El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, 11 de junio, con 21 votos a favor, 318 en contra y 8 abstenciones, la enmienda a la totalidad presentada por el diputado del BNG, Néstor Rego -integrado en el Grupo Parlamentario Plural en el Congreso-, que solicitaba la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delincuencia grave.  

El Ejecutivo argumenta en su exposición de motivos de este proyecto que la norma permitirá "iniciar los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave".  

Mediante este Proyecto de Ley se crea la Unidad de Información sobre Pasajeros, que estará encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargará del tratamiento de los datos del PNR en España. Además, contiene las garantías legales para la protección de los datos de carácter personal.  

Esta nueva normativa será de aplicación, en todo caso, a los datos PNR correspondientes a las personas que viajen en los vuelos internacionales, tanto interiores como exteriores de la Unión Europea, con su salida del territorio español o llegada al mismo, o que hagan escala en él, ya sean vuelos comerciales como privados.  

El texto fue aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018 pero, como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales, su tramitación parlamentaria decayó y el procedimiento parlamentario se ha iniciado de nuevo. Con el rechazo de esta enmienda a la totalidad, el Proyecto de Ley Orgánica pasa su primer examen y continúa con su tramitación parlamentaria, que sigue con el debate en Comisión de las enmiendas al articulado.  

El BNG pedía la devolución del texto al Gobierno por considerar que "es muy posible que esta nueva normativa vulnere el derecho a la intimidad personal y familiar, y concretamente el artículo 18.4 de la Constitución que señala que la ley impondrá la limitación del uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos". Asimismo, desde el BNG argumentan que "de aprobarse esta normativa se estaría menoscabando la privacidad de los ciudadanos, poniendo en manos del Estado, y de aquellas entidades a las que este puede ceder esos datos, los datos personales de cualquier pasajero de una aerolínea".