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Notas de prensa
El Pleno convalida los reales decretos-leyes sobre el ingreso mínimo vital y de medidas ante los efectos del coronavirus
11/06/2020
- Rechaza devolver al Gobierno los proyectos de ley del impuesto sobre transacciones financieras y de uso de datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención del terrorismo y delitos graves
- El Congreso insta al Ejecutivo a retirar las condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas con conductas incompatibles con los valores democráticos; y a impulsar la reforma del Régimen de Autónomos
El Pleno del Congreso ha aprobado en las sesiones celebradas esta semana convalidar el real decreto-ley que establece el Ingreso Mínimo Vital y el real decreto-ley con medidas complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Asimismo, ha instado al Gobierno a retirar las condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y a proteger a los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19. También ha rechazado las enmiendas de totalidad a los proyectos de ley del Impuesto de Transacciones Financieras y sobre la utilización de los datos del PNR para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, que continúan su tramitación parlamentaria.
La sesión comenzó el miércoles, 10 de junio, a las 10:00h, con la Sesión de Control al Gobierno. En esta ocasión se plantearon 16 preguntas, de las cuales tres fueron contestadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; una por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; una por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; dos por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; una por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; tres por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; una por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; una por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; una por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; una por la ministra de Igualdad, Irene Montero; y una por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Asimismo, se debatieron tres interpelaciones urgentes: del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras finalizar la emergencia sanitaria del COVID-19; del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo Iturbe, integrado también Grupo Parlamentario Mixto, sobre las políticas que va a desarrollar el Gobierno de España para favorecer la conectividad y la recuperación del turismo en Canarias; y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad a los sectores clave de la actividad económica.
Reales Decretos-Leyes
Tras la Sesión de Control se pasó a debatir dos reales decretos-leyes. El primero, el Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, que fue convalidado con 289 votos a favor y 60 abstenciones. Asimismo, se aprobó tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Este texto extiende algunas de las medidas ya decretadas anteriormente y añade nuevas decisiones en el terreno laboral, económico y tributario, con el fin, asegura el Ejecutivo, de aliviar el impacto de la crisis en el tejido productivo español y reforzar la protección de los colectivos más expuestos en esta crisis. Entre otras cuestiones, el real decreto-ley aumenta a cuatro meses el periodo de aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos sin intereses; aprueba un préstamo de 16.500 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 14.000 millones; amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el virus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de accidente de trabajo; prorroga tres meses la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y facilita un permiso de trabajo de dos años a jóvenes extranjeros empleados en el campo; levanta la suspensión de la portabilidad telefónica y facilita un procedimiento para el abono de los impagos a las operadoras.
Tras este, fue debatido el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, que también fue convalidado con 297 votos a favor y 52 abstenciones y que será tramitado como Proyecto de Ley por la vía de urgencia.
El Ingreso Mínimo Vital es una nueva prestación de la Seguridad Social de carácter permanente y que tiene como objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Según las estimaciones del Ejecutivo, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños. Parte de una amplia tipologías de hogares, en función del número de miembros y de si son monoparentales, y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar, que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.
Proposiciones no de Ley
El Pleno concluyó con el debate de dos Proposiciones no de Ley. La primera presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos, que fue aprobada, con modificaciones a través de una enmienda transaccional, con 207 votos a favor, 57 en contra y 86 abstenciones.
Con esta Proposición no de Ley, aprobada en los términos de una enmienda pactada con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos, conllevando esto la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los económicos, y pudiendo llevar a cabo incluso a título póstumo. En particular, piden, se revoquen las condecoraciones otorgadas a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Asimismo, solicita considerar contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o función a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista y adoptar las iniciativas normativas precisas para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión.
La segunda Proposición no de Ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19, que ha sido aprobada, con modificaciones a través de una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, con 262 votos a favor y 87 en contra.
En ella se emplaza al Ejecutivo a realizar un seguimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad con el fin de valorar su posible prórroga, pide que se estudie el aplazamiento especial y temporal a fin de estudiar si se debe prorrogar con un interés especial que pudiera acercarse paulatinamente al interés de demora establecido en la Ley General de la Seguridad Social, solicita la constitución del Consejo de Trabajo Autónomo y un plan estratégico para el empleo autónomo y plantea impulsar de manera prioritaria una reforma del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) para establecer el sistema de cotización por ingresos reales.
Proyectos de Ley
La sesión se ha reanudado este jueves, 11 de junio, a partir de las 9:00h, con los debates de las enmiendas a la totalidad de dos Proyectos de Ley. En primer lugar las presentadas por los Grupos Parlamentarios Vox, Ciudadanos y Popular en el Congreso al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, y que solicitaban la devolución al Gobierno y su retirada de la tramitación parlamentaria. Finalmente estas enmiendas de devolución han sido rechazadas con 152 votos a favor y 196 en contra, por lo que el Proyecto de Ley continuará con su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas al articulado en la Comisión correspondiente.
Este Proyecto de Ley crea un nuevo impuesto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que estas sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. Quedan excluidas las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Con este impuesto calculan recaudar 850 millones de euros anuales.
En segundo lugar, se ha debatido la enmienda a la totalidad presentada por el diputado Néstor Rego Candamil, del BNG e integrado en el Grupo Parlamentario Plural, al Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, y que solicitaba su devolución al Gobierno, pero que también ha sido rechazada con 21 votos a favor, 318 en contra y 8 abstenciones, por lo que continuará su tramitación parlamentaria.
Con esta norma, asegura el Ejecutivo, se inician los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave. En ella se crea la Unidad de Información sobre Pasajeros, que estará encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargará del tratamiento de los datos del PNR en España y se establecen las garantías legales para la protección de los datos de carácter personal.
Proposición de Ley
A continuación, se ha llevado a cabo el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, del Grupo Parlamentario Republicano, de delimitación de la justicia militar, que ha sido rechazada con 173 votos a favor, 274 en contra y una abstención.
Este texto proponía que la justicia militar española quede restringida a los supuestos temporales de guerra, estado de sitio y conflicto armado internacional, siendo en el resto de casos competente la jurisdicción ordinaria no militar que corresponda en cada caso. Justifican dicha propuesta alegando que la justicia militar no cumple con las recomendaciones del Informe Decaux de la ONU y, en tanto en cuanto, la mayoría de los países europeos han suprimido la justicia militar.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
La sesión ha concluido acordando, con 295 votos a favor y 52 en contra, tramitar de forma directa y en lectura única el Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Este Proyecto de Ley procede del Real Decreto-Ley 4/2020, de 18 de febrero, que el Pleno convalidó el 25 de marzo y que aprobó tramitarlo como Proyecto de Ley por la vía de urgencia. Dicho trámite se llevará a cabo en el Pleno de la próxima semana.
- La sesión puede seguirse íntegra por los canales habituales, tanto a través de Congreso en Directo como en Canal Parlamento, en YouTube. Una vez finalizada, permanece disponibles para ver y descargar en Archivo Audiovisual.
- Las imágenes pueden descargarse en alta calidad en la sección Fotonoticias de la web. Se incorporan fotografías de todos los intervinientes a lo largo de la sesión.