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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 50, de 15/11/2016
cve: BOCG-12-D-50
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de noviembre de 2016
Núm. 50
ÍNDICE
Página
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento a la OSCE, por el Reino de España, de personalidad jurídica y de un régimen de inmunidades y privilegios para la organización, sus
representantes y personal a su servicio... (Página8)
Comisión de Justicia
161/000810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la derogación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo...
161/000831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reforma de la Ley de Expropiación Forzosa... (Página11)
Comisión de Interior
161/000768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Plan de Mejora de la Seguridad Ciudadana en la ciudad de Madrid... (Página12)
161/000800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la dotación a la Comisaría de Lugo con un subgrupo de Unidad de Prevención y Reacción... (Página13)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto...
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regularización fiscal de las pensiones de los emigrantes retornados...
161/000819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a ampliar la exención en el IRPF a todas las ayudas de cualquier Administración Pública para actuaciones en
materia de rehabilitación de viviendas... (Página19)
Comisión de Fomento
161/000769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución del corredor de Alta Velocidad entre Murcia y Almería... (Página20)
161/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el reinicio inmediato de las obras de los giratorios en las intersecciones de las carreteras GIV-5125 y GIV-6226 con la carretera nacional
A-2... (Página22)
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acometer las obras necesarias para el ensanchamiento del paso de la carretera C-605 bajo la vía de la antigua línea ferroviaria Palazuelo-Astorga
'Ruta de la Plata' a su paso por el Barrio de Pinilla en Zamora... (Página22)
161/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conversión en autovía y mantenimiento de la N-432... (Página23)
161/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que se libere de peaje la autopista AP-7 en el tramo comprendido entre Hospitalet de l'Infant, en el municipio de Vandellòs i Hospitalet de
l'Infant, en la provincia de Tarragona y Cabanes en la provincia de Castellón... (Página25)
161/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los diferentes proyectos de la línea de Alta Velocidad a Lugo... (Página26)
161/000808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre solución para la niebla en la Autovía del Cantábrico... (Página27)
161/000814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la cesión del tramo de la NII-a correspondiente a la avenida Cataluña de Zaragoza... (Página27)
161/000820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desdoblamiento de la autovía A-4 y la liberalización de la autopista AP-4...
161/000824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la ejecución de las inversiones pendientes en la Red de Rodalies de Cataluña... (Página29)
161/000828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el traspaso íntegro a la Generalitat de Cataluña de la Red de Rodalies de Cataluña... (Página30)
161/000829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a resolver de forma definitiva e inmediata los problemas de ruido provocados por el tráfico en la autopista AP-7-B-30 a su paso por Mas
Gener (Mira-sol) en el municipio de Sant Cugat del Vallès... (Página31)
161/000830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de la Ronda Sur y rescate urgente de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete... (Página33)
161/000832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a avanzar en la redacción del estudio informativo de la línea de alta velocidad Murcia-Cartagena... (Página34)
Comisión de Educación y Deporte
161/000785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en el deporte profesional... (Página35)
161/000791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la accesibilidad en pabellones e instalaciones deportivas... (Página37)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la incorporación de mujeres a la estiba en el Puerto Bahía de Algeciras...
161/000801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el uso de la antigua Residencia Sanitaria de la ciudad de Lugo... (Página39)
161/000811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del campo contratados por Empresas de Trabajo Temporal...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo al sector del carbón y a las comarcas mineras... (Página41)
161/000798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la participación del sector público en las empresas de distribución de energía eléctrica...
161/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un nuevo mecanismo de financiación y aplicación del Bono Social...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los derechos de pesca de atún de la flota pesquera artesanal catalana... (Página46)
161/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el Gobierno Central aplique al Golfo de Cádiz 'una gestión diferenciada' a las demás zonas pesqueras por sus características...
161/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la pesca de la raya... (Página48)
161/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la denominación correcta de las zonas de pesca... (Página48)
161/000784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el uso de fondos de la Política Agraria Común para financiar al entramado taurino español...
161/000790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una Estrategia Española de Alimentación, Gastronomía, Cultura y Turismo... (Página51)
161/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reparto de la cuota de pesca de la caballa... (Página51)
161/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para paliar los daños sufridos a causa de los incendios acaecidos en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas...
161/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la modificación y desarrollo del contenido del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el
Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral... (Página53)
161/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación de los coeficientes reductores de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar...
161/000813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo al sector de los cítricos en Andalucía... (Página55)
161/000827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a adaptar la normativa estatal de la PAC a la normativa europea, en beneficio de los agricultores a título principal, los jóvenes y de determinados
sectores hoy excluidos... (Página56)
161/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a agilizar la tramitación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Quisquilla de Motril... (Página58)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud...
161/000773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se solicita la integración funcional de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud... (Página60)
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se solicita la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra... (Página61)
161/000787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la promoción de un Pacto de Estado por los Servicios Sociales... (Página62)
161/000799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de dotación de plazas para médicos internos residentes (MIR) en especialidad de pediatría... (Página63)
161/000812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transparencia en el etiquetado de la miel... (Página64)
161/000821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a no repercutir en el recibo eléctrico de los consumidores domésticos las consecuencias de la anulación judicial del sistema de financiación del bono
social... (Página65)
161/000823 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la función social desempeñada por el Banco de Alimentos... (Página66)
161/000826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a recuperar los niveles de financiación de las prestaciones para la Dependencia en la Comunidad Foral de Navarra y en el resto de las Comunidades
Autónomas... (Página67)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la grave situación de Haití... (Página69)
161/000822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del pueblo saharaui... (Página70)
Comisión de Cultura
161/000795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la adhesión del Gobierno en las acciones dirigidas a declarar el Día de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco
de la UNESCO... (Página71)
161/000815 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de los trámites para la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad... (Página72)
161/000816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración del Románico Palentino como Patrimonio Mundial... (Página72)
161/000818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a apoyar la conmemoración del centenario de la muerte del pianista y compositor Enric Granados...
Comisión de Igualdad
161/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la incorporación de mujeres a la estiba en el Puerto de Algeciras... (Página77)
161/000786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en el deporte profesional... (Página78)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/000792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones... (Página80)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas de promoción del uso de la bicicleta... (Página82)
161/000817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incrementar las plazas de funcionarios examinadores del carnet de conducir en Cataluña... (Página83)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las personas con epidermólisis bullosa y sus familias... (Página84)
161/000765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la equiparación de las becas y ayudas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos a través de los Planes ADO y ADOP, respectivamente...
161/000825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la adaptación de las estaciones de titularidad de ADIF de la red de Rodalies de Cataluña... (Página87)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde... (Página88)
161/000789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cambio climático... (Página90)
161/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ratificación del Acuerdo del Clima de París... (Página92)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000022 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre detención de un nacional español en el aeropuerto de Tegucigalpa... (Página93)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000022 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2001/2014, promovido por el Parlamento de Navarra, contra el artículo primero (en cuanto añade o modifica los artículos 7.3 y 4, 13,
24.bis.2, 25, 27, 36, 57, 85.2, 116.bis, 116.ter y disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), y las disposiciones adicionales novena y decimoquinta y transitorias primera, segunda,
tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local... (Página94)
232/000023 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1744/2013, promovido por el Gobierno de Cataluña contra las disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como voto particular formulado a la misma... (Página95)
233/000012 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2322/2016, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en relación con los
artículos 3.1 y 4, así como las previsiones de los Anexos I y II, referidas a la retribución del segundo periodo de 2013 y el 2014 para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio,
por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución... (Página97)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, para
su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho fue aprobada
justo antes de la finalización de la X legislatura a propuesta de [a mayoría absoluta del Partido Popular y con el rechazo prácticamente unánime de toda la oposición, tanto en el Congreso como en el Senado. Asimismo, esta Ley fue presentada como
Proposición de Ley por el Grupo Parlamentario Popular, en lugar hacerlo mediante Proyecto de Ley por el Gobierno, eludiendo con ello el informe del Consejo de Estado y de otros órganos consultivos, y fue tramitada por procedimiento de urgencia y de
lectura única para que pudiera aprobarse antes de que terminara la Legislatura, limitando el derecho de los demás Grupos a realizar enmiendas y al sosegado debate parlamentario.
Del mismo modo que en el año 2003, el PP modificaba el Código Penal mediante una reforma exprés para convertir en delito la convocatoria ilegal de referéndums con motivo del llamado plan lbarretxe (aprovechando una Ley Orgánica que se estaba
tramitando en el Senado), la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho es una reforma ad hoc dirigida, esta vez, contra el
proceso catalán.
Mientras que en un Estado de Derecho es el Poder Judicial el que cuenta con mecanismos para asegurar el cumplimiento de las sentencias, el PP ha situado al Estado español en la anomalía europea y con su reforma ha otorgado competencias
ejecutivas de sanción al deslegitimado y politizado Tribunal Constitucional. En los últimos años (y la Ley Orgánica 15/2015 es un paso más del PP en este sentido), el Tribunal Constitucional ha pasado de ser el máximo intérprete de la Constitución
española enjuiciando leyes bajo criterios estrictamente jurídicos, a ser un órgano politizado, hasta el punto de llegar a ser presidido por un militante del PP, y situado al servicio del ejecutivo español en su cruzada contra la autonomía y el
Derecho a Decidir de los catalanes y las catalanas. Tanto es así que ha llegado incluso a poder suspender a empleados y cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Con la última reforma del Partido Popular, se ha convertido al Tribunal
Constitucional en un órgano contencioso, desviándolo de su verdadera función.
No en vano, la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho,
prevé, incluso, que el Tribunal Constitucional pueda dejar en manos del 'Gobierno de la Nación' la adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.
Todo ello, además, reconocido por el propio Tribunal Constitucional que ha avalado la constitucionalidad de la Ley Orgánica que le otorga dichos poderes y ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad planteado, abdicando de ejercer su
jurisdicción, como así han puesto de manifiesto los magistrados discrepantes, al no entrar en el fondo de diversas cuestiones sobre las que el recurso le forzaba a pronunciarse; y cuando excepcionalmente ha entrado en ellas, lo ha hecho con una
argumentación superficial incompatible con la naturaleza y la gravedad de los reproches de inconstitucionalidad alegados.
La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho es pues una
reforma hecha expresamente contra Catalunya, que solo pretende poder inhabilitar y multar a aquellas personas que puedan declarar o proclamar la independencia sin siquiera garantizar la tutela judicial efectiva. Una Ley Orgánica a medida, con el
único propósito de enmascarar como jurídica la decisión política de negar a la ciudadanía de Catalunya el Derecho a Decidir.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
Derogar la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
reconocimiento a la OSCE, por el Reino de España, de personalidad jurídica y de un régimen de inmunidades y privilegios para la organización, sus representantes y personal a su servicio, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Al inicio de los años 70 del siglo pasado, en el marco de la Guerra Fría, se llegó al convencimiento de que era necesario contar en Europa con un foro multilateral de diálogo y negociación entre el Este y el Oeste. Partiendo de esta idea,
el 3 de julio de 1973, los ministros de asuntos exteriores de 35 países [Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América (EE.UU.), Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Democrática Alemana (RDA), República Federal de Alemania (RFA), Rumania, San Marino, Santa Sede, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Yugoslavia] inauguraron la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE).
Tras más de dos años de trabajos y reuniones el 1 de agosto de 1975, se clausuró la CSCE con la firma de su acta final, la denominada Acta de Helsinki, por los Altos Representantes de los 35 Estados
participantes. Dicho acta recoge los acuerdos a los que se llegó en la Conferencia por los participantes, los cuales contienen compromisos en asuntos tan importantes como:
- los principios que rigen las relaciones entre los Estados participantes, donde se establece la igualdad soberana respeto de los derechos inherentes a la soberanía, abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, inviolabilidad
de las fronteras, integridad territorial de los Estados, arreglo de las controversias por medios pacíficos, no intervención en los asuntos internos, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, igualdad de derechos y libre
autodeterminación de los pueblos, cooperación entre los Estados y cumplimiento de buena fe de las obligaciones del derecho internacional;
- medidas destinadas a fomentar la confianza y ciertos aspectos de la seguridad y el desarme;
- la cooperación en materia de economía, ciencia y tecnología, y medio ambiente;
- la cooperación y seguridad en la región del Mediterráneo; y
- la cooperación en el campo humanitario y otros campo, como la cultura, la información y la educación.
Entre los acuerdos alcanzados por la CSCE estaba el de mantener el proceso multilateral iniciado en la Conferencia para el seguimiento de la aplicación de los compromisos contenidos en el Acta de Helsinki. Esta disposición dio lugar
diversas reuniones de seguimiento en Belgrado entre 1977 y 1978 y en Madrid entre 1980 y 1983. En 1990, con el final de la Guerra Fría, los Estados participantes en la CSCE deciden, tal y como se refleja en la Carta de París para una Nueva Europa,
dar un nuevo impulso al foro entendiendo que estaba llamado a jugar un papel en la respuesta de Europa a los desafíos que podían surgir tras el final de la Guerra Fría; para lo cual, era necesario adquirir instituciones permanentes y capacidades
operativas.
Así en 1994, en la cumbre de Budapest, se acordó que la CSCE pasase a ser una organización permanente, llamada la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), estableciendo su sede permanente en Viena y dotándose de unas
estructuras institucional y operativa adecuadas.
Ya en el nuevo marco, además de continuarse celebrando cumbres ministeriales y de Jefes de Gobierno, la última de ellas en Kazajstán en 2010, la OSCE, actualmente compuesta por 57 miembros (además de por el ingreso de Albania, Andorra y
Mongolia, el incremento se debe a la incorporación de las repúblicas resultantes de los procesos de desintegración de Checoslovaquia, la URSS y Yugoslavia), ha reforzado sus relaciones de cooperación con la ONU y sus organismos vinculados, la Unión
Europea, la Comunidad de Estados independientes (CEI), la OTAN y el Consejo de Europa. Así como ha establecido relaciones permanentes de cooperación con Afganistán, Australia, Japón, República de Corea, Tailandia y, en el área del Mediterráneo con
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos y Túnez.
Desde su fundación hasta nuestros días, primero la CSCE y luego la OSCE, no solo ha sido una elemento clave en el proceso de distensión entre Este y Oeste, sino que, el éxito en este papel, situaron a la organización como un espacio clave a
la hora de articular la respuesta a las consecuencias de la caída del comunismo, la conflictos tras la desintegración de la URSS o de Yugoslavia. Muestra de esta implicación y actuación son las diecisiete misiones de campo que, desde su creación,
la OSCE ha llevado a cabo, las nueve misiones que tiene en curso, incluyendo las dos en Ucrania, o la presencia con centros u oficinas que están gestionando proyectos de cooperación en siete exrepúblicas soviéticas.
En definitiva, una trayectoria que cumple no solo con los objetivos fundacionales de la OSCE, sino con el papel que en 1990 se estableció para ella.
Y todo esto se ha hecho careciendo de personalidad jurídica internacional.
Sí, pese a que pueda resultar sorprendente, y hasta cierto punto paradójico, la OSCE carece de personalidad jurídica internacional. Esta ausencia de personalidad jurídica y la consiguiente capacidad de obrar supone una dificultad añadida a
aquellas con las que las misiones y los enviados de las OSCE se encuentran en los países donde despliegan su tarea y que, por la propia naturaleza de la organización, no suelen ser pequeñas. Sin que los memorándums de entendimiento ad hoc para cada
misión ofrezcan siempre una cobertura adecuada.
Dificultades que van desde las ligadas a las actividades más elementales, como las relacionadas con la contratación de bienes y servicios, a las que afectan directamente al estatus de los enviados y trabajadores de la OSCE en las misiones en
campo y, por ende, a la seguridad y protección de los mismos. La Misión Especial de Supervisión en Ucrania, es quizás el último, pero no el único, de los
ejemplos de cómo la OSCE ha procedido a desarrollar su tarea en zonas de conflicto en precarias condiciones respecto a la cobertura legal y protección de sus representantes y empleados.
La necesidad de contar un estatus jurídico y con un régimen de privilegios e inmunidades ya fue puesta de manifiesto por la decisión del Consejo de Roma de la CSCE de 1993, que, así mismo preveía que dicho estatus fuera otorgado a través de
medidas nacionales por los Estados miembros. Pero, durante todo este tiempo la realidad ha sido bien otra, y solo unos pocos Estados han reconocido un estatus legal a la Organización.
Esto hizo que en 2009, se pusiera en marcha un grupo de trabajo que estudiara la forma de encontrar un solución estable y multilateral que reconociese a la OSCE capacidad legal de obrar y una serie de privilegios e inmunidades.
A la vista de que el acuerdo sobre esta solución no solo no se ha producido todavía, sino que no parece cercano, el Secretario General de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE ha solicitado a las distintas delegaciones parlamentarias
participantes en la OSCE que promuevan en sus respectivas cámaras iniciativas conducentes mostrar el apoyo de las mismas al reconocimiento por el Estado en cuestión de personalidad y capacidad jurídicas a la OSCE, así como de un régimen de
inmunidades y privilegios. Remitiendo, junto con la petición, un acuerdo marco al respecto.
España no solo es uno de los Estados que participó en la CSDE desde su inicio, sino que, igual que en otras organizaciones internacionales en las que participamos, es un miembro activo y comprometido en los objetivos, actividades y misiones
desplegadas.
Por ello parece razonable que, sin perjuicio de la activa colaboración en la búsqueda de una respuesta estable de ámbito multilateral a la cuestión del estatus, los privilegios y las inmunidades de la OSCE, sus representantes y sus bienes,
España proceda al inmediato reconocimiento de la personalidad jurídica de la OSCE, de su capacidad de obrar, por tanto, y de un régimen de inmunidades y privilegios acorde a la naturaleza de la OSCE y de las tareas que desarrolla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a entablar negociaciones con la OSCE tendentes a la formalización, a la mayor brevedad posible, de un acuerdo que reconozca a la OSCE la personalidad jurídica y capacidad de obrar necesarias
para el adecuado ejercicio de sus funciones. Así como establezca un régimen de inmunidades y privilegios para la OSCE, sus bienes y documentos, sus representantes, sus empleados y para los representantes de los Estados miembros de la OSCE, acorde a
la naturaleza de la organización sus fines y la actividad que desarrolla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2016.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/000810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
derogación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo aprobada por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista
ha supuesto continuar con la oleada de reformas del Código
Penal impulsadas desde el más absoluto populismo punitivo. La reforma inicio su tramitación incluso cuando ya estaba en tramitación una modificación del Código Penal. Y con la aprobación de esta Ley Orgánica se ha persistido en mayores
retrocesos y recortes en derechos y libertades. La aprobación de la reforma ha supuesto limitar de forma desproporcionada, innecesaria e injustificada derechos como la libertad de expresión, información, asociación, la libertad de circulación, el
derecho a la vida privada, el derecho a salir de un Estado, incluyendo el propio, así como a regresar a él.
Además, la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo ha servido para ampliar de forma desproporcionada e injustificada el
delito de terrorismo, a través de la ampliación de su definición y de la inclusión de nuevos tipos penales dentro del capítulo de delitos terroristas. El delito de terrorismo se tipifica de forma vaga e imprecisa, tal y como ha advertido Amnistía
Internacional, lo cual puede suponer un riesgo para los derechos humanos. De hecho, la imprecisión y la vaguedad son tales que resulta difícil reconocer qué conductas pueden ser sancionables, lo que puede conducir a una aplicación arbitraria de la
legislación penal. Incluso añaden como terrorismo un concepto de subversión del orden constitucional con una formulación ambigua que podría incluir la proclamación de la República Catalana.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
Derogar inmediatamente la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma de la Ley de
Expropiación Forzosa, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, con las limitaciones y garantías recogidas en su apartado tercero, donde se establece que 'nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino
por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes'.
El ámbito garantista de la expropiación forzosa se construye, por tanto, en torno a tres cuestiones principales: El cumplimiento de un fin público y social, el establecimiento de un equilibrio compensatorio o de una correspondencia
económica y la reserva de norma legal.
Estas garantías expropiatorias afectan a cualquier medida limitadora del derecho de propiedad privada; y es así como ha sido reconocido en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional, que admite la legitimidad constitucional de los
poderes públicos para adoptar eventuales medidas de recorte de las situaciones jurídicas privadas en aras del interés general; pero que al mismo tiempo pone de manifiesto que la exigencia de una justa compensación constituye una manifestación de la
garantía constitucional del derecho a la propiedad privada, a la vez que un justo equilibrio entre este derecho individual y las exigencias del interés general.
Tras la promulgación de la Constitución no se ha producido el desarrollo legislativo correspondiente, continuando en vigor la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 con algunas modificaciones. Y, aunque defendemos la adecuación técnica de la
norma y su respeto al derecho reconocido en el artículo 33 de nuestra CE, también es cierto que la práctica ha revelado ciertas deficiencias en lo que a la institución de la expropiación se refiere y al respeto de las garantías constitucionales en
el procedimiento expropiatorio.
Ello se deduce de la existencia de importantes insuficiencias en los procedimientos expropiatorios, que tienen como resultado que los afectados por una actuación expropiatoria se vean privados de sus bienes o derechos sin recibir una
indemnización previa o de forma rápida en el tiempo, o que deban enfrentarse a procesos exageradamente burocratizados, entre otras cuestiones.
La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, se ha visto superada por el desarrollo económico y social experimentado en nuestro país en las últimas décadas, por el aumento de la obra pública y por la ingente acumulación de asuntos pendientes de
actuación administrativa y judicial.
Habría que considerar, además, la necesidad de adaptar el procedimiento de expropiación al nuevo modelo territorial, de modo que se ofrezcan idénticas garantías en todo el territorio nacional, así como la necesaria coordinación
administrativa.
Otros de los problemas más frecuentes con los que se ha encontrado el procedimiento de expropiación han sido el incumplimiento, por parte de los órganos expropiantes, de los plazos legales para la determinación o pago de los justiprecios, el
mal uso del procedimiento de urgencia, la falta de reconocimiento de los intereses por demora o impago, los retrasos en la actividad de los Jurados Provinciales de Expropiación, la deficiente regulación de la participación del interesado, el
reconocimiento del derecho de reversión o la falta de transparencia durante el procedimiento.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la conveniencia de impulsar una reforma de la Ley de Expropiación Forzosa que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:
- Armonización en todo el territorio nacional de las garantías y derechos del afectado;
- Eliminación de trabas burocráticas, incrementando la transparencia y la participación del afectado en el procedimiento de expropiación;
- Limitación del uso del procedimiento de urgencia;
- Obligación de estimar en el presupuesto de la obra pública la previsión aproximada del gasto de la expropiación, de manera que se incluya en las programaciones plurianuales y retenciones de crédito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/000768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre un Plan de Mejora de la Seguridad Ciudadana en la ciudad de Madrid, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Tanto la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid sobre el ejercicio 2015, como el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior en relación al primer semestre del presente año 2016, reflejan un preocupante aumento
de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Madrid, capital de España.
El total de diligencias incoadas por la Fiscalía madrileña a propósito de delitos durante el año 2015, fueron 420.451. En relación al ejercicio 2014, los números absolutos descienden un 2%, pero resulta significativo el incremento de las
diligencias asociadas a delitos de lesiones (+11,6%), delitos contra la libertad (+0,2%) y delitos contra la libertad sexual (+2,5%). Los delitos contra el patrimonio alcanzaron en
esta estadística un número muy importante: 204.273. Y las diligencias por homicidios llegaron hasta 32, la mitad en la ciudad de Madrid.
Más graves aún son los datos que refleja el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior sobre los seis primeros meses de 2016, en el municipio de Madrid. El conjunto de los delitos y faltas aumenta en la capital un 6% respecto al
primer semestre del año anterior: de 111.071 a 117.763. Los homicidios dolosos y asesinatos suben de cuatro a catorce en este periodo. Los robos con fuerza en domicilios se han incrementado en un 9%, y los robos con violencia e intimidación en un
3%. Daños y hurtos aumentan en un 4,9% y un 8,2% respectivamente.
Desde la perspectiva de la inseguridad ciudadana más subjetiva, la población madrileña percibe con una preocupación creciente la actividad cada vez más intensa en sus calles de las bandas urbanas violentas. Las peleas y altercados en las
vías públicas y en las instalaciones de transporte público se han multiplicado durante los últimos meses, obteniendo un eco muy relevante en los medios de comunicación.
También generan preocupación y rechazo los casos periódicos de agresiones por razón de la identidad sexual de la víctima, aun cuando no todos acaban en denuncia oficial. Y a estos hechos han de añadirse los relacionados con la violencia de
género y la trata de mujeres, conducta criminal esta última que se lleva a cabo de manera evidente y aparentemente impune.
Por otra parte, las asociaciones empresariales y de comerciantes manifiestan su queja permanente ante la proliferación de robos reiterados en sus establecimientos, con gran quebranto para los pequeños negocios que suponen el sustento vital
de miles de familias en Madrid.
Los recursos policiales para hacer frente a la inseguridad son muy escasos en Madrid, a juzgar por los propios representantes de los trabajadores de los cuerpos de seguridad del Estado. La capital de España aún no cuenta tan siquiera con
una comisaría de policía nacional por distrito. Distritos como Vicálvaro (69.800 habitantes) y Barajas (46.264 habitantes) no disponen de comisaría propia.
La comisaría de Vallecas Villa no está situada físicamente en su distrito de referencia. Barrios de nuevo desarrollo como Sanchinarro y las Tablas demandan muy mayoritariamente instalaciones policiales propias para hacer frente a robos y
asaltos en sus calles. En Villaverde, las entidades ciudadanas denuncian el déficit permanente de recursos. Y buena parte de las comisarías existentes presentan serias deficiencias estructurales y de equipamiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar y aplicar de común acuerdo con las administraciones municipal y autonómica de Madrid un Plan de Mejora de la Seguridad Ciudadana, que actualice los recursos humanos y técnicos precisos para reducir las tasas de criminalidad en la
capital de España.
- Elaborar y aplicar de común acuerdo con las administraciones municipal y autonómica de Madrid un Plan de Ampliación y Adecuación de las Comisarías de la Policía Nacional en la ciudad de Madrid, de tal manera que cada distrito cuente, al
menos, con una Comisaría en condiciones adecuadas de funcionamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la dotación a la Comisaría de Lugo con un subgrupo de Unidad de Prevención y Reacción, para su debate en la Comisión de Interior.
Motivación
Con la entrada en vigor de la Instrucción 8/2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modificó la Instrucción 5/2009, sobre Conducciones y Custodias de Internos de Centros Penitenciarios, y tras la aplicación de su
instrucción cuarta: distribución de competencias según el ámbito territorial en su punto b) Custodias, 'la custodia de los internos fuera de los establecimientos penitenciarios corresponderá al cuerpo policial que tenga asignada la competencia
territorial en el lugar de estancia, con la salvedad que figura en las Instrucción Décima para las custodias en centros hospitalarios'; algunas Comisarías Provinciales tuvieron que hacer frente a esta nueva competencia, entre otras la de Lugo, pero
en esta no hubo refuerzo de medios humanos para su puesta en marcha que si hubo en otras provincias, parecería más correcto que nuevas funciones llevaran aparejada la correspondiente asignación de medios humanos y materiales.
Hasta el año 2011, la Comisaría Provincial de Lugo, contaba con un refuerzo anual de cuarenta funcionarios en labores de prácticas y aula abierta, desde ese año no hay ese refuerzo de funcionarios.
En el año 2012, el Club Deportivo Lugo de fútbol, subió a segunda división y el Club Breogán de baloncesto juega en la Liga LEB.
Los dos últimos años la Comisaría Provincial de Lugo, hizo frente a la seguridad de más de 250 eventos deportivos y solo en el año 2015, hizo frente a más de 250 concentraciones y manifestaciones.
La Comisaría Provincial de Lugo cuenta con ocho funcionarios por turno de trabajo para hacer frente a las demandas ciudadanas (cuarenta efectivos distribuidos en cinco turnos de trabajo).
La Dirección General de la Policía dotó a otras provincias con unidades para paliar y asumir esas nuevas cargas de trabajo y Lugo es la única provincia de Galicia que no cuenta con una Unidad de Prevención y Reacción.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar a la Comisaria de Policía de la provincia de Lugo, con un Subgrupo de Unidad de Prevención y Reacción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, relativa a la puesta en marcha del Fondo Estatal de Compensación a las víctimas del amianto.
Exposición de motivos
El amianto o asbesto es el principal cancerígeno laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los años fallecen en el mundo más de 100.000 personas por cáncer de pulmón, mesoteliomas (o cánceres de las membranas pulmonares) y
asbestosis provocados por la exposición laboral a las fibras de amianto. La carga de enfermedad y muerte causada por la exposición al amianto seguirá aumentando en los próximos años incluso en países donde ha sido prohibido, dado el largo periodo
de tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de estas enfermedades.
Según la Unión Europea, de aquí al año 2030, medio millón de personas morirán en Europa por cánceres ocasionados por exposiciones al amianto ocurridas en los años ochenta y noventa del siglo
pasado. Europa ha sido el epicentro de esta epidemia mundial de cánceres profesionales. Las estadísticas de mortalidad de la OMS reflejan que en Europa se han producido el 56% de todos los fallecimientos por mesotelioma y el 41% de las
muertes por asbestosis registradas en el mundo, a pesar de que en ella sólo habita el 13% de la población mundial. Un doloroso legado consecuencia del consumo en nuestro continente de más del 55% de todo el asbesto comercializado a nivel mundial
hasta la década de los ochenta del siglo pasado.
España no es una excepción. El consumo de amianto en nuestro país se intensificó en los años sesenta del siglo pasado hasta alcanzar su máximo a mediados de los setenta. Los cánceres de pleura, en su mayor parte mesoteliomas causados por
el amianto, han crecido de forma ostensible a lo largo de las últimas décadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) llega a afirmar en sus informes que 'estamos ante una pandemia, ante un genocidio económico provocado por un mineral que todavía mata a más de cien mil personas en el mundo cada año'.
La distribución geográfica de los fallecimientos muestra una clara asociación con la ubicación de las fábricas de amianto-cemento, de los astilleros y de las empresas dedicadas a la fabricación de frenos y embragues, y de material
ferroviario, principales sectores en los que se produjeron las exposiciones al amianto.
La ciudad de Ferrol (A Coruña), por ejemplo, es el lugar de Europa con más casos registrados de personas afectadas por el amianto. Los astilleros de Ferrol, hoy en situación crítica por la falta de carga de trabajo derivada de la desidia de
sus responsables políticos, han constituido un escenario de exposición al amianto durante décadas.
Miles de trabajadores se vieron expuestos a este material, una gran parte ya desde su adolescencia al ingresar, con catorce años, en la Escuela de Aprendices de la antigua Bazán y desarrollar sus oficios durante largos periodos laborales
careciendo de la información referente a las consecuencias del contacto con el amianto y sin medidas protectoras o de seguridad. Información que fue ocultada conscientemente cuando ya se reconocía el efecto cancerígeno del amianto.
Además de los afectados por contacto directo con el amianto, el otro grupo de personas con más riesgo de contraer una enfermedad relacionada con el amianto, son las que han sufrido una exposición doméstica. Personas que no han tenido
contacto laboral con el amianto, pero que sin embargo han estado expuestas a sus fibras en el ámbito del hogar. La exposición se producía al tener que llevar a lavar al domicilio particular ropa de trabajo y el calzado los trabajadores de la
fábrica. Las fibras de amianto llegaban adheridas a los monos y dentro de los bolsillos, por lo que las mujeres debían sacudirlos antes de lavarlos. En ese momento es cuando miles de fibras, prácticamente cada día, se liberaron del tejido quedando
en suspensión y siendo inhaladas por los miembros de la familia.
Ante esta situación, que es grave por la cantidad de gente afectada, sería necesaria la creación en España de un fondo de indemnización para las víctimas del amianto que debería financiar el Estado como responsable subsidiario, y las
empresas que trabajaron con el amianto.
Por otro lado, en España no se dedica 'ni un solo euro' a la investigación de las enfermedades asociadas al amianto, entre otras los tumores de pleura, de pulmón y de peritoneo. Por ejemplo, en el Reino Unido, país que más fondos de
investigación ha dedicado al amianto, se descubrió hace más de dos años un fármaco que alarga la vida al menos unos meses a quienes padecen cáncer de pleura.
Las últimas estimaciones señalan que más de mil personas fallecerán en nuestro país por un mesotelioma pleural entre 2016 y 2020 y que las defunciones por cánceres del amianto se prolongarán hasta el año 2040.
En España se ha realizado la adaptación a la normativa europea en relación con los riesgos de trabajos con amianto a través del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
No obstante, el daño causado por el amianto es tan intenso para miles de personas que nada puede reparar la agresión generada, pues se trata tanto de los terribles efectos patológicos físicos como del daño moral y del sufrimiento psicológico
para las personas afectadas y sus familias derivado de una enfermedad con síntomas previsibles pero invisibles hasta el desenlace final.
Las víctimas del amianto en nuestro país lo son por partida doble. Además de perder su salud y fallecer por una causa evitable son víctimas de la falta de reconocimiento de nuestro sistema de seguridad social. Solo el 6,4% de los hombres y
el 4,4% de las mujeres que fallecieron entre 2007 y 2011 en nuestro
país por mesotelioma pleural atribuible a exposición laboral al amianto han sido reconocidos como enfermos profesionales por la Seguridad Social.
La tasa de infra-registro de los fallecidos por cáncer de bronquio y pulmón atribuibles a exposición laboral al amianto es aún mayor, el 98,8%. Que el reconocimiento se limite a menos de una de cada veinte víctimas de este tipo de cánceres
tiene graves consecuencias. La primera y fundamental es la privación a las víctimas de sus derechos en términos de prestaciones y de reconocimiento social. La calidad ética de nuestra sociedad ha germinado sobre el reconocimiento ciudadano a
colectivos vulnerables y víctimas de iniquidades como el terrorismo o la violencia de género.
Las víctimas del trabajo, de los cánceres laborales con el amianto a la cabeza, siguen enfrentándose al drama de la pérdida de su salud ante la indolencia de nuestra sociedad. El infra-reconocimiento implica también la transferencia de los
costes económicos provocados por la enfermedad desde las empresas responsables de las exposiciones laborales a la ciudadanía general y a nuestros Servicios de Salud. Por último, el masivo infra-reconocimiento de las víctimas provoca una grave
distorsión de las estadísticas de enfermos profesionales.
¿Adoptaría la ciudadanía una posición diferente respecto a este problema si las estadísticas oficiales de reconocidos por cánceres del amianto reflejaran los 700 fallecimientos que se producen anualmente en nuestro país por esta causa? La
concienciación de la ciudadanía, lograda gracias a estadísticas oficiales que reflejan cifras cercanas al número real de afectados y que otorgan visibilidad social al problema, es uno de los factores que ha posibilitado en países de nuestro entorno
enfrentar este problema sin agravar el dolor de las víctimas. El Programa de Vigilancia de la Salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto (PIVISTEA) se ha revelado como un instrumento clave para que aflore la carga de enfermedad
provocada por el amianto. Potenciarlo y lograr que su cobertura se extienda a la totalidad de trabajadores que estuvieron expuestos, muchos de los cuales ya han abandonado el mercado laboral, es una responsabilidad del Gobierno.
Se trata de una medida imprescindible pero insuficiente para los afectados si el Instituto Nacional de la Seguridad Social continúa limitando el derecho de las víctimas a su reconocimiento económico y social.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un Fondo Estatal de Indemnización a las víctimas del amianto, al igual que está establecido en países de nuestro entorno, con cargo a las entidades aseguradoras, empresas responsables y presupuestos del Estado a través del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Mejorar los registros ya establecidos como el de empresas con riesgo de amianto (RERA):
- La relación completa de trabajadores expuestos para poder atenderlos.
- El registro de edificios públicos y privados con amianto, así como instalaciones de especial interés.
- Un registro nacional de mesoteliomas para trabajos epidemiológicos y de atención.
3. Dar acceso a la jubilación anticipada, mediante la aplicación de un coeficiente reductor de un año por cada tres de exposición, a todos aquellos trabajadores a partir de cincuenta años que hayan trabajado con amianto. Además, las
víctimas de enfermedades profesionales graves causadas por el trabajo con este material (asbestosis, tumores,...) deberán cesar su actividad de inmediato sea cual sea la duración de la exposición.
4. Aplicar medidas de protección a poblaciones no profesionalmente expuestas, pero sí afectadas por 'exposiciones pasivas'.
- La creación de un programa de vigilancia epidemiológica de mesoteliomas con clasificación sistemática.
- La creación de un Fondo para la investigación de las patologías cancerígenas derivadas de la exposición al amianto.
- La creación de comisiones y otras vías parlamentarias para efectuar un diagnóstico de la situación en las diferentes Comunidades Autónomas y en el conjunto del Estado con objeto de elaborar las
correspondientes propuestas jurídicas, políticas y económicas en relación con la situación de las personas afectadas por la exposición al amianto.
5. Proceder a las modificaciones necesarias de la legislación vigente de cara a posibilitar la ampliación del plazo de responsabilidad civil.
6. Elaborar y aplicar un programa a corto y largo plazo de desamiantado del país.
7. Aplicar con rigor el principio de precaución a otros materiales que vienen y que pueden tener características parecidas al amianto, especialmente los derivados de las nanotecnologías, o de fibras cerámicas refractarias de determinadas
dimensiones, de carácter cancerígenas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la
Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la regularización fiscal de las pensiones de los emigrantes retornados, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece en su disposición adicional única un sistema de regularización de deudas
tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto. Dicha disposición daba hasta el 30 de junio de 2015 para que aquellas personas que hubieran
percibido pensiones procedentes del exterior sujetas a tributación por el IRPF presentaran las autoliquidaciones complementarias correspondientes a los últimos 4 ejercicios.
Tras los contactos realizados con diferentes asociaciones y personas afectadas por el mencionado proceso, se han detectado ciertos errores, gran parte de ellos notificados previamente por las propias asociaciones al Ministerio de Hacienda:
no se han homologado las pensiones de incapacidad reconocidas en el extranjero, provocando una discriminación entre los pensionistas que han trabajado en España y los que tuvieron que marcharse a trabajar fuera; no se ha informado debidamente y
consecuentemente se ha producido una falta de asistencia a un colectivo numeroso en la Comunidad que, por sus características, debe gozar de una mayor protección legal; han sido remitidas cartas a muchos pensionistas que en ningún momento se veían
afectados por esta regularización puesto que los Convenios de Doble Imposición suscritos entre España y los países donde trabajaron incluye exenciones de tributación; y no se han asumido la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia,
que indican que aquellos que cobren pensiones procedentes organismos de pensiones alemanes con naturaleza pública están exentos de tributar.
Tan es así, que la disposición adicional única de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, establece un 'período de regularización' que llega a contemplar la devolución de recargos, intereses y sanciones liquidados o impuestas con anterioridad a
la entrada en vigor de la misma como consecuencia de pensiones extranjeras no declaradas, lo que constituye un reconocimiento implícito de que la Agencia Tributaria estaba realizando una interpretación abusiva de las disposiciones legales.
Por otra parte, dicho plazo de seis meses para regularizar las pensiones que tributaban en el extranjero, -exactamente hasta el pasado 30 de junio de 2015- ha sido manifiestamente insuficiente para satisfacer
una regularización correspondiente a cuatro años fiscales. Si el periodo comprendía del 1 de enero al 30 de junio de 2015, los pensionistas emigrantes retornados recibieron las cartas provenientes de Hacienda -tuvieran o no que regularizar
su situación- a finales de febrero, y en abril se dejó de prestar servicio en las delegaciones territoriales de Hacienda, tal y como denuncia la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER).
A todo ello, hay que sumar la falta de información por parte de las autoridades tributarias, que unido al hecho de que el colectivo afectado es de edad avanzada y poco familiarizado con la legislación española por haber residido mucho tiempo
en el extranjero, ha provocado que muchos de los pensionistas retornados, que se podían haber beneficiado de la exención de sanciones y recargos que preveía la ley no hayan podido hacerlo, sufriendo a día de hoy la aplicación de las penalizaciones
que se prevén en la normativa, necesitando acudir a asesoramiento privado con el consiguiente coste.
Además, desde enero del año 2016, el Gobierno viene suprimiendo el complemento del 20% de las pensiones por jubilación de aquellos trabajadores españoles que han cotizado en el extranjero y que tienen reconocida una incapacidad total
permanente. El Gobierno entiende ahora, que esos ingresos no deben tener consideración legal de pensiones sino de rendimiento en el trabajo, un concepto que está sujeto a retenciones.
De ningún modo el cobro de este aumento del 20% es incompatible con la percepción de otra prestación por parte de otro sistema ajeno totalmente a esta Seguridad Social, y más si esta prestación de vejez proviene de trabajos realizados con
anterioridad a la concesión de la prestación de incapacidad y que en ningún caso se simultanearon con esta. En todo momento se señala en nuestra legislación que el incremento del 20% es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o
propia, y con las prestaciones de Seguridad Social que puedan derivarse de dichos trabajos, como el subsidio de incapacidad temporal o de maternidad que persiste más allá de la relación laboral o la actividad profesional, o las prestaciones de
desempleo que pudieran corresponder por los mismos. En la mayor parte de los casos, la prestación que vienen ahora a cobrar los retornados españoles del extranjero, proviene de una actividad laboral en ese país muchos años antes a que España le
concediera la prestación de incapacidad y la concesión del 20% de aumento sobre la base reguladora. Por lo que hemos de concluir que en ningún caso resulta incompatible con ese aumento el percibo de prestaciones cuando no derivan de un trabajo
realizado con posterioridad a la concesión de la incapacidad y de su aumento, sino por trabajos realizados con anterioridad. No existe ningún artículo de nuestra legislación que establezca esa incompatibilidad de la percepción de prestación
extranjera con el aumento del 20% cuando la percepción extranjera proviene de trabajos y de actividad laboral previa a la concesión de la incapacidad. Es totalmente injusto ya que se trata de una interpretación de la Ley y son periodos cotizados en
el extranjero antes de concederse la incapacidad por España.
Esta nueva interpretación, directamente supone una discriminación hacia el colectivo de emigrantes retornados, esquilmando gran parte de los recursos económicos de miles de españoles retornados y por retornar, sometidos nuevamente a recortes
irracionales e injustificados y que se hacen sobre quienes menos tienen. Así el Gobierno ha tomado una decisión arbitraria e injusta que no tiene sustento legal alguno. Otro de los argumentos usados en los que se basa esta supresión es que, desde
que el pensionista cobra una determinada renta 'deja de existir el vacío de recursos económicos que intenta cubrir dicho complemento, desapareciendo, por tanto, la finalidad perseguida por la norma' en palabras textuales de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social. Sin embargo, se trata de una presunción totalmente falsa porque el importe del complemento que perciben los pensionistas suelen ser exponencialmente superior a las rentas que se han percibido, que en muchas ocasiones son
únicas y puntuales en el tiempo. El resultado es que, por un la percepción de una renta muy pequeña, se priva al pensionista de un complemento importante, reduciendo su poder adquisitivo enormemente hasta el punto de darse la circunstancia de que
algunos de los perjudicados se ven en situaciones cercanas a la pobreza.
En conclusión, estamos ante una gran falta de planificación y ejecución del proceso de regularización, lo cual ha causado desprotección y discriminación de un colectivo en situación de debilidad que debe ser corregido por el Gobierno de
España:
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, al objeto de impedir que se puedan volver a producir las situaciones actuales. Este nuevo tratamiento y tributación debe ser apropiado a la renta
de los emigrantes retornados atendiendo al origen de las mismas y su connotación histórica, teniendo en cuenta que son pensiones extranjeras que se generan en el exterior y revierten en la economía de todo el país.
2. Devolver -de oficio- a los pensionistas retornados, las cantidades que se les haya cobrado indebidamente, en concepto de sanciones, recargos o intereses, sin necesidad de que el pensionista lo solicite y con independencia de que hayan
adquirido o no firmeza. Que por parte de la AEAT se asuma con carácter general las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes, respetando los convenios
bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años requeridos incluidos en la disposición, es decir, de 2010 a 2013.
3. Abrir un nuevo periodo de regularización de la declaración de las pensiones, que cuente con personal técnico idóneo para facilitar a los mayores retornados la adecuación de su situación tributaria sin costes fiscales indirectos. Dicho
periodo además, deberá contar con plazos suficientes y más adecuados y estar acompañado de una campaña de información específica dirigida a dichos mayores retornados.
4. Realizar una homologación de pensiones de incapacidad procedentes del extranjero de forma automática, para que el pensionista emigrante retornado ostente los mismos derechos y obligaciones que los pensionistas del resto del país,
compartiendo gravámenes pero también exenciones.
5. Anular todos los procedimientos abiertos a pensionistas retornados con retribuciones de incapacidades en virtud de la interpretación que se está realizando del artículo 139.2 de la Ley General de la Seguridad Social a los pensionistas.
6. Realizar una interpretación del artículo 139.2 de la Ley General de la Seguridad Social que no perjudique los intereses de este colectivo que en muchas situaciones se encuentran en situación vulnerable y de exclusión social, declarando
compatibles el aumento del 20% en la Incapacidad Permanente Total de los emigrantes retornados con el percibo de otras prestaciones procedentes del extranjero.
7. Que se recupere el 20% de la base reguladora en las pensiones de los retornados que hayan sido privados de ese complemento y La devolución de oficio de las cuantías restadas en las jubilaciones de los afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2016.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no le Ley para ampliar la exención en el IRPF a todas las ayudas de
cualquier Administración Pública para actuaciones en materia de rehabilitación de viviendas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Para garantizar el derecho a una vivienda digna es preciso, entre otras actuaciones, invertir en políticas públicas destinadas a la rehabilitación. Es una forma de contribuir a reactivar de manera sostenible el sector inmobiliario y el
empleo a él asociado, además de atender necesidades sociales en materia de habitabilidad.
La rehabilitación de viviendas debe orientarse a mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su accesibilidad universal, de su adecuación para a recogida de residuos y de su debida conservación. A
tal fin se orienta, en materia de rehabilitación, el Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 regulado en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
Así, el fomento de la rehabilitación edificatoria de este plan tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios
privativos comunes, de los edificios de tipología residencial colectivas, que cumplen una serie de requisitos.
Con carácter general, las ayudas para estas actuaciones están sujetas y no exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se consideran un incremento del patrimonio del contribuyente y deben integrase en la base
imponible del ahorro y tributar, a partir de 2016, entre el 19% y el 23%, según su cuantía.
No obstante lo anterior, el artículo 41 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, establece la exención de las ganancias patrimoniales (ayudas o subvenciones) que se pongan de manifiesto en la rehabilitación de la vivienda habitual siempre que las obras en la misma cumplan cualquiera
de las siguientes condiciones:
1. Que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 233/2013, de 5 de abril.
2. Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda
del 25 por ciento del precio de adquisición si se hubiese efectuado esta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de dicho
inicio. A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo.
Es decir, que la subvención que reciba una persona física para rehabilitar su vivienda habitual estará exenta si está regulada en el Plan Estatal, pero no lo estará si, por ejemplo, una administración local la que establece cualquier tipo de
ayuda para actuaciones de ese tipo.
En ese último caso, el contribuyente deberá tributar por la subvención, perdiendo la ayuda buena parte de su finalidad: contribuir a financiar una necesidad social e incentivar la rehabilitación para hacer más habitables los edificios
residenciales.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para extender en el IRPF la exención de las ayudas para la rehabilitación de la vivienda habitual que cumpla con lo previsto en el Real Decreto 233/2013, a las
actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas que establezcan las entidades locales y las comunidades autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/000769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ejecución del corredor de
Alta Velocidad entre Murcia y Almería, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En diciembre de 2011, el corredor Murcia-Almería contaba con seis tramos no contiguos en obras iniciadas entre 2009 y junio de 2010. El resto del trazado se encontraba en fase de redacción de proyecto, excepto la integración en Lorca y
Alcantarilla, donde se estaba redactando el estudio informativo. Otro de los tramos, Sangonera-Librilla, se había puesto en servicio 2007 conectando con la red convencional de Murcia.
Desde el Ministerio de Fomento se puso en marcha la ejecución de esta línea de manera ordenada, con una dotación de 571 M en los Presupuestos Generales del Estado entre 2012 y 2016.
Desde 2012 se ha trabajado en la conclusión de las obras en marcha, para lo que se han invertido más de 228 M en finalizar las obras de los tramos iniciados a finales de 2011. Así, se han finalizado los tramos Alhama-Totana y Totana-Lorca
(14,2 km), en los que se ha renovado la vía convencional existente, dando continuidad a las cercanías Murcia-Lorca.
Y se ha seguido impulsando su avance, adjudicando por 33 millones de euros en julio de 2015, las obras del tramo Pulpí-Cuevas de Almanzora.
Actualmente se está trabajando, en coordinación con la Junta de Andalucía, órgano ambiental competente, para resolver la situación del Proyecto de Medidas Compensatorias del corredor, cuyo principal objeto es crear un hábitat para la tortuga
mora, dado que desde el territorio se ha solicitado modificar la zona a expropiar para evitar afecciones.
La ejecución de este proyecto es un requisito de la declaración de impacto ambiental, que además está siendo exigido por la Comisión Europea con objeto de justificar los fondos asignados y cobrados en el Corredor (32 millones de euros).
Por tanto se trata de un hito necesario para continuar las obras del tramo Pulpí-Cuevas de Almanzora y dar continuidad a las obras de este Corredor.
Por otro lado, desde el Ministerio de Fomento también se está trabajando, en coordinación con la Delegación de Gobierno de Andalucía, Adif, Renfe y la Comisión Permanente de la Mesa del Ferrocarril en Almería, en la mejora a corto plazo de
las infraestructuras y servicios ferroviarios en las comunicaciones con Almería mediante:
- La reducción de tiempos de viaje de la relación Madrid-Almería. El ajuste en los horarios de algunas de las frecuencias entre Madrid-Almería i/v desde el 12 de septiembre de 2016 ha permitido reducciones de 7 minutos entre Madrid y
Almería y 23 minutos entre Almería y Madrid.
- La eliminación de limitaciones temporales de velocidad (LTV o 'precauciones'). Se están ejecutando actuaciones en los trayectos Granada-Moreda y Moreda-Almería que mejorarán la fiabilidad y suprimirán limitaciones de velocidad que estaban
establecidas en 60 km/h, lo que reducirá el tiempo algunos minutos.
- El estudio de un cambiador de ancho en Granada, que permitirá evitar el trasbordo del servicio de la línea de alta velocidad Antequera-Granada para su conexión con Almería mediante trenes híbridos.
- La supresión del paso a nivel de El Puche. Se está trabajando en una solución de soterramiento que se acordará en el seno de la Sociedad de Integración Almería Alta Velocidad.
- La rehabilitación de la antigua estación ferroviaria.
- Y la mejora de la accesibilidad en los trenes de la relación Madrid-Almería.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de continuar trabajando, en colaboración con el resto de administraciones y organismos implicados, en la mejora de las comunicaciones ferroviarias con Almería y en el desarrollo de las
actuaciones necesarias que permitan continuar con la ejecución del corredor de Alta Velocidad entre Murcia y Almería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
reinicio inmediato de las obras de los giratorios en las intersecciones de las carreteras GIV-5125 y GIV-6226 con la carretera nacional A-2, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera nacional A-2 ha sido desde siempre una de las principales vías de comunicación de las comarcas gerundenses y, al mismo tiempo, uno de los principales ejemplos de la mala gestión y abandono por parte de la Administración
responsable.
Se trata de una vía congestionada por la alta intensidad de tránsito que se registra diariamente. La lentitud y la negativa a desdoblar algunos de sus tramos para así convertirla en autovía han producido diferentes y reiteradas
problemáticas que aún esperan solución.
Una de estas problemáticas es la que padecen los conductores usuarios de los municipios de Garrigás, Pontós y otros colindantes, los cuales acceden desde la A-2 o se han de incorporar a ella desde carreteras secundarias que se dirigen a sus
municipios de trabajo o residencia.
Se trata de dos puntos negros de la vía: por un lado la intersección de la A2 con la carretera GIV-5125 por la que se accede al municipio de Pontós. Y, por otro lado, la intersección con la carretera GIV-6226 por la que se accede a los
municipios de Garrigás y Palau de Santa Eulália.
En los dos casos, los conductores se han de incorporar o salir directamente de la A2 sin carriles de aceleración o desaceleración o giratorios que puedan minimizar el riesgo y evitar la siniestralidad.
El año 2015, el Ministerio de Fomento inició la construcción de dos giratorios, pero inmediatamente se paralizaron las obras sin que en estos momentos se hayan reiniciado.
Esta inexplicable situación llevó a los vecinos afectados a organizar estos meses de verano actos de protesta consistentes en el corte de la carretera A-2, para reclamar la urgente necesidad que sean reiniciadas las obras.
La paralización de estas obras supone poner en riesgo la seguridad de los conductores además de la prolongación de una problemática por la que la vecinos afectados ya se han manifestado reiteradamente pidiendo soluciones.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a
- Reiniciar de manera inmediata y urgente las obras de los giratorios de las carreteras GIV-5125 y GI-6226 con la carretera A-2, en los términos municipales de Pontós y Garrigás respectivamente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que
se acometan las obras necesarias para el ensanchamiento del paso de la carretera C-605 bajo la vía de la antigua línea ferroviaria Palazuelo-Astorga 'Ruta de la Plata' a su paso por el Barrio de Pinilla en Zamora, para su debate en la Comisión de
Fomento.
Exposición de motivos
El paso de la carretera C-605, está situado bajo la vía de la antigua línea ferroviaria Palazuelo-Astorga 'Ruta de la Plata' en el barrio de Pinilla, punto de salida y entrada a la ciudad de Zamora. Se trata de un paso que se va estrechando
justamente a la entrada de Zamora dificultando con ello el paso de vehículos en dos sentidos, ocasionando también dificultades al tránsito de peatones.
Recientemente, a raíz de las quejas de los vecinos y vecinas de ese barrio, se articuló por parte del Ayuntamiento de Zamora una visita de los funcionarios del cuerpo de policía municipal a esta zona a fin de informar sobre la posibilidad de
riesgo para el tráfico de vehículos y peatones, señalando estos informes que respecto de la circulación sentido entrada a Zamora, 20 metros antes de llegar a la calzada se reduce el paso a 6,10 metros, 10 metros antes de llegar se reduce a 5,10
metros. Y bajo el puente de la vía se reduce a 4,10 metros. Todo ello, con 0,50 metros de arcén a cada lado. Por lo tanto, el paso simultáneo en ambos sentidos no está permitido debido a que sus dimensiones no garantizan la seguridad.
Se destacan además entre las conclusiones de los informes de la Policía Municipal otras circunstancias que agravan la situación, como son una intensidad media de vehículos muy elevada al ser justo este paso de la C-605 bajo la vía del tren
lugar de acceso y salida desde Zamora a la autovía A-66 incidiendo en que solo existe la posibilidad de paso de un sentido de circulación a la vez, por lo que el sentido contrario debe detenerse.
Respecto del barrio de Pinilla los informes señalan que el paso se encuentra 'adyacente en un barrio cuya población ha crecido sensiblemente. La estrechez del paso no permite el paso de peatones al no existir aceras ni zonas separadas para
ellos, a pesar de haber varios negocios, fincas y viviendas habitadas del otro lado'.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Fomento, a través de ADIF, acometa las obras necesarias para el ensanchamiento del paso de la carretera C-605 bajo la vía de la antigua línea ferroviaria
Palazuelo-Astorga 'Ruta de la Plata' a su paso por el Barrio de Pinilla, al objeto de que la circulación en ambos sentidos sea fluida, sin entorpecimientos en ninguno de los sentidos y desaparezcan la situaciones de peligro debidas al estrechamiento
de la calzada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2016.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
conversión en autovía y mantenimiento de la N-432, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Diputación Provincial de Córdoba ha promovido crear una mesa de trabajo sobre la conversión de la N-432 en la autovía A-81 donde estén presentes todos los municipios afectados desde Badajoz hasta Granada. También tendrán presencia en
esta mesa de trabajo las Diputaciones de Badajoz, Jaén, Granada y Córdoba y las organizaciones sindicales mayoritarias UGT y CCOO y la organización empresarial CECO.
La mesa de trabajo requerirá al Ministerio de Fomento los informes pertinentes sobre la evolución previsible del volumen del tráfico por esta vía, el coste económico de la obra y el impacto ambiental de la misma, así como establecer cauces
participativos para impulsar la información y el consenso sobre una actuación tan importante.
La conversión de la N-432 en autovía es una reivindicación ya histórica por parte de las administraciones locales, provinciales y regionales competentes en las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada, así como una exigencia de los
ciudadanos que vivimos en los municipios afectados por el tránsito de la misma.
La N-432 es una de las principales vías de comunicación del Sur de España, ya que une las capitales de las provincias de Badajoz y Granada, pasando por la capital cordobesa así como varios municipios de Jaén, convirtiéndose en la arteria
principal que discurre por varias comarcas.
La N-432 se ha visto ignorada y olvidada por el Gobierno de España en cuanto a su conversión en autovía se refiere, habiendo sido numerosos los anuncios y pocos los hechos, incluso llegándose a paralizar todos los trabajos en el año 2011
cuando un informe interno del Ministerio de Fomento recomendaba descartar la conversión en autovía por el insuficiente flujo de vehículos, lo cual es público y notorio que no coincide con la realidad.
No debemos olvidar que existen numerosos motivos que hacen necesaria la conversión de esta vía en la autovía A-81, como llegó a denominarse por parte del Ministerio de Fomento:
- Motivos de seguridad: la N-432 se ha convertido en una de las carreteras con mayor tasa de siniestralidad, tal y como informa el propio Ministerio del Interior, el cual indica que esta carretera cuenta, tan solo en la provincia de
Córdoba, con cinco puntos negros que afectan de manera importante a la seguridad de los usuarios de esta vía.
- Aumento de la densidad de tráfico: en los últimos años, la N-432 ha pasado a convertirse en una de las principales vías de conexión entre Andalucía y Extremadura. Al mismo tiempo, es una de las principales puertas de entrada al país
vecino de Portugal, lo cual conlleva un aumento considerable del tránsito de vehículos, teniendo un gran peso el transporte de mercancías.
- No debemos olvidar que Córdoba y Granada son las únicas capitales de provincia que no están unidas por autovía. Dato cuanto menos sorprendente a sabiendas que estas dos ciudades son Patrimonio de la Humanidad y se sitúan en los primeros
puestos en el ranking de ciudades más visitadas, no solamente de España sino también de Europa, y siendo una de las carreteras más utilizadas por el turismo 'de autobús'. A nadie se le escapa que el vínculo de la Mezquita de Córdoba y la Alhambra
de Granada crean un flujo de desplazamientos muy importante, a lo que se le suma su paso por varias comarcas predominantemente agrícolas donde el tráfico de vehículos pesados se hace mayor en esta carretera.
- Necesidad de mejorar las infraestructuras para conseguir el desarrollo de nuestro territorio: somos conscientes de que los territorios que cuentan con buenas infraestructuras están más desarrollados. Por ello, es fundamental contar con
buenas vías de comunicación para vertebrar el territorio, y que los municipios por los que atraviesa dicha infraestructura tengan esperanzas para mejorar su situación económica.
Pero ya no solo se hace necesario retomar el proyecto de desdoblamiento de esta vía, el cual somos conscientes que no será una realidad en un corto plazo, el problema se agrava al observarse una falta total de mantenimiento e inversión que
esta perjudicando gravemente al estado de la carretera y presentando numerosas deficiencias que suponen un peligro para la seguridad de los usuarios. Podemos destacar como ejemplo de esta falta de mantenimiento y mal estado de la vía uno de los
múltiples tramos que presentan deficiencias como es el Córdoba-Castro del Río, donde tan solo en 35,2 km se han detectado a fecha de hoy 22 incidencias graves de hundimientos, baches, elevaciones del asfalto o grietas.
Todos estos antecedentes están provocando que tanto los ciudadanos y ciudadanas de las Provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Badajoz, como diferentes administraciones de estos territorios, estén tomando partido en la problemática de esta
vía de comunicación, habiendo aprobado muchas de estas últimas diferentes mociones y acuerdos en sus órganos correspondientes para solicitar una solución. Incluso habiendo llegado en forma de Propuesta no de Ley al congreso de los Diputados de
manera interprovincial.
Antes estas reivindicaciones que están surgiendo de manera individual y sin una necesaria coordinación entre los afectados, sería conveniente articular un canal donde aunar las posturas de los implicados, trazar entre todos la línea de
trabajo a seguir y configurarse como única voz a la hora de solicitar la atención necesaria para este eje de vertebración de una gran parte del territorio Español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Instar nuevamente al Ministerio de Fomento a que retome el proyecto de conversión en autovía de la N-432.
2. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado la partida económica necesaria para iniciar dicho proyecto.
3. Fije un calendario de actuación en el proyecto indicado, con un horizonte más cercano al que anuncio la Ministra de Fomento hace tres años, por el que dio a conocer que la autovía sería una realidad en el año 2024.
4. Solicitar al Ministerio de Fomento una inmediata actuación de mantenimiento y reparación de las principales deficiencias que presenta la N-432 en diferentes puntos con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios.
5. Colaborar con la mesa de trabajo que se va a crear para que se aborde este importante de forma participativa con vistas a que se atiendan las demandas territoriales que se consideran importantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2016.-Antonio Hurtado Zurera, María Jesús Serrano Jiménez, Micaela Navarro Garzón, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Elvira Ramón Utrabo, Gregorio Cámara Villar, María Soledad Pérez
Domínguez y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para que se libere de peaje la autopista AP-7 en el tramo comprendido entre Hospitalet de l'Infant, en el municipio de Vandellós i Hospitalet de l'Infant, en la provincia de Tarragona y Cabanes en la provincia de Castellón, para su debate en
la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La autopista AP-7 circula a lo largo de la costa mediterránea y junto a ella la carretera nacional 340 que en algunos tramos tiene un considerable tránsito de vehículos de pasajeros y de vehículos pesados.
Desde hace años, el Ministerio de Fomento ha ido construyendo la autovía gratuita A-7, para lo que ha desdoblado, en unos casos, tramos de la CN-340 y en otros ha construido nuevos trazados, solucionando así los colapsos que se producían y
por tanto haciendo mucho más segura la circulación.
El gobierno del Partido Popular ha dejado de construir nuevos tramos de la mencionada autovía A-7. Hecho que obliga a que un gran número de vehículos, entre los que se cuentan un gran número de camiones, se vean obligados a continuar
utilizando la antigua CN-340 en la que continúan produciéndose colapsos y lo que es peor los accidentes continúan siendo cotidianos.
Al mismo tiempo desde el Ministerio, cada cierto tiempo, se ha anunciado que era inminente la liberación de la CN-340 de camiones, gracias a un sistema de bonificaciones, como el adoptado en Girona, cosa que no se ha hecho. Se construían 11
rotondas que no parecen más que haber hecho aumentar la cantidad y la importancia de los atascos en la circulación, Y se dibujaba una doble línea continua entre ambos sentidos de la marcha entre el Perelló y Hospitalet de l'infant (km 1.113 a 1.122)
Sin que ninguna de dichas medidas haya servido para mejorar el tránsito y sobre todo la seguridad de quienes se ven en la necesidad de utilizar la carretera.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liberar de peajes el tramo de la autopista AP-7 entre Hospitalet de l'Infant en la provincia de Tarragona y Cabanes en la provincia de Castellón, mientras no se construyan los tramos de la
futura autovía A-7 desde Hospitalet de l'Infant (provincia de Tarragona) a La Jana (provincia de Castellón).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre los diferentes proyectos de la línea de Alta Velocidad a Lugo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
Todas las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en los últimos cuatro años en relación con la conexión de la línea de Alta Velocidad Ferroviaria con Lugo han ido destinadas, invariablemente, a paralizar o suspender las
actuaciones previstas para alcanzar la conexión a la Alta Velocidad en la provincia conjuntamente con los plazos previstos para la Comunidad.
Ese proyecto, lógicamente, contempla el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y la puesta en marcha de la misma, pero también otra serie de actuaciones complementarias necesarias para que la conexión en plazo sea posible.
Entre esas actuaciones se contempló la necesidad de que Lugo se dotara de una estación intermodal.
Tanto este proyecto puesto en marcha en agosto del año 2010 en un Convenio firmado por el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y el Concello de Lugo, que impulsa la incorporación de Lugo a la Red Ferroviaria de Alta Velocidad y
constituye según el Ministerio una iniciativa estratégica para el desarrollo territorial y económico de nuestra provincia y de Galicia, como el resto de las actuaciones y proyectos en desarrollo o planificación, necesarios para la incorporación de
Lugo a la Alta Velocidad, fueron suspendidos por el Gobierno de España presidido por don Mariano Rajoy, siendo Ministra de Fomento, doña Ana Pastor. Dejando a Lugo de facto fuera del mapa de la Alta Velocidad Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Retomar de inmediato las obras en los tramo de Alta Velocidad en la provincia de Lugo paralizadas por la decisión del Ministerio de Fomento.
2. Retomar de inmediato la redacción de los proyectos pendientes para completar la línea de Alta Velocidad a Lugo.
3. Anular la paralización del proyecto de la Estación Intermodal de Lugo, que estaba siendo redactado en función del Convenio firmado en su día.
4. Adoptar las fórmulas legalmente previstas para proceder a la contratación conjunta de proyecto y obra de los tramos de la línea de Alta Velocidad entre Lugo y Ourense, a fin de acomodar los plazos de terminación de la obra al calendario
previsto para la incorporación de Galicia a la Red de Alta Velocidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre solución para la niebla en la Autovía del Cantábrico, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
En junio de 2015 el Ministerio de Fomento anunció que convocaría una consulta del mercado que ofreciera respuestas innovadoras para poner en marcha en la zona de la autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y A Xesta para la búsqueda de
soluciones innovadoras relacionadas con el diseño e implantación de sistemas de protección antiniebla en el citado tramo.
Esta consulta preliminar del mercado permitiría identificar las tecnologías y soluciones innovadoras que colaboren para solventar los inconvenientes que provoca el fenómeno de la niebla densa que se produce en ese tramo.
Después de pasar más de un año sigue sin conocerse como abordará el Ministerio de Fomento la solución de este problema; los cortes de tráfico en dicho tramo siguen siendo muy frecuentes y en ocasiones de muchas horas de duración con la
repercusión y riesgos correspondientes para el tráfico en la N 634 que es la carretera alternativa.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar y aplicar una solución que permita la utilización de la Autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y A Xesta cuando haya niebla'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
EI Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la cesión del tramo de la NII-a correspondiente a la
avenida Cataluña de Zaragoza, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La llamada avenida Cataluña de Zaragoza es un tramo de la carretera NII-a, desde el número 160 hasta el número 301, es decir, por lo tanto, de titularidad del Ministerio de Fomento, dentro de la ciudad de Zaragoza, a escasos 1.500 metros de
la plaza del Pilar.
A pesar de su responsabilidad, el Ministerio no se ocupa del mantenimiento de la vía y de la urbanización de la misma, como correspondería a una avenida dentro de una ciudad. Esto provoca que la zona no se haya desarrollado adecuada, que se
haya degradado, que se hayan cerrado negocios, etc., siendo esta una situación que lleva muchos años.
El 25 de febrero de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España la cesión de esa parte de la avenida que sigue siendo de titularidad estatal.
Pues bien, habiendo transcurrido más de seis años desde ese acuerdo plenario, la cesión no se ha producido, lo que ha provocado que la situación de la avenida sea ya insostenible. Sin embargo, sí que se han producido en otras ciudades
cesiones de tramos de carreteras nacionales que discurrían por tramos urbanos, como son los casos de Sevilla, en marzo de 2015, y Pontevedra, en septiembre del mismo año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza para la cesión del tramo de la NII-a correspondiente a la avenida Cataluña, desde el número 160 hasta el 301, en condiciones de
urbanización óptimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2016.-Rodrigo Gómez García, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
161/000820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desdoblamiento de la autovía A-4 y la liberalización
de la autopista AP-4, para su debate en la Comisión de Fomento.
El pasado 4 de julio, nuevamente la carretera A4 (antigua N-IV) volvió a cobrarse varias vidas. En esta ocasión han sido las vidas de tres jóvenes, que vienen a sumarse al goteo incesante que ha convertido a esta vía en la carretera con el
mayor número de víctimas mortales de toda España, más de un centenar en lo que va de siglo, hecho este solo explicable por el mantenimiento del tramo comprendido entre Dos Hermanas y el aeropuerto de Jerez, aún hoy sin desdoblar.
En relación al proyecto de desdoble de la autovía A4, el Gobierno de España elaboró el estudio previo para el tramo Los Palacios-Jerez de la Frontera. En dicho estudio se proponían varias alternativas, resultando la opción defendida por el
Ayuntamiento de Lebrija la elegida definitivamente, entre otros motivos, por resultar la más interesante para conseguir un desarrollo vertebrados de los pueblos afectados por su trazado.
Las obras de desdoble del tramo Dos Hermanas-Los Palacios se encuentran paralizadas en estos momentos y los más de 8 millones de desplazamientos que esta carretera asume cada año solo cuentan con una única alternativa, la AP-4, autopista
cuyo peaje se encuentra liberalizado en su tramo Jerez-Cádiz, pero que sigue manteniendo un peaje de 7,40 euros (ida y vuelta) para evitar la actual A-4, penalizando principalmente esta situación a los vecinos de las localidades de El Cuervo, Las
Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca y Jerez de la Frontera.
Ha llegado el momento de que las distintas administraciones alcancen compromisos precisos y vinculantes que, establecidos y calendarizados, permitan a todos los pueblos del Bajo Guadalquivir conocer de una vez por todas los plantes y plazos
que se contemplan para desdoblar completamente a la A-4, así como para liberalizar definitivamente la AP-4.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acelerar las obras de desdoblamiento de la carretera A4 en su tramo Dos Hermanas-Los Palacios, e incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado los créditos suficientes para iniciar el tramo Los Palacios-Jerez de la Frontera.
2. Abrir negociaciones con la concesionaria de la autopista AP-4 para anticipar la liberalización definitiva de esta autopista en el tramo Dos Hermanas-Jerez de la Frontera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Bustamante Martín, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
ejecución de las inversiones pendientes en la Red de Rodalies de Catalunya, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 2010 el Ministerio de Fomento traspasó a la Generalitat de Catalunya los servicios de Rodalies, tal como recoge el Estatut, pese a que dicho traspaso se efectuó con dos años de retraso. El Govern de Catalunya asumió la
gestión de los trenes (horarios, frecuencia de paso, tarifas, información a los usuarios) y del personal. La titularidad de la infraestructura, sin embargo, siguió en manos de ADIF, empresa pública, que depende de Fomento y que tiene como objetivo
la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Así pues, el Ministerio de Fomento se reservaba la responsabilidad sobre vías, estaciones y andenes. Además RENFE se mantuvo como la empresa que operaba el servicio.
Ese mismo año el Gobierno del Estado aprobó un Plan de Rodalies que preveía una inversión de 4.000 millones de euros, de los cuales todavía no se ha invertido ni un 10%. Este plan de inversiones, entre otros proyectos, incluía un túnel
ferroviario en Hospitalet, el intercambiador de la Torrassa y el cubrimiento de las vías a su paso por Sant Feliu, obras que mejorarian el servicio ferroviario que afecta a más de 50.000 personas.
En 2013, después de cuatro accidentes importantes de trenes en menos de tres años después del traspaso el Estado se comprometió a invertir 306 millones de euros antes del 2016 para hacer 'microcirugía' en la red de Rodalies, sobre todo en
los aspectos relacionados con la seguridad. El Gobierno español solamente ejecuto el 2% de los 306 millones para actuaciones prioritarias durante el año 2014. Dicho compromiso de gasto se dilató hasta 2018 y los 152 millones previstos para
invertir en 2015 se convirtieron en 30 según el redactado en los Presupuestos Generales del Estado.
Así mismo, según el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el total de lo presupuestado en la red ferroviaria de Catalunya para 2016, entre enero y junio solamente se han ejecutado, el 16,7% de las inversiones en
alta velocidad, el 20% de las inversiones pertenecientes a ADIF para la mejora y acondicionamiento de las instalaciones e infraestructura ferroviaria y tan solo el 2% de las inversiones que corresponderían a RENFE.
En este sentido, por ejemplo, es necesario destacar que la mayor parte de 395 hurtos de cable de cobre que han sufrido la red de Rodalies estos últimos años han sido facilitados por la mala ejecución de su colocación, en cables extendidos
por la superficie del balasto a la vista de los ladrones, o en arquetas o cunetas sin tapas o con tapas de fácil apertura. En definitiva, no se han hecho obras de protección del cableado que garantice una mínima protección contra el hurto.
El problema real, sin embargo, es que RENFE solamente es el responsable del 30% de las incidencias que se suceden en Rodalies, las restantes son culpa de la infraestructura. Es decir, de ADIF. Pero en virtud de cómo se realizó el traspasó,
el Govern de Catalunya solo tiene potestad para sancionar a RENFE y no a ADIF.
Los constantes retrasos del sistema de Rodalies en Catalunya suponen una gran problemática para la ciudadanía a la hora de desplazarse y un gran problema en lo que respecta a la movilidad de pasajeros y se suman también al deplorable estado
en el que se encuentran algunas instalaciones de la red de Rodalies, propiedad de ADIF.
En cualquier caso, las estadísticas comparativas entre RENFE Rodalies, los Ferrocarrils de la Generalitat y el Metro de Barcelona o la misma red de Cercanías de Madrid demuestran que cuando la gestión de vías, estaciones, andenes, trenes y
servicio están unificadas y en manos de una unidad de gestión próxima a la ciudadanía, el servicio público a la ciudadanía es más eficiente. Urge, por tanto, la asunción plena de todo del servicio de Rodalies de Catalunya por una única autoridad
catalana, que asuma la titularidad de las infraestructuras ferroviarias y de la unidad de gestión que, dentro de la empresa pública RENFE, se ocupa de gestionar el servicio de Rodalies. Así como los recursos y financiación que haga posible la
prestación de un servicio de calidad.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados reconoce la infrafinanciación de la Red de Rodalies de Catalunya e insta al Gobierno español a:
1. Realizar las inversiones no ejecutadas pertenecientes al Plan de Rodalies de Catalunya que tenía una cantidad total de 4.000 millones de euros.
2. Realizar, de manera inmediata, las inversiones no ejecutadas pertenecientes a los 306 millones de euros destinados a actuaciones prioritarias
3. Realizar, antes de la finalización del año, el total de las inversiones ferroviarias en Catalunya presupuestadas para 2016 o, en su defecto, transferir la cantidad no ejecutada a la Generalitat de Catalunya.
4. Contemplar en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas correspondientes para el cumplimiento de los puntos 1 y 2.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
traspaso íntegro a la Generalitat de Catalunya de la Red de Rodalies de Catalunya, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 2010 el Ministerio de Fomento traspasó a la Generalitat de Catalunya los servicios de Rodalies, tal como recoge el Estatut, pese a que dicho traspaso se efectuó con dos años de retraso. El Govern de Catalunya asumió la
gestión de los trenes (horarios, frecuencia de paso, tarifas, información a los usuarios) y del personal. La titularidad de la infraestructura, sin embargo, siguió en manos de ADIF, empresa pública, que depende de Fomento y que tiene como objetivo
la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Así pues, el Ministerio de Fomento se reservaba la responsabilidad sobre vías, estaciones y andenes. Además RENFE se mantuvo como la empresa que operaba el servicio.
Ese mismo año el Gobierno del Estado aprobó un Plan de Rodalies que preveía una inversión de 4.000 millones de euros, de los cuales todavía no se ha invertido ni un 10%. Este plan de inversiones, entre otros proyectos, incluía un túnel
ferroviario en Hospitalet, el intercambiador de la Torrassa y el cubrimiento de las vías a su paso por Sant Feliu, obras que mejorarían el servicio ferroviario que afecta a más de 50.000 personas.
En 2013, después de cuatro accidentes importantes de trenes en menos de tres años después del traspaso el Estado se comprometió a invertir 306 millones de euros antes del 2016 para hacer 'microcirugía' en la red de Rodalies, sobretodo en los
aspectos relacionados con la seguridad. El Gobierno español solamente ejecuto el 2% de los 306 millones para actuaciones prioritarias durante el año 2014. Dicho compromiso de gasto se dilató hasta 2018 y los 152 millones previstos para invertir en
2015 se convirtieron en 30 según el redactado en los Presupuestos Generales del Estado.
Así mismo, según el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el total de lo presupuestado en la red ferroviaria de Catalunya para 2016, entre enero y junio solamente se han ejecutado, el 16,7% de las inversiones en
alta velocidad, el 20% de las inversiones pertenecientes a ADIF para la mejora y acondicionamiento de las instalaciones e infraestructura ferroviaria y tan solo el 2% de las inversiones que corresponderían a RENFE.
En este sentido, por ejemplo, es necesario destacar que la mayor parte de 395 hurtos de cable de cobre que han sufrido la red de Rodalies estos últimos años han sido facilitados por la mala ejecución de su colocación, en cables extendidos
por la superficie del balasto a la vista de los ladrones, o en arquetas
o cunetas sin tapas o con tapas de fácil apertura. En definitiva, no se han hecho obras de protección del cableado que garantice una mínima protección contra el hurto.
El problema real, sin embargo, es que RENFE solamente es el responsable del 30% de las incidencias que se suceden en Rodalies, las restantes son culpa de la infraestructura. Es decir, de ADIF. Pero en virtud de cómo se realizó el traspaso,
el Govern de Catalunya solo tiene potestad para sancionar a RENFE y no a ADIF.
Los constantes retrasos del sistema de Rodalies en Catalunya suponen una gran problemática para la ciudadanía a la hora de desplazarse y un gran problema en lo que respecta a la movilidad de pasajeros y se suman también al deplorable estado
en el que se encuentran algunas instalaciones de la red de Rodalies, propiedad de ADIF.
En cualquier caso, las estadísticas comparativas entre RENFE Rodalies, los Ferrocarrils de la Generalitat y el Metro de Barcelona o la misma red de Cercanías de Madrid demuestran que cuando la gestión de vías, estaciones, andenes, trenes y
servicio están unificadas y en manos de una unidad de gestión próxima a la ciudadanía, el servicio público a la ciudadanía es más eficiente. Urge, por tanto, la asunción plena de todo del servicio de Rodalies de Catalunya por una única autoridad
catalana, que asuma la titularidad de las infraestructuras ferroviarias y de la unidad de gestión que, dentro de la empresa pública RENFE, se ocupa de gestionar el servicio de Rodalies. Así como los recursos y financiación que haga posible la
prestación de un servicio de calidad.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Hacer efectivo el traspaso del servicio de Rodalies y Regionales, cuyo recurrido se realice en la misma comunidad autónoma, al Govern de Catalunya, incluyendo las vías, estaciones, infraestructuras, material móvil, unidad empresarial de
gestión y la financiación suficiente para poder prestar un servicio de calidad; y la aportación económica para realizar todas las inversiones necesarias y que a fecha de hoy no han sido realizadas por parte de ADIF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputada doña Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
resolver de forma definitiva e inmediata los problemas de ruido provocados por el tráfico en la autopista AP-7-B30 en su paso por Mas Gener (Mira-sol) en el municipio de Sant Cugat del Vallès para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde hace años las vecinas y vecinos de Mas Gener, un barrio de Mira-sol en el municipio de Sant Cugat del Vallès, han expresado su malestar por el ruido de la autopista AP-7-B30, especialmente desde la creación, en 2003, de la nueva salida
que aproximó aún más el paso de vehículos a las viviendas de la calle Guadalajara en dicho barrio. Mientras en la autopista hay instaladas desde hace años unas pantallas acústicas estándares (todas ellas de igual características y altura), en la
calle Guadalajara, número 1, y en los distintos viaductos, no existe ningún tipo de pantalla.
Al tratarse de una infraestructura de competencia estatal, es de aplicación la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. De acuerdo con la Ley 37/2003, los sectores de territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte pueden quedar
gravados por servidumbres acústicas.
Las zonas de servidumbre acústica se deben delimitar en los mapas de ruido medido o calculado por la administración competente.
Los mapas de ruido deben revisarse y, de ser conveniente, modificarse cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación. A partir de dichos mapas se deben desarrollar los planes de acción en materia de contaminación acústica con las
medidas correctoras que sean adecuadas. Para las infraestructuras preexistentes, los planes de acción en materia de contaminación acústica se deben realizar antes del 31 de diciembre de 2020.
El mapa estratégico de ruido de la AP7, aprobado en diciembre de 2007, preveía desarrollar estudios de detalle para determinar el alcance de las medidas correctoras a implementar para reducir los niveles de ruido. Sin embargo, dichos
estudios no se han llegado a realizar nunca. Asimismo, tampoco se ha actualizado el mapa de ruido una vez pasados los cinco años de su aprobación.
El 21 de mayo de 2013, el Pleno del Ajuntament de Sant Cugat del Valles aprobó una moción institucional, con el apoyo de todos los grupos municipales, sobre medidas protectoras contra la contaminación acústica causadas por las
infraestructuras viarias en el municipio de Sant Cugat del Valles. En el caso de la autopista AP7, se instaba al Ministerio de Fomento a revisar su propuesta de actuación contra el ruido, definida en el mapa estratégico de ruido de diciembre de
2007, así como a reasfaltar con asfaltos microgranulares o sonoreductores el tramo que recorre Sant Cugat del Vallés, del mismo modo que ya se había hecho en el municipio de Molins de Rei.
Por otro lado, el Ajuntament de Sant Cugat del Vallés solicitó a la Diputación de Barcelona mediante el Plan de Concertación 2013, la realización de medidas sonométricas para avaluar el nivel de ruido de la autopista AP7-B30 en su paso por
el barrio de Mas Gener en Mira-sol. Entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre de 2013, la Oficina Técnica de Evaluación y Gestión Ambiental de la Diputación de Barcelona hizo medidas sonométricas con una unidad móvil en dos puntos, calle
Guadalajara, 1, y calle Folch i Torres, 9, durante una semana en cada punto, y se comprobó que se producía un incumplimiento de los objetivos de calidad en el horario nocturno en los dos puntos por superar en más de 3dB(A), y en el caso de la calle
Guadalajara 1, incluso se detectó incumplimiento en horario diurno y vespertino.
El 24 de febrero de 2014 el Ajuntament de Sant Cugat del Vallés transmitió una carta al Ministerio de Fomento adjuntándole el informe técnico de la Diputación de Barcelona, pidiéndole que tuviera en cuenta los resultados obtenidos al
realizar el nuevo mapa estratégico de ruido y le remitió información respecto de las medidas y actuaciones contra el ruido ejecutadas en el término municipal de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio de Fomento respondió el 20 de mayo de 2014
indicando que continuaba sin desarrollar los estudios de detalles previstos en el Mapa Estratégico de Ruidos (2007) para determinar el alcance de las medidas correctoras a implementar para reducir los niveles de ruido. Asimismo, indica el
Ministerio que dentro de los trabajos de conservación, durante el año 2013, se han aplicado pavimento sonoreductores en la AP7 entre el PK 157+100 y el PK 160+100; y que está previsto durante el 2014 la aplicación de asfalto sonoreductor en toda la
AP7, así como en los laterales de la B30.
Dentro del Plan de Concertación 2015 de la Diputación de Barcelona, se solicita la realización de nuevas medidas de la autopista AP7-B30, para verificar la mejora acústica con el cambio de pavimento. Una vez realizada la substitución del
asfaltado, la semana del 13 al 27 de abril de 2015, técnicos de la Diputación volvieron a realizar las medidas sonométricas durante dos semanas con una unidad móvil en los mismos puntos. Los resultados obtenidos indican que se continua incumpliendo
los objetivos de calidad, incluso empeoraban en horario nocturno.
Todo ello demuestra la dejadez del Ministerio de Fomento y la nula voluntad de resolver la situación que desde hace años padecen las vecinas y vecinos de Mas Gener, que padecen ruidos de la autopista AP7-B30 afectándoles a su salud, sobre
todo en la infancia y en las personas mayores, ya que no pueden descansar por la noches. Además, los resultados demuestran, y así lo manifiestan las vecinas y vecinos afectados, que ello repercute incluso en sus relaciones interpersonales,
familiares y sociales.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Elaborar un nuevo mapa estratégico del ruido en la AP7 antes de finalizar el primer trimestre de 2017.
2. Desarrollar cuantas medidas sean necesarias a fin y efecto de minimizar los niveles de ruido provocados por la AP-7-B30 en su paso por el municipio de Sant Cugat del Vallés.
3. Incorporar en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 una partida presupuestaria a fin y efecto de desarrollar dichas acciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
puesta en marcha de la Ronda Sur y rescate urgente de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El 24 de mayo de 2014 se hacía público el anuncio por el que se informaba del contrato de la Dirección General de Carreteras del Estado, con las empresas Acciona Ingeniería, SA, y Berceo Ingenieros, SL, por el que se encomendaba a estas
empresas la realización de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-68, tramo Arrubal-Navarrete, en el precio de 1.092.143 euros y con un plazo de ejecución de 24 meses.
El Director General de Carreteras, confirmaba el 26 de octubre de 2015, que los proyectos se encontraban en su última fase de redacción y que en los próximos meses serían sometidos a exposición pública.
El presupuesto del Estado para 2016 no contemplaba partida presupuestaria alguna para el inicio de las obras, ni en años posteriores.
En la actualidad la AP-68 tiene prorrogada la concesión desde el año 2000 hasta el 2026 por decisión de un Gobierno del Partido Popular.
El Partido Popular ha ido prometiendo que las obras para convertir la autopista entre Arrúbal y Navarrete iban a estar acabadas para el 2016 o 2017. La realidad es que todavía no tenemos ni presentado el proyecto públicamente.
El rescate de la A-68 en este tramo es una necesidad vital para la ciudad, que tiene que soportar en la actualidad la mayoría del tráfico rodado por la circunvalación, con el consiguiente problema de ruidos, accidentes, y demás problemas de
crecimiento, y conexión con los polígonos industriales.
El Ministro de Fomento, en una reciente visita a nuestra Región, ha reconocido que la Ronda Sur no figura entre sus prioridades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Que proceda a la exposición pública de forma inmediata de los proyectos ya redactados de trazado y construcción: Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, denominados nueva ronda sur de Logroño.
2. Que la liberación de la Ronda Sur no se demore, en ningún caso, más allá de 2017 y que, para ello, se inicien de forma inmediata las negociaciones con la concesionaria de la AP-68 para liberar el tramo Arrúbal-Navarrete.
3. Que en el acuerdo con la concesionaria se establezcan las medidas necesarias respecto a la eliminación de peajes y nuevos peajes troncales, para garantizar que en el mínimo tiempo posible se hace efectivo dicho rescate, mientras continúa
el desarrollo de los nuevos accesos y obras complementarias.
4. Que las obras del proyecto de la Ronda Sur de Logroño sean prioritarias para el Ministerio de Fomento, reflejándose esta prioridad en los Presupuestos Generales del Estado y en la ejecución de los
mismos, de manera que las obras de la Ronda Sur, tanto los nuevos accesos como conexiones, estén finalizadas como muy tarde a finales de 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-César Luena López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para avanzar en la redacción del
estudio informativo de la línea de alta velocidad Murcia-Cartagena, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Existe un gran consenso a nivel internacional en el importante papel que las infraestructuras de transporte desempeñan como elemento catalizador del crecimiento económico, y en concreto, el papel del AVE como elemento vertebrador y generador
de riqueza.
Además, el AVE es una palanca fundamental de desarrollo de uno de los principales motores de este país, el sector turístico. España, como tercer destino turístico del mundo requiere de unas infraestructuras terrestres de primer nivel para
facilitar el tránsito de los turistas que entran por los aeropuertos, y para ello, la red de alta velocidad tiene una función clave en los movimientos interiores.
Por otro lado, la existencia de infraestructuras de transporte de calidad permite a nuestro país ser el destino de inversiones que generan empleo cualificado. Además, España ofrece la posibilidad de conexión entre numerosas capitales de
provincia a través de una red de alta velocidad cada día más extensa.
Nuestras infraestructuras ferroviarias y en especial la alta velocidad en el actual escenario de recuperación económica juegan un papel fundamental a la hora de fortalecer el pulso de la actividad socioeconómica.
Nuestro modelo de alta velocidad es hoy una referencia en todo el mundo que debemos seguir potenciando. Contamos con un sistema de transporte ferroviario de última generación, que cada día estamos mejorando para hacerlo más eficiente y
competitivo.
Por ello, este Gobierno ha hecho una apuesta inequívoca para que la red de alta velocidad siga creciendo y llegue a más puntos de nuestra geografía, tal como recoge el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) del Ministerio de
Fomento.
Invertir en alta velocidad es invertir en un futuro mejor para todos los ciudadanos españoles; es apostar por un país mejor conectado que facilite el progreso de todas sus regiones. Por eso, desde que comenzó la legislatura, y a lo largo
de estos años, el AVE ha sido una prioridad en la política de infraestructuras de este Gobierno.
Tal como indica el PITVI, el desarrollo de la red de alta velocidad proporcionará la base de la extensión progresiva de los servicios ferroviarios que enlacen España con otros países europeos sin discontinuidad de anchos, dando coherencia a
la red interna con la red europea, articulado desde la cohesión territorial y la vertebración que ofrecen al territorio la finalización de los corredores previstos.
Para ello, se incorporarán los tramos actualmente en construcción a la red ferroviaria de alta velocidad, para poner en valor secuencialmente las inversiones en ejecución, permitiendo una mejora progresiva de los tiempos de viaje.
En este contexto, actualmente se avanza en las obras que permitirán la llega de la alta velocidad a Murcia, con la ejecución del tramo Monforte del Cid-Murcia, así como con la extensión del ancho UIC y la alta velocidad hasta Cartagena.
En el caso de la línea de alta velocidad Murcia-Cartagena, tras años de negociaciones, finalmente en el año 2012, se acordó una solución lo que ha permitido iniciar la tramitación del estudio informativo, que ya se ha sometido a información
pública y se encuentra pendiente de declaración de impacto ambiental.
En este sentido, es preciso continuar impulsando los trámites hasta la aprobación del Estudio Informativo, que permita desarrollar posteriormente la mejor alternativa.
Estas conexiones permitirán continuar un proyecto clave de gran envergadura para el futuro económico y social del litoral Mediterráneo y de toda España como es el Corredor del Mediterráneo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de impulsar la finalización del estudio informativo de la línea de alta velocidad Murcia-Cartagena, así como de las actuaciones que permitan dar continuidad en ancho estándar
a los tramos que integran el Corredor Mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Deporte
161/000785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en el deporte profesional, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El artículo 14 de la Constitución Española señala que 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social'. Un principio que, si bien es del todo deseable, no siempre se cumple.
En este caso, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, consideramos que existe una vulneración de derechos tanto fundamentales como laborales de las deportistas profesionales de diferentes deportes que poseen en sus respectivos contratos
cláusulas que estipulan que pueden ser despedidas en caso de quedarse embarazadas. Un ejemplo de posibles rescisiones de contrato por embarazo son las jugadoras de baloncesto profesionales, que equipara el quedarse embarazada a una 'deficiente
conducta profesional'. Unas cláusulas que no han sido revocadas ni por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ni por la Federación Española de Baloncesto (FEB).
Aquí debemos tener en cuenta también la responsabilidad del Consejo Superior de Deportes (CSD), a la hora de tolerar esta práctica. Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en sus recomendaciones relativas a
la protección de la maternidad que siempre que el empleador sea notificado, por medio de un certificado médico del embarazo de la mujer, el plazo por el que sea ilegal despedir a la trabajadora comienza desde el momento de la notificación hasta un
mes después. Un plazo que no se estaría cumpliendo. A esta recomendación de la OIT, se debe añadir la Declaración sobre la Igualdad de Oportunidades de Trato para la Trabajadora que España ha suscrito y que, en su artículo ocho, indica que las
responsabilidades familiares no podrán ser causa de despido.
El CSD, como entidad responsable de velar por el Deporte en España, también ha suscrito la Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte, que señala que: 'El deporte y las actividades deportivas forman una parte esencial de la cultura
de cada nación. No obstante, a pesar de que las mujeres y chicas forman más de la mitad de la población mundial, el porcentaje de su participación en el deporte, aunque varía de país en país, es siempre inferior al porcentaje de los hombres y
chicos. Durante los últimos años se ha visto un aumento en la participación femenina en el deporte y en los oportunidades para las mujeres de participar en competiciones nacionales e internacionales; sin embargo las mujeres no han llegado a
disfrutar de una mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están significativamente subrepresentadas en las funciones de director, entrenador y juez, especialmente a los niveles más altos. Mientras que no
haya mujeres que dirijan, decidan o sirvan de
modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades para las mujeres y chicas' y establece entre los objetivos el que los firmantes de la declaración 'aseguren a todas mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en
un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo' e 'incrementen la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y roles.' Instando para ello a los Estados y
Gobierno a 'hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurarse que las instituciones y organizaciones a cargo del deporte respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres'.
El CSD a su vez, también se ha adherido al 'Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte' el cual pretende implicar a todas las personas, organismos, instituciones o entidades públicas o privadas relacionadas
directa o indirectamente con la actividad física con el fin de garantizar una serie de principios de igualdad en el deporte entre los que se encuentran:
- Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los
ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitros, juezas, periodistas e investigadoras.
- Introducir el principio de igualdad de oportunidades como una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte.
- Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su incorporación y reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y posibilitando la conciliación de su formación académica, desarrollo
personal y profesional.
En base a todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, consideramos que la maternidad no puede ser nunca una causa de la finalización de contrato entre una empresa y la trabajadora, debiendo protegerse todo lo relativo a la
gestación mediante las medidas precisas de salvaguarda para garantizar que todas las mujeres puedan desarrollarse completamente indiferentemente de la profesión que desarrollen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de evitar que las deportistas profesionales puedan ser despedidas en caso de embarazo en concordancia con los convenios y declaraciones internacionales que España ha suscrito.
2. Llevar a cabo las inspecciones laborales necesarias en este ámbito a fin de detectar posibles vulneraciones de derechos de deportistas profesionales mediante cláusulas en sus contratos que puedan chocar frontalmente contra la maternidad
y los convenios y declaraciones internacionales que España ha suscrito en relación a su protección.
3. Instar a la Federación Española de Baloncesto, así como a la Federación Internacional de Baloncesto a que declare este tipo de prácticas nulas en los contratos que rijan las relaciones profesionales entre jugadoras y clubes tanto en
España, como en otros países en que se esté permitiendo.
4. Evaluar si existen prácticas similares desde otras federaciones nacionales en otros ámbitos deportivos.
5. Establecer como requisito primordial en el acceso a las cuantías que concede el Consejo Superior de Deportes, mediante el Programa Mujer y Deporte para promocionar la participación femenina en el deporte, la necesidad de no consentir
cláusulas que atenten contra la maternidad en los contratos que se hagan a las deportistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la accesibilidad en pabellones e instalaciones deportivas, para su debate en la Comisión para Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Como establece el artículo 7, punto tercero, del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla sobre el derecho a la igualdad, 'las administraciones públicas protegerán de
forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad', entre los que se recoge, el derecho al 'acceso a la cultura y al deporte'.
Continúa el mismo texto normativo, en su artículo 51 punto octavo, indicando que 'las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollarán, siempre que sea posible, de acuerdo con el principio de accesibilidad
universal en las instalaciones y con los medios ordinarios puestos al servicio de la ciudadanía'. Y es que, como bien establece el principio de accesibilidad universal, las infraestructuras deben ser practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Cuando acudimos a la Ley 10/1990, del Deporte, en sus artículos 3, punto tercero, y 4, punto segundo, esta establece que 'las instalaciones deportivas deberán tener en cuenta las necesidades de accesibilidad y adaptación de los recintos para
personas con movilidad reducida' y que además 'es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir a su plena integración
social'
Si bien se ha avanzado mucho en materia de accesibilidad, aún queda bastante camino por recorrer para que se cumplan completamente las normas anteriormente citadas. Por poner un ejemplo, a los deportistas en silla de ruedas les resulta
imposible acceder a los vestuarios y aseos en los pabellones e instalaciones deportivas. Esto se debe a que el Código Técnico de Edificación exige que como mínimo el ancho de paso para las puertas sea de 0,78 m y estos deportistas utilizan sillas
especiales que presentan ruedas inclinadas y que por lo tanto necesitan una mayor anchura de paso y de giro.
Por todo ello, creemos necesario que se desarrolle una normativa que logre que todas las instalaciones deportivas sean realmente inclusivas y universalmente accesibles, y que con ello, se eliminen al máximo las barreras que todos los
deportistas con discapacidad se puedan encontrar a la hora de disfrutar su derecho a desarrollar libremente su personalidad practicando deporte.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para lograr unas adecuadas condiciones de accesibilidad en todos los recintos deportivos, y entre ellas:
1. Que se desarrolle una normativa nacional de accesibilidad en instalaciones deportivas -a semejanza de las normas NIDE- que sea de obligado cumplimiento y en la que se establezcan las condiciones mínimas de accesibilidad para que en ellas
sea posible la práctica de deportes adaptados.
2. Que mientras se desarrolla esta normativa sectorial de accesibilidad, se impulse la urgente modificación del Código Técnico de Edificación, y que dentro de la Sección SUA 9 'de accesibilidad', se amplíe la exigencia en cuanto a anchura
libre de paso en puertas hasta 0,95 m, medidos en el marco, no pudiendo ser esta anchura de paso inferior a 0,92 m al verse reducida por el grosor de la hoja.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2016.-Juan Jiménez Tortosa, Sonia Ferrer Tesoro y Javier Antón Cacho, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la incorporación de mujeres a la estiba en el puerto
Bahía de Algeciras, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La presencia de mujeres en el trabajo de la estiba es relativamente reciente, comenzando su incorporación paulatina en la década de los noventa. Su excelente rendimiento y su compromiso sindical activo ha permitido que las reticencias
iniciales se fuesen disipando, y medidas como los turnos fijos a media jornada en las rotaciones o los dos meses de descanso compensatorio en el periodo de lactancia, así como otras sobre la conciliación de la vida laboral y familiar incorporadas a
los convenios colectivos han permitido la asunción de un papel activo de las mujeres en el trabajo portuario y su normalización en el sector de la estiba.
Además de los principales puertos europeos, en nuestro país Bilbao, Barcelona o Valencia son puertos en los que ya hace años que se produjo la incorporación de mujeres, y en Andalucía, Cádiz o Málaga también tienen a mujeres entre el
personal de estiba. Es algo que, aunque a un ritmo lento, ya es una realidad no solo en ámbito de países en los que se supone que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor poco cuestionable por la sociedad, sino que la presencia de mujeres en
los muelles se está produciendo incluso en países en los que aún esa igualdad ni siquiera se pregona en términos meramente formales.
Toda regla tiene una excepción y el puerto de Algeciras, el más importante de España, cuenta con 1.879 estibadores, todos hombres. La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras, S.A., de gestión de estibadores portuarios,
cuenta en Algeciras con 1.522 trabajadores fijos y 357 eventuales. Todos los puertos de interés general del Estado, de entidad similar al algecireño, han superado ya un anacronismo de este tipo tan inexplicable como injustificado.
Esta situación viene siendo denunciada por una asociación de Mujeres Estibadoras, que nació hace dos años en Algeciras tras cosechar en tiempo record miles de adhesiones a través de las redes sociales, que además ha emprendido la labor
constante de dar a conocer el problema y reclamar con toda justicia la superación del actual estado de cosas,
No se puede tolerar por más tiempo que se permita esta flagrante discriminación a las mujeres en suelo andaluz, en un puerto de esta importancia y con unos índices de desempleo devastadores en la provincia, que para las mujeres sobrepasan
ampliamente el límite de lo asumible.
No hay que olvidar que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (organismo público dependiente del Ministerio de Fomento) es quien gestiona el puerto de interés general Bahía de Algeciras.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a:
1. Tomar las medidas políticas y administrativas necesarias para garantizar mecanismos que aborden la composición exclusivamente masculina de la plantilla de estiba en el puerto Bahía de Algeciras.
2. Acordar las medidas oportunas para que la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras elimine de inmediato las trabas que están impidiendo la incorporación de las mujeres al trabajo portuario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-Eva García Sempere, Miguel Ángel Bustamante Martín y María Isabel Salud Areste, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
161/000801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
uso de la antigua Residencia Sanitaria de la ciudad de Lugo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
En noviembre de 2010 se inauguró el Hospital 'Lucus Augusti' en la ciudad de Lugo, dejando sin uso la antigua Residencia Sanitaria ubicada en la calle Doctor Ochoa, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Los edificios en los que se ubicaba la citada Residencia Sanitaria no tienen función desde ese momento, con su consiguiente deterioro y el perjuicio para la zona, que perdió su centro de actividad y dinamismo.
Transcurridos cinco años desde esa pérdida de uso, la Xunta de Galicia no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de dichas instalaciones, a pesar de la necesidad de la ciudad de descongestionar centros de salud o de poner en
funcionamiento centros de día para personas dependientes, entre otras necesidades.
El artículo 104 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), dispone que
las actuaciones en materia de patrimonio de la Seguridad Social deben efectuarse a través de la TGSS, por ser la titular de dicho patrimonio.
Es por ello que, toda vez que el edificio cedido ha dejado de utilizarse por la Xunta de Galicia para el fin por el que se adscribió, conforme al artículo 104.2 de la LGSS, la Administración autonómica debe poner ese hecho en conocimiento de
la TGSS, ya que, además de lo ya señalado en la LGSS, como recogió el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de noviembre de 2010, las transferencias del patrimonio de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas son cesiones de bienes
patrimoniales para la prestación de un servicio concreto, en una materia determinada, de modo que 'se cede el uso y si el bien se abandona o deja de cumplir el fin propio de su destino, se produce la reversión a su titular, es decir, a la Tesorería
General de la Seguridad Social'.
La Xunta de Galicia debe pronunciarse sobre el destino que quiere otorgar a esa cesión patrimonial con fines sanitarios y, si no va a utilizar esos edificios de acuerdo a los fines para los que fueron transferidos, deberá ponerlo en
conocimiento de la TGSS, con el fin de devolver o revertir el inmueble o para analizar otros posibles usos de naturaleza pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, titular del patrimonio de la Seguridad Social, se interese por las instalaciones de la antigua Residencia Sanitaria de la ciudad
de Lugo, con el fin de que, si no se utilizan para los fines para los que fueron transferidos, se proceda a su reversión. Y ello, sin perjuicio de que se analicen otras peticiones de posibles usos de naturaleza pública por parte de las
Administraciones concernidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley de acciones a tomar frente a la situación de los trabajadores del campo contratados por empresas de trabajo temporal, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Desde que en 1994 se crearon las empresas de trabajo temporal (ETT), éstas no han hecho más que aumentar hasta el punto, en el País Valenciano, de superar con mucha diferencia las oficinas del INEM (hay caso 200 ETT frente a poco más de 50
oficinas del INEM) lo que supone una sustitución del servicio público de busca de empleo por otro privado, en el que se delega el trabajo precario.
Seguramente una de las situaciones más penosas de la actividad de algunas ETT y algunas empresas de servicios en el territorio valenciano sea la del trabajo en el campo y, concretamente, la del sector de los recolectores de cítricos.
En este campo se dan algunas de las situaciones laborales más injustas y que más se acercan a lo que se denomina esclavitud moderna de todo el panorama laboral del Estado.
Como breve resumen de la situación en el campo, más del 50% de los recolectores son contratados por estas ETT y de este 50%, alrededor del 60% son trabajadores inmigrantes, cuya explotación llega, en algunos casos, hasta el punto de vivir
amontonados en viviendas del mismo propietario que la ETT, con alquileres abusivos que se descuentan de su salario.
Con esta situación, la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se ha visto obligada a tomar medidas que la han llevado a que este año hayan sido expedientadas 16 empresas, entre ETT y empresas de
servicios, con la catalogación de infracción muy grave con sanciones que van desde los 6.000 a los 190.000 .
El caso de las ETT, no es solo un efecto negativo sobre los inmigrantes sino que afecta a todos los trabajadores del sector sin discriminaciones, puesto que consolidan situaciones injustas que provocan que una persona que trabaje para una
ETT cobrará mucho menos por el mismo trabajo que realiza cualquier otra persona que lo haga para una empresa privada.
Estas diferencias de sueldo llegan a un punto en el que por la misma cantidad recolectada una persona contratada por una ETT, esta puede llegar a percibir hasta más del 26% menos de salario que una persona contratada por un almacén, lo que
significa un fraude a la Seguridad Social, puesto que muchas ETT modifican las horas trabajadas rebajándolas en la declaración. Así, una persona que ha trabajado de sol a sol toda la semana puede ver reducidas sus horas trabajadas hasta solo seis
días al mes.
Este engaño a la Seguridad Social es posible porque algunas ETT facturan el global de los kilos recolectados sin especificar el número de trabajadores empleados, lo que sirve a las empresas que contratan mediante estas ETT para ahorrar
costes, puesto que no tienen que pagar los días trabajados por las personas recolectoras. Una situación, la de abaratar costes, a la que se han visto abocados comercios y cooperativas debido a la baja rentabilidad de las explotaciones citrícolas
durante los últimos 15 años.
Además hay grandes incumplimientos del convenio colectivo del sector sobre todo en cuanto a la contratación de eventuales, por obra y servicio determinado, incumpliendo el artículo 18 del convenio, y que tendrían que ser contratados como
fijos discontinuos.
También hay que situar todos estos datos en el plan de los sueldos en el que se están moviendo en estas ETT, desde sueldos sucios de 20 al día por más de 10 horas de trabajo, hasta casos de nóminas en negativo en que es la persona
contratada quien tiene que pagar a la ETT o empresa de servicios. Estas situaciones se deben al hecho de que, además de pagar salarios por debajo de convenio, se les cobran conceptos como el alquiler de las herramientas, el transporte o el lugar
donde viven. Incumpliendo en todo el convenio del sector, puesto que el desplazamiento tiene que ir a cargo de la empresa o pagar por kilómetros realizados (art. 12), además de otros incumplimientos como la obligación de pagar el 50% del salario
en jornal si se suspende el trabajo por lluvia, cosa que actualmente supone que muchos trabajadores acaban pagando su propio seguro sin recibir ningún sueldo por ese día, o los incrementos del salario para días festivos (art. 28).
Todo esto no solo supone un atentado contra los derechos de las personas que trabajan en el campo, un cambio de paradigma en cuanto al mercado laboral que precariza y avala el tráfico de trabajadores y trabajadoras, sino que también supone
un agravio comparativo de competencia desleal frente a las empresas que cumplen con las condiciones laborales.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social refuerce la dotación económica y de personal para la Inspección de Trabajo para que se tomen las medidas necesarias que eviten los casos de semiesclavitud a la que son sometidas las personas
trabajadoras del campo valenciano y de otros lugares del Estado.
2. Que derogue el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, para que se primen los convenios colectivos de sector sobre los convenios de empresa.
3. Que aumente las sanciones imponibles a las ETT y empresas de servicios por incumplimientos de la normativa del trabajo para que no sea rentable explotar a las personas trabajadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2016.- Ignasi Candela Serna, Diputado.- Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo al sector del carbón y
a las comarcas mineras, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La aplicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, las autoridades españolas expresaron en dicho año 2010 el firme compromiso de
mantener el contenido del mismo sin ninguna modificación posterior. La Comisión tomó nota de este compromiso, que implicaba que ninguna prolongación del mecanismo establecido en dicho Real Decreto 134/2010 sería posible más allá del 31 de diciembre
de 2014 en ningún caso.
Sobre la previsión de que el mecanismo de compra obligatoria de carbón a través de las restricciones por garantía de suministro, son elocuentes las palabras expresadas en Valladolid el 15 de octubre de 2010 por el socialista Sr. don Joaquín
Almunia, entonces vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia sobre que se vivían los minutos de prórroga -'estamos en el minuto 92'- y que la última oportunidad era alargar la normativa española de incentivos al consumo
hasta 2014, apoyando el contenido de la Decisión 2010/787/UE de 10 de diciembre de 2010 que constituye el marco normativo europeo que regula las ayudas en el sector de la minería del carbón.
Finalmente, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), aprobó por mayoría ampliar las ayudas al carbón hasta 2018, pero se condicionaban a su cierre, como fecha máxima, el 31 de diciembre de ese año. La propuesta de Decisión del
Consejo relativo a la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas fue respaldada por la mayoría de los países en el COREPER y ratificada dos días después por el Consejo de Ministros de Competitividad. Dicha Decisión
2010/787/UE, establece un proceso ordenado de cierre de las minas no competitivas hasta el fin del 2018, momento a partir del cual todas las explotaciones mineras que hayan recibido ayudas, deben estar cerradas, o en caso contrario devolver las
ayudas recibidas.
Por tanto, en el momento actual, es inviable cualquier posibilidad de implementar medidas que sean contrarias a la Decisión 20101787/UE de la UE.
Al finalizar el periodo de vigencia del citado Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, en concreto desde el 1 de enero de 2015, se ha producido un desplome de los precios del carbón importado en los
mercados internacionales, lo que ha provocado la pérdida de competitividad del carbón autóctono frente al importado y en consecuencia una disminución drástica de su demanda y por tanto de su producción, ocasionando ajustes graves en la
producción y, por ello, en las plantillas de las empresas mineras, que han concatenado expedientes de regulación de empleo para un número de trabajadores que incide en las cuencas mineras.
Esta es la razón por la que se ha entendido la necesidad de ajustar, actualizar y mejorar el marco de la minería del carbón en particular el Plan de Cierre notificado a Bruselas en 2013, para garantizar un proceso ordenado de cierre y el
cumplimiento de lo establecido en la Decisión comunitaria. Dicho Plan de cierre actualizado, ya autorizado por la Comisión de la Unión Europea, ha incorporado condiciones más favorables de prejubilación así como un incentivo adicional a la
extracción, de forma que se puedan reducir para el periodo 2013-2018 los efectos ocasionados por la caída de los precios en los mercados internacionales.
Sin embargo sería necesario además de estas medidas de cese ordenado y no traumático de la actividad ya puestas en marcha nuevas fórmulas de cara a incentivar una nueva actividad minera competitiva en el sector de la minería del carbón.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de:
1. Llevar a cabo el proceso de cierre no traumático de las empresas mineras no competitivas en el sector de la minería del carbón y asimismo buscar nuevos mecanismos que incentiven la existencia de una actividad minera competitiva a partir
de 2018.
2. Impulsar la firma de los Convenios Marco con las Comunidades Autónomas, que permitan y doten la financiación necesaria para el desarrollo de proyectos de infraestructuras y restauración medioambiental de las zonas degradadas, para la
reactivación de las comarcas mineras, de acuerdo con lo establecido en el Marco 2013-2018 y, en particular, en el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto.
3. Tener muy presente la importancia estratégica del carbón autóctono como combustible nacional para garantizar la seguridad de suministro del sector energético nacional en el contexto del marco del Libro Verde de la Energía.
4. Fomentar la aplicación de la tecnología necesaria para conseguir los objetivos previstos en la Unión Europea (UE) a partir del cumplimiento de los límites de emisiones establecidos para la generación eléctrica a partir de la quema del
carbón e introducir en el plazo más breve posible un nuevo planteamiento en la quema de este combustible asociándolo a 'carbón limpio'.
5. Establecer un mecanismo de devolución de las ayudas recibidas del Plan de la Minería 2013-2018 según lo establecido en la normativa vigente, a nivel nacional y de la Unión Europea, para aquellas explotaciones mineras competitivas que
permanezcan en activo después de 2018, con el objeto de no poner en peligro la viabilidad de dichas explotaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados doña Yolanda Díaz Pérez, doña Alexandra Fernández Gómez y don Alberto Garzón Espinosa, y a través de su portavoces doña Alexandra
Fernández Gómez y don Alberto Garzón Espinosa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la participación del sector público en las empresas de distribución de
energía eléctrica, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La reciente venta del 20% de Repsol y Gas Natural al fondo de inversión norteamericano Global Infrastructure Partners, completa el control por parte de gobiernos extranjeros o fondos de inversión especulativos del sector de la energía
eléctrica en España.
Un proceso que se inició con la venta de Endesa a ENEL, controlada por el Gobierno de Italia, y siguió con el control de Iberdrola por parte del fondo soberano de Qatar y el fondo Blackrock y que culmina ahora con Gas Natural. A esto, hay
que añadir que los otros dos actores relevantes como EDP y Viesgo están controlados por el Gobierno chino y por el fondo de infraestructuras australiano Macquarie y Wren House Infraestructure del fondo soberano de Kuwait, respectivamente. Una
situación que caracterizaba perfectamente el presidente de lberclrola Sánchez Galán cuando en la Junta de Accionistas de 2014 afirmaba: 'Somos más británicos, americanos y mexicanos o brasileños que españoles'.
Como resultado, el 70% de nuestra red de distribución, un monopolio natural de importancia estratégica, se encuentra en manos de las cinco empresas antes citadas, que a su vez controlan el 80% de la generación y la comercialización de
energía eléctrica.
La red de distribución es la red eléctrica a la que están conectados los hogares y la inmensa mayoría de las empresas. Su función tradicional ha sido llevar hasta los consumidores la energía desde la red de alta tensión, denominada red de
transporte, a la que se conectaban los generadores.
Sin embargo, en el nuevo modelo de generación distribuida y gestión de la demanda, la red de distribución ha dejado de tener solo este papel y ya es la red a la que se conecta una gran parte de la producción de origen renovable, y será la
red a la que se conectarán dispositivos de almacenamiento de energía, generación fotovoltaica y eólica de pequeño y mediano tamaño, de forma que las necesidades de energía se puedan satisfacer en gran medida localmente. En realidad, cuando se habla
de 'Smart Grid', nos referimos fundamentalmente a redes de distribución eléctrica combinadas con modernas tecnologías de información en las que la electricidad no solo va hacia un sentido, sino que es bidireccional.
En consecuencia, el control de la red de distribución es clave para cualquier proceso de transición energética, entendido como la transformación del modelo energético actual, caracterizado por el uso de energías convencionales y grandes
infraestructuras de generación, en un modelo energético que se apoye principalmente en las energías renovables y en la eficiencia energética.
Pero además, el modelo español del sistema de medidas eléctricas asigna a las empresas distribuidoras la propiedad y gestión de los contadores inteligentes que se utilizan para la facturación de la energía.
Estos contadores constituyen un elemento estratégico desde el punto de vista comercial debido tanto a la relación privilegiada que las distribuidoras establecen con los consumidores, como a la posibilidad de ser utilizados para establecer
barreras a la participación de nuevos actores.
Y sin olvidar que el modelo no cumple con el objetivo de garantizar una adecuada prestación del servicio mejorando la calidad del suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución.
Las empresas distribuidoras de electricidad reciben unos incentivos o penalizaciones, en función de la gestión que realicen de las pérdidas de energía que tiene lugar a través de sus redes y, según el informe que acaba de publicar la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la cuantía que debe percibir cada empresa distribuidora sobre el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red. de distribución de energía eléctrica para el año
2016, se valora en 52,5 millones de euros las penalizaciones a estas distribuidoras por sus pérdidas de red en 2016. Las pérdidas suponen más de 1.000 millones de euros al año que pagarnos en el recibo del suministro eléctrico y cobran los
productores.
Considerando la relevancia de la red de distribución, resulta llamativa.la ausencia de participación del Estado en su propiedad y gestión, sobre todo si se considera la asimetría con la red de transporte, el otro monopolio natural reconocido
en la Ley del Sector Eléctrico, que desde 1985 cuenta, por imperativo legal, con una participación de control por parte del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Una situación que, además de en raíces históricas, tiene su fundamento legal en una transposición restringida de la Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad en la Ley del Sector Eléctrico, que
solo obliga a la separación completa de la actividad de transporte, pero que podría ser pertinente también para las redes de distribución.
Un ejemplo es Holanda, que con su Ley (2006) sobre gestión independiente de redes, impide que los gestores de redes de distribución de electricidad y gas estén en manos privadas y prohíbe que los gestores
de dichas redes mantengan vínculos con empresas que generan, suministran o comercializan electricidad o gas en Países Bajos o que desarrollen otras actividades ajenas a la gestión de la red.
Es una referencia legal a la hora de proponer la participación del Estado en la propiedad y gestión de las empresas de distribución de energía eléctrica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar a las Cortes Generales una reforma de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para modificar el régimen de propiedad de las empresas distribuidoras equiparándolo al del transportista Red Eléctrica de España,
S.A., estableciendo una participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de dichas empresas no inferior al 20 por ciento.
2. Reformar igualmente la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para que la SEPI mantenga, en todo caso, una participación en Red Eléctrica Corporación, S.A., no inferior al 20
por ciento.
3. Establecer los mecanismos y procesos necesarios para alcanzar la nueva estructura de propiedad propuesta considerando, entre otros, la cesión gratuita de infraestructuras a las empresas distribuidoras de referencia de la zona, y el
estado físico de las redes de distribución y su relación con !a calidad del servicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez y Alberto Garzón Espinosa, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez y a iniciativa de la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo relativa a la elaboración de un nuevo mecanismo de financiación y aplicación del bono social.
Exposición de motivos
El Gobierno desarrolló el bono social y su financiación en el Real Decreto-ley 6/2009, modificado posteriormente por el Real Decreto 968/2014, después de una sentencia del Tribunal Supremo que modificaba los criterios de reparto de la
financiación.
En un principio fue la congelación de la tarifa de último recurso vigente en junio de 2009, y pretendía proteger a los hogares con menos posibilidades económicas. Pero con las modificaciones, actualmente consiste en un descuento del 25%
sobre el recibo de la luz del que pueden beneficiarse algunas personas consumidoras.
Hay que señalar que este mecanismo fue aprobado para garantizar el derecho al suministro de personas consumidoras vulnerables establecido en la Directiva Europea 2009/72/CE, de 13 de julio 2009 (y antes la 2003/54/CE).
Pero, desde el principio, los criterios que debían cumplir las personas beneficiarias siempre estuvieron en cuestión, ya que el bono social no se le otorga exactamente a las más necesitadas.
Según el Real Decreto 968/2014, 'tienen derecho al bono social los suministros de los consumidores que, siendo personas físicas en su vivienda habitual, cumplan alguno de los requisitos siguientes':
1. Potencia contratada menor de 3 kW
2. Familias con todos los miembros en paro.
3. Familias numerosas
4. Pensionistas con pensión mínima.
Uno de los principales problemas en la regulación formulada por el Estado español es que no se contemplan datos como el umbral de renta per cápita o las características del consumo, por lo que se pueden dar casos como que familias numerosas
con rentas muy altas podrían tener derecho al bono social y una familia donde solo trabaje una persona con un salario de miseria no tendría ese derecho.
Además, en nuestro país, los detalles de la financiación o la definición de persona consumidora vulnerable no se han incluido en una Ley o en un Real Decreto-ley, y el hecho de dejarlo a una mera decisión administrativa representa una
incertidumbre en una materia tan sensible como es el 'bono social', y que puede eliminar, de un plumazo, este beneficio para cientos de miles de personas, lo que incrementa la desigualdad social.
Entre 2010 y 2012 estuvo en vigor un mecanismo de financiación, según el cual, el bono lo asumían solo las cinco grandes empresas del sector. Este fue recurrido por lberdrola ante el Tribunal Supremo, que lo anuló por considerar que no
estaba fundamentado y resultaba discriminatorio. La decisión obligó al Gobierno a cambiar el sistema y endosó el coste de esos años a las personas consumidoras.
Desde que se fijó el nuevo sistema de financiación en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, las empresas han recurrido todas las órdenes de pago anuales. Pero el recurso más importante, cuyo fallo acabamos de conocer, es el que las compañías
del sector presentaron ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de 21 de noviembre de 2014, que fijaba la metodología para calcular dicho reparto.
La sentencia, que se hizo pública este mes de octubre, anula el mecanismo de financiación del bono social de la tarifa eléctrica, al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de electricidad. La sentencia
considera que el coste de este descuento se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.
Este es un nuevo ejemplo de la deficiente gestión del Gobierno del Partido Popular, que ahora tiene que hacer frente al pago de una millonaria indemnización, que puede ascender a los 500 millones de euros, y que al igual que sucedió en el
año 2012, el Gobierno pretenderá que sufraguen las propias personas usuarias una vez más.
Ante esta situación, consideramos que el Gobierno debe iniciar un nuevo mecanismo de financiación del hasta ahora denominado 'bono social', un bono que debe estar a disposición de aquellos hogares que sean declarados como vulnerables y que
dé acceso a suministros para cubrir sus necesidades básicas de suministro de electricidad y gas.
Además, la definición de 'hogar vulnerable' y los diversos grados deben tomar como parámetro fundamental la renta del hogar y deben ser actualizados anualmente.
Y en relación a los descuentos sobre las facturas, estos deben ser también proporcionales en función de los baremos establecidos, con rebajas que puedan llegar al 100% de los importes de las facturas de los suministros de electricidad y gas
en aquellos hogares con un grado máximo de vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Desarrollar una nueva regulación de la financiación del denominado 'bono social' de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio 2009, sin repercutir su coste en las personas usuarias.
- Incluir en el 'bono social' la cobertura de suministro de electricidad y de gas.
- Desarrollar los conceptos de 'persona consumidora vulnerable' y 'hogar vulnerable' en la nueva normativa.
- Incluir como principales requisitos de acceso al bono social los de 'renta per cápita' y la de 'renta del hogar'.
- Establecer baremos de rebaja progresiva en la aplicación del 'bono social' en función del grado de vulnerabilidad de los hogares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
derechos de pesca de atún de la flota pesquera artesanal catalana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el año 2006 la Comisión Internacional para la conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), estableció un plan de recuperación del atún que comportó una congelación de la capacidad pesquera. Esta situación afectó muy especialmente a la
flota artesanal costera. Ahora, diez años después de su inicio, el plan de recuperación del atún se considera un ejemplo de éxito a nivel internacional y los buenos pronósticos en relación a la recuperación de la población de atún, ha comportado el
aumento, por parte del ICCAT, de la captura total admisible (TAC), pasando de las 16,142 toneladas en 2015 a las 23,155 en 2017.
La recuperación del atún en el Mediterráneo y el Atlántico este constituye un ejemplo de las buenas prácticas en el campo de la gestión pesquera y el papel de la flota de cerco y palangre de superficie con puerto base en Catalunya ha
contribuido decisivamente con su responsabilidad y esfuerzo a la recuperación de la especie.
La flota pesquera de cerco y palangre con puerto base en Catalunya representa el 34,2% del total de la cuota estatal. Es necesario pues garantizar los derechos de pesca de la flota atunera catalana así corno el establecimiento de una cuota
suplementaria de capturas de atún para la flota costera artesanal que está integrada por unas cincuenta embarcaciones, aproximadamente.
Por todo ello, se presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
- Defender, en el marco de la Unión Europea y en el ICCAT, el establecimiento de una cuota suplementaria de capturas de atún para las flotas artesanales costeras catalanas.
- Habilitar los mecanismos que otorguen las máximas garantías a los actuales operadores catalanes con cuota asignada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2016.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno central aplique al golfo de Cádiz 'una gestión diferenciada' a las demás zonas pesqueras por sus características, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Exposición de motivos
Los sectores primarios llevan casi cinco años de abandono con el Gobierno central. Llevamos un retraso de dos años con las ayudas y sin presencia española en la Unión Europea a lo que ha añadido que esta ausencia provoca enfrentamientos a
nivel nacional porque no se hacen planes de gestión, y no hay una diferencia entre los caladeros norte y del sur.
Los sectores primarios, tanto el extractivo como el industrial, son el futuro de la generación de empleo y de empresas en el golfo de Cádiz, y sin olvidarnos de los acuerdos internacionales.
La negociación del futuro acuerdo de pesca entre España y Portugal debería incluir algunas de las demandas y mejoras que han sido plateadas por el sector andaluz, precisa mejoras para hacerlo más fructífero para los intereses de la flota y
los pescadores andaluces.
De la mano de un Gobierno que mire a la pesca y se comprometa, debemos establecer alianza con otros países, para que no tengan que hacerlo los pescadores o armadores.
Durante 15 años la Junta de Andalucía, con el Gobierno socialista, hizo una modernización de la flota pesquera y los puertos. El sector ha hecho sus deberes y además ha contribuido al mantenimiento y sostenibilidad de los caladeros, de tal
manera que 15 años después se pesca menos, hay menos capacidad extractiva, pero hay mayor valor añadido económico, un 16 por cierto.
Queremos además, que la industria pesquera dé un paso en la transformación y la comercialización de los productos.
Por ello, consideramos del todo necesario que se pongan en marcha los mecanismos adecuados para establecer una gestión particular, diferenciada, singular, de un espacio de biodiversidad extraordinario como es la costa del Golfo de Cádiz;
que abarca las provincias de Huelva y Cádiz.
Instamos a la Unión Europea a que se cambie la denominación y el golfo de Cádiz deje de ser 'Aguas de Portugal'. Recriminamos al Gobierno del PP haber consentido esta barbaridad perjudicando a nuestros pescadores Incidimos en que la Costa
del Golfo de Cádiz se juega mucho y no podemos permitir que este sector, que ha levantado municipios como Isla Cristina y Tarifa, se encuentre ante esta situación, porque estas aguas tienen que ser el golfo de Cádiz y el trabajo y esfuerzo de
nuestra flota pesquera tiene que estar vinculada al mismo.
Por todo lo expuesto, lleva al grupo Parlamentario Socialista a presentar la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar de la Comisión Europea que las denominaciones de las áreas de pesca o zonas CIEM se modifiquen en la Costa Atlántica española correspondiente con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la que la zona nombrada como 'Aguas de
Portugal' (zona IEM IX A), pase a llamarse 'Aguas del Golfo de Cádiz'.
2. Establecer en la normativa de comercialización del Gobierno Central, la obligatoriedad de la mención específica a la zona de pesca local para ofrecer una mejor información a la ciudadanía.
3. Que el Gobierno de España apoyado en estudios científicos solicite un TAC y Cuotas de pesca diferenciada para la región sur de la zona CIEM IX A, ante la Comisión Europea ya que se trata de una zona o caladero de pesca singular, diverso
y diferente a otros caladeros atlánticos, es único y se trata de un sector económico estratégico de las provincias de Huelva y Cádiz, en consecuencia de Andalucía y España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2016.-Josefa Inmaculada González Bayo, Miriam Alconchel Gonzaga, José Juan Díaz Trillo, Juan Carlos Campo Moreno y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la pesca de la raya, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 25 de junio de 2015 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prohibió la pesca de raya en las zonas VIII y IX.
El Ministerio ahora permite descargar hasta 20 kilos por barco y marea de la raya que se haya capturado de forma accidental, dado que la pesca dirigida sigue estando vedada, pero solo en la zona VIII; de Fisterra para abajo sigue siendo
obligatorio tirar por la borda cualquier ejemplar de Raja undulata que se pesque accidentalmente.
El sector pesquero gallego tiene muchas dificultades en el cerco, arrastre, volanta y también la flota de artes menores a las que se les prohíbe la descarga de la raya que de forma accidental cae en las artes de enmalle que se utilizan para
la pesca de, por ejemplo, los centollos.
Los profesionales no entienden por qué no pueden pescar la raya mosaico y la raya blanca. La mosaico figuraba el año pasado en la lista roja de la Cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres) con un nivel 6 sobre 10, algo realmente incomprensible para los marineros de Fisterra, que dicen que tienen que tirar gran cantidad. También en la ría de Muros-Noia están hartos de descartar ejemplares de esta variedad de raya, de alto
valor comercial, y que tradicionalmente ha sido un complemento importante para rentabilizar sus embarcaciones.
Los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar señalaron en un informe que al menos la raya mosaica puede ser local o estacionalmente abundante y capaz de soportar algún esfuerzo pesquero, por lo que prohibir
totalmente su desembarco podría ser una medida controvertida y si más adecuada una gestión con medidas de ordenación locales.
Galicia sería una de esas zonas necesitadas de una ordenación sin veto total ya que los pescadores están detectando una importante abundancia de raya mosaico y raya blanca en el caladero lo que les hace más incomprensible, si cabe, la
prohibición de capturarla sin tener en cuenta las cuestiones locales o estacionales a las que aluden los científicos y que están causando serios quebrantos económicos a los marineros de bajura.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se elaboren los estudios que sean necesarios para conocer la biología y situación de la raya, y mientras revise la prohibición de desembarcar la raya pescada accidentalmente en las zonas
VIII y IX.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación a la denominación correcta de las zonas de pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el mapa de zonas CIEM de la Unión Europea la zona IX se denomina Costa Portuguesa y abarca desde Finisterre hasta Gibraltar.
Esta denominación no es adecuada ya que confunde al consumidor porque las capturas realizadas en las costas de Galicia y Andalucía occidental se realizan en aguas españolas, y la utilización de 'Aguas portuguesas', indicaría que tienen otro
origen.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones oportunas para que las zonas de pesca en la parte atlántica de Galicia y Andalucía tengan una denominación que interprete correctamente su origen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso de fondos de la política agraria común para
financiar al entramado taurino español, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los valores fundamentales de la Unión Europea son la cooperación y la solidaridad entre los países miembros. Valores que permiten una convergencia económica entre los socios comunitarios que facilitan la financiación de toda clase de
proyectos e iniciativas, así como el refuerzo de los sectores estratégicos de cada estado, como el caso del campo español, con importante prevalencia del sector lácteo, frutícola y aceitero, ahogados por la falta de intervención del Gobierno y
sometido a los abusos de posición dominante del oligopolio de las grandes empresas distribuidoras y transformadoras.
Sin embargo, en ocasiones, esta solidaridad es falsamente empleada para financiar actividades o equipamientos pertenecientes a actividades que rechaza una amplia mayoría de los ciudadanos europeos y que son ilegales en la mayor parte de los
estados que conforman la UE: es el caso de las corridas de toros y otros espectáculos taurinos y todo su entramado económico, altamente dependiente del dinero público, tal y como se ha venido demostrando con las subvenciones que comunidades
autónomas, diputaciones y ayuntamientos han otorgado para rescatar una vez, y otra, a los promotores de estos eventos.
También la Unión Europea, alegando no tener competencias para vetar estos espectáculos de crueldad por considerarlos 'tradiciones culturales' está financiando con dinero del conjunto de la Sociedad civil actuaciones vinculadas a la
tauromaquia. Así, desde la rehabilitación de plazas de toros hasta la convocatoria de cursos taurinos e intercambios de estudiantes ente España y Portugal, se ven subvencionados con el desembolso el subsidio del ganado de lidia, estimado como
mínimo en 130 millones de euros anuales, provenientes de la Política Agraria Común (PAC) y los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional); consumándose, una vez más, el lamentable sostenimiento desde los poderes públicos del espectáculo de
escarnio, tortura y muerte de animales como supuesta forma de ocio y cultura.
Sin embargo, los toros destinados a las corridas están excluidos de la normativa europea sobre bienestar animal porque, como no por evidente debe de obviarse, no se puede cumplir con los correspondientes requisitos: el maltrato explícito al
que son sometidos las reses forman parte intrínseca en estas actividades, inclusive en las prácticas de cría en las ganaderías de animales de razas de lidia. Si no se pueden cumplir los requisitos de bienestar animal, la consecuencia inmediata es
que tampoco pueden ser beneficiarios de programas de ayudas (PAC o FEDER) que condicionan su obtención al
cumplimiento de la legalidad de bienestar animal. A todo ello, hay que considerar que la industria ganadera ya está siendo financiada de forma recurrente a través de las convocatorias de subvenciones del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para 'la conservación, mejora y el fomento de las razas ganaderas puras'.
Partiendo del hecho que la PAC fue creada en su origen para mejorar e impulsar la competitividad del sector primario de los países miembros, cabe denunciar la postura del estado español para defender el apoyo económico de una actividad que
consiste en criar un animal que será masacrado en una plaza ante los gritos de un público, cada vez menos numeroso, por cierto: las estadísticas oficiales acreditan la caída del interés ciudadano en la tauromaquia. Durante el año 2007, el número
de festejos taurinos en plaza fue de 3.651; en 2008 de 3.295; en 2009 de 2.684; en 2010 de 2.422; en 2011 de 2.290; en 2012 de 1.977; en 2013 de 1.858. En 2014 hubo 1.868, lo que supuso un ligero repunte del 0,5%, pero centrado en festejos de
menor categoría, ya que siguieron disminuyendo el número de corridas de toros, de novilladas con picadores y de rejoneo, que son los que atraen más público.
Tal como acredita un estudio de AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal), en España hay censadas 1.339 ganaderías de lidia, inscritas en alguna de las cinco asociaciones ganaderas que
existen, que justifican su existencia en la venta de animales para espectáculos taurinos, y que presumen de realizar una 'excelente labor en el mantenimiento y selección de esta raza para festejos en plaza'. Para tener una explotación de este tipo
y ser reconocido como criador, basta con tener veinticinco vacas bravas y un macho como semental. Dichas ganaderías, al hecho conocido de generar muy pocos empleos fijos (no más de tres de media), se le añade que, según datos del 2014, solo 311 (el
23% de ellas), pusieron como mínimo un ejemplar (novillo o toro) en una plaza y únicamente 155 vendieron más de diez animales, por lo que su sostenibilidad queda más que en entredicho, y si fuera gracias a los 15.848 festejos populares que se
celebraron en España en 2014, se contradeciría con el argumento de 'elección genética y trabajo de mejora de la raza', pues los animales que se utilizan en festejos taurinos de calle (embolados, ensogados, toros a la mar, suelta de reses...), son de
muy baja calidad en cuanto a lo que en términos taurinos se denomina trapío y bravura, 'desechos de tienta' que pagan a precios que rozan el de coste de producción, si no menos.
En este sentido organizaciones como Galicia, Mellor Sen Touradas, la Asociación Animalista Liberal o la campaña europea 'No More Funds' han alertado, en no pocas ocasiones, que estas organizaciones de ganaderos de toro de lidia se han
convertido en un eje fundamental de los grupos de presión que atacan a los gobiernos municipales para que no retiren las aportaciones económicas a corridas y novilladas, llegando incluso a 'declarar la guerra' a toda aquella persona que no acredite
en la salvajada de ver como se violenta la vida de un animal por espectáculo.
En un tiempo social en el que la mayoría de la ciudadanía se manifiesta en contra de la pervivencia de las corridas de toros y espectáculos anexos, los cargos electos tenemos la obligación moral de incentivar el fin de esta actividad y de
situar a España en la larga lista de países que ya vetan cualquier disposición de dinero público para el fomento del maltrato animal.
El 28 de octubre de 2015, el Parlamento Europeo dio un primer paso para impedir que el dinero comunitario pudiera ser empleado en la financiación de actividades taurinas, con una votación histórica en donde 438 votos frente a 199 se
mostraron a favor de retirar las ayudas a los ganaderos de toros de lidia. Ya es hora de llevar a efecto esta resolución.
Es por ello que instamos al Gobierno de España para que:
'1. Cese de destinar fondos de la Política Agraria Común para subvencionar a ganaderos de toros de lidia y reubicar este canal económico hacia el verdadero sector productivo.
2. Reformule las condiciones de las ayudas estatales para la ganadería para excluir aquellas que críen o vendan a los animales para espectáculos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de noviembre de 2016.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una Estrategia Española
de Alimentación, Gastronomía, Cultura y Turismo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Según el último censo agrario, España es el segundo Estado comunitario en cuanto a extensión agrícola, con cerca de 25 millones de hectáreas, que representan la mitad de la superficie del territorio nacional, destinada a actividades
agrícolas o ganaderas.
Nadie duda de la pujanza del sector agroalimentario para la economía española, su significación para la ordenación del territorio y la conservación del medio ambiente y su trascendencia para la estructura social y cultural, no solo del
ámbito rural.
El sector ha jugado un papel fundamental en la recuperación económica. Con un peso estable en torno al 8% del PIB nacional, es estratégico por su dimensión, generando un valor añadido de 87.500 millones de euros y en torno a 2,3 millones de
empleos. Considerando el conjunto de la actividad agraria y agroindustrial, los ocupados en estas actividades son casi el 7% del total de la ocupación en España.
Su clara orientación internacional, con unas exportaciones que vienen experimentando un crecimiento continuo y que alcanzaron en 2015, una cifra record al llegar a los 44.065 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,5% respecto a
2014, supusieron el 17,6% de las exportaciones del conjunto de la economía, siendo el segundo sector por detrás de bienes de equipo y por delante del automóvil.
Durante la pasada legislatura, el Gobierno ha trabajado para coordinar la actuación de todos los organismos e instituciones implicados en este proceso de internacionalización, mejorando el conocimiento de los mercados exteriores, y ampliando
el número de países donde se exportan productos. Pero todavía queda margen para ampliar y mejorar las exportaciones, en calidad y cantidad.
Una de las posibles actuaciones es dar a conocer el origen de los productos exportados y la gastronomía asociada a cada uno de ellos; frutas, hortalizas, carne de porcino, bovino, aceite de oliva y vino. Pero también debería aprovechar
todas las sinergias y utilizar el efecto llamada de algunos alimentos y de su gastronomía para atraer actividad turística sobre las regiones de origen. Un ejemplo, en un país con 70 Denominaciones de Origen Protegida, catorce Vinos de Pago y seis
Vinos de Calidad, podría ser la promoción de la 'cultura del vino', un movimiento enoturístico en auge en el mundo, en el que confluye el descubrimiento y disfrute cultural y enológico de la viña, el vino y su territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario continuar impulsando la Estrategia Española en Alimentación, Gastronomía, Cultura y Turismo, a través de los órganos de coordinación existentes, particularmente el GTISA, con el fin de
favorecer la presencia exterior de España, mejorando su imagen y visibilidad mediante productos de calidad y continuar apostando por la promoción del Enoturismo de España y de otras iniciativas que potencien los exponentes de la Marca España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el reparto de la cuota de pesca de la caballa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Motivación
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) propuso aumentar la cuota de pesca de la caballa para el próximo año ya que la biomasa de la especie se encuentra en los niveles más altos desde 1992.
La Comisión para las Pesquerías del Atlántico Oriental (NEAFC) acordó un incremento del 14% hasta 1.020.996 toneladas a repartir entre UE: 503.245; Noruega: 229.821; e Islas Feroe: 128.655.
De las 503.245 toneladas que le corresponden a la UE a España le corresponderían 38.431 a las que habrá que restar 5.500 de la sanción por sobrepesca en 2009, con lo que corresponden 32.931 toneladas; y a Gran Bretaña 240.000,
fundamentalmente para Escocia; 22 barcos escoceses tienen mucha más cuota que 600 buques del Cantábrico por lo que los pescadores consideran necesario que haya un tratamiento singular para el sur de Europa.
Consideran también necesario que España promueva un ente regional con Francia y Portugal para elaborar el plan de gestión para la caballa en las zonas VIIlc y IXa a partir de 2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover en la Unión Europea un tratamiento singular para el sur de Europa en el próximo reparto de cuota de caballa.
- Promover un ente regional de España, Francia y Portugal para elaborar el plan de gestión para la caballa en las zonas Vlllc y IXa a partir de 2017.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley
sobre medidas urgentes para paliar los daños sufridos a causa de los incendios acaecidos en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El pasado 28 de agosto se originó un incendio en el paraje Las Jarillas, en el término municipal de El Castillo de las Guardas, en Sevilla. Las llamas, afectaron a 1.845,02 hectáreas de superficie forestal de las cuales, 396,60 son
arbolado, 954,37 matorral y 494,05 pastizal.
La sequía acumulada en los últimos meses, una baja humedad relativa en la vegetación y la capacidad de convección de una especie concreta de eucalipto, que arde con gran facilidad y provoca múltiples focos secundarios mediante la emisión de
pavesas, condicionaron de forma negativa las operaciones de extinción.
Para atender esta emergencia, el Plan Infoca desplegó 362 efectivos, que trabajaron con temperaturas superiores a los 40 grados, y se activaron 20 medios aéreos durante las dos jornadas que duraron las tareas de extinción, incluidas siete
aeronaves del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). Además de diez vehículos pesados, dos Unidades Móviles de Meteorológica y Transmisiones (UMMT), una del Magrama, Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios
Forestales (UNASIF), y la Unidad Médica (UMIF).
Además, el mencionado incendio fue declarado nivel 1 en la escala del Plan de Emergencias por Incendios Forestales, en su fase provincial, llegando a producirse un centenar de desalojos. Esta circunstancia hizo que se desplegara un amplio
dispositivo de protección civil. Concretamente, una decena de agentes y técnicos por turno de Emergencias Andalucía (112, Grupo de Emergencias de Andalucía -GREA- y Protección Civil), además del Jefe de Servicio de Protección Civil y un asesor
técnico de Emergencias. También agentes de la Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local, así como efectivos de bomberos.
El artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, contiene la regulación aplicable al 'Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'. En base a este
artículo, el pasado 15 de septiembre se celebró Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas en el que se adoptó el siguiente acuerdo:
- Solicitud de determinación de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección Civil.
En ese mismo sentido, la Diputación de Sevilla realizó una Declaración Institucional el pasado día 29 de septiembre en apoyo a lo aprobado por el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior, elevación de propuesta al Consejo de Ministros de declaración de zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil, tal y como ha solicitado el Pleno de la Corporación Municipal de El Castillo de las Guardas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Pradas Torres, Juana Amalia Rodríguez Hernández y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la modificación y desarrollo del contenido del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Canarias, tanto por la longitud de sus costas como por la riqueza en términos de biodiversidad de dicho litoral y por la enorme incidencia que, desde el punto de vista económico y social, tiene el litoral sobre un porcentaje realmente
mayoritario de su población, requiere una atención particular y sensible por parte de la Administración General del Estado con el objetivo de preservar al máximo el ecosistema de ese litoral y contribuir desde esa protección a un desarrollo
sostenible del turismo en las islas.
Los convenios de colaboración que celebran la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas constituyen el instrumento de cooperación de uso más frecuente y consolidado en el funcionamiento de nuestro Estado Autonómico
igualmente, en la práctica, los convenios de colaboración son la fórmula normalmente empleada por la Administración General del Estado para hacer efectiva la exigida territorialización de créditos estatales.
Por ello, se puso en marcha el Plan de Costas 1993-1997, que destinó a Canarias casi 11.000 millones de pesetas en el periodo 1995-1997, representando casi un 20% del total de la inversión en el conjunto del Estado en el ámbito de la
política del litoral; un peso en la inversión que se correspondía con el valor de los ecosistemas que se pretendía proteger y con la extensión geográfica de los mismos en materia de
costas en relación con la población, y por supuesto, en cuanto a la incidencia socio-económica de las mismas. El Plan se desarrolló a medida que se iban concretando acuerdos, especialmente con las administraciones locales canarias, y se
trataba en gran medida de corregir los errores que se habían cometido en el pasado y se intentaba regenerar al máximo posible los valores del litoral.
Posteriormente, en febrero de 1998, se suscribe un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para actuaciones en infraestructuras de costas, donde se perseguía una mejor coordinación de las
actuaciones de la Administración General del Estado y la Autonómica que permitiera llevar a cabo los planes de gestión integral de la costa necesarios para conseguir los objetivos de protección y defensa de la misma. Dicha coordinación tuvo en
cuenta a los Cabildos Insulares como órganos de gobiernos de las islas, a través de los oportunos convenios de colaboración con el Gobierno de Canarias.
La financiación de dicho Convenio fue de un 50% por el Ministerio de Medio Ambiente con cargo a las dotaciones que se le asignen por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año a este fin, y en el 50% restante por la Comunidad
Autónoma de Canarias. Se concretaron 150 actuaciones en infraestructuras de costas, desglosado por islas, para el periodo 1998 y 2004, ambos inclusive, y contemplaba una inversión de 210 millones de euros entre las dos administraciones, a ejecutar
mediante una partida de 30 millones de euros al año. Asimismo, se creó la Comisión mixta bilateral de programación, seguimiento y control, que a lo largo de la vigencia de ese convenio se reunió en quince ocasiones.
Ulteriormente, en febrero de 2006, se suscribió un nuevo Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral. En el mismo se estableció llevar a cabo una
gestión integrada de las zonas costeras del Archipiélago canario en el marco de las Directrices de Ordenación general y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, conforme a la legislación en materia de costas y de conservación de la
naturaleza.
Ese convenio no contenía programa de ejecución de obras, ni contaba con un presupuesto concreto de inversión; se remite al listado de las inversiones del convenio del año 1998. Asimismo, el convenio del 2006 estableció una Comisión Mixta
de Seguimiento, que era la responsable de coordinar los planes y actuaciones de cada Administración, de proponer las actuaciones o convenios específicos y de disponer las aportaciones económicas de las Administraciones Públicas firmantes, de la
Administración Local y las procedentes de la iniciativa privada, en su caso. La Comisión Mixta dejó de reunirse en el año 2008.
Es evidente que si no se ha convocado la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio no ha podido existir ni comunicación ni coordinación en las actuaciones y en los planes de gestión integral de la costa entre el Gobierno de España y el de
Canarias, teniendo como consecuencia una paralización de muchos de los proyectos que afecta al litoral de Canarias.
Como consecuencia de ello, resulta imprescindible modificar el contenido del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión integral y sostenible del litoral actualmente en vigor. Se
trataría que el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias pongan en común sus respectivos recursos para la realización coordinada de un programa actuaciones.
Somos conscientes de que la existencia de compromisos financieros en un convenio no siempre supone automáticamente la existencia de una transferencia de recursos desde un presupuesto a otro. Prueba de ello es que en el año 2015 la
aportación financiera estatal descendió notablemente, y se pasó de 1.440.807.131,42 euros en el año 2014, a 571.945.805,49 euros en 2015. Canarias fue de las comunidades autónomas que más recortes sufrió del Gobierno de España en el periodo
2012-2015.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar las negociaciones encaminadas a modificar y desarrollar el contenido del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para la gestión
integral y sostenible del litoral, actualmente en vigor, en la línea de detallar un programa de ejecución de obras en infraestructuras de costas y especificar las aportaciones económicas de las Administraciones Públicas firmantes, además de las
inversiones no ejecutadas del convenio de 1998.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2016.-Sebastián Franquis Vera, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
aplicación de los coeficientes reductores de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar establece en su artículo 1.b que los
trabajadores de congeladores, bacaladeros, parejas de bacaladeros y balleneros tendrán un coeficiente reductor de 0,40.
La Dirección General de la Marina Mercante introdujo un nuevo criterio que establece que solo se pueden considerar grandes congeladores los barcos de más de mil toneladas y más de 70 metros de eslora, entendiendo que los que tienen
dimensiones menores se dedican a 'pesca fresca'
Los trabajadores de unos 480 palangreros y arrastreros congeladores españoles -la mayor parte gallegos- tendrán que alargar su vida laboral hasta cuatro años tras un cambio en la normativa que regula los criterios de aplicación del
coeficiente reductor de la edad de jubilación para los tripulantes de buques de gran altura, ya que no superan las mil toneladas ni tienen una eslora de más de 70 metros.
Los tripulantes de esta flota gallega -unos mil marineros de 122 buques- están recibiendo misivas de las capitanías marítimas informando de que sus buques pasan de ser considerados congeladores a palangreros, con lo que no se benefician del
0,40 de coeficiente reductor que se aplica a aquellos, sino uno situado entre el 0,25 y el 0,30.
La Consellería del Mar de la Xunta de Galicia considera que el hecho de que el pesquero tenga certificación de instalación frigorífica es suficiente para la aplicación del tipo máximo de coeficiente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con carácter inmediato, las medidas necesarias para que se mantenga los coeficientes reductores de jubilación en el sector que se venían aplicando hasta el momento, ante el potencial
retraso de la jubilación de los tripulantes en buques marisqueros congeladores en el desarrollo de una actividad catalogada como de alto riesgo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el apoyo al sector de los cítricos en Andalucía, para la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Tras la autorización del Consejo de Ministros el pasado 1 de junio, el 10 del mismo mes, la Unión Europea firmó un Acuerdo de Asociación Económica con la Comunidad de Estados de África del Sur, que trae consigo la aplicación hasta final de
noviembre, del periodo en que Sudáfrica puede exportar naranja a la UE libre de aranceles.
Este acuerdo abriría la puerta del mercado comunitario al incremento del volumen de naranja de Sudáfrica, el primer exportador mundial de cítrico después de España, en el periodo de máximo actividad de las naranjas españolas.
Hay que considerar que España es el mayor productor de cítrico de la UE, con más de la mitad de la producción europea, y el mayor exportador mundial de este tipo de frutas.
En este contexto, Andalucía ha ido creciendo hasta convertirse en la 2.a Comunidad Autónoma productora de España, después de Valencia. Andalucía tiene en producción unas 85.000 has., que representan el 28% de la superficie y el 30% de la
producción española.
Entre las condiciones del acuerdo, se contempla la reducción progresiva y hasta 0% de los aranceles a la importación de naranja sudafricana entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, precisamente en el periodo de producción y
comercialización de naranja española.
El 14 de septiembre el Parlamento Europeo ratificó tal decisión, quedando pendiente la aprobación de todos los países integrantes de la comunidad africana (prevista en breve). Dependiendo de la duración del proceso de ratificación y si éste
no se detiene, el desmantelamiento progresivo de aranceles podría comenzar ya en 2016, o a partir de 2017.
Esto se suma, además, a la Decisión de la Comisión de Ejecución 2016/715, disponiendo aligerar las condiciones de control fitosanitario en frontera de los cítricos procedentes de Sudáfrica, frente a las advertencias de la autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA), relativas al riesgo que suponen las importaciones cítrícolas desde este país, en relación con la plaga de 'mancha negra'.
Todo esto ocurre sin que medie estudio de impacto que analice las consecuencias sobre el sector citrícola europeo y español, sector extremadamente sensible a cualquier sobreoferta (especialmente al inicio de la campaña de comercialización).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que solicite a la Unión Europea:
1. La realización de un estudio de impacto del acuerdo de asociación económica con la Comunidad de Estados de África del Sur en toda la UE.
2. La exigencia a los países emisores que se encuentre afectados por enfermedades y plagas endémicas no presentes en el territorio de la UE, que puedan poner en peligro las producciones interiores, de suficientes garantías sobre el control
de la sanidad de sus producciones; el refuerzo de la vigilancia en las fronteras comunitarias, habilitando o reforzando los instrumentos de control fitosanitario ante la entrada de los cítricos procedentes de estas regiones en general y de los
sudafricanos en particular, siguiendo en el caso concreto de la mancha negra las recomendaciones de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), todo ello con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad
y sanidad vegetal.
3. El análisis de la idoneidad de las medidas compensatorias previstas en la actualidad para paliar el impacto en los mercados, y el estudio de la mejora de las mismas.
4. El estudio y la aplicación de medidas de gestión de crisis que incluyan las restricciones e importaciones procedentes de terceros países en situaciones de sobreoferta de producto en el mercado, en virtud del principio de preferencia
comunitaria que establece la Política Agrícola Común de la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2016.-Juan Jiménez Tortosa, Sonia Ferrer Tesoro, Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Gutiérrez Limones, Antonio Pradas Torres y Juana Amalia Rodríguez Hernández, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Antoni Postius i Terrado, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta,
para su debate ante la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para adaptar la Normativa Estatal de la PAC a la normativa europea, en beneficio de los agricultores a título principal, los jóvenes y de determinados
sectores hoy excluidos.
En noviembre de 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron los cuatros reglamentos básicos que regulan la nueva Política Agrícola Comuna (PAC) para el período 2014-2015. Estos cuatro reglamentos son:
- Reglamento (UE) 1305/2013 para el desarrollo rural.
- Reglamento (UE) 1306/2013 de gestión, control y financiación.
- Reglamento (UE) 1307/20113 de pagos directos.
- Reglamento (UE) 1308/2013 de la OCM de productos agrarios.
A pesar de que los Reglamentos europeos son de aplicación directa en los estados miembros, en el caso concreto de estos reglamentos que regulan la PAC deja algunos aspectos abiertos a su discreción, y por tanto, tienen un cierto margen para
definir el modelo por parte de cada estado. Este margen es especialmente significativo en relación al reglamento que regula los pagos directos.
Después de dos conferencias sectoriales, una en 2013 y la otra en 2014, salió el modelo definitivo a implantar en el Estado. Este modelo se plasmó en varios reales decretos, entre los que destacan:
- Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos
al desarrollo rural.
Este modelo se caracteriza por su uniformidad en todo el Estado, así como por su carácter conservador, alejado de los objetivos de la reforma realizada en la PAC al intentar dar continuidad a los criterios del anterior periodo. Además de
ser un modelo complicado, por ejemplo: se exige a los jóvenes agricultores requisitos diferentes en función de que se trate de ayudas al desarrollo rural o de pagos directos o de la reserva nacional para acceder a las mismas; hecho que les
dificulta poder optar a ellas.
A parte de alejarse del espíritu de la reforma de la PAC, estos reales decretos se contradicen de forma manifiesta con la normativa comunitaria. En este sentido, tanto el propio sector a través de los sindicatos agrarios y asociaciones
representativas como el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARPA) requirió al Ministerio de Agricultura que adecuara la normativa estatal a la normativa comunitaria.
Ante la negativa a atender estas demandas, el DARPA presentó un requerimiento previo a la interposición de un recurso por la vía del contencioso-administrativo al Ministerio de Agricultura. Posteriormente el Ministerio de Agricultura
modificó un aspecto que pedía el DARPA pero el resto sigue igual. Estas contradicciones vigentes con la normativa comunitaria son:
- La definición que hacen los reales decretos sobre el concepto de 'agricultor activo' propicia que acaben accediendo a las ayudas personas jurídicas o físicas cuya actividad principal no es en ningún caso la agricultura o la ganadería,
hecho que es contrario a la normativa comunitaria. Este aspecto es muy importante, y más teniendo en cuenta que en este período se han reducido los fondos comunitarios de la PAC. Con una correcta definición de 'agricultor activo' los fondos
disponibles para los agricultores y ganaderos aumentarán respecto a la situación actual.
- Otro aspecto que contraviene la normativa europea es en relación a los jóvenes agricultores. En base a la normativa, los jóvenes agricultores no incorporados al régimen del pago único que dispongan de derechos del pago básico por cesiones
(arrendamientos, venta o sucesión inter vivos o mortis causa) no podrán recibir el pago anual complementario.
- Cabe destacar también, que el Ministerio de Agricultura no ha incluido sectores tan significativos para Catalunya como la alfalfa de regadío o el olivo de bajo rendimiento dentro de los beneficiarios de las ayudas acopladas a pesar de
cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 1307/2013; eso es: sectores o regiones de un estado miembro en los que ciertos tipos específicos de actividades agrarias o sectores agrícolas específicos que sean especialmente importantes
por motivos económicos, sociales, medioambientales que afronten determinadas dificultades.
- Finalmente y en relación a la regionalización, el hecho que el sistema de ayudas asociadas que prevé el Real Decreto 1075/2014 no se adecue al modelo de regionalización puede provocar que en algunos sectores se produzca una
sobrecompensación contraria a la normativa comunitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del Partit Demòcrata, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a adaptar la normativa estatal relativa a la Política Agraria Común a la normativa europea en lo que concierne a:
1. Que la definición de agricultor activo se circunscriba sólo a las personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la agricultura o la ganadería.
2. Permitir que los jóvenes agricultores no incorporados al régimen del pago único que dispongan de derechos del pago básico por cesiones puedan recibir el pago anual complementario.
3. Incluir la alfalfa de regadío o el olivo de bajo rendimiento dentro de los cultivos beneficiarios de las ayudas acopladas.
4. Adecuar las ayudas asociadas al modelo de regionalización previsto en el Real Decreto 1075/2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para agilizar la tramitación de la DOP
Quisquilla de Motril, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El desarrollo normativo en materia de las Denominaciones de Origen en el seno de la Unión Europea se ha venido configurando, desde la década de 1990, hasta conformar un marco legal que reconoce, protege y controla las Denominaciones de
Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), en el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentarios, que incluye
la existencia de un Registro comunitario.
Corresponde al Estado la competencia de transmitir la solicitud de inscripción a la Comisión Europea, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento de tramitación nacional
de las solicitudes de registro. Además, el Estado podrá evaluar desde el punto de vista técnico sobre el expediente, si la autoridad competente lo requiere.
Cabe destacar que, de los 194 productos agroalimentarios españoles que están inscritos o está siendo tramitada la solicitud en el Registro comunitario de DOP y IGP, solo cinco (cuatro IGP y uno DOP) lo hacen bajo el epígrafe 'Peces, moluscos
y crustáceos frescos y productos derivados'.
En el año 2010, la Diputación Provincial de Granada puso en marcha un estudio denominado 'Genética de la quisquilla de Motril', para determinar los elementos diferenciadores dentro de la misma especie, pero diferente distribución geográfica,
y con otras especies del mismo género, pero de similares características morfológicas, con las que se pudiera confundir. El objetivo era evitar que especies similares pero un precio bastante inferior se vendieran como Quisquilla de Motril.
El siguiente paso debe ser alcanzar el reconocimiento como Denominación de Origen 'Quisquilla de Motril'. Para ello, las entidades o instituciones vinculadas profesional, económica y territorialmente con los productos, deberán solicitar la
inscripción en el Registro comunitario, cumplimentando la Documentación aneja a la solicitud que la normativa exige, entre la que destaca el Estudio justificativo de la solicitud y un pliego de condiciones o expediente técnico.
El Grupo Parlamentario Popular es conocedor del interés de instituciones, sector pesquero, turístico, de restauración y, en definitiva, de todos los agentes implicados para sacar adelante este proyecto de reconocimiento de la DOP 'Quisquilla
de Motril' y ha instado a la Junta de Andalucía a impulsar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el proyecto para la consecución de la DOP.
La Denominación de Origen 'Quisquilla de Motril', redundará en una serie de oportunidades de mejora, incluida la especialización de la captura y tratamiento de la especie, que sin duda reportará grandes beneficios y oportunidades a los
pescadores. Además, esto favorecerá no sólo su propia proyección gastronómica, sino que también contribuirá de forma altamente positiva al desarrollo turístico y socio económico de la comarca de la Costa Granadina.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario:
- Que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, facilite el asesoramiento técnico necesario a la autoridad competente para agilizar el registro de la solicitud de la Denominación de Origen Protegida 'Quisquilla de Motril'.
- Una vez concluido el proceso de tramitación nacional por parte de la autoridad competente, se le dé el máximo impulso en su tramitación ante la Comisión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La transparencia en las transferencias de valor entre industria y profesionales es un arma imprescindible en la lucha contra el conflicto de competencias en el sector. La decisión tomada en nuestro país por Farmaindustria, de hacer
transparentes todos sus pagos es sin duda una buena noticia en este sentido. No obstante también es de justicia señalar que en un sistema como el nuestro, en el que nuestros profesionales se encuentran entre los peor pagados de la OCDE, tanto en
términos absolutos como relativos, afrontar los gastos de la formación continuada (asistencia a cursos y congresos) debería de ser tarea del propio Sistema Nacional de Salud. La incertidumbre creada sobre la necesidad de tributar o no a hacienda
por estos pagos puede dificultar el objetivo final de la trasparencia y en nuestra opinión debería de diferenciarse claramente en el tratamiento fiscal las transferencias de valor destinadas a formación de aquellos pagos realizados a profesionales
del sistema que colaboran en la promoción o investigación de productos farmacéuticos. Estos últimos si deberían de tributar al ser una actividad destinada directamente a favorecer la actividad productiva y los legítimos intereses de una empresa.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, teniéndose por tales los pagos de las inscripciones a cursos, congresos o cualesquiera actividades
formativas para las que hayan obtenido previa autorización del centro sanitario en el que presten sus servicios, así como los gastos de traslado y alojamiento que se deriven de la asistencia a las mismas, excepto los de manutención.
2. El resto de transferencias de valor realizadas por la industria farmacéutica, de instrumental médico o cualquier otra estará sujeta a la tributación habitual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que
se solicita la integración funcional de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 14/86 General de Sanidad estableció un único Sistema Nacional de Salud con la vocación de atender a toda la población sin exclusiones, y organizado en servicios autonómicos de salud integradores de todos los dispositivos sanitarios
públicos existentes (artículo 46). Con ello se pretendía alcanzar los objetivos de equidad, racionalidad, calidad y eficacia de la atención sanitaria, ejes también de toda la ordenación sanitaria en nuestro país. Posteriormente la Ley 16/2003 de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Español, en su disposición adicional sexta, mandató a las administraciones sanitarias estatal y autonómicas a producir la transferencia e integración de los servicios e instituciones sanitarias
dependientes de Instituciones Penitenciarias en los correspondientes servicios de salud de las comunidades autónomas. A dicho efecto, establecía un plazo de 18 meses para su aplicación mediante real decreto, conforme al sistema de traspasos
establecidos por los estatutos de autonomía. La insuficiencia financiera de las Comunidades Autónomas agravada durante la presente crisis económica ha imposibilitado a éstas asumir el coste de estas competencias en ausencia de un nuevo modelo de
financiación autonómica.
Por su parte la legislación y ordenación penitenciaria expresada en el Reglamento Penitenciario aprobado por RD 190/1996 establece como principio la defensa y garantía de los derechos que los reclusos pudieran tener como personas, en todo
aquello que no venga limitado por su condición de privación de libertad. Con este fin aboga por una asistencia integrada, orientada a la promoción y prevención, equidad y superación de las desigualdades.
Tradicionalmente, la imposibilidad de prestar una atención sanitaria completa e integrada por parte de la administración penitenciaria ha llevado a que en varias Comunidades Autónomas se hayan formalizado y estén operativos acuerdos de
colaboración entre los servicios de sanidad penitenciaria y los correspondientes servicios autonómicos de salud, en particular para la oferta por parte de estos últimos de la atención sanitaria especializada y hospitalaria. Por su parte, la
administración penitenciaria se hace cargo de la atención primaria y farmacéutica en las prisiones. Con ser estos convenios un importante avance en la mejora de la calidad y continuidad asistencial, no llegan a alcanzar todas las ventajas que para
la población reclusa y para las propias administraciones sanitarias conllevaría la integración funcional completa de los servicios de sanidad penitenciaria. Se busca con ello normalizar de manera completa la atención a la población reclusa de
manera que la asistencia sanitaria en el interior de las prisiones se homologue a las condiciones de asistencia de cualquier otra persona residente en el territorio. Es decir,
atención con los mismos protocolos asistenciales y preventivos que el resto de la población, unidad de la información clínica en la historia clínica digital autonómica, organización de la atención continuada y asistencia farmacéutica
controlada y administrada por los servicios farmacéuticos autonómicos más próximos. Todo ello se puede y debe realizar sin afectar a las especificidades médico-legales que implica el régimen penitenciario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Proceda a establecer con las Comunidades Autónomas que todavía no tienen transferida la atención sanitaria en las prisiones, convenios de largo plazo que posibiliten una integración funcional completa de los servicios de sanidad
penitenciaria en sus correspondientes Servicios Autonómicos de Salud. Dichos convenios cuantificarán y asegurarán la responsabilidad financiera íntegra a cargo de la administración penitenciaria.
2. Abone con carácter inmediato las facturas pendientes de pago que la Administración penitenciaria adeuda a las Comunidades Autónomas como consecuencia de los servicios sanitarios prestados por éstas a la población reclusa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que
se solicita la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La Ley 14/86 General de Sanidad estableció un único Sistema Nacional de Salud con la vocación de atender a toda la población sin exclusiones, y organizado en servicios autonómicos de salud integradores de todos los dispositivos sanitarios
públicos existentes (artículo 46). Con ello se pretendía alcanzar los objetivos de equidad, racionalidad, calidad y eficacia de la atención sanitaria, ejes también de toda la ordenación sanitaria en nuestro país. Posteriormente la Ley 16/2003 de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Español, en su disposición adicional sexta, mandató a las administraciones sanitarias estatal y autonómicas a producir la transferencia e integración de los servicios e instituciones sanitarias
dependientes de Instituciones Penitenciarias en los correspondientes servicios de salud de las comunidades autónomas. A dicho efecto, establecía un plazo de 18 meses para su aplicación mediante real decreto, conforme al sistema de traspasos
establecidos por los estatutos de autonomía.
Por su parte la legislación y ordenación penitenciaria expresada en el Reglamento Penitenciario aprobado por RD 190/1996 establece como principio la defensa y garantía de los derechos que los reclusos pudieran tener como personas, en todo
aquello que no venga limitado por su condición de privación de libertad. Con este fin aboga por una asistencia integrada, orientada a la promoción y prevención, equidad y superación de las desigualdades.
Esta transferencia e integración de la sanidad penitenciaria en el SNS ya fue objeto de debate y acuerdo en el Congreso de los Diputados en marzo de 2005 (N.º de expediente 161/000542), estableciendo claramente las razones no solo de fondo
ya comentadas, en relación con los derechos de las personas reclusas a una asistencia sanitaria prestada en condiciones de igualdad, sino al mismo tiempo la conveniencia de proceder a dicha integración por razones de economía y racionalización de
los recursos públicos, así como por sus favorables efectos sobre la organización y desarrollo profesional de los actuales
profesionales de sanidad penitenciaria. Esta transferencia competencial se puede y debe realizar sin afectar a las especificidades médico-legales que implica el régimen penitenciario.
Hasta ahora la única Comunidad Autónoma que ha procedido a la transferencia e integración directa de la sanidad penitenciaria en el servicio autónomo de salud ha sido el País Vasco en julio de 2011, integración que se produjo con total
normalidad, cooperación entre las administraciones central y autonómica y que ha sido muy bien aceptada tanto por usuarios, como por profesionales y administraciones. Mientras tanto en Cataluña se hizo una transferencia completa de la
administración penitenciaria al gobierno de la Generalitat que posteriormente dio lugar a la incorporación de los servicios sanitarios en el Instituto Catalán de la Salud.
Por otra parte, la Comunidad Foral de Navarra ostenta amplias competencias tanto sanitarias como penitenciarias en cuanto al desarrollo o ejecución de la legislación básica del Estado en estas materias tal como recoge la Ley Orgánica 13/1982
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA).
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con el Gobierno de Navarra, de acuerdo a los mecanismos contemplados en la LORAFNA, la transferencia de la competencia de sanidad penitenciaria y su integración en el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2016.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de un Pacto de
Estado por los Servicios Sociales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La prestación de unos servicios sociales básicos de calidad y la garantía al acceso a los mismos en condiciones de igualdad deben ser prioritarias para cualquier sociedad que aspire a alcanzar el pleno bienestar social.
En este sentido, los artículos 139.1 y 149.1.1.a de la Constitución Española consagran 'los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado' y la 'igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales', como principios garantes de las condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y en la asunción de obligaciones en cualquier parte del Estado.
Sin embargo, la distribución competencial en materia de servicios sociales que reconoce el artículo 148.1.20.ª de la Carta Magna, ha propiciado un panorama muy heterogéneo en cuanto a normas, prestaciones y servicios en el ámbito de las
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla. Es decir, los ciudadanos españoles pueden recibir diferente trato en función de su lugar de residencia.
Destacando que esos diferentes modelos tienen en común la universalidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y la integración, reconociendo la diversidad existente fruto de la distribución competencial, y tratando al mismo
tiempo de velar por la garantía del principio de igualdad en el acceso a los derechos en todo el territorio nacional, el Estado español consideró la necesidad de abrir vías de colaboración que posibilitasen cierta armonización con el fin de
garantizar unos servicios mínimos en el Sistema de Servicios Sociales.
Un ejemplo de la optimización de resultados cuando se diseñan políticas basadas en la coordinación efectiva entre todos los actores implicados es el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, una herramienta que responde a
la voluntad del Gobierno de avanzar en la defensa del Estado del Bienestar, que nace de su compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este instrumento ha contado con la participación de la Administración General del Estado (a
través de los Ministerios implicados), la Administración Autonómica, la Administración Local (a través de la Federación Estatal de Municipios y Provincias), el Tercer Sector de Acción Social, el Consejo Económico y Social y otras instituciones
expertas en política e intervención social.
Por tanto, el sistema público de servicios sociales, además de ser una herramienta fundamental de integración y bienestar, es un ámbito en el que, al confluir competencias de distintas administraciones públicas y departamentos ministeriales,
la coordinación es definitiva para lograr la máxima eficiencia de los recursos públicos y una mayor eficacia en los resultados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de fortalecer la coordinación entre Estado, Comunidades Autónomas, Entes Locales y entidades del Tercer Sector, en materia de servicios sociales, con el objetivo de garantizar una
actuación eficaz en la asistencia a personas y familias que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad y promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para el incremento de dotación de plazas para médicos internos residentes (MIR) en especialidad de pediatría, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El marco legislativo de nuestro modelo sanitario viene definido por la Ley General de Sanidad de 1986 como un Servicio Nacional de Salud integrado, con financiación pública, cobertura universal y acceso gratuito. El gobierno central
mantiene responsabilidades en ciertas áreas estratégicas como la planificación de recursos humanos, que incluyen la formación universitaria de pregrado, de posgrado y de especialización médica.
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) asegura que 'actualmente ya existe un déficit importante de Pediatras en Atención Primaria, y según estudios realizados por la asociación casi el 25% de las plazas de pediatría
de AP no están cubiertas por profesionales de esta especialidad'.Por otro lado asegura que los 413 médicos que finalizarán su especialización en Pediatría en el año 2016 no serán suficientes para cubrir todas las plazas de pediatría de primaria,
dado el gran déficit actual y futuro de estos especialistas. Los nuevos MIR de pediatría finalizarán su formación en el 2020, año en que se prevé la jubilación de al menos 305 pediatras de Atención Primaria, a los que también hay que sumar las
jubilaciones de estos especialistas en los hospitales.
Actualmente sólo el 31,8 por ciento de los MIR de Pediatría de las tres últimas promociones acabaron ejerciendo en atención primaria, según un estudio que prepara la AEPap. Ello pone en riesgo la cobertura por personal médico especialista
en Pediatría de todas las plazas existentes de pediatría en los centros de salud nacionales. La Asociación Española de Pediatría reclama por ello más plazas MIR.
Además, de las 433 plazas ofertadas anualmente para formar pediatras, no se cubren en su totalidad, siempre quedan plazas vacías, como se puede comprobar en la tabla siguiente.
Año.;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
Plazas de Pediatría MIR cubiertas.;410;419;418;413;418;392;400;413
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una estimación de los profesionales pediatras que se necesitan para los próximos diez años y hacer una oferta de plazas MIR de esta especialidad acorde con las necesidades detectadas
que permitan cubrir tanto las carencias actuales como las bajas que se vayan produciendo por jubilación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Juan Jiménez Tortosa y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Enric Bataller i Ruiz (Compromís) presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la transparencia en el
etiquetado de la miel.
Exposición de motivos
El considerando (5) de la Directiva 2001/110/CE del Consejo de la Unión Europea relativa a la miel, argumenta que los intereses particulares de los consumidores requieren una total transparencia en lo que se refiere a las características
geográficas de la miel, así como en el etiquetado, el país de origen en que se haya recolectado, habida cuenta del estrecho vínculo existente entre la calidad de la miel y su origen. Por todo ello, es indispensable garantizar una información
completa sobre estos aspectos, a fin de no inducir a error a los consumidores.
Pese a dicha afirmación en el preámbulo de la Directiva, el articulado de la misma no garantiza sin embargo esta transparencia ni satisface el interés general de las personas, en su papel de consumidores, de conocer la procedencia y calidad
de los alimentos que consumen. El apartado (a) del punto 4 del artículo 2 de dicha Directiva, así como la modificación del mismo por parte de la Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y el Consejo permite que cuando 'la miel proceda de más de
un Estado miembro o de un tercer país, dicha mención podrá sustituirse por una de las siguientes, según proceda:
- 'mezcla de mieles de la CE',
- 'mezcla de mieles no procedentes de la CE',
- 'mezcla de mieles procedentes de la CE y de mieles no procedentes de la CE''
Este precepto está recogido de manera literal en el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel, modificado por el Real Decreto 473/2015, de 12 de junio.
La opacidad en el etiquetado respecto al origen de la miel, permitida por esta normativa europea y el mencionado Real Decreto, evita la trazabilidad de los alimentos y, por tanto, vulnera la protección de los consumidores y el derecho de
acceso a la información para poder tomar decisiones conscientes.
Así mismo, esta opacidad en el etiquetado perjudica la competitividad por la vía de calidad del sector apícola local, que se ve abocado a competir por vía de precios con productos de menor calidad, menor precio y de procedencia indefinida
frente a la invisibilidad de estas características para el consumidor. De
hecho, la normativa europea y española permite que no se especifiquen ni los países de origen ni las proporciones de las mieles, así como sus características, de cada una de las procedencias que conforman la mezcla de mieles comercializada.
En este sentido, esta práctica fomenta la competencia desleal con los productores apícolas locales, imposibilita la trazabilidad alimentaria y promueve la invisibilidad de las diferencias de calidad de los productos comercializados en
nuestro tejido comercial, generando todo ello indefensión en los consumidores.
Por todo ello, proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Proteger los derechos de los consumidores y evitar la asimetría de información en el mercado de la miel, hecho que perjudica la competencia en el sector apícola, mediante la modificación del Real Decreto 1049/2003, de manera que sea
obligatorio detallar en el etiquetado de las mezclas de mieles comercializadas en el Estado español el país de procedencia de cada fracción de mieles que conforma cada mezcla, así como cada uno de los porcentajes de miel que conforma la misma.
2. Tomar todas las acciones necesarias ante las instituciones europeas, para modificar la Directiva 2001/110/CE de manera que sea obligatorio en todo el territorio de la Unión Europea detallar en el etiquetado de las mezclas de miel
comercializadas, el país de procedencia de cada una de las fracciones de miel que conforman dicha mezcla, así como la proporción de cada una de ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para no
repercutir en el recibo eléctrico de los consumidores domésticos las consecuencias de la anulación judicial del sistema de financiación del bono social, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Motivación
El denominado bono social es un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a los ciudadanos que pertenecen a determinados colectivos de consumidores vulnerables. Estos consumidores tienen derecho a una tarifa resultante de aplicar a su
suministro Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) un descuento del 25% en todos los términos que lo componen. Se calcula que actualmente 2,414 millones de consumidores están acogidos al bono social.
Este mecanismo se puso en marcha el 1 de julio de 2009 y, en la actualidad, tienen derecho a acogerse al bono social tanto los consumidores denominados vulnerables, definidos en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, como los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinan en su normativa reguladora.
El pasado 26 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por resultar
incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, al no respetar el principio de proporcionalidad. También declaró inaplicables
y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el artículo 45.4 de la citada ley. Aun cuando la Directiva autoriza de forma expresa que, en aras del interés económico general se haga
recaer en las cuentas de las empresas una ayuda como el bono social, tal y como se establecía en la
regulación vigente, el Tribunal Supremo ha considerado que la actual normativa vulnera el principio de proporcionalidad por cuanto hace recaer la carga de la financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de
otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria.
Así mismo, la sentencia reconoce el derecho de las demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del Real Decreto 968/2014 impugnado hasta la fecha de ejecución de la sentencia,
de manera que se deberán reintegrar a las empresas demandantes todas las cantidades que hayan abonado por ese concepto, que se determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se
hizo el pago hasta la fecha de su reintegro.
En el caso de que deba reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde el año 2014, la indemnización superará los 500 millones de euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las decisiones que sean pertinentes para no repercutir en el recibo eléctrico de los consumidores domésticos las consecuencias de la anulación judicial del sistema de financiación del
bono social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-María Jesús Serrano Jiménez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la función
social desempeñada por el Banco de Alimentos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El concepto de 'Banco de Alimentos' nace en Phoenix, Arizona (EE. UU.) el 1966 de la mano de John Van Engel. Casi veinte años después, el 1984, el proyecto se introduce en Europa a través del Banco de los Alimentos de París. Y al cabo de
tres años, el 1987, se funda el primer Banco de Alimentos en el Estado español con sede en Barcelona, con el título de Fundació Bancs dels Aliments. El banco de Alimentos, representa, pues, una institución pionera en el ámbito estatal.
En el año 1996, los Bancos de Alimentos del estado español constituyeron la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) como asociación sin ánimo de lucro y que en la actualidad reúne a 55 Bancos de Alimentos, uno al menos en cada
provincia del territorio estatal.
Con forma jurídica de fundaciones o asociaciones, los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro que operan en sociedades donde, a través del espíritu solidario y difundiendo los valores humanos necesarios, tratan de
solucionar la necesidad básica del ser humano: la alimentación. Su forma de operar es luchando contra el despilfarro obteniendo alimentos excedentarios para donarlos a los más desfavorecidos a través de asociaciones benéficas.
Los Bancos de Alimentos se organizan como una empresa y se esfuerzan por ser rentables, es decir, administrando los recursos que se les confían con criterios de máxima eficacia. Funcionan gracias a una plantilla de más de 2.700 voluntarios,
la mayoría ex profesionales jubilados o prejubilados, que colaboran desinteresadamente de forma estable con la entidad y aportan su anterior experiencia laboral con profesionalidad y entusiasmo. Es importante saber que los 55 Bancos de Alimentos
del país no reparten alimentos directamente a personas particulares, los distribuyen sólo a través de las entidades asistenciales y de ayuda social reconocidas por las Administraciones.
En su funcionamiento reciben alimentos del Programa Operativo de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD), también de las donaciones de particulares
y empresa en especies o monetariamente. La insuficiencia de los alimentos recibidos, la periodicidad de las remesas que no se corresponden con las necesidades constantes de los demandantes y el hecho de que en muchos casos no se ajusten a
las necesidades de la cesta necesaria de alimentos, obliga a la compra de muchos productos. Al tener que pagar el IVA correspondiente de estos o el que corresponde a otras actividades necesarias para el funcionamiento de los Bancos de alimento,
acaba siendo una carga muy onerosa.
Otra necesidad que se tendría que solventar es el equiparar la Fundación con las otras entidades que reciben el 0,7 de la recaudación del IRPF para asuntos sociales, este hecho, a nuestro parecer de justicia, permitiría disponer de más
medios para hacer frente a una de la lacras mayores de la crisis económica, las dificultades de muchas familias de acudir a través de los servicios sociales a los Bancos de Alimentos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Iniciar las iniciativas legislativas pertinentes para que el Banco de Alimentos esté exento de pagar el IVA en la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad.
2. Incluir al Banco de Alimentos en el conjunto de entidades sociales beneficiarias de las aportaciones del 0,7% del IRPF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000826
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento presenta la
siguiente Proposición no de Ley para recuperar los niveles de financiación de las prestaciones para la Dependencia en la Comunidad Foral de Navarra y en el resto de las Comunidades Autónomas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
I. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia -conocida como 'Ley de Dependencia'- regula en sus artículos 32 y 33 el régimen de la financiación del Sistema
para la Autonomía y Apoyo a la Dependencia (SAAD). Al respecto, fundamentalmente establece que:
i) en primer lugar, la Administración General del Estado asumirá íntegramente la financiación del nivel mínimo de protección (art. 7). Serán los Presupuestos Generales del Estado los que fijarán anualmente la cantidad de recursos
destinados a financiar dicho nivel mínimo;
ii) en segundo lugar, las Comunidades Autónomas aportarán al menos una cantidad igual a la prevista por la Administración General del Estado en el nivel de protección mínimo y acordado (art. 32.3);
iii) además, las Comunidades Autónomas financiarán los niveles de protección adicionales que, en función de sus recursos, hayan podido establecer para sus residentes;
iv) por último, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en el coste de las mismas en función de sus recursos económicos, aunque ningún ciudadano podrá quedar desprotegido por no disponer de capacidad económica
suficiente (artículo 33.4).
II. Partiendo de la expuesta previsión legal, en un primer momento se firmaron Acuerdos de Colaboración con cada Comunidad Autónoma. En concreto, con la Comunidad Foral de Navarra, atendiendo a su singularidad competencial, se firmó
también un Acuerdo de Colaboración en la materia (publicado en el BOE de 27 de febrero de 2007).
Dicha previsión legal encontraba su desarrollo reglamentario con carácter general en el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la
Administración General del Estado, posteriormente modificado por el Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, quedando a su vez sustituido por el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección estableció
en la Ley 39/006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Asimismo, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 9 de mayo de 2007, acordaba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración
General del Estado para la financiación del nivel acordado, siendo posteriormente aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministro (publicado en el BOE con fecha de 2 de junio de 2007).
De igual modo se actualizaron el citado marco de cooperación y criterios de reparto en los sucesivos años hasta el año 2010, en el que se acordó el marco de cooperación para los años 2010 a 2013 (publicados en el BOE con fechas de 16 de
agosto de 2008, 5 de junio de 2009 y 21 de julio de 2010); no obstante, en 2011 se actualizaron las variables previstas en este marco de cooperación (publicado en el BOE 22/6/2011).
En desarrollo de este marco de cooperación, todas las Comunidades Autónomas de régimen común firmaron sucesivos convenios de colaboración con la Administración General del Estado. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, tanto el nivel
mínimo como el acordado se financian mediante la minoración de la aportación de la Comunidad Foral de Navarra (Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra de 7 de noviembre de 2007), de acuerdo a
similares criterios.
III. Desde el año 2012, a raíz de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y del fomento de la competitividad y de las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos, se
ha venido suspendiendo el nivel acordado. De este modo, sólo existe, de hecho, el nivel mínimo y el nivel adicional que las Comunidades Autónomas asumen y costean a su cargo.
En ese sentido, en el último informe, de 20 de marzo de 2013, de fiscalización de la Cámara de Comptos sobre la gestión y el control de pagos de la 'Ley de Dependencia' en Navarra recogía en su página 21 que el Estado aportaba un 9% el coste
de financiación de las prestaciones de dependencia, un 22% el usuario mediante copago y un 69% la Comunidad Foral de Navarra a través de su Departamento de Políticas Sociales, destacando así la desigual corresponsabilidad del Estado en relación a la
Comunidad Foral de Navarra en la financiación de las prestaciones a las personas con dependencia.
Igualmente cabe destacar que Navarra fue de las pocas Comunidades que cumplieron con el calendario previsto en la Ley 39/2006 y que mantuvo las cuantías y servicios de las prestaciones a la dependencia.
Por todo lo expuesto, se propone la presente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Volver a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 39/2006 en apoyo a las personas con los diferentes grados de dependencia recogidos en dicha Ley.
2. Recuperar el nivel acordado de financiación derogado por el citado Real Decreto-ley 20/2012.
3. Conveniar con la Comunidad Foral de Navarra, y en su caso acordar con el resto de Comunidades, para lograr que la financiación por parte todas las Administraciones Públicas responsables sea equitativa, de acuerdo con el régimen previsto
en los artículos 32 y 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
grave situación de Haití, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Haití es un país con una situación social extremadamente grave, marcado por una pobreza crítica y un reparto de los recursos muy desigual. Los niveles de pobreza de Haití son tres veces superiores a los de la media de América Latina y el
Caribe, lo que hacen que sea el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo (ocupa actualmente el puesto 163 entre los 188 países que integran el Indice de Desarrollo Humano de la ONU).
A lo largo de los últimos 20 años, Haití ha ahondado su situación de crisis económica, social y política, y como consecuencia de ello más de la mitad de sus habitantes viven hacinados en barrios pobres vulnerables a cualquier terremoto,
huracán o brote de una epidemia.
Ahora, de nuevo este país ha sido golpeado por una catástrofe natural. El paso del huracán Matthew ha dejado ya cerca de 500 personas muertas en el país. Por si fuera poco, en la principal ciudad de la península, Jeremie, cerca del 80% de
los edificios fueron derribados, al tiempo que en la provincia de Sud 30.000 hogares fueron destruidos.
Mourad Wahba, representante especial de Naciones Unidas para Haití, ha declarado que al menos 10.000 personas están en refugios, se unen a las 60.000 personas que ya estaban sin hogar viviendo en refugios, y que los hospitales están
desbordados, siendo ahora la cifra de desplazados mucho mayor.
Esta catástrofe sucede seis años después de que el país sufriera en enero de 2010 el peor terremoto en 200 años de historia que causó 220.000 muertos y afectó a cerca de un tercio de sus 10 millones de habitantes.
A pesar de los graves varapalos sufridos, cualquiera que vaya a Haití puede comprobar la tenacidad y la dignidad de una población que necesita todo nuestro apoyo para superar esta última catástrofe.
La ayuda oficial de gran parte de los países ricos a Haití ha sido escasa. La humanitaria está menguando y algunas organizaciones están abandonando el país. Pero la comunidad internacional no debe reducir su compromiso solidario con Haití,
al revés, debe incrementarlo, se requiere mayor cooperación, tanto en la fase de reconstrucción como a través de proyectos de desarrollo económico y social.
La situación de extrema pobreza (la mayor de todo el hemisferio occidental) y la enorme desigualdad (una de las mayores del mundo) que azotan Haití hacen que este país sea uno de los mayores necesitados de ayuda internacional para poder
acometer de manera efectiva sus políticas de desarrollo. La Cooperación Española no ha sido ajena a tal preocupación y, así, desde 2005 Haití goza de condición de país prioritario.
España siempre ha destacado por mostrar la solidaridad de su población canalizada en el buen trabajo que sobre el terreno desempeñan las ONGDs, las cuales tienen una presencia importante en el país, llegan a canalizar una gran cantidad de
recursos, tanto a través de los fondos AECID gestionados vía ONG como de la cooperación descentralizada (entidades locales) y de sus recursos propios, en los ámbitos de salud, educación, seguridad alimentaria y agua potable y saneamiento.
También han sido muchas las entidades locales que han aportado fondos para paliar las necesidades sociales de los haitianos, contribuyendo a poner en marcha iniciativas en materia de sanidad, agua y saneamiento.
Se ha demostrado en muchas ocasiones que las crisis políticas y económicas y las catástrofes naturales pueden catapultar a un país a los titulares del mundo, captando durante un tiempo la atención de la prensa internacional y de los
dirigentes del planeta. Pero después, sobre todo si el país afectado es pobre y periférico, y carece de peso geopolítico mundial, los focos se apagan, las informaciones se tornan
cada vez más infrecuentes, las llamadas a la solidaridad se esfuman y gran parte de las promesas de apoyo se olvidan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Destinar ayuda humanitaria suficiente para paliar la nueva catástrofe natural que ha vuelto a golpear Haití y coordinar de forma seria y responsable la ayuda de emergencia que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales quieran
prestar.
2. Aplicar políticas de acción humanitaria en la prevención de las catástrofes naturales aumentando la resiliencia de la población afectada con el objetivo de prevenir y minimizar el impacto de los desastres naturales, haciendo especial
hincapié en la infancia como parte de la población más vulnerable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2016.-Pablo Bellido Acebedo y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
situación del pueblo saharaui, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La situación de desprotección que el Pueblo Saharaui lleva sufriendo ha llevado a nuestro país en todo este tiempo a mantener una postura que promueva una solución acordada por las partes implicadas en la línea de las resoluciones de
Naciones Unidas y dentro de la legalidad internacional.
Es preciso seguir apoyando e impulsando el proceso de diálogo entre las partes (Marruecos y el Frente Polisario), siempre bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con vistas a lograr una solución política duradera que sea aceptable para
ambas y que provea efectivamente al ejercicio de la libre determinación del pueblo saharaui.
Al mismo tiempo, resulta prioritario mantener la atención sostenida y el apoyo constante de la comunidad internacional tanto a los esfuerzos de carácter humanitario en favor del Pueblo Saharaui como al respeto de los derechos humanos de la
población saharaui a ambos lados del muro.
Mientras todo esto llega, en el día a día en los Campamentos de Refugiados Saharauis se suceden situaciones que traen sufrimientos y trastornos que dificultan su bienestar y comprometen su integridad, como son las inclemencias del tiempo o
la escasez de alimentos.
Por esta razón, la Media Luna Roja Saharaui ha denunciado a través de un comunicado, su gran preocupación debido a la interrupción de la cesta mensual de alimentos dirigida a los refugiados saharauis de octubre, 'lo que provocaría una
disminución del 50% de las raciones mensuales a partir del próximo mes de noviembre si no llegan las ayudas urgentes'.
En su escrito explica que 'la principal causa de esta disminución se debe al retraso del Gobierno Español en donar su contribución del año 2016, y no permitir al Programa Mundial de Alimentos (PMA) que adquiera por anticipado los alimentos'
y, por tanto, 'hace un llamamiento instando al Gobierno Español a desbloquear su contribución para el PMA para evitar que esta situación desemboque en una catástrofe humanitaria'.
El Grupo Socialista se hace eco del llamamiento de la Media Luna Roja Saharaui y, por ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desbloquear, urgentemente, la interrupción de la cesta mensual de alimentos dirigida a los refugiados saharauis, permitiendo el envío inmediato de la contribución que España aporta para el
Programa Mundial de Alimentos, con el objetivo de evitar que esta situación desemboque en una catástrofe humanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-María Soledad Pérez Domínguez y Meritxell Batet Lamaña, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/000795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para la adhesión del Gobierno en las acciones dirigidas a declarar el Día de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Nacida en Cataluña, la festividad de Sant Jordi es cada vez más valorada por los ciudadanos del resto de España. Se ha conseguido extender una celebración cultural vinculada no sólo a los libros, sino también al acto de regalarlos:
El 1995, la UNESCO proclamó día mundial del libro y del derecho de autor el 23 de abril. La fecha coincide con los decesos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Sin embargo, en la página de la UNESCO sobre la conmemoración de este día se explica que su origen se encuentra en Cataluña (España) donde es tradición regalar una rosa y un libro el 23 de abril, día de Sant Jordi.
Desde Ciudadanos consideramos que la festividad de Sant Jordi posee un valor en sí misma. El ritual del regalo de la rosa y el libro se transmite de generación en generación y lo viven tanto los más pequeños como los mayores. Es un día en
el que las escuelas, casales y centros cívicos celebran juegos florales y concursos literarios. Los centros educativos explican cada año la leyenda del dragón de Sant Jordi, y se anima a los más pequeños a leer y a escribir. Es, pues, una fiesta
que involucra a toda una sociedad alrededor de los libros y las rosas, que uno regala a las personas que quiere. Las calles se llenan de libros y de flores. Es difícil imaginar un acto festivo más civilizado y más hermoso.
Por estas razones consideramos que la festividad de Sant Jordi debería ser reconocida por los valores universales que representa en un contexto internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dar apoyo a las iniciativas que persiguen declarar la festividad de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el marco de la UNESCO, y realizar las gestiones
necesarias para que dicha candidatura sea tenida en cuenta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el impulso de los trámites para la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Motivación
En marzo de 2014 se aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular que instaba al gobierno a 'previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial y una vez incluida en la Lista
indicativa, también con el acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo, apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial'.
En una respuesta del 11 de noviembre de 2013, el Gobierno dice que la candidatura de la Ribeira Sacra está incluida en la Lista de Patrimonio Mundial desde el año 1996.
Dos años después parece que o no se hicieron gestiones o no fueron efectivas.
Es evidente la importancia que el reconocimiento de un bien como Patrimonio de la Humanidad tiene, y la repercusión para su mantenimiento y como apoyo para el desarrollo económico y en este caso medioambiental del entorno en el que está
ubicado dicho bien.
La Ribeira Sacra comprende las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño en la zona sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense; con alto valor paisajístico y ecológico.
Las provincias de Ourense y Lugo tienen un grave problema demográfico con un alto índice de envejecimiento, de abandono de mucha parte del territorio y de bajo desarrollo económico. La declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la
Humanidad sería un apoyo importante para el desarrollo de la zona y la fijación de población en la misma.
El procedimiento siguiente a la inclusión en la Lista indicativa es que la Comunidad Autónoma presente la candidatura ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Teniendo en cuenta lo aprobado con anterioridad en el Congreso de los Diputados, las Diputaciones de Lugo y Ourense y más recientemente la solicitud de la Valedora do Pobo de Galicia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de acuerdo con la Xunta de Galicia, proceda al impulso de los trámites para la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-Margarita Pérez Herráiz y María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la declaración del Románico Palentino como Patrimonio Mundial, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
I. Sobre la declaración de patrimonio mundial.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene como objetivo promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo considerado
especialmente valioso para la humanidad.
Todos los países poseen sitios y monumentos de interés local o nacional, pero para que este 'patrimonio nacional' sea considerado también 'patrimonio mundial' tiene que ser patrimonio de 'valor universal excepcional'. Para delimitarlo en la
Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural celebrada en 1972 en París se especificaron los criterios por los que se inscribe a un lugar o monumento en la Lista del Patrimonio Mundial. Se constituyó el Comité del
Patrimonio Mundial a tal fin compuesto por representantes de 21 Estados (España es uno de ellos). Es este comité quien dicta las instrucciones de carácter procedimental para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la Lista del
Patrimonio Mundial.
Para que el Comité acepte incluir en la lista del Patrimonio Mundial nuevos bienes culturales deben cumplir alguno de los criterios siguientes:
I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.
II. Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado período o en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño
paisajístico.
III. Ser y aportar un testimonio único o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización desaparecida o que sigue viva.
IV. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la humanidad.
V. Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional, representativo de una cultura o de culturas ahora vulnerables por el impacto de un cambio irreversible.
VI. Estar directa y perceptiblemente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas o creencias de importancia, o con obras artísticas o literarias de significado universal excepcional.
También se puede tener en cuenta el criterio de autenticidad en lo que, a diseño, materiales, mano de obra o marco se refiere. Y como factor adicional, será también tenido en cuenta el estado de preservación del bien, que debe ser
relevantemente evaluado, es decir, comparándolo con el estado de otros bienes semejantes del mismo período.
Por su parte los bienes naturales deben de cumplir alguno de los que a continuación se señalan:
I. Ser ejemplos sobresalientes y representativos de los diferentes períodos de la historia de la Tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los procesos geológicos significativos en curso, del desarrollo de las formas terrestres, o
de elementos geomorfológicos o fisiográficos significativos.
II. Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.
III. Contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una importancia estética excepcional.
IV. Contener los hábitats naturales más importantes y más representativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que alberguen especies amenazadas que posean un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la ciencia o la conservación. También son criterios importantes la protección, la administración y la integridad del sitio.
La inclusión de bienes culturales o naturales en la Lista se efectúa siguiendo un procedimiento definido. Este implica el establecimiento previo, por parte de cada Estado, de una lista indicativa de bienes a ser inscritos, que se actualiza
periódicamente. Este inventario de bienes, que pretende un reconocimiento internacional en razón de su valor universal excepcional, se entrega oficialmente en el Centro del Patrimonio Mundial, en la UNESCO.
En España, el órgano responsable de ello es el Consejo del Patrimonio Histórico como máximo ente consultivo nacional en el que están representados el Estado y todas las Comunidades Autónomas. El
Consejo es quien eleva al Gobierno de la Nación la lista indicativa de aquellos bienes aspirantes, agrupados por etapas y corrientes culturales, con justificación de su valor y en referencia con otros bienes similares nacionales o
extranjeros.
A partir de ese momento pertenece a las autoridades nacionales determinar un orden de prioridad, en función del cual se constituirán los expedientes de inscripción siguiendo las recomendaciones que figuran en las 'Orientaciones operacionales
para la aplicación de la Convención del patrimonio mundial'.
La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial se realiza con arreglo a las siguientes categorías:
- Monumentos. Se considera monumento a la obra arquitectónica, escultura, pintura y las piezas o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor excepcional desde el punto de vista
histórico, artístico o científico.
- Conjuntos. Grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un valor universal desde los mismos puntos de vista que para los monumentos, se denominan conjuntos, dividiéndose éstos
a su vez en tres categorías.
- Sitios. Las obras del hombre o bien las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los lugares arqueológicos, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Nuestro país es el tercero del mundo en número de declaraciones de bienes Patrimonio Mundial, solo por detrás de Italia y China. En el año 2015 se han incorporado los dólmenes de Antequera junto al Torcal, sumando en total 45 declaraciones.
Y Castilla y León a la par que Andalucía suman 8 declaraciones cada una, conformando las Comunidades Autónomas que más tienen.
II. Sobre el románico palentino. La mayor concentración de iglesias románicas de Europa.
Fue Alfonso de la Serna quien al interesarse por el arte románico palentino en sus viajes por España afirmó que en las tierras del norte de Palencia se reunía 'la mayor concentración románica del mundo'. Aseveración que es tan verdadera
como impactante, de tal manera que parece un eslogan turístico que se ha hecho popular, como dice Miguel Ángel García Guinea en el tomo dedicado a la provincia de Palencia de la Enciclopedia del Románico (obra magna de la Fundación Santa María la
Real y el Centro de Estudios del Románico a ella adscrito). Esta densidad románica se completa con los monumentos del sur de la provincia de Santander y los del norte de la de Burgos.
Es la provincia de Palencia la que mayor número de testimonios románicos reúne especialmente en el norte de la misma, como también en cuanto a la calidad de las iglesias a lo largo de toda la provincia como se puede comprobar con monumentos
arquitectónicos esenciales en el arte europeo como San Martín de Frómista, o la cripta de San Antolín en la catedral de Palencia que comparte sistemas constructivos de la vieja arquitectura asturiana. Durante los siglos XI y XII en la provincia de
Palencia se desarrollaron importantes monasterios románicos. Así podemos citar los de San Isidro de Dueñas, o los de Husillos, San Román de Entrepeñas, Santa Eufemia de Cozuelos, Santa María la Real de Aguilar, Santa María de Mave, Lebanza,
Benevívere, San Andrés de Arroyo, Santa Cruz de Ribas, San Zoilo de Carrión, San Martín de Frómista, etc. Monasterios que fueron engrandeciéndose con el apoyo de la nobleza o de los reyes, e integrándose en las órdenes más poderosas de entonces:
cluniacenses, cistercienses, agustinianos o premostratenses, precisamente durante el transcurso de los dos siglos románicos por excelencia.
Las circunstancias históricas vividas a finales del siglo XII, con un interés de los reyes castellanos por la repoblación concejil en el norte de su reino, así como el peso organizativo de los obispados de Palencia y de Burgos, junto al
poder de los grandes monasterios, son señaladas por historiadores como Julio González y Miguel Ángel García Guinea, como los factores principales del fervor de construcciones, tanto de monasterios como de parroquias o iglesias concejiles,
distribuidas la provincia palentina y especialmente en la franja septentrional. La mayoría reúne las mismas características: humildes iglesias románicas levantadas en las minúsculas aldeas para su servicio religioso a que se subsumía el político o
social, pues la iglesia venía a ser el verdadero centro cívico común a todo el vecindario.
El románico palentino bebe de las características generales del estilo, aunque podemos destacar tres peculiaridades propias: La gran cantidad de iglesias románicas que se concentra el en norte de la provincia, el modelo de espadaña común a
muchas de ellas y la solución constructiva de mampostería, siendo el ladrillo una auténtica excepción en estas tierras.
Además, en el conjunto de la provincia contamos con magníficas representaciones de las tres fases clásicas del arte románico. El Primer Románico (siglo XI) con ejemplares tan destacados como la citada cripta de San Antolín en la catedral o
la ermita de San Pelayo de Perazancas. En este contexto se debe de valorar también la presencia de los eremitorios rupestres de la primera época de la Repoblación (siglos IX-X) muy presentes también en el norte de la provincia, en la de Burgos y en
el sur de Cantabria. Del Románico Pleno (último tercio del siglo XI y primera mitad del siglo XII) son San Martín de Frómista, o los monasterios de Nogal de las Huertas, San Zoilo y Santa María de Carrión de los Condes o San Isidro de Dueñas entre
otras destacadas muestras. Y en el Tardorrománico (finales del siglo XII principios del siglo XIII) es cuando se inicia la construcción de los pequeños templos románicos en casi todos los pueblos de la provincia, junto a nuevos monasterios (con el
apoyo de Alfonso VIII de Castilla), como Santa María la Real de Aguilar, Santa Cruz de Ribas, San Andrés de Arroyo, muchas iglesias o colegiatas como San Juan de Moarves, Revilla de Santullán, Husillos, San Salvador de Cantamuda, Vallespinoso de
Aguilar, Villanueva del Río Pisuerga, Iglesia de Santiago de Carrión, etc.
Capítulo aparte merecería la escultura del románico palentino reflejada en capiteles, canecillos y arquivoltas de las portadas. Destacando el conjunto escultórico de San Martín de Frómista y los focos de extraordinarios capiteles
figurativos de Santa María la Real de Aguilar y de San Andrés de Arroyo que crearon talleres que difundieron su estilo en muchas representaciones de pequeñas iglesias. Hay que sumar también la escultura exenta y las pilas bautismales que en
Palencia conforman una gran colección. Desafortunadamente muy poca pintura románica ha llegado hasta nuestros días, destacando los frescos de Santa Eulalia de Perazancas.
III. Sobre la declaración del Románico Palentino como Patrimonio Mundial.
Es cierto que con anterioridad se ha buscado la declaración del Románico Palentino como Patrimonio Mundial con iniciativas de varios grupos políticos tanto en las Cortes de Castilla y León como en las Cortes Generales de España.
Pero lo cierto es que aquellas iniciativas, y otras propuestas por administraciones locales y provinciales no dieron sus frutos. Y es cierto que por desgracia no prosperó. Veinte años después, y sin perdernos en los reproches estériles
sobre las responsabilidades de la frustrada candidatura, debemos retomar aquel ambicioso proyecto desde todos los ámbitos, ayuntamientos y juntas vecinales (muchas de ellas con iglesias románicas), las Diputaciones Provinciales de Palencia y Burgos,
las Cortes y la Junta de Castilla y León, y el Gobierno de la Nación, con la finalidad de conseguir ahora sí este reconocimiento merecido.
A tal fin es necesario contar con el apoyo de todas aquellas instituciones públicas o privadas que son representativas y relevantes en este proyecto, como la propia Fundación Santa María la Real y del Patrimonio Histórico. Y de la misma
manera con el Gobierno de Cantabria, también afectado en gran parte de su patrimonio por el objetivo de la declaración como Patrimonio Mundial.
Además, como valores añadidos se podrían sumar la consideración de las citadas ermitas rupestres verdadero antecedente del Románico Palentino, y el proyecto de Geoparque Las Loras que también es compartido por las provincias de Palencia y
Burgos, y que a mayor relación se ubica precisamente en las comarcas de mayor concentración de edificios románicos de ambas provincias.
Con todo ello es evidente que el Románico Palentino, como bien cultural, cumple con creces no solo uno sino los seis criterios exigidos por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial
como Conjunto. Incluso de los cuatro criterios referidos a los bienes naturales, cumpliría al menos dos de ellos si se considera el Geoparque de las Loras.
En definitiva, la Junta de Castilla y León debe de promover, de nuevo y con redoblado esfuerzo, la candidatura del Románico Palentino como Patrimonio Mundial, y en tal sentido debe de iniciar el proceso para la presentación de la misma
debidamente justificada al Consejo del Patrimonio Histórico Español para que una vez sea considerada en el mismo, el Gobierno de España la presente al Comité de la UNESCO. A tal fin no es conveniente establecer límites temporales, pero teniendo en
cuenta que en el año 2018 está prevista celebrar la edición de las Edades del Hombre en la localidad de Aguilar de Campoo, muy identificada con el románico palentino, sería un magnífico broche que en dicho año celebráramos también la obtención de la
declaración como Patrimonio Mundial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para:
1. Impulsar la candidatura del Románico como Patrimonio Mundial de la Humanidad en colaboración con todas las instituciones interesadas, así como con administraciones e instituciones de otras comunidades autónomas que deseen sumarse a este
objetivo, como es el caso de Cantabria.
2. Apoyar esta candidatura en el Consejo del Patrimonio Histórico Español para que el Románico Palentino sea propuesto por el Reino de España a ser incluido en la Lista de Patrimonio Mundial ante el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2016.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Antoni Postius i Terrado, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Cultura, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a apoyar la conmemoración del centenario de la muerte del pianista y compositor Enric Granados.
Antecedentes
El compositor Enric Granados Campiña nace en Lleida el año 1867 y muere en el Canal de la Mancha en 1916. Este año 2016 se conmemora el centenario de su muerte y en 2017 el 150 aniversario de su nacimiento.
Fue un gran compositor que sedujo por su elegancia, su temperamento romántico, su fino idealismo y un fondo poético que puede vislumbrarse en sus escritos, sus dibujos y su música.
Fue un compositor de su tiempo y su ciudad. Con Apelles Mestres desarrolló el Teatro Lírico Catalán, con obras como Pícarol, Gaziel, Follet, Liliana o Petrarca. Pero donde es innegable su importancia es en su obra para piano 'Goyescas'
así como su traslación a la ópera. Asimismo podemos destacar sus Danzas Españolas o su obra para voz y piano con las Tonadillas, las Canciones Amatorias, etc. El reconocimiento internacional de su música es innegable.
En el ámbito de la educación, creó la Academia Granados. Alicia de la Rocha ha sido la pianista más representativa de su escuela y una extraordinaria embajadora de la música de Granados en todo el mundo, que actualmente continúa con la
Academia Marshall.
Granados buscó siempre la proyección internacional. Se significó como compositor español con textos principalmente en castellano y música muy española, si bien también compuso obras en catalán, básicamente con textos de Apelles Mestre, que
se conservan autografiadas.
Respecto a la obra para piano, el Allegro de Concierto, las Goyescas y las 12 Danzas españolas lo ubican en la cúspide de la creación de la época. Su característica es el tratamiento sinfónico de muchas de las obras, con una complejidad y
un tratamiento sonoro diferente, potenciado por su técnica del pedal, que lo hacen uno de los compositores más brillantes para este instrumento.
Compuso música de cámara, sobre la que se está trabajando para reeditar obras que escribió, aunque su prematura muerte impidió que se desarrollara más en este sentido.
En su obra para voz y piano destacan las Tonadillas, La maja y el Ruiseñor, Canciones amatorias, canciones españolas y canciones catalanas, obras de gran belleza tanto en la voz como en el piano. Conchita Badia las fue interpretando a
medida que salían de la pluma del compositor.
Respecto al Teatro lírico fue adalid de una de las obsesiones de los animadores del Modernismo catalán. Aquí tenemos una deuda con la obra de Granados, depositada en París y de la cual solo recientemente se ha editado Follet, representada
este año en el Auditori Enric Granados de Lleida.
Respecto a su producción operística destacan la obra Maria del Carmen, de 1899, y la ópera Goyescas. Fruto de su éxito con la obra pianística del mismo nombre, transformó la obra en una ópera que debía estrenarse en la ópera de París, cosa
que no ocurrió por la irrupción de la 1.ª Guerra Mundial. Posteriormente se programó en el Metropolitan de Nueva York, que le dio gran fama en EEUU y fue invitado por el presidente de este país a ofrecer un concierto en la Casa Blanca. Por dicho
motivo retrasó su retorno a España donde le esperaban sus seis hijos. Finalizado el concierto encontró pasaje en un barco hasta Gran Bretaña, desde donde otro barco, el Sussex, le debía llevar a España. En la travesía del Canal de la Mancha el
Sussex fue atacado por un submarino alemán y tanto Granados como su mujer murieron trágicamente en el mar, de donde no se recuperaron sus cuerpos.
Con su muerte quedan para su reconocimiento cartas de músicos de todo el mundo, de la talla de Debussy, Saint-Saëns, Manuel de Falla, Tomás Bretón, Albéniz, Turina, Millet, Vives y tantos otros.
En conclusión, Granados ha sido un autor representativo de la creatividad catalana, española e internacional en una época de cambio de siglo. El piano, como intérprete, la Academia como pedagogo y la voluntad de internacionalidad lo
aproximan a compositores como Satie o el grup de los Six. Su muerte truncó una carrera que estaba en estrella ascendente.
El Ayuntamiento de Lleida ha creado una Comisión Granados impulsada por el mismo Ayuntamiento y con el apoyo de la Comisión Familiar Granados, la Diputación de Lleida y la Generalitat de Cataluña con los siguientes objetivos:
- Coordinar los actos conmemorativos del Centenario y 150 aniversario de Granados.
- Fomentar la recuperación y edición de obras no editadas y/o no interpretadas del compositor.
- Promover la figura de Granados en el ámbito educativo y musical
- Reforzar la proyección nacional e internacional de la figura de Granados.
Por todo ello, el Partit Demòcrata Europeu Català presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Cultura a:
1. Colaborar presupuestariamente con la Diputació de Lleida y el Ajuntament de Lleida en los actos, proyectos y planes de conmemoración del centenario de la muerte del pianista y compositor, Enric Granados, con el objeto de dar a conocer la
figura y la obra del artista.
2. Promover la emisión de un sello de correos y un matasellos con motivo del centenario de la muerte de Granados, en coordinación con la Comisión Filatélica del Estado.
3. Apoyar presupuestariamente la promoción de conciertos en conmemoración del Centenario Granados en 2016 y 2017 tanto en el ámbito estatal como en el internacional.
4. Promover campañas de difusión de la figura y la música de Granados en los medios de comunicación del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Igualdad
161/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la incorporación de mujeres a la estiba en el Puerto Bahía de
Algeciras, para su debate en la Comisión de Igualdad.
La presencia de mujeres en el trabajo de la estiba es relativamente reciente, comenzando su incorporación paulatina en la década de los noventa. Su excelente rendimiento y su compromiso sindical activo ha permitido que las reticencias
iniciales se fuesen disipando, y medidas como los turnos fijos a
media jornada en las rotaciones o los dos meses de descanso compensatorio en el periodo de lactancia, así como otras sobre la conciliación de la vida laboral y familiar incorporadas a los convenios colectivos han permitido la asunción de un
papel activo de las mujeres en el trabajo portuario y su normalización en el sector de la estiba.
Además de los principales puertos europeos, en nuestro país Bilbao, Barcelona o Valencia son puertos en los que ya hace años que se produjo la incorporación de mujeres, y en Andalucía, Cádiz o Málaga también tienen a mujeres entre el
personal de estiba. Es algo que, aunque a un ritmo lento, ya es una realidad no sólo en ámbito de países en los que se supone que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor poco cuestionable por la sociedad, sino que la presencia de mujeres en
los muelles se está produciendo incluso en países en los que aun esa igualdad ni siquiera se pregona en términos meramente formales.
Toda regla tiene una excepción y el Puerto de Algeciras, el más importante de España, cuenta con 1.879 estibadores, todos hombres. La Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras S.A., de gestión de estibadores portuarios,
cuenta en Algeciras con 1.522 trabajadores fijos y 357 eventuales. Todos los puertos de interés general del Estado, de entidad similar al algecireño, han superado ya un anacronismo de este tipo tan inexplicable corno injustificado.
Esta situación viene siendo denunciada por una asociación de Mujeres Estibadoras, que nació hace dos años en Algeciras tras cosechar en tiempo récord miles de adhesiones a través de las redes sociales, que además ha emprendido la labor
constante de dar a conocer el problema y reclamar con toda justicia la superación del actual estado de cosas.
No se puede tolerar por más tiempo que se permita esta flagrante discriminación a las mujeres en suelo andaluz, en un puerto de esta importancia y con unos índices de desempleo devastadores en la provincia, que para las mujeres sobrepasan
ampliamente el límite de lo asumible.
No hay que olvidar que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (organismo público dependiente del Ministerio de Fomento) es quien gestiona el puerto de interés general Bahía de Algeciras.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a:
1. Tomar las medidas políticas y administrativas necesarias para garantizar mecanismos que aborden la composición exclusivamente masculina de la plantilla de estiba en el Puerto Bahía de Algeciras.
2. Acordar las medidas oportunas para que la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto Bahía de Algeciras elimine de inmediato las trabas que están impidiendo la incorporación de las mujeres al trabajo portuario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-Eva García Sempere, Miguel Ángel Bustamante Martín y María Isabel Salud Areste, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en el deporte profesional, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El artículo 14 de la Constitución Española señala que 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social'. Un principio que, si bien es del todo deseable, no siempre se cumple.
En este caso, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, consideramos que existe una vulneración de derechos tanto fundamentales como laborales de las deportistas profesionales de diferentes deportes que poseen en sus respectivos contratos
cláusulas que estipulan que pueden ser despedidas en caso de quedarse embarazadas. Un ejemplo de posibles rescisiones de contrato por embarazo son las jugadoras de baloncesto profesionales, que equipara el quedarse embarazada a una 'deficiente
conducta profesional'. Unas cláusulas que no han sido revocadas ni por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ni por la Federación Española de Baloncesto (FEB).
Aquí debemos tener en cuenta también la responsabilidad del Consejo Superior de Deportes (CSD), a la hora de tolerar esta práctica. Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en sus recomendaciones relativas a
la protección de la maternidad que siempre que el empleador sea notificado, por medio de un certificado médico del embarazo de la mujer, el plazo por el que sea ilegal despedir a la trabajadora comienza desde el momento de la notificación hasta un
mes después. Un plazo que no se estaría cumpliendo. A esta recomendación de la OIT, se debe añadir la Declaración sobre la igualdad de oportunidades de trato para la trabajadora que España ha suscrito y que, en su artículo ocho, indica que las
responsabilidades familiares no podrán ser causa de despido.
El CSD, como entidad responsable de velar por el Deporte en España, también ha suscrito la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, que señala que: 'El deporte y las actividades deportivas forman una parte esencial de la cultura
de cada nación. No obstante, a pesar de que las mujeres y chicas forman más de la mitad de la población mundial, el porcentaje de su participación en el deporte, aunque varía de país en país, es siempre inferior al porcentaje de los hombres y
chicos. Durante los últimos años se ha visto un aumento en la participación femenina en el deporte y en las oportunidades para las mujeres de participar en competiciones nacionales e internacionales; sin embargo las mujeres no han llegado a
disfrutar de una mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están significativamente subrepresentadas en las funciones de director, entrenador y juez, especialmente a los niveles más altos. Mientras que no
haya mujeres que dirijan, decidan o sirvan de modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades para las mujeres y chicas' y establece entre los objetivos el que los firmantes de la declaración 'aseguren a todas mujeres y chicas la
oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y el respeto del individuo' e 'incrementen la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas las funciones y
roles'. Instando para ello a los Estados y Gobierno a 'hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurarse que las instituciones y organizaciones a cargo del deporte respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres'.
El CSD a su vez, también se ha adherido al 'Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte' el cual pretende implicar a todas las personas, organismos, instituciones o entidades públicas o privadas relacionadas
directa o indirectamente con la actividad física con el fin de garantizar una serie de principios de igualdad en el deporte entre los que se encuentran:
- Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los
ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.
- Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como una máxima de calidad en la gestión dentro de la responsabilidad social corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad física y el deporte.
- Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de competición, favoreciendo su incorporación y reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y posibilitando la conciliación de su formación académica, desarrollo
personal y profesional.
En base a todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, consideramos que la maternidad no puede ser nunca una causa de la finalización de contrato entre una empresa y la trabajadora, debiendo protegerse todo lo relativo a la
gestación mediante las medidas precisas de salvaguarda para garantizar
que todas las mujeres puedan desarrollarse completamente indiferentemente de la profesión que desarrollen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de evitar que las deportistas profesionales puedan ser despedidas en caso de embarazo en concordancia con los convenios y declaraciones internacionales que España ha suscrito.
2. Llevar a cabo las inspecciones laborales necesarias en este ámbito a fin de detectar posibles vulneraciones de derechos de deportistas profesionales mediante cláusulas en sus contratos que puedan chocar frontalmente contra la maternidad
y los convenios y declaraciones internacionales que España ha suscrito en relación a su protección.
3. Instar a la Federación Española de Baloncesto, así como a la Federación Internacional de Baloncesto a que declare este tipo de prácticas nulas en los contratos que rijan las relaciones profesionales entre jugadoras y clubes tanto en
España, como en otros países en que se esté permitiendo.
4. Evaluar si existen prácticas similares desde otras federaciones nacionales en otros ámbitos deportivos.
5. Establecer como requisito primordial en el acceso a las cuantías que concede el Consejo Superior de Deportes, mediante el Programa Mujer y Deporte para promocionar la participación femenina en el deporte, la necesidad de no consentir
cláusulas que atenten contra la maternidad en los contratos que se hagan a las deportistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/000792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, para su debate en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo.
Exposición de motivos
La política desarrollada por el Partido Popular durante sus años de gobierno viene poniendo en riesgo el equilibrio financiero de nuestro sistema público de pensiones, con sus consecuencias en la viabilidad y sostenibilidad del mismo,
creando alarmas en la sociedad española respecto al futuro de las pensiones, tanto para quienes las están percibiendo en estos momentos, como para quienes esperan percibirlas en el futuro.
A su política de empleo, basada en un modelo de contratos precarios, de devaluación salarial y explotación laboral, con incidencia directa en las arcas de la seguridad social por lo que supone de minoración en las bases de cotización, se
suma una política dirigida a recortar los derechos de los pensionistas y las expectativas de derecho de los futuros pensionistas, así como a deprimir los ingresos del sistema de Seguridad Social. Así es como debe interpretarse la congelación del
salario mínimo o su política de incentivos para la creación de empleo, basada en reducciones, exenciones y tarifas planas, ineficientes para el objetivo perseguido, y cuyo coste es asumido íntegramente por la Seguridad Social, cuando debieran ser
financiadas desde el Presupuesto del Estado. Decisiones adoptadas fuera del diálogo social y político en el seno del Pacto de Toledo y en contra de sus recomendaciones.
Esta situación ha provocado que, por primera vez en democracia, nuestro sistema público de pensiones haya presentado un déficit creciente durante toda la X Legislatura. Más de 17.000 millones en diciembre de 2015. Esta caída de ingresos ha
provocado la detracción continua del Fondo de Reserva, el cual en la actualidad tiene una cuantía de 24.207 millones de euros, frente a los 66.815 millones de euros que se encontró el Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011. Cantidad a la
que hay que añadir 8.621 millones de euros detraídos de los fondos constituidos por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social que, además, deberán ser devueltos a esas entidades, teniendo en cuenta que los mismos no forman parte del superávit
del sistema contributivo, a los efectos del Fondo de Reserva.
La perspectiva para 2016 no es más halagüeña. La diferencia entre los ingresos vinculados a prestaciones contributivas y los gastos por estas prestaciones en el primer semestre de 2016 arroja un déficit de 8.886 millones de euros, superior
al del mismo período de 2015 que se situó en 7.865 millones de euros, 1.021 millones más de déficit. Esta insuficiencia de ingresos nos hace pronosticar que el déficit en 2016 puede llegar a superar los 18.000 millones de euros. La hucha de las
pensiones, utilizada por el Gobierno del Partido Popular para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas, en el próximo ejercicio se agotará.
Frente a lo que se pretende desde algunas instancias, hoy el problema financiero del sistema público de pensiones no deriva de un gasto excesivo, sino de unos ingresos insuficientes, insuficiencia agravada por la política del Gobierno del
Partido Popular. Es la evolución del número de cotizantes, la menor cuantía de las bases de cotización y las 'tarifas planas' y medidas similares, y su correspondencia con la recaudación de recursos la que arroja el déficit. No se trata pues de
recortar los gastos que, aun siendo importantes, su mayor impacto relacionado con el baby boom todavía tardará en llegar, y para cuyo reto nos tenemos que preparar. Es más, hoy el gasto en pensiones por el incremento del número de pensionistas es
muy moderado.
En la actualidad los problemas financieros del sistema de pensiones derivan de una caída de los ingresos provocada, como venimos señalando, del hecho de que el incremento del número de cotizantes, después de una severa reducción de empleo y
su sustitución por contratos precarios, no se corresponde con el mismo incremento en las cuotas. Situación que se agrava día a día. De este modo, si en marzo de 2016 el número de cotizantes con respecto a marzo de 2015 arrojaba un incremento del
2,73%, la recaudación por cuotas se incrementó en un 1,94%, y si observamos los datos de agosto de 2016 en relación con los de agosto de 2015, veremos cómo frente a un incremento del número de cotizantes del 3,02%, la caída en la recaudación es aún
mayor: el 1,89%. Hecho que constata las consecuencias nefastas de la política de empleo seguida por el Gobierno del Partido Popular sobre las arcas de la Seguridad Social.
Esta situación urge a que se adopten de forma inmediata las medidas que permitan el reforzamiento financiero del sistema, presentadas y discutidas en el seno del Pacto de Toledo. Es necesario arbitrar nuevas fórmulas de financiación que,
junto con las cuotas sociales, contribuyan a garantizar de forma solvente la viabilidad y sostenibilidad del mismo. Del modo como ya lo vienen haciendo los países de nuestro entorno, adelantándose a los desafíos futuros relacionados con el
incremento de la esperanza de vida, tal y como se acordó por el Gobierno socialista y los interlocutores sociales en el Acuerdo social y económico de 2011 y se recogió en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Todos los grupos políticos, juntos con los interlocutores sociales y expertos, deben ser convocados para reforzar la financiación de nuestro sistema público de pensiones, como expresión de pacto intergenacional y pacto entre trabajadores
activos y jubilados, y que constituye el pilar más sólido de nuestro Estado de Bienestar y fundamento de la cohesión social.
Es necesario refundar y afianzar nuestro compromiso con el sistema público de pensiones, en el seno del Pacto de Toledo, buscar las fórmulas que permitan restituir y garantizar su equilibrio financiero, estudiando nuevas fuentes de
financiación desde la imposición general.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, considera urgente y se compromete a alcanzar un acuerdo entre todos los grupos políticos, en un plazo máximo de cinco meses y con el respaldo de los interlocutores
sociales, sobre las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, de modo que el mismo cuente con una financiación adicional a la derivada de las
cotizaciones sociales, conforme a las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el fin de restituir su equilibrio financiero y garantizar su sostenibilidad y su viabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2016.-María Mercè Perea i Conillas y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
adopción de medidas de promoción del uso de la bicicleta, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad.
La cultura de la bicicleta, algo tan presente en muchas ciudades de Europa, ha llegado con retraso a nuestro país y exige de los gobiernos -en cada uno de los tres niveles administrativos- un apoyo normativo y político decidido así como una
planificación urbanística de las ciudades que contemple las necesidades de la bicicleta. El objetivo es reducir la congestión del tráfico y potenciar alternativas frente al uso abusivo del coche en zonas urbanas.
El impulso definitivo a la cultura de la bicicleta en España requiere la creación de un marco normativo adecuado, tanto a nivel legislativo como reglamento y de ordenanzas, sin olvidar los procesos de consulta y participación ciudadana, así
como de un proceso político de apoyo que permita el incremento del uso seguro de la bicicleta en sus distintas vertientes (como medio de transporte cotidiano, deportiva o recreativa). Pero, además, la bicicleta ha de estar combinada y resultar
accesible con los sistemas de transporte público.
Resulta evidente que las competencias para la promoción de la bicicleta están repartidas entre los distintos niveles territoriales de las administraciones públicas, pero hay aspectos importantes que corresponden al ámbito estatal. Por
ejemplo: la elaboración de un plan estratégico estatal de la bicicleta de carácter estratégico, en línea con los existentes en otros países europeos; la existencia de una instancia para el análisis, seguimiento, consulta y debate de las grandes
cuestiones que afecten a la bicicleta; la revisión del marco normativo y en especial de la Ley de Movilidad Sostenible y de su Reglamento; la garantía de la intermodalidad de la bicicleta con los medios de transporte público, el apoyo a la
economía del sector y la deseable menor fiscalidad o la coordinación de actuaciones entre ministerios y con las administraciones locales y autonómicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar y potenciar la bicicleta como una alternativa real de transporte en nuestros pueblos y ciudades, para lo que debe favorecerse, siempre teniendo en cuenta a las restantes administraciones competentes y la transversalidad
competencial en esta materia, la integración de la bicicleta en sus políticas de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de incrementar su uso en nuestro país en las mejores condiciones de seguridad y sin perjuicio alguno para los peatones.
2. Elaborar un Plan Estratégico de la Bicicleta que contemple, a modo de directrices generales de alcance estratégico, iniciativas normativas, propuestas programáticas sectoriales, coordinación interadministrativa y recomendaciones que
sirvan, en conjunto, para promover el uso habitual de la bici como una alternativa de movilidad dentro de una política de transporte integral y sostenible. Este proceso deberá desarrollarse en el marco de un proceso de participación, que implique a
la Mesa Nacional de la Bicicleta, a las diferentes administraciones competentes en la materia y a otras entidades directamente implicadas en este ámbito.
3. Potenciar, impulsando campañas de concienciación, la formalización de compromisos programáticos en favor de la bicicleta desde los distintos ámbitos de la sociedad implicados en su desarrollo, entre otros, en el seno de las
administraciones públicas, de las organizaciones sociales y económicas, de los partidos políticos y de los operadores de transporte.
4. Comprometerse con un impulso definitivo a la cultura de la bicicleta en España, lo cual requiere la creación de un marco normativo adecuado, tanto a nivel legislativo como reglamentario, que, en coordinación y acuerdo con todas las
administraciones competentes en la materia, permita el incremento del uso seguro de la bicicleta en sus distintas vertientes (como medio de transporte cotidiano, deportiva o recreativa).
5. Impulsar la creación de un Consejo Nacional de la Bicicleta, a modo se instancia asesora, consultiva y de participación democrática de todos los sectores comprometidos con el desarrollo de la utilización de la bicicleta, con el objetivo,
entre otros, de proponer los cambios normativos precisos y la elaboración participada de un Plan Estratégico que favorezca el uso de la bici para una movilidad más sostenible en nuestras poblaciones.
6. Promover e impulsar ante los organismos correspondientes (ADIF y Rente, entre otros) y ante las diferentes administraciones con competencia en la materia, la adopción de acuerdos y la aplicación de las medidas necesarias para garantizar
las condiciones que permitan la intermodalídad de la bici con el sistema de transportes, especialmente con el ferroviario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2016.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Antoni Postius i Terrado, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión
sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, una Proposición no de Ley para incrementar las plazas de funcionarios examinadores del carnet de conducir en Catalunya.
En los últimos dos años el Servei Catalá de Tránsit ha venido recibiendo quejas continuadas tanto desde la Federación de Autoescuelas de Cataluña y las asociaciones provinciales así como de ciudadanos que optan a la obtención del permiso de
conducir. El motivo fundamental de dichas quejas es la falta de funcionarios examinadores para atender la demanda de la ciudadanía para obtener el permiso de conducir, hecho que en muchas ocasiones sitúa a los ciudadanos en una situación complicada
ya que no tienen las mismas oportunidades para acceder a dicho permiso que en el resto del estado español. Los ciudadanos que después de realizar su formación en las autoescuelas desean presentarse al examen para obtener un permiso de conducir, se
encuentran con el problema de que existen unos cupos máximos de alumnos que pueden hacer el examen. En demarcaciones como Barcelona, Girona y Tarragona hace tiempo ya que las autoescuelas solo pueden presentar tres o cuatro alumnos por ciclo
(periodo en que examinan todas las autoescuelas) a pesar de que la regulación actual establece hasta trece y en Lleida donde sí se cumple con este cupo, solo se examina cada tres semanas. Esta situación, según nos consta a través de nuestros
canales de participación de la ciudadanía, en ocasiones ha llegado a afectar incluso a la oportunidad de obtener un puesto de trabajo para el cual se requería disponer de una clase de permiso de conducción. Hay que tener en cuenta que en Cataluña,
según datos de Dirección General de Tráfico, durante el año 2015 se expidieron 114.060 permisos de conducir de diferentes clases y, actualmente, se cuenta con un total de 99 examinadores y seis coordinadores. Desde la Generalitat de Cataluña se ha
solicitado repetidamente que se pongan los recursos necesarios para solucionar esta situación tan gravosa para los ciudadanos catalanes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del Partit Demòcrata, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno del Estado a incrementar las plazas de funcionarios examinadores del carné de conducir en Cataluña de tal modo que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a la movilidad mediante fa obtención del permiso de conducir
sin las demoras excesivas que se han venido produciendo en los últimos años y que los sitúan en una posición de desigualdad respecto al resto de ciudadanos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
apoyo a las personas con epidermólisis bullosa y sus familias, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El término epidermólisis bullosa abarca a un grupo de enfermedades hereditarias de características clínicas y genéticas diversas, que se caracterizan por la formación de ampollas y heridas en la piel y en las mucosas ante mínimos
traumatismos. Existen varios tipos, que determinan una mayor o menor gravedad de la enfermedad, todas ellas crónicas y actualmente el único tratamiento que existe es el cuidado de la piel y de las complicaciones.
Las complicaciones asociadas a esta patología, conocida como 'Piel de Mariposa', son muy variadas, afectando no solo de forma externa a la piel sino que también incluyen: afectación oftalmológica; complicaciones otorrinolaringológicas;
complicaciones gastrointestinales; afectación intrabucal; deformidades musculoesqueléticas; dolor; prurito; carcinoma espinocelular.
Al ser una enfermedad rara, el desconocimiento de la patología es generalizado entre la población, encontrándose afectados y familiares en situaciones de difícil abordaje a las que instituciones públicas y privadas, así como los diferentes
profesionales, no saben dar respuesta, por lo que esta enfermedad supone un problema desde una doble perspectiva: por su gravedad, causa un gran impacto (social, psicológico, sanitario, económico, etc.) en la persona afectada y su entorno
inmediato; y por su baja prevalencia, produce un impacto mínimo en la sociedad general y en las administraciones públicas en particular.
En la actualidad existen multitud de trabas burocráticas en el acceso a una atención sanitaria apropiada. La atención por parte de médicos expertos en la patología se lleva a cabo en muy pocos centros sanitarios debido al desconocimiento de
la enfermedad, por lo que la fortuna de nacer en una Comunidad Autónoma o en otra condiciona que estos pacientes puedan tener acceso a una atención especializada y de calidad. La asociación Piel de Mariposa DEBRA, que lleva años luchando por los
derechos de este colectivo, reclama la designación definitiva como Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Hospital Universitario de la Paz, del Hospital Sant Joan de Deu y del Hospital Vall de Hebrón, con la mayor experiencia
acumulada en esta patología en los últimos años.
No existen medicamentos específicos para curar la enfermedad. Los 'tratamientos' son en realidad cuidados preventivos y paliativos para hacer frente o retrasar las distintas complicaciones características de la misma. Los procedimientos de
cura y vendaje que las personas con Piel de Mariposa necesitan hacerse cada dos o tres días. Sirven para curar las heridas existentes y evitar nuevas lesiones. En ellos se utilizan materiales específicos (vendas, apósitos, cremas, etc.). El coste
de los productos de cura para estos pacientes se establece entre 200 y 2.000 euros mensuales, una suma insostenible para cualquier familia. Fisioterapia, complementos alimenticios, apoyo psicológico y productos de estética son algunos ejemplos de
otros 'tratamientos' imprescindibles que los afectados necesitan para mejorar su estado de salud y bienestar. Es necesario que el acceso a dichos materiales y tratamientos sea ágil, sencillo, gratuito
y en las cantidades necesarias. En la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrada el día 29 de julio de 2015, figuró como punto 14 del Orden del Día tratado, el relativo a la 'Aprobación del Acuerdo
de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación para tratamiento a pacientes con Epidermólisis Bullosa'. Sin embargo, este acuerdo no se está aplicando como sería deseable, incluso hay Comunidades Autónomas en las que las no se ha
producido ninguna mejora en lo relativo al acceso gratuito de los tratamientos.
La carga social de la enfermedad Piel de Mariposa es inmensa tanto para quien la padece como para su entorno familiar. Puede generar discapacidad, dependencia, exclusión social, dificultades económicas, entre otros. Es preciso que los
apoyos, ayudas y recursos sociales sean adecuados a las circunstancias especiales de los afectados y sus familias.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias y contando con el movimiento asociativo, a:
1. Garantizar el acceso a todos los materiales y tratamientos necesarios de forma gratuita, ágil y en las cantidades necesarias para hacer frente o retrasar las distintas complicaciones características de la epidermólisis bullosa,
asegurando el cumplimiento del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en todas las Comunidades Autónomas.
2. Culminar, a la mayor brevedad posible, el proceso de designación de centros, servicios y unidades de referencia de epidermólisis bullosa, contando para ello con el apoyo necesario en la dotación de recursos.
3. Publicar y garantizar la ruta de derivación oficial que permita la circulación efectiva de personas con enfermedades raras entre Comunidades Autónomas para que reciban una correcta atención sanitaria.
4. Incluir la epidermólisis bullosa en el listado de enfermedades comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
5. Derogar las modificaciones realizadas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que han supuesto un retroceso en los derechos de las personas en
situación de dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2016.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para la equiparación de las becas y ayudas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos a través de los Planes ADO y ADOP, respectivamente, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La 'Asociación de Deportes Olímpicos' (ADO) es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1988, tras los Juegos Olímpicos de Seúl, por tres socios: el Comité Olímpico Español (COE), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y RTVE, para la
preparación de los atletas españoles de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El programa se creó con la intención de garantizar dignas condiciones económicas y de entrenamiento para los deportistas españoles de alto nivel, con la idea de
que llevara a España a mejorar su rendimiento en los Juegos Olímpicos. Su trabajo se centra en la puesta en marcha del denominado 'Programa ADO' de becas y ayudas a los deportistas y sus entrenadores, aunque también
realiza otras medidas para facilitar el camino de los deportistas a los Juegos Olímpicos. Está financiada a través del patrocinio de importantes empresas y firmas españolas comprometidas con el deporte nacional. Hasta los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, la asociación había obtenido unos 336 millones de euros por parte de sus patrocinadores.
Entre los fines de la Asociación está promover y desarrollar la práctica de la alta competición de los deportes incluidos en el programa olímpico vigente; obtener recursos económicos a través de patrocinadores, para disponer de las
subvenciones y ayudas necesarias para el adecuado desarrollo de dichos deportes; participar en la selección, preparación y control de los deportistas que, con vocación de participar en los Juegos Olímpicos de la correspondiente olimpiada, vayan a
recibir las subvenciones y ayudas y divulgar entre el público dichas actividades deportivas con el objetivo de su mayor conocimiento y popularidad entre otros.
ADO administra y distribuye las aportaciones económicas recibidas de los patrocinadores entre las diferentes federaciones deportivas nacionales. Estas son las encargadas de entregar a los deportistas y a sus entrenadores las ayudas,
basándose en los resultados obtenidos por los primeros en las últimas competiciones deportivas internacionales. Los deportistas elegidos reciben una beca anual, la beca del Programa ADO, cuya cuantía depende de sus resultados anteriores; los
componentes de un equipo, reciben una ayuda proporcionalmente más baja. Este programa está regido por una Olimpiada (el período de cuatro años que hay entre dos Juegos Olímpicos, de verano o de invierno), es decir, es un programa cuatrianual.
El éxito de este programa desde su implantación en 1988 ha sido enorme. Anteriormente a la existencia de ADO y, durante 88 años de participación en 13 ediciones olímpicas, los deportistas españoles habían obtenido 26 medallas olímpicas.
Con la aparición del Programa ADO y en tan sólo 28 años, el resultado global de ADO es de 123 medallas.
Desde 2004 existe, paralelamente, el 'Programa ADOP' que da apoyo a los deportistas con discapacidad que estén en disposición de participar en los Juegos Olímpicos. Los promotores del Plan ADOP son el CSD, la Secretaría General de Servicios
Sociales e Igualdad a través del Real Patronato sobre la Discapacidad y el Comité Paralímpico Español, en coordinación con las Federaciones Deportivas Españolas, que trabajan conjuntamente en la captación de patrocinadores. El Plan ADOP tiene como
aspiración principal la de facilitar los medios humanos y materiales necesarios (becas de deportistas y entrenadores, asistencia a competiciones internacionales, etc.) para que los deportistas puedan desarrollar la práctica deportiva en las mejores
condiciones de cara a afrontar los Juegos Olímpicos.
Entre las claves para reforzar el deporte paralímpico en España se encuentran medidas como una equiparación de las becas anuales del Plan ADO con el Plan ADOP ya que, por ejemplo, un campeón olímpico o del mundo puede percibir hasta 60.000
euros anuales para prepararse durante el ciclo olímpico, un campeón paralímpico sólo percibe 21.000 euros anuales para prepararse durante el ciclo, prácticamente tres veces. Otro ejemplo de la desigualdad entre ambos planes es que los deportistas
españoles que lograron medalla en los pasados Juegos Olímpicos de Río tuvieron una buena recompensa económica por haber logrado metal. En deportes individuales, la medalla de oro se pagaba a 94.000 euros, la de plata a 48.000 euros y la de bronce a
30.000 euros. En deportes de equipos, cada miembro ha cobrado por la medalla de oro 50.000 euros, 29.000 euros por la de plata y 18.000 euros por la de bronce. Por contra, los atletas paralímpicos españoles cobraron tres veces menos esa cantidad.
En deportes individuales, el oro se pagaba a 30.000 euros, la plata a 15.000 euros y el bronce, a 9.000 euros. En deportes de equipo, cada miembro cobrará por el oro 15.000 euros, por la plata 7.500 euros y por el bronce 4.500 euros. Cierto es
que, desde el 2015, las becas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos por parte del CSD son equivalentes pero ahora esta equiparación tiene que llegar entre el Plan ADO y el Plan ADOP.
Los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro, el pasado verano, han dejado patente la equiparación, al menos en resultados, del deporte olímpico con el deporte paralímpico. Las portadas de diferentes medios de comunicación o los
programas informativos abrían su información con noticias relacionadas con el éxito de algunos de nuestros deportistas paralímpicos. Sin el Plan ADOP muchos de estos deportistas jamás habrían logrado alcanzar estos éxitos. Sin embargo, si el Plan
ADOP no se refuerza en los próximos años es posible que en la próxima cita olímpica nuestros resultados sean menores ya que existen todavía deficiencias que deben subsanarse sobre todo en lo relacionado a la equiparación de los deportistas
paralímpicos con los deportistas olímpicos. La equiparación progresiva de la condición de olímpico y paralímpico es importante en todos los sentidos, así como la protección del deportista con gran discapacidad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar las medidas oportunas con el fin de equiparar las becas y ayudas que reciben los deportistas olímpicos y paralímpicos a través de los Planes ADO y ADOP, respectivamente.
2. Llevar a cabo programas de difusión del deporte paralímpico para mejorar la captación de patrocinadores del Programa ADOP.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2016.-Diego Clemente Giménez, Marcial Gómez Balsera, Francisco Igea Arisqueta y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
161/000825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
adaptación de las estaciones titularidad de ADIF de la red de Rodalies de Catalunya, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 2010, el Ministerio de Fomento traspasó a la Generalitat de Catalunya los servicios de Rodalies, tal como recoge el Estatut, pese a que dicho traspaso se efectuó con dos años de retraso. El Govern de Catalunya asumió la
gestión de los trenes (horarios, frecuencia de paso, tarifas, información a los usuarios) y del personal. La titularidad de la infraestructura, sin embargo, siguió en manos de ADIF, empresa pública, que depende de Fomento y que tiene como objetivo
la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Así pues, el Ministerio de Fomento se reservaba la responsabilidad sobre vías, estaciones y andenes. Además RENFE se mantuvo como la empresa que operaba el servicio.
Ese mismo año el gobierno del Estado aprobó un Plan de Rodalies que preveía una inversión de 4.000 millones de euros, de los cuales todavía no se ha invertido ni un 10%. A este primer incumplimiento presupuestario se le tiene que sumar el
de 2013, por el cual solamente ha invertido el 2% de los 306 millones de euros prometidos para invertir en 2014 y su posterior dilatación hasta 2018. Finalmente, de los 152 millones previstos para invertir en 2015, solamente fueron 30 los que
figuraron en el redactado final de los Presupuestos Generales del Estado.
Ya en 2016, según el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el total de lo presupuestado en la red ferroviaria de Catalunya para 2016, entre enero y junio solamente se han ejecutado el 20% de las inversiones
pertenecientes a ADIF para la mejora y acondicionamiento de las instalaciones e infraestructura ferroviaria.
El conjunto de incumplimientos del Estado con la Red de Rodalies de Catalunya está causando grandes problemas de movilidad a los miles de personas que usan este servicio a diario. Pero además, la falta de inversión en las estaciones e
infraestructuras de la red, propiedad de ADIF, suponen un grave impedimento para aquellas personas que tienen necesidades específicas de movilidad o con discapacidades visuales o auditivas.
El funcionamiento de un servicio ferroviario público de calidad pasa garantizar la accesibilidad universal y el conseguimiento de la autoacessibilidad, es decir, la plena autonomía de las personas para moverse por los espacios ferroviarios.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Presentar en el plazo de tres meses un plan actualizado de accesibilidad en el que se detalle:
- La incorporación de ascensores y rampas.
- El establecimiento de itinerarios adaptados para las personas con movilidad reducida.
- La construcción de andenes más altos y largos para facilitar el acceso de los viajeros al tren.
- La adecuación de los pasos entre andenes.
- La publicación por parte de la Oficina Central de Atención de un informe anual en el que se recojan el conjunto de actuaciones de mejora así como las quejas, reclamaciones, incidencias y sugerencias de los afectados.
2. La inclusión en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estados de 2017 de una partida destinada a la ejecución de dicho plan de accesibilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Ester Capella i Farrè, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
al impulso de estilos de vida sostenible y economía verde, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El acuerdo de París, adoptado dentro de la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas el pasado 12 de diciembre de 2015, relaciona las acciones que los gobiernos firmantes del acuerdo deben impulsar para conseguir una
mitigación de los efectos del cambio climático y reconoce la relevancia de cuatro dimensiones: a) El papel de la educación, que incluye promover una mayor conciencia y promoción de participación ciudadana, con un mayor acceso a la información y la
cooperación a todos los niveles; b) El compromiso tanto a todos los niveles de gobierno como de los diferentes actores sociales en la adopción de respuestas eficientes para promover crecimiento económico y desarrollo sostenible; c) la necesidad de
adoptar estilos de vida sostenible y de promover patrones de producción y consumo sostenible; y d) el apoyo a un desarrollo tecnológico que contribuya a la aceleración de la innovación.
La respuesta institucional a este reto de sostenibilidad hasta el momento ha estado muy fragmentada, y a pesar de que se han promovido programas de educación ambiental, campañas de concienciación ambiental, y se cuenta hoy con recursos
informativos de apoyo a la toma de decisiones en materia ambiental, hay algunos aspectos aún controvertidos. No está claro, por ejemplo, hasta qué punto los ciudadanos están afrontando los retos ambientales mediante cambios en sus estilos de vida.
Cambiar de estilo de vida exige introducir cambios en el diseño de los modelos económicos, si queremos observar de verdad algún tipo de impacto de estos cambios en la vida cotidiana. Como políticos y como sociedad no está claro que se estén creando
mecanismos efectivos para promover la participación y la cooperación para una transición firme hacia la sostenibilidad.
No obstante, aunque todavía estamos lejos de que la adopción de estilos de vida verdaderamente sostenibles sea un hecho a gran escala, existen sin embargo un buen número de iniciativas que están creando espacios para un tipo de actividades
responsables ecológicamente, como algunas investigaciones que se desenvuelven dentro de la Estrategia de la Comisión Europea de Innovación en materia de Estilos de Vida Sostenibles y Economía Verde están poniendo en evidencia. Son iniciativas
empresariales que plantean retos de cambio hacia estilos de vida más sostenible e innovación social, y vienen ejerciendo un liderazgo aún discreto en relación a estos esfuerzos. Las opciones que proponen suponen en muchos casos un avance mayor que
el propuesto desde entidades del gobierno (en muchos casos ausentes). Estas iniciativas poseen conocimiento local en profundidad sobre los problemas, y promueven la
implicación de ciudadanos en la respuesta al cambio climático, así como modelos económicos alternativos en dominios como movilidad, alimentación, construcción, uso de energía, reducción y racionalización del consumo o banca ética, por
mencionar solo algunos casos.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una estrategia para impulsar innovación en materia de estilos de vida sostenibles y economía verde, a través de su programa Horizonte 2020, durante el período 2014 a 2016, lo que ha permitido
implementar programas de investigación e innovación específicos para conectar estilos de vida y modelos económicos. Como resultado del trabajo que se ha hecho hasta el momento, un análisis de diferentes iniciativas en Europa muestra que aún cuando
no hay un respuesta colectiva para afrontar el cambio climático, hay evidencia de que es posible caminar hacia una economía más sostenible, aunque el reto de cambiar la conducta de la gente y la adopción de un estilo de vida real necesita acometer
un cambio en concepciones aún muy enraizadas sobre lo que el éxito, la autorrealización y el consumo significan para la mayor parte de la ciudadanía.
La difusión y el escalamiento desde estas iniciativas de estilos de vida sostenibles de pequeña escala a gran escala requiere modelos alternativos que profundicen algo más en la comprensión de la complejidad en la interacción de factores
sociales, económicos, tecnológicos y psicológicos que o bien promueven o bien restringen la adopción de estilos de vida sostenibles. En nuestra concepción de lo que significa vivir bien, aún asociamos el consumo con la felicidad y la buena vida y
nuestro modelo económico está basado en esta concepción. Sin embargo, los ciudadanos están tomando cada vez mayor conciencia de que nuestros modos de vida empiezan a plantearse como insostenibles, estudios recientes muestran que los ciudadanos de
países occidentales experimentan un sentido creciente de insatisfacción con el actual estilo de vida consumista y con el ritmo acelerado de la vida moderna.
Se hace preciso promover modelos de cambio apoyando modelos alternativos que conduzcan a trayectorias de transición hacia economías más verdes y más sostenibles. Así, paralelamente a lo que se puede impulsar en términos de ecoeficiencia,
reduciendo huella ecológica mediante intervenciones en la producción, se hace preciso fomentar un cambio claro en nuestro modo de consumir, cambiando también nuestra concepción de lo que es el bienestar.
Traducir todo esto en acción política significa hacer un esfuerzo en tender puentes adecuados entre investigación y política. Las soluciones tecnológicas necesitan cada vez más un enfoque desde las ciencias sociales y conductuales, si
queremos entender bien cómo funcionan las sociedades humanas y cómo alcanzar la eficiencia en la acción política, mediante la adopción de iniciativas bajo un enfoque de producción conjunta de conocimiento, a través de que la construcción continuada
de ideas, valores y estrategias políticas integrales mejoren el conocimiento de este problema y la respuesta innovadora al reto de la sostenibilidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un plan de promoción de transiciones hacia estilos de vida más sostenibles con impacto en la educación, la economía y el
sistema social, que incluya:
a) Un diálogo entre innovadores, investigadores y otros actores sociales, principalmente grupos de interés en materia de medio ambiente y economía, que permita situar en contexto el significado y el impacto de diferentes modelos económicos
basados en economía verde y otros modelos de crecimiento sostenible.
b) Una consulta a las iniciativas de estilos de vida sostenibles y de innovación social que actualmente contribuyen a una reducción de impacto ambiental en áreas de relevancia (nutrición, movilidad, consumo...).
c) Un programa de apoyo e incentivación económica de estas iniciativas empresariales de economía verde, en especial aquellas más innovadoras que tengan un mayor impacto social, y que facilite el conocimiento y la implementación a nivel
comunitario de las alternativas de estilos de vida sostenibles consistentes con las recomendaciones de los acuerdos de París sobre cambio climático.
d) Un sistema de información pública fácilmente accesible que incluya recomendaciones y orientaciones sobre políticas y programas con destino a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que estimule la participación y la corresponsabilidad en
línea con los acuerdos de París sobre cambio climático.
e) Una campaña de educación y concienciación ambiental sobre la necesidad de implicarse en estilos de vida sostenibles, que permita adquirir información veraz sobre el impacto negativo del
comportamiento actual sobre el cambio climático y refuerce la necesidad de mudar de estilo de vida para responder al reto de la sostenibilidad.
f) Un programa de incentivos a la utilización de transporte público, y a la creación de infraestructuras verdes que permitan el diseño de corredores verdes en las zonas urbanas que permitan aislar a peatones y ciclistas del tráfico rodado,
generando así pulmones de absorción de la contaminación.
g) Un programa de estímulo al reciclado de productos, con un sistema de información y etiquetado que permita identificar con claridad los productos locales y producidos de modo sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2016.-Ricardo Antonio García Mira, Pilar Cancela Rodríguez, Margarita Pérez Herráiz y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cambio climático, para su
debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
España tiene por delante un reto muy significativo, derivado del paquete de medidas de energía y clima para 2020 y del Marco de la UE sobre energía y clima para 2030. Los objetivos a nivel europeo son:
- Para 2030, el marco establece un objetivo vinculante de reducción de las emisiones de la UE de al menos 40% en relación con los niveles de 1990.
- El marco establece asimismo un objetivo vinculante a escala europea para impulsar que las energías renovables representen al menos el 27% del consumo de energía de la UE en 2030.
- Basándose en la Directiva de eficiencia energética, el Consejo Europeo ha aprobado para 2030 un objetivo de ahorro energético indicativo del 27%.
Todo lo anterior muestra la íntima relación entre los objetivos de emisiones, ahorro energético e impulso a las renovables. Un planteamiento conjunto en materia de energía y clima hasta 2030 contribuye a garantizar la seguridad normativa
que demandan los inversores y a coordinar los esfuerzos de los países de la UE.
España debe atender a los compromisos europeos antes citados y al mismo tiempo promover a nivel nacional un sector energético competitivo que permita crecer y crear empleo. Para ello es necesario:
- Promover precios competitivos y evitar desequilibrios financieros en los sistemas energéticos.
- Introducir nueva generación renovable en base a criterios de concurrencia competitiva (subastas) y neutralidad tecnológica.
- Aumentar el uso de energías renovables térmicas, como solar, térmica y biomasa, principalmente en edificación.
- Impulsar la eficiencia en sectores como el ferrocarril, desatadoras, edificación, iluminación, transporte, etc.
- Aumentar la eficiencia y el uso de combustibles alternativos en el transporte.
- Aumentar las interconexiones internacionales, como forma de abaratar precios e integrar más renovables.
Todo ello, permitirá abordar con éxito el periodo de transición energética que tenemos por delante.
Por otra parte, el cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos. Tiene efectos sobre los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho a la salud y plantea grandes desafíos económicos y
sociales.
El 12 de diciembre de 2015, se aprobó en París el primer acuerdo contra el calentamiento global, en el que 195 países junto a la Unión Europea (UE), a quien se considera un estado más, se comprometieron a minimizar los riesgos del cambio
climático asumiendo compromisos sólidos.
Cada Estado prometió reducir sus emisiones contaminantes, fortalecer su respuesta a los efectos del fenómeno y actuar en el ámbito nacional e internacional, entendiendo que las necesidades domésticas se satisfacen mejor cuando se busca el
bien común.
Este acuerdo global ambicioso y jurídicamente vinculante, que reemplazará a partir de 2020 al actual Protocolo de Kioto, compromete a todos los firmantes, en función de sus capacidades y circunstancias. Por primera vez recoge el compromiso
mundial por mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. También establece un marco de transparencia y de seguimiento.
El principal instrumento sobre el que se construye el pacto son las llamadas 'contribuciones nacionales'. A los países desarrollados se les exige que reduzcan sus emisiones en función de sus capacidades económicas y tecnológicas.
Otro de los instrumentos clave es la creación de inventarios para poder hacer un buen seguimiento de los programas nacionales de reducción de emisiones. Se perfilan tres categorías: los desarrollados, que deberán dar completa información;
los emergentes, que tendrán una menor exigencia; y los más pobres, que tendrán el nivel mínimo de obligaciones.
En cuanto a la financiación, los países industrializados, responsables históricos del problema, deberán ayudar financieramente a los países en desarrollo, y los emergentes podrán participar también de forma voluntaria. Los países en
desarrollo recibirán un mínimo de 100.000 millones de dólares a partir de 2020, una cifra que sería revisada a más tardar en 2025. Todos los países se comprometieron, además, a controlar mutuamente sus planes de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, con revisiones quinquenales a partir de 2023.
En los últimos años, España ha concedido la máxima importancia a la lucha contra el cambio climático, trabajando activamente en el desarrollo de una política medio ambiental que dé soluciones y respuestas a este problema donde la protección
de nuestro entorno para las generaciones futuras se vea reforzada por la sostenibilidad económica de las actividades creadoras de empleo ligadas al mismo.
Como miembro de la Unión Europea, España ha asumido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y, por ello, en la X legislatura ha priorizado actuaciones de reducción de emisiones en el ámbito nacional, en torno a diferentes iniciativas:
Proyectos Clima, Planes de Impulso al Medio Ambiente, Hoja de Ruta, Huella de Carbono, entre otras.
Esta política ha demostrado su eficacia, no solo para la reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, sino también como instrumento para concienciar a la sociedad en la lucha frente al cambio climático.
España ha estado en primera línea en la lucha internacional contra el cambio climático: ha cumplido las obligaciones que establece el Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012 y está en la senda del cumplimiento de los objetivos
establecidos para 2020. El 22 de abril, España suscribió el Acuerdo de París.
En la actualidad 180 países han firmado el Acuerdo y 27 han depositado sus instrumentos de ratificación. El Acuerdo entrará en vigor cuando esté ratificado, al menos, por 55 Partes de la Convención que representen, como mínimo, un 55% por
ciento del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El Acuerdo de París para la mitigación del cambio climático es un triunfo para los ciudadanos, para el planeta y para el multilateralismo. En el ámbito interno España necesita seguir adoptando acciones concretas que permitan dotar de
coherencia a las actuaciones de todos los implicados en la transición a una economía baja en carbono que crezca y que cree empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que:
a) Recoja los compromisos adquiridos de España en materia de energía, cambio climático y descarbonización de la economía, en particular en reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y participación de las energías renovables.
b) Establezca un marco institucional único que dote de agilidad y coherencia a todas las actuaciones, y promueva aquellas que tengan una mayor capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, de participación de las
renovables y de incremento de la eficiencia al menor coste, de manera que la política energética y de lucha contra el cambio climático sea un vector que favorezca la actividad económica, la competitividad y la creación de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ratificación del Acuerdo del
Clima de París, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El 12 de diciembre de 2015 se lograba un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. El acuerdo alcanzado en París, durante la celebración del 21er periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), supone un avance para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 ºC y seguir esforzándose por impedir que supere los 1,5 ºC.
Desde ese momento se iniciaba un proceso de ratificación mundial. De conformidad con su artículo 20, el Acuerdo está abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 22 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017,
para su rúbrica por los Estados y organizaciones económica regional que sean Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático. Hasta el momento 191 Estados han realizado esa firma.
De conformidad con el artículo 21, para la entrada en vigor del Acuerdo será necesario que hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 55 países que sean responsables de al menos el 55 % de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero.
La Unión Europea, que ha jugado un papel fundamental de liderazgo en la negociación internacional, no podía quedarse atrás en su decisión. Por este motivo, los socios comunitarios, en la reunión de la Comisión del pasado 30 de septiembre de
2016, acordaron acelerar la ratificación de la UE como bloque, a pesar de que la mayoría de los Estados miembros no han finalizado aún sus procedimientos nacionales. Así, el pasado 4 de octubre el Parlamento Europeo aprobaba la ratificación del
Acuerdo de París.
El Comisario Arias Cañete, en nombre de la Unión Europea, depositó el Instrumento de Ratificación del Acuerdo el pasado día 6 de octubre en Nueva York, ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
También lo han depositado los siete Estados miembros; Eslovaquia, Francia, Hungría, Alemania, Malta, Austria y Portugal, que ya han completado sus procedimientos internos de ratificación, por tratarse de un acuerdo mixto según la normativa
europea.
La Unión Europea no ha sido la primera en ratificar el Acuerdo, tampoco será la última, pero ha sido el responsable de superar el umbral de emisiones necesario para su entrada en vigor, en un proceso que ha durado menos de lo estimado por la
propia Convención Marco.
Así, una vez superados los requisitos establecidos y de acuerdo con las previsiones del mismo, el Acuerdo de París entrará en vigor el 4 de noviembre. Para esta entrada en vigor, las Naciones Unidas han interpretado, con el consentimiento
de la UE y sus Estados miembros, que la ratificación por parte de la UE, aun cuando falten ratificaciones por parte de Estados miembros, incluye el cómputo de las emisiones de todos los Estados que forman parte de ella. Si no se hubiera
interpretado así, no se habría alcanzado la cifra de ratificaciones necesaria según el criterio de Estados que representen el 55% de las emisiones globales.
España, tiene un procedimiento nacional en el que intervienen los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el de Asuntos Exteriores y Cooperación. Además, requiere la previa
autorización de las Cortes Generales, previo Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en el artículo 94.1 de la Constitución Española.
Nuestro país, sigue trabajando para llevar a cabo sus compromisos en la lucha contra el cambio climático, para lo que ha implementado una amplia batería de medias. Se cumplió con los compromisos de Kioto, se aprobó una hoja de ruta para el
cumplimiento de segundo periodo de compromisos (2013-2020) y se va a fijar una nueva hoja de ruta para que España cumpla, desde el principio, con los compromisos del Acuerdo de París, independientemente de la ratificación.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados considera necesario que el Gobierno, que obtenga la confianza de las Cortes Generales, promueva a la mayor brevedad posible la autorización del Congreso para la ratificación del Acuerdo de París.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión que se indica, dando
traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado, perteneciente al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta para su respuesta oral en Comisión sobre la detención de un nacional español en el aeropuerto de Tegucigalpa.
Antecedentes
El pasado 25 de octubre autoridades de migración del gobierno de Honduras detuvieron a un extranjero de nacionalidad española a su llegada al aeropuerto Toncontín, en la capital de Honduras, donde fue esposado y objeto de maltrato.
En el momento de su detención el ciudadano español solicitó asistencia letrada -que le denegaron-, así como la presencia del embajador de España en Honduras, Miguel Albero Suárez, quien se personó en el aeropuerto, para interesarse por su
situación y trasladarlo a la embajada, cosa que las autoridades hondureñas no permitieron, devolviendo al detenido a España en un vuelo con escala en San Salvador y posteriormente Bogotá.
Al parecer todo el proceso de expulsión se ha realizado de forma totalmente arbitraria y las propias autoridades hondureñas reconocieron que no disponían de ninguna orden, cargo o expediente para realizar las actuaciones que llevaron a cabo,
a pesar de lo cual la expulsión se produjo.
La persona detenida resultó ser Luis Díaz de Terán López, que es uno de los testigos clave en el asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena y defensora de los derechos de la comunidad lenca y de los movimientos campesinos, asesinada el
pasado 3 de marzo en su domicilio del Departamento de Intibucá, Honduras. Berta Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, debido a las amenazas de muerte que había recibido de poderosos
terratenientes locales y de compañías mineras y de energía, pese a lo cual continuó su lucha desde la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con grandes logros en su causa, como el relativo a la
expulsión de los territorios de la comunidad de Río Blanco a la mayor empresa constructora del mundo, la china Sinohydro, lo que le valió a finales de abril del año pasado el prestigioso premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente.
Además de su lucha medioambiental, Berta Cáceres también encabezó protestas contra el golpe de Estado en su país, el 28 de junio de 2009, al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya y mostró su firmeza en el rechazo a la instalación de bases
militares estadounidenses en el territorio lenca.
Por todo ello se formulan las siguientes
Preguntas para su respuesta oral en Comisión
1. ¿Ha tramitado el Ministerio de Asuntos Exteriores una protesta de carácter oficial ante el gobierno de Honduras por la vulneración de derechos del ciudadano español, Luis Díaz de Terán López, en su intento de acceder al país
Centroamericano?
2. ¿Qué procedimiento legal ha aplicado el gobierno hondureño al ciudadano español, Luis Díaz de Terán López, para esta expulsión de carácter totalmente ilegítima?
3. ¿Qué mecanismos piensa desarrollar el Gobierno de España para garantizar, a futuro, el papel de observadores de derechos humanos y testigos tanto en el particular del caso Berta Cáceres como en otros casos referidos a vulneraciones de
derechos fundamentales en Honduras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2016.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000022
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2001/2014, promovido por el Parlamento de Navarra, contra el artículo primero (en cuanto añade o modifica los artículos 7.3 y 4, 13, 24.bis.2, 25, 27, 36,
57, 85.2, 116.bis, 116.ter y disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), y las disposiciones adicionales novena y decimoquinta y transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y
undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2001-2014 interpuesto por doña Silvia Doménech Alegre, Letrada del Parlamento de Navarra, en la representación que por su cargo ostenta, contra los apartados 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 30, 31 y 38
del art. 1, las disposiciones adicionales 9.ª y 15.ª y transitorias 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.º y 11.ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad en la Administración Local (en adelante LRSAL), por vulneración de las
competencias de la Comunidad Foral de Navarra (arts. 148.1.1 y 148.1.2 CE y art. 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -en adelante LORAFNA-), por vulneración de las bases
estatales (art. 149.1.18 CE), y otros preceptos constitucionales (arts. 135, 137, 140 y 142 CE). Ha sido ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación de la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en la redacción dada por el art. 1.38 de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre), y de las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, así como de los incisos 'Decreto del órgano de gobierno de' y 'el Órgano de Gobierno de', incluidos, respectivamente, en la disposición transitoria
cuarta.3 y undécima, todas de la Ley 27/2013.
2.º Declarar que el art. 36.2 a), segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción introducida por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, no es inconstitucional interpretado en los
términos del fundamento jurídico 3 d) de esta Sentencia.
3.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid a 20 de octubre de 2016.
232/000023
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1744/2013, promovido por el Gobierno de Cataluña contra las disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como voto particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don
Santiago Martínez Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1744-2013, interpuesto por el Gobierno de Cataluña contra las disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid a 20 de octubre de 2016.
233/000012
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2322/2016, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con los artículos 3.1 y 4, así
corno las previsiones de los Anexos I y II, referidas a la retribución del segundo periodo de 2013 y el 2014 para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González
Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2322-2016, planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con arts. 3.1 y 4 y las previsiones de los Anexos I y II del Real
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, la Fiscal General del Estado y la entidad
'Distribuidora Eléctrica Carrión, S.L.', recurrente en el proceso a quo. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, quien expresa parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido:
Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid a 20 de octubre de 2016.
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