY DE LA MEMORIA
HISTÓRICA.


662/000138

GPS


El señor Antich Oliver defiende la moción.


El señor Marcos Arias defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de la señora Roldán
Suárez, del señor Alegre Buxeda, del señor Crisol Lafront y del propio
señor Marcos Arias.


El señor Mulet García defiende las veintiuna enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y del
señor Navarrete Pla.


La señora Domínguez de Posada Puertas defiende las cuatro
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de
esta senadora.


El señor Iñarritu García defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador.


El señor Comorera Estarellas defiende las siete enmiendas del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Bildarratz Sorron defiende las siete enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Delgado Cáceres defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Rodríguez Esquerdo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la número 6 del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y las del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), cuyos números de registro son
134150 y 134151.


En turno de portavoces intervienen: el señor Mulet García, la
señora Domínguez de Posada Puertas, el señor Iñarritu García, y la señora
Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura
y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé
Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor
Arrieta Arrieta, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Aragonés Mendiguchía, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 233;
votos emitidos, 233; a favor, 97; abstenciones, 136.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.


625/000002



El señor Lucas Giménez, presidente de la comisión, presenta la
proposición de ley.


En turno de portavoces intervienen el señor Marcos Arias, el
señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Pascal Capdevila, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo
Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la
señora Gorrochategui Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara Guerrero, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Camarero Benítez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se pospone la votación.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE
COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015,
DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24
DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000013

Economía y Empresa


La señora Rudi Úbeda, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno en contra interviene la señora Serrano Morales.


En turno de portavoces intervienen: el señor Alegre Buxeda, el
señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i
Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor
Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; la señora Delgado Oval, por el Grupo Parlamentario Socialista; y
la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se pospone la votación.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9
DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO,
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000014

Transición Ecológica


El señor Labrador Encinas, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate del articulado.


La señora Rivero Segalàs da por defendidas las enmiendas 25 a 34,
presentadas por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez.


El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda 24, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Aubà Fleix da por defendidas las enmiendas 1 a 10 y 12 a
23, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


La señora Quetglas Quesada defiende las enmiendas 35 a 65, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno de portavoces intervienen: la señora Domínguez de Posada
Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor
Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
el señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;
la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el señor Mato Escalona, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado


Se pospone la votación.









PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE
19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y
PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


625/000003

Transición Ecológica


El señor Labrador Encinas, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno a favor interviene el señor Huelva Betanzos.


En turno de portavoces interviene la señora López Gabarro, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Comienza el debate del articulado.


La señora Quetglas Quesada defiende las enmiendas 1 a 12, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Huelva
Betanzos.


En turno de portavoces intervienen: la señora Rivero Segalàs, por
el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor
Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
la señora Quetglas Quesada, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; el señor Huelva Betanzos, por el Grupo Parlamentario
Socialista; la señora López Gabarro, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se pospone la votación.









PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES.


621/000012

Justicia


El señor Represa Fernández, vicepresidente primero de la
comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate del articulado.


El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 10 a 14, de este
senador y del señor Mulet García.


El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 7 y 9, de este
senador y del señor Cleries i Gonzàlez.


El señor Marcos Arias defiende las enmiendas 1 a 5, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por la señora Roldán
Suárez, el propio señor Marcos Arias, el señor Crisol Lafront y el señor
Alegre Buxeda.


La señora Cánovas Essard defiende las enmiendas 15 a 32, del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


En turno en contra de las enmiendas intervienen el señor
Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Aparicio Calzada, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen: el señor Marcos Arias, el
señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé
Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora
Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea; la señora Nasarre Oliva, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y la señora Vindel López, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se pospone la votación.










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO LAMENTA Y
RECHAZA EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE LAS FACTORÍAS DE ALCOA Y REAFIRMA SU
APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS PLANTAS DE A CORUÑA Y
AVILÉS (ASTURIAS).


630/000049

GPP
GPS
GPPOD
GPER
GPV
GPN
GPMX


El señor Aznar Fernández, secretario primero de la Cámara, lee la
declaración institucional firmada por todos los grupos
parlamentarios.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
(Votación).


625/000002



Se procede a votar


Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la
proposición de ley orgánica, con el voto favorable del señor Mateos
Yuste, que ha sido autorizado a votar telemáticamente.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE
COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015,
DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24
DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación).


621/000013

Economía y Empresa


Se procede a votar


Se aprueban en un solo acto las partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión.


Se aprueba en un solo acto el resto del proyecto de ley.


El señor presidente anuncia que, tal y como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el
Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9
DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO,
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


621/000014

Transición Ecológica


Se procede a votar


Se rechazan todas las enmiendas.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de
20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.









PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE
19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y
PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


625/000003

Transición Ecológica


Se procede a votar


Se rechazan todas las enmiendas.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la Proposición de ley sobre la transferencia de
recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica
de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir.









PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (Votación).


621/000012

Justicia


Se procede a votar


Se rechazan todas las enmiendas.


El señor presidente anuncia que queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS






ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EN
CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES
PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10 NAT/ES/000570 'RECUPERACIÓN
DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y
PORTUGAL' ACRÓNIMO 'IBERLINCE'.


592/000014

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA


El señor presidente anuncia que la Cámara toma conocimiento de la
celebración de la adenda.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos.







Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA QUE EL SENADO APRUEBE EL
ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS, EN SU SESIÓN
DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018, A FIN DE QUE LA CÁMARA DESIGNE UNA
DELEGACIÓN DE SENADORES QUE SE TRASLADE A NICARAGUA CON EL PROPÓSITO DE
ENTREVISTARSE CON LA ALIANZA CÍVICA POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA Y
VISITAR A LAS PERSONAS DETENIDAS.


671/000100

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.


El señor PRESIDENTE: Se han admitido las siguientes enmiendas a
esta moción consecuencia de interpelación: cuatro del Grupo Parlamentario
Mixto —tres por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete y una
por iniciativa de la senadora Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y
Marcos—; tres del Grupo Parlamentario Socialista; tres del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de
cinco minutos, el senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hace dos semanas, en la última sesión del Pleno de esta
Cámara, interpelamos al señor ministro de Asuntos Exteriores sobre la
situación trágica que se está viviendo en tres países de la región
iberoamericana, con vulneraciones de derechos civiles, de derechos
humanos, tanto en Venezuela como en Nicaragua y en Cuba. Le formulábamos
al señor ministro una serie de preguntas para las que le pedíamos
respuestas concretas. Preguntas y respuestas que buscábamos con la
finalidad de que el Gobierno de España no mantuviese una actuación pasiva
sobre esas violaciones y tomase una serie de acciones encaminadas,
primero, a condenar los regímenes que se comportan de esa manera y,
segundo, a la defensa de principios esenciales para todos los demócratas,
que son la libertad, la democracia y los derechos humanos.


Las respuestas del señor ministro no es que no nos satisficieran,
es que no respondió a nada; es que se evadió con formas excesivamente
genéricas, diciendo: el Gobierno siempre estará en favor de la
democracia, de la defensa de los derechos humanos, pero no en las
actuaciones concretas que le requeríamos. Por eso, señorías, ante esta
insatisfacción de nuestro grupo por la posición del Gobierno manifestada
por el ministro, traemos al debate de hoy esta moción, que pretende las
siguientes actuaciones.


En Nicaragua, desde hace dos semanas acá, las detenciones no solo
no han parado, sino que han aumentado. Los dos líderes campesinos que
quedaban, a los cuales conocimos hace poco más de un mes, ya están
detenidos y sin que ni sus familiares ni sus abogados tengan conocimiento
de dónde están ni hayan podido visitarles. Por lo tanto, pedimos que el
Senado, en Pleno, se pronuncie sobre el acuerdo que adoptó la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos a fin de que una delegación del Senado de España
se traslade a Nicaragua con el objeto de visitar a esos presos.


Respecto de Venezuela, señorías, proponemos tres cosas. Antes de
iniciar cualquier proceso de acuerdo, de negociación, lo primero que
tiene que producirse es que se liberen todos los presos políticos que
existen en Venezuela y que se pare definitivamente el acoso a los líderes
de la oposición y a cualquier forma de disidencia. La segunda cuestión,
señorías, es que España se sume a la denuncia ante la Corte Penal
Internacional que ya han efectuado países como Chile, Colombia,
Argentina, Perú, Paraguay, Canadá y algunos otros que lo han anunciado. Y
la tercera cuestión, señorías, es que el Gobierno se desvincule
—fíjense, no estoy hablando ni de reprobar ni de ningún adjetivo
que pueda ser tomado como peyorativo—, que el Gobierno se
desvincule de una vez de las gestiones que viene haciendo el expresidente
Rodríguez Zapatero y que, para ser suaves, diremos que han sido
calificadas por todas las organizaciones internacionales, desde luego por
los líderes de la oposición, como claramente parciales en favor del
Gobierno de Chávez.


Y respecto de Cuba, adonde parece que el señor presidente va a
viajar mañana después de sesenta años, señorías, ¿qué queremos? Pues
queremos que el Gobierno le exija al Gobierno de Cuba que el líder del
Movimiento Cristiano Liberación, que es la principal oposición que existe
al Gobierno en el país, que lleva más de dos años preso y que ha
cumplido, según la legislación cubana, dos terceras partes de la condena
que le fue impuesta, sea liberado. Y, por cierto, ya que va a viajar el
presidente, no estaría de más, aunque no está incluido en el texto, que
le garantice al portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, que vive en
España y que está deseando, que está intentando viajar a Cuba...,


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.


... que le garantice a Regis Iglesias que no va a ser detenido y
que se le va permitir viajar a Cuba en libertad.


Para todo ello, señorías, sometemos a debate esta moción para la
que solicitamos su voto favorable.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.


El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente. Buenos días.


En primer lugar, el saludo más afectuoso de los senadores de
Ciudadanos a los representantes de la libertad y de la democracia que nos
acompañan en la tribuna y nos siguen por las redes.


Señorías, tenemos un firme compromiso con los derechos y
libertades fundamentales, uno de los pilares de nuestra acción exterior,
más aún cuando las violaciones de estos derechos y libertades se producen
en América Latina, una región con la que compartimos tantos lazos
históricos, sociales, económicos y culturales. En Ciudadanos tenemos como
prioridad la defensa de estos derechos sin importar a instancias de quién
se hace. Hemos mantenido un contacto permanente con la oposición cubana y
venezolana, reiterando ese compromiso en encuentros y presentando
iniciativas parlamentarias.


Las múltiples crisis que vive Venezuela, que han derivado en una
crisis humanitaria sin precedentes, han protagonizado numerosas veces
nuestras intervenciones, interpelaciones y mociones en el Congreso y en
el Senado. En una clara muestra de solidaridad del pueblo español con el
pueblo venezolano, el Congreso de los Diputados ha aprobado estas
iniciativas. En abril de 2018, la mayoría del Pleno del Congreso aprobó
que no se reconocieran las elecciones presidenciales en Venezuela,
impulsar la ampliación de sanciones a los altos cargos del régimen de
Nicolás Maduro y colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional. En mayo de 2018, la Unión Europea aprobó la ampliación de
esas sanciones y en septiembre de ese mismo año seis países firmaron una
petición formal a la Corte Penal Internacional para que investigara
crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Creemos, por tanto, que es de
rigor hacer mención a lo acordado por la mayoría del Congreso de los
Diputados en esta moción, porque de este modo las Cortes Generales
podrían mandar un mensaje unitario y defender con más fuerza aún las
voces que piden una democracia real, de calidad, frente al populismo y al
nacionalismo en América Latina.


Señorías, apoyen nuestra enmienda que, en síntesis, solo añade lo
acordado ya en el Congreso de los Diputados, la Unión Europea y la Corte
Penal Internacional. Apoyen esta moción y demostremos que los demócratas
en España estamos unidos en la defensa de la democracia y los derechos y
libertades en América Latina.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.


Tiene la palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos
días.


Al PP ahora le preocupa mucho Venezuela, país que seguramente
empezó a funcionar mal cuando la persona que está en el centro de la foto
que les muestro se dedicaba a merodear por ese país. Al PP ahora le
preocupa mucho Cuba, que seguro que empezó a funcionar mal cuando la
persona que está a la izquierda de esta foto empezó a merodear por el
país, como también esta otra persona a la que nadie ha votado. Al PP le
preocupa ahora mucho Nicaragua, que imagino que empezó a funcionar mal
cuando este señor que figura en esta foto, al que nadie votó, merodeaba
por ahí.


Obviamente, España ha de mostrar preocupación por la crisis
institucional de estos países debido a los vínculos históricos que nos
unen. Pero, como mínimo, es curioso que en el caso de otros países con
los que nos unen, al menos, los mismos vínculos históricos que con esos
tres países, la política del Partido Popular haya sido la del desprecio,
la de la ignorancia, la de pasar absolutamente de la crisis institucional
que están viviendo. A modo de ejemplo, Guinea Ecuatorial fue hasta hace
poco colonia española. Por lo tanto, sus ciudadanos, hasta hace poco,
eran ciudadanos españoles.


¿Y qué han hecho los gobiernos del Partido Popular con la más
sanguinaria de las dictaduras que existen en África? Pues que vaya a
visitarles este señor que aparece en esta foto, al que nadie ha votado, o
que vaya a visitarles este señor tan atractivo que aparece en esta otra
foto. Pero ni la más mínima condena al régimen más sanguinario de África,
que también era una colonia española, como las demás. Igual que era una
colonia española el Sáhara hasta hace poco. ¿Y qué ha hecho España con la
dictadura marroquí? Hacerse fotos. Ese señor al que nadie ha votado se
dedica a hacerse fotos con el más autoritario de los regímenes africanos.
Ojalá tuviera con estos países la misma preocupación y sensibilidad que
tiene con aquellos. Y en esta foto tenemos al señor Rajoy con el señor
que manda en Marruecos, quien está violando sistemáticamente los derechos
humanos en el Sáhara.


Podríamos poner más ejemplos, como cuando el Partido Popular se
reunía con sonados dictadores. Aquí tengo una colección de fotos
realmente interesante. Aquí vemos a este señor al que no ha votado nadie
cuando se hacía fotos con sanguinarios dictadores. Tampoco condenaron
entonces esos regímenes.


Y podemos hablar de Arabia Saudí que, gracias a las bombas
españolas, está masacrando a la población de Yemen o que se dedica a
asesinar a la prensa. ¿Qué ha hecho España para condenar el régimen de
Arabia? En esta foto, este señor al que nadie ha votado, se hace fotos
donde se muestra muy contento con el régimen de Arabia. Esta otra foto no
tiene nada que ver, pero es muy bonita. (Risas).


Por tanto, ¿qué ha hecho el Partido Popular para condenar aquellos
regímenes autoritarios que avergüenzan a nivel mundial? No ha hecho
absolutamente nada. (El señor Mulet García muestra una fotografía).


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MULET GARCÍA: Termino.


Por lo tanto, pensamos que España no es nadie para dar ejemplo en
ningún país europeo. Continuamos siendo una vergüenza a nivel
democrático. (El señor senador muestra una fotografía). ¿Verdad, señor
Cosidó? (Aplausos.— Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Lemus.


El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señor presidente.


Yo no traigo fotos, así que voy a ser un poquito menos entretenido
que el señor Mulet.


Pido la paz y la palabra. Así comenzaba Blas de Otero uno de los
mayores manifiestos contra el fascismo y a favor de la paz. Así comenzaba
una de las mejores recetas para combatir los totalitarismos.


Señorías, quienes nos sentamos hoy aquí somos nietos de la
dictadura e hijos de la democracia. Por ello, sabemos mejor que nadie que
es con la palabra, que es con el diálogo, como se puede vencer a los
totalitarismos.


El PP ha traído hoy una iniciativa que parece un plato combinado.
En una misma iniciativa introduce a Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Por qué
no han metido más países? Podrían haber metido también a China o a
Marruecos. Lo digo con ironía y preocupación. Esta iniciativa es un
síntoma del actual estado por el que está atravesando el Partido Popular,
cuya estrategia de guerra relámpago le está llevando a cometer error tras
error y, en el caso de esta iniciativa, van un poco más allá en su
política de tierra quemada. Y es que, a veces, en política debería haber
algunas líneas infranqueables. Es cierto que, tras oír al señor Casado
echar pestes de España ante Juncker, nos podemos esperar cualquier cosa
dada su idea de política exterior. No tengo ninguna duda de que esta
iniciativa la impulsan como consecuencia del anuncio de la próxima visita
del presidente del Gobierno español a Cuba. Señorías, es la primera
visita de un presidente español tras treinta y dos años, no tras sesenta,
como ha dicho usted. Entiendo que en materia de exteriores no pueden
ocultar su rabia ante la densa agenda del presidente Pedro Sánchez,
principalmente en Iberoamérica, porque fue una política inexistente en
los dos gobiernos del señor Rajoy.


Sobre Cuba, me gustaría decirles unas cuantas cosas. Hace tres
años, un presidente americano, el señor Obama, visitó Cuba. Aquella
visita fue celebrada por todos los políticos internacionales. En aquella
ocasión no oí a ningún político popular criticar aquella visita del
mandatario estadounidense. Es más, oí a muchos empresarios españoles con
intereses allí celebrar la posible eliminación del bloqueo que tanto daño
a hecho al pueblo cubano y que tanto ha perjudicado a la evolución de la
isla. Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, el
pasado año, en abril de 2017, anunció una visita a Cuba del presidente
Mariano Rajoy. El ministro llegó a decir que España y Cuba son pueblos
hermanos y que España tiene la vocación de mantener las relaciones
estrechas actuales y más intensas. Queremos dedicarnos a fortalecer e
intensificar las relaciones en todos los ámbitos —dijo el ministro
Dastis—, puntualizando que España nunca fue favorable al embargo
decretado por Estados Unidos. Estas declaraciones las hizo tras haberse
reunido con Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores cubano. Según
su criterio, en dicho encuentro, señorías del PP, podía haber intercedido
por los presos políticos, pero no dijo absolutamente nada. La visita que
el presidente Sánchez hará los días 22, 23 y 24 de noviembre debe ser
entendida como el punto de inicio de una nueva era en las relaciones
bilaterales entre estos dos países. Es constatable que, en los últimos
años, España ha disminuido su protagonismo en favor del posicionamiento
común europeo y ha dejado un espacio estratégico a países como Canadá o
China. Los 140 000 españoles —200 000 en un futuro— que
residen allí y las más de 200 empresas españolas que están instaladas
allí son razones más que suficientes para intentar impulsar un nuevo y
potente espacio bilateral.


Señorías, España ha perdido peso e influencia política en
Iberoamérica en los últimos años y no es casual cuando sucede tras un
gobierno del Partido Popular. En el caso de Cuba, hemos cedido tanto en
favor de los intereses de la Unión Europea que hemos perdido la posición
ventajosa con la que contábamos desde la Transición. Creo que la visita
del presidente del Gobierno nos puede ayudar a recuperarla, no solo para
impulsar a nuestras empresas, sino, sobre todo, para poder jugar un papel
importante en el diálogo político en torno a los derechos humanos. La
visita del presidente del Gobierno se hará en el contexto de una visita
diplomática, señorías. Por ello, al PP no debería sorprenderle que le
rehagamos su iniciativa en los términos en los que la ha planteado.
Huelga decir que la diplomacia es el arte de la negociación evitando
cualquier atisbo de hostilidad. No tengan ninguna duda de que el
presidente del Gobierno abordará en su próxima visita la situación de los
derechos humanos y mostrará un interés especial por el estado de don
Eduardo Cardet, de la misma manera que lo haría otro presidente del
Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LEMUS RUBIALES: Voy acabando, señoría.


Siempre hemos apoyado públicamente a los ministros responsables de
las relaciones diplomáticas. Nos gustará más o menos, pero, en materia de
exteriores, el PSOE ha sido un partido con una lealtad firme y con un
tacto exquisito a la hora de hablar de los gobiernos españoles en el
exterior. Comulgaríamos más o menos con esos ministros, pero le
pido...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor LEMUS RUBIALES: Acabo.


Le pido la misma lealtad con la que nosotros nos hemos comportado
cuando hemos estado en la oposición.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lemus.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora
Quetglas.


La señora QUETGLAS QUESADA: Bon dia.


Mi grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas a esta
moción por dos motivos principales. El primero es que no encontramos una
concordancia ni un hilo que justifique los puntos 3 y 4 de esta moción.
No entendemos la relación que guarda el supuesto preso cubano con lo que
está ocurriendo en Nicaragua, ni mucho menos con la moción aprobada en la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos relacionada con este tema.


El Grupo Popular tendría que retirar el punto sobre Zapatero y el
punto sobre Cuba, ya que no tienen nada que ver con lo que trata su
propia moción. Como se dice en buen mallorquín, això és mesclar ous amb
caragols, y consideramos que esta forma de hacer parlamentarismo no
corresponde a las exigencias que la ciudadanía tiene del funcionamiento
de estas Cámaras.


La segunda razón por la que hemos presentado nuestras enmiendas es
porque es necesario suprimir estos dos puntos y modificar el punto 1, y
ello también por una razón diplomática y política. No podemos seguir
siendo un país que actúa de forma irresponsable. En muchos países de
América Latina hay muchísima tensión social y están al borde de
enfrentamientos civiles armados a gran escala. Nuestra responsabilidad
como país es garantizar la paz y la estabilidad de la región. Esa es
nuestra responsabilidad, no alimentar ni el odio ni el enfrentamiento ni
las guerras que desangran países y poblaciones.


El carácter y el espíritu de los puntos 1, 3 y 4 es de
confrontación, buscan crispar, tensar y provocar a las poblaciones
hermanas de América Latina. No podemos dar cobertura a actitudes que
alimentan la desestabilización de la región. Quiero apelar aquí a su
responsabilidad y a la necesidad de situar a España como un país de paz y
no de guerra, y que se aprueben nuestras enmiendas y podamos tener una
discusión sana y productiva que busque soluciones —sí,
soluciones— y no más problemas en la región.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.


Señorías, con qué cinismo el senador García Carnero ha venido aquí
a defender una moción que ha presentado el Grupo Popular por la
vulneración de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y ha
venido a condenar los regímenes y a defender la democracia y la libertad.
Ha dicho que en Nicaragua no han cesado las detenciones, pide la
inmediata liberación de todos los presos políticos y que paren los acosos
a los líderes de la oposición en Venezuela.


Pues miren, nosotros hemos presentado cinco enmiendas dirigidas
justamente al Estado español en el mismo sentido que el senador del Grupo
Popular ha defendido lo que antes he explicado, porque no se aplican a
ustedes mismos lo que quieren aplicar a otros países. Hablan de la
vulneración de derechos humanos. Pues sí, en España existe vulneración de
derechos humanos. Piden la libertad de los presos políticos. Pues sí, en
Cataluña tenemos presos políticos que ustedes han encerrado en la cárcel.
Allí los tenemos y no pasa nada. Y el acoso a los líderes de la
oposición; y eso es lo que está pasando actualmente en Cataluña, que nos
están acosando políticamente ustedes, señores del Partido Popular. ¿Saben
qué pasa? Que la Mesa no ha aceptado estas cinco enmiendas que hemos
presentado. ¿Por qué? Pues justamente porque estas enmiendas eran lo
mismo que dice el texto, pero aplicado al Estado español. ¡Ah, qué bien!
No se han mirado al espejo y tendrían que hacerlo; de vez en cuando se
tendrían que mirar al espejo y ver que ustedes están reflejados en él, en
el mismo sentido que están hablando de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por
eso, no han aprobado nuestras enmiendas salvo una, la última, en la que
pedimos que el presidente del Gobierno solicite en sus próximas visitas
oficiales la libertad de todos los presos políticos de los países que
visita. La habrán aceptado justamente porque a ustedes no les atañe; le
atañe al presidente del Gobierno de ahora, al actual, a Pedro Sánchez,
pero a Mariano Rajoy, como antes hemos visto en las fotografías que nos
ha enseñado el senador Mulet, no podía ser. Nosotros también se lo
exigimos y también exigimos que cuando vaya en viaje oficial a China
también pida la libertad de los presos políticos en China y el respeto de
los derechos humanos. Sin embargo, señores del Partido Popular, apliquen
la medicina para ustedes, que no lo hacen. Señor senador, usted antes ha
defendido todo esto, pues bien, aplíquenselo a ustedes mismos.


Hablan de respecto a los derechos humanos y justicia; pues bien,
desde este estrado volvemos a pedir la dimisión de su portavoz, el señor
Cosidó, que ha manifestado ya públicamente —y ya era hora de que
salieran del armario— que van a controlar el juicio contra los
presos políticos catalanes por la puerta de atrás. Esto ya lo sabía todo
el mundo, pero ahora, señor Cosidó, usted ha salido del armario y lo ha
hecho público. Insisto, ya sabemos que el juicio para las presas y presos
políticos catalanes será una verdadera farsa y, si no, tiempo al tiempo y
esperemos que no se produzca una vulneración de derechos humanos como
ahora.


También quiero decir que en Esquerra lucharemos, como estamos
haciendo incansablemente, hasta que las presas y presos políticos
catalanes y las exiliadas y los exiliados políticos vuelvan a sus casas
de manera libre y sin la amenaza de que sus derechos políticos y sus
derechos humanos se vean vulnerados por parte del Estado español como
hasta ahora, a través de sus cuerpos policiales y de la Administración
judicial.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.


Tiene la palabra el senador García Carnero, para indicar si acepta
o no las enmiendas.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


A la senadora portavoz de Esquerra Republicana le diré que tengo
tanto respeto a esta Cámara y a lo que representamos aquí, incluso a
usted que aunque no le guste representa a todos los españoles, que no le
devolveré la acusación de cinismo. (Denegaciones.— Aplausos). Mire,
el día que usted no quiera representar a todos los españoles, que es a lo
que se obligó, ya sabe lo que tiene que hacer: devolver el acta. Eso es
lo que tendría que hacer. (Aplausos).


Señoría, le diré otra cosa, acompáñenos usted al viaje a
Nicaragua, vea como son las prisiones y luego compare con las prisiones
de España; eso es lo que tiene que hacer, ir allí. Vaya usted allí.
(Aplausos).


Y le diré otra cosa también: ha dejado usted en muy mal lugar a su
compañero, el senador Rufà, que en la comisión se portó siempre
educadamente, siempre razonablemente, que presentó unas enmiendas que
usted ha anulado —sí, usted se las ha anulado porque usted las
firma— y ni siquiera ha podido salir aquí para defenderlas. Así que
toda mi solidaridad con el senador Rufà. (Risas).


Señoría, no se equivoque, no es cuestión de que hayamos admitido o
no sus enmiendas; no, usted se equivoca. La Mesa es la que no ha aceptado
la tramitación de una serie de enmiendas, y eso debería hacerle pensar a
usted por qué: porque no respeta el reglamento. Ha admitido a trámite 1,
que ya digo que no vamos a aceptar, pero cuando llegue la votación.


Respecto al senador de Compromís, he de decir que no voy a entrar
en su circo ni voy a darle la oportunidad de que usted siga vejando a la
Cámara, como hace habitualmente. Usted presentó 189 enmiendas y la Mesa
solo ha admitido a trámite 3; o sea, que 186 de sus habilidades ni
siquiera cumplen con el reglamento.


A los señores de Podemos solo les preguntaré ¿cómo voy a aceptar
sus enmiendas si todas tratan de eliminar, eliminar y eliminar? Lo que
ustedes quieren es eliminar esta moción. Ya sabemos que a los señores de
Podemos no les gusta que hablemos de Venezuela. Alguien de ustedes dijo
que qué tendrían que ver Nicaragua, Venezuela y Cuba; pues bien, les voy
a decir lo que tienen en común: los tres son países iberoamericanos y los
tres están gobernados por dictaduras insoportables.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.


Y ante ellas, un Gobierno democrático, como el español, tiene la
obligación de defender la democracia, la libertad y los derechos
humanos.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino.


No me da tiempo a contestar al portavoz del Partido Socialista, lo
haré en el siguiente turno, pero ya le indico que no estamos dispuestos a
aceptar esas enmiendas; lo que sí haremos con la enmienda que ha
presentado Ciudadanos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Crisol.


El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, señor presidente.


Señoría, comienzo mi intervención como en abril de 2017, en el
debate de una moción que presentó el Grupo Popular sobre Venezuela: Sin
Estado de derecho, no hay democracia; sin separación de poderes, no hay
democracia; sin derechos humanos, con presos y perseguidos políticos, no
hay democracia; sin libertad de expresión y sin libertad de prensa, no
hay democracia. A ello se suma ahora la deriva autoritaria del presidente
Ortega, en Nicaragua, y la dictadura cubana, que intenta un lavado de
cara, al que esperamos no contribuya el presidente Sánchez en su visita a
la isla.


La Organización de los Estados Americanos ha denunciado que existe
una alteración inconstitucional del orden establecido. Nuestro compromiso
se basa en unas fuertes convicciones en defensa y protección de los
derechos y libertades individuales; compromiso que estoy convencido que
también tienen sus señorías, por lo que esperamos que el resto de grupos
parlamentarios no se pongan de perfil en este asunto y aprueben esta
moción.


Señorías, Europa y España deben lideran una respuesta contundente
y firme. Necesitan nuestro apoyo activo y nuestro compromiso con ellos.
Se lo merecen aquellos que sufren la represión, la violación de derechos,
la censura y la persecución.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.


Senador Mulet, tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Sí. Intervendré brevemente.


Señor Carnero, con el cariño que sabe que le tengo, he de decir
que prefiero convertir esto en un circo que en el túnel del terror en el
que ustedes han convertido esta Cámara.


Efectivamente, se trata de 186 enmiendas que hablan de 186
regímenes que ustedes nunca condenan ni condenarán. Imagino que aquí
también pasa como en los famosos wásaps, que también controlan la Mesa
por detrás, por delante, por arriba o por abajo, para que se hable
únicamente de lo que ustedes creen que hay que hablar.


Para ustedes, una democracia es un régimen en el que el jefe de la
policía envía a 80 policías para rescatar los papeles que inculpan a la
cúpula de su partido; para ustedes, una democracia avanzada es el robo de
los documentos de Kitchen; para ustedes, una democracia avanzada, que
tiene que dar lecciones al resto del mundo, es un partido condenado por
corrupción que se jacta de controlar, por arriba, por detrás, por abajo o
por donde sea, el Poder Judicial; para ustedes, una democracia avanzada
es donde se soborna al chófer del tesorero corrupto del partido condenado
por corrupción; para ustedes, eso es una democracia avanzada.


Imagino que, tanto tiempo en la cloaca, al final a uno le hace
perder el sentido del olfato, de la orientación y de la decencia
política.


Tenemos diversos niveles de entender lo que es una
democracia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Senador Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. Buenos
días, señorías. Envío un saludo a quienes nos acompañan desde la tribuna,
de Nicaragua, Cuba y Venezuela. (Aplausos).


Señorías, aunque Venezuela sea un modelo referencial para Podemos,
el espejo bien pagado en el que se miran, los que discrepamos tenemos que
mostrar a los españoles dónde nos puede llevar su venezolanismo.
Señorías, ustedes son a España lo que Maduro o Chaves a Venezuela.
Mientras ustedes elaboran discursos efectistas y populistas, reproducen
sus tics autoritarios y minimizan o niegan la dictadura, gastando bromas
de mal gusto como la última de que en Venezuela comen tres veces al día y
construyen una nueva secta, una nueva casta desde Galapagar, otros
seguimos ayudando al pueblo venezolano a recuperar la libertad, la
justicia y sus derechos, y seguiremos denunciando el fracaso social, la
inseguridad, la violencia sistemática y la violación de derechos humanos;
lo mismo que está ocurriendo en Nicaragua con el dictador Ortega, y lo
mismo que llevan sesenta años padeciendo los cubanos.


Por supuesto, votaremos a favor de la moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Senadora Castilla, tiene la palabra.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, señorías. Buenos días a todas las personas que hoy nos
acompañan.


La Agrupación Socialista Gomera es consciente de la situación
económica, política y social que se vive en Nicaragua, en Venezuela y en
Cuba. Por ello, nos sumamos a la repulsa de todos aquellos actos que
puedan ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de vulneración de
derechos humanos, de la prisión de presos políticos y de represión y
opresión de opositores políticos. En definitiva, condenamos todos
aquellos actos que atenten contra los derechos humanos y por eso
consideramos que la iniciativa, en parte, es susceptible de apoyo. Me
explico.


Por supuesto, apoyamos la liberación de los presos políticos y que
se acabe con la tortura, los malos tratos, el acoso a los opositores,
manifestantes políticos y defensores de los derechos humanos. Sin
embargo, también nos planteamos cómo es posible que esta moción no se
presentase mientras gobernaba el Partido Popular —y ahora sí—
o por lo menos, que no se trajese a Pleno, y eso es lo que me hace
cuestionar la finalidad de esta iniciativa.


Igualmente, estamos de acuerdo con la petición de que el
presidente del Gobierno, en su próxima visita a Cuba, solicite la
libertad del preso político Eduardo Cardet. Y con este espíritu,
entendemos que cualquier delegación o ayuda que se acometa en este
sentido debería ser bienvenida y positiva, pero creo que asuntos como el
que tratamos debemos asumirlos con la mayor de las cautelas y con todas
las garantías.


Una vez sentado lo anterior, en la Agrupación Socialista Gomera,
como acabo de decir, nos cuestionamos el verdadero fin de esta moción,
dicho con el debido respeto, y lo hacemos por algunas de las
manifestaciones que se han plasmado tanto en el texto de esta iniciativa
como en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos o a lo largo del debate
hasta ahora y que nos hacen dudar de su finalidad. Entendemos que para
conseguir una solución pacífica, consensuada y democrática a los
conflictos que estamos tratando no es necesaria la reprobación de ningún
actor, y esto dicho con independencia de que estemos de acuerdo o no con
lo que efectivamente se esté realizando, que no es objeto de debate y que
no voy a entrar a valorar.


Igualmente, entendemos que hay que respetar el trabajo que están
llevando a cabo todos los actores y no solo alguno. Y, al mismo tiempo,
creemos que debemos reunirnos con todas las partes implicadas en el
conflicto y no solo con algunas.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CASTILLA HERRERA: Voy terminando, presidente.


Asimismo, consideramos que se debe respetar la investigación que
se ha iniciado en el Parlamento Europeo, así como la actividad
diplomática o las gestiones de las Naciones Unidas. Y, llegado el caso,
si realmente esta Cámara lleva a cabo alguna acción, debemos emprenderla
y coordinarla con lo ya realizado.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora CASTILLA HERRERA: Desde nuestro punto de vista, estamos
en presencia de una moción de carácter humanitario porque verdaderamente
hay una crisis humanitaria: hay hambre y pérdida de salud —entre
otras cosas—, pero nada se dice sobre ayuda humanitaria en esta
moción.


Por todo ello, vamos a estar pendientes del desarrollo del debate
para decidir el sentido de nuestro voto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies senyor president.


Perdonin el to perquè tinc un problema amb l’afonia com
poden comprovar.


El Partit Demòcrata en aquest sentit comparteix tot el fil
argumental i ens hem posicionat sempre a favor de la llibertat dels
presos polítics i de qualssevol vulneració dels drets humans, en aquest
cas a Nicaragua, a Cuba a Veneçuela, al país que sigui.


Ens trobem amb un problema: que el Partit Popular ens vol donar
lliçons de coses que no apliquen en clau interna, a l’Estat
espanyol. Si jo avui porto aquest llaç groc és senzillament per reclamar
que considerem abusiu que durant més d’un any hi hagi presó
preventiva per gent honorable, gent que no ha fet res negatiu, no ha fet
cap delicte, i que sense cap judici porten un any ingressats a la presó.
Considerem que és un abús i en aquest sentit ho volem denunciar una
vegada més.


Amb quina autoritat moral pot plantejar això el PP? Els vull
recordar dues dades molt recents: el Parlament Europeu, la Eurocambra,
acaba de reprovar que la Justícia espanyola no hagi investigat, per
exemple, la Fiscalia no hagi investigat la violència policial del 1
d’octubre, el Parlament Europeu, que també ha fet un altre qüestió,
un altre acord. S’ha escandalitzat de que uns senyors
d’extrema dreta, que poder alguns de vostès són coneguts, perquè
tenen relacions properes, ja ho sabem, però uns senyors d’extrema
dreta que van agredir la Delegació de la Generalitat amb motiu
d’una diada nacional, amb sentència ferma del Tribunal Suprem, no
hagin ingressat a la presó. Això sí que és una vergonya i un escàndol.
Gent que va agredir diputats, senadors, i van llençar la senyera per
terra a la Delegació del Govern de la Generalitat, amb sentència ferma
del Tribunal Suprem, no han ingressat a la presó, per no sé quina
qüestió, sempre hi ha alguna excusa.






Altres porten més d’un any a
la presó o a l’exili sense judici.


El Senador García Carnero diu, referint-se a un altre senador, que
ha vejado a la Cámara. Jo dic, qui fa vexació a aquesta Cambra? El que es
dedica a enviar WhatsApps a 146 senadors dient que vamos a controlar no
sé qué Sala, això sí que és desprestigiar les institucions.


D’altre banda, he vist també que feia referencia a que usted
como senador representa a todos los españoles. Usted no sé, jo
represento 74.985 votants de la demarcació de Girona, jo ja sé que els
senadors castellans sovint tenen poca consciència del seu territori, però
en a mi m’han votat unes persones i no m’ha votat ningú de
Zamora, amb tota l’estimació, ja m’agradaria, però no, en a
mi m’han votat electors de Girona, que em podien no haver votat, i
per tant no em sento representant del pueblo español, em sento
representant d’uns electors, en aquest cas, de la meva demarcació.
Si vostè, de Zamora, se sent representat de Girona ¡benvingut! ja li
passaré la llista de Foment de tots els temes pendents que tenim, ja li
passaré la llista. (Rises).


En tot cas, anunciem el vot en el sentit d’abstenció, tot i
compartir la condemna per la vulneració dels drets que estan patint
dolorosament en aquets països. Al mateix temps, compartim el patiment
personal que representa tenir familiars a la presó, molts de nosaltres
som amics personals d’alguns dels que estan ingressats a la presó,
dels que estan a l’exili, i sabem que això no és cap broma i el
patiment personal que passen, un any, aviat es diu, ja no els hi treu
ningú, amb mainada petita, amb pèrdua de relacions personals i amb tot el
que altera una presó o un exili.


Moltes gràcies per la seva atenció. (Aplaudiments).


Gracias, señor presidente.


Perdonen, pero tengo un problema de afonía, como pueden
comprobar.


El Partido Demócrata comparte todo el hilo argumental y siempre
nos hemos posicionado a favor de la libertad de los presos políticos y en
contra de cualquier vulneración de los derechos humanos, en este caso, en
Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también en cualquier país.


Lo que ocurre es que estamos ante un problema, y es que el Partido
Popular nos quiere dar lecciones de algo que no aplican en clave interna
en el Estado español. Si hoy llevo este lazo amarillo es sencillamente
para decir que consideramos abusivo que, durante más de un año y sin que
haya habido juicio alguno, se encuentre en prisión preventiva gente
honorable, personas que no han hecho nada negativo y que no han cometido
ningún delito. Consideramos que es un abuso y, en este sentido, queremos
denunciarlo una vez más.


¿Con qué autoridad moral puede plantear esto el PP? Quiero
recordarles dos datos muy recientes. El Parlamento Europeo, la
Eurocámara, acaba de reprobar que la justicia española, que la fiscalía
no haya investigado la violencia policial del 1 de octubre. El Parlamento
Europeo —ténganlo en cuenta— también se ha escandalizado de
que unos señores de extrema derecha —a quienes quizá conozcan
algunos de ustedes porque tienen relaciones cercanas—, que
agredieron a la delegación de la Generalitat el día nacional, con
sentencia firme del Tribunal Supremo, todavía no hayan ingresado en
prisión. Esto sí que es una vergüenza, un escándalo. ¡Gente que agredió a
diputados y senadores, que lanzó la señera por el suelo en la Delegación
del Gobierno de la Generalitat y con sentencia firme del Tribunal Supremo
no ha ingresado en prisión! No sé por qué razón, pero siempre hay alguna
excusa. Sin embargo, otros llevan más de un año en prisión o en el exilio
sin juicio.


El senador García Carnero, refiriéndose a otro senador, dice que
ha vejado a la Cámara. Y yo me pregunto ¿quién veja esta Cámara? ¿No será
el que se dedica a enviar wasaps a 146 senadores, diciendo que van a
controlar no sé qué sala? Creo que esto sí que es desprestigiar las
instituciones.


Por otro lado, usted ha dicho que, como senador, representa a
todos los españoles. Usted no sé, pero yo represento a 74.985 votantes de
la demarcación de Girona. Ya sé que algunos senadores castellanos a
menudo tienen poca conciencia de su territorio, pero a mí me han votado
unas personas y no me ha votado nadie de Zamora, se lo digo con todo el
cariño. ¡Ya me gustaría! Repito, a mí me han votado electores de Girona
y, por tanto, no me siento representante del pueblo español sino de los
electores de mi demarcación. Si usted, de Zamora, se siente representante
de Girona, ¡bienvenido!, le pasaré la lista de todos los asuntos de
Fomento que tenemos pendientes. Ya le pasaré la lista. (Risas).


En todo caso, anunciamos nuestra abstención en esta moción, aunque
compartimos la condena por la vulneración de los derechos que
dolorosamente están sufriendo estos países, así como el sufrimiento
personal que representa tener familiares en prisión. Muchos de nosotros
somos amigos personales de algunos de los que están ingresados en prisión
y de los que están en el exilio y sabemos que esto no es una broma,
conocemos su sufrimiento personal y que un año se dice pronto pero nadie
se lo quita, con niños pequeños, con pérdida de relaciones personales y
con todo lo que altera un ingreso en prisión o un exilio.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna; egun on,
senatari jaun-andreok.


Señorías, la verdad es que a nosotros nos ha resultado extraño que
discutamos sobre esto en el Pleno y en estos términos, máxime si tenemos
en cuenta que en la mañana del pasado día 6, que fue cuando se presentó
la interpelación, se celebró la comparecencia del señor ministro y
hubiera sido el momento adecuado para interpelar y obtener respuestas.
Además, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del día 31 discutimos
prácticamente los mismos puntos y se aprobaron todos. Por eso, solamente
podemos entender lo que está sucediendo aquí, senador García Carnero, en
clave interna, que es una clave que nosotros respetamos como cualquier
otra. Sin embargo, como tenemos invitados —a quienes saludo también
desde aquí—, quiero dejar clara cuál será la postura del Grupo
Vasco en este tema. En relación con la delegación para visitar Nicaragua
nosotros votaremos que sí, seguimos pensando que sí y entendemos que debe
ser la Mesa la que decida sí o no porque es la que gobierna esta Cámara.
Por lo que respecta a exigir que cualquier proceso de solución política
en Venezuela se inicie con la liberación inmediata de los presos
políticos, nosotros nos retrotraemos a aquello que decidimos en esta
Cámara en mayo de 2017, en relación con una iniciativa precisamente del
senador García Carnero, del Grupo Popular. Nos quedamos con aquel texto y
votamos que sí.


Sobre sumarse a la denuncia de Chile, Colombia, Argentina,
etcétera ante la Corte Penal Internacional el día 31, votamos que sí, y
nos seguimos ratificando en nuestro voto.


En cuanto a desvincularse de la mediación que está llevando a cabo
el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del día 31
el Grupo Popular retiró una moción para su reprobación; en cambio, el
Grupo Socialista presentó una moción pidiendo respeto a las actuaciones
del señor Rodríguez Zapatero. Nosotros dijimos en aquel momento que había
que respetar a todos los actores internacionales que estaban trabajando
en Venezuela, incluyendo al senador Gil, al senador García Carnero y al
señor Anasagasti, que las pasaron canutas cuando fueron allí. Repito, a
todos, pero entendemos también que lo que estaba haciendo ahora el señor
Rodríguez Zapatero era contraproducente y estaba solo sirviendo a los
intereses del régimen bolivariano, y más después de la actitud que
mantuvo cuando el señor Albán se cayó por la ventana y se mató o le
mataron —como queramos decirlo—, al decir que era más
importante esperar a que llegara el informe del fiscal venezolano que
hacer una investigación independiente. Por lo tanto, también hemos
cuestionado al señor Rodríguez Zapatero.


En cuanto al último punto, relativo a que el presidente del
Gobierno solicite en su próxima visita oficial a Cuba la libertad de
Eduardo Cardet, que puede ser el único punto nuevo, también estamos de
acuerdo. Por lo tanto, solo podemos leer esta moción en clave interna, y
eso nos parece muy bien, pero no vamos a entrar.


Respetamos que los grupos políticos mayoritarios decidan cómo
quieren trabajar, pero también queremos que se nos respete a nosotros
cuando decidimos no entrar en estas polémicas, a pesar de haber dicho que
sí a todo lo que hoy se está discutiendo, porque nos parece que es hacer
un flaco favor al objetivo que estamos persiguiendo, que está bien
definido en la moción que aprobamos en 2017 y que creo que deberíamos
recuperar. Todo lo demás es dar aire, es dar vida a quienes buscan lo
contrario: perpetuar la situación, especialmente en Venezuela y también
en Nicaragua, porque esta discusión no soluciona nada. Por eso, mi grupo
parlamentario, a pesar de respetar lo que se va a hacer y dejando claro
que el Grupo Vasco siempre ha estado a favor de solucionar ese problema
político —especialmente en Venezuela, pero también ahora en
Nicaragua—, para eliminar esa dictadura sangrienta, de las de peor
estilo que ha habido en Sudamérica, nos vamos a abstener de entrar en ese
juego. Repito, nos abstenemos de entrar en este juego. Si ustedes quieren
jugar, jueguen, pero nosotros nos vamos a quedar mirando en el
graderío.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Rufà.


El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, señor presidente. Buenos días a
todos los que hoy nos acompañan.


Agradezco a Dionisio sus palabras y recojo las flores, pero no las
voy a poner en ningún jarrón porque estoy de acuerdo con mi grupo. Les
voy a relatar nuestra posición.


Ens ha sobtat un cop més la presentació d’una esmena on
s’anomenen varis països independents, repeteixo, independents del
continent americà: Nicaragua, Cuba, Veneçuela i de la relació que ha de
tenir l’Estat espanyol i aquesta Cambra, en assumptes externs.


És cert que si parlem d’íntegrament de Nicaragua i de la
seva situació política, al Grup d’Esquerra Republicana ens
preocupa, i molt. De la mateixa manera que ens preocupen els altres
països iberoamericans, inclòs el mateix Estat espanyol com ha dit la meva
companya i portaveu Mirella Cortès, perquè en aquest Estat espanyol també
tenim presos a la presó. Poder són presons més bones que les de Nicaragua
o Veneçuela, però també estan a la presó. Jo el convido personalment a
que m’acompanyi un dia a veure les presons catalanes i a veure els
presos polítics.


Ens preocupa per exemple també la situació a Mèxic, on actualment
hi ha més de 125 000 desapareguts, i 30 000 menors desapareguts, menors
utilitzats per les màfies i en molts casos perseguits i torturats per la
policia mexicana i per altres grups com els cartels de la droga, amb la
seva autorització, no amb la seva, sinó amb la de la policia
mexicana.


Fa pocs dies al Senat, més concretament a la Comissió
d’Afers Iberoamericans, s’aprovava una moció presentada per
el mateix Partit Popular, amb l’acceptació de 3 esmenes del grup
d’Esquerra Republicana, a la qual vàrem votar que sí, pel que fa al
grup de Nicaragua. Utilitzar aquesta moció per prendre una resolució com
una amanida d’altres propostes, desmereix l’aprovada i les
altres aprovades a la mateixa comissió.


No tenim precedents de que sis països americans formalitzin una
denuncia contra un altre Govern, pressionar la fiscalia de Veneçuela per
forçar-la a jutjar els funcionaris de l’Estat és la nova manera
d’actuar en la que volen que el Govern de Sánchez hi participi.
Nosaltres no volem que participi el Govern de Sánchez en cap conxorxa
contra cap país.


Perquè sols parlem de Veneçuela i no de la resta d’estats,
com per exemple ha dit el company Mulet, de Compromís? Perquè no toca, no
toca avui o no tocarà mai. Nosaltres estem preparats per parlar de
qualssevol tema. Tenim exemples: sols cal mirar l’informe
d’Amnistia Internacional i desgranar els punts més conflictius en
molts del països. Així, allà estan relacionats Xina, Mèxic, Colòmbia,
Turquia o Aràbia Saudí.


La situació a nosaltres sí que ens preocupa seriosament. Per això
creiem que cal realment una relació positiva que no provoqui més
enfrontaments i que aporti solucions a curt i mig termini. Ajudar als
Partits polítics, a tots els que estan en aquests països per tal que
determinin una solució pactada, juntament amb els Sindicats i els sectors
professionals. Amb el mateix sentit de respecte, amb el principi de no
intervenció i amb els processos polítics d’altres països. Per això
creiem que cal afavorir el diàleg i la mediació amb la resolució de
diferents conflictes que ens porta un cop més el Partit Popular al Senat.
Cal ajudar a la resta d’organismes nacionals si convé donat que
cada país és diferent, cada solució serà diferent. Però si en lloc de
participar amb voluntat constructiva els diferents processos, volem
imposar des de l’antiga metròpoli els que s’ha de fer, es
crearà un punt de no retorn amb les relacions entre iguals afectant
immigrants d’un costat i de l’altre. Deshumanitzant els
problemes i creant desafeccions dels governs iguals.


Per acabar, parlarem del judici que tindran els nostres presos
polítics, un judici injust, un judici manipulat. El senador Casado ja ha
tancat el grup de wasap del Partit Popular on ja deia que per darrere
estarien treballant. El cap de les clavegueres de l’Estat volia
controlar un cop més l’estament judicial, del qual nosaltres no és
el primer cop ni el segon que demanem que hi hagi una bona separació
entre els tres poders de l’Estat.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Nos ha llamado la atención, una vez más, la presentación de una
moción relativa a varios países independientes —repito,
independientes—, del continente americano, Nicaragua, Cuba y
Venezuela, y a la relación que han de mantener el Estado español y esta
Cámara en asuntos externos.


Es cierto que al Grupo Esquerra Republicana le preocupa, y mucho,
la situación política de Nicaragua, del mismo modo que nos preocupan
otros países iberoamericanos, incluido el Estado español, como ha dicho
mi compañera y portavoz Mirella Cortès, porque aquí también hay personas
en prisión. Quizá las prisiones sean mejores que las de Nicaragua o
Venezuela, pero le invito personalmente a que me acompañe un día a
visitar las prisiones catalanas y a los presos políticos.


Además, nos preocupa también la situación en México donde en la
actualidad hay más de 125 000 desaparecidos, 30 000 de ellos menores,
utilizados por las mafias y en muchos casos perseguidos y torturados por
la policía mexicana y por grupos como los cárteles de la droga, con la
autorización de la propia policía.


Hace pocos días, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del
Senado, se aprobó una moción del Partido Popular sobre Nicaragua, con
nuestro apoyo, y que aceptó 3 enmiendas de Esquerra Republicana. Sin
embargo, el hecho de utilizar esta moción para obtener una resolución,
como si fuera una ensalada de otras propuestas, desmerece la aprobación
de las presentadas en aquella misma comisión.


No existen precedentes de que seis países americanos formalicen
una denuncia contra otro Gobierno. Presionar a la fiscalía de Venezuela
para forzarla a juzgar a los funcionarios del Estado es la nueva manera
de actuar en la que quieren que el Gobierno de Sánchez participe. Sin
embargo, nosotros no queremos que el Gobierno de Sánchez participe en
ninguna de estas historias con ningún otro país.


¿Por qué hablamos solo de Venezuela y no del resto de Estados,
como ha dicho el compañero Mulet, de Compromís? Porque no toca hoy, y no
tocará nunca. Nosotros estamos preparados para hablar de cualquier tema,
y hay varios ejemplos, solo hay que revisar el informe de Amnistía
Internacional y desgranar los puntos más conflictivos en muchos de los
países. Así, allí están relacionados China, México, Colombia, Turquía o
Arabia Saudí.


La situación nos preocupa seriamente y por eso creemos necesaria
una relación positiva que no provoque más enfrentamientos y que aporte
soluciones a corto y medio plazo. Debemos ayudar a los partidos políticos
y a todos los que están en estos países para que determinen una solución
pactada junto con los sindicatos y los sectores profesionales, con
respeto al principio de no intervención y con los procesos políticos de
otros países. Pensamos que hay que favorecer el diálogo y la mediación
para resolver los conflictos que nos trae una vez más el Partido Popular
al Senado. Es necesario ayudar al resto de organismos nacionales y, dado
que cada país es distinto, cada solución será diferente. Sin embargo, si
en lugar de participar con voluntad constructiva en los diferentes
procesos queremos imponer desde la antigua metrópoli lo que se ha de
hacer, se creará un punto de no retorno en las relaciones entre iguales,
afectando a migrantes de un lado y del otro, deshumanizando los problemas
y creando desafecciones entre gobiernos iguales.


Para terminar, les hablaré del juicio que tendrán nuestros presos
políticos, un juicio injusto y manipulado. El señor Casado ha cerrado el
grupo de wasap del Grupo Popular donde se decía que estarían trabajando
desde detrás. La cabeza de las cloacas del Estado quería controlar de
nuevo el estamento judicial y, por ello, no es la primera ni la segunda
vez que pedimos una buena separación entre los tres poderes del
Estado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Quetglas.


La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.


Señorías, una vez más, el Partido Popular intenta traernos una
moción sobre Venezuela, esta vez intentado meter en el mismo saco un
acuerdo de la Comisión Iberoamericana sobre Nicaragua; y añaden
Venezuela, Zapatero y Cuba. Los hits del verano, señorías del PP, todos
mezclados y sin un hilo conductor entre ellos, intentando hacernos ver
como lo mismo problemáticas totalmente diferentes de países y contextos
nacionales que nada tienen que ver entre sí.


La voluntad de meter cizaña, de crispar y tensionar, de disparar
al aire, como si fueran forajidos que entran en una taberna del lejano
oeste, es su forma habitual de afrontar un tema tan delicado como América
Latina. Ustedes, señorías, son incapaces de tener una posición
constructiva sobre problemáticas muy serias —sí, muy serias—,
y se lo toman a broma con sus politiqueos de siempre. Usaron Venezuela
como arma arrojadiza contra las fuerzas del cambio, y ahora quieren usar
Venezuela para atacar a Zapatero; un comodín repetido que únicamente
afianza la falta de rumbo que tiene su partido y la ausencia de
propuestas reales para no solucionar absolutamente nada.


Venezuela lleva varios años inmersa en una profunda crisis
económica fruto de la bajada de los precios del crudo y de las
hostilidades internacionales. Únicamente durante los últimos meses se ha
podido notar una leve mejoría, pero la situación sigue siendo
preocupante. ¿Y qué han hecho ustedes para solucionar la crisis económica
venezolana? Se lo voy a decir: instigar a las instancias internacionales
a impulsar en el seno de la Unión Europea más sanciones contra Venezuela.
¿Así es como quieren ustedes arreglar la crisis: con más sanciones, que
al final paga el pueblo venezolano? Irresponsabilidad, cinismo y crueldad
por electoralismo. (Rumores).


En esta moción se les ha vuelto ocurrir sacar el comodín de Cuba.
Hacía mucho tiempo que no hablábamos de Cuba. ¡Qué pena! Ya no pueden
hablar de Castro ni de castrismo, ya que, como ustedes saben, ni Fidel
Castro, ya fallecido, ni Raúl Castro, retirado, ostentan la presidencia
de Cuba. (Rumores).


¿Saben ustedes acaso...


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Quetglas.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Continúe.


La señora QUETGLAS QUESADA: ¿Saben ustedes acaso el nombre del
actual presidente de Cuba? ¿Saben cómo fue escogido? Les echaré una mano:
Miguel Díaz-Canel, escogido tras las elecciones del 11 de marzo en la
Asamblea del Poder Popular de Cuba. (Rumores). Se atreven a hablar de
presos políticos. Miren, señorías del Partido Popular, son ustedes los
únicos que han metido a políticos presos; lo hicieron el año pasado:
Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras. (Rumores.—
Aplausos). Basta ya de hipocresía y cinismo. Defiendan primero aquí lo
que pretenden defender allí.


Sin embargo, lo más importante es seguir caminando hacia la
normalidad y el diálogo. Zapatero ha sido en este sentido un
intermediario reconocido en Venezuela por ambas partes, trabajando por el
diálogo y la paz. Su problema, señorías del PP, es que no saben lo que es
el diálogo. Les pasó en Cataluña, les pasa con Nicaragua y también les
pasa con Venezuela. (Rumores). Para ustedes, que tienen escasa
sensibilidad democrática, solo valen imposiciones, solo valen los 155,
los golpes parlamentarios, como el de Temer en Brasil, o directamente la
intervención militar, como en el año 2003 en Irak.


Ustedes son un peligro y unos irresponsables, incapaces de
trabajar por el diálogo, la paz y la democracia. Solo quieren imponerse
por la fuerza. (Rumores). Estén a la altura del mandato
diplomático...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora QUETGLAS QUESADA: Estén a la altura del mandato
diplomático institucional. Pónganse a trabajar por la paz, el diálogo y
el reconocimiento mutuo y dejen de incendiar y de utilizar las
problemáticas externas para hacer política interna.


España no puede permitirse un Partido Popular tan desleal y
violento. Cambien el tono y empiecen a ser un poquito más serios y
rigurosos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora QUETGLAS QUESADA: Quiero acabar con un pensamiento de
Sócrates: el secreto del cambio es enfocar la energía en la construcción
de lo nuevo, no en la lucha contra lo viejo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Lemus.


El señor LEMUS RUBIALES: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención mostrando todo el apoyo del Grupo
Socialista al ministro Borrell tras haber sido escupido en el Congreso de
los Diputados por un parlamentario de Esquerra Republicana.
(Aplausos.— Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana). No sé qué le molesta a la senadora. Como bien ha
dicho el señor Borrell, al Parlamento se viene a dialogar y a debatir, no
a escupir.


Señorías, qué oportunidad hemos perdido para mostrar al pueblo
nicaragüense la solidaridad del pueblo español en la situación tan dura
por la que están atravesando. Insto al señor senador del Grupo Popular y
a otros senadores y senadoras que han intervenido hoy aquí a que en un
futuro no muy lejano podamos traer una iniciativa de apoyo consensuada
con el pueblo nicaragüense. Es lo que ellos están esperando: una posición
consensuada y conjunta del pueblo español, pueblo al que respetan y
admiran. Por eso, señoría, no traigan aquí iniciativas como la que han
traído hoy, que lo único que buscan es un protagonismo unilateral del
Grupo Popular.


Nicaragua, como bien ha dicho el señor Borrell en comisión y en
varias declaraciones, se puede convertir en una dictadura olvidada, y si
no redoblamos la presión internacional esa dictadura se consolidará. El
ministro Borrell alertó de que no hay otro camino que el del bloqueo
internacional para mostrar a esta dictadura que no debe haber otro camino
que el de la democracia y el respeto por la libertad. Por ello, es
fundamental que redoblemos nuestros esfuerzos en conseguir una posición
cohesionada en la Unión Europea antes de hacer ninguna acción unilateral,
como pretenden hoy ustedes. Confío en las buenas intenciones de su visita
a Nicaragua, pero no en el resultado de ellas. En cambio, sí confiaría en
que, en el marco de la Parlamento Europeo, fuéramos capaces de conseguir
una postura firme y sólida, que a buen seguro ayudaría a que la situación
cambiara.


Tras siete meses de protesta, han muerto más de 500 personas como
consecuencia de la represión policial en Nicaragua. Esta dramática cifra
es suficiente para comprobar que Nicaragua ha pasado de ser un Estado
democrático a ser un Estado represivo y dictatorial. Por ello, les insto
de nuevo, señorías, a que en esta Cámara podamos tener una posición
común. No empecemos la casa por el tejado. Redoblemos nuestros esfuerzos
para que la Unión Europea, primero, y la comunidad internacional,
después, eleven al máximo la presión para poder reconducir la situación
en Nicaragua.


En el caso de Venezuela hay un antes y un después. La legítima
Asamblea Nacional venezolana aprobó el pasado 13 de noviembre un acuerdo
para impulsar una solución política a la crisis nacional con el respaldo
de la comunidad internacional. Dicho acuerdo pone de manifiesto la unidad
de toda la oposición venezolana y, sobre todo, marca una hoja de ruta que
pasa por la negociación política. Dicho acuerdo resalta —cito
literalmente— que una solución política hará posible la
construcción, sin venganza ni persecución, de un Gobierno de paz y
reconciliación nacional para iniciar la trasformación económica y social
de Venezuela.


Ese acuerdo debe servir de guía en la toma de posiciones de la
comunidad internacional sobre Venezuela. La escalada de manifestaciones
de políticos latinoamericanos sugiriendo una intervención militar como
única solución debe ser descartada de pleno. La oposición venezolana lo
descarta en su acuerdo y aboga por todo lo contrario, por el diálogo. Y
no tengan ninguna duda, señorías, de que el Gobierno español va a seguir
mostrando un firme rechazo a la represión del Gobierno del señor Maduro,
pero no le pidan más de lo que hizo el Gobierno del señor Rajoy.


Quiero citar al señor Zapatero. El señor Zapatero, en la Cumbre
Iberoamericana del 2007, llegó a decir: Quiero expresar, señor Chávez,
que el expresidente Aznar fue elegido por los españoles, y exijo un
respeto. Don José Luis Rodríguez Zapatero es un firme defensor del
diálogo y el consenso, fue impulsor de la Alianza de Civilizaciones, e
impulsó tantas iniciativas como fueron necesarias para buscar el consenso
entre las partes encontradas allí donde había un conflicto. Dejen en paz
al señor Zapatero. Ha sido un presidente del Gobierno decente y
dialogante, ha redoblado sus esfuerzos para encontrar una solución
consensuada y pactada en Venezuela. Y es cierto que la oposición a
Nicolás Maduro lo ha criticado, pero cuando una mediación fracasa, no
solo fracasa el mediador, también fracasan la paz y la libertad.


Señorías, quiero acabar instándoles —lo vuelvo a
repetir— a que en un futuro traigamos una iniciativa consensuada
para poder mostrar nuestro apoyo al pueblo de Nicaragua.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lemus.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero, en esta última intervención, saludar la presencia en la
tribuna de representantes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Perú y
de algunos otros países (Aplausos), que han hecho un largo viaje para
venir a España y volver de manera inmediata a sus países, porque lo que
estamos aquí debatiendo es crucial para el desarrollo de su vida diaria,
de la suya y de la de los ciudadanos a los que representan. Por eso,
senador Cazalis, es importante tratar este asunto en el Pleno; es
importante, no solo en la comisión, sino también en el Pleno, para que
haya un pronunciamiento y una votación.


También quiero sumarme a la condena por la actitud que se acaba de
producir en la Cámara del Congreso respecto del ministro Borrell. Yo
discrepo del ministro Borrell en muchas cosas, también en esta que
estamos debatiendo, pero no tolero que a un ministro de España, a un
representante de España, ni aunque sea de Esquerra Republicana, le escupa
nadie, le insulte nadie (Aplausos.— Protestas.— La señora
Cortès Gès pide la palabra). Porque, señorías, aunque a ustedes no les
guste, cada uno de los que somos elegidos representamos a todo el pueblo
español. Eso no es cuestión de sentimientos, es cuestión de Constitución.
Por lo tanto, si alguien no se siente legitimado para cumplir con la
función que asumió constitucionalmente, ya sabe lo que tiene que hacer:
renunciar a ello, que esto no es obligatorio. (Aplausos).


Y voy a centrarme en los planteamientos que ha hecho el portavoz
del Grupo Socialista, al que antes no le pude contestar. Le diré algo:
creo que usted es un senador de reciente incorporación, es la primera vez
que le escucho hablar de temas iberoamericanos, y ha leído un discurso
bien construido, pero desconocedor de la realidad. ¿Cómo puede decir
usted aquí que por qué no planteamos estas iniciativas con el Gobierno
del PP? Esta es la número 64 que presenta el Grupo Popular; la última, a
la que ha hecho alusión hace un ratito el senador Cazalis, de abril
de 2017, en que todavía gobernaba el Partido Popular. Así que infórmese
bien antes de decir ese tipo de cosas.


Hoy aquí, más allá de los discursos, lo que se va a ver con los
votos es la posición de cada uno. Aquí hay que posicionarse; para eso son
las mociones, para que quede claro el posicionamiento. ¿Están o no de
acuerdo con que una delegación de senadores vaya a intentar ver a los
presos en Nicaragua? Pues hay que votar sí, no, o abstenerse. Y ahí, más
allá de discursos, se va a ver la posición de cada uno. Y es verdad: son
treinta y dos los años que lleva sin viajar un presidente a Cuba. Es
verdad. En cuanto a los sesenta —que usted me corregía—,
¿sabe lo que son? Los sesenta años de dictadura cubana. Esos son los
sesenta. Por lo tanto, habrá que manifestarse con el voto, diciendo sí,
no, o absteniéndose, si queremos que el presidente del Gobierno, cuando
vaya a visitar al presidente de Cuba, le exija —le exija— que
el líder de la oposición, que está injusta e ilegalmente detenido, sea
puesto en libertad.






Y de la misma manera vamos a votar si queremos o no
queremos que España se sume a la denuncia ante la Corte Penal
Internacional contra los dirigentes venezolanos —que no el pueblo
de Venezuela— que están acusados de graves crímenes de lesa
humanidad.


Y respecto de Zapatero, ya le he dicho que retiramos la
reprobación para que no pueda ver en ello ningún insulto. Lo que queremos
es que nos desvinculemos de sus actuaciones, porque, aun en el caso de
suponerle buena voluntad, señoría, que no crea que es poca cosa, aun en
ese caso, se ha demostrado absolutamente ineficiente.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.


Porque en los tres años en los que él lleva gestionando se han
producido el doble de detenciones, hay el doble de presos políticos y la
situación económica, social y humanitaria es mucho peor. Por lo menos,
reconozca conmigo que su actuación, como poco, ha sido inútil.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor GARCÍA CARNERO: Así que, señorías, mi agradecimiento a
los grupos que han manifestado que van a votar a favor. Y, con el voto,
dentro de un minuto vamos a saber la posición real de cada uno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.


Llamen a votación.


Senadora Cortès, ¿había pedido la palabra?


La señora CORTÈS GÈS: Gracias, presidente.


He pedido la palabra por alusiones del senador del Partido
Socialista y del senador del Partido Popular, porque suben al estrado
insultando y diciendo que han... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías. Guarden
silencio.


La señora CORTÈS GÈS: Primero escuchen. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.


La señora CORTÈS GÈS: Primero escuchen. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès, eso me corresponde a
mí.


¿Qué quería usted decir?


La señora CORTÈS GÈS: Quiero pedir a los dos senadores de los dos
grupos que retiren sus palabras por su falso discurso. Porque lo que han
dicho aquí no es cierto. Porque...


El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès.


La señora CORTÈS GÈS: ... nadie ha escupido al ministro Borrell,
nadie. Mentira.


El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès, perdóneme. El contenido de
la moción que se acaba de debatir no tiene nada que ver con lo que usted
está diciendo. (Rumores).


La señora CORTÈS GÈS: ¿No? ¿Pues por qué nos lo dicen? ¿Por qué
nos lo dicen a nosotros?


El señor PRESIDENTE: Senadora Cortès, no tiene usted la
palabra.


Muchas gracias. (Aplausos).


Cierren las puertas. (Pausa).


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del
senador Crisol, que ha sido aceptada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235;
votos emitidos, 235; a favor, 140; en contra, 82; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRÁMITES
PARA REFORMAR LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.


662/000136

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se le han presentado tres
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa de
los senadores Mulet y Navarrete, y otra por iniciativa de la senadora
Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—, y una del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Rumores).


Señorías, guarden silencio y abandonen el hemiciclo con rapidez.
(Pausa).


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Martínez Arcas.


El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en las últimas semanas la izquierda ha venido
reprochando a este grupo parlamentario una actitud muy crítica con el
Gobierno de la nación, pero es la posición que nos corresponde porque
somos el principal partido de la oposición y es nuestro cometido
constitucional de control al Gobierno. Pero sobre todo es consecuencia de
la deriva descontrolada que lleva el Gobierno del señor Sánchez.


Señorías, con esta moción, como tantas otras veces, aunque ustedes
no lo quieran reconocer, venimos a esta Cámara para proponer la solución
definitiva a un problema, en este caso, al impuesto sobre actos jurídicos
documentados, al impuesto sobre las hipotecas, para que, si el Gobierno
sigue nuestros planteamientos, el cliente no lo tenga que pagar nunca, ni
directa ni indirectamente. Tras la polémica generada en las últimas
semanas con las distintas resoluciones del Tribunal Supremo en relación
con este impuesto, nos gustaría que quedasen claros una serie de
planteamientos políticos del Partido Popular.


Conviene recordar que este impuesto, en su actual configuración,
fue creado por un Gobierno socialista, por el Gobierno del señor Sánchez.
Se trata de un impuesto cedido en su gestión a las comunidades autónomas,
y son estas las que establecen el tipo impositivo, que oscila en una
horquilla entre el 0,5 % y el 1,5 %. Casualmente, todas las comunidades
del Partido Socialista tienen el tipo impositivo en el 1,5 %, salvo
Baleares y Asturias, que no llegan por tres décimas. Y casualmente
también, las comunidades que aplican el tipo mínimo son del Partido
Popular, en este caso, Madrid y La Rioja. Casualmente, el Partido
Socialista y Podemos, en Aragón, en el año 2015 decidieron subir este
impuesto un 50 %. Y casualmente también, Susana Díaz, candidata a la
Junta de Andalucía, decidió hace pocos años incrementar el impuesto sobre
actos jurídicos documentados a los clientes un 25 %.


Sin embargo, los padres de la criatura y los que han estado
alimentándolo con subidas continuas, con un nuevo bandazo a los que,
lamentablemente, ya nos tienen acostumbrados, ahora adoptan una medida
populista y deciden por decretazo que, formalmente, los clientes no sean
los que paguen el impuesto. Y se quedan tan tranquilos. Lo cierto es que
la jurisprudencia del Supremo llevaba ya veinte años estableciendo que
eran los clientes los que debían pagar el impuesto, y ustedes en esos
veinte años han estado mucho tiempo gobernando y no hemos visto ni una
sola medida, ni una sola acción para intentar evitar que eso pasara. No
solo eso, sino que, como he dicho antes, hacían exactamente lo contrario:
subir el impuesto a los clientes allá donde gobernaban. Y ahora, de la
noche a la mañana, la izquierda se pone a la cabeza de la manifestación
y, en una nueva operación de maquillaje del viajero Sánchez, se saca de
la chistera un decretazo y establece que el impuesto, formalmente, lo
debe pagar el banco, como si el banco no lo fuera a repercutir sobre el
cliente. ¿Qué se piensan ustedes? ¿Piensan que los bancos se han
convertido también en ONG de la noche a la mañana y van a dejar de ganar
esos 1000 millones de euros que supone, aproximadamente, la recaudación
de este impuesto anual? Obviamente, los bancos lo van a repercutir en los
clientes a través de comisiones, a través de incrementos en los tipos de
interés o a través de otros subproductos financieros. Pedro Sánchez
vuelve a recurrir al real decreto para que sean los bancos los que paguen
formalmente este impuesto, pero u saben perfectamente que al final lo va
a pagar el comprador de la vivienda. Y yo, señorías del PSOE, les hago
una pregunta muy concreta: ¿cómo piensa el Gobierno garantizar, como
viene diciendo, que los bancos no van a repercutir finalmente el impuesto
al adquirente de la vivienda, al ciudadano?


Me voy a detener un segundo, porque merece la pena, en la forma:
de nuevo el decreto ley, de nuevo el decretazo, de nuevo su debilidad
parlamentaria sale a escena, de nuevo su incapacidad democrática hace que
tengan que utilizar el real decreto para legislar. Porque ustedes, a
diferencia de otros gobiernos, utilizan el real decreto absolutamente
para todo: para lo urgente y para lo que no es urgente, para lo que es
relevante y para lo que no es relevante, para lo que es constitucional y
para lo que no es constitucional.


En la exposición de motivos de este real decreto ustedes son
capaces de contradecirse hasta en dos ocasiones. Por un lado, con el fin
de justificar la necesidad del real decreto, dicen que es palmaria la
importancia cualitativa y cuantitativa que tienen las hipotecas en
nuestro tráfico mercantil; y cuatro párrafos después, en esa misma
exposición de motivos, para justificar que no tendría que ser de reserva
legislativa dicen que la modificación parcial no repercute sensiblemente
en el criterio de reparto entre los contribuyentes. Es decir, en la misma
exposición de motivos dicen que tiene una importancia manifiesta, pero,
cuatro párrafos más adelante, dicen que solo un poquito. Es una cosa y la
contraria, como hacen habitualmente, pero en este caso, además, en la
misma norma. Se superan ustedes cada día.


En contrapartida, el Partido Popular impulsa medidas a favor de la
seguridad jurídica y la defensa del consumidor. Nuestro proyecto se basa
en defender la libertad individual, la seguridad jurídica y la propiedad
de los españoles. El PP apuesta por suprimir este impuesto para la
adquisición de la primera vivienda. Es un impuesto que no tiene sentido.
Somos el país de Europa con mayor gravamen y mayor presión fiscal sobre
las hipotecas. No solamente gravamos el principal, sino los tipos de
interés y los demás gastos derivados de la constitución de la hipoteca.
Tenemos el tipo impositivo más elevado, y es un impuesto que entre los
países de nuestro entorno solo existe en Italia, Francia y Portugal.
Países como Inglaterra, Alemania, Holanda o incluso Grecia no tienen el
impuesto sobre actos jurídicos documentados. La eliminación, además, no
supondría un elevado coste para las arcas del Estado.


Señorías, la recaudación tributaria prevista para este año, 2018,
del conjunto de administraciones públicas superará el récord
absoluto: 200 000 millones de euros. Y la estimación que hacen los
técnicos de Hacienda sobre lo que supondría esta pérdida de recaudación
en las comunidades autónomas está en torno a 1000 millones de euros. La
propia ministra de Hacienda diría que 1000 millones de euros no es una
cantidad relevante —si no, que se lo pregunten a chiqui, a ver qué
opina—. (Aplausos).


La previsión de incremento de la recaudación tributaria en 2018 es
de aproximadamente 8000 millones de euros, y la propia previsión de
incremento de recaudación que establece el Gobierno de España para el
año 2019 es de un 5,9 %, esto es, 12 000 millones de euros adicionales.
¿Piensan ustedes que con esos 20 000 millones de euros extras no hay
margen para compensar los 1000 millones que dejarían de recaudar las
comunidades autónomas si el impuesto fuera suprimido? Pero ¿saben lo que
realmente hay de trasfondo en toda esta estratagema del señor Sánchez? Lo
que hay de trasfondo es una dejadez de funciones manifiesta en cuanto a
atender la reforma del sistema de financiación de las comunidades
autónomas. Eso es lo que hay de trasfondo. Por eso, el señor Sánchez, al
que le entra auténtico pánico al hablar de la posible reforma del sistema
de financiación autonómica —y mucho más antes de unas elecciones
como las que habrá en mayo por el posible riesgo de pérdida de votos que
supondría abrir ese melón—, decide: hago que parezca que lo pagan
los bancos, las comunidades autónomas no pierden la recaudación, y dentro
de tres años ya vendrá otro a arreglar este desaguisado que acabo de
generar. La política habitual del Partido Socialista.


Señorías, para que el sistema hipotecario español siga funcionando
de forma eficiente es imprescindible contar con la máxima seguridad
jurídica y económica. Esa fue la razón por la que el Gobierno de Mariano
Rajoy en noviembre de 2017 impulsó y presentó en las Cortes el proyecto
de ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario. En ese ámbito es
donde nosotros tomamos la iniciativa para garantizar los derechos de los
clientes, creando un régimen específico de protección con nuevas normas
de transparencia y de conducta para las entidades prestamistas. Aquí
tienen, por tanto —y vuelvo al origen de mi intervención—,
dos medidas concretas y realistas para resolver problemas. En primer
lugar, la norma que establece un régimen seguro para la defensa de los
intereses del cliente, que impulsó el Gobierno de Rajoy, y en segundo
lugar, la que propone la supresión del impuesto como única forma certera
de que no lo pague el cliente. Todo lo demás, señorías, son juegos de
trileros.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el senador Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Senador Arcas, ya sé que usted no va a
aceptar la enmienda de sustitución que hemos propuesto en Ciudadanos, y
no tanto porque sea buena o mala, sino porque estamos a una semana escasa
de unas elecciones en una comunidad autónoma y eso les desequilibra.


Quería empezar con una cuestión de lo que podríamos llamar
meramente una corrección técnica. El concepto de primera vivienda en la
normativa fiscal no existe, es la vivienda habitual o no es la vivienda
habitual. Yo les pediría que en esa medida corrijamos ese elemento
técnico que en sí mismo no es una enmienda.


No es razonable que el Estado compense más a aquellas comunidades
autónomas que más han subido los impuestos, que en el fondo es lo que
plantea la moción que ustedes presentan hoy. Por eso, nosotros estamos
planteando una cuota fija en todas las comunidades autónomas, lo que
supondría, en la mayoría, una reducción importante del impuesto y
mantendría un equilibrio entre todas las comunidades autónomas.


Nosotros estamos a favor de la bajada de determinados impuestos,
pero no de eliminar el impuesto si no se acaba con el gasto superfluo,
con las duplicidades que existen. Y no estamos de acuerdo porque nosotros
sí creemos en la estabilidad presupuestaria y dudo que la argumentación
que usted ha dado nos permita mantenernos dentro de la estabilidad
presupuestaria.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.


Senador Navarrete, tiene la palabra.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Senyories, des de Compromís hem presentat una esmena de
substitució als dos punts originals de la seva moció, que diu el següent:
Mantenir la redacció actual de la Llei 32/1980, del 21 de juny, de
l’impost de transmissions patrimonials i d’actes jurídics
documentats, amb les seues modificacions posteriors, ja que estan
previstes les exempcions per als préstecs en garantia hipotecària i
perquè qualsevol canvi aniria en contra de la política econòmica de les
comunitats autònomes que estan infrafinançades, ja que es troben immerses
en limitacions pressupostàries i en contra dels principis
d’equitat, conveniència i redistribució.


Per què l’hem presentada? Des de la polèmica sentència del
Tribunal Suprem, del 7 de novembre, en què deia que els préstecs en
garantia hipotecària és el prestatari el subjecte passiu —en sentit
contrari d’una sentència anterior—, creant una gran
indignació social amb dubtes sobre la separació de dels poders i la
independència judicial, provoca la reacció de Govern Central fent el
Reial Decret Llei 17/2018, de 8 de novembre, que ve a dir, bàsicament,
«que el sujeto pasivo adquiriente del bien, y en su defecto las personas
que soliciten los documentos notariales, serán considerados sujetos
pasivos. Cuando se trate de escrituras de préstamo de garantía
hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista». En la redacció
d’aquest reial decret, segons la nostra opinió, el subjecte passiu
d’aquestes operacions queda bastant clar i, per tant, considerem
que no crea inseguretat jurídica, com diu l’exposició de motius de
la moció.


Dos, la sol·licitud d’una quota variable, que siga zero, per
part del Partit Popular, pretén l’exempció en aquests supòsits, que
fa impossible que es realitze. Per tant, considerem que es realitza la
imposició però s’eximeix del pagament, per tant, cal plantejar-se
els motius pels quals es plantegen les exempcions, com diu la llei, cal
analitzar els motius de la seva implantació i els motius són: per
equitat, que es contribueixi en funció de la seva capacitat econòmica;
per conveniència, en considerar que l’aplicació d’aquest
impost en determinats supòsits no s’aplique, o tres, per qüestions
de política econòmica. Des de Compromís ens sembla oportú establir que
cap d’eixos tres aspectes justifiquen esta exempció i, per tant, no
hi estem d’acord.


Tot i que la moció planteja una compensació per part de
l’Estat a les comunitats autònomes, des del País Valencià tenim un
problema greu d’ingressos transferits per part de l’Estat i
no de despesa. Per tant, atès que sembla que a curt termini no anem a
tindre un nou sistema de finançament autonòmic, creiem que des del País
Valencià, no cap que es canvie la política fiscal que comportaria una
pèrdua d’ingressos. Atès el disseny i l’execució
d’aquesta política en concret, que és concretament del Consell, el
sistema contributiu que està basat en igualtat, capacitat econòmica i
progressivitat, considerem que no toca canviar esta disposició i, per
tant, demanem que accepten la nostra esmena, que va en el sentit
contrari, que sóc conscient que segurament diran que no.


Gràcies, senyor president.


Señorías, en Compromís hemos presentado una enmienda de
sustitución a los dos puntos originales de su moción que dice lo
siguiente: Mantener la redacción actual de la Ley 32/1980, de 21 de
junio, del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos
documentados con sus modificaciones posteriores, ya que están previstas
las exenciones de los préstamos con garantía hipotecaria y porque
cualquier cambio iría en contra de la política económica de las
comunidades autónomas infrafinanciadas, que se encuentran inmersas en
limitaciones presupuestarias, y en contra de los principios de equidad,
competencia y redistribución.


¿Por qué la hemos presentado? Porque la polémica sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de noviembre decía que en los préstamos con
garantía hipotecaria es el prestatario el sujeto pasivo —en sentido
contrario a una sentencia anterior—, creando una gran indignación
social y dudas sobre la separación de poderes y la independencia
judicial, lo cual provoca la reacción del Gobierno central y la
aprobación del Real Decreto Ley 17/2018, de 8 de noviembre, que viene a
decir, básicamente, que «el sujeto pasivo adquiriente del bien, y en su
defecto las personas que soliciten los documentos notariales, serán
considerados sujetos pasivos. Cuando se trate de escrituras de préstamo
de garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista.» En
la redacción de este real decreto, según nuestra opinión, el sujeto
pasivo de estas operaciones queda bastante claro y, por tanto, entendemos
que no crea inseguridad jurídica, como dice la exposición de motivos de
la moción.


Por otra parte, la solicitud que hace el Grupo Popular para que la
cuota variable sea cero pretende la exención de estos supuestos, y este
hecho hace imposible que se realice la imposición, se exime el pago. Hay
que plantear lo motivos por los que se concede la exención, como dice la
ley. Los motivos son tres: por equidad, que se contribuya en función de
su capacidad económica; por conveniencia, considerar que no se aplique
este impuesto en determinados supuestos, y por cuestiones de política
económica. En Compromís no nos parece oportuno establecer ninguno de
estos tres aspectos. Por tanto, no estamos de acuerdo.


Aunque la moción plantea una compensación por parte del Estado a
las comunidades autónomas, en el País Valencià tenemos un problema grave
de ingresos transferidos por el Estado y no de gasto. Como parece que a
corto plazo no tendremos un nuevo sistema de financiación autonómico,
pensamos que en el País Valencià no cabe que se cambie la política
fiscal, pues comportaría una pérdida de ingresos. El diseño y ejecución
de esta política concreta corresponde al Consell y, con un sistema
contributivo basado en principios de igualdad y progresividad, creemos
que no toca cambiar esta disposición. Por tanto, pedimos que acepten
nuestra enmienda, que va en sentido contrario, aunque somos conscientes
de que seguramente dirán que no.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


Empezaré la intervención marcando un poco el contexto. El
pasado 16 de octubre, el Tribunal Supremo sentenció que el impuesto sobre
actos jurídicos documentados, el famoso impuesto sobre las hipotecas,
debía recaer sobre los bancos y no sobre quienes pedían un préstamo. Al
día siguiente, los principales bancos de la Bolsa española registraron
importantes pérdidas: Bankia, Caixa Bank, Bankinter, Sabadell y el BBVA.
El 6 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo decidió, en una decisión sin precedentes, echar marcha atrás, por
un estrecho margen de 15 votos a 13; una decisión muy polémica que ha
generado un enorme malestar social en España y que ha dejado en
entredicho al Tribunal Supremo. A raíz de ello, el Gobierno del Partido
Socialista ha aprobado un real decreto ley que establece que el impuesto
de las hipotecas recaerá a partir de ahora sobre los bancos, aunque es
cierto que tiene importantes defectos y que el Gobierno se ha negado a
tomar medidas que posibiliten la retroactividad.


¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? El Partido Popular lo
que está defendiendo, en realidad, es cargarse este impuesto. Su
propuesta es que se suspenda el pago del impuesto sobre actos jurídicos
documentados. Hay que recordar que el Partido Popular ha estado los
últimos siete años en el Gobierno —parece que se le olvida, señor
Martínez Arcas— y hubiese podido suspender ese impuesto que recaía
sobre las y los ciudadanos, pero no lo hizo. Y ahora, cuando son los
bancos los que tiene que pagarlo, resulta que al Partido Popular le corre
prisa por suspenderlo. De nuevo, el Partido Popular se pone al servicio
de los bancos y enfrente de los intereses de las y los ciudadanos de este
país.


Además, hay que valorar el impacto que esto tendría sobre las
comunidades autónomas. La propuesta del Partido Popular daña directamente
a las comunidades autónomas, que son quienes reciben los ingresos de ese
impuesto y quienes se encargan del grueso del gasto social en España. Es
una propuesta, por tanto, recentralizadora, que ataca los principios de
autonomía y de suficiencia financiera establecidos en la Constitución. A
ustedes, que llevan varios meses en esta Cámara sin parar de hablar de
otro territorio que no sea Cataluña, de repente les ha entrado el ansia
por hablar de Andalucía. Bueno, pues usemos Andalucía como ejemplo.
Andalucía recauda por el impuesto de actos jurídicos documentados
unos 417 millones de euros al año. ¿Saben lo que supondría eliminar este
impuesto? Supondría, por ejemplo, borrar de un plumazo las políticas de
viviendas, que representan en Andalucía 254 millones de euros, y todavía
les quedaría margen para eliminar, entera, la Consejería de Cultura o la
Consejería de Turismo; elijan la que más rabia les dé y vayan a
explicárselo ustedes a los andaluces ahora en campaña electoral.


Su propuesta de suprimir el impuesto sobre actos jurídicos
documentados es, en realidad, un incentivo fiscal a la vivienda en
propiedad. Esto no es nuevo. Durante la época del aznarato, el Partido
Popular introdujo incentivos fiscales a la vivienda en propiedad mientras
eliminaba los que existían para el alquiler. De hecho, ustedes, en la
exposición de motivos, se vanaglorian del modelo inmobiliario español en
el que aproximadamente un 80 % del parque de viviendas principales es en
propiedad. A ustedes eso les parecerá el colmo del progreso, pero, en
realidad, en países como Alemania, Francia, Austria o Suiza, el
porcentaje de viviendas en alquiler es muchísimo mayor que en España. Y
al contrario, ¿saben cuáles son los países europeos con un mayor
porcentaje de viviendas en propiedad? Pues son Rumanía y Macedonia.


Para superar los problemas del modelo inmobiliario español, las
políticas públicas en España deberían dirigirse, entre otras cosas, a
reforzar el parque público de vivienda en régimen de alquiler. Para eso
hacen falta recursos, ingresos fiscales.


Señor Martínez Arcas, es realmente vergonzoso que ustedes estén
tratando de suprimir un impuesto a pesar del daño que puedan ocasionar a
las comunidades autónomas, a los servicios públicos, y a pesar de que
refuerzan los problemas endémicos del modelo inmobiliario español. El
Partido Popular, que es el partido que le regaló 60 000 millones del
dinero de todos a los bancos...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Sí, señor presidente.


El partido que nos ha atacado ferozmente por querer crear un
impuesto sobre las transacciones financieras ahora también se opone a que
los bancos paguen el impuesto sobre los actos jurídicos documentados. A
cada nueva ocasión comprobamos que el Partido Popular se comporta como un
lobby de los bancos.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Y las instituciones no están para eso. Los
banqueros ya tienen el dinero y la influencia para conseguir casi
cualquier cosa, y las instituciones deberían ser, como decía un compañero
nuestro, el lobby del 99 %. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Tiene la palabra el senador Martínez Arcas para indicar si acepta
o no las enmiendas.


El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.


Este es el turno de enmiendas, señor Martínez. Entiendo que, como
no ha defendido las suyas, estas probablemente decaen, ¿no? En cualquier
caso, por si las mantiene registradas, le adelanto que votaremos que no.
Votamos que no porque entendemos que no es necesario buscar mecanismos
que garanticen que el banco no repercuta el impuesto sobre el cliente si
lo que pretendemos es suprimir el impuesto.


En relación con la posibilidad de establecer mecanismos legales
que permitan a los clientes que hayan abonado el impuesto recuperarlo con
efectos retroactivos, le diré que es de dudosa legalidad. Y no lo digo
yo, lo dijo la ministra de Hacienda la semana pasada, cuando en la sesión
de control contestó a una pregunta de una diputada del Grupo Podemos. Y
en relación con la oportunidad de que las administraciones sigan pagando
el impuesto, también he de decirle que, desde el momento en que nosotros
proponemos su supresión, no tiene sentido que mantenga esa enmienda. En
cualquier caso, en el turno de portavoces le daré réplica adecuada a
todas las inoportunas declaraciones que ha hecho en su intervención.


En cuanto a Compromís, quiero decirles que parece evidente que lo
que a ustedes les preocupa exclusivamente es la financiación de las
comunidades autónomas, por la infrafinanciación que parece ser que sufre
la Comunidad Valenciana. Ahí nos van a encontrar, señores de Compromís.
En la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y
en dotar a Valencia con la financiación que le corresponde, nos van a
encontrar.


Pero yo le sugiero que dé un pasito más: que deje de apoyar al
Gobierno socialista en la Comunidad Valenciana, que es el partido que
está inhabilitando y bloqueando la reforma del sistema de financiación
autonómica. Háganlo por coherencia. Si ustedes creen, como nosotros, que
es absolutamente imprescindible reformar el sistema de financiación de
las comunidades autónomas, no parece razonable que sigan gobernando con
el Partido Socialista en Valencia y, por tanto, consolidando el vigente
modelo.


Por último, quiero decirle a Ciudadanos que no siempre se puede
quedar bien con todo el mundo. No siempre se puede nadar y guardar la
ropa. Ustedes plantean una enmienda como siempre: ni negro ni blanco,
sino gris. Esto es muy sencillo, señores de Ciudadanos: o están a favor
del impuesto o están en contra; o ustedes están a favor de que los
ciudadanos sigan pagando el impuesto de manera indirecta o están a favor
de que no lo paguen los ciudadanos. Aquí no caben grises: o sí o no,
señores de Ciudadanos. No pueden seguir con esa equidistancia y ese
discurso de buenismo, se tienen que retratar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.


Estaba convencido de que el señor Martínez Arcas no iba a aceptar
nuestra enmienda, de hecho ya lo dije en la exposición de la propia
enmienda. No obstante, quiero decirle que no mantenemos equidistancia
entre una cosa y otra, sino que estamos intentando —ese ha sido
nuestro compromiso— reducir los impuestos en la medida de lo
posible sin generar un desgavell, un destrozo en el conjunto de los
presupuestos de las administraciones públicas. Pero ustedes no han
querido entrar en el fondo, no han querido establecer una cuota para
todas las comunidades y siguen dejando al albur... (El señor Martínez
Arcas: Cero.). Sí, ya sé que ustedes quieren la cuota cero, pero eso,
hoy, no es posible. ¡Ya nos gustaría a nosotros también! En todo caso, no
se debe permitir que cada comunidad autónoma decida el porcentaje y haya,
por tanto, españoles de primera y españoles de segunda.


A pesar de esto, votaremos afirmativamente la moción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.


Senador Navarrete, tiene la palabra.


El señor NAVARRETE PLA: Des de la Generalitat Valenciana
considerem que no es pot permetre el luxe de perdre aquest tribut, no ens
podem arriscar a veure com s’executa una compensació per part del
Govern Central, i ens preguntem què passaria si no hi hagués acord en la
manera de compensar aquests ingressos, ni en la quantia, ni en els
termes, ni en els terminis? Què passaria, llavors, en aquest impost?
Mentre no tenim l’impost i ens quedem sense compensació, què
passaria? Quina és la resposta per part del Partit Popular? Per això,
pensem que no es pot fer d’esta manera i no s’ha de començar
la casa per la teulada, s’ha de fer a l’inrevés, comencem per
intentar estudiar com es faria la compensació i després parlem-ne.


Per altra part, senyors del PP, em sorprenen, demanen que exigim
al Govern Central allò del sistema de finançament autonòmic, on estaven
vostès en els últims set anys? No ho sé, pregunten pels últims sis mesos
del govern del Partit Socialista, preguntem-nos pels últims set anys del
govern del Partit Popular. On estaven vostès, quan tenien majories, per a
canviar el sistema de finançament autonòmic? On estaven? M’ho
pregunto.


Gràcies, senyor president.


Muchas gracias, señor presidente.


En la Generalitat Valenciana pensamos que no nos podemos permitir
el lujo de perder este tributo y que no podemos esperar a lo que nos dé
el Gobierno central. ¿Qué pasaría si no hubiera acuerdo sobre la manera
de compensar estos ingresos, ni en cuanto a la cantidad ni en los plazos?
¿Qué pasaría? Mientras no tuviéramos el impuesto ni una compensación,
¿qué pasaría? ¿Cuál es la respuesta del Partido Popular? Por eso pensamos
que no se puede hacer de esta manera, que no se puede empezar la casa por
el tejado. Se tiene que hacer al revés: empezar viendo cómo se hace la
compensación, y después ya hablaremos.


Por otro lado, señores del PP, me sorprenden. Piden ustedes que
exijamos al Gobierno central el sistema de financiación autonómica, pero
¿dónde estaban ustedes los últimos siete años? Ahora preguntan por los
últimos meses de Gobierno socialista, pero pregúntense por los últimos
siete años de Gobierno del Partido Popular, cuando tenían mayoría para
cambiar el sistema de financiación autonómica. ¿Dónde estaban? Me lo
pregunto.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarrete.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, todos los medios de comunicación titularon durante los
últimos días que el Tribunal Supremo daba la razón a los bancos y que el
impuesto de actos jurídicos documentados lo seguirían pagando los
ciudadanos. El castillo de naipes elaborado por los millones de españoles
en su cabeza, que ya veían cómo recuperaban los euros abonados, se
derrumbó de un plumazo. En pocas horas, el Gobierno de Sánchez, acudiendo
a la propaganda, la demagogia y el recurso fácil, aprobó un real decreto
en sentido contrario, obligando a los bancos a pagar el impuesto.


¿Recuerdan sus señorías los geniales diálogos de Groucho Marx? Hay
uno que nos viene como anillo al dedo: No se preocupe, que no le voy a
cobrar 10 dólares, se los voy a cobrar a otro para que él se los cobre a
usted.


El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentado es un impuesto estatal de naturaleza indirecta que está
cedido a las comunidades autónomas y que sujeta a gravamen, entre otros,
la constitución de préstamos hipotecarios. Todo el lío que se ha
organizado proviene de la redacción del artículo 29 de la ley, que
termina diciendo: ...o a aquellos en cuyo interés se expida. El ciudadano
de a pie dice: yo no necesito que mi hipoteca se eleve a escritura
pública, es el banco que me presta el dinero el que tendrá que
hacerlo.


Si realmente queremos que no recaiga sobre el contribuyente este
discutido impuesto lo que hay que hacer es suprimir el impuesto, y si no
se suprime, generar una exención o, en todo caso, una bonificación. Para
Foro no caben concesiones simplistas y electoralistas a corto plazo, el
mejor camino para avanzar hacia la prosperidad de la ciudadanía y el
crecimiento de la riqueza es la drástica reducción de todas las figuras
impositivas y una legislación tributaria que proporcione certidumbre y
seguridad a todos los obligados tributarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Senador Yanguas, tiene la palabra.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En Navarra tenemos asumidas competencias propias en materia
impositiva, pero es que hoy en la Comunidad Foral el impuesto de actos
jurídicos documentados lo están pagando los navarros, mientras que en el
resto, después del decreto ley, lo pagan los bancos. Esta es una realidad
que está ocurriendo hoy en la Comunidad Foral. Porque el Gobierno de
Navarra, tan rápido y veloz para hacer ondear las ikurriñas o imponer el
euskera para acceder al empleo público, en este tema del impuesto de
actos jurídicos documentados parece que no tiene tanta prisa. Ahora van a
presentar un proyecto de ley foral que Unión del Pueblo Navarro va a
enmendar; es una enmienda que pide lo mismo que la moción del Grupo
Popular, que en la vivienda habitual haya una exención del impuesto. Ya
nos ha dicho el cuatripartito en Navarra que la va rechazar, pese a que
algunos de los socios están a favor de ella.


Por todo ello, en UPN votaremos que sí a esta moción, a ver si se
toma ejemplo en la Comunidad Foral de Navarra y dejan de pagar los
ciudadanos, o sea, que en la vivienda habitual la cuota variable sea
cero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


Senadora Castilla, tiene la palabra.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.


La moción que nos ocupa trae causa, como ya han dicho varios
compañeros, de la sentencia del Tribunal Supremo que señaló que el banco
no pagaba. Con posterioridad, el actual Gobierno dicta un real decreto
ley en el que señala que el banco paga, pero conviene dar una breve
explicación sobre las consecuencias de este real decreto.


Antes del real decreto, una persona que no tenía necesidad de
pedir un préstamo con garantía hipotecaria, por ejemplo, de 200 000
euros, no pagaba actos jurídicos documentados y, por tanto, el coste era
cero. Sin embargo, cuando una persona —es el caso de la mayor parte
de la población en España— necesitaba un préstamo con garantía
hipotecaria —vamos a poner que sea con responsabilidad de 300 000
euros— tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados
por importe de 4500 euros. Esto era antes del real decreto. Después del
real decreto, la persona sin necesidad de pedir el préstamo hipotecario
sigue en la misma situación, sin pagar actos jurídicos documentados, pero
—y aquí está el problema— cuando la persona tiene necesidad
de pedir ese crédito —vamos a poner el mismo importe, 300 000 euros
de responsabilidad hipotecaria— paga el banco y luego repercute al
cliente 4500 euros.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CASTILLA HERRERA:






Disculpe un momentito,
presidente.


Pero como ahora, tras el real decreto, el acto jurídico
documentado no tiene la consideración de deducible en el impuesto sobre
sociedades, el banco le repercute al cliente 1350 euros. En conclusión,
pagamos 1350 euros más; en total, 5850 euros.


La finalidad que se pretende con esta moción es buena: que la
cuota variable sea cero en la primera vivienda. La que perderá será la
Administración, pero ya veremos después cómo arreglamos. Es verdad que
tanto el espíritu de la moción como del real decreto son buenos, son
compatibles jurídicamente, pero debería mejorarse la técnica
jurídica.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora CASTILLA HERRERA: Esperemos que sea así, para atender
realmente la verdadera finalidad que ambos documentos persiguen. Así lo
entendemos y, por tanto, la Agrupación Socialista Gomera va a votar a
favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


Por Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador
Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.


Bé, davant d’aquesta moció sobre aquest impost anomenat
sobre les hipoteques, jo vull recordar que el Partit Popular només fa 5
mesos estava al Govern. I mentre qui pagava era el consumidor, qui
demanava el crèdit, al Partit Popular ja li va semblar bé, mai no va fer
cap canvi. Ara que, finalment, després de tot el que ha passat amb el
Tribunal Suprem a qui li tocarà és al banc, el partit que va rescatar els
bancs ara també els vol rescatar de que no paguin aquest impost. I per
tant nosaltres això no ho veiem bé per aquesta qüestió, però també per
una altra.


On està l’autogovern de les anomenades comunitats autònomes
si no poden decidir sobre els impostes que gestiones? Si des de
l’Estat, des del Senat, des del Congrés, anem dient a les
comunitats autònomes ara et traiem aquest impost. Hi ha d’haver
capacitat de regular els impostos des de les comunitats autònomes,
perquè, si no, digui’m la veritat: el sistema autonòmic és una gran
enganyifa, i aquesta moció ho demostra. El que vostès volen, en
definitiva, és dir, mira, aquest impost el trec, i aquest el poso i, en
aquest cas, com ara li tocarà pagar als bancs que són els amics del
partit popular, doncs que no paguin, de cap manera.


I després, clar, escoltar al portaveu del Grup Popular parlant del
sistema del finançament autonòmic dient «aquí ens trobaran»... Escolti,
portem 5 anys que s’havia de modificar el sistema de finançament
autonòmic. Hi ha comunitats, com la comunitat valenciana que l’han
cedit, o comunitats com Catalunya que estan infrafinançades i a més a més
amb un dèficit fiscal enorme; doncs això és inaguantable. Que vostès ara
vinguin a dir «aquí ens trobaran» amb la modificació del sistema de
finançament... doncs vostès van tenir cinc anys per fer-lo, per
pactar-lo, i no ho van voler fer.


Per tant, nosaltres votarem que no, per què? Perquè creiem en
l’autogovern i hi creiem tant que per Catalunya volem la
independència i, a més a més, perquè creiem que vostès, una vegada més,
tenen un compromís que no és amb la ciutadania sinó que amb els poderosos
i els banquers.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


Ante esta moción relativa al llamado impuesto sobre las hipotecas,
quiero recordar que tan solo hace cinco meses el Partido Popular estaba
en el Gobierno. Cuando quien pagaba era el consumidor, quien pedía el
crédito, al Partido Popular le parecía bien, nunca introdujo ningún
cambio. Ahora que finalmente, después de todo lo sucedido con el Tribunal
Supremo, a quien le tocará pagar es al banco, el partido que rescató a
los bancos también quiere rescatarlos para que no paguen este impuesto.
Esto no lo vemos bien, por esta cuestión y por otra.


¿Dónde está el autogobierno de las llamadas comunidades autónomas,
si no pueden decidir sobre los impuestos que gestionan? Si desde el
Estado, el Congreso y el Senado se anuncia que ahora se va a sacar este
impuesto, las comunidades autónomas han de tener capacidad para su
regulación. Si no, digan ustedes la verdad: que el sistema autonómico es
un gran engaño, y esta moción lo demuestra. Lo que ustedes quieren, en
definitiva, es quitar o poner un impuesto, y en este caso como toca pagar
a los bancos, que son los amigos del Partido Popular, no quieren que lo
paguen.


El portavoz del Grupo Popular se ha referido al sistema de
financiación autonómico y ha dicho: Aquí nos encontrarán. Señorías,
llevamos cinco años en los que este sistema debería haberse modificado;
hay comunidades, como la valenciana, que lo ha cedido, o como Cataluña,
que está infrafinanciada y, además, con un déficit fiscal enorme. Eso es
inaguantable. Que ahora digan ustedes: aquí nos encontrarán, refiriéndose
a la modificación del sistema de financiación, no tiene sentido. Ustedes
tuvieron cinco años para pactar y no quisieron hacerlo.


Por tanto, mi grupo votará en contra porque creemos en el
autogobierno, tanto que queremos la independencia para Cataluña. Pero,
además, pensamos que ustedes, una vez más, no se han comprometido con la
ciudadanía sino con los poderosos y los banqueros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Gràcies, bon dia.


Senadors, senadores, abans d’entrar a valorar directament la
moció, dir-los que l’han presentada sense valoració econòmica, i
aquí em sembla a mi que estem parlant de bastants milions d’euros.
He consultat el Reglament del Senat i l’article 175.2 diu que les
mocions que es refereixen a l’apartat D de l’article 174
haurien de presentar-se acompanyats d’una valoració econòmica, del
cost econòmic. No entenc perquè els serveis de la Cambra, els serveis del
Senat ha admès a tràmit aquesta moció a debat si vostès no presenten la
valoració. Almenys des del grup d’Esquerra Republicana, cada vegada
que presentem una moció ens demanen la valoració econòmica. No sé perquè
la Mesa del Senat ha deixat debatre aquesta moció, però, en fi, una
més.


Dit això, senyors del Partit Popular, el que venen a fer aquí és a
salvar els seus amiguets, els amiguets dels bancs i no a parlar de
seguretat jurídica, i el que diria, el que diríem des d’Esquerra
Republicana, és la que provoca la justícia espanyola, el Tribunal Suprem
quan falla a favor d’una decisió un dia, rep una trucada
l’endemà i canvia el seu parer. Per tant, no ens vinguin a vendre
seguretat jurídica perquè el qui genera inseguretat jurídica és
precisament la justícia espanyola.


També es parlava en el torn inicial de la garantia dels drets dels
clients. Jo insisteixo una vegada més. Vostès no estan intentant garantir
els drets dels clients; vostès estan intentant garantir els drets dels
bancs, de les grans corporacions i els seus consells
d’administració. Sí, sí, senador del Partit Popular. Insisteixo:
l’Estat funciona a trucades. Si no, per què el Suprem va canviar la
seva decisió? Perquè va rebre una trucada de les grans corporacions, dels
gran bancs i, som-hi, tornem a revisar una decisió que es va allargar més
d’un dia, en fi... Si això, per a vostès és funcionament normal i
ordinari del sistema judicial, per a nosaltres no ho és.


Nosaltres no entrarem en el fons de la qüestió, però deixi’m
dir-li unes quantes xifres. Vostès sap quin va ser el benefici dels bancs
l’any 2017? El benefici net dels bancs
l’any 2017? 13900 milions d’euros. Vostè sap el que hagués
costat pagar l’impost en base a aquest benefici per tots els bancs?
Menys de 15 dies. I vostès sap que hagués costat pagar aquest impost amb
una retroactivitat de 4 anys? Un mes i mig d’aquests beneficis
nets. Però és que, a dia d’avui, els beneficis nets dels bancs en
el que portem d’any ja superen aquest 14000 milions d’euros.
Per tant, no entenem ben bé que estan intentant dir-nos si els bancs
efectivament ja generen un benefici econòmic any rere any malgrat que
vostès els van regalar un rescat d’or. Per tant, la conclusió és
que aquí el Partit Popular ve a portar-nos una moció d’aquelles
dels amics salvant els amics i no fent cas o no estan al costat de la
ciutadania. Nosaltres intentem ser-hi cada dia, vostès segueixen al
costat de les grans corporacions.


I acabo amb una qüestió de la que no hem pogut parlar en el torn
d’al·lusions; el Partit Socialista i el Partit Popular parlaven de
solidaritzar-se o demanaven solidaritat amb el ministre Borrell per haver
rebut una escopinada al Congrés dels Diputats; jo el que diria és que és
una autèntica vergonya que un ministri del govern espanyol menteixi
descaradament sense donar cap mena de prova d’un fet, acusant un
altre diputat honorable que fa la seva tasca.


Moltes gràcies. (Aplaudiments)


Gracias, señor presidente.


Buenos días. Senadores, senadoras, antes de entrar a valorar esta
moción, quiero decir que la han presentado sin coste económico. Y estamos
hablando de bastantes millones de euros. He consultado el Reglamento del
Senado y en su artículo 175.2 dice que las mociones relacionadas con el
apartado d) del artículo 174 deberán ir acompañadas de una valoración
económica. Por tanto, no entiendo por qué la Mesa del Senado ha admitido
a trámite esta moción. A Esquerra Republicana, cuando ha presentado algo
similar, siempre le han pedido una valoración económica. Por tanto,
repito, no sé por qué en este caso sí la han admitido a trámite.


Dicho esto, lo que hace el Partido Popular es salvar a sus amigos,
los bancos, y no hablar de seguridad jurídica; de hecho, Esquerra
Republicana considera que la inseguridad jurídica la provoca la justicia
española, cuando el Tribunal Supremo falla a favor de una decisión un
día, al día siguiente recibe una llamada y cambia de parecer. Por tanto,
no vengan aquí hoy a vendernos seguridad jurídica porque precisamente la
que genera inseguridad jurídica es la justicia española.


En el anterior turno se hablaba también de garantías para los
clientes y, una vez más, insisto: ustedes no están intentando garantizar
los derechos de los clientes, están intentando garantizar los derechos de
los bancos, de las grandes corporaciones, de los consejos de
administración, etcétera. Sí, senador del Partido Popular, el Estado
funciona con llamadas. ¿Por qué cambió de decisión el Supremo? Porque
recibió una llamada de las grandes corporaciones, de los grandes bancos,
que provocó que se revisara una decisión, cuya resolución se alargó más
de un día. En fin, si para ustedes este es un funcionamiento normal del
sistema judicial, para nosotros no.


No vamos a entrar en el fondo de la cuestión, pero permítame dar
algunas cifras. ¿Sabe usted cuál es el beneficio neto de los bancos en el
año 2017? Pues 13 900 millones de euros. ¿Sabe usted cuánto tiempo habría
costado pagar el impuesto sobre la base de este beneficio para todos los
bancos? Menos de quince días. ¿Sabe qué hubiera costado pagar este
impuesto con la retroactividad de cuatro años? Mes y medio de estos
beneficios netos. Pero es que, a día de hoy, en lo que llevamos de este
año, los beneficios netos de los bancos superan ya los 14 000 millones de
euros. Por consiguiente, no entendemos demasiado bien qué es lo que está
intentando decirnos si los bancos ya generan, de hecho, un beneficio
económico, año tras año, a pesar de que ustedes les regalaron un rescate
de oro. La conclusión es, pues, que el Partido Popular presenta una
moción para salvar a los amigos, y no están al lado de los ciudadanos;
nosotros intentamos estar al lado de la ciudadanía cada día mientras
ustedes están al lado de las corporaciones.


Finalizo con lo que no he podido decir en el turno por alusiones.
El Partido Socialista y el Partido Popular han pedido que nos
solidaricemos con el ministro Borrell por haber recibido un escupitajo.
Yo les digo que lo que no es posible es que mienta descaradamente, sin
dar ninguna prueba de un hecho, acusando a otro diputado honorable que
hace su trabajo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


Quiero responder a algunos de los argumentos que se han puesto
encima de la mesa. En primer lugar, con respecto a la inseguridad
jurídica provocada por el real decreto ley del Gobierno. Como ya se ha
dicho, lo que en realidad generó inseguridad jurídica fue la última
sentencia del Tribunal Supremo, el cual se desdecía de lo que había dicho
hace tan solo unos días por el impacto que su sentencia había tenido
sobre los bancos. En nuestra opinión, el real decreto ley del Gobierno se
queda a medias porque en él no se exploran las vías para aplicar la
retroactividad. La semana pasada compareció aquí, en el Senado, la
secretaria de Estado de Hacienda, y negó que eso fuera posible. Pues
bien, ayer mismo, se publicaba que un juzgado de Málaga ha aplicado la
retroactividad sobre la base del real decreto ley del Gobierno. El
Partido Popular propone eliminar el impuesto sobre actos jurídicos
documentados ahora que afecta a los bancos. Hubieran tenido la
posibilidad —de hecho, lo llevaban en su programa electoral—
de eliminarlo durante esos años de gobierno, y no lo hicieron. Cuando
recaía sobre los ciudadanos, no quisieron eliminar el impuesto, y ahora
que recae sobre los bancos, sí. Eso significa que ustedes se ponen al
servicio de los bancos y en contra de las y de los ciudadanos de este
país y perjudican a las comunidades autónomas.


La reforma del sistema de financiación autonómica, como ya se ha
dicho, se lleva aplazando desde hace años; lo ha aplazado el PSOE, que se
niega a abordar la reforma durante esta legislatura, pero es que el
Partido Popular lo hizo durante años. Además, no sabemos en qué quedará
la reforma del sistema de financiación autonómica. Usted dice: bueno,
suprimamos el impuesto sobre actos jurídicos documentados y ya se
compensará en la reforma de la financiación autonómica. Pero no nos
otorga ninguna seguridad que esto vaya a ser realmente así. Lo que sí que
es seguro es que si se llevara a efecto lo que ustedes proponen, las
comunidades autónomas tendrían muchos menos recursos para llevar a cabo
sus políticas públicas esenciales en materia de sanidad, educación o
vivienda. Lo que ustedes proponen en realidad, como les decía antes,
sigue una senda de continuidad de lo que ya se hizo en la época del
Gobierno de Aznar, que es generar incentivos fiscales directos e
indirectos a la vivienda en propiedad, cuando deberíamos estar
potenciando políticas públicas para reforzar el alquiler.


El Partido Popular se pone al servicio de los bancos, en contra de
los intereses de las y de los ciudadanos de este país, en contra de todas
aquellas familias que han pedido una hipoteca y que tienen que cargar con
este impuesto injustamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


Señores del PP, ya sabemos que siempre se ponen al lado de los
bancos, siempre. Lo que no podíamos ni imaginar es que lo hicieran tan
descaradamente como lo hacen con esta moción y tan explícitamente como
vamos a ver ahora, aunque los antecedentes les delatan. Fueron los únicos
en oponerse en 2014 a una proposición de ley que presentó nuestro grupo
en el Congreso para regular la cláusula suelo en los préstamos
hipotecarios —a favor de los ciudadanos y no a favor de los
bancos—; todos la apoyaron menos ustedes. Igualmente se quedaron
solos rechazando numerosas iniciativas en el Congreso sobre la dación de
pago, que pretendían beneficiar al ciudadano frente a la banca. Es su
historia, su historia está escrita en los Diarios de Sesiones. Hasta el
último momento pensé que la retirarían. En la exposición de motivos hacen
un relato de toda la normativa legal que apoya este impuesto, pero se
olvidan de la última, del Real Decreto-ley de 8 de noviembre.


Lo que ustedes nos piden —entiendo el marrón— son dos
cosas fundamentalmente: que suprimamos el impuesto de actos jurídicos
documentados ahora que lo paga la banca, desde el 9 de noviembre, y que
las comunidades autónomas sean compensadas por la Administración General
del Estado, por todos los ciudadanos. Pues muy bien. Eso es lo que
ustedes piden en su moción. Precisamente ahora, cuando un Gobierno ha
legislado para que sea la banca quien lo pague después de una sentencia
polémica del Supremo, que se contradijo a sí mismo, creando la alarma
social que se creó, es cuando ustedes salen en defensa de la banca, como
han hecho siempre, y no se preocuparon cuando eran los ciudadanos los que
lo tenían que pagar. Pero no solamente no lo hicieron, sino que ustedes,
en comunidades tan poco significativas como Galicia, Castilla y León o
Murcia, lo subieron al 1,5 %, cuando los ciudadanos lo pagaban. Ahora,
como lo pagan los bancos, vamos a quitárselo a nuestros amigos. Hombre,
hay que recordar que el anterior Gobierno del Partido Popular salió raudo
a rescatar a los bancos con más de 60 000 millones de euros, de los
cuales se nos dijo entonces —recuerden al señor Rajoy— que
los españoles no pagarían ni un céntimo, que lo recuperarían todo. Pues
no se ha recuperado casi nada, señor Martínez.


El principal argumento para defender esta moción, con el que
ustedes nos quieren convencer, es que al final serán los contribuyentes
los que lo paguen; que los bancos, que no son ONG, como usted ha dicho
—y yo comparto—, lo repercutirán a los contribuyentes. Eso es
falso, totalmente falso, y seguir pensando en eso es reaccionario, y se
lo voy a demostrar. Le voy a decir por qué. Hay importantes entidades
financieras que ya han dicho que no lo van a repercutir, como, por
ejemplo, Bankia y otras más. Es más, al final, la competencia del mercado
—parece mentira que yo le tenga que hablar del mercado— será
la que regulará los precios de las hipotecas. No hay forma de controlar
la competencia, pero hay un órgano regulador actualmente en vigor que
puede hacerlo y hay otro que se va a crear de forma inmediata
específicamente para controlar que no haya abusos en el incumplimiento
del real decreto por las entidades financieras.


Señor Martínez, el artículo 101 del Tratado de Lisboa regulaba que
no se podían llegar a pactos en contra de la competencia, en contra de
los clientes. Afortunadamente, los consumidores cada vez tienen más
poder, las organizaciones cada vez pintan más. Por lo tanto, es una
falsedad que, al final, sean los contribuyentes quienes lo paguen, como
ya se demostró anteriormente.


Hablan siempre de que su máxima es bajar los impuestos, pero
cuando están en la oposición, porque cuando gobiernan, los suben más
del 60 %. Pero, señorías, de lo que estamos hablando al final es del
modelo de sociedad, del modelo fiscal que queremos. El modelo fiscal del
Partido Popular es el que hasta ahora han demostrado: el 38 %. España es
el cuarto país por la cola que menos gasto social tiene. Además, nosotros
queremos estar con Alemania, con Italia, con Francia, con Portugal, y
ustedes nos quieren poner con Bulgaria, con Rumanía, y peor será cuando
puedan hacer lo que el otro día decía el señor Casado en Helsinki, cuando
supriman los impuestos —todos estos: actos jurídicos, donaciones,
sucesiones— y bajen el IRPF y el de sociedades. ¿Alguien da más?
Con eso no seríamos el cuarto país por la cola en gasto público de
Europa, con eso nos pondríamos sencillamente los últimos, en la cola del
Estado del bienestar de los países de nuestro entorno. A eso quieren
llevarnos y nosotros nos oponemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martínez Arcas.


El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, escuchando a los portavoces de la izquierda, la radical
y la que se está radicalizando, llegamos a la conclusión de que ustedes
realmente toman a los españoles por necios. Eso es lo que les pasa a
ustedes, tienen la habilidad de dar a entender que están resolviendo un
problema adoptando una medida. Dicen ustedes que los impuestos sobre las
hipotecas los va a pagar la banca, y nosotros les decimos que están
haciendo trampas. ¡Es lo que están haciendo, trampas! (Aplausos). Ustedes
pretenden que nos creamos que en un libre mercado como el actual la banca
va a perder sin rechistar más de 1000 millones de euros al año sin
repercutir, a través de comisiones, del tipo de interés o de otros
subproductos financieros, en el cliente esos 1000 millones de euros.


Desconocía el dato, lo ha dado el señor Martínez, la banca tiene
unos ingresos, unos beneficios netos de 13 000 millones, es decir, que
aproximadamente ustedes le están pidiendo a la banca que renuncie a en
torno a un 15 % anual de beneficio porque ustedes lo digan, señor
Vázquez, porque ustedes lo digan.


Señorías de Podemos y del PSOE, dicen que no se podría afrontar o
que supondría un grave problema para las comunidades autónomas esta
pérdida de recaudación. Lo he dicho antes, ustedes van a tener, en el
Gobierno del señor Sánchez, en torno a 20 000 millones de mayor
recaudación en el ejercicio 2019. Con esos 20 000 millones de mayor
recaudación ¿no son ustedes capaces de afrontar una reforma del sistema
de financiación de comunidades autónomas y de poder compensar a las
comunidades autónomas por esa pérdida de recursos? Yo estoy convencido de
que sí, de que, aunque no quieran, lo pueden hacer.


Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, ustedes lo fían
todo a dos cuestiones. Una, a la autoridad de defensa del cliente
hipotecario, una institución que procuró crear el Gobierno del Partido
Popular en noviembre del 2017, que tenía que estar ya creada en julio
de 2018 y que la dejadez del Gobierno del señor Sánchez no ha permitido
que se haya creado todavía. ¿Y a ese instrumento es al que ustedes aluden
para proteger a los clientes? En segundo lugar, a la buena fe de los
bancos —a la buena fe de los bancos dijo el otro día el señor
Sánchez—, a que no implementen cláusulas abusivas. ¿Eso qué
significa? Que los 300 000 hipotecados anuales que hay en este país se
van a tener que ir otra vez a los tribunales para demostrar que ha habido
una cláusula abusiva, que la ha implementado el banco, para recuperar el
impuesto que ustedes le han hecho pagar forzosamente.


Señorías, otra cuestión, en este caso al señor Martínez y también
al Partido Socialista: no estamos dispuestos a atender consejos del
Partido Socialista en materia de política social y de acceso a la
vivienda. Señorías, si en España hubo miles de españoles que dejaron de
pagar la hipoteca, fue fundamentalmente porque perdieron su puesto de
trabajo, y si perdieron su puesto de trabajo fue fundamentalmente por las
ineficaces políticas del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero
(Aplausos). Esa es la realidad. Pero es que además, vienen a inventar la
rueda, se inventan un Plan estatal de vivienda y de acceso al alquiler.
El otro día el señor Ábalos, casualmente, en dos ciudades andaluzas
—casualmente porque hay elecciones— y en otras tres capitales
de provincia, promete crear un parque de viviendas. Eso ya existe, lo
creó el señor Rajoy, se llama el Fondo social de la vivienda, y lo creo
en el año 2012 (Aplausos). El vigente Plan estatal de acceso a la
vivienda, el que están ustedes implementando pero que planificó el
Gobierno del Partido Popular, ya contempla importantes incentivos y
regímenes de ayuda para el alquiler a personas y colectivos con especial
dificultad. Y también fue el Gobierno de Rajoy el que estableció el
Código de buenas prácticas y la moratoria en las ejecuciones hipotecarias
para paliar el problema de los desahucios.


Señorías del PSOE y de la izquierda más radical, su último
ingenioso discurso es que nosotros hemos hecho esto para defender a la
banca; una nueva falacia. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso registró una proposición de ley pidiendo la
supresión del impuesto antes de que ustedes tuvieran la ocurrencia en ese
Consejo de Ministros de hace dos semanas de intentar imputárselo a la
banca. Luego nosotros, antes de que ustedes hubieran decidido que fuera
la banca la que lo pagara, ya habíamos propuesto y registrado en el
Congreso de los Diputados una proposición de ley para su supresión. Y yo
les pregunto: cuando el Tribunal Supremo empezó a fallar la devolución de
cantidades por las cláusulas suelo, ¿el Partido Popular se opuso en algún
momento o apoyó legítimamente la reivindicación de los ciudadanos? Cuando
el Tribunal Supremo empezó a fallar que los gastos de notaría y de
registro también los tenían que pagar las entidades financieras, ¿hubo
algún posicionamiento del Gobierno de la nación intentando evitar que eso
pudiera ocurrir, o se posicionó a favor de los clientes de las hipotecas
y en contra de los bancos?


Y yo le pregunto: ¿Ha habido algún otro Gobierno en la democracia
que haya establecido más requisitos y más regulación para el sector
financiero que los gobiernos del señor Rajoy? Ninguno, señor Vázquez.
Pero ustedes siguen con la falacia y con el mantra de que lo hacemos para
apoyar a los bancos.


Y quiero hacerle un último comentario. ¿Sabe quién fue la persona
que más celebró la resolución del Tribunal Supremo por la que se
establecía que la hipoteca tendría que pagarla el cliente y no la banca?
El señor Pedro Sánchez, no le quepa la menor duda. Respiró aliviado,
sabiendo que no iban a tener que devolver 5000 millones de euros a los
ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MARTÍNEZ ARCAS: Porque esa era la cuestión.


Termino, señor presidente.


Señores del PSOE, serénense, reflexionen, no gobiernen según las
mareas. Si realmente quieren aportar seguridad jurídica, si realmente
quieren que los ciudadanos no paguen impuestos, si realmente quieren que
los ciudadanos accedan a una nueva vivienda, acepten nuestra
propuesta.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor MARTÍNEZ ARCAS: Supriman el impuesto para las hipotecas.
En la voluntad de Pedro Sánchez está la solución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 236; a favor, 141; en contra, 88; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A VOLVER A ESTABLECER
EL CONTROL FINANCIERO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA CON LAS MEDIDAS
APROBADAS POR LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS
ECONÓMICOS.


662/000137

GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se le han presentado seis
enmiendas: cinco del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete, y una del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores).


Para la defensa de la moción tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, la senadora Rudi, cuando haya silencio en el
hemiciclo.


Señorías, guarden silencio y abandonen el hemiciclo en silencio.
Señoría, espere un momento.


Por favor, abandonen el hemiciclo en silencio y con rapidez.


Cuando quiera.


La señora RUDI ÚBEDA: Gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, a través de la moción
que trae esta mañana a esta sesión de Pleno del Senado, quiere instar al
Gobierno de España para que recupere el nivel de control sobre los
recursos financieros de la Generalitat de Cataluña existente desde
septiembre de 2017 a través de la Orden de la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos número 878/2017, de dicha fecha. Esa orden, que entró
en vigor tras los sucesivos incumplimientos del Gobierno de la comunidad
de Cataluña de los requisitos a los que estaba obligada tras haber
accedido al sistema de liquidez especial, la terminó aprobando el
Gobierno del señor Rajoy en septiembre de 2017. Posteriormente, con la
aprobación de esta Cámara de la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, esa orden decayó y después, una vez celebradas las
elecciones y constituido el nuevo Gobierno catalán, fue la nueva ministra
portavoz del Gobierno Sánchez quien, en su primera comparecencia pública,
aclaró que se levantaba la supervisión del Gobierno de España de las
finanzas del Gobierno catalán como gesto de normalización política con la
confianza de que funcionara bien. Estas son palabras textuales de la
ministra portavoz. Posteriormente, en esta misma Cámara, en la Comisión
de Hacienda, la ministra de Hacienda, en su comparecencia del 4 de
octubre, a preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
respondió que seguía existiendo ese control a las cuentas de la
Generalitat catalana. Sin embargo, el control que sí estaba en vigor era
el que se implantó en noviembre de 2015. La señora Montero dijo: «El
control reforzado sobre las cuentas de la Generalitat sigue vigente; el
acuerdo de 2015 sigue vigente.» En aquellos momentos, ni la ministra
portavoz ni la ministra de Hacienda hicieron diferencia entre lo que
supone el control de noviembre de 2015 y el control de la Orden, que hoy
pedimos aquí que se reinstaure, de 15 de septiembre de 2017.


Por hacerlo de manera breve y no aburrir a sus señorías, por
cuanto son términos muy técnicos, les diré que, a través de la
implantación de la Orden de noviembre de 2015, que hoy sigue vigente, el
Gobierno de España puede realizar el pago directo con cargo al Fondo de
liquidez autonómico, el FLA, de los créditos correspondientes a los
servicios públicos definidos como fundamentales en el anexo primero de
esa misma orden —por resumirlo, les diré que son sanidad, educación
y gastos sociales— y tiene un control a posteriori del resto de la
gestión de los créditos que son financiados con el Sistema general de
financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, con la orden que
estamos reclamando hoy aquí que se implante de nuevo, se conseguiría lo
que ya tuvo el Gobierno del señor Rajoy a partir de septiembre de 2017 y
es que exista un control previo sobre todos los pagos realizados por el
Gobierno catalán siempre que vayan con cargo al Fondo de liquidez
autonómico o a los pagos a cuenta del Sistema general de financiación de
las comunidades autónomas; es decir, la diferencia es sensible. El
Gobierno del señor Sánchez, con el sistema que tiene en estos momentos,
solo puede controlar el pago que se realiza con recursos provenientes del
FLA y tiene información a posteriori del destino del resto de los pagos,
que es lo importante, sin embargo, con lo que nosotros estamos
planteando, el Gobierno volvería a recuperar el control de los créditos
de la Generalidad de Cataluña, siempre que sean financiados bien con
tributos cedidos del Estado, bien por acceso al Fondo de liquidez
autonómica.


Puede que, en estos momentos, algunas de sus señorías se estén
planteando por qué el Grupo Parlamentario Popular cree que es necesario
recuperar los niveles de control. Creo que está muy claro. En primer
lugar, tras la formación del nuevo Gobierno catalán, con el presidente
Torra a la cabeza, sus primeras declaraciones fueron que querían mantener
sus objetivos de conseguir la independencia por vías ilegales, por cuanto
en España no está contemplado en la Constitución, en ningún caso, ese
acceso. Además, a lo largo de estos ya cinco meses de legislatura del
Gobierno Sánchez, hemos podido comprobar cómo los recursos de la
Generalitat de Cataluña, que son a los únicos a los que me estoy
refiriendo, provenientes bien del FLA o bien de la participación de los
tributos del Estado, se están dedicando a financiar objetivos que nada
tienen que ver con las competencias que el Estatuto de Autonomía concede
a la Comunidad Autónoma de Cataluña y exige su cumplimiento a su
Gobierno. Por poner un ejemplo, ayer mismo comparecía el consejero
Maragall para decir que antes de final de este año 2018, es decir, en un
mes, la Generalitat pretende tener abiertas 12 nuevas oficinas, 12 nuevas
embajadas —dicho entre comillas—, no solo en países europeos,
sino que está hablando de países del Mediterráneo, para seguir
posteriormente, en el año 2019, con la apertura de las mal llamadas
embajadas en Oriente. Pero es que, además, señorías, creo que son muchos
los españoles a los que se les despierta la curiosidad de saber con cargo
a qué partida se están financiando los gastos de los viajes en avión del
señor Torra para ver al señor Puigdemont, al que no sé qué calificativo
puedo aplicar. No sé si es el augur del señor Torra, no sé si es el
superior jerárquico del partido al que tiene que dar cuentas ni sé en
función de qué tipo de representatividad del señor Puigdemont en estos
momentos tienen que acudir en peregrinación los miembros del Gobierno
catalán a despachar con él. Pues bien, indudablemente esos son gastos que
no están comprendidos entre los que el Estatuto de Autonomía de Cataluña
considera como servicios que debe prestar el Gobierno catalán.


Pero es que, además, hay otro problema, y es que me atrevería a
decir que la deuda pública de Cataluña, utilizando un término que se ha
usado mucho en este tiempo atrás, y ahora, que se está hablando mucho de
los bancos, es una deuda sistémica para el resto de las comunidades
autónomas. (Protestas). Y es una deuda sistémica por dos cuestiones que
les voy a explicar muy claramente. La Comunidad de Cataluña tiene una
deuda total de algo más de 78 000 millones de euros. De esa deuda total
con el Estado, es decir, con todos los españoles, la Generalitat de
Cataluña mantiene una deuda de más de 57 000 millones, por ser exactos,
de 57 119 millones. Es decir que casi el 72 % de la deuda de Cataluña,
esa que han generado los gobiernos del tripartito y sobre todo los
gobiernos independentistas, se les debe a todos los españoles.
(Protestas.) Por eso, señorías —y no se alboroten—, la deuda
de la comunidad catalana es sistémica para el resto de las comunidades
autónomas españolas. (Aplausos).


Pero es que, ítem más, señorías, la Comunidad Autónoma de Cataluña
accedió en el año 2012 al FLA, a los sistemas especiales de liquidez que
puso en marcha el Gobierno del señor Rajoy, y no accedió por gusto
propio, accedió porque tenía cerrados los mercados, accedió porque no
podía financiar ni la sanidad, ni la educación, ni los gastos sociales,
accedió porque, si no acude el Estado en su auxilio, hubiera tenido que
cerrar las oficinas y clausurar los servicios que tiene que prestar a los
ciudadanos catalanes. Y de toda esa cantidad —solamente dos cifras
para que entiendan por qué hablo de riesgo sistémico—, el Estado ha
aportado desde el año 2012 hasta el año 2017 al conjunto de las
comunidades autónomas por los mecanismos de liquidez 189 000 millones, y
de esos 189 000 millones repartidos entre todas las comunidades, el 32 %,
es decir, 61 000 millones, lo ha disfrutado la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Indudablemente eso no es proporcional ni a su población ni a su
peso en el conjunto de España. Por tanto, señores representantes de los
partidos que sostienen al Gobierno catalán, a los que en este momento he
visto inquietos en sus escaños, creo que mis argumentos para decir que la
deuda de Cataluña con el Estado, es decir, con todos los españoles, es
sistémica tienen buen fundamento.


Pero, además, señorías, el Gobierno de la Generalitat recurrió
esta Orden del año 2017 y hace escasamente unos días, el Tribunal Supremo
ha dictado sentencia sobre el recurso planteado por la Generalitat, una
sentencia que también ha sido argumentada en el escrito de la Abogacía
del Estado en el proceso que se está sustentando ante los tribunales. Y
según dicha sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de España está
legitimado para controlar a través de la norma de 2017 las finanzas de la
Generalitat catalana por cuanto esta se está nutriendo de los fondos de
liquidez establecidos en el año 2012. Por lo tanto, señorías, señores
socialistas, puesto que la moción lo que pide es instar al Gobierno de
España, tengan en cuenta estos argumentos. La situación no es la misma
que la de primeros de junio de este año. Respecto al beneficio de la duda
que la ministra portavoz argumentaba diciendo que tenía confianza en que
funcionaria bien, creo que se ha demostrado sobradamente que esto no está
funcionando y que los recursos dedicados a financiar la Generalitat de
Cataluña nos afectan a todos los españoles.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora RUDI ÚBEDA: Termino, señor presidente.


Sobre todo son recursos que no se están dedicando a las
competencias que el estatuto de autonomía confiere a los gobernantes
catalanes, sino que se están dedicando algunos de ellos a acciones
ilegales, como es defender la independencia de España en los foros
internacionales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Rudi.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.


Este ha estat un Ple de grandes éxitos: Veneçuela, Catalunya, la
unidad de España, la defensa del castellano, els grans temes recurrents
per a la dreta, com si no tinguérem més problemes en l’Estat
espanyol. Milions d’espanyols, milions, viuen en el llindar de la
pobresa, milions de xiquets, un de cada tres, en l’Estat espanyol,
viu en llindar de la pobresa. La pobresa energètica assotarà este hivern
a milers de famílies. Milions de ciutadans de l’Estat espanyol són
considerats com a treballadors pobres, que no és que no saben com
arribaran a finals de mes, és que no saben ni com el començaran. I
vostès, a tot açò la resposta sempre és Catalunya, Catalunya, Catalunya.
Han buscat vostès mai cap solució política a Catalunya? Doncs
efectivament no perquè mentre alimenten la crispació, la divisió, el
distanciament, la bronca, no es parla ni dels problemes de la gent, ni
dels problemes del Partit Popular. El Senat esta setmana ha sigut el
focus mediàtic no per mèrits propis, sinó per demèrits d’algun
portaveu parlamentari. I la gent, segurament, estarà escoltant a vore
quines respostes donem per a dissipar els dubtes que s’han pogut
generar i la resposta sempre ha sigut Catalunya.


Parlem de les gravacions de Villarejo? La resposta, Catalunya.
Parlem que se destinaron 90 agentes para espiar a Bárcenas y rescatar
documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas o Cospedal? La resposta,
Catalunya. Parlem que los papeles de Kitchen tienen pruebas de la caja B
del Partit Popular en toda España. La resposta, Catalunya. Parlem que
controlando la Sala Segunda, desde detrás, via whatsapp, donar
explicacions, la resposta és Catalunya. Parlem que se coordinó la
operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al chófer. La
resposta sempre ha sigut Catalunya.


Per tant, a vostès els va molt bé que continue sense haver cap
tipus de solució, perquè vostès de solucions no n’aporten ni una.
Nosaltres, a esta moció oportunista, com sempre, del Partit Popular, hem
presentat esmenes. Estes esmenes sí que les han deixat passar pel filtre
de la Mesa controlada via whatsapp també, imaginem, per darrere i els
demanem com a esmena, que deixen d’utilitzar el territoris per
confrontar. Ahir vam vore com utilitzen els territoris per a crear
confrontació, ho vam vore quan parlaven vostès de la Rioja, de Navarra o
quan parlen ara de Catalunya. Els demanem que aposten per desbloquejar la
situació de crisi política que existix. Òbviament sabem que vostès
busquen justament el contrari. Els demanem que apliquen
l’article 156 de la Constitució. Si són tan constitucionalistes, no
únicament se’n recorden d’aquells que els interessen,
el 156 recorda que totes les comunitats autònomes han de tindre garantida
l’autonomia financera per a desenvolupar les tasques que tenen
conferides. A vostès això els dóna absolutament igual. De fet han sigut,
quan han estat governant, incomplidors sistemàtics d’este article
de la Constitució com d’altres. Els demanem, també, que impulsen
una reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes per al
maltractament que tenen algunes de les comunitats autònomes. Òbviament a
vostès això els dóna absolutament igual. Demanem que impulsen i ajuden al
Govern perquè es coopere i coordine en les polítiques d’eficiència
en l’Administració. També els dóna absolutament igual.


Demanem que pensen en totes les comunitats autònomes i no
únicament en aquelles que pensen que els puguen donar rèdit electoral.
Òbviament avui no hi ha hagut cap senador del Partit Popular de Catalunya
que haja pogut eixir a defensar esta postura perquè no en tenen cap. Els
dóna igual perdre Catalunya mentre vostès fan una competició a veure qui
és més refatxa per a vore i intentar ocupar tot l’espectre de la
dreta política en Espanya. La política, les institucions polítiques
haurien d’estar per a solucionar els problemes de la gent. En
teoria, ens paguen ací per a treballar per a buscar solucions. Ací
alguns, malauradament, en mocions com estes empren la política per a
perpetuar-se en el poder, siga com siga, igual que empren els gürtels,
igual que empren les institucions de manera partidista com hem vist estes
setmanes. Pot haver solució al problema polític de Catalunya? Òbviament,
tot té solució en esta vida mentre siga vida. Busca el PP una solució
política a Catalunya? Òbviament no, el que busca és soroll, embolic,
crispació, divisió i polarització. Ací estem veient estupefactes una
carrera a vore qui va més a la dreta, l’extremadreta i a la
crispació i aixina no se soluciona res. Per tant, imagine que continuaran
utilitzant el tema de Catalunya perquè no es parlen de les seues misèries
internes. És trist però és la veritat.


Gracias, señor presidente.


Este ha sido un Pleno de grandes éxitos: Venezuela, Cataluña, la
unidad de España, la defensa del castellano, los grandes temas
recurrentes para la derecha, como si no tuviéramos otros problemas en el
Estado español. Miles de españoles, miles, viven en el umbral de la
pobreza, miles de niños, uno de cada tres, en el Estado español vive en
el umbral de la pobreza. La pobreza energética azotará este invierno a
miles de familias. Millones de ciudadanos del Estado español son
considerados como trabajadores pobres y no es que no sepan cómo llegar a
final de mes, sino que no saben ni cómo empezarlo, y la respuesta de
ustedes a todo esto siempre es Cataluña, Cataluña y Cataluña. ¿Han
buscado alguna vez una solución política en Cataluña? Efectivamente no,
porque mientras alimentan la crispación, la división, el distanciamiento
y la bronca no se habla ni de los problemas de la gente ni de los
problemas del Partido Popular.


El Senado esta semana ha sido el foco mediático, y no por méritos
propios, sino por deméritos de algún portavoz parlamentario, y la gente
seguramente estará escuchando a ver qué respuestas damos para disipar las
dudas que se han podido generar, pero la respuesta siempre ha sido
Cataluña. Si hablamos de las grabaciones de Villarejo, la respuesta es
Cataluña. Si hablamos de que se destinan noventa agentes para espiar a
Bárcenas y rescatar documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas y
Cospedal, la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que los papeles de
Kitchen tienen pruebas de la caja B del Partido Popular de toda España,
la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que se controla la Sala Segunda
desde detrás, vía wasap, la respuesta es Cataluña. Si hablamos de que se
coordinó la operación para rescatar los papeles de Bárcenas sobornando al
chófer, la respuesta siempre ha sido Cataluña.


Por tanto, a ustedes les va muy bien que continúe sin haber ningún
tipo de solución, porque ustedes soluciones no aportan ni una. Nosotros a
esta moción oportunista, como siempre, del Grupo Popular, hemos
presentado enmiendas que han pasado el filtro de la Mesa, que imaginamos
que también controlan vía wasap. Les pedimos, con la enmienda, que dejen
de usar los territorios para confrontar. Ayer vimos cómo utilizaron los
territorios para crear confrontación cuando hablaban de La Rioja, de
Navarra o cuando hablan ahora de Cataluña. Les pedimos que apuesten por
desbloquear la situación de crisis política que existe. Sabemos que
buscan lo contario. Les pedimos que apliquen el artículo 156 de la
Constitución; si son tan constitucionalistas no se acuerden solo de lo
que les interesa. El 156 recuerda que todas las comunidades autónomas
tienen que tener garantizada la autonomía financiera para desarrollar sus
competencias, y a ustedes eso les da igual. Cuando han gobernado han sido
incumplidores sistemáticos de este artículo de la Constitución. Les
pedimos también que impulsen una reforma del sistema de financiación
autonómica de las comunidades autónomas para acabar con el maltrato que
se da a algunas comunidades, pero a ustedes les da exactamente igual.
Pedimos que impulsen y ayuden al Gobierno a que coopere y coordine
políticas de eficiencia en la Administración y también les da
absolutamente igual.


Asimismo, pedimos que piensen en todas las comunidades autónomas y
no únicamente en las que crean que les pueden dar crédito electoral. Hoy
aquí no ha habido ningún senador del Partido Popular de Cataluña que haya
podido salir a defender esta postura, porque no tiene ninguna. Les da
igual perder Cataluña, porque hacen una competición a ver quién es más
facha para ocupar todo el espectro de la derecha política de España. La
política y las instituciones tendrían que estar para solucionar los
problemas de la gente. En teoría, nos pagan para trabajar, para buscar
soluciones. Aquí, algunos, desgraciadamente, con mociones como esta,
utilizan la política para perpetuarse en el poder, sea como sea, igual
que utilizan la Gürtel y la instituciones de manera partidista, como
hemos visto estas semanas. ¿Puede haber solución al problema político de
Cataluña? Obviamente, todo tiene solución en esa vida mientras sea vida.
¿Busca el PP una solución política en Cataluña? Obviamente, no. Lo que
busca es ruido, lío, crispación, división y polarización. Aquí vemos
estupefactos una carrera para ver quién va más a la derecha, a la extrema
derecha y a la crispación y así no se soluciona nada. Por tanto, imagino
que continuarán utilizando el tema de Cataluña para que no se hable de
sus miserias internas. Es triste, pero es la verdad. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Sí, señor presidente.


Señorías, intervengo para argumentar la presentación de la
enmienda de sustitución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
El reconocimiento constitucional de nuestro modelo territorial, como
ustedes saben, previsto en el artículo 156 de la Constitución, prevé que
las comunidades autónomas dispongan de autonomía financiera para el
desarrollo y la ejecución de sus competencias, obviamente, en un marco de
coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los
españoles. Por otra parte, el artículo 135 de la Constitución dispone que
todas las administraciones públicas deben adecuar sus actuaciones al
principio, como ustedes saben, de estabilidad presupuestaria. El Tribunal
Constitucional, además, ha venido señalando reiteradamente desde el
año 2011 que este principio constituye ciertamente un límite
constitucional a la autonomía financiera.


Señorías, las dificultades de acceso a la financiación por parte
de las comunidades autónomas por el cierre de los mercados comportó la
creación del FLA que todos conocemos. El FLA prevé un sistema de control
reforzado en el caso de que concurran una serie de circunstancias, tales
como el incumplimiento del objetivo de estabilidad, del periodo medio de
pago a proveedores o del suministro de información. Dicho sistema
determina obligaciones adicionales de suministro de información y
posibilita, además, la retención del tramo segundo del sistema de
financiación. En aplicación de tales preceptos, la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos adoptó un conjunto de medidas para
garantizar el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, por
medio de acuerdos del 20 de noviembre de 2015 y de 15 de septiembre
de 2017. Adicionalmente, tras la publicación del acuerdo del Pleno del
Senado, por el que se aprobaron las medidas requeridas por el Gobierno al
amparo del artículo 155 de la Constitución, la comisión delegada adoptó
un nuevo acuerdo el 21 de diciembre de 2017, por el que se adoptaron
medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios
públicos fundamentales en Cataluña, en ejecución de la mencionada
resolución del Senado.


De todos estos mecanismos, tan solo resulta aplicable en las
circunstancias actuales el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos de 2015, en relación con un control específico adicional, digo
adicional al margen del que tienen todas las comunidades que están
adheridas al FLA. Según este acuerdo, la Generalitat de Cataluña viene
obligada a remitir, por ejemplo, la información correspondiente a las
facturas presentadas; viene obligada a remitir un certificado mensual
relativo a toda la información económico financiera relativa a sus
recursos comprometidos respecto del total de los presupuestados,
acompañado de otro certificado relativo al importe de los créditos
autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en el presupuesto,
gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias,
otros gastos y total de los pagos efectuados, que incluirá, además, la
constancia de la persona titular de la Intervención General de la
Generalitat, en el que se manifieste que no se han destinado gastos a
actividades ilegales.


Lo digo porque parece que esto ustedes lo han olvidado. Además,
este control específico prevé que la interventora general debe certificar
el importe de los créditos autorizados y comprometidos, las obligaciones
reconocidas, los gastos y total de pagos efectuados, así como que estos
no contravienen el ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, señorías, el
Gobierno sigue manteniendo estas medidas de control establecidas en el
mencionado acuerdo de la comisión delegada del 20 de noviembre del 2015.
Lo que no puede hacer el Gobierno es mantener la Orden Ministerial
del 15 de septiembre del 2017 del señor Montoro, por la sencilla razón de
que esta fue derogada por otra orden ministerial del propio señor Montoro
el 22 de diciembre.


Señorías, ustedes intentan trasladar la sensación de que, respecto
a las tutelas que legalmente tiene atribuidas el Estado sobre las
finanzas de las comunidades autónomas y, de manera muy particular, de
Cataluña, estos controles no existen. ¿Acaso cree usted que, desde el
momento en que se derogó esta orden ministerial que ustedes plantean
recuperar, no ha existido ese control? Esos controles han existido. En
estos momentos, la Generalitat de Cataluña tiene los controles que acabo
de explicar, que son los que prevén las disposiciones vigentes, por
cierto, adoptadas por el Gobierno del PP. El Gobierno actual no las ha
cambiado ni ha añadido ni ha eliminado ninguna, ni ha levantado nada que
no previeran normas que habían aprobado precisamente esta Cámara y el
Gobierno del Partido Popular. De ahí precisamente la enmienda de
sustitución que formulamos a su propuesta, que pensamos que, además,
contraviene de una manera muy clara el principio de autonomía financiera
de las comunidades autónomas. Usted seguramente no ha leído toda la
sentencia, a la que hacía alusión, del Tribunal Supremo del mes
pasado.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor MONTILLA AGUILERA: Acabo, señor presidente.


Sobre eso ya volveré.


Por una vez y sin que sirva de precedente, no queremos enmendar la
plana al señor Montoro. Ustedes parece que sí.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Montilla.


Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra la
senadora Rudi.


La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, explicaré el criterio que vamos a mantener con
respecto a las cinco enmiendas que presenta el senador Mulet. La primera,
indudablemente, no tiene ningún sentido por cuanto cambia total y
absolutamente el planteamiento de nuestro texto y la segunda, lo mismo.
Con respecto a la tercera, cuarta y quinta, en las que habla de
financiación autonómica, no es este el momento para hablar de ello, pero,
señor Mulet, presente usted una moción en la cual plantee la necesidad de
revisar la financiación autonómica y esté seguro de que podremos dialogar
y llegar a un acuerdo.


Y con respecto a su intervención, permítame que ni se la conteste,
señor Mulet. Me sería muy sencillo. Me sería tan sencillo como decir que,
cada vez que usted no sabe de qué hablar, habla de corrupción. Me sería
tan sencillo como decir que, cada vez que usted no tiene argumentos,
habla de crispación. Me sería tan sencillo como decir que, cuando usted
no encuentra un insulto que dedicar a la bancada del Partido Popular,
habla de crispación. Queda contestado, señor Mulet. (Aplausos).


Senador Montilla, no sé si ha podido escuchar mi intervención. Yo
en ningún caso, señor Montilla, he dicho que no hubiera control. He
recordado que el control que sigue vigente es el de noviembre del 2015.
He recordado taxativamente que nosotros lo que estamos pidiendo es la
recuperación del control de septiembre del 2017, porque, efectivamente,
decayó a partir del 155 y de la finalización del proceso del 155. Pero,
señor Montilla, lo que nosotros hemos dicho y lo que yo he dicho en esta
tribuna —y lo dice el texto de la moción— es que, en estos
cinco meses, desde que la ministra portavoz dijo que se levantaban los
controles en aras de una normalización política, la normalización
política en Cataluña no ha llegado. No sé si a los ojos del PSC ha
llegado. Yo le puedo asegurar que, a los ojos de los miembros del Partido
Popular, a los ojos de millones de españoles, la normalización política a
Cataluña no ha llegado.


Y lo que nos preocupa es que el dinero que proviene de los
recursos del Estado, bien del FLA, bien de la participación en los
tributos del Estado, se esté volviendo a utilizar en cuestiones que
—como usted bien conoce, porque ha sido presidente de comunidad, lo
mismo que quien le habla— no están previstas en las competencias de
los estatutos de autonomía. ¡Por supuesto que las comunidades autónomas
tienen autonomía financiera! ¡Por supuesto que no puede haber autonomía
política si no hay autonomía financiera!, pero, al mismo tiempo, existe
una cosa que se llama lealtad institucional, que se ha venido respetando
en España a lo largo de muchos años. Y hace ya mucho tiempo que la
Comunidad Autónoma de Cataluña no respeta, ¡en absoluto!, la lealtad
institucional entre el Gobierno de España, el Parlamento de España y las
instituciones catalanas. Y precisamente para evitar que vuelva a ocurrir
lo que pasó a finales de 2017, creemos llegado el momento de que el
Gobierno de España retome la Orden 878, de septiembre de 2017, con una
redacción semejante o parecida, para intensificar los controles en la
forma de gastar los recursos que son de todos los españoles y que
gestiona la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Rudi.


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.


Creo que, a veces, cuando hablamos de Cataluña —de mi
tierra— existen dos mundos diferentes o dos visiones diferentes de
un mismo mundo.


Nosotros vamos a votar a favor de la moción, ya lo adelanto,
porque la situación que se está viviendo en mi tierra, Cataluña, no ha
variado nada, ni antes ni después de la aplicación del artículo 155. La
Generalitat necesita ese control porque está gastando nuevamente dinero
en actividades absolutamente ilícitas. No digo ilegales, digo ilícitas.
Está pagando facturas atrasadas, correspondientes al referéndum del 1 de
octubre —que era ilegal— y lo está haciendo ahora. Está
pagando nuevamente la reapertura de delegaciones que fueron cerradas,
para lo que, evidentemente, no tiene competencia.


Senador Montilla, usted conoce perfectamente lo que está pasando
en su tierra y en la mía. Es evidente que existe un control, el del
año 2015, pero no es suficiente. Cuando una parte no respeta las reglas
del juego —como está pasando actualmente con la Generalitat de
Cataluña—, hay que tomar medidas excepcionales.


El Gobierno de Sánchez ha querido hacer una apuesta por el
diálogo, no lo niego, pero, a todas luces, cuando entre dos solamente uno
quiere hablar y el otro quiere imponer, no existe el diálogo. El Gobierno
de Sánchez ha hecho continuas y reiteradas concesiones a los
separatistas, a aquellos que perpetraron un golpe de Estado a la
democracia en los meses de septiembre y octubre del año 2017, y no
podemos permitir, no debemos permitir, no deben ustedes permitir que sus
pactos comprometan y pongan en riesgo de nuevo la democracia en España,
nuestro Estado de derecho y la convivencia pacífica.


Todos sabemos que el señor Sánchez sigue en la Moncloa gracias a
las continuas concesiones que antes les comentaba. Por favor, ese es un
precio excesivamente caro para los catalanes que nos sentimos españoles y
a quienes nos tiene completamente abandonados el actual Gobierno de
España.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Alegre.


Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra
el senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyor
president.


M’agradaria saber, sense Catalunya el Partit Popular que
faria? Perquè fan campanya a Andalusia sobre Catalunya i aquí al Senat,
dia sí, dia també, mocions contra Catalunya. I n’estem farts. Parlo
per educació, però també els he de dir per el seu desànim que la
intervenció de la senyora Rudi encara m’ha fet més independentista
del què sóc. Per tant, cada dia més per la independència de Catalunya, i
si vol normalitat per Catalunya, la tindran, quan siguem independents,
una nació amb un Estat propi. És la normalitat que necessita Catalunya i
que tindrem ben aviat. Perquè escoltar-la a vostè, amb aquesta obsessió
contra Catalunya, és la veritat, cansino, perquè parla de recursos
provinientes del Estado, vostè sap els números de Catalunya reals? Si
volem la independència, nosaltres no patim per cap deute. Els que
pateixen són vostès, perquè se’ls en va el patrocinador, Espanya
sense patrocinador! Això sí que els preocupa, aquest és el problema,
perquè fins i tot el senyor Montoro, que, que jo sàpiga, encara és del
seu partit, va dir que a Catalunya tenim un dèficit fiscal de 16 000
milions d’euros anuals. I fins i tot quan la Generalitat, amb
el 155, que vostès, amb el PSOE i Ciudadanos van tirar endavant, resulta
que també eren més de 16 000 milions d’euros. Això vol dir que cada
dia surt de Catalunya un AVE amb 41 milions d’euros que se’ls
queda Espanya i no tornen a Catalunya. Aquesta és la realitat, els sap
greu, però és així, per tant, patrocinadors d’Espanya, a sobre, i
no sortim a la publicitat, perquè quan vaig per aquests mons
d’Espanya no veig «carretera patrocinada per Catalunya», poder hi
ha d’anar pensant en això.


També els vull recordar que vostès viuen políticament contra
Catalunya, perquè sembla com si els diners són d’Espanya, no
perdoni, els diners són de qui paga els impostos, que som els catalans i
els aragonesos, però els nostres són els nostres (rumors). Jo parlo com
vull, senyor, amb educació, això sí. I per tant, nosaltres, els diners
que tenim no ens els dona el FLA, els diners que tenim no ens els dona no
sé qui, els diners són dels catalans, com els dels aragonesos són dels
aragonesos, però nosaltres hi ha 16 000 milions que cada any se’n
van i no tornen, els hi recordo.


Escoltar el senyor Montilla en nom del PSC-PSOE, justificant que
no han tocat res del senyor Montoro, també m’emociona, la veritat,
esperava més. Vostès diuen: quan teníem l’acord de setembre
del 2017, així sí que controlàvem bé, vostè ho diu, que el senyor Montoro
controlava bé amb els dos acords, el primer del novembre del 2015 i el
del setembre del 2017. Doncs facin cas al senyor Montoro, que no li fan
cas. Va dir que no ens havíem gastat ni un sol euro públic amb el
Referèndum de l’1 d’octubre. I vostès segueixen parlant de
malversació, aleshores de què serveix el control de l’Estat, si
quan el ministre d’Hisenda diu que no s’ha gastat ni un sol
euro amb aquest tema, vostès segueixen dient que hi ha hagut malversació?
Per què volen el control econòmic? per humiliar a Catalunya, per sotmetre
a Catalunya, diguin la veritat, sotmetre a una nació, això és el que
vostès volen, i n’






estem farts, n’estem farts de vostès. I per
això volem marxar, vostès, per la cara que posen, estan farts de
nosaltres, nosaltres de vostès, doncs siguem bons veïns, i així ens
entendrem millor. El senyor Montoro ho va dir molt clar, ni 1 euro per
l’1 d’octubre.


Vostès parlen de la lealtad a España, i quina lleialtat ha tingut
Espanya amb Catalunya? Quina lleialtat, quan sempre ens ha girat
l’esquena. Ni tant sols han volgut respectar la nostre llengua ni
la nostre cultura, que l’han perseguit, aquesta és l’estima
d’Espanya per Catalunya? Per tant, jo els demano, deixin aquesta
obsessió malaltissa política cap a Catalunya. Tinguin un projecte per a
Espanya, que no el tenen, perquè mentre parlen de Catalunya no parlen
dels seus problemes i no parlen de cap projecte per Espanya. Estan tant
avorrits de vostès mateixos que només tenen Catalunya per
distreure’s.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Muchas gracias, señor presidente.


Me gustaría saber qué haría sin Cataluña el Partido Popular,
porque hacen campaña en Andalucía sobre Cataluña y aquí en el Senado, día
sí, día también, mociones contra Cataluña, y estamos hartos. Hablo con
educación, pero también he de decirles, para su desánimo, que la
intervención de la señora Rudi todavía me ha convertido en más
independentista de lo que soy. Por tanto, cada día más por la
independencia de Cataluña. Si quieren normalidad para Cataluña, la
tendrán cuando seamos independientes, una nación con un Estado propio.
Esta es la normalidad que necesita Cataluña y que tendremos muy pronto.
Escucharla a usted, con esta obsesión contra Cataluña es verdaderamente
cansino, porque habla de recursos provenientes del Estado. ¿Usted sabe
los números reales de Cataluña? Si queremos la independencia, nosotros no
sufrimos por ninguna deuda, los que sufren son ustedes porque se les va
el patrocinador, España sin patrocinador. Eso sí que les preocupa, este
es el problema. Incluso el señor Montoro, que que yo sepa todavía es de
su partido, dijo que en Cataluña teníamos un déficit fiscal
de 16 000 millones de euros anuales. Incluso la Generalitat con el 155,
que ustedes con PSOE y Ciudadanos sacaron adelante, resulta que también
eran más de 16 000 millones de euros. Eso significa que cada día sale de
Cataluña un AVE con 41 millones de euros que se los queda España y no
vuelven a Cataluña. Esta es la realidad. Les sabe mal, pero es así. Por
tanto, patrocinadores de España y no salimos en la publicidad. Cuando voy
por ahí por España no veo: carretera patrocinada por Cataluña. Quizás
deberían ir pensando en ello.


También les quiero recordar que ustedes viven políticamente contra
Cataluña porque parece como si el dinero fuera de España. El dinero es de
quien paga los impuestos, que somos los catalanes, los aragoneses, cada
quien, pero los nuestros son los nuestros. (Rumores). Hablo como quiero
pero con educación, eso sí. Por tanto, el dinero que tenemos nosotros no
nos lo da el FLA, no nos lo da no sé quién, el dinero es de los catalanes
como el de los aragoneses es de los aragoneses. Para nosotros hay 16 000
millones que cada año se van y no vuelven. Se lo recuerdo.


Escuchar al señor Montilla en nombre del PSC-PSOE justificando que
no han tocado nada del señor Montoro también me emociona, la verdad.
Esperaba más. Ustedes dicen que cuando teníamos el acuerdo de septiembre
de 2017 sí que controlábamos bien. Usted lo dice, el señor Montoro lo
controlaba bien con los dos acuerdos: el de primero de noviembre de 2015
y el de septiembre de 2017. Hagan caso al señor Montoro, que no le hacen
caso. Dijo que no nos habíamos gastado ni un euro público en el
referéndum del 1 de octubre, y ustedes siguen hablando de malversación.
Entonces, ¿de qué sirve el control del Estado si cuando el ministro de
Hacienda dice que no se ha gastado ni un solo euro en este tema ustedes
continúan diciendo que ha habido malversación? ¿Para qué quieren el
control económico, para humillar a Cataluña, para someter a Cataluña?
Digan la verdad: someter a una nación, esto es lo que ustedes quieren. Y
estamos hartos, estamos hartos de ustedes. Por eso queremos marcharnos.
Ustedes, por la cara que ponen, están hartos de nosotros; nosotros de
ustedes. Entonces, seamos buenos vecinos, y así nos entenderemos mejor.
El señor Montoro lo dijo muy claro: ni un euro para el 1 de octubre.


Ustedes hablan de la lealtad a España, ¿qué lealtad ha tenido
España con Cataluña? ¿Qué lealtad cuando siempre nos han dado la espalda?
Ni tan siquiera han querido respetar nuestra lengua ni nuestra cultura,
que la han perseguido. ¿Esta es la estima de España para Cataluña? Por
tanto, les pido que dejen esta obsesión enfermiza política hacia
Cataluña, tengan un proyecto para España, que no lo tienen, porque
mientras hablan de Cataluña no hablan de sus problemas y no hablan de
ningún proyecto para España. Están tan aburridos de ustedes mismos que
solo tienen Cataluña para divertirse.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Cleries.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.


Egun on guztioi. Señorías, buenos días a todos. Traemos hoy a
debate la moción del Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno a
que se vuelva a establecer el control financiero de la Generalitat de
Cataluña, tal y como hizo con la Orden del Ministerio de Hacienda el 15
de septiembre de 2017, de medidas en defensa del interés general y de
garantía de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma
de Cataluña.


Esta moción que presenta el Partido Popular no nos parece que
aporte ninguna novedad. Se refiere nuevamente a Cataluña y vuelve a
proponer una medida hacia la que mostramos, cuando se aplicó, nuestra
disconformidad y que con su aplicación ni facilitó ni mejoró la
convivencia, ni mejoró la economía ni mejoró la gestión de la Generalitat
ni ha ayudado a solucionar la crisis catalana.


Con la judicialización de la política, la utilización de la fuerza
del Estado, la intervención económica y posteriormente una intervención
total de la comunidad autónoma a través del artículo 155 con políticas y
políticos en prisión preventiva, con todas estas medidas han dejado de
lado algo que para mi grupo hubiera sido necesario pero que ha brillado
por su ausencia durante muchos años, y es el necesario diálogo entre
diferentes y la voluntad para encontrar una solución política al
conflicto catalán. Fíjense si ha habido poco diálogo entre diferentes y
poca voluntad para encontrar una solución al conflicto catalán que algo
tan normal como que se reúnan dos gobiernos después de siete años fue
noticia. Ahora, el grupo parlamentario insiste y pide que se reactive una
medida excepcional que ya aplicó el Gobierno anterior, que se vuelva a
establecer el control financiero de la Generalitat teniendo en cuenta,
así lo explicitan en su moción, abro comillas, «dado que los rectores
actuales de la política catalana continúan expresando su intención de
subvertir el orden constitucional... y para evitar más daños a nuestra
convivencia...». No plantean una medida nueva, ni siquiera alguna que
haya funcionado, nuevamente medidas de fuerza que consiguen justo lo
contrario de lo que dicen pretender, y es continuar con el tensionamiento
y la quiebra de la convivencia.


En Cataluña el Gobierno anterior tomó decisiones de control
económico sobre la comunidad autónoma catalana con el mismo argumento que
hoy viene a repetir el Grupo Popular. Primero, en 2015, la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos —se ha repetido
aquí— adoptó medidas adicionales para garantizar en la Comunidad
Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa
del interés general, yendo más allá de lo que fue el control del FLA para
el resto de comunidades autónomas; una medida que se mantiene a fecha
actual y que se tomó entre otras cosas por el incertidumbre económica
supuesta que generaban las declaraciones de los miembros del Gobierno de
Cataluña. En 2017, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos decidió, además del control de 2015, la intervención y control
financiero de la comunidad catalana, y en este caso los motivos aducidos
fueron curiosos, que existía un riesgo de incumplimiento de los objetivos
de déficit hablando de una decisión basada en la Ley de estabilidad
financiera y para evitar, de refilón solo, que se desviaran fondos para
la organización del 1 de octubre. El argumento que más sorprendió fue el
de estabilidad presupuestaria, un argumento que en su momento rechazamos,
primero, porque no era cierto en lo relativo al incumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, y, segundo, porque entendíamos
que ese argumento no era más que una excusa, había otras comunidades
autónomas que no cumplían con el objetivo de déficit y no se les estaba
aplicando esta orden ministerial.


Con la aplicación del artículo 155 estas medidas de intervención y
control económico quedaron lamentablemente ampliadas. La toma de posesión
del nuevo Govern supuso el levantamiento de la aplicación del
artículo 155 en Cataluña y llevó al final de la intervención total de las
finanzas catalanas, salvo la orden ministerial de 2015; concretamente, la
orden ministerial de septiembre de 2017 había decaído ya con la
aplicación del 155, y no se trata, como dice y repite el Partido Popular,
de una concesión al independentismo, sino que así lo propuso el Gobierno
anterior cuando especificó que estaría vigente hasta la toma de posesión
del Gobierno el 155. Por tanto, la toma de posesión del Govern hizo
decaer las medidas de control.


A nuestro entender, mejor sería plantear nuevas intervenciones,
como el levantamiento del control reforzado de 2015. Pero no, todo lo
contrario. Ahora con esta moción pretenden recuperar esta medida de
intervención y control por las veleidades independentistas, porque el
Gobierno catalán sigue siendo independentista, y porque —esto es lo
más grave— hemos conocido que la abogacía del Estado en el escrito
de acusación contra los líderes separatistas catalanes dice —abro
comillas— que «se esforzaron por hacer posible un golpe de Estado»;
eso lo dicen en su moción y es una irresponsabilidad y, además, una
falsedad porque en Cataluña no ha habido un golpe de Estado ni un intento
de golpe de Estado. Por mucho que insistan, en Cataluña el proceso ha
sido pacífico.


Se lo dijimos al Gobierno anterior, se lo decimos al actual, y
también a ustedes. Es difícil que el Estado encuentre una solución
mientras no admita que la cuestión catalana no es un problema jurídico
sino político y al que, por tanto, hay que dar una solución
política.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora ETXANO VARELA: Termino enseguida, presidente.


Seguimos pensando que es necesario que haya diálogo. Esta
iniciativa no va a contar con nuestro apoyo; de hecho, cualquier
iniciativa y cuantas se presenten que no respeten y defiendan los marcos
estatutarios no contarán en ningún caso con nuestro apoyo y menos
aquellas especialmente diseñadas para frenar las legítimas aspiraciones
de las diferentes naciones del Estado, como pueden ser la de Euskadi o la
de Cataluña.


Eskerrik asko.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Etxano.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Ayats.


El señor AYATS I BARTRINA Gràcies president.


Senadores, senadors, aquesta moció respon a l’estratègia del
Partit Popular, i a la de Ciudadanos, que sembla que competeixen entre
ells a veure qui castiga més al Govern i els ciutadans de Catalunya. El
senyor Pablo Casado ens regalava unes paraules que ja hem sentit, el
senyor Casado que per resoldre els problemes dels andalusos serà molt
útil, tornava a demanar l’aplicació del 155. I avui veiem un altre
episodi com aquest. Vostès parlaven del deute sistèmic de Catalunya. El
què hi ha, ja li han indicat, és un dèficit fiscal sistèmic a Catalunya,
és això el què hi ha. Però també sorprèn que parlin de deute, tenim en
compte el deute incontrolat de l’Estat espanyol, d’un bilió
d’euros, un bilió amb «b» de Bárcenas, em sorprèn que parli de
sentencies. Pensin que ha perdut tota credibilitat, si és que encara en
tenia una mica, part del sistema judicial espanyol amb els missatges del
seu portaveu, que veiem aquests últims dies. Per tant aquesta sentencia,
no sé si també hi havia un wasap en el seu grup, en el qual explicaven
com s’havia fet, si era per la part de darrera o de davant, per
tant, desconfiança absoluta.


I com també li han dit, amenaçaven quan van aplicar el setembre
del 2017 el control exhaustiu financer, el control absolut sobre les
finances catalanes, plantejaven dos arguments, i un era que amenaçaven la
sostenibilitat financera i en definitiva, l’estabilitat
pressupostària. Pocs mesos després sabíem que teníem superàvit. Com es
justifica això? Doncs que era fals, que era una excusa, que era un altre
manera de voler controlar de forma absoluta, perquè pensaven, parlem
clar, que podien evitar el referèndum de l’1 d’octubre, i
això no va passar. Tampoc no va passar perquè no es va destinar ni un sol
euro, i així ho va dir el ministre Montoro, però això sí, deixant clar
que no hi havia malversació, però l’Estat continua tenint presos
polítics decents, tancats injustament a la presó, acusat de malversació.
No van impedir l’1 d’octubre, però sí que va haver-hi danys,
danys molt greus. Fa pocs dies veiem l’informe del Comissionat de
desplegament de l’autogovern, que l’aplicació del 155
durant 218 dies va tenir un impacte negatiu de 1 800 000 milions
d’euros depenent de la Generalitat de Catalunya. La imposició per
la part de darrera va suposar un tancament pressupostari de la renda
garantida, d’afectacions en matèria d’habitatge, en programes
de recerca i desenvolupament, en l’àmbit de la cultura, tot això
què te a veure amb el que vostè ens està dient avui? Partides
relacionades amb el foment i la regulació de sectors productius com
l’agricultura, la indústria, la energia, el comerç, entre moltes i
moltes més àrees.


El 155, i per això ens plantegen això avui, va començar molt abans
que aquesta Cambra l’aprovés. Va començar, de facto, amb aquesta
intervenció que avui ens planteja. La intervenció de les finances de la
Generalitat va ser impulsada unilateralment per el ministre Montoro, va
ser el preludi del que vindria, i un atac a l’autogovern, i aquí és
un vull anar, parlem clar, perquè com ens ensenya la història, és una
constant invariable. Canvia el temps, canvien les formes, però es manté
l’afany de neutralitzar, minimitzar, suprimir les institucions
catalanes. Les nostres Institucions venen de lluny , de molt lluny, i
evidentment, són prèvies a qualssevol argument jurídic o règim espanyol,
insisteixo, són prèvies a qualsevol ordenament jurídic o de règim
espanyol.


Per parlar d’història, no em cal viatjar a les Corts
Catalanes de Jaume I ni al Decret de Nova Planta perquè els exemples són
molts recents. Hi ha fets rellevants a l’hora de contextualitzar
aquesta intervenció que proposen, la sentència del Tribunal
Constitucional amb relació a l’Estatut, vostès han recorregut,
recorren davant pràcticament totes les actuacions del Govern català al
Tribunal Constitucional, i evidentment a través de diferents ordres
ministerials, com la que avui ens plantegen. Un control que va afectar
com li deia, molt negativament, des de la planificació (se m’està
acabant el temps) va afectar assignacions pressupostaries que es van
perdre perquè no es van poder incorporar als pressupostos del 2018, va
afectar, deixi’m destacar, a entitats, institucions i
organitzacions que depenien d’aquest finançament de la Generalitat.
I eren entitats sense ànim de lucre, i eren especialment en l’àmbit
dels serveis socials. I tot això què te a veure amb el que avui ens
proposa? El poble català continua exigint amb fermesa la unitat i la
voluntat democràtica d’exercir el dret a l’autodeterminació.
I les mesures com aquestes, el que aconseguiran és que cada vegada hi
hagi més ciutadans que creguin que la millor opció és aquesta. I sí, no
hi renunciarem mai, que sigui Catalunya un Estat.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Senadoras, senadores, esta moción responde a la estrategia del
Partido Popular y a la de Ciudadanos, que parece que compiten entre ellos
para ver quién castiga más al Gobierno y a los ciudadanos de Cataluña.
Este fin de semana nos regalaba Pablo Casado unas palabras que ya hemos
oído, haciendo campaña en Andalucía, porque seguro que resolver los
problemas de los andaluces será muy útil para sus intereses y sus
problemas. Volvía a pedir la aplicación del 155, y hoy vemos otro
episodio como este. Usted ha hablado de la deuda sistémica de Cataluña y
lo que hay, como ya le hemos indicado, es un déficit fiscal sistémico en
Cataluña. Eso es lo que hay, y, por ello, nos sorprende que hablen de
deuda teniendo en cuenta la deuda incontrolada de un billón de euros del
Estado español —un billón, con b, de Bárcenas—. También nos
sorprende que hablen de sentencias; piensen que perdió toda credibilidad
—si es que aún tenía un poco— parte del sistema judicial
español con los mensajes de su portavoz que veíamos estos últimos días,
esos wasap en su grupo en los que explicaban como se había hecho
—si por la parte de atrás o de delante—; por tanto, la
desconfianza es absoluta.


Y como también hemos dicho, cuando aplicaron en septiembre de 2017
el control exhaustivo financiero, absoluto, sobre las finanzas catalanas,
su argumento era que la sostenibilidad financiera estaba amenazada, y,
por tanto, la estabilidad presupuestaria. Pocos meses después, sabíamos
que teníamos superávit. ¿Cómo se justifica esto? Pues en que era falso,
en que era un pretexto, una excusa, o una manera más de controlar de
forma absoluta, porque creían —hablemos claro— que podían
evitar el referéndum del 1 de octubre, y esto no ocurrió; sí, era falso,
ya que no se destinó ni un solo euro, ya se lo dijo el ministro Montoro,
pero eso sí dejando claro que no había malversación. Pero el Estado
continúa teniendo presos políticos decentes encerrados injustamente en
prisión acusados de malversación. No impidieron el 1 de octubre, pero la
aplicación del 155 causó daños muy graves. Hace pocos días el informe del
Consejo de autogobierno indicaba que la aplicación del 155 durante 218
días provocó un saldo negativo de 1 800 000 euros en la Generalitat de
Cataluña. La imposición por la parte de atrás supuso el cierre
presupuestario de la renta garantizada, afectó a la vivienda, a programas
de investigación y desarrollo, al ámbito de la cultura, etcétera. ¿Todo
eso qué tiene que ver con lo que usted está diciendo hoy? Tiene que ver,
un nuevo control..., porque el 155 también afectó a partidas relacionadas
con fomento, regulación de sectores productivos, como la agricultura, la
industria, energía comercio, entre otras muchas.


El 155 empezó mucho antes de que esta Cámara lo aprobara; de
facto, empezó con una intervención similar a la que hoy nos plantean. La
intervención de las finanzas de la Generalitat fue impulsada
unilateralmente por el ministro Montoro, fue el preludio de lo que
vendría, un ataque al autogobierno, y de eso quiero hablar. Porque como
nos enseña la historia, estos ataques son una constante invariable.
Cambia el tiempo, cambian las formas, pero se mantiene el afán de
neutralizar, de minimizar y suprimir las instituciones catalanas.
Nuestras instituciones vienen de lejos, de muy lejos y son previas a
cualquier ordenamiento jurídico del régimen español.


Para hablar de historia, no me hace falta viajar a las corts
catalanas de Jaume I ni sacar a colación el decreto de nueva planta.
Tengo ejemplos muy recientes y relevantes para contextualizar la
intervención que propone. Está la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el estatuto, que ustedes han recurrido, porque ustedes recurren
prácticamente todas las actuaciones del Gobierno catalán en el Tribunal
Constitucional con diferentes órdenes ministeriales como la que hoy nos
plantean. Ese control afectó muy negativamente a la planificación
—se me está terminando el tiempo—, ya que se perdieron
asignaciones presupuestarias que no se quisieron incorporar a los
presupuestos de 2018. Porque había, déjeme destacarlas, entidades,
instituciones y organizaciones que dependían de la financiación de la
Generalitat. Eran entidades sin ánimo de lucro, sobre todo en el ámbito
de los servicios sociales. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que usted nos
propone hoy? Pues que medidas como esta, porque el pueblo catalán
continúa exigiendo firmemente la unidad y la voluntad democrática de
ejercer el derecho a la autodeterminación, conseguirán que cada vez haya
más ciudadanos que crean que la mejor opción es esta. Y sí, no
renunciaremos nunca a que Cataluña sea un Estado.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Ayats.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Freixanet.


La señora FREIXANET MATEO: Estamos ya a miércoles y Cosidó
mantiene su escaño. Menuda vergüenza. (Aplausos).


Senadora Rudi, hay que tener valor para acusar a otros de utilizar
mal el dinero de todos, ustedes, el partido de la corrupción.


Su obsesión con Cataluña es de manual, señorías del PP. El
disparate de hoy es: queremos otra intervención de la economía catalana.
Senadora Rudi, ustedes hacen cuanto pueden para que no pueda existir
normalización. Y, por eso, voy a hacer algunas consideraciones.


Una. Técnicamente, y aunque les dé igual, la normativa relativa al
FLA, de la misma manera que el procedimiento del 155 no permite
intervenir políticamente una autonomía sobre la base de intenciones y
discursos, no permite intervenir económicamente una autonomía sobre la
base de intenciones y discursos. Como ya es habitual, no hay sustento
normativo alguno para lo que piden.


Dos. Cataluña necesita dejar atrás la parálisis y ponerse en
marcha, un Govern que governi y unas cuentas que distribuyan bienestar
entre su gente. Lo último que necesita Cataluña es la intervención
económica del Estado que piden hoy; otro 155, que pedían en el Pleno
anterior, o excepcionalidad policial, que pedían en el anterior del
anterior Pleno. Lo último que necesita Cataluña es a ustedes, y nosotras
haremos todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes, pirómanos,
no gobiernen.


Tres. Su moción se refiere a la intervención económica del
año 2017. Parece que no recuerdan que su ministro de Hacienda fue quien
hizo decaer la intervención económica del año 2017, derogándola en el mes
de diciembre de ese año. Así que pueden ustedes dejar de decir esas
tonterías de que el Gobierno paga peajes al independentismo. Si creen
ustedes que levantar la intervención económica de Cataluña era un peaje,
lo pagó Montoro.


Cuatro. Están ustedes atascados en 2017, hasta el punto de que la
orden que reclaman que se aplique hoy es la del 15 de septiembre de 2017.
Supérenlo.


Cinco. No hay nadie en Cataluña que a estas alturas no sepa que lo
que protagonizaron los partidos en el Govern de Cataluña el pasado otoño
fue básicamente gesticulación y declaración. Ustedes aportaron toda la
materialidad al conflicto: intervención de la economía, hostias y jueces;
repito, hostias y jueces, señoría. Ustedes más que nadie han hecho
material el procès.


Y seis. Este es un apunte para el futuro, que va al fondo de la
cuestión. Esto que van repitiendo, también en esta moción, de que el
orden constitucional lo aprobamos todos los españoles es falso; de
entrada su partido se partió en la votación, algunos se abstuvieron y
otros votaron en contra de la Constitución. Pero lo relevante es que tres
de cada cuatro ciudadanas y ciudadanos de la España de hoy no pudimos,
por edad, votar la Constitución. Así que quizás sea tiempo de revisar esa
ley, quizás sea tiempo de hacerlo, (Rumores), quizás la España de 2018
—tranquilos— desea para sí otro marco normativo, otro encaje
nacional, mayor blindaje del bienestar o que a la jefatura del Estado no
se acceda por herencia sino por democracia. La Constitución no debe ser
piedra sino papel de encuentro, vale ya de utilizarla como arma
arrojadiza, no les pertenece, ni siquiera la votaron a favor.


Y termino. Dejen en paz a Cataluña ya, déjenla en paz ya. Las
obsesiones tienen cura, en serio, la suya es grave pero de todo se sale.
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Freixanet.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías, lamentamos
que ustedes no hayan considerado nuestra enmienda, y lo lamentamos porque
mantener su propuesta es una demostración, entre otras cosas, de nulo
rigor jurídico y también de mala fe política. De nulo rigor político
porque la orden que ustedes pretenden resucitar fue derogada por el señor
Montoro y la segunda orden también fue derogada en cumplimiento
escrupuloso del acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de octubre
del 2017, todos actos del Gobierno del PP. En la primera intervención
sacan ustedes a colación la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de
octubre de este año respecto a esta orden ministerial, que es una
sentencia interesante, que no sé si se la han leído con detenimiento,
porque especifica los límites que debe cumplir el Estado a la hora de
establecer mecanismos de control de las cuentas de una comunidad
autónoma, so pena de vulnerar el artículo 156 de la Constitución. De
acuerdo con la citada sentencia, en primer lugar, solo cabe un control
reforzado de las cuentas de una comunidad autónoma si se ha adherido al
FLA, porque ello implica asumir las disposiciones dictadas en desarrollo
de dicho mecanismo de ejecución; pero, en segundo lugar, debe estar
también suficientemente motivado, y aún más, en tercer lugar, debe ser
proporcionado.


Si aplicamos estos requisitos a la situación actual, hay que
recordar que ciertamente la Generalitat de Cataluña sigue adherida al
FLA, cumpliéndose así la primera de las condiciones, de ahí precisamente
nuestra enmienda. Por lo que se refiere a la segunda, a la suficiente
motivación, el Tribunal Supremo insiste en que es preciso enfatizar que
la fundamentación de una medida restrictiva de un principio
constitucional —no lo olviden—, como es la autonomía
financiera, debe estar directamente relacionada con el objeto que se
persigue. Así, la exposición de motivos de la orden del Ministerio de
Hacienda y Función Pública del 15 de septiembre del 2017, que ustedes
plantean recuperar, pone de relieve cómo esta norma trajo causa de
actuaciones concretas de la Generalitat de Cataluña que pusieron en
peligro el interés general, tal y como se desprende de la sentencia del
Tribunal Constitucional de julio del 2017, de la comunicación de la
interventora general de la Generalitat del mes de julio o de la
comunicación del propio vicepresidente de la Generalitat de 13 de julio,
informando que se iba a incumplir el acuerdo de la Comisión delegada de
asuntos económicos del 21 de julio.


Frente a esta situación de incumplimientos, con la consiguiente
vulneración del marco normativo que se deriva del artículo 135 de la
Constitución en el pasado, ahora la moción que ustedes plantean presenta
simplemente como causa para retomar las medidas de control financiero
derogadas las declaraciones del presidente de la Generalitat en el debate
de investidura, y en el debate han aportado además la apertura de
oficinas en el exterior. Pero es evidente que las afirmaciones de un
cargo público, por muy desafortunadas que sean, no pueden amparar una
restricción del artículo 156 de la Constitución. Si así se hiciera,
además se vulnerarían las previsiones de la Ley orgánica 2/2012 y del
Real Decreto-ley 17/2014, ya que no se respetaría la obligación de
fundamentar adecuadamente el control financiero, señorías. Y aún más, de
acuerdo con el informe sobre el Plan económico y financiero 2018-2019 de
la Generalitat, elaborado por la AIReF, existe un riesgo moderado de
incumplimiento de la regla de gasto en 2018 y se prevé el cumplimiento de
los requisitos de deuda en 2018 y 2019. Lo digo por las afirmaciones
catastrofistas que ustedes han hecho. Es decir, los datos económicos no
son, en absoluto, catastróficos, como ustedes han comentado. Por tanto,
tampoco servirían para fundamentar un reforzamiento del control de las
cuentas de la Generalitat, como el que proponen en su iniciativa
parlamentaria.


Por último, respecto a la necesidad de que el control sea
proporcionado, el Tribunal Supremo señala que la Orden de Hacienda
de 2017 era proporcionada por su carácter temporal, argumento que avala
la correcta derogación efectuada en su momento por su Gobierno.


Señorías, repito, hay falta de rigor jurídico y mala fe política,
porque a ustedes lo que les interesa no es solucionar problemas, sino, si
es posible, crearlos, y, si no, incrementarlos. ¿De verdad creen ustedes
que es así como se solucionará el problema catalán, que también es un
problema español? ¿Cuanto peor, mejor, señorías?


Reclaman lealtad institucional cuando gobiernan y no la practican,
sino todo lo contrario, cuando están en la oposición. Ayer tuvimos un
magnífico ejemplo de esa actitud. Una lástima, señorías. Todavía están a
tiempo. Retiren esta moción y aprovechen también para retirar a su
portavoz. Lo digo, entre otras cosas, por el prestigio de la política,
por el prestigio del Partido Popular y por el prestigio de esta Cámara.
Es inconcebible que aguante un día más en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso):






Muchas gracias, senador
Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Rudi.


La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor presidente.


Intentaré dar respuesta a las intervenciones de todos los
portavoces. En primer lugar, al senador Alegre le doy las gracias por el
apoyo a esta moción. Y contestaré en un solo turno a los representantes
del Grupo Parlamentario Nacionalista, al senador Cleries, y al senador
Ayats del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


¿Saben cuál es el problema que tienen ustedes, los
independentistas? En primer lugar, que se creen que Cataluña es suya, que
se creen que en Cataluña hay solamente independentistas, porque obvian,
senador Cleries y senador Ayats, que, cuando menos, algo más del 50 % de
los ciudadanos que viven en Cataluña no votan independentismo. Pero,
además, tengo que decirles otra cosa, senador Cleries y senador Ayats, a
mí, que soy aragonesa, me afecta lo que pasa en Cataluña; a mí, que soy
aragonesa, como al castellano-manchego o al castellano y leonés, o al
andaluz o al murciano, nos afectan sus políticas independentistas, porque
no es momento de hablar de historia, pero puede que le haga algún
comentario de pasada, senador Ayats, si tengo tiempo, pues Cataluña lleva
formando parte del Reino de España, cuando menos, desde el Siglo XV. En
cualquier caso, su problema es, primero, que creen que solamente ustedes
representan a los catalanes; y, segundo, que tienen un sentido del
victimismo total y absoluto, permanentemente. Todo son ofensas a
Cataluña. Cuando alguien discrepa de sus modos, de sus usos y de sus
decisiones, todo son humillaciones y ofensas a Cataluña.


Como les decía, el problema que tienen ustedes es que no han
entendido que hay una parte importante de catalanes que no son
independentistas; que se creen que a fuer de repetir permanentemente el
mantra de que solo ustedes son Cataluña, eso se puede convertir en
realidad, y también que se han creído sus propias ilusiones y sus propios
sueños.


Senador Cleries, no hay tiempo para entrar a discutir cifras, así
que solamente le voy a decir una cosa: ¡Qué hubiera sido de Cataluña si
no hubiera acudido el Gobierno de España en el año 2012 en ayuda y en
socorro de las finanzas catalanas! ¡Qué hubiera sido de Cataluña con esa
magnífica gestión económica que ustedes tenían!, señor Cleries.
(Aplausos). Y le dejo en el aire otra pregunta, porque no tengo tiempo de
discutir cifras: ¿Qué sería de la economía de Cataluña sin las ventas de
bienes y servicios que ustedes realizan a las restantes dieciséis
comunidades de España? ¿Dónde estaría la economía catalana si tuvieran
aranceles? (Aplausos), pero dejémoslo...por ir avanzando.


Senadora Freixanet, representante de Podemos, el problema es que
ustedes, cuando no tiene argumentos, hablan de crispación. Mire, yo no he
crispado ni tengo intención de crispar y a lo largo de mi vida política,
que es mucha, tampoco lo he hecho. Solo defiendo mis ideas porque creo
firmemente en ellas, de la misma manera que usted defiende las suyas,
pero procuro no insultar nunca a nadie.


En cuanto a reformar la Constitución, es muy sencillo, la
Constitución tiene previstos sus métodos de reforma. El proceso es
sencillísimo. Presente la iniciativa en el Congreso y en el Senado tal y
como se prevé en la propia Constitución. Y si tienen mayoría suficiente,
adelante, pero mientras tanto no incumplan las leyes ni nos acusen a los
demás de crispar.


Por último, senador Montilla, me queda muy poco tiempo para
contestarle. Lo siento porque me gustaría hablar un poco más de su
intervención. Mire, rigor jurídico sí lo hay; no obstante, usted ha hecho
referencia a los tres condicionantes de la sentencia. Efectivamente, hay
cobertura jurídica en cuanto al FLA. Además habla usted de la motivación
y de la proporcionalidad. La motivación tiene que darla en estos momentos
el Gobierno de España, que es quien maneja los datos en el Ministerio de
Hacienda, pero en mi opinión, y en la de muchos españoles, el problema,
senador Montilla, es que el Gobierno de España, ahora mismo, no quiere
entrar en colisión con el Gobierno catalán, porque su política busca la
distensión, el apaciguamiento y el diálogo.


Ayer me quedé con una duda cuando el presidente Sánchez contestó a
nuestro portavoz, el señor Cosidó, que le hablaba de los indultos, que
había que esperar y que, una vez que hubiera sentencias, se haría
política. Porque cuando ustedes hablan de hacer política y de diálogo,
¿qué hay detrás de ello? ¿Qué significa? ¿Van a apostar por una reforma
constitucional para después poder reformar el Estatuto de Autonomía e
incorporar aquello que el Tribunal Constitucional rechazó? Se lo pregunto
porque usted se puso al frente de la manifestación en contra de esa
sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ese es el objeto del diálogo que
ustedes van a llevar? Mire, señor Montilla, a muchos españoles nos
gustaría saber qué proyecto para una Cataluña integrada en España tienen
el Partido Socialista y el Gobierno de España. Ustedes —ayer se lo
dijo el señor Cleries al señor Sánchez y usted lo sabe muy bien— no
quieren un nuevo estatuto de autonomía; quieren la independencia y un
Estado propio.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora RUDI ÚBEDA: Entonces, díganos cuál es su proyecto para
intentar apaciguar, que es su término favorito. ¿Cuál es? ¿Buscar la
vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005? No
olvide, señor Montilla, que el problema que estamos viviendo hoy en
Cataluña trae causa, entre otras cosas, de la reforma del Estatuto de
Autonomía que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


La señora RUDI ÚBEDA: ... sin tener en cuenta al Partido
Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Rudi.


Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 236;
votos emitidos, 236; a favor, 138; en contra, 98.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE DEL
VALLE DE LOS CAÍDOS Y LA MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LA LEY DE LA MEMORIA
HISTÓRICA.


662/000138

GPS


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción... (Rumores). Señorías, guarden
silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.


Decía que a esta moción se han presentado cuarenta y cuatro
enmiendas: veintinueve del Grupo Parlamentario Mixto (una por iniciativa
del senador Iñarritu, cuatro por iniciativa de la senadora Domínguez de
Posada, veintidós por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete
—de las cuales una, la número 22, ha sido inadmitida—, y dos
por iniciativa de la senadora Roldán y de los senadores Alegre, Crisol y
Marcos); siete del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea; siete del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, y una del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, antes de empezar esta intervención me sumo a la petición
de que el señor Cosidó dimita por el bien de la política y por el bien de
esta Cámara. (Aplausos.— Protestas).


En el marco del cuarenta aniversario de la Constitución, que se
cumple en pocos días, y del cuarenta y tres aniversario de la muerte del
dictador Francisco Franco acaecido en estas fechas, el Grupo Socialista
presenta esta moción con el objetivo de revalidar nuestro apoyo a los
valores fundamentales de nuestra democracia, así como la más absoluta
condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo, por
lo que significó de ruptura democrática, dado el número de víctimas, y de
vulneración de los derechos humanos; condena que debería ser normalizada
con una voluntad clara de que no se vuelva a repetir un régimen como
aquél. Esta es una condena que los socialistas queremos que sirva también
en estas fechas para expresar el rechazo de los demócratas al resurgir de
ideologías fascistas, totalitarias e intolerantes, y al aumento de
mensajes xenófobos y de odio.


En este sentido valoramos la voluntad firme del Gobierno, y le
instamos a persistir en ello, de reponer toda la dignidad que corresponde
a las víctimas de la contienda civil y de la dictadura franquista,
persiguiendo un cierre justo de esta brecha que aún está sin resolver.
Apoyamos también que el Gobierno y el Congreso de los Diputados afronten
la perversión democrática que significa que los restos del dictador
permanezcan enterrados junto a los de sus víctimas en el Valle de los
Caídos, un edificio público del Estado y, por tanto, que se exhumen sus
restos de aquel lugar y dejen de contribuir a la exaltación del régimen
franquista, pasando de ser un monumento de parte a serlo de todas la
víctimas.


Instamos también al Gobierno a que impulse la revisión y mejora de
la Ley de memoria, y vemos muy oportuno que el real decreto para la
exhumación del dictador se tramite como ley y recoja en el trámite
parlamentario las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas o el
Consejo de Europa, así como el informe sobre la situación de los derechos
fundamentales de la Unión Europea, aprobado en el 2016 por el Parlamento
Europeo.


En esta línea, entre otros temas, se incluía declarar la nulidad
de resoluciones judiciales y leyes franquistas, ilegalizar las
fundaciones o asociaciones que exalten el franquismo, el fascismo o el
nacismo, mejorar el acceso a los archivos, mejorar la atención a las
víctimas y su participación, así como, por ser una tarea urgente dado que
sus familiares se están muriendo, reforzar las políticas de localización
de fosas y exhumación e identificación de restos de las víctimas de la
guerra civil y la dictadura, adquiriendo mayor responsabilidad el Estado
en estas. Una cuestión la de las ayudas para la localización de fosas y
exhumación e identificación de restos, al igual que el resto de la Ley de
memoria, paralizada por el Gobierno anterior en contra de los más
elementales principios de política mortuoria y de los derechos humanos;
hecho recriminado por los organismos internacionales de derechos humanos,
por el propio Tribunal Supremo y por las asociaciones de víctimas; hecho
que contrasta con el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas
que, gracias a sus presupuestos, han facilitado a muchas familias un
lugar donde poder llorar a sus víctimas.


En definitiva, se trata de que en España no haya víctimas de
primera y víctimas de segunda y que nuestro sistema cierre sin tibiezas,
de forma clara y precisa, cualquier herida proveniente del régimen
franquista, símbolo, con el de Hitler y Mussolini, de la Europa que no
queremos: negación de los derechos, libertades y garantías de la
tradición constitucionalista y democrática europea. Un debate bien actual
en el Parlamento Europeo desde el que recientemente se nos insta a
prohibir cualquier fundación o asociación que exalte el nacismo y el
fascismo, por respeto debido a las víctimas y para eliminar cualquier
simiente en nuestra sociedad de regímenes depredadores de la democracia y
de los derechos humanos. Algo que nos recuerda que en España aún existe
una fundación Francisco Franco con la misión de difundir su figura y los
valores de su régimen en nuestra sociedad. Nada más y nada menos que
difundir los valores de una dictadura y un golpe de Estado que lleva a
sus espaldas un número de desapariciones forzadas vergonzante. Una
fundación que es impensable que existiera en otros países europeos.
Esperemos que la mejora de la Ley de memoria rectifique esta
irregularidad que contraviene cualquier noción de interés general por muy
indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico, siendo
incompatible con los derechos humanos y con los más elementales
principios constitucionalistas y democráticos.


Como he dicho al principio, en la moción instamos al Gobierno a
proteger los valores fundamentales de nuestra democracia: la convivencia,
el diálogo, la libertad, la justicia y la igualdad, rechazando cualquier
discurso basado en el racismo, la intolerancia y la involución
democrática. Una preocupación muy real cuando la ONU acaba de hacer una
llamada de alerta a todos los países sobre la proliferación y ascenso de
la ultraderecha y el neonacismo en los cinco continentes, así como el
aumento de los mensajes racistas, xenófobos e intolerantes. Una
problemática tratada por el Parlamento Europeo recientemente pidiendo a
los países que prohíban las asociaciones y grupos que emitan mensajes de
odio o de violencia hacia otros colectivos. Una resolución muy
conveniente atendiendo al aumento en Europa de plataformas que propugnan
mensajes de odio hacia el extranjero y posiciones que implican un claro
deterioro democrático. Una preocupación muy real en el viejo continente
donde los partidos xenófobos, nacionalistas, excluyentes e intolerantes
han aumentado de forma relevante y están ampliando sus cuotas de poder,
poniendo en peligro los principios y valores que inspiraron la Unión
Europea.


Tampoco es nada ejemplarizante en estos temas la actuación del
presidente de la democracia más vieja del mundo. Unos discursos que
también vale la pena que vigilemos en España, ya que según el Movimiento
contra la Intolerancia y el informe Raxen, a pesar de ser España un país
muy tolerante, también están aumentando; unas ideas y discursos que
aumentan y hacen mella en la sociedad con más facilidad al amparo de
situaciones de gran crispación y confrontación política y en sociedades
muy afectadas por la desigualdad. A tal fin, vale la pena apostar por la
convivencia, para lo que sería deseable sosegar y moderar el debate,
aplicar mayor contención, reforzar la tolerancia con el adversario,
rebajar la confrontación, sin que nadie se dedique a alimentar guerras
verbales y teorías de conspiración; sin que nadie se dedique a colocar a
los otros fuera del sistema o a envolverse en los símbolos de todos para
volvernos a los unos contra los otros. Lo que necesitamos no son
salvadores de patrias, lo que necesitamos es aplicar políticas
redistributivas para bajar la desigualdad, que es terreno abonado para el
aumento del populismo y el resurgir de viejos monstruos. Lo que hace
falta es más política, más capacidad de diálogo y consenso, menos
posiciones absolutas, inamovibles y cerradas. Lo que necesitamos es mayor
responsabilidad y lealtad institucional y mayor atención a la diversidad
y respeto a la pluralidad. Hay que luchar contra los enemigos flagrantes
de la democracia, pero también contra las violaciones pausadas, pero
sistemáticas de las instituciones, que obstaculizan, desvían o deterioran
su verdadera función.


Y, para terminar, es conveniente tener en cuenta, como decía
Nietzsche, que quien con monstruos luche, cuide de no convertirse, a su
vez, en monstruo. Por lo tanto, lo que importa es que el sistema
democrático funcione en plenitud, a pesar de tener que afrontar graves
problemas sin que nadie pretenda salvarlo a costa del propio sistema,
buscando atajos o simplificando tanto el mensaje que, desfigurado, pase a
significar un peligro para la democracia misma, dividiendo a sus
defensores y debilitando el sistema de forma que facilite el aumento de
sus verdaderos enemigos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marcos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño. Hemos presentado dos enmiendas. Una,
referida al punto número 2, que considera que el Gobierno de España ha de
tomar como referencia las recomendaciones del informe de la Comisión de
expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, aprobado ya en el
año 2011, al objeto de lograr los más amplios consensos —consenso
al que parece que no quiere llegar el Partido Socialista—; consenso
político y social previo a la exhumación y al traslado de los restos del
dictador fuera del Valle de los Caídos, donde, efectivamente, está
enterrado junto a miles de sus propias víctimas.


La segunda enmienda, referida al punto 4, pretende implementar de
manera íntegra, revisar y, en su caso, mejorar la vigente Ley de memoria
histórica, teniendo en cuenta los distintos informes de Naciones Unidas y
el Consejo de Europa. Creemos que el Gobierno ha descartado, a priori, la
intención de lograr un consenso en esta proposición con el conjunto de
las fuerzas parlamentarias, y está acometiendo un proceso de manera
precipitada, cuando, para Ciudadanos, resulta absolutamente
imprescindible lograr los más amplios consensos políticos y
sociales.


Claro que no es deseable tener un dictador, claro que no es
deseable tener un mausoleo, claro que no es deseable que haya fundaciones
que inciten al odio. Por supuesto, estamos también de acuerdo y, por lo
tanto, pedimos consenso y que se consideren estas dos enmiendas.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.


Senador Mulet, tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.


Ahir, com no vaig poder intervindre, no vaig poder felicitar el
Partit Popular pel 20N.


Senyor del Partit Socialista, pensem que no és temps de
declaracions, és temps de solucions. Amb titulars únicament com
l’eixida de Franco del Valle de los Caídos, sense cap tipus de
resultat, únicament val perquè la dreta extrema, o l’extrema dreta
o el neofranquisme s’altere més i actue en més impunitat. Perquè el
franquisme pensem que no s’esborra únicament traient la moixama del
genocida del Valle de los Caídos. El franquisme s’ha
d’esborrar també de les Corts Generals, on està present, de la
Prefectura de l’Estat, o del Poder Judicial, on malauradament
encara està present.


Avui vorem esmenes a la seua moció directament feixistes
—feixistes perquè no mereixen cap altre tipus de
qualificatiu—, i tot això és perquè la seua Llei de 2007 va
permetre actuar en impunitat a este tipus d’exaltació del
franquisme com les que vorem avui ací.


Nosaltres vam presentar una proposta de llei de víctimes del
franquisme, en aquesta cambra, que vostès van rebutjar i que donava
resposta a part d’eixes llacunes que té la Llei de 2007. Cal
declarar il·legal el colp, cal declarar il·legal el govern franquista,
cal declarar il·legals els tribunals, els consells de guerra, retornar
els cossos segrestats en el Valle, dinamitar el Valle de los Caídos,
perquè això no té resignificació possible, cal un estatus de
reconeixement de víctimes, il·legalitzar les organitzacions o partits
polítics com els que hi ha ací, que fan apologia del franquisme. I pensem
que fa falta un règim sancionador, uns terminis per a complir la llei de
memòria i un protocol d’actuació. Cal esborrar el franquisme, més
enllà de la moixama del genocida com diem. I també cal que Cosidó
dimitisca.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


Ayer, como no pude intervenir, no pude felicitar al Partido
Popular por el 20N.


Señores del Partido Socialista, pensamos que no es tiempo de
declaraciones, es tiempo de soluciones. Titulares como la salida de
Franco del Valle de los Caídos, sin ningún tipo de resultado, únicamente
valen para que la extrema derecha o el neofranquismo se alteren más y
actúen con más impunidad, porque el franquismo pensamos que no se borra
únicamente sacando la mojama del genocida del Valle de los Caídos. El
franquismo se tiene que borrar también de las Cortes Generales, donde
está presente, de la Jefatura del Estado y del Poder Judicial, donde
desgraciadamente aún está presente.


Hoy veremos enmiendas directamente fascistas —no merecen
ningún otro calificativo—, porque su Ley de 2007 ha permitido
actuar con impunidad en exaltaciones del franquismo como las que veremos
hoy aquí.


Nosotros presentamos una proposición de ley que rechazaron para
subsanar las lagunas de la Ley de 2007. Hay que declarar ilegal el golpe
y el Gobierno franquista en los tribunales, devolver los cuerpos
enterrados en el Valle, dinamitar el Valle, que no tiene otra
significación posible, e ilegalizar las organizaciones o partidos
políticos que hacen apología del terrorismo. Necesitamos plazos para el
cumplimiento de la Ley de memoria histórica. Hay que borrar el franquismo
más allá de la mojama del genocida.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, hemos presentado enmiendas a esta moción porque en
España, a partir de 1931, el clima social estaba presidido por altos
grados de agitación política. Es necesario garantizar y hacer efectivos
los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación de todos
los españoles y en relación con las violaciones de los derechos humanos y
con los crímenes cometidos durante el espacio comprendido entre la
Segunda República española, con episodios como la revolución del 34, la
guerra civil y la dictadura franquista.


Por lo que respecta a la supresión del apartado 2, tenemos que
manifestar que en este momento no es una prioridad de los españoles, que
tienen muchos asuntos serios que resolver y que afectan a sus necesidades
y subsistencia. Como muy bien decía hace unos días Pérez-Reverte, a la
inmensa mayoría de los españoles les importa un carajo Franco porque ya
hace cuarenta y tres años que no forma parte de nuestras vidas.


Respecto a la enmienda al punto 4, resulta imprescindible exponer
los hechos con objetividad, sin olvidar la historia en su concepto
global, apelando al valor de la reconciliación y no ahondando en la
división y en el revisionismo. No podemos obviar que en nuestro país se
ha llevado adelante una transición democrática ejemplar, con la ayuda y
la cesión de muchas formaciones políticas, con el respaldo masivo de los
españoles. Lo que necesita España es un ambiente de consenso y concordia
recíproca. Para ello se requiere responsabilidad, moderación, generosidad
y acuerdo, no imposiciones ni vetos ni revanchas ni viejas artimañas
ideologizantes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Senador Iñarritu, tiene la palabra.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, yo quería agradecer al Partido Socialista esta
propuesta. Estoy de acuerdo con ella en todo lo que dice. Es cierto que
echo en falta alguna cosa, pero en lo que dice estoy de acuerdo, porque
ya es hora de acabar con ese parque de atracciones del fascismo que es el
Valle de los Caídos que, para más inri, es un lugar que pertenece a
Patrimonio Nacional. Cuarenta y tres años después se permite que se haga
apología del fascismo o, como hemos oído ahora, que se haga revisionismo,
o se exprese esa similitud entre demócratas y fascistas, entre víctimas y
verdugo, y creo que es hora de acabar ya con eso.


Por eso he presentado una enmienda que propone no solamente que
Franco sea sacado de ese lugar. Yo copiaría lo que hizo Alemania con
Rudolf Hess, esto es, incinerar los restos y sacarlos a altamar, o lo que
hizo Israel con Eichmann: incinerarlo y sacarlo a aguas internacionales
para que nunca haya un lugar en el hacer apología del fascismo ante esos
restos. Pero en ese lugar también hay miles y miles de víctimas del
fascismo que están enterradas ahí en contra de su voluntad
—presupuesta, porque fueron asesinadas—, de la de sus
familiares y de la de las instituciones.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Voy acabando, señor presidente. Por eso,
como representante de la comunidad autónoma vasca, de Euskal Herria Bildu
y de Euskal Herria, he solicitado que, de acuerdo con las instituciones
vascas, con las asociaciones memorialistas y con sus familiares, todas
aquellas personas que fueron enterradas allí en contra de su voluntad
sean también llevadas donde sus familiares estimen oportuno.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra
el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.


Cualquier demócrata votaría a favor de una moción con cuatro
puntos tan básicos como son: condenar rotundamente el franquismo y
cualquier exaltación del mismo, sacar al dictador del Valle de los
Caídos, apoyar la resolución del Parlamento Europeo, mejorar la Ley de
memoria histórica y proteger los valores fundamentales de la democracia.
¿No? Luego lo veremos.


Pero nuestras enmiendas van más allá. En primer lugar, porque en
esta moción está ausente la justicia. Por eso, pedimos que se inste al
Gobierno a remover los obstáculos que impiden la investigación y
enjuiciamiento de los crímenes del franquismo, implementando las
recomendaciones de los diversos informes de Naciones Unidas. No hemos
pedido directamente —como en otras iniciativas relativas a los
crímenes del franquismo— la ratificación del Convenio de
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hace
unos días el Gobierno me contestaba que, mejor, el Estatuto de Roma.
Miren, busquen la mejor fórmula, modifiquen la Ley de amnistía o permitan
el avance de la tramitación de la causa penal del Juzgado criminal y
correccional federal 1 de Buenos Aires, seguida por crímenes de lesa
humanidad cometidos por la dictadura franquista.


La obligación de juzgar y sancionar a los autores de violaciones
de los derechos humanos se ejecuta a través de la acción de los
tribunales, los cuales, asimismo, deben garantizar el derecho a la
justicia y a un recurso efectivo para las víctimas de las violaciones de
derechos humanos y sus familiares, además de las garantías judiciales de
los justiciables. Para que tal recurso exista no basta con que esté
previsto por la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible,
sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si ha
incurrido en una violación de los derechos humanos y proveer lo necesario
para remediarla.


Pues bien, para las víctimas del franquismo esto no ha sido
posible en España. Durante la dictadura franquista se cometieron, entre
otros delitos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, torturas y robo de bebés, todo ello en un
contexto planificado, masivo y sistemático de ataque a la población
civil. Y la justicia no ha hecho nada. El derecho a la tutela judicial
efectiva que asiste a las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos brilla por su ausencia en España para los crímenes del
franquismo. Y sí, sí que les importa a muchos españoles. Por eso, me
dirijo al Partido Socialista. Hay una mayoría parlamentaria para
conseguir de una vez que se puedan investigar y juzgar los crímenes del
franquismo. Si no lo conseguimos en esta legislatura será exclusivamente
responsabilidad suya. ¡Basta ya de impunidad!


En segundo lugar, no se puede permitir una fundación como la
Fundación Francisco Franco, cuyos representantes se pasean constantemente
por las televisiones diciendo una falsedad detrás de otra y ensalzando la
figura del dictador; una fundación a la que menciona, incluso, una
resolución del Parlamento Europeo diciendo que glorifica una dictadura y
sus crímenes. Según la ley, las fundaciones deberán perseguir fines de
interés general, como pueden ser, entre otros, los de la defensa de los
derechos humanos de las víctimas del terrorismo y actos violentos, la
asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales,
científicos, de promoción de los valores constitucionales y de defensa de
los principios democráticos de fomento de la tolerancia; todo lo
contrario de lo que significa la Fundación Francisco Franco.


Pero, además, pese a ser la más conocida, la Fundación Francisco
Franco no es la única que sigue glorificando en España el golpe de
Estado, la dictadura y a alguno de sus asesinos más cualificados. Existen
casi una docena de ellas que homenajean figuras del franquismo y también
de inspiración fascista. Por eso, pedimos que se impulsen las medidas
legislativas necesarias para dar cumplimiento a la resolución del
Parlamento Europeo que inste a prohibir cualquier fundación o asociación
que exalte y glorifique el nacismo y el fascismo.


No me da tiempo a detenerme en todas las enmiendas, pero quiero
destacar la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar que
los restos de la momia de Franco puedan ser enterrados en la Catedral de
la Almudena y en ningún otro lugar que pueda convertirse en un centro de
peregrinación o exaltación del franquismo.


El resto de enmiendas se refieren a la preservación y
desclasificación de archivos, sobre la localización de fosas comunes y
nulidad de sentencias. Asimismo —y para acabar—, es básico
impulsar medidas legislativas para que se proceda a la retirada de todo
tipo de distinciones, condecoraciones y medallas concedidas por el
Estado, en el ámbito competencial de la Administración general del
Estado, a aquellas personas responsables de la represión franquista. Solo
un país con un déficit democrático importante puede tener a día de hoy
con medallas pensionadas a torturadores siniestros como Billy el Niño,
que además, para escarnio de sus víctimas, es invitado a la celebración
del patrón de la Policía Nacional en un acto oficial en una comisaria de
Madrid. ¡Qué amable ha sido la democracia con los crímenes de la
dictadura! ¡Ya basta!


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco,
tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.


Antic jauna, ados gaude zuk eginiko azalpenekin. Aldi berean
ikusten ari garena da ez datozela bat zuk esandakoa eta mozioan jasotzen
dena. Eta horregatik dira gaur aurkeztu ditugun emendakinak.


Geratzen zaidan zalantza bakarra izango litzateke zein den mozio
honen benetako helburua; alegia, testu on bat egitea helburu on batekin,
ganbera honen adostasuna bilatuz edo ganbera hau erabiltzea Alderdi
Sozialista eta Alderdi Popularren arteko sestra horietan edo borroka
horietan behatza bata besteari sartuz. Hala eta guztiz ere, esango dizut
gai honek merezi duen errespetuarengatik, guk babestu egingo dugula,
nahiz inongo emendakinik onartu ez. Azken finean jarrera garbia da baina
bai eskertuko genukeela Alderdi Sozialistak entzutea dauden
sentsibilitate desberdinak eta baita ere zure azalpenarekin bat datozen
emendakinekin.


Zuk aipatu duzu Antich jauna, esan duzu, elkarbizitza, aipatu duzu
debatea lasaitzea, aipatu duzu saihestea guda hitzezko gudak, politika
gehiago, kontsentsurako kapazitate gehiago, aniztasuna, eta horrelako
hitzak aipatu dituzu eta hori da gure emendakina, aipatu dugun bigarrena.
Beraz pentsatzen dut zuek mozio honetan jaso ez duzuen testu bat onartuko
duzuela emendakin honen bitartez. Ez hori bakarrik, baizik eta espertoek
zuek eginiko txostenaren jakitunek adierazitako edo eginiko lehen
gomendioa horixe bera da, eta da adostasuna bilatzea. Horregatik, guk
jarri dugu edo azaldu dugu lehen emendakina, alegia, kontsentsu zabalenak
bilatzea.


Bigarren emendakina, aipatzen da exhumazioa edo nolabait Valle de
los Caídosetik ateratzea. Ondo, eta ados gaude, eta ados gaude gainera
arrazoiarekin; baina badago beste elementu bat oso inportantea dena eta
guk jarri duguna, eta da ekidin egin behar dela Diktaduraren goraipatzea.
Alegia, gerta daitekeela edo Almudenara eramatea edo beste norabait
eramatea eta azken finean ekiditea edo nolabait babestea Diktadura
goraipatuko duten taldeen lehena. Beraz puntu hau ere kontuan hartu behar
da eta horregatik sartu dugu emendakin hau.


Hirugarrena eta niretzat inportantea dena, eta ulertu ezin dutena
mozio honetan ez azaltzea, eta dira biktimak. Biktimak, Antic jauna,
biktimak ez egotea mozio honetan iruditzen zait benetan larria. Azken
finean norbait baldin bada protagonista gai guzti honetan, biktimak
izango lirateke. Eta ez dit balio esatea lege proposamenean edo
Kongresuan egongo den lege proposamenean badaudela, ze azkenean mozioa
oso-osorik dago lege-proposamen horretan. Beraz biktimak ez azaldu izana
inportantea, eta horregatik biktimen erreferentzia bat sartu dugu.


Gero, bosgarren emendakina izango litzateke Europako
Legebiltzarrari emandako babesa, hor ez daukagu bestelako konturik. Eta
baita ere egiten den Nazio Batuen erreferentzia.


Gracias, señor presidente.


Señor Antich, estamos de acuerdo en lo que nos ha expuesto y, al
mismo tiempo, estamos viendo que no concuerda aquello que usted ha
expuesto con lo que se recoge en la moción. Por ello hemos presentado
estas enmiendas.


La única duda que me queda es la siguiente: ¿cuál es el objetivo
real de esta moción? ¿Se trata de la elaboración de un buen texto con un
objetivo lícito, buscando el consenso de esta Cámara o, por el contrario,
se trata de otra cosa? ¿Se trata de utilizar esta Cámara para promover
los debates, las polémicas entre Partido Popular y Partido Socialista y
seguir metiendo el dedo en el ojo? Le diré lo siguiente. Por respeto a
esta cuestión vamos a apoyar esta moción, a pesar de que no nos aprueben
ninguna de las enmiendas —al fin y al cabo, nuestra posición es muy
clara—, pero agradeceríamos que el Partido Socialista escuchara las
diferentes sensibilidades que existen, que están aquí representadas y
también que escuchara u observara las enmiendas que se presentan.


Señor Antich, usted ha hablado de convivencia, ha hablado de
tranquilizar el debate y de evitar el uso de palabras polémicas. Ha dicho
que es necesario hacer más política, tener más capacidad de consenso,
buscar la diversidad. Ha utilizado este tipo de términos, y esto es
básicamente lo que se recoge en nuestra enmienda número 2. Por tanto,
pienso que aquello que no han recogido en su texto lo aprobarán a través
de las enmiendas. Es lo que pienso. No solo eso, sino que lo dicen los
expertos en su informe. Precisamente la primera recomendación que han
hecho ellos es esa: busquen ustedes el consenso. Nosotros hemos puesto
esta primera enmienda para buscar el más amplio de los consensos.


En relación con la segunda enmienda, se habla de la exhumación de
los restos del Valle de los Caídos. Estamos de acuerdo, y además estamos
de acuerdo con el motivo, pero hay otro elemento también muy importante
que nosotros hemos recogido, y es precisamente que hay que evitar la
exaltación de la dictadura, y puede suceder que con el traslado a La
Almudena o a otro lugar se dé lugar a esa exaltación. Se trata de evitar
que eso suceda, que puedan exaltar la dictadura diferentes grupos o
colectivos. Como digo, un punto a tener en cuenta. Por eso hemos
presentado esta enmienda.


La tercera enmienda es quizás para mí la más importante, ya que
existe un elemento que no puedo entender que no se recoja en esta moción,
y son precisamente las víctimas, señor Antich. El hecho de que no se
recoja la cuestión de las víctimas en esta moción me parece gravísimo. Al
fin y al cabo, si hay alguien que tiene que ser protagonista en toda esta
cuestión son las víctimas, y no me vale que me digan que en la propuesta
de ley que estará en el Congreso sí que se habla de las víctimas, porque,
al fin y al cabo, la moción íntegra está en esa propuesta de ley. El
hecho de que no se mencionen las víctimas para nosotros es importante.
Por ello hacemos una referencia a ellas en nuestra enmienda.


Nuestra quinta enmienda trata de la resolución del Parlamento
Europeo. Nosotros manifestamos nuestro apoyo a esta resolución, no
tenemos mucho más que recalcar. Pero hacemos una referencia a las
Naciones Unidas...


El señor PRESIDENTE: Debe terminar señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.


Guk aldatu egiten dugu adierazpena eta da: kontuan hartzea baino,
nik uste dut konpromiso bat bilatu behar da. Eta sartu dugun emendakina
izango litzateke konpromiso hori onartu egin behar delako. Badakigu
hemen 2014an errelatorea egon zela eta horren baitan txosten bat egin
zuela eta bilatzen dugu horrekiko konpromisoa.


Gero daukagu seigarren emendakina, beti esan dugu Espainia dela
Kanbodia eta gero gorputz gehien aurkitu gabeko gorputz gehien dituen
herrialdea...Erreferentzia hori merezi du eta bukatzea, hasi naizen
bezala, elkarrizketa bai, desberdina denarekin, eta alderdi politiko
guztien arteko adostasuna iruditzen zait gutxienez bilatzea ezinbesteko
jarrera.


Mila esker.


Nosotros cambiamos la forma de decirlo. Pensamos que no hay que
tener en cuenta lo que nos dice Naciones Unidas, sino que tenemos que
recoger un compromiso. Lo que allí dicen lo tenemos que aprobar aquí.
Sabemos que ha habido un informe y buscamos un compromiso en relación con
él.


En nuestra sexta enmienda decimos que España es uno de los lugares
en los que se encuentran más restos sin localizar. Por tanto, tiene que
haber consenso y diálogo, cómo no; nos parece fundamental.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Delgado.


El señor DELGADO CÁCERES: Gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenos días. La enmienda de sustitución que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular tiene como objetivo contribuir
a mejorar y a pluralizar, si se me permite la expresión, la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que es muy
mejorable, aunque seguramente las enmiendas del Partido Popular serán
rechazadas para tratar de llevar al error y al engaño al conjunto de la
opinión pública, puesto que leyendo ya los acuerdos a adoptar que propone
la moción, vemos que destilan cierto tufo condescendiente con
determinadas ideologías de corte populista que son muy peligrosas para la
democracia.


Y digo esto por en el apartado 3 de su iniciativa incluyen de
manera acertada prohibir cualquier fundación o asociación que glorifique
o ensalce el nacismo o el fascismo, cosa con la que indudablemente
estamos de acuerdo pero no deja de ser paradójico que la izquierda se
olvide de incluir en este acuerdo al comunismo, ideología de extrema
izquierda muy dañina para cualquier sociedad, como la que
desgraciadamente se sigue observando con ejemplos que por nuestros
vínculos históricos y culturales nos pilla muy de cerca.


El punto 2 de nuestra enmienda pretende que no se dude de que sus
señorías socialistas se pliegan a este tipo de ideologías que vulneran
sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, que han
tenido y tienen la malograda experiencia de vivir bajo esas dictaduras.
Señorías, para que no quepa duda sobre su intención apoyen nuestras
enmiendas, aunque viendo a sus socios preferentes alabar regímenes como
estos, se nos antoja muy complicado. No vivan, por tanto, bajo el yugo
dogmático de Podemos y defiendan sin ambigüedades la libertad y la
democracia en cualquier parte del mundo, incluido Cuba, donde Pedro
Sánchez tiene la intención de viajar este próximo jueves. Y les advierto
una cosa, señorías, si Pedro Sánchez no se reúne con los disidentes
cubanos y no escucha otra versión que no sea la del Palacio de la
Revolución, esta moción será inútil, sectaria y partidista, algo con lo
que no estamos nada de acuerdo. (Aplausos).


Señorías, en el apartado 1 de la enmienda de sustitución que hemos
presentado condenamos, como no podía ser de otra manera, la dictadura
franquista. Lo hemos hecho en la historia de nuestro partido, lo seguimos
haciendo y lo seguiremos haciendo tantas veces traigan mociones de este
tipo. No les quepa la menor duda. Pero tengo que decir una cosa: yo nací
once años después de la muerte del dictador. ¿Qué tengo que ver con todo
eso? ¿Qué tiene que ver ese grupo de chicos y chicas que están allí
arriba con todo eso? (Aplausos). No tienen nada que ver. Díganme,
señorías, ahora que controlan el CIS, a cuántas personas les preocupa
este asunto. ¿Dónde está la pobreza infantil, el hambre, la exclusión
social, el empleo? ¿Para tanto da esta cuestión como para agotar el cupo
de mociones que tenían previsto para este Pleno? Creo que los españoles
lo tienen claro pero desafortunadamente ustedes aún no; aún no se han
dado cuenta de que la sociedad española ha evolucionado, es evolución,
que no revolución, señorías. El mundo y España no son lo mismo que hace
cuarenta y tres años. De eso estoy seguro y mi grupo parlamentario
también.


Por otro lado, señorías socialistas, en la exposición de motivos
dicen —y leo textualmente—: Con mayor motivo deben afrontarse
estas iniciativas en unos tiempos en los que el discurso racista y
xenófobo está experimentando un cierto resurgir a lo largo y ancho de
toda Europa. Claro que sí. ¿Pero dónde estaban ustedes cuando pactaban
con Torra o con Podemos, que desgraciadamente destilan odio por todos los
poros de su piel cada vez que suben a la tribuna a intervenir? ¿Por qué
no están allí ellos?


Por último, señorías, el punto 3 de nuestra plural enmienda
manifiesta lo siguiente: seguir protegiendo los valores fundamentales de
nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española del
año 1978. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esta manifestación? ¿Quién
puede hoy en día enmendar a quienes sí vivían en una sociedad fragmentada
y dividida en aquel entonces? ¿Quién pretende corregir a nuestros padres
fundadores? ¿En nombre de quién? ¿Para qué? ¿Con qué autoridad moral?
¿Con qué autoridad moral vamos a enmendarlo? Señorías, ojalá tuviéramos
la misma talla política de quienes sí demostraron tener altura política y
de quienes sí estuvieron a la altura de aquellas circunstancias. Esa es
la noble tarea que tenemos por delante, hacer de la política la verdadera
fuerza transformadora de la sociedad. Ojalá tuviéramos ese mismo sentido
de Estado, y lo digo también haciendo autocrítica, para no señalar a
nadie.


Señorías, si finalmente rechazan nuestras enmiendas, se constatará
una vez más que en la terminología progre, que en esa utopía progre, las
palabras biensonantes y buenistas buscarán disfrazar las verdaderas
intenciones de la izquierda. Palabras como diálogo, consenso y
tolerancia, todas esas palabras que siempre monopolizan no tienen ningún
sentido si ustedes no son capaces de acordar con la principal fuerza
política de este país, la que ha ganado las elecciones, señorías.
Dialogo, consenso y tolerancia cuando me benefician a mí, pensarán
ustedes, o cuando se alinean con mis posiciones. ¿Verdad, señorías
socialistas? Todo muy demócrata. Pero esas palabras tienen un sinónimo
común; para que aprendan: acuerdo, negociación y aceptación de posiciones
distintas. Para sus señorías socialistas, el consenso es asumir su
posicionamiento y su tolerancia.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DELGADO CÁCERES: Termino, presidente.


La tolerancia solo viaja en un solo sentido, el suyo. Pues no,
señorías, las cosas no son así.


En definitiva, concebimos que la única posición posible a este
respecto es una posición política y moralmente sostenible: la
reconciliación y el no rencor, esa es la única posible. Por ello les
pido, y termino ya, que hagan que me equivoque y me trague mis palabras
de hoy aceptando nuestras enmiendas, para dignificar el trabajo de
aquellos que sí supieron estar a la altura de lo que exigían las
circunstancias y no con mociones de este tipo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo para indicar si
acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, agradezco a los grupos que hayan presentado
enmiendas, porque demuestran que esta iniciativa ha generado una profunda
reflexión en los grupos de esta Cámara.


Respecto a la enmienda del señor Iñarritu, entendemos que esa
petición deben hacerla las comunidades autónomas o, a título individual,
las familias o asociaciones, y no en función de la procedencia de las
víctimas. Por tanto, no la aceptamos.


Las cuatro enmiendas de Foro Asturias no las aceptamos porque no
aportan nada sustancial a la moción y desvirtúan su contenido.


Respecto a las 22 enmiendas de Compromís, podemos estar de acuerdo
con algunas, señor Mulet, pero el objetivo de esta iniciativa es condenar
el franquismo y los actos de exaltación. Su enmienda número 3, por
ejemplo, daría lugar a otra moción, y el resto de enmiendas que presentan
las podrían proponer en la reforma de la Ley de memoria histórica. En
cuanto a la enmienda número 21, sobre bebés robados, hay una proposición
de ley que el Grupo Parlamentario Socialista y otros han presentado en el
Congreso de los Diputados. Por tanto, señor Mulet, lamentándolo mucho, no
las aceptamos.


Respecto a las dos enmiendas de Ciudadanos, el Gobierno ya ha
tenido en cuenta el informe de los expertos, y su segunda enmienda
tampoco aporta nada sustancial, por lo que no las aceptamos.


En cuanto a las enmiendas de Podemos, aceptamos la número 6,
senador Comorera, sobre la nulidad de las sentencias, y no aceptamos el
resto, porque tampoco aportan mejoras al texto.


Respecto a las siete enmiendas del Partido Nacionalista Vasco,
señor Bildarratz, aceptamos las enmiendas números 4 y 5, de modificación,
porque sí mejoran la iniciativa presentada. Y no se preocupe, señor
Bildarratz, nuestra intención es consenso y diálogo, pero con los que
quieran consensuar y dialogar. En el propio texto ya se habla del informe
de la ONU, donde explícitamente se señala a las víctimas.


Por último, respecto a la enmienda de sustitución del Grupo
Popular, nuevamente es, como siempre, de sustitución. ¿Para qué? Para
ponerse otra vez de perfil ante el franquismo, para obviar la Ley de
memoria histórica, porque a ustedes esta ley les da urticaria, señorías
de la derecha. Su enmienda pesa más por lo que no dice que por lo que
dice; ni siquiera quieren hablar del espíritu de concordia, al que usted
hacía referencia. A ustedes les escuece esta moción, y ¿saben por qué?
Porque ustedes —usted no, porque, como dice, no había nacido—
hunden sus raíces, biológica e ideológicamente, en la camisa nueva, en
las banderas victoriosas y en la España que empieza a amanecer.
(Protestas.— Aplausos).






Ustedes no tienen ninguna autoridad moral.
Sí, señorías, hunden sus raíces en la camisa nueva, en las banderas
victoriosas y en la España que empieza a amanecer. (Protestas).


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Mulet.


El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Obviamente, no esperábamos que aceptara ninguna de nuestras
enmiendas porque sabemos que este tipo de mociones son simplemente humo
para intentar poner en una coyuntura difícil al Partido Popular, que nos
da igual que condene o no el franquismo si actúa igualmente como un
partido neofranquista. Por lo tanto, ¿para qué sirven estas mociones?
Simplemente para marcar terreno, porque a la hora de la verdad actúan con
cobardía. La ley de 2007 fue una ley cobarde que se dejó a medias, y
hemos visto en decenas de municipios cómo los propios alcaldes del
Partido Socialista se niegan a cumplir la Ley de memoria histórica. En
una ciudad de Castelló, por ejemplo, se niegan a derribar la cruz
franquista. Por lo tanto, continuamos como estábamos.


En ningún país europeo pasa lo que pasa en España; en ningún país
que haya sufrido antes una dictadura pasa lo que pasa aquí. Aquí vemos
cómo no se ha cortado el ADN ideológico; aquí vemos cómo hoy se ha
insultado gravemente a las personas que durante cuarenta años estuvieron
luchando por la libertad y la democracia; aquí se ha equiparado a la
democracia con un régimen dictatorial; aquí se ha insultado gravemente a
la gente que sufrió durante cuarenta años por sus ideas democráticas;
aquí los neofranquistas —perdón por lo de neo, porque de neo no
tienen nada— han vuelto a demostrar que su ley de 2007 no sirve
absolutamente para nada, porque les da impunidad absoluta para actuar.
Eso solo pasa en España.


La gente está muy preocupada por el auge de la extrema derecha en
toda Europa. Aquí llevamos cuarenta años de extrema derecha en las Cortes
Generales, y prueba de ello son intervenciones que ha habido hoy en esta
Cámara y que continuaremos teniendo.


Solo me queda pedir la dimisión del señor Cosidó. (Varios señores
Senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Oooh!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, Foro manifiesta su máximo respeto a las víctimas de
nuestros conflictos fratricidas, al gigantesco sufrimiento de ambos
bandos. Sin embargo, no podemos obviar que nuestro país ha llevado
adelante una transición democrática ejemplar, con la ayuda y la cesión de
muchas formaciones políticas, con el respaldo masivo de los españoles
para apelar al final de las dos Españas, para poder seguir adelante
gracias al valor de la reconciliación. Entendimiento que se quiere poner
en quiebra de forma interesada, transición modélica que está puesta en
entredicho con iniciativas legislativas en algunas comunidades autónomas.
Y ahora nos ha llegado el turno a la asturiana, donde se tramita una
proposición de ley bajo la denominación Memoria democrática, impulsada
por formaciones políticas que ponen en duda el consenso que hizo el
milagro de pasar de la dictadura a la democracia sin sufrir traumas
graves, en el que hay que reconocer el gran espíritu de reconciliación de
los españoles, fundamentalmente de los que sí vivieron esa época y
conocían las consecuencias de la división; fractura a la que, mediante
voluntad popular, rechazaron volver.


El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma
piedra. ¡Cuidado, mucho cuidado con lo que hacemos! El radicalismo de
izquierdas y de derechas está creciendo. Lo que necesitamos son
estadistas como los que gestaron la Transición y no populismos y
demagogia que vuelvan a enfrentar a los españoles en dos bandos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Senador Iñarritu, tiene la palabra.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Seré
breve.


Yo creo que lo principal a día de hoy, cuarenta años después, es
desfranquizar el Estado, desfranquizar las instituciones, para que no se
vuelvan a repetir discursos de banalización de la dictadura franquista,
de revisionismo, como ha ocurrido hoy en esta sala.


Al Grupo Socialista quiero decirle simplemente que aunque no me
acepten la enmienda, voy a votar a favor. Pero también les digo que
pueden hacer cosas, desde lo simbólico a lo efectivo, como retirar las
medallas de la Gran Cruz Laureada a los killers, a los grandes killers
del franquismo; retirar rápidamente los títulos nobiliarios; hacer algo
también con los más de mil militares que han hecho un manifiesto
franquista este mismo verano, o sancionar a ese policía nacional que
agredió al fotoperiodista Jordi Borràs en Cataluña al grito de: Viva
Franco (Aplausos). Y todas esas medidas deben ir en la línea de
desfranquizar las instituciones, que ya es hora y se puede hacer rápido
si hay voluntad política.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.


Senadora Castilla, tiene la palabra.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.


Antes de posicionar el sentido de nuestro voto en esta moción, me
gustaría dirigirme al senador Delgado, porque yo tampoco había nacido
cuando gobernaba Franco y condeno el franquismo y tampoco había nacido
cuando surgió el nazismo y lo condeno. Por supuesto, a la gente de mi
edad sí le importan estos temas, y quería hacérselo ver, porque parece
que la historia la utilizamos para defender unos discursos y otros no,
dependiendo de lo que nos interese.


Volviendo al tema que nos ocupa, la Agrupación Socialista Gomera
condena el franquismo, y va a apoyar, por supuesto, esta iniciativa; es
una deuda que tenemos con todas las víctimas. Y también tenemos que sacar
a los dictadores de los sitios públicos y aprender de la historia para
que no se vuelva a repetir.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra el senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Moltes gràcies, president.


Perdonin l’afonia, continuo amb una veu una mica estranya
per intervenir.


Bé, la moció que ens presenta el grup socialista és una moció amb
la qual és impossible estar en desacord i, per tant, votarem a favor. Hem
de recordar que s’han fet múltiples iniciatives en aquest sentir,
múltiples iniciatives. S’està tramitant un projecte de llei pel
qual es modifica la Llei 52/2007 de 26 de desembre amb la finalitat
d’ampliar drets i establir mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra civil. Alhora, volem remarcar,
des de la nostra formació política, des del Partit Demòcrata, que tenim
presentades dues iniciatives també importants. Una proposició de llei per
a la reparació jurídica de les víctimes del franquisme, mitjançant la
declaració de nul·litat i il·legitimitat dels tribunals constituïts
durant la guerra civil i el franquisme, així com les seves sentències
dictades.


Farà 11 anys aviat de l’acompliment de l’aprovació de
la primera llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
mitjançant la declaració que comentàvem de nul·litat i il·legitimitat, la
que anomenem Llei de memòria històrica. Han existit múltiples iniciatives
legislatives dels PSOE, d’Unidos-Podemos, d’Esquerra
Republicana, del PNB, del Partit Demòcrata i, en aquest sentit, en
concret, l’article 3 d’aquesta llei anomenada de memòria
històrica es declaren com a il·legítimes les sentències i els tribunals
durant la guerra civil i el franquisme. Al Parlament de Catalunya també
s’ha aprovat al juliol del 2017 la Llei 11/2017 de reparació
jurídica de les víctimes.


No puc deixar d’intervenir sense fer una referència al
senador Delgado del Partit Popular reclamant-li respecte institucional
per al President de la Generalitat, que és un president que ha votat el
parlament de Catalunya; i vostès amb molt poca autoritat moral poden
parlar de Catalunya perquè vostès no van obtenir ni el 5 % dels vots a
les eleccions del 21 de desembre i, per tant, vostès, per posar-li un
exemple, a la Comunitat Valenciana serien extraparlamentaris. Per tant,
una mica de respecte pels governs instituïts.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Disculpen la afonía, sigo con la voz un poco extraña para
intervenir.


Con la moción que nos presenta el Grupo Socialista es imposible
estar en desacuerdo, así que vamos a votar a favor. Debemos recordar que
se han presentado muchas iniciativas en este sentido. Se está tramitando
un proyecto de ley por el que se modifica la Ley 52/2007, de 25 de
diciembre, con la finalidad de ampliar derechos y establecer medidas a
favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la guerra
civil. Al mismo tiempo, queremos subrayar que el Partido Demócrata tiene
presentadas dos iniciativas, una proposición de ley para la reparación
jurídica de las víctimas del franquismo, mediante la declaración de
nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la guerra
civil y el franquismo y de las sentencias dictadas.


Pronto se cumplirán once años de la aprobación de la primera ley
de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, mediante la
declaración —que comentábamos antes— de nulidad e
ilegitimidad, la que llamamos Ley de memoria histórica, y se han
presentado muchas iniciativas legislativas, del PSOE, de Podemos, de
Esquerra Republicana, del PNV, del Partido Demócrata. El artículo 3 de
esta Ley de memoria histórica declara ilegítimas las sentencias de los
tribunales durante la guerra civil y el franquismo y en el Parlamento de
Cataluña se aprobó en julio de 2017 la Ley 11/2017, de reparación
jurídica de las víctimas.


No puedo dejar de referirme al senador Delgado, del Partido
Popular, y reclamarle respeto institucional por el presidente de la
Generalitat, que es un presidente votado por el Parlamento de Cataluña.
Ustedes tienen poca autoridad moral para hablar en nombre de Cataluña,
porque no obtuvieron ni el 5 % de los votos en las elecciones de
diciembre. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ustedes serían
extraparlamentarios, así que un poco de respeto por los gobiernos
constituidos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.


«Por la noche estábamos acostados. Tocaron en la puerta. Mi padre
respondió y cuando abrió, lo primero que vi fueron cinco, seis, ocho o
diez fusiles enfocando hacia dentro. Parecía como si fueran a buscar a un
criminal. Me preguntaron si sabía dónde estaban los huidos, mis primos, y
yo les dije que no sabía. Con un revólver grande me pegaron a moler.
Todavía tengo la cicatriz. Todo eso podía ser pasadero, pero después se
llevaron a mi padre». Son palabras del duro recuerdo que dejó plasmado un
vecino de Isora, en El Hierro, don Pedro Cabrera Costa, en el libro La
represión franquista en El Hierro, del historiador Miguel Ángel Cabrera.
También en El Pinar se sucedieron escenas similares, tal y como relataba
Juan Hernández Quintero: «La casa de mi padre fue requisada por La
Falange y la pusieron de chatarrería; la tienda que tenía, la arrasaron,
la dejaron sin mercancía de ninguna clase». José Pérez Machín recuerda:
«A mi señora un falangista le vino a pedir papas. No, yo no tengo papas.
Entonces cogió y le pegó dos latigazos, dos zurriagazos. Después venían a
pedir gallos, a pedir gallinas, papas, higos pasados, gofio. Todos les
daban, porque les tenían miedo. Quedó gente inútil, enferma, que murió de
los palos», recuerda Epifanio Hernández Morales.


No podemos cambiar el pasado, señorías, pero tenemos la obligación
de aprender de él. Lo cierto es que no hemos sabido cicatrizar las
heridas de la memoria y mucho menos las heridas del corazón, que se
mantienen intactas en miles de familias en este país.


Por lo tanto, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria dice sí a la exhumación de Franco y de Primo de Rivera. Decimos
sí a la reparación de tanto dolor, a las condenas por exaltación y
apología del franquismo; sí a la ilegalización de la Fundación Francisco
Franco, en concordancia con la resolución del Parlamento Europeo; decimos
sí por respeto al recuerdo de tantos vecinos y vecinas que sufrieron
durísimos episodios de intimidación, trabajos forzados, saqueos,
donativos o impuestos obligatorios, a pesar de la miseria a la que estaba
sometida la población, que sufrió el hambre, la injusticia, la tiranía,
la inexistencia de libertades, la extirpación de la cultura y la
formación de la población, como demuestra, por ejemplo, la destrucción de
las bibliotecas existentes en la isla, quemadas por los falangistas, o la
analfabetización mayoritaria de la sociedad herreña, que se contrajo en
sí misma por el miedo y el terror.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.


Decimos sí porque también decimos sí a la democracia, con todos
sus retos, a las libertades y a los derechos humanos, algo totalmente
incompatible con la veneración y el culto a un dictador genocida, tirano
y corrupto.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Senador Rodríguez Esquerdo, diálogo. Si en algo ha basado el
senador Antich la defensa de esta moción y su oportunidad, ha sido
precisamente en el diálogo, pero en un diálogo que no quiere poner negro
sobre blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere decir que merece la pena
que se revise la Ley de memoria histórica al menos con un intento de
acuerdo? Que yo no le digo que vaya a llegar a buen puerto, pues ya nos
conocemos todos, pero, al menos, tiene que haber un esfuerzo, porque es
importante para conseguir un acuerdo.


Sin embargo, esto no es lo más importante. Lo que de verdad echo
en falta —y no me ha respondido ni una palabra al respecto—
es, al menos, una mención a las víctimas; al menos una. Tendría que
haber, al menos, una mención a las víctimas. Ya sé que me va a decir que
ahí está el Proyecto de Ley de memoria histórica; ya lo sé. Pero es que
toda la moción está recogida en el proyecto de ley, no hay nada nuevo.
Aun con todo, merece la pena que apoyemos esta moción, pero encuentro
injustificado la falta de un verdadero apoyo a las víctimas. Nadie se ha
acordado de los hermanos Lapeña, asunto que está totalmente paralizado, o
del guipuzcoano, de Zumárraga, Antonio Arrizabalaga, que también fue
enterrado en el Valle de los Caídos en contra de la opinión de sus
familiares. En todo este proceso de exhumación del caudillo-dictador nos
estamos olvidando de lo que sienten las víctimas, les estamos lanzando un
día sí y otro también un anuncio a través de los medios de comunicación
—antes de verano, después de verano, antes de diciembre, después de
diciembre—, pero nadie se está acordando de hablar y gestionar con
ellas los verdaderos problemas que tienen día a día desde hace muchos
años.


¿Y qué decir del argumento que hemos utilizado continuamente de
que España es el segundo país del mundo en personas desaparecidas? Y
ninguna referencia. Pero es evidente, senadores del Grupo Socialista, que
al menos nos une lo más importante, por eso vamos a apoyar esta moción, y
estamos de acuerdo. Pero tenemos que trabajar para que los objetivos que
persigue dicha moción y sobre los que hemos trabajado durante estos
últimos años de manera conjunta y en la oposición se lleven a cabo.


Senador Delgado, yo no sé los años que tenía, independientemente
de la situación a la que vaya a hacer usted referencia, pero este fue un
hecho que todavía tiene muchas consecuencias en muchas familias. Lo que
no puede hacer, por muy senador del Partido Popular que sea, es obviar y
olvidar todo el sufrimiento que ha habido durante todos estos años y que
todavía permanece en muchas familias, muchas de las cuales todavía no se
atreven a hablar ni tienen voluntad de hacerlo por miedo.


Senador Delgado, recuperar la memoria es la forma más firme de
asentar el futuro de la convivencia. Le voy a decir algo. Usted ha
preguntado: ¿Qué es lo que de esta enmienda —no enmiendas, sino
enmienda— a ustedes no les gusta? Yo le devolvería la pelota,
porque la presentación ha sido de otro grupo parlamentario: ¿Qué es lo
que usted no comparte de la moción presentada para no apoyarla? Porque,
como le he dicho antes, lo verdaderamente importante es el respeto, el
apoyo y el calor que se merecen las víctimas del franquismo.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: A ellas les debemos todo nuestro
trabajo y todo nuestro apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Bon dia. Gràcies, senyor president.


Senyories, es una llàstima que el senyor Cosidó no sigui aquí
perquè tenia una bona notícia per a ell. Com suposo que presentarà la
dimissió immediata, perquè els seus whatsapp són autèntics míssils a la
democràcia, doncs sé que hi ha una empresa d’aigües fecals que està
disposada a contractar-lo com a director general i, per tant, que no
pateixi que no es quedarà sense feina.


Anem al que ens interessa avui. El problema, i ara m’adreço
al Partit Socialista, és que els hi ha faltat valentia per intentar que
la dreta nostàlgica del franquisme, la dreta que no l’ha condemnat
mai de veritat, no s’hagi apropiat del relat històric. Perquè només
cal sentir algunes tertúlies, només cal llegir alguns articles
d’opinió, només cal veure algunes manifestacions que es fan a tota
Espanya, només cal consultar alguns llibres de text que estudien els
escolars espanyols per adonar-se’n que el relat històric del que va
significar el franquisme està en mans d’aquesta dreta. I no han
sabut contrarestar-lo amb prou força.


Jo reconec que la transició, excepte al País Basc i a Catalunya,
l’antifranquisme era minoritari, ho reconec. Però, home, ha passat
temps, han tingut anys per reparar aquesta situació. El que no pot ser és
que encara als llibres d’història que estudien molts escolars
espanyols es digui que el franquisme va ser un règim autoritari, però no
es digui que va ser un règim criminal, que va ser una dictadura genocida,
que va matar i va torturar a milers i a milers, o centenars de milers de
persones. Que es digui, també, que aquest règim no només va perseguir als
republicans i als socialistes i als anarquistes i als comunistes i a tots
els dissidents, sinó que va perseguir també la llengua i la cultura
catalana, la llengua i la cultura basca, és a dir, que es va cometre
també un intent de genocidi cultural i lingüístic. Tot això no
s’explica. Hi ha molts nois i noies joves que tot això no ho
saben.


Doncs, posem-nos a fer la feina ben feta, no deixem que el relat
sobre el que va ser el franquisme el manipulin aquests senyors
d’aquí a la dreta que, com ha dit molt bé el senador socialista,
són els seus hereus biològics i ideològics. Perquè aquests senyors
condemnen el franquisme retòricament però s’han oposat per terra,
mar i aire i per les clavegueres, pel subsòl, s’han oposat a
anul·lar tots els judicis del franquisme. S’han oposat a perseguir
els sicaris i els criminals del franquisme, perquè totes les sentències
que van emetre els tribunals franquistes, i tots els actes administratius
que van dictar les administracions franquistes són totes nul·les de ple
dret, perquè el fonament era il·legítim. Perquè el fonament
d’aquestes sentències i actes administratius estava en un cop
d’Estat perpetrat per militars; l’únic cop d’Estat de
veritat que hi ha hagut a l’Estat espanyol els últims cent
anys.


Per tant, si tots els actes jurídics, les sentències i els actes
administratius són nuls de ple dret, per què no s’ha reparat a les
víctimes via civil? Per què no s’han anul·lat tots els judicis?
Perquè ha faltat valentia, perquè de vegades ens hem deixat intimidar pel
qui presumeixen d’haver guanyat la guerra civil i d’haver
guanyat la transició. Perquè presumeixen d’això. Perquè ells
mateixos van dissenyar una transició a la mida dels seus interessos.


Per tant, votarem a favor de la moció, però hem d’anar més
enllà perquè, si no, molts dels valors dels qui van perpetrar el cop
d’Estat el 18 de juliol seguiran vigents; seguiran vigents i
presents, defensats d’una altra manera més subtil, però
l’esperit, la filosofia que els va informar seguirà nodrint
l’imaginari de molts ciutadans espanyols.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, señor presidente. Buenos días.


Señorías, es una lástima que el señor Cosidó no esté aquí porque
tenía una buena noticia para él. Como supongo que presentará la dimisión
de manera inmediata porque sus wasaps son auténticos misiles a la
democracia, sé que hay una empresa de aguas fecales que está dispuesta a
contratarlo como director general. Por tanto, no sufra, porque no se
quedará sin trabajo.


Pero vamos a lo que nos ocupa hoy. El problema —ahora me
dirijo al Grupo Socialista— es que les ha faltado valentía. Les ha
faltado valentía para intentar evitar que la derecha nostálgica del
franquismo, la derecha que nunca han condenado de verdad, se haya
apropiado del relato histórico, porque basta con escuchar algunas
tertulias, basta con leer algunos artículos de opinión, basta con ver
algunas manifestaciones que tienen lugar en toda España, basta con leer
algunos libros de texto de los que estudian los escolares españoles para
darse cuenta de que el relato histórico de lo que significó el franquismo
está en manos de esta derecha y no han sabido contrarrestarlo con
suficiente fuerza.


Yo reconozco que en la Transición, excepto en el País Vasco y en
Cataluña, el antifranquismo era minoritario; lo reconozco. Pero ha pasado
tiempo, han pasado años para subsanar esta situación, y lo que no puede
ser es que en los libros de historia que estudian muchos escolares
españoles todavía se diga que el franquismo fue un régimen autoritario y
no se diga que fue un régimen criminal, que fue una dictadura genocida,
que mató y torturó a centenares de miles de personas; que no se diga
también que ese régimen no solo persiguió a los republicanos, a los
socialistas, a los anarquistas, a los comunistas y a todos los
disidentes, sino también a la lengua y a la cultura catalana, a la lengua
y a la cultura vasca, es decir, que también se cometió un intento de
genocidio cultural y lingüístico. Todo esto no se explica y hay muchos
chicos y chicas jóvenes que no saben todo esto.


Pongámonos, pues, a trabajar de verdad y no dejemos que el relato
sobre lo que fue el franquismo lo manipulen estos señores de ahí, de la
derecha, que, como muy bien ha dicho el senador socialista, son sus
herederos biológicos e ideológicos. Porque estos señores condenan el
franquismo retóricamente, pero se han opuesto por tierra, mar y aire, y
por el alcantarillado y el subsuelo, a todos los juicios del franquismo,
a perseguir a todos los sicarios del franquismo; porque todas las
sentencias que emitieron los tribunales franquistas y todos los actos
administrativos que dictaron las administraciones franquistas son nulos
de pleno derecho; porque el fundamento era ilegítimo; porque el
fundamento de esas sentencias y actos administrativos residía en un golpe
de Estado perpetrado por militares, el único golpe de Estado que de
verdad ha habido en el Estado español en los últimos cien años.


Por tanto, si todos los actos jurídicos, las sentencias y actos
administrativos son nulos de pleno derecho, ¿por qué no se ha reparado a
las víctimas por la vía civil? ¿Por qué no se han anulado todos los
juicios? Porque ha faltado valentía, porque a veces nos hemos dejado
intimidar por aquellos que presumen de haber ganado la guerra civil y de
haber ganado la Transición; porque presumen de esto, porque ellos mismos
diseñaron una transición a la medida de sus intereses.


Por tanto, votaremos a favor de la moción. Pero debemos ir más
allá, porque, de lo contrario, muchos de los valores de quienes
perpetraron el golpe de Estado el 18 de julio seguirán vigentes y
presentes, defendidos de una manera más sutil, pero el espíritu, la
filosofía que los conformó seguirá alimentando todavía el imaginario de
muchos ciudadanos españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Eskerrik asko, señor presidente.


Quisiera iniciar mi intervención pidiendo al señor Delgado que
retire su afirmación de que nuestro grupo hace apología del odio. Tenemos
posiciones diferentes y cada uno defendemos lo que creemos correcto.
Muchos aspectos que nosotros hemos planteado son recomendaciones de la
Organización de Naciones Unidas, y creo que son afirmaciones graves que
nadie nos merecemos. (Aplausos).


Efectivamente, son las trece horas y veintiocho minutos y el señor
Cosidó sigue sin dimitir.


Con sinceridad y con el corazón, que, como saben, está a la
izquierda, ¿de verdad esta Cámara va a condenar la dictadura franquista?
¿Esta Cámara condena los crímenes franquistas? ¿Saben sus señorías que en
Europa todas las democracias han podido juzgar sus dictaduras? ¿Esta
Cámara considera que los restos del fascista Francisco Franco deben salir
del Valle de los Caídos?


Con las enmiendas presentadas, además de mostrar voluntad
política, consideramos que es necesario poner en marcha ciertas medidas
legislativas para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición. El Grupo Socialista ha sido tibio —solo ha
aceptado una de ellas— y consideramos que de este modo, desde
luego, no se responde ni se respetan aquellas peticiones de las cientos
de asociaciones memoristas que existen en nuestro país.


Jaun-andreok 1936ko uztailaren 18an kolpe hiritar militarrak 2.
Errepublikako legezko agintariak baztertu zituen. Altxamenduak Alemania
naziaren eta Italia faxistaren laguntza izan zuen. Altxamenduak diktadura
bat ekarri zuen, eta ehun milaka pertsonen giza-eskubideak urratu zituen
sistematikoki berrogei urtez baino gehiago: hobi komunetan desagertuak,
erailak, errepresaliatuak, torturatuak eta espetxeratuak arrazoi
politikoengatik, erlijio arrazoiengatik eta sexu-orientazioagatik, milaka
pertsona erbesteratuak eta deportatuak kontzentrazio-esparruetara,
ahurrak lapurtuak beren amengandik etab.


Horregatik guztiagatik, jaun-andreok, Francoren gorpua hobitik
ateratzeak aukera eman beharko luke eta era berean Erorien Haranari buruz
eta frankismoa bera hobitik ateratzeari buruz hitz egitea.


Señorías, el 18 de julio de 1936 un golpe militar se alzó contra
los gobernantes legales de la Segunda República. El alzamiento contó con
la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista, y resultó en una
dictadura que vulneró los derechos humanos de cientos de miles de
personas de forma sistemática durante más de cuarenta años. El alzamiento
se saldó con personas desaparecidas durante un montón de años.
Desaparecidos en fosas comunes, exiliados, asesinados, represaliados,
torturados, deportados a campos de concentración, robos de niños
extraídos de sus madres, etcétera.


Por todo ello, señorías, la exhumación de los restos de Franco
tendría que ser también una oportunidad para hablar sobre el Valle de los
Caídos y sobre la propia exhumación del franquismo.


El actual Valle de los Caídos es un santuario de la dictadura y
representa el asesinato, la represión y la barbarie. Es un lugar de culto
al fascismo que, anacrónicamente, sobrevive en una democracia y que
supone una horrenda excepción en Europa, por lo que debe llegar a su fin.
Es incompatible tener a un dictador en un museo en una democracia,
mantenido, además, con dinero público y donde están enterradas miles de
víctimas en contra de la voluntad y el reconocimiento de sus
familiares.


Por ello, y en el contexto de instar al Gobierno a impulsar la
revisión y mejora de la vigente Ley de memoria, hemos presentado en el
Congreso diferentes enmiendas, algunas de las cuales hoy hemos conocido
aquí. No solo consideramos que los restos de Francisco Franco deben salir
del Valle de los Caídos y no puedan depositarse en espacios públicos o en
lugares que sirvan para el enaltecimiento de la dictadura y el fascismo,
sino que también reclamamos que los del fundador de Falange, José Antonio
Primo de Rivera, que reposan también en el altar mayor de la basílica del
Valle, sigan los mismos pasos.


Creemos que se debe anular la amnistía de los crímenes de la
dictadura y derogar el concordato y los acuerdos son la Santa Sede.
Necesitamos una fiscalía especial para los crímenes del franquismo, y lo
que es más importante, hay que atender todas las reclamaciones y
peticiones de los familiares de las víctimas en cuanto a la exhumación de
los restos mortales que se encuentran en la cripta de la basílica.


Señorías, la justicia internacional considera que los crímenes
contra la humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar.
Debemos denunciar lo que hoy significa que siga habiendo fosas cerradas,
personas con su identidad perdida, desaparecida o robada; personas
torturadas que conviven con sus torturadores, exministros que firmaron
sentencias de muerte y familiares de los condenados que viven con esos
exministros. Nosotros pensamos que tiene que ser un valle sin caídos.
Debe convertirse en un cementerio civil donde se entierre a todo el mundo
que no sea reclamado.


Les animo a trabajar juntos para que más pronto que tarde
—ya está costando— se efectúe la exhumación de Franco hoy y
de José Antonio Primo de Rivera mañana, para que lleven sus restos a un
lugar donde no existan peregrinaciones ni exaltación al fascismo, que se
ilegalice la Fundación Francisco Franco y que trabajemos juntos para que
el Valle de los Caídos deje de ser un memorial fascista.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ARRIETA ARRIETA: Termino. Y que trabajemos también para
convertir el Valle de los Caídos en un lugar para la memoria democrática
y antifascista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Permítanme que felicite y dé las gracias por asistir al director
general de Memoria Histórica, que está en la tribuna, y a don Eduardo
Ranz, letrado de los hermanos Lapeña y asesor, que también está hoy con
nosotros. Por cierto, y dicho sea de paso, ayer los hermanos Lapeña
fueron recibido en Moncloa y, según me dicen, señor Bildarratz, sobre la
familia vasca de la que usted hablaba el propio director general, que
está aquí presente, ya ha estado con ellos y ha iniciado los trámites con
Patrimonio Nacional. (Aplausos).


Han pasado 43 años de la muerte del dictador Franco, 40 años de la
Constitución, y yo creo que hoy es un buen momento, como decía el senador
Antich, para que esta Cámara realice de verdad una reválida de nuestro
apoyo a los valores democráticos y condene de una manera concluyente e
indiscutible el franquismo y cualquier otro acto que suponga su
exaltación. De ahí el objetivo de esta moción. Por cierto, han pasado 40
años de democracia y yo no he visto en ningún momento a la derecha
española que haya traído a ninguna de las Cámaras, a las Cortes
Generales, una moción en contra del franquismo. No lo he visto nunca. Ha
tenido que ser la izquierda y ha tenido que ser el Grupo Socialista.


Señorías, la ONU acaba de alarmar a todo el mundo sobre la
creciente visión que está teniendo la ultraderecha y el neonazismo, y ha
solicitado a las naciones que intervengan con eficacia contra estos
movimientos intolerantes; por cierto, movimientos intolerantes que
estamos viendo en las calles de España cada día. Estas son fotos que se
ven por las calles de España. Perdón... esta no quería sacarla: es de las
Nuevas Generaciones del PP.


Señorías, hay tres ámbitos que reconocen el valor y la importancia
de esta moción. En el ámbito legal, nuestra propuesta de reforma de la
Ley 52/2007 para subsanar alguna de las carencias que tiene esa ley y
revitalizar el cumplimiento de la Ley de memoria histórica, paralizada de
facto por el Gobierno popular mediante su racionamiento presupuestario;






en el ámbito judicial, dos iniciativas impulsadas por la sociedad civil y
los colectivos de víctimas; y en el ámbito internacional, como decíamos
antes, iniciativas de la ONU y el Parlamento Europeo para la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Por
lo tanto, aun siendo positivo exhumar los restos de Franco del Valle de
los Caídos, porque responde a una voluntad para reparar a las víctimas
del franquismo, se corrige un error histórico, normalizando así nuestra
vida democrática al acabar con una anomalía como es mantener enterrado a
un dictador, responsable de innumerables muertes, junto a miles de sus
víctimas.


Los poderes públicos, señorías, debemos desarrollar todas las
medidas necesarias para honrar a las personas que se esforzaron para
construir el régimen democrático de la Segunda República, que padecieron
las injusticias y la represión de la dictadura y que, no lo olvidemos, se
mantuvieron en pie frente al franquismo totalitario para recuperar la
democracia.


El Grupo Socialista pretende con esta moción mantener la llama
encendida de esas víctimas a las que aterrorizaron o quitaron sus vidas
por el simple hecho de querer libertad.


Señorías, la democracia no se construye mientras tengamos
cadáveres en las fosas comunes, no se construye mientras tengamos
cadáveres en las cunetas o en los lugares olvidados de España. La
democracia, señorías, no se construye manteniendo enterradas sin nombre,
sin honra y sin memoria a las víctimas. No hay democracia sobre el
silencio de las víctimas y sin memoria. Fijemos la memoria histórica en
un discurso que las envuelva de valores democráticos, de virtudes
cívicas, de derechos humanos, de convivencia y de diálogo, señor
Bildarratz. Contribuyamos, como pretendemos hacer con esta iniciativa, a
la prevención de la violencia, a la promoción de la paz y al
fortalecimiento de nuestra democracia. Pongamos fin, efectivamente, al
odio y al rencor y abramos hoy un camino para que en España la herida
deje de sangrar, porque la memoria, señorías del Partido Popular, nunca
va contra nadie, la memoria no hace daño a nadie; la memoria, señorías,
no ofende a nadie; la memoria pretende, tan solo, encontrar el pasado y
valorarlo.


Señorías, los socialistas consideramos que todos debemos recelar y
preocuparnos por la creciente normalización de los nuevos fascismos. Hace
un mes, el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que exhortaba a
los gobiernos a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte o
glorifique el neofascismo y el neonazismo, y apremiaba a nuestro país,
señorías, a la retirada efectiva de todos los símbolos o monumentos que
exalten el alzamiento, el fanatismo y el sectarismo que tuvo lugar hace
cuarenta y tres años.


Señorías, si en estos días celebramos cuatro décadas de democracia
y de Constitución, es porque en España Franco y su dictadura dejaron de
existir.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Termino, señor presidente.


Como dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta
Cámara, dictadura y democracia, franquismo y Constitución son
incompatibles. De ahí que no quepan actitudes tibias respecto al
franquismo. Por eso hoy solicitamos su condena rotunda.


Acabo, señor presidente, con una cita de Indalecio Prieto. Decía:
España necesita corazones sensibles capaces de estremecerse ante el dolor
humano, tierno sentimiento sin el cual parece que se pierde lo más
esencial de la grandeza humana. Solo así podremos encarar el futuro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aragonés.


El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Pueden imaginar que al que les
habla, y creo que casi a la totalidad del Grupo Popular, no le gustaría
estar en esta tribuna en el día de hoy para rechazar ninguna moción que
fuera de condena de una dictadura. Pero de aquí no se sale con ese
debate, señores. Luego quedará en el Diario de Sesiones lo que ustedes
quieran, y en titulares de periódicos también, pero lo que aquí han dicho
demasiados portavoces es estrictamente una política de exclusión del
rival, sazonada con una retórica que está muy cerca ya —si no
roza— de considerarnos enemigos políticos. (Aplausos).


Como ha dicho el señor Antich, del Grupo Parlamentario Socialista,
resulta que en la mayoría de esta Cámara hay unas raíces biológicas en
las que anida un espíritu totalitario, criminal y, por supuesto,
merecedor por tanto —no se sabe cuándo, en la enésima reforma de la
Ley de memoria histórica— de sanción penal. ¿No estamos hablando de
eso, señor portavoz de Podemos? ¿No queremos realmente eso? ¿Qué hacemos
con los españoles que votan al Partido Popular? ¿Son franquistas o lo es
solo su élite? (Aplausos).


La Ley de memoria histórica, escueza o no, señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, no fue derogada por la mayoría absoluta
del Partido Popular. Podía haberlo sido, pero ¿de qué estamos hablando?
Por supuesto, como se dijo el año pasado, en el penosísimo trabajo del
mapa de fosas —les habla quien no es especialista en la materia;
por lo tanto, les pido de antemano algo de benevolencia—, este se
amplió significativamente. Ya lo dijo la portavoz de nuestro grupo el año
pasado, Ayala, pero es inútil. De lo que se trata es de que el 20 de
noviembre podamos meter el dedo en el ojo al Partido Popular.
(Aplausos).


Pensaba pedir excusas a quien se pudiera sentir ofendido o
confundido, pero verdaderamente le quitan a uno el ánimo. Voy a pedir
excusas a mi grupo, porque en mi grupo hay muchísimas sensibilidades. Hay
personas que piensan que esa moción merecería la aprobación; hay personas
que pensamos que no, y hay otras muchas personas que piensan que
deberíamos abstenernos, a pesar de que tenga un coste electoral. ¿Cuál?
El de las próximas elecciones. La Ley de memoria histórica y las
celebraciones sobre la memoria histórica ya empiezan a tener un
significado electoral. Lo saben ustedes perfectamente, señores del
Partido Socialista. Ustedes están con el aprendiz de brujo.


Si quieren, sigan radicalizando —ustedes que tienen la
responsabilidad del partido de la izquierda institucional y, por tanto,
la de la moderación— y acabaremos no muy lejos de donde están
Francia, Italia u Holanda, solo por hablar de la Unión Europea. Si
quieren, inténtenlo, radicalicen. Los incidentes parlamentarios —y
hemos estado a punto de sufrir uno esta mañana en el Congreso— no
van a parar por eso. Radicalicemos el discurso, hagamos frentepopulismo
retroactivo sobre la derecha, o sobre el centro-derecha, o sobre lo que
ustedes quieran. (Rumores). Parece que tienen envidia de que, hasta hace
bien poco, la derecha había conseguido una suerte de unificación
electoral. Parece que eso les recuerda a la famosa unificación del
general Franco.


La moción no va sobre nada, va sobre el 20 de noviembre, para
recordar a los españoles —que lo habían olvidado— que Franco
murió hace una enormidad de años, porque todo lo demás es su tarea
legislativa, que reside en el Congreso.


Me queda muy poco tiempo y no creo que vaya a obtener la
benevolencia del presidente. No obstante, quiero señalar que el señor
Bildarratz me ha recordado, por su talante de comprensión, conciliación y
de intentar el consenso, a la vía que inició su ilustre antecesor, el
señor Jáuregui —por supuesto, exiliado republicano—, muerto
hace muchos años, quien realizó una enorme labor por la dignificación de
las víctimas —en nombre del PNV y en la Comisión de los
Nueve—, que no es, como piensa del Partido Socialista, la Ley 2007,
sino las dos amnistías —la segunda de las cuales, por cierto, fue
concedida en este Parlamento—.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Hagamos eso en este Senado y no
contribuyamos con esta legislación, protolegislación o este tipo de
mociones, que no hacen sino enrarecer el clima político y abrir la fosa,
el abismo entre fuerzas políticas muy representativas, simplemente para
echar sal en las heridas.


¿Me permite el presidente que lea una sola cosa?


El señor PRESIDENTE: Muy breve.


El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Está presente el director general
de Memoria Histórica, y como está presente no voy a leer sus
declaraciones, porque no puede entrar en conflicto. No obstante, voy a
leer un texto que a él sí le sonará, pues se trata de la primera norma de
la memoria histórica, que dice así: Decreto 334/2003, de 2 de
diciembre... (Rumores). Un momento, déjenme. El texto habla de las
víctimas de la rebelión militar pertenecientes al bando republicano y de
los fallecidos en la contienda del denominado bando nacional. ¿Ven
ustedes? Fallecidos en el bando nacional, víctimas en el bando
republicano. Así seguimos, hay dos clases de víctimas de la Guerra Civil:
unas merecen memoria y otras ya la tuvieron. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aragonés.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, para su información les diré que vamos a votar esta
moción y que no pararemos el Pleno para almorzar, sino que vamos a seguir
con el orden del día. Se continuará votando a partir de las cinco de la
tarde.


Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista
con la incorporación de las enmiendas aceptadas, que son la número 6, del
Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y las dos
del Grupo Parlamentario Vasco, con número de registro 134 150
y 134 151.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233;
votos emitidos, 233; a favor, 97; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.— El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la presidencia.— Rumores)









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.


625/000002



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, si no guardan
silencio, no continuamos el Pleno.


El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los
puntos 6., 6.1. y 6.1.1.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación de la
proposición de ley, tiene la palabra el presidente de la Comisión
Constitucional, senador Lucas Giménez.


El señor LUCAS GIMÉNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar
a la Cámara la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, para
garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad.


Esta proposición de ley fue remitida al Senado por el Congreso de
los Diputados y publicada el pasado 24 de octubre de 2018. Al amparo del
artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la remisión de esta
proposición de ley a la Comisión Constitucional y se abrió un plazo de
presentación de enmiendas, que concluyó el día 5 de noviembre de 2018,
sin que se solicitara la ampliación del mencionado plazo.


A esta proposición de ley, que se ha tramitado por el
procedimiento ordinario, se presentó una enmienda del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y una vez convocada la Comisión
Constitucional para emitir su dictamen dicho grupo retiró su enmienda,
por lo que, en cumplimiento del artículo 107.3 del Reglamento del Senado,
se desconvocó la comisión para que la proposición de ley se sometiera en
este acto al conocimiento directo del Pleno de la Cámara.


Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta
ahora se ha llevado a cabo.


Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Lucas Giménez.


Señorías, pasamos al debate de totalidad. Abrimos un turno de
portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Marcos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de comenzar mi intervención me gustaría saludar
efusivamente, agradecer y reconocer la inmensa labor de los asistentes
que hoy nos acompañan en la tribuna, el tejido asociativo de la
discapacidad, representada en Cermi Estatal, impulsores reales de ese
cambio, miembros de la sociedad civil y del tejido asociativo de la
discapacidad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, profesionales y
familias que desde su decidida implicación y sus propuestas son parte
fundamental para que hoy, definitivamente, señorías, el voto para las
personas con discapacidad sea una realidad. Muchísimas, muchísimas,
muchísimas gracias.


El pasado 18 de octubre se vivió en el Congreso de los Diputados
un hito histórico en la defensa de los derechos fundamentales de las
personas con discapacidad, la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, LOREG, que permitirá eliminar la
posibilidad de que en los procedimientos de incapacitación legal los
jueces puedan privar del derecho fundamental al voto a determinadas
personas por motivos asociados a su discapacidad. Así se cumple y se da
mandato al artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, que dice: Los Estados partes garantizarán a
las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de
gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás y se
comprometerán a asegurar que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en
igualdad de condiciones.


Señorías, el pasado 15 de octubre tuve el honor y el placer de
participar en el curso Yo también cuento, de autorrepresentantes de Plena
Inclusión Madrid; autorrepresentantes que representan a cada una de sus
entidades; autorrepresentantes que en la Fundación Aprocor de Madrid
compartieron conmigo el deseo de participar con pleno derecho, como todo
ciudadano y ciudadana españoles en los procesos electorales. Por eso, hoy
quiero acordarme de todos esos participantes que me preguntaban: Tomás,
¿cuándo se aprueba ya el voto para las personas con discapacidad? Es hoy
cuando definitivamente se va a aprobar.


Gracias también al Cermi Estatal, a Autismo España, a Plena
Inclusión, a todas y cada una de las entidades; gracias Luis, gracias
Jesús, Mayte, Óscar, Enrique, Mariano, Javier, María Jesús, Raquel o
Anxo, o Cristina, que hoy también nos acompaña. Gracias a todos y cada
uno de esos autorrepresentantes. Gracias al CERMI Estatal y a su petición
al Defensor del Pueblo en 2016, que puso la primera piedra para esta
reforma después de años de demanda social. Gracias a la iniciativa de la
Asamblea de Madrid, que por unanimidad tomó en consideración que esto se
llevara al Congreso de los Diputados. Gracias —tengo que
decirlo— a otros parlamentarios de otros grupos políticos, pero hoy
quiero dirigirme a Diego Clemente, representante de Ciudadanos en la
Comisión de Discapacidad, y a Marcial Gómez, que defendió en la Comisión
Constitucional esta reforma. Y a esas comisiones, que han hecho también
posible que esto llegue aquí.


Esta reforma, señorías, no es de ningún partido, no es de un
partido, es para los ciudadanos con discapacidad, es para que con
libertad, con igualdad, quien quiera participar lo pueda hacer,
casi 100 000 personas. Es, por tanto, señorías, una reforma para todas
las personas con discapacidad.


Hoy, se me nota, estoy contento. Hoy se supera una injusticia.
Hoy las personas con discapacidad son más libres y más iguales. Hoy gana
la inclusión social. Hoy todas y todos los españoles ganamos. Hoy todos y
todas somos más libres, más iguales y más inclusivos. Enhorabuena a todo
el tejido asociativo y enhorabuena a los protagonistas que, largamente
deseado, podrán votar en las siguientes consultas electorales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Marcos.


Ruego que administren ustedes sus intervenciones, porque se van a
quedar sin tiempo enseguida. Senador Navarrete, tiene la palabra.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Voy a ser lo más rápido posible. En primer lugar, quiero sumarme
al agradecimiento que ha expresado el senador Marcos. Gracias.


Hoy, definitivamente, potenciamos y hacemos más inclusiva nuestra
democracia. Hoy, definitivamente, hacemos que el Estado español cumpla
con los convenios internacionales de derechos de las personas con
discapacidad, que España firmó y se adhirió, pero que no cumplió del
todo. Hoy, definitivamente, cumplimos con las recomendaciones del Comité
de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Hoy, definitivamente, cumplimos con el artículo 14 de la Constitución
española.


Con la aprobación de esta proposición de ley, las personas con
discapacidad reconquistan un derecho que deberían haber tenido siempre.
Este logro no es mérito de los legisladores, es mérito de la sociedad
civil que ha sido capaz de apretarnos, de obligarnos a cambiar la ley. Es
la sociedad civil la que con su activismo y con sus campañas ha
conseguido que hagamos esto hoy todos juntos. Gracias por ello y, una vez
más, les reconozco su gran esfuerzo. El texto que llegó al Congreso de
los Diputados era mucho mejor que el que saldrá hoy de aquí, según la
opinión de Compromís, pero, en aras del acuerdo y de la unanimidad,
aceptamos la opinión de los proponentes, como no podía ser de otra
manera, y también las enmiendas que presentó el Partido Popular, aunque
no nos convencen del todo.


No podemos estar más contentos, esto es lo que hay. Pero voy a
expresar dos dudas que nos han surgido con el nuevo texto: ¿quién, cómo y
con qué criterios se va a decidir sobre la conciencia, la libertad y la
voluntad? ¿Quién y cómo vamos a dotarnos de garantías para que las
decisiones que se tomen no se basen en prejuicios y en conceptos
subjetivos? Esas son las dudas que nos surgieron cuando se aceptó la
enmienda en la Comisión de Justicia del Congreso.


Por tanto, muy contentos, muy felices, pero con dudas y atentos a
lo que vamos a hacer con estos pequeños conceptos que no tenemos muy
claros en Compromís.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Con el saludo, en nombre de Foro, a los representantes de las
instituciones y entidades cívicas que nos acompañan en la tribuna de
invitados, intervengo para respaldar la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, para
garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con diversidad
funcional, al objeto de que tengan igualdad de condiciones para ejercer
su participación pública y política.


Esta modificación atiende a una de las grandes demandas de estas
personas discapacitadas para igualarlas con el resto de los ciudadanos y
evitarles las limitaciones en la participación que tienen actualmente.
Por tanto, se trata de corregir una situación democráticamente imperfecta
y anómala, a la que se suma la necesidad de asumir el compromiso de
España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que refleja inequívocamente que ninguna persona por
motivos asociados a su discapacidad puede ser privada del derecho al
voto. Nos congratula que a esta modificación se le haya dado agilidad en
el Senado porque estas limitaciones tan poco presentables, lejos de ir a
menos, van a más, afectan cada vez a más personas, como acertadamente
alertó el presidente del Cermi hace un año en su comparecencia ante la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, exhibiendo
datos de la Junta Electoral Central y de la Oficina del Censo Electoral
sobre la privación del voto.


Foro va a dar su apoyo a esta reforma porque las normativas y los
artículos que restringen un derecho tan fundamental, personal e
indelegable para el ejercicio de voto tienen que desaparecer cuanto
antes. No puede haber pretextos para afrontar con la mayor diligencia
esta necesaria reforma legislativa que hoy, estoy segura, contará con un
alto grado de acuerdo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Domínguez de Posada.


¿Alguien más desea intervenir del Grupo Mixto?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Pascal.


La señora PASCAL CAPDEVILA: Gracias, señor presidente.


Quiero dar la bienvenida, en nombre de mi grupo parlamentario, a
los representantes del mundo de la discapacidad. Bienvenidos al
Senado.


Voy a ser muy breve, pero muy clara. Creemos que hoy se hace un
acto de justicia y que lo que hacemos aquí no es solo dar representación
a estas más de 100 000 personas que tenían privado su derecho a voto,
sino mejorar, en su conjunto, un sistema democrático que, si tenía
ciudadanos que no podían expresar su voluntad en las urnas,
evidentemente, no era un sistema democrático pleno ni era un sistema
democrático digno de cualquier sociedad avanzada. Este derecho era un
tema pendiente desde 2008 cuando España —lo han dicho otros
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— adoptó la
Convención de Naciones Unidas para la Protección y Fomento de los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Déjenme decir también que nos
ha costado diez años, que los he visto un poco más rápidos, si me
permiten la informalidad. Esto lo deberíamos haber hecho rápidamente. Nos
ha costado diez años, pero estamos felices de poder contribuir hoy a que
esta modificación, este acto de justicia se lleve a cabo. Otros países
europeos ya lo han hecho, llevan tiempo adoptando esta medida, como Reino
Unido, Suecia, Letonia, Italia, Holanda o Croacia, solo por citar
algunos; con lo cual, no nos podíamos quedar parados.


Una última reflexión, porque ya he dicho que sería breve, pero
clara. La Convención de Naciones Unidas que se adoptó en 2008 supuso
también una revolución en la concepción de las políticas de discapacidad
en el Estado español. Veníamos de una concepción paternalista; veníamos
de una concepción solo de ayuda. La adopción de esta convención nos
permitió trabajar en la línea del reconocimiento de la plena capacidad a
decidir de todas las personas, tengan la discapacidad que tengan. Esto es
importante no solo por lo que estamos haciendo hoy en el derecho a voto,
sino por todos aquellos aspectos que ayuden a mejorar la vida de las
personas con discapacidad. Sigue siendo el reto, insisto, no solo por lo
que hacemos hoy aquí, sino por lo que haremos en el futuro. Por tanto,
van a contar con la complicidad, el apoyo, el trabajo y el cariño de
nuestro grupo parlamentario para que las personas con discapacidad puedan
ver mejorados sus derechos hasta ser plenos y vivir con plena normalidad
en nuestra sociedad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Pascal.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días.


Hoy debatimos una Proposición de Ley de modificación de la Loreg
para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad. Es una cuestión de máxima importancia porque supone hacer
efectivo un derecho que una parte de la ciudadanía tiene reconocido, en
teoría, pero sin posibilidad real de ejercerlo. Lo que cuesta creer es
que en 2018 aún no esté garantizado este derecho. También cuesta creer
que esta modificación sea a iniciativa de la Asamblea de Madrid y no del
propio Gobierno casi de oficio. Lo digo porque la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por el Reino de
España ya en 2008, y esa ratificación implica un compromiso jurídicamente
vinculante de cumplimiento. Todos sabemos que el propósito de la
convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el
respeto a su dignidad inherente. Pero todos sabemos también que, diez
años después de esta ratificación, el grado de cumplimiento de la
convención en el Estado español es de suspenso. Por ejemplo, ¿quién de
ustedes diría que los espacios públicos en el Estado son totalmente
accesibles? Y creo que no tengo que recordarles que el plazo para que así
fuese expiró en diciembre del año pasado. Esto, que es una crítica
—espero que constructiva—, había que recordarlo, porque
aunque hoy sea un día de alegría, también es un día de
reivindicación.


Esta modificación que hoy vamos a aprobar —espero que de
forma unánime—, en primer lugar, da respuesta a una reivindicación
histórica; reivindicación histórica de personas con discapacidad, de
familiares, de asociaciones que hoy nos acompañan y a las que saludo y
agradezco sinceramente su labor. En segundo lugar, está en concordancia
con la convención, ratificada en su artículo 29, sobre participación en
la vida política y pública. Y además, atiende a las recomendaciones del
Comité de la ONU que, tras examinar al Estado español en 2011 —hace
siete años—, tras el tirón de orejas, pidió explícitamente al
Estado modificar el artículo 3 de la Ley 5/1985, la LOREG. Hace siete
años. Hace siete años la ONU nos tira de las orejas después de que hace
diez años se ratificase un convenio, y hoy estamos aquí y nos tenemos que
felicitar, pero haciendo crítica, porque ya era hora de que llegase esta
modificación; ha sido una larga espera. Pero tal vez hoy tenemos que
quedarnos con lo positivo y, como dice el refrán, nunca es tarde si la
dicha es buena.


Sí quisiera destacar la modificación del apartado 2 de ese
artículo 3 de la Loreg, que ahora quedará redactado de la siguiente
manera: Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo
consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de
comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Me parece destacable
porque se pasa a legislar en positivo y porque hasta ahora la privación
del derecho al voto, la privación a la participación, era la regla y no
la excepción, y a partir de ahora, a partir de la aprobación de esta
modificación, cambia ese paradigma. Esta modificación supone un paso
importante, pero no deja de ser un paso y el camino es largo, un camino
para que personas con discapacidad gocen de una vida plena e
independiente en una sociedad inclusiva en la que quepamos todas las
personas con todos los derechos, en la que todos contemos por igual.


Voy finalizando. Sí creo que es un día de alegría, un día para
felicitarnos por este paso, pero este paso ha de servir de impulso para
todos los demás que todavía nos quedan por dar.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Ahedo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, Esquerra Republicana quiere saludar y
agradecer el trabajo y la estrecha colaboración con el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi Estatal, especialmente
con don Jesús Martín, así como con el resto de representantes de las
instituciones y entidades Plena Inclusión, Down España, Autismo España y
a todas las personas asistentes hoy en el Senado. Muchas gracias a todos
por vuestro trabajo. Hoy es un día de enhorabuena para el conjunto de la
sociedad, ya que estamos a punto de aprobar una iniciativa cuyo objetivo
es la ampliación de derechos de casi 100 000 personas con discapacidad
intelectual, con enfermedades mentales, con deterioro cognitivo, con
diversidad funcional, etcétera, que han sido víctimas de exclusión y
discriminación, tanto por parte de la propia sociedad como, y esto es lo
más grave, de los poderes públicos. Teníamos, por tanto, una deuda con
todos ellos, con todos vosotros.


Hoy aprobaremos una proposición de ley orgánica que hace justicia
y que nos acerca un poco más a ser una sociedad donde la plena inclusión
y la autonomía plena no sean solo una mera declaración de intenciones,
sino una realidad y un valor a defender y a proteger, como lo son los
derechos fundamentales y su consolidación material y práctica. Se trata
de una larga lucha y reivindicación social que ha sido ignorada a lo
largo de estos años por una clara falta de voluntad política de los
partidos políticos españoles, como también por los prejuicios existentes
que han impedido que hasta el día de hoy no se haya podido votar en sede
parlamentaria una modificación de la Loreg, aprobada en el año 1985, para
reconocer un derecho tan básico como el derecho de sufragio de los
ciudadanos con discapacidad y poner fin a su reiterada vulneración.


Por tanto, y ante todo, debemos pedir disculpas y entonar el mea
culpa. Una sociedad que se precie tiene la obligación de proteger a sus
conciudadanos, en especial, a los que se encuentran en una situación de
mayor vulnerabilidad. Una democracia avanzada y de calidad no podía
permitirse este agravio por más tiempo. Debemos hacer autocrítica para
avanzar aún más.


El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad establece que los países deben
garantizar la igualdad de participación en la vida política y pública,
incluso, el derecho de sufragio, a ser candidato a elecciones y a ocupar
puestos públicos, si fuese necesario, con asistentes personales.
Convención que España ratificó hace justo una década, el 3 de mayo
de 2008, aunque, sorprendentemente, solo ha aplicado los acuerdos de
forma parcial. Pero es que España volvió a obviar las recomendaciones y
advertencias del examen al que fue sometida por parte del Comité de los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2011, así
como el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la
ley de todos los españoles y españolas, en especial, en sus observaciones
finales.


Siete años después, por fin aprobamos esta iniciativa que
permitirá a 100 000 personas ejercer su derecho a voto. Así pues, es
responsabilidad de todos los aquí presentes garantizar este derecho y el
de participación política y pública en igualdad de condiciones para todas
las personas con discapacidad y acabar de una vez por todas con esta
tremenda injusticia. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar que
todavía queda mucho camino por recorrer para que todas las personas, sea
cual sea su discapacidad, puedan votar y participar en igualdad de
condiciones. De este modo, aprovecho mi intervención para emplazar a
todas las fuerzas políticas a no pararnos en este punto y a continuar
trabajando, apelando al compromiso de todos.


Me gustaría acabar haciendo una breve referencia a la enmienda
que se convirtió en autoenmienda y luego en una enmienda transaccional
presentada por el Grupo Popular, que alude al nuevo punto 2 del
artículo 3 de la Loreg, que, según la opinión del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana —y creo que será compartida—, en ningún
caso, repito, en ningún caso, debería significar interpretar la
competencia para ejercer el derecho de sufragio activo.


Muchas felicidades. Debemos seguir adelante.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Martí.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Gorrochategui.


La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Muchas gracias,
presidente.


Me gustaría revisar, aunque sea muy brevemente, el proceso de
esta iniciativa parlamentaria para contextualizar un poco el sentido de
mi argumentación. Dicha contextualización parte de unos antecedentes que
están marcados por dos hechos: por una parte, una Ley Orgánica del
régimen electoral general que restringe el derecho de sufragio cuando por
sentencia judicial firme y expresa se declare incapaz a una persona para
ejercitar dicho derecho. Y, por otra, una declaración del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
de 2011, que muestra su preocupación por este artículo de la citada ley,
pues se restringe el voto a personas con discapacidad intelectual o
psicosocial. Es una discriminación que afecta hasta 100 000 personas y
casa mal con el espíritu del Convenio de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.


Para hacer frente a esa incongruencia y resolver esa
discriminación, la Asamblea parlamentaria de Madrid presentó una
iniciativa de reforma legal en el Congreso, en la que se suprime toda
restricción al derecho de sufragio. Esa propuesta la admiten todos los
grupos parlamentarios, excepto el Grupo Popular, que introduce una
enmienda. En esa enmienda vuelve a considerar una forma de restricción
del derecho a sufragio que sería declarado judicialmente, distinguiendo
entre el sufragio activo y el sufragio pasivo para aquellas personas a
quienes se les hubiera declarado como incapaces de obrar o incapaces de
discernir. Ningún grupo parlamentario acepta esa enmienda, sino que
acepta el texto original. En ese momento, el Partido Popular se
autoenmienda —como ha dicho algún otro senador antes— y
ofrece una enmienda transaccional. En esa enmienda transaccional suaviza
algo esa restricción del derecho al sufragio, pero sigue aportando una
restricción, y es que establece criterios para interpretar cuándo una
persona tiene capacidad o tiene condiciones para poder votar; y dice que
tiene que ser consciente, libre y voluntario. Como ya se ha dicho, la
Sociedad Civil Organizada, que es la protagonista en este aspecto,
prefiere que se apruebe esta transaccional por consenso antes que lograr
que se acepte la primera propuesta sin el consenso de todos los grupos
parlamentarios. Por esa razón, como ya expresó mi grupo parlamentario en
el Congreso, aceptamos la transaccional, a pesar de que nos parecía un
paso atrás respecto a la primera propuesta. ¿Por qué? Porque —como
se ha dicho antes también— genera inseguridad jurídica: no se sabe
quién, cómo, sobre la base de qué criterios ni, sobre todo, cuándo va a
entrar en vigor o qué efectos va a tener en el tiempo, si esto va a
suponer que la ley, una vez aprobada, no se pueda poner en marcha de
forma inmediata. Por lo tanto, crea inseguridad jurídica y, además, casa
mal con el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que aboga por eliminar cualquier restricción a las
personas con discapacidad en su derecho a sufragio.


Por eso, retomamos esta argumentación y, cuando el trámite de
esta iniciativa llegó a esta Cámara, mi grupo presentó esta enmienda, más
que nada, como una oportunidad para poder argumentar en favor de lo que
creíamos que tenía que ser la ley definitiva, por supuesto, sin ningún
ánimo de votar en contra del texto que venía del Congreso; solo queríamos
expresar cuál era nuestra opinión sobre esta cuestión. Pero, nuevamente,
la Sociedad Civil Organizada, defensora de los derechos de las personas
con discapacidad, prefirió que este trámite no se llevara a cabo, con lo
cual, nosotros, como ante todo queremos respetar la voluntad de las
personas que están representando y trabajando todos los días por la
inclusión de las personas con discapacidad, retiramos la enmienda y
ofrecemos todo nuestro apoyo. Sabemos que queda camino por recorrer,
sabemos que esto podría ser mucho mejor, pero siempre es un paso adelante
y, en ese sentido, daremos nuestro voto a favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Gorrochategui.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador De Lara.


El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.


Quiero saludar, como estamos haciendo todos los grupos, a los
representantes del sector de la discapacidad, queridos Luis, Enrique y
Cristina, que tanto habéis hecho precisamente para que esta modificación
tenga lugar. Quiero darles las gracias y también quiero pedirles perdón y
lamentar que la hipoglucemia haya hecho a esta hora más mella en muchos
senadores que la necesidad de estar aquí, acompañándonos en un acto tan
hermoso, tan importante y tan histórico. (Aplausos).


El derecho de sufragio activo, la articulación de una decisión
personal democrática sin interferir en derechos de terceros y sin
ocasionar perjuicios a nadie, según la legislación actual, no es un
derecho de todos los españoles. Concretamente, 100 000 ciudadanos y
ciudadanas sufren esta injusticia, yo diría que sufren esta imponente
arbitrariedad. El derecho al voto es un derecho fundamental, básico, y
debería ser —y de hecho conceptualmente lo es— personal e
inalienable. En cualquier jornada electoral la naturalidad con la que
acudimos a las urnas —todos lo podemos comprobar— es
absoluta. A nadie de los que no formamos parte de ese grupo de
los 100 000 se nos exigen conocimientos, ni demostración de si sabemos
leer o escribir, ni se nos hace pasar por un tamiz que determine nuestro
equilibrio mental. El derecho a votar de las personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo lo decide un juez
interpretando una situación a todas luces subjetiva, al arbitrio
interpretativo, alambicado y complejo de una ley que en este apartado yo
diría que es injusta, imperfecta y preñada de prejuicios, como la Loreg
en el apartado que hoy pretendemos modificar, que hoy pretendemos
anular.


Valga como botón de muestra la contradicción absolutamente
explícita de que la Loreg permita que una persona con discapacidad pueda
ser votada, pero no pueda votar. Ni intelectual ni moralmente se nos
antoja entendible que en un procedimiento judicial se pueda aplicar un
catálogo de exigencias, de conocimientos o de discernimiento en torno a
la cultura política o institucional si a los demás jamás se nos exige por
la sencilla razón de que ocultemos o no se manifiesten en lugar visible
nuestras propias discapacidades. Ningún ser humano es, stricto sensu,
persona sin discapacidad; todos tenemos alguna. Pero en la práctica ni
siquiera las cosas acaban sucediendo así. Todo es más automático. Cuando
un proceso de incapacitación está concluso —normalmente la
incapacitación se produce para proteger el patrimonio de una persona con
discapacidad—, se traslada al organismo responsable del censo
electoral correspondiente la orden —permítame la palabra— de
secuestro del derecho a votar de la persona incapacitada. ¡Qué más da! No
se trata de un problema de Estado. Pues sí, debería ser un problema de
Estado aquel que afecte a la dignidad de una sola persona. Y en este
sentido recomiendo el artículo La dignidad, un valor supremo, desconocido
y mancillado, de Jesús Martín Blanco, a quien hoy le queremos manifestar
nuestras condolencias por el fallecimiento de un ser muy querido. ¿Qué
ser humano, qué algoritmo incluso puede medir la libertad, la voluntad,
el pensamiento, la capacidad para interpretar la vida propia y la de los
demás? Si existiera, y fuera decisorio y vinculante, estaríamos
adentrándonos en el concepto de epistocracia que describe Jason Brennan
sobre el voto de las élites en su libro Contra la democracia.


El texto que hoy vamos a votar no es el mejor, pero no es un mal
texto. Como se ha dicho, el Partido Popular presentó una enmienda en el
Congreso para hacer menos justo y menos valiente el acuerdo proveniente
de la Asamblea de Madrid. Luego enmendó su propia enmienda, para no
quedarse descolgado de la unanimidad final y, por mor de esa unanimidad,
nos incorporamos al acuerdo del Congreso aquí en el Senado, aunque no
ofrezca la redondez completa de un texto que podría haber salido redondo
y completo, aunque deje, en suma, una espita pequeña abierta a la
discriminación porque la igualdad, si no es plena, sin matices, no puede
denominarse igualdad.


El amplio sector de la discapacidad merece unanimidades en la
misma medida que merece acuerdos responsables, indubitables, que giren en
torno al sentido común y sobre la base del principio de legalidad y del
principio de primacía de la ley. Hablo de la Constitución y hablo de la
Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad ratificada por España en 2008. Su trasposición a toda la
normativa española, por cierto, la vamos haciendo, como dirían en mi
pueblo, a cachos, demasiado separados en el tiempo; su trasposición a la
organización administrativa consuetudinaria de igual forma, a cachos; y
ya no digo nada de su trasposición a la vida real, cultural, y
conciencial, con una lentitud exasperante.


Esta tantas veces nombrada por todos Convención es rotundamente
taxativa cuando declara, comillas, que ninguna persona puede ser privada
del derecho al voto por motivos asociados a su discapacidad. Eso nos
tendría que servir como referencia argumental, punto y final, sin
matices, sin enmiendas y sin otras historias que devalúen una norma que
podría haber salido redonda. En definitiva, hablo de la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
concretamente de su artículo 53, y no ya de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
políticos de 1966. Piensen, compañeros senadores y senadoras, que el
papel mojado y la desafección política devienen en expresiones que
cabalgan juntas casi siempre. En cualquier caso, apelar a una legislación
garantista, respetuosa con la autonomía, con la vida independiente, con
la filosofía inclusiva es, por obvio, lo menos que podemos exigirnos a
nosotros mismos.


Si hablamos de discapacidad, durante demasiado tiempo se ha
sostenido, y en muchos aspectos se sigue sosteniendo, la secular teoría
de lo que los filósofos y los sociólogos llaman la otredad negativa, del
arrinconamiento del otro, del diferente, del no ciudadano que no podía
disfrutar de los mismos derechos que yo —que teóricamente soy el
capacitado— y que mis supuestos iguales, también capacitados. Mirar
el mundo de la discapacidad desde un planteamiento supremacista,
paternalista, es mirarla con ojos reaccionarios, no hay que tener miedo a
las palabras. El tiempo de mirar con preeminente actitud, con
condescendencia, de infantilización, de aniñamiento a unos ciudadanos que
han estado expulsados de la Constitución como si fueran hijos de un dios
menor es un tiempo viejo, merecedor del olvido.


Voy terminando, señor presidente. Formamos parte de una sociedad
polifónica, diversa y que comparte los mismos derechos esenciales como el
de sufragio. En lo sucesivo, por favor, no dediquemos un minuto más a
debatir y a solemnizar lo obvio. Hemos presenciado situaciones de
personas con discapacidad llorando en las puertas de un colegio electoral
porque no podían votar, porque se les prohibía votar, cuando ellos ya
tenían decidido a quién votar y por qué votar. Sus razones son tan
respetables y tan inescrutables como las de los que sí podemos votar. A
esas personas que no habían sido llamadas al convite democrático hoy
también les estamos ofreciendo felicidad. Nada más y nada menos. Por
ello, todos los grupos políticos deberíamos estar orgullosos.


Permítanme que me dirija a una persona que, como tantas, ha
sufrido por no poder votar durante muchísimos años y que dedique estas
palabras a todas las personas que van a poder disfrutar del derecho al
voto a partir de ahora, pero a Mónica se las quiero dedicar
singularmente, a ella como a tantas Mónicas.


Muchas gracias. (Fuertes aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador De
Lara.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, antes de nada, como no puede ser de
otra manera, quiero dirigirme a las entidades del tercer sector de la
discapacidad aquí representado; a mi querido Luis Cayo, presidente de
Cermi, a la Fundación Cermi Mujeres, a la Fundación ONCE, Autismo, Down y
Plena Inclusión, a todos los representantes del gran sector de la
discapacidad que durante toda la mañana nos habéis estado acompañando en
estos debates. Gracias queridas y queridos amigos, muchas gracias y
enhorabuena por esta conquista, una conquista que es vuestra y solo
vuestra, como se ha dicho esta mañana, y de ningún partido. Gracias a
vuestro impulso, a vuestra capacidad de incidencia, a vuestra persuasión
habéis sido capaces de vencer obstáculos, de sumar voluntades y de lograr
el acuerdo que hoy nos reúne en esta importante reforma.


Hoy es un día reconocimiento y también de celebración. De
reconocimiento a las entidades que hoy nos acompañáis y que simbolizáis,
como ninguna otra, que el esfuerzo, el compromiso, la constancia, la
tenacidad y el trabajo bien hecho tienen sus frutos; reconocimiento a las
personas con discapacidad que, más allá de sus dificultades físicas,
psíquicas o sensoriales superan cada día barreras y, además, luchan por
eliminarlas. También es un día de celebración, señorías, por lo
conseguido. Hoy damos un paso histórico en la inclusión social de las
personas con discapacidad, en este caso, de las personas con discapacidad
intelectual, personas que, a partir de hoy, tendrán derecho al sufragio
activo, manifestado de forma consciente, libre y voluntariamente, con la
forma de comunicar lo que sea y con los medios de apoyo que necesiten. Y,
señorías, sin restricciones, así hemos acordado y así se ha decidido
porque las entidades, que son las que mandan, que son las que han
impulsado esta reforma, lo han querido. Por eso, hoy estamos todos de
enhorabuena, como lo están las 100 000 personas con discapacidad
intelectual que desde hoy pueden votar y que no podían hacerlo hasta
ahora, como lo están las entidades de la discapacidad y la discapacidad
en su conjunto, pero como lo está también toda la sociedad porque la
democracia crece, porque se fortalece nuestro sistema político, al que
añadimos dignidad y respeto al permitir participar a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, con trastorno de salud mental
o con deterioro cognitivo.


Como todos ustedes saben, señorías, vamos a celebrar el 40
aniversario de la Constitución y lo vamos a hacer, gracias al paso que
hoy damos, con una democracia más plena, avanzando en derechos humanos y
cumpliendo la Convención internacional sobre los derechos de las personas
con discapacidad. Y lo hacemos convirtiendo a España en el octavo país de
la Unión Europea que aprueba esta situación, que las personas con
discapacidad intelectual puedan votar. Solo ocho países reconocen este
derecho y veinte países se quedan detrás, demostrando una vez más que
España está a la cabeza, a nivel europeo y a nivel internacional, cuando
se trata de legislar, cuando se trata de trabajar por las personas con
discapacidad.


Señorías, a lo largo del debate he oído alguna duda respecto a
cuándo se iba a poner en marcha esta iniciativa. En el Grupo
Parlamentario Popular hemos intentado que esta reforma tenga efecto
inmediato y, por eso, se está tramitando por el procedimiento de
urgencia, como nos pidieron Cermi y las entidades de la discapacidad.
Queremos que se apruebe y se ponga en marcha cuanto antes, incluso
deseamos llegar a tiempo a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.
Ojalá el resto de instancias que ahora tienen la responsabilidad
—la Junta Electoral Central, la Oficina del Censo Electoral y la
Administración electoral— den el último impulso para que 13 000
personas con discapacidad intelectual en Andalucía puedan votar el día 2
de diciembre, como así lo ha solicitado el Cermi. Ojalá lleguen a poder
votar y ojalá, por fin, nunca más se quede alguien fuera de la fiesta de
la democracia.


Señoras y señores senadores, el Grupo Parlamentario Popular está
hoy especialmente orgulloso de poder ofrecer su mayoría absoluta en esta
Cámara a las entidades del tercer sector, a las entidades de la
discapacidad, y así permitir que esta reforma sea posible. Ustedes saben
mejor que nadie que la discapacidad forma parte del ADN del Partido
Popular. Ha sido así antes, durante y después de nuestras
responsabilidades de gobierno. Lo saben los colectivos que hoy nos
acompañan, a los que no solamente podemos llamar en primera persona
compañeros de fatiga y cómplices, sino amigos; y lo saben porque hemos
trabajado con ellos, de su mano, a su lado, porque estamos convencidos de
que, para mejorar y avanzar en discapacidad, hay que contar con la
discapacidad. Además, no solamente contamos con los representantes de las
entidades de discapacidad sino que contamos con personas con discapacidad
en nuestras filas, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el
Congreso, donde dos de nuestros diputados van en silla de ruedas.


En nuestros años de Gobierno hemos trabajado intensamente
priorizando los problemas de la discapacidad, con compromisos reales y
con una inequívoca voluntad política; reformando la legislación y
aprobando la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad
y su inclusión social; pagando las deudas que los Gobiernos socialistas
habían dejado, 3000 millones de euros en deudas que hubiesen ahogado y
hecho que muchas de las entidades que hoy nos acompañan hubiesen tenido
que cerrar; luchando —y lo sabéis bien— por el mantenimiento
del 0,7 % del IRPF; y mejorando la educación a través de la formación
profesional, de las becas en la universidad o de esa reivindicación
histórica de utilizar las cuentas durmientes de los bancos para
dedicarlas a la educación.


Además, lo hemos hecho también mejorando el empleo, como única
forma de autonomía de las personas con discapacidad; lo hicimos
recuperando las medidas estatales de empleo y posibilitando que 1 millón
de personas con discapacidad encontrasen un puesto de trabajo, con la
reserva en la Administración, también en la de justicia, y apoyando a los
autónomos y a los emprendedores; lo hemos hecho con reformas fiscales
para ayudar, con beneficios, a familias y a personas con discapacidad; lo
hemos hecho con medidas para evitar los desahucios y posibilitar las
ayudas al alquiler, con la inembargabilidad de las cuentas, con la
compatibilidad de las pensiones no contributivas y del trabajo, y con
otras muchas reivindicaciones históricas en las que juntos hemos
trabajado, ¿verdad, querido Luis Cayo? Hablo de reivindicaciones que
hemos planteado en la mesa del diálogo social con la plataforma del
tercer sector, que nos ha permitido ese diálogo de tú a tú, ese diálogo
permanente y continuo. Y qué decir de la primera Ley del tercer sector,
de la que algunos no sentimos especialmente orgullosos y que os
proporciona visibilidad, mantenimiento, sostenibilidad y que seáis, de
verdad y por ley, colaboradores necesarios de la Administración.


En esa misma tarea vamos a continuar hoy y siempre. Desde nuestra
posición, como mayoría absoluta en esta Cámara, siempre contaréis con el
Grupo Parlamentario Popular, con el Partido Popular, porque el apoyo a
las personas con discapacidad se demuestra con hechos y con compromisos
reales.


Quiero terminar destacando lo más importante del día de hoy: la
unanimidad de esta reforma porque estoy convencida de que las conquistas
sociales solo se logran con consenso, unidad y diálogo. Además, voy a
finalizar como empecé, dando las gracias a las entidades de la
discapacidad y mostrándoles nuestra satisfacción por dar un paso
importante en la ampliación de los derechos de las personas con
discapacidad. Hoy avanzamos todos. Hoy avanza la sociedad española en su
conjunto.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Camarero.


Como saben ustedes, votaremos este proyecto de ley a partir de
las cinco.


Quiero agradecer a los representantes del Cermi, especialmente a
su presidente y a las personas que le acompañan, su presencia en el
Senado. Para mí ha sido un honor presidir este debate. (Fuertes y
prolongados aplausos a la tribuna del público de los señores senadores
puestos en pie).


Muchísimas gracias y muchas felicidades.









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE
COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015,
DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24
DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000013

Economía y Empresa


El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los
puntos 6.2. y 6.2.1.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Economía y
Empresa, la señora senadora Rudi.


La señora RUDI ÚBEDA: Muchas gracias, señor presidente. El
proyecto de ley que en este acto se somete a la consideración del Pleno
del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018,
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
tramitándose por el procedimiento de urgencia.


El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 8 de
noviembre de 2018 y se presentaron un total de 17 enmiendas, que se
distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 y 2, de los
señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront, Marcos Arias y la señora Roldán
Suárez, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 3
y 4, del señor Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria; enmienda número 15, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, que ha sido retirada en comisión;
enmiendas números 5 a 8, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; y las enmiendas números 9 a 14 y 16 a 17, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El día 13 de noviembre pasado se reunió la ponencia del presente
proyecto de ley para informar sobre él y, a continuación, la comisión,
para dictaminar, introduciéndose a lo largo del debate modificaciones
respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados en ambos
trámites, tanto en ponencia como en comisión.


Finalmente, no se ha presentado ningún voto particular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Rudi.


A continuación, en turno a favor, tiene la palabra la señora
Serrano.


La señora SERRANO MORALES: Gracias, señor presidente.


La divulgación de información no financiera o relacionada con la
responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y
gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. A
la vez, su anuncio resulta esencial para la gestión de una transición
hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo
plazo con la justicia social y la protección del medioambiente.


Señorías, quien así se expresa es el preámbulo del proyecto de
ley que hoy debatimos, que se tramitó una vez convalidado el real decreto
ley para trasponer la directiva de 22 de octubre de 2014. La trasposición
se realizó de forma muy limitada y tarde, condicionada por la urgencia de
estar abierto un procedimiento formal de infracción por parte de la
Comisión Europea, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso propuso la tramitación de este real decreto ley como proyecto de
ley para intentar mejorarlo, como así está siendo, sin duda.


No se trata de un tema menor ni poco importante, sino más bien al
contrario. El espíritu de la ley, que supone una oportunidad para las
empresas que operan en España, pero también para el interés general de la
ciudadanía, es identificar y gestionar riesgos para la sostenibilidad de
las empresas, desde la convicción de que la información exclusivamente
financiera ya no es suficiente para valorarlas, ya hay que tener en
cuenta otros aspectos no reconocidos contablemente que también son
generadores de valor, como las cuestiones sociales y ambientales, entre
otras.


La información no financiera es una oportunidad para poner en
valor el buen hacer de las empresas. Desde el punto de vista
estrictamente económico, la información no financiera es tan importante
como la financiera en el proceso de toma de decisiones
empresariales.


Por otra parte, una gestión empresarial sostenible, transparente
y ética determina que el impacto causado por la empresa contribuya
positivamente al desarrollo de la comunidad. En este sentido, el Partido
Socialista trabaja, desde hace más de una década, en el desarrollo de la
responsabilidad social empresarial y muchas empresas ofrecen información
no financiera de manera voluntaria, desde hace mucho tiempo, al entender
que los costes asociados a esta inferiores a los beneficios que entraña
la difusión de la información.


Según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, y
utilizando como base distintas encuestas y estudios al respecto, los
inversores y accionistas opinan que los valores intangibles son cada vez
más importantes a la hora de comparar empresas y tomar decisiones de
inversión. Además, la transparencia es un elemento fundamental para ganar
confianza en materia de sostenibilidad. Así se expresan también muchos
directivos de importantes empresas de distintos sectores porque crear un
negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas contradictorias,
ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. Eso
sí, hay una asignatura pendiente sobre la que conviene aplicarse, y es el
grado de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre estos temas. Según
el Eurobarómetro de 2013, en el caso de España el 77 % de los encuestados
no conoce nada sobre lo que significa la información no financiera,
aunque también hay estudios que constatan que los clientes de diferentes
servicios están reconociendo cada vez más los aspectos extraeconómicos de
las compañías como claves para la generación de valor.


La sociedad exige ejemplaridad y transparencia, ya no vale
cualquier cosa, porque la mayor transparencia que supone la divulgación
de la información influye en un aumento de la credibilidad y la confianza
en las empresas, tanto para los inversores como para los consumidores y
la sociedad en general. Eso también implica una mejor gestión interna de
las empresas a largo plazo, que puede influir en el aumento de su
competitividad, en el ahorro de costes y en una mayor sostenibilidad y
estabilidad en el mercado. También es una oportunidad para los gobiernos,
para generar mercados más abiertos que atraigan inversores en un entorno
internacional cada vez más exigente en estas materias.


El texto que hoy debatimos, señorías, nos ha llegado del Congreso
con un gran consenso y acuerdo de todos los grupos, fruto de un intenso
trabajo que ha mejorado notablemente el texto inicial. En el Congreso se
presentaron 109 enmiendas, 22 del Grupo Socialista, y se aprobaron, bien
por unanimidad o por mayoría en ponencia, 24 enmiendas transaccionales
y 17 enmiendas más. El proyecto de ley fue votado favorablemente en el
Congreso por todos los grupos políticos, salvo Esquerra, que se abstuvo,
aunque fue por un aspecto sobre los dividendos en la Ley de sociedades de
capital sin relación con la información no financiera. Señorías, se trata
de un éxito parlamentario, un éxito que queremos reivindicar y poner en
valor, porque el acuerdo, como bien dice Ángel Gabilondo, es el alma de
la política, es generar un espacio que no existe, es la capacidad para
producir otra realidad.


Por eso respetamos este acuerdo y lamentamos que el Partido
Popular haya introducido en el Senado, sobre el texto que ellos mismos
acordaron y apoyaron en el Congreso, unas enmiendas que no aportan nada
ni en relación con la técnica ni en cuanto al contenido del proyecto;
unas enmiendas contradictorias, votando a favor de una cosa en el
Congreso y presentando otra distinta en el Senado; unas enmiendas que
rompen el consenso y, lo que es más grave a nuestro parecer, que limitan
los indicadores sobre los que debe versar la información no financiera en
temas clave como contratos de trabajo, conciliación laboral, brecha
salarial o información fiscal. Además, han presentado otras enmiendas, en
fin, que no tienen ningún sentido, que pretenden modificar, por ejemplo,
el anteproyecto de ley de trasposición de la directiva de mercados e
instrumentos financieros, que ahora mismo se está tramitando en el
Congreso. Si quieren hacer enmiendas sobre estos asuntos, creo que lo
mejor es que lo planteen en el Congreso en estos momentos.


Por tanto, mi grupo no puede apoyar el texto del Senado, y
reivindica y respeta el acuerdo casi unánime sobre el texto que salió del
Congreso. Es lo que haremos.


En relación con el contenido del proyecto, durante su tramitación
se han mejorado muchos aspectos como la ampliación de su ámbito de
aplicación o la introducción de un amplio listado de indicadores basados
en estándares internacionales reconocidos, referidos a cuestiones
medioambientales, sociales, respeto a los derechos humanos, lucha contra
la corrupción, etcétera, que se organizan de forma homogénea para
facilitar la comparabilidad entre las empresas. La verificación de la
información se realiza por un prestador de servicios independiente y se
prevé su divulgación en la web de las compañías.


El proyecto de ley converge con las últimas tendencias en
materias clave como la información fiscal y presta especial interés al
compromiso con la igualdad, debiendo informar acerca de la igualdad de
trato y oportunidades, de los protocolos contra el acoso sexual o de la
brecha salarial.


Señorías, pensamos que el proyecto de ley que se aprobó en el
Congreso es un buen texto normativo y así ha sido valorado por la mayoría
de la literatura académica. Desde el punto de vista empresarial, la
transparencia siempre ha resultado ser un buen antídoto para los riesgos,
por lo que esta ley será una oportunidad para mejorar la competitividad
de las empresas y su imagen de marca, logrará una mayor fidelización de
clientes, proveedores y socios, conseguirá atraer y retener el talento y
posibilitará que las empresas obtengan un mayor retorno en credibilidad,
legitimidad y reputación.


Una sociedad cada día más informada debe exigir a las empresas
comportamientos más responsables y transparentes y, en este sentido, el
estado no financiero es un buen medio para mejorar la práctica
empresarial ética y responsable, que al mismo tiempo que propicie el
crecimiento económico y el empleo, se comprometa con la sociedad a
aportar las mejores soluciones a los retos planteados en materia
económica, social, medioambiental o cultural.


Hoy, más que nunca, siguen vigentes las sabias palabras de un
economista descontento con el nuevo rumbo que había tomado la disciplina,
muy rica en ciencia pero muy pobre en sabiduría, José Luis Sampedro. Se
impone, cada vez más, la necesidad de un nuevo desarrollo humano y
ecológico fruto del sistema de valores correspondiente a una nueva
cultura. ¿Por qué no imaginar que se funde sobre la solidaridad?
Solidaridad con nuestros conciudadanos, con el medioambiente; solidaridad
que significa tolerancia frente a agresividad, cooperación frente a
competencia y ecología frente a contaminación. Son objetivos más dignos
que esa degradante ambición ofrecida hoy como única meta por el
desarrollismo. Impulsemos una economía con corazón.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Serrano.


Entiendo que ha hecho usted más un turno en contra que un turno a
favor.


En cualquier caso, pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.


El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir desde el escaño para fijar la posición de los
senadores de Ciudadanos.


Nosotros vamos a votar favorablemente al dictamen de la comisión,
al mismo tiempo que quiero reconocer el esfuerzo realizado en la ponencia
y en la comisión para introducir aquellas enmiendas que corregían
aspectos técnicos o mejoraban algún redactado.


Esa es la verdadera función del Senado, senadora Serrano, ya que
es una Cámara de segunda lectura y nuestro trabajo consiste en una
lectura pausada del documento que sale del Congreso, para introducir
algunas mejoras. Por tanto, no limitemos el trabajo del Senado y démosle
la importancia de una Cámara de segunda lectura.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Alegre.


Tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy aprobamos este proyecto de ley que modifica el
Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de sociedades de capital
y la Ley de auditoría de cuentas.


El objetivo de esta modificación era básicamente trasponer la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
en materia de información no financiera y diversidad. Esta trasposición
pretendía un consenso unánime y, efectivamente, obtuvo un consenso casi
unánime en el Congreso, pero ahora llega al Senado, a la Cámara Alta, y
el Grupo Parlamentario Popular presenta una serie de enmiendas que, en
opinión de Compromís, lo que hacen es desvirtuar, no aportan nada nuevo
en ese texto. Lo que pretende, a fin de cuentas, es aprovechar que son
mayoría absoluta en esta Cámara para desvirtuar algo que venía del
Congreso con bastante acuerdo. En el Congreso salió —repito—
con altos índices de confluencia, con mucho apoyo; por tanto, convendría
tener eso en cuenta e intentar no desvirtuar esa situación.


Los señores del Partido Popular suelen excusarse diciendo que
podemos tener una sanción porque hablamos de una trasposición europea que
debería estar hecha hace dos años, que quizá nos sancionen rápidamente y
que, por tanto, hay que aprobarla con prontitud. Pero esa es una excusa
que se utiliza con ciertas proposiciones de ley; con otras, no. A esta
podemos presentar enmiendas, aprobarlas, y volver a enviar el texto al
Congreso de los Diputados, mientras que en otras conviene ir muy
rápidamente para que no nos sancionen. Pido a la gente del Partido
Popular que diga qué conceptos tengo que tener claros para saber si una
proposición de ley es tan urgente como para que no presente enmiendas y
vaya directamente al BOE, o sí puedo enmendar porque, aunque el proceso
está caducado y la Unión Europea nos pueda sancionar, con ello se puedan
mejorar algunos aspectos que yo crea conveniente. Simplemente les pido
eso, porque hay veces que no sabemos si vale la pena hacer el esfuerzo de
presentar enmiendas cuando sabemos que no las van a aceptar con la excusa
de que hay que ir rápidamente para trasponer una normativa europea.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Navarrete.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, debatimos hoy un proyecto de ley que se tramitó una vez
convalidado el real decreto ley para trasponer la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre
información no financiera e información sobre diversidad por parte de
grandes sociedades, que ha salido del Congreso de los Diputados con la
aportación y un gran espíritu constructivo de todos los grupos políticos,
aunque vamos con retraso, puesto que la directiva debería haber sido
transpuesta a 31 de diciembre de 2016.


La Directiva 2014/95 establece el marco regulatorio a nivel
internacional sobre el reporting corporativo extrafinanciero y sobre
diversidad. Dicha directiva está inspirada en la economía del bien común,
exigiendo información sobre el impacto que la actividad empresarial tiene
en la sociedad, porque los ciudadanos quieren saber si la manera de
trabajar de las empresas para generar beneficios contribuye o no a
mejorar nuestro mundo. Es una visión a largo plazo que pasa de los
números, del análisis estrictamente financiero, a añadir parámetros
imprescindibles para garantizar un desarrollo sostenible. A medida que la
sociedad evoluciona las empresas, no solo han de ser impulsoras del
crecimiento económico, sino que han de alcanzar sus objetivos económicos
respetando el desarrollo sostenible. Esta nueva ley implanta la
obligación de publicar información no financiera sobre cuestiones
sociales y medioambientales, porque los ciudadanos quieren que exista
transparencia, igualdad de género y el pago de impuestos como reinversión
social. La publicación de esta información servirá para conocer posibles
riesgos para la sostenibilidad, y así aumentar la confianza.


Al final, de lo que se trata es de tener en cuenta el compromiso
de las empresas con los valores para hacer una sociedad mejor, más
equitativa y solidaria, y eso es precisamente lo que ha hecho el Senado
al incorporar al texto de la ley nuevas enmiendas. Aunque llevamos dos
años de retraso en la trasposición de la directiva, hay que decir que
vamos más allá de lo que esta establece al constituir la obligación de
verificación de terceros sobre la información proporcionada y una
ampliación del perímetro de empresas que van a estar sometidas a las
exigencias de información.


Por todo ello, Foro va a votar a favor de este proyecto de
ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Voy a hacer unas breves consideraciones muy rápidamente respecto
del proyecto de ley. De hecho, quien ha defendido el voto a favor nos ha
hablado mucho del proyecto, así de cómo se ha desarrollado su
tramitación. Esta transposición de normativa europea —de nuevo
llega tarde; nos tienen acostumbrados a llegar tarde, muchas veces, al
límite de las sanciones, no es la primera vez que pasa—, sobre la
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad
por parte de las grandes empresas y determinados grupos, pretende, como
bien explica, incrementar la información no financiera con el objetivo de
identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad de las empresas,
aumentar la confianza de los inversores y consumidores a nivel de la
sociedad en general, implementando información de factores sociales y
medioambientales. Todo ello, como explica el proyecto, para medir,
supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la
sociedad desde el punto de vista de justicia social y protección del
medioambiente.


Con este contenido entenderán que sería difícil que alguien se
opusiera a que esto sea necesario y a que tendría que estar implementado
ya hace mucho tiempo. Saben que nosotros siempre hemos defendido que sin
proyecto económico no hay proyecto social —la senadora del PSOE se
ha referido a ello—. Si además el proyecto económico tiene corazón,
sin duda el proyecto social es mejor, más sostenible y viable. Y si
encima cuidamos el medioambiente, que al final es el ecosistema en el que
nos debemos mover, tenemos la fórmula del éxito y hacia dónde debemos
ir.


En este sentido, nosotros votamos a favor en el Congreso. De las
diecisiete enmiendas que se aceptaron, seis eran del Partit Demòcrata.
Otras tantas fueron recogidas en las transaccionales, a las que también
se ha referido quien ha defendido el voto a favor. Y dejamos vivas dos
enmiendas para el Senado, que, aunque a nuestro entender no tenían un
peso muy grande, eran interesantes. Estas dos enmiendas proponían que el
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas velara, por un
lado, por la calidad de los informes requeridos y, por otro, para que en
futuros proyectos de ley no quedara mermado todo aquello que tuviera que
ver con lo que estamos trasponiendo de normativa europea y que
pretendemos en este proyecto de ley. Una de esas dos enmiendas fue
transaccionada y la otra, aceptada. Pero, como se ha explicado aquí, en
este trámite, no solo se aceptaron nuestras enmiendas, sino que también
se incluyó una enmienda técnica por parte de la letrada para mejorar el
proyecto. Y el problema es que tenemos que votar esto en bloque, con la
introducción de las enmiendas del Grupo Popular, con su mayoría absoluta.
A nuestro entender —también se ha hecho referencia a ello—,
son unas enmiendas que no aportan más y que vienen a restringir algunos
de los indicadores relativos a medioambiente, cuestiones sociales,
personal, derechos humanos o lucha contra la corrupción, que estaban ya
consensuados y eran mucho más exigentes con el texto que venía del
Congreso. Además, se presentaron enmiendas relativas a la Ley del mercado
de valores, que se está viendo en el Congreso, que pensamos que tendría
que ser el ámbito para hacer aportaciones en este momento.


Esta es la costumbre que tiene el PP, que evidentemente puede
hacer uso de su mayoría absoluta. El señor Alegre decía que esta es una
Cámara de lectura pausada, de segunda lectura, y que tenemos que
respetarla. Yo la respeto muchísimo, pero en aquellas cosas en las que
nosotros no estamos de acuerdo, por mucho que se aprueben en el Senado,
si no lo estamos, nosotros diremos no.


Así pues, a pesar de que estamos de acuerdo con lo que pretenden
la directiva, la trasposición y este proyecto de ley, a pesar de que
votamos sí en el Congreso, y a pesar de que nuestras dos enmiendas fueron
aceptadas, votaremos no a las partes que se enmendaron en comisión y
votaremos sí al resto del proyecto.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Buenas tardes. Arratsalde on
guztioi.


La ley que hoy debatimos modifica el Código de Comercio, el Texto
Refundido de la Ley de sociedades de capital y la Ley de auditoría de
cuentas en materia de información no financiera y diversidad, y ha venido
precedida por un gran consenso, que es lo que han dicho también las
anteriores portavozas, que se ha traducido en un acuerdo prácticamente
unánime en el Congreso. Aprobamos en la Cámara Baja el texto de la ley
que ha entrado en el Senado, en el que han quedado incorporadas o
transaccionadas tanto nuestras aportaciones en la Cámara Baja como la
mayoría de las del resto de grupos. Y el texto final ha ido más allá de
lo que establecía la propia directiva, aunque casi con dos años de
retraso, en puertas de que la Comisión Europea imponga al Estado español
una multa por retraso en la trasposición de directivas. Nuevamente
retrasos, nuevamente multas y nuevamente procedimientos de urgencia en la
tramitación en esta Cámara. Esto es achacable al anterior Gobierno, y
además no es la única ley que nos va venir por el trámite de urgencia en
materia de trasposición de directivas.


Hace unos años, la transparencia corporativa, sobre todo en
cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno, se percibía
como una materia de buenas prácticas y de cumplimiento voluntario; sin
embargo, hoy en día se configura como una cuestión esencial de la
actividad empresarial. Y es que ahora, no solo vemos a la empresa como un
agente económico, sino también como un agente con un rol social, cultural
y medioambiental. La transparencia, por tanto, se ha convertido en un
valor instrumental porque reduce las incertidumbres del mercado,
generando entornos financieros más eficientes que incrementan la
inversión, mientras que la opacidad hace lo contrario: desincentiva. Para
las organizaciones, además, genera confianza entre grupos de interés. En
definitiva, contribuye al crecimiento económico y a la calidad
regulatoria. Y es que la responsabilidad social corporativa y la
transparencia corporativa han pasado de ser consideradas como un gasto, y
además algo voluntario, a ser percibidas como una inversión que desde
luego aportará beneficios a las empresas y a la sociedad.


En este contexto, entendemos que la Directiva 2014/95 ha sido un
gran paso ya que establece el marco regulatorio a nivel internacional
sobre la información corporativa extrafinanciera y sobre diversidad. Con
el texto legal que hoy se debate se ha traspuesto esta directiva e
incluso, como he dicho, se ha ido más allá en lo que respecta a la
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad
por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, entre
lo que cabe destacar la obligatoriedad de elaborar el denominado estado
no financiero e incluirlo en el informe de gestión. Este es un texto que
obliga a las empresas a incluir en este informe información acerca de
cuestiones medioambientales, sociales, relativas al personal, compromisos
de la empresa con el desarrollo sostenible, la igualdad de género, el
respeto a los derechos humanos o la lucha contra la corrupción. La
divulgación de esta información servirá para identificar posibles riesgos
para la sostenibilidad y, de esta forma, como hemos dicho, aumentar la
confianza de inversores, consumidores y de la sociedad en general. La
información no financiera, por tanto, es tan importante como la
financiera también en el proceso de toma de decisiones, porque eso
conllevará una mejor definición de los problemas, la evaluación de las
alternativas posibles y, desde luego, elegir entre ellas la mejor opción,
realizar un seguimiento de las estrategias de implementación y comprobar
los progresos más periódicamente. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


En cuanto al trámite en esta Cámara, creo que la labor de la
Cámara Alta, al igual que la de la Cámara Baja, es estudiar los proyectos
de ley, en este caso en una segunda lectura, y esta podría ser pausada.
Pero estamos tramitando una ley en veinte días, por el trámite de
urgencia, por lo ya apuntado: porque venimos fuera de tiempo, porque
estamos trasponiendo una directiva con retraso, en puertas de una multa
de la Comisión Europea.


Podríamos haber mejorado el texto e incluso corregir posibles
errores —se ha intentado algo—, pero creo que esto no es lo
que ha pretendido el grupo mayoritario en esta Cámara con la presentación
de sus enmiendas, y me atrevería a decir que ni siquiera con la
aceptación de las enmiendas del resto de grupos. Es legítima la opción
que ha elegido el grupo mayoritario de la Cámara —no le vamos a
negar que lo es, tienen la mayoría—, pero creemos que no es eso lo
que pretenden. Finalmente, con su mayoría, se han incorporado sus
enmiendas, y las que han pactado al dictamen de la comisión, pero
entendemos que no han mejorado el texto. No podemos valorar todas las
enmiendas que se han incorporado al dictamen, pero, tal y como dijimos en
la comisión, algunas nos sorprendieron: especialmente algunas, porque el
Grupo Popular se autoenmienda; otras nuevas, porque ni siquiera tienen
sentido; y otras, porque deshacen los acuerdos a los que se llegó por
unanimidad.


Las enmiendas 12 y 13 originarias, que ahora ya están en el
dictamen, se están debatiendo en el anteproyecto de ley del mercado de
valores, en el MiFID II, que está en plazo de presentación de enmiendas.
No tiene la más mínima justificación que estas dos enmiendas se traten
fuera de contexto en otra ley que no tiene nada que ver, cuando se está
tramitando la ley donde sí tendrían cabida. Con la enmienda 14 del Grupo
Popular este se autoenmienda prácticamente en su totalidad, ya que esta
disposición final primera viene de una enmienda suya en el trámite de la
Cámara Baja. Y, para finalizar, las enmiendas 9 y 10 rompen el acuerdo al
que se llegó durante el trámite de la Cámara Baja, rebajando la
información del contenido del informe no financiero, cuando para nuestro
grupo, en el trámite de aprobación, ha sido importante que el texto fuera
más allá de lo que se pedía en la directiva.


Entendiendo que el debate de las leyes es muy necesario también
en el trámite del Senado —ahora y también con el anterior
Gobierno— y el no utilizar esta Cámara, donde el Partido Popular
tiene mayoría absoluta, para cambiar aquello que previamente se había
acordado, consensuado, pactado, transaccionado y aprobado, es más
creíble, señoras y señores del Partido Popular, la voluntad del acuerdo
cuando no solo lo hacen por necesidad de aritmética parlamentaria. Son
más creíbles cuando se continúa con la labor que se ha comenzado en la
Cámara Baja también en esta Cámara.


El dictamen incorpora una corrección técnica que hemos firmado y
aceptado por la unanimidad de los grupos. Pero no es suficiente para
cambiar nuestro sentido de voto. No votaremos a favor del dictamen de la
ponencia por la incorporación de las enmiendas del grupo mayoritario, con
las que no estamos de acuerdo por los motivos expuestos. En cuanto al
proyecto de ley, continuaremos apoyando el texto original de la Cámara
Baja.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Ayats.


El señor AYATS I BARTRINA: Presidente, señorías, celebramos la
trasposición de esta directiva europea, aunque se haya traspuesto con más
retraso del que se debería y fuera de plazo. Es una directiva con el
objetivo de garantizar que la información no financiera, social y
medioambiental de las grandes empresas del IBEX pueda reflejar de manera
transparente su actividad con la finalidad de prevenir la corrupción, la
evasión y la elusión fiscal.


Ha mejorado mucho en el periodo de tramitación parlamentaria en
el Congreso y también aquí, con la incorporación de enmiendas de los
distintos grupos, mejorando la primera iniciativa presentada por el Grupo
Popular, que, sinceramente, dejaba mucho que desear. El resultado de esta
tramitación ha sido una propuesta de ley, entre otras cosas, con un mayor
nivel de concreción de la información, la incorporación de la
obligatoriedad de su realización y publicación y, por supuesto, una
ampliación de los ámbitos de aplicación por los cuales se exige esta
información a las empresas, con el consecuente aumento de las empresas
sometidas a esta ley.


Para que realmente se materialice el objetivo de este proyecto de
ley es necesario el compromiso real de las empresas con los valores, de
forma que se publiciten los indicadores de una verdadera responsabilidad
social y corporativa de las empresas. Y es que la información financiera
ya no es suficiente para valorar a las empresas hacia dentro, y, sobre
todo, hacia fuera, hacia la sociedad, que tiene el derecho de acceder a
esta información y actuar, según esta, para canalizar sus inversiones y
el consumo hacia las empresas socialmente éticas y responsables. Es,
pues, un empoderamiento del ciudadano, que con esta información puede
decidir de manera más justa y libre al conocer el verdadero impacto de la
actividad empresarial.


Por otro lado, nos gustaría reprochar que en el trámite
parlamentario de este proyecto de ley se haya vuelto a incurrir en el
error de aprovechar dicho trámite para introducir enmiendas que nada
tienen que ver con el objetivo de la ley. En este caso hemos acabado
negociando enmiendas totalmente financieras en un proyecto de ley de
información no financiera, con lo irónico de la cuestión. Por eso es
evidente que tampoco podíamos dejarlas tal cual se habían planteado
inicialmente, y entramos en ese debate. En este sentido, Esquerra
Republicana ha presentado en esta Cámara una enmienda referida a la
modificación del artículo 348 bis de la Ley de sociedades de capital,
dado que Ciudadanos y el Partido Popular presentaron una enmienda de
modificación de este artículo en el Congreso. Puesto que la proposición
de ley específicamente creada para modificar este artículo fue retirada,
Esquerra Republicana ha presentado una enmienda con el objetivo de
mejorar la posición del socio minoritario y facilitar la captación de
inversiones para las pymes. Dicho esto, aunque parte de este objetivo se
ha visto recogido por otra enmienda —por eso la retiramos—,
como no se ha conseguido la totalidad de lo perseguido y se han añadido
otras enmiendas que no compartimos, nuestro grupo parlamentario se
abstendrá en la votación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Martínez.


El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


Quiero empezar explicando un concepto económico que creo que va
al hilo de este debate, y es el de externalidad negativa. En la economía
de mercado el objetivo de las empresas es lograr la máxima rentabilidad y
el mayor margen de beneficios posible, pero a menudo ocurre que la
actividad de una empresa repercute sobre la sociedad sin que se haga
responsable de los costes que está originando. De ese modo, una empresa
puede volverse más competitiva en el mercado dañando a la sociedad y el
entorno medioambiental en el que realiza su actividad. Hay empresas que,
para ser más competitivas en el mercado, recurren a prácticas de
explotación laboral, a la vulneración de los derechos humanos, a
contaminar nuestro aire o nuestros ríos y también al soborno y la
corrupción. Seguro que eso les suena, especialmente, a los senadores del
Partido Popular.


La sociedad, sin embargo, es cada vez más consciente de que
estamos asumiendo un enorme coste para que determinadas empresas hinchen
su cuenta de beneficios y coincide en que son habitualmente las de mayor
tamaño y con un mayor poder. Por eso, cada vez hay una mayor exigencia
sobre la información y la transparencia de las empresas para que podamos
conocer de qué modo actúan y se pueda actuar en consecuencia. Cada vez
más, la gente no está dispuesta a aceptar un papel pasivo en la economía
en el rol de trabajadores o en el rol de consumidores. Queremos
intervenir en la economía, como ciudadanas y ciudadanos, en su
ordenación, en el modo en que las empresas deben rendir cuentas.


La trasposición de la directiva europea sobre información no
financiera, como ya se ha comentado, llega con retraso a esta Cámara. El
proceso debería haber finalizado antes del 31 de diciembre de 2016 y, sin
embargo, el real decreto ley del anterior Gobierno llegó casi con un año
de retraso, a finales de noviembre de 2017, es decir, todo el proceso de
aprobación finalizará con dos años de retraso. El contenido del Real
Decreto ley 18/2017, del anterior Gobierno del Partido Popular, no
respondía de modo eficaz a los objetivos de la directiva europea.


En el Congreso, los diferentes grupos parlamentarios hicieron una
buena labor de concreción de la directiva, en primer lugar, con la
ampliación de su ámbito de aplicación; en segundo lugar, con la
definición de todas aquellas cuestiones medioambientales, sociales y
personales que debían incluirse en el informe; y, por último, con una
cierta estandarización de los informes y su publicidad y transparencia.
Sin embargo, no nos hemos quedado satisfechos con este proyecto de ley.
Consideramos una debilidad la falta de un régimen sancionador para
aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en la ley, y
esperamos que el Gobierno del Partido Socialista desarrolle esa parte por
la vía reglamentaria.


Nuestro grupo parlamentario presentó una serie de enmiendas que
iban en la línea de lo aprobado en el Congreso, y la mayoría de ellas se
han rechazado. El Partido Popular ha presentado enmiendas que desvirtúan
el espíritu de consenso de este proyecto de ley, lo que nos obligará a
votar en contra. En una de sus enmiendas pretende reducir las
obligaciones de las empresas en la publicación de la información que les
atañe, y hay enmiendas que sencillamente no tienen nada que ver con este
proyecto de ley. Lamentamos que el Grupo Popular trate de nuevo de
relajar las obligaciones de información y transparencia de las grandes
empresas y que recurra de nuevo a tácticas de entorpecimiento y bloqueo
que no llevan a nada mínimamente constructivo. Al final, las
externalidades negativas de la tarea de oposición del Partido Popular las
acaban pagando las instituciones y el conjunto de la sociedad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Delgado.


La señora DELGADO OVAL: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy debatimos el proyecto de ley que se tramitó una vez
convalidado el real decreto ley para trasponer la directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad
por parte de determinadas grandes empresas y grupos.


Como ha dicho mi compañera anteriormente, el Grupo Parlamentario
Socialista defendió desde el primer momento la tramitación como proyecto
de ley, para intentar mejorarlo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, era una
propuesta con bajo nivel de exigencia, concreción y control. Durante su
tramitación en el Congreso se hizo un trabajo intenso para mejorar este
texto, no solo en cuanto a transparencia, sino en cuanto a la calidad de
la información; y todos los grupos parlamentarios contribuyeron a esa
mejora.


Sin embargo, hoy el Grupo Parlamentario Popular, rompiendo el
consenso conseguido en el Congreso, ha introducido de forma unilateral en
la tramitación en el Senado enmiendas que dan un importante paso atrás en
los avances que habíamos conseguido, avances que el Partido Popular
también había apoyado en el Congreso y avances que unos días después
deshacen, en una demostración de incoherencia absoluta, descafeinando la
información que deben hacer pública las empresas.


Señorías, creo que todos compartimos que la información
financiera desde luego no es suficiente para valorar a las empresas, y no
lo es porque hay muchos aspectos del entorno estratégico y operativo de
las entidades que son generadores de valor y que, por tanto, hay que
tener en cuenta. De hecho, los inversores, cada vez más conscientes de
ello, requieren mayor información a la hora de invertir; piden análisis
de aspectos medioambientales, sociales o incluso reputacionales
—llegando a desechar proyectos por no disponer de información
suficientemente detallada—, con mayor transparencia que aumenta la
credibilidad. En definitiva, esta información contribuye a identificar
riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los
inversores, los consumidores y la sociedad en general, además de ser
necesario afrontar los retos planteados de cara al futuro, sobre todo los
relacionados con el cambio climático y el uso de los recursos
naturales.


¿Qué temor tiene el Partido Popular a la transparencia? De lo que
se trata es de poner en valor una práctica empresarial responsable, y el
objetivo es conseguir avanzar en una economía mundial que combine la
rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del
planeta. Es decir, caminar hacia un modelo económico sostenible.


Antes de entrar en detalle en los recortes del Partido Popular a
la norma, me gustaría valorar por arriba unos aspectos importantes que
fueron incorporados durante la tramitación de esta ley, y es el hecho de
que la información no financiera requiere dotarse de homogeneidad para
facilitar la comparabilidad entre empresas y disponer de un acceso
sencillo a la información sobre las repercusiones de las empresas en la
sociedad. Volviendo a los recortes perpetrados por el Partido Popular,
suponen un gran paso atrás porque el Partido Popular, de golpe y plumazo,
elimina avances conseguidos en la información relativa, por ejemplo, al
personal o a los beneficios obtenidos país por país.


Fíjense, qué paradoja, conseguimos que la información deba
basarse en estándares internacionales reconocidos y que sea comprobada
por un verificador independiente, y hete aquí que el Partido Popular
entonces elimina información relevante en materia de empleo y solo quiere
que se publique la información relativa al número total y distribución de
empleados, atendiendo a criterios representativos de diversidad, sexo,
edad o país. No quieren que se publique, y por eso lo han eliminado en la
tramitación en el Senado, la información relativa al número total y
distribución de modalidades de contratos de trabajo, promedio anual de
contratos indefinidos y temporales y contratos a tiempo parcial por sexo,
edad y clasificación profesional. Tampoco lo relativo al número de
despidos por sexo, remuneraciones medias y evolución desagregada por
sexo, edad y clasificación profesional, brecha salarial, remuneración
media de consejeros y de directivos, incluyendo la retribución variable o
la implantación de políticas de desconexión laboral. ¿Por qué no quieren
que se publique esta información, señorías del Partido Popular? Cuando
España tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea y
en 2016 el número de trabajadores pobres, según datos de la encuesta de
condiciones de vida de Eurostat, suponía el 13,1 %. No lo digo yo,
señorías del Partido Popular. Qué decir de la brecha salarial. Desde
luego las desigualdades entre hombres y mujeres aún existen en el ámbito
del empleo. Esta es la herencia del Partido Popular en materia laboral:
competitividad a base de precariedad.


El Partido Popular tampoco quiere que se publiquen medidas
destinadas a facilitar el disfrute de conciliación. ¿Por qué? Cuando las
mujeres en España seguimos soportando la mayoría de los contratos a
tiempo parcial. No quiere que se publique información relativa a los
accidentes de trabajo, en particular información relativa a la
frecuencia, a la gravedad o a las enfermedades profesionales. Todo ello
desagregado por sexo; o los procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ello o el porcentaje de personal cubierto por el
convenio colectivo. La negativa a publicar esta información viene del
Partido Popular, los mismos que con su reforma laboral debilitaron la
negociación colectiva. Además, tampoco quieren que se publique
información sobre beneficios obtenidos país por país o los impuestos
sobre beneficios pagados. ¿No creen ustedes, señorías del Partido
Popular, teniendo en cuenta los múltiples escándalos sobre paraísos
fiscales o evasión fiscal, que sería deseable que las empresas publicasen
esta información?


Señorías del PP, sin fiscalidad responsable no hay protección
social. Miren, obtener esta información tiene un coste muy bajo para las
empresas, porque son datos que ya manejan, solo tienen que hacerlos
públicos. ¿O me van a decir ustedes que las empresas de hoy en día, que
saben hasta el número de bolígrafos que tienen sus empleados, no saben
los detalles de los contratos de trabajadores, si son hombres y mujeres,
si están cubiertos por el convenio colectivo o dónde pagan sus impuestos?
No hay excusas, no las hay.


Esta información es de gran utilidad porque nos permite conocer
el valor que aporta la sociedad. Para el Estado es de gran ayuda tener
esa visión detallada de la realidad de las empresas y los trabajadores.
Para los inversores, estos datos ayudarán a tomar las mejores decisiones.
Tiene credibilidad la empresa, tiene valoración, es sostenible y, por
supuesto, para la sociedad es fundamental conocer esta información porque
nos da una idea de lo que están aportando las empresas a nuestras
comunidades. Aportan valor y empleos estables o, por el contrario,
aportan empleos precarios.


En definitiva, lo que se pide es que las empresas den la cara,
digan cómo funcionan y cómo tratan a sus trabajadores y los beneficios
que obtienen en los distintos países o los impuestos que pagan. Pero esto
parece que no interesa al Partido Popular porque con sus enmiendas, entre
otras cuestiones, restringen mucho estos temas. Nosotros queremos que las
empresas pongan en valor los impactos positivos que generan en su entorno
como consecuencia del desarrollo de su actividad y que adopten medidas
para la prevención de los posibles riesgos, porque es una oportunidad
para avanzar hacia una sociedad más justa mediante una economía
integradora a través de una empresa sostenible y una gestión responsable.
Pero hoy ustedes limitan extraordinariamente esta oportunidad. Por eso,
por los motivos que hemos explicado, no vamos a apoyar estas enmiendas
que ustedes pretenden incorporar al texto y, por lo tanto, rechazaremos
el teto enmendado.


Quería dirigirme al senador Alegre, pero veo que no se encuentra
en la sala. Me alegra que el senador Alegre reivindique la función del
Senado, porque su partido pretende eliminarla. Nosotros, el Grupo
Parlamentario Socialista, claro que reivindicamos la función del Senado.
Pero aquí ha servido, y eso es lo que hemos criticado, para que el
Partido Popular saque la tijera y esa segunda lectura haya supuesto
recortes sobre aspectos muy importantes.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora DELGADO OVAL: Termino, señor presidente.


Querida compañera, senadora Serrano, permíteme la licencia de
terminar con esa frase que has dicho y que me ha encantado: impulsemos
una economía con corazón.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Delgado.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Riolobos.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas tardes. Señorías, la Ley reguladora de divulgación de los
informes no financieros y diversidad es, sin ninguna duda, un gran avance
en la transparencia de las grandes empresas corporaciones. Creemos que es
muy buena para los consumidores, muy buena para la sociedad en general y
muy buena porque genera confianza en los inversores. Esta ley viene
bastante consensuada del Congreso y creemos que, en aras de la obligación
que tenemos los senadores de trabajar y de dar prestigio al Senado, se ha
mejorado con las enmiendas que hemos aprobado en la comisión y en el
dictamen de la ponencia, sobre todo, porque mejora la información y cómo
hay que darla para que llegue a los discapacitados y en algo que también
nos parece muy importante, y es que del informe anual que elabora y
publica el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas será
informado el Senado con carácter anual. Por lo tanto, creemos que es un
avance importante para los consumidores y usuarios y, en general, para la
población.


Como les decía, este proyecto de ley modifica tres leyes
importantes de nuestro país, como son, el Código de Comercio, de 1985, la
Ley de sociedades de capital y la Ley de auditoría de cuentas —se
trata de la transposición de una directiva— que elaboró
inicialmente el Gobierno del Partido Popular y que fue presentada en
diciembre de 2017 por el ministro De Guindos. Esta ley tiene un objetivo
prioritario: mejorar la transparencia de las grandes corporaciones y
empresas con la información y publicación anual de la información no
financiera. Sin duda, recoge dos cosas interesantes, pues nos permite
conocer el alma de las empresas a través de toda esta información no
financiera, además de lo que ya conocíamos, que era el cuerpo del negocio
de las empresas. Como les decía antes, esto es muy importante, porque
genera mucha confianza y humaniza la imagen de las grandes corporaciones.
El ámbito de esta ley alcanza a las grandes corporaciones y empresas,
especialmente a aquellas empresas o entidades de interés público que
tienen más de 500 trabajadores y que, además, cumplen alguno de los tres
requisitos siguientes —dos, en los dos ejercicios últimos antes de
que entre en aplicación de la ley—: tener activos por valor de más
de 20 millones de euros, cifra de negocio anual de más de 40 millones de
euros o una media en los dos años anteriores de más de 250
trabajadores.


Como les decía, modifica tres leyes. En la Ley de comercio
incluye información no financiera que se debe incluir en el informe de
gestión de estas grandes corporaciones y empresas con carácter anual. Es
información de carácter social, de carácter medioambiental, de protección
de salud; sobre personal, respeto a los derechos humanos, prevención y
lucha contra la corrupción y el soborno, mejora de la gestión de la
energía y del uso de recursos sostenibles en nuestro país, así como las
medidas para evitar los abusos o impedirlos y todas las que tengan que
ver con la igualdad de género. Esto en cuanto a la ley de modificación
del Código de Comercio.


En cuanto a la Ley de sociedades de capital y sociedades anónimas
cotizadas, lo que se modifica es el informe anual de gestión de cuentas,
que debe incluir no solamente el informe financiero, sino también la
descripción de la política de diversidad que se implante en estas
empresas. Sobre todo, hay que conocer cómo se eligen los consejos de
administración y qué medidas se toman para que esos consejos de
administración tengan diversidad en cuanto a edad, género, discapacidad,
formación y experiencia.


En cuanto a la tercera ley que se modifica, que es la Ley de
auditoría de cuentas del 2015, lo que se establece es que tanto los
auditores como las sociedades de autoría deben cerciorarse de que el
informe de gestión incluya también la información no financiera y
constatar que es así, que reúne los requisitos que establece esta
ley.


En resumen, es una ley elaborada y presentada en el Congreso de
los Diputados por el Gobierno del Partido Popular en 2017. Es buena
porque mejora la información a consumidores, a inversores y a la sociedad
en general. Deja clara y potencia la responsabilidad social corporativa
de las empresas. Creo que en el Senado, a pesar del escaso tiempo que
hemos tenido, se ha hecho un trabajo constructivo, porque se han
incorporado trece enmiendas que mejoran la información para los
discapacitados. También es importante ese asunto que les comentaba al
principio, que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las
Empresas informe en el Senado, con carácter anual, acerca de esta
materia.


Sinceramente, creemos que es una buena ley. Nos ha sorprendido
muchísimo algo que es inaudito, que la senadora Serrano, en nombre el
Grupo Parlamentario Socialista, haya salido a hacer una defensa de la ley
al mismo tiempo que anunciaba que no la iba a apoyar. Es increíble. Yo no
había visto eso en mi vida. Sale en el turno de defensa de la ley y dice
que no la va a apoyar. Tanto su intervención como la de su compañera han
sido lamentables, no tanto en las formas como en el fondo. Le voy a
explicar por qué. Ustedes no quieren que el Senado tenga protagonismo.
Ustedes no quieren que se trabaje en el Senado, y el ejemplo más claro es
lo que han hecho hoy. Pero cómo pueden salir aquí las dos a leer dos
discursos que les han escrito... (Protestas). Perdone, déjeme que se lo
explique. O lo han escrito ustedes, me da lo mismo, pero han bajado a
leer dos discursos cuando no han hecho nada, cero, en la tramitación de
la ley en el Senado. Es decir, no han tenido ni la delicadeza de
presentar una sola enmienda. Cuando no han hecho nada, bajan aquí y
utilizan dos turnos de intervención para decir encima que no van a apoyar
la ley. Es algo increíble. Miren, el grupo de la mayoría en este Senado
no va a permitir que el cesarismo del señor Sánchez, con 84 diputados







es decir, el 24 %— y con 61 senadores —el 22 %—,
quiera callar la voz de esta Cámara. No lo vamos a permitir. Nosotros
vamos a enmendar cada ley que salga del Congreso de los Diputados siempre
que lo consideremos oportuno. Y, desde luego, no van a hacer luz de gas.
¿Saben lo que tendrían que hacer ustedes? Traer aquí al presidente del
Gobierno, al señor Sánchez, a explicar por qué razón tiene un doctorado
de mentirijilla —porque parece que lo ha copiado todo, y ya
tuvieron una ministra que tuvo que dimitir—; requerir a la señora
Delgado que dimita, porque ha perdido la oportunidad y el respeto de
todos los españoles, especialmente de la judicatura; pedir a la señora
Celaá que venga a explicarnos cómo oculta su patrimonio, y al ministro
Duque y a la ministra Calviño por qué tienen sociedades instrumentales; o
pedir al ministro Borrell que explique por qué utilizó información
privilegiada para vender determinadas acciones; o solicitar al ministro
Planas que se explique, porque todos sabemos que se le nombró cuando
estaba todavía inmerso en un proceso. Miren ustedes, no vamos a permitir,
bajo ningún concepto, que el cesarismo del señor Sánchez impida que esta
Cámara trabaje y haga lo que tiene que hacer, y presentaremos todas las
enmiendas que consideremos oportunas. Nos parece una barbaridad, desde el
punto de vista de la defensa que hay que hacer de esta Cámara, que
ustedes quieran que aquí no se haga absolutamente nada y que aprobemos a
capón lo que viene del Congreso de los Diputados.


Buenas tardes y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Riolobos.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9
DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO,
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000014

Transición Ecológica


El señor presidente da lectura al punto 6.2.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Labrador.


El señor LABRADOR ENCINAS: Muchas gracias, presidente.


Comparezco en esta tribuna para presentar, en nombre de la
Comisión de Transición Ecológica, el dictamen aprobado en su seno el
pasado 14 de noviembre de 2018 sobre el Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica a su vez la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018 y
tiene su origen en el texto aprobado por la Comisión de Transición
Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa
plena en relación con el proyecto de ley anteriormente citado. Este
proyecto de ley se remitió, al amparo del artículo 104 del Reglamento del
Senado, a su Comisión de Transición Ecológica. Fue declarado urgente por
la Mesa del Senado en su reunión de 30 de octubre de 2018 y, al amparo de
lo previsto en el artículo 135.6 del Reglamento del Senado, se acordó que
el plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto
finalizara el día 8 de noviembre y que este plazo fuera
improrrogable.


Se presentaron un total de sesenta y cinco enmiendas,
distribuidas de la siguiente forma: enmiendas 1 a 23, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, de las cuales fue retirada la
número 11; enmienda números 24, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; enmiendas números 25 a 34, del senador Cleries i Gonzàlez y la
senadora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, y las
enmiendas números 35 a 65 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Realizado el debate y votación de las mismas, se emitió
dictamen sobre el citado proyecto de ley, sin introducirse ninguna
modificación respecto al texto remitido por el Congreso de los
Diputados


Este proyecto de ley consta de un artículo único, una disposición
adicional, una transitoria sobre los expedientes en curso y cinco
disposiciones finales referentes a títulos competenciales, a la
modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, a la modificación de
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, a la incorporación del derecho de la Unión
Europea y a la entrada en vigor del propio texto respectivamente. El
artículo único a su vez se divide en 41 apartados, por los que se
modifican diversos artículos y disposiciones adicionales y finales de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y se sustituyen a su vez los anexos
tercero y sexto de dicha ley.


El objeto fundamental de este proyecto de ley es lograr una
completa trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la
Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril. Junto con ello, se han realizado algunas modificaciones para dotar
de mayor seguridad jurídica a la regulación en materia de evaluación
ambiental. Este dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Sección Senado, con fecha 16 de noviembre de los
corrientes.


A dicho dictamen se han presentado cuatro votos particulares. El
primero de ellos por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el
segundo por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, el tercero por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado y el cuarto por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Por último, no quiero finalizar sin antes agradecer el trabajo
realizado por todos y cada uno de los senadores de los distintos grupos
políticos, así como de los servicios de la Cámara, que una vez más han
dado un ejemplo de buen hacer.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Labrador.


Vamos a proceder al debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).


Pasamos al debate de las enmiendas.


Los senadores Cleries y Rivero, del Grupo Parlamentario
Nacionalista, han presentado las enmiendas números 25 a 34. Para su
defensa, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño únicamente para dar por defendidas
nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la enmienda número 24.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.


Nosotros presentamos la enmienda número 24 para mejorar el texto
del artículo 43 y ampliar la cobertura de este artículo a aquellas
declaraciones de impacto ambiental anteriores a la Ley de 2013.


Espero que se acepte porque da cierta seguridad jurídica a esos
procesos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado las
enmiendas números 1 a 10 y 12 a 23. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Aubà.


El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para darlas por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.


El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha
presentado las enmiendas números 35 a 65. Para su defensa, tiene la
palabra la senadora Quetglas.


La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. Mi grupo parlamentario ha presentado
treinta y una enmiendas con el firme y decidido objetivo de pulir y
mejorar, tanto la regulación como la tramitación de los procedimientos de
evaluación ambiental.


Tal y como fueron defendidas ya en comisión y como consta en el
Diario de Sesiones, podemos agrupar nuestras enmiendas en tres grupos. El
primero es un conjunto de enmiendas de carácter técnico, de mejora de la
técnica normativa o para corregir disfunciones en el procedimiento de
evaluación ambiental o erratas y omisiones del texto, que no reflejan en
realidad una opción política legislativa alguna sino la mejora de la
calidad de la legislación ambiental. Por ejemplo, el proyecto de ley
tiene por objetivo modificar tres leyes —tres, no una—: la de
evaluación ambiental, la de montes y la de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. No es acorde con los postulados
de técnica normativa que el proyecto de ley conste de un artículo único
que aglutine las modificaciones de la Ley 21/2013 y que las de las otras
dos se acometan mediante disposiciones adicionales. Planteamos incluso la
corrección de errores estilísticos y de redacción, como los que presenta
la definición del documento de alcance o la incorrecta definición de las
medias compensatorias, que es tan mala que previsiblemente esto sí
suponga la apertura de un procedimiento de infracción del derecho
comunitario por la Comisión Europea por incorrecciones en la
transposición. Porque si es malo llegar tarde con la norma, peor incluso
es hacerlo tarde y mal. Es tan pésima la redacción que se da al
artículo 5.1 de la ley que, por su tenor literal, la obligación de
difusión de la información relativa al proyecto evaluado se limitaría al
municipio en el que radicase y no a toda la ciudadanía. Las prisas son
malas consejeras, y con las prisas se han cargado un apartado, el 11.4,
que resulta de especial interés para dar coherencia a las obligaciones
que la ley impone a los promotores de proyectos públicos, que son, a su
vez, órganos sustantivos, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras
respecto de una autovía. Cuando esto se pone sobre la mesa, sotto voce
nos dan la razón, pero se rechaza la enmienda. Tratamos de corregir un
texto que, previsiblemente, va a dar lugar a problemas de interpretación
por estar mal escrito y redactado, lo que, como legisladoras, debería
causarnos bochorno, conocida la voluntad del PP y PSOE de rechazar
nuestras enmiendas.


Presentamos un segundo conjunto de enmiendas que supone una
modificación que mejora las garantías de participación pública en el
procedimiento, pero que tampoco son una revolución que altere los
esquemas de la Ley de evaluación ambiental. Con ellas, mejoramos la
evaluación respecto del estado químico y cuantitativo de las masas de
agua subterránea, los trámites de información pública, la accesibilidad
de la documentación que al mismo se somete o la publicidad que de los
mismos se ha de efectuar.


Y en un último paquete de enmiendas aportamos sensibles mejoras
al articulado de las leyes que nos incumben. Nos permiten una mejor
consecución del objetivo de lograr un elevado nivel de protección del
medioambiente que inspiran la norma comunitaria y la legislación interna
de la trasposición, mejorando la evaluación del impacto de planes y
proyectos que pueden afectar o tener repercusiones en la Red Natura 2000
y de manera acorde con las directivas comunitarias, aves y hábitat y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se refuerza
la evaluación respecto de los riesgos ambientales que puede suponer un
proyecto, pues sucesos como la sismicidad inducida por el proyecto Castor
en aguas del Mediterráneo, o en Lorca por el agotamiento de su acuífero,
o las riadas en mi isla, Mallorca, no se deben volver a producir por una
defectuosa evaluación ambiental de la actividad humana. Asimismo,
proponemos que los ingresos obtenidos de la subasta de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero se destinen al desarrollo de las
energías renovables, y así, coadyuvar a la transición energética o
revertir esa inadmisible reducción, en 2018, de la cuantía de las
sanciones que se establecieron en la Ley 13/2010, de 5 de julio.


Lamentaríamos profundamente que se rechazase de plano que el
Senado pudiera ejercer su papel estatutario y constitucional de Cámara de
segunda lectura que permita corregir y mejorar el texto que se remite del
Congreso invocando la urgencia de su tramitación, porque se ha
sobrepasado con creces el plazo de trasposición y corremos el riesgo de
sanción comunitaria. Ello no nos impidió bloquear su tramitación durante
largo tiempo en la Mesa del Congreso. Aunque la Comisión Europea nos ha
instado formalmente en el de mayo a trasponer la directiva, en todo caso,
la aceptación de enmiendas en esta Cámara retrasaría la aprobación de
esta ley al siguiente Pleno en el Congreso. Si llevamos año y medio de
retraso, qué son tres semanas cuando podemos hacer las cosas bien.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.


¿Turno en contra de las enmiendas? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Domínguez de Posada.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


El proyecto que debatimos hoy cumplimenta la obligación de
trasposición de la Directiva 2014/52, del Parlamento y del Consejo, de 16
de abril de 2014. Con ello, se persigue una evaluación de impacto
ambiental más eficaz, se mejora la protección del medioambiente y se
consigue una mayor coherencia en el uso de los recursos naturales. El
plazo para la incorporación de la directiva ya va con más de un año de
retraso. Es deseable que esta ley salga cuanto antes para evitar posibles
sanciones de la Unión Europea y también para que miles de proyectos que
están paralizados salgan adelante y no sean abandonados por sus
promotores o, lo que sería peor, se trasladen sus iniciativas a otros
países donde generarían empleo, riqueza y bienestar.


Con este proyecto de ley se simplifican los procedimientos
administrativos, pero sin renunciar al rigor jurídico, técnico y
medioambiental en el proceso. El gran problema no son las exigencias para
conservar el medio ambiente, sino los excesivos plazos a los que hay que
enfrentarse para poner en marcha los proyectos.


Una de las principales novedades de la reforma es la
incorporación de los análisis de riesgo en los estudios de impacto
ambiental. De estas iniciativas dependen miles de puestos de trabajo,
recursos económicos, para ayuntamientos, comunidades autónomas y para la
Administración General del Estado, pero también dependen valiosísimos
factores medioambientales que tenemos la obligación de preservar.


Votaremos a favor del texto del dictamen de la ponencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Pausa).


No hay más.


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la
senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Únicamente quiero manifestar la abstención de mi grupo a este
proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, señorías, voy a
intentar ser breve.


En principio, nos da pena que no se aprueben ni tan siquiera
enmiendas que tienen que ver más con el ámbito técnico que con cualquier
otra cuestión. Es cierto que tenemos prisa, y es curioso que tengamos
prisa cuando es una directiva de 2014 que tenía que haber estado
traspuesta en mayo de 2017, pero vamos deprisa y corriendo sin tan
siquiera poder mejorar el texto en una segunda lectura. Estamos haciendo
una segunda lectura con gafas de madera porque sabemos de salida que no
se va a aceptar nada para que no vuelva al Congreso, y me parece que eso
no es bueno precisamente para la salud parlamentaria de esta Cámara. Por
otro lado, tenemos el caso anterior, en el que una norma consensuada, con
artículos consensuados, es enmendada por el grupo mayoritario aquí
precisamente para lo contrario: para retrasar la aprobación de la norma
cuando llegue al Congreso.


Yo creo que tenemos que darnos a valer un poco más y, una vez que
ya estamos fuera de plazo, tener la posibilidad por lo menos de hacer una
segunda lectura calmada e intentar hacer mejoras técnicas porque,
lógicamente, aquí había cuestiones en las que estábamos todos de acuerdo,
pero no se han podido llevar a cabo porque no podía volver al
Congreso.


En cualquier caso, vuelvo a repetir: esta norma era necesaria, ha
habido transaccionales en el Congreso que yo creo que la han mejorado
—entre otras, una presentada por el Grupo Vasco— y, por lo
tanto, vamos a votar a favor.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Aubà.


El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.


La propuesta que traen a la Cámara es consecuencia de la
transposición de la directiva europea. A mi entender, la ley que se
quiere aprobar pretende regular aspectos que son competencia de las
comunidades autónomas y, sobre todo, de los ayuntamientos. Me refiero a
los impactos ambientales, que según para qué tipo de instalaciones
—por ejemplo, las de defensa—, no serían necesarios. De
aprobarse tal y como está redactado, volarían los territorios y sus
vecinos, no como en algunos países que ya la han transpuesto y que en el
trámite han incorporado la obligación de dar voz a los ciudadanos y a
estos territorios.


Por todo ello, nosotros vamos a votar en contra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aubà.


Por Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Quetglas.


La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, señor presidente.


Intervengo nuevamente, ahora en el turno de portavoces.


La evaluación de impacto ambiental es una de las técnicas de
protección ambiental más consolidadas y depuradas. Desde su primera
formulación en Estados Unidos, en 1969, en la primera directiva
comunitaria al respecto, la 85/337, o en su formulación en el
principio 17 de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo
en 1992, se configura como uno de los principios básicos del derecho
ambiental. El principio de prevención que inspira esta técnica o
instrumento de tutela ambiental preventiva traslada al ámbito ambiental
el archiconocido principio de que más vale prevenir que curar.


En el año 2013, el ministerio dirigido por el señor Arias Cañete
propuso una suerte de simplificación tramposa de los distintos
procedimientos de evaluación ambiental, que culminaron en la Ley 21/2013,
que hoy modificamos con este proyecto de ley. En la realidad, ni la
directiva ni el proyecto de ley inducen modificaciones significativas en
la regulación del instrumento, y la PL aprovecha de rondón para permitir,
nada menos, que se puedan evaluar proyectos no ya aprobados, sino incluso
ya ejecutados y declarados ilegales por la justicia. Pocas ideas pueden
ser más irreconciliables con la naturaleza intrínsecamente preventiva de
la evaluación del impacto ambiental.


¿Es que alguna comunidad autónoma o ministerio competente en
materia de medioambiente va a emitir una declaración de impacto ambiental
desfavorable de una carretera, un pantano o una instalación industrial o
de cría ganadera ya aprobada, incluso en funcionamiento? En todo caso,
¿qué incidencia va a tener en el proceso de toma de decisiones la
variable ambiental? ¿Qué credibilidad o utilidad van a tener los trámites
de información pública? Ninguna, señorías. Si además los partidos
mayoritarios en ambas Cámaras se niegan, con argumentos falaces, a
admitir enmiendas del todo oportunas para la regulación del mejor y más
eficaz instrumento legal de tutela ambiental, ¿qué credibilidad van a
tener? Y no hablo aquí solo de nuestras aportaciones, otros grupos han
propuesto enmiendas muy dignas de tener en cuenta. Todas ellas han sido
absolutamente desatendidas.


Quiero traer aquí a colación una reflexión sobre el papel de esta
Cámara que ya he anticipado antes. Ciertamente, además de una cámara de
representación territorial, el Senado es una cámara de segunda lectura, y
esa duplicidad puede convertir en inútil y prescindible a toda la
institución, especialmente si se renuncia que ejercer esta función.
Precisamente porque el Senado es un órgano constitucional muy criticado y
cuestionado, es nuestra obligación dignificar y poner en valor su papel,
y mucho me temo que el planteamiento del que hoy hacen gala no hace sino
alentar esa crítica, porque nos convierte en meras comparsas y no en un
parlamento en el que debatir, intercambiar ideas y consensuar proyectos
legislativos.


En cuanto a la Ley de comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, lo cierto es que resulta francamente bochornoso que
se pretenda reducir la cuantía de las sanciones impuestas, especialmente
las correspondientes a infracciones graves o muy graves, con el
equivocado mensaje que lanza la legisladora al respecto y la regresión
del estándar de protección ambiental que supone. Señorías, no pretendan
que les apoyemos tampoco en eso. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Quetglas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Mato.


El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.


Señorías, tal y como ya se ha dicho en varias ocasiones, el
anteproyecto de ley tiene, entre otras finalidades, la de modificar la
Ley 21/2013, de evaluación ambiental, y cumplir así con la obligación de
trasposición de la directiva correspondiente del Parlamento Europeo.


Tal y como se ha dicho ya, esta Ley 21/2013 recogía ya dos
directivas comunitarias, una referida a los impactos sobre el medio
ambiente natural de los proyectos públicos y otra referida a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.


También se ha dicho que el proceso de evaluación de impacto
ambiental lleva vigente en España ya veinticinco años —es una
herramienta muy madura— y a lo largo de este tiempo han surgido
aspectos que todavía no habían sido incorporados a nuestra legislación. Y
eso precisamente, señora Quetglas —se lo digo porque aparece
recogido con mucha claridad en la exposición de motivos—, es lo que
pretende la directiva: profundizar en aspectos como el cambio climático,
la eficacia de los recursos naturales, la prevención de los riesgos, que
deben quedar mejor reflejados en este importante instrumento preventivo
que, como usted muy bien ha dicho, es la evaluación ambiental.


Con carácter general, los principales objetivos son los
siguientes: que la evaluación de impacto ambiental sea más eficaz, que
haya una mayor coherencia con otras normativas —algunas de la Unión
Europea— y, en definitiva, lo que todos buscamos, como es la mejora
en la protección del medioambiente, el uso de recursos naturales, la
salud humana o el patrimonio.


Además, esta reforma simplifica y mejora el proceso de toma de
decisiones en las futuras inversiones públicas o privadas, de forma que:
sean más transparentes, estén mejor argumentadas, sean realizadas por
personal competente y, por lo tanto, señorías, que se analicen mejor los
proyectos antes de autorizarlos y nos aseguremos con toda claridad de que
son respetuosos con el medio, que son seguros y sostenibles en el
tiempo.


Asimismo —también se ha dicho—, es urgente. ¿Por qué
viene por tramitación de urgencia? Porque la directiva fijaba como plazo
de incorporación al ordenamiento jurídico el 17 de mayo de 2017. Por
tanto, el proyecto de ley ya estaba previsto con anterioridad, pero nos
llega más de un año y medio tarde. Luego, señorías, no es intención del
Grupo Parlamentario Socialista retrasarlo más ni abocar al Estado a una
posible sanción.


Aspectos relevantes de esta modificación legislativa son: la
reforma de la Ley de montes con el fin de dar cobertura legal a los
caminos naturales o, por ejemplo, la regulación del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, que se ha demostrado que no es
lo suficientemente eficaz y estamos seguros de que esta reforma que
estamos proponiendo va a servir para que esta herramienta sea más eficaz
y sirva, efectivamente, para lo que todos buscamos, que es la reducción
de las emisiones de estos gases.


Señorías, se trata de conseguir una regulación más eficaz, dotar
de coherencia y simplificar la dispersión normativa, garantizar la
seguridad jurídica, la participación y los derechos de todos los
intervinientes en el proceso. De esta forma, y a través de su debate y su
tramitación parlamentaria, se han incorporado cuestiones importantes
como, por ejemplo, estudios de impacto ambiental favorables en caso de
proyectos que estuvieran incursos en procedimientos legales, la mejora de
la información a la ciudadanía o la incorporación del paisaje o el
patrimonio arqueológico subacuático al texto legislativo.


En resumen, como país miembro de la Unión Europea tenemos que
cumplir los compromisos adquiridos, especialmente en un asunto tan
importante como es la preservación de nuestro entorno. Esa siempre ha
sido la bandera del grupo político al que represento y, por lo tanto,
vamos a votar favorablemente, porque llevamos mucho retraso, esta
proposición de ley.


Y antes de irme, señorías, me voy a referir ahora a la
intervención previa que hizo la señora Riolobos, porque doy por hecho
que, como el Grupo Popular no ha presentado ninguna enmienda, ha venido
aquí a capón, sin hacer los deberes; no ha presentado ninguna enmienda y,
precisamente, en este caso la situación es contraria a la que nos
relataba. Con razón se ha marchado. Pero, si quieren, se lo digo en román
paladino o, si quieren, a través de un mensaje de wasap: la única noticia
que está esperando hoy toda esta Cámara es la dimisión de su portavoz, el
señor Cosidó.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mato.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pons.


La señora PONS VILA: Buenas tardes, señorías.


A pesar de lo que parece, estamos básicamente de acuerdo en el
planteamiento de la ley, aunque haya mucho ruido de fondo.


Vamos a ver, en 2014 se modificó la Directiva de 2011 sobre
evaluación de impacto ambiental y el proyecto de ley que ahora se debate,
como ya se ha dicho, tiene por objeto modificar la Ley 21/2013, de
evaluación ambiental, para cumplir con la obligación de trasponer ese
ordenamiento. La mayoría de los principios y objetivos de esta ley ya
fueron incluidos en su momento en la ley de 2013, de la que yo tuve el
honor de ser ponente. Dado que la tramitación de ambas normas se hizo al
mismo tiempo, tanto la de la Unión Europea como la nacional, fue
prácticamente simultánea y durante su redacción se tuvieron en cuenta ya
novedades que posteriormente se incluyeron en la directiva. En este
momento lo único que hacemos es llevar a cabo la completa trasposición de
lo que no se adaptó en ese momento.


Además de las modificaciones que considerábamos estrictamente
necesarias para incorporar la directiva a nuestro ordenamiento, también
se han realizado modificaciones para aclarar determinados conceptos de la
ley, dotándolos así de mayor seguridad jurídica. Por otro lado, también
se ha modificado la disposición adicional sexta de la Ley de montes, cuya
finalidad es regular los caminos naturales, para cumplir lo dispuesto en
una sentencia del Tribunal Constitucional que acordó estimar parcialmente
un recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía. También se
modifica —y también se ha dicho aquí— el régimen de comercio
de derechos de emisión, precisamente para definir con mayor precisión
cuáles son las especialidades propias de este régimen
administrativo.


Además, las novedades respecto a la ley —que algunos han
citado y que otros han querido obviar para justificar no apoyarla, y que
nosotros evidentemente sí vamos a apoyar— son: separar funciones y
ausencia de conflictos de interés entre el órgano ambiental y el órgano
sustantivo, algo que la señora Quetglas ha negado, pero nosotros creemos
que este proyecto de ley sí garantiza esa separación entre la función del
órgano ambiental que evalúa y el órgano sustantivo que al final otorga la
autorización del proyecto. También se toman en consideración la
vulnerabilidad y riesgos ante graves accidentes o catástrofes, y aunque
se ha intentado decir aquí que no, yo creo que sí, que precisamente se
toman en consideración y eso es algo novedoso. Se coordinan
procedimientos de evaluación ambiental y otras directivas, estableciendo
un procedimiento coordinado que posibilita a su vez el cumplimiento de
obligaciones de otras directivas, como las Directivas hábitats, aves,
marco de agua, emisiones industriales, marco de residuos o Seveso;
además, se prevé un programa que no excluya eximir al promotor de evaluar
una efectuación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000. Asimismo,
se fomenta la calidad de la información y se potencia la participación
pública a través de medios electrónicos. Se prevé que todos los
documentos que obren en el expediente de evaluación sean realizados por
personas que posean la capacidad técnica y cualificación suficiente
—creo que eso tiene que dar tranquilidad al ciudadano—. Se
prioriza utilizar medios electrónicos que garanticen la participación
efectiva de las personas interesadas. Se refuerza además el trámite de
consultas; eso es algo que no deriva propiamente de la ley, pero que en
el proyecto de ley inicial que presentó el Gobierno del Partido Popular
—y en el que ahora estamos ya llegando a su trámite final— sí
se tenía en cuenta, y era la obligación de realizar un nuevo trámite de
información pública y de consultas a las administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas en el caso de que existan
modificaciones del proyecto inicial. Y también se incluye en este
proyecto de ley, aunque tampoco deriva de la directiva, modificar los
anexos I y II de la Ley 21/2013 mediante el real decreto, para que en el
caso de que haya que trasponer más directivas se pueda hacer directamente
mediante real decreto.


Por todo lo expuesto, el Grupo Popular apoya la modificación
—una modificación iniciada en el Gobierno del presidente
Rajoy— por varias razones. Primero, porque creíamos y creemos en
este momento que es la modificación adecuada y necesaria; cuando
estábamos en el Gobierno lo pensábamos y ahora que estamos en la
oposición lo seguimos pensando, es decir, por responsabilidad política e
institucional. Nosotros intentamos mantener una unidad de criterio, este
proyecto lo empezamos nosotros y nosotros lo apoyamos, por ello no hemos
presentado enmiendas y no vamos a apoyar ninguna de las enmiendas
presentadas. Segundo, pensábamos en su momento que la Ley de evaluación
ambiental era una buena legislación —en su día, cuando la iniciamos
en 2013— con las modificaciones presentadas, unas debidas a la
trasposición y otras de iniciativa propia para mejorar el texto. Creemos
que España tiene una buena legislación en materia de evaluación
ambiental, puesta al día y a la que solo le queda que los poderes
públicos la hagamos cumplir por el bien de nuestro medioambiente, el
bienestar de los ciudadanos de ahora y del futuro.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.









PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE
19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y
PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


625/000003

Transición Ecológica


El señor presidente da lectura al punto 6.2.3.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Labrador.


El señor LABRADOR ENCINAS: Gracias, presidente.


La proposición de ley que se somete en este acto a la
consideración de este Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de
noviembre de 2018, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de
urgencia.


Esta proposición tiene su origen en el texto aprobado por la
Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, dotada de
competencia legislativa plena en relación con la Proposición de ley sobre
la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la
demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la
demarcación hidrográfica del Guadalquivir.


Esta proposición de ley se remitió, al amparo del artículo 104
del Reglamento del Senado, a su Comisión de Transición Ecológica. De la
misma forma, la Mesa del Senado, en su reunión de 30 de octubre de 2018 y
al amparo de lo previsto en el artículo 133.2 del Reglamento del Senado,
acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia y, en consecuencia
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135.6 del propio reglamento, y
por apreciarse circunstancias que aconsejaban la modificación del plazo
previsto en el apartado primero de dicho artículo, se acordó que el plazo
improrrogable para la presentación de enmiendas y propuestas de veto
finalizara el día 8 de noviembre. Se presentaron un total de doce
enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Realizado el debate y votación de las mismas, se emitió
dictamen sobre la citada proposición de ley, no introduciendo ninguna
modificación respecto al texto remitido por el Congreso de los
Diputados.


Esta proposición de ley se estructura en cuatro artículos, una
disposición adicional, una disposición derogatoria, una transitoria y
tres disposiciones finales. Se fundamenta en las necesidades de recursos
hídricos en la zona suroriental de la provincia de Huelva, en la comarca
de El Condado, que se encuentra en la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir y en el ámbito de influencia del espacio natural protegido
de Doñana, con el objetivo ambiental de preservar el equilibrio del
acuífero MASb 05-51 Almonte-Marismas y de los ecosistemas asociados al
mismo.


Este dictamen fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, sección Senado, con fecha 16 de noviembre de 2018. A dicho
dictamen se ha presentado un voto particular del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Me gustaría finalizar, porque aunque es tradición es de justicia,
agradeciendo el trabajo realizado por todos los senadores, así como por
los servicios de la Cámara que, como es costumbre, han dado un ejemplo de
lo que es hacer una excelente labor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Labrador.


Vamos a comenzar el debate de totalidad y luego habrá un turno de
enmiendas.


¿Turno a favor? (El senador Huelva Betanzos pide la palabra). Sí,
señor Huelva. ¿Alguien más va a compartir el turno a favor? (Pausa).


Tiene usted la palabra, senador Huelva.


El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a mi
grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, la predisposición que ha tenido
siempre con esta ley que estamos debatiendo. Quiero agradecer
especialmente a mi portavoz, Ander Gil, y a toda la dirección que
confiaran siempre en el criterio de los tres senadores de la provincia de
Huelva del Partido Socialista —del senador Guerra González, de la
senadora Pérez Castilleja y de mí mismo— para pedir el trámite de
urgencia y llevar adelante esta ley tan necesaria y tan reivindicada en
nuestra provincia.


Quiero dar las gracias a los senadores y senadoras antes citados,
al senador Guerra y a la senadora Pérez, por su generosidad conmigo al
permitirme ser el ponente de esta ley, ya que dentro de la provincia de
Huelva es mi comarca la de Doñana y la de El Condado. Quiero saludar
—y no quiero que se me olvide nadie— a los alcaldes de Lucena
del Puerto, David Vivas, de Bonares, Juan Antonio García, a mi alcalde,
el de Rociana del Condado, Diego Pichardo, y a la alcaldesa de Almonte,
Rocío Espinosa. Quiero saludar también a la persona impulsora de esta ley
en el Parlamento de Andalucía y presidente del Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez —que está
también en la tribuna—, a los miembros de la Plataforma en defensa
de los regadíos de El Condado, a su presidente, Cristóbal Picón, al que
acompañan Rafael López, Juan Mato, Rocío Alba, Francisco Domínguez,
Raquel Mora, Manuel Limón y Rodolfo Barrero, al secretario general de UPA
en Huelva, Manuel Piedra, y al director general de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, Juan
Serrato. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes al Senado, pero
sobre todo quiero darles la bienvenida a esta celebración, a la
celebración del culmen de vuestro trabajo y de nuestro trabajo.


Señorías, estamos hablando de un espacio, de un parque nacional
del que todo el mundo se atreve a opinar —digo atreverse a opinar y
lo digo sin ningún rubor—: opinar desde la distancia y opinar desde
informaciones que en muchas ocasiones son descaradamente interesadas.
Miren ustedes, les voy a hablar de una Doñana, la que fue declarada
parque nacional en 1969, uno de los espacios protegidos más importantes
del territorio andaluz, de España y la mayor reserva ecológica de Europa,
con más de 54 000 hectáreas en este parque nacional, con distintos
ecosistemas en estas hectáreas: marismas, playas —casi 30
kilómetros de playa virgen solo en el parque nacional, sin contar con
los 17 kilómetros que tenemos en el parque natural—, dunas y
corrales, los cotos y las veras, que es el límite entre arcillas y arenas
y es la zona en la que coinciden las especies vegetales y animales de uno
y otro ambiente, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas con más
riquezas ecológicas del mundo.


Miren ustedes, señorías, Doñana es el espacio natural con mayor
biodiversidad de Europa: más de 300 especies de aves habitan en este
territorio, de las que casi 130 se reproducen allí; 37 especies de
mamíferos, entre las que destacamos el lince ibérico; 21 especies de
reptiles; 11 especies de anfibios; 20 especies de peces de agua dulce y
miles de invertebrados. En Doñana existen más de 900 —900—
especies vegetales debido a la existencia de diferentes ecosistemas, y
seguro que les suena el enebro marítimo, el alcornoque, el pino piñonero,
la adelfa, la retama, el tomillo, el romero o la zarzamora.


Fíjense, señorías, que les he hablado de ecosistemas, les he
hablado de fauna, les he hablado de flora, les he hablado de lo que los
onubenses queremos y debemos preservar, conservar y potenciar. Les he
descrito sucintamente algo que puede que algunos de ustedes piensen que
solo existe en los cuentos de hadas, pero les aseguro que es algo con lo
que generaciones y generaciones de habitantes hemos aprendido a convivir,
a cuidar, a proteger y a presumir. Pero, señorías, lo que les he contado
no es Doñana, lo que les he contado solo es la mitad de Doñana, porque la
otra mitad la forman aquellas mujeres y hombres que cada día viven allí.
No les voy a decir que los que vivimos allí hacemos un esfuerzo diario
por preservar la reserva de la biosfera que es, y no se lo voy a decir
porque, sencillamente, no lo hacemos, no hacemos un esfuerzo. Nosotros lo
hacemos porque es algo que tenemos interiorizado, nos lo han enseñado, no
diciéndonoslo, no haciendo grandes estudios, no haciendo grandes
discursos y no haciendo bandera de las restricciones; si nuestros
antepasados se hubiesen dedicado a los discursos y a las banderas, hoy
Doñana, sencillamente, no existiría. (Aplausos). Ellos nos han enseñado
con acciones, acciones que dimanan del trabajo diario, acciones que han
ido en pro del progreso de los pueblos y del entorno de Doñana y del
Condado de Huelva.


Señorías, la otra mitad de Doñana en la provincia de Huelva son
más de 85 000 habitantes distribuidos en siete municipios, y esta tarde
estamos hablando de cinco de esos siete municipios; estamos hablando
de 60 000 habitantes, hombres y mujeres que forman parte de Doñana;
estamos aprobando una ley que hace posible que esas mujeres y hombres,
que durante generaciones han sido los mayores y mejores ecologistas,
puedan seguir viviendo en su territorio, y esas mujeres y hombres de los
que hablamos, que todavía —todavía— no están en peligro de
extinción, se han dedicado desde tiempo inmemorial a la ganadería y a la
agricultura, al sector primario, mirando día a día la tierra que les vio
nacer y que les da de comer.


Señorías, hoy muchos de los descendientes que vivimos allí nos
seguimos dedicando a lo mismo, seguimos mirando cada gota de agua que
gastamos y usamos las mayores y mejores tecnologías que existen en el
mundo para seguir protegiendo nuestro parque nacional como siempre hemos
hecho. Señorías, Doñana también son las cabezas de ganado que hay dentro
del parque nacional, así como las aproximadamente 10 000 hectáreas que
dan miles y miles de empleos al año en nuestra provincia y fuera de ella,
y que surten nuestros supermercados —a los que vamos todos, y
también los de media Europa— de fresas, frambuesas, arándanos,
moras, caquis, naranjas, etcétera. No pensemos que esas frutas nacen en
las estanterías; esa fruta es gestionada por agricultoras y agricultores
que cada día cuidan su medio de vida y su marca Doñana; viven de una
agricultura de primor, con alta tecnología y con altísimo cuidado
medioambiental y de alto valor ecológico. Allí los mayores ecologistas
son los agricultores y las agricultoras porque de ello viven y quieren
que sus descendientes sigan haciéndolo.


Me han escuchado decir ustedes en muchas ocasiones que nadie va a
venir a enseñarnos a proteger el territorio en el que van a vivir
nuestras hijas y nuestros hijos. A nosotros nos parecen bien las
propuestas en positivo que se quieran hacer, todas las propuestas en
positivo, pero no las lecciones magistrales desde púlpitos lejanos que ni
siquiera conocen el territorio.


Miren ustedes, hoy tengo la fortuna de ser yo quien defienda esta
ley, y lo hago veintitrés años después de haber empezado a reivindicarla.
Para que vean que allí nos cansamos lo justo, yo comencé en política en
el año 1995, en mi pueblo, en la comarca de Doñana, en el Condado de
Huelva y ya se hablaba de la aportación de agua superficial al Parque
Nacional de Doñana. ¿Y sabe quiénes lo pedían? Los alcaldes y las
alcaldesas y los agricultores y las agricultoras. Por aquel entonces,
hace veintitrés años, había poca gente que se estuviera preocupando por
la salud de Doñana fuera del territorio, y era poco mediática la
preocupación por cuidar un entorno natural como el nuestro. Desde
entonces, la reivindicación de los alcaldes y de las alcaldesas han sido
las mismas, las mismas que las de los agricultores y agricultoras que,
año tras año, pedían solo eso, solo que el agua excedentaria de una
provincia excedentaria en agua como es Huelva se trasvasara dentro de la
misma provincia de una cuenca, la del Odiel, Tino y Piedras, a la del
Guadalquivir. Es algo sencillo, pero no lo ha sido cuando hemos tardado
veintitrés años o más, treinta, para conseguir estar aquí debatiendo esta
ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Huelva.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Entramos en el turno de portavoces en el debate a la
totalidad.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Nacionalista? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
(Denegaciones).


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
López Gabarro.


La señora LÓPEZ GABARRO: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero darle las gracias a todos los vecinos del
Condado que están hoy aquí y especialmente a esos agricultores, hombres y
mujeres, valientes que llevan muchos años luchando por algo que es de
todos, la agricultura del Condado. (Aplausos).


Siempre les he transmitido la tranquilidad porque estaba segura
de que esta ley, con la mayoría del Grupo Popular en el Senado, iba a
salir adelante, y hoy se hace realidad. Este partido ha estado siempre,
desde el principio, al lado de los agricultores, lo ha estado siempre y
lo seguirá estando, y quiero agradecer al Grupo Socialista y al Grupo de
Ciudadanos, como ya ocurrió en el Congreso, que se sumaran a esta
iniciativa que es de todos, no de grupos políticos, es de ellos, porque
los protagonistas esta tarde son ellos, los agricultores, los hombres y
mujeres del Condado. (Aplausos).


Sé que hay enmiendas de Podemos en contra de esta ley. Miren
ustedes, señorías de Podemos, cuando ustedes se niegan sistemáticamente a
llevar el agua al Condado, cuando se niegan sistemáticamente a darle el
agua a los agricultores, están negando el pan de familia de cientos de
agricultores. Pero es que además me sorprende el desconocimiento, porque
esta ley lo que hace es llevar el agua en superficie, esta ley viene a
proteger aún más Doñana. Y no se olviden de esta frase: Nadie como los
agricultores del Condado, hombres y mujeres, han protegido y protegen
Doñana. Nadie, absolutamente nadie como ellos, ninguno de los que estamos
aquí. Ellos conocen su tierra, ellos la cuidan y ellos la protegen.


Una cuestión importante, que el Partido Popular es el partido del
empleo. Cuando hablamos de los frutos rojos del Condado de Huelva quiero
decir dos cosas. Primero, estamos hablando de marca España y, segundo,
los frutos rojos son el 80 % del PIB del Condado, por tanto, estamos
hablando de empleo. Y este es el partido del empleo y este es el partido
del agua. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, 200 millones de euros
fueron a Huelva en obras hidráulicas, eso nos convirtió en el partido del
agua. El primer trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos lo hizo el Partido
Popular en el Gobierno de Rajoy. Yo he de reconocer aquí que en el
Gobierno de Zapatero se hizo la ley, pero se guardó en el cajón, y
en 2011 vino Rajoy y el Partido Popular la sacó del cajón e hizo las
obras, porque sin obras no sirve de nada la ley, y ahí tenemos que volver
a estar todos.


Señorías, hoy estamos aprobando una ley que es fundamental, pero
algo hay algo esencial y es que vienen unos Presupuestos Generales del
Estado, y ahí tenemos que estar todos, porque sin obras no hay agua y no
sirve para nada la ley.


Hay algo que me preocupa y quiero trasladárselo al compañero del
PSOE, que, por cierto, comparto al cien por cien con usted la descripción
que ha hecho de la zona de Doñana, de sus pueblos, de sus
habitantes.


Hay algo que me preocupa y se lo quiero transmitir para que
sigamos yendo de la mano. Están ustedes negociando los Presupuestos
Generales del Estado. Ya dijo Pedro Sánchez que sí a las desaladoras y no
a las trasvases, y están negociándolo con Podemos que vota en contra de
que el agua llegue a los agricultores. ¡Ojo con los presupuestos porque,
si no, volveremos a darle la espalda a los que levantan cada día nuestra
provincia! ¡Ojo a los presupuestos!


Una segunda cuestión, y ya termino. Estamos aquí defendiendo la
agricultura onubense, y los agricultores quieren que vayamos de la mano.
Permítame que les diga que recapaciten porque hay que modificar el Plan
de la Corona Norte en el Parlamento andaluz y llegar a acuerdos, igual
que hemos hecho hoy en esta Cámara. Que ni ustedes, compañeros de
Podemos, ni del PSOE ni de Ciudadanos son nadie para decirles a cientos
de agricultores que no tienen derecho a agua y que no tienen derecho a
llevarles a sus hijos el pan a su casa.


Por tanto, lo que hoy estamos haciendo aquí se lo merecen también
otros agricultores que ustedes han dejado fuera. Por cierto, haga
recapacitar a su jefa y si no es así, y termino, será a partir del día 2
de diciembre cuando el Partido Popular desde el Gobierno andaluz
modifique el Plan de la Corona Norte. (Aplausos).


Señorías, como el Senado tiene mucho peso, puede parecer que los
que nos subimos a esta tribuna somos los importantes, por tanto, estos
minutos que he intervenido se los dedico a los que cada día hacen que
esté más orgullosa de ser onubense, de ser andaluza y de ser española. Se
los dedico a los que están ahí, a esos hombres y mujeres valientes.


Gracias por lo que habéis hecho, lo habéis conseguido vosotros.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Gabarro.


Pasamos al debate de las enmiendas.


El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha
presentado las enmiendas números 1 a 12.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Quetglas.


La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.


Señorías, ya nos encontremos ante un problema médico, sanitario,
financiero, técnico, ambiental o agrícola, la adecuada respuesta y
solución al mismo necesita —condición previa indispensable—
su adecuado diagnóstico y la veraz búsqueda de sus causas y no la mera
constatación de las consecuencias del problema, porque, si no, podemos
encontrarnos con costosas soluciones desde el punto de vista ambiental,
económico y social, que no han servido para solucionar, sino solo para
agravarlo. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).


Este grupo político ya ha expresado en el Parlamento de
Andalucía, en el Congreso de los Diputados y en comisión en esta Casa
cómo la garantía de abastecimiento que pueden suponer los 20 hectómetros
cúbicos que vamos a detraer en beneficio del acuífero de Almonte puede no
tener ni éxito ni sentido cuando no hemos actuado ni atacado antes las
causas que lo han llevado a su crítica situación actual. Por eso,
señorías, presentamos enmiendas, no solo de mejora técnica y de
adecuación de la técnica legislativa de la que el texto está
profundamente necesitado, sino también tendentes a evitar la
regularización de regadíos ilegales por vía indirecta o a través de la
presente proposición de ley; a garantizar el cumplimiento del principio
de recuperación de costes y que sean los beneficiarios comprometidos del
trasvase quienes se hagan cargo del coste de la obra pública y del precio
del agua y no que sea el Estado quien lo sufrague, o que luego nos
encontremos, como pasó con las desaladoras de Levante, con que no hay
demanda real de agua si se exige su coste; y, desde luego, tendentes a
garantizar que antes de tramitar la obra pública y de que se haga
realidad el trasvase, se declare al acuífero Almonte-Marismas
(MASb 05-51) como sobreexplotado, que clama al cielo que aún no lo haya
sido por no tener que poner orden en el desorden de explotaciones de
regadíos de la zona.


Y, para acabar, les confieso que soy incapaz de entender por qué
rechazan nuestra enmienda número 7, que elimina un párrafo duplicado en
el texto de la ley.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Quetglas.


Turno en contra de las enmiendas.


Senador Huelva, tiene la palabra.


El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, presidente.


Las enmiendas a esta iniciativa registradas en el Senado se
parecen bastante a las enmiendas registradas en el Congreso de los
Diputados, vamos, un copipega directamente.


Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, no vamos a mover ni
un milímetro de lo que ya dijimos en la Cámara baja. Si esta es la
solución que el Grupo Podemos tiene para Andalucía, mal vamos. Nosotros
entendemos que estas enmiendas de Podemos están elaboradas y presentadas
desde un desconocimiento absoluto de la zona de Doñana y de los pueblos
de la comarca que la conforman, desconocimiento que, a veces, se vuelve
peligroso. Hablar gratuitamente de una zona que ni siquiera han visitado
y que solo conocen por las informaciones sesgadas de las que se nutren es
muy peligroso. Señoría, en el Congreso de los Diputados, el Partido
Socialista y el Partido Popular, los dos, llegamos a ofrecerles
redacciones alternativas a sus enmiendas para que fuese una ley de todos,
y obtuvimos la negativa por respuesta. Hoy, como usted ha podido
comprobar, al menos el Grupo Socialista, ni siquiera nos hemos puesto en
contacto con ustedes para ver las enmiendas, porque hoy ya la respuesta
es no, directamente. No vamos a permitir más demoras en esta ley casi
treinta años después que creemos que han sido suficientes. Ha habido
tiempo más que de sobra para propuestas. Por eso pensamos que no es más
que una maniobra para ver si, en otro acto nuestro de buena voluntad,
accedemos de nuevo a negociar. Además, señorías, como ustedes ya conocen,
les diré respecto a la mayoría de las enmiendas que presentan que a
nosotros nos parece que se recoge técnicamente de una forma mucho más
correcta —desde nuestro punto de vista, claro está— en la
redacción de esta proposición de ley. Incluso, alguna de sus enmiendas
—a nuestro juicio siempre— generaría confusión en cualquier
texto legal, por lo tanto, nos parecen del todo improcedentes.


En resumen, señorías, nuestra postura hoy es que esta ley se
empiece a aplicar ya, que vaya a BOE y sea efectiva. Cuando se esté
aplicando, hablamos lo que quieran, pero Doñana no puede esperar más; no
podemos esperar a cambiar una coma por otra, y lo que es igual de
importante, las personas que allí vivimos creemos que tenemos derecho a
tener una ley que nos ampare, a que no siempre estén usando ustedes a sus
lobbies en contra del progreso de nuestra comarca y, al final, sin querer
—o queriendo, no lo sabemos—, en contra el propio Parque
Nacional de Doñana.


Así que, después de la publicación en el BOE, nos vemos donde
quieran. Por cierto, al Partido Popular en los presupuestos les
esperamos. Pueden apoyar sin ningún problema los Presupuestos Generales
del Estado. Ahí les estamos esperando. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Huelva.


Abrimos un turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿alguna intervención?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿alguna intervención?
(Pausa).


Senadora Rivero, tiene la palabra.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.


Intervengo únicamente para manifestar nuestra abstención respecto
a esta proposición de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).


Tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, presidente.


Intervengo igualmente para decir que nosotros también nos vamos a
abstener.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias.


¿Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). No
interviene nadie.


¿Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea? (Pausa).


Senadora Quetglas, tiene la palabra.


La señora QUETGLAS QUESADA: Gracias, presidente.


El acuífero Almonte-Marismas del que se nutre Doñana sostiene a
los ecosistemas naturales del parque —a los humedales, ríos,
vegetación y fauna—, pero también sostiene a los cultivos del
Condado de Huelva y al entorno de Doñana. Sin el agua, Doñana está
condenada a muerte. Por tanto, cultivos y espacio protegido están
llamados a convivir en equilibrio, equilibrio que actualmente está roto,
que está hecho pedazos. ¿Y qué solución plantean los gobiernos central y
autonómico? Un trasvase o, lo que es lo mismo, obras hidráulicas, la
vieja solución decimonónica.


La política hidráulica de los partidos de la alternancia, del PP
y del PSOE, es siempre la misma: obras hidráulicas, los trasvases, porque
aunque la ministra Ribera, en público, reniegue de los trasvases,... Aquí
estamos, dispuestos a probar uno más.


Para resolver el déficit hídrico, la solución no es incrementar
la oferta de recursos hídricos con el trasvase, pues a largo plazo
provoca el efecto contrario: estimula el incremento de la superficie de
regadío y, por tanto, la demanda agraria. El mejor ejemplo con un solo
dato: demanda agraria que consume el 87,3 % de los recursos de la cuenca
del Guadalquivir. Esto es fruto de una política obsoleta, de una política
arcaica, estimulada desde la óptica de que el agua es una fuente de
riqueza y de empleo, con un enfoque productivista muy peligroso. El agua
no es ni una mercancía ni un input productivo, ni un elemento con el que
ganar dinero, es un patrimonio ecológico y un derecho humano.


El trasvase es una idea perversa en el fondo, porque alimenta y
alienta a quienes piden agua de forma ilimitada como si fuera un recurso
realmente ilimitado, es, a largo plazo, un suicidio hídrico, y esa
política pone en peligro tanto la sostenibilidad de los cultivos legales
como el futuro de Doñana.


Su política, señorías del PP y del PSOE, es buena para asegurar
votos, pero es una medida profundamente injusta e irresponsable con las
generaciones futuras y con el medioambiente. No traten de plantear esto
como un combate populista de golpes en el pecho, de ver quién defiende
más y mejor los intereses de los agricultores y de los regantes pues
nosotras estamos al lado de los y las agricultoras responsables que miran
por el futuro de su familia y también por el futuro de su entorno.


Creemos que ese trasvase no es la solución a los múltiples
problemas del entorno de Doñana y que existen alternativas sostenibles
que no pasan por trasnochados trasvases. No es razonable proponer un
trasvase cuando hay en la zona 3000 hectáreas ilegales de regadío en
terreno forestal, 1000 pozos ilegales y 1700 balsas que están llevando a
una situación alarmante al acuífero de Doñana y ninguna intención de
poner orden y concierto a esta situación. La realidad es que los
promotores y precursores de esta ley no quieren solucionar los problemas
de Doñana y su comarca pues ello implicaría medidas tan impopulares como
necesarias. Para empezar, la declaración del acuífero Almonte-Marismas
como sobreexplotado o, como dice ahora la Ley de aguas, «en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo o químico», por tanto, aplicar un
plan de ordenación de extracción que supondría poner freno al incremento
de la oferta, por lo visto, parece que no sea esa su intención pese a la
evidencia científica y técnica más abrumadora.


En 2017 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó un
informe —por cierto, ocultado a la Unesco—, en el que se
reconoce el estado de prealerta y el de alarma de sectores del acuífero,
y concluyen que con esta tendencia descendente se comprometería su buen
estado y el de los ecosistemas terrestres que dependen de él. Ya en 2016,
la Comisión Europea remitió a España un dictamen motivado dentro del
procedimiento de infracción que señala que existe evidencia científica de
que el deterioro de los hábitats ha tenido lugar durante décadas,
principalmente debido a las presiones resultantes de las actividades
humanas y, en especial, de la sobreexplotación de los acuíferos.


Termino. Señorías, nuestro voto no puede ser favorable ante la
ausencia de alternativas al trasvase, ante las dudas científicas sobre
las consecuencias ambientales que el trasvase tendrá sobre Doñana. Ante
estas dudas, el sentido común y el ordenamiento jurídico nos imponen
aplicar el principio de precaución y paralizar la propuesta del trasvase
hasta haber estudiado todas las alternativas viables posibles
—económica, ambiental y socialmente—, que las hay.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Quetglas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Huelva.


El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor presidente.


Ahora entiendo por qué no ha defendido esta ley ningún senador o
senadora de Podemos Andalucía, porque el desconocimiento de la zona es
absoluto.


Señorías, como decía hoy, tengo la satisfacción, gracias al
trabajo de mucha gente, de muchas personas conocidas y anónimas, de
decirles que el tiempo de descuento se ha acabado, que ahora toca poner
en marcha aquello por lo que hemos luchado mucho en Doñana y que hoy
empieza a ser una realidad. Hoy el trabajo que nos queda por delante se
hace mucho más ilusionante.


Este paso que estamos dando hoy es crucial e imprescindible para
poner en marcha el futuro del Parque Nacional de Doñana y de la comarca
que lo ha hecho posible. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden
silencio, por favor.


El señor HUELVA BETANZOS: Hoy no es un día más para la provincia
de Huelva, sino que es el día en el que ponemos los mimbres legales que
permiten el equilibrio hídrico de Doñana y el equilibrio socioeconómico
de su comarca con todas las garantías.


Señorías, les aseguro, de primera mano, que el camino no ha sido
nada fácil. No hemos contado con ninguna ayuda del Gobierno de España
mientras ha estado gobernando por el Partido Popular. Desgraciadamente,
no hemos sentido ninguna complicidad.


En el año 2008, el Consejo de Ministros aprobó una transferencia
hídrica de 4,99 hectómetros cúbicos, y lo aprobó un gobierno socialista.
Sabíamos —y el Gobierno también lo sabía— que esa
transferencia no era suficiente para Doñana. Llegó el Partido Popular y,
obviamente, lo puso en marcha porque legalmente era lo que tenía que
hacer ya que lo había aprobado el Gobierno de Zapatero. Ni siquiera nos
molesta a nosotros que se quieran apuntar el tanto. Esto no va de tantos,
lo que sí nos molesta, y mucho, es que luego no haya sido capaz de
presentar iniciativas el Gobierno de España cuando ha gobernado el
Partido Popular para tramitar la Ley de trasvases, que añadía 15
hectómetros cúbicos a los 4,99 hectómetros cúbicos, que es esta ley que
hoy estamos debatiendo y aprobando si no pasa nada.


Hemos recibido cientos de visitas de todos los cargos del PP
habidos y por haber en la provincia, promesas las que ustedes sean
capaces de imaginarse, pero, al final, cuando había que ponerse a
tramitar la ley, no lo han hecho. Y es aquí donde entra en cuestión el
punto que hoy traemos. Hoy no viene una ley del Partido Popular, viene
una ley del Parlamento de Andalucía, que ha tenido que ser gestionada por
el Partido Socialista, de la mano de Mario Jiménez, diputado andaluz por
Huelva, que está ahí sentado en la tribuna de invitados y que ha sido el
que promovió en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley para
tramitarla en las Cortes Generales. Aquí tengo que hacer mención, porque
es de justicia, el compromiso del consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, José Fiscal, y de Juan Serrato. Su dirección
general, todo su equipo, ha sido el artífice final de esta ley que ofrece
garantías de suministro urbano a las poblaciones de la comarca y que
garantiza la sustitución de extracciones de agua subterránea por agua
superficial, contemplada en el Plan especial de ordenación de la zona de
regadío, ubicada al norte de la corona forestal de Doñana, en los
términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana del
Condado.


Señorías, ahí sí, en el Parlamento de Andalucía, no tuvieron más
remedio que subirse al carro, tanto el Partido Popular como Ciudadanos.
Pero es algo insólito que una ley como esta, competencia del Gobierno de
España, tuviera que ser promovida desde una comunidad autónoma por la
inacción de este Gobierno, pero así lo hicimos. Esta ley socialista salió
adelante en el Parlamento de Andalucía y se tramitó ante las Cortes
Generales, pero, al llegar ahí, se escapó de nuestro empuje y comenzó a
dormir el sueño de los justos; y de nuevo tuvo que llegar un Gobierno
socialista para sacarla del cajón e incluirla, para su toma en
consideración, en el primer pleno del que era presidente Pedro Sánchez.
Los partidos que votaron en Andalucía volvieron a votar a favor, pero
volvieron a pedir prórroga para dilatar esta ley, para introducir, al
final, tres enmiendas que —ahora que no nos escucha nadie—
han presentado por cumplir. Ahí reconozco que jugó un papel
importantísimo la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado, que
ha presionado a los dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos en la
provincia, a los cuales se lo agradezco. Luego se tramitó en la Comisión
de Transición Ecológica, en la que hay que agradecerle a mi compañera
Pepa Bayo su primordial trabajo.


Por supuesto, aquí hay que decir una cosa que es verdad, que hoy
es el trámite final de esta ley socialista, que hoy va a salir adelante a
pesar del Partido Popular y de Podemos. Unos, por subirse al carro en
marcha, poniendo palitos en las ruedas,... (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor HUELVA BETANZOS: Termino, señor presidente.


... y los otros, por no creer nunca ni en Doñana ni en su
entorno, porque ni lo conocen ni se les espera. Hoy gana el parque
nacional; hoy gana la flora y la fauna de la que presumimos; hoy ganan
las mujeres y hombres que allí viven y que lo han cuidado desde antaño;
hoy gana el tejido económico y social de los pueblos. Por tanto,
señorías, hoy ganamos todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Huelva.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora López Gabarro.


La señora LÓPEZ GABARRO: Muchas gracias, señor presidente.


Portavoz de Podemos, dice usted que hacemos política arcaica.
Mire usted, la política que estoy haciendo yo aquí es defender a mi
tierra para que los agricultores puedan cultivar el campo, para que haya
empleo y para que los padres y madres de familia puedan dar de comer a
sus hijos. Si usted dice que eso es política arcaica, ¿en qué situación
se encuentra usted? Repito, ¿en qué situación se encuentra usted?
(Aplausos).


Segunda cuestión, ha hablado usted de populismo. No hay mayor
populismo que ofrecerle a todo el mundo en unas elecciones sueldo gratis
sin tener que trabajar y querer matar a los que crean empleo, que los
tiene usted sentados ahí arriba. Cuando usted tenga la piel curtida del
sol, del viento, llueve, truene o ventee y las manos que tienen esos
señores y esas señoras de trabajar la tierra, se sube aquí y los critica,
pero con conocimiento de causa. (Aplausos).


Compañero Amaro, yo creía que hoy veníamos con otro tono. Lamento
muchísimo que hoy, que es el día de los agricultores, usted haya querido
aprovechar este momento para hacerlo el día del Partido Socialista.
(Aplausos). Gobierno de España del Partido Popular, tenemos aquí a los
compañeros del PSOE, a los que tengo el máximo respeto, pero les voy a
informar de algo que los primeros que lo saben son los agricultores:
durante los años que ha gobernado el PSOE no se ha hecho ni una obra
hidráulica en Huelva; jamás. Todas la ha hecho el Partido Popular.


Dice usted: complicidad del Gobierno de España. Yo no tengo
complicidad con usted. Podemos entendernos y debemos entendernos, pero no
tengo complicidad con usted. ¿Sabe con quién la tiene usted? Con Podemos;
yo con los agricultores. (Aplausos).


Tercera cuestión, ha nombrado usted a José Fiscal. Yo respeto a
José Fiscal, pero dígaselo a los agricultores cuando José Fiscal los
llamó presuntos delincuentes. Ese respeto no se lo tengo; usted está
defendiendo aquí a quien los llamó presuntos delincuentes, a ellos, a los
que trabajan todos los días la tierra.


Voy terminando. La modificación del Plan de la Corona Norte no lo
van a hacer ustedes, van a seguir dejando a cientos de padres de familias
sin cultivar la tierra y sin el pan de sus hijos. No se preocupe usted
que la complicidad yo la voy a tener con quien la tengo que tener: con
ellos, y el día 2 de diciembre modificaremos el Plan de la Corona Norte.
(Aplausos).


Y termino. No sé de qué se ríe usted tanto, señor Menacho. Para
mí este debate iba bien —no sé si a los agricultores les hará la
misma gracia que a usted— porque los dos estamos de acuerdo en
esto, pero se les ha quitado la gracia. Yo no sé la gracia que usted le
ve, porque me ha parecido de muy poca clase que un día en el que los
protagonistas eran los que cultivan la tierra, usted se haya querido
subir aquí a apuntarse un tanto para el PSOE. Los tantos no son ni para
usted ni para mí, son para ellos. Aprenda a saber dónde tiene que estar
un político y a tener altura de miras.


Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
López Gabarro.









PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES.


621/000012

Justicia


El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al
punto 6.2.4.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Pasamos al siguiente
proyecto de ley. Votaremos al final todo. (Rumores). Guarden silencio,
señorías.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
vicepresidente primero de la Comisión de Justicia, el senador Represa
Fernández.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías.


Proyecto de ley orgánica de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales. El proyecto de ley que se somete en
este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el
procedimiento ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el día 23 de
octubre de 2018, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas que
finalizaba inicialmente el 5 de noviembre fue ampliado hasta el día 12 de
noviembre de 2018. A este proyecto de ley se presentaron 32 enmiendas,
una de las cuales, la número 8, de los señores Bagué Roura y Cleries i
Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista, fue posteriormente
retirada.


El día 15 de noviembre la comisión ratificó la ponencia que quedó
integrada de la siguiente manera: doña María Aparicio Calzada, del Grupo
Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco;
doña Celia Cánovas Essard, del Grupo Parlamentario Podemos; don Miquel
Ángel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; doña
Begoña Nasarre Oliva, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi
Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; don Antonio Julián
Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista y doña María Rosa
Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


La ponencia se reunió el día 15 de noviembre para emitir su
informe, en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por
el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el
mismo día 15 y emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia.


Han presentado votos particulares a este dictamen los señores
Navarrete Pla y Mulet García del Grupo Parlamentario Mixto, los señores
Cleries i Gonzàlez y Bagué Roura del Grupo Parlamentario Nacionalista y
los grupos parlamentarios Mixto y Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.


Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Represa Fernández.


Yo rogaría, señorías, que no hagan corrillos —el que quiera
que salga fuera del hemiciclo—, para poder tener el debate y que
podamos escucharlo todos.


Pasamos al debate de totalidad.


¿Algún turno a favor? (Denegaciones).


¿Algún turno en contra? (Denegaciones).


Turno de portavoces. ¿Algún grupo quiere intervenir?
(Denegaciones).


Pasamos a debatir las enmiendas.


Defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de los
señores Navarrete y Mulet.


Tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, Compromís ha presentado cinco enmiendas, de la 10 a
la 14, básicamente porque creemos que se puede mejorar en precisión y en
derechos.


La número 10 añade, en el artículo 19.1 sobre tratamiento de
datos de contacto y empresarios individuales, el siguiente texto: con la
obligación de informar a los interesados. ¿Por qué? Porque esta Ley
orgánica de protección de datos, en el artículo 19, por un lado, se
refiere a los datos de contacto, teléfono, dirección, e-mail, etcétera,
y, por otro, el proyecto de ley permite a las empresas, en ese mismo
artículo, ceder a terceros datos de este trabajador. Teniendo en cuenta
esas dos consideraciones, que son datos personales y que pueden cederse a
otro tipo de empresa, creemos que es necesario que sea informado el
trabajador de que se le pueden recoger esos datos y ser traspasados a
terceros. Por lo tanto, creemos que es una mejora técnica que podría
mejorar el texto salido del Congreso de los Diputados.


La enmienda número 11 modifica el artículo 24 de sistemas de
información y denuncias internas, y pedimos que la parte final del texto
quede redactada de la siguiente manera: actos o conductas que pudieran
resultar contrarios a todas las leyes, normas y/o reglamentos aplicables
a cualquier nivel, es decir, nivel nacional, nivel autonómico, nivel
local y nivel societario que fuera aplicable a esos, porque creemos que
lo que conseguimos básicamente es ser mucho más concretos en el redactado
para que no quede a la opinión ni al albur de nadie el que si este
reglamento societario, por ejemplo, de una empresa es aplicable o no a
esta ley de protección de datos.


La enmienda número 12 cambia el texto del artículo 35 sobre la
cualificación de los delegados de protección de datos y dice lo
siguiente: a través de mecanismos voluntarios de certificación que
tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación
universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho,
los sistemas de información, la empresa y la práctica en materia de
protección de datos o cursos postuniversitarios en materia de protección
de datos.


También mejora la concreción porque creemos que el texto original
dejaba poco claro si todos debían tener una titulación universitaria a
nivel jurídico. Sería positivo que los agentes de protección de datos de
cada una de las empresas tuviesen conocimiento sobre protección de datos,
informática, así como de otro tipo de cosas, las cuales, tal y como está
redactado ese artículo, no quedan lo suficientemente claras. Por lo
tanto, sería interesante concretar que también pueden ser agentes de
protección de datos o tener unos estudios posuniversitarios en esa
situación concreta.


La enmienda número 13, de modificación del artículo 76, sobre
sanciones y medidas correctivas del proyecto de ley, modifica el apartado
e) del punto 2 del artículo 76, que queda de la siguiente manera: La
existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión
de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente, así
como en un procedimiento concursal cuando las facultades del
administrador han sido suspendidas. Aprovechamos que en el redactado
original del Congreso de los Diputados se había quedado sin redactar el
apartado g) de este mismo artículo para introducir en él la dimensión y
el tamaño de las empresas, con especial consideración al tamaño de
microempresas, micropymes y pequeñas empresas. Viendo el texto original
remitido por el Congreso, resulta evidente que los redactores tenían
claro que había que aplicar una legislación específica para las pymes y
las microempresas en materia de protección de datos. Por ello, y de
acuerdo con algunas consultas realizadas e informes que nos envió el
Consejo General de Economistas, creemos que, en el punto concreto de
sanciones, hay que incluir valores atenuantes, como, por ejemplo, que una
empresa esté en concurso porque quizás el administrador concursal no sea
responsable de la infracción de la Ley de protección de datos. Por lo
tanto, habría que tenerlo en cuenta como atenuante, como mínimo, para
evaluarlo.


En cuanto a la enmienda número 14, con los 40 segundos que me
quedan, solo les puedo decir que simplemente plantea la modificación del
artículo 82 de la ley. Se trata de una mejora técnica para pedir que se
especifique claramente que los intermediarios, es decir, las empresas que
dan servicio a Internet a todos los tipos de usuarios, tanto empresas
como particulares, informen correctamente mediante un sistema,
implementen un sistema de denuncia que sea fácil de comprender para los
usuarios, fácil de utilizar y que sea aplicable a todo el mundo. Espero
que estas enmiendas sean aceptadas porque son positivas y, sobre todo,
concretan más el redactado de esta ley.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Para la defensa de las enmiendas 7 y 9, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.


Inicialmente, presentamos tres enmiendas, las números 7, 8 y 9.
La número 8 fue retirada hace unos días, por lo que quedan dos enmiendas
presentadas por el Partit Demòcrata, las números 7 y 9, cuyo contenido
tiene un perfil muy técnico con el fin de precisar mejor el redactado de
este proyecto de ley orgánica.


La enmienda número 7 hace referencia a las autoridades que tienen
competencia en protección de datos. Como esto está regulado por mucha
legislación europea, todo lo que sean redactados que puedan confundir o
introducir imprecisiones respecto a quiénes son los titulares de la
competencia puede producir confusión, por lo tanto, no ayuda a la mejor
interpretación de la ley. Esto en cuanto a la enmienda número 7.


La enmienda número 9 todavía es más técnica y, recogiendo un
consejo de la Agencia de Protección de Datos catalana, recomienda que
cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que
contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo
mediante su nombre y apellidos añadiendo las cuatro últimas cifras del
documento nacional de identidad, número de identidad extranjero, NIE, o
pasaporte o documento equivalente. Por lo que sea recomiendan que no se
utilicen otros parámetros, sino los cuatro últimos dígitos del DNI o del
NIE para mayor precisión. Ambas enmiendas son muy técnicas. Esta reforma
de la ley viene tarde, bastante tarde, y el Partit Demócrata quiere dejar
constancia de estas dos propuestas de mejora y, sean asumidas o no, dará
su apoyo a esta ley en cualquier caso.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bagué.


Para la defensa de las enmiendas 1 a 5, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marcos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.


Nos alegra saber que esta nueva Ley Orgánica de protección de
datos configurará un nuevo marco legal de acuerdo con los principios
previstos en el Reglamento europeo. Se trata, señorías, de una ley
necesaria para garantizar los derechos de la ciudadanía en relación con
la protección de los datos personales. La tecnología evoluciona de un
modo vertiginoso y el tratamiento de la información y de nuestros datos
personales debe adaptarse a nuestra realidad. También lo es porque no
bastaba con la aplicación directa del Reglamento europeo, en la medida en
que este dejaba numerosas cuestiones de gran importancia a la regulación
interna de cada Estado. Igualmente, es de destacar también que es una ley
que ha gozado siempre en el Congreso de los Diputados de un alto grado de
consenso. Algunas de las enmiendas presentadas por Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados se han incorporado, efectivamente, al dictamen
aprobado en comisión, otras no, y entre estas últimas hemos retirado la
mayoría en aras de ese consenso, pero hemos decidido presentar cinco
pequeñas o sencillas enmiendas que nos parecen sumamente
importantes.


La primera de nuestras enmiendas se refiere a la necesidad de
incorporar la protección de los ficheros de solvencia positivos entre los
sistemas de información crediticia. Los ficheros de solvencia positiva
pueden jugar un papel fundamental, un papel importante en esto, sobre
todo para los prestamistas y también para los consumidores. Estamos
convencidos de que los ficheros positivos, los datos sobre nuestra buena
reputación financiera podrían aumentar el crédito y reducir también la
morosidad.


La segunda y la tercera de nuestras enmiendas inciden sobre la
imperiosa necesidad de la despolitización de nuestras instituciones. Aquí
proponemos un modelo de elección alternativo al modelo de elección
parlamentario alternativo que garantice la independencia de la
institución. Lo mismo también se podría extender al consejo consultivo de
la agencia que se ha configurado en estos años como un órgano
eminentemente político que sin duda dará lugar y da lugar a numerosos
conflictos. Por último, seguimos abogando por la supresión del bloqueo de
datos en el artículo 32, conforme a uno de nuestros objetivos principales
en este proyecto de ley orgánica, que esta normativa sea coherente y
homogénea con el resto de Estados de la Unión Europea. Aquí quería hacer
un apunte importante, que es que la redacción original, la que se llevó a
la ponencia, siembra dudas en cuanto a la posibilidad de acceso a los
archivos públicos y eclesiásticos de aquellas personas que se consideran
bebés robados, toda vez que no son personas desaparecidas, si bien las
madres que sospechan que sus bebés fueron robados sí podrían acceder al
estar investigándose la desaparición de sus hijos; con el texto original,
a la inversa, los hijos que buscan a sus familias biológicas, no queda
suficientemente claro, por lo que consideramos que es oportuna la
mención. En último lugar, nos gustaría hacer una crítica constructiva,
una vez más, por la incorporación del título X de la ley, no por el
fondo, que desde luego puede ser positivo si se hubiera abordado con las
formas adecuadas, pero no ha sido así.


Debemos decir que no nos ha gustado en absoluto que se
introdujeran semejantes cambios por vía de enmiendas, sin la
participación pública ni los informes preceptivos que debían
acompañarlos, y así lo señalamos en el Congreso de los Diputados.


Por todo ello, pedimos que apoyen estas enmiendas que creemos
mejorarán el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Marcos.


Para la defensa de las enmiendas 15 a 32, del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora
Cánovas.


La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes.


Como es sabido ya por todos los grupos parlamentarios, pese a que
no hemos logrado que los distintos grupos apoyen una propuesta de nuestro
grupo parlamentario para retirar la disposición final tercera, lo que
puede motivar y motivará nuestro voto en contra de esta ley, sí tengo que
destacar las enmiendas que nuestro grupo parlamentario había propuesto ya
en el Congreso y que quedaron vivas después de su debate y
aprobación.


También quiero dejar constancia de que se transaccionaron un gran
número de enmiendas. Esto tengo que decirlo porque es así. De un total
de 33, quedaron vigentes seis enmiendas. Y en esta Cámara, nuestro grupo
parlamentario ha añadido algunas más de carácter técnico.


Así las cosas, defendemos el derecho a la supresión de datos de
carácter personal facilitados a las confesiones religiosas. Entendemos
que es importante esta enmienda, por ser acorde con el artículo 17 del
Reglamento de la Unión Europea y porque constituye un gran avance en este
terreno. También hemos intentado otorgar mayores garantías a los deudores
hipotecarios que se encuentran en riesgo de exclusión social. Ello ha
sido objeto de varias de nuestras enmiendas. Con la enmienda 16, relativa
al artículo 20.1.c, lo que hacemos es incluir una mejora técnica, en
tanto que requiere que las entidades crediticias deben informar al
afectado de la inclusión de sus datos en el sistema de información
crediticia.


Con la enmienda 19, por ejemplo, hemos tratado de dotar de mayor
capacidad de información a los deudores sobre los datos que han aportado
al sistema común, obligando a las entidades a especificar el desglose de
la deuda. Con la enmienda 20 proponemos que se informe al afectado de
toda consulta que haga sobre sus datos cualquier entidad financiera de la
índole que fuera. Con la enmienda 18 se propone la modificación del
artículo 20.3, que pretende que la presunción no ampare a supuestos en
los que la información crediticia fuese asociada por la entidad acreedora
a informaciones adicionales a las contempladas en el apartado 1.


He de señalar que buena parte de nuestras enmiendas provienen del
entorno sindical. Y agradecemos el esfuerzo que se ha hecho en el
Congreso de los Diputados para lograr el consenso de un gran número de
estas enmiendas. No obstante, tenemos que reiterar en esta Cámara la
enmienda 21, con la que denunciamos que el artículo 22 del proyecto se
aparta de la protección de los trabajadores y de la doctrina asentada por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 9 de enero
de 2018. Hay jurisprudencia asentada sobre la salvaguarda de los derechos
de intimidad de los trabajadores y trabajadoras cuando se hacen
grabaciones en su lugar de trabajo. Y nos parece que el texto debe
realizar una defensa y una protección cuidadosa de los derechos de estos
trabajadores, que, lógicamente, pueden verse limitados por el ejercicio
de las potestades de los empresarios.


Hemos mantenido también la prohibición de grabar audios a los
trabajadores, y hemos mantenido la enmienda 23 del Congreso en cuanto a
la extensión a las centrales sindicales del régimen aplicable a las
administraciones públicas y a los grupos parlamentarios.


En cuanto al título X, como ha dicho también el senador de
Ciudadanos, es cierto que algunas entidades afectadas por esta ley nos
han referido que nada tiene que ver su regulación con la protección de
datos y deberían ser objeto de regulación en ley aparte. Esto, en parte,
es cierto, pero consideramos un gran avance que se incluyan ya en esta
ley orgánica, que se dote de categoría de ley orgánica a ciertos derechos
que ya existen de facto por la invasión que en nuestras vidas han
efectuado las redes sociales. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo
con el contenido del título X, en tanto que suponen unos derechos
reconocidos, pero también hemos querido introducir ciertas enmiendas. Por
ejemplo, con la enmienda 26, al artículo 81.2, más que proclamar un
derecho abstracto de acceso a Internet asequible, de calidad y no
discriminatoria, quisiéramos concretar más la obligación de las
autoridades competentes de garantizar estos derechos.


En la enmienda número 27 proponemos la modificación del
artículo 82, al igual que en el caso anterior, porque pretendemos siempre
una mayor concreción del derecho de la seguridad digital. Hay que
garantizar la privacidad y la seguridad y establecer la obligación de
todos los operadores y proveedores de contenidos de informar a los
usuarios de sus derechos y establecer sistemas de denuncia, que sean
sencillos y gratuitos.


En la enmienda número 28 proponemos adicionar el artículo 87.2 en
el sentido de especificar que el empleador pueda acceder a los contenidos
de los dispositivos digitales facilitados a sus trabajadores, siempre que
los contenidos vengan relacionados con la actividad laboral y solo para
el supuesto del cumplimiento de las medidas de seguridad del Reglamento
de la Unión Europea.


La enmienda número 29 también va en el sentido de que el acceso
de los herederos a los contenidos del difunto se debe expresar no solo
con la entrega de copias de contraseñas, sino con la entrega de
datos.


En el artículo 96.1 también establecemos una excepción al acceso
de los contenidos, que son las comunicaciones electrónicas, con el fin de
proteger la identidad y la privacidad de las personas que han tenido esta
comunicación con nuestro familiar difunto, estén vivas o no.


En la enmienda número 31, de modificación de la disposición
adicional sexta, entendemos que es importante incrementar la cuantía
mínima para incluir a ciertas personas en los sistemas de información
crediticia. Entendemos que la cantidad de 300 euros que fija la ley
aprobada en el Congreso es excesiva, dado que hay muchas más personas con
deudas inferiores a estos 300 euros que se ven negativamente afectadas en
su vida diaria. No olvidemos que, normalmente, se trata de facturas de
impagos de suministros, bien por falta de capacidad económica o de
conformidad con el servicio. Por tanto, no estamos hablando de impagos de
grandes cantidades ni de impagos sin ningún tipo de razón, sino que
estamos hablando de que la mayor parte son servicios vitales. Entendemos
que es un castigo excesivamente gravoso para el consumidor afectado en
este supuesto el permanecer en un fichero durante cinco años por este
motivo. De ahí que hayamos solicitado, mediante enmienda, la disminución
de la cuantía de 300 a 50 euros.


Por último, la enmienda número 32 es de adición a la disposición
adicional vigésimo segunda. Se adiciona una frase al articulado de la
proposición de ley en el sentido de que las autoridades competentes
facilitarán a los archivos públicos y eclesiásticos datos no solo de
personas desaparecidas, sino con falsa o errónea filiación de nacimiento.
En este sentido, estamos de acuerdo con la enmienda presentada por
Ciudadanos. Con ello, queremos facilitar que cualquier persona tenga la
posibilidad de conocer cuál es su verdadera filiación biológica.


Por último, nos reservamos para el turno de portavoces, en todo
caso, comentar nuestra discrepancia con la no supresión de la disposición
final tercera de la ley porque entendemos que vulnera gravemente el
derecho a la intimidad de las personas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Cánovas.


¿Qué grupos van a intervenir en el turno en contra de las
enmiendas? Socialista y Popular, bien. El senador Rodríguez Esquerdo, del
Grupo Socialista, y la senadora Aparicio, del Grupo Popular, tendrán que
distribuirse el tiempo.


En primer lugar tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, permítanme que agradezca, en primer lugar, a los grupos
enmendantes su trabajo por intentar mejorar la ley a pesar del buen
trabajo desarrollado en el Congreso de los Diputados. Sinceramente
creemos que si hoy aprobamos esta normativa tendremos una buena ley que
se complementará con la norma principal europea. De esta forma, se
regularán con la mejor calidad posible los procedimientos, la
confidencialidad, los derechos, el tratamiento de los datos, los códigos
de conducta, las infracciones y las sanciones en este nuevo mundo
digital.


También me gustaría agradecer en este momento a las entidades del
sector el interés que han demostrado a lo largo de la tramitación de este
nuevo marco. Supongo que todos los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios habrán tenido oportunidad de reunirse con las entidades
del sector. Y nuestro último agradecimiento es para la ministra de
Justicia y sus colaboradores en el ministerio por el empuje que han dado
a esta ley, que, como ustedes saben, debiera haber estado aprobada antes
del pasado 25 de mayo. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy siempre ha ido
con retraso en esto y ha tenido que ser el Gobierno de Pedro Sánchez el
que le ha dado un impulso definitivo a esta ley. (Protestas).


Con respecto a las enmiendas presentadas, señorías, quisiera
decirles, tal y como hicimos en la Comisión de Justicia, que
lamentablemente no podemos aceptarlas, y les indicaré rápidamente el
porqué de esta negativa del Grupo Socialista. Rechazamos 13 enmiendas
porque la redacción consensuada por todos los grupos en el Congreso de
los Diputados es más correcta y adecuada a las posiciones del Reglamento
de protección de datos. Rechazamos concretamente las que se refieren a la
Agencia de Protección de Datos porque ya está considerada como una
autoridad administrativa independiente y objetiva, y por tanto, no
tendrían sentido. Hay un tercer bloque de enmiendas que hablan del
bloqueo de los datos, y nosotros consideramos que no debe considerarse
como un derecho; que la propia ley ya ampara suficientemente el acceso a
los archivos, que naturaliza la regulación de la videovigilancia de
acuerdo con la propia jurisprudencia y con la sentencia de 9 de enero
de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, además,
interpreta, nosotros entendemos que en sentido amplio, el concepto de
persona desparecida. Y con respecto a un cuarto bloque de enmiendas, los
socialistas consideramos que el texto legal es adecuado a las
competencias autonómicas, que no es para nada excluyente, y al contrario,
sí es generalista y se ajusta, por tanto, a la Ley concursal que apela a
la responsabilidad del propio administrador.


Señorías, no debemos olvidar que el derecho a la cancelación ya
es aplicable a las confesiones religiosas, que está perfectamente
garantizado el derecho de información del afectado. Consideramos, por
último, que los sindicatos, los delegados sindicales, los comités de
empresa o las juntas de personal no se incluyen en el artículo 77 porque
no son autoridad.


Y estas serían nuestras razones brevemente expresadas, por lo que
no podemos asumir las enmiendas presentadas por Ciudadanos, Esquerra y
PDeCAT, Grupo Mixto y Podemos.


Y acabo, señor presidente, con una frase de Kofi Annan que vino a
señalar que la información libera —es cierto—, pero ante
tanta información no debemos ser imprudentes. Ya no estamos en la era de
la información; estamos en la era de la gestión de la información; de ahí
que hoy más que nunca —y esta ley así lo refleja— es
necesaria una regulación eficaz, y nosotros consideramos que con esta ley
la conseguiremos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora
Aparicio.


La señora APARICIO CALZADA: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías. ¡Qué lástima!, con lo bien que íbamos
con esta ley, el grado de consenso que habíamos tenido desde el
principio, la generosidad y la responsabilidad con la que habíamos
llevado toda esta tramitación... ¡Qué lástima, señorías! Y digo que es
una lástima porque nuestra compañera de Podemos ha dicho que van a votar
no a esta ley.


Señores de Podemos, con ese voto negativo van a votar no a sus
propias enmiendas aprobadas en el Congreso; van a votar no a los actos de
generosidad y responsabilidad que han hecho sus compañeros, porque,
curiosamente, sus compañeros del grupo parlamentario en el Congreso
—yo no sé si ha hablado usted con ellos— nunca pusieron una
objeción a esta enmienda en todas las reuniones que tuvieron. ¿Qué pasa?
¿Qué tienen miedo al titular que vaya a salir mañana con respecto a este
tema?


Señores, digo esto porque estoy hablando de la alarma creada
recientemente, ayer en concreto, por el mal llamado spam electoral. Voy a
leerles brevemente un comunicado hecho por la Agencia Española de
Protección de Datos con el que estamos de acuerdo: El texto del proyecto
no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de
perfiles basados en opiniones políticas. Tampoco permite el envío de
información personalizada basado en perfiles ideológicos o políticos. El
proyecto solo permite, conforme al considerando 56 del Reglamento europeo
de protección de datos, la recopilación por parte de los partidos
políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para
obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los
ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas
electorales.


Esta interpretación se fundamenta en la supresión del término
«tratamiento» recogido en la enmienda 331, inicialmente presentada en el
Congreso por el Partido Socialista. Este criterio se basa, asimismo, en
la supresión del apartado 2 de dicha enmienda que permitía la difusión de
propaganda electoral basada en perfiles ideológicos o con determinadas
garantías.


Señorías de Podemos, tal y como afirma la Agencia Española de
Protección de Datos, dicha posibilidad que ustedes dan por hecha quedó
eliminada con la supresión de este apartado número 2 de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista. El texto permite el envío de
propaganda electoral sin que su contenido pueda basarse en los perfiles
antes citados, identificando, en cualquier caso, su naturaleza electoral
y garantizando el ejercicio sencillo y gratuito del derecho de oposición.
En todo caso, las previsiones del artículo recogido en el proyecto de ley
deben cumplir con todas las garantías establecidas en el Reglamento
europeo de protección de datos. Señores de Podemos, les vuelvo a repetir,
¿tienen ustedes miedo al titular de mañana? Porque es lo único que se me
ocurre que les pueda pasar.


Ahora ya vamos a entrar en el debate de las enmiendas planteadas,
ya que el Grupo Parlamentario Podemos nunca presentó ninguna enmienda a
este respecto. Estamos abordando una materia de gran relevancia en el
momento en el que nos encontramos; estamos en un mundo global
hiperconectado en el que tienen un papel preponderante la protección de
los derechos fundamentales en esta sociedad digital. El objetivo
principal de este proyecto de ley orgánica que hoy nos ocupa es dotar de
la mayor eficacia posible al Reglamento general de protección de datos,
que, como saben, entró en vigor el pasado 25 de mayo, y que es una norma
europea que regula la materia. Sin embargo, hay aspectos en el propio
reglamento que se dejan en manos de los Estados miembro y que, en todo
caso, en nuestro país exigían de la aprobación de una ley orgánica de
cierta complejidad.


Señores, es de justicia destacar la gran labor que se ha hecho en
el Congreso en la tramitación de este proyecto de ley, tal y como han
dicho mis compañeros. De mencionar es el gran grado de consenso, del que
hablaba, adquirido entre todos, ya que en el momento político en el que
nos encontramos es muy difícil encontrar un consenso semejante. Una
consecuencia de ese gran trabajo realizado entre todos es que de las 369
enmiendas presentadas en el Congreso hemos pasado a 32 en el Senado. Por
eso, desde aquí quiero dar las gracias a todos mis compañeros senadores
por el trabajo que han realizado en esta presentación de enmiendas para
enriquecer el texto que nos ocupa.


Como pusimos de manifiesto el otro día en la comisión, debido a
la premura del tiempo por la ampliación del plazo de presentación de
enmiendas, no pudimos manifestarnos sobre las mismas. Señorías, las hemos
estudiado con detenimiento —algunas de ellas, como ya ha dicho aquí
anteriormente mi compañero socialista, ya fueron presentadas en el
Congreso de los Diputados—, pero después de darles muchas vueltas
no podemos aceptar las presentadas aquí en el Senado. Pero, repito, este
hecho no es obstáculo para resaltar el gran grado de consenso y esfuerzo
que ha habido en todos los partidos hasta llegar hasta aquí.


En cuanto a las enmiendas planteadas a los derechos digitales,
somos conocedores del impacto que supuso la inclusión del Título X en la
fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, que reconoce y
garantiza un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al
mandato establecido por la Constitución. Como ponen de manifiesto los
distintos Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados se trata de
una materia novedosa que ha sido acogida satisfactoriamente por los
distintos grupos parlamentarios y sobre la que, finalmente, se ha llegado
a un consenso. Aunque estos derechos no estaban recogidos de forma
expresa en una ley, sí estaban amparados, como está demostrado, por la
jurisprudencia correspondiente.


Como he dicho antes, estamos en un mundo dinámico, en un mundo
cambiante y hemos de decir que aquí no acaba la vida de los derechos
digitales; aquí empieza la legislación de la vida de los derechos
digitales, porque no podemos dejar la puerta cerrada, sino todo lo
contrario, pues hemos de dejar la puerta abierta a que en un futuro
exista una regulación ad hoc sobre los mismos.


En la enmienda planteada por Ciudadanos sobre los bebés robados,
que es un tema que, si no me equivoco, no plantearon en el Congreso, el
concepto de persona desaparecida lo tenemos que entender en un sentido
amplio. Y, en este sentido, hemos de decir que si es el presunto hijo
quien insta a la actuación judicial o policial ha de darse acceso a los
archivos.


En la redacción del texto no se establece ningún tipo de
restricción a las autoridades autonómicas, a las funciones y potestades
que recogen los artículos 57 y 58 del reglamento. Deben ser las
normativas autonómicas que creen dichas autoridades las que desarrollen
las mismas, siempre con sujeción tanto al reglamento como a la ley
orgánica y al resto de ordenamiento, tal y como sucede con cualquier
normativa autonómica de cualquier asunto que estemos tratando.


Y respecto a las enmiendas relativas a las relaciones laborales,
hemos de decir que la base jurídica del tratamiento de datos se basa en
las relaciones contractuales que se mantienen con los empleados o en las
funciones de control que permite el Estatuto de los trabajadores con las
garantías adecuadas.


Señorías, finalizo, porque soy consciente de la hora en la que
nos encontramos, pero no quiero terminar sin volver a agradecer el gran
trabajo hecho entre todos los compañeros del Congreso y del Senado que
van a dar luz verde a esta ley que estábamos esperando con tantas
ansias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Aparicio.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Marcos.


El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.


Señorías, del Grupo Socialista, señorías, del Grupo Popular,
hemos criticado, una vez más, en la sustentación de nuestras enmiendas,
la incorporación del Título X de la ley sobre los derechos digitales.
Claro que no podemos cerrar la ley, pero esto no va ni de titulares, como
ustedes han dicho, ni de adelantarnos ni de no adelantarnos; se trata de,
en pos de ese consenso que hemos tenido, mejorar también la ley. Hemos
intentado, durante esta tarde, la supresión de ese Título X, sobre
derechos digitales, y no ha sido posible. Esto solamente tiene un nombre:
bipartidismo. Intentamos otra vez mejorar la ley y otra vez el
bipartidismo hace pinza clara para que esto no se mejore. Por supuesto
que Ciudadanos se va a reservar, porque no puede ser de otra forma, su
derecho a reformar ese Título X, como ya hicimos en el Congreso de los
Diputados pidiendo un informe adicional cuando esto se incorporó a la
ley. Por lo tanto, en pos de ese consenso y de hacer una ley mejor, nos
reservamos ese derecho para que esos derechos digitales se sustenten bien
en esta ley que hoy esperamos que se apruebe.


Gracias, presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Marcos.


Senador Navarrete, tiene la palabra.


¿Alguien más del Grupo Mixto va a intervenir? (Pausa).


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


Señorías, Compromís considera que, como ya se dijo en el debate
de la Comisión de Justicia, la propuesta de ley mejora claramente la
protección de datos. Pensábamos, Incluso, que la mejoraba porque
incluíamos el Título X, que protegía derechos de contenido digital. Somos
conscientes de la polémica. Es importante legislar, sobre todo en
situaciones en las que estábamos bastante huérfanos, como en esta.


Es evidente que es un buen paso, un gran paso. Por eso se aprobó
por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Es una lástima —no
me lo esperaba— que no hayan aceptado nuestras enmiendas. En la
Comisión de Justicia, la senadora Vindel me dijo que no perdiera la
esperanza, porque quizás, con una semana de plazo, tenían tiempo de
leérselas, de asimilarlas y aceptarlas. Lástima, no ha podido ser, pero
no voy a decir que fue en balde; esta vez voy a decir que, por lo menos,
han tenido una semana para leérselas y valorarlas.


Como he dicho, el proyecto de ley se aprobó por unanimidad en el
Congreso de los Diputados y también en la Comisión de Justicia. Ahora se
dice que ha habido una cierta polémica sobre el famoso artículo 58 bis de
la Ley Orgánica del régimen electoral. Diversas asociaciones se han
puesto en contacto con nosotros —supongo que con todos los
grupos— para hablar de esa disposición. Han presionado en un
sentido, en el otro; y han opinado en un sentido y en el otro. Unas
asociaciones han dicho que era bueno, otras que era malo. Los comunicados
de la Agencia Española de Protección de Datos nos decían que la redacción
de la ley era positiva, que no estaba mal hecha. Por lo tanto, perdónenme
por mi limitación, pero yo, en veinticuatro horas, soy incapaz de
asimilar todas las informaciones recibidas sobre ese artículo. Por lo
tanto, me resulta difícil posicionarme sobre este tema. Como hicimos en
el Congreso de los Diputados, y como hicimos en la comisión, votaremos a
favor de la proposición de ley, pero será un sí vigilante. Vigilaremos
ese artículo que ha creado tanta polémica y veremos si es verdad o no que
es polémico o que puede ser negativo. Vigilaremos el desarrollo del
reglamento de esta ley, también su tramitación, y si observamos o creemos
observar anomalías en ese concreto punto, seremos rápidos presentando la
iniciativa legislativa que toque para debatirla, para modificarla e
incluso para eliminarla si es necesario. Pero les repito que yo ahora soy
incapaz, en veinticuatro horas, de asimilar toda esa información.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Navarrete.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra. (Rumores).


Señorías, les ruego que guarden silencio. (Continúan los
rumores). Un momento, señoría. Guarden silencio, por favor.


Continúe, senadora.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


Señorías, España tenían pendiente la adaptación del derecho de
protección de datos al Reglamento de la Unión Europea 2016/679, que tenía
que haber estado cumplido en mayo pasado. Hay que destacar que estamos
ante un proyecto de ley que regula y garantiza derechos fundamentales,
pues regula el derecho a la protección datos personales y también la
garantía de derechos digitales.


El proyecto original tenía 79 artículos, 17 disposiciones
adicionales, 5 finales y, adicionalmente, reformaba la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa y la Ley de enjuiciamiento civil.
Sin embargo, después del trabajo realizado por los distintos grupos
políticos en el Congreso, esta ley llega al Senado con 97 artículos, 22
disposiciones adicionales y 16 finales, que no solo modifican las leyes
que mencioné anteriormente, sino también otras 12. En el trámite
parlamentario del Congreso, esta ley mejoró el proyecto original en
muchos aspectos, como la protección de los datos de menores, la
videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o las denuncias
anónimas. Se moderniza y perfecciona la legitimación de la autoridad de
protección de datos con un sistema de elección mixta Gobierno-Parlamento.
La ley respeta las competencias autonómicas en la materia y resuelve los
miedos iniciales dentro del sector de los datos de la salud. Cuando esta
ley entre en vigor los españoles comenzaremos a ejercitar derechos que no
teníamos como el derecho a la neutralidad en Internet; el derecho al
acceso universal sin brechas; el derecho a la seguridad digital o a la
educación digital; la protección de los menores; la protección en el
ámbito laboral; el derecho al olvido en Internet, incluso el testamento
digital, entre otros.


Foro votará sí al dictamen de la ponencia, respetando el texto
tal y como llegó al Senado desde el Congreso


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.


Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra el senador
Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.


La primera consideración que debemos hacer, en nombre del Partit
Demòcrata, es que esta reforma de la ley orgánica llega muy tarde. En
abril de 2016 el reglamento general de protección de datos estaba ya
plenamente vigente, en concreto desde el 25 de mayo, es decir, ya hace
más de un año y medio que existe este reglamento general de protección de
datos. Hace un año aproximadamente entraba en el Congreso de los
Diputados este proyecto de ley. Nos consta que en la Comisión de Justicia
—lean el Diario de Sesiones— se ha trabajado mucho para
alcanzar un acuerdo parlamentario y se ha logrado un consenso al menos en
los aspectos más fundamentales.


Este proyecto, a criterio del Partit Demòcrata, consigue resolver
aquellos aspectos que debían ser regulados en derecho interno, por lo que
se alcanza una normativa adecuada y actualizada en la protección de los
datos personales. Cabe destacar que al proyecto inicial se ha añadido un
título X: Garantía de los derechos digitales, que merece una especial
atención, ya que modifica el título del proyecto y fija un catálogo de
derechos y de medidas de impulso en veinte nuevos artículos, algunos con
carácter de ley orgánica y otros con carácter de ley ordinaria.


Aprovecho mi intervención para resaltar que el Govern de la
Generalitat tiene en Cataluña diversos proyectos que pretenden
profundizar en la protección de los derechos fundamentales en la era
digital, como los que impulsan el Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública, el colegio de la abogacía de Barcelona, empresas,
universidades y sociedad civil. Aprovecho, asimismo, para subrayar que
deberemos seguir de cerca el tema de los derechos digitales, ya que será
necesario desarrollarlos y protegerlos ante los nuevos retos y
oportunidades que plantean las tecnologías de la información, la
comunicación y la globalización. El senador que me ha precedido en el uso
de la palabra, senador Navarrete, apuntaba a la imposibilidad de estudiar
a fondo esta polémica de última hora sobre la protección de datos por los
partidos políticos. Nosotros entendemos que si este proyecto de ley entró
en el Congreso de los Diputados hace un año, parece poco razonable que a
la hora de su aprobación estemos discutiendo según qué aspectos. Parece
más razonable que remitamos al reglamento su posterior definición y
fijación y si hay algún tipo de duda la resolvamos con la regulación y la
concreción que podamos hacer en el reglamento. Por lo tanto, nosotros
como Partit Demòcrata vamos a votar a favor.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.


Intervendré desde el escaño, si me lo permite. Primero para hacer
notar cómo ha cambiado el cuento, porque vemos que el senador Rodríguez
Esquerdo y la senadora Aparicio Calzada comparten turno para ir en contra
de unas enmiendas; vamos evolucionando también en esto. Se dice que los
datos son el nuevo petróleo de la economía por dos cosas: primero, porque
valen mucho; y, segundo, porque a medida que se van destilando valen más.
Pero también es cierto que según se van destilando van quedando posos, y
ese es el riesgo. Creemos que hacía falta una ley de protección de datos
como la que se plantea ahora; es más, hacía falta hace mucho tiempo y se
ha tardado demasiado en sustanciar esta que hoy podemos discutir; que se
ha hecho con un consenso suficiente, pero, evidentemente, no puede ser
una foto fija, porque, según están evolucionando los tiempos, las
cuestiones que hoy parecen claras, pasado mañana, a lo mejor no lo son
tanto, y tenemos que seguir desarrollando la norma para adaptarla a
aquellas necesidades que tengamos y, sobre todo, a las nuevas
destilaciones y a los últimos posos que nos puedan quedar al abordar la
gestión de datos.


Por tanto, como han dicho algunos de los senadores que me han
precedido, es importante la ley y, seguramente, será imprescindible
afinar en el reglamento para evitar que, sobre todo, se puedan vulnerar
los derechos de los ciudadanos. Todo lo demás, el interés comercial, el
interés público, etcétera, es muy importante, pero no pueden pasar por
encima de los derechos de los ciudadanos; por tanto, seguiremos estando
atentos a todo lo que suceda.


Como he dicho, nos alegramos de que haya consenso, y nosotros,
evidentemente, votaremos a favor.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Estradé.


El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.


Señorías, nosotros también vamos a votar a favor del proyecto de
ley. Lo hicimos en el Congreso, lo hicimos en la ponencia, lo hicimos en
la comisión y, por tanto, lo lógico y coherente es que lo hagamos también
hoy.


Todos somos conscientes de que vivimos en la era de la
megainformación, en la era de las redes sociales, en la era digital, en
la era de la globalización de todos aquellos datos referentes a nuestros
gustos, preferencias, ideas o planteamientos de cualquier tipo. Esa
información es muy valiosa, y es el gran objeto de los grupos económicos
que controlan el mundo, de los grupos sectarios, de los grupos fanáticos
y radicales, de los populismos..., es decir, de todos aquellos que
quieren pervertir la democracia; de todos aquellos que quieren invadir
nuestra intimidad, que quieren saber lo que pensamos y lo que nos gusta y
no nos gusta para manipularnos y acrecentar su poder. Por tanto,
trasponer el Reglamento europeo de los datos personales y la garantía de
los derechos digitales era imprescindible y necesario.


Nosotros también presentamos muchas enmiendas, y conseguimos,
aprovechando el clima cordial y la capacidad de transacción que mostraron
todos los grupos, aprobar bastantes; conseguimos aprobar la que hace
referencia a las competencias de la autoridad catalana de protección de
edades, que juega un papel importante; la que alude al consentimiento de
los menores a partir de los 14 años; la que aborda el tratamiento de
datos amparados en el cumplimiento de una obligación legal o una misión
de interés público; la referida a la concreción del régimen sancionador;
la que concreta la previsión de determinados tratamientos de datos
basados en el interés legítimo, como datos de contactos de empresarios
individuales o la información crediticia; o la que se ocupa de la
regulación de determinados tratamientos de datos, como los estadísticos,
los de videovigilancia o la regulación de sistemas de exclusión
publicitaria.


Estamos contentos de las aportaciones que hemos hecho, del buen
clima de entendimiento y de diálogo que ha imperado, tanto en el Congreso
como en el Senado, y, a pesar de que la ley es mejorable, porque
seguramente en un futuro tendremos que remozarla, y adecuarla a la
evolución tan vertiginosa que sufre nuestra sociedad, consideramos que
este es un buen principio.


Por último, quiero hacer una pequeña referencia a la disposición
final tercera porque parece que ha suscitado una cierta alarma en algunos
sectores. Nosotros creemos que quizá la alarma es exagerada, pero, por si
acaso, como estamos hablando de una materia muy sensible y como sabemos
que la información es poder y que tenemos que ser muy celosos y
vigilantes, proponemos a todos los grupos, especialmente al Grupo
Socialista, que se inste al Gobierno a que el reglamento que va a
desarrollar la ley sea especialmente cuidadoso con lo que regula la
disposición final tercera. Porque en el caso de que hubiese una pequeña
grieta en la ley, el reglamento debe taponarla y sellarla para que no
haya ninguna duda de que nuestra privacidad no está en peligro.


Por supuesto, creo que también valdría la pena pedir informes a
la Agencia Española de Protección de Datos, a los letrados de la Cámara,
a todos aquellos expertos en leyes que pudieran despejar cualquier duda
que ofrezca la disposición adicional tercera. Porque, repito, la mejor
manera de combatir una alarma es dotándonos de instrumentos jurídicos que
despejen las dudas y asegurándonos de que el reglamento será impecable y
será infranqueable para todos aquellos que quieran abusar de nuestra
privacidad y de nuestros datos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, senador Estradé.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Cánovas.


La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias, señor presidente.


Respecto de lo que ha dicho la senadora del Grupo Popular,
creemos que resta importancia a la labor del Senado cuando dice que en el
Congreso se ha votado una cosa, que se ha vuelto a votar, que hemos
acordado tal otra... Eso está muy bien, pero contrariamente a lo que ella
dice, yo creo que la tramitación de una ley no termina hasta que se vota.
Se tiene que votar mayoritariamente. Hasta ese momento, no ha terminado
la tramitación. Con lo cual resulta lícito a cualquier miembro de esta
Cámara introducir aquellas enmiendas, aquellos razonamientos o aquellos
argumentos que no resulten contrarios al espíritu de nuestra ideología y
la que nos transmite, sobre todo, la sociedad civil.


Esta ley nos parece bien en general, si no hubiese sido por este
artículo que modifica la Loreg. Esta ley en general está bien, insisto.
Se ha trabajado en el Congreso, se ha consensuado en muchos puntos, pero
se ha dejado este cabo suelo. Nuestro grupo parlamentario no intenta
mantener una foto fija de una postura inicial en un momento dado, sino
que nuestro trabajo del día a día es escuchar a los colectivos y escuchar
a la gente. Si resulta que ayer la sociedad se asombraba de que
aprobáramos este artículo, nuestro deber es escucharla, y la hemos
escuchado. De ahí que se haya redactado esta propuesta de modificación,
que ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto,
creemos que estamos legitimados hasta el último momento para trabajar,
que para eso cobramos, para trabajar en favor de la ciudadanía.


Dicho esto, nuestro grupo parlamentario ha redactado esta
propuesta de modificación del dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de
protección de datos, que ha sido rechazada legítimamente por todos los
grupos parlamentarios, porque no quieren tocar lo que ya está acordado en
el Congreso. También se nos ha dicho que podemos reglamentarlo
posteriormente. Creemos que esta afirmación tampoco es técnicamente
ajustada a derecho, porque si la ley de la que parte el reglamento está
mal redactada, el reglamento nunca puede contravenir lo que dice la ley
ni puede decir nunca cosas diferentes a lo que dice la ley. Luego si
consideramos que esta ley vulnera derechos, el reglamento seguirá
vulnerando derechos. (Rumores).


Nuestro grupo parlamentario comparte la preocupación de esta
sociedad civil, de estos grupos que han salido ayer y anteayer en
distintos medios de comunicación, manifestando su preocupación, que
compartimos, porque la aplicación de este texto puede dar vía libre a que
los partidos políticos elaboren perfiles ideológicos de los ciudadanos y
ciudadanas.


La actual legislación otorga a los datos ideológicos de la
ciudadanía una protección de carácter especial. Sin embargo, la nueva Ley
Orgánica de protección de datos supone una peligrosa involución en este
sentido. Resultaría muy peligroso que los partidos políticos tuvieran vía
libre sin previa autorización... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden un poco de
silencio.


La señora CÁNOVAS ESSARD: ... para contactar con los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país y realizar perfiles ideológicos y almacenarlos
y utilizarlos para fines distintos a los electorales. Porque no olvidemos
que la declaración de intenciones de la ley es una, pero la práctica
puede ser otra, y es una práctica que es muy complicada de
controlar.


La propia Constitución en este sentido reconoce una protección
especial a los datos personales de la ciudadanía. Sin embargo, la nueva
Ley Orgánica de protección de datos puede abrir una puerta a que las
opiniones políticas sean grabadas y almacenadas. En un momento en que los
grupos políticos de extrema derecha utilizan las denominadas fake news
para difundir sus mensajes, es alarmante que esta ley deje este cauce
abierto para que una información que pertenece a la ciudadanía pueda
utilizarse para estos fines.


Señorías, en este caso, como no ha sido aprobada esta
modificación, el voto de nuestro grupo parlamentario va a ser negativo,
sintiéndolo mucho. Además, impulsaremos la modificación de este artículo
mediante una ley orgánica y recurriremos ante el Tribunal Constitucional
este redactado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Nasarre.


La señora NASARRE OLIVA: Gracias, señor presidente.


Estamos finalizando un largo Pleno, pero me quiero unir al mantra
que he estado escuchando durante toda la sesión: la petición de dimisión
del señor Cosidó, pero no sé si lo ha hecho en diferido, porque no lo veo
en el salón. (Aplausos).


Estamos finalizando, decía, y lo hacemos debatiendo la Ley
Orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, una ley
que asentará una capa más en el tratamiento de datos. Los datos,
señorías, son el maná de este siglo, una maná que por responsabilidad
teníamos y debíamos regular. Nuestro Grupo Socialista se congratula de
que así sea, ya que la parálisis legislativa a la que el anterior
Gobierno del Partido Popular nos sometía era inconcebible en la sociedad
digital en la que nos encontramos.


Esta ley empezó con un gobierno y se tramita con otro. Ha
generado múltiples debates en los distintos sectores y desde el punto de
vista técnico. Establece mecanismos legales necesarios con la protección
de estos datos y su uso, para adaptarnos y establecer un marco normativo
de acuerdo al momento actual; un marco normativo que nos proteja ante los
riesgos que generan los retos actuales planteados por la rapidez con que
cambia la evolución del desarrollo tecnológico. Es una ley que protege,
que garantiza, que no permite el tratamiento de datos personales para la
elaboración de perfiles basados en opiniones políticas.


Ante las dudas planteadas por diversas opiniones, en nuestro
Grupo Socialista manifestamos que estamos de acuerdo, nos parece adecuado
y nos sumamos a lo que aquí hemos oído de otros grupos políticos: que en
el desarrollo reglamentario dejemos claro y se pidan los informes
jurídicos correspondientes para que no haya duda ni ninguna grieta
jurídica de ninguna clase. Y, por supuesto, me remitiré a la nota que
también ha leído aquí la portavoz del Grupo Popular sobre la autoridad
independiente de la Agencia Española de Protección de Datos para dejar
claro la posición sobre la disposición final tercera.


Esta ley es un buen trabajo técnico y parlamentario, consiguiendo
un buen ejemplo de consenso. Para nuestro grupo y para el Gobierno
Socialista el consenso y el acuerdo es el motor que nos mueve día a día
para mejorar la sociedad. Otros, señorías del Partido Popular, en esa
oposición camaleónica, prefieren romper acuerdos, manipular y confrontar
desde la prepotencia.


La protección de datos, señorías, empieza por uno mismo. El
WhatsApp lo carga el diablo —lo sabe bien el señor Cosidó—.
Señorías, así no se construye sociedad ni sistema, sino que se destruye
lentamente. Recapaciten en ese mal camino. Todavía están a tiempo.


Esta ley supone un gran paso adelante para ser capaces de
articular procedimientos y defender con eficacia la seguridad jurídica en
la era digital y, a la vez, favorecer el bienestar general de nuestra
sociedad. Esta ley volverá a poner a nuestro país en el liderazgo en la
protección de datos en Europa, pero no solo eso, sino que va mucho más
allá. Vamos a ver reconocidos en una ley, por primera vez en Europa, unos
derechos que debemos normalizar —y lo digo en el amplio sentido de
la palabra— en nuestra sociedad. Para el Grupo Parlamentario
Socialista es fundamental ver reconocidos estos derechos, los derechos
digitales. Lo digital es ahora parte de nosotros, lo digital es social y,
por lo tanto, así debemos garantizarlo.


Con esta ley, normalizaremos los derechos en la vida virtual;
normalizaremos los derechos fundamentales en el entorno digital. Derechos
como la neutralidad de internet, derecho de desconexión digital,
garantizando la intimidad y la conciliación familiar. También garantizar
los derechos laborales, la videovigilancia o la geolocalización,
protegiendo la privacidad de los trabajadores en distintos aspectos.
Derechos educativos, como el derecho al aprendizaje en uso de los medios
digitales seguros. Protección de los menores mediante uso equilibrado y
responsable de los dispositivos digitales frente a la difusión de
imágenes y datos personales, de máxima importancia actualmente en nuestra
sociedad. El derecho al olvido, la huella digital, el testamento digital
o el derecho al acceso universal a internet con coherencia con el
compromiso que siempre hemos tenido políticamente de afrontar distintas
desigualdades, sin discriminación alguna ni de género ni socioeconómica
ni generacional ni, por supuesto, en el mundo rural, porque en internet,
en lo virtual o en la vida real, se debe garantizar toda protección e
igualdad de oportunidades, siempre. Legislando lo digital, transformamos
un futuro mejor para todos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Señor presidente, señorías, en primer
lugar, voy a negar la mayor. Se acaba de decir desde esta tribuna que
había una parálisis legislativa por parte del anterior Gobierno, pero,
señorías, se acaba de reconocer al mismo tiempo que esta ley empezó con
una ley presentada por el anterior Gobierno del Partido Popular y ha
terminado con una ley de otro Gobierno del Partido Socialista que está
ahora en la Moncloa. O sea, de parálisis legislativa, nada de nada.


Señorías, nos preparamos para despedir la vigente Ley de
protección de datos, la Lortad, que el próximo 2019 hubiera cumplido 19
años nada más y nada menos. Nos preparamos para recibir, gracias a la
Unión Europea, a la nueva Ley de protección de datos y garantía de los
derechos digitales. Es una ley, como ya se ha dicho, que llega muy muy
consensuada del Congreso, que modifica, a su vez, diez leyes de gran
trascendencia, como la Loreg, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de
sanidad, de autonomía del paciente, la Ley de enjuiciamiento civil, de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Señorías, es una ley que nos
prepara definitivamente para la realidad digital, la economía digital y
para la innovación tecnológica.


En un mundo global hiperconectado, la protección de los datos
personales frente a los usos ilegítimos, fraudulentos, abusivos, incluso
delictivos, debe abordarse con vocación trasnacional. Por eso, la
principal regulación de este derecho está en una norma europea y, por su
complejidad, era necesario aprobar esta nueva ley. Es una buena ley,
señorías. A pesar de las alarmas que causa, es una buena ley, que
complementa la principal, que es el reglamento europeo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Vindel.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Guarden silencio. Continúe.


La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Decía que es una buena ley que consigue unos equilibrios nada
fáciles, señorías, una intensa protección de los derechos y determinados
tratamientos de datos personales que comportan importantes avances
sociales, por ejemplo, las fórmulas legales que protegen datos
específicamente sensibles como la salud, pero que no perjudican los
avances en este campo.


Otro equilibrio: el necesario entre el Estado y las comunidades
autónomas en esta materia, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada
del Tribunal Constitucional, y el imprescindible equilibrio entre
protección de datos personales y oportunidades de desarrollo económico,
porque hoy en día, como muy bien ha dicho el senador Cazalis, los datos
son la nueva materia prima del siglo XXI. Al estar hipercomunicados y
permanentemente comunicados, generamos un volumen ingente de datos
personales, lo que sin duda incrementa los riesgos. El cálculo más
optimista que hace la Agencia de Protección de Datos a este respecto es
que se genera más de un quintillón —un quintillón; un 1 seguido
de 30 ceros— de información al año, según cálculos de la propia
agencia.


Superadas las alarmas y superado el vértigo que nos produce todo
esto, nos damos cuenta ya, señorías, de que este modelo forma parte
esencial del desarrollo de la personalidad de los individuos y del
mantenimiento de sus relaciones. Y también nos damos cuenta de que
tenemos que hacer frente a un doble reto importantísimo, por un lado,
garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en un mundo de
servicios globalizados y, por otro, restablecer con urgencia la confianza
de los ciudadanos en el control de sus datos personales.


Yo soy consciente de que no se puede coger todo el agua del
océano con una mano, pero este complejo y ambicioso proyecto nace para
asegurar a la persona el control sobre sus datos personales, cualesquiera
que sean, y sobre su uso y su destino, y nace también para evitar su
tráfico ilícito o que fuera lesivo para la dignidad y los derechos del
afectado.


Por todo esto, señorías, yo les pido el voto favorable a este
proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.


Llamen a votación. (Pausa).










DECLARACIONES INSTITUCIONALES





DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO LAMENTA Y
RECHAZA EL CESE DE LA ACTIVIDAD DE LAS FACTORÍAS DE ALCOA Y REAFIRMA SU
APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS PLANTAS DE A CORUÑA Y
AVILÉS (ASTURIAS).


630/000049

GPP
GPS
GPPOD
GPER
GPV
GPN
GPMX


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones,
se va a dar lectura a una declaración institucional que se ha presentado
firmada por todos los grupos.


Ruego al secretario primero de la Cámara que proceda a su
lectura.


El señor SECRETARIO PRIMERO (Aznar Fernández): Declaración
institucional.


El Senado quiere reafirmar el compromiso con el mantenimiento de
la actividad y el empleo en la empresa Alcoa, así como trasladar su apoyo
a los trabajadores de las plantas de A Coruña y Avilés-Gozón.


Desde el Senado lamentamos y rechazamos la decisión unilateral de
la empresa de cerrar tanto la instalación de A Coruña como la de
Avilés-Gozón. Asimismo, les emplazamos a la búsqueda de alternativas para
el mantenimiento de las dos factorías, que son una pieza clave del tejido
productivo de Asturias y Galicia.


El Senado se compromete a involucrar a todas las administraciones
para, desde la unidad de acción, instar a la compañía Alcoa a retirar el
expediente de extinción de empleo que pesa sobre los trabajadores, a
abrir una mesa de negociación con todas las partes implicadas para
encontrar una solución urgente que garantice el mantenimiento de la
actividad empresarial y el empleo, y a proporcionar seguridad y permitir
que el conjunto de las empresas electrointensivas puedan competir en
igualdad de condiciones con el resto de factorías a nivel
internacional.


Las senadoras y los senadores nos comprometemos a seguir
defendiendo los derechos de los trabajadores de Alcoa y el futuro de esta
industria en Galicia y en Asturias.


Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2018. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.


Cierren las puertas. (Pausa).









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO DE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
(Votación).


625/000002



El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación, en primer
lugar, la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General para
garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con
discapacidad.


Ha hecho uso de la votación telemática el senador don Rafael
Mateos, del Grupo Parlamentario Popular, que ha votado
afirmativamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241
más 1 voto telemático, 242; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada
definitivamente por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica
para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas
las personas con discapacidad. (Fuertes aplausos).









DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE
COMERCIO, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO, Y LA LEY 22/2015,
DE 20 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS, EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA Y DIVERSIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/2017, DE 24
DE NOVIEMBRE). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación).


621/000013

Economía y Empresa


El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el Proyecto
de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de sociedades de capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.


Votamos, en primer lugar, en un solo acto, aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 142; en contra, 83;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos a continuación, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 211; en contra, 17;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 21/2013, DE 9
DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO,
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y LA
LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


621/000014

Transición Ecológica


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, el
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. En primer lugar,
votamos las enmiendas 25 a 30, 32 y 34 de los senadores Cleries y Rivero,
del Grupo Parlamentario Nacionalista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 41; en contra, 193;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas 31 y 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 208;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda
número 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 23; en contra, 210;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, comenzamos
votando las enmiendas números 1, 12, 16 y 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 17; en contra, 210;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 2, 7, 13, 14, 18 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 17; en contra, 194;
abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 3 a 6, 8 a 10, 15, 17 y 21 a 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 35; en contra, 193;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
votamos las enmiendas 35 a 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 29; en contra, 193;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 201; en contra, 32;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015,
de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula
el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.









PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE
19,99 HM3 DESDE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TINTO, ODIEL Y
PIEDRAS A LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Votación).


625/000003

Transición Ecológica


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la
Proposición de ley sobre la transferencia de recursos de 19,99
hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto,
Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 1 a 12, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 229; a favor, 17; en contra, 194;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 229; a favor, 196; en contra, 17;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la Proposición de ley sobre la transferencia de
recursos de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica
de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir. (Aplausos).









PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES. (Votación).


621/000012

Justicia


El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación el
Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales.


Votamos en primer lugar las enmiendas de los senadores Bagué y
Cleries, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata -
Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.


Votamos la enmienda número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 42; en contra, 193;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 21; en contra, 196;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Mulet y Navarrete votamos la enmienda
número 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 197;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 14; en contra, 197;
abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 17; en contra, 195;
abstenciones, 29.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 13 y 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 32; en contra, 194;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Marcos, Alegre y Crisol, y de la senadora Roldán
votamos la enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 225;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 225;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 225;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 3; en contra, 226;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 206;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
votamos en primer lugar las enmiendas números 15, 25, 29 y 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 31; en contra, 194;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 16 a 21, 26 a 28, 31
y 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 30; en contra, 191;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 22.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 33; en contra, 193;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 23 y 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 30; en contra, 193;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 220; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.










CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS






ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EN
CALIDAD DE BENEFICIARIO ASOCIADO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES
PREVISTAS EN EL PROYECTO LIFE+NATURALEZA 10 NAT/ES/000570 'RECUPERACIÓN
DE LA DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DE LINCE IBÉRICO (LYNX PARDINUS) EN ESPAÑA Y
PORTUGAL' ACRÓNIMO 'IBERLINCE'.


592/000014

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que la
celebración de esta adenda al convenio necesite la autorización de las
Cortes Generales.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de
dicha adenda.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.


Eran las dieciocho horas y cuarenta minutos.