CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 789



PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA



Sesión núm. 35



celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Emitir dictamen, a la vista del informe elaboradado por la ponencia,
sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000. (Número de expediente 121/000186.) ... (Página 23393)



Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.




EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARAELAÑO 2000. (Número de expediente 121/000186.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar el debate en Comisión
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Ayer se reunió la Mesa con los portavoces para ordenar, en lo
posible, el debate que vamos a realizar estos días. Esta mañana
empezaremos con la discusión del articulado del proyecto de ley,
discusión que vamos a dividir en varios apartados. En primer lugar,
vamos a debatir los títulos I y II, luego el título III, después los
títulos IV, VIII y la sección

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7 y, por último, por separado, los títulos V, VI y VII. Abriríamos
también un turno por si algún grupo quiere intervenir en relación a
las disposiciones adicionales, transitorias y anexos.

Vamos a otorgar diez minutos para cada turno de intervención a todos
aquellos grupos que han presentado enmiendas y al Grupo Parlamentario
Popular, que va a responder a ellas aunque no las hubiera presentado,
y cinco minutos a los grupos parlamentarios que no hubieran
presentado enmiendas y que simplemente fijen su posición. Para que
podamos debatir ordenadamente el proyecto de ley es importante que
hagamos el esfuerzo de atenernos a estos períodos de diez minutos.

Desde la Mesa recordaremos que ha terminado el tiempo cuando ello
suceda.

Para el debate de los títulos I y II, tenemos anotado al Grupo
Socialista, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y al
Grupo Parlamentario Mixto como grupos que han presentado enmiendas.

Vamos a empezar dando la palabra a estos tres grupos por orden de
mayor a menor y luego fijará posición el resto de los grupos.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Ángel Martínez
Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Comenzamos este trabajo parlamentario de
analizar en Comisión las enmiendas que los grupos parlamentarios
hemos presentado al proyecto de ley de presupuestos comenzando, como
decía el presidente, por los títulos I y II.

A los títulos I y II, relativos a la aprobación de los créditos y la
gestión presupuestaria, nuestro grupo parlamentario ha presentado 17
enmiendas, a las que me referiré sucintamente y, al final, y dentro
de los diez minutos de tiempo, mi compañero Bernardo Bayona hará
referencia a algo tan específico como el artículo trece, relativo a
los módulos de sostenimiento a la enseñanza privada.

Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad al título I, que,
como a nadie se le escapa, engloba el cifrado fundamental de los
Presupuestos Generales del Estado para este año: tanto la asignación
de ingresos, como la asignación de gastos, como los beneficios
fiscales, referidos en el artículo tres. Nuestro grupo parlamentario
-lo explicitaremos con más detenimiento en el debate plenario-
presentó en su día una enmienda de totalidad a estos presupuestos por
disconformidad con la filosofía de los mismos, con la política de
ingresos, con la política tributaria, con el aumento progresivo y
este año adicional de lo que nosotros entendemos un exceso de
beneficios fiscales, fruto de una política fiscal propia del Partido
Popular y que nosotros no compartimos y, en consecuencia, a través de
un presupuesto alternativo, hemos presentado una opción totalmente
distinta para la política de ingresos, manteniendo la cifra de
déficit prevista en este presupuesto, cifra que nosotros compartimos
-mantener en un 0,8 por ciento del producto interior bruto-, y una
política distinta de gastos, más acorde a lo que nosotros entendemos
que es necesario para las necesidades de un país como España, que
tiene que avanzar en la convergencia no sólo nominal, sino real, a
través de más y mejores realizaciones de gasto en sectores
estratégicos de la economía española y de la sociedad española, en
política social, en política de educación, en política de
infraestructuras, en política de lucha contra la inflación y
contra los privilegios fiscales. En este contexto general, insisto,
nosotros hemos presentado un presupuesto alternativo de ingresos y
gastos, cuyas principales enmiendas iremos desgranando a lo largo del
debate parlamentario de esta Comisión.

Dentro de las 17 enmiendas que hemos presentado a los títulos I y II
-además de la de totalidad-, diré que a la enmienda 1554 no vamos a
hacer referencia porque recoge el presupuesto del Ente Público de
Radiotelevisión Española, que se cita en el título I, pero tendrá un
debate posterior cuando hablemos del presupuesto de Televisión
Española. De todos modos, es bien conocido que nosotros no aceptamos
la forma de aprovisionar fondos al Ente Público Radiotelevisión
Española y que hemos presentado un modelo alternativo en diferentes
instancias parlamentarias. Por tanto, no podemos coincidir con el
artículo seis, punto uno y hemos presentado una enmienda de
totalidad.

En el artículo ocho se recogen los elementos de gestión
presupuestaria, las posibilidades que se otorgan en el funcionamiento
del presupuesto de este año, como en otros años, porque también tengo
que decir en esta primera intervención que el actual texto del
proyecto de ley de presupuestos del año 2000 es prácticamente una
fotocopia del texto del año 1999; es decir, los artículos son
prácticamente los mismos y no se han incorporado determinadas
novedades. Nuestras enmiendas son muy similares a las de otros años
porque los artículos son exactamente igual; en el artículo ocho, en
sus principios generales de gestión presupuestaria, el Gobierno
establece nuevamente la posibilidad de las modificaciones de crédito
a lo largo del ejercicio presupuestario, incluso estableciendo una
filosofía: que las modificaciones presupuestarias puedan afectar, a
lo largo del ejercicio presupuestario, a créditos de diferentes
funciones.




Señor presidente, si el trámite parlamentario en esta Comisión y en
Pleno está tasado por el Reglamento del Congreso y por la propia
Constitución en el sentido de que este Parlamento autoriza, una vez
aprobado el presupuesto en su artículo dos, una distribución por
programas y por funciones de las líneas principales de gasto de los
Presupuestos Generales del Estado, y un grupo parlamentario, a la
hora de trabajar sobre el proyecto de Presupuestos, sólo puede
enmendarlo desde la perspectiva de no modificar trasvases
presupuestarios de una sección a otra, es decir alterando básicamente
las funciones y los programas, entendemos que tampoco el Gobierno, a
lo largo del ejercicio presupuestario, podría realizar modificaciones
presupuestarias que supusieran trasvases de fondos de unos programas
y de unas funciones a otras.

La enmienda 1556, señor presidente, al artículo ocho, punto dos,
pretende una precisión de información. A lo largo de muchas enmiendas
que hemos presentado a diferentes artículos proponemos que aumente la
información al Parlamento sobre la gestión presupuestaria. En los
créditos recogidos con cargo a la Ley del patrimonio histórico
español, en los que el Ministerio de Fomento o el Ministerio de
Cultura establece inversiones con cargo al 1 por ciento cultural, no
encontramos, en la tramitación parlamentaria del presupuesto, un
desglose en el presupuesto de inversiones de aquellas obras o
inversiones que se van a realizar territorialmente con cargo al 1 por
ciento cultural, lo cual nos



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lleva a una especie de caja negra en la que se dice que con cargo al
1 por ciento cultural se harán una serie de obras, pero no hay un
desglose como existe en otros ministerios de los diferentes proyectos
de inversión. Nuestra enmienda 1556, que no creo que el Grupo Popular
tenga ningún problema en aprobar, propone que se dé una información
adicional al Parlamento. De la misma manera que existe información
regionalizada de las inversiones, por poner un ejemplo, de la
Dirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de
Fomento, también podría venir el desglose del 1 por ciento de
inversiones, porque suele ser frecuente que se diga que determinado
proyecto de obra en una determinada provincia o en una determinada
comunidad está incluido en el 1 por ciento cultural y sin embargo no
hay reflejo de ello en la documentación que se establece. Con esta
enmienda, señor presidente, queremos mejorar la transparencia
informativa del presupuesto con cargo al 1 por ciento cultural.

Con respecto al artículo nueve queremos que la vinculación de los
créditos en cada servicio y programa sea a nivel de concepto, al
igual que proponemos en las enmiendas 1558 y 1559.

Me quiero referir también a la enmienda 1553 en la que, como ayer
dije en ponencia, señor presidente, existe un error ya que no es al
artículo cuatro sino al artículo once. Nuestro grupo, dentro de ese
objetivo básico y coincidente en este caso con el Gobierno de
mantener un déficit público del 0,8 por ciento, al igual que hemos
hecho otros años, mantiene que se precise en el artículo once la
posibilidad de que no exista disponibilidad hasta un 10 por ciento en
el caso hipotético de que los objetivos de déficit público no se
produzcan en el año 2000.

En el artículo once, punto tres, queremos mantener un elemento de
disciplina presupuestaria para que, quitando algunas excepciones, no
se puedan producir a lo largo del ejercicio presupuestario
transferencias de crédito de operaciones de capital a operaciones
corrientes.

La enmienda al artículo doce, apartado dos, aunque su debate se
producirá en unos términos más amplios cuando se discuta el
presupuesto de la Seguridad Social y Ministerio de Trabajo, pretende
incrementar la aportación desde el presupuesto del Estado en 200.000
millones de pesetas adicionales sobre los 16.000 que establece el
proyecto en lo que es separación de fuentes, para garantizar desde el
presupuesto del Estado al presupuesto de la Seguridad Social los
complementos de mínimos de las pensiones. Sabemos que la aportación
necesaria sería de 600.000 millones de pesetas, que nosotros
proponemos hacer en tres ejercicios presupuestarios, de tal forma que
con el sobrante de la aportación del Estado a los presupuestos de la
Seguridad Social se incrementara ese fondo de reserva que se va a
crear en el presupuesto de la Seguridad Social.

Por último, señor presidente, quedarían las enmiendas al artículo
trece -módulos de enseñanza concertada- a las que se va a referir mi
compañero Bernardo Bayona.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Bernardo Bayona, con el
ruego de que sea breve.




El señor BAYONAAZNAR: Seré breve, señor presidente, porque más breves
son todavía las enmiendas que el
Grupo Socialista ha presentado este año, que las hemos dejado de una
manera testimonial puesto que, como sucede año tras año cuando llegan
los presupuestos, nos vemos obligados a enmendar este artículo de
conciertos educativos ya que a lo largo de esta legislatura se ha ido
produciendo una auténtica vulneración de la Ley orgánica del derecho
a la educación, de la LODE, que es la ley en la que aparecían los
conciertos como el marco legal que garantizaba la estabilidad de la
enseñanza privada en España cuando esta enseñanza realmente se
integra dentro del servicio público de la educación y satisface
necesidades de escolarización. Lo que dice la LODE es que los
conciertos se establecerán en los niveles obligatorios de la
enseñanza y progresivamente hemos ido viendo cómo, año tras año, en
la ley de presupuestos, el Gobierno del Partido Popular ha ido
extendiendo los conciertos no solamente a la escolarización
obligatoria de 14 a 16 años sino a niveles no obligatorios. Lo que
pretenden nuestras enmiendas es recordar simplemente esto. Recordar
que se están financiando niveles no obligatorios en contra del
espíritu y de la letra de la LODE y además con algunas expresiones
como la que nosotros proponemos suprimir en el primer párrafo del
punto cinco ya que, sin criterios claros y de forma arbitraria pueden
llevar a una ampliación del profesorado financiado con este tipo de
financiación pública. En este momento, una vez que las competencias
educativas han sido transferidas a prácticamente todas las
comunidades autónomas o están a punto de finalizarse, se está
produciendo una grave desigualdad puesto que diferentes comunidades
autónomas adoptan distintos criterios respecto a los conciertos
educativos, sin tener en cuenta que el decreto de conciertos
educativos tiene carácter básico. Por tanto, posiblemente ha llegado
el momento de replantearse la financiación pública de la enseñanza
privada puesto que los conciertos significan contrapartidas,
significan fondos públicos y significan también garantía del derecho
a la igualdad de la educación en todo el territorio español. Ese es
el sentido, señor presidente, de nuestras enmiendas, que, insisto,
tienen más un carácter de denuncia de lo que ha sucedido en esta
legislatura y de anuncio porque entendemos que debería de
replantearse, no para suprimirlos sino para volver a la legalidad, es
decir para que retorne el espíritu de la LODE y la enseñanza privada
pueda ser financiada con fondos públicos, garantizando, entre otras
cosas, la gratuidad a las familias y no cobrando de otra forma o
simplemente no extendiéndola hacia arriba y hacia abajo de manera,
insisto, contraria al espíritu con el que se crearon los conciertos y
llevando a la enseñanza privada a una situación de tremenda
desigualdad entre unas comunidades autónomas y otras.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: La verdad es que en el título I del proyecto
de ley siempre resumimos todo lo que es el debate global de los
presupuestos, puesto que intenta cuadrarse nada más y nada menos que
toda la política de ingresos, toda la política de gastos, los
beneficios fiscales y las transferencias de crédito, lógicamente todo
el movimiento



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que el presupuesto tiene. Nos cabía dos maneras de abordar la
discusión y la enmienda de este proyecto, atomizar nuestras
propuestas e ir a una serie de propuestas desarticuladas o ir a una
propuesta alternativa, mojarnos en lo que nos diferencia para que no
quedase sólo la crítica a la propuesta regresiva del Gobierno sino
que la pudiéramos concretar.

En primer lugar, nuestra propuesta va dirigida fundamentalmente
a mantener las previsiones del gasto fiscal del año pasado, es decir,
un billón de pesetas menos. No entendemos por qué tiene que crecer en
esta cuantía el artículo tres, relativo a beneficios fiscales,
llevándolo a cada una de las figuras o políticas que se han ido
introduciendo o ampliando para que se eleven en esta cantidad los
gastos fiscales. En segundo lugar, queremos mantener la progresividad
de nuestro sistema fiscal, entendiendo que se puede producir sin
ninguna presión excesiva un ingreso mayor, un billón de pesetas, a
través de una mayor progresividad del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, fundamentalmente en cuatro grandes líneas de este
impuesto: primero, la reducción de las aportaciones a los planes
privados de pensiones, que es un volumen importante en miles de
millones de pesetas al cabo del año; segundo, la supresión de la
deducción por doble imposición de dividendos; tercero, la elevación
de la tributación de las ganancias patrimoniales, que está en unos
porcentajes ridículos, puesto que apenas llegamos al 5 por ciento,
siendo el 95 por ciento exenciones, porque aquí nadie paga por
patrimonio, solamente pagan las rentas del trabajo, que son las que
no se pueden escapar por nómina, pero ni patrimonio ni capital
tributan en este país, porque son los señores que pueden producir una
gran actividad económica, de la cual se derivan posteriormente otros
beneficios para la ciudadanía, según el propio Gobierno, que
lógicamente sigue pagando más a través del consumo y de los impuestos
indirectos. Y por último, una mejora de la progresividad de la
tarifa. Dicha progresividad la ciframos en dos grandes líneas: por un
lado, la recuperación de los tramos, puesto que su reducción
perjudica a las partes bajas de cada uno de los tramos del impuesto
beneficiando a la parte alta de los mismos y, por otro, el
mantenimiento de lo que pudiéramos llamar el tope del máximo que
puede establecerse, que se ha reducido al 48 por ciento y que
nosotros queremos restablecer al 56 por ciento.

Esta propuesta global se dirige tanto a los gastos fiscales como a la
política de ingresos, entendiendo que se produce también una
modificación del IVA, puesto que se reduce el efecto del IVA, una
fase superreducida, del 4 al 2 por ciento, en los productos de
primera necesidad, a los cuales la clase trabajadora con menos
recursos destina el 80 o el 90 por ciento de su sueldo, es decir,
gastan su salario para alimentarse y vestirse. Queremos que esto les
salga más barato a los ciudadanos y que, por tanto, el efecto o la
capacidad de adquisición de los salarios o las pensiones más pequeñas
puedan tener mejor proyección.

La enmienda 752 va dirigida a obtener una mayor precisión por parte
del Gobierno -otros años se ha presentado, pero este año no y no sé
por qué- en lo que es el texto de la ley. Está introducido en el
libro de propaganda, el libro amarillo que se reparte a la prensa,
ése que acompaña a la campaña de la Agencia Tributaria, que
notoriamente
está informando a los ciudadanos más que acerca de lo que deben hacer
con la declaración de la renta, de lo bueno que es el Gobierno y de
la gran reforma fiscal que ha hecho, con los anteojos cambiados para
así ver mejor y más de cerca esa reforma que ha realizado. Pues bien,
aquí no se introduce la distribución de los gastos fiscales y sobre
todo no aparecen los efectos y los beneficios. Nosotros en su día
estuvimos batallando durante tres años para que entre los papeles del
Gobierno se añadiese la distribución territorializada de las
inversiones del Estado y lo conseguimos, puesto que después de esos
tres años se aceptó una enmienda nuestra y desde entonces, desde el
año 1995, el Gobierno aporta la inversión territorializada. Y aquí
pedimos algo similar: mayor transparencia y conocimiento de lo que
son las ex bonificaciones, exenciones y subvenciones que afectan
a las distintas administraciones públicas y en particular a la
Seguridad Social. Queremos conocer la eficacia de estos 5,8 billones
que los españoles gastamos en ayudar o producir beneficios de menos
ingresos, dónde destinamos la pérdida de ingresos y de recursos y
cuál es la oportunidad de esa política.

Por último, señor presidente, una disposición adicional. La enmienda
804 pretende añadir una nueva disposición adicional, que va dirigida
a que se cree un anexo IV sobre los módulos económicos de
distribución de los fondos públicos para los centros concertados. No
le ha faltado razón al Grupo Socialista cuando ha defendido la
enmienda al artículo trece y a nosotros nos gustaría que la subida de
dinero que se destina cada año a los fondos concertados -este año
sube un 14 por ciento y el año pasado subió el 19 por ciento- vaya
dirigida a la mejora de la calidad o por lo menos a conocer las
garantías de la mejora de la calidad de la enseñanza. Por eso
queremos conocer la distribución de ese dinero, qué cantidad se
destina a los salarios del personal, qué cantidad va a los gastos de
los distintos servicios de funcionamiento y qué cantidad puede ir a
incrementar los beneficios de las empresas que están dedicadas a la
enseñanza concertada. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos
asistiendo a una pretendida mejor calidad de la enseñanza en los
centros concertados, que se solventa con jornadas leoninas de trabajo
para los profesores y con salarios ridículos en comparación con los
de los distintos profesionales que trabajan en la enseñanza a
distintos niveles -municipios, comunidades autónomas y Administración
central- cuando, sin embargo, los recursos son mayores. Queremos
conocer la distribución de acuerdo al número de alumnos y al número
de profesores y qué dinero se destina para la financiación del sueldo
de los profesores y para el funcionamiento de los centros. Éste es el
objetivo de nuestras tres enmiendas, dirigidas a través de una
enmienda adicional al título II, gestión presupuestaria de los
centros concertados. Estoy convencido de que hemos aportado al debate
una concreción alternativa, discutible o discutida, pero tan
discutida o discutible como la que propone el Gobierno o presentan
otros grupos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, doy por defendidas las
enmiendas del Grupo Mixto.




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El señor PRESIDENTE: ¿Quiere fijar posición el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió en relación a los dos primeros títulos?



El señor JANÉ I GUASCH: No, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, damos
la palabra, pues, a don Rafael Cámara.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Comienza mi grupo por fijar
posición sobre las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios,
por cuanto las nuestras a este título en principio no existieron y
buena parte de las que presentamos fueron incorporadas al informe de
la ponencia, salvo algunas que nuestros portavoces irán relatando
a lo largo de las sesiones de hoy y de mañana.

Se inicia el debate como suele comenzar, es decir, no se entiende un
debate presupuestario sin que exista una enmienda a la totalidad por
parte de los grupos de la oposición. Esto entra dentro de la
dialéctica parlamentaria, de la lógica del debate presupuestario, no
entendiéndose un debate en Comisión sin la defensa por parte del
grupo mayoritario de la oposición y de Izquierda Unida de las
enmiendas que solicitan la redistribución de créditos de todo el
presupuesto como consecuencia de todas las enmiendas presentadas al
texto articulado y a las secciones y anexos del presupuesto. Éstas
son las enmiendas 1552, del Grupo Socialista, y 751, de Izquierda
Unida. Se trata de la devolución por otro mecanismo parlamentario del
presupuesto, cuando se discrepa de la distribución del conjunto de
ingresos y de créditos. Cada uno de los grupos ha hecho hincapié
cuando ha intervenido en aquellos aspectos que más le cuesta asumir.

El Grupo Socialista ha incidido en algunas medidas y el Grupo de
Izquierda Unida se ha referido concretamente a las medidas fiscales.

En definitiva, es una enmienda de devolución y, por lo tanto, como
este debate se produjo en su día y esto no es más que reproducir el
debate de devolución, obviamente nuestro grupo parlamentario votará
en contra de ambas enmiendas.

También vamos a votar en contra del grupo de enmiendas, tan clásicas
como ésta, presentadas por el Grupo Socialista. Están empezando a
adquirir el concepto de clásicas por cuanto básicamente todas son
presentadas por cuarta vez en esta legislatura. Afortunadamente en
estos cuatro años hemos logrado convencer al Grupo Socialista de que
no era necesario presentar algunas de las enmiendas al título I, en
cuanto a modificaciones presupuestarias, aunque con otras no hemos
tenido tanta suerte. Voy a reiterar los argumentos de algún otro año
y esperemos que en próximas ocasiones estas enmiendas copien el
camino que han seguido otras, que es desaparecer del núcleo de las
enmiendas al título I. El Grupo Socialista en la 1553 sigue
presentando aquella enmienda al artículo once, no al artículo cuatro,
como ha explicado el señor Martínez Sanjuán, en la que propone
modificar en aras a contener el déficit público, etcétera, objetivo
absolutamente loable que puede compartir el Grupo Parlamentario
Popular, pero lo que no comparte es el mecanismo que aporta el Grupo
Socialista. ¿Por qué? Porque sigue olvidando algo básico y
fundamental en el debate presupuestario, en el concepto del
presupuesto,
que es su propia definición de la Ley General Presupuestaria. Le
recuerdo, señor Martínez Sanjuán, que del presupuesto general del
Estado se dice que es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de
las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el Estado y sus
organismos autónomos. Esto figura en el artículo 48.1.a) del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, y quiere decir que el
límite máximo es el que establece esta Cámara en el debate de
presupuestos y que no existen límites por debajo.

Además, usted sabe que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido que
sustentar alguna iniciativa del Gobierno en torno a reducir la
disponibilidad de los créditos presupuestados. Recuerde el Real
Decreto 12/1996, de julio, en el que se plasmaba el primer acuerdo de
no disponibilidad sobre el presupuesto, que dio lugar a otras medidas
de disciplina presupuestaria que han logrado poner al déficit
español, al endeudamiento de nuestro presupuesto, en unos límites
absolutamente aceptables y desconocidos en nuestro presupuesto
público. Por tanto, está bien hacer valer el objetivo común con el
Grupo Parlamentario Popular de introducir medidas de reducción del
déficit, pero desde luego ésta no favorece dicho objetivo. Insisto,
cuando el Grupo Parlamentario Popular ha tenido que sustentar
iniciativas legislativas del Gobierno para que la contención del
déficit se produzca, se ha hecho. Lamentablemente en esas ocasiones
el Grupo Socialista no ha apoyado estas medidas, pero lo cierto es
que se han adoptado, creo que con éxito.

La enmienda 1555 es tan clásica como ésta a la que hecho referencia,
y en ella tratan de seguir insistiendo en eliminar la posibilidad de
transferir créditos entre funciones. Todos los años -es la cuarta vez
que lo hago- explico algún ejemplo de las razones por las que, de
introducir la medida del Grupo Socialista, sería imposible gestionar
algunas de las rúbricas presupuestarias que tienen los diversos
departamentos ministeriales. Además, hay un aspecto que es obvio,
todos los créditos presupuestarios obedecen a un fin, el de cumplir
con el objetivo presupuestario que demanda su programa, su objetivo
para el cumplimiento de los indicadores que tienen cada uno de los
programas, y esto no se podría hacer si no se pudiera transferir
entre funciones, porque -insisto, como vengo haciéndolo todos los
años-, por ejemplo, en el Ministerio de Educación no se podrían
consignar o gastar los créditos destinados a otras funciones que
figuran en otros ministerios, con departamentalización diferente de
la que tiene el Ministerio de Educación, si se introdujera la
enmienda del Grupo Socialista. Por ejemplo, no se podrían gestionar
los fondos de bienes decomisados por el tráfico de drogas que están
consignados en el Ministerio del Interior y que tienen una función
diferente en el Ministerio de Justicia, donde los fondos están a
disposición del Instituto Nacional de Toxicología. Este es el cuarto
de los ejemplos que pongo, en los cuartos presupuestos de esta
legislatura, para hacer ver al Grupo Socialista que esta enmienda no
tiene sentido alguno.

De la misma manera no tiene sentido seguir insistiendo en que la
vinculación de créditos tiene que ser a nivel de concepto. Pues
sucede lo mismo. Aparte de que sigue concurriendo en este ejercicio
presupuestario la misma circunstancia, la de que el Grupo Socialista
sigue sin explicar



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dónde le parece que esto ha planteado problemas de gestión
presupuestaria, problemas de ejecución presupuestaria y problemas de
control presupuestario. El señor Martínez Sanjuán no ha hecho
referencia a estos problemas, ni en diferentes debates
presupuestarios se hizo referencia a ellos, por lo que intuimos que
simplemente se trata de hacer una mención genérica a voluntades que
se pueden manifestar de difícil manera, por cuanto no hay problemas
concretos que pueda esgrimir el Partido Socialista para que estas
enmiendas sean aceptadas, porque, repito, no hay tales problemas,
señor presidente.

En cuanto a la enmienda 1556, el señor Martínez Sanjuán estaba
acertado, por cuanto esta enmienda la vamos a aprobar. En esta
enmienda ustedes proponen que se remita a la Comisión de Presupuestos
del Congreso y del Senado información detallada de todas las
inversiones comprometidas, así como la previsión para cada ejercicio
posterior, del llamado uno por ciento cultural. Es verdad que se
puede mejorar la información que se suministra al Congreso de los
Diputados y al Senado en cuanto a las inversiones del patrimonio
histórico en España, y no será nuestro grupo quien impida que se
explicite mayor información a esta Cámara en materia de inversiones
en dicho patrimonio histórico, por lo que vamos a votar a favor de
esta enmienda. Quiero recordarle que esta también es una de la
medidas que habitualmente nuestro grupo vota favorablemente. Le
recuerdo que en la legislatura pasada se aprobó aquélla relacionada
con la dación de cuentas de la ejecución de la Tesorería de la
Seguridad Social, que fue una enmienda del Grupo Socialista. Por
tanto, en todo lo que signifique transmitir mayor información al
Congreso de los Diputados y Senado observará que nuestro grupo accede
con cierta facilidad -por no decir con absoluta facilidad- a las
propuestas del Grupo Socialista.

Respecto a las enmiendas 1558, 1559 y 1560 vamos a votar en contra,
insistiendo que son de las clásicas que hacen referencia a las
transferencias entre funciones. He explicitado algún ejemplo que
haría inoperante la presentación o aprobación de estas enmiendas.

Tampoco vamos a votar favorablemente la enmienda 1561 porque
impediría al Ministerio de Defensa ejecutar algunos créditos de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa. Creemos
que hay un error conceptual en la presentación de la enmienda 1562
del Grupo Socialista. Nuestro grupo entiende qué es lo que pretende,
pero desde luego no lo explicitan correctamente y el portavoz del
Grupo Socialista tampoco lo ha hecho. Hay una confusión entre lo que
se establece en el artículo diez, número 5, y lo que piden ellos en
la enmienda 1562.

En cuanto a la enmienda 1563, también de las clásicas, quiero
insistir en que, obviamente, la posibilidad de transferir entre
créditos de carácter corriente y de carácter inversor es una
excepción, sigue siendo una excepción, y lo único que hace el Grupo
Socialista es eliminar algunas de las cuestiones que aparecen como
regla general, cuando queda claro, y sigue sin ser reconocido por el
Grupo Socialista, que la regla general, aunque sea muy obvio de la
propia lectura del artículo, es que la transferencia entre gastos
corrientes e inversiones no se puede dar con carácter general sino
con carácter excepcional, tal como aparece en el artículo del
proyecto de ley. Además, hay algún elemento
que se le sigue escapando al Grupo Socialista. Por ejemplo, en las
transferencia que deben producirse a las comunidades autónomas en
materia de servicios transferidos -y acabo señor presidente- sería
imposible de aceptar la enmienda del Grupo Socialista de que las
comunidades autónomas pudieran transferir entre la sección 32 y los
artículos uno, dos y cuatro los créditos provenientes del Estado. Por
tanto, insisto, sus enmiendas no harían sino dificultar la gestión
presupuestaria en manos de los ministerios.




Con relación a las enmiendas al título II, presentadas por Izquierda
Unida, y especialmente las presentadas por el Grupo Socialista, digo
lo mismo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, que ha
insistido en que los motivos de la presentación de la enmienda son
los mismos de los ejercicios presupuestarios anteriores. Seguimos
insistiendo en mantener el sistema provisional en tanto en cuanto las
enseñanzas de la Logse en materia de formación profesional de ciclos
formativos del grado superior sigue estando pendiente de su
definitiva articulación, por lo que es lógico que la financiación en
esta materia siga siendo la que se obtuvo antes del sistema de la
Logse.

Referente a la enmienda 1566, nuestro grupo insiste en que nuestro
convencimiento es que el Gobierno está haciendo todo lo que está en
su mano para potenciar los equipos docentes de forma progresiva, de
manera que se permita mejor la calidad de la enseñanza, y no
consideramos que sea ni conveniente ni razonable suprimir el último
inciso del primer párrafo del apartado quinto, que es lo que solicita
el Grupo Socialista.

Por tanto, señor presidente, y para resumir, votaremos en contra de
las enmiendas presentadas al título I, excepto a la enmienda 1556
presentada por el Grupo Socialista.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Tít. III Cámara
termina el debate de los títulos I y II. De acuerdo con la
disposición de la Mesa vamos a discutir ahora el título III.

Al título III también se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y por parte del Grupo Parlamentario Mixto Por tanto,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, doy la palabra a don
José Luis Rodríguez Zapatero.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Dada la vinculación material, me
referiré en la defensa a dos enmiendas relativas a disposiciones
adicionales, que están plenamente entroncadas con el título III, sin
el cual no tendrían sentido. Además, creo que esa es la línea de
ordenación del debate, como no podía ser de otra manera, dada la
conocida racionalidad de la Mesa de esta Comisión.

Empezaré por la enmienda 1638, que es una nueva disposición adicional
que aborda la parte quizás más importante del título III, es decir,
la retribución de los empleados públicos para el año 2000. Es
conocido que durante esta legislatura los empleados públicos han
tenido una pérdida de poder adquisitivo que, si las previsiones de
inflación para el mes de noviembre de este año se cumplen, se situará
en torno al 2 por ciento del global. Es conocido también



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que esto se ha producido no en años de estancamiento o de recesión
económica, sino en años de crecimiento económico, lo cual tiene mucha
menos lógica y es mucho menos defendible. Está claro que el poder
adquisitivo de los empleados públicos va a tener una pérdida durante
este año 1999 que puede estar perfectamente situada, conforme a las
previsiones y la evolución actual de la inflación, en el 0,7 por
ciento. En ese sentido, la enmienda 1638 del Grupo Socialista propone
que el Gobierno lo compense a través de una paga, en el mes de enero
del año 2000, cuyo importe sea equivalente al 0,7 por ciento de las
retribuciones básicas, complementarias fijas y periódicas devengadas
durante 1999, tanto para el personal funcionario en sentido estricto
como para el personal laboral. Esta enmienda propone una medida
justa. No estamos hablando de un volumen excesivo de gasto
presupuestario, no mucho más allá del acuerdo que ha podido
establecerse entre el Gobierno y algunos sindicatos y, sin embargo,
parece razonable que la recuperación de poder adquisitivo y la
previsión de lo que se puede recuperar del año 1999 se incluya en la
ley de presupuestos con un mandato claro que permita al Gobierno esa
posibilidad y, por tanto, la cumpla.

Si me permite la Presidencia, me referiré a otra enmienda que tiene
una directa vinculación, en este caso, más que con una cuestión
retributiva, con una cuestión de haberes pasivos, que es la enmienda
1630, que propone una nueva disposición adicional. Llamo la atención
de la Comisión sobre la bondad del contenido de la misma. Este año se
produce el LX aniversario del final de la contienda civil que tan
dramáticamente dividió a los españoles. Algunos de los distintos
procesos de restitución moral, personal y material que se han venido
produciendo a la luz de la democracia nacida en la Constitución de
1978, y bajo el amparo del espíritu de la transición y de la
recuperación de la concordia, se han ido consolidando. El Grupo
Socialista considera que en este momento es necesario dar un último
paso en ese espíritu de plena restitución moral a quienes, por una u
otra circunstancia, pagaron muy duramente las consecuencias de la
contienda civil española, de ese triste y oscuro acontecimiento de
nuestro devenir de este siglo. En ese sentido, en la enmienda 1630
proponemos una medida que entendemos que viene a cerrar el círculo de
la restitución para un colectivo todavía amplio, paradójicamente, a
pesar de los años transcurridos.

Como ustedes saben, la Ley de 22 de octubre de 1984 reconoció los
derechos de servicios prestados a quienes durante la guerra civil
española formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden
Público y Cuerpo de Carabineros al servicio de la república. Esa ley,
en su título II, reconoció el derecho a obtener pensiones a aquellos
militares a los que normalmente se ha considerado como no
profesionales y que prestaron su servicio en defensa de la república,
según la legalidad en aquel momento vigente en nuestro país. Pues
bien, dichos derechos, que este colectivo de personas ha tenido
reconocidos desde 1984, llegaban únicamente hasta el 70 por ciento de
la pensión de un militar profesional normal. Lo que proponemos en
este momento es que esa pensión sea del cien por cien, y respete
-excluyendo los trienios, dado que, conceptualmente, serían casi
imposibles de incluir por razones evidentes, puesto que durante
décadas no pudieron continuar prestando
servicio en tareas militares en el Ejército- la sentencia del
orden jurisdiccional que limitaba a que en ningún caso se podrían
equiparar al cien por cien con las pensiones de los militares que no
tenían ese carácter de no profesional.

Estamos hablando de que esta equiparación retributiva, más que una
cuestión de orden material -podría aportar los datos que supone- es
una cuestión de orden moral. Las asociaciones que representan a este
colectivo vienen persiguiendo esta equiparación, que ciertamente
supondría un aumento de la percepción de sus pensiones por ellos
mismos o por sus viudas. Pero quiero recordar que, como la vida no
perdona, evidentemente, estamos hablando de un colectivo que en estos
momentos tiene un número anual importante de pensiones que
desaparecen, casi diez mil pensiones al año. El total de personas que
en estos momentos están percibiendo esta pensión, bien los militares
no republicanos directamente o bien sus viudas, sobrepasa las 50.000
personas, pero por el número de bajas que se producen no supondría
ningún mayor gasto al Estado, sino que el ahorro seguiría siendo la
evolución natural del pago de estas pensiones. Por tanto, quiero
apelar a la sensibilidad democrática de los grupos, especialmente de
aquellos que han tenido siempre un sentido muy acusado del compromiso
de restitución moral de las muchas consecuencias de nuestra
confrontación civil. Este año se cumplen 60 años del final de la
guerra civil, y puede ser un buen momento para acabar con uno de
últimos flecos que quedan pendientes para restituir la situación de
una buena parte de españoles que atravesaron muchas calamidades,
muchas penurias, que no pudieron disfrutar de un sistema de
libertades durante una gran parte de su vida, y que incluso
estuvieron profundamente marcados por haber participado en un bando.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, porque ha
transcurrido holgadamente los diez minutos.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Seguramente el señor presidente puede
comprender que se trata de una enmienda que necesita una reflexión
más amplia debido a su significado.

Termino dando por defendidas el resto de las enmiendas a este título,
que además son coherentes. Decía el portavoz del Grupo Popular que
hay algunas que se repiten año tras año -esa es la servidumbre de la
coherencia que se nos exige- relativas a la oferta de empleo público,
alguna referida a que no se limite la tasa de reposición en un 25 por
ciento y alguna otra que voy a limitarme a dar por defendida para no
agotar la conocida paciencia del presidente de la Comisión.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Todo el título III hace referencia a lo que
pudiéramos llamar compromiso del mayor empresario del país, que es el
Estado, con la calidad de los servicios, con las condiciones en las
que se prestanestos servicios y con la potenciación de lo público
como



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concepto de defensa del interés general, y por tanto el tratamiento
que se hace de los empleados públicos. Para nosotros, el Gobierno
hace una interpretación del empleado público como de pecado venial
por serlo, de limitación sistemática. El objetivo de las enmienda de
Izquierda Unida es todo lo contrario: es una satisfacción defender el
interés general, los servicios públicos que atienden directamente al
ciudadano deben estar bien dotados y no estamos de acuerdo con la
limitación del 25 por ciento de las vacantes, ¿por qué? Tendremos
menos bomberos, menos protección civil, menos profesores, menos
médicos y enfermeras para atender los hospitales, y no sé por qué eso
significa mejor gestión de los hospitales o de la educación. Por
consiguiente, no estamos de acuerdo con esa limitación del 25 por
ciento.

En segundo lugar, no entendemos por qué los funcionarios pueden estar
al servicio del Gobierno de turno para cuadrar los números al socaire
de congelación salarial, de no evolución con el IPC o de la voluntad
de previsión del Gobierno. Por eso proponemos simplemente que se
recoja en la ley, en el artículo veinte, la cláusula de revisión
salarial. Si la previsión de inflación del Gobierno es el 1,8 y al
final termina siendo el 2,5, se hace frente a ese diferencial y se
consolida para que la subida del año siguiente no sea sobre la
pérdida de capacidad adquisitiva. Estamos hablando de mantener la
capacidad adquisitiva, no de recuperar su pérdida, y el Gobierno lo
vende como cosa positiva: tenemos menos funcionarios (como si eso
fuese una situación complicada, funcionario viene de funcionar, quien
no funciona no es un buen funcionario) y, en segundo lugar, como
tienen ganada la estabilidad, ¿por qué no les podemos meter la mano
al bolsillo cuando las vacas flacas vengan y por tanto plantearse la
retención o la contención salarial?



Nosotros proponemos en la enmienda 753 esa cláusula de revisión
salarial, proponemos recuperar la pérdida de la capacidad adquisitiva
en torno a un incremento superior a la previsión inicial del 2 por
ciento, proponemos un 3 por ciento, y proponemos recuperar la
negociación colectiva y por tanto la distribución de esos recursos en
los distintos conceptos, como puede ser la mejora de la capacidad
adquisitiva acercando el diferencial y la distancia entre los altos
cargos -que algunas veces son altas cargas más que altos cargos en el
funcionamiento de la Administración y que, por cierto, han crecido y
no han bajado-, que el Gobierno ha acrecentado vía productividades,
indemnizaciones, gratificaciones o cobrar participación en consejos
de administración. Nosotros proponemos precisamente acortar esa
distancia, es decir, la negociación colectiva puede ir a acortar la
distancia entre el salario más bajo y el salario más alto, puede
subir más del 2 por ciento el salario más bajo y no por encima del 2
por ciento el salario más alto.

Proponemos que se negocie todo lo que son conceptos de
reclasificación de la Función Pública, todo lo que es el concepto de
distribución de productividad, que es un instrumento en manos del
alto cargo que prima la adhesión, el trabajo colateral a él, en lugar
del funcionamiento de los servicios públicos. Creemos que las
gratificaciones y todo lo que es la posibilidad de productividad debe
estar ligado a la negociación con los sindicatos más representativos
de la propia Administración. Y proponemos que el alto cargo,
que es un cargo de confianza para el que gobierna, no perciba algo
que es tan poco ligado al alto cargo como es la productividad. No
entendemos por qué la productividad es un sistema. Si el alto cargo
lo decide y además cobra la productividad, tenemos ese ejemplo, el
alto cargo se lleva el gran volumen y al auxiliar administrativo que
hace ocho o nueve horas le damos diez mil pesetas al mes. Por tanto,
proponemos que el alto cargo, que no es ni más ni menos que el
elegido a dedo como libre designación para el funcionamiento y que
cuando deje el cargo desaparecerá y se irá con el cargo nombrado, no
perciba productividad. Nosotros creemos que esa fórmula sería más
congruente con la filosofía de hacer productiva la Administración,
pues la misión del alto cargo es hacer más ordenada, más eficaz y más
ágil la Administración, tomar iniciativas, impulsar el compromiso de
todos los que están supeditados a su trabajo.

Proponemos -y aquí se nos responde todos los años que no existen en
la Administración ni en sus organismos públicos- que ni en la
Administración, ni en los organismos públicos, ni en las empresas
públicas ni en las empresas participadas existan contratos blindados.

Dicen que no existen, pero nos hemos encontrado a lo largo de esta
legislatura, no de las anteriores, la existencia de esos blindajes,
que significan indemnizar a la persona cuando se marcha.

Proponemos que la paga extra se acerque en la Función Pública al
salario y, por tanto, que no solamente se tenga en cuenta el sueldo
para la paga extra, sino también el complemento de destino, y estamos
acercando esa realidad. En la empresa privada uno cobra 200.000
pesetas de sueldo y cuando llega la paga extra cobra 400.000; en la
Función Pública cobra 200.000 pero la paga extra son 330.000, porque
solamente se percibe por el sueldo y no por todos los demás ingresos.

Proponemos toda una serie de modificaciones dirigidas a que haya una
mayor transparencia en el funcionamiento de la aplicación de las
productividades y de las gratificaciones por servicios
extraordinarios y que el Ministerio de Economía no sea el que lo
fije, sino que sea la negociación colectiva para que así podamos
entrar en un criterio más ordenado, y proponemos introducir algo en
la Función Pública que ha estado expulsado, no sabemos por qué, y es
la idea de que en el artículo veintiséis, en los apartados 3 y 5, se
refleje que a igual trabajo, igual salario. No sabemos por qué se
excluye, para unos beneficios, a los trabajadores que son
trabajadores laborales y sí se les facilita a los que son
funcionarios de carrera y en otros casos es todo lo contrario. Se da
el caso chocante de que hay personas que están haciendo el mismo
trabajo en el mismo grupo, y unos cobran un dinero y otros otro,
porque unos son laborales y otros funcionarios. No entendemos por qué
esa dualidad a la hora de actuar.

Por último, en el artículo treinta y seis proponemos dos precisiones,
que significan añadir transparencia a la Función Pública para el
conocimiento del uso y abuso que se hace camuflando el capítulo I y
el capítulo II en el capítulo de inversiones. El gran artífice de esa
innovación revolucionaria en la presupuestación se llama artículo
sesenta y cuatro, inmovilizado inmaterial, todo lo que no se puede
inventariar. Se está abusando, este año el Estado va a gastar 84.000
millones de pesetas en inmovilizado inmaterial: trabajos, estudios,
conferencias, propagandas y otras actividades.




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Es mucho dinero para ese tipo de actividades, que al final suponen
contratar y subcontratar con otras personas lo que debería hacer la
Administración. Nuestro criterio no es ese. ¿Qué es lo que pide
Izquierda Unida? Pues que el Gobierno entregue a los sindicatos más
representativos los contratos de personal que están previstos con
cargo a los créditos de inversiones y que trimestralmente los remita
al Congreso, que haya una información pormenorizada del volumen de
contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones y
los criterios por los que se utiliza esa fórmula, que es entender que
es una inversión contratar una campaña de la Agencia Tributaria para
mayor loa y satisfacción del señor Rato, que por fin ha visto, en
lugar de información sobre retención, una «campañita» de las
eficacias del Gobierno, que con buena vista ha decidido una gran
reforma fiscal que es muy buena para todos, aunque algunas veces no
informa de que eso de las retenciones no funciona como dicen ahí.

En todo caso, desde la enmienda 753 a la 770 aproximadamente son 17
oportunidades las que tiene el Gobierno de precisar todo lo que es la
mejora de la Función Pública, la negociación colectiva y la
dignificación del tan maltratado empleado público.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Para dar por defendidas la totalidad de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto en los términos que se
incorporan en esta parte.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular , tiene la
palabra doña Mercedes Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Comenzaré haciendo referencia en el
título III, correspondiente en la ley de presupuestos a la parte que
se refiere básicamente a las retribuciones de los funcionarios
públicos. Aquí hay varias enmiendas que, formuladas por el Grupo
Parlamentario Popular, han sido incorporadas al trámite
correspondiente de ponencia. Estoy refiriéndome a la enmienda 2056,
donde se plantea una modificación en el artículo veintiuno, 1, donde
se añade el tratamiento novedoso y menos restrictivo que se plantea
en la ley al servicio de prevención y extinción de incendios. Dicha
enmienda fue incorporada al texto de la ponencia y no voy a
extenderme más en ella. Sí me gustaría hacer algunas consideraciones
generales por lo que se refiere a las enmiendas que han formulado el
resto de los grupos parlamentarios, que, como decía el anterior
portavoz de nuestro grupo, tienen una característica general, y es
que son enmiendas históricas, enmiendas recurrentemente planteadas en
los ejercicios presupuestarios anteriores.

Como SS.SS. saben perfectamente, la previsión que establece el
Gobierno, y que defiende el Grupo Parlamentario Popular, no es
casual, y obedece a una serie de planteamientos generales que trataré
de sintetizar al rechazar las enmiendas que se oponen a dichos
principios económicos. Muchas son las enmiendas de los diversos
grupos parlamentarios que plantean incrementos retributivos
superiores a los incluidos en el proyecto presupuestario que, como
SS.SS. saben, con carácter general son un incremento previsto del dos
por ciento. Si se me permite, quisiera traer a colación, porque creo
que es pertinente, el acuerdo de Administración y sindicatos para el
año 2000, que ha sido firmado por una buena parte de los sindicatos
representativos e impulsado por el Gobierno del Partido Popular,
donde se establece el ámbito de aplicación del mismo y, por tanto, el
personal de la Administración del Estado al que se aplicará este
acuerdo retributivo.

En segundo término, se recoge el incremento retributivo establecido
para el año 2000, que es igual al incremento del IPC previsto para
dicho año y que, como dije anteriormente, está establecido en el 2
por ciento. En tercer lugar, y esta sería una novedad importante,
aparece fijada, porque así se ha firmado por el Ministerio y los
sindicatos, la determinación de un fondo para la mejora de la
prestación de los servicios públicos. Se establecen una serie de
características para la aplicación y distribución de este fondo,
presidida siempre por el principio de equidad entre los grupos
profesionales de los distintos empleados públicos. Y, finalmente, se
establece en dicho acuerdo la aplicación y negociación del fondo para
la mejora de las prestaciones de los servicios públicos.

Nos parece que este acuerdo ilustra adecuada y suficientemente la
subida retributiva, a la vez que la creación del fondo para
establecer una mayor equidad en la asignación de incrementos
retributivos en el capítulo referido a los funcionarios públicos. El
incremento que prevé el proyecto de ley del 2 por ciento es el que
permite dar cumplimiento a los objetivos de gasto, de acuerdo con la
planificación económica general, que ha servido, de forma conjunta y
sistemática, para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2000. Por tanto, todas aquellas enmiendas que se
plantean fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario Mixto,
con incrementos que llegan hasta un 3,6 por ciento, y las de otros
grupos parlamentarios que plantean incrementos retributivos
superiores al 2 por ciento, van a ser rechazadas en base a las
razones que acabo de argumentar.

Existe también un bloque de enmiendas que se refieren a la oferta
pública de empleo que rebaten el criterio establecido por el Gobierno
en este título III, y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, que
se refieren al incremento de menos del 25 por ciento de la tasa de
reposición de efectivos. Los diversos grupos parlamentarios plantean
una variable amplísima donde se opta desde el cien hasta el 75 por
ciento de esa tasa de reposición de efectivos. Quisiera llamar la
atención acerca de una excepción que aparece contemplada en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que se refiere al
ámbito de la Administración local, cuyo criterio no se aplicará a
aquellas corporaciones locales de menos de 50.000 habitantes, ni
tampoco a la policía local. Empezaba mi intervención haciendo
referencia a una enmienda que se ha incorporado en el trámite de
ponencia, con la que añadimos a este artículo veintiuno, 1, un tercer
párrafo para que tampoco se aplique a los servicios de prevención
y de extinción de incendios. Esta enmienda coincide de forma parcial
con una formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, que recoge este inciso pero que amplia la redacción en un
párrafo nuevo a los servicios sociales y a los servicios de atención
primaria,



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que nosotros no contemplamos. Sí coincidimos con una de las partes
que se contemplan en la enmienda. Por tanto, está en manos del grupo
proponente hacer una enmienda transaccional con mi grupo
parlamentario para poder aceptar la parte de coincidencia en la
ampliación del artículo al que acabo de referirme.

Me llaman la atención criterios recurrentes a los que acaba de hacer
referencia el portavoz de Izquierda Unida, y que, una vez más, quiero
ratificar en este trámite de Comisión. Su señoría está preocupado, es
lógico y yo mantengo esa preocupación, por prohibir la firma de
contratos blindados. Está usted abundando en una práctica que ha
puesto en marcha este Gobierno y en la que creemos con la misma
firmeza que cree su señoría. Y como lo estamos practicando, no vemos
la bondad ni el criterio de oportunidad de recurrir permanentemente a
la formulación de una enmienda, que no añade nada a un panorama que
felizmente está despejado y a una práctica que también felizmente ha
caído en desuso por impulso de este Gobierno.

Recurren SS.SS., y voy finalizando, señor presidente, a aspectos que
hacen referencia al complemento de productividad y que tratan de
modificar en los aspectos referidos a los altos cargos. Como saben
SS.SS., el régimen retributivo, incluido el de los altos cargos y
específicamente referido al complemento de productividad, está
establecido con carácter general para los funcionarios públicos del
grupo A en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma
de la Función Pública. Este régimen retributivo, a mi juicio, resulta
coherente con la transparencia obligada en el sistema y deseable en
la profesionalización de los puestos de trabajo, también en los
referidos al régimen retributivo de los altos cargos.

El Grupo Parlamentario Socialista, de una forma bastante escueta y,
si me permite la Presidencia, tratando en el título III aspectos que
no se refieren a él y, por tanto, planteando un debate parlamentario
no en términos homogéneos, sino dispares por lo que a dicho título se
refiere, menciona cuestiones que han de tener tratamiento
parlamentario en el capítulo referido a las disposiciones adicionales
y en el de clases pasivas. Por tanto, será allí, a mi juicio, donde
se dé respuesta a estas enmiendas que no tienen ubicación en el
título que estamos tratando, en el III, y a las que, por tanto, no me
voy a referir.

En lo relativo a los criterios de revisión salarial a los que ha
hecho mención de forma muy sintética y muy poco explícita el Grupo
Parlamentario Socialista, me remito a los criterios generales que nos
llevan a rechazar todas aquellas enmiendas que se apartan del
incremento retributivo del 2 por ciento y que no tienen en cuenta el
acuerdo firmado entre Administración y sindicatos, donde se establece
el nuevo régimen retributivo de todos los funcionarios públicos para
el año 2000.




El señor PRESIDENTE: Terminamos con su intervención el debate del
título III.




Títulos IV, VIII, Vamos a entrar ahora en el debate del título IV,
sobre las Sección 7 pensiones públicas; del título VIII, sobre
cotizaciones sociales y también excepcionalmente de la sección 7, a
la que sólo se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista.

A ese conjunto de títulos han presentado enmiendas el Grupo
Parlamentario Socialista, el de Izquierda Unida y el Mixto.

Por tanto, doy la palabra a don Fernando Gimeno en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, el título IV se refiere a
las pensiones públicas, tanto las del sistema de clases pasivas como
las de la Seguridad Social y sistemas no contributivos. El título
VIII se refiere a los criterios de la determinación de los ingresos
por cotizaciones del sistema de los distintos sistemas de Seguridad
Social y al mismo tiempo hay distintas disposiciones adicionales
sobre estos temas, que con brevedad también voy a abordar.

El título IV ha dado lugar en su concreción práctica, que es la
subida de las pensiones, a uno de los debates más largos y parece que
va a continuar a lo largo de estos meses y también de los anteriores
a las elecciones. El sistema de la subida de pensiones,
fundamentalmente lo que significa la subida de las pensiones mínimas,
ha dado lugar a tensión y a unas consecuencias que estos días las
estamos notando, oyendo todavía en los medios de comunicación por la
publicidad pagada que el Partido Popular nos está regalando al
conjunto de los ciudadanos españoles asuntos relativos a las
pensiones, no sé si el Pacto de Toledo, etcétera. (El señor
vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la Presidencia.)



El Grupo Socialista viene planteando a lo largo de 1999 que los
beneficios económicos de una situación mejor en la economía, que
tiene unas manifestaciones concretas muy palpables como son un gran
incremento de los ingresos del Estado y también de los gastos, aunque
estos no han ido dirigidos fundamentalmente hacia lo que deberían
haber sido las atenciones prioritarias en nuestro sistema de
protección social, deberían repercutir sobre los sectores más débiles
socialmente, una parte de los cuales coincide normalmente con la que
percibe pensiones mínimas de la Seguridad Social y pensiones no
contributivas, incluyendo dentro de las pensiones no contributivas lo
que se conoce como SOVI, en esa amalgama de situaciones que se
producen en nuestro sistema de protección social y de Seguridad
Social.

Durante 1999 hemos defendido permanentemente que se pagara una
cuantía, como compensación por no haber percibido ningún tipo de
mejora económica a lo largo del año para este tipo de rentas; esa
pretensión hasta ahora ha sido rechazada por el Grupo Popular y, sin
embargo, dio lugar forzosamente a un acuerdo del Gobierno con los
sindicatos, como consecuencia de la presión política y social que se
venía produciendo, que ha dado lugar a unas propuestas en estos
presupuestos del Estado sobre lo que debería ser la subida de las
pensiones y especialmente de las pensiones mínimas.

Incluso ese acuerdo al que se llegó con los sindicatos parece ser que
se va a quedar desfasado como consecuencia de las desviaciones de
inflación. Por ello, podríamos decir hoy que el acuerdo al que se
llegó y la propuesta que ofrece el Gobierno, según su estrategia,
queda devaluado en la medida en que los precios están subiendo por
encima de las previsiones no ya primeras del Gobierno, cuando se



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preveía una inflación del 1,8 para este ejercicio, sino de la
inflación ya prevista posteriormente por el Gobierno y corregida
cuando se hace referencia al 2,4. Es decir, nos encontramos con
desviaciones de inflación que van a afectar, a repercutir incluso en
las previsiones que hace unos meses se formulaban los agentes
sociales y el Gobierno respecto a lo que debía ser la subida de las
pensiones mínimas.

Nosotros nunca hemos desligado el concepto de la subida de las
pensiones de lo que eran los compromisos políticos que significaban
el Pacto de Toledo y en estos momentos los acuerdos del Pacto de
Toledo, por eso, siempre hemos establecido una diferenciación muy
clara de lo que deben ser las subidas en general de las pensiones de
lo que debe ser la subida de las pensiones mínimas.

Siempre hemos dicho y defendido (y es un criterio que mantenemos en
las enmiendas que presentamos, a las que ya empiezo a referirme) que
todo lo que tenga que ver con las pensiones mínimas, porque así lo
dice el Pacto de Toledo, puesto que afecta a complementos a mínimos,
nunca debería ser financiado con cotizaciones sociales. Es la
principal y una de las más importantes discrepancias que mantenemos
con la propuesta de presupuestos que nos presenta el Gobierno en este
articulado al fijar en sus formas de financiación que estas subidas
de las pensiones mínimas que se anuncia ya en los presupuestos se va
a financiar con cargo a las cotizaciones sociales, con lo cual se
viene a incumplir de una manera intencionada lo que es la primera
recomendación del Pacto de Toledo sobre separación de las fuentes de
financiación. En ese contexto hemos presentado algunas enmiendas para
corregir esa contradicción que existe (así nosotros manifestamos), y
esperamos que el Gobierno y el Partido Popular sean sensibles por lo
menos a esa parte. También deberían serlo, aunque no confiamos mucho
en ello, a la reflexión de cuál debería ser la subida de las
pensiones mínimas, que nosotros recogemos como criterios en las
enmiendas que presentamos al articulado del proyecto de ley de
presupuestos. Los criterios son que, en principio, en cualquier caso,
vamos a tener que esperar a conocer la inflación que se facilite a
finales de noviembre para fijar de una manera definitiva (sin duda
alguna lo haremos en el Senado) cuáles son los cuantías de las
pensiones mínimas.

Ahora ya decimos que para la determinación en de las pensiones
mínimas en el año 2000 deberían incluirse en términos anuales 28.000
pesetas más de lo que era la pensión anual en el año 1999, y a esa
cuantía de la pensión debería incorporarse la desviación de la
inflación del año 1999 para, en términos finales, aplicar la
desviación de la inflación prevista; aceptamos la que fija, el
presupuesto en el 2 por ciento para el año 2000, aunque tenemos dudas
porque la desviación que se ha producido en este año es de tal
importancia que difícilmente nos podemos permitir creer que las
previsiones del Gobierno sean acertadas.

En ese contexto hemos presentado enmiendas a todo el sistema de
pensiones mínimas, tanto en clases pasivas como en el sistema de
Seguridad Social en pensiones contributivas, pensiones no
contributivas y el SOVI. Ésa es la propuesta que nosotros presentamos
en el conjunto de las enmiendas sobre la subida de las pensiones
mínimas.

La separación de fuentes de financiación constituye otra de las
piezas claves (me refiero conjuntamente también a
algunas de las disposiciones adicionales a las que presentamos
enmiendas) y creemos que el Gobierno incumple claramente el Pacto de
Toledo en su recomendación número 1 cuando no hace referencia a una
financiación mayor de los complementos a mínimos de todo nuestro
sistema de pensiones. No sólo es esto lo que ha hecho el Gobierno,
sino que a lo largo de los años en que se mantiene ha tomado la
decisión de disminuir las aportaciones del Estado a los complementos
mínimos del sistema de la Seguridad Social, lo cual nos sorprende;
pero en cualquier caso nos preocupa mucho más pensar que ésa pueda
ser la intención del Gobierno para los próximos ejercicios en los
próximos años, en su voluntad tanto como posible Gobierno durante los
meses que le quedan del año 2000 como en el supuesto de que tuviera
que estar en la oposición, lo cual implicaría, en mi opinión, un
incumplimiento importante y serio de lo que serían las
recomendaciones del Pacto de Toledo. No sólo eso, las enmiendas que
presentamos también tienen que ver con algo anecdótico. El Gobierno,
para intentar lavarse un poco la cara de la situación que había
generado, ha establecido en estos presupuestos un fondo de reserva
que, sinceramente, nos parece más que simbólico un poco ridículo,
según la concepción que tengamos de lo que deberían ser las reservas
o los excendentes dentro de nuestro sistema de Seguridad Social, tal
como lo define la Ley de Seguridad Social y como lo ha aprobado el
Gobierno en las leyes que ha presentado, que este Parlamento ha
considerado y que incluso mi grupo (por qué no decirlo) también
apoyó.

El Gobierno en la Ley de Seguridad Social establece claramente la
diferenciación de lo que deben ser prestaciones contributivas y
prestaciones no contributivas. Los complementos a mínimos en la
propia Ley de Seguridad Social se definen y se entiende en su
articulado que no son prestaciones contributivas. Como consecuencia,
en nuestra opinión esos complementos deberían ser financiados por
aportaciones de los presupuestos del Estado y no por ingresos de las
cotizaciones sociales. En tal contexto, hay que señalar que en
nuestro sistema de Seguridad Social los ingresos de cotizaciones
siempre han estado por encima de las prestaciones contributivas,
siempre ha habido excedentes a ese nivel en esa concepción de la
situación, y el Gobierno se comprometió antes del 2000 a resolver una
parte importante de esos problemas, cosa que no ha hecho y que hace
en el 2000, pero, en cualquier caso, podría justificarse. El
compromiso lo asumió el Gobierno, pero lo que no ha asumido bajo
ningún concepto (y es el tema que más nos preocupa) es la mejor
financiación de los complementos a mínimo por parte de los
presupuestos del Estado, o dígase que no se financien por
cotizaciones sociales. Fijar los fondos de reserva en 60.000 millones
nos parece una cuantía muy pequeña, insuficiente, dada la
consideración de lo que son los ingresos contributivos y lo que son
las prestaciones contributivas. No se me puede decir que los
excedentes son los que son en este ejercicio porque no es verdad; los
excedentes dependen de las transferencias que el Estado pueda ofrecer
a la Seguridad Social, como SS.SS. saben sin ningún tipo de dudas. Y
por eso nuestra propuesta de que se incrementen las aportaciones a
financiar los complementos a mínimo por parte del Estado al sistema
de financiación de la Seguridad Social; esas aportaciones del Estado
a complementos



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a mínimo lógicamente se tiene que traducir en unos incrementos de los
fondos de reserva a finales del ejercicio para que se produzca ese
tipo de excedentes, si es que las previsiones presupuestarias del
Gobierno se llevan a la práctica.

Otra parte importante de las consideraciones que hemos hecho sobre
las enmiendas que hemos presentado simplemente tienen que ver con que
deberíamos zanjar de una forma radical que las cotizaciones sociales
no pueden financiar determinado tipo de políticas; queremos que se
recojan en el propio texto de la Ley de Seguridad Social, como ya
estaba y que, por cierto, fue modificado posteriormente. Volvemos a
insistir en que con cotizaciones sociales no deberían financiarse
políticas que deben ser financiadas por ingresos del Estado.

Entiéndase con eso y (serviría también con carácter general para las
cotizaciones sociales por el propio desempleo) que nosotros lo
modificamos en una de las enmiendas. Creemos que los excedentes que
existen en el desempleo permiten y dan margen para que consideremos
la posibilidad de que los excedentes entre prestaciones (estoy
hablando ya del título VIII de las cotizaciones por desempleo), los
excedentes que hay de los ingresos por cotizaciones de desempleo y de
prestaciones de desempleo dan margen para destinarlos a tres
situaciones nuevas: una, para incrementar los subsidios de desempleo;
otra, para crear un fondo de reserva para situaciones en que fuera
necesario hacer aportaciones mayores para pagar las prestaciones por
desempleo, subsidios, fondo de reserva; y también hay un margen
ligero en ese contexto para intentar hacer una propuesta de
disminución de cotizaciones sociales en este caso por la vía del
desempleo. Éstos son los aspectos fundamentales que nosotros queremos
plantear. Hay algunos aspectos parciales en nuestras enmiendas que
son de significación más individual o más particular, a los que me
referiré, pero que sin ninguna duda no forman parte del bloque más
importante y global que significan las anteriores referencias que he
hecho. Por ejemplo, en lo que se refiere...




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Gimeno, por favor, le
ruego que vaya concretando.




El señor GIMENO MARÍN: Sí.

En el señalamiento inicial de las pensiones públicas y los
complementos a mínimo de pensiones establecemos enmiendas para que en
el caso de que se produzcan diferencias entre esos señalamientos no
se pueda deducir al pensionista más de un 5 por ciento de su pensión.

Hemos hecho referencia en este sistema de pensiones públicas a
algunas de las consideraciones que deberían hacerse para revisar
algunos de los planteamientos de lo que se conoce como las pensiones
de la guerra, en un intento de igualar y mejorar la situación de
aquellos sectores que se vieron perjudicados en su momento, y ya no
sólo perjudicados, sino que en las leyes que se aprobaron en una
primera fase se estableció no una igualación total, por ejemplo,
entre los profesionales de las Fuerzas Armadas de un bando u otro de
lo que fue en aquellos momentos la Guerra Civil española. En ese
contexto, señor presidente, hay presentadas algunas de las enmiendas
que tienen que ver con el salario mínimo interprofesional. Es una
norma constitucional la
igualación del salario mínimo interprofesional para todas las edades
y no puede haber discriminaciones por razones de edad en la
aplicación de esos salarios. Presentamos enmiendas en esa dirección y
fundamentalmente esos son los aspectos más importantes.

En cuanto a las que tienen que ver con el título de clases pasivas,
son los mismos principios generales que hemos establecido para la
fijación de las pensiones mínimas y de la subida de pensiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a defender las cuatro enmiendas que
Izquierda Unida tiene, por un lado, al título IV, que hace referencia
a las pensiones públicas, y, por otro, al título VIII, cotizaciones
sociales. Fundamentalmente, nuestras enmiendas son de precisión, de
adición, tanto en el artículo 40 como en el 43, y pretendemos
adicionar un nuevo apartado, poniendo un límite máximo de percepción,
que se considera extraordinario, que será del 200 por ciento del
límite máximo general de percepción para aquellas pensiones
extraordinarias del régimen de clases pasivas del Estado, del
personal de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
originadas por la incapacidad o inutilidad física en acto de
servicio, que puede ser causado por distintos motivos, como por actos
de terrorismo. El objetivo de la enmienda de Izquierda Unida es que
esta situación extraordinaria sea real y que con excepción de los
actos terroristas, si éstas se encuentran afectadas por el límite
máximo general de las pensiones ordinarias de jubilación, sería un
contrasentido y un perjuicio injusto para el causante a la hora de
entender otro límite para jubilación, enfermedad, etcétera. Éstas son
las enmiendas 771 y 772.

La enmienda más importante de este apartado es la que va dirigida al
artículo 45.4, donde se fijan para el año 2000 las cuantías mínimas
de las pensiones de la Seguridad Social, las cuantías mínimas que en
este cuadro se plantean para un titular con 65 años o menor de 65
años. La propuesta de Izquierda Unida, una vez actualizado el salario
mínimo interprofesional, que nosotros queremos acercar al 60 por
ciento del salario medio neto que exista en nuestro país y cumplir
así la Carta social europea del año 1980 que España avaló, es que la
pensión con cónyuge a su cargo sea igual al salario mínimo
interprofesional, por tanto, 1.279.000 pesetas, y cuando no exista
cónyuge a su cargo el 85 por ciento de dicho salario, por
consiguiente, 1.086.000. El Gobierno propone para el caso de cónyuge
a su cargo 989.000, es decir, unas 200.000 pesetas menos anuales a la
propuesta de Izquierda Unida y en el caso de cónyuge a su cargo
839.000, aproximadamente unas 180.000 pesetas menos que la propuesta
que hace ahora el Grupo Federal de Izquierda Unida. La propuesta para
los que son menores de 65 años, que el Gobierno establece en 872.000
y 738.000, queremos acercarla al mismo 85 por ciento en el caso de
cónyuge a su cargo y al 75 por ciento para el de sin cónyuge a su
cargo. Las pensiones por invalidez permanente, gran invalidez con
incremento del 50 por ciento, de absoluta sería para el titular que
tenga más de 75



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años. En suma, Izquierda Unida propone subir todo el régimen de
pensiones de incapacidad permanente para dignificar las percepciones
que ahora se perciben. La pensión de viudedad, cuando la propuesta
del Gobierno la cifra en 839.000 pesetas, nosotros la elevamos al 85
por ciento del salario mínimo interprofesional, sobre todo en el caso
de que la viudedad vaya unida con ser mayor de 65 años.

En suma, si seguimos con todo el cuadro, la propuesta de Izquierda
Unida es que las pensiones del sistema público de la Seguridad Social
para el año 2000 -apartado 4 del artículo 45- reciban un incremento,
para que el diferencial que existe con Europa se reduzca de manera
sustantiva y acabemos con la limosna prorrateo que se produce cada
vez que vienen elecciones en cuanto a si la subida va a ser de 700,
1.000 ó 2.000 pesetas, como si estuviéramos jugando a las subastas,
en lugar de procurar la dignificación real del papel que nuestros
mayores deben jugar en la sociedad.

Por último, respecto al título VIII, que hace referencia a las
cotizaciones, en el apartado 2, punto 5, se habla de determinar
durante el año 2000 las bases máximas de cotización por contingencias
comunes de los artistas, y lo que nosotros proponemos es que se
establezca el correspondiente al grupo del régimen general. En el
proyecto de ley del Gobierno, en el apartado 5.1, se establece que
para el caso de las contingencias comunes de los artistas las bases
máximas de cotización para todos los grupos correspondientes a las
distintas categorías profesionales será de 396.750 pesetas al mes; es
decir, globaliza en una sola cotización lo que debería ser
distribuido según las categorías profesionales. Nosotros proponemos
que eso no sea así, sino que se apliquen las mismas que se establecen
para los correspondientes grupos del régimen general, según sea el
trabajo que se desarrolle. En suma, se trata de hacer frente a una
demanda que ha llegado hasta las puertas del Congreso cada vez que
hemos discutido los presupuestos y que este año también ha llegado de
manera notoria y manifiesta, demanda que nosotros recogemos con esta
enmienda con el objetivo de intentar acercar posiciones entre los
distintos grupos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Doy por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto a estos títulos y a esta sección.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra don Gerardo Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Voy a ser muy breve en este turno, en primer
lugar, por las propias necesidades del debate y, en segundo lugar,
porque muchas de las enmiendas recogen debates ya celebrados en esta
Cámara. Hago mías las expresiones de los compañeros que han
intervenido con anterioridad respecto a que estamos ante enmiendas
viejas, y yo me atrevería a decir que incluso ante debates viejos.

El conjunto de las enmiendas que han defendido otros grupos a los
títulos IV y VIII hacen referencia a nuestro régimen de pensiones,
sean de clases pasivas o no lo sean. Empezaré por la defensa que ha
hecho el Grupo Parlamentario Socialista, que las ha englobado en un
discurso general referente a la situación de cumplimiento o
incumplimiento de este Gobierno del denominado Pacto de Toledo. Han
hecho un discurso, como no podía ser de otra manera, en un tono más
catastrofista y alarmista que constructivo, en el que se nos ha dicho
que prácticamente la totalidad de los presupuestos de este año vienen
a constatar el incumplimiento del Gobierno de los Pactos de Toledo,
que las subidas de pensiones mínimas son insuficientes y que cuando
se determinan las cuantías respecto de complementos a mínimos o del
fondo de reserva, estas o incumplen el Pacto de Toledo o son
claramente insuficientes para atender a las cuestiones a las que
tienen que ir dirigidas. Nosotros no compartimos en absoluto las
expresiones del principal grupo de oposición de esta Cámara. Hemos
tenido ocasión de discutir en estos años, no sólo en el último,
respecto al saneamiento que se había producido en nuestro sistema de
Seguridad Social, pero no podemos dejar de manifestar en este acto
que ninguna de las normas que ha aprobado este Parlamento ni de las
proposiciones que ha traído el Gobierno o el Grupo Parlamentario
Popular a esta Cámara y de las que se recogen en esta ley de
presupuestos, que ha sido enmendada por los distintos grupos, ninguna
de éstas, reitero, atentan contra la letra ni al espíritu del Pacto
de Toledo. No se puede expresar que el que los cumplimientos
a mínimos aún hoy sean financiados en parte por cotizaciones sociales
incumpla el Pacto de Toledo por un grupo que cuando se debatió la Ley
de consolidación y racionalización de nuestro sistema de Seguridad
Social apoyó que fuera a partir del año 2000 cuando se produjera la
ubicación definitiva de la financiación de esos mínimos. No se puede
hablar en estos momentos de que hay un incumplimiento del Pacto por
dotar, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, insuficientemente
un fondo de reserva cuando por primera vez -y es una noticia
histórica- aparece justamente la constitución de ese fondo en los
Presupuestos Generales del Estado y cuando saben, además, que no se
podía constituir dicho fondo hasta que no hubiera una clara
separación de fuentes de financiación de nuestro sistema de Seguridad
Social, que se iba a producir, se produce, justamente en los
presupuestos de este año. Además, mal se pueden tachar de
insuficientes unos presupuestos cuando por primera vez aparece el
saneamiento del déficit de la Seguridad Social y el presupuesto del
año que viene para la Seguridad Social presenta por primera vez en
nuestra historia superávit, algo desconocido hasta estos momentos, e
incluso tiene en ese caso la credibilidad de que la ejecución del
presupuesto de este año va a cerrarse con un déficit muy inferior al
que estaba previsto.

Haré referencia ahora de manera muy breve a las enmiendas parciales
más importantes que han defendido los distintos portavoces, haciendo
constar en primer lugar que las presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, y que han sido defendidas en sus propios
términos, son rechazadas también en sus propios términos por el Grupo
Parlamentario Popular y que, en todo caso, tal vez en el trámite



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plenario tengamos ocasión de discutirlas con mayores argumentos.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a estos
títulos, me gustaría hacer referencia a las que pueden ser comunes a
otros grupos, como es la enmienda 1.606, que coincide con la 508 de
Nueva Izquierda, del Grupo Parlamentario Mixto, referente a la
cotización del régimen especial de los trabajadores del mar. Es una
enmienda que discutimos bastante a menudo en el debate
presupuestario, y la postura de mi grupo no ha cambiado. Creemos que
la redacción de la ley actual acerca mucho más las bases de
cotizaciones reales a los salarios reales en el sector. Es cierto que
hasta este momento, cuando se pretendía una aplicación distinta, nos
encontrábamos con que esas cotizaciones estaban cada vez más lejanas
y que, aunque el que existe hoy en día sea un supuesto de bases
tarifadas, la redacción del proyecto actual acerca más esas
cotizaciones y daña mucho menos el sistema, al contrario de lo que
propugnan las enmiendas a las que he hecho referencia.

En cuanto a la enmienda 1608, relativa a los tipos de cotización para
la contingencia de desempleo, he de decir que nos sorprende que cada
año el Grupo Parlamentario Socialista plantee la reducción o no de
cotizaciones sociales y que, al igual que el año pasado, mi grupo
tampoco va a aceptarla este año, porque entendemos que la reducción
de cotización por contingencia de desempleo debe hacerse
progresivamente, sin poner nunca en cuestión el equilibrio financiero
del sistema de protección por desempleo. El Grupo Parlamentario
Socialista no cuantifica en su enmienda el efecto económico del
descenso en cotizaciones y además hace algo con lo que no estamos en
absoluto de acuerdo, que es acortar la distancia entre la
contratación estable y la de duración determinada, puesto que la
diferencia entre ambas, como deducirá quien se haya molestado en
hacer un cálculo que nosotros sí hemos hecho, es del 0,75 por ciento
en el texto del proyecto de ley y de 0,5 en el caso de la propuesta
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, que apuesta, en
consecuencia, en menor medida por la contratación indefinida, algo
que el Grupo Parlamentario Popular no hará nunca. Además, la enmienda
propone reducir el tipo de cotización de los empresarios para todos
los contratos por tiempo indefinido y mantener el tipo de cotización
del proyecto de ley en dichos contratos para los trabajadores, algo
que a nosotros también nos ha resultado paradójico, así como aplicar
a todos los supuestos de contratación temporal el mismo tipo que hubo
en 1999 en contratación estable. Y ello no supone en absoluto una
penalización de la contratación temporal eventual por obra o
realizada por empresas de trabajo temporal, puesto que se propone su
reducción respecto a la fijada en el año 1999, con lo que no estamos
de acuerdo. Tampoco se distingue en la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista entre la contratación temporal, eventual o
por obra y los contratos formativos de relevo o efectuados por
minusválidos, que en el proyecto de ley sí tienen un trato preferente
en razón de las dificultades de inserción de los colectivos de
jóvenes y minusválidos en el mercado de trabajo.

También voy a hacer muy brevemente, señor presidente, alguna alusión
a otras enmiendas que ya se encuentra en las disposiciones
adicionales, con lo cual adelantaremos
trabajo en el debate de la Comisión, y a las que también ha hecho
referencia el Grupo Parlamentario Socialista. No podemos estar de
acuerdo, como ya hemos debatido, con la subida de 2.000 pesetas que
vienen proponiendo este año en el Congreso de los Diputados para
pensiones mínimas, SOVI, o no contributivas. Los argumentos al efecto
ya han sido expuestos reiteradamente por mi grupo, pero quiero
recordar al Grupo Socialista que mantenerla y no enmendarla en estos
casos no suele ser nada productivo para quien lo hace. El Gobierno ha
llegado a un acuerdo con los agentes sociales respecto a cuál tiene
que ser la subida de las pensiones mínimas, no tanto contributivas
como no contributivas, para el año que viene. Evidentemente, esa
subida se ha de producir con el reflejo que tiene en los presupuestos
de este año. Pretender lo contrario no es más que mantenerse en un
discurso que puede ser demagógico, irresponsable y absolutamente
falto de coherencia y que en poco ayuda a la tranquilidad y a la
certidumbre que deben tener nuestros mayores, nuestros pensionistas
para el año que viene, en el que, por cierto, señorías, no sólo van a
tener las ganancias consecutivas que han tenido durante tres años de
poder adquisitivo, 1,6 puntos por encima del poder adquisitivo del
IPC, sino que además van a ver mejoradas sus prestaciones mínimas,
como antes he dicho, pero además, reitero, fundamentado en un acuerdo
social. Por cierto (esto se lo digo al Grupo Socialista), este
acuerdo no ha sido en absoluto realizado en virtud de no se qué
presiones que se hayan podido producir por parte de grupos de esta
Cámara, sino que, como muy bien saben, se trata de un acuerdo del mes
de marzo de este año, en el cual el Gobierno ya se comprometió con
los agentes sociales (y ahí están las actas de la denominada Comisión
K) a que se podría producir una mejora de las prestaciones para el
año que viene en virtud, evidentemente, de que la situación económica
pudiera permitir que el saneamiento de nuestro sistema presentara
superávit y que la separación de fuentes fuera total, pudiéndose
mejorar, por tanto, las prestaciones mínimas, en este caso
contributivas o no contributivas, de nuestro sistema.

El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho también
referencia, dentro de una disposición adicional a un plan de empleo
si se me permite decirlo, o fondo de reserva previsto en este caso
para lo que sería el tema de las prestaciones por desempleo. Nuestro
grupo tampoco puede entenderlo como aceptable, toda vez que no es
necesario mejorar la cobertura asistencial por desempleo cuando el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado ya reserva a
este objeto una dotación presupuestaria específica en el concepto 488
del programa 312.A, prestaciones a los desempleados, existiendo
además en fase de elaboración el diseño de un programa de actuación
específica, como bien conocen, para un colectivo de desempleados, en
este caso los de larga duración con cargas familiares; es un programa
dirigido probablemente a un total de 110.000 potenciales
beneficiarios parados de larga duración y dotado con una cuantía de
50.000 millones de pesetas.




Quiero hacer también referencia al fondo de reserva que se propone
por otra enmienda socialista. Aunque vestido de otra manera, no es
distinto a lo que hoy se hace: Se financian las prestaciones por
desempleo, tanto la contributiva



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como la asistencial, y se mantiene en todo caso el nivel nosotros
entendemos que la filosofía mantenida a lo largo y tasa de cobertura
de la protección por desempleo. Asimismo de estos años de que la
financiación del Ente Público se destinan los fondos necesarios a
políticas activas Radiotelevisión Española se haga a través de
aumento de de empleo, que tienen por objeto justamente mejorar las
créditos avalados por parte del Estado en vez de entrar en
posibilidades de empleo de los desempleados con vistas a una política
decidida de financiar el ente público a través su situación laboral y
al fomento estable de su contratación. de una subvención directa,
total o parcial, de su presupuesto Esto es precisamente lo que se
pretende con el 50 por por los Presupuestos Generales del Estado es
una política ciento de ese fondo de reserva, y que se viene haciendo
ya incorrecta y que rechazamos en su totalidad, siendo el con la
dotación presupuestaria a lo largo de los años por motivo de que
hayamos presentado la enmienda al artículo parte del Gobierno del
Partido Popular, si bien el grupo no cincuenta, dos, b). explicita
cuál debe ser el destino del otro 50 por ciento, por En cuanto al
artículo cincuenta y uno, avales de las entidades lo que nosotros no
podemos pronunciarnos si desconocemos públicas empresariales y de las
sociedades mercantiles dicho destino. estatales, el Gobierno mantiene
nuevamente la filosofía Con ello, señor presidente, como ya he hecho
referencia de que el préstamo de los avales a las empresas que forman
a algunas enmiendas de forma conjunta, incluso del parte de la SEPI
se haga exclusivamente a través de la Grupo Mixto y de Izquierda
Unida, doy por finalizada mi Dirección de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, intervención. Y si bien no he hecho una
referencia expresa aumentando además este año de 100.000 a 200.000
a todas y cada una de ellas, en todo caso tendremos ocasión millones de
pesetas los avales a los que pueden acceder a lo largo del trámite
parlamentario de poder reabrir el estas empresas que forman parte de
la SEPI. A nosotros debate acerca de alguna de ellas concretamente.

nos parece, señor presidente, y es por lo que hemos enmendado



Tít. V El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con el artículo
cincuenta y uno, que los avales de estas



esto damos por finalizado el debate sobre el título IV, sociedades
afectan globalmente a la política económica, a



pasando al debate sobre el título V, al cual se han presentado la
política industrial del Gobierno y, por lo tanto, debe ser



enmiendas por parte de los grupos Socialista y de la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos la que



Izquierda Unida. autorice la política de avales de las sociedades que
forman



Por el Grupo Socialista, tiene la palabra para la defensa parte de la
SEPI y no sea solamente la SEPI. Nos quedaríamos



de sus enmiendas el señor Martínez Sanjuán. más tranquilos si fuera
el conjunto del Gobierno a través del órgano respectivo, como es la
Comisión Delegada



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, para Asuntos Económicos,
la que estableciera la política de



el señor Pérez Segura y yo vamos a compartir el tiempo avales.




concedido por la Presidencia. Consecuente con esta política, y por
dejarlo muy claro,



Al título V, operaciones financieras, auténtico marco se podrá decir
que con el artículo cincuenta y dos, tal y



financiero envolvente del presupuesto, hemos presentado como está
redactado, quedaría recogida toda la política



una enmienda de totalidad, a la que prácticamente no voy a
informativa de los avales al Congreso y al Senado, concretamente



hacer referencia. Tan solo quiero decir que, manteniendo a sus
comisiones de Presupuestos, pero nos quedaríamos



casi la misma estructura y los mismos textos de ejercicios mucho más
tranquilos si se hiciera una referencia anteriores, concretamente del
ejercicio de 1999, vemos que expresa en el artículo cincuenta y dos,
para evitar cualquier



el Gobierno insiste e incluso reitera la filosofía tradicional tipo
de dudas respecto a la obligación de información, a los de estos
ejercicios presupuestarios del Partido Popular, lo artículos
cincuenta, cincuenta y uno y cincuenta y tres. que nosotros
entendemos es una política de centrifugación Con la enmienda 1587
hemos introducido un artículo del déficit. Este año hay un aumento
importantísimo en nuevo, el cincuenta y dos bis, en que el Gobierno
debe asumir política de avales y política de endeudamiento de
organismos con efectos del 1 de enero del año 2000 una parte de la
y empresas públicas, trasladando por la vía de la concesión deuda
histórica y tradicional de Radiotelevisión Española, de créditos y de
avales una política de centrifugar el avalada por parte del Estado,
en torno a 80.000 millones de gasto público del presupuesto del
Estado hacia determinados pesetas, con el fin de ir reduciendo la
carga financiera de organismos y empresas públicas. dicho ente, en la
medida en que una parte importante de sus Volvemos a presentar
algunas enmiendas que son tradicionales, gastos son cargas
financieras como consecuencia de las como decía anteriormente el
señor Cámara, porque deudas y de los déficits de ejercicios
anteriores. entendemos que si la filosofía del Gobierno es la de A
continuación hemos presentado un paquete de aumentar la transparencia
informativa, algunas de estas enmiendas, tanto al título V como a
algunas disposiciones enmiendas pudiera haberlas incorporado el
Gobierno en concordantes, que son las que va a defender mi compañero
este proyecto de ley de presupuestos, pero vemos que no lo Luis Pérez
Segura. ha hecho así, siendo la razón por la que mantenemos enmiendas
de otros años, enmiendas tradicionales, a los El señor VICEPRESIDENTE
(Sanz Palacio): Señor artículos cuarenta y ocho, cincuenta y uno,
cincuenta y dos Pérez Segura. y cincuenta y tres.

El artículo cincuenta recoge la política de avales del El señor PÉREZ
SEGURA: Señor presidente, voy a Gobierno. Consecuente con mi primera
intervención respecto complementar brevemente la exposición del
portavoz del al título I y con la que se hará cuando discutamos el
Grupo Socialista refiriéndome a algunos aspectos relacionados
presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española, con este
título V.




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Concretamente voy a hablar del artículo cincuenta y tres, que motiva
la presentación de nuestra enmienda 1588, la cual viene a incorporar
en el título de este artículo la siguiente frase: Destinados a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas con relación a -cómo
no- los fondos de titulización de activos. No es éste el lugar, ni
tampoco es voluntad de nuestro grupo hacerlo para entrar ahora en
consideraciones sobre la bondad o no de estos fondos. De todos es
conocida la necesidad de que existan nuevos instrumentos financieros
para financiar las actividades de nuestras empresas, pero sí creemos
que la mayor virtualidad y en definitiva la mayor necesidad de
financiación concurren no en las grandes empresas sino en el
entramado de pequeñas y medias empresas de nuestro país, que son las
que por cuestiones de garantías o de otra índole están más
necesitadas de financiación. Si este título V lo que viene a proveer
son avales del Estado, es decir, protección del Estado para
garantizar los valores de estos fondos, entendemos que tendría que
desarrollarse este artículo y priorizar o al menos incorporar la
expresión: destinados a la financiación de las pequeñas y medianas
empresas.

Hay otra enmienda, la 1589, que es estrictamente formal, de
corrección de un error material, que nuestro grupo mantiene,
simplemente para poder destacar la falta de voluntad de su
incorporación por parte del grupo que apoya al Gobierno, porque en
ponencia se ha incorporado al texto una enmienda literal, que es la
sustitución de la expresión artículo cincuenta y tres por artículo
cincuenta y cuatro, en relación a la Ley General Presupuestaria, y no
entendemos por qué, en este sentido, no se ha podido incorporar
también nuestra enmienda, cuando es del todo formal y es idéntica a
una del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, aunque sólo sea a los
efectos de denunciar formalmente esta falta de voluntad de
incorporación de una enmienda, la mantenemos viva.

Hay dos enmiendas más, la 1590 que hace referencia al artículo
cincuenta y seis, en lo que respecta al famoso FAD, al Fondo de Ayuda
al Desarrollo, y la 1591, al artículo cincuenta y seis, en este caso
bis, también de incorporación de algunos aspectos relacionados con la
cooperación internacional para el desarrollo, que comportaría la
creación de un fondo de condonación y conversión de deuda externa
para inversión al desarrollo. Aquí me extenderé un poco más porque la
política del Grupo Socialista de estos últimos ejercicios venía a
mantener, aunque había algunos grupos que lo cuestionaban, la cifra
de 80.000 millones como dotación anual de incorporación al Fondo de
Ayuda al Desarrollo, pero este años cambiamos de estrategia y nos
sumamos a lo que otros grupos venían manteniendo, una minoración de
la aportación a este fondo. Entendemos que ya se dan las condiciones
adecuadas y así lo establecimos en esta misma sala en el debate con
el secretario de Estado para la Cooperación Internacional. Los nuevos
rumbos de la cooperación internacional para el desarrollo van a que
el peso de la ayuda ligada tiene que disminuir y que tenemos que ir
a otras figuras, como las que nosotros planteamos en el artículo
cincuenta y seis bis. Proponemos una redacción alternativa que diga
que para la anualidad del año 2000 la dotación para el FAD, para el
Fondo de Ayuda al Desarrollo, en lugar de los 80.000 millones, será
de 50.000 millones, a los efectos de mantener esta tendencia de
disminución
del peso en el total de la ayuda oficial al desarrollo para
aproximarnos a la media europea.

Ahora bien, ¿qué hacemos con estos 30.000 millones? ¿Liberamos al
Gobierno de su ejecución a favor de políticas de cooperación o
hacemos una corrección de la situación actual de disposición de estos
fondos por parte de empresas, algunas de ellas de dudosa relación con
el mundo de la cooperación? No, lo que pretendemos con esta enmienda
es la creación de este fondo de condonación y conversión de deuda
externa para inversión en desarrollo, con el siguiente texto: Se crea
este fondo destinado a ejecutar contra el mismo las operaciones
relacionadas para el tratamiento de deuda en el Estado español con
los países más pobres, con una dotación inicial de 30.000 millones de
pesetas. Es una convicción -creo- de todos los grupos políticos e
incluso señalaría que el propio vicepresidente primero del Gobierno
-que parece ser que entre sus muy destacadas funciones también se
preocupa de las cuestiones relacionadas con la cooperación para el
desarrollo- ya dijo ante el Fondo Monetario Internacional que se
aportarían por parte del Gobierno español 25.000 millones de pesetas
para los países pobres, altamente endeudados, para apoyar operaciones
de condonación y conversión de deuda. Como no vemos que esto se
plasme en estos presupuestos, creemos que es útil desgajar los 30.000
millones del Fondo de Ayuda al Desarrollo y dedicarlos íntegramente a
operaciones de conversión de deuda y a operaciones de condonación
para los países altamente endeudados, así como para incrementar las
aportaciones a operaciones de organismos multilaterales que tengan
como fin exclusivo estas dos nuevas líneas de colaboración con este
grupo de países que son los del furgón de cola del desarrollo. Por
tanto, no es que se liberen 30.000 millones de pesetas de las arcas
del Gobierno para que haga lo que crea menester, sino que se utilizan
50.000 de los 80.000 millones para el FAD y se utilizan estos 30.000
millones para dar cumplimiento a este objetivo, por todos querido, de
eliminación, en definitiva, de liberación de la deuda externa de los
países del Tercer Mundo.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra doña
Presentación Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene presentadas dos enmiendas en este título, a los artículos
cincuenta y seis y cincuenta y siete, dirigidas fundamentalmente a
las ayudas y a la cooperación bilateral de nuestro país con los
países en vías de desarrollo.

En la enmienda 774, al artículo cincuenta y seis, lo que pretendemos
es rebajar los fondos de 80.000 millones de pesetas que prevé el
presupuesto del Estado a 40.000 millones de pesetas, para que
realmente estos fondos vayan ligados no a este tipo de ayudas sino a
la cooperación bilateral y a proyectos específicos. De ahí que
hayamos presentado otra enmienda al artículo cincuenta y siete, en la
que lo que estamos planteando es la utilización y los requisitos que
deben recoger los fondos de cooperación bilateral dentro de la Ley de
cooperación para el desarrollo y del reglamentoque debe de aprobarse.




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Señorías, creemos que hay que destinar los fondos cada vez de una
manera mucho más clara a proyectos específicos que se puedan llevar a
efecto, que realmente estas ayudas sirvan para mejorar y ayudar a los
países en vías de desarrollo que de verdad sean ayudas y fondos que
tengan carácter finalista y que se pueda controlar efectivamente que
el dinero se está utilizando para lo que corresponde, y no para otras
necesidades que con este tipo de fondos no se tendrían que cubrir.

Señorías, estas son las dos enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y con esta intervención las
damos por defendidas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Simplemente intervengo para dar por
defendidas las enmiendas del Grupo Mixto a este título de los
presupuestos del Estado.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Creo, señor Serrano, que hay
una equivocación, porque me parece que el Grupo Mixto no tiene
presentada ninguna enmienda al título V, por lo menos no le consta a
esta Presidencia.




El señor SERRANO VINUÉ: Estaba intentando verificarlo y es cierto que
no hay ninguna.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio):: Por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Albendea.




El señor ALBENDEA PABÓN: Las tres enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular ha formulado al título V se han incorporado al
dictamen de la ponencia. En relación con la enmienda 1589, del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero decirle al señor Pérez Segura que si
no se ha incorporado a la ponencia no ha sido por sectarismo ni por
mala fe sino por un error, hasta el punto que puedo anticiparle que
nuestro grupo votará favorablemente a la misma.

Respecto a la enmienda de totalidad presentada al título V, quiero
decir al Grupo Parlamentario Socialista que nuestro grupo puede estar
orgulloso de muchas cosas de la labor del Gobierno, pero de una de
las que más orgulloso está es de su gestión y de su política
financieras. A esta sección se destina el 14,2 por ciento del
presupuesto, que son 2 billones 805.000 millones, de los gastos no
financieros del presupuesto para el ejercicio 2000. Esto supone que
se ha reducido el 7,8 respecto al ejercicio precedente. En cuanto
a los gastos financieros, la reducción respecto al año 1999 es todavía
mayor. El total de los pasivos financieros ha pasado a ser de 2
billones 611.000 millones, que es un 22,4 por ciento inferior al del
año pasado. Teniendo en cuenta tanto las operaciones no financieras
como las financieras, esta sección ha tenido una reducción del 15,5
por ciento.

Por otro lado, la necesidad neta de endeudamiento del Estado se eleva
este año a 1 billón 709.000 millones, que es un 27 por ciento menos
que la prevista en el año 1999. A lo largo del año 2000, gracias a la
política de dilación de
vencimientos del Tesoro, sin duda alguna se producirá un menor
volumen de vencimientos. El coste medio del endeudamiento, que es
otra de las cosas de las que podemos sentirnos satisfechos, se ha
situado en el 5,9 por ciento, frente al 9,56 por ciento que tenía en
1995. En este sentido la política de alargamiento de pagos ha buscado
aprovechar los bajos tipos de interés que han estado vigentes en el
medio y largo plazo. Como es natural, vamos a votar en contra de esta
enmienda de devolución de todo el título por las razones que acabo de
exponer.

Entrando en las enmiendas del Grupo Socialista al articulado, la
número 1583, al artículo cuarenta y ocho, propone fijar los importes
de endeudamiento que figuran en el anexo tercero como importes
máximos y a su vez exigir que el Gobierno comunique a las comisiones
de Presupuestos el importe y características de los créditos
autorizados. La opinión de nuestro grupo es desfavorable, dado que la
posibilidad de endeudamiento para los organismos públicos por los
importes que se autorizan en el anexo III son por supuesto importes
máximos, sin necesidad de que se señale expresamente. Por lo que se
refiere a la comunicación a las comisiones de Presupuestos, es
preciso recordar que los créditos que se financian con el
endeudamiento autorizado y los ingresos de dicho endeudamiento ya
figuran recogidos en los correspondientes estados de gastos e
ingresos, por lo que no se estima necesaria esta nueva comunicación.

La enmienda 1584 propone suprimir el aval del Estado al Ente Público
Radiotelevisión Española, que está fijado en 111.551 millones de
pesetas. No podemos apoyar esta enmienda, ya que el aval que presta
el Estado a Radiotelevisión Española corresponde a la cuantía de la
financiación ajena a largo plazo que figura en el presupuesto de
capital del ente público. La supresión de este aval no está en
consonancia con las necesidades financieras del grupo Radiotelevisión
Española. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)



La enmienda 1585 pretende introducir un informe previo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para que la SEPI pueda
prestar avales a las sociedades en cuyo capital participe, tratando
además de limitar la autorización a las de participación directa.

Vamos a votar en contra de esta enmienda, ya que la intervención
previa al aval de la Comisión Delegada supondría establecer un
trámite dilatorio del aval, cuando dicha intervención no se exige
para el endeudamiento de la SEPI propiamente dicho, y tampoco se
expresa una sola razón para que los avales de SEPI deban limitarse a
los casos de participación directa; limitación por otra parte
dudosamente eficaz, ya que nada podría impedir a la SEPI prestar su
aval a las participadas directas por las operaciones u obligaciones
de las indirectas.

La enmienda número 1586 pretende circunscribir la comunicación
trimestral del Gobierno a las comisiones de Presupuestos del Congreso
y del Senado a los avales otorgados en relación con los artículos
cincuenta, cincuenta y uno y cincuenta y tres del presente proyecto
de ley. No existe a nuestro juicio ninguna razón para limitar dicha
comunicación a esos avales ni considerar que los previstos en alguno
de esos artículos pudiera estar excluido de la comunicación. Por
tanto, vamos a rechazar la enmienda.




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La enmienda 1587, de adición de un artículo cincuenta y dos bis, que
propone la asunción por el Estado, con efecto de 1 de enero del 2000,
de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Española, por un importe
de 80.000 millones de pesetas, es recurrente año tras año. La
enmienda no está técnicamente bien formulada, ya que no se especifica
que clase de deuda sería asumida por el Estado, para así poder
evaluar adecuadamente los gastos financieros y, en consecuencia,
modificar los créditos correspondientes al capítulo 3 del Estado, es
decir los gastos financieros. Por otro lado, no se propone una baja
en otra aplicación presupuestaria que financie el previsible
incremento de gasto. Por todo ello, vamos a votar en contra.

La enmienda 1588 pretende precisar que los fondos de titulización de
activos estén destinados a la financiación de las pymes. El artículo
cincuenta y tres precisa que los avales del Estado para garantizar
estos valores de renta fija pretenden mejorar la financiación de la
actividad productiva empresarial y se ceñirán a aquellos fondos de
titulización con cuyas sociedades gestoras el Ministerio de Economía
y Hacienda haya suscrito convenios. Como en el número 4 de dicho
artículo se faculta al ministro de Economía y Hacienda para que
establezca o modifique las normas y requisitos a los que se ajustarán
los convenios, parece lógico que esas precisiones sobre los
beneficiarios vayan en función de la demanda de los avales, con la
clara orientación de que el objetivo último de estas ayudas, sin duda
alguna, es la creación de empleo.

Ya me he referido antes a la enmienda 1589. Vamos a votarla
favorablemente, ya que se trata de un error técnico.

La enmienda 1590 propone modificar la dotación al Fondo de Ayuda al
Desarrollo, así como las operaciones que podría autorizar el Gobierno
en el año 2000, fijando su límite en 50.000 en lugar de 80.000
millones. Las cifras que están previstas en el artículo cincuenta y
seis son límites máximos, fijados de acuerdo con las necesidades
previstas para el ejercicio 2000. Por tanto, la reducción de estos
límites no dará lugar a la realización de otras políticas distintas a
las previstas, sino seguramente a problemas de gestión.

La enmienda 1591 propone la creación de un nuevo fondo de condonación
y conversión de deuda externa para inversión en desarrollo, con una
dotación inicial de 30.000 millones de pesetas. El fondo que propone
la enmienda está claro que no tiene una finalidad concreta, se
desconoce quién lo administrará y cuál será su plan de actuación. Un
fondo de estas características debe ser creado por una ley que regule
todos esos aspectos careciendo de sentido el establecimiento de un
crédito para un fondo no regulado. Tampoco se sabe por qué ha llegado
a determinarse una dotación inicial de 30.000 millones y no otra. Por
todo esto no podemos apoyarla.

Respecto a las dos enmiendas presentadas por Izquierda Unida, la
número 774, al artículo cincuenta y seis, propone reducir la dotación
al Fondo de Ayuda al Desarrollo para que se ajuste al gasto real.

Vamos a votar en contra de ella por las mismas razones ya expuestas
en relación con la enmienda número 1590 del Grupo Socialista.

La enmienda número 775, al artículo cincuenta y siete, propone que el
fondo para microcréditos se ajuste a la Ley de cooperación. Hemos de
recordar que la Ley de acompañamiento
del año 1998, en su artículo 105, regula el fondo para la
concesión de microcréditos y sujeta precisamente dicho fondo a los
requisitos establecidos en la citada Ley de cooperación internacional
para el desarrollo. Por tanto, sería una reiteración innecesaria, por
lo que no vamos a apoyar la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate del título V.

Según el orden establecido, entramos en el título VI, de Tít. VI
normas tributarias.

Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Mixto, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que han sido
incorporadas por la ponencia, y el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, que también han sido incorporadas por la ponencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Julio
Álvarez.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: El Grupo Socialista ha presentado un conjunto
de enmiendas al título VI que tienen por objeto garantizar, en primer
lugar, que no puedan quedar impunes fraudes de ley cometidos con
ocasión de la formalización de contratos de arrendamiento financiero
y, en segundo lugar, mejorar, en la medida de lo posible, la equidad
y la coherencia de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, para adecuar asimismo las normas fiscales españolas a las
decisiones del Ecofin -en ese sentido van la 1594 y la 1595- y
acortar también los períodos de recaudación a través del
establecimiento de pagos fraccionados y retenciones en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre
sociedades con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit
público.

En concreto, con la enmienda número 1592, de adición, al artículo
cincuenta y nueve del proyecto de ley, el Grupo Socialista quiere
actualizar el mínimo personal y familiar de acuerdo con la inflación
prevista por el Gobierno del 2 por ciento en el proyecto de ley para
el ejercicio del año 2000 y para que el concepto de renta disponible
se mantenga en términos constantes, tal como fue concebido por esta
Cámara al aprobar el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Se trata, por tanto, de impedir que la ya
escasa progresividad del impuesto se comience a erosionar por la vía
de dejar congelada la cuantía del mínimo personal y familiar
deflactando únicamente la tarifa de acuerdo con la inflación
prevista. Nos gustaría en todo caso que el Gobierno no fracasase tan
estrepitosamente como lo ha hecho en 1999 en este aspecto de la
inflación.

Respecto de la enmienda 1593, se trata de una enmienda de
modificación del primer párrafo del artículo sesenta y dos del
proyecto de ley, que se refiere al pago fraccionado en el impuesto
sobre sociedades. Con esta enmienda tratamos de conseguir una
armonización de los tipos del pago fraccionado y de las retenciones
en este impuesto. Puesto que tanto la ley como el reglamento del
impuesto sobre sociedades establecen un porcentaje de retención del
25 por ciento con carácter general, del 20 por ciento en fondos
y sociedades de inversión colectiva y del 18 por ciento enel
subarriendo de inmuebles, nos parece más acertado



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incrementar la cuantía del pago fraccionado del 18 al 20 por ciento.

La enmienda 1594 es una enmienda de adición al artículo setenta y uno
del proyecto de ley y con ella tratamos de modificar el artículo 91
de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido. Se trata de
añadir un nuevo apartado, el 14, en el artículo 91.1.2, con el objeto
de que también tributen al tipo reducido del 7 por ciento los
servicios de reparación de bicicletas, calzado y artículos de cuero y
de prendas de vestir y de ropa blanca, de conformidad con los
criterios y decisiones del Ecofin.

La enmienda 1595, al artículo setenta y uno del proyecto de ley,
propone la adición de un párrafo nuevo, que sería el tercero, en el
artículo 91.1.3 de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor
añadido, con el objeto de que también tributen al tipo reducido del 7
por ciento las ejecuciones de obras de reparación de viviendas
particulares, a excepción de los materiales utilizados en las mismas.

Consideramos que esta enmienda contribuiría a la creación de empleo y
no discriminaría a aquellos propietarios que optan por reformar o
rehabilitar su vivienda directamente, sin la intervención de
promotores o de otros intermediarios en este tipo de obras.

Finalmente, respecto de las disposiciones adicionales, que entendemos
que se discuten conjuntamente con el título VI y que hacen referencia
al mismo, la enmienda número 1644 propone clarificar el actual
régimen fiscal aplicable a las operaciones de arrendamiento
financiero cuando recaen sobre inmuebles. Se trata de impedir que se
cometan fraudes de ley amparándose en normas que establecen
beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario reserva a
las actividades económicas y no a las de mero disfrute de bienes
inmuebles. Se trata de impedir que el Gobierno utilice la Agencia
Tributaria y su credibilidad al servicio de los intereses económicos
de su ministro portavoz y en perjuicio de todos los contribuyentes y
de la propia Agencia. Se trata de que el señor ministro portavoz,
cuando lo haga al borde mismo del pantano y delante de la señal de
agua potable, no exija un cartel que ponga prohibido contaminar y de
que, cuando la autoridad se presente a instancias de la oposición,
sorprendiéndole in fraganti, esta autoridad no emita un informe de
buena conducta.

La enmienda número 1645 pretende la introducción de una disposición
adicional que trate el problema de las rentas en especie en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se propone con esta
enmienda incluir como rendimientos del trabajo las primas o cuotas
satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad
del trabajador por su empresario. La finalidad de la enmienda es
fortalecer el sistema público de Seguridad Social. Asimismo estimamos
necesario, en los supuestos en que es posible una mayor concreción de
la renta en especie percibida por el contribuyente, que se considere
esa renta en especie en sus términos exactos, y esto sucede con las
viviendas en arrendamiento que se ponen a disposición de los
contribuyentes impidiendo de esta forma que queden sin computar
y gravar rendimientos reales.

La enmienda 1646 pretende también la adición de una disposición que
regule las retenciones sobre determinadas ganancias patrimoniales y
sobre rendimientos del capital mobiliario en el impuesto sobre la
renta de las personas
físicas. Se trata en este caso de armonizar los tipos de retenciones
en los distintos rendimientos que constituyen la renta de los
contribuyentes tomando como referencia el tipo general contenido en
el artículo 83.1.1º del reglamento del impuesto y acercar los tipos
de retención a las escalas de gravamen efectivo del impuesto,
periodificando adecuadamente la recaudación y con ello contribuyendo
a cumplir el objetivo de la reducción del déficit público.

Finalmente, la enmienda 1647, presentada por el Grupo Socialista,
pretende también la adición de una disposición que se refiere a las
ganancias del capital ocasionadas con la transmisión de bienes
inmuebles y a las retenciones que a nuestro juicio se deben practicar
sobre esta transmisión. En todo caso, quisiera decir que ello se
refiere tanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas como
al impuesto sobre sociedades y que estamos en disposición de
modificar el párrafo segundo de la enmienda o de hacer alguna
enmienda sobre la misma para hacerla un poco más realista.

En relación con las enmiendas presentadas por otros grupos y de
manera muy rápida, el Grupo Socialista considera que el objeto del
artículo sesenta y seis, al que se refiere la enmienda 294,
presentada por el diputado señor Vázquez, del Grupo Mixto, es
estimular la actividad económica y la creación de empleo y darle un
tratamiento adecuado en el impuesto sobre sucesiones cuando hay una
transmisión de empresas y, por tanto, no encontramos una razón
suficientemente sólida como para que no se considere a las
explotaciones agrícolas como empresas con carácter económico, o bien,
si el objeto y la finalidad de la enmienda presentada por el Grupo
Mixto fuera que las explotaciones agrícolas, aun aquellas que no
estuvieran explotadas efectivamente, pudiesen disfrutar de la misma
exención, en este supuesto nos abstendríamos. Creemos que esa es
efectivamente la finalidad de la enmienda presentada por el Grupo
Mixto y en consecuencia nos abstendremos.

La enmienda 295 al artículo sesenta y seis, del mismo grupo, la
votaremos favorablemente, puesto que el planteamiento que hace
respecto de la actual redacción es más eficaz, ya que exige un
determinado grado de parentesco en los parientes colaterales. Dejar,
como hace el proyecto de ley, a los parientes por vía colateral sin
límite de grado, aunque exija, por otro lado, la convivencia con el
causante, es un aspecto de muy difícil control que posiblemente
abriría puertas al fraude fiscal.

Respecto de la enmienda 296, del mismo grupo, nos abstendremos,
porque consideramos que no cabe darle un tratamiento fiscal más
beneficioso a los objetos de artesanía, por ejemplo, que a los
servicios de bibliotecas, museos, parques zoológicos o exposiciones
que no estén exentos en el impuesto sobre el valor añadido. Cabría
aplicarle un tipo reducido, pero no el tipo superreducido del 4 por
ciento.En cuanto a la enmienda 298, del Grupo Parlamentario Mixto ,
también del señor Vázquez, consideramos que la vía fiscal no es la
más adecuada para la finalidad que pretende esta norma y también nos
abstendremos.

Pasando rápidamente al resto de las enmiendas...




El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez, le ruego vaya terminando.




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El señor ÁLVAREZ GÓMEZ. Sí, señor presidente, voy terminando.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida números 776 y 777, nos abstendremos. Consideramos que
no es posible abordar un problema de falta de progresividad del
impuesto sobre la renta de las personas físicas atacando
exclusivamente uno de los elementos del impuesto como es la escala de
gravamen. Creemos que hay que atacar al conjunto de los elementos que
configuran la determinación del gravamen. Se trataría de hacer un
nuevo impuesto que respondiese a los criterios de progresividad.

Consideramos que la propuesta es positiva, pero el mecanismo al que
se acude no es el adecuado. Votaremos favorablemente las enmiendas
778 , 779 y 780 de Izquierda Unida.

Respecto a las enmiendas presentadas por el señor Saura, del Grupo
Mixto, Iniciativa per Catalunya, votaremos que no a las números 435 y
437 y votaremos que sí a la 436. Asimismo, votaremos que no a la
enmienda número 6 presentada por el diputado de Unión Valenciana,
señor Chiquillo, que trata de modificar el artículo sesenta y nueve
del proyecto de ley, que se refiere al impuesto sobre bienes
inmuebles, porque responde a un problema territorial que habrá que
atacar de una forma más general.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida , tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: A lo largo del articulado de la ley, como no
podía ser de otra forma, estamos fijando lo que son las voluntades
políticas que hemos discutido en las distintas partes del debate, por
ejemplo en el título I. Ahora lo que queremos es saber cuáles son las
normas tributarias que vamos a actualizar a la hora de poner en
marcha el impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras
formas impositivas. No vamos a tocar los coeficientes de
actualización, aunque después me referiré a distintas enmiendas sobre
algunos impuestos que, desde nuestro punto de vista, se han quedado
obsoletos por la política monetaria y por la propia evolución de los
coeficientes de inflación, y vamos a dirigirnos a las distintas
escalas.

Las dos primeras enmiendas, la 776 y la 777, van dirigidas a corregir
las pretendidas bondades que determina el Gobierno en la escala
general del IRPF y en las escalas autonómicas de este mismo impuesto.

¿Cuál es la filosofía de Izquierda Unida? Pretendemos elevar los
porcentajes de los seis tipos aplicables a la escala del IRPF
general. A la escala primera el Gobierno le aplica un 15 por ciento y
a la escala máxima un 39,60. a partir de 11.220.000 pesetas de base
liquidable. Nosotros proponemos ampliarla, pasando del 16,66 por
ciento al 46,2 por ciento, incrementándose de forma progresiva a
partir de los 11.220.000 de pesetas, porque creemos que hay tramos
superiores , con escaso número de contribuyentes, pero que también
son diferentes a la hora de fijar los porcentajes. Voy a poner un
ejemplo. Si vemos los últimos datos de la Agencia Tributaria que
tenemos a nuestra disposición -que por desgracia son de 1995; todavía
no tenemos los de 1996, hay 349 españoles que declaran -son buenos
españoles a nivel tributario- ganar más de 100 millones de pesetas.

Por tanto, podría
establecerse un tramo. Fíjese que he elegido, multiplicado por diez,
la escala de los 11 millones. (Un señor diputado: Encima que
declaran.) Es verdad. Están acostumbrados a no pagar. Se trata de
acompasarlo para que la progresividad también funcione para estos
señores, como sí se hace una escala de 600.000 pesetas para abajo, de
600.000 pesetas a 2 millones, de 2 millones a 4, de 4 a 6, y termina
en 11 en adelante. No es lo mismo ganar 11 millones, que ganar 22 o
ganar 112. Por tanto, hay que ampliar esa escala para mejorar la
progresividad.

La propuesta que hacemos para la escala autonómica es del mismo
tenor. Como estamos hablando sólo de un porcentaje del IRPF, que es
el 15 por ciento, se establece un mínimo del 3 por ciento para las
primeras 612.000 pesetas, hasta un 8,40 por ciento para los
11.220.000 pesetas. Nosotros proponemos subir del 3 al 3,34 por
ciento el tipo mínimo y el máximo al 9,80 por ciento. Apartir de ahí,
se haría la misma distribución de la escala progresiva. Si utilizamos
las dos propuestas, llegamos al antiguo 56 por ciento, que si durante
tanto tiempo no ha sido intimidador para la actividad económica,
creemos que ahora tampoco lo sería Otro bloque de enmiendas están
dirigidas al impuesto de actividades económicas y al impuesto de
vehículos de tracción mecánica. Algunos grupos han propuesto una
cuantía mayor de actualización, del 5 por ciento, pero nosotros
creemos que debemos actualizar los valores del 2 por ciento para el
impuesto de actividades económicas, para que se atienda lo que es el
IPC de 1999 y del 2000 sobre este impuesto. Si no fuera así, iría
perdiendo actualización la base imponible del mismo. Proponemos que
el elemento tributario que supone esta actividad económica,
establecida sobre un elemento tributario complicado que hacen sobre
superficies de locales, sobre metro cuadrado , etcétera, aumente en
un 2 por ciento. Igualmente, proponemos establecer una subida del 2
por ciento para que ese coeficiente actualice la cuota del impuesto
de vehículos de tracción mecánica, impuestos de origen local y que,
por tanto, son las haciendas locales las que deben actualizarlo. Por
eso proponemos esa modificación de la Ley 39/1988, de las haciendas
locales, incrementando ese 2 por ciento. Tengan en cuenta que en las
ciudades son estas figuras y los vehículos los que mayor volumen de
complicación administrativa acarrean a nivel de organización del
tráfico, del mantenimiento y de la recuperación ambiental de las
ciudades y tenemos que actuar sobre ello, porque constituyen el mayor
efecto de contaminación.

Por último, señor presidente, voy a defender una serie de enmiendas a
las disposiciones adicionales que hacen referencia a la gestión
tributaria y a la gestión de la recaudación, cuyo objetivo
fundamental es incrementar, las recaudaciones; por ejemplo, en las
loterías no entendemos por qué este año se ha reducido la previsión,
-el año pasado se ingresaron 310.000 millones y este año se proponen
apenas 290.000, 300.000 millones en su conjunto- cuando creemos que
va a recaudarse aún más, máxime si se reducen las devoluciones que
ahora mismo funcionan.

Además estas enmiendas van dirigidas a lograr una mayor
transparencia. La primera, indica que las liquidaciones
presupuestarias que el Gobierno presenta en mayo y agosto han de
tener el mismo grado de desagregación con el que las aprobamos, es
decir, que vayan acompañadas de



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un anexo para que así sepamos qué aprobamos y cómo están, porque
ahora los resúmenes de liquidación presupuestaria se hacen
globalmente por capítulos y por artículos sin caer a los programas.

Hay un vicio, porque si presupuestamos por programas, objetivos y
actividades, debemos rendir cuentas por objetivos, actividades y
programas y no por artículos y organización funcional.

La segunda pide que en lo que es un seguimiento a las magnitudes
presupuestarias se cumplan los artículos 54 y 55 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, añadiendo una liquidación
provisional del ejercicio anterior y un avance del ejercicio en curso
en los distintos presupuestos por programas y en las memorias de
objetivos.

La tercera propone que las Comisiones de Presupuestos del Congreso y
del Senado tengan acceso al sistema informático de la Intervención
General, petición que lleva clamando en el desierto desde hace
algunos años porque, como es lógico, el que está en la Administración
dice que si nos deja acceder vamos a saber lo mismo que él y que
entonces eso no es oportuno. La admisión del mayor grado de
transparencia es que sepamos lo mismo que él.

Proponemos una disposición adicional vigésima que actualice para el
año 1999 una cantidad de 21.000 millones de pesetas que hoy está
destinado a la Iglesia y que el Gobierno propone mantener y elevar a
24.000 millones de pesetas. Nuestro Gobierno debe de ser aconfesional
y mantener un tratamiento igual para las diferentes iglesias y
credos. No sabemos por qué se restringe tanto hacia unos y se abre la
mano tanto hacia otros. Viendo algunas declaraciones de algunos
obispos, es para entenderlo.

Finalmente, proponemos la supresión de la disposición adicional
vigesimoprimera por la cantidad mensual que se paga o que se
transfiere a la Iglesia católica, que anualmente se demuestra que
está por encima de la recaudación que las cruces de los distintos
españoles ponen. Digo cruces en el mejor sentido de la palabra, cruz
que significa que yo decido que se destine ese dinero a ello. Lo que
pasa es que hay pocos españoles que marcan la cruz y entonces
destinan el dinero hacia otro lado. Aquí se busca una seguridad, y,
aunque no les marquen la cruz, les daremos el dinero. No, no se puede
corregir la voluntad popular, es la primera lección que hay que
aprender, y lo lógico es que aceptemos que todos los españoles que
decidan con esa cruz dar esos recursos hacia lo que pudiéramos llamar
la dirección de la propia Iglesia directamente, a la Conferencia
Episcopal, que sea así y los cristianos que quieran marcar la cruz
para otros servicios sociales, que se los den a los maristas para ir
al Congo o se los den a las jesuitinas o a las teresianas para ir a
otros sitios, pero que no los administre la Conferencia Episcopal,
que los administren según los proyectos que presenten, que además es
una manifestación de solidaridad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, efectivamente para
defender las enmiendas del Grupo Mixto en su conjunto y especialmente
las de Iniciativa per Catalunya-Els Verds que paso a exponer.

En la primera, la número 435, al artículo setenta del título VI,
proponemos añadir un nuevo apartado relativo al impuesto sobre
actividades económicas y se dice que se incrementarán en un 5 por
ciento las cuotas, importes mínimos, así como los valores en pesetas
por metro cuadrado del elemento tributario superficie, de los locales
consignados en el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, y en el Real Decreto legislativo 1259/1991, del 2 de
agosto. Justificamos esta enmienda en que hay que actualizar este
impuesto atendiendo al incremento previsto para el IPC de 1999 y del
año 2000 del impuesto sobre actividades económicas, a fin de evitar
su obsolescencia en términos monetarios. Se trata de mantener
actualizada la base imponible del impuesto, lo cual no conduce, a
nuestro entender, a un aumento de la presión fiscal, sino simplemente
a su mantenimiento.

En relación con la enmienda 436, se trataría de modificar el punto
cuatro del artículo setenta. La justificación es que se pretende que
la exención de las obras benéficosociales de las cajas de ahorro no
incluya aquellas actividades, ordenación por cuenta propia de medios
de producción y de recursos humanos que, aun estando marcadas en este
ámbito, pudieran conllevar finalidades lucrativas o comerciales.

Por último, la enmienda número 437, en la que planteamos una revisión
en relación al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
mediante la cual también, al igual que la primera, proponemos la
actualización de dicho impuesto a fin de evitar su obsolescencia,
puesto que han transcurrido varios ejercicios sin que se haya
corregido. Se trata de mantener actualizada la base imponible del
impuesto, lo cual también señalamos que no supone un aumento de la
presión fiscal, sino simplemente su mantenimiento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Vicente Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Intervengo para fijar la posición de
mi grupo en torno a las enmiendas presentadas al título VI y alguna
disposición adicional que se refiere o está ligada al título VI.

Hay doce artículos en el título VI, del cincuenta y ocho al sesenta y
nueve, que este año no presentan grandes novedades. Sí se pretende
seguir en la línea que se inició hace unos años de contar con un
sistema tributario moderno, y eficiente, un sistema tributario que
contribuya de una manera eficaz a la creación de empleo y al
crecimiento de España, en este ejercicio lo que se plantea es una
deflactación de las tarifas de IRPF y de patrimonio, no se actualiza
ningún impuesto, con lo cual se produce una bajada en términos reales
de todos los impuestos especiales, de todas las tasas, y así este año
seguimos en la línea de lo que ya se había hecho en años anteriores.

Muy importante quizá, y convendría señalarla para que no pasara
desapercibida, es una modificación que, junto con otras que hemos
presentado a través de enmiendas a este proyecto de ley y de proyecto
de ley de acompañamiento, pretende ir mejorando y cerrando un sistema
tributario justo y equitativo para los discapacitados. En este caso
lo que se hace en la legislación es establecer una nueva



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reducción de 25 millones de pesetas a los minusválidos con un grado
de minusvalía igual o superior al 65 por ciento en el impuesto de
sucesiones.

El resto de los grupos ha presentado pocas enmiendas. Creo que hay
como una docena de enmiendas entre todos los grupos. Mi grupo incluyó
en el trámite de ponencia algunas enmiendas para dar cumplimiento en
el Ecofin, a unas decisiones impulsadas por el ministro Rato que
consistían en que, entre cinco sectores determinados, los gobiernos
podían elegir dos para bajar el impuesto del valor añadido, siempre
que fueran sectores intensivos en mano de obra y para dinamizar la
creación de empleo en Europa. Ya en el debate de totalidad el
ministro de Economía manifestó cuáles eran los sectores que nosotros
entendíamos más adecuados, que eran el de peluquería y el de
albañilería y reparaciones domésticas; en esa línea hemos presentado
unas enmiendas que incluimos en ponencia, enmiendas equivalentes a
las presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). El Grupo
Socialista presenta alguna enmienda relativa a este tema, en concreto
una bajada del IVA para uno de los sectores que se marcaban en el
Ecofin, los servicios de reparación de bicicletas, calzado y
artículos de cuero y de prendas de vestir y de ropa blanca, incluso
su arreglo. Era uno de los sectores. También plantean lo de la
reparación de las viviendas particulares. Eligen dos sectores,
cambian uno por otro. Entiendo que lo que no quieren es que bajemos
el IVAa las peluquerías y sí al otro sector, porque el marco que se
ha aprobado en la Unión Europea autoriza a dos sectores concretos. Es
discutible y yo no creo que sea mejor uno u otro. Sí es verdad que
nosotros, hablando con los sectores afectados, nos parecía que el de
peluquería era un sector adecuado, donde se creará empleo en el
futuro. Esta mañana incluso recibíamos un documento del sector
alabando esta medida y diciendo públicamente que esto iba a
incentivar enormemente el empleo.

Hay otras enmiendas del Grupo Socialista que proponen subir las
retenciones y dicen, en alguna justificación, que hay que subir las
retenciones para controlar el déficit público. Les alabo esa actitud
de controlar el déficit público porque es buena para la economía,
pero si alguien ha controlado el déficit público en este país ha sido
el Gobierno del Partido Popular en estos cuatro años. Hay que tener
en cuenta que veníamos de un déficit público superior al 7 por ciento
y este año vamos a cerrar en el 1,3. No se preocupen por subir las
retenciones, ese no es el camino. Cuando suben las retenciones lo que
se hace es destruir empleo, porque el mercado se mueve en una
dirección que incide negativamente en la economía. Eso es lo que hizo
el Grupo Socialista, y era entendible que cuando estaban en el
Gobierno lo hicieran así porque tenían un déficit público tan
extraordinario que tenían que ir aumentando las retenciones para
poder tener dinero en caja. Ahora eso ya no es así. Tenemos
controladas las cuentas públicas, con unas retenciones que adecuan la
fiscalidad a la retención que se efectúe; es decir, igualar la carga
fiscal final, la factura fiscal final con las retenciones es
suficiente y no hay que llevar al alza ninguna retención. Ese no es
un camino adecuado para crecer y para crear empleo y si lo que se
quiere es controlar el déficit público, como pone el Grupo Socialista
en alguna justificación, lo que hay que hacer es una política
económica correcta, un presupuesto adecuado y controlar el gasto
público. Como sabe usted muy bien, el déficit público no forma parte
de las privatizaciones, ni siquiera las plusvalías que se obtienen
por las mismas. Eso en el tiempo anterior sí, en la época en que
nosotros hemos estado no ha sido así.

Izquierda Unida presenta un grupo de enmiendas -no está su portavoz-
en la misma dirección: subir los impuestos, subir el IRPF, actualizar
el IAE, actualizar algunos impuestos municipales. Nosotros no estamos
en esa dinámica, creemos que no es la dinámica adecuada.

El portavoz socialista ha hecho una referencia a la tributación de
una persona concreta que no está en esta Comisión. A mí me parece muy
bien y cada uno es libre de usar los argumentos que quiera, pero
obras son amores y no buenas razones. Se ha referido a la Agencia
Tributaria. Le quiero recordar que cuando salieron algunos casos de
la Agencia Tributaria, y estaban relacionados con lo que se ha
referido el portavoz socialista -yo lamento que tenga que sacar el
portavoz socialista cosas de este género, que no vienen a cuento en
esta comisión, pero ha hecho referencia a eso y le quiero decir que
obras son amores y no buenas razones-, el que acabó dimitiendo fue el
señor Borrell. (Rumores.) Usted lo lamenta, pero los juicios de valor
que usted ha hecho tienen que ser contestados en sus justos términos
y sus justos términos es decir que cuando salió el tema de la Agencia
Tributaria quien dimitió fue el señor Borrell, lo digo para que no
haya confusión al respecto.

También plantea una enmienda el Grupo Socialista a la disposición
transitoria cuarta, que es la compensación de la vivienda habitual,
que dicen que hay que toparla. El año pasado, cuando planteamos la
reforma del IRPF, propusimos una disposición adicional que decía que
se iba a compensar a aquellos que compraron vivienda habitual y que
tenían unas condiciones anteriores, que eran las que regulaba la Ley
de la renta elaborada por el Grupo Socialista en el año 1991.

Nosotros dijimos que no íbamos a cambiar esas condiciones, lo que
hemos cambiado es la forma de deducción para ahora. Apartir del 1 de
enero de 1999 la forma de deducción de la vivienda habitual es más
progresiva, porque beneficia más a los contribuyentes con menos
renta, pero no hemos querido perjudicar a ninguno. El año pasado se
nos dijo en la Comisión de economía que iba a ser imposible llevar a
la práctica la cláusula compensatoria de la vivienda. Pues la hemos
puesto en práctica, y tanto para los que compran viviendas como para
los que tenían vivienda alquilada hay una cláusula compensatoria que
además no discrimina a nadie. Eso es muy importante, porque si el
grupo Socialista plantea una enmienda que quiere discriminar a
algunos contribuyentes, nosotros no estamos en esa dinámica.




El señor PRESIDENTE: Con su intervención, señor Martínez-Pujalte,
hemos terminado el debate del título VI, referente a normas
tributarias.

Pasamos ahora a debatir el título VII, relativo a los entes Tít. VII
territoriales. Han presentado enmiendas el Grupo Socialista, el
Federal de Izquierda Unida, el Mixto, el Catalán (Convergència i
Unió) y el propio Grupo Popular, aunque éstas han sido incorporadas
por la ponencia. En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Socialista,



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doña Isabel Pozuelo, que, si va a haber dos intervenciones, tendrá
que ajustarse al tiempo asignado por la presidencia.




La señora POZUELO MEÑO: Habrá dos intervenciones. Voy a referirme,
dentro del título VII, al capítulo I y también haré una breve
referencia al capítulo que acabamos de ver, en lo que se refiere a
los impuestos locales, que mi grupo ha querido encuadrarlo en este
debate, y a la financiación de las corporaciones locales.

Tal como dice el documento de presentación de los presupuestos de
este año, el Gobierno pretende consolidar con este proyecto el
sistema de financiación de las corporaciones locales que se inició en
el presupuesto del año pasado y que pretende tener una duración para
el quinquenio 1999- 2003, y éste es, desde nuestro punto de vista, el
principal problema, el principal inconveniente que tienen estos
presupuestos. Estamos ante un sistema precario e inestable, que no
cuenta con el consenso de las corporaciones locales, ni de la
Federación Española de Municipios y Provincias -tal como quedó de
manifiesto en la reunión de su comisión ejecutiva en febrero de este
año-, ya que no se han recogido las demandas más importantes de los
ayuntamientos en cuanto a los criterios de participación en los
tributos del Estado, ni en cuanto a la sujeción del IVA en las
subvenciones a las empresas públicas -para lo que ya existe una
resolución inicial favorable de la Dirección General de Tributos-, ni
para los gastos de mantenimiento de colegios públicos, ni para las
subvenciones del transporte urbano, ni para la participación local en
los fondos europeos.

El modelo que se inició el año pasado, y que se pretende consolidar
en estos presupuestos, no garantiza los recursos necesarios para la
prestación de los servicios públicos que actualmente desempeñan y
prestan los ayuntamientos a los ciudadanos. El peso de la Hacienda
pública municipal en relación al PIB es sensiblemente inferior al
conjunto de los países de nuestro entorno y la evolución del gasto
público de las corporaciones locales en nuestro país apenas ha
variado desde el año 1985. En esta década, solamente ha pasado del
13,3 por ciento del conjunto del peso del gasto público al 13,8 por
ciento en la actualidad. Esta posición en el conjunto del gasto
público debe necesariamente crecer teniendo en cuenta, además, el
aumento de la corresponsabilidad de los ayuntamientos en competencias
de titularidad autonómica y el todavía importante déficit en
infraestructuras, urbanización y equipamiento. En este sentido, la
fijación de la cuantía del año base a efectos de participación en los
ingresos del Estado cobra una importancia sustancial. Esta cantidad
debe fijarse, según nuestro grupo, pretendiendo el objetivo de
crecimiento de 5 puntos de peso del gasto público de las
administraciones locales sobre el total del gasto público, de manera
que en el próximo quinquenio los entes locales alcancen el 19 por
ciento del gasto del conjunto de las administraciones públicas.

Consideramos este aumento como un mínimo que debe ampliarse y
ajustarse a la necesidad de incremento de transferencias que deben
establecerse de nuevo para las corporaciones locales tanto desde el
Estado como desde las comunidades autónomas.

Los tributos locales constituyen la principal fuente de financiación
de las corporaciones locales, además de su participación en ingresos
tributarios del Estado, y no obstante
de su evolución se desprende claramente que no pueden seguir
creciendo. Desde la entrada en vigor de la Ley de haciendas locales,
la relación entre los tributos municipales y la totalidad de los
tributos de las administraciones públicas ha aumentado un punto,
pasando del 5,8 al 6,8, lo que representa en el conjunto del período
un aumento de presión superior al 17 por ciento. El IBI es sin duda
el principal impuesto local, pero los ayuntamientos no tienen
competencia sobre la gestión catastral, que es la base del mismo, lo
que consideramos imprescindible para una mejor gestión y recaudación.

Respecto al IAE, consideramos que debe eliminarse cualquier elemento
que sea disuasorio para la creación de empleo.

En cuanto al resto de los tributos, debe realizarse un esfuerzo de
modernización y de ajuste a la realidad económica local que los haga
más flexibles y comprensibles para los ciudadanos. Deben establecerse
fórmulas de participación de los ayuntamientos en las explotaciones
económicas que se realizan en el suelo o el subsuelo como
consecuencia del fuerte avance y transformación de las
telecomunicaciones, fijando una nueva regulación para los servicios
de telefonía fija y móvil cuando utilicen el dominio público.

De manera especial consideramos que debe compensarse a los municipios
afectados por el coste de las bonificaciones estatales que disfrutan
las autopistas de peaje en el impuesto sobre bienes inmuebles. Se
trata de una medida que se enmarca en un ámbito de competencias que
no corresponde a los ayuntamientos, por lo que el gasto fiscal que
genera no debe detraerse de los ingresos municipales. Para ello hemos
presentado una enmienda, la número 1652, que se encuadra en las
disposiciones adicionales.

El Grupo Socialista considera que estos presupuestos siguen sin
resolver la demanda de las corporaciones locales de obtener la
autonomía y la suficiencia financiera necesarias para hacer frente a
un nuevo reparto competencial y a las nuevas necesidades cuya
cobertura reclama el ciudadano de su Administración más inmediata.

Por ello, reclamamos y consideramos imprescindible que el Gobierno y
la Federación Española de Municipios y Provincias continúen una
negociación, que se convirtió en una farsa el pasado año, por la que
puedan obtener, mediante el consenso necesario, una situación de
estabilidad y de racionalidad para los entes locales.

Señor presidente, en relación con las enmiendas que han presentado
los otros grupos políticos, la 2114 de Convergència i Unió y la 434
del Grupo Parlamentario sobre la bonificación del IBI para las
autopistas de peaje, el Grupo Socialista votará favorablemente. En
cuanto a las presentadas por Izquierda Unida, votaremos
favorablemente las que se refieren a la participación local en los
fondos europeos, así como las presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto y por Nueva Izquierda relativas al aumento para que las
entregas a cuenta en los ingresos tributarios del Estado pasen del 95
al 98 por ciento, tal como se establece para las comunidades
autónomas. Asimismo, las enmiendas presentadas para aumentar la
subvención al transporte colectivo urbano serán apoyadas por el Grupo
Socialista. El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado también una
enmienda, que merecerá nuestro apoyo, sobre la adaptaciónde la
normativa vigente para que los cargos electos



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locales puedan ser beneficiarios en su momento del derecho del
subsidio de desempleo.

Mi grupo no tiene nada más que añadir respecto a este capítulo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Señorías, mi intervención va a hacer
referencia al título VII, pero al capítulo II, sobre entes
territoriales, lo que se conoce como financiación autonómica. He oído
esta mañana decir a algún representante del Grupo que sostiene al
Gobierno que las enmiendas eran viejas y los debates viejos, y a mí
me van a decir exactamente lo mismo, señor presidente, pero los que
son viejos son los problemas. Son viejos los problemas y la falta de
solución de los mismos, y sobre todo es realmente patético lo que
está haciendo el Grupo Parlamentario Popular con este debate de
presupuestos: cada año que ha ido pasando de esta legislatura ha ido
devaluando el debate de presupuestos; sólo interesa la publicidad y
la propaganda previa hecha a través de los medios de comunicación y
financiada por el señor Rato de forma profusa y difusa, pero no le
interesa en absoluto que en esta Cámara se haga un debate con
seriedad y con rigor. Se devalúa el Parlamento, como se devaluó ya en
las comparecencias, durante las que tuve ocasión de señalarlo, y
vuelve a ocurrirnos hoy exactamente lo mismo.

Señorías, antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno, era
tradicional que se reuniera el Consejo de Política Fiscal y
Financiera con las comunidades autónomas para estudiar juntamente con
ellas el anteproyecto de presupuestos, puesto que las comunidades
autónomas se ven afectadas directamente por ellos. Desde que el
Partido Popular llega al Gobierno, esta sana costumbre de consenso,
de cambio de impresiones y de colaboración y cooperación entre los
entes territoriales desaparece, como desaparece la sana costumbre de
que se reúnan las comisiones mixtas de transferencias o como han
desaparecido otras costumbres, entre ellas ésa de recibir a los
presidentes de las comunidades autónomas, algunos de los cuales son
tildados incluso de tener actitudes anticonstitucionales. Con estos
precedentes es difícil venir a estos debates de presupuestos; la
moral para venir a estos debates de presupuestos es realmente baja.

No obstante, señorías, mi grupo no se va a dar por vencido y ha
presentado las enmiendas que cree oportunas y convenientes después de
analizar el contenido de este título del proyecto de ley, que tiene
su correlato ulterior, y así lo diremos, en las secciones 32 y 33.

Tenemos que decir que las enmiendas que presentamos son consecuencia
de que pensamos, como hemos dicho hasta la saciedad a lo largo de
esta legislatura -que se ve que está absolutamente liquidada y
finiquitada, por lo que el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer
de este debate un trámite final de liquidación final por cierre y
derribo-, que el modelo de financiación continúa manifestando su
excesiva dependencia del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y su incapacidad para generar recursos adicionales para las
comunidades autónomas. La corresponsabilidad fiscal no existe porque
fue liquidada por el Gobierno. Las comunidades autónomas que
aceptaron el modelo verán
que con estos presupuestos sus ingresos globales crecen menos,
excepto Galicia y Canarias, porque son las que tienen más vinculada
la evolución de sus ingresos a la participación en la PIE y menos a
la renta. Al final, como ya ha ocurrido desde el principio de este
sistema, la Hacienda estatal deberá inyectar recursos para compensar
a las comunidades autónomas que aceptaron el modelo. Resulta evidente
que la evolución de los ingresos de las comunidades autónomas que
aceptaron el modelo se situará por debajo del crecimiento del PIB
nominal, previsto para el 2000 en un 5,8 por ciento, y se volverá a
aplicar entonces el mecanismo que garantiza que los recursos de cada
comunidad autónoma crecerán al menos esa cifra. Esta frustación la
reconoce el propio Gobierno, que ha presupuestado 56.481 millones en
un fondo de garantía para hacer frente precisamente al desfase futuro
en la liquidación.

El Gobierno, señorías, sigue falseando la información hasta en los
Presupuestos Generales del Estado; lo hemos dicho reiteradamente en
el debate de totalidad. Por ejemplo, donde dice que la participación
en los ingresos territoriales del Estado por IRPF crece un 27 por
ciento para las comunidades autónomas que aceptaron el sistema, en
realidad desciende un 1,1 por ciento. A pesar de la imposición de un
modelo unilateral a las comunidades autónomas que no aceptaron el
sistema del Partido Popular, desde nuestro punto de vista
anticonstitucional e injusto, el Gobierno no consigue que el modelo
funcione correctamente, como lo demuestra su comportamiento errático,
desigual y favorecedor del déficit. Es un modelo que sobrevive
exclusivamente por los mecanismos de garantía y a costa de los
recursos de la Hacienda. Es un modelo anómalo, porque no se relaciona
más que con el IRPF, desconociendo otros indicadores, como la
variación de la población, el aumento de los servicios, etcétera. A
poner fin a estos defectos van encaminadas precisamente nuestras
enmiendas.

En el ejercicio 2000, el PIB nominal habrá crecido aproximadamente un
24 por ciento desde el año base; es decir, desde el comienzo de la
aplicación del modelo en 1996, el IRPF habrá crecido un 8 por ciento,
aproximadamente, por lo que, señorías, existirá una diferencia de
unos 16 puntos, que, aplicados a 1,2 billones, significarán unos
192.000 millones que deberán ser compensados por la Hacienda estatal
cuando se conozca la liquidación, es decir, en el año 2002. En 1997,
el IRPF liquidó en 2,89 por ciento de incremento. En 1998, la
recaudación líquida provisional está en el 0,8 por ciento. La suma de
las dos magnitudes será un 3,7 por ciento, mientras que en esos dos
ejercicios el PIB nominal ha crecido en un once y pico por ciento. La
diferencia, pues, es de unos 8 puntos que, aplicados sobre 1,2
billones, son 96.000 millones de pesetas. La consecuencia será que si
para 1999 se presupuestaron sólo 2.622 millones para la liquidación
de 1997 y al final la liquidación será de casi 32.000 millones, en el
2000 también se quedarán escasos los 56.481 millones presupuestados.




Señorías, el sistema es una bomba de relojería y así lo ha reconocido
todo el mundo. Es una bomba de relojería para el déficit público del
Estado, que puede encontrarse al final del quinquenio con una factura
de difícil pago en términos de cumplir la convergencia. El Fondo de
nivelación se congela, pero sobre todo no se ha gastado en todo lo
que



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llevamos de legislatura ni tampoco se gastará en el 2000. Y el
Gobierno se niega, como hemos visto recientemente en el debate
parlamentario, a incorporar lo no ejecutado en los ejercicios
siguientes, y ya veremos qué hace con la votación de las enmiendas
que pretenden esta acumulación.

Señorías, termino diciendo dos cosas. Primero, que las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Socialista, esas que tienen los
presidentes que parecen extraparlamentarios, o que parece que han
sido elegidos por marcianos -lo digo a efectos del presidente del
Gobierno, que ni siquiera tiene a bien recibirlos- en contra de la
propaganda oficial que el Gobierno hace, y por más carteles
electorales o preelectorales que en sentido contrario hagan algunas
comunidades autónomas, no han perdido financiación al haber rechazado
el modelo basado en el IRPF. Los datos que maneja el Gobierno son
consecuencia de una imposición unilateral, como ya he dicho, a las
tres comunidades que rechazaron el modelo, fijándoles como límite en
su financiación el crecimiento del PIB, que es el 5,46 por ciento,
mientras aplica al resto en una parte de su financiación, el ITAE,
que crece al 11,31 por ciento. En este sentido van también una o dos
de las enmiendas que mi grupo parlamentario presenta. Esta decisión,
señorías, como todos ustedes saben, está recurrida ante el Tribunal
Constitucional y, si fuera estimada, como estamos convencidos de que
va a ocurrir, la simple aplicación de este incremento a la
financiación de estas tres comunidades autónomas redundará en un
notable incremento precisamente para esas tres comunidades autónomas
respecto a las otras que han salido seriamente perjudicadas por la
baja evolución del IRPF.

En resumen, nuestras enmiendas van encaminadas a poner de relieve y a
corregir los defectos que el sistema plantea, un sistema que no
funciona y que sólo las inyecciones financieras del Gobierno lo hacen
soportable; a corregir la deficiente evolución del IRPF, que
perjudica paradójicamente a las comunidades que tienen mayores
ingresos por este concepto -por ejemplo Madrid-; a corregir la
corresponsabilidad fiscal, que se da por desaparecida y sólo los
mecanismos de garantía permiten que las comunidades autónomas
mantengan su nivel de ingresos, con el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de marzo del año pasado; la vinculación
del IRPF produce mayores déficit para el Estado y el incumplimiento
de las expectativas provoca mayores déficit en las comunidades
autónomas y sólo las discriminaciones del Gobierno, sobre las que
deberá pronunciarse, como he dicho, el Tribunal Constitucional,
perjudican a las autonomías gobernadas por el Partido Socialista, no
su negativa a vincularse a un impuesto que no crece y a un sistema
que está mal concebido.




Por último, tratamos de corregir la cuantía -ahora ya sí termino de
verdad, señor presidente- del Fondo de Compensación Interterritorial
para que se cumpla lo establecido precisamente en la ley reguladora
del Fondo.

He de decir que votaremos a favor de la mayoría o de la totalidad de
las enmiendas de los grupos de la oposición, porque aunque podamos
discrepar en alguna valoración de conceptos, estamos de acuerdo con
su contenido, porque todas van a poner de relieve y a manifestar las
deficiencias del sitema que pretendemos nosotros corregir con la
interposición
de las enmiendas que ahora mismo estamos digamos que
debatiendo.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, don Pedro Antonio Ríos tiene la palabra.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Vamos a tener tiempo de discutir de este
título VII, entes territoriales, a lo largo del debate presupuestario
en la Comisión cuando lleguen las secciones 32, 33 y 22,
administraciones públicas. Pero voy a referirme a los elementos
concretos que intenta regular en entes territoriales tanto la vida
municipal como la vida de las comunidades autónomas.

Tres objetivos persigue Izquierda Unida a la hora de defender estas
enmiendas. El primero es que los municipios tengan un tratamiento
similar al de las comunidades en cuanto al pago anticipado. Las
comunidades autónomas sacan el 98 por ciento de la recaudación, hacen
un pago a cuenta y al final del ejercicio liquidan la diferencia. A
los ayuntamientos se les retiene un poquitín más y se les paga con el
95 por ciento. Nosotros proponemos que tengan el mismo tratamiento y
que la cifra se incremente. La cantidad pasaría de 902.000 millones a
931.000 millones de pesetas. Es verdad que está sujeto a liquidación
definitiva. Por tanto, el Estado no tiene que tener ningún problema.

La historia nos dice que esta cifra anticiparía un porcentaje alto y
tendría una liquidación definitiva con menos movimiento del que tiene
ahora mismo. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que, si los
municipios o las diputaciones, como dice la enmienda 782, para las
provincias, los cabildos, deberían tener un anticipo del 98 por
ciento en lugar del 95, tienen una liquidación en su contra,
suponiendo que eso se pueda dar en caso contrario, la liquidación
definitiva también tendría una relación con el comienzo del año
siguiente. Por tanto no habría ningún problema, estaríamos poniendo
en manos de lo que llamamos vida local, diputaciones, cabildos y
municipios, un recurso anticipado cada mes que evita su déficit de
caja en cada caso y le dota de mayor capacidad de maniobra.

En una enmienda a una disposición adicional nueva pretendemos ampliar
la participación local en fondos europeos. Estamos convencidos de que
el volumen que puede venir de fondos europeos en los que participa
España debe ser un porcentaje mayor para el año 2000. Como ustedes
saben, se distribuye una parte hacia la Administración central, otra
hacia las comunidades autónomas y el resto hacia los municipios.

Pretendemos que para el año 2000 haya 42 millardos del fondo Feder,
15 del Fondo de cohesión y 10 del fondo social. Todo eso debe ir
dirigido hacia las infraestructuras locales y las iniciativas de
formación y ocupación, dentro de la regulación comunitaria para el
período 2000-2006. Por tanto, estaríamos dando una respuesta a lo que
ha venido demandando y pidiendo la Federación Española de Municipios,
e incluso estaríamos hablando de lo comprometido y firmado por el
Ministerio de Economía y administraciones públicas con la Federación
Española, porque una cosa es lo que se firma y otra bien distinta es
lo que intentamos llevar.

Con la enmienda 784 pretendemos conseguir, una cantidadsuficiente
para que la compensación por la exención



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del impuesto sobre bienes inmuebles sea realidad, en función de los
centros concertados que vienen actuando desde los años 1993 y 1994.

El otro bloque de enmiendas, señor presidente, va dirigido a lo que
pudiéramos llamar mantenimiento del peso y del protagonismo de las
comunidades autónomas en el concierto del Estado y lo ciframos en
tres iniciativas. La primera, dar consistencia a lo hasta ahora
presupuestado en el Fondo de nivelación. Lo que pretendemos es que,
mientras se llega al acuerdo definitivo en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, se lleve a cabo una especie de anticipo de
tesorería a las comunidades autónomas por un importe igual a la
petición que hasta ahora podamos tener presentada, y hacer una
liquidación definitiva, con posterioridad, una vez que ya esté fijado
ese criterio. Ese anticipo de tesorería a las comunidades autónomas
podría hacerse ya este año con los remanentes acumulados de los tres
ejercicios. Serían 36.000 millones de pesetas los que estarían a
disposición para poder actuar sobre él.

La segunda sería hacer frente a lo que recogen leyes orgánicas, la
deuda histórica con Andalucía y Extremadura. Hay una disposición
adicional de sus estatutos de autonomía referente a que el año 1981,
y en las condiciones de las transferencias que se recibieron, iban a
hacer frente a una indemnización, a un pago, de la nivelación de esa
deuda histórica en función de la valoración que tuviesen los
servicios en aquel momento. La realidad es que eso no se ha producido
y este año nosotros proponemos unas cantidades de 51.000 y de 10.000
millones de pesetas.

Por último proponemos (sería el otro gran bloque) una serie de
iniciativas tendentes a mejorar el empleo rural, por un lado,
promoviendo un plan de empleo rural a través de las prestaciones del
Seguro Agrario con las corporaciones locales a través del convenio
que para ello tiene el INEM; proponemos 44.000 millones en un caso y
6.000 millones en otro, en las comunidades que hasta ahora tienen
puesta en marcha esa figura, y también proponemos ampliar ese
programa de empleo rural a todos los trabajadores que estén acogidos
y que puedan trabajar durante dos meses. Por un lado pedimos que se
dote ese convenio de mayor cobertura y, por otro, se amplíe el número
de personas que ahora mismo tienen esa posibilidad.

En suma, señor presidente, el objetivo de las enmiendas de Izquierda
Unida va dirigido a potenciar la vida local, a favorecer a las
comunidades autónomas, en tanto en cuanto reciben mayor volumen de
recursos y los fondos de nivelación creados. Por último, hacer frente
a deudas, compromisos, programas y proyectos que, de una u otra
forma, obedecen a actuaciones desde los Presupuestos Generales del
Estado, puesto que responden a políticas que son competencia del
Estado o, en otros casos, competencias compartidas con las distintas
administraciones, como es el empleo rural.

Estas propuestas vienen siendo reiteradas, y no por reiteradas menos
necesarias, pero los razonamientos para rechazarlas también son
reiterados, aunque cada año tienen una innovación. No sabemos cuál
será este año la innovación con la que se rechacen estas enmiendas.

Alguna vez acertaremos, y será cuando acerquemos posiciones para
mejorar un modelo que está siendo impuesto y no negociado
y discutido.

Sólo quiero añadir, señor presidente, que es importante tener en
cuenta las voluntades que representan las fuerzas políticas que
tienen este planteamiento, porque si sumáramos los votos de dichas
fuerzas políticas se obtendrían más votos que los que hoy componen la
mayoría del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Serrano Vinué.




El señor SERRANO VINUÉ: Señor presidente, doy por defendidas todas
las enmiendas que los diferentes miembros del Grupo Mixto han
presentado a este título.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, intervengo en este título VII del
articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000 para defender la única enmienda de nuestro grupo que
queda viva al artículado, que es la enmienda al artículo 81. Esta
enmienda, señorías, tiene una larga historia en esta Cámara: se
refiere a la necesidad -necesidad que impone la propia Ley reguladora
de las haciendas locales en su artículo 9- de compensar a los
ayuntamientos con una bonificación del 95 por ciento del impuesto
sobre bienes inmuebles, del IBI, a las sociedades concesionarias de
autopistas que pasan por su respectivo término municipal. Debe haber
una compensación a esos ayuntamientos afectados, lo impone la ley y
debe arbitrarse esa compensación. A tal efecto, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del año 1999 se consensuó con el
Grupo Parlamentario Popular una disposición adicional, concretamente
la vigesimotercera, por la que el Gobierno se comprometía a estudiar
esa necesaria compensación durante el año 1999. Estamos ya
finalizando el año 1999 y no tenemos constancia de esos estudios ni
de esas compensaciones que los ayuntamientos tienen derecho a recibir
por ley, y de ahí el texto de nuestra enmienda 2114 que defendemos en
este trámite. Repito que es un tema que se viene arrastrando desde
anteriores ejercicios presupuestarios, queremos dar una última
oportunidad al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno y
aceptaremos la transacción que nos proponen. La transacción establece
que este estudio se realizará en el mes de enero del año 2000 como
muy tarde. Por tanto, hay un plazo concreto, el mes de enero del año
2000, en el que debe hacerse un estudio concreto en el que figure
concretamente cuáles son esas compensaciones. Y ese estudio, ¿dónde
va a quedar, en un despacho ministerial? No, un estudio que deberá
entregarse en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Esos son
los términos de la transacción.

Debo avanzar que esa transacción no es de nuestro agrado al cien por
cien, ni mucho menos, pero queremos creer que va a permitir una
solución. Sinceramente, creemos que cuando el Grupo Parlamentario
Popular nos propone esta transacción es porque sabe que el estudio se
está realizando ya, sabe que ese estudio va a concretar unas
compensaciones y que, por tanto, vamos a compensar a los
ayuntamientos que, por ley, están obligados a dar esa bonificación
del 95 por ciento en la cuota del IBI a las sociedades



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concesionarias de autopistas. Con esto quiero dedicar un recuerdo
especial a Francesc Homs, que fue diputado en esta Cámara y que
estuvo tan ligado a esta Comisión de Presupuestos. El propio Francesc
Homs defendió en diversos ejercicios esta solución y defendió la
disposición adicional vigesimotercera, y hoy defiendo yo esta nueva
adicional, pero con la seguridad y con la confianza de que, en este
caso, con la concreción de los términos acordados, será en el mes de
enero, no más tarde, cuando se presente ese estudio. Yo insto al
Gobierno a que, aunque disolviera las Cámaras antes, no sea ése un
pretexto para que el Gobierno no entregue en ese momento el informe
al que está comprometido de acuerdo con la transacción que se nos
ofrece. Llevamos ya demasiado tiempo prolongando ese compromiso
y debemos empezar a encontrar ya una vía de solución. Por tanto,
acepto esa transacción y tengo la plena confianza en la palabra dada
por el Grupo Parlamentario Popular de que esta Cámara, el Congreso de
los Diputados, recibirá ese estudio durante el mes de enero, podremos
discutirlo y, en todo caso, si no nos convence, arbitrar esa
compensación a la que tienen derecho los ayuntamientos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña Mercedes Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Tomo la palabra con brevedad, pero con
respeto a todos los grupos parlamentarios que han formulado y
defendido sus enmiendas. Voy a fijar la posición de nuestro grupo
parlamentario exponiendo dos cuestiones previas: en primer lugar, la
referida a las enmiendas que en este título VII había presentado
nuestro grupo parlamentario, concretamente cuatro, que se referían a
cuestiones de redacción o mejora técnica y que han sido incorporadas
en el correspondiente informe de la ponencia.

Quiero hacer mención de la enmienda formulada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que, como decía su
portavoz, hace referencia a compensaciones a los ayuntamientos en
relación a los beneficios fiscales concedidos a personas físicas o
jurídicas en tributos locales. Ha explicado las razones de la
enmienda y ha hablado también de los antecedentes parlamentarios que
se han producido en el trámite presupuestario referido al ejercicio
1999 y, por tanto, al último debate presupuestario.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero decir que estamos de
acuerdo en el apoyo y, por tanto, en la aceptación de esta enmienda
transaccional a la número 2114 que formula originariamente el grupo
parlamentario de Convergència i Unió y que en síntesis asume un
compromiso durante el mes de enero del año 2000 para que el Gobierno
dé traslado al Congreso de los Diputados del estudio previsto en la
disposición adicional vigesimotercera de la Ley 49/1998, relativa a
la compensación estatal a los ayuntamientos afectados por la
bonificación establecida en la Ley 7/1972. Hay que ratificar este
compromiso adquirido y la forma parlamentaria más operativa y
seguramente más ilustrativa es el apoyo a través del voto a esta
enmienda transaccional que formula el Grupo de Convergència i Unió.

Por lo que se refiere a otros grupos parlamentarios que también han
formulando enmiendas a este título y que
como decía alguno de los portavoces están íntimamente relacionadas
con las secciones 22, 32 y 33, que se refieren a la financiación de
entes territoriales, no sé si el discurso va a ser nuevo, pero desde
luego los planteamientos son viejos, no porque a mi juicio los
problemas sean viejos, sino porque los empecinamientos son históricos
en esta materia. Venimos asistiendo en los últimos años y de forma
sucesiva a un planteamiento parlamentario que, mereciendo respeto
político, no podemos compartir en absoluto. Se ha tratado de
trasladar a esta Cámara un discurso parlamentario, aderezado con las
enmiendas pertinentes, consistente en no aceptar el modelo de
financiación autonómica, instalarse en el modelo viejo, es decir, en
el modelo anterior, por las comunidades autónomas que no han aceptado
el nuevo modelo, pero a su vez entresacando aquellos aspectos que
interesan del nuevo modelo a través de las enmiendas sucesivas que se
formulan, presentan y defienden históricamente por la portavoz del
Grupo Socialista.

Dentro del rigor parlamentario y, desde luego, de las comunidades
autónomas que de forma permanente han criticado la aceptación del
nuevo modelo, y ahondando en algo que expuso con toda claridad (y que
conocemos) la portavoz del Grupo Socialista, que es que se ha
formulado un recurso ante el Tribunal Constitucional, no sé si los
andaluces y los extremeños van a entender los argumentos viejos, en
absoluto novedosos, que consisten en hacer un tercer modelo mezclando
premisas, argumentos y parámetros del modelo viejo y del nuevo. Desde
el punto de vista del didactismo, resulta batante complejo trasladar
que la no aceptación del nuevo modelo supone pérdidas millonarias
para la comunidad autónoma andaluza y para la comunidad autónoma
extremeña.

Seguir empecinándose en que el nuevo modelo tiene aspectos que se
quieren incrustar -y permítaseme la expresión- en el modelo que no se
ha aceptado me parece que es practicar, en términos parlamentarios,
una huida hacia delante de una decisión que está pesando mucho en
Andalucía y en Extremadura y que los portavoces año tras año tratan
de hacer una nueva pirueta parlamentaria para trasladar a los demás
una confusión que solamente está en el Partido Socialista y un
perjuicio que solamente está en las comunidades autónomas que no han
aceptado los nuevos parámetros de financiación autonómica y el nuevo
modelo.

Por lo que respecta a la financiación de corporaciones locales, yo
quiero hacer alguna referencia global a las no menos globales
referencias que ha hecho la portavoz socialista en la materia. Quiero
recordar a S.S., porque la confusión es el peor mecanismo para
clarificar los debates parlamentarios, que desde que gobierna el
Partido Popular, aparte de haber clarificado el sistema de
financiación de las corporaciones locales y de haber introducido
elementos, a mi juicio, innovadores y que con equidad trasladan a las
corporaciones municipales un nuevo sistema de financiación, ha habido
un incremento en la evolución de participación de las entidades
locales en los tributos del Estado siempre y sucesivamente en cada
uno de los ejercicios presupuestarios.




Su señoría, a renglón seguido, me puede decir que los ayuntamientos
quieren más recursos, y yo puedo convenir con usted en ese debate,
pero es que usted sabe perfectamente



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que los Presupuestos Generales del Estado son la expresión cifrada y
sistemática de todas las necesidades que hay que articular a través
de las diversas secciones y a través de los diversos capítulos en el
articulado de la propia ley de Presupuestos Generales del Estado. Por
tanto, dentro de un incremento global, dentro de un incremento
continuado, dentro de una rectificación de criterios injustos que
llegaban a asfixiar, desde el punto de vista fiscal, a los
ayuntamientos con el sistema que ustedes habían establecido de
esfuerzo fiscal, creo que la inmensa mayoría de los ayuntamientos
saben que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de este
Gobierno, aderezado con un impulso de protagonismo muy importante,
que seguramente no se cuantifica en créditos presupuestarios y en
partidas presupuestarias pero que es una reivindicación histórica del
municipalismo español, y que no es otra cosa que el paquete de
medidas que hemos dado en denominar como pacto local.

Por consiguiente, yo creo que los ayuntamientos están de enhorabuena
con este Gobierno porque han visto incrementada la participación...

(Rumores.) Señor presidente, yo creo que soy de todo menos simpática,
pero esta es una nueva carga que estoy dispuesta a asumir en el
trámite parlamentario, que puede ser la hilaridad que producen
intervenciones de seriedad y creo que de rigor, porque los números,
por más que SS.SS. traten de convertirlos en otra cosa distinta,
tienen un elemento muy importante que, en el trámite presupuestario
en el que estamos, no es otro que la cuantificación, la objetividad y
la comparación en términos homogéneos ejercicio presupuestario tras
ejercicio presupuestario, y si S.S. prefiere tornar en risa lo que
son los números de crecimiento constante y riguroso en la
participación en los ingresos del Estado referida a los
ayuntamientos, pues S.S. hará muy bien, pero desde luego no hará un
debate riguroso ni que pueda soportarse con el crecimiento
presupuestario experimentado en los últimos años.

La propia portavoz socialista dijo de forma genérica que apoyarán
todas las enmiendas, da igual cuáles sean, que vengan de otros grupos
parlamentarios, pero no se ha referido a ellas en el trámite que a su
vez pretende que sea riguroso y serio, y de forma absolutamente
globalizada ha dicho: y apoyaremos todas las enmiendas formuladas por
el resto de los grupos parlamentarios. Yo creo que el apoyo y la
desestimación de las enmiendas debe llevar siempre al menos una
justificación, tanto para el voto favorable como para su rechazo a
las mismas. Por tanto, si invocamos discursos rigurosos, si queremos
exigirles rigor a los demás y nosotros no lo practicamos porque
hacemos discursos propagandísticos, carentes de rigor presupuestario,
repetidos y viejos en el tiempo, que suponen problemas para
determinados habitantes de las comunidades autónomas extremeña
y andaluza, por lo menos no se nos pida el rigor a quienes creo que lo
practicamos en la tramitación de las leyes y en dar a las mismas el
correspondiente soporte parlamentario.




Se decía que en el Fondo de Compensación Interterritorial, aspecto
importante que trae su soporte en la sección 33 pero que se refiere
igualmente a este capítulo al que nos estamos refiriendo del
articulado de la ley, se establecen una serie de subidas sin
explicación alguna. Saben SS.SS.

perfectamente que se acordó... (La señora Rubiales Torrejón pronuncia
palabras que no se perciben.)
Yo no sé si va a haber réplica, presidente, pero me gustaría que
hubiese silencio.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted toda la razón, pero también le
recuerdo que ha sobrepasado largamente los diez minutos asignados por
la Mesa. Termine, por favor.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino con toda brevedad, y le
agradezco el amparo.

Decía que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó elevar el
porcentaje del 30 al 35 por ciento como mínimo a partir de 1993. Sus
señorías saben que el esfuerzo de incremento en el Fondo de
Compensación Interterritorial es importante; estamos hablando en los
actuales presupuestos de un incremento globalizado -con las
peculiaridades que cada comunidad autónoma del objetivo 1 tengan
fijadas en la asignación final-, de un 2 por ciento, y en el artículo
noventa y cuatro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 se establece el porcentaje -que ya no será el
30 ni el 35- en el 39,66 por ciento. Seguramente alguien podrá decir:
¿Y por qué no más? Es un discurso en el que las razones pueden ser
difíciles si no nos acompaña el equilibrio de todo el proyecto
presupuestario y el rigor que nosotros pretendemos trasladar e
impulsar a través de esta tramitación parlamentaria.




Consideramos que este incremento al 39,66 por ciento a establecer en
el Fondo de Compensación Interterritorial, que garantiza una subida
global del 2 por ciento en términos redondos, dará satisfacción a
aquellos proyectos que de forma pormenorizada cada comunidad autónoma
estime como convenientes y pertinentes para incluir en el anexo de
inversiones reales que, como SS.SS. saben, aparece íntimamente ligado
y relacionado con el Fondo de Compensación Interterritorial.




El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir ahora un turno Dispos. breve por
si algún grupo parlamentario quisiera defender adic., trans.

enmiendas en relación a las disposiciones adicionales, transitorias y
y anexos. anexos



¿Qué grupos parlamentarios desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don
Ángel Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, en este bloque van a
intervenir la señora Díez de Baldeón, la señora Leiva, el señor Pérez
Segura y yo para cerrar el número de disposiciones adicionales
nuevas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en el orden en que usted lo ha
indicado, doña Clementina Díez.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista
presenta a estas disposiciones tres enmiendas de adición. La primera
de ellas, la número 1623, es una disposición adicional nueva
referente a financiación de las universidades. El objetivo
fundamental de esta enmienda que se incorpora al texto del Gobierno
es precisamente



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cooperar con las comunidades autónomas y las universidades públicas,
a fin de que estas alcancen el necesario equilibrio presupuestario
que prevén los escenarios de convergencia de la Unión Europea, e
incrementar la financiación de las universidades para que, entre
otras cosas, estas puedan mejorar la situación del profesorado
interino.

En nuestra enmienda vemos que es necesario que se destine a las
comunidades autónomas la cantidad de 7.000 millones de pesetas
anuales en un programa plurianual durante los ejercicios del 2000,
2001 y 2002, para resolver las insuficiencias financieras de las
universidades. Estimamos que las comunidades autónomas deben
cofinanciar dicha previsión con un importe adicional en un porcentaje
creciente del 15, del 25 y del 50 por ciento de dicha aportación
anual del Estado respectivamente. Por otro lado, esta previsión se
entenderá consolidable al efecto del presupuesto en ingresos en las
diferentes comunidades autónomas, hasta que se desarrolle formalmente
en el mecanismo de financiación de los servicios transferidos a las
comunidades autónomas.

También proponemos en nuestra enmienda que este programa plurianual
de financiación sea independiente y complementario de las cantidades
que con cargo al fondo de nivelación de servicios que se contemplan
en la aplicación del artículo 15 de la Lofca se destinen a corregir
las desigualdades existentes en la prestación del servicio público de
la educación universitaria. Presentamos precisamente esta enmienda
porque consideramos que el texto del Partido Popular es insuficiente,
no habla de cantidades consolidables. También con relación a los
fondos de nivelación de servicios del artículo 15 de la Lofca, que
deben ir al servicio universitario tal como acordó en su día el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, creemos que tiene que haber
una financiación específica por ejemplo para el tema del profesorado
asociado y, por tanto, este plan plurianual de los 7.000 millones de
pesetas lo consideramos imprescindible y que sea consolidable para
garantizar el equilibrio presupuestario que prevén los escenarios de
Maastricht.

Hay una segunda enmienda, la 1624, una nueva disposición adicional,
referente a la financiación de la reforma educativa. El objetivo de
esta enmienda es garantizar la calidad educativa en el conjunto del
Estado, y para garantizar la adecuada financiación de la reforma
educativa estimamos que se deben dotar los recursos financieros
precisos mediante la inclusión anual de 100.000 millones de pesetas
en las leyes de presupuestos correspondientes a los próximos cuatro
ejercicios presupuestarios. Esta financiación extraordinaria
afectará, por tanto, no sólo a las comunidades que tienen
transferidas las competencias en materia de educación, sino a las que
también se encuentran en el ámbito de gestión del territorio del
Ministerio de Educación y Cultura en la actualidad.

Por último, hay otra disposición adicional nueva, referente al
desarrollo del sistema público de acción social, en el que estimamos
necesaria la creación de una red de escuelas infantiles de cero a
tres años, con el objetivo de iniciar en el próximo ejercicio la
cobertura del 60 por ciento de la demanda efectiva que hoy se plantea
por parte de las familias, demanda que consideramos que puede quedar
cubierta en los próximos cuatro años. Por tanto, defendemos que
este programa tenga una asignación presupuestaria de 24.000 millones
de pesetas para esta necesidad que estimamos importante.




El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra doña Ana Leiva.




La señora LEIVADÍEZ: Voy a defender una enmienda a la disposición
adicional decimocuarta, que consiste en que ya que el sector exterior
es fundamental para un desarrollo sostenido de nuestra economía, hay
reconocer que los últimos datos que se han recibido son un jarro de
agua fría para las optimistas expectativas de este Gobierno, tras la
ligera recuperación que tuvimos en el mes de junio.

Las empresas españolas necesitan arriesgarse, por eso el Grupo
Parlamentario Socialista propone la enmienda 1610, que consiste en
elevar el límite máximo de cobertura para nueva contratación y
asegurar y distribuir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación, CESCE, que será para el ejercicio 2000 en lugar de
590.000, 630.000 millones de pesetas.

Respecto a la disposición adicional decimoquinta, mi grupo ha
presentado cuatro enmiendas, paso a retirar en este momento dos de
ellas, la 1611 y la 1612 y voy a defender, por tanto, pidiendo el
voto al resto de los grupos, las números 1613 y 1614.

Mi grupo parlamentario cree que los presupuestos tienen posibilidades
para mejorar las carencias de la empresa española ante la moneda
única y mejorar también sus necesidades de internacionalización. Se
dice que los fondos son limitados, sin embargo, con sorpresa vemos
cómo cada año desde 1997 se siguen dotando fondos que son
acumulativos y que en palabras de la secretaria de Estado y del
propio presidente de Cofides no se han utilizado todavía. Por ello
presentamos esta enmienda de supresión de la dotación del fondo para
inversiones en el exterior en esos 10.000 millones de pesetas.

Defenderemos luego esta tarde en la sección cuál será el destino de
esos fondos y en este momento proponemos esa asignación de 10.000
millones al Icex. El Fies, por tanto, no se ha utilizado, insisto, en
dos ejercicios anteriores y tiene acumulados ya 20.000 millones de
pesetas.




El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra don Luis Miguel Pérez.




El señor PÉREZ SEGURA: También muy brevemente para referirme al anexo
II, de créditos ampliables, y posteriormente al anexo VI, de
incorporaciones.

En relación a los créditos ampliables, la propuesta que contiene
nuestra enmienda número 1654 es la de determinar como partida
ampliable el crédito correspondiente al epígrafe 12.03.414,
transferencias entre subsectores, y en definitiva se trata de
incorporación, por la vía de la ampliación, a la Agencia Española de
Cooperación Internacional para atender gastos derivados de proyectos
de ayuda al desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por las
organizaciones no gubernamentales con destino a países en vías de
desarrollo hasta alcanzar el 0,35 de AOD sobre el producto nacional
bruto español correspondiente al ejercicio anterior.




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Es conocida por todo el mundo, y, cómo no, por los dignos miembros de
esta Comisión, la voluntad que emana de los acuerdos de la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo para incrementar de
forma notable la cifra de participación en los Presupuestos Generales
del Estado hasta alcanzar en su día el 0,7 tan anunciado, pero
tenemos una meta más modesta, que es llegar al 0,35 del PIB en el año
2002. Si no es por la vía de la declaración de ampliable de los
créditos será imposible seguir la senda progresiva de alcanzar este
tanto por ciento del PIB en el año 2002.

El conjunto de dotaciones presupuestarias para la Secretaría de
Estado, incluyendo también, cómo no, la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en palabras del propio secretario de
Estado se ha reconocido que han bajado en relación al ejercicio
anterior y, por tanto, tenemos que dejar la puerta abierta para
conseguir los objetivos de incremento paulatino de esta aportación.

En concreto, la Agencia Española de Cooperación Internacional sí que
tiene un incremento de 1.260 millones con respecto a los presupuestos
del año 1999, pero compensado negativamente por la bajada de las
dotaciones de la Secretaría de Estado se declara como claramente
insuficiente esta dotación a la Agencia para alcanzar los compromisos
internacionalmente asumidos, incluso los objetivos más modestos
previstos en el futuro plan director, que nadie ha visto, y se
propone con dicho fin que se dote a este crédito de la característica
de ampliable.

El Gobierno ha afirmado que España alcanzará en el año 2000 la
cantidad de 250.000 millones de pesetas, lo que supone un 0,26, que
resulta muy por debajo del consensuado 0,35. Para alcanzar incluso el
objetivo más modesto del 0,30 en el año 2000 es necesario destinar un
volumen de recursos situados en torno a los 270.000 millones de
pesetas y llegar a los 340.000 millones de pesetas en el año 2002.

Además, tras el acuerdo recientemente alcanzado en la Comisión de
Cooperación para el Desarrollo, significa también cumplir la
estimación del 20 por ciento de estos recursos destinados a la
priorización de la Ley de cooperación internacional para el
desarrollo destinados a los sectores sociales básicos, el 8 por
ciento a educación básica y el 25 por ciento a la educación en
general y, con el fin de que el conjunto de los otros sectores no
disminuyan el nivel de recursos de 1999 y además aumenten en pesetas
corrientes el 5,8 por ciento de inflación más el crecimiento del PIB,
la cantidad de a) o d) bilateral, debería llegar como mínimo a los
185.000 millones de pesetas. Por tanto, es necesario emplear para
poder incluir este incremento teórico de 30.000 millones de pesetas
en esta partida.

Por lo que hace referencia a los créditos ampliables, también hay
otro, en el que no me extenderé tanto obviamente, que es la
declaración del crédito 19.101322A, transferencias a familias e
instituciones sin fines de lucro, que todos y cada uno de los
miembros de esta Comisión saben perfectamente que es el crédito
relativo a fomento del empleo dentro del Instituto Nacional de
Empleo. Necesitamos la declaración de ampliable de este crédito
porque, si no, se reproduce el círculo vicioso de utilización de los
excedentes de cotizaciones salariales de los trabajadores para
aplicar bonificaciones empresariales a las cuotas. Por
tanto, no hay otro mecanismo técnicamente posible que el permitir la
ampliación de créditos a través de otras partidas que el Gobierno
pueda proveer a los efectos de que no se produzca el efecto
pernicioso de financiación a través de cotizaciones sociales de
trabajadores de los contratos de las propias empresas.

Para terminar, en relación al anexo VI, de incorporaciones de
remanentes de crédito incorporables de los años anteriores, ya se ha
abundado por parte de mis compañeros en la necesidad de que se
declare en este sentido la posibilidad de incorporación de 12.000
millones no empleados en los fondos de nivelación que hacen
referencia a diversos servicios transferidos en méritos del punto j)
de este anexo y que se concreta en los traspasos contenidos o
referenciados en la sección 32 de estos presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Don Ángel Martínez Sanjuán tiene la palabra para
terminar ese turno de intervenciones del Grupo Socialista.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado un buen número de enmiendas a las actuales disposiciones
adicionales y a algunas otras nuevas, algunas de ellas han sido
defendidas en este momento procesal y otras han sido defendidas
cuando han sido discutidos los diferentes títulos, aquellas que
hacían referencia a Seguridad Social, pensiones, desempleo y Función
Pública. Sin embargo, me quería referir muy brevemente ahora a
algunas que no entran en este paquete anterior y en el actual.

Hemos presentado un grupo de enmiendas, la 1619, 1620, 1621 y 1622, a
las disposiciones adicionales vigesimoprimera y vigesimosegunda y a
la elaboración o a la aprobación de una nueva. Tienen que ver con la
financiación o el sistema de asignación tributaria a la Iglesia
Católica y a las organizaciones con fines sociales. La disposición
adicional vigésima establece, en su apartado 4, una financiación que
consolida el sistema actual y traslada a ejercicios futuros, tanto al
año 2001 como al 2002, un modelo de financiación que nosotros
pensamos, señor presidente, señores portavoces de los grupos
parlamentarios, que habría que revisar. Por eso, nosotros entendemos,
a través de la enmienda 1619, que el actual sistema de asignación
tributaria concluya en el actual ejercicio y que durante el año 2000
el Gobierno y la Santa Sede regulen de nuevo un sistema de asignación
tributaria para los ejercicios futuros. Este es el objetivo de la
enmienda 1619: no consolidar ni dar por hecho una prórroga tácita
como el vigente sistema tributario para ejercicios posteriores.

En coherencia con la filosofía que nosotros aplicamos a la lectura de
este proyecto de ley, en la disposición vigesimosegunda tratamos, con
nuestra enmienda 1620, de asignar unos topes mínimos y máximos en
niveles similares a las organizaciones con fines sociales, como se
establece a la Iglesia Católica.

Por eso proponemos elevar el límite de los 22.000 millones de pesetas
a 24.000 y el tope mínimo de 19.000 millones a 21.309 millones de
pesetas. Teniendo en cuenta la aconfesionalidad del Estado, como
también defiende nuestro grupo parlamentario que se declara
aconfesional, como no podía ser de otra forma, entendemos que el



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Gobierno debiera regular o hacer un esfuerzo por intentar llegar a un
acuerdo para buscar soluciones en la asignación presupuestaria con
cargo al 0,5 del impuesto sobre la renta a otras religiones con
notorio arraigo en España, es la enmienda 1622.

También tratamos, a través de la enmienda 1651, que así como se ha
encontrado, a través de otras disposiciones adicionales de ejercicios
presupuestarios anteriores, una vía de aproximación para la
regulación del sistema de Seguridad Social de los ministros del culto
de la iglesia católica, se pudiera hacer también con las diferentes
religiones.




Con la enmienda 1652 nosotros, históricamente, y lo volvemos a hacer
aquí con una disposición adicional nueva pretendemos compensar los
ingresos fiscales que dejan de percibir los ayuntamientos,
fundamentalmente por las autopistas de peaje. Esto ha sido un tema
objeto de discusión en la referencia que ha hecho el portavoz de
Convergència i Unió con la enmienda 2114, a la que parece que va a
haber una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular,
pero a nosotros, señor presidente, nos parece insuficiente porque
creemos que lo que hay que hacer no es estudiar, sino compensar, como
además dice el artículo correspondiente de la ley de presupuestos, a
los ayuntamientos por los beneficios fiscales que tienen las empresas
de autopistas.

Con la enmienda 1639 queremos introducir el mandato al Gobierno para
que antes del mes de febrero del próximo año se establezca la tarifa
plana de Internet no en cuatro mil, no en cinco mil, sino en tres mil
pesetas mensuales.

En un grupo de enmiendas que ya han sido defendidas queremos separar
fiscalmente, a través de bonificaciones y reducciones en las cuotas
de la Seguridad Social, todos los programas de empleo con cargo al
Inem.

Finalmente, me quiero referir, aunque ha sido ya debatida, a la
enmienda 1630, que trata de compensar a los militares republicanos y
al Cuerpo de Carabineros al servicio de la república; esto, repito,
ha sido defendido por mi compañero Rodríguez Zapatero, así como la
enmienda 1631, que trata de reconocer los derechos por tiempo de
permanencia en filas derivados de la guerra civil, ese colectivo que
se llama los que hicieron la mili larga como consecuencia de un
reenganche obligatorio por parte del ejército nacional a los miembros
del antiguo servicio del ejército republicano, que unos sufrieron
prisión y otros tuvieron que ejercitar la mili larga incorporándose a
filas. Tratamos de compensar, en este año que se celebra el LX
aniversariode la finalización de la guerra civil española, a un
colectivo que no ha sido tratado justamente con las diferentes leyes
de presupuestos.

Las restantes enmiendas las doy por defendidas en sus justos
términos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, voy a defender ocho
enmiendas a las disposiciones adicionales, dos de ellas se refieren
al ámbito sanitario, la primera para plantear que se dote
presupuestariamente a los centros públicos suficientemente para
contratar personal
médico no objetor que preste la asistencia demandada por las mujeres,
dados los problemas que está habiendo en estos centros autorizados
para la interrupción voluntaria del embarazo al no tener en muchos
casos personal no objetor para atenderlos.

También planteamos la necesidad de transferir las competencias
existentes en el Hospital Militar Gómez Ulla al Instituto Nacional de
la Salud en Madrid, para atender especialmente a la zona sur.

En la enmienda número 791 planteamos la necesidad de aproximar a las
pensiones que están por debajo al salario mínimo interprofesional,
subiéndoles año a año más que el IPC previsto para poder alcanzar la
equiparación. Planteamos también la modificación del salario mínimo
interprofesional para que quede fijado en 77.582 pesetas al mes, y
que la cuantía anual para el año 2000 no sea inferior a 1.086.148
pesetas, por entender, además, que no se puede discriminar a los
trabajadores por edad, como sucede en este momento.

En cuanto a otra disposición adicional, con la enmienda número 800
planteamos la creación de un fondo de 1.200 millones de pesetas para
el desarrollo anual del Estatuto especial de la ciudad de Cádiz. La
enmienda número 801 tiene relación con la necesidad de reclamar al
Gobierno de Estados Unidos una compensación por las servidumbres que
supone la base militar de Rota para los municipios del Puerto de
Santa María y de Rota, y en ella planteamos una dotación mínima de
1.000 millones de nuestro Estado para compensar, a la espera de un
acuerdo en este sentido con el Gobierno de Estados Unidos.

En relación con las autopistas, planteamos que en el año 2000 no se
ejecute ninguna de peaje y que además se elabore un plan de rescate
para las autopistas de peaje existentes.




Tenemos, por último, otras dos enmiendas relativas al Ministerio de
Educación y Cultura. Una de ellas plantea la creación de un fondo de
compensación interterritorial para asegurar una efectiva igualdad de
oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación de todos los
alumnos y alumnas con independencia de su lugar de residencia, que se
plantearía a través de la creación de una comisión que evaluara el
alcance de este fondo de compensación. En la enmienda número 806
planteamos la creación de un fondo adicional de 41.000 millones de
pesetas para completar el traspaso de competencias pendientes en
educación no universitaria a las comunidades autónomas de Asturias,
Castilla- La Mancha y Extremadura para que tengan una dotación
complementaria al acuerdo que se pueda alcanzar en su día sobre estas
comunidades, concretamente de 11.500 millones destinados a Asturias,
18.000 millones a CastillaLa Mancha y 11.500 millones a Extremadura.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, paso a defender en este trámite las
enmiendas números 2115, 2116 y 2117, que nuestro grupo parlamentario
mantenía vivas para este debate en Comisión.




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Siguiendo el mismo orden de las enmiendas presentadas, la número 2115
se ampara en el texto de la disposición adicional primera de la Ley
de cooperación internacional para el desarrollo que aprobó esta
Cámara en 1998. En esa disposición adicional primera se llegó a
consensuar entre todos los grupos un texto que decía que junto a los
Presupuestos Generales del Estado el Gobierno elaboraría un informe
que recogiera de manera integrada los créditos de los distintos
ministerios y organismos públicos destinados a financiar programas de
ayuda oficial al desarrollo. Esa previsión, que fue objeto de
consenso entre todos, y que se recoge en una ley, no se está
cumpliendo. El Gobierno no nos remite junto a los Presupuestos
Generales del Estado ese informe, que creemos que en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo sería constructivo. Creemos que el
solo hecho de elaborar un informe para especificar las partidas que
se destinan a programas de ayuda oficial al desarrollo contribuiría a
mejorar esas partidas y a dar una mayor dedicación en el ámbito de la
cooperación internacional y de la ayuda oficial al desarrollo. Por
tanto, lo que pretende nuestra enmienda es dar concreción a esa ley y
lo que dice es que el Gobierno, en el plazo de tres meses -por tanto,
dentro de los primeros tres meses del año 2000-, deberá dar
cumplimiento a esa disposición y elaborar ese informe; un informe que
esperamos que a partir de ahora acompañe los distintos trámites de la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Aquí también
quiero hacer una mención a la futura oficina presupuestaria que
debemos crear en esta Cámara y uno de cuyos cometidos y funciones
será velar por que ese informe se acompañe cada vez que llega a esta
Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Este
es el sentido de nuestra enmienda número 2115.

Paso ahora a defender nuestra enmienda 2116, enmienda que no voy a
retirar a pesar de que ayer, en ponencia, se dio ya un paso
importante en este ámbito. Esta enmienda se refiere a la reserva por
parte del Inem del 7 por ciento de los créditos relativos al fomento
del empleo para su gestión directa. Es una enmienda a la disposición
adicional vigesimotercera del proyecto de ley de presupuestos que
pretende la supresión de esa disposición adicional porque creemos que
no está bien implementada en este proyecto de ley. Creemos que un
tema así, cuando realmente esa gestión corresponde a las comunidades
autónomas, requeriría de un mayor sosiego en su tramitación y de una
mayor reflexión porque en una disposición adicional de la ley de
presupuestos no podemos implementar un porcentaje como éste. De ahí
que nosotros propongamos la supresión lisa y llana de esa disposición
adicional, tal y como pretende también el Grupo Vasco (PNV) con su
enmienda 2144, enmienda con la cual coincidimos plenamente.

Aquí hay una colisión: el texto del proyecto de ley y dos grupos
enmendantes que pretendemos la supresión de ese texto. Para avanzar
en este ámbito, el Grupo Popular planteó una enmienda que valoramos
muy positivamente, la enmienda 2077, que ayer se incorporó al texto
de la p´onencia. En esa enmienda se da un paso más, que es suprimir
el porcentaje y decir que se va a tratar ese porcentaje en el marco
de la conferencia sectorial. La valoramos positivamente y por ello
contribuimos a que se incorporase ayer en ponencia, pero yo quiero
ofrecer ahora una transacción
a nuestra enmienda de supresión de esa disposición adicional
vigesimotercera, transacción que hago también extensiva a la enmienda
viva del Grupo Vasco, la 2144.

Señorías, ¿cuál es el sentido de esta transacción que ofrezco en este
momento? Respetar el texto presentado por el Grupo Popular por
entender que se da un paso positivo pero poniendo de manifiesto que
no nos satisface en absoluto cómo queda el articulado del proyecto de
ley en este ámbito. Creemos que hay dudas de constitucionalidad sobre
que la Administración general del Estado pueda reservarse un
porcentaje de gestión aunque los títulos que se argumentan superan el
ámbito de una comunidad autónoma. Por tanto, entendemos que lo más
prudente sería que este paso lo dé la Administración general del
Estado de acuerdo con las distintas comunidades autónomas, no en
conferencia sectorial, en la que se diluye o puede diluirse la
voluntad de una comunidad que tenga competencia exclusiva en la
gestión.

Nuestra enmienda pretende respetar el texto incorporado ayer en
Ponencia, suprimiendo que se aprobará en conferencia sectorial y
poniendo en su lugar que se aprobará en el marco de las comisiones
bilaterales con las correspondientes comunidades autónomas. Ésa es la
transacción que ofrezco también a la enmienda del Grupo Vasco.

Creemos que esa transacción podría conseguir hoy un consenso en esta
Cámara. Pensamos que, entre comillas, si alguien sale ganando siguen
siendo el Partido Popular y el Gobierno, porque se respeta plenamente
el sentido del proyecto de ley de presupuestos de fijar un
porcentaje, pero la negociación de ese porcentaje la queremos llevar
a cabo en el marco de las comunidades autónomas que tienen
competencias o que aspiran a tener competencias o que tienen voluntad
de intervenir en esa gestión del Inem en su territorio. Por lo tanto,
este es el sentido de nuestra transacción, y si se acepta en esos
términos retiraríamos nuestra enmienda. Si no se acepta la
transacción, someteremos a votación nuestra enmienda de supresión tal
y como está planteada, valorando positivamente el texto que ayer
acordó inicialmente la ponencia.

La última enmienda que hemos presentado en este trámite es la número
2117. Simplemente pretende conceder un año más de carencia para el
pago de la deuda de las cuotas de la Seguridad Social a aquellos
hospitales que mantienen concierto estable con la sanidad pública. Ya
sabemos que este periodo de carencia se ha ido ampliando; nosotros
pedimos un año más porque creemos que es necesario en el pago de la
deuda de las cuotas de la Seguridad Social. ¿Por qué es necesario?
Porque hay una insuficiencia financiera en muchos centros sanitarios
y es necesaria esa ampliación de la carencia. Debemos tener en
cuenta, señorías, que en los últimos años los hospitales concertados
han realizado un importante volumen de inversiones para cubrir la
insuficiencia histórica de las inversiones de la Seguridad Social en
la red sanitaria, que han sido financiadas con cargo al aplazamiento
del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Por todo ello,
señor presidente, señorías, pedimos en esta enmienda 2117 -que
esperamos que se apruebe- ese año más de carencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor González deTxabarri.




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El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJPNV) mantiene vivas dos enmiendas, las
números 2143 y 2144, en este conjunto de enmiendas adicionales. La
primera de ellas hace referencia a la disposición adicional octava
del proyecto de ley de presupuestos, y el Grupo Parlamentario Vasco
viene a reproducir con la misma lo que viene siendo práctica habitual
desde 1995, los mismos argumentos con los mismos contenidos, con el
objetivo de dotar de financiación el Acuerdo interprofesional vasco
para la formación continua, que gestiona la Fundación Hobetuz.

Señor presidente, una vez más nos encontramos ante la reclamación de
la existencia de una partida nominativa que garantice la continuidad
de financiación al citado acuerdo, que en todos estos ejercicios
acaba siendo atendido mediante sendos convenios de colaboración y
reales decretos- leyes que recomponen finalmente la financiación con
un carácter extraordinario, generando por ello innecesarias dudas y
problemas de gestión por la incertidumbre temporal en la
disponibilidad real de los fondos, máxime en este año porque el
Ministerio de Trabajo se ha olvidado incluso de recoger la prevision
de dotación de estos fondos y viene subsanado por una enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular. Sobre esta cuestión,
incluso el Gobierno vasco ha planteado reiteradamente la alternativa
de suscribir un convenio plurianual, sin haber recibido respuesta
alguna por parte del Ministerio de Trabajo.

En nuestra opinión, el trasfondo de esta cuestión radica en la
negativa de la Administración del Estado a contemplar la formación
continua como materia objeto de transferencia a las comunidades
autónomas, aduciendo que se encuentra pendiente de fallo por el
Tribunal Constitucional el modelo de gestión que articuló a través
del Forcem y que fue recurrido por las instituciones gallegas y
catalanas. En definitiva, con el horizonte de vencimiento el próximo
año del acuerdo interprofesional vigente a nivel estatal y las
incertidumbres de un fallo jurisdiccional, que no nos aclarará
demasiado porque indudablemente no revisará las especificidades del
Estatuto de Guernica sino el modelo del entorno estatal, el asunto es
que existe toda una coartada, en nuestra opinión perfectamente
tejida, para que el Inem mantenga un papel singular en el control y
diseño de la gestión de la formación continua.

Desde la misma perspectiva, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
plantea una segunda enmienda solicitando la supresión de la
disposición adicional vigesimotercera del proyecto de ley de
presupuestos, en la que se hace una reserva de gestión de políticas
activas del empleo a favor del Inem sin perjuicio de las
transferencias que están realizadas. Es una reflexión que incide en
la intervención que ha realizado el señor Jané en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En nuestra opinión, la redacción que recoge esta disposición
adicional vigesimotercera del proyecto de ley de presupuestos tiene
una manifiesta carga de inconstitucionalidad, ya que dicho precepto
establece una reserva de créditos a favor del Inem a fin de
excluirlos de la territorialización que de otro modo impone la
gestión transferida a la mayor parte de las comunidades autónomas, a
lo que añade una regulación material de las funciones que desempeña
el Inem con dicha gestión centralizada. Si analizamos el
estricto punto de vista presupuestario de esta medida, veremos que
resulta innecesaria, dado que parece evidente que el Inem continúe
desempeñando la gestión que no ha sido objeto de transferencia a las
comunidades autónomas, completamente respecto a Euskadi y
parcialmente en diferentes niveles respecto al conjunto de las
comunidades autónomas.

Por tanto, en nuestra opinión, señor presidente, la cuestión
principal radica en el hecho de aprovechar la cobertura de la Ley de
Presupuestos para regularle al Inem una atribución de funciones en
toda regla por esta especie de puerta de atrás, que ya ha sido muchas
veces descalificada por los tribunales. Evidentemente, estamos ante
un intento de trasladar un papel impropio del Inem, que mantenga
centralizados ámbitos funcionales, y cuya previsión en leycerraría
cualquier debate alternativo, por supuesto, condicionando
definitivamente las expectativas respecto a este traspaso, pendiente
todavía, a la Comunidad Autónoma Vasca.

Siendo, por tanto, el aspecto más grave el fraude que se comete al
enmascarar la regulación competencial de las previsiones
presupuestarias, la alegación jurídica definitiva estaría en la
inconstitucionalidad de la atribución competencial a favor del Inem.

El esquema que se recoge en esta disposición adicional indica que al
Estado le corresponde la legislación laboral y a los órganos de las
comunidades autónomas, sin excepción, la ejecución de dicha
legislación, y sin un debate directo difícilmente vamos a poder
analizar la situación, incluida la posibilidad hipotética de que el
Estado pueda seguir ostentando, a través de otros títulos
competenciales, algún tipo de función ejecutiva en algo tan pegado a
pie de obra como tienen que ser las políticas activas de empleo.

Desde luego, resultaría imposible por impresentable respecto a
algunos de los supuestos que ya indica el artículo enmendado, por
ejemplo en relación a la experimentación de programas para trasladar
su gestión a las comunidades autónomas cuando su evaluación sea
positiva. El planteamiento del Grupo Parlamentario Vasco es que el
Inem debiera ser objeto de remodelación, pero de una forma directa y
con un debate abierto en una nueva ley sobre el empleo, en la que se
dilucide definitivamente incluso si dicho organismo debe dejar de
existir.

En relación con las gestiones que durante la tarde/noche de ayer y a
lo largo de la mañana de hoy se están realizando, el Grupo
Parlamentario Vasco, señor presidente, quiere agradecer el esfuerzo
que los grupos parlamentarios mayoritarios están realizando para
fomentar actitudes de acercamiento con respecto a estos
planteamientos. La enmienda 2077, que planteó ayer en la ponencia el
Grupo Popular y que fue incorporada, no satisface las posiciones que
he intentado exponer y argumentar en mi intervención, pero
indudablemente la enmienda transaccional que el señor Jané ha
planteado en nombre de Convergència i Unió mejora o intenta acercar
posturas y desde esa perspectiva la valoramos positivamente, señor
presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo ParlamentarioPopular, tiene la
palabra don Rafael Cámara.




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El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Intervengo en nombre de mi grupo
para referirme a las enmiendas presentadas por los distintos grupos
parlamentarios a las disposiciones adicionales, transitorias y
finales de la ley. Obviamente no voy a hacer referencia a las que han
sido defendidas en el marco de la discusión de los títulos que se han
visto con anterioridad en relación con las haciendas territoriales,
la financiación de las comunidades autónomas y algunas de las
defendidas ya por el señor Camps con ocasión del debate de las
referidas a materias de carácter social.

No obstante, quería hacer referencia a algunas de las que no pudieron
ser objeto de este debate, la 1615, la 1616 y la 1617, a la
disposición adicional decimosexta, presentadas por el Partido
Socialista, donde se propone la modificación del apartado 1 de esta
disposición adicional, con la adición de dos nuevos párrafos, un
párrafo segundo y un párrafo tercero, y el consiguiente
desplazamiento de los actuales, referido a las pensiones mínimas. Las
no contributivas y las SOVI se incrementarían, según esta propuesta
del Partido Socialista, en 28.000 pesetas desde el 1 de enero de
1999, con carácter previo al cálculo del desvío de la inflación y, en
su consecuencia, al de revaloración para el año siguiente. Votaremos
que no, primero, porque este incremento adicional que pretenden no lo
evalúan. Por lo tanto, dudamos en cierto modo de la seriedad de la
propuesta por cuanto es preciso ver cuál es el impacto general que
tendría sobre el presupuesto general del Estado y de la Seguridad
Social, y sobre todo y fundamentalmente porque los importes de
incremento de las pensiones mínimas, de las SOVI y de las no
contributivas, ya figuran en el proyecto de ley. Como saben SS.SS.,
forman parte de un acuerdo al que llegó el Gobierno con los
sindicatos el pasado 16 de septiembre. Es la primera ocasión -esto se
ha dicho muchas veces- en la que un Gobierno llega a un acuerdo en
estas materias con los sectores sociales. Debe de reconocer el Grupo
Socialista que la capacidad de acuerdos en materia de incremento de
pensiones es superior a la que acreditó el Grupo Socialista en otras
épocas y, por lo tanto, creo que debería adherirse a la voluntad
mayoritaria, no sólo de las fuerzas sociales, sino de la mayoría de
los grupos de esta Cámara. Por lo tanto, votaremos en contra
fundamentalmente por la segunda razón, porque está inscrito en el
acuerdo de 16 de septiembre con los sindicatos lo referente al
incremento de las pensiones no contributivas, SOVI y pensiones
mínimas.

En la enmienda 1623 solicitan la incorporación de una disposición
adicional nueva, en la que proponen destinar 7.000 millones de
pesetas a un programa plurianual que comprendería los ejercicios
2001, 2002 y siguiente. Según esta enmienda, esto permitiría resolver
las insuficiencias económicas de las universidades públicas con el
fin de que alcancen el equilibrio presupuestario previsto en los
escenarios de convergencia de la Unión Europea y de los compromisos
de España. Por lo tanto, estaríamos hablando de un impacto
presupuestario de 21.000 millones de pesetas, de los que 7.000 serían
para este ejercicio. Se permitiría, según esta enmienda, consolidar
la previsión de los presupuestos de ingresos de las comunidades
autónomas. ¿Qué es lo que ocurre con esta enmienda? Que parte de un
planteamiento equivocado, erróneo que desde luego nuestro
grupo parlamentario comprende que efectúe el Partido Socialista, por
cuanto tiene que ver con su no aceptación del marco general de
financiación autonómica en España, ya que se opusieron al marco
ofertado por el Gobierno. Hay tres comunidades autónomas, que, como
es bien sabido, no aceptaron el sistema de financiación y, como
también es sabido, las aportaciones realizadas a los servicios
transferidos del Estado están incluidas en el sistema de financiación
que está vigente en todas las comunidades autónomas de España,
excepto en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por lo tanto,
en ese marco se inscribe la suficiencia o insuficiencia económica y
financiera de las aportaciones a las administraciones públicas.

Con relación a esta enmienda debo decir que a nuestro grupo no le
consta por parte de ninguna comunidad autónoma que ha aceptado el
sistema la denuncia de insuficiencias en el marco de la financiación
de la universidad pública. Cierto es que hay que hacer esfuerzos
progresivos en materia de financiación de universidades públicas,
pero, como digo, esto está inscrito en el marco general de
financiación en cuanto a servicios transferidos de las comunidades
autónomas, que nuestro grupo considera que está perfectamente
garantizado. Además, la enmienda del Partido Socialista adolece de
una insuficiencia habitual en enmiendas de este tipo, que es la de
ofertar también la programación plurianual, el plan que respondería a
las necesidades a que hace referencia la enmienda del Partido
Socialista. Por tanto, por estas insuficiencias y porque además
solicita... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Acabemos en
silencio un debate que ha transcurrido con mucha tranquilidad.

Adelante, señor Cámara.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Además, esto serviría para
contestar también a la petición de incremento de 100.000 millones de
pesetas, en la enmienda 1624, para este mismo fin. Es tanto como
decir que no les sirve la enmienda 1623. Difícilmente se puede
argumentar que hace falta incorporar un sistema adicional de
financiación de las universidades públicas y, al mismo tiempo,
considerar que lo que hace falta es una aportación de 100.000
millones de pesetas. Esto no está sustentado por ningún programa ni
por ningún plan que avale las condiciones en las que tendrían que
suministrarse esos 100.000 millones de pesetas. Es más, tampoco se
hace una distribución territorial de cuál sería la aportación por
comunidad autónoma y por universidad pública. Por tanto, creemos que
no tiene ninguna virtualidad práctica, tan sólo virtualidad política
pero devaluada porque está fuera del marco jurídico vigente, del
marco institucional, por el que se financian las comunidades
autónomas.

Después hay un paquete de enmiendas, las números 1626, 1627, 1628 y
1629, que podríamos denominar de carácter industrial, en las que
echan en falta controles. De forma genérica se puede decir que esas
enmiendas del Grupo Socialista acreditan una preocupación por la
ausencia de controles en alguno de los elementos que giran alrededor
del Ministerio de Industria. Debo decirle que ninguna de ellas está
justificada.




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En la enmienda 1626 les parece insuficiente la información sobre las
aportaciones financieras y garantías concedidas a la SEPI. Esta
información que ya es conocida y en alguna Comisión, como la de
Industria, ya se ha dado perfecta cuenta de las aportaciones
financieras en el momento que han sido solicitadas. Por tanto, la
acción de control al Gobierno que ejercita el Grupo Socialista se ha
podido hacer en relación con esta circunstancia, sin que nuestro
grupo comprenda cuál es la razón por la que se ve este perjuicio
sobre la garantía de información en relación a las aportaciones
financieras y garantías concedidas a la SEPI. Esto se ha podido hacer
en todas las ocasiones en las que ha habido requirimiento por parte
de los grupos de esta Cámara.

En la enmienda 1627, el Grupo Socialista sugiere que se regularice el
régimen jurídico del Consejo Consultivo de Privatizaciones. No hay
nada que regularizar. El acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
junio de 1996, por el que se crea el Consejo Consultivo de
Privatizaciones, establece las bases del programa de modernización
del sector público empresarial, donde -como deberían saber SS.SS.- se
establecen también las directrices de funcionamiento y de
organización interna sobre las que debe regirse básicamente el
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Intuimos que ustedes están
solicitando, ni más ni menos, que el Consejo Consultivo se incorpore
a la distribución funcional de los departamentos del Ministerio de
Industria, sin que esto nos seduzca lo más mínimo, porque estamos
convencidos de que si algún emplazamiento ha de tener el Consejo
Consultivo de Privatizaciones es fuera de los ministerios. Por tanto,
creemos que esta independencia tanto orgánica como funcional es la
que debe regir el desenvolvimiento del Consejo y no se corresponde
con la petición que hace el Grupo Socialista. Por tanto, también
votaremos en contra de esta enmienda.

Con la enmienda 1628 pretenden una curiosa redistribución de créditos
de reconversión y de reindustrialización, y que se realice de acuerdo
con un plan anual que elabore la conferencia sectorial de industria.

Sabe perfectamente el Grupo Socialista que no es posible delimitar
previamente mediante un plan, como apunta dicho grupo. ¿Por qué?
Porque en las zonas de aplicación de la reindustrialización y de la
reconversión no existe una catalogación de los lugares donde se
producirían las condiciones que permitieran dar aplicación a la orden
que regula la concesión de ayudas a la reindustrialización con
carácter previo y porque, además, este es un asunto de carácter muy
coyuntural, con unas circunstancias sociales y laborales que son
cambiantes a cada momento. Por tanto, si además de este elemento, lo
conjugamos con que estas decisiones se toman en la mayoría de las
ocasiones por parte de las comunidades autónomas, porque es materia
reservada a las mismas, realmente es difícil comprender por qué razón
pretende el Grupo Socialista desvirtuar o devaluar las posibilidades
competenciales, las posibilidades de actuación política de las
comunidades autónomas en materia de reindustrialización y
reconversión industrial.

Por último, en relación con las enmiendas industriales, debo decir
que en la número 1629, relacionada con la margen izquierda del
Nervión, solicitan la reformulación del crédito. Yo creo que existe
un error conceptual o un error
de conocimiento sobre cuál es la realidad en este momento en la
margen izquierda. Como deberían saber los miembros del Grupo
Socialista, absolutamente todas las actuaciones en materia de
reindustrialización que se están produciendo en la margen izquierda
del Nervión están siendo objeto de convenios de colaboración tanto
con el Gobierno vasco como con las diputaciones forales, en concreto
con la Diputación Foral de Vizcaya y con los municipios afectados en
las zonas de reindustrialización, que son Portugalete, Sestao,
etcétera, por lo que carece, en absoluto, de virtualidad práctica,
jurídica y política la enmienda presentada por el Grupo Socialista en
materia de redistribución y de reformulación de los créditos
asignados por el Miner a la reindustrialización de la margen
izquierda del Nervión.

Con relación a la enmienda 1623, en la que se pretende que tanto las
bonificaciones como las reducciones de las cuotas a la Seguridad
Social se financien exclusivamente con aportaciones del Estado al
presupuesto de la Seguridad Social o al del Inem, para su ingreso en
la Seguridad Social, debo decir que nuestro grupo va a votar en
contra. Va a votar en contra porque creemos que lo que hace el Grupo
Socialista es desviarse de lo que está establecido en la Ley General
de la Seguridad Social, en concreto en su artículo 223, donde se
establece que la acción protectora por desempleo, regulada en el
artículo 206, se financiará -y lo dice así- tanto con cotizaciones de
las empresas y de los trabajadores como con aportaciones del Estado.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? En los últimos años es cierto que la
aportación del Estado ha sido menor porque las aportaciones
provenientes del sistema de Seguridad Social han sido mayores por el
incremento de ocupación, por el incremento en la masa de asalariados
y lo que supone de nuevas inyecciones de recursos al sistema de
Seguridad Social. Por tanto, no ha hecho falta echar mano de la
aportación directa del Estado, en tanta medida como hacía falta, por
circunstancias de todos conocidas, por la cifra escandalosa de paro,
hace no demasiados años, en los que, obviamente, la aportación del
Estado era más importante a los efectos de financiar las prestaciones
del Instituto Nacional de Empleo.

Sin embargo, lo cierto es que lo que dice el artículo 223 es lo que
dice, que las aportaciones deben ser tanto por cotizaciones sociales
y de los trabajadores como por las aportaciones del Estado. Por
tanto, no acabamos de ver cuál es la pretensión del Partido
Socialista, porque, además, no solicita la desregulación de la Ley
General de la Seguridad Social ni la desaparición del artículo 223,
sino que simplemente dice que se financien sólo con aportaciones del
Estado. Por tanto, insistimos, no consideramos que tenga suficiente
sustento jurídico ni político la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.

En relación con las enmiendas 1635 y 798, de Izquierda Unida, hemos
dado un paso más. Respecto a la enmienda que viene a solicitar que el
Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes en general, tengan
acceso directo al Sicop, al sistema informático de contabilidad, que
permite moverse dentro del presupuesto y gestionar por parte de los
ministerios, en concreto por el Ministerio de Economía y Hacienda,
debo decir dos cosas. Una, que se ha ido incorporando a lo largo de
esta legislatura una mayor capacidad de los grupos parlamentarios
para obtener mayor información



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y más útil a los diputados para poder ejercer su labor de control. Lo
cierto es que en algunas ocasiones hemos notado que algunos miembros
de esta Cámara no conocen el cúmulo de información suministrada a la
Cámara. Creo que en algunas ocasiones incluso no es utilizada, cuando
pudiera serlo. Esta posibilidad de acceso al Sicop tendría dos
inconvenientes. El primero que hacerlo en tiempo real podría ofertar
información que difícilmente podría ser interpretada por algunos
miembros de esta Cámara y, en principio, por el que les habla. ¿Por
qué? Porque, como saben ustedes, para que pueda ser interpretada
correctamente una información contable debe estar cerrada y la
información se suministra cerrada mensualmente. De esa información
debo decir a SS.SS. que tienen plena constancia los señores diputados
y senadores de las Cortes, por cuanto son informados mensualmente a
través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y, además,
por los informes que habitualmente son remitidos por parte de la
Intervención General de la Administración del Estado. Por tanto,
avancemos en la idea de consolidar la oficina presupuestaria, pero
tener acceso al Sicop no sé hasta qué punto puede ser útil a los
parlamentarios, cuando la información que en este momento se
suministra, esa información que les debía constar a todos los
diputados de esta Cámara, es, además, la que legalmente se establece
en el artículo 131 de la Ley General Presupuestaria.

Por último, quería hacer referencia a las enmiendas del Partido
Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió. Quiero comenzar por las
del Partido Nacionalista Vasco, en concreto por la referente a la
solicitud que hace de que las aportaciones del Estado a Hobetuz, la
fundación que gestiona la formación continuada en el País Vasco, se
hagan a través de una subvención finalista y no a través de los
créditos extraordinarios en los que todos los años se ha comprometido
esa cantidad en el País Vasco. En primer lugar, quiero decir que al
Grupo Nacionalista Vasco no le puede constar otra cosa que el
cumplimiento del acuerdo en materia de formación continuada, por
cuanto ningún año se ha faltado al compromiso que se estableció con
ocasión del acuerdo de investidura por el que el Partido Nacionalista
Vasco apoyó al señor Aznar como presidente del Gobierno. Esa
aportación se produce todos los años, si bien es cierto que no con el
mecanismo de la subvención finalista sino que hace falta
instrumentarla a través de un crédito extraordinario. También ha
reconocido el señor González de Txabarri que la enmienda propuesta
por el Grupo Popular, si bien no satisface, sí supone mejorar el
tratamiento de los primeros ejercicios, aunque es cierto que es el
mismo tratamiento que se otorgó el año pasado. Si lo que preocupa al
Partido Nacionalista Vasco es la voluntad política de cumplir los
acuerdos con el Gobierno vasco en materia de formación continuada, he
de decirle que no tiene que haber ninguna preocupación, no debe
existir incertidumbre de ningún tipo sobre el cumplimiento de este
acuerdo, como no ha existido desde el principio de la legislatura.

Sugeriría al señor González de Txabarri que reflexione sobre esto que
le digo. Creo que la voluntad política del Gobierno del Partido
Popular ha quedado acreditada a lo largo de esta legislatura: los
acuerdos de formación continuada se cumplen; el mecanismo es ahora
mismo lo que puede separar las posturas del Partido Popular y del
Partido Nacionalista
Vasco. Creo que iremos avanzando en el cumplimiento de este acuerdo
en los estrictos términos que solicita el Partido Nacionalista Vasco,
pero, como digo, necesitamos reflexión para contrarrestar algunas
dificultades que puedan existir en el presupuesto de la Seguridad
Social para diferenciar lo que es la formación continuada del País
Vasco de la del resto de España.

Con relación a la otra enmienda planteada por el Grupo del Partido
Nacionalista Vasco, que coincide con la 2116 de Convergència i Unió,
nuestro grupo presentó la enmienda 2077 a este proyecto de ley en la
que se lograba un importante avance en materia de acuerdo sobre los
créditos relacionados con el Instituto Nacional de Empleo y la
reserva para la gestión directa del porcentaje relacionado con el
Inem. Lo cierto es que (y nos consta por las manifestaciones del
Grupo de Convergència i Unió) no les satisface plenamente la
redacción de la emienda 2077, que supone un acercamiento, pero les he
de decir que la propuesta... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, estamos terminando.




Le ruego que sea breve, pero también pido a SS.SS. que guarden
silencio mientras están interviniendo otros diputados.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Finalizo, señor presidente.

Soy consciente de que la propuesta hecha por el portavoz de
Convergència i Unió, el señor Jané, permitiría avanzar en materia de
acuerdo con relación a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y
de Convergència i Unió, pero tenga también en cuenta un circunstancia
que creo muy razonable. Si bien es cierto que el Grupo de
Convergència i Unió ostenta la mayoría parlamentaria en Cataluña en
este momento, pendiente del acuerdo definitivo de formación de
Gobierno, y es cierto que el Partido Nacionalista Vasco ostenta la
mayoría parlamentaria, con un Gobierno constituido y en
funcionamiento desde octubre del año pasado y que permitiría avanzar
en esta propuesta, tengan en cuenta que nuestro grupo, para poder
aceptar la propuesta del portavoz del Grupo de Convergència i Unió,
necesitaría tener al menos una conversación con el resto de las
comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, y quizá
en las que gobierna el Grupo Socialista, porque el marco al que hacía
referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) es el de las comisiones bilaterales de comunidades autónomas.

Este portavoz, ahora, no está en disposición de comprometer la
opinión del resto de las comunidades autónomas y, aunque entiendo que
su postura sobre la enmienda planteada en el día de ayer por el Grupo
Parlamentario Popular acerca la postura por cuanto lo que hace es
eliminar el porcentaje del 7 por ciento de la propuesta del Gobierno
-que en principio parecía lo más llamativo-, ruego al señor Jané que
entienda que necesitamos el tiempo suficiente y necesario -y yo creo
que el razonable- para poder tener esa conversación mínima con el
resto de las comunidades autónomas, de modo que en el día de hoy,
pudiera servir de acercamiento a las posturas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




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En relación con las dos enmiendas a las que hizo referencia el señor
Jané, la número 2115 y 2116, quiero adelantar que el Grupo
Parlamentario Popular va a votar a favor de ambas. En una de ellas se
solicita la moratoria relacionada con el ámbito de la financiación de
las instituciones sanitarias de la Generalidad de Cataluña, y nuestro
grupo está de acuerdo, como no podía ser de otra manera. Con la
número 2115, relativa al estudio que permita determinar en qué
órganos del Estado están concretados los créditos de la cooperación
al desarrollo, estamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto,
votaremos a favor de ambas enmiendas. (El señor Jané i Guash pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Jané me pide la palabra, me figuro que
en relación con esa transaccional. Tendrá que ser por un minuto.




El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.

Atendiendo a lo que acaba de manifestar el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Cámara, nuestro grupo siempre ha sido
partidario de buscar puentes de diálogo y de consenso. En ese ánimo,
nosotros retiramos nuestra transacción y nuestra enmienda, sabiendo
que queda viva la del Grupo Vasco y con la confianza, y me atrevo a
decir la seguridad -y queda constancia en el «Diario de Sesiones»- de
que, de acuerdo con lo que acaba de manifestar el portavoz del Grupo
Popular, en el trámite de Pleno llegaremos a una solución
satisfactoria. Como tenemos la percha de la enmienda del Grupo Vasco,
yo retiro esa transacción, porque ciertamente es precipitada, como
tan precipitado es el texto de la disposición adicional que pretende
poner un porcentaje, pero deja su fijación a una conferencia
sectorial. Por tanto, retiro la enmienda y la transacción, a la
espera de encontrar esa solución satisfactoria en el Pleno.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate del articulado del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Vamos a proceder a las votaciones, después de dos minutos de
suspensión, en los que ruego a los portavoces de los diversos grupos
que se acerquen a la Mesa para fijar el orden de la discusión a
partir de las votaciones.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.

Ahora sí ruego silencio. Hay que sentarse y callar, señorías. Por
favor, pido a los miembros de la Comisión que no tengan que votar que
nos dejen trabajar.

En primer lugar, voy a indicar el orden de debate de las secciones, a
partir de esta votación.

Inmediatamente, vamos a debatir la sección 12, de Asuntos Exteriores;
luego, la 13, de Justicia; posteriormente, la 14, Defensa; la 15, de
Economía y Hacienda; luego, conjuntamente, la 19 y la 60, Trabajo y
Seguridad Social; y las secciones 25 y 31. Si hubiera tiempo, antes
de las votaciones de las ocho y media, incluiríamos el paquete de las
secciones 22, 32, 33 y 34, que corresponde a Administraciones
públicas y secciones territoriales. Éste será el orden de esta tarde.




Las demás secciones se debatirán mañana, con la excepción de las
secciones 17 y 23; ya estaba programado que se discutieran después de
la votación de las ocho y media. En todo caso, después de esa hora
empezaríamos las secciones 17 y 23, porque fue lo acordado; lo que no
cupiera antes pasaría a ser la primera sección de mañana por la
mañana. (La señora Amador Millán pide la palabra.)



La señora AMADOR MILLÁN: Perdón, presidente.

Deseo recordar que la parte correspondiente al Insalud, de la sección
60 también se verá mañana.




El señor PRESIDENTE: Evidentemente.

Vamos a votar los títulos no en el orden en que se han debatido sino
en el que están en la Ley, el ordinario.

Título I, enmiendas de don Guillerme Vázquez, del Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda del señor López Garrido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 751 y 752, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela pide la palabra.)
Señor Cámara.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Nuestro grupo solicita votación
separada de la 1556.




El señor PRESIDENTE: Ya estaba anotada, señoría.

En primer lugar, vamos a votar la enmienda 1556.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




En segundo lugar, vamos a votar las enmiendas 1153 y 1554.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 25; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 22; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora el texto del título I. En primer lugar, los
artículos dos, tres, cuatro, seis (apartados uno y dos) y doce
(apartado dos) en bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos el resto de los artículos del título I.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos al título II. Enmiendas de don Guillerme Vázquez. En primer
lugar, la enmienda 266.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 267.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a votarlas
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasemos ahora a votar el texto del título II. En primer lugar, el
artículo trece, apartado uno.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Resto de artículos del título II.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el título II de la ley.

Pasemos al título III. Enmienda de la señora Lasagabáster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Chiquillo, en bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de don Guillerme Vázquez. En primer lugar, vamos a votar en
bloque las número 269 y 271 a 291.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, las enmiendas 268 y 270.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor López Garrido. En primer lugar, la 497.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, las enmiendas número 496, 498 y 499.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, las 753, 754, 755, 758, 759, 760, 761, 762, 765 y 770.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, la enmienda número 757.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En tercer lugar, las enmiendas números, 756, 763, 764, 766 a 769.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5;
en contra, 22; abstenciones 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a votar
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto del título III.

En primer lugar, vamos a votar los artículos veintiuno, uno;
veintisiete, cinco, y treinta y cuatro, tres.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de los artículos del título III.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos al título IV.

Enmienda número 4 del señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 22; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida 771, 772
y 773.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 1.573 a la 1.581
inclusive.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto del título IV.

En primer lugar, artículos treinta y nueve; cuarenta, cuatro, párrafo
dos; cuarenta y uno, tres; cuarenta y cuatro, dos, párrafos dos y
tres; cuarenta y cinco, cuatro, y cuartenta y seis.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
en contra, 14; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de artículos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Título V, de las operaciones financieras.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida 774 y
775.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista.

En primer lugar, vamos a votar la enmienda número 1589.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




En segundo lugar, la enmienda número 1582.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 22; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el texto del título V. En primer lugar, artículos
cincuenta, dos b), y cincuenta y seis.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de artículos del título V.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos al título VI, normas tributarias. En primer lugar, dos
enmiendas del señor Chiquillo, números 5 y 6.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 36; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Vázquez. En primer lugar, la número 295.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




PRESIDENTE:
El señor Queda rechazada.

En segundo lugar, la enmienda 297.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En tercer lugar, las enmiendas 294, 296 y 298.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la 436.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, las enmiendas 435, 437.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, la 778, 779 y 780.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, la 776 y 777.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la
enmienda número 1592.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 25; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el título VI en su conjunto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, cinco; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al título VII.

Enmienda del señor Chiquillo, la número 7.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 299 del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor López Garrido. En primer lugar, las números 500 y
507.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del señor López Garrido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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Enmienda 2114 del Grupo Parlamentario Catalán. Hay una transaccional
aceptada por el Grupo Popular. Vamos a votar la transaccional en este
caso.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,27;
abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.




Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Votamos en bloque sus
enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Que se voten separadamente la 1598, sobre
el censo de Andalucía, y la 1601, sobre deuda histórica, separadas
del resto.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la 1598 y la
160l.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Texto del título VII del proyecto de ley. En primer lugar, vamos a
votar los artículos noventa, noventa y cuatro, dos, y noventa y
cuatro, tres.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados estos artículos.

Resto de artículos del título VII.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de artículos del título
VII.




Pasamos al título VIII, cotizaciones sociales. Enmiendas de don
Guillerme Vázquez. En primer lugar, la número 300.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 22; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

En segundo lugar, la enmienda número 303.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 25; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Resto de enmiendas de don Guillerme Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco ; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 508 del señor López Garrido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
votos en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Existe una enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en relación a las enmiendas 785, de Izquierda
Unida, y 1607, del Grupo Socialista. ¿Aceptan el Grupo Socialista y
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida la enmienda
transaccional? (Asentimiento.) Votamos la transaccional presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




En este caso del Grupo Socialista sólo vamos a votar las enmiendas
1606 y 1608, en tanto que la 1607 ha decaído en aras de la
transaccional aprobada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.

Pasamos a votar el título VIII. En primer lugar, el artículo noventa
y cinco, nueve, dos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Resto del articulado del título VIII



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Disposiciones adicionales. En primer lugar, las enmiendas presentadas
por la señora Lasagabaster.

Votamos las enmiendas 211 y 212.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 22; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 213 y 214.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos en conjunto las enmiendas presentadas por el señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Vázquez.

En primer lugar, las enmiendas 306, 308 y 309.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, la 305 y 307.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor López Garrido.

En primer lugar, la 509, 510, 511, 512, 513.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, las enmiendas 514 a 516.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Saura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

En primer lugar, la 2143.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, la 2144.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. Retiró la 2116 y, por
tanto, hemos de votar la 2117.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
en contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

En primer lugar, el bloque formado por las enmiendas 788 a 792, 794 a
800 y 802, 803 y 806.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 786, 787, 793, 804, 805 y 807.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 22; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 801.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 36; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha retirado la 1611 y la 1612. (El señor Martínez
Sanjuán pide la palabra.)



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Por favor, que se vote separadamente la
1630. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Don Pedro Antonio Ríos.




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El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, que se vote por separado la
1622.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, vamos a votar en primer lugar la
1622.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 25; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, la 1630.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el texto de las disposiciones adicionales. (El señor
Cámara Rodríguez-Valenzuela pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Cámara.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Según nuestro estadillo de
votaciones, faltaría por votar la 2115 del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Rogaría al señor presidente que
comprobara si se ha sometido a votación o no.




El señor PRESIDENTE: No, es una disposición final nueva. Estamos en
las adicionales, ahora entraremos en las transitorias y luego
votaremos la final nueva.

Vamos a votar las adicionales. En primer lugar, la adicional número
15, los apartados dos y tres de la 16 y la adicional número 24.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de disposiciones adicionales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a las disposiciones transitorias. Hay enmiendas de don
Guillerme Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1653 del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Texto de las disposiciones transitorias.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, cinco; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de las disposiciones
transitorias.

Pasamos a la enmienda 2115, que citaba antes el señor Cámara, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como disposición
final nueva.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. En este caso no
hay que votar texto porque el texto es única y exclusivamente esta
disposición.

Anexos. Enmienda 312 del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 22; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 808 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que votamos
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Creo que no hay ninguna enmienda del Grupo Parlamentario Catalán a
los anexos. (Pausa.) No la hay.

Vamos a votar los anexos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, cuatro; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los anexos.




Con esto hemos terminado la votación del articulado del proyecto de
ley.

Señor Ríos.




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El señor RÍOS MARTÍNEZ: ¿La exposición de motivos? son del orden de
una treintena larga, no son todos del mismo nivel, no todos son
organizaciones que se puedan entender vinculadas con las actuaciones
de solidaridad, con El señor PRESIDENTE: Después de las secciones. un
perfil que se quiera dar en la acción exterior de España, Suspendemos
la Comisión dos minutos para empezar y por eso nuestro grupo ha
realizado una selección que pretende inmediatamente con la sección
12. (Pausa.) ser el reflejo de un compromiso selectivo. Hay una serie
de organismos, como el PNUMA, la FAO, la Unrwa, El señor PRESIDENTE:
Señorías, vamos a reanudar el Fondo de actividades de población, la
Cruz Roja, el los trabajos de la Comisión. Fondo de Naciones Unidas
para los derechos humanos o



Sección 12 Iniciamos el debate de la sección número 12, Ministerio
Acnur, que van a recibir una especial atención en las de Asuntos
Exteriores. Hay enmiendas del Grupo Parlamentario enmiendas del Grupo
Socialista y a los que se destinan y Socialista, de Izquierda Unida y
del Grupo Mixto. entre los que se reparten el incremento que nosotros
proponemos Seguiremos con el mismo procedimiento que para el
articulado en esas contribuciones voluntarias que, insisto, y con la
misma duración para las intervenciones. reflejan realmente si un país
tiene un concepto de política En nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la exterior que merezca tal nombre. palabra el
señor Estrella. Hay otra serie de enmiendas en las que intentamos
incrementar el papel de la acción exterior y de la asistencia El
señor ESTRELLAPEDROLA: Gracias, señor presidente. a los españoles que
es consustancial a la proyección exterior de España. Así, proponemos
incrementar la asistencia Por nuestra parte, el debate también se
repartirá entre el a los ciudadanos españoles que están presos en el
extranjero diputado don Luis Pérez Segura y yo mismo. Yo me voy a y a
los mismos que son víctimas del sida. Proponemos referir en
particular a aquellas que se refieren a la acción también incrementar
la dotación para la promoción y difusión exterior, excluida la
cooperación al desarrollo. en el exterior de la cultura española, que
está insuficientemente La primera reflexión que hay que hacer es que
estamos dotada. Proponemos un incremento porque en ante el
presupuesto de un ministerio peculiar, como no la propuesta del
Gobierno se reducía prácticamente a la podía ser menos dada la
peculiaridad del ministro; es un mitad algo que ha venido demostrando
ser enormemente ministro que dice alegrarse cuando le anuncian que le
van a eficaz y acreditado según se desprende de la comparecencia
llevar a los tribunales y es un ministro que a la sazón está del
secretario de Estado de Cooperación, me refiero a contento con un
presupuesto que sube la ridícula cantidad las transferencias a través
de fundaciones dependientes de del 0,18 por ciento, prácticamente el
cero absoluto; como partidos políticos con representación
parlamentaria de se diría en los chistes antiguos, ni frío ni calor.

Creo que ámbito nacional. esa pequeñez de los objetivos marcados o
conseguidos por Hay otra serie de enmiendas que se refieren a la
cooperación el responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores viene
a al desarrollo, pero a ellas se referirá mi compañero dar la
dimensión de lo que es el peso de la política exterior Pérez Segura.

Sí quería añadir que hay una enmienda a la en el Gobierno Aznar y de
lo que es también el peso del que tenemos especial cariño y es la
propuesta de destinar responsable de este importante Ministerio
dentro del 500 millones de pesetas a la futura sede del Secretariado
Gobierno Aznar. permanente de la conferencia de Estados
iberoamericanos.

No me extenderé ahora, porque tiempo tendremos en el Hay una
proposición no de ley aprobada por unanimidad debate en Pleno, sobre
los motivos de nuestra propuesta de por la Comisión de Asuntos
Exteriores en favor de que sea devolución al conjunto de la sección,
y no solamente a la La Rábida, con toda su significación, la sede de
la secretaría cifra a la que me he referido sino a la propia
inadecuación permanente de esa conferencia. Todos los grupos lo de
los objetivos que se persiguen con los medios que se aprobaron por
unanimidad, no hubo reacción alguna del diseñan y que se prevén.

Gobierno, no hubo ninguna oposición por parte del grupo Hemos visto
cómo se trata de hacer los presupuestos a parlamentario que respalda
al Gobierno. Luego hemos oído martillazos para que cuadren las
cifras, para que no crezcan al ministro dar algunas explicaciones
peregrinas, que vienen, más de lo que se le ha asignado al ministro o
de lo que éste, en un mundo como el actual de la globalización, a en
su menor o mayor preocupación, ha podido lograr. Por mantener la
noción de que vivir en la periferia es estar condenado eso, junto con
esa enmienda a la totalidad que defenderemos a que no se cuente con
uno y que, por lo tanto, ese en el Pleno, nuestro grupo presenta una
serie de tipo de organismos sólo puede estar en Madrid. Como nos
enmiendas que van dirigidas, al igual que ocurrió el año parece
absurdo, como nos parece injustificado, como creemos pasado, a que
las contribuciones voluntarias a los organismos que La Rábida está
suficientemente dotada en comunicaciones, internacionales sean lo que
tienen que ser, la expresión telecomunicaciones, etcétera, mantenemos
esa de la voluntad y del compromiso político de España con enmienda,
que es coherente con la voluntad unánime de los los fines y los
objetivos de las organizaciones receptoras. grupos parlamentarios en
esta Cámara y también en el Parlamento El año pasado el Gobierno nos
sorprendía con unos recortes andaluz. en los que se eliminaban los
picos, y eso lleva, por ejemplo, Finalmente, señor presidente, en
relación a las enmiendas a suprimir 14.000 pesetas en el programa de
Naciones de otros grupos, quiero decir que vamos a votar en contra
Unidas sobre el sida. Este año han optado por mantener las de las
enmiendas 810, 811 y 812 de Izquierda Unida y cifras tal y como
estaban, eso sí, aumentándolas todas ellas vamos a votar
favorablemente a sus restantes enmiendas; en un 10 por ciento. Parece
evidente que los organismos igual que vamos a hacer con la enmienda
del Grupo Mixto, que se benefician de esas contribuciones
voluntarias, que del señor Saura y de la señora Rivadulla, la número
445.




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Entendemos que algunas otras enmiendas del Grupo Popular han sido
incorporadas ya en ponencia y, por lo tanto, no me pronunciaré ahora
sobre ellas.




El señor PRESIDENTE: Don Luis Pérez Segura, tiene la palabra.




El señor PÉREZ SEGURA: Con la brevedad que corresponde a esta
intervención, me referiré a las enmiendas que presenta mi grupo al
programa 134.A de cooperación para el desarrollo, no sin antes volver
a decir lo que ya en su día dijimos desde mi grupo al secretario de
Estado de Cooperación y que él refrendó, puesto que los números
avalan nuestra postura, y es que la contribución de los españoles
o del Gobierno, más bien del Gobierno, a la cooperación para el
desarrollo disminuye este año en relación al año anterior. Por esto
nos vemos no tan sólo obligados, sino además voluntariamente, a
emitir una serie de enmiendas para poner en la senda de la
consecución del 0,35 por ciento del producto interior bruto a nuestro
país, lo que ya está consensuado y aprobado por todos los grupos
unánimemente en la comisión correspondiente. En este sentido, hubo un
momento que pedimos explicaciones, sobre las cuales se titubeó por
parte de los representantes del Ministerio porque no sabían
exactamente a qué correspondía el concepto 484.A del programa 134 en
la secretaría de Estado, no en la Agencia. En ese momento se nos dijo
que correspondía esta partida a fundaciones de partidos políticos.

Por lo tanto, se abría una nueva partida en la Secretaría de Estado
para labores de cooperación para el desarrollo que no se encontraba
dentro del claustro de la Agencia. Por consiguiente, si este es el
destino de estos fondos, es correcto que el concepto sea el que se
nos anunció a las fundaciones dependientes de partidos políticos con
representación parlamentaria de ámbito nacional para sus tareas de
cooperación para el desarrollo, creando un nuevo concepto, el 486, a
estos efectos. Este es el contenido, que ya se ha anunciado
previamente, de nuestra enmienda 1666. Sabemos que otros grupos se
han visto agraciados con la colaboración del grupo que da apoyo al
Gobierno, pero también mi grupo en esta misma intención tendría que
lograr la votación positiva de los otros grupos de esta Comisión.

Yendo ya mucho más directamente a aquellas partidas que corresponden
a la Agencia Española de Cooperación Internacional, me ceñiré a tres
de ellas, en concreto la enmineda 1667, que viene a incrementar el
concepto de subvenciones a organizaciones no gubernamentales en 4.075
millones de pesetas. Hay un ligero incremento en relación a la
dotación anterior, pero pensamos que este crédito debería alcanzar la
cifra total de 13.000 millones de pesetas al objeto de atender
adecuadamente los compromisos en materia de cooperación para el
desarrollo. En relación a los agentes sociales, a las organizaciones
no gubernamentales que operan, creo que se podía establecer un
consenso bastante generalizado en el sentido de que las
organizaciones no gubernamentales, otras instituciones públicas de
origen más local, son las que han impulsado no exactamente los
recursos disponibles, pero sí la conciencia real de la necesidad
ética de la cooperación para el desarrollo y, por ello, establecemos
este aumento. Porque si no se
produjese no podríamos llegar al horizonte previsto para el año 2000,
el 0,30 del PIB, y por supuesto, no estaríamos en la senda de
consecución del 0,35 por ciento del producto interior bruto previsto
para el año 2002. Sin duda la coordinadora de organizaciones no
gubernamentales es un interlocutor importantísimo para todos
nosotros. Hay una propuesta en nuestra enmienda 1.668 para la
aportación de una ayuda para su funcionamiento del orden de 20
millones de pesetas, que no dudo será compartida por todos los
grupos.

Hay otra enmienda, la 1669, que pretende incrementar en 5.070
millones de pesetas la partida de ayuda de emergencia
y rehabilitación. Se propone una dotación final de 6.000 millones,
incorporando los 5.070 millones que propone nuestra enmienda, para
poder hacer frente a las necesidades existentes sin que ello vaya en
detrimento de los fondos destinados a otros programas y proyectos que
hemos visto ya tan laminados. Asimismo proponemos modificar la
denominación de esta partida, ayuda de emergencia y rehabilitación,
con el objetivo de incorporar las acciones de rehabilitación en este
tipo de programas, haciendo posible la continuidad de las actuaciones
de emergencia con objetivos de desarrollo, no tan solo inmediato,
sino a medio y largo plazo, de conformidad todo ello con lo previsto
y con el espíritu que emana de la Ley de cooperación.

Y sin más enmiendas que defender, señor presidente, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Quiero defender, en primer lugar, la enmienda
a la totalidad que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
ha presentado a la sección 12, Asuntos Exteriores, por cuanto los
objetivos políticos que plantean, como no podía ser de otra forma, y
las principales líneas económicas que recoge no obedecen a los
criterios y presupuestos que mi grupo desearía que estuviesen
contemplados en esta sección. Cuando decimos que estos presupuestos o
aquellos otros son continuistas, referidos a esta sección habría que
aplicar el adjetivo de miméticos. La política exterior del Gobierno
no se ha modificado un ápice, ya fue criticada en detalle por parte
de mi grupo en los presupuestos anteriores y, por lo tanto, no es de
extrañar que en estos momentos nos encontremos con serias y profundas
discrepancias de las líneas políticas que incorpora este Ministerio.

Analizando sectorialmente las distintas calificaciones que contiene
este presupuesto, nos encontramos con que el Gobierno sigue
planteando unas relaciones con Europa Central y Europa del Este en
las que la condición casi inexcusable es la incorporación de estos
países a nuestras propias alianzas militares, a la aplicación de
modelos económicos que van a provocar una grave distorsión económica
en las principales fuentes y medios de producción y no se tienen en
cuenta las peculiaridades de estos países. El Gobierno poco puede
presentar ante la Cámara en cuanto éxitos en ámbitos que son muchos
más próximos y que se suponen más de consenso, como puede ser la
Unión Europea. Por ejemplo, una de las cuestiones que más nos
preocupa en el seno de la Unión Europea es el asunto de Gibraltar.




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Quiero subrayar los pocos éxitos que el Gobierno nos puede presentar
y nuestra crítica se centra en que seguimos sin tener una estrategia
para alcanzar los objetivos que todos nos planteamos en el corto o en
el medio plazo y ni siquiera en el ámbito de la Unión Europea, donde
pretendemos la erradicación de cualquier tipo de ilícitos que se
puedan cometer en el territorio de la Unión Europea. Eso, que tanto
afecta a España, todavía no se puede decir que se haya conseguido, ni
siquiera a pequeña escala. ¿Qué decir de la política seguida por
España en el conflicto de los Balcanes, donde de nuevo nos hemos
encontrado participando directamente en acciones militares cuando
España ha estado totalmente marginada en todos los procesos políticos
previos al conflicto e incluso marginada en el proceso de solución
política del conflicto una vez aplicada la terapia militar?
Nuestras relaciones con Estados Unidos se basan en principios de
exclusiva supeditación a los intereses geoestratégicos
norteamericanos, cuando estamos hablando de un país que no puede
enorgullecerse de abanderar las principales propuestas mundiales que
se están planteando en los distintos foros sobre los distintos
asuntos para intentar mejorar lo que se supone que es nuestro nuevo
orden mundial, nuestro foro de convivencia, que es este mundo;
estamos hablando de un país que está boicoteando permanentemente la
viabilidad de la propia Organización de Naciones Unidas, que está
dejando de lado la posibilidad de incorporar un tribunal penal
internacional que pueda perseguir los crímenes deleznables, los
crímenes contra la humanidad; estamos hablando de un país que tampoco
es una vanguardia en cuanto a su capacidad para poder solucionar
pacíficamente los conflictos del mundo. Ése, Estados Unidos, es uno
de los principales aliados y uno de los principales países que marcan
la estrategia de la política exterior española.

Otro de los elementos centrales de la política exterior española es
Iberoamérica. En Iberoamérica el Gobierno del Partido Popular ha
llegado a tener una miopía política sin precedentes al incidir
específicamente en un solo país de Iberoamérica para exigir lo que se
supone que debe ser una política que debe priorizar el conjunto de
nuestras relaciones con Iberoamérica: la consolidación de la
democracia y los derechos humanos, grandes palabras que pierden
eficacia y sentido cuando toda esa fuerza de la acción diplomática,
de la acción exterior del Gobierno y de la acción parlamentaria del
Partido Popular, se centra única y exclusivamente en un solo país de
Iberoamérica. Yo quisiera llamar la atención sobre la subjetividad
del Partido Popular y estamos dispuestos a analizar, país por país,
todos los elementos relacionados con la consolidación democrática y
los derechos humanos. Entonces sería cuando el Partido Popular y el
Gobierno, en su acción exterior relacionada con Iberoamérica,
ganarían credibilidad, sobre todo si queremos defender esos dos
grandes principios: la democracia y los derechos humanos, principios
consustanciales uno con otro. Desde luego, en este aspecto, el
Gobierno tendría que ir con la cabeza un poco más gacha.

El otro gran elemento de discrepancia con la acción exterior del
Gobierno hace referencia a lo que se denomina la paz y el orden
mundial. Estamos atravesando una época en la que deberían primar otro
tipo de cuestiones. Después
de 10 años de acabada la guerra fría nos deberíamos encontrar en un
mundo en el que los conflictos se situaran en una marginalidad
importante; sin embargo, y después de transcurridos esos 10 años, se
han desarrollado más conflictos, han sido mucho más graves y, desde
luego, han producido importantes desestabilizaciones políticas. Por
tanto, el papel que debe jugar España en esa acción exterior
relacionada con la paz y el orden mundial debería ser abanderar una
cultura por la paz, que es la cultura opuesta a la que está
desarrollando actualmente el Gobierno de comprensión de cualquier
acción militar que encabecen Estados Unidos o la OTAN. Llamo la
atención sobre la necesidad de fortalecer la principal organización
multinacional que debe protagonizar la resolución de los conflictos
internacionales: Naciones Unidas; una Organización de Naciones Unidas
fuerte, democrática, autónoma en sus decisiones. Y no sólo reclamamos
al Gobierno que lo diga -el Gobierno es capaz de decir y asumir casi
cualquier discurso-, lo que le exigimos son realidades; mientras eso
no se dé, nosotros seguiremos criticando la acción exterior del
Gobierno en todos estos aspectos. El Gobierno no es partidario de un
modelo de seguridad y defensa europeo, no cree en la autonomía y no
sé si en la responsabilidad de la Unión Europea por mantener un
criterio autónomo en aspectos tan importantes como estos de la
seguridad y la defensa, sobre todo cuando se están originando
conflictos tan importantes en el marco regional de la Unión Europea.

Voy a pasar rápidamente al apartado de cooperación para el
desarrollo, en el que encontramos dos defectos fundamentales: la
cantidad y la calidad; la cantidad relacionada con los importes
consignados en las distintas partidas y la calidad entendida por los
elementos que deberían estar incorporados en la ley para la acción
del Gobierno y que no se están cumpliendo. Estamos hablando de que no
se ha conseguido aprobar en el tiempo debido la directriz sobre la
que se tenía que sustentar el presupuesto de cooperación para el
desarrollo, o sea el Plan director de cooperación; es una disidencia
que hay en el Gobierno entre los ministerios de Economía y Asuntos
Exteriores, que justamente va a padecer la cooperación española. Al
no haber plan director, se han hecho unos presupuestos que en algunas
de sus partidas tienen una gran carencia, que es la falta de
adecuación a los principios que emanan de la Ley de cooperación, como
diré al hablar de algunas de las enmiendas parciales que hemos
incorporado. Entendemos que en la cantidad el Gobierno incumple
compromisos políticos y sociales adquiridos tanto en el Parlamento
como con las organizaciones sociales no gubernamentales y que, desde
luego, hay una gran contradicción en la intención de conseguir una
media de aportación similar a la de los países de la Unión Europea,
que pretenden alcanzar el 0,35 para el año 2002, lo que supondría que
los presupuestos del Ministerio para estos asuntos deberían haber
sido significativamente aumentados.

Seguimos manteniendo un instrumento de cooperación reembolsable como
son los FAD, que en la aplicación que hace el Gobierno no están
consiguiendo el principio importante y fundamental de la cooperación
que es la erradicación de la pobreza, sino que están aumentando el
endeudamiento de los países que están recibiendo estos créditos. Por
ello, muy lejos de estar en la dinámica y en el discurso de la
condonación de la deuda, nos encontramos con que



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en España no hay una apuesta clara, no en el discurso, sino en los
presupuestos, para avanzar en el camino de la condonación de la deuda
a los países del Tercer Mundo. Aeste respecto, sólo voy a resaltar
algunas de las enmiendas más importantes que hemos presentado. Hemos
incorporado una enmienda para que se cree una partida de condonación
de deuda por valor de 30.000 millones de pesetas; queremos aumentar
en 2.000 millones de pesetas las subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales; queremos aumentar 22.000 millones de pesetas, como
crédito ampliable, para la ejecución de proyectos y programas de
cooperación, así como 6.000 millones de pesetas para ayuda de
emergencia, y sobre todo introducimos una filosofía en los
presupuestos de cooperación que incorpora el principio que emana de
la Ley de cooperación al que se tienen que adaptar. No puede haber
unas propuestas de modificaciones de artículos que vienen en la ley
de acompañamiento del proyecto de ley de presupuestos que no tengan
en cuenta esos principios. La Ley de cooperación se aprobó para regir
las acciones del Gobierno en este campo, y por lo tanto nosotros
hacemos hincapié en ello. La reducción más importante en este campo
es de 40.000 millones de pesetas en los créditos FAD, que viene
recogida en el artículo 56, Fondo de Ayuda al Desarrollo, que no sólo
supone una reducción en cuanto a los principios políticos que rigen
nuestro discurso sobre estos créditos, sino que además es acorde con
el gasto que el Gobierno viene haciendo de estos créditos, que nunca
ha liquidado por encima de esa cantidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, defenderé la enmienda
445, de Iniciativa per CatalunyaVerds, ya que me parece que no hay
ninguna más del Grupo Mixto. Se trata de una enmienda de adición, de
15.000 millones de pesetas en el programa 134.A para subvenciones
a organizaciones no gubernamentales, todo ello para que haya una
atención mejor y más adecuada para los compromisos en materia de
ayuda oficial al desarrollo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Las enmiendas que nosotros hemos presentado
han sido incorporadas al informe y por lo tanto señalaré la posición
respecto de las de los demás grupos. Hay dos enmiendas a la
totalidad, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, explicada
con prolijidad y con un poco de confusión, en la que se discuten los
objetivos de la política exterior del Gobierno. Si no están de
acuerdo con los objetivos de la política exterior del Gobierno, poco
podemos hacer al respecto, salvo rechazar su enmienda a la totalidad.

Sin embargo, hay una cosa curiosa porque en esa explicación que
Izquierda Unida da a su enmienda a la totalidad consideran un
elemento de crítica al Gobierno que este no sea partidario de un
modelo de seguridad y defensa europeo, y luego, a renglón seguido, se
presenta una enmieda, la número 811, en la que se propone rebajar la
cuota a la Unión Europea Occidental dejándola sólo en 209.000
pesetas. Ya me dirán qué política europea
de seguridad y de defensa se puede hacer con 209.000 pesetas. De
todas maneras, es es un procedimiento sistemático de Izquierda Unida,
que consiste en proponer que España no pague las cuotas o que en los
presupuestos no figuren las cantidades para pagar las cuotas de los
organismos internacionales de los que somos miembros y en los que
tenemos compromisos también financieros, con lo cual la propuesta de
enmienda a la totalidad de Izquierda Unida se ve complementada por
una propuesta global de que España se convierta en un país moroso que
deje de pagar sus cuotas, entre ellas, por supuesto, la de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y la del acuerdo de
Schengen, que algo tiene que ver con Europa y con la política
europea. Sobre una enmienda a la totalidad en esos términos poco
podemos decir.

Es curioso que la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista no
contenga explicación ninguna, salvo una pequeña frase en la que se
dice que se rechazan estos presupuestos por inadecuación de los
objetivos -sería a los objetivos- de la política exterior de España,
con lo cual quieren decir que el Grupo Socialista está de acuerdo con
los objetivos de la política exterior de España y que está de acuerdo
con los objetivos de la política exterior de España del Gobierno del
Partido Popular, del Gobierno de José María Aznar, lo cual es muy de
agradecer. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con ese rechazo a
la totalidad de la sección 12, por una razón muy sencilla, como ya
explicaron los secretarios de Estado y el subsecretario en su
comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, porque el
presupuesto no financiero de la sección 12, quitando unas deudas que
se arrastraban en el pasado del Centro de Estudios de Investigación
Nuclear de Ginebra, aumenta en cifras reales en un 7,37 por ciento y
no en un 0,18 por ciento, como sigue sosteniendo, con escaso éxito,
el señor Estrella. Es verdad que existe un aumento generalizado en
todas las partidas muy por encima de la inflación prevista, lo cual
hace que, repito, efectivamente el presupuesto no financiero de esta
sección esté en un 7,37 por ciento.

Por lo que se refiere a las enmiendas más importantes que se han
presentado, señalaré que en un presupuesto de 140.000 millones, como
es el de Asuntos Exteriores, proponer un aumento de 20.000 millones
para cuotas voluntarias a organismos internacionales, cuando el año
pasado se pagaron 2.300 millones y este año se han presupuestado
3.100 millones, no deja de ser realmente un brindis al sol, porque
pasar de 3.100 a 20.000 millones, además teniendo en cuenta que el
gasto en cuotas obligatorias es de 35.000 millones, transformaría
nuestro país de un día para otro en uno de los principales, más
alegres y dispendiosos contribuyentes internacionales, recordando,
por cierto, ante esa falta de diseño de política exterior que el
portavoz del Grupo Socialista ve reflejada en estas cuotas
voluntarias, que el 80 o el 90 por ciento de esa cantidad total se
destina a cuatro organismos internacionales, que sí definen un cierto
diseño de política exterior. Uno es el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, otro es Unicef, otro es la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados y otro es la Agencia para la
Reconstrucción de Palestina. Todo lo demás son cifras mucho menores,
pero yo creo que no se puede afirmar que se carezca de un diseño de
política exterior.




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Se han mencionado temas muy distintos. En cualquier caso, parece
razonable decir que cuando se redacta una enmienda lo menos que se
puede hacer es redactarla técnicamente bien. Probablemente muchas
veces sea imposible concretar los sitios de donde se saca el dinero,
y lo fácil recurrir a la sección 31, pero cuando por ejemplo se pide
dotar presupuestariamente la financiación de la sede permanente de la
cumbre de países iberoamericanos lo primero que hay que decir es que
esa sede permanente no existe; lo único que existe es una propuesta,
adoptada en la cumbre iberoamericana de Oporto, para crear una
secretaría de cooperación iberoamericana, de carácter permanente, que
se ocupe del seguimiento de los programas de cooperación aprobados en
el seno de la cumbre iberoamericana. Esa secretaría seria un órgano
muy pequeño, Estamos hablando de un máximo de cuatro o cinco
personas, para los que lo 500 millones que propone el Grupo
Socialista son claramente excesivos. En cualquier caso, esa decisión
se ha de tomar en la cumbre de La Habana por todos los países
iberoamericanos. España ha presentado su candidatura como país. Es
evidente que el coste de cuatro o cinco personas en una oficina puede
ser financiado con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio de
Asuntos Exteriores, de la Agencia Española de Cooperación en este
caso, y no se conoce que exista ninguna sede permanente de la cumbre,
pues las cumbres hasta ahora han sido rotatorias, ni se conoce
ninguna propuesta de ningún país para convertir en permanente la sede
de esta cumbre, es decir, estamos hablando de dos cosas distintas.

Voy a terminar señalando que en este último presupuesto de la
legislatura se recoge el enorme esfuerzo que ha hecho el Ministerio
de Asuntos Exteriores no sólo para arreglar problemas antiguos, y que
no habían sido solucionados, como aquella deuda que tenía el
Ministerio de Asuntos Exteriores con el Tesoro y que tuvo que ser
solventada con la concesión de un crédito extraordinario, por cierto
aprobado por todos los grupos de la Cámara, en el año 1998. A partir
de la solución de esos problemas, como por ejemplo la deuda con el
Centro de Investigación Nuclear de Ginebra, y a partir del aumento
generalizado en todas las partidas de la sección 12, tenemos que
afirmar que tenemos unos presupuestos no solamente más sanos, sino
mejores, con mayores recursos de los que ha habido en el pasado, sin
duda mejorables, como todos los presupuestos en este país, pero desde
luego mejores, más sanos, más consolidados y con un mejor sistema de
control y de gasto del que hubo en el pasado; Esto es bueno
reconocerlo en este momento y si además resulta que el principal
grupo de la oposición considera que participa de los objetivos de la
política exterior de España, lo único que me queda pedirle es su voto
favorable y la retirada de la enmienda a la totalidad. (El señor
Estrella Pedrola pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, no está previsto que se reabran
debates. Le doy un minuto.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Treinta segundos, señor presidente.




El señor Robles, que lee casi tanto como su padre, aunque quizás no
con el mismo provecho, efectivamente se ha
dado cuenta de una errata que existe en la enmienda 1670. Donde dice
sede permanente de la cumbre, como ya ha he manifestado en mi
intervención, debe decir sede del secretariado permanente de las
cumbres de países iberoamericanos.




El señor PRESIDENTE: Corregido este error...




El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, es que sigue sin existir
semejante secretariado permanente de las cumbres. Estamos hablando de
una secretaría de cooperación iberoamericana, que es otra cosa; así
que, si quiere que se entienda, que lo ponga bien, pero en cualquier
caso su enmienda no la vamos a votar favorablemente.




El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, cerramos Sec. aquí el debate
de la sección número 12 y pasamos a la sección 13



13, Ministerio de Justicia, a la que se han presentado enmiendas por
parte de los grupos Socialista, Izquierda Unida y Mixto.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas tardes, señorías. Con la
brevedad que exige este trámite, voy a plantear esquemáticamente la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en lo que se refiere a
sus enmiendas a la sección 13, Ministerio de Justicia.

Hemos planteado una enmienda a la totalidad de devolución de la
propia sección 13 y otra enmienda de devolución al programa 142.A,
del Ministerio de Justicia, tribunales de Justicia y ministerio
fiscal, que prácticamente constituye el 90 por ciento del total de la
sección 13. El debate político no lo vamos a desarrollar con amplitud
en este trámite sino en el Pleno. Simplemente he de indicar que damos
por reproducidos los argumentos amplios de la enmienda de totalidad y
de devolución al programa 142.A, afirmando tan sólo como pinceladas
que este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 en el ámbito de la justicia resulta manifiestamente
insuficiente para hacer frente a las necesidades prioritarias que
demanda una adecuada prestación de este importante servicio público.

El Partido Popular sigue sin apostar por el necesario pacto de Estado
para la justicia y, muy al contrario, pretende aplicar una Ley de
Enjuiciamiento Civil que lleva camino de nacer gravemente mutilada y
sin consenso. El presupuesto no cumple con las exigencias y
necesidades recogidas en el Libro Blanco de la justicia elaborado por
el Consejo General del Poder Judicial, y además de carecer de
recursos para la pretendida aplicación de la mutilada Ley de
Enjuiciamiento Civil, tampoco tiene las consignaciones necesarias
para la creación de los órganos jurisdiccionales precisos ni para la
aplicación de la Ley penal del menor ni para la implantación de los
juicios rápidos ni para la modernización de la oficina judicial ni
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adecuada
aplicación del vigente Código Penal ni para la creación de los
juzgados de Vigilancia Penitenciaria ni de las oficinas de atención a
las víctimas de malos tratos, etcétera, etcétera.




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Presentamos, señorías, una enmienda amplia al programa 142.A por
valor de 12.875 millones, dejando claro que estos incrementos, ni
siquiera cubren las necesidades y las prioridades que debe tener este
servicio público y que sería, siendo realistas, un incremento mínimo
imprescindible para ir dotando a este servicio público de cara a esas
prioridades y a esas necesidades más urgentes que debieran tener
continuidad en ejercicios sucesivos. Damos por reproducido, en aras a
la brevedad, el contenido de esta amplia enmienda, que modifica en
3.750 millones el capítulo 1, de gastos de personal; en 1.700
millones el capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios;
en 1.425 millones el capítulo 4, de transferencias corrientes, y en
6.000 millones el capítulo 6, de inversiones reales, insistiendo en
que esto sería un primer paso para que en incrementos sucesivos y
paulatinos en los siguientes ejercicios las dotaciones cubrieran al
menos el mínimo indispensable para la adecuada prestación de tan
importante servicio público.

La enmienda 1674 se refiere al programa 313.F, de prestación social
sustitutoria de objetores de conciencia, y solicitamos la aprobación
de 3.500 millones de pesetas como incremento del haber en mano de
objetores de conciencia que cumplan la prestación social
sustitutoria. En la misma línea van 150 millones de pesetas para los
conciertos de corporaciones locales para la prestación social
sustitutoria de objetores de conciencia, enmienda 1675.

Finalmente, en cuanto a las enmiendas del resto de los grupos,
manifestamos que casi en su totalidad, -salvo en la 521 y 522 del
Grupo Mixto, en que nos vamos a abstener- vamos a votar a favor de
las enmiendas del Grupo Mixto y del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: No con carácter de enmienda, sino
de sugerencia, creemos que sería bueno considerar de ahora en
adelante en la confección de los presupuestos que la sección 13
pasara a ser la de Defensa y la 14 la de Justicia, porque de esta
manera al número 13, tan fatídico, no le correspondería este servicio
público y le correspondería, con mucha más adecuación, a un
Ministerio que obviamente viene predeterminado no precisamente por la
búsqueda de la equidad, con lo cual a lo mejor acabaríamos a lo largo
de este período con el mal FATUM que cae siempre sobre el Ministerio
que ahora nos ocupa. No pasa de ser una sugerencia de carácter
contable, pero que encierra el contenido de la queja acerca de esta
sección 13 del Ministerio de Justicia.

En este trámite del rito es lógico que demos por reproducido lo que
ya dijimos cuando sostuvimos nuestra enmienda a la totalidad y que no
aumentemos la versión de nuestras argumentaciones sabiendo que queda
un tercer trámite ante el Pleno para el cual habrá que reservarse
alguna argumentación de carácter político. Pero aun así, sí
querríamos dejar una vez más constancia de la absoluta incoherencia
que tiene el haber estado a lo largo de toda una legislatura, y
estamos acabándola ya, señor presidente, hablando de la necesidad de
un pacto sobre la justicia y
habiendo asistido sistemáticamente a la queja de todos los sectores
afectados por el servicio público de la justicia, que van desde el
justiciable, que se expresa generalmente en convocatorias promovidas
por asociaciones relacionadas con el mundo del derecho, y continuando
con las asociaciones profesionales. En fin, se puede decir que si hay
algo unánime en este país, es la queja reiterada del contribuyente
y de todos los que participan en este servicio público acerca de su
pésimo funcionamiento. Esto significa que es insostenible que se
pueda presentar un presupuesto tan absolutamente continuista y además
tan absolutamente contradictorio incluso con alguna de las no
ocultables tentativas de mejora que han podido suponer tanto la Ley
de lo contencioso, pasando por la Ley de Enjuiciamiento Civil,
continuando por la Ley penal del menor y la, lamentablemente no vera
la luz, ley del proceso en materia de vigilancia penitenciaria. Con
todo este panorama de leyes con las cuales se dice que se quiere
contribuir, nos hubiera gustado ver un mínimo esfuerzo presupuestario
para atender estas necesidades, pero sinceramente el presupuesto
sigue siendo exactamente el mismo.

Se nos puede decir que, evidentemente, los bienes públicos son
escasos y que no se pueden hacer milagros, pero, de todas maneras, se
lo decimos con todo el respeto y el afecto que le tenemos al portavoz
del Grupo Popular en esta materia, tienen ustedes una ocasión hoy,
por ejemplo, con tener el minimum de sentido común y eliminando todo
lo que se refiere a la prestación social sustitutoria, que saben
ustedes que, pura y sencillamente, no es más que la colocación de un
conjunto de ciudadanos en la más absoluta pérdida de tiempo y el
mantenimiento de una legislación que día a día tienen ustedes que
estar revisando. Ya han revisado la figura penal del insumiso en
cuanto a la privación de libertad, ya la han dejado ustedes
simplemente en un proscrito para el derecho al trabajo, la van a
tener que acabar eliminando. Sólo con el dinero que se emplea en
mantener algo tan absurdo e inconstitucional como puede ser la
prestación social sustitutoria y como puede ser el querer obligar a
hacer un servicio militar, del que ya todo el mundo dice que va a
durar cuatro días, sólo con eso daríamos al Ministerio de Justicia un
cierto avance. Yo se lo sugiero porque a lo mejor, en base a esta
consideración, tiene usted la suerte de aceptar que desaparezca
semejante excentricidad y ese dinero dedicarlo a cosas bastante más
necesarias y útiles, con lo cual, a lo mejor, hubiera variado nuestra
posición en cuanto a la enmienda a la totalidad. La enmienda a la
totalidad no necesita de grandes esfuerzos demostrativos; basta con
asomarse a lo que dice la opinión pública cada vez que se somete a su
consideración una valoración del servicio público de la justicia para
ver que este presupuesto no es coherente con esa necesidad que
alienta en el ánimo de todos los ciudadanos.

Después, desde la enmienda 822 hasta la número 834, figura un
conjunto de peticiones concretas respecto a determinados órganos de
la Administración de justicia, que son aquellas que, para no resultar
exhaustivos y en modo alguno entorpecer la tramitación de este
proyecto, hemos escogido como más perentorias y muchas de las cuales
estaban también en nuestras enmiendas del pasado año, y se tienen que
seguir repitiendo sistemáticamente porque han sido objeto del más
absoluto de los desprecios. Nosotros cumplimos



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con nuestra obligación volviendo a mantenerlas. Pedimos a la
Presidencia que las tenga todas ellas por justificadas en sus propios
términos, porque es difícil encontrar un discurso brillante para
justificar la mejora de un edificio judicial, a tal extremo de
imaginación literariojurídica no podemos llegar, a no ser que
perdiéramos aquí el tiempo en explicar cómo están pura y
sencillamente sus estructuras arquitectónicas y lo inhabitable del
mismo. Por tanto, las damos por defendidas.

En lo que se refiere a las enmiendas de otros grupos parlamentarios,
vamos a votar favorablemente las enmiendas 1671, 1672 y 1673, del
Grupo Socialista. Coherentemente entenderá don Julio que no podamos
votar las enmiendas 1674 y 1675, porque siguen ustedes incidiendo en
la existencia de esa figura de los objetores de conciencia. También
vamos a votar favorablemente todas las enmiendas del Grupo Mixto, a
excepción de la 521, porque esa fundamentación de la justicia en el
mundo, sinceramente -a nuestro juicio y con todo respeto-, no es muy
merecedora de muchas clases de subvenciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente, para
decir que doy por defendidas las enmiendas presentadas por los
señores López Garrido y Chiquillo Barber.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Bueso.




El señor BUESO ZAERA: En lo que respecta a las enmiendas a la
totalidad, concretamente a la 1671 del Grupo Socialista, 821, de
Izquierda Unida, y 517 de Nueva Izquierda, Grupo Mixto, tengo que
decir lo siguiente. Los créditos que figuran en el proyecto de
presupuestos para el año 2000 para el conjunto de esta sección los
consideramos adecuados para el cumplimiento de los objetivos
programados por el Gobierno, de acuerdo con la escala de prioridades
definida por el Ministerio de Justicia, en el contexto de austeridad
presupuestaria exigida por la coyuntura económica del país y la
irrenunciable convergencia con Europa.

La enmienda del Grupo Socialista no propone alternativa alguna
razonable para la asignación de los recursos y, en nuestra opinión,
utiliza argumentos erróneos e incompletos en su exposición. La
dotación global consignada en el proyecto asciende a 158.692 millones
de pesetas, cantidad que supone un incremento del 8,2 por ciento
sobre el presupuesto del año anterior, una vez deducidas las
transferencias de medios personales y materiales al servicio de la
Administración de justicia realizadas con destino a distintas
comunidades autónomas, lo cual demuestra un esfuerzo considerable muy
superior al crecimiento del PIB para elaño 2000, estimado en un 3,7
por ciento. Ello permitirá, entre otras cosas, dar cobertura a 119
nuevos juzgados, entre los que se incluyen 10 juzgados de lo Penal,
que irán entrando en funcionamiento a lo largo del ejercicio,
ajustándose a los planes diseñados por el Ministerio de Justicia, en
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial
y en línea con las directrices expuestas en el Libro Blanco de la
justicia.

Por otra parte, la consolidación de las dotaciones para altos cargos
es consecuencia directa de la Ley Orgánica 5/1997, de reforma de la
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en la que se prevé que las
remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo se
establecerán en cuantía similar a las de otros altos órganos
constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus funciones. La
dotación para el personal sustituto obedece al plan de refuerzos para
reducir el gran número de recursos pendientes de resolución.




También he de decir que rechazamos la enmienda del Grupo Socialista
porque, en nuestra opinión, lo mismo que las otras dos enmiendas de
devolución a esta sección, no se corresponde con la realidad de los
hechos. El presupuesto del año 2000 no sólo supone la consolidación
del esfuerzo histórico en medios personales y materiales que fueron
los presupuestos de los años 1998 y 1999, sino que, además, continúa
con la política de mejora de los medios personales y materiales al
servicio de la Administración de justicia y del resto de los
programas presupuestarios competencia de ese departamento. La
creación de nuevos órganos judiciales en todas las jurisdicciones,
especialmente en la contencioso- administrativa y la civil, asegura
la eficacia en la aplicación de las leyes respectivas.

Por lo que se refiere a la Ley penal del menor, existen dotaciones
suficientes para incrementar el número de juzgados de menores como
coste principal que asumirá el departamento de Justicia, puesto que
el resto de las competencias de esta ley, cuando esté aprobada, será
a cargo de las comunidades autónomas y de instituciones
penitenciarias, red de asistencia e integración social y centros de
internamiento, aparte de que la ley entrará en vigor en su momento y
por supuesto no durante la vigencia de estos presupuestos generales
para el año 2000.

También tengo que decir al señor Villarrubia en relación a las
manifestaciones que ha hecho sobre el pacto de Estado que, como ya se
le dijo en su día, entendemos, respecto a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo
Parlamentario Popular han dado muestras sobradas de lo que debe ser
el consenso, de lo que debe ser el acercamiento, de lo que debe ser
la aceptación de enmiendas -porque se ha aceptado un gran número, no
solamente del Grupo Socialista sino también de otros grupos- y de lo
que debe ser integrar esas enmiendas en un mismo proyecto. De acuerdo
que eso no es un pacto de Estado, pero creo que por algo se empieza,
y me parece que no es una mala cosa para la Ley de Enjuiciamiento
Civil, independientemente de que por otra serie de cuestiones,
después de la votación que se hizo en su día sobre esta ley y sobre
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, saliese el
resultado que salió. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el
proyecto, un proyecto que ha sido enaltecido -y la práctica lo dirá
en su momento- por la inmensa mayoría de los colectivos,
independientemente de que haya tenido muchas críticas, que las ha
tenido. Sin embargo, todos sabemos que muchos hicieron esas críticas
precisamente en un momento en el que ya se habían hecho reformas en
esta Cámara, no solamente en ponencia sino en Comisión, hablando de
cosas que figuraban en



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los anteproyectos y en lo que luego fueron los proyectos; no
estuvieron a la altura de las circunstancias a lo largo de la
tramitación de muchas de las reformas que se habían hecho y estaban
hablando de lo que estaba escrito, negro sobre blanco, sobre
cuestiones que se habían superado ya en los trámites tanto de
ponencia como de Comisión. Creo que eso está asumido por todos o por
lo menos por la mayoría de los ponentes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en absoluto desdibuja la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, independientemente de que el resultado fuese luego el que fue.

Me remito a lo que consta en la ponencia y en el «Diario de Sesiones»
para saber si esa ley ha sido el resultado del esfuerzo de todos o de
unos pocos. Creo que ha sido un esfuerzo de todos y que ha sido un
paso importante. Por supuesto, puede haber más pasos importantes
precisamente de cara a ese consenso y a ese pacto de Estado sobre
otras cuestiones importantísimas que están por venir, y que vendrán
como es lógico y natural, en la próxima legislatura.

En lo que respecta a lo que se dice sobre las necesidades en cuanto a
la ley de responsabilidad del menor, en nuestra opinión, se ha
aumentado muchísimo la dotación, más incluso que las de presupuestos
anteriores, relativa a plazas de jueces y magistrados y a nuevos
órganos jurisdiccionales. Eso es así de claro. Además, falta un año
para la entrada en vigor de la ley, por tanto de aplicación en el año
2001. Eso en cuanto a la ley penal del menor.

En cuanto a las partidas del capítulo 2, que la enmienda califica de
opacas, contienen exclusivamente el aumento de los costes en gastos
de limpieza y seguridad que derivan de las numerosas instalaciones de
los nuevos órganos judiciales creados desde el año 1996, que por su
número demandan gran cantidad de medios de este tipo.

En cuanto a los créditos para las oficinas de víctimas de malos
tratos, además de los conceptos genéricos con cargo a los cuales se
atiende al gasto dentro del programa 142.A, por primera vez se dota
una partida específica con 76.000 millones de pesetas, concepto 485,
para nuevas acciones de asistencia a las víctimas. Las asignaciones
para los coelgios de abogados y procuradores se actualizan en
términos de IPC, así como las asignaciones para los juzgados de paz,
cuyos costes se reducen como consecuencia de las agrupaciones, de las
que están previstas 120 nuevas. El resto de los programas de la
sección tienen incremento proporcional a sus necesidades, siendo
destacable el programa 146.A, registros vinculados con la fe pública,
cuyo aumento presupuestario, del 40,8 por ciento, deriva de la
próxima informatización de los registros civiles.

Rechazamos la enmienda de Izquierda Unida, porque sus argumentos, en
nuestra opinión, como ya he dicho, no se corresponden con la realidad
de los hechos, ya que el continuo incremento de medios personales y
materiales al servicio de la Administración de justicia comienza con
el presupuesto del año 1998, continúa y se consolida precisamente con
este presupuesto. Estos medios afectan a todas las jurisdicciones,
pero especialmente a la contenciosoadministrativa y a la civil por
ser las más necesitadas. Entendemos que son suficientes para la
aplicación de la nueva ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa, así como, tal y como he dicho anteriormente, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a los medios para la aplicación
del Código Penal de 1995, en estos años se han incrementado
notablemente las plantillas de las fiscalías, así como los medios
materiales informáticos de los mismas. Respecto a lo que se dice en
la enmienda de los Juzgados de Paz, los créditos para su
funcionamiento se han visto aumentado en proporción al IPC, pero
simultáneamente se han reducido sus costes como consecuencia de una
política de agrupaciones de Juzgados de Paz, que, por lo que se
refiere al próximo presupuesto, serán 120 nuevas agrupaciones.

Asimismo, las asignaciones para el turno de oficio y la asistencia
letrada al detenido tienen una actualización en el presupuesto. Son
datos totalmente comprobables. En relación con la enmienda de
devolución de Nueva Izquierda, repito los mismos argumentos.

En cuanto a las enmiendas parciales, y muy rápidamente, diré lo
siguiente. Las del Grupo Parlamentario Mixto, Unión Valenciana,
concretamente las números 10 y 11, que se refieren a algunas
inversiones en la Comunidad Valenciana, consideramos que carecen de
sentido al haber sido transferidas a la citada comunidad las
funciones y servicios de la Administración del Estado relacionados
con los medios materiales, económicos y personales al servicio de la
Administración de justicia, en virtud de una serie de reales decretos
de 1995 y 1996. En consecuencia, no procede admitirlas.

Las enmiendas números 518 y 519, del Grupo Parlamentario Mixto, Nueva
Izquierda, también las rechazamos. La primera se refiere a un
proyecto de ley cuyo coste fundamental deriva de una nueva
infraestructura para centros de internamiento de menores, que es
competencia del Ministerio de Interior, y de una red de asistencia
social para el aseguramiento e integración de menores delincuentes,
que es competencia de las comunidades autónomas, y la posible entrada
en vigor de la nueva ley sólo afectaría a este departamento en lo
referente a la creación de juzgados de menores que aumentase el
número de los actualmente existentes. En todo caso, con las
previsiones de creación de nuevos órganos judiciales para el próximo
año se aumentarían los destinados a la aplicación de esta ley y sería
conveniente determinar un plazo para que las comunidades autónomas
adaptasen sus medios a las exigencias de la ley.

La enmienda número 523, del Grupo Parlamentario Mixto, Nueva
Izquierda, propone la creación de un Juzgado de lo Social en Alcoy,
por importe de 50 millones de pesetas. La rechazamos porque, en el
supuesto de reunir las condiciones previstas en la Ley de demarcación
y de planta y crearse dicho órgano, en el presupuesto existe crédito
suficiente para asumir su coste. Asimismo rechazamos las enmiendas
números 519 y 520, del Grupo Parlamentario Mixto, Nueva Izquierda. La
primera, sobre acciones relacionadas con el plan contra la violencia
doméstica, por estimar que los costes de las oficinas de asistencia a
las víctimas, actualmente en funcionamiento en los juzgados y
tribunales, están suficientemente dotadas con cargo a los créditos
genéricos del programa 142.A y que el crédito específico del concepto
485 es suficiente para mejorar con nuevas acciones el funcionamiento
de estas oficinas, cuya actividad se completará con la desarrollada
por otros servicios de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos. En cuanto a la segunda, a la número 520, respecto del
crédito para subvención por gastos del Juzgado de Paz, porque



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entendemos suficiente el crédito del proyecto de presupuestos, cuyo
importe se actualiza en términos de IPC respecto del año anterior,
además de reducir los costes de funcionamiento de los Juzgados de
Paz, como he dicho anteriormente, por las agrupaciones de los 120
juzgados.

Rechazamos también la enmienda 521, del Grupo Mixto Nueva Izquierda,
que pretende suprimir el crédito correspondiente a la Fundación
Justicia en el Mundo. Nosotros creemos que este crédito es adecuado y
debe existir, porque es una fundación destinataria a nivel mundial,
como la categoría profesional de sus componentes. Esta fundación
acoge a la Unión Internacional de Magistrados, en la que se integran
nada más y nada menos que más de cien mil jueces de todo el mundo, y
es un órgano consultivo de las Naciones Unidas y asesor del Consejo
de Europa. El destino de la subvención es financiar el premio
internacional de la fundación y las reuniones del jurado.




El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, le ruego que vaya terminando,
porque ha superado en mucho los diez minutos.




El señor BUESO ZAERA: La enmienda 522, de Nueva Izquierda, del Grupo
Mixto, respecto a la futura aplicación de la Ley orgánica de la
responsabilidad penal del menor, la rechazamos por las razones a las
que he hecho referencia anteriormente.

La número 524, respecto a la creación de un Juzgado de Primera
Instancia en Castro Urdiales, la rechazamos, asimismo porque, en el
supuesto de reunir las condiciones previstas en la Ley de Demarcación
y Planta, ya existe crédito suficiente en el presupuesto.

Por lo que respecta a otras enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
no aceptamos la número 525, sobre los órganos jurisdiccionales en
Navarra, porque la competencia en materia de medios personales y
materiales para la Administración de justicia en esta comunidad fue
traspasada por los Reales Decretos 812 y 813, de 1999. Tampoco
admitimos la enmienda 822, de Izquierda Unida, que propone la reforma
de los Juzgados de lo Social de Teruel, mi provincia, por existir
créditos genéricos en el artículo 63, del programa 142.A, con crédito
suficiente para atender la reforma propuesta, una vez comprobada su
necesidad. La otra enmienda que se refiere a los Juzgados de Alcañíz,
también de Teruel, mi provincia, se rechaza por existir proyectos
genéricos de este anexo. Es más, esta obra se va a empezar
inmediatamente.

La enmienda 824, de Izquierda Unida, respecto del Juzgado de Familia
de Torrelavega, se rechaza, ya que en las previsiones de creación de
nuevos órganos judiciales con cargo al presupuesto 2000 existe
dotación presupuestaria suficiente. En cuanto a la enmienda 825,
sobre un plan de formación de fiscales especializados en violencia
doméstica, no podemos admitirla al estar previstos cursos específicos
sobre esta materia, tanto para fiscales como para otros cuerpos de la
Administración de justicia, a financiar con cargo al presupuesto del
Centro de Estudios Jurídicos. La enmienda 826, del mismo grupo,
respecto de los juzgados de Almería, se rechaza, ya que la
competencia en materia de medios materiales para la Administración de
justicia en Andalucía fue traspasada por Real Decreto 142/1997. La
enmienda 827, del mismo grupo, respecto a la lucha contra el
contrabando y el narcotráfico en el puerto de Algeciras, se rechaza
porque no es competencia del departamento de Justicia, -será del
Ministerio de Economía y Hacienda- si los destinatarios son los
funcionarios de Aduanas, o del Ministerio del Interior, si lo son las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco aceptamos la
número 828 respecto de los medios de la Fiscalía antidroga del Campo
de Gibraltar, también se rechaza, por entender que los medios de la
Fiscalía especial antidroga son suficientes y existe dotación
presupuestaria para atender cualquier demanda planteada. No admitimos
la enmienda 829, respecto de la creación de nuevas plazas de fiscales
para el Campo de Gibraltar, por las razones expuestas anteriormente.




La enmienda 830, del citado grupo, que propone la creación del tercer
Juzgado en Andújar y otras infraestructuras en Jaén, se rechaza, ya
que la competencia corresponde a la comunidad autónoma. Asimismo, la
número 831, respecto al palacio de Justicia de Murcia, también se
rechaza, pues las previsiones del departamento respecto al nuevo
edificio judicial de Murcia son las únicas realistas, a la vista de
las dificultades urbanísticas planteadas los últimos años, para
acometer una solución definitiva sobre la ejecución del edificio en
cuestión. En el inicio de este proyecto no existe ningún retraso, ya
que el presupuesto del año 1999 señalaba como anualidad inicial la
del 2000.

No podemos admitir la enmienda 832, sobre una serie de edificios
judiciales en Cartagena, Cieza, Mula y Jumilla, por las razones
dichas anteriormente, al existir en el presupuesto crédito
suficiente.

La enmienda 833, respecto de un nuevo juzgado en Yecla, también se
rechaza por existir crédito suficiente para atender las necesidades
de emplazamiento del nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
que está previsto crear en Yecla, con cargo al presupuesto 2000.

Tampoco aceptamos la número 834, sobre traductores e intérpretes del
Tribunal Superior de Justicia y Audiencia Provincial de Murcia, por
estar prevista la creación de nuevas plazas de traductores e
intérpretes con cargo al incremento de personal laboral, 130 plazas
concretamente, dotados en este presupuesto.




En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, número 1672 al
programa 142.A se rechaza porque los créditos previstos en el progrma
son suficientes para la mejora cuantitativa y cualitativa de los
medios personales y materiales al servicio de la justicia y por
actualizar los mismos en función de los numerosos cambios del
ordenamiento jurídico. Con este presupuesto se crean 119 nuevos
juzgados y 10 secciones de órganos colegiados, número suficiente para
una correcta aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su
caso, de la de la responsabilidad penal del menor. En el capítulo 2
los créditos consolidan el gran esfuerzo presupuestario de los años
anteriores y se incrementa en un 6 por ciento para los nuevos
órganos, siendo destacable las partidas destinadas a arrendamientos y
contratos de seguridad y limpieza. En el capítulo 4 se actualizan las
partidas para abogados y procuradores, así como la de los Juzgados de
Paz, como he dicho anteriormente. En el capítulo 6 se incrementan
notablemente las partidas para financiar importantes obras
plurianuales y reformar numerosos



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edificios en el territorio competencia del Ministerio de Justicia.

También se finalizará la informatización integral de las oficinas
judiciales con el programa Libra y se completará el de las fiscalías.

Por otra parte, rechazamos la enmienda 1673, del Grupo Socialista,
sobre los capítulos del programa por insuficiencia de dotaciones
previstas, -como dice la citada enmienda-, que pretende aumentar en
12.835 millones de pesetas la partida. Entendemos que los créditos
del proyecto se ajustan a las necesidades de funcionamiento de todos
los órganos judiciales existentes, así como a los 119 juzgados y 10
secciones que se crean para el año 2000. Asímismo, existe dotación
para aplicar, como he dicho antes, la Ley de Enjuiciamiento Civil y
la de responsabilidad penal del menor, en su caso. Tampoco admitimos
la número 1674, del mismo grupo, sobre el haber en mano de objetores
de conciencia por entender suficiente el crédito del proyecto, 1.380
millones, que ha sido minorado respecto al crédito anterior como
consecuencia de los convenios de colaboración en la gestión de la
objeción de conciencia suscritos con Galicia y Cataluña. En todo
caso, el importe de la enmienda no tiene relación alguna con la
realidad y el número de objetores que realizan la prestación.

Rechazamos la enmienda 1675, del Grupo Socialista, respecto a una
dotación de crédito para conciertos con corporaciones locales para la
prestación social sustitutoria de objetores de conciencia por
entender suficiente el crédito en el proyecto, 95 millones, que ha
sido minorado respecto al crédito anterior por las razones dichas en
la enmienda precedente.

Las restante enmiendas se rechazan también por las razones globales,
expresadas en su conjunto.




Sec. El señor PRESIDENTE: Terminado el debate correspondiente 14 a la
sección del Ministerio de Justicia, pasamos a debatir la sección
número 14 -salimos del número 13, señor Castellano- correspondiente
al Ministerio de Defensa.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don
Jordi Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: El presupuesto de Defensa de este año es un
presupuesto coherente y continuista con los anteriores. Los
argumentos que en años anteriores habíamos dado para presentar la
enmienda a la totalidad pueden reproducirse con carácter general.

Dado que la discusión de una enmienda a la totalidad es más adecuada
en el Pleno, excuso entrar en el fondo de esta enmienda. Únicamente
quiero hacer una consideración, como entrada, a las enmiendas
concretas que hemos presentado.

Decía que es un presupuesto continuista. Es lógico que lo sea en
cuanto que no ha habido cambio de ministro ni de política. Sin
embargo, no tendría por qué ser tan continuista porque la realidad va
variando. La finalidad del presupuesto del Ministerio de Defensa en
estos años ha sido la de garantizar el proceso de profesionalización
y de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Amedida que se va
realizando este proceso van apareciendo problemas nuevos y la
necesidad de dar respuestas nuevas, algo que los presupuestos de este
año no hacen ni en cuanto a la profesionalización ni a la
modernización. Para tratar de mejorar y
enmendar las respuestas a estas necesidades que sufre este proceso de
profesionalización y modernización, hemos presentado las enmiendas
que a continuación voy a defender. En primer lugar, hay un grupo
referidas al proceso de profesionalización que en este momento puede
encontrarse con un doble problema: por una parte, las dificultades
para encontrar suficientes candidatos para cubrir las plazas que van
a salir en el año 2000. La última convocatoria, la de este año 1999,
ha demostrado que solamente hay 1,2 aspirantes por cada plaza que
sale a concurso, lo cual dificulta que se pueda realizar una
selección e, incluso, que se puedan cubrir al cien por cien las
plazas. Aquí hay un primer problema que necesitaría una serie de
modificaciones profundas, que no pertenecen únicamente al ámbito
presupuestario y, por lo tanto, es difícil presentar enmiendas en
este sentido.

Sin embargo hay otro aspecto que podría, al menos parcialmente,
solucionarse con los presupuestos. Al tiempo que está disminuyendo la
cantidad de candidatos a las plazas de profesionales, nos vamos a
encontrar que, a medida que nos acercamos al año previsto de
supresión del servicio militar, va a ser más difícil, cada vez va a
haber más objetores de conciencia y podemos tener también problemas
para que haya suficientes soldados procedentes del servicio militar
obligatorio.

No voy a referirme aquí como argumento a la promesa del Grupo Popular
de que al acabar la legislatura todos los soldados cobrarían como
mínimo 30.000 pesetas. Sabemos que se nos va a responder que al
asumir la profesionalización ha cambiado el marco, y por lo tanto
este compromiso ya no tiene sentido. Sin embargo, sí que lo tiene
mejorar el haber en mano de los soldados porque puede ser una de las
maneras de evitar que haya excesivos problemas con el servicio
militar obligatorio. Este conjunto de enmiendas que hemos presentado
tienen como finalidad garantizar que, como mínimo, todos los soldados
del servicio militar obligatorio cobrarán 10.000 pesetas, algunos
cobrarán más porque, aparte del haber en mano, hay otras cantidades
que se destinan según cada soldado. Si garantizásemos que cada
soldado, como mínimo, cobra 10.000 pesetas sería un elemento
coadyuvante a que los problemas del servicio militar obligatorio en
estos pocos meses o años que le quedan de vigencia fuesen más fáciles
de solucionar.

El otro bloque de enmiendas se refiere al proceso de modernización.

En los últimos tres años hemos debatido, tanto en presupuestos como
en Industria como en Defensa, el carácter no correcto
presupuestariamente ni de Defensa de asignar grandes cantidades al
capítulo 8 en Industria para subsanar los problemas de adquisición en
la modernización. Hemos señalado otras veces, -no voy a insistir en
ello- que difícilmente estas cantidades, los 170.000 millones que hay
aproximadamente en Industria para este concepto, puedan considerarse
como I+D. Alguna pequeña parte podría estimarse dedicados a
investigación y desarrollo, pero la mayor parte entra claramente en
el proceso de producción, y, por lo tanto, no tiene sentido que se
sigan manteniendo en el capítulo 8 de Industria. Así, en tres
enmiendas proponemos que las cantidades destinadas para el
Eurofighter 2000, para el Leopardo, y para las fragatas F-100, que
son tres proyectos que ya han superado básicamente la fase de



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I+D y lo que queda, esté asignado al capítulo 6 de Defensa,
precisamente para I+D. Lo lógico es que estas cantidades estén en los
proyectos correspondientes al capítulo 6 de Defensa, y así lo
proponemos.

Aparece aquí un claro ejemplo de lo que señalaba antes: que este
continuismo no da respuesta a los nuevos problemas que se plantean
para la modernización de las Fuerzas Armadas. Por eso, proponemos en
dos enmiendas, concretamente a la cantidad que hay asignada en
Industria de 4.500 millones para el C-295 de CASA, el proyecto Fatam,
que ya no es un proyecto de I+D sino de fabricación, que pasen al
capítulo 6. Lo mismo ocurre con los 2.800 millones que hay para la
modernización de los aviones P3 Orión, que ya no es I + D sino que es
claramente fabricación. Porque estando en Industria como están, nos
encontramos con la paradoja de que desde Defensa no va a poder
realizarse la contratación, cosa que sí podría hacerse si estuviesen
en el capítulo 6. Este extremo fue remarcado también en la
comparecencia del presidente de CASA, el señor Fernández, expresando
la necesidad de que en este año 2000 pudiese realizarse la
contratación de estos dos proyectos. De momento, lo único que ha
hecho el Gobierno es decir que sí, que va a comprar nueve aviones C-
295, que sí que va a realizar la modernización, pero que como no
existe cantidad presupuestaria, no es posible realizar el contrato;
con lo cual, existe un problema real en este momento para la
modernización pero también para una de nuestras industrias de
defensa, que está inmersa en este momento en un proceso de unión con
otras empresas europeas, y el que se realicen estos contratos o no
también le supone una posición de menor fuerza en el proceso de
negociación con CASAy Aérospatiale. Por tanto, si trasladamos estos
4.500 millones y estos 2.800 millones al capítulo 6, solucionamos
diversos problemas: el problema de Defensa de poder realizar la
contratación, el problema de CASA de tener mayor pedido y el problema
de una mejor posición negociadora por parte de esta industria.

Finalmente, presentamos dos enmiendas de características más
concretas, que no están relacionadas con Industria, que se subsanan
internamente con modificaciones internas del presupuesto de Defensa.

Me refiero, por un lado, a consignar una cantidad en el capítulo 6
para la adquisición de la segunda serie de cazaminas que realiza
Bazán en Cartagena. Este año se va a realizar el cuarto cazaminas de
la primera serie y es necesario pasar a la contratación de la segunda
serie, intención que tienen el Ministerio y el Gobierno, pero si no
hay cantidad asignada, como sucede en este momento, no es posible
realizar la contratación, y no realizar la contratación a tiempo va a
significar que hay que cortar el proceso de construcción de los
cazaminas que se estaba realizando con los cuatro primeros, lo que
puede suponer un aumento de costos de varios miles de millones en la
adquisición de estos cazaminas. Por tanto, proponemos que se consigne
una cantidad simbólica pero que permita realizar la contratación de
500 millones.

La otra enmienda tiene un carácter más testimonial y corresponde a un
problema de seguridad en los helicópteros del Ejército de Tierra. Es
el problema de poseer unos cortacables como tienen la mayoría de los
helicópteros de los demás países. Que exista este mecanismo, que no
tiene un coste muy elevado, supone un problema para la seguridad
en el manejo de los helicópteros. Este problema nos fue señalado
hace dos años y pico en la visita que la Comisión de Defensa realizó
a nuestras fuerzas estacionadas en Bosnia. En aquel momento se nos
señaló que se harían las gestiones correspondientes con el Ministerio
de Defensa para que los helicópteros fuesen dotados de estos
mecanismos. Han pasado dos años y hemos comprobado que esto no se ha
realizado Ala vista de que no se cumplía este compromiso verbal,
hemos presentado una enmienda formal para dotar una partida concreta
con 200 millones que permita poner en los helicópteros estos
mecanismos cortacables, con los cuales aumentaría sensiblemente su
seguridad.




Hemos presentado también otras enmiendas -y voy acabando, señor
presidente- relacionadas con Defensa que ya se han discutido esta
mañana respecto a las pensiones de los ex combatientes de la
República. Como ya han sido defendidas y se han tratado
anteriormente, no voy a hacer referencia a ellas.

Respecto a las enminedas presentadas por los demás grupos, vamos a
votar favorablemente las dos del Grupo Mixto, presentadas por el BNG,
aunque la segunda no haría falta porque el proceso de fabricación de
las F-100 sí que está asegurado y está el contrato realizado. Sin
embargo, en cuanto tienen de mecanismo -llamemos moral- de reafirmar
la voluntad de construcción de estas fragatas, vamos a votarla
también favorablemente. La enmienda de devolución del Grupo Mixto,
Iniciativa por Cataluña, aunque los argumentos no sean exactamente
los mismos, también vamos a votarla favorablemente. Respecto a las
enmiendas del Grupo Mixto, de Nueva Izquierda, aunque corresponden
a la misma filosofía de nuestras enmiendas respecto al haber en mano,
la propuesta la consideramos muy elevada y poco realista y nos
abstendremos. Respecto a las enminedas de Izquierda Unida, vamos a
votar negativamente la mayoría de ellas en cuanto que corresponden a
una filosofía radicalmente distinta de lo que son los presupuestos de
Defensa y vamos a votar favorablemente aquellas que se refieren al
proyecto de fabricación de los cazaminas. Ellos proponen cantidades
distintas y superiores, nosotros creemos que con las que proponemos
se puede solucionar el problema fundamental, que es hacer el contrato
y que pueda seguir el proceso de producción, pero la finalidad es la
misma.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Hay dos grandes bloques de enmiendas, uno en
realidad obedece a una apuesta del modelo de defensa que Izquierda
Unida mantiene a lo largo del tiempo, tanto en el debate
presupuestario como en otros; y el otro bloque son enmiendas de
precisión, de modificación, que obedecen a un criterio más concreto.

En cuanto al primero, nosotros consideramos que un país que está
teniendo un crecimiento económico con una apuesta decidida por un
ajuste presupuestario y un control del gasto no tiene como prioridad
el incremento, a nuestro modo de ver excesivamente alto, desmesurado,
de los gastos destinados a la defensa, fundamentalmente por dos
razones:una, porque creemos sobredimensionado el modelo de



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defensa que han pactado Convergència i Unió y el Partido Popular,
modelo de defensa cifrado en aparejar la profesionalización y la
modernización, pero ralentizando un poco la modernización puesto que
se le ha escapado de las manos el costo de profesionalización, cuando
lo lógico es preguntarse qué tareas es necesario acometer hoy, con
qué volumen de recursos humanos y materiales debemos abordarlas.

Nosotros creemos que nuestro modelo de ejército debería ser más
reducido. No es necesario hoy un modelo sustitutivo del modelo ligado
a la presencia de toda la población a través de un servicio militar
obligatorio con un ejército profesional. No es razonable que un
ejército de 120.000 soldados tenga 50.000 mandos. Creemos que está
sobredimensionado el número de mandos. Hay dos soldados por cada
mando: o mandan poco o tienen pocos que les obedezcan. Es un modelo
un tanto anómalo a la hora de funcionar. Nosotros proponemos una
reducción de ese número de mandos y del personal de tropa y
marinería, incluido el cabo primero, y esa adecuación nos lleva a
proponer un ejército de unas 60.000 ó 70.000 personas de tropa y
marinería y de 20.000 a 30.000 mandos, según sea la distribución
entre los tres ejércitos, que además está escorado y desproporcionado
hacia el Ejército de Tierra. Hoy, con un cambio sustantivo
importante, no es razonable que entre los 50.000 mandos haya 28.000
del Ejército de Tierra, 10.000 del Ejército del Aire y 10.000 de la
Armada. Lógicamente, la nueva ubicación, el nuevo papel que le
corresponde al Ejército de Tierra debería llevar, además de a una
reducción de acuartelamientos y de números, como está ocurriendo, a
una reducción de mandos. Ésa sería una de las orientaciones y, por
eso, proponemos una minoración de lo que sería el gasto de
profesionalización; tendríamos un ejército más ágil, más dinámico,
más preparado y más limitado en el número de intervenciones de lo que
ahora mismo se está planteando, máxime cuando una política de tensión
o de guerra fría ha dado paso a otra muy distinta, donde la relación
de conflicto no tiene un peso tan alto como tenía antes.

En segundo lugar, un compromiso en la modernización escorado en tres
grandes proyectos, que significa un volumen importante por parte del
Ministerio de Industria, no directamente por el Ministerio de
Defensa. Esos grandes proyectos militares no van acompasados en todas
sus dinámicas. Un ejemplo -y a esto hemos presentado una enmienda
concreta- es precisamente lo que hace referencia a la actividad
defensiva de nuestro ejército, que son los cazaminas, que no están
recogidos en el proyecto de Industria, no están en el proyecto de
Defensa y el año pasado se anunció la segunda serie con 4.000
millones de pesetas, no con 3.000, ni con 2.000, ni con 1.000, sino
con 4.000 millones. Proponemos que se aborde, que se inicie esa
segunda serie y no ese proyecto de hacer uno más, póngase en marcha
y ya veremos cómo se paga. No existe financiación de la que ya veremos
cómo se hace; existen este año 906 millones de pesetas, que deben
tener continuidad con lo que se había comprometido para el año
próximo por el Ministerio de Defensa. Sí aparecen los otros grandes
proyectos, Eurofighter, Leopard y el proyecto de las fragatas, que
están en Industria, pero desaparecen los otros compromisos.

Por último, nuestra presencia en la OTAN y en las estructuras de
defensa, incluida la UEO, que, por cierto, tiene una discusión
profunda relativa a su reubicación, tanto respecto al control
parlamentario desde la Asamblea como respecto a su ubicación
definitiva y el seguimiento que mister PESC va a hacer de la UEO.

Nosotros creemos que podría irse a unos presupuestos más adecuados a
las demandas y a la realidad y evitar lo que podría ser un exceso de
presencia y protagonismo, ya que, si sumamos todas las vertientes que
tiene el Ministerio de Defensa, estaríamos en cifras muy por encima
de algunos países que están bastante por encima de nosotros en otras
realidades.

Hay algunos proyectos concretos como el INFA, o como el avión de
combate EFA. Nosotros no entendemos por qué la investigación y el
desarrollo tienen un componente tan alto en la estructura de
investigación militar, ni sabemos cuántas cosas se investigan
alrededor de lo militar que no tienen una proyección exclusivamente
militar o de la defensa. Deberíamos separar esto; hacer la
investigación industrial como se debe hacer, en la industria; hacer
la investigación tecnológica donde se debe hacer y lo que esté
circunscrito a lo militar realizarlo desde la propia estructura
militar, porque aquí, aprovechando que se investiga desde lo militar,
se lleva a lo demás.

Por tanto, señor presidente, con el criterio de la enmienda a la
totalidad, vamos a una minoración de las distintas partidas que
creemos sobredimensionadas, tanto relativas a inversiones como a
gastos de capítulo 1, esto es, que hacen referencia a la dotación de
personal. Sin embargo, mantenemos el proyecto de cazaminas, que está
comprometido y que supone una estructura defensiva. Además, España va
a jugar un papel importante en ese sector, mientras que en otros va a
ser más un papel de complemento de lo que la OTAN necesita, porque
nuestro ejército se está adecuando a cogotazos a lo que la OTAN
necesita de nosotros, no a nuestro gran proyecto y línea a seguir
como filosofía general.




Estoy convencido de que las enmiendas serán tenidas en cuenta en su
justa medida, en su razonamiento y en su previsión, como también
estoy convencido de que no dejarán a nuestro ejército escuálido y en
riesgo de descomposición. Tendríamos un ejército fuerte, competente,
moderno y ágil, que es la línea de actuación que nosotros defendemos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré por decir que doy por defendidas
las enmiendas que a esta sección presentan los señores Saura Laporta,
de Iniciativa per Catalunya, y López Garrido, de Nueva Izquierda.

En relación con las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista
Galego, quiero hacer hincapié en aquella que va destinada al
mantenimiento y rehabilitación de edificios desafectados militarmente
con valor histórico-artístico. En concreto, en Galicia, y
particularmente en la comarca de Ferrol, hay importantes edificios de
valor histórico artístico desafectados o abandonados militarmente
que, debido a las características y a las prescripciones de la Ley de
infraestructuras de Defensa, no acaban de ser debidamente



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mantenidos y rehabilitados por las administraciones públicas. Nos
estamos refiriendo, en concreto, al castillo de San Felipe, en el
Ayuntamiento de Ferrol, al castillo de La Palma, en el de Mugardos, y
al Monasterio de Santa Catalina, en el de Ares; el último, un
monasterio románico barroco, el de La Palma, en su estructura actual,
una fortificación del siglo XIX, y el castillo de San Felipe, del XVI
al XVIII. Pensamos que si el Ministerio de Defensa no los transfiere
a las administraciones públicas, debe ser el encargado, por la Ley
del Patrimonio Histórico Español e incluso por ley autonómica, de
mantenerlos y no tolerar sus ruinas. Para eso solicitamos el crédito
de 500 millones de pesetas.

En relación con las fragatas F-100, nuestra enmienda tiene como
intención garantizar a través de los Presupuestos Generales del
Estado la financiación a su debido tiempo de la construcción de estas
fragatas que, como se sabe, van a dar trabajo a las factorías de
Bazán, en Ferrol, y también a Cartagena y a Cádiz. Como siempre nos
pareció que el modelo seguido era cuando menos algo equívoco en
cuanto a su financiación, por eso venimos manteniendo en los últimos
años una enmienda, en este caso de 2.000 millones de pesetas, que en
relación con el montante global no es mucho.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): ElGrupo Parlamentario Popular
tiene la enmienda número 2.083, que ya ha sido incorporada al texto
de la ponencia. Para expresar los términos de presentación de dicha
enmienda, por si requiere alguna aclaración, o bien para fijar la
posición respecto a las enmiendas de otros grupos, tiene la palabra
don Arsenio Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, efectivamente, el
Grupo Parlamentario Popular presentó la enmienda número 2.083 para la
corrección de un error material que se había producido, y donde decía
«Instituto Español de Relaciones Internacionales», debe decir
«Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos». Ese es el
sentido de la enmienda que nosotros hemos planteado.

En líneas generales, para fijar nuestra posición sobre la aceptación
o no de las enmiendas presentadas por el resto de los grupos
políticos, el Grupo Parlamentario Popular entiende, respecto a las
dos enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego en
relación con los castillos de San Felipe, el Monasterio de Santa
Catalina y el castillo de La Palma -desde el punto de vista técnico,
es decir, no entrando a analizar políticamente las enmiendas, sino
simplemente desde el punto de vista técnico- que en el concepto 226
no se citan los conceptos a los que debería ser aplicada la baja,
pero todos ellos cuentan con los créditos necesarios para atender las
obligaciones previstas por el departamento, siendo la mayor partida
la que se destina a propaganda relacionada con promoción de la tropa
y marinería profesional, porque su disminución impediría la atención
de los objetivos previstos, que, como muy bien se ha dicho aquí esta
tarde, van encaminados a que el proceso en el que estamos inmersos de
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas llegue a buen
término. Pero por otra parte se cita en la enmienda que se trata de
inmuebles desafectados
militarmente, con valor histórico artístico, como nadie duda y
todo el mundo conoce, pero en cuyo caso las obras de mantenimiento y
rehabilitación tendrían que ser atendidas con créditos distintos a
los del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, señor presidente,
señorías, nosotros entendemos que en esta enmienda presentada por el
Bloque Nacionalista Galego ha puesto el dedo en la llaga el señor
Rodríguez al decir que no acaban de ser mantenidos por las
administraciones públicas, lo que es bien cierto. Es cierto que el
Ministerio de Defensa ha tratado de transferir en repetidas ocasiones
el castillo de San Felipe y ahora también el castillo de La Palma.

Probablemente haya llegado la hora de que las administraciones
públicas, también el Ayuntamiento de Ferrol, que no hace mucho tiempo
era acusado de incapacidad, de no ser capaz de conseguir rehabilitar
y mantener el castillo de San Felipe, muevan ficha y desde el propio
ayuntamiento se propongan alternativas y se diga con toda claridad si
interesa que el castillo de San Felipe sea transferido o no al
Ayuntamiento de Ferrol y si puede mantener de alguna manera, mediante
un convenio firmado, aquellas instalaciones por las que ahora se
preocupa el Bloque Nacionalista Galego, preocupación que entiendo
perfectamente y comparto porque en cualquier otro país se harían
esfuerzos ímprobos por mantener parte de nuestra historia y de
nuestra cultura, en este caso concreto de las instalaciones
histórico- artísticas a las que se ha referido el señor Rodríguez.

En cuanto a la enmienda de modificación de 2.000 millones de pesetas
para la construcción de las fragatas F-100, para el Grupo
Parlamentario Popular, que ha tenido esta preocupación desde el
inicio de la legislatura, cuando no había ni una sola peseta
consignada para poder llevar adelante el presupuesto destinado a la
construcción de esas fragatas, y lo que es más importante y por lo
que probablemente se preocupan los grupos parlamentarios que creen
necesaria la reducción de los presupuestos de defensa, por el
mantenimiento de los puestos de trabajo y la industria civil de la
defensa, hay dos cuestiones importantes. La primera, señor Rodríguez,
es que yo creo que con 2.000 millones de pesetas no haríamos
absolutamente nada el año que viene, porque si se ponen estos 2.000
millones en el presupuesto del año que viene y se vuelven a reiterar
otros 2.000 en el siguiente es probable que se llegue a una cifra de
287.000 millones de pesetas, pero de 2.000 millones en 2.000 millones
conseguiríamos tener una chimenea o a lo sumo los botes salvavidas
que tienen que llevar los barcos. Lo que ha propuesto el Grupo
Parlamentario Popular a lo largo de estos años y lo que se ha
conseguido después de una importante negociación entre los
ministerios de Industria y de Defensa es que, a través de la sección
20 y del capítulo 8, de créditos reembolsables, el Ministerio de
Defensa se haya beneficiado, la Empresa Nacional Bazán también se
haya beneficiado y en este momento, para el ejercicio del año 2000,
tengamos consignados 38.939 millones de pesetas en esa sección y en
ese capítulo concreto para poder seguir adelante con ese proyecto tan
importante, no sólo desde el punto de vista de la defensa sino
también desde el del mantenimiento de los puestos de trabajo en la
industria civil de la defensa, en este caso concreto en la Empresa
Nacional Bazán. Creo que el tema estáadecuadamente tratado, ha
cumplido los objetivos que



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todos pretendíamos, no sólo en Ferrol sino también en Cádiz y en
Cartagena, de mantener la Empresa Nacional Bazán y estoy convencido
sin ninguna duda de que con la propuesta que mantiene en los
presupuestos el Grupo Parlamentario Popular, que plantea el Gobierno
en este caso concreto, está garantizada la inversión y sobre todo la
finalización de estos importantes proyectos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por los señores Saura y López
Garrido, que ha dado por defendidas el señor Rodríguez, del Bloque
Nacionalista Galego, sólo diré que nuestro grupo las votará en
contra, teniendo en cuenta que la posición de estos dos
representantes difiere diametralmente de la que mantiene el Grupo
Parlamentario Popular.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, dentro de la coherencia de su
planteamiento en lo que se refiere a los presupuestos de la defensa y
al concepto de la defensa en su globalidad (el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida mantiene sus posiciones de un ejército más reducido,
menor presupuesto y menor peso de la defensa en España), el Grupo
Parlamentario Popular, que creo que coincide mayoritariamente en su
conjunto con otros grupos de la Cámara, entiende que estamos inmersos
en un proceso de plena profesionalización y de modernización de las
Fuerzas Armadas que necesita exactamente el crecimiento sostenido que
se le ha venido dando durante esta legislatura a los presupuestos de
la defensa y sin ninguna duda al mantenimiento de las inversiones que
hemos relacionado en los presupuestos de este año. Decir que hay que
reducir el capítulo 1 es realmente una quimera porque, ¿qué hacemos
con aquellas personas que en este momento están cobrando unos sueldos
en el Ministerio de Defensa, no solamente altos mandos sino
suboficiales, oficiales, tropa y marinería? ¿Los mandamos al paro, no
les pagamos paro? Es decir, hay propuestas que a la larga pueden
tender a lo que todos los grupos parlamentarios hemos venido
solicitando, un ejército más reducido que el actual, más adecuado a
las necesidades actuales de España, y en esa dirección caminamos
todos. Yo no digo que en un futuro muy lejano, o no tanto, converjan
las cifras, las que se manejan en este momento y las que en su día
Izquierda Unida ha venido manejando. Pero muy lejos. Probablemente se
llegue a una tendencia de continuar reduciendo las Fuerzas Armadas;
pero en este momento la cifra está fijada ente 102.500 y 120.000
profesionales, cantidad apoyada mayoritariamente por todos los grupos
políticos de esta Cámara. Realmente, los presupuestos se encaminan a
dar sostenimiento y, sobre todo, a dotar económicamente los proyectos
que han sido respaldados mayoritariamente por la Cámara.

Dice que para su grupo no tiene prioridad el incremento en los gastos
militares, y es cierto. No ha habido una ralentización en la
modernización derivada de que se esté escapando de las manos la
profesionalización, porque todos los grupos políticos, incluidos el
Partido Socialista, Convergència i Unió, Coalición Canaria y el
Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida también, hemos dicho en
reiteradas ocasiones en la Comisión de Defensa y en el Pleno del
Congreso que el período transitorio sería el más delicado en el
proceso de desaparición del servicio militar en España, no el momento
antes ni el momento en que se consiga
esa plena profesionalización, sino precisamente este período
transitorio, en el que no se puede resentir la operatividad de las
Fuerzas Armadas y en el que hay que ir adecuando las instalaciones
militares, porque no es lo mismo vivir en sollados, en los que hacían
falta brigadas de 100 personas, que lo que va a traer el futuro, que
probablemente pase por una reducción importantísima de la
habitabilidad, no sólo ya de soldados y marineros profesionales, sino
de mujeres que se han incorporado al servicio militar. Todo esto
necesita de dotaciones económicas imprescindibles para que los
futuros soldados y marineros profesionales de las Fuerzas Armadas
tengan unas mínimas condiciones de vida necesarias. En definitiva, yo
creo que los proyectos de Izquierda Unida son diametralmente
opuestos, dentro de su coherencia, al proyecto que defiende en este
momento concreto el Grupo Parlamentario Popular y, difiriendo
coherentemente cada uno en sus posiciones, no hay puntos de
convergencia.

Quiero hacer una precisión importante en cuanto a la enmienda que se
refiere a los cazaminas que se construyen en la Empresa Nacional
Bazán, en Cartagena, de donde, por cierto, S.S. es diputado. Habría
que preguntarse si cuatro cazaminas son suficientes para el modelo de
ejército que ustedes quieren o si estamos construyendo cazaminas
solamente para que la Empresa Nacional Bazán tenga carga de trabajo,
importándonos muy poco que sean necesarios o no. Yo le digo que los
cazaminas son necesarios y que lo son no sólo para la Empresa
Nacional Bazán, sino también para la Armada. Por eso, estando
pendientes de ser entregados el tercer y el cuarto cazaminas, lo que
tendrá lugar en el año 2000, lo que no tiene ningún sentido es
adelantar en este momento dotaciones presupuestarias para una segunda
serie cuando desde otros grupos políticos se nos está reclamando
mayor claridad y, sobre todo, mayor presupuesto para las inversiones
reales dentro del Ministerio de Defensa y no elaborar presupuestos a
largo plazo que luego no sabemos si serán créditos reintegrables o
no. Lo cierto es que si se entregan el año que viene las dos series
de cazaminas y no se paraliza la cadena de construcción de esos
cazaminas (que no se va a paralizar, porque la intención del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria, que es el
responsable de mantener el empleo en la Empresa Nacional Bazán, es
continuar con la segunda serie de cazaminas), si bien en este momento
concreto en la Comisión nosotros decimos que no es necesaria la
inversión de 2.000 millones de pesetas, tengo que manifestarles que
desde el Grupo Parlamentario Popular volveremos a revisar una vez más
esta propuesta que se realiza desde Izquierda Unida y desde el
Partido Socialista y que de aquí al debate en Pleno analizaremos en
profundidad si es conveniente o no dotar de una partida
presupuestaria el desarrollo de la segunda serie de cazaminas, que
nosotros consideramos es imprescindible para la Empresa Nacional
Bazán, para la Armada y sobre todo para un proyecto tan importante
como éste, para que no se rompa la cadena de construcción. En este
momento lo que hemos avanzado desde el Grupo Parlamentario Popular
nos obliga a votar en contra de esta enmienda, si bien es cierto que
en momentos de trámite posterior no renunciamos a poder revisar el
planteamiento que estamos haciendo en este momento y consignar alguna
partida presupuestaria con alguna dotación económica para



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que se pueda seguir adelante con la construcción de los cazaminas.

El Grupo Socialista ha planteado una enmienda a la totalidad que,
como ha dicho el señor Marsal, ya fue debatida la pasada semana,
cuando se presentó la enmienda a la totalidad de devolución de los
Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados. En
su conjunto existen diferencias en este momento, que no antes, entre
la propuesta que el Grupo Socialista hace del nuevo modelo de Fuerzas
Armadas y lo que se entiende en la actualidad por los grupos
mayoritarios de la Cámara, que han apoyado un nuevo modelo de
ejército de cara al siglo XXI. Difieren y, por lo tanto, yo entiendo
que el Grupo Socialista plantee en este momento cuestiones como las
que ha planteado en sus enmiendas el señor Marsal. Señor Marsal, yo
le tengo que decir que en este momento la propuesta que hace el Grupo
Socialista supone el incremento de 163.000 millones de pesetas en los
presupuestos de Defensa.

Yo me pregunto si su grupo parlamentario está dispuesto a asumir el
incremento de 163.000 millones de pesetas en los presupuestos de
Defensa, porque como usted muy bien sabe el artículo 133 del
Reglamento de la Cámara, en su punto tercero, prohíbe el que se hagan
bajas presupuestarias en una sección para pasarlas a otras; tienen
que estar dentro de la misma sección presupuestaria. Ustedes están
planteando bajas en la sección 31 para incrementarlas en la sección
14, que es la que representa al Ministerio de Defensa. Sinceramente
creo, señor Marsal, que en este momento no se sostiene el incremento
de 163.000 millones de pesetas en los presupuestos de Defensa. Lo que
hemos planteado ha sido el que a través de créditos reembolsables del
capítulo 8 de la sección del Ministerio de Industria se esté
realizando una importante labor desde el punto de vista del
mantenimiento de la industria de Defensa que usted ha defendido con,
por ejemplo, CASA o Santa Bárbara o la Empresa Nacional Bazán, que al
fin y al cabo son industrias pertenecientes al Ministerio de
Industria, es decir, empresas estatales, combinadas con una
necesidad, inmediata o no, del Ministerio de Defensa para la
consecución de sus prioridades, que dentro de la modernización y del
presupuesto que las Cortes Generales destinan al Ministerio de
Defensa cada cuartel general ha definido. Por tanto, la construcción
de las fragatas F-100, la construcción del carro de combate Leopard,
con un retorno del 81 por ciento de la industria de la defensa
española, y la construcción del Eurofigther han sido prioridades que
ha fijado cada uno de los cuarteles generales dentro del Ministerio
de Defensa. De manera que no nos metemos a hacer juicios técnicos de
lo que necesita en cada momento cada uno de los cuarteles generales
sino que, una vez que hemos dicho que hay tanto dinero destinado para
el Ministerio de Defensa repartido entre los cuarteles generales y el
órgano central, cada uno de ellos establezca las prioridades que como
técnicos les corresponde realizar. Por eso hemos entendido que era
importantísimo, en un momento en el que salíamos en el año 1996 de
unos presupuestos de Defensa que estaban reduciéndose paulatinamente
y no daban abasto para el sostenimiento de las Fuerzas Armadas, dar
un cambio que no podía ser de un incremento del 5, del 6, del 10 por
ciento en el año 1996 y con políticas activas de empleo, que fue lo
que primó a la hora de establecer estos créditos reintegrables
del Ministerio de Industria, lo que se consiguió fue mantener
por un lado puestos de trabajo en la Empresa Nacional Bazán, despejar
el futuro en la Empresa Nacional Santa Bárbara y mantener a
Construcciones Aeronáuticas, CASA, y por otro lado realizar unas
inversiones importantes desde el punto de vista del Ministerio de
Defensa. Señor presidente, concluyo diciendo que realmente no creo
que la sociedad española entendiera muy bien que en este momento el
Congreso de los Diputados, además del incremento presupuestario que
se ha producido del 3,7 por ciento en relación con los presupuestos
del año pasado, aprobara el incremento del presupuesto de defensa de
163.000 millones de pesetas, que están por encima del 10 por ciento
del valor actual que ha consignado el Gobierno del Partido Popular.

En líneas generales entiendo, señor presidente, que el Gobierno ha
presentado unos presupuestos coherentes, de un crecimiento sostenido
durante estos últimos años equivalente al crecimiento de la economía,
y que eso es lo que ha hecho que sea posible la modernización por un
lado, el mantenimiento de la industria de la defensa por otro y
acometer con prudencia el proceso de profesionalización de nuestras
Fuerzas Armadas, que es un reto que tiene este Congreso de los
Diputados y que con diferencias más o menos importantes todos los
grupos respaldamos, porque no hay un solo grupo político del Congreso
ni del Senado que en este caso concreto haya dicho que no apuesta por
la plena profesionalización. Nosotros entendemos que para llevarla a
buen puerto estos son unos buenos presupuestos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Vamos a abrir un brevísimo
turno de un minuto por cada grupo. La Presidencia será muy estricta
en la aplicación de estos tiempos.

El señor Marsal tiene la palabra.




El señor MARSAL MUNTALÁ: Únicamente a efectos técnicos, lo que
pretendemos con el incremento que proponemos en el presupuesto de
Defensa, en el capítulo 6, por necesidades técnicas presupuestarias,
es dar de baja estas cantidades que existen en Industria,
traspasarlas a la sección 31 y de la sección 31 al Ministerio de
Defensa. Por lo tanto, el dinero existe. En un caso está en Industria
y en el otro caso lo que hacemos es trasponer a los presupuestos lo
que es la realidad: un gasto que es de Defensa, aunque esté escondido
en Industria. En última instancia lo que discutimos es si el aumento
de Defensa se produce ahora o se va a producir indiscutiblemente en
el año 2003 y, como habrá otro Gobierno, ya lo asumirá aquél con los
costes de popularidad que esto pueda tener.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Quería hacer dos precisiones. Una, que el año
pasado se transaron dos enmiendas en el presupuesto que aprobamos en
que se utilizó este camino que ahora se critica. El Grupo Popular
hizo crecer la sección 31 y se incrementaron inversiones que se
hicieron llegar a otras secciones para comprometer o apoyarpeticiones
de algunas comunidades que, por cierto, se presupuestaron



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pero que no se han ejecutado. La segunda precisión es sobre los
cazaminas. Para el año 1999, que no ha terminado, había una partida
para la primera serie. Están en fase de flotación y, por tanto, de
ultimación; electricidad, etcétera, los dos cazaminas que quedan.

Este año había una partida de 906 millones de pesetas para iniciar la
segunda serie, para darle tracto a lo que es laminación, producción,
que es una cadena de continuidad, y que la carga de trabajo se
hiciese realidad. El año pasado, para ultimar la primera serie, se
incluyeron 4.000 millones de pesetas en el año 2000 y a la vez, en el
pago plurianual se decía que para la segunda serie, en el año 1999,
había 906 millones y 4.000 millones en el 2000. Ese era el tracto.

Una cosa es que busquemos fórmulas para que se puedan enlazar las
cifras y otra cosa es que al año siguiente vamos a engrosar la
segunda serie que -como usted muy bien sabe- vale 45.000 millones de
pesetas y si no se empieza en el 2000 a nivel fuerte se empezará en
el 2001, en el 2002 o en el 2003. Por tanto, lo que intento decir es
que el Ministerio tenía medido esto, que esta carga de trabajo la
contrata Defensa porque es la que pide y la SEPI, que es la empresa
propietaria de Bazán, es la que al final llega al acuerdo, pero el
plan de futuro de la empresa se negocia por la SEPI con los
trabajadores en función de una carga de trabajo y para esa carga de
trabajo yo le aseguro que para este año y para el que viene, en el
año 2000, había un volumen para la segunda serie de cazaminas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con la misma brevedad, tiene
la palabra señor Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señor Marsal, no son gastos
de Defensa encubiertos en Industria. Es un presupuesto solidario que
en un momento determinado no se pudo incrementar en el Ministerio de
Defensa y lo que se hizo, a través de créditos reembolsables del
capítulo 8 del Ministerio de Industria, fue acometer algo
imprescindible, primero, para la Empresa Nacional Bazán que estaba al
borde de la quiebra técnica y, segundo, para modernizar la Armada. No
es ningún gasto encubierto, es un gasto solidario entre el Ministerio
de Industria y el Ministerio de Defensa que ha llevado a un buen
puerto, y el buen puerto es que se mantenga el empleo en Bazán y que
se pueda modernizar la Armada, simple y llanamente. Que no le guste
la mecánica presupuestaria es discutible, pero que no ha cubierto y
no ha respondido a los objetivos que nos habíamos trazado es
desconocer la realidad de la Empresa Nacional Bazán y de la Armada.

Coincido con el señor Ríos, tiene usted toda la razón. Por eso le he
dicho que, aunque en este momento no tenemos claro el planteamiento
que se realiza de la inversión de 2.000 millones de pesetas, sí
tenemos muy claro que no se puede perder el know how ni la cadena de
construcción de la segunda serie de cazaminas, que yo espero que sea
bastante más barata después de haber realizado la primera. Aunque en
este primer trámite nosotros no apoyemos la enmienda presentada, ello
no quiere decir que en trámites posteriores nuestro grupo no revise
con el Gobierno esta propuesta que se hace porque entendemos que es
necesaria la segunda serie de cazaminas para la Armada y es necesario
para la Empresa Nacional Bazán el mantenimiento de esa industria
puntera en el mundo entero.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con Sección 15 esto damos por
terminado el debate de la sección 14 y pasamos al debate de la
sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda. Hay enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista, por Izquierda Unida, por el
Grupo Mixto y una del Grupo Popular que está incorporada al texto de
la ponencia.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Leiva.




La señora LEIVA DÍEZ: El Grupo Socialista ha presentado un conjunto
de enmiendas porque la evolución del déficit comercial va mal; sin
embargo, su equilibrio es fundamental para un desarrollo sostenido de
nuestra economía. En estos momentos la contribución del sector
exterior al crecimiento español es negativa, estimándose por tanto
una contribución negativa al producto interior bruto del 1,3 por
ciento. Los datos recientes han representado un absoluto jarro de
agua fría para las optimistas expectativas del Gobierno, tras la
ligera recuperación del mes de junio. El déficit comercial de julio y
agosto y los últimos datos doblan las previsiones del Gobierno para
todo 1999, el 61,6 por ciento, 2,7 billones de pesetas, frente al 30
por ciento previsto. A su vez, la competitividad sigue con su caída
frente a la zona euro, que es nuestro principal mercado, el 61,8 de
las ventas exteriores, en un lento pero progresivo deslizamiento
desde 1997. El último semestre ha empeorado un 0,5. La balanza
comercial española sufre el mayor deterioro de los últimos años, y se
produce a una velocidad de vértigo. Los presupuestos presentados por
el Gobierno para el sector exterior no tienden a mejorar estas
deficiencias; deficiencias no sólo de tendencia sino de una adecuada
política comercial, ni interior ni exterior. Con los actuales
programas que nos presenta el Gobierno en este presupuesto para el
año 2000 no se da respuesta alguna. No se ha analizado adecuadamente
el impacto de la integración monetaria sobre las operaciones de las
empresas españolas en la zona euro. Se siguen haciendo de modo
mimético los programas que se hacían antes, sin considerar esas
variaciones que se están produciendo y que afectan tanto a objetivos
como a prioridades, como si nada estuviera pasando en la economía
española. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado enmiendas a la totalidad de todos y cada uno de los
programas que componen la sección que estamos debatiendo;
concretamente los programas 724.B, 761.A, 762.A, 762.B y 763.B, a los
que corresponden las enmiendas números 1693 y 1695 hasta 1698
inclusive, que son las que paso ahora a defender; el resto lo hará mi
compañero Blas Trujillo.

El presupuesto para el programa de internacionalización de la
economía española ha decrecido, en términos comparativos, de todo el
gasto previsto. Su ámbito de actuación es cuando menos pacato. Abarca
en este momento a unas 2000 empresas españolas cuando están afectadas
100.000. Por tanto, en este momento los programas que nos presenta el
Gobierno afectarían a un 2 por ciento de las empresas españolas. Es
como si el Gobierno se felicitase por haber escolarizado al 2 por
ciento de la población enedad escolar. Nos parece que a ese ritmo
tardaríamos 50



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años en internacionalizar a nuestras empresas. Lo que sí ha hecho el
Gobierno es facilitar las inversiones españolas en el exterior, pero
inversiones en las que en un 95 por ciento se han deslocalizado
capitales sin crear retornos, por exportaciones en estos países.

Buena parte de estas operaciones ha estado ligada a operaciones de
cartera que a veces incluso han conllevado destrucción de empleos en
España. En resumen, es una riqueza creada por los ingresos de
monopolios, tarifas públicas o mercado protegido en España, pero que
en este momento no está beneficiando a España ni a los españoles, ni
siquiera al empleo nacional ni a nuestras estructuras productivas. En
el mercado interior la demanda interna en este momento está
manteniendo la balanza comercial, pero no es bueno basar el
crecimiento en el consumo interno o incluso en la compra de
viviendas. Por tanto, hay que ajustar esos desequilibrios con
políticas activas, por parte del Gobierno, de comercio y consumo,
pero estas políticas no se reflejan en los presupuestos que ha
presentado hoy aquí el Gobierno.

Creemos, por tanto, que los presupuestos tienen posibilidades para
mejorar las carencias de la empresa española ante la moneda única. Se
dice por el Gobierno que los fondos son limitados, pero cada año,
desde 1997, se siguen dotando fondos acumulativos que, en palabras de
la secretaria de Estado, no se han utilizado todavía. Así el FIEX,
fondo para las inversiones en el exterior, sigue dotándose este año
con 10.000 millones de pesetas, por lo que lleva ya dotados 30.000
millones de pesetas sin haberse ejecutado, repito, una sola peseta.

El Fondpyme para la pequeña y mediana empresa ha acumulado otros
1.500 millones de pesetas y el GIEX, para garantizar inversiones,
acumula compromisos del Estado por 100.000 millones de pesetas desde
1997, sin haberse utilizado nunca. Asimismo, del Fondo de Ayuda para
el Desarrollo, del cual ya han hablado mis compañeros anteriormente
en otra sección, sólo se ha utilizado en este momento 26.000 millones
de pesetas de los 80.000 dotados.

Por tanto, no es un problema de falta de recursos sino de falta de
imaginación y de no tener prioridades. Bastaría con asignar 9.250
millones de pesetas de los fondos no dispuestos del FIEX al programa
de internacionalización, al ICEX, y con ello no aumentaría el gasto.

Dentro del ICEX y del programa de internacionalización, en este
momento se está requiriendo una serie de medidas muy importantes como
son conservar la estabilidad de la economía, reducir el diferencial
de inflación con la Unión Europea, impulsar la movilidad de
estudiantes y personal laboral fuera de nuestras fronteras, mayor
diálogo entre la Administración y las pymes, no solamente con los
grandes eventos que está realizando el Gobierno en este momento para
gloria de algunos y desgracia de muchos, mejorar también la imagen de
la marca de España como país industrial, aumentar el presupuesto de
los organismos de promoción exterior coordinando estas políticas con
las propias comunidades autónomas, cámaras de comercio o la CEOE,
introducir nuevas fórmulas e instrumentos de promoción exterior,
fomentar también la cooperación empresarial para el desarrollo, pero
que de verdad desarrolle, no que cree endeudamiento en otros países
en vías de desarrollo, y también incorporar la innovación técnica y
tecnológica como elemento estratégico de las empresas. Hay algo
fundamental, el mayor apoyo
a las asociaciones de exportadores. Para ello, el Grupo Socialista ha
presentado la enmienda 1703. Lo están pidiendo todas las asociaciones
exportadoras a través de la asociación multisectorial del AMEC. Como
el déficit comercial no es sólo un síntoma del principal problema, el
diferencial de inflación, que es el que afectará a nuestro
crecimiento, sería bueno para las empresas españolas que operan tanto
en el exterior como en el interior que se aplicaran medidas
correctoras de la pérdida de competitividad lo antes posible. Por
eso, el Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 1705,
fundamental para incrementar con 500 millones de pesetas los acuerdos
sectoriales a la exportación. En este momento el Gobierno propone 130
planes sectoriales a 102 mercados que afectarán a 4.900 empresas;
milagros tiene que hacer con el presupuesto adjudicado en este
momento. También ha presentado la enmienda 1706 en la que dotamos con
un incremento de 3.551 millones de pesetas la mejora de la
competitividad del comercio. Para ello, hay que contar con
instrumentos públicos como Cofidex. Por eso hemos presentado la
enmienda 1704, ya que en los presupuestos para el ICEX no hay
actualmente dotación para la ampliación del capital de Cofidex. Esta
enmienda está dotada con 750 millones de pesetas.

Para terminar y dejar que intervenga también mi compañero, no es
menos importante el desarrollo en la dotación para polígonos
industriales, para industrias de desarrollo turístico, como
balnearios, o para próxima construcción de recintos feriales y
palacios de exposiciones y congresos. El Grupo Socialista ha
propuesto una cantidad importante para que se puedan realizar dos
polígonos industriales de iniciativa local en los municipios de
Fuenmayor y Arnedo, en La Rioja, ya que se necesita suelo industrial
con condiciones óptimas. También quiere contribuir, desde la
restauración de los balnearios, a la potenciación turística de una
zona deprimida; sería la enmienda 1709. En la enmienda 1711 queremos
dar importancia especial a una zona de Irún para construir el recinto
ferial del Bidasoa, ya que tiene carácter transfronterizo y es
importante la aportación para poder cofinanciar una cuantía de 5.000
millones de pesetas. Finalmente, creemos importante que todas las
ciudades capitales de comunidades autónomas estén dotadas con un
palacio de exposiciones y congresos. Pues bien, hay alguna comunidad
autónoma, concretamente La Rioja, que todavía no lo tiene y por ello
se va a abordar su próxima realización. Con la enmienda se pretende
la colaboración de la secretaría de Estado de Comercio y Turismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Para completar la defensa de
las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Trujillo.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Buenas tardes, señorías. Estamos en el
debate del último presupuesto de esta legislatura y el Grupo
Socialista vuelve a presentar una enmienda a la totalidad del
programa 751.A, que es el que establece las políticas en materia
turística, en concreto el programa de coordinación y promoción del
turismo. Al contrario de lo que decía la compañera que me ha
precedido en el uso de la palabra, en el caso del turismo todos los
datos, señor presidente, como sabemos aquí y en el exterior,



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son realmente favorables. Pero ¿qué es lo que hace el Gobierno,
dentro de sus competencias, para que los datos en política turística
nos sean, como digo, favorables? Pues francamente poco. Podemos hacer
un pequeño repaso de lo que ha sido esta legislatura y de lo que
pretende ser el último año de la misma, es decir, el próximo, para
ver realmente qué es lo que ha hecho el Gobierno para que los datos
de las estadísticas turísticas nos sean tan positivos.

Todos recordarán que, en el año 1997, la principal novedad que
introdujo este Gobierno en el primer presupuesto que hizo fue cambiar
de denominación los planes Futures que realizaba el Gobierno en la
anterior legislatura. En aquel momento y con la misma dotación
presupuestaria -2.961 millones de pesetas cuyos destinatarios eran
las corporaciones locales- se presentó a bombo y platillo el
denominado Plan de competitividad del turismo español. En el
presupuesto de 1998 la novedad fue añadirle a ese plan otro de
estrategias turísticas para que, al final, el resultado de la suma de
ambos planes bajara la dotación presupuestaria a 2.850 millones de
pesetas y, desde el punto de vista cualitativo, la única diferencia
es que las comunidades autónomas aparecían como perceptoras de 1.000
millones de los 2.850 millones que les acabo de comentar. En el año
1999 volvieron a aparecer los mismos planes, pero esta vez con 2.765
millones de pesetas de presupuesto. Yahora, para el año 2000, aparece
prácticamente la misma cantidad, sube un ridículo millón de pesetas.

Es decir, la dotación es de 2.766 millones, desaparecen tanto el plan
de estrategias como el plan de competitividad y se han inventado -y
lo han publicitado con igual profusión de medios- el denominado Plan
integral de calidad, que vuelve al sistema originario de la
legislatura. Ya no van a ser perceptoras de recursos las comunidades
autónomas y lo van a ser, en exclusiva, las corporaciones locales.

Esta es toda la historia de lo que es esta legislatura en materia de
planes turísticos realizados por el Gobierno y, como ven, desde el
punto de vista cuantitativo hemos ido a menos y desde el punto de
vista cualitativo hemos vuelto al inicio de la legislatura. Por
cierto, este tipo de planes con las corporaciones locales fueron
tremendamente criticados por el Grupo Parlamentario Popular en la
legislatura anterior.

El otro gran área de este programa, aparte de estos planes, es la
promoción exterior que realiza Turespaña, y a lo largo de la
legislatura ha ocurrido prácticamente lo mismo. Salvo el presupuesto
del año pasado, donde hubo un incremento del 9,2 por ciento de lo
destinado a promoción exterior, año tras año, en términos reales,
hemos bajado los recursos para promocionar externamente el turismo.

Este presupuesto que se nos presenta apenas llega a un incremento del
2 por ciento y no olvidemos que el incremento del gasto no financiero
es del 4,7 por ciento. Por tanto, los datos turísticos van bien, muy
bien, pero no precisamente por el esfuerzo que el Gobierno realiza en
política turística. Ya sabemos que a veces se dice, y con razón, que
no es sólo este programa el que incide en la actividad turística; sin
duda alguna. Pero convendría señalar otra cuestión: ¿Qué otro tipo de
políticas presupuestarias inciden en la actividad turística? ¿La
hidráulica?, ¿la aeroportuaria?, ¿las inversiones en costas?, ¿las
inversiones en infraestructuras?, ¿la política de residuos? A lo
largo de toda esta legislatura han existido sonoros debates sobre
algunas de ellas
en el Pleno, e incluso socios del Gobierno han suspendido al mismo en
políticas concretas que acabo de señalar. En resumen, la actividad va
muy bien, a pesar de la inacción del Gobierno y de la mucha
propaganda que mantiene. Por eso presentamos, señor presidente, una
enmienda a la totalidad de este programa. También presentamos algunas
enmiendas parciales a las que me referiré muy brevemente, señor
presidente. Presentamos una enmienda que propone crear un centro de
turismo rural en el antiguo hospital de la Magdalena, en Cuéllar
(Segovia), porque creemos que puede ser un atractivo importante para
mejorar el desarrollo turístico de la zona. También presentamos dos
enmiendas en las que pretendemos que se creen dos paradores
nacionales, uno en Alcalá la Real y otro en el valle de Laciana.

Para terminar, quiero manifestar la posición favorable de nuestro
grupo a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida en materia de
turismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a intentar defender las enmiendas en dos
bloques. En un primer bloque, las enmiendas que podríamos llamar de
criterios generales, que serían la enmienda 852, a toda la sección, y
la enmienda número 853, al programa de turismo, que tan bien ha
desmenuzado el diputado don Blas Trujillo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista y, en un segundo bloque, una serie de
enmiendas concretas, unas dirigidas a incrementar los recursos que
destinamos a incentivos regionales -porque saben SS.SS. que en la
medida en que el Estado español comprometa su parte, los recursos
europeos estarán a su disposición, ya que son proyectos que se
subvencionan al 50 ó al 75 por ciento, según la ubicación y el
objetivo de la propia inversión- y otras dirigidas al incremento de
las actividades del ICEX y a la proyección externa de nuestras
propias empresas, que al fin y a la postre es lo que corregiría una
de las grandes deficiencias y limitaciones que la economía española
tiene en la actualidad, que es un crecimiento alto de la demanda
interna, pero un mal funcionamiento del sector exterior dirigido en
el 70 por ciento hacia los países de la Unión Europea. Es muy
importante que el ICEX cumpla el papel de promoción de nuestras
marcas y de nuestras empresas para hacerlas más competitivas en el
concierto internacional, en concreto en el europeo, donde nuestro
diferencial de inflación no nos facilita este trabajo.

La enmienda de totalidad va dirigida a cuatro grandes puntos de la
política de esta sección, la de recaudación o gestión de los
tributos. Creemos que está poco comprometida con la reducción
drástica del fraude en las distintas vertientes de la vida
impositiva, y que presenta una reducción del número de contribuyentes
y una especie de acomodación a la situación heredada, cifrando todo
en que los mayores ingresos por crecimiento económico no saneen lo
suficiente la realidad de nuestro cuerpo de ingresos. ¿Por qué digo
esto? Porque en una política económica es muy importante tener
saneada y consolidada esa perspectiva, para que el día de mañana, si
hay menores ingresos debido



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a una situación económica de vacas flacas, no tengamos que reducir
drásticamente políticas de gasto tan consolidadas en nuestro país.

Fundamentalmente, la filosofía que encontramos mal ubicada en los
programas de esta sección se basa en la relativización de lo público
en el concierto de la vida económica, en la primacía de lo privado y
en entender como una carga o como una merma el sector y el patrimonio
público y, por tanto, la privatización; privatización como
instrumento para reducir el gasto público, aquello que se gasta en
defensa del interés general, que, al fin y a la postre, es un
patrimonio hecho acciones, empresas y actividad económica, fruto de
la actividad que han llevado a cabo las empresas participadas por el
Estado. Con ese proceso de privatización, ese poco protagonismo de lo
público profundiza y se agudiza en dos grandes vertientes de esta
actividad. Una de ellas es la renuncia a intervenir, a actuar
decididamente sobre el mercado cuando éste no funciona de manera
ajustada a lo que debe de ser la voluntad, las políticas impulsadas
desde el Gobierno. Lo cierto y verdad es que esa renuncia se eleva un
paso más cuando hablamos de los costos de la liberalización. Se nos
ha estado explicando por activa y por pasiva que la liberalización de
los servicios públicos iba a significar la pérdida de sectores que
estaban en situación de monopolio por parte del Estado, como era en
la energía -llámese carburantes o electricidad-, o como era en la
telecomunicación, y que iba a llevar consigo un abaratamiento del
costo de los servicios para los ciudadanos. Nos hemos gastado un
dineral en la liberalización de servicios, pero los recibos y las
cosas no bajan; es decir, el mercado no ha bajado los precios porque
la liberalización no se ha hecho bien o porque la misma está
provocando, en lugar de monopolios, oligopolios privados que al final
acuerdan y pactan las grandes políticas de precios y, a pesar de ver
en este país que los precios del crudo, no ahora, a lo largo de los
últimos dos años, bajaron hasta diez dólares el barril, la gasolina
no ha bajado en esa proporción, no ha bajado ni siquiera en cifras
significativas, ha ido evolucionando con una especie de punta de
sierra más/menos, pero cada vez que bajábamos al menos subíamos el
más bastante más allá. Por tanto, la liberalización no ha supuesto la
bondad de lo que ha sido la política del Gobierno y, sobre todo, no
ha llevado consigo el abaratamiento de servicios tan importantes como
los que citábamos antes.

Por último, hay una orientación de la política económica que se
desentiende de sectores que deberemos apoyar y potenciar en concreto.

Por encima de las fusiones y de las grandes empresas, por encima de
los grandes negociantes, debemos actuar sobre las pequeñas y medianas
empresas, sobre las cooperativas o la respuesta social que, al fin y
a la postre, son las que generan el 80 o el 90 por ciento de la
actividad productiva de nuestro país, bien ligada y comprometida con
la modernización de esas empresas, con la situación de productividad
de las mismas para hacerlas competentes cara al futuro.

La política económica del Gobierno en cuanto a planificación
económica, en cuanto a sectores en crisis, en cuanto a determinada
actuación, no ha ido dirigida a valorar nuestra capacidad endógena de
producir, diversificando la oferta productiva de nuestro propio país,
sino que ha ido más bien a lo fácil, a lo que ya le iban dando como
realizado
estas actividades que las grandes empresas ligadas al sector
financiero han ido provocando.

Respecto a las enmiendas concretas, señor presidente, una de ellas se
refiere a abordar este año la restitución de los daños incautados a
partidos políticos, pendiente de desarrollarse, después de tener
aprobada la Ley 43/1998, que no está siendo efectiva; otras van
dirigidas a incrementar las subvenciones a sectores en crisis, hasta
un 75 por ciento que ha decidido este Parlamento para algunas
comarcas de la Vega del Segura, algunas inversiones para el
mantenimiento del empleo en Sevilla y, sobre todo, la apuesta por la
financiación de un plan de verdad de apoyo al turismo. No es lógico
que un sector productivo que mueve 4 billones de pesetas al año tenga
tan poco tratamiento y un rigor tan escaso por parte del Gobierno. La
verdad es que las inversiones del Plan integral de calidad turística
vienen a significar lo que puede ser la voluntad del propio Gobierno.

No hay un compromiso para potenciar la calidad de nuestros productos
turísticos. Tampoco hay una terminación de lo que pudiéramos llamar
el saneamiento integral de importantes zonas turísticas que este país
necesita poner por encima de la capacidad de competencia, tanto en
calidad y en condiciones como en servicios que puedan llevar a la
mejora en la prestación de estos servicios. No vemos aquí una
referencia específica, que sí se hace respecto a otra realidad
productiva de municipios turísticos, como pueden ser los municipios
de montaña. Tampoco hay una actuación decidida hacia lo que
pudiéramos llamar mejora de los abastecimientos de agua, de los
residuos sólidos. Estoy convencido de que este programa es
manifiestamente mejorable. Hemos presentado enmiendas concretas,
dirigidas a la financiación de municipios turísticos, a los planes de
calidad del sector turístico, a actuaciones concretas en Cádiz en la
ruta turística. En suma, son enmiendas que intentan cubrir las
limitaciones de una propuesta presupuestaria poco exigente con las
necesidades que nuestro país tiene en el sector turístico.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Simplemente doy por defendida la única
enmienda, la número 217, presentada por la señora Lasagabaster.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don
Rafael Cámara.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Intervengo en nombre de mi grupo
para sentar la posición sobre las enmiendas presentadas por los
grupos Socialista e Izquierda Unida y la del PAR.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Cámara, la enmienda es
del Grupo Mixto, no del PAR.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Bien, pues la enmienda del Grupo
Mixto, del señor Serrano Vinué, como usted quiera, señor presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): La enmienda es de la señora
Lasagabaster, del Grupo Mixto.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muy bien. ¿Puedo continuar,
señor presidente?



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por descontado, señor Cámara.




El señor CÁMARARODRIGUEZ-VALENZUELA: Iba diciendo que tenía interés
en conocer cuáles eran las razones por las que el Grupo Socialista se
introducía de nuevo en el discurso aquel tan difícil de explicar el
año pasado en relación a la sección 15, relativa a los créditos del
Ministerio de Economía, donde este portavoz dijo que seguían
insistiendo en criterios absolutamente cuantitativos y que en los
criterios cualitativos no profundizaban lo más mínimo. Parece obvio
que el Grupo Socialista no ha encontrado la manera de modificar su
discurso y sigue haciendo un planteamiento absolutamente idéntico al
del año pasado. Por contra, lo que presentan es una enmienda de
devolución de la sección 15 que yo no voy a decir que es divertido,
pero sí difícilmente sostenible por un grupo parlamentario que quiera
acreditar seriedad en cuanto a las propuestas en materia de comercio,
de economía, etcétera, y le voy a decir por qué, señora Leiva. Usted
en el tiempo que lleva ejerciendo la portavocía de comercio ha ido
ganando consistencia como portavoz de comercio; se lo quiero decir
sinceramente poque es así. Todos los parlamentarios de la Comisión de
Economía reconocerán que eso es una realidad. El Grupo Socialista,
por razones que tan sólo competen al grupo, modificó su estructura y
usted ha ido ganando poco a poco consistencia de forma muy seria y
acreditada en la Comisión de Economía. Pero he de decirle que esa
consistencia queda vaciada de contenido por una simple y sencilla
razón, porque ha exagerado usted, señora Leiva. Es muy difícil
acreditar seriedad cuando se exagera del modo que se ha hecho. Es
tremendamente difícil sostener que ninguna de las secciones de
ninguno de los programas presupuestarios, ninguna de las direcciones
en las que se tratan los programas de la sección 15 del Ministerio de
Economía le satisfaga ni siquiera lo más mínimo. No digo que le
seduzca, pero que no le satisfaga ninguna de las rúbricas
presupuestarias de la sección 15, me parece que por exagerado lo que
le hace es perder absoluta credibilidad en cuanto al planteamiento
político y técnico.

Dicho esto, no estaría mal que fueran revisando el planteamiento
político en relación a qué es lo que ustedes harían en la sección 15,
porque mi grupo parlamentario sigue esperando ver propuestas
concretas. En este ejercicio presupuestario sí que podemos entrever
alguna aportación adicional a las que se hicieron el año pasado e
insisto en que son de carácter cuantitativo, o sea, ustedes lo rinden
todo a la cantidad: el programa de la Dirección General de Turismo es
malo porque las dotaciones en inversiones son insuficientes; el
programa relacionado con la potenciación de las inversiones en el
exterior por parte de las empresas españolas es malo porque tiene
insuficiente dotación presupuestaria. Convendrá conmigo en que esto
no es una forma rigurosa de hacer un planteamiento político que
solucione lo que para ustedes es un desaguisado en el
Ministerio de Economía. Por tanto -y me refiero en estos mismos
términos a la intervención que ha hecho el portavoz de Izquierda
Unida-, da la sensación de que rindiendo todo a la cantidad
presupuestaria se pueden lograr pocos resultados, cuando lo
verdaderamente interesante y razonable sería profundizar sobre la
eficacia de las medidas que se implementan en el presupuesto de la
sección 15 para poner coto a algunos de los problemas que viene
teniendo nuestra economía en el exterior y en el interior y, desde
luego, eso se compadece poco con la posición que ha mantenido el
Grupo Socialista. Voy a ponerle ejemplos claros que dicen poco en
cuanto a la posibilidad de que con sus enmiendas se puedan resolver
los problemas que citaba la señora Leiva, como digo, con poco
fundamento político. La señora Leiva hacía referencia a que el
Gobierno del Partido Popular no estaba haciendo ningún esfuerzo en
cuanto a promover las inversiones en el exterior y presenta la
enmienda 1704, por la que se pretende una aportación adicional a los
créditos de los conceptos 858 y 850. Esa enmienda está tan mal
planteada que no se corresponde ni siquiera con la rúbrica
presupuestaria de la dirección general en la que están los créditos.

Ustedes hacen referencia a la Dirección General de Política Comercial
e Inversiones Exteriores, donde usted sabe que no se recogen las
dotaciones del ICEX, que son las que ustedes pretenden incrementar.

Por tanto, es loable el criterio por el que ustedes presentan las
enmiendas, es fácilmente comprensible que ustedes entienden que así
puede mejorarse la capitalización de nuestros recursos en materia de
inversiones exteriores, pero, obviamente, con los errores a los que
he hecho referencia es muy difícil que sus propuestas salgan
adelante. Algunos de estos errores se reproducen en enmiendas de
Izquierda Unida, como la 866, que hace referencia a la
internacionalización de las empresas y marcas conserveras asentadas
en la región de Murcia. Lamentablemente, la enmienda, en sus justos
términos, sería imposible de tramitar porque ni recoge la repercusión
de la subvención en el ICEX, ni recoge la repercusión del aumento de
financiación en el presupuesto de ingresos del ICEX y no indica
tampoco el código de proyectos de inversión que se pretende enmendar.

Por tanto, repito, es tremendamente difícil congeniar esto para
conseguir el objetivo de la enmienda, que puede ser absolutamente
protegible, pero que está estructurada de forma tan deficiente que ni
siquiera es posible tramitarla; no digo discutirla, pero tramitarla
es absolutamente imposible.

Por lo que respecta a algunas otras enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista, tengo que decir que incurren todas en el mismo
error, que es financiarse con créditos consignados en el concepto
850. No sé qué es lo que haría el Grupo Socialista con todos los
créditos que tienen como fin adquirir acciones y participaciones
existentes en el sector público, porque a fuerza de financiar con
bajas presupuestarias las altas en la sección 15, dejarían
ciertamente capitidisminuida cualquiera de las aportaciones
encaminadas a la adquisición de acciones y participaciones existentes
en el sector público. Creo que deben reflexionar sobre adónde acaban
por tirar las bajas presupuestarias que les permiten presentar las
enmiendas. Por ejemplo, en relación a la 1702, en la que solicitan
una partida para formación del personal del Ministerio en materia
fiscal y restablecer



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los objetivos del programa, que es lo que dicen en su enmienda, ¿se
han molestado en mirar cuál es el Plan de formación que tiene
establecido el Instituto de Estudios Fiscales para este año? Amí me
da la sensación de que no, y que muchas de las enmiendas que ustedes
presentan sólo tratan de incrementar cuantitativamente las partidas,
sin ver si eso está sustentado técnica, jurídica y políticamente.

Como digo, en este caso es clarísimo: no se han molestado en ver cuál
es el programa de formación del personal del Ministerio en el
Instituto de Estudios Fiscales. Les recomiendo que lo hagan y verán
cómo más allá de ser necesario incrementar la partida presupuestaria,
lo que hace falta es que con la dotación presupuestaria se logren los
objetivos que pretende el Instituto de Estudios Fiscales.

Tengo poco más que decir en relación a las enmiendas presentadas por
el Grupo Socialista porque, como digo, todas están fundamentadas en
el criterio al que he hecho referencia y siguen sin reconocer que las
materias reguladas en la sección 15, las políticas que se financian
en la sección 15 son las políticas que están consiguiendo avances en
materia económica de forma muy resaltable, que no pido, ni siquiera
sugeriría al Partido Socialista que reconociera en esta Cámara, pero
que, obviamente, es así. Desde esta sección se promueven políticas
que han conseguido reducir el déficit del 7 por ciento en el que
estaban en el momento en que dejó el Partido Socialista el Gobierno
de la nación hasta límites absolutamente desconocidos en el panorama
presupuestario español. Esta es la sección en la que se promueven,
entre otras cosas, políticas de empleo que permiten que hoy haya
1.800.000 asalariados más con su contrato de trabajo en vigor de los
que había en el año 1996. Este es el presupuesto denominado por algún
medio de comunicación, no por este portavoz, de impacto social, que
permite que la distribución de la riqueza en España sea por fin una
realidad y que se potencien hasta límites no conocidos las
prestaciones sociales con el máximo de apoyo de las organizaciones
y de los interlocutores sociales, incluidos empresarios y sindicatos.

Esta es la realidad de la sección 15, desde la que se promueven,
señorías, las políticas a las que he hecho referencia. Tampoco voy a
hablar de los resultados, que nadie podrá calificar de otra cosa más
que de históricos en cuanto al turismo en España. Insisto, en materia
de turismo también lo supeditan todo al incremento presupuestario de
determinadas partidas, y esto no se compadece con la realidad, se
empeñen hasta el punto que se empeñen. Hacer ver que la política
turística en España tiene fisuras hasta el punto que decía el señor
portavoz del Grupo Socialista, no se compadece, simple y
sencillamente, con la realidad.

Esta es, lamentablemente, la posición que ha mantenido el Grupo
Socialista en relación con la sección 15. Ha habido un exceso, si se
me permite decirlo, de verbalismo, de propuestas poco sustentadas en
la realidad y poco sustentadas técnicamente, incluso en las
enmiendas, lo que dice poco de la seriedad que el Partido Socialista
debe mantener si quiere acreditar que tiene un discurso diferente al
de hacer propuestas que en años anteriores se han revelado
absolutamente inabordables para la economía española.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con esto damos por concluido
el debate de la sección 15. (La señora Leiva Díez pide la palabra.)
Señora Leiva, sabe que hemos ordenado el debate con un único turno de
intervención, salvo en aquellos casos excepcionales en los que
hubiera que hacer alguna precisión muy concreta.




La señora LEIVADÍEZ: Hay una precisión que hacer, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Entonces tiene un minuto para
precisar.




La señora LEIVA DÍEZ: Son tres precisiones muy exactas. En primer
lugar, el Grupo Socialista está haciendo propuestas evidentemente
políticas; no estamos aquí para hacer propuestas técnicas porque no
es nuestro cometido. En segundo lugar, puesto que ha habido una
descalificación en cuanto al orden, es decir que no estaba planteada
la enmienda en el lugar correcto, propongo al Grupo Parlamentario
Popular una transaccional que consiste en que usted me diga dónde
colocamos nuestra enmienda que solicita más dinero para el ICEX y
para la Asociación de Exportadores, para que así salga adelante; es
la segunda precisión. Yla tercera precisión se refiere a que ya que
estamos en una Comisión de Presupuestos, estamos hablando de
dotaciones presupuestarias; si estuvieran compareciendo aquí los
ministros, probablemente podríamos hablar de cada uno de los
programas y de lo que podríamos hacer con su contenido.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Cámara.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señora Leiva, efectivamente,
durante muchos años, ustedes han sustentado su política
presupuestaria nada más que en declaraciones políticas que no estaban
sustentadas técnicamente, lo que ha resultado lamentable para la
política presupuestaria en España. No nos diga lo que hacemos bien.

Realmente, es muy difícil convencer a la sociedad española de que el
Gobierno del Partido Popular no ha logrado sustentar, tanto política
como técnicamente, sus propuestas. Lo que sí le digo es que si
ustedes hubieran apostado en el momento preciso también por
propuestas técnicas y no técnicamente por propuestas que tan sólo
tenían contenido político, nos hubiera ido a todos de otra manera.

En cuanto a las enmiendas transaccionales, debo decirle que, aunque
algunos de ustedes siguen sin acostumbrarse a estar en la posición de
oposición que les corresponde, en este momento las enmiendas
transaccionales las propone el partido que gana las elecciones, el
partido del Gobierno y no los grupos de la oposición. Ustedes
plantean modificar la baja en esa propuesta concreta y yo les sugiero
que lo hagan en todas las enmiendas. Será muy difícil que el Grupo
Parlamentario Popular pueda aceptarles alguna propuesta de las
enmiendas que ustedes financian con el concepto 850 porque lo que
ustedes harían sería destrozar -dicho así, de esa manera tan simple y
tan llana- todo el capítulo de activos financieros del presupuesto
español en el artículo 8. Austedes les da igual de dónde tomar las
bajas para financiar sus propuestas. Esa es la forma de hacer polí
tica



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a la que ustedes nos acostumbraron durante la época en veces da
incluso contratos de un día; por lo tanto, el objetivo la que el
déficit presupuestario era el que era y siguen en de la temporalidad
no se afronta adecuadamente. El esa tónica y con esa forma de
pronunciarse en momentos segundo objetivo, el de la tasa de
actividad, que se mantiene en los que, afortunadamente para el
presupuesto español, en España con un 49 por ciento y que es una de
las más ustedes están en la oposición. bajas de la Unión Europea,
tampoco se afronta de la manera que la situación económica hoy
permitiría. El tercer El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio):
Gracias, objetivo que compartimos con otros países de la Unión señor
Cámara. Europea -los dos anteriores son específicos de España-



Sec. Damos por concluido el debate y pasamos a la sección y que ha
motivado la cumbre de Luxemburgo, referente a 19 19, que se va a
debatir conjuntamente con la sección 60. los colectivos de difícil
inserción, desde nuestro punto de Han sido presentadas enmiendas del
Grupo Socialista, vista no se aborda adecuadamente por este Gobierno.

No del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, del Grupo se ha hecho
con la ambición de acabar con las bolsas de Parlamentario Mixto, del
Grupo Parlamentario de Coalición desempleo, que en el caso de España
son más graves que Canaria -que nos ha hecho llegar una nota dando
por en otros países, a pesar de que el descenso de la demografía
defendidas las suyas- y del Grupo Parlamentario Catalán y la
prolongación de los años de educación palian lo que (Convergència i
Unió) a la sección 60. hoy sería un panorama indudablemente más
grave.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen El Plan nacional
de empleo que todavía el Inem no Romero por un tiempo de 10 minutos,
que habitualmente dibuja, aunque los presupuestos de este año nos
ofrecen es el que se tiene para defender el conjunto de enmiendas.

unas líneas, no nos hace concebir esperanzas con respecto (Pausa.) Si
van a intervenir tres portavoces, les ruego que a lo que supondría el
objetivo principal de la cumbre de se repartan el tiempo entre
ustedes. Luxemburgo, que es el de convertir las políticas pasivas en
activas. Por tanto desde nuestro punto de vista, el sentido La señora
ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, de la enmienda a la totalidad que
presentamos a esta sección vamos a intentar agilizar la intervención.

(El señor presidente es el fracaso del Gobierno a la hora de afrontar
los ocupa la Presidencia.) retos que hoy sigue teniendo nuestro
mercado laboral, a Respecto de la sección 19, a la que hemos
presentado pesar de las mil declaraciones que en prensa se están una
enmienda a la totalidad, cree nuestro grupo que estos haciendo estos
días a propósito de estos presupuestos. Da presupuestos, que son de
una época de bonanza económica, la sensación de que ni siquiera el
Gobierno se los cree están siendo desaprovechados para los objetivos
sustanciales cuando aluden a que las bonificaciones se han acabado o
a que supondrían afrontar la situación del mercado que se va a
producir un aumento del empleo para las mujeres. laboral en España.

Algunos de esos objetivos son específicos La realidad es que aumentan
las bonificaciones de los de la situación española y otros son
compartidos por la contratos, ya se han acumulado 800.000 millones de
pesetas situación europea, lo que no en balde ha provocado el en
bonificaciones para los empresarios, sin que se incrementen hecho de
que los países se hayan reunido en la cumbre de sustancialmente
aquellas partidas que el Gobierno Luxemburgo, la plataforma en la que
las autoridades españolas prioriza en favor de los colectivos que el
Gobierno también no destacaron por su interés respecto a la
eliminación dice priorizar. de las tasas de desempleo. Esa es la
razón por la que nosotros Lo que los presupuestos sí demuestran es
que lo que creemos que el fracaso de las políticas de este Gobierno
disminuye realmente es la aportación del Estado y no porque, en
materia de empleo está siendo encubierto por el crecimiento según
dice el secretario general de Empleo, señor económico que está
viviendo nuestro país, como Chozas, Europa nos lo ordene, sino porque
el Gobierno ha otros de nuestro entorno, ya que países como Francia,
Grecia decidido aprovechar la bonanza para regalar bonificaciones
o Portugal tienen tasas de crecimiento económico y disminución a
diestro y siniestro y convertir al Instituto Nacional de del
desempleo semejantes. Tampoco tengo que Empleo en el instituto de la
ineficacia y del despilfarro. No referirme a que en el periodo 1986-
1989 el crecimiento de sólo no han corregido nuestros errores, sino
que han la población activa fuera mayor y el crecimiento de la
ocupación aumentado su ineficacia y lo de más de lo mismo se ha
convertido también. Es decir que, sobre el crecimiento anterior, hoy
en más de lo mismo malo, pero no más de lo las cifras van
disminuyendo, aunque desde nuestro punto mismo bueno. Nuestro grupo
considera que no porque se de vista es el momento de afrontar los
retos en lugar de ser apliquen paños calientes o respiración
artificial estaremos autocomplacientes y de preguntarse: si las
mujeres españolas en condiciones de afrontar, sin encubrir, lo que
hoy es la contradijeran estas cifras y se animaran a búscar situación
del mercado laboral en España. empleo, ¿cuáles serían realmentes
nuestras cifras de Quisiera decir que nuestras enmiendas tocan el
corazón desempleo si aplicáramos las mismas tasas de actividad de lo
que siguen siendo hoy nuestros retos. En primer lugar, que tienen
países como Dinamarca, con los que evidentemente las fuentes de
financiación de las bonificaciones por pura nos quisiéramos comparar?
coherencia con el Pacto de Toledo y con lo que todos los Los
objetivos específicos de España no se abordan de partidos asumieron,
aceptado también por el Grupo Popular manera adecuada. El primero, la
temporalidad, que sigue y digamos que confirmado por el propio
secretario manteniendo el 33 por ciento, a pesar de que el Gobierno
general de Empleo en su comparecencia, porque la recomendación se
escuda en el acuerdo interconfederal para no abordar primera del
Pacto de Toledo es bastante explícita. otras medidas que puedan
disminuir esta cifra y a pesar de Por ello nuestras enmiendas no
podían menos que girar que la rotación sigue siendo de 57 contratos
para que disminuya en torno a las fuentes de financiación. No en
balde además un desempleado en las listas del Inem, lo que a es algo
que pertenece exclusivamente a nuestra política



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presupuestaria y en ningún lugar, en ninguna directiva y en ninguna
cumbre se podría decir lo contrario, es decir, no hay ninguna
justificación para que la política presupuestaria se haga de esta
manera. Esta afirmación se corresponde con las declaraciones del
señor Chozas en una comparecencia anterior, en que hablaba de que
eran las directivas europeas, la cumbre de Luxemburgo la que
propiciaba esa conversión de políticas pasivas en activas.

Evidentemente que es así, pero en ningún lugar se dice que las
fuentes de financiación tienen que ser las que este Gobierno ha
decidido. Nuestro grupo cree que esa enmienda es sustancial porque
mantendría la separación de las fuentes de financiación, que es el
principio que todos los partidos compartimos y que fue asumido en el
Pacto de Toledo. Por tanto, a política de empleo va dirigida una de
las enmiendas sustanciales de nuestro grupo, y las otras hacen
referencia en primer lugar a todas las políticas destinadas a una
mayor incorporación y una mayor animación de la mujer para aumentar
lo que es la tasa de actividad, que no es sólo un problema de cambio
de cultura... (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela: No grite tanto.)
No estaría de más poner mayor énfasis en alguno de los temas que SS.

SS. parecen no entender. Por si algún diputado en estos momentos no
tiene sus oídos dispuestos a esta argumentación, me gustaría seguir
con el mismo énfasis. Quisiera continuar diciendo que la animación de
la mujer es sustancial para nuestro grupo para incrementar la tasa de
actividad, que en nuestro país, como he citado antes, es muy baja
-estamos aún en el 49 por ciento- y debe suponer un esfuerzo para
cualquier Gobierno.

Las políticas de asuntos sociales serán defendidas por mi compañera
Isabel López i Chamosa, por lo que quisiera centrarme en lo que es el
tercer aspecto de nuestras enmiendas referidas a lo que son objetivos
de la cumbre de Luxemburgo, que son los colectivos de difícil
inserción, que al aplicar de manera no discriminada y aprovechando
que ha existido esta cumbre de Luxemburgo y no por iniciativa de este
Gobierno, ustedes no han abordado, ni por ambición -me temo que no
han entendido lo que significa convertir políticas pasivas en
activas- ni por idoneidad de las políticas dirigidas a los colectivos
de difícil inserción, porque no es posible que todo el mercado
laboral sea de difícil inserción -esto no es haber aplicado los
principios que inspiran la cumbre de Luxemburgo- ni el paquete Delors
ni ninguna orientación común frente al desempleo.

La totalidad de nuestras enmiendas referidas a incrementar lo que
supondrían las actuaciones respecto a estos colectivos de difícil
inserción suponen una cifra que desde nuestro punto de vista puede
asumir perfectamente un presupuesto de 1,9 billones de pesetas y
harían posible hoy abordar los retos de esta cumbre de Luxemburgo, a
los cuales el Gobierno no quiso comprometerse.

Por tanto, tendríamos que preguntarnos hoy en estos momentos y con
estos presupuestos encima de la mesa, qué oportunidad perdemos, qué
recursos despilfarramos, qué colectivos estamos condenando por no
abordar adecuadamente y sin evaluación las medidas destinadas a
ellos.

Voy a terminar diciendo que esta ha sido la oportunidad, una vez más,
un presupuesto más, para haber podido aprovechar esta época de
crecimiento económico en beneficio de estas bolsas que tiene todavía
nuestra sociedad,
derivadas de su propia historia y de la propia coyuntura. En un
momento que el servicio público podría haber sido más eficaz, ustedes
no han contribuido a hacerlo. En el momento que sin duda las empresas
podrían haber afrontado medidas que habrían incidido más en cambiar
el carácter de lo que es la contratación hoy casi protagonista de
nuestro país, ustedes tampoco han contribuido con ninguna medida, más
que el consabido regalo al que antes hemos hecho referencia. Ninguno
de los objetivos referidos a mejorar la intermediación del servicio
público hacia el empleo, en conectar la oferta y la demanda, en
estimular la iniciativa en quienes son perceptores de prestaciones o
subsidios, en evaluar las políticas de formación, en abordar los
nuevos colectivos existentes, en dar un mejor rendimiento a esas
bolsas, en ninguno de estos objetivos ustedes han tenido una política
que no sea ampliar lo que una buena situación económica sin duda les
ha permitido hacer.

Nosotros creemos que en estos momentos se podría haber mejorado
cualquiera de los objetivos sustanciales de un servicio público de
empleo que significaría estimular el objetivo fundamental de la
sociedad española que es el crecimiento del empleo, al margen de lo
que la propia situación económica ya hace, de lo que el propio
crecimiento económico ya facilita. No estamos hablando de lo que el
crecimiento económico facilita en otros países, sino de cómo un
presupuesto destinado a eso puede favorecer a aquellos sectores, a
aquellos colectivos, a aquellas bolsas, a aquellas lagunas que se
producen y necesitan la incentivación y el impulso de las políticas
del Estado. Por esa razón nosotros creemos que esta sección merece
nuestra enmienda a la totalidad y merece nuestro estímulo en aquellos
puntos, en aquellas coyunturas, en que ustedes no han insistido, sin
duda porque están en una etapa de autoelogio y de autocomplacencia;
pero mal se puede hablar de una política de esa naturaleza cuando
muchos ciudadanos están sufriendo contratos de la naturaleza a que
antes hacía referencia, y cuando todavía hay muchas personas que,
desgraciadamente, no han podido acceder al empleo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Isabel López.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Intervengo muy brevemente. Señorías, las
enmiendas que me corresponde defender son a la sección 19 en el
capítulo de Asuntos Sociales.

Leyendo estos presupuestos, el Gobierno nos ha venido a trasmitir que
el Estado de bienestar no va con él. Leyendo el proyecto de
presupuestos del Estado vemos que las políticas que hacen que un país
sea más sociable y con mayor bienestar es como si no fueran con él.

No se pueden desarrollar políticas de bienestar si desde el Gobierno
central, desde luego en colaboración con las comunidades autónomas
y desarrolladas a través de los municipios, no se hacen políticas
dirigidas a homogéneizar todo esto y así es muy difícil hablar de un
Estado de bienestar. En un país que va bien, con crecimiento
económico importante es perder una oportunidad fantástica si no
aportamos más dinero para aquellas políticas que vayan en
reconocimiento de derechos de los ciudadanos, que liberen de
necesidades que tienen y no pueden afrontar desde la propias
familias.




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Este Gobierno tiene su mérito. Lo que hace muy bien es la propaganda:
crece el empleo, España va bien. Eso es fantástico, lo hacen ustedes
muy bien, pero el problema es que la realidad es muy tozuda y acaba
imponiéndose. Ustedes hablan de las políticas para incorporar a la
mujer al mundo del trabajo y hablamos de leyes para conciliar la vida
familiar y laboral, pero luego a la hora de plasmarlo en estos
presupuestos, la realidad es que no hay un duro para hacer esas
políticas sociales. Ustedes están condenando nuevamente a la mujer a
que tenga que quedarse en casa para cuidar de los niños, para cuidar
de los mayores, para cuidar de los enfermos. Señorías, en estos
momentos que la economía va bien, deberíamos hablar -y en ese camino
van las enmiendas socialistas- de una red de asistencia domiciliaria,
una teleasistencia para todos los ciudadanos que no pueden valerse
por sí mismos, para cuidarlos en la vida diaria, la atención
sociosanitaria; extender las residencias para mayores con atención
adecuada de calidad en todo el conjunto del Estado. Eso sería caminar
en una senda de convergencia real con Europa porque si en estos
momentos comparamos el PIB con lo que destinamos a los presupuestos
para el año 2000 a los asuntos sociales veríamos como decrece, en
pequeño porcentaje pero decrece en los dos últimos años para atrás y
esto, señorías, es de lamentar.

Las enmiendas socialistas incorporan una red territorial de centros
de atención a la familia, una red de escuelas infantiles concertadas
de 0 a 3 años con objetivo de iniciar en el próximo ejercicio y que
tuviéramos en los próximos cuatro años una cobertura del 60 por
ciento de la demanda efectiva que hoy se plantea por parte de las
familias. Con todos estos objetivos creo que podíamos cubrir lo
siguiente: llegar a una prestación de atención personal durante una
media de 16 horas semanales a 82.000 familias; crear en torno a
52.500 puestos escolares de escuelas infantiles; dotar de 22.000
trabajadores sociales a los centros municipales que desarrollen
programas de prevención e inserción social o de emergencia; y crear
22.000 nuevas plazas de residencias para mayores.

Tendríamos que hacer una reflexión, y es que además de la atención
que los ciudadanos de este país se merecen, ningún país puede crecer
dejando a una parte de sus ciudadanos marginados o atrás. Hay que
incorporarlos, porque en otro caso no podemos decir que el país vaya
bien.

En segundo lugar, en los temas sociales hay una posibilidad de
yacimientos de creación de nuevos empleos que deberíamos tener en
cuenta y no dejar pasar esta oportunidad. Creo que sería un buen
momento para acercar todo esto a los ciudadanos, creo que podríamos
hacer un esfuerzo mayor y pido al Grupo Popular que haga una
reflexión en esta dirección. Creo que podríamos hacer un verdadero
esfuerzo que el país y los ciudadanos se merecen.

Nada más, señor presidente, y con esto daríamos por defendidas todas
las enmiendas de la sección 19 y las de la sección 60.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DELPOZO: Izquierda Unida ha presentado sendas
enmiendas de devolución a las secciones 19 y 60 de los Presupuestos
Generales del Estado para
el año 2000 que paso a defender a continuación, así como toda una
serie de enmiendas parciales que a su vez defiendo, y aquellas que no
cite expresamente, lógicamente las doy por defendidas porque es
evidente que se trata de defenderlas todas, pero algunas son más
prioritarias o interesa más para el debate priorizarlas respecto a
otras.

En relación a la sección 19 creemos que los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000 plantean una línea muy coherente con lo
que es la política de este Gobierno. Se trata de una política que
falsamente se presenta como política social, que da un salto y un
avance en estos presupuestos que los define como presupuestos
sociales, y sin embargo sigue siendo una política cuyas prioridades
están en la reducción del déficit público, agravado este año que la
prioridad es un nuevo elemento, la reducción de la inflación;
elemento que no estaba presente en otros ejercicios con la virulencia
que se presenta este año, y que implica por tanto la necesidad de
tener que habilitar medidas extraordinarias que nadie se cree que
sean el control de los alimentos y de la energía, sino que más bien
se plantea en la literatura presupuestaria que se trata de reducir el
consumo final de los hogares, es decir enfriar la economía desde el
punto de vista del consumo, de la demanda interna. Por tanto,
lógicamente, una de las medidas fundamentales que a veces pasa
desapercibida, es el objetivo de la moderación salarial en el 2 por
ciento, que se ve afianzada por las medidas de reducción del
incremento de poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios,
como ya se ha visto en otro momento de los Presupuestos Generales del
Estado.

Entendemos que ésta es la clave de bóveda de estos presupuestos,
junto a una política de empleo que se ratifica en esta sección en su
orientación empecinada de crear empleo pero empleo parcial, empleo
precario, empleo desregulado, y mantener una administración laboral
que en el capítulo concreto incluso desciende en cuanto al gasto
habilitado para ello en el año 2000, y mantener también una política
de falsa conversión de las políticas pasivas en políticas activas.

Digo falsa porque sin duda alguna se va a seguir manteniendo sin
cobertura por los presupuestos del Inem a 1.800.000 parados. Aunque
según los responsables del ministerio sean 700.000 los que no van a
tener cobertura, este dato es siempre referido al paro registrado y
no respecto a los datos de la EPA. Por tanto, mantenemos estas cifras
que vienen a dar una descripción mucho más ajsutada a la realidad. En
todo caso, creemos que esto va a mantener una situación dramática.

Junto a esto, se habilitan medidas quizás de buena voluntad, como la
renta activa de inserción, medida novedosa pero que dadas sus
limitaciones no va a servir para paliar esta realidad que sigue
siendo muy abultada en cantidad y calidad. Creemos que se va a seguir
manteniendo la filosofía de invertir el dinero de las cotizaciones al
desempleo para financiar aquello que debería financiar la imposición
general del Estado, aquellas políticas activas que debería financiar
la imposición general del Estado. Si bien la cumbre de Luxemburgo
dice que efectivamente se tienen que incrementar las políticas
activas y convertir las políticas pasivas en activas, no dice que
deba ser con cargo al dinero de los cotizantes, es decir con cargo al
dinero de los trabajadores y de los empresarios. Mientras



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exista un parado sin cobertura, no debería utilizarse ni una sola
peseta, o un solo euro para las políticas activas.

Por otro lado, entendemos que no es éste el único defecto que tienen
los Presupuestos Generales del Estado, sino que también hay un
intento de diferir el Estado de bienestar a la sociedad de bienestar
mediante la privatización de servicios públicos. Por ello es por lo
que el capítulo de servicios sociales no solamente no se incrementa
sino que se reduce; en la cuantía general respecto del gasto hay una
reducción del 3 por ciento en servicios sociales. Esto viene dado
precisamente por la potenciación de una filosofía donde se establece
que deben ser los sectores del voluntariado, de las prestaciones
sociales sustitutorias, etcétera, los que se habiliten como la mano
de obra que deban cubrir los servicios sociales y no realmente unos
servicios sociales potentes, financiados y servidos desde los
servicios públicos del Estado y de las comunidades autónomas, del
conjunto de las administraciones públicas.

Por tanto, entendemos que hay toda una serie de déficit en esta
sección 19 que hacen que deba ser devuelta al Gobierno para que se
habiliten otros presupuestos de carácter realmente progresista y de
carácter realmente social. Al mismo tiempo, planteamos toda una serie
de enmiendas parciales precisamente para evitar que este deterioro de
los servicios sociales y de la calidad de vida del Estado de
bienestar se vaya produciendo poco a poco.

En la enmienda 1230 planteamos 300 millones adicionales para
políticas respecto a los inmigrantes de Almería. Consideramos muy
importante una enmienda de 200.000 millones de pesetas para erradicar
la marginalidad de los barrios, seleccionando 50 barrios en todo el
Estado que deberían ser objeto de este tipo de políticas. En la
enmienda 1235 planteamos un incremento de 1.800 millones de pesetas
para programas asistenciales relativos al plan gerontológico, a la
atención de los enfermos de Alzheimer y otras demencias, y a
proyectos de determinados colectivos de atención a las personas en
estados de necesidad, así como destinar 1.000 millones de pesetas
para la ayuda a domicilio, para conseguir que al menos el 8 por
ciento de nuestros mayores sean atendidos en base a la ayuda a
domicilio, para que haya al menos un centro de día para cada 4.000
mayores; que podamos dotarnos de al menos 3,5 camas de hospitales
para cada 100 personas mayores de 70 años; y para que se puedan
prestar ayudas a las familias de los enfermos de Alzheimer, de otras
demencias y de minusvalías desde las corporaciones locales, que sin
duda alguna son las que por su proximidad deben ser las gestoras de
todos estos programas. En la enmienda 1237 planteamos que para el
desarrollo y aplicación de la ley de apoyo a las personas
dependientes, se habilite una partida de 10.000 millones de pesetas.

Junto a ello, hemos presentado por supuesto una serie de enmiendas
que plantean la concreción de eso que a veces se utiliza
demagógicamente, que es la sensibilidad respecto a los problemas de
las mujeres. Nosotros creemos que tiene que haber un plan de acción
contra la violencia doméstica dotado de 500 millones de pesetas; que
tiene que haber una campaña específica de sensibilización y educación
de los escolares precisamente para prevenir la violencia doméstica,
dotada con 150 millones de pesetas, y tiene que haber una dotación de
1.000 millones de pesetas para
el plan transversal de igualdad de oportunidades. También proponemos
destinar 300 millones a la formación ocupacional de las mujeres y 50
millones al Consejo Estatal de la Mujer. Señorías, creemos que hace
falta pasar de las palabras a los hechos de la financiación y a las
políticas activas respecto a los problemas que padece hoy la mujer en
nuestra sociedad.

Por último, defenderé la enmienda de devolución de la sección 60,
referida a la Seguridad Social. Señorías, la Seguridad Social está
estancada en una interpretación regresiva que hace el Gobierno de los
acuerdos suscritos por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara
en Toledo, y creemos que debe salirse de esa interpretación
regresiva. El Gobierno en estos presupuestos pretende patrimonializar
el incremento de las pensiones que ha sido arrancado por la
movilización de la opinión pública promovida por los pensionistas,
sus asociaciones, sus sindicatos y los partidos de izquierdas. Por
tanto, no significa una victoria del Gobierno, sino más bien todo lo
contrario: una derrota difícilmente disimulada de este Gobierno. Sin
embargo, es evidente que las pensiones contributivas se incrementan
el 0,1 por ciento respecto al conjunto de los Presupuestos Generales
del Estado, lo que sin duda alguna es todavía insuficiente, como
sigue siendo insuficiente el incremento de las pensiones no
contributivas y asistenciales cuyo gasto queda congelado en el 0,8
por ciento del gasto social global. Reconocemos que efectivamente se
hace un esfuerzo, que los sindicatos han logrado arrancar al Gobierno
lo que han conseguido, pero en cualquier caso este Gobierno se ha
mantenido en su filosofía de ser cicateros respecto a las necesidades
reales de los pensionistas españoles. Sigue habiendo en este país 2,6
millones de personas que reciben pensiones de cuantía inferior al
salario mínimo interprofesional, incluso después del incremento de
los últimos acuerdos entre Gobierno y sindicatos. Los 800.000
titulares de pensiones no contributivas y asistenciales y 1.800.000
pensionistas titulares de pensiones contributivas forman el conjunto
de 2.600.000 pensionistas que siguen recibiendo pensiones por debajo
del salario mínimo interprofesional. Por tanto, no se puede decir que
esté cubierta esta aspiración, de la que Izquierda Unida es
machaconamente pionera desde hace muchos años: No puede haber un
pensionista que cobre por debajo del salario mínimo interprofesional.

Obviamente, nosotros planteamos la devolución de esta sección en
función de otros muchos elementos de incumplimiento del Pacto de
Toledo que se consagran en estos Presupuestos Generales del Estado,
en concreto en esta sección, pero por premura de tiempo no quiero ser
más prolijo y lo dejaré para mejor ocasión.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Intervengo para defender las enmiendas
presentadas por el Grupo Mixto a las secciones 19 y 60, y en
particular las ocho enmiendas que ha presentado el Partido Aragonés a
dichas secciones.

Lo único que pretendemos, como todos los años en vísperas de las
transferencias de la competencia de sanidad a las comunidades
autónomas que como la aragonesa no la



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tienen, es mejorar el nivel de inversión y las dotaciones, de forma
que los aragoneses y otros territorios no tengamos que ser los que
paguemos este déficit tanto de infraestructuras como de
equipamientos. En el caso concreto de Aragón hay dos parámetros que
me parecen fundamentales, y que desgraciadamente no se tienen en
cuenta en el momento de planificar un servicio como el sanitario
-aunque también sería aplicable al sector educativo-, que son la
densidad de población y el envejecimiento de la misma. Estos dos
factores marcan esa especie de hecho diferencial aragonés en materia
de planificación de la sanidad y que hacen encarecer mucho, si cabe,
este tipo de servicios.

Hay un movimiento motivado por la deficiencia en el transporte
sanitario. Tengo que decirles, señores diputados y diputadas, que en
los últimos años varios ciudadanos aragoneses y españoles han muerto
en la carretera simplemente porque no han llegado al hospital. En la
provincia de Teruel, en invierno o ahora por ejemplo, hay puntos que
están a tres horas y media o cuatro de un hospital. Lo único que
pretendemos es solucionar este problema, de ahí la presentación de
esas enmiendas encaminadas a compensar esa especie de deuda acumulada
en la construcción de centros de salud. El Gobierno aragonés, sin
tener competencias en materia de sanidad, ha costeado con sus propios
y escasos recursos más de 3.000 millones de pesetas para hacer obras
que corresponderían a la Administración central, de ahí nuestra
intención de desbloquear el hospital de las cinco villas de Ejea, la
deuda histórica del hospital de Jaca, el equipamiento relativo al
Rollo Vilanova como gran hospital de la margen izquierda de Zaragoza
y la renovación de los centros de salud de Caspe y Tarazona. Es una
enmienda que nos parece fundamental, porque a la hora de parir, a la
hora de dar a luz las mujeres hay diferencias dependiendo del
territorio donde lo hagan. Mientras en algunas comunidades autónomas
se está expidiendo desde hace tiempo la anestesia epidural en el
momento del parto, hay otras comunidades autónomas, y hospitales
dentro de las comunidades autónomas que no tienen derecho a este
servicio. Nosotros queremos que este servicio, que muchas veces viene
limitado no por la disponibilidad económica sino por la
disponibilidad de anestesistas, se vaya extendiendo a todo el
territorio nacional.

Hay una enmienda que tiene cierto paralelismo con otras enmiendas
que, según me he enterado, quiere retirar Convergència i Unió, su
enmienda número 2123 que se refiere a la acumulación de déficit en
las transferencias del Imserso y en relación a su valorización. La
cuantificación que tenemos en Aragón está en torno a los 300
millones; Convergència i Unió pedía para Cataluña en torno a 861
millones. Si es bueno para Cataluña compensar ese déficit, queremos
que entiendan que también puede ser bueno compensar el déficit a la
comunidad aragonesa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Caneda.




El señor CANEDAMORALES: Vamos a compartir el turno. Yo defenderé la
sección 19 y el señor Camps defenderá la sección 60.

De forma mecánica, un año más algunos grupos presentan una enmienda a
la totalidad. Estamos hablando de la
sección 19, Trabajo y Asuntos Sociales. Estos presupuestos que se
rechazan son los que están haciendo que este año se creen 450.000
empleos; los que han hecho, como continuidad de los presupuestos
anteriores, que se hayan creado 1.600.000 puestos de trabajo en estos
cuatro presupuestos y que además hayan subido no solamente en
cantidad sino también en calidad; sin embargo no les gustan.

Estos presupuestos que rechazan han servido para consolidar
y potenciar las políticas sociales en nuestro país, garantizando además
su futuro. Parece que esto tampoco les gusta y a eso se deberá la
enmienda a la totalidad. Quizás prefieran las políticas que nos
llevaban al paro o a cuestionar las políticas sociales. Esto parece
un pelín masoquista, pero no se preocupen, porque en referencia a lo
que dicen que quieren, tengan la seguridad de que nosotros lo hacemos
mejor que lo hicieron ustedes. (Un señor diputado: ¡Sin duda!) Cuando
se habla de este presupuesto -porque de palabra andan bastante bien,
además no tienen reparo en sacar sus vergüenzas-, cuando hablamos de
hechos, hay que mirar qué pasa con esta sección. ¿Cuál es el
presupuesto para el año 2000? Tres billones 29.000 millones de
pesetas. Es decir, hay una subida de 297.158 millones, que representa
un 10,9 por ciento. El presupuesto de esta sección, en consecuencia,
sube 5,1 puntos más que el PIB nominal, es muy superior al
crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado, que crece 4,7,
y supera en más de cinco veces el aumento estimado del IPC. Con estas
tesis, difícilmente se puede defender que bajan los gastos sociales.

Si miramos el crecimiento del 10,9 y el crecimiento real de la
economía, vemos que lo triplica, y basta simplemente con hacer la
división para ver que la participación en el PIB, lejos de lo que se
ha dicho, pasa del 2,95 al 3,10 en los gastos sociales. Creemos que
es una cuestión de sensibilidad y de eficacia.

Esta sección en su conjunto, cuando se mira en los presupuestos, se
ve que irradia perfectamente el espíritu que impregna la política
presupuestaria en general. Vemos que hay austeridad en los gastos
corrientes, que tienen como primer objetivo crear empleo,
fundamentalmente a través de las políticas activas, y que reparte el
crecimiento económico socialmente, primero, mediante la creación de
empleo, que es la mejor forma de hacerlo, y, segundo, incrementando
directamente los gastos sociales y los gastos de solidaridad.

En las políticas activas de empleo, que después de oír
contradicciones no sé si las defienden o no, si las defienden,
señores, aquí vienen con una subida para el año 2000 del 9,5, pero,
además, si le añaden los 50.000 millones destinados a rentas activas
de inserción, que es una forma original, novedosa, pero muy positiva
de inserción, esta subida sería del 16,6 por ciento, y si contáramos
la reducción del 0,25, que indudablemente es otra política que
promueve la creación de empleo, el crecimiento sería del 22 por
ciento. Señores, se han duplicado en esta legislatura las políticas
activas de empleo y, como además, tienen resultado, que, guste o no,
es el termómetro para ver si las cosas funcionan o no, y como este
dice que se han creado 1.600.000 empleos, algo estará funcionando,
¿no?
Consideramos que para mantener el crecimiento de empleo, estimado en
400.000 en estos presupuestos para el



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año 2000, hay que persistir en estas políticas y al señor portavoz de
Izquierda Unida, como casi siempre en estos debates, le recuerdo que
nosotros hablamos de políticas activas pero también de políticas
pasivas. El índice de cobertura meta de las políticas pasivas para el
año que viene se pondrá en un 70 por ciento, que no lo ha tenido.

Entonces, nosotros combinamos políticas activas de empleo con
cobertura y, como usted ha reconocido, hemos pasado de más de
1.200.000 ciudadanos sin ninguna cobertura en una legislatura a poco
más de 600.000 previstos para el año que viene. Creo que es una
notable mejoría que contemplan estos presupuestos y este modelo del
Partido Popular que ustedes parecen no entender, no comprender o que
no comparten.

Si las medidas de los presupuestos anteriores, que también fueron
rechazados, lograron equiparar el desempleo masculino, en estas se
pone énfasis en las ayudas a aquellos sectores que todavía no han
logrado esa equiparación con el desempleo europeo, es decir, mujeres,
parados de más de 45 años, discapacitados, jóvenes. Se están
transformando estas políticas de ayuda a estos colectivos que,
mirando los índices de desempleo, concentran en este momento el
problema del paro en España. Hay incrementos sustanciales en
partidas, como los talleres de empleo, donde van adultos con
desempleo de larga duración, o iniciativas locales de empleo
precisamente para fomentar y aprovechar esos yacimientos de empleo
que ustedes reconocen como fuentes a explotar en unión con otras
administraciones. Por eso suben estas partidas más de lo normal, por
eso se concentra la subida en ellas, como pasa subiendo un 26 por
ciento la economía social.

Si nos referimos a los gastos sociales, yo no sé cómo medirlo. Cuando
decimos que suben para el año que viene un 13,4 por ciento es que
suben un 13,4 por ciento, que es mucho más de lo que sube la
economía, de lo que sube el IPC, de lo que suben los gastos en los
presupuestos generales, con lo cual aumenta su peso dentro de este
presupuesto en general. Pero además es una continuidad, puesto que en
los últimos cuatro años estas políticas de solidaridad, estos gastos
directamente sociales han subido un 50 por ciento, cuando muchas
partidas, como el plan gerontológico y otros, venían de la
congelación y ahora se han subido todas. Pero no solamente es que se
hayan subido en esta legislatura, sino que se han iniciado programas
nuevos muy importantes que antes tenían cero pesetas. El plan de
acción de discapacitados, el plan de integración social de
inmigrantes, la atención a personas con Alzheimer, el plan estatal de
voluntariado, ayuda a familias desfavorecidas y en situación de
riesgo social, el plan integral de apoyo a la familia, el plan de
malos tratos o los proyectos para mayores de 16 años son programas
iniciados íntegramente. De ahí viene ese crecimiento que los gastos
sociales han tenido en esta legislatura y específicamente en estos
presupuestos, a los que nos estamos refiriendo, para el año 2000.

Antes decían que se hacían enmiendas a la totalidad de forma
mecánica, y que el crecimiento del empleo es porque ha tirado el
viento de la bonanza. Pues lea los periódicos y entérese de que ha
habido una crisis en Asia, una crisis en Suramérica, que Alemania ha
crecido un 0,6 y que no ha habido ese crecimiento generalizado. Ha
tenido problemas Italia y se está creando tres veces más empleo que
en el resto. Eso se debe a un modelo que lógicamente no es el suyo.

Por eso se ha creado el empleo, porque se hacen unas políticas y no
porque vengan llovidas del cielo.

Creo que las enmiendas parciales no han sido trabajadas. Se piden
subidas de gasto y dicen: vamos a poner algunas enmiendas parciales
para disimular y piden subidas que no tienen ningún proyecto en
ningún bloque y además las cargan todas a la sección 31, a gastos
imprevistos, pero, eso sí, no miran ni se preocupan de ver cuánto
tiene esta partida -que técnicamente está para cubrir gastos
imprevistos y no para preverlos antes- y piden una subida de gastos
de 100.000 millones y el fondo tiene 22.000. Eso en su criterio no es
importante, es un pequeño detalle. Hace igual el Grupo de Izquierda
Unida, que pide que suban cuatro veces más los gastos que la partida
donde dice que bajan. Esos detalles no tienen importancia. Como
tampoco lo tiene otra enmienda, al más genuino estilo de los
presupuestos socialistas, que dice que la forma de encontrar fondos
es estimar que se va a ingresar más dinero en las cotizaciones por
desempleo: aumentamos 75.000 millones y ya los tenemos. Si luego hay
déficit, qué más da, eso no tiene importancia. Esas son las enmiendas
que hacen, que me parecen poco serias y que quizá sólo se deben a la
pena que les da no poder presentar unos presupuestos como estos.

Pero, como decía al principio, estén tranquilos, porque yo sé que las
personas que han intervenido, que son sensibles a la creación de
empleo y a los gastos sociales, se van a sentir felices, porque
mientras siga gobernando el Partido Popular se van a lograr estos
objetivos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camps para abordar la
sección 60.




El señor CAMPS DEVESA: Le aseguro máxima brevedad, en primer lugar,
porque el debate con el principal grupo de la oposición ya lo hemos
mantenido en esta sección esta mañana, de ahí que no haya intervenido
esta tarde, pero no quería dejar de manifestarme respecto a la
enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida, presentada por el
señor Vaquero, al que tengo que reconocer en esta materia coherencia.

El Grupo de Izquierda Unida sí que viene manteniendo las mismas
posturas desde los primeros presupuestos que presentó este Gobierno
en esta Cámara hasta estos, que son los cuartos. Tal vez otros hayan
cambiado de posicionamiento, pero desde luego no ha sido el Grupo de
Izquierda Unida y permítame que le diga que tampoco el Gobierno. A
pesar de que en los primeros dijeron que era como cuadrar el círculo
y que no iba a ser posible mantenerlos, nos encontramos ya debatiendo
los cuartos presupuestos de Seguridad Social. Lo que sabe el señor
Vaquero es que no compartimos su visión. Él es coherente en el
mantenimiento de sus ideas, pero no son compartidas por nosotros.

Aunque pueda entenderse que existen interpretaciones más o menos
regresivas de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el señor
Vaquero tendrá que convenir conmigo en que no puede haber
interpretaciones contrarias a la letra y al espíritu del Pacto de
Toledo. Ninguna de las modificaciones legislativas que se han
producido estos últimos cuatro años en materia de Seguridad Social
-la ley de consolidación y racionalización de nuestro



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sistema de Seguridad Social o cualquier otra norma, ya venga del
Gobierno o a instancias de cualquier grupo parlamentario- se puede
entender como contraria a la letra y al espíritu del Pacto de Toledo.

Todas -entiendo yo- están de acuerdo con las recomendaciones del
Pacto de Toledo; cuestión distinta es que a alguien le parezca que se
debería haber ido más rápido o menos rápido, que es otra discusión
que podríamos tener, pero entiendo que esta Cámara no ha adoptado
ninguna medida ni convalidado ninguna otra que viniera del Gobierno,
e incluyo ahí los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000,
que vaya en contra de la letra, del espíritu de las recomendaciones
del Pacto de Toledo.

Ha dicho usted, señor Vaquero, que, al final, en este presupuesto sí
que hay un esfuerzo en cuanto a las pensiones mínimas arrancado -creo
que la expresión ha sido justamente ésa- al Gobierno por la sociedad.

Quiero hacer una pequeña reflexión. El principal grupo de la
oposición en esta Cámara dice que esa subida de pensiones se lo han
arrancado al Gobierno ellos; los agentes sociales dicen que han sido
precisamente ellos los que se lo han arrancado al Gobierno; usted
dice que es la sociedad en su conjunto la que ha arrancado al
Gobierno esa subida de las prestaciones mínimas. Yo entiendo que, al
final, esa subida nace de donde tiene que nacer toda actuación en
materia social -si me permite la expresión- que se precie: del
consenso político, consenso político en el que lamentamos mucho que
no hayan estado todos los grupos de esta Cámara; del consenso social
entre Gobierno y sindicatos, que sí se produjo y, además, partiendo
de una base necesaria: que lo que el consenso acuerde tenga una base
suficiente para poder llevarse a cabo, en este caso, una situación
económica general y en particular del sistema de Seguridad Social que
permita acometer, porque al final es un mayor gasto, una subida de
las prestaciones mínimas de este país. La situación económica era
buena gracias a la política económica y a las políticas de empleo de
este Gobierno, y la situación de nuestro sistema de Seguridad Social
permitía justamente para el año 2000 hacer este esfuerzo en beneficio
de más de tres millones de pensionistas, como sabe S.S., que suponen
un gasto de algo más de 61.000 millones de pesetas.

Por tanto, señoría, entendemos que no es cuestión -ni siquiera aunque
vaya en unos presupuestos del Gobierno- de atribuirse protagonismos,
a mi juicio absolutamente innecesarios, sino que, al final, unos y
otros habremos de convenir que como mejor se hace un servicio a
nuestro sistema de Seguridad Social es con consenso político, con
consenso social y con políticas económicas y de empleo que nos
permitan poner las bases para que esos consensos, en caso de que
supongan aumento de gasto, puedan tener suficiente refrendo en los
números, en las posibilidades que tenemos para llevarlos a cabo.

También quería matizarle una cosa. Su señoría ha dicho que tenemos la
pretensión de igualar las pensiones al salario mínimo
interprofesional. Yo creo que esa es una pretensión de todos los
grupos de esta Cámara, pero igual de cierto que esa pretensión es que
este año, por primera vez, lo que podríamos entender por pensión
tipo, que podría ser la pensión de jubilación con cónyuge a cargo, se
iguala al salario mínimo interprofesional, lo cual quiere decir que
al menos estamos llegando a esa meta que todos compartimos,
además de que, de modo general -no lo podemos olvidar-, durante
los últimos tres años las pensiones han mejorado su poder adquisitivo
en un 1,6 puntos por encima del IPC. Todo eso ha sido posible gracias
al crecimiento del empleo, al que ya se ha hecho referencia
anteriormente por parte del señor Caneda. Ahora, si alguien pretende
que durante estos tres años se haga lo que no se hizo en los 17
anteriores -y no he dicho trece y medio, sino 17-, tengo que decirle
que eso es mucho pedir al Gobierno del Partido Popular. En materia de
Seguridad Social se ha hecho mucho y bien durante estos tres años.

Tal vez si alguien nos explicara cómo se pueden hacer aún más cosas
igual de bien en este período, estaríamos encantados de discutirlo y
de seguir por esa línea. Sabe, señor Vaquero, que con ustedes es
difícil porque normalmente nos encontramos en direcciones opuestas,
pero de todas maneras le sigo llamando, a ver si es posible, a ese
encuentro entre todos los grupos políticos, porque fuimos capaces una
vez de llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo, cuya revisión
estamos discutiendo, y sería bueno que fuéramos capaces de volver a
ponernos todos de acuerdo para los próximos años en esta materia.

Creo que hay un principio -y acabo con ello, señor presidente-
inspirador de todo lo que debe ser la política de Seguridad Social,
que es un crecimiento ordenado del sistema. Es lo único que nos
garantiza un equilibrio económico financiero suficiente para que en
épocas de mayor bonanza económica podamos mejorar las prestaciones
más bajas, pero sobre todo para que en épocas de menor bonanza
económica no nos encontremos con desagradables sorpresas que, como
ocurrió hace unos años, pudieran llevar a alguien a opinar que
estábamos ante la quiebra del sistema o ante situaciones de difícil
viabilidad financiera, si se permite la expresión, que lo único que
hacían era llevar la incertidumbre y la intranquilidad a nuestros
mayores.

Yo creo que estos presupuestos son buena muestra de que vamos por el
camino adecuado. Se ha acabado el proceso de separación de fuentes,
excepto los complementos a mínimos, sobre los que deberemos discutir
en el año 2000, aprobados, como saben SS.SS., en esta Cámara en una
ley; se ha acabado con los préstamos a la Seguridad Social, y ya no
existe ni préstamo de equilibrio ni préstamo de déficit, lo que creo
que es también una buena noticia, tendremos que discutir también qué
ocurre con los préstamos del Estado a la Seguridad Social que en su
momento existieron, y va a haber por primera vez superávit financiero
en estos presupuestos. Ya no habrá un déficit en la Seguridad Social,
sino un superávit que, como usted sabe, va a permitir hacer algo que
también creemos que tranquiliza mucho, no tanto a los pensionistas de
hoy como a los que aspiran a serlo algún día, como es la creación por
fin del fondo de reserva, que no podía hacerse tampoco en otro
momento porque sólo cuando se produce la separación de fuentes y
existe un superávit del propio sistema se puede acometer la creación
del fondo. Sesenta mil millones de pesetas tal vez le parezcan poco a
algún grupo, incluso hay algunas enmiendas de otro grupo, que
tendremos ocasión de debatir con más amplitud, que proponen que
debería dotarse con más dinero. Nosotros entendemos que este es un
debate que debemos tener, sin lugar a dudas, pero tampoco olvidemos
queesto es el inicio y que el fondo no acaba en 60.000 millones,



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sino que tiene que haber una periodificación presupuestaria
inversiones que se producen en el ámbito de la Presidencia en
ejercicios posteriores. Todos sabemos que la del Gobierno. Eso es
algo que a nosotros nos produce preocupación cuantía del fondo tiene
que ser mucho mayor de 60.000 y que nos sustenta en esta posición de
enmienda a millones, pero en estos presupuestos se pone la primera la
totalidad. piedra de creación de algo que entendemos que es un hito
Junto a ello, el Ministerio de la Presidencia sigue histórico en
nuestro sistema de Seguridad Social. aumentando en cuanto a su
volumen de gasto. Sigue Por todo ello estimamos, señor presidente,
que el presupuesto aumentando en el volumen de gasto corriente, sigue
de Seguridad Social tiene las dotaciones adecuadas aumentando en
cuanto al volumen del capítulo 1 y en para el cumplimiento de los
objetivos señalados y para muchos de sus contenidos funcionales deja
muchísimo que atender además las demandas de protección social que se
desear. Haré alguna reflexión en ese sentido. presentan en el
ejercicio del año 2000. Por eso no vamos a Centro de Investigaciones
Sociológicas. La verdad es poder apoyar, evidentemente, la enmienda
de totalidad que que no sabemos muy bien para qué sigue aumentando
año presenta su grupo ni tampoco la que ha presentado esta tras año
el presupuesto del CIS y por qué su directora, mañana el principal
grupo de la oposición así como el cuando compareció aquí, nos explicó
las bondades de su Grupo Parlamentario Mixto. funcionamiento, porque
en los últimos tiempos va de fracaso en fracaso. Creemos sinceramente
que algo falla en la El señor PRESIDENTE: Con esto terminamos el
conformación, en el funcionamiento y en la gestión del debate de las
secciones 19 y 60, correspondientes a Trabajo CIS. Este es un
organismo que ha tenido y debería tener, y Asuntos Sociales y a la
Seguridad Social. porque tiene muy buenos profesionales, un prestigio
institucional



Secciones Vamos a pasar ahora, según lo previsto en la reunión de que
está quedando francamente mal. Igual que 25 y 31 Mesa y portavoces, a
las secciones 25 y 31, que se debatirán pasa con algún otro organismo
autónomo de los adscritos a conjuntamente; la 25, Ministerio de la
Presidencia, y la este Ministerio cuyo funcionamiento, a pesar de los
incrementos 31, gastos de diversos Ministerios. presupuestarios, deja
mucho que desear. Por ejemplo, A la sección 25 han presentado
enmiendas el Grupo la Secretaría de Estado de Comunicación, más allá
del Parlamentario Socialista y el Grupo de Izquierda Unida.

presupuesto que contiene de los trabajos externos que se Tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el contratan,
sinceramente, este año (ha sido denunciado en señor Rodríguez
Zapatero. muchos momentos de este debate presupuestario) no es
compatible con la en su día proclamada política de austeridad, El
señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Con brevedad que se ha roto con los hechos.

En cuanto al gasto voy a defender la enmienda a la totalidad al
Ministerio de corriente no es compatible con esas campañas
multimillonarias la Presidencia, un Ministerio, es verdad, cuya
cuantía global de propaganda que el Gobierno ha puesto en marcha,
y perfil no son especialmente significativos; son 80.000 quizá la más
significativa en los últimos tiempos sea la millones de pesetas, y el
Ministerio tiene una vocación y del Ministerio de Economía, que no
sabemos qué es lo que una función significativamente política y de
dirección del explica a la ciudadanía, porque yo por más atención que
Gobierno. Pero precisamente por esa alta significación pongo soy
incapaz de entender si hay alguna acción de política -no en vano en
este Ministerio se halla ubicada la información que tenga interés
ciudadano, más allá de gastarse Presidencia del Gobierno-, creo que
merece la pena hacer 2.000 millones de pesetas, creo. No sé qué está
alguna consideración que sustenta nuestra enmienda a la haciendo la
Secretaría de Estado de Comunicación, porque totalidad. Es verdad que
está la Presidencia del Gobierno, el Gobierno tiene que estar
permanentemente gastándose como decía hace un momento, pero no es
menos cierto que dinero en campañas de publicidad y propaganda, y
cuando otros organismos autónomos están también adscritos a este no
es el Gobierno es el Partido Popular, que nos pone encima Ministerio
e incluso Radiotelevisión Española tiene una campañas, por cierto
multimillonarias, de propaganda. cierta vinculación con la sección
25. Ciertamente creo que hay un déficit clarísimo de funcionamiento
Decía al principio que es un Ministerio con poco potencial que, a
pesar de los progresivos incrementos inversor. Es cierto, pero tiene
algunas partidas inversoras: en esta Secretaría de Estado, se está
notando, ya que el las tiene la Presidencia del Gobierno, 300
millones en Gobierno se ve obligado permanentemente a gastar más y el
programa para este año, 300 millones para el año anterior, más dinero
en publicidad y propaganda, cuando las funciones y tengo que dejar
constancia aquí, señor presidente, de básicas sobre esta materia las
tiene la Secretaría de que en el trámite de comparecencias reclamé
información Estado de Comunicación, que ya dispone de un presupuesto
sobre en qué se habían invertido el año pasado esos 300 ordinario
bastante considerable. millones y qué previsiones de inversión había
(se entiende En resumen, asistimos a un crecimiento exponencial que
en el palacio de La Moncloa) por parte de este Gobierno, del
Ministerio de la Presidencia, se le han incorporado nuevas y la
información fue absolutamente insuficiente: ningún estructuras, el
gasto corriente sigue aumentando, pero proyecto, ningún detalle sobre
la inversión en la información lo más preocupante es el
funcionamiento. No sé si las informaciones que remitió el
subsecretario. Desde luego utilizaré periodísticas tendrán razón o no
sobre la pasividad nuevos cauces parlamentarios para saber cuáles son
las del vicepresidente primero del Gobierno, no sé si esto obras de
remodelación que se están produciendo en La tendrá algo que ver con
esa realidad, pero hay organismos Moncloa, obras que tanto alarmaban
en su día al Grupo que están empezando a tener serios problemas de
funcionamiento Parlamentario Popular y que ahora ya ni siquiera son
remitidas en el Ministerio de la Presidencia, y lo que viene por el
Gobierno a esta Cámara. Practica pues el pasando con el CIS, que
esperemos sea motivado por un Gobierno una política de oscurantismo
en cuanto a las mal funcionamiento, es altamente significativo, como
ya



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tendremos ocasión de discutir y comentar en algún otro momento
parlamentario.

En definitiva, más gasto para funcionar peor -ese es el resumen del
Ministerio de la Presidencia, señor presidente- y con más
oscurantismo, porque insisto en que me parece obligado que el
Gobierno dé cuenta puntual de qué obras y qué inversiones se están
realizando en el palacio de La Moncloa en 1999 y en el 2000, por
supuesto.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ha presentado enmiendas a las secciones 25 y 31, que discutimos
conjuntamente. Para su defensa, tiene la palabra don Pedro Antonio
Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: El debate en Comisión nos puede llevar a
averiguar para qué sirve el Ministerio de la Presidencia: gastos de
diversos Ministerios, diversas actividades; que no sea propiamente
una actividad globalizadora.




Nuestra primera enmienda, relativa a la sección 25, tiene tres
grandes líneas. Una es que la actividad básica que debería realizarse
desde el Ministerio de la Presidencia es la relación del Gobierno con
las Cortes, siendo una de las actividades manifiestamente mejorables,
como las fincas. Las relaciones de este Gobierno con las Cortes que
estamos viviendo durante este último período están bastante dejadas
en lo referente a la potenciación y el protagonismo que anunciaron al
inicio de la legislatura que las Cortes deberían significar para el
debate político. La verdad es que si la importancia que el debate
político de los presupuestos tiene para el país estuviese centrada
con el contenido de nuestras discusiones aquí y la proyección externa
de estas discusiones, estaríamos diciendo que en algo la cosa está
variando mal.

En segundo lugar, el seguimiento de lo que aquí se acuerda y el
Gobierno hace, en lo que estos presupuestos son también una joya. El
año pasado aprobamos en este trámite una serie de enmiendas fruto de
la transacción y de la voluntad de integrar, enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida, del Grupo Socialista y de otros grupos que
significaban incrementos de inversión. Pues bien, no se ha iniciado
la ejecución de todas y cada una de las partidas que el Gobierno
había previsto, es decir, que lo que aquí aprobamos, aunque figure en
los presupuestos, el Gobierno luego no lo ejecuta. Esa es una de las
misiones que debe tener la Presidencia del Gobierno, no sólo las
relaciones con la prensa o con la sociedad a través de las
investigaciones que haga el CIS, no sólo las relaciones con la
Secretaría de Estado de Comunicación para el control, conocimiento e
información de lo que sale en los medios por parte del Gobierno, sino
también el seguimiento y ejecución de lo que aquí se aprueba. Ésta es
la razón primordial por la que nosotros hemos presentado una enmienda
de totalidad.

Otra razón es que estos presupuestos adolecen de un exceso de lo que
es la información hacia el exterior, lo que ha llevado a un
crecimiento no explicado ni justificado del artículo 64, que es el
inmovilizado inmaterial. Nosotros creemos que muchas veces el
inmovilizado no es precisamente no movilizado. Se moviliza mucho y a
favor de la publicidad externa del propio Gobierno.

Las enmiendas concretas que hemos presentado van dirigidas a dos de
los programas. En uno, relativo al artículo sesenta y cuatro,
reducimos la dotación a 57 millones de pesetas, un 20 por ciento.

Creemos que no tiene razón de ser este volumen que se fija para las
actividades de estudio y valoraciones del mercado. Consideramos que
el programa 458.A debe de tener un incremento para la restauración
y rehabilitación de esos parques arquitectónicos referentes a
Patrimonio Nacional.

Decía al principio que las circunstancias del debate en la Comisión
nos han llevado a discutir esta sección con la 31. ¿Qué pretende mi
grupo con la sección 31? La sección 31 tiene tres programas. Yo
miraba ahora mismo el anexo de objetivos, programas y actividades y
los tres programas se refieren a la cobertura del seguro de cambio de
las autopistas, la gestión del Patrimonio del Estado y los
imprevistos y funciones no clasificadas. A mí me hubiera gustado ver
esta cantidad aquí. La cifra de 236.000 millones de pesetas es un
volumen importante para imprevistos. He ido a mirar qué comprendían
esos imprevistos por 236.000 millones de pesetas y la verdad es que
tiene un movimiento muy complicado: las cuotas de Muface, el Isfas,
todo por 202.000 millones de pesetas. Inversiones asociadas al
funcionamiento de los servicios, 22.000 millones de pesetas. Esta
explicación de inversión está ligada al funcionamiento operativo de
los servicios, al margen de la que cada ministerio tiene. ¿Qué es,
desde mi punto de vista? Un agujero para que el Gobierno trajine este
dinero, según su necesidad presupuestaria. ¿Qué proponemos nosotros
aprendiendo del Gobierno? Trajinar desde aquí las partidas
presupuestarias para otras vertientes. Por eso hemos presentado una
enmienda que incrementa desde varios ministerios esto que llaman
gastos de diversos ministerios en un volumen determinado, fruto de
las minoraciones que en algunas secciones hemos estimado que debían
dirigirse a otras operaciones. ¿Qué hacemos con estos 432.000
millones? Sacarlos de esta partida, vía enmienda, para incrementar el
esfuerzo inversor que estimamos que se debe de hacer desde los
distintos ministerios.

En suma, lo que intentamos hacer con nuestras enmiendas es el soporte
de actividades en varios ministerios, a través de enmiendas que han
hecho crecer esta partida. Esa es la justificación por la que hemos
presentado una enmienda, en la que resumimos en este artículo sesenta
y tres la cantidad de dinero que traemos desde distintas políticas
para poder abastecer y justificar, caso de que las señorías de la
mayoría admitieran todas nuestras enmiendas. Hemos dado el soporte de
cómo pagarlas, para que no nos encontráramos con que con 22.000
millones de pesetas pagáramos 400.000, que son los incrementos que
proponemos. Con el fin de que no nos digan que no hemos sido
previsores, hemos hecho la previsión presupuestaria. ¿Es atípica esta
previsión? Es típicamente atípica. El año pasado fue usada por el
Gobierno y se hizo una reducción de 11.000 millones de pesetas en el
primer programa que he leído, los seguros para compensar el cambio de
moneda. Se redujo para compensar una enmienda que se admitía al PNV.

¿Qué se ha hecho después? Un crédito extraordinario porque se quedó
corta. Es una forma de presupuestar. Nosotros creemos que esta
fórmula es más correcta y sobre todo abre la



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puerta para presentar unas enmiendas, ya que si no sería difícil
poder mantener y justificar.




El señor PRESIDENTE: El señor Núñez tiene la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor NÚÑEZ PÉREZ: Compartiré mi intervención, si el señor
presidente lo permite, con mi compañero el señor Bardisa para que
conteste él a las enmiendas a la sección 31.

Ala sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado para el 2000
se han presentado dos enmiendas de totalidad y cuatro parciales. El
Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, la 2107, que
supone aumentar en 50 millones de pesetas el proyecto para la
difusión, evaluación y seguimiento del plan nacional de investigación
y desarrollo en el año 2000. Como ha sido asumida por la ponencia, no
voy a dedicarle más tiempo en su defensa.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la
totalidad de contenido y de justificación difícil de explicar. Otros
años se atrevían, por lo menos, a justificar la enmienda a la
totalidad afirmando que la sección contenía una inadecuación evidente
entre los gastos y los objetivos propios de la sección, como ocurrió
en el presupuesto de 1999, o bien que el presupuesto no respondía a
los criterios de contención de gastos que se había prometido, como
ocurría con la enmienda presentada en 1997 a los presupuestos de
1998. Las dos afirmaciones eran por lo menos rebatibles y, por tanto,
la labor del diputado era fácil e incluso exitosa. Pero la
justificación de este año bate el récord de lo inimaginable y de lo
ininteligible. Dice literalmente: el presupuesto del Ministerio de la
Presidencia resulta claramente inadecuado, consistiendo el mismo en
una estructura progresivamente más compleja e ineficaz. Literalmente
dice esto la justificación de la enmienda. Luego el diputado que la
ha defendido nos ha explicado alguna de las cosas más fáciles de
entender, pero que, evidentemente, no justifican ni mucho menos una
enmienda de totalidad.

Voy a recordar que los presupuestos del Ministerio de la Presidencia,
la sección 25, responden a la misma concepción e idéntica estructura
que tenían en los inicios de la década de los noventa. En concreto,
la sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado integra para
el año 2000, al igual que sucediera en los de 1990 a 1995, tres
ámbitos orgánicos claramente diferenciados, el presidente del
Gobierno, el Ministerio de la Presidencia stricto sensu y los
organismos autónomos dependientes o adscritos al departamento, que
incluye los programas de investigación y estudios sociológicos y
constitucionales, a los que se ha referido el señor diputado, la
administración del patrimonio histórico nacional y la publicidad de
normas legales.

Sobre esta estructura tradicional del presupuesto del Ministerio de
la Presidencia, solamente cabe consignar dos diferencias, pero muy
importantes. La primera es que en el año 1998 se incorpora a los
presupuestos el programa de gasto 542, fomento y coordinación de la
investigación científica y técnica. La inclusión de este nuevo
programa responde al deseo de impulsar y coordinar directamente desde
la Presidencia del Gobierno la investigación y el desarrollo. La
segunda diferencia -y esa sí que es importante-es la
disminución del presupuesto de gastos, ya que en el año 1995 ascendía
a un total de 53.285 millones de pesetas y en el año 2000 tan sólo
alcanza un total de 47.423 millones de pesetas. En definitiva, una
disminución en pesetas ordinarias de 5.862 millones. Como es obvio,
en pesetas constantes la disminución sería todavía mayor y aún sería
más considerable si se excluyese la Oficina de ciencia y tecnología,
es decir, el programa 542, cuyo presupuesto se eleva a 7.632 millones
de pesetas.

En resumen, el presupuesto de la sección 25 para el año 2000 asciende
a 47.423 millones, cifra que representa -y este es un récord-una
disminución en términos absolutos, con respecto al presupuesto de
1999, de 166 millones de pesetas, equivalentes a un 0,4 por ciento.

En términos muy claros y resumiéndolo con una frase, como dijo el
diputado socialista: no más gasto para financiar peor, sino menos
gasto para financiar mejor, mucho menos gasto para financiar mejor y
así lo demostraremos en otros trámites parlamentarios con todo el
detalle que S.S. precise, si eso le sirve para retirar su enmienda.

(El señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la Presidencia.) Porque
haya menos gasto no quiere decir que haya, ni muchísimo menos, menor
funcionamiento, no hay pasividad de la Vicepresidencia ni del
vicepresidente ni del ministro de la Presidencia, están cumpliendo
sus cometidos con rigor, con transparencia, nada de oscurantismo y,
sobre todo, con la política presupuestaria que caracteriza a este
Gobierno, reduciendo el gasto y favoreciendo la disminución del
déficit.

En cuanto a enmiendas parciales, tengo que referirme a una muy
extraña, y es en la que el Grupo Socialista solicita la baja de 3.855
millones de pesetas. Piden que se gestione por el Ministerio de
Educación y Cultura el Real decreto 11/1998, de 30 de enero, que crea
la Oficina de ciencia y tecnología, y justifica claramente por qué
tiene que estar esta partida en el presupuesto de la sección 25.

Ahorro a SS.SS. mayores argumentos para decir que por este motivo
tenemos que rechazar la enmienda.

Izquierda Unida presenta una enmienda de totalidad también muy
extraña, porque dice que uno de los objetivos de este ministerio, el
de la Presidencia, es el seguimiento de las proposiciones no de ley y
otros acuerdos aprobados en las Cortes.

Es un hecho reiterado -dice el señor Ríos-que se aprueban diferentes
proposiciones no de ley, mociones, acuerdos, tras los debates del
estado de la Nación, que no tienen una traslación en proyectos de
ley, decretos-leyes, etcétera, por parte gubernamental. No creo que
sea éste un debate de sustancia presupuestaria, pero hay otras
instancias e iniciativas en el Congreso de los Diputados para saber
si efectivamente se cumplen o no los compromisos que el Gobierno
contrae, aceptando mociones o proposiciones no de ley.

En todo caso, en el programa 112, relaciones con las Cortes
Generales, se contempla la coordinación y canalización de las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Además de la
preparación, desarrollo y seguimiento general del programa
legislativo, se realizan actividades como presentación y retirada de
proyectos de ley, remisión de escritos del Gobierno a las Cortes,
etcétera, cuya relación podría satisfacer en la parte correspondiente
(no del todo, para eso es oposición el Grupo Parlamentario de



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Izquierda Unida, al que representa el señor Ríos), a nuestro
entender, a lo que preocupa al grupo parlamentario que presenta esta
enmienda de totalidad, que para nosotros no tiene mucho que ver con
una enmienda de totalidad a la sección 25 y por eso vamos a
rechazarla.

También presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la
enmienda 1482, que propone el incremento del proyecto de inversión en
la restauración, mejora y rehabilitación del patrimonio
arquitectónico en 117 millones de pesetas. Esta enmienda adolece de
errores técnicos que la hacen inviable. La dotación del proyecto a
que se refiere asciende, como sabe el señor Ríos, a 866 millones de
pesetas. Teniendo en cuenta la dotación de recursos dentro del
organismo, creemos que se ajusta a las necesidades y no es preciso
aumentar la cantidad que nos propone con esta enmienda parcial, por
lo que tiene que ser rechazada.

Además, la sección 31 se aplica para hacer frente a necesidades no
previstas y que no pueden demorarse y para actuaciones que, de no
incluirse aquí, obligarían a distribuir excesivamente su dotación
entre numerosos programas de gasto, por lo que no es adecuado
disminuir sus dotaciones anuales con un alta como la que se propone
en la sección 25.

La enmienda 1482, y con eso termino, solicita una baja de 73.951.000
pesetas al resultar imposible la financiación de la enmienda que
antes habíamos dicho que estaba mal planteada.

La enmienda 1481 propone un ahorro de 57 millones de pesetas, con una
baja de un 20 por ciento en todos los servicios y programas con
dotación en el artículo sesenta y cuatro, pero dicha enmienda también
adolece de errores que técnicamente la hacen inviable. Las
aplicaciones económicas son incorrectas, puesto que no se concreta
qué alta o baja debe producirse en cada servicio u organismo. No
figura código alguno de los proyectos de inversión que debe soportar
dicha baja y tampoco hace referencia a las modificaciones en el
presupuesto de ingresos de los organismos que tendrían que soportar
la referida baja. Por tanto, también la vamos a rechazar.

Y no crea, señor Ríos, que me escudo en argumentos puramente técnicos
-antes le he dado argumentos más sustantivos- que hacen que para
nosotros el presupuesto de la sección 25 sea muy fácil de defender,
se ajuste exactamente a los objetivos que la sección persigue, sea
transparente, sea riguroso y, además de riguroso, sea austero y bata
un nuevo récord, porque por primera vez es un presupuesto que baja
con respecto al del año anterior, cosa que es difícil encontrar, como
perla importante, en cualquier análisis comparativo que se haga entre
presupuestos de las secciones de este año con respecto a los
anteriores.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Bardisa.




El señor BARDISAJORDA: Para mantener el voto en contra de las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida a la sección 31,
fundamentalmente porque la enmienda 1532 presentada por Izquierda
Unida pretende una minoración de 432.636 millones de pesetas en
diversas secciones y un incremento de 432.622 millones en la sección
31. En esta enmienda se propone incrementar esta sección, en
consonancia con otras enmiendas presentadas que solicitan una baja en
distintas secciones. Nuestro grupo no puede apoyar esta enmienda
porque creemos que es técnicamente incorrecta, por cuanto el importe
del alta no coincide con el importe de las bajas, y además porque
creemos que el gasto de la sección 31 está suficientemente
equilibrado. Esta sección participa en un 1,6 por ciento de los
gastos no financieros del Estado, 307.536 millones de pesetas, frente
al 1,4 por ciento del año pasado.

Como muy bien ha indicado el señor Ríos, forman parte de esta sección
tres programas. El programa de cobertura del seguro de cambio de
autopistas (que tiene como objetivo subvencionar diferencias de
cambio de divisas en sociedades concesionarias de autopistas de
peaje) presenta un fuerte incremento respecto al presupuesto del año
1999, un 36,8 por ciento, que se debe al aumento de 7.228 millones
que se ha producido en el capítulo 4, de transferencias corrientes,
único capítulo que contiene este programa, destinado a cancelar
deudas con el Banco de España. El otro programa es la gestión del
patrimonio del Estado. Respecto a su dotación consolidada, el
programa presenta una cantidad de 18.939 millones, que se reparten
entre funcionamiento operativo de servicios y transferencias de
capital a diversas sociedades estatales. En cuanto a los imprevistos
y funciones no clasificadas, su asignación total es de 236.123
millones, que se reparten en cuatro capítulos, siendo el más
importante el relativo a gastos de personal, que ha tenido un
incremento del 11,1 por ciento, que se debe a mayores asignaciones
para la reordenación de retribuciones del personal, para cuotas
sociales de Muface, Isfas y Mugeju.

No podemos votar favorablemente esta enmienda de Izquierda Unida,
como tampoco lo podemos hacer respecto a la 1533 y la 1534. Quiero
destacar que la enmienda 1533 pretende financiar unos daños
producidos por un tornado en la comarca de Baza por importe de 1.000
millones. Es un daño que ha sufrido una zona de la provincia de
Granada. El Grupo Parlamentario Popular estaría dispuesto, en el
momento en que se traiga una iniciativa a esta Cámara, -hay
procedimientos y normativa jurídica propia para tales situaciones-, a
considerar el tema una vez que se justifique el importe del crédito y
las necesidades a atender. Creemos que hay medios para que, cuando
haya una situación catastrófica, se valore por la Cámara y darle el
tratamiento parlamentario adecuado, pero no incluirla en los
Presupuestos Generales del Estado por medio de una enmienda. Además,
no se justifica el importe del crédito ni las necesidades a atender,
por lo que tampoco podemos votar favorablemente esta enmienda ni la
1534 de Izquierda Unida.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio). Damos Secciones 22, por
terminado el debate de las secciones 25 y 31 y pasamos 32, 33 y 34



al debate de las secciones 22, 32, 33 y 34, sin enmiendas esta
última, todas conjuntamente.

Ruego a los señores portavoces de los grupos que se repartan el
tiempo. Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, creo que
van a intervenir el señor Rodríguez Zapatero y la señora Rubiales.

Les ruego que se repartan el tiempo a su libre disposición.

Tiene la palabra el señor Rodríquez Zapatero.




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El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Intervengo con brevedad para defender la
enmienda a la totalidad del Ministerio de Administraciones Públicas,
que tiene básicamente dos vertientes. Una es la parte que afecta al
aumento de gasto que este Ministerio ha ido observando, que va en
paralelo con la incapacidad política de dar respuesta a una serie de
cuestiones básicas en el ámbito de las administraciones públicas y al
nulo papel que, a pesar del volumen importante de recursos
financieros puestos a su disposición, desarrolla en lo que debería de
ser el liderazgo en el ámbito de estas administraciones públicas; un
liderazgo que debería ir en la dirección de hacer realidad
determinados principios y valores que se predican del funcionamiento
de la Administración. Por ejemplo, es enormemente preocupante la
evolución que en el ámbito retributivo (esta mañana se ha debatido
también al hablar del título III de la ley) se está produciendo con
el Gobierno del Partido Popular. Señorías, en el ámbito retributivo,
estamos asistiendo a un aumento muy fuerte, presupuesto a
presupuesto. Tanto es así que, en los tres años largos de Gobierno
del Partido Popular, el aumento del 45 por ciento en lo que se conoce
como productividad o aparece en los presupuestos como incentivos al
rendimiento supone una tendencia exageradamente insostenible a primar
las políticas retributivas discrecionales, que, como bien se sabe,
van dirigidas fundamentalmente a los niveles superiores de la
Administración; niveles que, por otra parte, aumentan también de
manera exponencial. Quiero recordar que hay 1.300 puestos más de
niveles 30 a 27 en los últimos años.

Como conclusión de esta falta de liderazgo y de una política
mínimamente coherente y homogénea que el MAP demuestra, no nos debe
sorprender que el presupuesto de los altos cargos haya aumentado en
estos tres ejercicios presupuestarios en un 25 por ciento y que el
abanico de diferencias retributivas se esté abriendo de manera
preocupante. No es sólo que se haya perdido poder adquisitivo - que
era el objeto del debate de esta mañana-, sino que el abanico de
diferencias retributivas (algo que es competencia del MAP y que para
ello tiene atribuidas sus competencias en el decreto de estructuras,
incluso en el objetivo y en los programas de su sección que presenta)
está llegando a niveles peligrosos. Hoy, el coste medio de un alto
cargo es de 10,2 millones de pesetas anuales; el del personal
eventual, de 4,3 millones; el de un funcionario, del 3,3 millones
y del personal laboral, de 1,9 millones de pesetas. Hay, por tanto, una
tendencia enormemente preocupante a un abanico de diferencia
retributiva entre los niveles altos y altos cargos de la
Administración y el personal laboral y los funcionarios.Todo ello en
un conjunto de política que ha venido castigando a los empleados
públicos.

Quiero dar otro dato muy significativo. En el año 1995 -el penúltimo
año del Gobierno anterior-, el gasto en empleados públicos del
conjunto de las administraciones en relación con el producto interior
bruto -y con esto termino- era del 11,7 por ciento, por debajo aún de
la media europea, que se situaba en aquella fecha en el 12 por
ciento. Es decir, de cada 100 pesetas de producto interior bruto, el
11,7 se destinaba a gasto en empleados públicos, y solamente cuatro
años después, ese porcentaje ha bajado al 11,1. Sin embargo, insisto,
el Ministerio de Administraciones
Públicas parece que no tiene ninguna capacidad de respuesta a esa
diferenciación en las políticas retributivas.

Por último, hay una razón que sustentan reiteradamente las enmiendas
a la totalidad de esta sección, y es el trato que viene recibiendo en
los Presupuestos Generales del Estado la cooperación económica local
del Estado. Hubo un recorte muy fuerte el primer año -casi un 30 por
ciento-, que no se ha recuperado, y la situación actual dista mucho
de lo que tenía que haber sido el aumento normal de los planes de
obras y servicios y de los planes de cooperación local. En unos
presupuestos con tendencia al crecimiento económico, hoy tenemos una
situación en la mayoría de las diputaciones provinciales de casi
quiebra. Quiero llamar la atención sobre esto, porque perjudica
notoriamente a muchos pequeños municipios de este país que no tienen
recursos financieros y que están viendo cómo sus diputaciones tienen
cada año menos dinero para cubrir dotaciones necesarias e
infraestructuras mínimas y básicas. Hemos presentado una enmienda
bien modesta, que propone aumentar en 3.000 millones la cooperación
económica local del Estado, que imagino que será rechazada.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra la señora
Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Intervendré con mucha brevedad para
defender las enmiendas a las secciones 32 y 33, la mayoría de las
cuales tienen su causa en las enmiendas a los artículos del título
VII que defendimos esta mañana.

La portavoz del Grupo Popular, en respuesta a esta diputada, acusaba
de falta de rigor la intervención referida al reconocimiento del
censo de la población en Andalucía, a la deuda histórica, al sistema
de financiación y al incremento del fondo de compensación
interterritorial. Me acusaba de que estaba poco menos que engañando a
los extremeños y a los andaluces; no sé por qué excluía a los de
Castilla-La Mancha, que también estaban afectados sobre todo por el
tema de financiación autonómica. La existencia del rigor o no en las
intervenciones de los portavoces en esta Comisión es difícil de
determinar. Como no estamos sometidos a ningún tribunal, es difícil
que nos den una nota, una calificación y una opinión sobre el rigor o
no. No tenemos más parámetros para medir el rigor o no de las
propuestas o de las posiciones políticas que aquí defendemos que el
respaldo que los ciudadanos nos dan con sus votos. Por no entrar más
a fondo en el tema, solamente quiero decir que si la apreciación de
rigor la mide el respaldo de los ciudadanos, los ciudadanos
extremeños y los castellano- manchegos han tenido unas elecciones
autonómicas muy recientes en las que se han podido manifestar -los
andaluces las van a tener rápidamente-, y han expresado un apoyo a
las posiciones políticas que está defendiendo el Grupo Parlamentario
Socialista desde hace cuatro años muy superior al demostrado en
Asturias, en Gijón, de donde la señora Fernández es diputada y donde
se ha presentado nada más ni nada menos que a candidata al
ayuntamiento. El rigor de los ciudadanos es el que a mí me vale. Por
tanto, que esta falta de rigor que voy a tener se mida con el apoyo
que creo que vamos a obtener de los ciudadanosandaluces. ¿Por qué
defendemos estas enmiendas?



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Porque creemos que son de justicia y que benefician al conjunto de
las comunidades autónomas a las que van referidas.

La primera de las enmiendas a la sección 32 va referida a la
dotación, por 2.065 millones de pesetas, del Consorcio Ciudad de
Toledo. Este es un patronato que se creó en 1998, en el que las tres
instituciones: el Gobierno de la nación, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de la ciudad, se han
comprometido a poner en funcionamiento inmediatamente y que, sin
embargo, carece de dotación presupuestaria en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000. Difícilmente se puede
constituir este real patronato de la ciudad de Toledo -cuando además
el Gobierno ha anunciado públicamente su equiparación con el de la
ciudad de Santiago de Compostela- si no tiene dotación
presupuestaria.

La cuantía que le asignamos a este Real Patronato es la misma que
figura para la ciudad de Santiago de Compostela. Esperamos que rija
el principio de igualdad y que se puedan hacer efectivos los acuerdos
que por parte del Gobierno se adoptan con las comunidades autónomas y
con los ayuntamientos y, por tanto, en este caso, confío en el rigor
de SS.SS. para obtener el apoyo a esta enmienda.

La enmienda 1976 hace referencia a una dotación de 3.000 millones de
pesetas al Consorcio Regional de Transportes para el apoyo y el
fomento del transporte colectivo en la Comunidad Autónoma de Madrid,
para incrementar el contrato-programa entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Madrid y evitar que el reforzamiento de las actuaciones
en materia de transporte repercutan en el usuario por vía del
incremento de las tarifas.

Las enmiendas 1977 y 1978 hacen referencia justamente a lo que esta
mañana hemos visto y se conoce vulgarmente como deuda histórica para
Andalucía y Extremadura. En aras a mantener el equilibrio
presupuestario, mi grupo parlamentario mantiene la cuantía de lo que
se denomina deuda histórica, que no es sino el cumplimiento de las
disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía respectivos
de Cataluña y Extremadura, en 20.000 millones y en 5.000 millones de
pesetas. Mantenemos esta cuantía durante muchos años precisamente en
aras a ese equilibrio presupuestario.

Tengo que decirles, señorías, que esta falta de rigor (que, como ha
dicho la portavoz del Grupo Popular, nos caracteriza a los
socialistas) lleva al Grupo Popular, que es tan riguroso en sus
planteamientos, a una respuesta parlamentaria por escrito a una
pregunta que esta diputada formuló al Gobierno en la que el Gobierno
señaló ser contrario a reconocer la deuda histórica para Andalucía y
Extremadura, porque decía que estos conceptos se podían ver
subsumidos en el denominado Fondo de nivelación; Fondo de nivelación
que, como SS.SS. saben, tiene una trampa porque aparece recogido año
tras otro en los Presupuestos Generales del Estado, pero no sirve
absolutamente para nada porque no convocan ni siquiera al Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que es el que tiene que fijar los
criterios de reparto. Yo decía el otro día en el Pleno del Congreso,
cuando veíamos la iniciativa de Izquierda Unida con respecto a la
acumulación de las cuantías de este Fondo de nivelación, que el Fondo
de nivelación es como tener un tío en América, es decir, que no sirve
absolutamente para
nada, y eso mismo repito hoy. Por eso, mi grupo sigue insistiendo en
que se reconozca la deuda histórica para Andalucía y Extremadura,
porque no tiene nada que ver con el Fondo de nivelación sino que
significa el reconocimiento de disposiciones estatutarias específicas
que tienen recogidas estos estatutos de autonomía, que son, como SS.

SS. saben, leyes orgánicas y que forman parte del bloque de la
constitucionalidad.

Introducimos una enmienda de 3.000 millones de pesetas para un
convenio entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación
destinados al establecimiento del Metro en la ciudad de Sevilla,
porque el crecimiento de la población y las necesidades de
funcionamiento del mismo lo hacen absolutamente preciso y necesario.

Esta es una reivindicación histórica de mi ciudad que llevamos
defendiendo desde hace un montón de años.

Por último, señor presidente, me voy a referir, a la sección 33, el
Fondo de Compensación Interterritorial, que también trae su causa en
los artículos del título VIII que esta mañana veíamos. Simplemente
tratamos de incrementar la cuantía global del fondo para acomodar la
fijación de la cuantía del mismo a lo que establece la propia Ley del
Fondo de Compensación Interterritorial. La Ley del fondo establece
cómo se calcula el porcentaje en los Presupuestos Generales del
Estado aplicando una base de cálculo. Esta base de cálculo es el
resultado de multiplicar la inversión real civil nueva de los
Presupuestos Generales del Estado por la proporción que representan
las comunidades autónomas beneficiarias en población y renta per
cápita sobre el total de España. Respecto a la distribución que se ha
realizado, el Gobierno ha utilizado los datos de 1996 para unos
parámetros y los de 1997 para otros, con lo cual han resultado
perjudicadas las diferentes comunidades autónomas, además de que no
han visto incrementada la cuantía del fondo en la inversión real
nueva que viene contemplada en los propios Presupuestos Generales del
Estado. De ahí que mi grupo incremente la cuantía del Fondo de
Compensación Interterritorial según los propios criterios que
establece la Ley del fondo, de 26 de diciembre de 1990, y que proceda
a hacer un reparto comunidad autónoma por comunidad autónoma de
acuerdo con esta cuantía, fijada en base a los criterios que la
legislación establezca al respecto.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a intentar defender la enmienda que
Izquierda Unida tiene presentada a la sección 22 con criterio de
totalidad, porque no nos satisface la propuesta política que
representan los presupuestos del Ministerio de Administraciones
Públicas, así como las enmiendas concretas, que intentan precisar en
cada uno de los distintos programas la mejora que en teoría hemos
utilizado para argumentar en contra de la propuesta que el Gobierno
nos hace. Por tanto, nuestro objetivo es criticar la propuesta del
Gobierno y modificarla corrigiendo los defectos que encontramos. En
la sección 32, de entes territoriales, fundamentalmente abordamos dos
grandes líneas de actuación: la mejora hacia las comunidades
autónomas,



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recogiendo la variable población. Nosotros proponemos una valoración
de unos 100.000 millones de pesetas, en su conjunto, y, por tanto,
nadie perdería al modificar este criterio, discusión que el otro día
mantuvimos con el señor Rato, que decía que la modificación de esta
variable mantendría un elemento negativo, aunque se mostró dispuesto
a hablar. Al final dijo que estaba dispuesto a hablar, lo que pasa es
que no sabemos cómo se concreta eso. Está todo el tema de la
nivelación y, por último, el Fondo de compesación.




¿Cuáles son las cinco características de que adolece la
Administración pública? La Administración pública está unida en
España a grandes palabras, a grandes voluntades que luego no se
acompasan con las realidades presupuestarias y los objetivos
concretos que cada año el Ministerio trae y plantea. Se habló de una
Administración ágil y reducida. Esa Administración ágil se ha
reducido porque hemos dado transferencias a las comunidades, pero no
en la velocidad de un modelo de Estado distinto. Es una
Administración que invierte mucho en la relación bilateral buscando
los equilibrios de apoyo político, coyuntural, y no para el
desarrollo de un modelo de Estado que lleve consigo un modelo de
Administración para cumplir ese modelo de Estado. Por tanto, esa idea
de una Administración profesionalizada que anunciaron, diciendo que
se reducirían los cargos de libre designación y que se incrementarían
los funcionarios por concurso de mérito, el devenir del tiempo nos ha
demostrado que no es verdad. Hay más altos cargos y se abusa del
dedo, es decir, de la libre designación, y se hace libre designación
en puestos que nadie se creería que obedecen a ello, en puestos que
no tienen nada que ver con esa libre designación por su
responsabilidad. Nada más hay que hacer un buceo, que este diputado
ha hecho, en todos los catálogos de personal de todos los ministerios
y descubrir que no es así. Nos podríamos sorprender de los puestos de
trabajo designados por libre designación. Y había otra voluntad.

Nosotros creemos que ese compromiso de una Administración fuertemente
coordinada con las demás administraciones no ha sido sustantivo, esa
ventanilla única, cercana al ciudadano, sigue siendo una declaración
pero no una realidad. Hoy no existe ventanilla única y llevan cuatro
años gobernando con ventanilla única. Hoy pueden existir ventanucos,
en perspectiva de abrirse, pero sin abrir. No se ha consolidado esa
idea de la cercanía del ciudadano, hay una dinámica distinta.

Segunda crítica. Existe esa posición, yo creo que
ideologicodogmática, de que lo público es negativo como instrumento
motriz del interés general y tienen una obsesión por lo privado, que
les lleva a ustedes a llevarlo todo fuera. De 33 ingenieros en Medio
Ambiente, 30 están de brazos caídos porque les encargan los proyectos
a otros, no a ellos en el propio Ministerio. Ustedes están sacando
fuera lo que puede hacer dentro su propio personal. Parece que se
hace todo mejor fuera. Luego habría que ver cómo son esos de fuera y
quiénes son esos de fuera, pero no se trata de entrar aquí en esa
cuestión. También se iba a corregir el abuso de la adjudicación
directa. Era gracioso, se iba a hacer todo con una mayor claridad y
trasparencia. Pues no, todavía se abusa de la adjudicación directa.

Se criticaba al Gobierno anterior por 500.000 pesetas; ahora se ha
abierto la ventanilla y el portillo. Aquí sí que se ha abierto la
ventanilla.

En tercer lugar, se anunció la simplificación administrativa y la
reducción de la Administración periférica del Estado. Pues, salvo que
hayan cambiado el nombre y el delegado responda de más, la verdad es
que esa simplificación administrativa no se ha logrado. Tenemos
fuerte presencia de los ministerios en cada una de las comunidades
autónomas.




El modelo de financiación autonómica no ha generalizado el IRPF como
financiación y, por tanto, la autonomía financiera no ha crecido,
sino decrecido a los cuatro años. No hay un funcionamiento del Fondo
de nivelación. Una de mis enmiendas es que se acumule y tengamos
46.000 millones. El otro día, en el debate de esta ley, me decían que
no era bueno hacer esto en la discusión de una ley; cuando subieron a
la tribuna a rechazarme la propuesta me dijeron: esto debemos
discutirlo en los presupuestos. Pues aquí está; ahora me dirán que
habría que verlo en otro lado. En algún lado habrá que verlo y los
caminos se agotan. Lo que se dice en un sitio luego rebota como en un
frontón, pero tendremos que verlo en algún sitio.

Por último, un auténtico pacto local. Dicen: hemos tomado medidas que
potencian los ayuntamientos. Es verdad, pero no hay un auténtico
pacto local, un desarrollo de la capacidad competencial, de la
oxigenación de recursos económicos para el funcionamiento, superando
la propia deuda de los ayuntamientos, y no se han llevado
transferencias desde las comunidades y desde la Administración
central que podían ejercitarse desde los propios ayuntamientos. Éstos
son los criterios por los que nosotros presentamos enmiendas. ¿Las
enmiendas concretas? Van dirigidas precisamente al fomento de la
información. Ustedes confunden, o el Partido Popular confunde, o el
Gobierno confunde propaganda con información. El ejemplo típico lo
tenemos ahora en las televisiones con la Agencia Tributaria y para
qué sirve la reforma fiscal. No se informa a los ciudadanos de lo que
deben hacer, sino que se hace la propaganda de lo bueno que es el
Gobierno. ¡Qué buenas son las Hermanas Carmelitas que nos llevan de
excursión! Eso es lo único que les dicen a los ciudadanos, lo buenos
que son, pero no hay una previsión de informar en la toma de decisión
y previamente a la toma de decisión. Y a quien le moleste el
argumento que doy, que lo rebata en su turno.

La ventanilla única, 50 millones de pesetas. Una cifra que puede ser
pequeña, escasa, pero hay que ponerla, porque no va a haber
ayuntamientos que abran ventanilla la única si no tienen recursos
para ponerla y dinero; concierto y convenios. Ustedes, que hablan de
una administración cooperativa o cooperante, pónganla en marcha.

Llegan a asociaciones autonómicas para estudios, pero nada más hay
dinero para una fundación: Pi i Sunyer. Se ve que no hay otras
fundaciones en otras comunidades autónomas o que solamente hay que
desarrollar los estudios autonómicos en colaboración con la
Administración central en esa comunidad. Nosotros estamos de acuerdo,
pero si se hace también en otras comunidades autónomas, porque no sé
si no hay fundaciones o no necesitamos cooperar con ellas.

Reducir o incorporar la transferencia de competencias de la
Administración periférica. Es otra de las propuestas. Otra,
incrementar en 20.000 millones de pesetas los entes



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locales para fortalecer el Plan de cooperación local. Nuestro
objetivo es que haya mayores recursos para ese Plan de cooperación
local. ¿Una enmienda concreta? Trasladamos lo que se hace hacia una
comunidad autónoma que no se hace hacia otras. Pretendemos que el
dinero que vaya para planes de obras y servicios vaya desde las
diputaciones provinciales, como en toda España, menos en una
comunidad, en la que se lo dan al Gobierno autónomo para que suplante
a las diputaciones. ¡Qué casualidad que esas diputaciones no están
gestionadas por fuerzas políticas del mismo signo político que
gobierna en la comunidad! Proponemos que se dé más recursos a la
Federación Española de Municipios. El efecto 2000 y acuerdos con la
Administración para que los servicios centrales mejores funcionen
mejor; nosotros proponemos que se haga este año, porque el efecto
2000 en el año 2001 es una previsión extraña.

Termino, señor presidente, con la enmienda a la sección 33, del Fondo
de Compensación, cuyo objetivo es incrementar en 16.000 millones de
pesetas la cifra que el Gobierno propone, 141.000 millones. ¿Por qué?
Porque hemos sumado la inversión nueva que hace el Estado, la que
ustedes hacen a través de préstamos en carreteras o de acciones en
inversiones desde Medio Ambiente, desde Fomento, desde Agricultura,
desde Economía y desde Industria. Hemos sumado todo eso que, al
final, son obras concretas, lo hemos añadido a la inversión nueva y
la inversión nueva crece. Como ustedes, por ley, modificaron del 30
al 41 por ciento, he multiplicado por 41 y me salen 16.000 millones.

La distribución, con el mismo coeficiente que tiene ahora mismo.

Lo relativo al Fondo de nivelación ya lo he explicado antes. En
cuanto a la propuesta de la revisión del censo de población del año
1996, es verdad que nosotros proponemos un incremento en la
liquidación de las corporaciones locales en 20.000 millones de
pesetas para que haya mayores transferencias a los ayuntamientos y
tengan mayor liquidez y también para el transporte colectivo. Yaquí
aplicamos la misma filosofía: que se dé la ayuda al transporte
colectivo en toda España y no se pague a una comunidad en función del
apoyo político, porque nada más aparece para una comunidad; es verdad
que es la Canaria en este caso, pero separada y desagregada de las
demás. Se podría decir que es por un problema de insularidad, pero
utilícese también para Baleares, para Ceuta y para Melilla. No es
válido que se aplique sólo para Canarias, so pena de que queramos dar
unos dineros y que allí se pueda decir que han conseguido mucho en el
resto de la discusión presupuestaria.




Espero haber sido capaz de explicar nuestras propuestas, con
independencia de que sean más o menos asumidas por los demás grupos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Doy por defendidas en sus justos términos las
enmiendas presentadas por los diferentes miembros del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Popular se van a repatir el tiempo la señora Fernández y la señora
Montseny, que tienen la palabra en el orden que ustedes estimen más
conveniente.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Utilizaremos el orden numérico, por lo
que paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en
relación con las secciones 22 y 32. Mi compañera Reyes Montseny
fijará la posición de nuestro grupo respecto a la sección 33,
referida al Fondo de Compensación Interterritorial.

Reproducimos en parte un debate que se ha producido esta misma mañana
al abordar el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. Por lo que se refiere a la sección 22, quiero constatar que
efectivamente se han formulado a esta sección tres enmiendas de
devolución a la totalidad, una formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto, que ha sido defendida en sus propios términos, por lo que no
voy a abundar más en el tema, otra formulada por el Grupo de
Izquierda Unida, que acaba de defender su portavoz, y finalmente otra
formulada por el Grupo Socialista, que ha defendido el señor
Rodríguez Zapatero.

He de decir, por lo que se refiere a la enmienda del Grupo
Socialista, que cada uno aplica el rigor parlamentario como sabe o
como quiere, y desde luego, a la hora de fijar la posición respecto a
las enmiendas que formulan o presentan otros grupos, salvo que se
quiera negar el derecho a la expresión, el derecho político a la
manifestación pública de por qué se dice sí o no a unas determinadas
enmiendas formuladas, quien les habla seguirá manifestando siempre
que le parezca oportuno si se defiende con rigor, con escaso rigor,
con fortuna o con auténtica infelicidad. Por lo que se refiere a la
formulación de la enmienda de totalidad a la sección 22,
sinceramente, a mí me deja perpleja. No se puede decir que tengan
rigor presupuestario, rigor de método o rigor filosófico-jurídico
conceptos que ha utilizado el portavoz Rodríguez Zapatero diciendo
que el presupuesto de la sección 22 es claramente insuficiente para
el buen funcionamiento de las administraciones públicas. Tengo que
decir que yo, sinceramente, cuando discrepo, y lo sé hacer, en las
instituciones donde me toca discrepar, suelo tratar, primero, de
estudiar los temas, segundo, de razonarlos, y tercero, de llevar a
los demás al convencimiento de la bondad de mis postulados. Con
planteamientos tan simplistas -me va a permitir nuevamente el Grupo
Socialista la expresión- como el que acabo de leer se pueden hacer
adivinanzas, aproximaciones, pero resulta francamente difícil trabar
un debate presupuestario de devolución diciendo que la sección 22 es
claramente insuficiente para el funcionamiento de las
administraciones públicas. Creo sinceramente que la sección 22, en su
conjunto, está adecuadamente dotada, y pasaré a la enmienda de
totalidad que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
porque, desde la discrepancia pero también desde el respeto
parlamentario, me parece que está mejor articulada.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuando pide la devolución
de la sección 22, hace referencia a cuestiones tales como la Lofage,
a aspectos retributivos y a lo que a su juicio debe representar la
Administración periférica.




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Sabe S.S., y quien ha actuado como portavoz en esta materia, que
desde el Grupo Parlamentario Popular se ha apoyado el impulso de la
modificación de una ley importantísima, creo que completando el
ordenamiento jurídico constitucional español de forma importante,
cual es la Lofage. Negar que ese texto legal y normativo ha tenido
una buena tramitación parlamentaria, con amplias discusiones, con
aportaciones por parte de no pocos grupos parlamentarios, que ha
supuesto un avance inequívoco en la profesionalización de los cargos,
y en definitiva de la Administración general del Estado, que no se
daba en el modelo anterior, me parece que es querer negar la realidad
y querer negar la evidencia. Como fue también pieza importante la
puesta en vigor y la anterior tramitación parlamentaria de la Ley de
Gobierno, aspectos en los que había vacíos normativos explicables o
defendibles por quienes pudiendo haber dado impulsos legales no lo
hicieron en los años anteriores. Nosotros, desde el Grupo
Parlamentario Popular, tenemos la satisfacción -seguramente no hay
ninguna ley perfecta y acaso sea bueno que no la haya o que nadie se
arrogue la perfección en su totalidad de una ley- de que la Lofage
haya supuesto un aldabonazo importantísimo en el buen funcionamiento
de la Administración pública en nuestro país.

Decir que el incremento retributivo que se establece en el año 2000
es insuficiente, trayendo a colación el importante acuerdo que se ha
articulado entre el Ministerio y la mayor parte de los sindicatos
representativos en el ámbito de la función pública, con la dotación
presupuestaria de una bolsa o fondo, como se prefiera denominar, de
13.000 millones de pesetas (que, como S.S. sabe, tiene la finalidad
de establecer una retribución basada en la equidad, que no nace de la
uniformidad sino de la singularidad en no pocos escalones y
categorías de la Administración pública), en nuestro país, me parece,
señoría, que es también negar la evidencia a lo que ha sido un buen
acuerdo. Yhay otro elemento, que yo comprendo que no es específico de
esta sección y que tampoco es específico de los funcionarios públicos
en este país como es el aumento del poder adquisitivo de los
españoles, al cual no se sustraen los funcionarios públicos, que ven
un aumento retributivo y una serie de medidas económicas que
repercuten de forma muy directa y singularizada en la economía
familiar, en la nómina mensual y en los gastos que ha de abordar
cualquier funcionario dentro del marco de su economía familiar. Lo
negará S.S.; yo comprendo que puede venir bien en determinados
discursos políticos, pero, insisto, creo que son parámetros
económicos absolutamente incontestables que obedecen a pautas
diseñadas por este Gobierno, desarrolladas a lo largo del mandato de
los cuatro años y que están desplegando unos efectos muy positivos, a
mi juicio, en la economía española, de la que tambien se benefician
directamente los funcionarios públicos.

Decir que la Administración periférica no ha tenido un impulso
indudable y que no se ha producido una simplificación y una reducción
en las direcciones provinciales de los diversos ministerios, sabe S.

S. que es simplificar la realidad o negar parte de la misma. Se ha
producido esa racionalización y se ha impulsado esa simplificación.

Su señoría podrá solicitar que se siga avanzando, y me parece
legítimo y loable que nadie, ni desde el Gobierno ni desde la
oposición, nos instalemos en la comodidad ni en la autocomplacencia;
pero, señoría, negar avances importantes que se han producido en la
Administración pública española en este cuatrienio, del cual
aprobamos el último proyecto presupuestario del año 2000,
sinceramente me parece faltar a la realidad y a la evidencia.

Su señoría hacía referencia al Fondo de nivelación. Es verdad que ha
habido un debate impulsado por su grupo parlamentario, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Y S.S. ha esgrimido una serie de
argumentos en base a los cuales trataba de buscar ... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señora Fernández, le ruego
tenga en cuenta que tiene que compartir el tiempo con la señora
Montseny y lo está rebasando.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo. Lo que sucede es que
el rigor y la verdad a veces están reñidos, señor presidente. (La
señora Rubiales Torrejón: El tiempo ha de ser para todos igual.)
En ese caso doy por finalizada la intervención. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Venimos asistiendo todos los años a la
presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, en
este caso 10 enmiendas del Partido Socialista a la sección 33 de los
Presupuestos Generales del Estado que regula el Fondo de Compensación
Interterritorial. Que se presenten diferentes enmiendas y propuestas
queriendo cambiar los criterios de distribución del Fondo de
Compensación Interterritorial no deja de ser opinable ...(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Perdón, señora Montseny.

Señora Rubiales, le ruego guarde silencio.




La señora MONTSENY MASIP: No dejan de ser opinables los criterios en
base a los cuales se pueden presentar dichas enmiendas.

Antes de acusar de falta de rigor a los que han hecho uso de la
palabra representando a otros grupos parlamentarios, que no voy a
mencionar porque creo que las enmiendas son opinables, quisiera poner
de manifiesto que esta portavoz va a defender los criterios rigurosos
de los presupuestos que ha presentado a esta Cámara el Gobierno por
una sencilla razón, porque hablar de que no se cumple la legislación
vigente es faltar a la verdad.

En cuanto a la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial,
siempre siguiendo el cumplimiento riguroso de lo establecido tanto en
la ley que creó el Fondo de Compensación Interterritorial, la Ley 26/
1990, como en el artículo 16 de la Ley orgánica de financiación de
las comunidades autónomas, que se revisó en esta legislatura, tengo
que decir que la legislación vigente se ha cumplido rigurosamente con
arreglo a los criterios de reparto y distribuciónde las cantidades
asignadas a las distintas comunidades



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autónomas. Quiero poner además de manifiesto... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Les ruego guarden silencio,
por favor.




La señora MONTSENY MASIP: Señor presidente, rogaría un poco de
silencio, ya que estos portavoces han estado escuchando atentamente
las intervenciones de otros grupos parlamentarios.

Quería decir que en la presentación de los primeros Presupuestos
Generales del Estado para 1997 que efectuó el Gobierno ante esta
Cámara la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial
experimentó un incremento importantísimo. Y como creemos que esa
dotación inicial fue lo suficientemente importante como para
contribuir a la solidaridad en la distribución de fondos a las
comunidades autónomas, argumento esgrimido ahora por otros grupos
parlamentarios, tenemos que manifestar, que en coherencia con esa
dotación inicial que hizo el Gobierno en el año 1996 para el
ejercicio del año 1997, el incremento que ha experimentado este año
ha sido de un 2 por ciento, con lo cual el grupo parlamentario al que
represento cree que los criterios de distribución del Fondo de
Compensación Interterritorial entre las comunidades autónomas son del
todo ajustables a la solidaridad, a la equidad y a la legislación
vigente, siendo otra cosa que por parte de algún grupo de la
oposición se quiera hacer especial hincapié en una retórica
permanente en cuanto a un modelo de financiación que por motivos
partidistas no quisieron asumir, lo que no quiere decir que no se
cumpla la legislación vigente en cuanto al carácter de distribución
del fondo, criterio de población, renta per cápita, etcétera, que
creemos que se cumple suficientemente.




Por todo ello, tengo que decir que mi grupo parlamentario no va a
apoyar las enmiendas presentadas por los restantes grupos
parlamentarios.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Vamos a suspender la sesión
durante cinco minutos, para continuar con el debate de la sección 17,
que veremos antes de las votaciones. Les ruego vayan llamando a sus
portavoces para iniciar el debate. (Pausa.)



Continuamos con el debate de la sección 17. Aesta sección hay
presentadas enmiendas por el Grupo Socialista, Izquierda Unida, Grupo
Mixto, Convergència i Unió y Coalición Canaria, éstas últimas
incorporadas al informe. Por el Grupo Socialista quieren intervenir
tanto el señor Caldera como el señor Morlán. Les ruego que se
repartan el tiempo que hemos acordado, que en principio es de un
cuarto de hora para cada grupo.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, mi grupo presenta
una enmienda de totalidad a esta sección porque discrepamos tanto con
el modelo como con su traducción presupuestaria. Creemos que hay una
evidente falta de criterio en la toma de decisiones de este
Ministerio, falta orientación, faltan directrices y sobre todo hay
una tremenda carencia de planificación. La ausencia de referencias
planificadoras marca la acción del Gobierno y
eso significa, señorías, que a este Parlamento se le niega cualquier
facultad en esa materia. No existen planes, programas, documentos de
obra pública que hayamos podido discutir en este Parlamento, y eso
también se traduce en la irresponsabilidad de la que a nuestro juicio
hace gala el Gobierno.

Se fomentan demandas sobre infraestructuras con inclusión de créditos
simbólicos en los presupuestos generales del Estado, se pintan, y a
la hora de la verdad sólo una ínfima parte se lleva a cabo. No tengo
tiempo pero podría enseñarles a ustedes un conjunto de proyectos que
habiendo sido presupuestados en el pasado han desaparecido de los
presupuestos generales del Estado del año 2000, y otros muchos que se
incluyen con cantidades muy bajas sobre el presupuesto total de la
obra. La conclusión es clara: o no se harán o se demorarán largos
años, pero la maquinaria de propaganda sigue funcionando.

La inversión pública en infraestructuras es verdad que crece de forma
moderada -moderada sólo-, según el ministro de Economía un 7 por
ciento, lo que significa alrededor de un par de puntos por encima del
crecimiento nominal de la economía, nada excepcional, algo bastante
normalito, bastante habitual, y sin embargo nos sirve para absorber
los déficit de ejercicios anteriores. Fíjense SS.SS. en que nosotros
hemos hecho un análisis de la evolución del capítulo VI de los
presupuestos del Estado y tomando como índice 100 el año 1990, en el
año 2000, en pesetas corrientes, la inversión que se aplicará será de
86,3, pero si deflactamos por la inflación y ponemos pesetas
constantes se queda en el 61. O si hacemos también el análisis por el
grupo funcional número 5, que incluye recursos hidráulicos,
carreteras, conservación, creación e infraestructuras del transporte
ferroviario, las cantidades son muy similares, sin deflactar 86 sobre
cien y deflactadas 62 sobre cien.

Por fortuna este año dispongo de un argumento de autoridad. Vengo
denunciando esta situación de caída de la inversión pública y del
ajuste durante toda esta legislatura, pero hoy dispongo de un informe
tan poco sospechoso como el de La Caixa, cuyo análisis de mediados de
este año 1999 nos dice que la austeridad en el gasto público, como
consecuencia del esfuerzo de saneamiento, ha perjudicado a la
inversión pública de forma -atención, señorías- desproporcionada.

Parte de la inversión pública -afirma La Caixa-se canaliza ahora a
través del sector privado, pero ello no justifica la reducción
registrada. Ycontinúa La Caixa: En España la inversión pública ha
representado el 3,5 por ciento del PIB como media de los últimos 15
años, pero con una acusada tendencia descendente, al contrario de lo
sucedido en otros Estados europeos con un nivel de renta similar. Y
al final afirma que en el descenso de la inversión pública de los
últimos años, los de este Gobierno, la mayor caída relativa ha
correspondido a la Administración central. De 3,5 por ciento de media
del PIB en inversión en infraestructuras nos hemos quedado en el 2,9
de media con este Gobierno. Por tanto, aquí está la prueba evidente
de esa caída tan importante en la inversión pública. Y hay otro
argumento de autoridad, el libro amarillo de presentación de los
presupuestos, que reconoce cómo en el año 2000, en el mejor de los
casos, sólo se llegará al 3,37 por ciento del PIB; y les recuerdo que
el año 1994, año de crisis económica, la inversión fue casi del 3,40
por ciento,



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muy superior, en período de recesión económica, a la del año 2000, en
período de crecimiento económico, fase expansiva del ciclo. Incluso
podría hacer un analisis -no lo voy a hacer por falta de tiempo- de
esas propuestas de futuro que el presidente del Gobierno viene
anunciando y que ustedes no presentan a la Cámara, un plan de
inversiones de muchos billones, con be, de pesetas en los próximos
siete años. Analizado, discriminado, estudiado ese plan de
inversiones, señorías, de 16 billones de pesetas, que es mucho
dinero, en atención a que recoge las inversiones de comunidades
autónomas, Administración del Estado y Unión Europea, resulta que
sobre el índice de crecimiento económico le aplicamos cuánto va a
significar esa inversión tan extraordinaria y nos quedamos en el 2,5
por ciento del PIB en los próximos siete años. Muy poco dinero si lo
comparamos, señorías, con lo que viene ocurriendo en los años
anteriores del ciclo expansivo, los años 1987, 1991 y 1992, en que se
llegó prácticamente a una media del 5 por ciento del PIB en inversión
pública.

Lo que más me preocupa es el cambio en el modelo del desarrollo de
las infraestructuras. Se están promoviendo, señorías, modelos
impulsados por el sector privado, que es necesario -estoy convencido
de que es necesario en la cofinanciación de la obra pública-, tiene
que tener una participación complementaria, pero no tomar la
iniciativa y condicionar la política de infraestructuras del
Gobierno. La facultad de planificación es irrenunciable para esta
Cámara, señorías. Puedo poner un ejemplo. El año pasado denuncié que
las grandes constructoras ofrecieron al Ministerio de Fomento la
reforma de las seis carreteras radiales españolas, las seis autovías,
con un modelo de contrato idéntico al que se contempla en la ley de
acompañamiento de este ejercicio; idéntico. Es decir, que lo que hace
un año pedía la patronal de la construcción en España como modelo de
financiación de la obra pública, hoy lo trae el Gobierno a la Cámara.

El Gobierno y la Cámara se desapoderan de sus facultades
planificadoras y las entregan a quien sólo debería participar de modo
complementario en la financiación de la obra pública. Los modelos de
financiación han sido muy gravosos para el sector público. Consisten
sólo en centrifugar a futuros ejercicios el coste de las obras y
comprometen el margen de gestión de los futuros gobiernos. Por
ejemplo, el famoso método alemán eleva el coste de financiación de la
obra, porque todo el mundo sabe que la deuda privada es más cara que
la pública y porque en la entrega, llave en mano, que regula el
método alemán, la empresa no va percibiendo certificaciones de obra y
tiene que incorporar en el precio final la rentabilidad de la
inversión de los dos, tres o cuatro años que ha durado la inversión.

Por tanto, es bastante más caro que el método ordinario de
financiación de obra pública. De ahí que el año pasado y este año, el
2000, se suspenda este modelo de financiación de obra pública,
dándonos implícitamente la razón.

Con las autopistas de peaje se está acentuando un modelo
desequilibrador en el tratamiento de los derechos de los usuarios y
de los ciudadanos. Las sociedades concesionarias de autopistas
tuvieron una ley muy favorable en el año 1973, es cierto que
consolidada después por la jurisprudencia, pero si hacen un
seguimiento de las cotizaciones en Bolsa de estas sociedades
concesionarias, su nivel
de rentabilidad está a la cabeza de cualquier otra actividad, tienen
exceso de liquidez en estos momentos y, en algunos casos, sus
beneficios alcanzan, señorías -asústense-, el 50 por ciento de la
facturación -dato estratosférico en términos económicos- a costa de
los peajes que abonan los usuarios. ¿Política del Gobierno? Ampliar
los derechos de las concesionarias de autopistas frente a los
derechos de los usuarios a cambio de rebajas cosméticas de los
peajes, rebajas muy pequeñas. Se amplía el objeto social, se permite
que diversas actividades que tienen que ver con la explotación de las
autopistas pasen a manos de las concesionarias -antes las adjudicaba
la Administración del Estado-, se amplían los períodos concesionales
-el límite máximo a 75 años- y en la ley de acompañamiento se nos
modifica de nuevo el marco legal otorgando nuevas ventajas a los
concesionarios. ¿Cómo? Prorrogando las concesiones, estableciendo de
nuevo la ampliación del objeto social a obras complementarias que se
puedan realizar en el ámbito de influencia de las autopistas y, por
último, ampliando también la financiación de este tipo de autopistas
con préstamos participativos que en el fondo son regalos,
financiación pública de una parte muy importante de estas
infraestructuras, pero que luego las siguen pagando los usuarios a la
hora de transitar por las mismas. En la ley de acompañamiento para el
año 2000 -ya lo dije antes- se establece la posibilidad de mantener
los peajes en las autopistas una vez acabadas incluso las concesiones
existentes y, además de todo ello, se amplían las posibilidades de
negocio de estas concesionarias, que podrán hacer obras en esa área
de influencia. Por último, hay un contrato de gestión integral de
autovías, que entendemos que permite pasar a manos privadas la
gestión de las autovías españolas durante veinte años. Esto es una
privatización encubierta de la red -una red financiada íntegramente
con recursos públicos provenientes de ingresos- porque el contrato,
tal y como viene reflejado en la ley de acompañamiento, señorías,
comprenderá la conservación y explotación de la infraestructura, la
adecuación, reforma y modernización de esa infraestructura y
actuaciones de reposición y gran reparación, concediéndose al
concesionario facultades tan exorbitantes y propias del dominio
administrativo como satisfacer indemnizaciones. Nosotros preguntamos
si esto es necesario, si es necesario invertir -como parece que se va
a hacer- 500.000 millones en las actuales radiales, que son autovías
y que creo que tienen calidad y capacidad suficientes. Si además
incorporamos el coste de mantenimiento de esa red en los próximos 20
años, estamos hablando de un volumen de negocio cercano a los tres
billones de pesetas, que van a quedar excluidos de un control directo
y de una transparencia como la que hay en estos momentos, cada cuatro
años, en los procesos concesionales, porque alargando a 20 años el
período de concesión, como ustedes comprenderán, la Administración
pierde el elemento de control de calidad de esa concesión que supone
la competencia latente implícita en plazos concesionales mucho más
cortos. ¿Quién lo va a pagar? No lo dice la ley, pero desde luego
esto acabarán pagándolo los usuarios, señorías, no lo duden. Ya lo
dijo la señora De Palacio en verano. Aquí acabará por existir una
tasa por circular por todas las carreteras. Y este es el primer paso.

El coste de estos 500.000 millones de modificación de las seis radia
les,



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que hoy son autovías de carácter gratuito, será satisfecho con cargo
a peajes. El Gobierno no se atreverá a plantearlo antes de estas
elecciones, pero si tenemos la desgracia de que continúen en el
ejercicio de la responsabilidad pública (y yo creo que no va a ser
así), lo harán inmediatamente, porque es la filosofía de su
comportamiento político. Evidencia, pues, cambio de modelo. La
Administración socialista desarrollaba un programa de obras públicas
financiado fundamentalmente mediante impuestos, más equilibrador, más
equitativo y, sin embargo, el Gobierno del PP va cambiando la
filosofía e introduciéndose poco a poco, progresivamente, en que sean
los usuarios quienes satisfagan las nuevas infraestructuras.

Las inversiones -en dos minutos acabo, presidente- muestran un alto
grado de desequilibrio territorial. Por ejemplo, en ferrocarril -y es
necesario, sin duda-, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa
absorbe más del 90 por ciento de las inversiones. Por supuesto, no
nos oponemos a esa inversión, pero ya que está el señor Jané quiero
prevenirle contra la tentación de lo que su grupo parlamentario hizo
el año pasado, que fue a Cataluña a decir que el Grupo Socialista, en
sus enmiendas, financiaba el aumento de inversión en el ferrocarril
con una minoración de 100.000 millones para el GIF. Y es verdad, pero
no como ustedes lo dicen. Este año hacemos lo mismo, pero no porque
queramos que no se invierta en Cataluña, que está garantizada la
inversión, están garantizados los 230.000 millones; queremos
retirarle 100.000 millones porque al GIF, en inmovilizado financiero,
al finalizar el año 2000 le sobrarán 180.000 millones de pesetas.

Creemos que es un modo de utilizar los recursos de una forma bastante
ociosa mientras el resto de la red languidece y padece de
obsolescencia. Por tanto, queremos utilizar ese dinero no para
perjudicar en modo alguno una obra de interés de Estado como es la
Madrid-Barcelona, sino para aprovechar de forma óptima el conjunto de
recursos que tenemos para la inversión pública.

Señorías, el transporte aéreo español viene sufriendo - ustedes lo
saben- una grave crisis. El Gobierno es incapaz de darle soluciones y
eso ocurre también en el año 2000. No hay voluntad de conseguir la
modernización de la navegación aérea española ni su adaptación a la
normativa comunitaria. En nuestro espacio aéreo tenemos auténticos
cuellos de botella que requerirían un conjunto de actuaciones
estructurales e inversiones que en modo alguno reflejan estos
presupuestos. Igual ocurre con el ente Puertos del Estado. Presenta
un plan de empresa que constituye una suma no homogénea de proyectos
individuales de cada una de las autoridades portuarias españolas, lo
que lleva a una duplicidad de inversiones y a una competitividad que
es estéril.

Por último, también nos oponemos a esta sección porque incluye la
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. Señorías, este
presupuesto debilita a Correos como expresión del servicio público,
le rebaja la subvención de capital y para mantener el ritmo de
ingresos lo único que se les ocurre es desarrollar una política de
reducción de plantilla. Esa política ha provocado ya el cierre de
casi 500 oficinas auxiliares de Correos y la supresión de muchos
carteros rurales. Esa política obsesiva por reducir los déficit de
explotación ocasiona una grave pérdida de calidad en el
servicio, las quejas de los ciudadanos van creciendo y, lo más
importante, la pérdida de mercado del correo público es alarmante en
los envíos urbanos, donde se ha perdido ya un 12 por ciento en los
últimos años. Eso significa que el concepto de servicio público está
en riesgo, y es un derecho que tenemos los usuarios españoles.

Antes de dar la palabra a mi compañero, el señor Morlán, quiero
decirles que el conjunto de nuestras enmiendas supone un incremento
aproximado del gasto público real de unos 140.000 millones de pesetas
-creo que es perfectamente asumible-, que tienen una completa
estructura derivada de un correcto principio planificador y que
atienden a la inversión pública de forma equitativa de acuerdo con
las necesidades de cada territorio en España, y no de forma
desequilibrada como hace el presupuesto que presenta el Gobierno.

También les quiero indicar nuestra intención de voto. Votaremos a
favor de todas aquellas enmiendas que coinciden con las nuestras, que
son las de los grupos Mixto e Izquierda Unida. Sin embargo, no
podemos aprobar las enmiendas del llamado bloque de Gobierno o bloque
que se comporta como Gobierno en la tramitación de estos
presupuestos: Partido Popular, Convergència i Unió, Coalición Canaria
y Partido Nacionalista Vasco, porque son parciales y desde luego muy
inferiores a las que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Por
tanto, nos abstendremos en la votación de las mismas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra el señor
Morlán. Le ruego la máxima concisión ya que su compañero ha consumido
ampliamente el turno del Grupo Socialista.




El señor MORLÁN GRACIA: Intentaré dar cumplida respuesta a sus
inquietudes.

Voy a defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista a
esta sección 17, en materia de vivienda. La verdad es que el conjunto
de medidas propuestas en el propio presupuesto daría lugar a que se
devolviera la sección 17 al Gobierno. Hemos presentado una serie de
enmiendas que tienden a contribuir al desarrollo de actuaciones
encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda a aquellos sectores
sociales que por su nivel de recursos económicos no pueden
incorporarse al mercado de vivienda libre. Durante estos últimos
meses hemos tenido en esta Cámara diversos debates encaminados a
mostrar la viabilidad del vigente Plan de vivienda. Frente al
triunfalismo del Gobierno sobre la bondad del mismo y el número de
viviendas que se están construyendo en España, el Grupo Parlamentario
Socialista ha puesto de manifiesto el reconocimiento del boom
inmobiliario que existe actualmente en España pero que ha marginado
de manera muy clara y destacada a un sinnúmero de colectivos, de
ciudadanos y ciudadanas españoles que no tienen posibilidades de
acceder a la vivienda libre y que tampoco se han visto beneficiados
de las ayudas contempladas para la vivienda protegida. De manera
reiterada hemos puesto de manifiesto dos aspectos que han provocado
un sustancial incremento del precio de la vivienda, que podemos
situar este año entre el 10 y el 15 por ciento. Estos dos aspectos
son la Ley del suelo y la indudable repercusión negativa que éste
tiene en el precio final de la misma y el escaso fomento a la
vivienda protegida



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en cualquiera de sus variables, como viene siendo acreditado por
organismos, instituciones independientes o por el propio Gobierno. No
me cansaré de reiterar una cifra que he dado ya en esta Cámara, que
viene a demostrar que mientras las viviendas libres han experimentado
un aumento del 60 por ciento respecto al año 1998, hay mucha segunda
residencia que se incorpora a ese aumento de construcción, y sin
embargo las viviendas protegidas han aumentado solamente un 1,6 por
ciento respecto al mismo año. La idea con la que trabaja este
Gobierno de que el mercado es el que lo regula todo es opuesta -y la
práctica lo está demostrando- a toda iniciativa que suponga la
adopción de medidas de protección para los sectores más protegidos
y desfavorecidos, jóvenes, tercera edad, ciudadanos y ciudadanas con
escasez de recursos, etcétera, que se ven imposibilitados para
acceder a una vivienda de calidad. No se cansan de pregonar las
políticas sociales: la promoción del alquiler, la preocupación por el
acceso de los jóvenes a las viviendas, etcétera, pero a la hora de la
verdad ni sus comunidades autónomas gestionan la vivienda en esa
dirección, ni desde el Gobierno central se propicia la adopción de
medidas encaminadas a esos objetivos que tan bravamente pregonan.

Les pediría que aceptaran nuestra enmienda número 1742, que dota de
10.000 millones de pesetas más al programa de promoción,
administración y ayudas a la vivienda, en el concepto subsidiación de
intereses, préstamos y otros apoyos. Con ello contribuirían a hacer
frente a los objetivos que de boquilla SS.SS. siempre defienden, en
un alarde de demagogia y falta de rigor, y a hacer que esos
colectivos a los que he hecho referencia antes tuvieran mejores
posibilidades de acceso, tanto al alquiler como a la propiedad de la
vivienda. También les pido que acepten nuestra enmienda número 1747 y
transfieran a la comunidad autónoma de Madrid 3.000 millones de
pesetas, en concepto de transferencias de capital, para hacer frente
a las subvenciones para adquisición y rehabilitación de viviendas,
pues indudablemente contribuirán también a corregir los
desequilibrios que existen en esta comunidad, facilitando actuaciones
que permitan a esos colectivos acceder a la posesión de una vivienda
digna y de calidad, teniendo en cuenta sus recursos económicos. Por
último, presentamos otra enmienda, la 1746, que pretende incorporar
al programa de ordenación y fomento de la edificación 3.063 millones
de pesetas que irían destinados a la restauración y rehabilitación de
diversos edificios que tienen una utilidad pública, de forma y manera
que se contribuiría a dotarlos de los medios arquitectónicos
suficientes para que se constituyan en centros culturales, sociales,
etcétera, que puedan ser visitados y utilizados para el desarrollo de
diversas actividades de variada índole.

Señor presidente, señorías, creo que estas enmiendas que plantea el
Grupo Socialista a la política de vivienda del Grupo Popular pueden
contribuir de manera clara y definitiva a que ese plan de vivienda,
que ustedes dicen que les va tan bien, y que no va tan bien como se
demuestra por los resultados, mejore sus perspectivas y satisfaga las
necesidades de muchos colectivos sociales que en estos momentos no
encuentran las oportunidades para llegar a acceder a una vivienda
digna y de calidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra don Julián Fernández.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Me presto a defender las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a
cumplir con este formalismo; digo formalismo porque los grupos de la
izquierda de esta Cámara normalmente todos los años solemos tener
poca suerte en cuanto a la aceptación de nuestras enmiendas, a
diferencia del bloque que apoya al Gobierno, el de la derecha
periférica, que normalmente suele obtener otros resultados.

Presentamos una enmienda de devolución al presupuesto de la sección
17 porque del estudio de estos presupuestos nosotros deducimos que, a
pesar de que el presupuesto de Fomento crece ligeramente, no se
reparte bien. Creemos que las carencias en infraestructuras siguen
siendo importantes en las comunidades que políticamente no tienen
medios para presionar a este Gobierno y nos preocupa que año tras año
el Gobierno concentre el grueso de inversiones en aquellas
comunidades que ya gozan de las mejores vías de comunicación y que
cuentan con una economía mucho más avanzada. Como siempre, las dos
Castillas León, Extremadura, Asturias o Galicia no se ven bien
reflejadas en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Como venimos diciendo en años anteriores, este Gobierno carece de
planes integrales para el desarrollo de las infraestructuras. No
tienen una visión intermodal, de forma que son capaces de poner todas
las infraestructuras en una misma comunidad dejando a otras realmente
al pairo. Esto es totalmente visible, hay comunidades que gozan de
infraestructuras inimaginables -puertos, aeropuertos, autopistas,
AVE, absolutamente de todo- y otras que realmente sufren el calvario
de unas infraestructuras tercermundistas.

Para nuestro grupo, la normativa presupuestaria aplicable a los entes
públicos empresariales y la progresiva utilización de estos como
principal instrumento de la política inversora del Ministerio de
Fomento, ocasiona una opacidad considerable en estos presupuestos.

Sólo contienen un extracto de su contabilidad, un balance de
explotación, origen de fondo y distribución regionalizada de su
actividad, pero no está bien clarificado a qué objetivo se destina la
cifra superior al medio billón de pesetas que gestionan los entes
públicos.

En materia de vivienda, en la primera modalidad de actuación directa,
la Administración central sólo incluye actuaciones en promociones de
interés general que se limitan a las ciudades de Ceuta y Melilla con
una inversión de 1.870 millones; y 300 viviendas. Esta es toda la
actividad que en materia de política de vivienda en actuación directa
va a tener el Estado en el próximo ejercicio presupuestario.

El programa de ayudas indirectas, va dirigido a la subsidiación de
los tipos de interés y a la subvención directa a los adquiríentes de
vivienda, de acuerdo con el Plan de vivienda 98-2001; esta modalidad
se sigue manteniendo en la subsidiación de tipos con 41.200 millones,
a pesar de la bajada de los tipos de interés. En cambio, la
subvención directa, que es la más justa porque tiene más en cuenta el



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nivel de renta de los nuevos adquirentes de vivienda, se sitúa en
39.100 millones, cifra muy alejada de las necesidades reales de la
clase trabajadora, que tiene cada vez más dificultades para buscar
alojamiento en propiedad o alquiler. Para rehabilitación -que debiera
convertirse en el eje central en materia de vivienda si se quiere
recuperar los cascos antiguos y la multitud de viviendas desocupadas,
57 por cada 1.000 habitantes en este país, la mayor proporción de
vivienda deshabitada de toda Europa- estos presupuestos solamente
destinan 6.500 millones.

Mi grupo parlamentario ha presentado gran número de enmiendas
parciales a la sección 17 y, no me va a ser posible proceder a la
defensa de estas enmiendas una a una. Lógicamente, me voy a centrar
en unas cuantas de carácter general, que son las que nosotros
consideramos que varían lo que es la estructura presupuestaria de la
sección 17. En este sentido, creemos que tiene interés nuestra
enmienda 903, donde proponemos una mayor dotación de 5.000 millones
para construcción pública de viviendas y 2.000 millones, en la
enmienda 461, para ayudas a la rehabilitación de viviendas. Con esto
incrementamos notablemente la partida que destina el Gobierno. Hay
partidas en este proyecto que incluso no se contemplan, como puede
ser el soterramiento de líneas eléctricas de media y alta tensión.

Para esto nosotros proponemos una enmienda con 5.000 millones.

También pensamos que es totalmente insuficiente la partida destinada
a la supresión de pasos a nivel, con lo cual seguimos teniendo el
mismo problema que en años anteriores y sufrimos los mismos
accidentes que año tras año se producen. Por eso, nosotros en nuestra
enmienda 945 proponemos un incremento de 5.000 millones y también un
incremento de 5.000 millones para renovación de vía e instalaciones,
es decir, intentamos incrementar todas aquellas partidas que no se
ven bien reflejadas en este anteproyecto.




Para ir terminando, quiero anunciar que mi grupo votará
favorablemente las enmiendas del Grupo Socialista, exceptuando una
que hace mención a la alta velocidad. Votaremos a favor de todas las
enmiendas del BNG y del Grupo Mixto. Las enmiendas presentadas por
Convergència i Unió, a pesar de que podrían tener interés para
nosotros, motivados y llevados porque el Grupo Catalán normalmente no
suele apoyar enmiendas de otros grupos, en este caso lo que vamos a
hacer es abstenernos. Para finalizar, me gustaría mencionar una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular que me parece que es
bastante significativa y expresiva, la enmienda número 2088, la cual
propone un incremento de las inversiones en Galicia de 3.154
millones, cosa con la que nosotros estaríamos totalmente de acuerdo
si no fuera porque dan de baja inversiones que también consideramos
importantes y necesarias que se mantengan en estos presupuestos.

Fíjense qué partidas dan de baja: renovación de vías e instalaciones,
expropiación de revisiones, contrato de asistencia técnica o
supresión de pasos a nivel. Es decir, que el Partido Popular suprime
en buena parte las partidas que hay destinadas a supresión de pasos a
nivel o renovaciones de vías para incrementar la dotación
presupuestaria en actuaciones ferroviarias en Galicia. A nosotros nos
parece que es desafortunado el tratamiento que han dado a esta
enmienda y que se destine más dinero para actuaciones ferroviarias en
Galicia no
debiera suponer eliminar partidas que son de enorme interés para
otras regiones y por el mismo contenido presupuestario.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Convergència
i Unió, tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, mi grupo parlamentario tiene en
este momento vivas para su debate tres enmiendas a esta sección 17,
la 2126, la 2128 y la 2131 Antes de pasar a defender las quería
comentar brevemente que en ponencia se incorporaron cuatro enmiendas
de nuestro grupo a esta sección 17: la 2130, con 200 millones, para
el desdoblamiento de Tordera a Fornells; la 2132, con 100 millones,
para la variante de Gerri de la Sal; la 2133, con 50 millones, para
la variante de Falset, y la 2134, con 100 millones, para el tramo de
Colera-Portbou. Todas estas enmiendas tienen la finalidad de proveer
esa partida presupuestaria y que puedan iniciarse esas obras.

Evidentemente, se trata de cantidades que no pueden cubrir el coste
de las mismas, pero sí iniciar los proyectos necesarios para llevar a
cabo las inversiones.

Ahora nos quedan tres enmiendas, la primera de las cuales, la 2126,
se refiere a un asunto recurrente en nuestro grupo y al que no
acabamos de encontrar solución presupuestaria: la necesidad de
construir un apeadero de Renfe en la localidad de Vilassar de Mar. En
Vilassar de Mar hace falta ese apeadero, hay conversaciones con Renfe
desde hace mucho tiempo y no llegamos a una solución. En ese sentido
va nuestra enmienda 2126, una enmienda que sabemos que en este
momento no esta en condiciones de ser aprobada porque hay
deficiencias técnicas en su presentación. Por tanto, nuestro grupo la
va a retirar, pero en la confianza de que en el Senado vamos a
encontrar ese acuerdo que dará una salida presupuestaria a esa
estación, a este apeadero que debe tener Renfe en Vilassar de Mar.

Hay - y quiero que conste así en el «Diario de Sesiones»- un
compromiso del Ministerio de Fomento de llegar a esa solución en el
Senado. Nosotros confiamos en esa palabra dada. También quiero hacer
especial mención del diputado Josep Sánchez i Llibre, diputado que
reside en el Maresme, que ha estado velando desde el primer día por
conseguir esa necesaria dotación presupuestaria para el apeadero de
Vilassar de Mar. Confiamos, repito, en que finalmente pueda
encontrarse esa partida, se pueda construir técnicamente la enmienda
y tener en Vilassar de Mar ese apeadero pedido por la población, por
los habitantes del Maresme, que se desplazan continuamente a
Barcelona por líneas de ferrocarril frecuentes y que necesitan de ese
apeadero. Por tanto, éste es el compromiso y nosotros confiamos en
que va a poder llevarse a cabo. En este contexto, retiramos la
enmienda para darle una solución definitiva en el trámite del Senado.

Las otras dos enmiendas que hemos presentado son la 2128 y la 2131.

La enmienda 2128 prevé una dotación de 120 millones, simplemente para
iniciar lo que debe ser un proyecto de soterramiento de la travesía
ferroviaria a su paso por la localidad de Sant Feliu de Llobregat.

Tanto la Generalitat de Catalunya como el propio Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat están redactando un proyecto en



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este sentido: no suprimir el paso a nivel, sino soterrar el tramo de
la línea férrea a su paso por ese municipio. Creemos que es la mejor
solución técnica. Tiene un coste estimado de unos 4.000 millones y
con esa partida inicial de 120 millones lo que pretende nuestro grupo
es dotar presupuestariamente la partida, puesto que ésa es la
solución que debemos dar al paso de la línea férrea por la localidad
de Sant Feliu de Llobregat.

Por último, la enmienda 2131 prevé una dotación de 116 millones para
la autovía Tarragona-Montblanc. Esta enmienda tiene la misma
finalidad que la anterior: dotar esa partida presupuestaria,
necesaria para construir esa autovía de Tarragona a Montblanc. Ésta
es una de las actuaciones previstas en el Plan de carreteras de
Cataluña y totalmente necesaria para mejorar la infraestructura
viaria de las comarcas de Tarragona y, por tanto, es preciso realizar
esta dotación a través de una programación plurianual. Nosotros
consideramos que podrán iniciarse las obras en el año 2001 y
acabarlas en el año 2004. Esa dotación inicial de 116 millones
permitiría realizar los proyectos necesarios para iniciar las obras
en el ejercicio del 2001. Estas son, por tanto, señorías, las tres
enmiendas que presenta nuestro grupo.

Quisiera finalizar, toda vez que el compañero y amigo Jesús Caldera,
del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho una reflexión global
sobre algunas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista a esta sección 17, algunas de las cuales se refieren a la
Comunidad Autónoma de Cataluña, sin entrar en polémica en ningún caso
ni criticar ninguna de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, hacer una reflexión global que justifique
el voto de nuestro grupo al final de las distintas enmiendas a la
sección 17.

Nuestro grupo quiere destacar que en los acuerdos presupuestarios de
este año hemos conseguido un importante aumento de las inversiones en
Cataluña; concretamente, sólo por lo que se refiere a la sección 17,
del Ministerio de Fomento, aumentan las inversiones un 39 por ciento,
pasando de 39.805 a 55.313 millones, y en total las inversiones del
Estado en Cataluña suben un 35 por ciento y alcanzan 212.694
millones. Por tanto, no quiero entrar a polemizar, pero sí quiero que
conste que siempre podemos hacer enmiendas puntuales que sirvan para
mejorar. Todos nos apuntaríamos a ellas, pero la realidad es una, y
es que en esta legislatura, y sobre todo en este último ejercicio
presupuestario, el esfuerzo inversor del Gobierno para la Comunidad
de Cataluña es muy superior al que obtuvimos durante las legislaturas
del Partido Socialista, sobre todo cuando éste tenía mayoría
absoluta. Constato que cada una de las enmiendas nos parece positiva,
pero globalmente hay una mejora de las inversiones en Cataluña en
este ejercicio, mejora que nosotros celebramos y que ha condicionado
nuestro apoyo a estos presupuestos del año 2000. Por tanto, viendo
las cifras globales y el aumento global de las inversiones, que,
repito, sólo en el Ministerio de Fomento es del 39 por ciento,
nosotros nos sentimos satisfechos de esa voluntad inversora en
Cataluña. Las enmiendas que hoy aprobamos también contribuyen a esa
voluntad inversora, y con ese espíritu vamos a aprobar la sección 17
de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que la sección 23,
donde las inversiones de medio ambiente, si tenemos
en cuenta la Sociedad Estatal del Baix Llobregat, se
incrementarán un 75,7 por ciento en este ejercicio.

Por todo ello, repito, defiendo las enmiendas que nos quedan vivas,
celebro las incorporadas en ponencia y celebro, sobre todo, el
planteamiento global de los presupuestos en cuanto a inversiones en
Cataluña, que nunca son lo que querríamos que fueran, porque siempre
hay más inversiones a las que nos querríamos sumar, pero cuyo
resultado global final es positivo. Por tanto, a ese resultado final
atiene nuestro grupo a la hora de defender esta sección 17.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego presta
especial atención a la sección 17 y de forma muy particular se centra
en el problema del ferrocarril. Ya hemos tenido muchos debates en el
Congreso sobre la situación del ferrocarril en general en el Estado
español, pero de forma muy particular en Galicia. Solamente quiero
darles el dato de que entre 1998 y 2007, el Gobierno tiene planteado
invertir en Galicia 50.000 millones de pesetas, es decir, en diez
años, el mismo período en el que va a invertir 4 billones de pesetas
en el resto del Estado español solamente en trenes de alta velocidad.

Por eso, una de las enmiendas fundamentales de las que presentamos es
la de 25.000 millones de pesetas para aplicar el plan ferroviario
aprobado por unanimidad del Parlamento de Galicia en el año 1995 y
que, desgraciadamente, a pesar de contar con unanimidad, no ha sido
aceptado por el Ministerio de Fomento, es decir, por el Gobierno del
Estado español. Quiero darles el dato de que no se trata de un plan
para colocar trenes de velocidad alta o de alta velocidad, sino
exclusivamente de duplicar la vía entre ACoruña y la frontera con
Portugal; duplicar la vía entre Santiago y Ourense para la salida del
Estado español, y el resto quedaría con vía única pero, eso sí,
electrificada. Este plan, ya lo ven ustedes, no es aceptado, y
nuestra enmienda, por lo tanto, va destinada a que se pueda cumplir
en el periodo de 10 años un plan que costaría entre 180.000 y 200.000
millones de pesetas.La preocupación se extiende al caso de FEVE.

Nosotros proponemos una mejora de la red en su recorrido por Galicia
y en concreto incluso con la reubicación de apeaderos en alguna zona
como A Mariña luguesa, que tiene una gran densidad de población.

En cuanto al tema de carreteras, debemos centrar la atención en la
autovía del Cantábrico, sobre todo después de haber sido aprobada al
respecto una proposición no de ley en la Comisión de
Infraestructuras, para que en los Presupuestos Generales del Estado
cuente con un proyecto en el territorio de Galicia, por lo tanto debe
de figurar en los presupuestos. También, una moción, aprobada nada
menos que por el Pleno de la Cámara, que, a raíz del desastre del
accidente de enero de 1998 en el puente de As Pías, que consistiría
en construir una ronda oeste en la villa de Fene, donde justamente
acaba la autopista A-9 y se forman grandes colas, es uno de los
centros negros de todo el Estado español y que tendremos que soportar
al menos durante cuatro años mientras no se construya la autovía
FeneFerrol. Pues bien, con esta obra de la ronda oeste acabaríamoscon
este problema, lo paliaríamos y es una obra que



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no costaría más allá de 2.000 millones de pesetas. Planteamos una
partida de 300 millones, vuelvo a repetir, en consonancia con una
aprobación unánime del Pleno del Congreso. El resto de las cuestiones
referidas a carreteras es para mejorar, para vehículos lentos,
trayectos hoy colapsados como el de Lalín-Ponte Ulla o Monforte-
Ponferrada, o bien para construir variantes que mejoren la
interrelación de las autovías de Galicia con centros neurálgicos como
Ourense o bien redes arteriales para poder entrar en A Coruña y en
otras ciudades gallegas como Pontevedra.

En relación con los aeropuertos y los puertos, hemos presentado
enmiendas para mejorar el aeropuerto de Santiago como el aeropuerto
de referencia de Galicia y mejorar las condiciones de seguridad de
los de Vigo y ACoruña, en los que en gran parte del año, en invierno,
no pueden prácticamente aterrizar los aviones por no contar con la
seguridad debida.

Los puertos de interés general de Galicia son maltratados en los
Presupuestos Generales del Estado. Son seis puertos que no reciben
más allá de 4.000 millones de pesetas y planteamos una partida para
todos de 7.500 millones para que puedan hacer frente a su lugar
privilegiado en el Atlántico.

Acabo diciéndoles que vamos a votar favorablemente las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y por el GrupoParlamentario Mixto. También lo vamos a
hacer, previa aclaración de alguna cuestión, con las enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Popular en general y en particular
las referidas a Galicia. Afortunadamente, aunque sea de manera
limosnera, le toca y empiezan a reconocer que la autovía del
Cantábrico debe tener proyecto en Galicia, lo cual no deja de ser una
conquista, aunque sea pírrica: de la nada a algo, ya vamos cambiando.

Respecto de las actuaciones ferroviarias, éstas responden a un
convenio que se firmó y que se debe de respetar. Pero, aparte de ser
poco dinero y que desde luego no es para cumplir con el plan
ferroviario al que yo aludí al principio, sospecho que esto tendrá
después rectificaciones y rebajas en los próximos presupuestos
volviendo a actitudes mucho más cicateras y nos mantendremos dentro
de los 50.000 millones de pesetas que hay presupuestados hastael año
2007. En todo caso, sea bienvenido, porque es la primera vez que el
Partido Popular rectifica con respecto a Galicia y no deja que el
señor Fraga Iribarne quede en malísimo lugar



El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, intervengo para
defender las enmiendas de los distintos grupos del Grupo
Parlamentario Mixto y en especial voy a exponer ahora las de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que hacen referencia a tres temas
fundamentales: vivienda, carreteras y ferrocarril. En relación con el
tema de vivienda, tenemos una enmienda inicial para la regeneración y
mantenimiento del patrimonio municipal de vivienda en Cataluña, al
que pensamos dotar con 1.000 millones de pesetas.

Después, 2.000 millones de pesetas para rehabilitación y nueva
construcción de viviendas que promuevan el reequilibrio social,
territorial y la sostenibilidad.

En materia de vivienda, la tercera se refiere a una dotación de 200
millones de pesetas para investigación en arquitectura bioclimática.

En relación al programa 513.D, relativo a las carreteras, tenemos una
serie de enmiendas que se refieren a actuaciones que hace mucho
tiempo están pendientes y que creemos deben tener un presupuesto
adicional, con el fin de que se terminen lo más rápidamente posible,
como es el caso de la autovía Lleida-Huesca, con 230 millones; la
NII, la duplicación de la calzada Lleida-Els Alamus, con 24 millones;
la 240, la variante de las Borjas Blancas, 20 millones y para el eje
pirenaico Girona-Lleida, al que pensamos que debe dársele un empujón
fuerte, proponemos un incremento de 810 millones de pesetas. En la N-
420 se propone una enmienda para realizar un paso elevado en La
Canonja por importe de 275 millones de pesetas y también 100 millones
de pesetas para la imposición de un impuesto que grave las mercancías
por carretera, con lo que creemos que promoveríamos una movilidad más
sostenible en el territorio catalán. Por otra parte, proponemos la
adición de 20 millones de pesetas para elaborar un proyecto para
soterrar la A-18 a su paso por Ripollet.

En materia de ferrocarril, señorías, Iniciativa per Catalunya- Els
Verds propone una serie de enmiendas que tienen como objetivo el
dotar a toda una serie de vías de ferrocarril que vertebran el
territorio y que pensamos necesitan de actuaciones urgentes. En ese
sentido, damos una dotación adicional para soterrar la vía Barcelona-
Puigcerdà, en Mollet. Otra enmienda se refiere a la supresión de
pasos a nivel en San Feliu de Llobregat, con 970 millones, y a la
rehabilitación de la línea Lleida-Manresa, que es una actuación que
desde hace mucho tiempo está absolutamente parada, proponiendo que
haya un incremento adicional de 850 millones de pesetas, así como
también para la mejora del tren de La Pobla. Éstas son dos
actuaciones pendientes desde hace muchos años y de no llevarse a cabo
actuaciones urgentes las líneas no podrán estar operativas.

Proponemos también 250 millones de pesetas para el estudio de un
sistema de transporte ferroviario entre ReusTarragona- Cambrils y 500
millones de pesetas para el acondicionamiento del transporte de
viajeros entre El Papiol y Mollet. Asimismo, proponemos dos estudios
de viabilidad de tren nocturno, uno entre Barcelona y la comarca del
Maresme, al que destinamos 25 millones, y otro entre Barcelona y la
comarca del Garraf, al que también destinamos 25 millones.

Por otra parte, también proponemos actuaciones en la línea Barcelona-
Puigcerdà, con una aportación importante de 2.167 millones, y
asimismo 2.000 millones para la mejora de Granollers-Girona.

Proponemos también actuaciones en la duplicación de la vía Moncada-La
Garriga para soterrar la vía Sardanyola, Barberá y Moncada. Para
acondicionar 200 ó 224 kilómetros, la conexión Barcelona-frontera
francesa en el tramo Sant Celony y Girona, proponemos un importe de
5.000 millones, que saben SS.SS. que es el modelo alternativo que
Iniciativa per Catalunya-Els Verds propone al TAV indicando de los
trenes 200.




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En la vía Ripoll-Puigcerdà, que hace mucho tiempo que es objeto de
interés de Iniciativa per Catalunya, estando todo muy estancado,
proponemos 2.500 millones de pesetas. Son partidas que habíamos
pedido en anteriores presupuestos, pero que no se han ejecutado y las
actuaciones han sido mínimas. Por último, un estudio para una nueva
línea entre Blanes y Lloret por 500 millones de pesetas, así como
duplicar la vía Arenys de Mar-Masanet por un importe de 2.000
millones de pesetas. Eso es todo.




El señor PRESIDENTE: El señor Serrano Vinué cerrará el turno de
intervenciones del Grupo Mixto.




El señor SERRANO VINUÉ: Señor presidente, muy brevemente para no
romper el ritmo que está llevando esta Comisión, que ojalá fuera
también el ritmo inversor del Gobierno.

El Partido Aragonés en principio ha mantenido una actitud
completamente crítica y negativa sobre la sección 17 y, en caso de no
incluir ninguna de nuestras enmiendas al menos en el trámite del
Senado, con toda seguridad pediremos su devolución. Hemos presentado
unas 50 enmiendas por un valor de 34.000 millones de pesetas
aproximadamente, casi 35.000 millones, y no es una carta a los Reyes
Magos ni tampoco es un listado de obras destinadas a Papá Noel,
porque a estas alturas ni creemos en los Reyes Magos ni en Papá Noel.

Lo único que pretendemos es simplemente darle una última oportunidad
al Gobierno, al Partido Popular para que cumpla al menos algunos de
los compromisos que tenía con el territorio aragonés, entendiendo que
el territorio aragonés es el 10 por ciento de la superficie de todo
el Estado y entendiendo que la política de infraestructuras es un
factor determinante en la política de equilibrio territorial. Me
alegro realmente de lo que han conseguido territorios como el
catalán, que han llegado a incrementar el 39 por ciento en inversión
con esos 200.000 millones, pero me gustaría que esa alegría fuera
compartida por otras partes del Estado, pues da la sensación de que
también hay un doble rasero a la hora de distribuir inversiones.

Hemos presentado un paquete importante de enmiendas en materia de
inversiones ferroviarias, tanto en lo que respecta al eje Norte-Sur,
la línea Valencia-Teruel-Zaragoza con Francia, a través de Canfranc,
en cumplimiento de proposiciones no de ley que esta Cámara en
diferentes ocasiones ha debatido. También postulamos, como siempre,
la apertura de esa conexión con Francia a través del túnel de
Canfranc y el túnel de baja cota a través del Vignemale. Hemos
presentado también un paquete importante de enmiendas para la
solución del nudo Zaragoza-tren de alta velocidad-aeropuerto-
plataforma logística y soterramiento de las vías. En el 2002 va
llegar el tren de alta velocidad a Lleida y su conexión con Zaragoza
y Madrid, y aunque la localización esta decidida todavía no está
definido, qué inversiones y cómo y de qué manera se van a distribuir.

También hemos pedido una partida fundamental para el rescate del
peaje de la autovía A-68, en cumplimiento del compromiso del ministro
de Fomento, que según dijo en 15 días lo iba a solucionar y va camino
de tres años. Vamos a pedir partidas destinadas al acercamiento de la
autovía a Daroca y el desdoblamiento de la carretera de Daroca a
Calatayud, para seguridad vial en muchos tramos que son
puntos negros de la red estatal y para la licitación de los 10 tramos
del eje Norte-Sur que en estos momentos está pendientes de ultimar el
proyecto; cinco se terminarán en marzo y otros cinco en junio.

En conclusión, el Partido Popular, desgraciadamente y siento decirlo,
no ha cumplido ninguno de los compromisos que el año pasado en este
mismo trámite adquirió, y esta dato es constatable. Ni siquiera ha
puesto en marcha tramos de carreteras, como por ejemplo la
transpirenaica, que llevando presupuesto en los últimos cuatro años
ha sido incapaz de licitar, y eso demostraría la eficacia que han
tenido. En contradicción con este dato, no ha tenido ningún rubor,
como así lo pudimos aprobar no con el voto del Partido Aragonés, en
transferir a la Generalitat de Cataluña casi 20.000 millones para
pagar una carretera ya ejecutada y encima de competencia estatal. Ése
es el diferente trato entre unos territorios y otros, y esto no es
una opinión, sino un dato. Con todo esto, ya podrán entender cuáles
son las razones que han llevado al Partido Aragonés a tomar una
decisión responsable y meditada de pasar a nuestra nueva situación
parlamentaria.

Sí me gustaría destacar, dentro de estos incumplimientos, y me limito
exclusivamente a lo que fueron negociaciones del año pasado, que
algún portavoz de otro grupo lo ha recordado -en este caso el
portavoz de Izquierda Unida-, es un hecho que me parece importante
que conozca esta Comisión y la Cámara a efectos de tomar la notar
oportuna. El año pasado negociamos una modesta partida de 50 millones
de pesetas para el aeropuerto de Santa Cilia, Jaca, en la provincia
de Huesca. En mayojunio, alarmados por la ineficacia y la falta de
licitación de esta obra, pedimos una entrevista en la Dirección
General de Aviación Civil y cuál no sería nuestra sorpresa cuando en
esa reunión se nos dijo que para el Gobierno -en ese caso para el
Ministerio de Fomento, Secretaría General de Aviación Civil- no eran
vinculantes política ni presupuestariamente hablando aquellas
enmiendas que vía tramitación de presupuestos del Estado esta Cámara
o en su caso la Cámara Alta introducía. Eso demuestra el absoluto
desprecio con que este tipo de trámites se hacen. Nosotros con
responsabilidad, y cumpliendo nuestro deber, queremos que las cosas
cambien -las obras del AVE, realmente funcionan y van a 300 por
horas- y nos gustaría que el resto de las obras no estuvieran en vía
muerta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Ortiz tiene la palabra.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Antes de referirme hasta donde pueda a las
enmiendas, es bueno que conozca esta Comisión ante quien nos
enfrentamos o ante qué se enfrenta este portavoz a la hora de dar
cumplida cuenta a las enmiendas que se han formulado. Estamos, señor
presidente, en presencia de 538 enmiendas del conjunto de los grupos.

Si esta situación se da en el debate de esta sección año tras año,
este año los grupos, singularmente los de la oposición, han extremado
su insistencia en esta materia de los presupuestos.

Por dar otro dato que me parece revelador, y explica que no haga
referencia puntual a muchas de las enmiendas que se han planteado, la
cuantificación de estas enmiendas



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asciende a la hermosa cifra de un billón 153.489 millones de pesetas,
que es algo menos que los presupuestos del Ministerio de Fomento más
todas las sociedades estatales, las empresas públicas, los organismos
autónomos que comprenderían lo que se puede denominar el grupo
Fomento. Se llevan la palma en esta petición de inversiones, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida con 409.000 millones, el Grupo
Socialista con 300.000, Nueva Izquierda con 253.000, el Bloque
Nacionalista Galego con 65.000; el PAR con 34.000 -como acaba de
reconocer su portavoz hace unos instantes-, y hago gracia del resto
de las cifras, pero lo que pretendía era sencillamente que se
entienda la situación de este portavoz, que pide clemencia y
flexibilidad al presidente en mi intervención, y se entienda que sólo
me referiré a las enmiendas de devolución en tanto en cuanto ellas
expresan o replican la filosofía que inspira los Presupuestos
Generales del Estado en lo que concierne al Ministerio de Fomento.

Se han presentado 4 enmiendas de devolución, por el Grupo Socialista,
Izquierda Unida, Nueva Izquierda y Unión Valenciana. Empezaremos por
la enmienda de devolución del Grupo Socialista. Quiero dar las
gracias y felicitar al señor Caldera, inesperadamente sosegado y
pacífico en el debate de hoy y que en ese viejo dicho de suaviter in
modo, fortiter in re ha hecho honor a la primera parte del eslogan,
aunque, señorías, no tanto a la segunda. Efectivamente, señor
Caldera, como hemos debatido múltiples veces en Comisión y
recientemente hasta en Televisión Española, estamos en presencia de
dos modelos distintos, el de ustedes y el nuestro, en lo que
concierne a la política de infraestructuras. Su modelo pasa porque la
fuente de financiación sea el impuesto, prácticamente con
exclusividad, su modelo pasa porque la colaboración con el sector
privado sea prácticamente simbólica, su modelo pasa por desconectar
la política de infraestructuras y de fomento con la política
económica, por darle menos importancia a las cifras de déficit,
etcétera. Nuestro modelo, por el contrario, se apoya en la conexión o
la inserción indudable de la política de infraestructuras en la
política económica general que tiene que ver con los criterios de
convergencia, que tiene que ver con el déficit, que tiene que ver con
el sector privado por un lado, y por otro nuestro modelo se inspira
en una colaboración entre el sector público y el sector privado tan
amplia como se pueda. A estos dos criterios o a estas coordenadas
responde la creación de entes públicos como el GIF, la política de
financiación como el llamado modelo alemán de sistema de abono total
de precio y la potenciación del sistema concesional, fundamentalmente
en materia de infraestructuras de carreteras. En esta línea y desde
esta disparidad de modelos que no tengo más remedio que admitir y
naturalmente sentirme orgulloso de la parte que nos toca y entender
menos, salvo que arranque de una filosofía y de una ideología cuya
discrepancia no tengo más remedio que aceptar y sentirme orgulloso de
la mía, hay que decir que no son ciertas las afirmaciones de S.S. o
que había que matizarlas. Habla S.S. de ausencia de planificación.

Pues bien, hay un plan prioritario de carreteras, hay un contrato-
programa con Renfe recientemente aprobado en Consejo de Ministros,
hay un Plan director de aeropuertos, hay un Plan de puertos, las
cifras del anejo de inversiones de los presupuestos son plurianuales
y reflejan
cuáles son los propósitos plurianuales del Gobierno, existe un
control al Gobierno, hay una serie de explicaciones en los medios de
comunicación, en Comisión, etcétera. Desde luego no tenemos planes a
largo plazo, puramente simbólicos, como el PDI que el señor Borrell
conferenció, difundió y autoaplaudió por toda la geografía española,
plan que era claramente incumplible porque le faltaba nada menos que
seriedad y rigor en el capítulo de financiación.

Dice S.S. que hay muchos créditos de carácter simbólico. Claro,
normalmente, son créditos para el trámite de proyecto de obra, que
naturalmente asciende a una parte muy reducida de la inversión que se
pretende; y dice S.S. que hay muchas partidas de inversión que no se
ejecutan. Será bueno que me diga puntualmente cuáles son. Ahí están
-y me refiero a datos que conoce toda la Comisión- el Madrid-
Valencia, donde hubo un nudo gordiano que dejó el señor Borrell con
el señor Bono y hubo que resolver apresuradamente, y se resolvió bien
pronto, nada más llegar al poder este Gobierno; la autovía de las
Rías Bajas está terminada; está la autovía del Noroeste a la que le
faltan 40 o 50 kilómetros y el Madrid-Barcelona. En definitiva,
cuando S.S. habla de que todo esto sirve al aparato de propaganda del
Partido Popular, hay que decir que para aparato de propaganda el del
PSOE, en los años de gobierno que hemos padecido todos los españoles.

Dice S.S. que la inversión tiene carácter decreciente, contemplando
un período de tiempo largo. No sé si conserva S.S. un cuadro que le
facilité en el debate de la Comisión con ocasión de la comparecencia
del secretario de Estado de Infraestructuras, en el que se evidencia
que si ciertamente hubo una punta de inversión en el grupo fomento el
año 1992, con ocasión de la Expo, donde efectivamente se alcanzó el
1,6 del producto interior bruto, este porcentaje va descendiendo año
tras año -S.S. lo tiene- al 1,38, al 1,33, al 1,31, al 1,14 y ha
subido en los años 1998 y 1999 al 1,29, al 1,30 y al 1,61, es decir
al mismo nivel, a la misma cota del año 1992, si se computan junto a
las inversiones estrictas del Ministerio de Fomento las inversiones
de las sociedades estatales, entes públicos, etcétera, que forman
parte de este grupo; de tal manera que los presupuestos de este año
del Ministerio de Fomento, en inversiones directas de la
Administración pública en sentido estricto, esto es capítulos 6 y 7,
más las inversiones de todo este conjunto de empresas, entidades o
entes, ha crecido el 49,6 por ciento, como sabe S.S., pasando de
878.000 millones en el año 1999, como cifra previsible, a un billón
315.000 millones en los presupuestos del año 2000.

Le preocupa a S.S. el cambio de modelo, a mí no, a mi grupo no.

Estamos muy satisfechos del modelo, de respetar la política económica
y de ocuparnos del déficit por una parte, y por otra parte de
conectar con el sector privado, con la iniciativa privada tanto como
sea posible.

Se refiere S.S. a aspectos de la Ley de acompañamiento y entiende que
los préstamos participativos son subvenciones a fondo perdido.

Entiendo que S.S. padece un gravísimo error conceptual al hacer esta
aseveración, porque estos créditos son totalmente reintegrables al
término de la concesión y su remuneración depende del mayor o menor
grado de ciertas condiciones de tráfico futuro, establecidas en los
pliegos de bases.




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Habla S.S. del desequilibrio territorial que comportan estos
presupuestos. Quiero decirle que de la gruesa cifra de inversiones
públicas de los presupuestos para el año 2000, el 43 por ciento se
destina a territorios y comunidades autónomas del Objetivo 1, es
decir cuya renta per cápita está por debajo del 70 por ciento de la
renta de la Comunidad Europea; el 30 por ciento al renglón siguiente,
a aquellas cuya renta está comprendida entre el 70 y el 80 por ciento
de la renta comunitaria; y el 27 por ciento al resto. Es decir, que
hay un cuidado exquisito en el mantenimiento, incluso en términos
estadísticos, del equilibrio territorial.

Sobre el transporte aéreo, hay que decir que las inversiones de AENA
totalizan este año 157.000 millones de pesetas, la cifra más alta que
nunca se ha incorporado a los presupuestos del Estado o de los entes
públicos, y hay una partida de 10.000 millones de pesetas, dentro de
estos 147.000 millones de pesetas, para llevar a cabo las actuaciones
estructurales que S. S. echa de menos a la hora de la armonización de
los sistemas de control de tráfico aéreo. Quiero decirle que España y
AENA están presentes de un modo acusado y brillante en Eurocontrol o
en Eatchip. Respecto a que el aeropuerto de Barajas constituye un
cuello de botella, no cabe duda que es cierto, pero cuellos de
botella más importantes en Europa y en el tránsito de aviones por
Europa son Alemania, Francia e Italia y nuestro grado de integración,
según los índices de AENA, asciende al 93 por ciento.

Voy acabando, señor presidente. En cuanto a la enmienda de devolución
al presupuesto de Correos y Telégrafos, simplemente decirle que la
justificación de su enmienda no puede ser más lacónica y menos
expresiva. La inversión pública en el presupuesto de Correos se
acomoda en todo caso, al nuevo marco legal de este ente público en el
sector, al que corresponde ser operador del servicio postal
universal, y los presupuestos de explotación y de capital registran
la cifra de déficit previsible más baja de la historia del servicio
de Correos y Telégrafos. Consiguientemente, su enmienda carece de
sentido.

En cuanto a enmiendas de totalidad de otros grupos, refiriéndome al
de Izquierda Unida ha aludido al desequilibrio territorial. Creo que
lo he respondido en la referencia que he hecho a este equilibrio
territorial al referirme a la enmienda de totalidad del PSOE. Una vez
más, mi amigo y adversario don Julián Fernández desconoce que la
vivienda de promoción pública, es decir aquella en la que el Estado
mismo es el promotor, no existe en nuestro ordenamiento jurídico
desde hace muchos años, salvo en el caso de Ceuta y Melilla. Su
señoría se rasga las vestiduras por una cifra muy baja ignorando que
corresponde sólo a Ceuta y Melilla. Desde los catorce años de
Gobierno del PSOE, toda la ayuda del Estado a vivienda se hace para
promociones de carácter privado; el Estado como promotor no figura
más que en el caso de Ceuta y Melilla. Comprendo, mi querido señor
Fernández, que no le sea posible defender sus 223 enmiendas; a mí
también me es imposible referirme a algunas de ellas, ni siquiera por
encima.

En cuanto a una mención concreta que ha hecho a la enmienda 2088, del
Partido Popular y en referencia a Galicia, quiero ilustrarle
nuevamente. Su señoría se rasga las vestiduras por la baja que
propone esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Quiero
decirle, señoría, que
hay que distinguir entre baja o aplicación presupuestaria, y lo que
se hace en esa enmienda es decir que la cifra que se propone se
aplique a una partida presupuestaria de carácter global; no se
pretende de ninguna manera una reducción en la partida de pasos a
nivel, por ejemplo, sino una aplicación de la cifra global
presupuestaria que existe con ese objeto.

En cuanto al Bloque, lamento no poder responder a las enmiendas,
algunas de las cuales he escuchado con simpatía. Celebro que vote las
enmiendas del Partido Popular que se refieren a Galicia, lo cual
acredita que el Bloque no tiene el monopolio en la defensa de los
intereses de Galicia ni siquiera en el capítulo de inversiones.

En cuanto a la representante de Iniciativa per Catalunya, también
lamento no poder referirme puntualmente a sus enmiendas, pero quiero
recordarle que, como ha dicho el representante de Convergència i
Unió, a Cataluña no le va mal este año en los Presupuestos Generales
del Estado, y me remito a la cifra que ha citado el señor Jané.

No tengo más remedio que hacer una referencia al representante del
PAR, a mi amigo el señor Serrano. El Partido Popular ha utilizado lo
que él ha llamado incorrectamente esta última oportunidad de dar
satisfacción a Aragón y ha cumplido sus compromisos, si bien por lo
que se colige de las enmiendas que presenta el señor Serrano no ha
cumplido sus compromisos de la forma que desearía el señor Serrano.

Mi querido amigo señor Serrano, me da la impresión de que sus últimas
palabras no son más que la justificación -justificación muy tardía y
muy de última hora- de la disidencia de su grupo, también de última
hora y por razones, que estoy seguro, desafortunadamente no tienen
nada que ver con los Presupuestos Generales del Estado.

Respecto a enmiendas de otros grupos, concretamente las dos enmiendas
vivas que quedan del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), quiero decirle que presentaremos una transaccional a las
números 2228 y la 2131 modificando la baja presupuestaria que no
podíamos aceptar en partida distinta, y en cuanto a la retirada de la
enmienda 2126 tengo la confianza -que comparto con él- , de que en el
Senado tenga mejor fortuna.

Por último me quiero referir a dos enmiendas de mi grupo, las números
2088 y 2092, que tienen errores en la baja tal y como se formula, por
lo que pasaremos a la Mesa los textos corrigiendo la baja
correspondiente.

Acabo ya del todo, señor presidente. Estos presupuestos para el año
2000, en lo que concierne a infraestructuras acreditan la prioridad
absoluta que mi grupo siguiendo al Gobierno da al empleo, y en unión
de otras prioridades, como pensiones, sanidad, educación, política
activa de empleo, investigación y desarrollo, pretenden ser la
plasmación o la expresión de una política que sin duda va a renovar
la sociedad española, por lo que frente a algo que se ha dicho por
ahí, esperamos, que dentro de tres, cuatro o cinco meses -cuando
decida el presidente del Gobierno-, el pueblo español nos renueve su
confianza.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de la sección 17. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)



Señor Caldera.




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El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, para una
puntualización, nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted un minuto.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Ya sabía yo que mi buen amigo el
señor Ortiz -como recordaba el otro día, efectivamente hemos
prolongado este debate incluso en televisión y le dije en aquel
programa, (La señora Fernández González: Para que luego digáis que no
vais.), tenía dificultades objetivas para gestionar una cartera como
Obras Públicas, por ejemplo, durante su período de mandato de
ministro se hizo la gran cantidad de 11 kilómetros de autovías en
España (Rumores.), pero no sabía que tenía dificultades para sumar
las enmiendas del Grupo Socialista, y me explico. El Grupo Socialista
no presenta enmiendas que supongan un incremento de gasto, como ha
dicho él, de 300.000 millones, no. De esos 300.000 millones, 150.000
se financian con bajas dentro de la sección. Por tanto, quiero dejar
claro, porque siempre utilizamos los números de una forma un poco
aviesa (Rumores.), que el incremento real de gasto que plantea el
Grupo Parlamentario Socialista, dentro de un programa que responde a
criterios equilibradores en la inversión y de planificación en los
objetivos, es exactamente de 140.000 millones de pesetas. (La señora
Fernández González: No sé cómo no le hicisteis ministro antes.-
Rumores.-El señor Ortiz González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene otro minuto, señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente, me basta.

Lamento que el señor Caldera vuelva nuevamente a los argumentos ad
hominen. (El señor Núñez Pérez: No tienen otros.) Nos tiene
acostumbrados.

En mi etapa de ministro, señor Caldera, se hicieron sólo 11
kilómetros de autovías porque la autovía no estaba en la filosofía de
la Unión de Centro Democrático, como sabe S.S. La autovía es un
concepto que inventaron ustedes, que les ha permitido desarrollar una
política aceptable, de cuyo éxito podrían hablar el estado de
conservación, mantenimiento y circulación de algunas de sus autovías,
por ejemplo Madrid-Zaragoza. Naturalmente, en mi etapa de ministro la
UCD se ocupaba de otras cosas, no digo poco importantes o menos
importantes que los presupuestos, como hacer la transición.

En cuanto a los 300.000 millones, es cierto que ustedes, a diferencia
de otros grupos que no hacen bajas en la misma sección sino en la
sección 31 (lo cual bastaría según el artículo 133.3 del Reglamento
de la Cámara para no admitir esas enmiendas, por lo cual entiendo que
hay un deber de gratitud del conjunto de los grupos a la Mesa por
aceptarlas), tienen una cifra menor en términos de saldo, eso es
verdad, pero S.S. quita 100.000 millones al GIF y quita 48.000
millones como aportación a los creadores de infraestructuras. Ahí
aparece nuevamente esa diversidad de modelo a la que me he referido,
que es radical y espero que siga siéndolo, señor Caldera.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de la sección 17,
correspondiente al Ministerio de Fomento.




Vamos a suspender la Comisión durante un minuto, a fin de que los
grupos reagrupen sus propias fuerzas y votemos con energía y
disciplina como esta mañana. (Pausa.)



Vamos a votar, pero antes voy a indicar -aunque prácticamente todos
los portavoces lo conocen- el orden del debate para mañana por la
mañana. Las señoras diputadas y los señores diputados conocen que
después de las votaciones interrumpiremos sólo 15 minutos los debates
y luego discutiremos la sección 23, con lo cual terminará la sesión
de hoy. Mañana empezaremos por la sección 20, correspondiente a
Industria, seguirá la 16, Interior, 18 Educación, 21 Agricultura y 26
Sanidad, y cerraremos con entes no territoriales y sociedades
públicas, y en la votación la exposición de motivos. Es posible que
la votación pueda realizarse antes de la 1,30. Por tanto, la Mesa ha
decidido que en ningún caso será antes de las 12,30 minutos, pero, si
se diera este caso, suspenderíamos la sesión aunque no es probable.

Los miembros de la Comisión deben estar preparados para una posible
votación a partir de las 12,30. Me indica el vicepresidente de la
Comisión que la sección 17 que acabamos de debatir, como ya estaba
previsto, se votará también mañana, no ahora. Eso va a dar tiempo a
los grupos para preparar las solicitudes de votación separada y
ordenar la votación para mañana.




Vamos a votar, en primer lugar, las secciones 1 a 8, excepto la
sección 7, que tiene una enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.




Sección 7, Clases pasivas.

En primer lugar, votamos la enmienda 1659, del Grupo Parlamentario
Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




En segundo lugar, votación de la sección 7.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 14; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




Sección 12, Asuntos Exteriores.

Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente al señor
Saura.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, votamos la 809 y de la 813 a la 820.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




En segundo lugar, vamos a votar las enmiendas 810, 811 y 812.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a votar
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Voto correspondiente a la sección 12, Asuntos Exteriores.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




Pasamos a la sección 13, Justicia.

En primer lugar, vamos a votar las dos enminedas presentadas por el
señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor
Chiquillo.




Enmiendas del señor López Garrido. En primer lugar, votamos la
enmienda número 521.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2;
en contra, 25; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmienda número 522.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmiendas números 517, 523 a 525 y 518 a 520.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, que votamos conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de Izquierda
Unida.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos, en primer
lugar, las enmiendas 1671 a 1673.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




En segundo lugar, votamos las dos enmiendas restantes, la 1674 y la
1675.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 25; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Votación correspondiente a la sección número 13.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección.




Vamos a votar la sección 14, correspondiente al Ministerio de
Defensa.

Enmienda del señor Saura número 446.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Enmiendas del señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas del señor López Garrido. En primer lugar, votamos de la 526
a la 528.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmienda 529.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, votamos las enmiendas 835, 844 y 845.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Votamos el resto de las enmiendas, es decir, de la 836 a la 843 y de
la 846 a la 851.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos, en primer
lugar, las enmiendas 1682 a 1684.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 27.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Votamos, en segundo lugar, las enmiendas 1680, 1685 y 1686.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 22; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Votación de la sección 14.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 14.




Vamos a votar ahora la sección 15, correspondiente al Ministerio de
Economía y Hacienda.

En primer lugar, la enmienda de la señora Lasagabaster número 217.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




En segundo lugar, votamos todas las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




En tercer lugar, todas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Vamos a votar ahora, señorías, la sección 15.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 15.




Vamos a votar, señorías, la sección 19, Trabajo y Asuntos Sociales.

En primer lugar, las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto
presentadas por don Diego López Garrido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




En segundo lugar, votamos las enmiendas de la señora Lasagabaster,
empezando por las números 253 y 254.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3;
en contra, 38.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Hay inmediatamente una enmienda de Coalición Canaria. (El señor
Mauricio Rodríguez pide la palabra.)
Tiene la palabra don José Carlos Mauricio.




El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Retiro la enmienda, puesto que ya se ha
resuelto el problema por la vía de un convenio, que es mucho más
fácil que por la vía de una enmienda.




El señor PRESIDENTE: El señor Mauricio ha retirado la enmienda número
2.049.




Vamos a votar ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. En primer lugar, la número 896 y las que van de la
1.219 a la 1.254.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que votaremos
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Vamos a votar, señorías, la sección 19.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 19.




Sección 60, salvo el Insalud.

Enmienda número 216, de la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha retirado una
de sus dos enmiendas, votándose la otra en Insalud.

Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas 1990 y 1995 del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




En relación a la Tesorería General de la Seguridad Social, enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista número 1992.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Inserso.

Enmienda del señor Serrano Vinué.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Vamos a votar la sección 60, salvo el Insalud, con la corrección
relativa a la enmienda 1235, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
que se ha incorporado al informe de la ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 60, quedando pendiente
el Insalud, que votaremos mañana.




Pasamos a la sección 25, Presidencia del Gobierno. (El señor Ríos
Martínez: ¿Y la sección 22?) Estamos votando en el mismo orden en que
hemos hecho el debate.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, la número 1480.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




En segundo lugar, las números 1481 y 1482.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Votación de la sección 25.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 25.




Pasamos a la sección 31, Gastos de diversos Ministerios.




Hay enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, vamos a votar la número 1533.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




En segundo lugar, vamos a votar la 1532 y la 1534.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Señorías, votamos la sección 31.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 31.




Pasamos -ahora sí, señor Ríos- a la sección 22, Ministerio de
Administraciones Públicas.

En primer lugar, las cuatro enmiendas del señor López Garrido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor López
Garrido.




En segundo lugar, la enmienda del señor Rodríguez Sánchez,
perteneciente también al Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida las
vamos a dividir en dos bloques, votando en el primer bloque la
enmienda número 1289.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22, abstenciones, 14.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




En segundo lugar, vamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Votamos ahora, señorías, las tres enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Vamos a votar, señorías, la sección 22.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 22.




Sección 32, Entes territoriales.

En primer lugar, votamos las tres enmiendas del señor López Garrido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En primer
lugar, la 1535.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




Vamos a votar la sección 32.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 32.




Pasamos a la sección 33.

Enmiendas del señor López Garrido, que votaremos conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor López
Garrido.




Enmienda 1542, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que votamos
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Votación de la sección 33.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 33.




Pasamos a la sección 34, que no tiene enmiendas y, por lo tanto, sólo
hay voto de totalidad de la sección.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 34, con lo cual
suspendemos durante 15 minutos los debates de la Comisión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Reemprendemos el debate del proyecto de ley de
presupuestos con la sección número 23, del Ministerio de Medio
Ambiente. Por el Grupo Socialista han pedido la palabra doña Cristina
Narbona y don Víctor Morlán, en este orden. Por lo tanto, tiene la
palabra doña Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: El Grupo Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad a la sección 23, entendiendo que por cuarta
vez se presenta en esta Cámara un presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente que no responde a lo que pensamos deberían ser los objetivos
prioritarios que movieron en su momento a la creación de un
Ministerio con esta denominación. Nos parece que el contenido del
Ministerio no se ve alterado por el aumento previsto en las cifras de
gasto para el año que viene, cifras de gasto que, por otro lado,
resultan muy poco creíbles a la vista del bajo grado de ejecución
presupuestaria que presenta este departamento y que, según el último
dato disponible en los cuadernillos que se nos ofrecen en el propio
Parlamento, está nada menos que 30 puntos por debajo de la media de
todos los ministerios, con solamente un 37 por ciento de obligaciones
reconocidas respecto a los crécitos totales; 30 puntos por debajo. Es
el Ministerio con peor grado de ejecución presupuestaria, como lo ha
venido siendo de manera sistemática, incluso con datos definitivos de
liquidación de presupuestos. Y esto hace, como digo, menos creíble un
presupuesto que sin ninguna duda aparece con cifras teóricamente
superiores a los recursos muy insuficientes con que ha sido dotado
este Ministerio a lo largo de estos últimos años.

Yo me voy a referir sobre todo a las enmiendas relativas a los
programas que no se corresponden con la inversión en política de
aguas, que serán las enmiendas de las que se ocupará Víctor Morlán.

Quiero decir que en conjunto hemos presentado enmiendas por un total
de 142.000 millones de pesetas, de las cuales solamente 21.200
millones de pesetas corresponden al concepto 6.0, de inversión nueva
en materia de obra hidráulica. El resto son actuaciones de política
de aguas pero en saneamiento o en mantenimiento y mejora de las
infraestructuras existentes, y lo demás se destina, por nuestra
parte, a incrementar lo que pensamos que deberían ser partidas
prioritarias para este Ministerio en relación con los grandes
problemas ambientales que tiene España y que nos parece que no se ven
suficientemente reflejados en el diseño del presupuesto para el año
que viene del Ministerio de Medio Ambiente. Así, creemos que son
insufientes las partidas relativas a la conservación de la
biodiversidad y a la política forestal. No existe nada relativo a la
lucha contra el cambio climático. Nos
parecen insuficientes las partidas relativas a eso que en algún
momento se denominó la nueva política de aguas y que se debería haber
traducido en una inversión pública mucho más importante en cuanto a
modernización de infraestructuras, desalación, reutilización de aguas
residuales. Como decimos, todo esto está insuficientemente dotado en
el presupuesto, lo que justifica la presentación de una enmienda a la
totalidad.

Entrando en las distintas enmiendas que presentamos, me referiré, en
primer lugar, a las relativas a la Dirección General de Costas.

Nuestra enmienda 1962 se refiere a la oportunidad de aumentar la
dotación para el programa de deslinde del dominio público hidráulico
en 500 millones de pesetas. Es verdad que, a lo largo de los últimos
años, se ha producido un aumento de los kilómetros con deslinde
provisional, pero el deslinde definitivo de nuestra costa está
todavía en un grado muy bajo de ejecución y nos parece que sería
oportuno aumentar este programa.

La segunda enmienda, la 1963, es relativa al programa Araucaria y se
refiere a las transferencias, concepto 490 del programa 533.A. El
programa Araucaria, en esa partida, está dotada de 20 millones de
pesetas por parte del Ministerio. Nos parece que sería muy deseable
que en la ayuda al desarrollo financiada por los recursos públicos
estatales en España hubiera partidas más elevadas para financiar
proyectos de desarrollo sostenible en los países en vías de
desarrollo. En concreto, para frenar la destrucción de la selva
amazónica o para restaurar y proteger los manglares, que en estos
momentos, después de las catástrofes naturales de este último año,
están en fase de desaparición. Por tanto, aquí pedimos un incremento
de 500 millones de pesetas en el programa Araucaria. Esperamos que
esta enmienda encuentre el apoyo del conjunto de los grupos políticos
del Parlamento.

La enmienda 1964, al programa 533, de protección del medio natural,
se refiere a las inversiones que realiza el Ministerio de Medio
Ambiente para el control de la erosión, defensa contra la
desertificación y la mejora forestal, tanto en la vertiente
mediterránea como en la vertiente atlántica. Para la vertiente
mediterránea solicitamos un aumento de 5.000 millones de pesetas y
para la vertiente atlántica de 2.000 millones de pesetas. Hay que
recordar que el avance de la desertificación en nuestro país sigue
constituyendo el principal problema desde el punto de vista ambiental
y, por tanto, creemos que está justificado pedir cuantías más
importantes en este programa.

La enmienda 1965, correspondiente al programa 443, de protección del
medio ambiente, es relativa a las transferencias a las comunidades
autónomas, capítulo 7. En este capítulo es donde se residencia, por
parte del Ministerio de Medio Ambiente, el Plan nacional de residuos
peligrosos y el Plan nacional de descontaminación de suelos, así como
el todavía no aprobado Plan nacional de residuos sólidos urbanos.

Creemos que para esos tres planes -esperando que efectivamente se
ponga en marcha de una vez el Plan nacional de residuos sólidos
urbanos y no se confunda con los planes correspondientes a residuos
peligrosos o a descontaminación de suelos, como hizo aquí el
secretario general de Medio Ambiente- es necesario un aumento de
10.000 millones de pesetas, donde incorporamos este año una dotación
específica para cofinanciar proyectos de las



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comunidades autónomas de lucha contra el cambio climático por importe
de 4.000 millones de pesetas.

En el programa 514, actuaciones en la costa, pedimos un incremento de
8.000 millones de pesetas para toda una serie de actuaciones que
están dotadas de manera insuficiente o simplemente no están dotadas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.

Simplemente quiero llamar la atención sobre una de las actuaciones
concretas que aparecen en nuestra enmienda, que es la necesidad de
ejecutar la dotación correspondiente a la regeneración de la bahía de
Portman, dotación que año tras año ha venido pidiendo nuestro grupo
que se atienda adecuadamente en los Presupuestos Generales del
Estado. A pesar de las promesas reiteradas del Ministerio, la verdad
es que la bahía de Portman sigue exactamente igual que estaba hace
cuatro años. Aquí pedimos una dotación de 1.150 millones de pesetas
para poder al menos acometer de una vez ese proyecto, que, por
cierto, fue objeto de una enmienda aceptada el año pasado por la
mayoría que apoya al Gobierno, pero que, sin embargo, como digo,
sigue parada.

Por lo que se refiere a la enmienda 1967, se trata del programa de
protección del medio natural 533. A, artículo setenta y cinco, de
transferencias a comunidades autónomas, y se refiere al hecho de que
el Gobierno no ha cumplido las previsiones del Plan de
intensificación de la cubierta vegetal, un plan de inversiones
heredado por el Ministerio de Medio Ambiente del antiguo Ministerio
de Agricultura en lo relativo a la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza y que ha quedado prácticamente bloqueado. Esto ha
comportado una minoración muy significativa de la inversión forestal,
en particular en Andalucía, que debería ser compensada con un aumento
de las dotaciones con carácter finalista para atender la
cofinanciación con comunidades autónomas de proyectos de inversión
forestal.

Por último, en la enmienda 1968, relativa al programa 533. A, de
parques nacionales, pedimos un aumento para los parques nacionales de
3.000 millones de pesetas e introducimos para cada uno de los parques
una ampliación de dotaciones. También creemos que la forma de
contabilizar que tiene en estos momentos el Ministerio, con partidas
que son cajón de sastre para el conjunto de la inversión en parques
nacionales, no permite hacer un seguimiento claro de las inversiones
a las que el Gobierno se compromete para cada uno de los parques.

Hemos tenido ocasión de verlo en las comparecencias previas al debate
de presupuestos, en las que ha quedado de manifiesto que inversiones
que se prometían para algunos parques durante el año 1999 han quedado
sin acometer. Creemos que debe haber compromisos nítidos para cada
uno de los parques nacionales que permitan cubrir las necesidades
básicas de estos espacios naturales, que son los de mayor rango en la
conservación de la naturaleza en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: El señor Morlán tiene la palabra.




El señor MORLÁN GRACIA: Señorías, cuando uno se entretiene en leer el
presupuesto de política de aguas del Gobierno para el año 2000, a lo
mejor puede deducir que las letras escritas sobre el papel indican
una mayor inversión del Ministerio respecto a la realizada en años
anteriores.

Pero creo que la realidad y los hechos son tan tozudos que
impiden hacer una valoración positiva de este incremento
presupuestario en política de aguas. ¿Por qué lo digo? Pues porque al
señor secretario de Estado de Aguas se le pidió el nivel de ejecución
presupuestaria a 30 de septiembre de 1999 y se le preguntó cuál había
sido la evolución de los diferentes programas que configuran la
política de aguas, y nos encontramos con sorpresas que corroboraban
lo que hemos indicado durante este año: la capacidad inversora,
ejecutora y desarrolladora del Ministerio de Medio Ambiente de las
políticas de agua se encuentra en una situación no digo que de cero
absoluto, porque no tiene justificación plantearlo así, pero sí en
unas condiciones raquíticas y exiguas. Si a 30 de septiembre de 1999
el Ministerio, en su conjunto, tenía una acumulación de obligaciones
reconocidas que suponían el 37 por ciento del total del Ministerio,
esta es una cifra inferior a la que existía para esta fecha en 1998,
que se situaba en un 43,3 por ciento.

Pero si nos vamos a los programas concretos encontramos, en un año
que podía haber sido perfectamente inversor porque se daban las
condiciones objetivas que planteaba el Ministerio para llevar a cabo
este desarrollo, que en el programa 512.A, de gestión e
infraestructura de recursos hidráulicos, si a 30 de septiembre de
1998 había ejecutado un 36,4 por ciento, a 30 de septiembre de 1999
se encontraba en un 29,9 por ciento. Curiosamente, el 511.E, que es
el programa en el que se contemplan las aportaciones patrimoniales
a las diversas sociedades de agua, si a 30 de septiembre de 1998 había
ejecutado un 73,3 por ciento, en 1999 nos encontramos con un 30 por
ciento. Es decir, resulta un poco lamentable analizar este
presupuesto sin verter una crítica dura al funcionamiento del
Ministerio. Que en estos momentos se le hayan puesto en rebelión 36
de los 39 ingenieros de Caminos que están llevando la ejecución de la
obra pública da muestra de la incapacidad, de la incompetencia
manifiesta para sacar adelante la gestión de toda la política de
aguas que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente.

Además, señorías, hay otro elemento a contemplar. Resulta que el
Gobierno considera que todas las aportaciones que está haciendo a lo
largo de los últimos cuatro años, incluidas las previsiones del año
2000, a las diversas sociedades de agua, son aportaciones planteadas
como inversión. De hecho, en sus análisis presupuestarios dice que el
capítulo 511.E está ejecutado porque se han transferido a esas
sociedades de agua las cantidades reconocidas, que son: 47.000
millones de pesetas los tres últimos años y 42.829 millones de
pesetas el primer año, el de 1997. Si después se analiza el
funcionamiento de las sociedades de agua, nos encontramos con que es
exiguo el nivel de ejecución de estas sociedades, de forma y manera
que de las grandes obras, de las grandes regulaciones o de las
grandes actuaciones que tenía previsto llevar a cabo la Dirección
General de Obras Hidráulicas a través de esta fórmula, que nosotros
nunca hemos compartido y que hemos rechazado, la realidad es
palmaria: es muy poco lo que se ha hecho. Pero no es que sea poco lo
que se ha hecho, es que en las previsiones presupuestarias que tienen
estas sociedades de agua en los propios presupuestos te encuentras
con cifrasun tanto curiosas. Por conocer, conozco algo de la mía, por
que



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la Sociedad de Aguas del Ebro está en mi comunidad, aunque la verdad
es que la transparencia que tiene es tan absoluta que no nos
enteramos de nada de lo que hace. En los presupuestos del año 2000,
en el anexo de inversiones figura que la Sociedad de Aguas del Ebro
va a invertir en proyectos nuevos a iniciar en el año 2000 2.944
millones de pesetas, solamente en Aragón. Es decir, en el resto de la
cuenca no tiene previsión de iniciar ninguna obra. Igualmente figura
en el indicado anexo que en los proyectos iniciados antes del año
2000 van a gastar 5.444 millones de pesetas, distribuidos entre las
comunidades autónomas de La Rioja (2.722 millones), Navarra (817
millones) y Aragón (1.905 millones). ¿Dónde está el resto hasta los
47.000 millones de pesetas que ha recibido esta sociedad de aguas
y que imagino que debe de tener en algún fondo esperando que le dé unos
buenos intereses? ¿Qué quiero decir? Que en este Gobierno están
funcionando la mentira y la publicidad engañosa a la hora de hacer
ver a las ciudadanas y ciudadanos españoles que hay un esfuerzo
inversor importante. Es decir, a través de la información mediática
se está maquillando la existencia de una realidad virtual que es la
derivada de unos proyectos de presupuestos que luego no tienen
plasmación concreta en la ejecución y en la realización de obras.

El señor secretario de Estado de Aguas también fue claro en su
comparecencia a la hora de explicar qué es lo que hacía. Y, en
función de las previsiones que hizo, resulta que incluyendo las
aportaciones a las sociedades de aguas este Gobierno invierte 70.000
millones de pesetas/año; incluyendo los 47.000 millones. Si lo
comparamos, por aquello de que ustedes siempre hacen referencia a lo
anterior, la inversión estaba en 90.000 millones de pesetas/año sin
sociedades de agua. Lo que han hecho hasta ahora las sociedades de
aguas lo podían haber hecho perfectamente las confederaciones
hidrográficas, sin ningún tipo de problemas, con más agilidad y desde
luego dándole trabajo a todos los funcionarios que hay en las
plantillas de cada uno de los organismos de cuenca.

Existe también en este presupuesto un oscurantismo o una indefinición
perfectamente calculada respecto a los fondos de cohesión, pues
únicamente se ha concretado que las cuencas del Norte y Tajo iban a
recibir algunas asignaciones. ¿Qué sucede, que el resto de las
cuencas están ausentes de los fondos de cohesión? ¿No va a haber
ninguna actuación en la que haya algún tipo de cofinanciación? Porque
a mí en la cuenca del Ebro se me dice que sí y, sin embargo, en los
presupuestos no existe esa dotación. Lo que quiero decir con ello,
señorías, es que no existe por parte del Ministerio ninguna
credibilidad respecto a la ejecución de un presupuesto, puesto que,
aunque aumente en dotaciones, en pesetas escritas en negro sobre
blanco, luego la realidad lo que hace es contradecirle de manera
clara y manifiesta.

Ustedes han incumplido una directiva comunitaria que obligaba al
Estado español a depurar sus aguas residuales en las zonas sensibles
antes del 31 de diciembre de 1998 y también están incumpliendo el
Plan de saneamiento y depuración que está vigente en estos momentos,
llevándolo a unas marchas más bien ralentizadas. Si a esto añadimos
que el gasto corriente experimenta un incremento de un 6,85 por
ciento, me gustaría saber qué es lo que están
haciendo en ese Ministerio, porque aumenta el gasto corriente,
disminuye la inversión, la gente no trabaja y encima se enfada y se
revela contra la ministra y le dice que no le gusta su comportamiento
en todo este proceso.

El Grupo Socialista ha presentado un paquete de enmiendas que, como
ha dicho antes la portavoz en la Comisión de Medio Ambiente, doña
Cristina Narbona, ascienden a un montante que entendemos puede ser
aceptado por el resto de los grupos. Se trata de decir a las
sociedades de aguas que esos 47.000 millones de pesetas hay que
convertirlos en inversiones con cargo al capítulo 6 y detraer de
algunas otras actuaciones en infraestructura hidráulica,
concretamente en la cuenca del Ebro. Ya que sus delegados del
Gobierno están diciendo que dentro de este paquete están metidas
muchas de las iniciativas o de las pretensiones que la ciudadanía
quiere que se vean atendidas en materia de regulación, nosotros lo
que hacemos es ponerle nombre, apellidos y cantidad a éstas y a otras
partidas de obras de regulación de la cuenca. Lo que nos gustaría es
que el Grupo Popular, que ha estado en sintonía con muchas de las
pretensiones, de hecho así lo han puesto de manifiesto sus
representantes territoriales, aceptara un grupo de enmiendas que sin
lugar a dudas tienden a hacer frente a aquellas ausencias que existen
al menos con la letra, con los nombres y apellidos y con las
cantidades correspondientes para llevar a cabo esas iniciativas.

Nosotros hemos presentado un bloque de enmiendas al programa 512.A,
gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, por un importe de
72.400 millones de pesetas, artículos sesenta y sesenta y uno. Lo que
hemos hecho en estos dos artículos ha sido, por un lado, incluir
actuaciones que van encaminadas a la realización de diversas obras de
regulación -la cuantía inferior dentro del conjunto del programa- que
posibiliten el almacenamiento y distribución del recurso para hacer
frente a necesidades de abastecimiento a poblaciones y a necesidades
de regadío, y desde luego sin descuidar el uso que el agua tiene que
tener en otro tipo de actividades o de iniciativas que mejoran la
calidad de vida de los ciudadanos. Las obras de regulación
acometidas, muy a su pesar, por los gobiernos socialistas han hecho
posible que la sequía que hemos padecido y padecemos a pesar de las
últimas lluvias, aunque ahora haya mejorado de alguna manera el nivel
freático en cada una de las cuencas, no haya tenido unas
connotaciones tan graves como las que hubiese tenido si las lluvias
no se hubiesen producido. De otra parte, si las inversiones en ese
tipo de obras hubieran llevado la cadencia programada con
anterioridad, es decir, si ustedes hubieran cumplido sus previsiones
presupuestarias con alguna aportación más que hemos hecho, pero que
ustedes no han aceptado, nos encontraríamos con que muchas de las
enmiendas suscitadas en estos momentos no serían necesarias. De ahí
que sea imprescindible, bajo nuestro criterio, mantener este esfuerzo
inversor contemplado en las enmiendas para amortiguar el impacto
negativo de una posible nueva sequía y permitir que haya suficiente
agua para hacer frente a sucesivas necesidades de los diversos usos
del agua.

De otro lado, en este mismo programa, como ya he dicho, está el
artículo sesenta y uno, que hace referencia a actuaciones encaminadas
a mejorar y racionalizar nuestros regadíos, tendentes a mejorar
nuestras políticas de ahorro



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de agua y a conseguir a través de la renovación y modern ización de
nuestros sistemas de riego una nueva implantación de las
correspondientes infraestructuras de regadíos. Lo que pretendemos es
que fomenten la mejora de nuestra producción agraria, que resulten
más rentables y competitivos para la economía agraria y, desde luego,
que incidan en mayor porcentaje de ahorro en el consumo de agua. Y al
igual que en el artículo sesenta el nivel inversor del actual
Gobierno ha experimentado, como ya he dicho, un fuerte retroceso y en
muchas comunidades se está notando esa escasez inversora. Esa
paralización de obras ha motivado que hayan surgido críticas muy
duras respecto a la capacidad inversora del Gobierno y que el consumo
de agua haya llegado a las cifras que en estos momentos se alcanzan
en muchas partes de nuestro país. Dentro de este capítulo hacemos una
especial referencia a la seguridad de presas. Eso de que ustedes se
hayan cargado por las buenas el área de inspección de presas y que la
cantidad consignada sea tan exigua que no sea capaz de hacer frente a
los gastos de conservación y mantenimiento de estas importantes
infraestructuras, que tienen muchos años de vida cuyos sistemas de
funcionamiento hace falta ir actualizando y modernizando su
estructura, nos lleva a plantear una enmienda que pretende mostrar
nuestra preocupación porque la seguridad en las presas sea una
materia perfectamente entendible y asumible para evitar posibles
riesgos, que no digo que vayan a producirse a corto plazo, pero que a
largo plazo pueden devenir en auténticos problemas para la gestión
del agua en España.




Por último, señor presidente, hago referencia al programa 441.A, en
el que hemos planteado un conjunto de enmiendas, por valor de 30.800
millones de pesetas, que tienen que ver con actuaciones en
infraestructura urbana de saneamiento y calidad de las aguas. Son
enmiendas que tienden a desarrollar el plan nacional de saneamiento y
depuración, comprendiendo actuaciones en gran parte de las
comunidades autónomas de nuestro país, porque la ralentización en el
desarrollo del plan nacional ha sido bastante lamentable y desde
luego perjudicial para los intereses de muchos ciudadanos. También se
contemplan actuaciones encaminadas a desarrollar los programas Saica,
Picrha, Linde y Amyca, que tienden a llevar a cabo iniciativas que
permitan acometer el deslinde y delimitación de dominio público
hidráulico, la restauración hidrológica, el tratamiento de aguas
residuales urbanas, el inventario de aprovechamientos y la red
integrada del control de calidad de las aguas superficiales y
subterráneas.

Señor presidente, me gustaría hacer referencia a una serie de
enmiendas más concretas que tienen que ver con actuaciones de
saneamiento y depuración en las islas Baleares y en las islas
Canarias, porque sería interesante que fueran contempladas por el
Grupo Popular, como el resto,pero quiero hacer una especial mención
de estas enmiendas, así como una sobre la desaladora de Carboneras,
que es una obra que se considera casi emblemática y para la que
planteamos una transferencia de fondos para que se pueda llevar a
cabo sin ninguna dificultad.

En definitiva, señor presidente -y con esto concluyo-, creo que las
enmiendas que aporta el Partido Socialista tienden a corregir y a
enmendar, valga la redundancia,
esas carencias que consignadas en presupuestos entendemos que deben
ser contempladas en el desarrollo normal de una política de aguas. A
pesar de ello, por muchas enmiendas que pongamos encima de la mesa y
que se nos acepten, si luego no se ejecutan al nivel de inversión que
debe ser necesario, la verdad es que no va a valer para nada. Por
tanto, no se trata de que acepten nuestra buena voluntad; hace falta
que sepan que la incompetencia y la irresponsabilidad con la que
están actuando tiene que ser mejorada en los próximos tiempos; si no,
el agua seguirá siendo un problema de futuro en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra doña Presentación Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la totalidad de
devolución del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente por
varias razones. El año pasado, cuando discutíamos los presupuestos
para 1999, el balance que hacíamos de los presupuestos del Ministerio
de Medio Ambiente para ese año lo resumíamos en una frase, y era que
estábamos ante un precipicio y habíamos dado un paso hacia adelante.

Señorías, en los presupuestos que nos presentan para el año 2000
tenemos que volver a incidir en esta frase, pero añadiendo que no
sólo hemos dado el paso hacia adelante sino que insistimos en
hundirnos en el precipicio. Apesar de que los presupuestos para el
año 2000 representan un incremento de poco más de 21.000 millones de
pesetas, no dejan de ser unos presupuestos exiguos, raquíticos y que
no vienen a garantizar el correcto tratamiento, la conservación y la
preservación del medio ambiente, ni tan siquiera pueden establecer
una estrategia adecuada en políticas tan importantes como la
estrategia forestal, la lucha contra la desertización y mucho menos
la lucha contra el cambio climático.Si analizamos las cifras que el
Ministerio nos presenta queda claro que este Ministerio es el de la
obra hidráulica, aunque no se lleve a cabo, pero lo es por las cifras
que presentan, y las cifras cantan. Para recursos hidráulicos el
Ministerio de Medio Ambiente destina en el total de los capítulos más
de 179.000 millones de pesetas, para la protección y mejora del medio
natural la gran cantidad de 32.000 millones de pesetas, no llega a
más, y para la protección y mejora del medio ambiente 9.000 millones
de pesetas. Si con estas cifras el Ministerio cree que va a preservar
el medio ambiente, desde luego, año tras año sigue demostrándonos que
no deja de ser simplemente el adorno que el Gobierno del Partido
Popular quiso tenera la hora de crear el Ministerio de Medio
Ambiente, pero que su política ni va a defender el medio ambiente ni
va a incidir en el resto de los ministerios para que sean respetuosos
con el medio ambiente a la hora de llevar a cabo sus programas y sus
inversiones.

Señorías, el total del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente
es inferior al presupuesto de la Dirección General de Carreteras. En
este país las carreteras son importantes y nuestro grupo no va a
decir que no lo son, pero también lo es la protección del medio
ambiente y, desde luego, en la situación medioambiental en la que se



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encuentra nuestro país el presupuesto debería ser muchísimo más alto.

Respecto de las infraestructuras urbanas de saneamiento y calidad de
agua, nuestro grupo sigue manifestando que vamos a ser incapaces de
cumplir la directiva europea, (ya hemos sido incapaces de cumplir
determinados aspectos), así como las fechas previstas. Por poner un
ejemplo, este año, de un plumazo, se suprimen cerca de 12.000
millones de pesetas de inversión en la Costa del Sol para
saneamiento, depuración y calidad de aguas. Señorías, el secretario
de Estado de Aguas y Costas, a preguntas de esta diputada en las
comparecencias previas al debate de presupuestos, dijo que se habían
suprimido porque estaban licitadas por el modelo alemán. Hemos
solicitado la información por escrito y aún estamos a la espera de
que se nos pase la relación de las obras concretas. Es decir, no
solamente el Ministerio no es creíble porque su nivel de inversión
está tres veces por debajo del nivel inversor del resto de los
ministerios, sino que además se falta a la verdad cuando se comparece
ante esta Cámara y se nos dan datos que lo único que pretenden es
ocultar que el Ministerio de Medio Ambiente no va a invertir las
cantidades que tenía previstas y que no tiene intención de cumplir
las directivas europeas, lo que significaría cumplir con la
obligación de respetar la calidad de nuestras aguas y nuestras
costas. He citado una zona costera que está perjudicando la calidad
de las aguas de la costa. Además, si seguimos haciendo hincapié y
tenemos claro que las políticas medioambientales no son políticas
aisladas, sino transversales, están poniendo en peligro el turismo y,
por tanto, están poniendo en peligro un pilar importante de la
economía de nuestro país. En saneamiento y calidad de las aguas, el
Ministerio de Medio Ambiente sigue teniendo unos presupuestos que no
van a permitir que podamos asumir aquello que nos demanda la propia
Unión Europea. El Ministerio de Medio Ambiente sí que ha sido capaz
de aumentar su gasto en publicidad. Suponemos que la ministra de
Medio Ambiente lo que pretende es hacer una buena campaña informativa
ante la opinión pública de aquello que dicen que van a hacer, pero
que no van a ser capaces de llevar a cabo. Nuestro grupo
parlamentario está dispuesto a reducir este gasto si su enmienda
tuviera éxito porque cree que son necesarias las actuaciones. Menos
propaganda y más hechos, porque cuando se actúa no es necesario
hacerse ningún tipo de propaganda puesto que la ciudadanía lo ve
perfectamente, lo vive y lo percibe.

Señorías, también hemos presentado enmiendas a los programas de
gestión de residuos sólidos urbanos. Aunque el Plan nacional de
residuos urbanos todavía está por definir y aún no ha sido
presentado, deberían figurar en los presupuestos generales cantidades
suficientes para que, una vez que se cumpla el mandato de la Unión
Europea y tengamos el Plan nacional de residuos sólidos urbanos,
seamos capaces de llevarlo a la práctica y podamos cofinanciar con
las comunidades autónomas la puesta en marcha de los planes de las
comunidades autónomas. Además, este año la partida presupuestaria en
la que van englobados todos los planes, tanto de suelos contaminados
como de residuos peligrosos, ha sufrido un descenso que el secretario
general de Medio Ambiente decía que era porque se habían acabado los
convenios con las comunidades autónomas y no iban a presupuestar
aquello que todavía no
sabían si iban a firmar. Malamente se van a poder renovar convenios
con ninguna comunidad autónoma si no hay consignación presupuestaria
suficiente para poderlos llevar a cabo. Señorías, no se puede decir
que hayamos acabado con los suelos contaminados en nuestro país ni
que hayamos acabado de gestionar los residuos peligrosos porque no
sería cierto. Todo lo contrario, cada vez tenemos más suelos
contaminados y cada vez tenemos más residuos peligrosos. Además,
tenemos que consignar partidas presupuestarias para el Plan nacional
de residuos sólidos urbanos.




Señorías, también hemos presentado enmiendas para poder dar cobertura
a la red nacional de vías pecuarias que está mal presupuestada en el
Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo hemos presentado programas y
proyectos que están o pueden estar financiados por la Unión Europea
pero que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho caso omiso de
ellos; estamos hablando de programas que tienen que ver con política
forestal y para la conservación de la biodiversidad. La señora
ministra se encargó de presentarnos un plan estratégico de
preservación de la biodiversidad que fue bien recibido pero que
después, a la hora de llevarlo a la práctica en los Presupuestos
Generales del Estado, vuelve a quedarse simplemente en la propaganda
y sin abordar las actuaciones que se tendrían que llevar a cabo.

Hemos presentado enmiendas para un programa de lucha contra la
desertificación en la vertiente atlántica y en la vertiente
mediterránea. Es sorprendente que la vertiente mediterránea, una de
las zonas con mayor erosión y desertificación de nuestro territorio,
haya sufrido recortes importantes en la presupuestación del
Ministerio de Medio Ambiente para el año 2000. Es increíble que en
programas que están financiados por la Unión Europea se puedan perder
estos fondos simplemente porque el Ministerio parece no tener
intención de llevarlos a cabo. Da la sensación de que la boyante
economía española no afecta al presupuesto del Ministerio de Medio
Ambiente y no se puede redistribuir mejor la riqueza mejorando
nuestro medio ambiente.

También hemos presentado enmiendas para que el Ministerio sea el
motor de la lucha contra el cambio climático. No nos podemos
conformar con que se nos diga que las políticas de lucha contra el
cambio climático se tienen que llevar a cabo desde diferentes
ministerios. Es cierto, pero si el Ministerio de Medio Ambiente no
cuantifica en sus presupuestos un programa específico de lucha contra
el cambio climático que obligue a que el resto de los ministerios se
sume a este proyecto, mal vamos a poder cumplir ni tan siquiera con
aquello que todavía no hemos ratificado pero con lo que decimos estar
de acuerdo, la reducción de las emisiones de los gases de efecto
invernadero que provocan el cambio climático. Señorías, en nuestro
país en estos momentos las emisiones de los gases que provocan el
cambio climático están por encima incluso de aquellas que estaban
consensuadas y firmadas con la Unión Europea dentro de la burbuja
europea. Si no tomamos medidas, y las tomamos ya, seremos uno de los
países que irá contribuyendo cada vez en mayor medida a generar una
aceleración del cambio climático.

Señorías, estos presupuestos no son creíbles y ponemos varios
ejemplos. Uno es el compromiso de regeneración de la cuenca del
Segura y de la aceleración de los trabajos para



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recuperar este río. Estos compromisos no se ven reflejados de ninguna
manera en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Es un
ejemplo más de muchos de los compromisos que el Ministerio ha
contraído con la opinión pública, con los ciudadanos y ciudadanas,
que después no es capaz de poner en práctica. Pero hay uno que para
nosotros ya es histórico. El año pasado conseguimos que fuera
admitida una enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida para la
regeneración de la bahía de Portman. Señorías, la bahía de Portman
continúa exactamente igual que si no se hubieran consignado 600
millones de pesetas en los presupuestos de 1999 para empezar su
regeneración porque no se ha hecho absolutamente nada. Es más, este
año se sigue consignando una cantidad tan exigua que supone que el
Ministerio de Medio Ambiente no va a acometer esta obra. Es una más
de las muestras que nos llevan a estar cada vez más convencidos de
que el presupuesto del Ministerio de Ambiente sirve para quedar
bonito pero no para llevarlo a la práctica.

Hemos presentado una enmienda para aumentar las dotaciones
presupuestarias a los programas del oganismo autónomo Parques
Nacionales. Desde que el Ministerio cambió el esquema de los
programas para parques nacionales en el presupuesto es imposible
hacer un seguimiento serio y riguroso de los proyectos que se están
llevando a cabo. Es más, los directores de parques nacionales se han
reunido y están protestando y presionando para que se les dote con
cantidades adecuadas para poder llevar a cabo programas de
conservación de la naturaleza dentro de los propios parques
nacionales.

Para finalizar, es evidente que el Ministerio de Medio Ambiente,
desde su creación, sufre continuas y constantes rebeldías, divisiones
y ceses precisamente porque las políticas que se llevan a cabo son
simplemente políticas de pape, que quedan reflejadas pero que no
existen en la realidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO VINUÉ: Señor presidente, voy a defender la veintena
de enmiendas que el Partido Aragonés ha presentado a esta sección y
dar por defendidas el resto de enmiendas del Grupo Mixto, salvo las
del Bloque Nacionalista Galego, que las defenderá su portavoz.

Estamos al final de la legislatura y, desgraciadamente, el hecho
positivo, incluso con una esperanza verde, de la creación del
Ministerio de Medio Ambiente no ha colmado las expectativas. El
balance sobre el Ministerio -y hago mi crítica desde una posición
responsable- no va a estar en el haber ni entre las cuestiones
positivas que de cara a las próximas elecciones generales y en
campaña el Partido Popular nos ponga encima de la mesa. Realmente es
preocupante -como ya ha incidido el resto de portavoces que me ha
precedido en el uso de la palabra- la falta de gestió, y yo diría que
también de decisión, criticada desde dentro del propio Ministerio, y
la falta de capacidad inversora. Ahí están las cifras y los datos.

Aunque esto no sirva para justificar nada, teniendo en cuenta que la
puesta en marcha de obras hidráulicas conlleva un cúmulo importante
de toma
de decisiones administrativas, los procesos se dilatan y la falta de
decisión es un agravante.

Tengo que decir sobre esta sección, de la misma manera que lo tuve
que decir de la sección 17, Fomento, que a fecha de hoy no se ha
cumplido ni uno de los compromisos que el año pasado negociamos con
el Gobierno del Partido Popular, ni tienen visos de cumplirse, en lo
relativo a Ayesa, para cuya puesta en marcha felizmente se ha
incorporado una partida, o lo que correspondería a la mejora de los
caminos y convenios en Bardenas, etcétera. La puesta en marcha de las
sociedades públicas (Acesa es la que más conozco de la cuenca del
Ebro) no ha supuesto una agilización de la puesta en marcha de este
tipo de infraestructuras sino que, al contrario, se ha erigido como
una etapa más burocrática que en todo caso ha dificultado y ha puesto
en peligro las inversiones y la financiación que ha podido venir de
fondos europeos de cohesión. Estoy pensando simplemente en el gran
proyecto de abastecimiento al área metropolitana de Zaragoza. Por no
cumplirse los plazos de adjudicación, se ha tenido que pedir una
prórroga casi in extremis para no perder una cantidad importante de
dinero. Se ha hablado de miles de millones de pesetas de inversión.

Acesa tiene en estos momentos casi 40.000 millones de pesetas de
inversión que teóricamente corresponden a dinero ejecutado, pero
dinero que está sirviendo simple y llanamente, dada esa falta de
ejecución, para que esta sociedad pública tenga ingresos financieros
extraordinarios. Dicho en palabras coloquiales, en el balance de esta
sociedad hay 600/700 millones de pesetas al año de ingresos por tener
el dinero a plazo fijo en el banco. Dado que los recursos son
limitados y escasos, no nos podemos permitir el lujo de tener dinero
colocado a plazo fijo. Esto es lo que hay. Teniendo dinero a plazo
fijo y estando ingresando 600/700 millones de pesetas al año, hay
obras de desarrollo del pacto del agua, uno de los grandes
compromisos que teníamos en la cuenca del Ebro y ante la sociedad
aragonesa, que no somos capaces de terminar. Estoy pensando en el
proyecto de Mularroya (en la margen derecha del Ebro también hay
sequía y hay problemas de abastecimiento para poblaciones, incluso en
Aragón, aunque algunos piensen que sobra agua) que por no tener 71
millones de pesetas o por no haber sido capaces de buscar esa
cantidad no se ha podido terminar. Sin embargo, sí hemos tenido casi
280 millones de pesetas para hacer una campaña de publicidad antes de
las elecciones autonómicas y europeas; no una campaña de divulgación
y de información, que sería legítimo, sino una campaña de propaganda.

Repito que somos responsablemente críticos. Vemos en este Ministerio,
al final de la legislatura, una falta de decisión total -en política
la decisión se materializa en presupuestos- en lo que se refiere a la
puesta en marcha del plan forestal, a acciones concretas en defensa y
control de la erosión y del cambio climático, y al Plan de
saneamiento y de incentivos para el ahorro de agua; y lo digo desde
la tranquilidad que da saber que una ciudad como la de Zaragoza, de
la cual soy vecino, ha hecho y está haciendo un esfuerzo importante
en todo lo que supone ahorro de agua, suelos contaminados y seguridad
de presas. Hemos presentado una serie de enmiendas relativas a
desbloquear otro tipo de obras hidráulicas como Monte Aragón. Huesca,
capital y provincia altoaragonesa, que está aportando entre



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el 40 y el 50 por ciento de agua al valle del Ebro, en estos momentos
no tiene garantizado el abastecimiento de agua de boca a la capital.

Esto es una realidad que se puede constatar. Hemos sido incapaces,
con excusas de falta de definición del proyecto o de falta de
soluciones técnicas de cara a la cimentación, de desarrollar un
embalse que asegure el abastecimiento de agua de boca a la capital de
la provincia de Huesca.

Respecto al parque nacional de Ordesa, en la modificación de la Ley
4/1989 introdujimos dos conceptos importantes: la cogestión con
participación de las comunidades autónomas y la definición de un área
de influencia. Desgraciadamente el Estado se cubre con esa cogestión
para hacer dejación de sus compromisos de inversión y se olvida
completamente y no cuenta con las áreas de influencia, con las
poblaciones, con los términos municipales, cuando gracias al esfuerzo
de sus pobladores nos podemos permitir el lujo de disfrutar de esas
áreas. Apostamos en esta última etapa por la recuperación del
consenso hidráulico. Quiero destacar que desde el Partido Popular, a
veces con el ánimo de enmascarar o de camuflar su falta de gestión,
se ha querido dividir y desde Aragón se está intentando enfrentar al
llano y a la montaña. Creo que no son las actitudes ni el ambiente
adecuado para que este tipo de obras, sobre todo las de carácter
hidráulico, salgan adelante.

Termino, señor presidente. Nuestra postura es tremendamente crítica
con este Ministerio. Si en las próximas semanas tenemos oportunidad
de hablar de lo que va a suponer la puesta en marcha de la Ley de
aguas y de conocer, si es posible, el borrador del plan hidrológico
nacional antes del final de la legislatura, les daremos más razones
para que entiendan la decisión que el Partido Aragonés tomó en su
día.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, en nuestras enmiendas
hay tres aspectos en los que hacemos hincapié. El primero de ellos es
nuestra preocupación porque algunas de las ciudades gallegas de más
de 50.000 habitantes vayan a ser las últimas de todo el Estado
español cuyas aguas residuales se vayan a depurar. El secretario de
Estado señor Blanco reconoció que concretamente Ferrol sería la
última de todo el Estado español, lo cual no deja de ser paradójico
teniendo en cuenta que es una ciudad claramente determinada por la
política del Estado. Nosotros presentamos enmiendas para lograr que
en el año 2003 las ciudades de Ferrol, A Coruña, Lugo y Ourense
cuenten con estaciones depuradoras de aguas residuales, bien
dimensionadas en relación con su nivel de población, como es el caso
de Lugo y Ourense, bien por contar con este saneamiento fundamental
para la riqueza marisquera, como sería el caso de Ferrol.

Hay otras enmiendas referidas a la recuperación integral de cauces y
de márgenes de los ríos, concretamente ríos que pertenecen a la
Confederación Hidrográfica del Norte y que ocupan mucho espacio en
nuestro territorio como afluentes del río Miño, concretamente el río
Cabe, en Monforte. En otras partes de Galicia sería necesaria la
regeneración de los cauces de los ríos que desembocan en rías
que están hoy claramente determinadas por la política del Estado y
por la política de costas, como puede ser el río Mandeo, en Betanzos,
y la influencia que tiene su desembocadura en una ría que es
necesario dragar, como es la ría de Betanzos. Además existe una
preocupación por los ecosistemas litorales, en concreto por el
espacio natural de Razo-Baldayo, en ACoruña, que según el alcalde del
Partido Popular del Ayuntamiento de Carballo cuenta con un proyecto
de medio ambiente que no vemos verificado por ninguna parte, a pesar
de tratarse de una de las lagunas litorales más importantes que
existen en el Estado español, en un espacio natural privilegiado. Por
último, estamos preocupados por nuestras rías, son unos ecosistemas
especiales, que debían estar cuidadas de otra manera y que no son
competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. Teniendo en cuenta que
Galicia fue una de las pocas comunidades autónomas que no participó
del reparto del botín que se realizó a través de dos decretos-leyes
que pudimos debatir en esta legislatura y con más de 250.000 millones
de pesetas en obras de interés general por todo el Estado español,
presentamos nuestras enmiendas para paliar esta situación en función
de unas necesidades que son más que evidentes.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora De Lara.




La señora DE LARA CARBÓ: Intentaré ser breve dada la hora en que nos
encontramos. En primer lugar, voy a referirme a las enmiendas a la
totalidad presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de
Izquierda Unida.

El portavoz del Grupo Socialista ha indicado que el presupuesto del
Ministerio de Medio Ambiente no responde, en su opinión, a los
objetivos prioritarios de lo que debería ser un presupuesto de un
ministerio con este nombre. Por supuesto que era una opinión
subjetiva de la señora Narbona. También ha indicado que la ejecución
presupuestaria no se cumple. En la última comparecencia del
secretario del Estado de Aguas y Costas, en la Comisión de Medio
Ambiente, se aludió al tema de la ejecución presupuestaria, y allí
quedó plenamente claro que la ejecución presupuestaria hay que verla
a 31 de enero del año siguiente. En aquel momento se indicó, porque
también surgió el mismo tema, que la ejecución presupuestaria del año
1998 era del 90 por ciento. Por consiguiente, el señor Morlán, al que
yo aprecio y tengo por una persona seria, ha mentido. Puede mirar el
«Diario de Sesiones» de la Comisión de Medio Ambiente del 6 de
octubre, donde el secretario de Estado le indica que la ejecución
presupuestaria del año 1998 es del 90 por ciento, luego es mentira
que la ejecución presupuestaria del año 1998 sea del 30 por ciento.

Repito: «Diario de Sesiones» de la Comisión de Medio Ambiente del día
6 de octubre. Léaselo si no lo ha leído, señor Morlán. Otra cosa es
el grado de ejecución en este momento, porque usted sabe que las
obras hidráulicas se pagan en momentos distintos. Pero mire usted,
por favor, el «Diario de Sesiones» y no mienta, señor Morlán, porque
yo le tenía a usted por un portavoz serio que explicaba sus
opiniones, por supuesto objetivas o subjetivas, pero que usted se
ceñía a la verdad.

El grueso de enmiendas que ustedes han presentado parten de una baja
de 47.000 millones sobre las aportaciones a las sociedades estatales
y entonces ustedes, con esta



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baja de 47.000 millones de aportación a las sociedades estatales,
empiezan a hacer un reparto, igual que hacían el año pasado, en
diversos temas.

Dice también que echan en falta en los presupuestos programas para
política forestal, para biodiversidad y para cambio climático, en lo
que coinciden con la portavoz de Izquierda Unida. También han
indicado que aumenta el gasto corriente y que disminuye la inversión.

Esto me parece bien, si quiere que quede constancia de ello en el
«Diario de Sesiones» pero, realmente, resulta absurdo al analizar el
presupuesto, cosa que voy a hacer brevemente.

La portavoz de Izquierda Unida decía en su enmienda a la totalidad
que eran presupuestos exiguos y raquíticos. Esta es una presunción
objetiva porque todos los que estamos en la Comisión de Medio
Ambiente, todos los que creemos que es importante la defensa de Medio
Ambiente querríamos que los presupuestos de este Ministerio fueran
mayores. Pero los presupuestos son los que son y lo que sí tengo que
decirle es que lo que usted echa en falta en cuanto a política
forestal, desertización, protección y mejora del medio natural se lo
voy a indicar, señora Uría, mediante las partidas presupuestarias y
el crecimiento que han tenido todas estas partidas.

Dice que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene intención de
cumplir las directivas europeas en materia de saneamiento y
depuración. Insisto de nuevo en que puede decirlo pero que le voy a
demostrar, señoría, que el razonamiento que usted ha dado también es
falso. La base de todo lo que se está diciendo esta noche es que
partimos de una política presupuestaria distinta, partimos de
conceptos distintos. Nuestra ideología es que nosotros sí creemos en
la colaboración del sector privado, en la financiación de
infraestructuras, sí optamos porque estas infraestructuras respondan
a una demanda social que se traduce en el interés privado para su
promoción, sí creemos que es solidario poner al servicio de la
sociedad los recursos de que dispone la sociedad y sí creemos que es
bueno adelantar en el tiempo determinadas actuaciones que de otra
forma probablemente tardarían años en poder realizarse.

Indicaban los portavoces que los créditos establecidos para financiar
estas aportaciones no habían sido ejecutados, lo cual tampoco es
cierto. Sí es cierto que ha habido que dar forma jurídica a estas
sociedades para que puedan ser efectivas y que han necesitado de un
cierto tiempo para ponerse en marcha. Pero de la misma forma que en
la Administración desde que se decide una obra hasta que se inicia
materialmente transcurre un cierto tiempo, en las sociedades
estatales de reciente creación ha habido que hacer proyectos,
evaluaciones de impacto ambiental, gestionar su financiación, cerrar
los convenios con los usuarios, que son quienes demandan las
actuaciones y conseguir los terrenos. Esto ha llevado un cierto
tiempo, sin embargo, ya está puesto en marcha y las sociedades
estatales están todas funcionando y con proyectos licitados.

Señorías, además de colaborar con la iniciativa privada, tratamos de
implantar nuevos sistemas de gestión para que no se repitan
situaciones como las producidas en la gestión del antiguo Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, durante las cuales
se generaron obligaciones del Estado sin amparo presupuestario,
mediante una utilización abusiva del sistema de obras de emergencia y
otros instrumentos similares que está obligando desde el año 1996 a
tramitar un sinnúmero de créditos extraordinarios para financiar las
insuficiencias así generadas.

Eel Grupo Socialista nos ha estado indicando en qué sentido quería
que fueran sus enmiendas parciales, hay un gran número de ellas, pero
voy a referirme solamente a la 1958. La 1958 propone un alta de
51.200 millones que reparten ustedes entre distintos proyectos,
alguno de ellos desde luego meritorios y aceptables y que nos
encantaría que hubiera presupuesto para hacerlos. Sin embargo, la
baja que ustedes proponen es de 4.200 millones en infraestructuras
hidráulicas en la cuenca del Ebro -a lo mejor deberían decir a su
compañero del PAR, su compañero del Gobierno en Aragón, por qué
quieren dar de baja infraestructuras hidráulicas en la Cuenca del
Ebro-, y 47.000 millones en aportaciones a las sociedades estatales.

Voy a decirles escuetamente lo que ustedes quieren eliminar del
presupuesto inversor de las obras que van a licitar las sociedades
estatales para que puedan decirlo en las distintas provincias
y comunidades españolas.

Con su emnienda, que suprime los 47.000 millones de las sociedades
estatales, ustedes lo que quieren es que no se realicen proyectos
emblemáticos como el abastecimiento a Zaragoza, el abastecimiento a
Lérida, la conexión JúcarVinalopó, el abastecimiento a Albacete, el
embalse de la Breña, las desaladoras de Murcia, el abastecimiento a
Badajoz, el cierre del anillo hídrico de Huelva, la conexión
Negratín-Almanzora, la desaladora de Almería o el canal de Navarra.

Esto es, señorías, lo que ustedes consideran que no es necesario
hacer y por eso nos proponen en una serie de enmiendas otras obras
que han considerado prioritarias. Pero creemos que sería interesante
que ustedes dijeran esto mismo en las distintas comunidades autónomas
porque son obras hidráulicas que ellos consideran importantes y en
las cuales los usuarios, las comunidades autónomas y las entidades
locales están interesados.

Decía la señora Urán que en el presupuesto las obras del plan de
saneamiento y depuración de aguas residuales no se iban a cumplir y
que no íbamos a cumplir las directivas europeas. Pues bien, el nivel
de inversión del presupuesto se aumenta en 21.631 millones y pasa a
tener unos créditos para el año 2000 de 230.148 millones. Con este
importe se da cobertura a los proyectos del departamento que cuentan
con financiación comunitaria aprobada, porque este presupuesto,
señorías, es un presupuesto cofinanciado por la Unión Europea. En lo
que a la Secretaría de Estado de Aguas y Costas se refiere, es un
presupuesto de marcado carácter medioambiental. Esta es la diferencia
fundamental entre el presupuesto de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas y el antiguo presupuesto que había en materia de aguas en el
Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Una de las prioridades
del Ministerio de Medio Ambiente, señora Urán, ha sido precisamente
el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Europa en materia de
saneamiento y depuración. Desde el año 1996 hasta la fecha se ha
duplicado el presupuesto de este programa y además por el modelo
alemán se ha licitado una relación importante de obras, casi todas
ellas del Plan nacional de saneamiento y depuración, concretamente el
incremento de este programa para el año 2000 ha sido del 14,87 por
ciento. El programa de gestión e infraestructuras



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de recursos hidráulicos se incrementa, señorías, en este año en el
48,28 por ciento y además de una serie de actuaciones emblemáticas,
solicitadas por las comunidades autónomas, por los usuarios, los
regantes, las entidades locales, se priman las inversiones en
consolidación de regadíos y en ahorro de agua y se promueven
actuaciones en materia de seguridad de presas.

Preguntaban ustedes por el programa Linde, el programa Picrha y el
programa Aryca. Creo que es porque quieren que conste en el «Diario
de Sesiones» que ustedes se interesan por estos programas, porque
ustedes conocen perfectamente que en la época en que se aprobaron y
se presentaron estos programas por el anterior Gobierno socialista no
se convirtieron en programas presupuestarios. Por consiguiente,
conocen ustedes perfectamente que no está en los presupuestos, aunque
sí se están ejecutando. Y si quiere un ejemplo la señora Narbona, que
se ha sonreído, le diré que en el año 1996 el número de kilómetros
deslindados era de 53 ó 54, no sé exactamente la cifra, mientras que
en el año 1999 se han deslindado 3.000 kilómetros, señoría. Esto por
si tiene interés para la pregunta que usted ha hecho.

El programa de protección y mejora del medio natural ustedes lo
consideran insuficiente. Todos los programas podemos considerarlos
insuficientes. No obstante, incrementa un 8,73 por ciento y dentro de
este programa el organismo autónomo Parques Nacionales incrementa un
11 por ciento, similar al incremento del pasado año, es decir, en dos
años el programa de parques nacionales se ha incrementado un 22 por
ciento, señorías. Y fíjese por dónde, dentro del programa de parques
macionales este año se ha incrementado el capítulo 1, porque de lo
que se trataba era de dotar la plantilla de los parques nacionales,
plantilla que en el año 1996 era claramente insuficiente, con lo cual
al no tener plantilla, las funciones que tiene la guardería y las
funciones que tienen los agentes forestales en estos parques no
podían cumplirse. Este año se dota de plantilla al parque nacional de
Cabañeros, al de Picos de Europa y al de Sierra Nevada. Además, la
política que se está haciendo de los parques nacionales, conforme al
nuevo modelo de gestión que aplica el Ministerio de Medio Ambiente
conforme con la ley que aprobamos en esta Cámara, es una política que
tiende a favorecer, es decir, a dar transferencias a los municipios
del entorno de los parques nacionales para que ejerzan actividades
relacionadas con el parque, todo ello de marcado carácter
medioambiental. Ustedes habrán podido notar que el descontento que
existía antes y que ustedes conocen en los municipios del entorno de
los parques nacionales ha desaparecido y todos los municipios están
integrados con la política de los parques.

Programa forestal, que han echado en falta tanto la señora Urán como
el portavoz del Grupo Socialista. En el programa forestal hay 4.252
millones para incendios; para restauración hidrológica forestal y
lucha contra la erosión, 5.000 millones; para la gestión de montes
públicos, 1.560 millones, pero con el aditivo de que con el nuevo
reglamento de desarrollo rural estos millones se multiplicarán, ya
que, con los fondos europeos y los fondos de las comunidades
autónomas, estos mil y pico millones a los que me he referido se
multiplicarán por tres o por cuatro. Y lo mismo va a ocurrir con los
1.180 millones para el desarrollo
y ordenación de bosques privados, ya que también se aplicará el
reglamento de desarrollo rural. Creemos que éstas son actuaciones
medioambientales, señorías.

También han dicho las dos portavoces que echaban en falta un programa
para la lucha contra el cambio climático. Todos ustedes conocen
perfectamente que en relación con la lucha contra el cambio
climático, en la cual estamos todos, los primeros el Ministerio de
Medio Ambiente. Se elaboró un borrador del programa nacional del
clima y en el mismo hay una serie de medidas que ya se están llevando
a cabo. Les guste a ustedes o no, resulta que hay varios ministerios
que están interviniendo en una serie de acciones para evitar la
posible acción del efecto invernadero, contra la cual todos queremos
luchar. Resulta que el Ministerio de Agricultura ha emprendido
acciones; resulta que el Ministerio de Industria, en materia
energética, también ha emprendido acciones al respecto; resulta que
el Ministerio de Fomento, en materia de transporte, ha emprendido
acciones y tiene presupuesto y que, por supuesto, también tiene que
emprender acciones el Ministerio de Medio Ambiente, pero la parte que
compete al Ministerio de Medio Ambiente es la parte de residuos, lo
que es sellado de vertederos incontrolados, la parte de reducción y
prevención de residuos y el tratamiento de residuos ganaderos
y agrarios. Ésta es la parte que compete al Ministerio de Medio
Ambiente, los demás ministerios ya han iniciado actuaciones.

Esperemos que todas estas actuaciones se potencien. Esto es algo en
lo que, en lugar de criticar, deberíamos actuar todos juntos. Si
realmente nos importa ir contra el cambio climático, si realmente
queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono que producen el
efecto invernadero y las emisiones de metano, debemos dejarnos de
demagogias y actuar todos juntos de una vez.

Residuos. Todos ustedes dicen que echan en falta un mayor
presupuesto. Si miramos fríamente el presupuesto verán que realmente
la partida presupuestaria ha bajado 100 millones de pesetas. No es
una bajada espectacular, pero es que nos hemos encontrado que el Plan
de residuos llegaba justamente hasta el año 2000. Ustedes conocen
este dato, lo que pasa es que quieren que en el «Diario de Sesiones»
quede la queja de que hay poco dinero en relación con los residuos.

Ahora bien, como la anualidad terminaba en el año 2000, hay que poner
en marcha ya un nuevo Plan de residuos sólidos urbanos. El Ministerio
de Medio Ambiente tiene ya elaborado el Plan nacional de residuos
sólidos urbanos, que tiene que presentar a la conferencia sectorial.

La diferencia entre la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y
la actuación del anterior Gobierno socialista es que el Ministerio de
Medio Ambiente no presenta un plan, no presenta un proyecto hasta que
no está consensuado con todos los sectores sociales implicados y
ahora que está consensuado con todos los sectores sociales se va a
presentar a la Conferencia sectorial para su aprobación. El nuevo
Plan nacional de residuos -por si ustedes no conocen este dato,
aunque creo que lo deben conocer y lo han ocultado en su intervención
anterior- va a suponer una inversión en el período 2000-2005 de
568.000 millones de pesetas y para ponerlo en marcha debemos tener
asignada una parte de los Fondos de Cohesión que tan brillantemente
consiguió elGobierno español.




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Por consiguiente, señorías, dejémonos de demagogias, dejémonos de
falsear datos cuando estos datos figuran en un «Diario de Sesiones»,
cuando estos datos existen en un presupuesto. Lo que sí debemos hacer
es apostar por el consenso hidráulico, ese consenso hidráulico por el
cual apostaba el representante del Partido Aragonés Regionalista, por
el cual apuesta el Grupo Popular y apuesta decididamente el
Ministerio de Medio Ambiente.




(El señor Morlán Gracia y la señora Urán González piden la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Por orden, tiene la palabra el señor Morlán, por
un minuto.




El señor MORLÁN GRACIA: No dudo que la señora De Lara conozca mucho
de medio ambiente, quizá en eso me gane, pero en política de aguas la
misma le llega hasta la rodilla.

Señora De Lara, yo a usted no la he insultado y usted me dice que
miento. Me he limitado a leer unos datos suministrados por su
Gobierno, en los que se dice que a 30 de septiembre de 1999 el tanto
por ciento de obligaciones reconocidas sobre créditos totales está en
las cifras que yo le he dado y que, comparadas con las de 1998,
suponen un 20 por ciento menos. Yle digo otra cosa: si el 90 por
ciento es la ejecución media estimable del presupuesto a 31 de
diciembre de 1998, contando con que el día 31 habrán pagado a todos
los funcionarios y que habrán sufragado todos los gastos corrientes,
en algún sitio hay un error; en algún sitio hay un error. En algún
sitio ustedes han invertido menos de lo que estaba previsto invertir.

También le tengo que decir, señora De Lara, que no me cuente usted
cuentos chinos, que los cuentos de Andersen yo me los leía cuando era
crío, y no me diga que las sociedades de agua son la auténtica
maravilla. Las sociedades de agua son un fiasco, y en cuanto a la
financiación de las obras que están llevando a cabo, están pagando
los usuarios más que pagaban antes, bastante más. Si quiere, iremos
sociedad por sociedad y proyecto por proyecto de los pocos que han
ejecutado, por lo que acabaremos enseguida. Las sociedades de agua
son unas instituciones que ustedes han montado, que han venido a
suplir la capacidad de ejecución de obras por las confederaciones
hidrográficas correspondientes, y que lo que han hecho ha sido
dilatar la ejecución de las obras, no llevarlas a cabo y, desde
luego, encarecerlas. No me diga usted que su Ministerio funciona en
condiciones, que le he dicho otra cosa que es cierta al menos si
usted hace caso a los medios de comunicación - ya acabo, señor
presidente, en un momento-, y es que no creo que la rebelión de los
36 ingenieros de obras hidráulicas, de los 39 que hay en plantilla,
se haya hecho en plan subjetivo y de decir: vamos a protestar hoy
porque si no, mañana no comeremos. No, tenía un calado más profundo
y tenía que ver con la falta de capacidad y de competencia del
ministerio para llevar a cabo la política de aguas de ese
departamento. Señora De Lara, lo siento mucho, pero creo que ustedes,
cuando hablan de números, se creen lo que les dicen, y lo que les
dicen, que es lo mismo que nos dicen a nosotros en muchos casos, a
veces no es tan correcto como ustedes piensan. Créame que entre todos
los entendidos de
este país se dice que el Ministerio de Medio Ambiente es un fiasco,
que el nivel de inversión es exiguo, y con sus políticas no van a
hacer nada para que ustedes propicien el consenso que usted agradece
al compañero diputado del PAR. Desde luego, en la cuenca del Ebro, en
mi comunidad y en el Pacto del Agua de Aragón, se lo están cargando
de pe a pa, del principio al fin. Y si no han hecho nada en cuatro
años, no vengan ahora diciendo que lo tenían todo previsto pero que
no tenían tiempo de estudiarlo, que las cosas se hacen con mejor
previsión que con la que ustedes las han planteado. Yo creo, señor
presidente, señorías, que en política de aguas, por mucho que se
empeñen en decir lo contrario, lo que está claro es que su capacidad
de ejecución, de desarrollo de los proyectos y de llevar a cabo la
atención de las necesidades que en regulaciones o en mejora de
regadíos, en saneamiento y depuración, o en lo que usted quiera,
están limitadas, y ustedes tendrán que pensar cómo pueden responder a
ese interrogante. Si están delimitadas es porque no saben hacerlo o
porque no tienen la gente preparada -que yo creo que sí la tienen, y
la prueba es que antes ha funcionado bien- o porque ustedes o su
Gobierno no saben dirigir un ministerio como éste que han puesto en
funcionamiento pensando que iba a ser la panacea y una especie de
pantalla en la que se iban a ver reflejados su apetencia, su carisma
y su conocimiento medioambiental, y resulta que no sirve para lo que
ustedes querían, que ha sido un fiasco y está siendo un fiasco
desgraciadamente para todos, no para ustedes. Ese es el problema que
tenemos en este país, con un ministerio que no acaba de funcionar,
señora De Lara.




El señor PRESIDENTE: La señora Urán tiene la palabra.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Por mucho que se empeñe la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en decir que las apreciaciones que
hacemos sobre los presupuestos son subjetivas, las apreciaciones las
hacemos basándonos en los datos que se nos facilitan desde el propio
Ministerio de Medio Ambiente y son los números que ustedes nos dan.

Hablar de porcentajes de incremento queda muy bien porque suenan
muchos, pero en realidad, señora De Lara, con los datos que a
nosotros nos facilita su Gobierno -a lo mejor ustedes tienen otros
que no son los del Gobierno-, en saneamiento y depuración de aguas el
presupuesto del año pasado era de 47.586 millones de pesetas y el de
este año es de 55.326, es decir, el incremento no llega a 9.000
millones de pesetas. No sé de dónde se saca usted los doscientos y
pico mil millones de pesetas, porque el presupuesto del Ministerio de
Medio Ambiente es de 372.000. Pero además, señora De Lara, por mucho
que se empeñen en decir que mentimos, la realidad es mucho más tozuda
que todo eso y día a día nos demuestra que el Ministerio de Medio
Ambiente no invierte las cifras que nos da.

Por lo tanto, no se trata de querer faltar a la verdad ni de ser
demagógicos sino de constatar lo que todos los días se ve y se
percibe, que no hay inversión, ni tan siquiera la que se dice que
hay, que a nosotros nos sigue pareciendo escasa.

Además, el año pasado y el anterior ustedes estaban con la panacea
del modelo alemán; en este ejercicio hemos empezado con el efecto
multiplicador de los panes y de los



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peces que se va conseguir a través de una inversión que hace el
Ministerio de Medio Ambiente y después sumamos el resto de las
inversiones, con lo que se producirá el cambio que todos esperamos en
cuestión de poco tiempo. Señora De Lara, no hay tal efecto
multiplicador cuando en realidad ustedes están pidiendo esfuerzos
inversores a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, cuando
sus recursos son todavía mucho más escasos que los que tiene el
Ministerio de Medio Ambiente. Si éste no es el que hace el esfuerzo
inicial, difícilmente van a poder ejercer el efecto multiplicador.

Para terminar, señor presidente, tengo que decirle, señora De Lara,
que la diputada que le habla también lleva energía en la Comisión de
Industria y conoce un poco de las políticas energéticas que lleva a
cabo el Ministerio de Industria, y desde luego, la política que lleva
éste no va a favorecer en absoluto que se puedan reducir las
emisiones de los gases que provocan el cambio climático. Las
políticas que desarrolla el Ministerio de Fomento no van a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. No hay más que ver
cuáles son los proyectos del presupuesto del Ministerio de Fomento
para saber realmente que eso no se va a llevar a la práctica. Si el
Ministerio de Medio Ambiente no tiene la capacidad que debe tener un
Ministerio de Medio Ambiente para que las políticas transversales se
lleven realmente a la práctica y además se hagan a pesar de los
ministerios que no van a estar de acuerdo, aquí no vamos a estar
hablando de demagogias, aquí estamos hablando de una realidad y es
que hoy ya estamos por encima de las emisiones que la propia burbuja
europea nos permitía, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente
no facilite los datos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora De Lara.




La señora DE LARA CARBÓ: Solamente quiero decirle al señor Morlán que
yo he dicho que ha mentido en base al «Diario de Sesiones» del día 6
de octubre, repito, de la Comisión de Medio Ambiente. Porque usted ha
indicado hoy, y estará en el «Diario de Sesiones», que el secretario
de Estado admitió que no había ejecutado los presupuestos, lo cual
insisto en que no es cierto porque en palabras del secretario de
Estado indicó que en el año 1998 la ejecución del presupuesto en
infraestructuras hidráulicas era del 90 por ciento. Por supuesto que
de 1999 no se puede saber el grado de ejecución hasta el 31 de enero.

También dice usted que en las sociedades estatales los usuarios pagan
más de lo que pagaban antes, pero resulta que las obras que hacen
dichas sociedades estatales lo son a petición de los usuarios y se
hacen en los lugares donde losrios las quieren y la iniciativa
privada, los usuarios, entran a financiar las obras hidráulicas. Esta
es, señorías, nuestra política, con la que ustedes no están de
acuerdo. Posiblemente ustedes preferirían que si en el presupuesto de
Medio Ambiente no hay una dotación para hacer determinadas obras, que
no se hicieran. Nosotros creemos que
las obras a las que no se llega con el presupuesto del Ministerio de
Medio Ambiente pueden ser cofinanciadas por los usuarios, y resulta,
señor Morlán, que los usuarios opinan lo mismo porque todas las obras
que vienen en el libro rojo que le han entregado a usted, a partir de
la página 163 son obras que cuentan con peticiones de usuarios, de
comunidades y de entidades locales. No voy a entrar en la parrafada
que ha echado usted sobre los ingenieros del Ministerio de Medio
Ambiente porque estamos en un debate presupuestario que es algo muy
serio y no podemos entrar en esos temas porque no proceden, señoría,
no son del caso.

Dice doña Presentación Urán que ella se ha referido a los datos que
proporciona el Ministerio de Medio Ambiente. Esos son exactamente los
datos a los que yo me he referido, señoría, y con ellos, el
incremento en el programa de saneamiento y depuración es del 14,87
por ciento. Dice usted que el efecto multiplicador del que estamos
hablando no se va a cumplir. Será porque usted no conoce el
reglamento de desarrollo rural, que permite este efecto multiplicador
que pretendemos que se obtenga, igual que se está obteniendo con las
sociedades estatales. Dice usted que pertenece a la Comisión de
Industria y Energía e indica que el Ministerio de Industria y Energía
no toma medidas para el ahorro energético. Repito que esto es algo
subjetivo. ¿Que siempre se pueden adoptar más medidas? Por supuesto
que sí, y tal vez estaríamos de acuerdo con ello porque soy de las
que opino que el cambio climático es un peligro al que estamos
sometidos todos y hay que reducir estas emisiones. Las medidas que ha
tomado el Ministerio de Industria respecto al ahorro energético y a
la eficacia energética son importantes. Recientemente, en la Comisión
de Industria se aprobó una proposición no de ley del Partido Popular,
que ustedes votaron favorablemente en este sentido, sobre la
eficiencia energética y para el ahorro energético.

Usted dice que el Ministerio de Fomento no tiene partida
presupuestaria para el transporte público y, señora Urán, le digo que
sí. Si usted me dice que no es suficiente, indíqueme entonces la
partida presupuestaria que usted dice que no existe para mejorar el
transporte público, para reducir las emisiones del transporte
público, porque el transporte es uno de los sectores que más incide
en la emisión de gases que causa el efecto invernadero. Pero sobre
todo no olvidemos que los gases que producen el efecto invernadero no
es sólo el dióxido de carbono, sino también el metano, señorías. Por
consiguiente, no nos centremos en un solo gas, sino que son varios
los gases que hay que reducir, y sobre ello los distintos ministerios
están realizando actuaciones.




El señor PRESIDENTE: Termina así el debate de la sección 23,
suspendiéndose los trabajos de la Comisión hasta mañana a las nueve
en punto.




Se levanta la sesión.