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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 766, de 06/10/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 766



RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA



Sesión núm. 29



celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. (Número
de expediente 121/000186.) ... (Página 22634)



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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LAADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000. (Número
de expediente 121/000186.)



- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES (CAMPS ORTIZ), A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/002227) Y DEL GRUPO
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002319.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se abre la sesión número 29 de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas, que hoy dedicaremos a comparecencias de
personalidades de la Administración del Estado para informar sobre
los temas relativos al proyecto de ley de presupuestos generales del
Estado para el año 2000, que acaba de ingresar en este Congreso.

En primer lugar, comparece para contestar a las preguntas de SS.SS.

el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales
-bienvenido, señor secretario de Estado, como siempre, a la Comisión
de Régimen para las Administraciones Públicas-, cuya presencia ha
sido solicitada por los Grupos Socialista y Popular.

Sin más preámbulos, y por el Grupo Socialista, el señor González
Revenga tiene la palabra.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Señor secretario de Estado, bienvenido en
nombre del Grupo Socialista a esta Comisión y gracias anticipadas por
su comparecencia.

En primer lugar, señor presidente, señor secretario de Estado, debo
manifestar que este turno del Grupo Socialista lo compartiré con doña
Amparo Rubiales, que hará su intervención en torno a las materias
presupuestarias referidas a comunidades autónomas.

El objetivo que perseguimos en esta comparecencia es que el
secretario de Estado nos pueda aclarar dudas que nos han surgido de
la lectura y del estudio del proyecto de presupuestos, en los
programas gestionados desde su secretaría. Asimismo, esperamos que se
nos pueda ampliar información acerca de los objetivos presupuestarios
para el año 2000 y sobre las líneas de actuación que considere
convenientes para el conocimiento de los miembros de esta Comisión.

Las cuestiones sobre las que va a girar mi intervención versan sobre
el programa 124.A, de desarrollo de la organización territorial del
Estado y su sistema de colaboración, así como sobre el programa 912.

B, de cooperación económica local del Estado.

Con referencia al programa 124.A, vemos cambios importantes respecto
al ejercicio presupuestario de 1999. Son 177 millones menos, lo que
supone una disminución de más del 25 por ciento. Esta disminución
proviene claramente de la reducción de los gastos de personal,
fundamentalmente
lo que aparece en el artículo 12 referido a funcionarios. Me
gustaría que nos explicara las razones de estos cambios. En cualquier
caso, deben ser razones contrarias a las esgrimidas en el debate
presupuestario del año pasado, ya que en los documentos
presupuestarios de 1999, al contrario que en éste, se daba en ese
mismo artículo un aumento de 194 millones, lo que suponía un
incremento de un 54 por ciento, que en el total del programa 124.A
representa un 43,5 por ciento.

Las razones que nos dio el entonces secretario de Estado, el señor
Fernández Díaz, se referían a una reestructuración de la secretaría
de Estado y de las anteriores direcciones generales, las del Régimen
Jurídico, Económico y Territorial y la de Cooperación Territorial,
que habían pasado a las actuales, la Dirección General de
Administración Local y la Dirección General de Cooperación
Autonómica. Esa reestructuración había llevado consigo una
redistribución interna de funcionarios y la aprobación de una nueva
relación de puestos de trabajo, que hacía que el incremento en el
capítulo I, del programa 124.A, se compensaba con la disminución del
capítulo I, de personal, del programa 912.B.

En el documento presupuestario actual parece que se vuelve a la
situación de 1998 y se da marcha atrás con la línea iniciada en 1999.

No sé, por tanto, si los 50 funcionarios que pasaron del programa
912.B al programa 124.A en 1999 han vuelto a su lugar de origen o qué
es lo que exactamente ha pasado. Atenderemos, señor secretario de
Estado, sus explicaciones y espero y deseo que éstas, al parecer,
idas y venidas no estén entorpeciendo el trabajo de los empleados
públicos de su Secretaría de Estado.

Sí nos gustaría conocer la estructura funcionarial existente en su
secretaría de Estado, por direcciones generales, y las razones de
estos cambios y caminos andados y desandados, haciendo constar que no
prejuzgo si estos cambios han sido convenientes o no de cara a la
eficacia que la gestión de los asuntos públicos requiere.

Por otra parte, no acabo de comprender tampoco las razones de la
disminución de un 12,75 por ciento en cuotas sociales, que no se
corresponde con el incremento de un 2 por ciento en las retribuciones
de los empleados públicos.

También tengo que hacer constar que en el artículo 15 del capítulo I,
referido a incentivos al rendimiento (dietas), hay un mayor control
que en el ejercicio presupuestario de 1999, que ascendió casi a un 30
por ciento.

Igualmente, tengo que decirle que hay una clara contención del gasto
corriente de bienes y servicios, lo cual alegra al Grupo Socialista y
espero que la contención presupuestaria de 1999 aparezca también como
tal contención.

Al igual que en 1999, no existe capítulo 6, de inversiones, por lo
que no podemos hacer ninguna consideración. En todo caso, no sé si el
secretario de Estado verá conveniente hacerlo.

En cuanto al programa 912.B, de cooperación económica local del
Estado, tenemos que hacer consideraciones muy similares a las que
hicimos el pasado año en la misma comparecencia. Este programa de
cooperación económica local del Estado es claramente insuficiente
para las necesidades de nuestras corporaciones locales, según
estimamos desde el Grupo Socialista, y el discurso del Gobierno de
apoyo económico a las corporaciones locales terminó consu entrada en
la responsabilidad de gobierno. De hecho, el



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camino de recortes económicos y presupuestarios que, con las
corporaciones locales, el Gobierno inició con el presupuesto de 1997
-el primero que ustedes elaboraron-, ese camino no ha variado su
rumbo. La cooperación económica local sigue siendo una de las
cenicientas de este Gobierno; es más, para el año 2000 hay una
disminución de un punto en las transferencias de capital del Estado a
las corporaciones locales con respecto a 1999. Sinceramente, no creo
que esta sea la mejor manera de que nuestros ayuntamientos, sobre
todo los más pequeños, de que nuestras diputaciones y nuestros
cabildos insulares atiendan con eficacia las importantes necesidades
en infraestructuras y servicios que tienen planteadas. Sigue siendo
necesario, además de aportaciones de mayor cuantía económica para las
corporaciones locales, un modelo de financiación, como decíamos el
año pasado, suficiente y estable; un modelo que, para el Grupo
Socialista, debe contemplar tres variables esenciales, que eviten
incertidumbres a nuestros ayuntamientos, diputaciones y cabildos en
materia económicopresupuestaria. Estas variables son la
cuantificación del importe inicial con un acuerdo sobre el mismo, que
es absolutamente necesario; en segundo lugar, el establecimiento de
los índices de evaluación y, por último, la determinación clara de
los criterios de reparto para las corporaciones locales. Un modelo de
financiación, por tanto, aceptado consensuadamente por todos, que
asegure la tranquilidad económica a las corporaciones locales y que
les abra esperanzas de financiación real y suficiente para afrontar
sus necesidades económicas.

Señor secretario de Estado, las escasas aportaciones del Estado en
cooperación local no responden a las crecientes demandas de los
ciudadanos ni a las nuevas competencias que en materia de gobiernos
locales las Cortes han aprobado en la actual legislatura. Por eso,
desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos mantenido que
el Pacto local no tendrá contenido real si no va acompañado de
mayores recursos económicos para dichas corporaciones locales y,
desde luego, tengo que afirmar que los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 no abren un horizonte de esperanza para
nuestros ayuntamientos y el resto de corporaciones locales.

Por otra parte, y en referencia al capítulo 1 del programa 912.B, hay
un incremento de un 76,5 por ciento, debido al aumento de 214
millones en el artículo 12, de funcionarios. Ya hemos hecho mención a
esto anteriormente, en las cuestiones planteadas acerca del programa
124.A, y estoy seguro de que el señor secretario de Estado nos
ofrecerá razones convincentes que justifiquen esos cambios. En el
capítulo 2, al igual que en el programa 124.A, existe una clara
contención, de lo cual nos alegramos.

Por último, también me gustaría que el señor secretario de Estado nos
hiciera un balance sucinto de la ejecución de los planes provinciales
e insulares de cooperación, así como del funcionamiento durante este
año de los programas operativos comunitarios. Querría también que nos
informara acerca de la dotación presupuestaria que tendrá el fondo
para infraestructuras locales para este próximo año. Y, finalmente,
creo que sería conveniente que, para el buen trabajo de los diputados
de esta Comisión, nos hiciera llegar, al igual que otros años, la
distribución de las partidas
económicas de cooperación económica local, por provincias, islas
y comunidades autónomas uniprovinciales.




El señor PRESIDENTE: En el mismo turno, la señora Rubiales Torrejón
tiene la palabra.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Bienvenido, señor secretario de Estado.

Mi grupo parlamentario formuló esta petición, como es habitual en
todas las comparecencias de presupuestos, que tienen un objetivo
determinado y concreto, que es hacer preguntas al compareciente para
poder clarificar aspectos controvertidos del proyecto de presupuestos
y, así, poder avanzar en los trámites ulteriores y tener las ideas
claras a la hora de la formulación de las enmiendas. Les tengo que
confesar con absoluta claridad que esta portavoz que les habla estuvo
ayer dudando, hasta el último momento, si hacer o no esta
intervención, y prueba de ello es el entusiasmo que esta
comparecencia despierta, señor secretario de Estado. Desde que
empezamos esta legislatura, hace cuatro años, es la primera vez que
solamente vamos a intervenir el grupo mayoritario de la oposición y
el grupo que apoya al Gobierno, que, aunque es legítimo y
reglamentario, no suele intervenir en este tipo de actos
parlamentarios puesto que su función es clarificar y aclarar
cuestiones a los miembros de la oposición, que somos los que
controlamos al Gobierno y los que tenemos que enmendar. Repito que no
suele ser habitual, aunque están en su perfecto y legítimo derecho, y
además me parece incluso bueno y necesario que hoy estén aquí
acompañándonos porque, si no, nos hubiéramos sentido realmente solos.

Mi grupo pensó no intervenir hoy, pero voy a hacerle a usted algunas
preguntas, muy pocas y muy concretas, como usted sabe, tanto sobre el
proyecto de ley, en la parte referida a la financiación autonómica,
al título VII, capítulo II, como a las secciones 32, entes
territoriales, y 33, fondo de compensación interterritorial. Estas
comparecencias son para aclarar cuestiones, para resolver dudas y
problemas, pero mi grupo no tiene dudas, porque lo que tiene es una
radical oposición, tanto de fondo como de forma, con el sistema de
financiación autonómica que tenemos y del que afirmamos, hoy como
ayer, que es un sistema que no funciona, con el que ya casi todos
están en desacuerdo (y digo casi todos nosotros, casi todos ustedes y
casi todos los titulares de las comunidades autónomas), pero ustedes
no se terminan de decidir todavía a modificar y que si tira para
adelante (de mala manera desde nuestro punto de vista) es gracias
a las inyecciones financieras del Gobierno, que han venido a salvar la
situación del desastre que el modelo significa, pero que han puesto
en evidencia de una manera todavía más clara y rotunda las
deficiencias del mismo. Por tanto, la música y la letra de la
comparecencia nos la sabemos, y no nos gusta, y poco más tendríamos
que añadir hoy en este acto parlamentario. Sin embargo, aunque la
música y la letra no nos gusta, como el intérprete es nuevo -el
intérprete es usted, señor Camps-, por deferencia hacia usted, nos
parecía que el principal partido de la oposición debía intervenir,
esto ha ido degenerando en cuanto al interés por parte de los demás
grupos parlamentarios, ya a nadie le interesa porque saben que poca
agua se va a sacar de un pozo que no la tiene. Sin embargo, he
querido intervenirporque he pensado que había que darle alguna
oportunidad



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(es nuevo en estas lides de intervenir en las comparecencias de
presupuestos y para que no se vaya usted a marchar con la pena de no
haberlo hecho) de que me cuente las excelencias de un sistema que,
aunque ya no le guste a nadie, usted va a seguir proclamando, y
después intervendrá la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y
remachará las magníficas excelencias del mismo. En fin, a ver si hay
suerte y tiene usted hoy alguna idea nueva.

Yo voy a ser muy breve y no voy a fijar la posición de mi grupo sobre
financiación autonómica, que es sobradamente conocida, la expresamos
por primera vez en el debate de investidura del presidente del
Gobierno, al inicio de esta legislatura, y la hemos reiterado, por
activa y por pasiva, en muchísimas ocasiones a lo largo y ancho de
ella. Pensamos modestamente, señorías, que el tiempo ha venido
a darnos la razón y se trata, como he dicho en otras ocasiones, de la
historia de un fracaso anunciado, pero sobre esto no voy a hablar, se
lo aseguro, lo tratarremos en los siguientes debates parlamentarios,
en la Comisión y en el Pleno, y lo formularemos a través del
contenido de nuestras enmiendas, que son las que tendrían que salir
hoy clarificadas después de su comparecencia. Ojalá me equivoque -las
tengo ya hechas- y tenga que modificar alguna porque S.S. aporta
algún dato nuevo que me pueda servir de algo.

Hoy se trata de otra cosa. No se trata de que hablemos de la
financiación autonómica, sino de que nos explique usted algunas
cosas, pocas, que le voy a plantear. Empezaré diciéndole que este
proyecto de presupuestos, como los anteriores, presenta una grave
discriminación entre comunidades autónomas. Otra vez se establecen
dos varas de medir y dos clases de comunidades autónomas, sin que en
estos tres años y medio largos hayan ustedes hecho nada por resolver
el problema. Han pasado los años sin que se haya llegado a ningún
tipo de acuerdo con las comunidades autónomas que no aceptaron el
nuevo modelo y el Gobierno, a pesar de las reiteradas peticiones de
éstas, no ha convocado a las comisiones mixtas de transferencias para
que, a través de ellas, se hubiera podido intentar llegar a algún
tipo de acuerdo, al que, por otra parte, tienen derecho las
comunidades autónomas, además de que sería bueno para todos y para el
conjunto del sistema. La primera pregunta que le formulo es
precisamente esta: ¿Por qué el Gobierno no ha convocado a las
comisiones mixtas de transferencia para cumplir con la legalidad e
intentar, al menos, que pudiera haber acuerdos en materia de
financiación autonómica?



Segunda cuestión, señor Camps. En el presupuesto del Estado se
incorporan decisiones fundamentales, en ésta y en otras materias,
para la Hacienda de las comunidades autónomas. Por ello, y hasta la
llegada del Partido Popular al Gobierno, era costumbre, no era norma
de carácter obligatorio -usted sabe que la costumbre forma también
parte de las fuentes del derecho- que se reuniera el Consejo de
Política Fiscal y Financiera para analizar el anteproyecto de
presupuestos. ¿Por qué se ha perdido esta costumbre tan útil y
necesaria? ¿Sabe S.S. que el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
ese que, por otra parte, para algunas cosas, cuando se le invoca, lo
hacen ustedes como si fuera la Biblia o la palabra de Dios revelada a
través de sus decisiones, no se reúne concretamente desde el 27 de
marzo
de 1998, que fue cuando modificaron el sistema para corregir los
problemas que estaban planteando la deficiente evolución del IRPF,
que era la base del modelo? Señorías, lo mismo que ocurre con las
comisiones mixtas de transferencias, que ocurre con el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, ocurre con la Comisión Mixta de
Coordinación de la Gestión Tributaria. Probablemente en este tema me
puede decir: eso no es de mi competencia, es de la competencia del
Ministerio de Economía y Hacienda, con la diferencia de que afecta a
las comunidades autónomas, y usted sabe que todo lo referente a las
autonomías las competencias están a caballo y no están siempre
separadas. Pues bien, según el artículo 2 de su reglamento de
organización y funcionamiento interno su convocatoria es preceptiva
-en este caso sí es preceptiva, no es políticamente correcta, como
sería en el primer caso, o ateniéndose a la costumbre en el segundo,
sino que aquí es preceptiva- y para el año 2000 se modifica, por
ejemplo, la normativa del impuesto sobre el patrimonio.También le
preguntaría, ¿por qué no se ha convocado tampoco esta Comisión Mixta
de Coordinación de la Gestión Tributaria, señor Camps? Espero su
respuesta a estas tres interrogantes que tienen que ver con los
aspectos formales o previos, no relativos al contenido; pero usted ya
sabe que en política, en el Parlamento, la forma condiciona al fondo
y no puede haber separación -seguramente no puede haberla en casi
nada en la vida- entre el fondo y la forma que en la vida política y
parlamentaria están íntimamente unidos y la forma condiciona el
fondo, y si no se han cumplido formas tan importantes como ésta,
vienen después condicionadas las demás. Espero con interés su
respuesta de por qué no se han convocado estos órganos colegiados de
colaboración a los que me he referido, y no le extrañara que a priori
le diga que esto denota una cierta forma de trabajar de su Gobierno,
donde parece que la característica no es precisamente la
transparencia, ni la colaboración interinstitucional, aunque luego se
les llene la boca de estas palabras, pero obras son amores y no
buenas razones, señorías.

Continúo con otra cosa, señor Camps. El método prorrogado que se está
aplicando a las comunidades que no asumieron el modelo, Andalucía,
Extremadura y CastillaLa Mancha, es fruto de una decisión unilateral
y discrecional del Gobierno. No recoge tampoco, ni lo hacía el de
1999, las transferencia producidas a estas comunidades autónomas,
concretamente la enseñanza universitaria. No lo hacía el de 1999 y
tampoco lo hace el del 2000. No recoge las transferencia producidas a
Extremadura y CastillaLa Mancha en materia de enseñanza universitaria
o a justicia en Andalucía, porque luego ya no ha habido más
transferencias; estas comunidades autónomas no tienen ni
transferencia y están pendientes que se les transfiera, como usted
muy bien sabe, la enseñanza no universitaria a estas comunidades
autónomas, aunque tenían que haber estado en junio de ni se sabe qué
año. Pues bien, no aparecen las transferencia producidas a estas
comunidades autónomas, ni las variables sustanciales llevadas a cabo
en el sistema tributario del Estado, ni la cesión de nuevos tributos
a las comunidades autónomas, tramo autonómico. Con ello, desde
nuestro punto de vista, se está contraviniendo el artículo 13.3 de la
Lofca que dice que el porcentaje de participación de cada comunidad
autónoma será objeto de



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revisión en los siguientes supuestos: A) cuando se amplíen o reduzcan
las competencias asumidas por las comunidades autónomas; B) Cuando se
produzca la cesión de nuevos tributos; C) Cuando se lleven a cabo
reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado. Yo le
pregunto: ¿por qué no cumplen tampoco en este aspecto la ley? Le
reitero que es el artículo 13 de la Lofca. ¿Podría decirnos por qué
han modificado el concepto del ITAE? ¿Por qué se han considerado
ingresos impositivos del Estado e incluidos en el ITAE, tanto la
participación que en el IVA tiene la Comunidad Económica Europea,
como sus ingresos específicos? ¿Por qué se ha considerado el IVA en
su integridad y no se han deducido las cotizaciones por tráfico
exterior y cotización, producción y almacenamiento de azúcar, tal y
como se venía haciendo en todas las liquidaciones hasta el ejercicio
de 1996? Una variación del concepto del ITAE da lugar a una variación
de cada uno de los porcentajes de participación de los ingresos del
Estado. Además, es sabido, y usted lo conoce perfectamente, que
cualquier variación en el concepto del ITAE requiere del informe
previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de las
comisiones mixtas de todas las comunidades autónomas de régimen
común. Ninguna de estas cosas se han producido, ¿podría decirnos por
qué? ¿No invocan tanto ustedes, como le decía antes, las decisiones
del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Le reitero, ¿por qué no
lo convocan tampoco en este supuesto?
Otra cosa más evidente, necesaria y precisa, y todas SS.SS. sabrán a
lo que me voy a referir, es la población. ¿Qué pasa con la población?
¿Por qué la población real de 1996 sigue sin ser tenida en cuenta a
la hora de establecer la financiación de las comunidades autónomas?
¿Qué pasa con los 460.000 andaluces que no existen para su Gobierno a
la hora de la financiación autonómica? ¿Por qué bajan, señorías, las
entregas a cuenta? Esta es otra pregunta que, además, de la de la
población le formulo.

Voy a referirme a dos o tres botones de muestras de programas
concretos. En el programa 911.D, otras transferencias a las
comunidades autónomas, aparece como transferencia a Cataluña, y como
coste provisional de la policía autónoma la cantidad de 52.203
millones de pesetas,siendo así que en el presupuesto vigente, en el
de 1999, aparecen para el mismo concepto 24.603 millones de pesetas.

Repito, señorías para que quede claro en el «Diario de Sesiones» que
son de estas cosas que en el presupuesto no aparecen. El año pasado
había 24.603 millones de pesetas; este año 52.203. De 24.000 millones
a 52.203 en una año. ¿Cuál es la base de cálculo que se ha seguido y
por qué se ha incrementado este año de esta forma desorbitada esta
cantidad? ¿Cuántos policías autónomos cree usted que se pueden
contratar con este dinero? ¿Le parece a usted razonable el incremento
brutal que se ha producido en esta partida o es que están ustedes
pagando algún favor político o parlamentario a la Generalitat de
Cataluña? Creo que, si es así, lo deberían ustedes publicitar más en
esta campaña electoral para que los catalanes se sientan satisfechos
del pago que les están ustedes realizando por los favores. Lamento
que en otras comunidades autónomas no vaya a ocurrir lo mismo. Por
eso comprendo, cuando estábamos reformando los estatutos de autonomía
a lo largo de esta legislatura, que todas las comunidades autónomas
quisieran tener policía
autonómica como fuera. Claro, cuando ven estas partidas
presupuestarias destinadas a la policía autonómica pensarían los
pobres que todo el monte es orégano y, mire usted, por donde, estas
cuantías sólo aparecen para la Generalidad de Cataluña, en un
crecimiento desproporcionado que mi grupo no sabe a cuento de qué
viene. Por eso quería que me respondiera a lo que le he preguntado y,
sobre todo, cuál es la base de cálculo que han seguido?
En el programa 513.D, creación de infraestructura de carreteras,
aparece un convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
la construcción de la autovía León-Burgos por un importe de 2.150
millones de pesetas. A los castellano leoneses de mi grupo aquí
presentes les parece bien, que no se vaya a asustar ningún castellano
leonés, nos parece bien; pero es que lleva cuatro años apareciendo la
autovía y quisiéramos saber cuánto va a durar. ¿Tienen alguna
previsión de que la autovía vaya a finalizar o seguirá este convenio
de modo que cada año, al mirar la sección 32, aparecerá el convenio?
¿Se terminará alguna vez? ¿Tiene usted alguna previsión? ¿Sabe algo?
Si no me puede contestar porque no es de su competencia, puede
responderme ulteriormente por escrito, como usted sabe.

Pasamos al fondo de nivelación.




El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, vaya comprimiendo su
intervención.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Llegaron ustedes diciendo: hemos dotado
el fondo de nivelación por primera vez en la historia de España. El
primer año pusieron 10.000 millones de pesetas, después 12.000; hoy,
siguen siendo 12.000. ¿Cuándo van a proponer criterios de reparto de
las cantidades consignadas en el fondo de nivelación? ¿Qué ha pasado
con las cantidades de los años anteriores?
Para las comunidades autónomas, el fondo de nivelación nos parece
como tener un tío en América -dicho vulgarmente-, es decir, no sirve
absolutamente para nada. No son ustedes capaces de fijar los
criterios de reparto y, por tanto, no se ha distribuido ni una sola
peseta. ¿Qué van a hacer con el fondo de nivelación? ¿Por qué vuelven
a aparecer los 12.000 millones? ¿Volverán a jactarse de la dotación
tan importante que tiene el fondo de nivelación, que después se
convierte en nada porque no son capaces de fijar criterios de reparto
y no lo distribuyen? ¿Se va a desviar el fondo de garantía tanto como
en el año 1999? El desvío pasó, en el año 1999, de 2.600 millones
a 30.500 millones. ¿Tienen previsto qué va a pasar con el fondo de
garantía en el año 2000?
Aparece un crédito de 8.200 millones para la Universidad de Madrid.

El acuerdo de la comisión mixta con la Comunidad de Madrid para
transferencias de la universidad fue en noviembre de 1997. ¿Por qué
aparece esta cantidad como transferencia en el presupuesto del 2000?
¿Cuándo piensan acabar con las transferencias a la Comunidad de
Madrid? ¿Por qué mantienen para el fondo los valores de la variable
que utilizaron el año pasado en el Fondo de Compensación
Interterritorial? Sabe usted que, de acuerdo con la Ley del fondo,
tienen que actualizarse los valores de lavariable de acuerdo con los
últimos datos obtenidos.




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Por último, señor Camps, una cuestión de carácter más netamente
político. En los medios de comunicación de Aragón y de Baleares
aparecieron dos noticias este verano: el Partido Popular ofrece
invertir en Aragón 440.000 millones para no perder el Gobierno; lo
mismo para Baleares con la cantidad de 100.000 millones. 440.000
millones para Aragón y 100.000 millones para Baleares, pero las
cantidades, no sabemos por qué, no figuran en el proyecto de
presupuestos, no las encontramos. ¿Podría decirnos en qué partida
presupuestaria figuran los 440.000 millones de Aragón, prometidos por
su partido, y los 100.000 de Baleares? ¿O es que, como han perdido el
Gobierno, piensan que no es necesaria la inversión en estas
comunidades autónomas?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, solicitante
también de la comparecencia, la señora Fernández González tiene la
palabra.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias al señor secretario de
Estado por su comparecencia.

Resulta obvio decir que nos asiste el derecho reglamentario, como
grupo parlamentario en esta Cámara, para solicitar todas aquellas
comparecencias que estimemos oportunas. Desde luego, no intervenimos
por cortesía parlamentaria, lo hacemos por colaborar en el trámite
más importante que se celebra anualmente en la Cámara, cual es el de
los Presupuestos Generales del Estado.

El interés del Grupo Parlamentario Popular es el mismo que el de
otros grupos parlamentarios y no estoy dispuesta a pedir disculpas
por solicitar una comparecencia que trata de ilustrar adecuadamente
el debate parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, en
el que todos los grupos parlamentarios participamos; unos desde la
oposición y otros desde el Gobierno. Ahora, con la benevolencia del
presidente, paso a hacer una intervención lo más comprimida posible
en la que me gustaría poner de manifiesto algunas cuestiones en el
ámbito presupuestario y en el político.




Al repetir argumentos, se trata de que algunos de ellos se conviertan
en verdad por repetidos; este es un buen trámite para que se
clarifiquen esos argumentos. Las comunidades autónomas y los más de
ocho mil ayuntamientos españoles están muy atentos al trámite
parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado y al capítulo
de transferencias y de aportaciones de los mismos que luego van, a
través de las aportaciones mensuales, a las arcas municipales
y ayudan notablemente a la gestión de los intereses públicos y a la
defensa de los intereses generales en ayuntamientos donde las
demandas superan los recursos.

Quiero hacer una serie de reflexiones sobre las que nos interesaría
que el secretario de Estado abundase en su respuesta con más datos y
documentación. Sabemos que este es el primer presupuesto que se
tramita después de un hito importante en el municipalismo español: el
Pacto local. Vemos con satisfacción -y quisiera que el secretario de
Estado incidiese en este aspecto- que las partidas presupuestarias
globales que se destinan a las corporaciones locales por el concepto
de participación en los ingresos del Estado a través de los programas
correspondientes tienen un incremento muy notable, del 8,6 por
ciento, distinguiendo entre lo que son las entregas a cuenta de
municipios y
de diputaciones y cabildo. Nos gustaría conocer los parámetros del
Ministerio para trasladar de forma presupuestaria a los documentos
que estamos estudiando el notable incremento destinado a las
corporaciones locales.

En el mismo capítulo de transferencias, nos parecería muy interesante
desde el punto de vista del discurso y debate político que el
secretario de Estado pusiese de manifiesto el incremento que se
produce en transferencias a comunidades autónomas una vez puesto en
marcha el nuevo modelo de financiación -un año más-.

Nos gustaría tratar también un aspecto muy importante al que se ha
hecho referencia en intervenciones anteriores: el fondo de
nivelación. Frente a presupuestos anteriores - me refiero a
presupuestos socialistas- en los que la partida presupuestaria no
existía, era cero, no sé si es un tío o es un primo pero sí es un
motivo de satisfacción muy especial para nosotros que el fondo de
nivelación haya sido dotado por primera vez por este Gobierno,
primero con 10.000 millones de pesetas y luego con 12.000. Resulta
muy difícil, a mi juicio, repartir la nada. Se podrán hacer mesas y
convenir participaciones entre el Estado y las comunidades autónomas,
pero sentarse a una mesa con una partida presupuestaria cero debe ser
la cuadratura del círculo. Creo que es mucho más estimulante, desde
el punto de vista presupuestario, tener una partida con dotación que
permita sobre esa base establecer los criterios, siempre de común
acuerdo, para llevar a cabo el reparto.

Hablando de aportaciones y reparto, me gustaría que el secretario de
Estado tratase un capítulo concreto. Sabemos que en estas
comparecencias existe tradicionalmente una relación entre este
Ministerio y el de Economía y Hacienda, por razones evidentes. Nos
gustaría que se ilustrase el debate sobre el incremento importante
-una tasa de variación del 2 por ciento- del Fondo de Compensación
Interterritorial. Una comunidad autónoma que destaca por encima del
promedio es la de Asturias, que tiene un incremento superior dentro
del promedio general del 2 por ciento.

Me gustaría incidir respecto a algún apartado sobre el que no se ha
hecho referencia. El secretario de Estado y SS.SS. saben que existe
la posibilidad de nuevas actuaciones en el ámbito de la programación
presupuestaria a través de los fondos estructurales comunitarios.

Esto, desde el punto de vista de las corporaciones locales, es un
aspecto interesante en el plano de la financiación e importante en el
de la programación. Es verdad que en el propio proyecto
presupuestario se establece una previsión para el período 2000-2006
ya que, como todos sabemos, está pendiente la aprobación por parte de
la Unión Europea del plan de desarrollo regional de España y, por
tanto, de los programas marco de apoyo comunitario. Me gustaría que
se concretase dicha previsión para esta financiación europea una vez
que el mecanismo comunitario apruebe el plan de desarrollo regional
de España.

Me gustaría también, y con ello voy finalizando, que se pusiese de
manifiesto por parte del secretario de Estado algunos aspectos a los
que aquí se han hecho referencia y que personalmente encontramos que
se da respuesta en el propio proyecto presupuestario, pero quizás nos
ha llevado a algún equívoco la lectura del mismo. Me estoy refiriendo
al programa 912.B, un programa tradicionalmente discutido en estas
comparecencias y que es el de cooperación económica



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local del Estado. A mí me gustaría, porque así se dice en el
proyecto, que el secretario de Estado nos comentase a través de los
parámetros de la encuesta de infraestructura y de equipamiento local,
que es el instrumento objetivo de análisis y de valoración de
necesidades, qué consecuencias presupuestarias se han derivado de los
análisis objetivos basados en esta encuesta de infraestructura y de
equipamiento local que data de 1997.

En definitiva, esas serían las preguntas que nosotros formularíamos
en esta comparecencia presupuestaria para seguir avanzando en este
trámite denso pero a la vez apasionante de los Presupuestos Generales
del Estado y de la incidencia muy positiva que tiene en este caso en
los ayuntamientos españoles, en las comunidades autónomas y en los
instrumentos de colaboración y de cooperación entre las diversas
administraciones. Hemos estudiado también con mucha atención todos
los programas, todos los estudios, todos los análisis y mesas de
seguimiento que tienden a ese objetivo final de la colaboración
interadministrativa y, con permiso de la señora Rubiales, el Grupo
Parlamentario Popular muestra su satisfacción por el proyecto
presupuestario que se refiere al Ministerio de Administraciones
Públicas y específicamente en lo relativo a la parcela que le
corresponde liderar al secretario de Estado, al que le damos las
gracias de antemano por sus explicaciones y su comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Señorías, aunque no es este el turno
correspondiente que había previsto la Mesa, voy a dar la palabra al
representante de Convergència i Unió, en atención a que están
funcionando en esta Cámara la Comisión de Presupuestos y algunas
otras más esta mañana.

Así pues, por un tiempo breve, el señor Jané i Guasch tiene la
palabra.




El señor JANÉ I GUASCH: Doy las gracias al secretario de Estado por
su comparecencia hoy aquí. Mi intervención obedece meramente a hacer
algún comentario sobre el incremento de dotaciones que en el ámbito
de la policía autonómica está prevista para el ejercicio del año
2000.

El representante del Grupo Socialista alertaba de un crecimiento que
consideraba que quizá obedecía a algún tipo de favor político, al
pasar las partidas de 24.000 a 52.000 millones. Quería que constase
hoy en el «Diario de Sesiones» que esto obedece al cumplimiento de
una ley orgánica que hemos aprobado en este Parlamento. Este
Parlamento aprobó una ley orgánica de transferencia a la comunidad
catalana de una competencia que no tenía, y en esa ley orgánica, que
se aprobó por unanimidad, acordamos un calendario de despliegue de
los Mossos d’Esquadra, policía autonómica catalana, en el ámbito de
la comunidad catalana. En ese calendario que se hizo queda aún
pendiente de desarrollo el despliegue de la policía autonómica en
Barcelona, que es donde más territorio hay, donde más edificios,
infraestructuras, dotaciones, personal, habrá que dotar, y queda
pendiente gran parte de su despliegue en Tarragona. Por tanto, ese
aumento no es ningún favor político, es el cumplimiento de una ley
orgánica aprobada por estas Cortes Generales y quería que constase
así.

Nos duele que haya siempre una especie de reticencia cada vez que
aumentan partidas para Cataluña, cuando ésta
en estos presupuestos recibe del Estado en su conjunto mucho menos de
lo que aporta, de lo que en justicia le corresponde por el nivel de
población y de desarrollo de gran parte de ésta. Sólo quería hacer
esta precisión, le doy las gracias al señor presidente por darme la
palabra.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Camps Ortiz): Señorías, en primer lugar contestaré al primero de los
dos portavoces del Grupo Socialista, al señor González Revenga, que
se ha centrado en aquellas partes del presupuesto que más
directamente tienen relación con la Secretaría de Estado. Ha hecho
referencia a una disminución en una de las partidas de gasto de
personal de una de las secciones y al aumento que se ha producido en
otro de los programas debido a las direcciones generales en las que
está dividida la Secretaría de Estado: de la Administración local
y de la Administración autonómica.

La pregunta que usted me ha hecho sobre la relación de puestos de
trabajo de funcionarios que hay en la Secretaría de Estado, es la de
la RPT del gabinete de secretaría de siete puestos dotados
presupuestariamente. En la RPT de la Dirección General de la
Administración local hay 121 puestos y en la RPT de la Dirección
General de Administración Autonómica hay 87. Se ha creído oportuno,
según se ha propuesto por la subsecretaría, que esta modificación se
verificase en los presupuestos del año 2000 para un mejor seguimiento
del gasto. Se ha pretendido, en lo que correspondía a los gastos del
capítulo 2, la contención que usted ha comentado y ha mencionado en
su intervención. Básicamente esa es la cuestión que ha habido de
modificación en cuanto a gastos de personal.

El programa fundamentalmente, el de cooperación económica local del
Estado, recoge un aumento importante en relación con presupuestos
anteriores. Quisiera decirles que esa cooperación económica del
Estado con las corporaciones locales basa su reparto en unos
criterios objetivos previstos e informados por la Comisión Nacional
de Administración Local. Se priorizan servicios y sectores en los que
se acuerda esa participación mediante una modulación de ayudas de
acuerdo con esas prioridades establecidas. Ese programa facilita para
las entidades locales la inclusión de proyectos que también se
cofinancian a través de los fondos estructurales de la Unión Europea.

La dotación total de este programa 912.B es de algo más de 26.000
millones de pesetas y se incrementa el 5,8 por ciento. El capítulo 7
de ese programa, que es el importante, tiene unos aumentos
porcentuales en relación al plan de obras y servicios para Cataluña
que, como ustedes saben, recibe esta transferencia directamente de la
Generalitat de Cataluña, no así como el resto de los territorios
autonómicos, que son las propias diputaciones provinciales, los
cabildos o las comunidades autónomas uniprovinciales, que crece el
6,5 por ciento y el resto de los planes provinciales crecen hasta un
5 por ciento en su totalidad. Si descontamos lo que han sido hasta
ahora los planes de actuación especial que van disminuyendo por
decisión no sólo de Gobierno sino también de la Federación Española
de Municipios y Provincias y vamos



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transfiriendo, que es lo que se está haciendo, esas partidas a la
cooperación económica local pura, el aumento previsto para este año
es de casi el 12 por ciento y son más de 25.000 millones de pesetas
con los que se va a dotar esa transferencia a las diputaciones
provinciales, a los cabildos y a las comunidades autónomas
uniprovinciales. Es la mayor cantidad nunca prevista en los
presupuestos para este tipo de cooperación y hemos establecido un
tope mínimo del 6,5 por ciento en razón del crecimiento de las
partidas presupuestarias que inciden en las inversiones y en el
aumento de los sectores productivos de los Presupuestos Generales del
Estado; un tope mínimo del 6,5 por ciento, que es el que ya les he
comentado en el caso de Cataluña, y un tope máximo que se establecerá
en consuno? con la Federación Española de Municipios y Provincias y
con la Comisión Nacional de Corporaciones Locales en el interés de ir
buscando en un plazo relativamente corto, dos o tres años, una
aplicación casi objetiva directamente por los parámetros estipulados
en esa propuesta pactada con la Federación Española de Municipios y
Provincias de las dotaciones que anualmente se vayan previendo para
este programa, para la cooperación económica local.

Es un programa realmente importante no sólo por la dotación
presupuestaria de la que parte en los Presupuestos Generales del
Estado sino porque se multiplica prácticamente por cuatro cuando se
suma a esta aportación del Estado las aportaciones de las
diputaciones provinciales y de los propios ayuntamientos. Le diré que
los porceentajes de inversión son los siguientes: carreteras, un 24
por ciento; abastecimiento de aguas, un 14 por ciento; pavimentación
y urbanización, un 33 por ciento, y saneamiento, un 11 por ciento.

Estos son los objetivos de inversión que más favorecidos se ven por
este programa, por esta cooperación económica del Estado con las
corporaciones locales. La aportación que hace el Estado es del 23 por
ciento, el 27 por ciento lo aportan las diputaciones y el 27 por
ciento es de los ayuntamientos; las comunidades autónomas hacen una
aportación de un 5 por ciento, a lo que hay que sumar las ayudas
comunitarias que suman un 13 por ciento. La suma total es de más de
100.000 millones de pesetas de inversión en infraestructuras básicas
en las corporaciones locales en España para mejorar fundamentalmente
la infraestructura de los municipios de menos de 5.000 habitantes. En
cuanto al número de habitantes por municipio que ven que estas
inversiones se realizan, también le diré que no sólo se apuesta
decididamente por los municipios de menos de 50.000 habitantes sino
que, dentro de ellos, los más pequeños, los de menos de 5.000
habitantes son los que porcentualmente más inversiones reciben. El 45
por ciento de los municipios que reciben este tipo de inversiones,
tinen menos de 5.000 habitantes, por tanto estamos hablando de un
proyecto que claramente tiene una finalidad de apoyo a los pequeños
municipios, tan necesitados de este tipo de inversiones y de
transferencias por parte del Estado. Este proyecto de transferencia
de subvenciones para inversiones en infraestructura básica de
municipios no sólo significa la suma de la coordinación y el esfuerzo
entre distintas administraciones para efectuar este tipo de
inversiones sino que tanto por los capítulos hacia los que tienden
estas inversiones (saneamiento, carreteras, infraestructuras básicas)
como por el tamaño de los municipios, los de menos de 50.000 habitantes
y básicamente los de menos de 5.000 habitantes, este programa
cumple especialmente con el proyecto de vertebración y de apoyo al
pequeño municipio en todo el territorio nacional.

En cuanto a las cuestiones que me ha planteado la señora Rubiales,
preguntas mucho más concretas en relación con la financiación de las
comunidades autónomas y otras relativas a algunas partidas muy
singulares, si le parece le contestaré primero a estas cuestiones
puntuales y luego iré al planteamiento general del modelo de
financiación que también ha dejado entrever claramente en su
exposición.

Respecto a la autovía León-Burgos, está previsto para el año 2003 la
última transferencia para ese convenio que se firmó entre la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Administración general del
Estado.

En cuanto a la policía autonómica de Cataluña, efectivamente, como ha
dejado traslucir, no hay el más mínimo pacto que no sea esa ley de
transferencias aprobada en estas Cortes Generales de la policía
autonómica a Cataluña, por tanto está todo perfectamente previsto y
acordado previamente.




Por lo que se refiere al dinero que se destina a la Universidad de
Madrid, he de decirle que es un acuerdo que compromete a la
Administración general del Estado por cuatro años para hacer frente a
algunos deudas importantes que tenía esta universidad con el Estado.

En cualquier caso, se trata también de un pacto establecido en la
comisión mixta correspondiente cuando esta competencia fue
transferida a la Comunidad de Madrid.

En relación a las comisiones mixtas que no se han celebrado para
intentar negociar con las comunidades autónomas que no aceptaron el
modelo de financiación, el que éstas definitivamente sí lo aceptasen,
he de decirle que las conversaciones con las comunidades autónomas de
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura son constantes. He tenido
oportunidad de reunirme otra vez, en el mes de septiembre, con los
consejeros de Presidencia de estas tres comunidades autónomas y le
puedo asegurar que en esas reuniones se ha vuelto a plantear
nuevamente el interés por parte del Gobierno central de que asuman
como financiación el modelo que tienen la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas en España. Por dos motivos, en primer lugar,
porque nos parece que el no modelo siempre es peor que el modelo, y
en segundo lugar porque este modelo es el mejor posible, desde luego
mucho mejor que el que había anteriormente, como así lo demuestra la
cantidad de dinero que en estos momentos se está transfiriendo a las
comunidades autónomas que optaron por este modelo de financiación,
que supera en mucho el modelo anterior, el modelo de la etapa
socialista, que da seguridad para la suficiencia financiera de las
competencias que tienen las comunidades autónomas y que prevé unos
ingresos ciertos que permite a las comunidades autónomas seguir
planificando su política económica y presupuestaria. Desde luego, a
las comunidades autónomas que han preferido no tener ningún tipo de
modelo yo creo que les genera inseguridad en la planificación
económica y presupuestaria, cuando además, desgraciadamente, sabemos
que la no aceptación de este modelo nuevo de financiación, que es
mucho más favorable a las comunidades autónomas, se realiza por
cuestionesestrictamente partidistas, perjudicando claramente a los



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ciudadanos de esas tres comunidades. La situación, al menos
políticamente, se agrava tanto como es de gravoso para estas
comunidades autónomas el que no hayan aceptado este modelo de
financiación. El método que se les ha propuesto, a través del cual se
les transfiere cada año las transferencias subsiguientes para que
puedan hacer frente a las competencias transferidas en su momento, es
un método que se ha establecido porque, como usted sabe, esas
comunidades autónomas no aceptaron el nuevo modelo ni aceptaron la
prórroga del método anterior, un método que establece una
transferencia en función de la previsión de crecimiento del PIB y que
supone que se les transfiera mucho menos, como ustedes también saben
por datos que se han repetido hasta la saciedad, que si hubiesen
aceptado el modelo. Por tanto, los ciudadanos andaluces a los que
usted apelaba y los ciudadanos de Castilla-La Mancha y de Extremadura
con quienes realmente tienen que estar seriamente enfadados es con
sus gobiernos autónomos que, de forma caprichosa, han decidido no
apostar por el modelo de financiación que, como digo, es un modelo
que claramente transfiere mucho más dinero y además de manera
previsible, cierta y objetiva a las comunidades autónomas para el
desarrollo de las competencias transferidas en su momento.

Respecto a si en Aragón o en Baleares, en razón de los pactos que en
principio estaban previstos y que luego no se han realizado, no están
previstas las inversiones correspondientes, no es posiblemente esta
comparecencia el momento más adecuado para hablar de las inversiones
en infraestructuras. Hay otras comisiones que seguramente tratarán de
este tema, pero sí le puedo decir que, como todos ustedes saben, hay
un convenio con Baleares cuya cantidad posiblemente supera algunas de
las cifras que usted ha comentado para inversiones en
infraestructuras y que desde luego, independientemente del color
político, se van a seguir desarrollando en los próximos años.

Nosotros, aunque cambie el color político de las comunidades
autónomas correspondientes, seguimos creyendo que son las
instituciones los lugares de relación y que son los ciudadanos los
beneficarios últimos de cualquier tipo de política, sea de
transferencia o modelo de financiación, sea de inversiones, no a lo
mejor lo que subyace de sus palabras en relación a posiciones
políticas distintas. En el caso de Aragón no sabría cifrarle
exactamente la inversión que está prevista en alta velocidad, pero le
puedo asegurar que las inversiones son multimillonarias en el
territorio de la comunidad de Aragón. Posiblemente haya otro tipo de
inversiones previstas para la Comunidad Autónoma de Aragón pero el
tren de alta velocidad se va a seguir construyendo,
independientemente del gobierno autónomo y del color político que
tenga la responsabilidad de la Diputación General de Aragón.

A la señora Fernández he de decirle que efectivamente tenemos un
modelo de financiación cierto para las comunidades autónomas y
tenemos un modelo de financiación cierto para las corporaciones
locales. Creo que esos son los dos grandes objetivos conseguidos
durante esta legislatura, no sólo porque prevé más dinero cada año
para las corporaciones locales y las haciendas autonómicas sino
porque es un sistema cierto, pactado y consensuado que hace que los
consejeros de Hacienda o los concejales de Hacienda en el
caso de las corporaciones locales tengan una previsión no caprichosa
o arbitraria de los ingresos que van a recibir en los próximos años
para seguir planificando económica y financieramente sus territorios,
ya sea el territorio autonómico, ya sea el territorio municipal.

Efectivamente, la asignación de nivelación está encima de la mesa. La
señora Rubiales nos ha dicho que esos 12.000 millones de pesetas no
se gastan y por ello no tiene sentido ponerlo en los presupuestos.

Estoy convencido que si no estuviesen nos dirían que al no estar en
los presupuestos difícilmente vamos a negociar nada. Este Gobierno
del Partido Popular es el primer gobierno de España que ha dotado esa
asignación de nivelación con 12.000 millones de pesetas y por tanto
se puede sentar en la mesa con las comunidades autónomas con algo que
proponer desde el punto de vista económico, con algo que ofrecer en
cuanto a transferencias para ese tipo de asignación de nivelación. Al
menos tenemos una cantidad cierta sobre la que se puede trabajar o
valorar qué cuestiones y qué servicios son los que deberíamos nivelar
en cuanto a las líneas de prestación en cada una de las comunidades
autónomas.

En cuanto al fondo de compensación, efectivamente crece un 2 por
ciento, dentro de los márgenes previstos en la ley. El reparto es
objetivo y a las comunidades autónomas del Objetivo 1 les llegará un
incremento del 2 por ciento en función del reparto del mismo y de lo
que establece la ley, según figura recogido en los presupuestos.

Señor Revenga, en cuanto tengamos el acuerdo del tope máximo de la
cooperación económica local con la Comisión nacional de corporaciones
locales tendremos la oportunidad de establecer definitivamente las
cantidades que van a cada una de las provincias o comunidades
autónomas de España y haremos llegar la relación al Parlamento y a
usted personalmente, provincia por provincia, de las cantidades
previstas para el año que viene. El tope mínimo está establecido en
el 6,5 por ciento. Hemos ido rebajando esa horquilla sustancialmente
para intentar llegar el año 2003 y que no haya topes máximos y
mínimos. Creemos que en ese momento se podrán establecer directamente
los criterios objetivos previstos de manera que no haya disfunciones
en el reparto entre cada una de las administraciones subvencionadas
y, en definitiva, tendremos la oportunidad de seguir aplicando
criterios objetivos, como estamos haciéndolo en los demás modelos de
financiacion, tanto en el autonómico como en el de las corporaciones
locales.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Señor presidente, intervengo muy
brevemente para hacer mención a dos cuestiones muy puntuales a partir
de las palabras del señor secretario de Estado.

Le agradezco sus explicaciones, pero en el caso del programa 124.A,
referido a los temas de personal, la respuesta no es suficiente en el
sentido de decir que ha sido una instrucción desde la Subsecretaría
que se dé ese cambio. En el presupuesto de 1999 había un importante
aumento en el capítulo de personal, programa 124.A, que se detraía
del 912, y este año se ha vuelto como un calcetín, ha pasado



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justo lo contrario. La pregunta es qué ha pasado para que se den esas
instrucciones, si es que no ha funcionado el modelo. Muy sencillo.

En cuanto al otro programa, el 912.B, se han hecho afirmaciones en el
sentido de que la cooperación económica local del Estado ha aumentado
un 5,8 por ciento. Lo que ha pasado es que del año pasado a este han
bajado un punto las transferencias de capital a las corporaciones
locales. Esto me parece muy grave porque ya eran muy bajas,
concretamente en 1999 para el 6,02 por ciento y este año han pasado
al 5,01 por ciento. El aumento ha sido de 1.237 millones en total, de
los cuales 197 millones van a la Generalitat de Cataluña y 1.039 al
resto de corporaciones locales, en un porcentaje del 6,5 para la
Generalitat y del 4,8 para las corporaciones locales. Creo que es
absolutamente insuficiente y que se sigue la tónica que comenzó el
Partido Popular desde el Gobierno en 1997 de bajar las aportaciones
o prácticamente congelarlas. Este año, lamentablemente, ha bajado un
punto en las transferencias de capital, no en el conjunto del
programa 912, que es dato que ha dado usted (5,8 por ciento), pero
surge como consecuencia de la diferencia entre el dato que yo he dado
y el que ha dado usted, de la suma de esos 214 millones de pesetas
que han ido al capítulo 12, de funcionarios.




El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Señoría, desde que gobierna el Partido
Popular -ya lo dije el año pasado en mi intervención en Pleno y en
presupuestos- han hecho ustedes del debate de presupuestos un mero
trámite, cualquier cosa menos algo denso y apasionante, como ha dicho
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y a la prueba de esta
comparecencia me remito. Es al primera vez en esta legislatura que
una comparecencia transcurre con esta pena y con tan poca gloria en
todos los años que llevo aquí. Nadie le había pedido disculpas,
señora Fernández, por nada; había dicho lo que resultaba normal y
tradicional en este tipo de comparecencias. Es evidente que usted
tiene todos los derechos y por tanto no tiene que pedir ninguna
disculpa.

Respecto al fondo de nivelación, por empezar con algo a lo que
también se ha referido la señora Fernández, que, como ella dice, por
lo menos está dotado, sí, está dotado, pero no se reparte, y lo que
nosotros pedimos es que fijen ustedes los criterios de reparto porque
si ustedes dotan el fondo año tras año y el fondo no se reparte, ya
me contarán para qué sirve. Dice que más vale que exista a que no
exista nada. Muy bien, más vale que exista a que no exista nada; es
estupendo, les reconocemos que ustedes lo han dotado y que existe,
pero no dejarán de reconocer que está muy dotado y que existe, pero
que son ustedes incapaces de repartirlo, con lo cual es exactamente
igual que si no existiera, porque no se reparte y por tanto las
comunidades autónomas no reciben ni una sola cantidad del mismo. En
una respuesta escrita que me acaban de formular respecto al no
reconocimiento de la deuda histórica para Andalucía y Extremadura, el
Ministerio de Economía y Hacienda dice que son los fondos de
nivelación los que vienen a cubrir -desde el punto de vista del
Ministerio, no desde el de mi grupo, que no lo comparte- este
concepto. Si el fondo de
nivelación no se reparte -y ustedes tienen capacidad política para
fijar con las comunidades autónomas los criterios de reparto-, es
igual que pongan 12.000 millones, como si quieren poner 200.000. ¿Que
hay posibilidades para repartir? Sin duda, y eso es lo que queremos
saber, cuándo se va a repartir y qué criterios de reparto van ustedes
a fijar.

La intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que está en la Comisión, sólo ha sido para
responderme a mí. Yo digo que ya quisieran otras comunidades
autónomas tener una ley orgánica que dotara a las policías
autonómicas de la misma manera con que se ha dotado a la de la
Generalitat de Cataluña. Me parece estupendo, pero quiero ponerlo de
relieve, porque no me negarán SS.SS. que pasar de 24.000 a 52.000
millones una partida presupuestaria es algo que sorprende y merece la
pena ponerlo de relieve en una comparecencia que es justamente para
hacer referencia a datos que llaman la atención. Este dato llama la
atención de mi grupo, la atención del resto de las comunidades
autónomas y estoy segura de que también llamará la atención de la
Policía Nacional, porque si viéramos la dotación -nos vamos a
abstener de hacerlo aquí, no tenemos por qué hablar de ella- de la
Policía Nacional con la de la Policía autónoma de Cataluña,
simplemente no deja de llamar la atención.

Me alegro mucho de que la autovía León-Burgos tenga fijado el plazo.

¿Cuál es la deuda de la Universidad de Madrid? Debe ser importante,
dada la cuantía que viene arrastrándose. A continuación me habla de
las comisiones mixtas y me dice que hay conversaciones constantes.

Debe haberlas constantemente, estoy segura, pero reuniones, cero, y
acuerdos, cero. No voy a hablar del modelo porque he dicho que no lo
iba a hacer hoy por no ser el día apropiado, pero sin duda es malo.

Usted dice que es bueno y que pierden mucho las comunidades
autónomas. Es malo y lo han dicho así desde Pujol, que es quien lo
hizo inicialmente con el acuerdo de Gobierno, hasta Zaplana, pasando
por muchos otros políticos y expertos, pero no voy a hablar de ello
en el día de hoy.

Han adoptado ustedes la prórroga del modelo, para las comunidades
autónomas que no lo aceptaron, de manera unilateral y discrecional.

Dice que están perdiendo muchísimo dinero y que los ciudadanos no
deben de estar muy contentos. Mire usted, los ciudadanos tienen
varias formas de manifestar el contento o el descontento, si lo
tienen, con su comunidad autónoma o con el Gobierno de la misma. Creo
que la forma más importante, más clara y más rotunda de expresar el
contento o el descontento con un Gobierno autonómico son las
elecciones. Acaba de haber elecciones autónomicas en el mes de junio
y, mire usted por donde, los ciudadanos de Extremadura y de Castilla-
La Mancha, que son dos de las comunidades que no aceptaron el modelo,
han vuelto a dar la mayoría absoluta a los gobiernos de Castilla-La
Mancha y de Extremadura a pesar de que habían hecho esto que ustedes
dicen que es un disparate, la no aceptación del modelo. Ahí tenemos
las elecciones andaluzas y no voy a adelantar acontecimientos, pero
no parece, se lo aseguro yo, que conozco muy bien mi tierra,
Andalucía, que los ciudadanos andaluces estén precisamente muy
satisfechos con lo que está ocurriendo, con el tema de la
financiación autonómica. No parece que, por más anuncios electorales
que figuren en los medios de



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comunicación, estén muy satisfechos. Esperemos que esas partidas que
usted dice de las inversiones para Aragón y Baleares sean ciertas,
que aparezcan en otros lugares, pero yo tengo aquí los datos de
Baleares, no tengo los de Aragón, y la inversión total en las Islas
Baleares decrece en un 14,05 por ciento , la de Aragón no lo sé, pero
efectivamente esto corresponde a otra Comisión. Yo espero que sea
cierto lo que usted dice de que no discriminan por el color político
y que le van a dar a Aragón los 440.000 millones que le prometieron y
a Baleares los 100.000 millones, a pesar de que hayan ustedes perdido
el Gobierno en esa comunidad. No tengo por qué dudar de su palabra,
pero lo comprobaremos en ulteriores trámites parlamentarios.

Por último, señor Camps, termino diciéndole que lo siento, pero no ha
contestado usted a algunas de las preguntas que le he formulado, que
se las reitero muy rápidamente, por si me las puede contestar en la
réplica y, si no, para que, si puede, me las mande posteriormente. En
algunas puede que usted me diga que no son de su competencia, que son
de la competencia del Ministerio de Economía y Hacienda ,y a él con
mucho gusto me remitiré por cualquier otro trámite parlamentario de
los que disponemos, pregunta oral o escrita o solicitud de
información. No me ha contestado usted a por qué no se convoca el
Consejo de Política Fiscal y Financiera desde marzo de 1998. No me ha
contestado usted a por qué se ha modificado el concepto del ITAE. No
ha contestado usted al no reconocimiento de la población. No ha dicho
ni una palabra del reconocimiento de la población, señor Camps. Cómo
me voy a ir tranquila sin que me diga usted algo del reconocimiento
de la población, para que le pueda yo decir a los andaluces: pues
nada, siguen diciendo que los 460.000 que existen de más, para el
Gobierno siguen sin existir. Con esa explicación, la que usted me
quiera dar, yo estaba brindándole una oportunidad para ver si hoy era
capaz de darme una nueva idea.

No me ha dicho nada respecto a las previsiones sobre el desvío del
fondo de garantía y no me ha dicho por qué bajan las entregas a
cuenta a las comunidades autónomas. Por último, respecto sobre el
Fondo de Compensación Interterritorial tampoco me ha contestado.

Simplemente quiero decirle que el fondo, que se regula por su ley,
dice que la cuantía global se fija con un porcentaje que se determina
en los Presupuestos Generales del Estado aplicando una base de
cálculo. Esta base de cálculo es el resultado de multiplicar la
inversión real civil nueva de los Presupuestos Generales del Estado
por la proporción que representan las comunidades autónomas
beneficiarias en población y renta per capita sobre el total de
España. La distribución se realiza en base a un conjunto de
variables, población, saldo migratorio, paro, superficie, dispersión
de la población y renta per capita. Se utiliza la media de los cinco
últimos años disponibles, etcétera.

Sin embargo, en estos presupuestos ustedes utilizan datos de
población de 1996, en vez de 1997 y del paro de 1998 y no los de
1999, cuando ya existen y están disponibles, puesto que ya los
utiliza la EPA. Le he preguntado por qué utilizan ustedes estos
valores y no utilizan los valores actualizados para la composición de
las cantidades recogidas en el Fondo de Compensación
Interterritorial. Tampoco me dicho usted una palabra de esto, y ya
que esta comparecencia ha sido tan absolutamente apasionante,
espero que termine por lo menos contestando a las simples y modestas
preguntas que esta portavoz le ha hecho.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Camps Ortiz): En relación a los capítulos de gasto de personal de
los programas, tal y como usted estaba comentando, se trata de una
cuestión de ajuste estrictamente técnico. Se prevé que se puede
llegar mejor a una eficacia de la gestión de esos capítulos de la
manera en que se propone para los presupuestos del año 2000. Se trata
de una cuestión absolutamente técnica y posiblemente poco
apasionante, pero esa es la realidad en cuanto a la previsión para
los presupuestos del año 2000, por el número de funcionarios y por el
reparto que hay entre las dos direcciones generales.

Respecto a la cooperación económica local quiero decirle lo mismo que
le he comentado en mi primera intervención. El 2000 es el año en que
más dinero se va a disponer para la cooperación económica local,
25.686 millones de pesetas. Nunca en la historia de los Presupuestos
Generales del Estado se había previsto esta cifra para transferir a
las diputaciones provinciales, a las comunidades autónomas
uniprovinciales, cabildos, etcétera, esta cantidad de dinero, para
que ellas dispongan, en función de los criterios de reparto, de las
inversiones que tienen que realizar. Digamos que es una transferencia
no condicionada, a diferencia de aquellos planes de actuación
especial que vienen desde los años setenta y que estamos haciendo
desaparecer paulatinamente. Por tanto, crece el 8,34 por ciento el
dinero que se destina a las diputaciones provinciales, a las
comunidades autónomas uniprovinciales, a los cabildos, repito, para
que hagan esos proyectos de inversión en infraestructura básica, como
le he dicho también, en los municipios más pequeños de España, el
cuarenta y tantos por ciento de los municipios es de menos de 5.000
habitantes, y la gran mayoría de los municipios está por debajo de
los 50.000 habitantes. Eso, sumado al porcentaje de participación y
de subvenciones de las comunidades autónomas , de las propias
diputaciones provinciales, de los fondos de los ayuntamientos, hace
que se supere largamente los 100.000 millones de pesetas el dinero
que se destina a la inversión en esta infraestructura básica, a lo
que hay que añadir cerca de 5.000 millones de pesetas previstos en
los Presupuestos Generales del Estado, que se sumarán a los 42.000
millones de pesetas de fondos Feder previstos para el año que viene,
con lo cual la cantidad de dinero que se destina a este tipo de
inversiones es importante, no sólo por el destino en sí mismo, sino
también por la formulación de reparto que se establece, que, como le
he dicho antes, estamos intentando acortar la horquilla de topes
mínimos y máximos para que el planteamiento de reparto sea lo más
objetivo posible, dentro de los criterios de población, dispersión,
paro, etcétera, previstos en la tabla consensuada con la Federación
Española de Municipios y Provincias en su momento por el Gobierno
central. En cualquier caso, quiero decirle que efectivamente hay más
dinero que nunca para este tipo de inversiones y que tenemos la
intención de seguir aumentando esa cifra, pero creo que todos
aquellos que tenemos algún tipo de sensibilidad hacia el mundo local
tenemos que estar contentos,



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porque no sólo aumenta sino que lo hace significativamente el dinero
que se transfiere a estas administraciones locales para las
inversiones en estas cuestiones tan absolutamente fundamentales y
básicas.

En cuanto a la intervención de la señora Rubiales quiero decirle que
posiblemente lo que ya no apasiona es estar permanentemente diciendo
las mismas cosas cuando ya nadie, por reiteradas que sean las cosas
que ustedes dicen, se las cree. Nadie se cree que los que no
acordaron el modelo de financiación hicieron bien. Nadie se cree que
no estén en estos momentos perjudicadas las sociedades andaluza,
castellano-manchega y extremeña por el capricho partidario de no
asumir un modelo que en estos momentos tiene la gran mayoría de las
comunidades autónomas.

Le recuerdo, señora Rubiales, que por suerte para ustedes usted, ya
no representa sólo a tres comunidades autónomas permanentemente en
este Congreso de los Diputados, sino que hay otras comunidades
autónomas también gobernadas por compañeros suyos que en estos
momentos siguen con el modelo de financiación, y estoy completamente
convencido de que si usted fuese a decirles que se saliese del modelo
les dirían que no. ¿Y por qué les dirían que no? Les dirían que no
porque el crecimiento medio de las transferencias por el modelo de
financiación a las comunidades autónomas en España ha aumentado en
estos cuatro años el 32,57 por ciento, mientras que en aquellas
comunidades autónomas que no han aceptado el modelo, que no tienen
previsión cierta para poder programar económica y financieramente sus
comunidades autónoma, que están recibiendo el dinero por debajo de lo
que podrían estar recibiéndolo -y eso si que es un castigo tremendo
para los ciudadanos de estas tres comunidades autónomas, que no
tienen ningún tipo de culpa en este capricho de los gobernantes-, la
media de aumento de transferencias para la financiación está en un 25
por ciento, es decir, siete puntos porcentuales por debajo de la
media de lo que reciben las comunidades autónomas que aceptaron un
modelo que no sólo es el mejor posible sino que es un modelo, y
siempre es mejor tener un modelo de financiación cierto, previsible,
de negociación y de consenso, que no estar en ninguno. En cualquier
caso, el Estado sigue -la responsabilidad del Gobierno central en
este caso se demuestra claramente- haciendo esas entregas a cuenta a
las comunidades autónomas que han decidido no estar en ningún tipo de
modelo, perdidos en discursos que nada tienen que ver con la realidad
de lo que tiene que ser la certeza y la previsión de los gastos para
hacer frente a las importantísimas competencias que tienen las tres
comunidades autónomas que hemos comentado.

Respecto de la transferencia en educación universitaria, que usted ha
dejado entrever en su primera intervención, en relación con las
comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura, tengo que
decirles que la voluntad política del Gobierno sigue siendo la misma,
la de la transferencia inmediata de estas competencias. Nos estamos
poniendo de acuerdo en cuanto al coste efectivo y espero que en breve
tengamos la oportunidad de poder realizar esas transferencias, así
como con el Principado de Asturias, con lo cual el objetivo de la
transferencia de la educación universitaria durante esta legislatura
se vería ampliamente cumplido .

También ha hecho referencia a que las comunidades autónomas que han
aceptado el modelo han recibido menos ingresos por transferencias.

Está prevista una menor transferencia que el año pasado, algo así
como lo que dijo un compañero suyo en el Senado la semana pasada. (La
señora Rubiales Torrejón: Yo no he dicho eso.) He escuchado de S.S.

-creo- hablar de esta menor transferencia prevista de entregas a
cuenta para el año que viene. Estoy convencido de que lo he
escuchado, pero por si no lo ha dicho, le comentaré, para que no haya
la más mínima duda, que cuando ustedes hablan de las entregas a
cuenta no sólo hay que hablar de la PIR sino también de la PIG y, en
este caso, las entregas a cuenta de la participación en los ingresos
del Estado aumentan considerablemente. En cualquier caso, para las
comunidades autónomas que han aceptado el modelo, la PIR junto con la
TIR aumentará como mínimo lo que aumente el PIB nominal y, por tanto,
tienen garantizado como mínimo lo que como máximo reciben las
comunidades autónomas en este tramo de transferencias, lo que tienen
las comunidades autónomas que han aceptado el modelo. Además, la
parte más importante de transferencias, que es la participación en
los ingresos del Estado, crecerá a los ITAE previstos según los
Presupuestos Generales del Estado, a más del 9 por ciento, lo que
hace clarísima la previsión de un aumento considerable de
transferencias a las comunidades autónomas para los presupuestos del
año 2000 respecto de los presupuestos del año 1999. Por tanto, es un
modelo cierto, al menos tenemos un modelo de financiación, que es el
mejor, pero además es un modelo, cosa que no tienen las comunidades
autónomas que no lo aceptaron. Es un modelo que da más dinero y,
sobre todo, es un modelo que garantiza para las haciendas autonómicas
previsión, que garantiza suficiencia financiera y que garantiza
planificación económica y financiera de los territorios autonómicos
que aceptaron este modelo. Siempre es mejor un modelo de financiación
a no tenerlo. Además, la mayoría de las comunidades autónomas han
aceptado este modelo. Todas ellas han recibido más dinero que si se
hubiese prolongado el método de financiación de las etapas
socialistas. Está garantizando la buena financiación de las
competencias que en estos momentos tienen y la no aceptación del
modelo no sólo conlleva menos ingresos de lo que podían haber tenido,
caso de haber aceptado el modelo, sino que además genera
incertidumbre por una decisión estrictamente partidaria, lo cual
coloca en una situación políticamente inexplicable la no aceptación
de este modelo.

Hay más dinero para las haciendas locales, para las haciendas
autonómicas, dinero previsto por los consensos alcanzados entre el
Gobierno central y las comunidades autónomas, por un lado, o las
corporaciones locales por el otro, más dinero que se destina a las
haciendas territoriales para seguir llevando adelante las importantes
competencias que todas ellas tienen y hay más dinero también para
aquellas inversiones que a través de esta cooperación económica local
el Estado propone a las administraciones locales para seguir
invirtiendo en los pequeños y medianos municipios españoles en
infraestructura básica de medio ambiente, de comunicación, de
carreteras, de transporte, en definitiva para aquellas inversiones
que hacen posible que se siga generando expectativa de riqueza en
estos pequeños y medianos municipios.




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El señor PRESIDENTE: Señorías, ha concluido la comparecencia del
secretario de Estado para las Administraciones Territoriales a quien
despedimos agradeciéndole la información que nos ha prestado esta
mañana.




- DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. A PETICIÓN
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/002226) Y
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/002318.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con la
comparecencia del señor secretario de Estado para la Administración
Pública. Señor secretario de Estado, como siempre, sea bienvenido a
esta Comisión para una nueva comparecencia, en esta oportunidad en
relación con la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año. La comparecencia ha sido
pedida por los grupos parlamentarios Socialista y Popular, que tienen
la palabra, comenzando por el Grupo Socialista en este primer turno
para plantear sus cuestiones al señor secretario de Estado.

Tiene la palabra el señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Bienvenido, señor secretario de Estado
para la Administración Pública a esta Comisión. Quiero expresarle por
anticipado, en nombre del Grupo Socialista, nuestro agradecimiento
por la valiosa información que estoy seguro que nos va a ofrecer
acerca de las áreas presupuestarias de su Secretaría de Estado. Son
áreas tan importantes como las referidas a la Función pública, a la
dirección y organización de la Administración Pública, a la
Inspección General de Servicios, además de las relacionadas con la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Mi
intervención va a girar en torno a los programas gestionados desde su
Secretaría de Estado, como es el 121. B, de Dirección y Organización
de la Administración Pública, así como del 314.D, de prestaciones
económicas del mutualismo administrativo y del programa 412.L, de
asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

Me refiero, en primer lugar, al programa 121.B, que como el pasado
ejercicio presupuestario, que aumentaba en un 4,7, para el 2000 tiene
un incremento similar, un 4,85. Vemos, sin embargo, disminuciones
importantes en los capítulos de gastos corrientes e inversiones. Con
respecto al capítulo de personal, hay un incremento de algo más de un
punto en relación con el presente ejercicio presupuestario. Me
gustaría conocer cuál es la razón de que el artículo 13 referido al
personal laboral disminuya en un 20,8 por ciento. Desconozco si hay
menos empleados laborales que en el pasado ejercicio destinados a
gestionar este programa, si han sido traspasados a otra área o si se
han producido bajas. Estoy seguro de que las razones que nos pueda
ofrecer van a ser muy sencillas de comprender. Tampoco conocemos las
razones de los cambios presupuestarios que afectan a las cuotas
sociales reflejadas en el artículo 16, que descienden en un 5,2 por
ciento, una disminución que, por cierto, ya se dio también en 5
puntos en el pasado ejercicio presupuestario de 1999 y que se
justificó como un
ajuste técnico. Hemos visto también a lo largo de la mañana que que
la palabra ajuste técnico es clave para explicar casi todo. Así lo
justificó el anterior secretario de Estado y el diputado que le
dirigía la palabra no alcanzó entonces a comprenderle plenamente. Si
no se entiende como un abuso de su paciencia, me gustaría también
recibir alguna explicación al respecto.

En cuanto al capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios,
hay una disminución de 80 millones, lo que supone un decremento
porcentual de un 14,9. Esa disminución, sin embargo, no se da en el
artículo 23, de dietas, que en este programa aumentan razonablemente
en un 2 por ciento, al igual que las retribuciones de los
funcionarios. La disminución en este capítulo se da en el artículo
22, referido a material y suministros, en 84 millones, lo que supone
un 23 por ciento menos que en el actual ejercicio presupuestario. ¿A
qué se debe esta baja, señor secretario de Estado?
Pasando al capítulo 4, de transferencias corrientes, no hay
modificación alguna con respecto a 1999 ni a 1998, por lo que en
principio no tengo ninguna pregunta que hacerle al respecto. Sin
embargo, sí la tengo que hacer en torno al capítulo 6, de inversiones
reales, que en el pasado ejercicio presupuestario aumentó un 25 por
ciento y en el actual documento presupuestario vemos que aparece un
nuevo artículo, el 64, que no aparecía en 1999, que se refiere a los
gastos de inversión de carácter inmaterial, con una dotación de 98,5
millones, que nos gustaría conocer a qué se van a destinar. Por el
contrario, en el artículo 63, de inversión y reposición asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios, se observa una disminución
de 199 millones, lo que supone un decremento de un 37 por ciento.

Asimismo, también vemos una pequeña baja en las inversiones del
artículo 62. Resumiendo, en cuanto al capítulo de inversiones, me
gustaría conocer cuáles son las razones de su disminución en un 17
por ciento: si la razón es que con las inversiones realizadas en 1999
ya se han alcanzado los objetivos previstos por su Secretaría de
Estado, si es cuestión de austeridad, al contrario de lo que pasó en
1999, o si responde simple y llanamente a recortes presupuestarios.

Por otra parte, nos gustaría conocer qué nuevos objetivos se plantea
a partir de esa estructura presupuestaria y que nos ofreciera una
valoración, aunque lo haga muy sucintamente, de las líneas de
actuación y de los objetivos puestos en marcha en el actual ejercicio
presupuestario. Me refiero a la ventanilla única no a la tan
cacareada por ustedes Administración única, reducida a ventanilla
única, empresarial o puramente administrativa. Igualmente, queremos
conocer si las inversiones ya efectuadas en el área del registro
central de personal del centro de información administrativa de la
informatización de la inspección general de servicios de la Función
pública han sido las necesarias y suficientes o, por el contrario, se
incrementarán en el año 2000 con el objetivo compartido por todos de
conseguir una Administración sencilla, eficaz y eficiente.

En cuanto a las retribuciones de los empleados públicos, aparte de la
subida del dos por ciento, acordada por el Gobierno con algunos
sindicatos y que hace que desde nuestro punto de vista nuestros
empleados públicos pierdan de nuevo con este Gobierno poder
adquisitivo, nos gustaría conocer, en qué medida afecta el fondo de
13.000



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millones, según las palabras del presidente del Gobierno, a los
trabajadores públicos. Me gustaría conocer, señor secretario de
Estado, qué criterios se van a utilizar para su distribución, a qué
empleados públicos va a llegar ese fondo y en qué cuantía les va a
afectar. Son cuestiones a las que nos que nos gustaría conocer su
respuesta para poder sopesar si se van a corregir los desequilibrios
existentes en la Función pública, si va a mejorar la productividad y
reordenar las retribuciones, tal como afirmó en esta Cámara el pasado
29 de septiembre el presidente del Gobierno.

En otro orden de cosas, también nos gustaría recibir información
acerca de la oferta de empleo público, así como de la existencia o no
de plazas vacantes de empleados públicos del Ministerio de
Administraciones Públicas pendientes de amortizar. Igualmente, nos
gustaría conocer el número de eventuales por direcciones generales.

En cuanto a Muface, en el programa 314, de prestaciones económicas,
mutualismo administrativo, hay un aumento de un 8,9 con respecto a
1999. En ese sentido, no vemos contención en los gastos corrientes,
que se incrementan en un 5,8, siguiendo una tónica que en el
ejercicio presupuestario de 1999 alcanzó una subida de más de 15
puntos. Por tanto, señor secretario de Estado, desde nuestro punto de
vista, se continúa en una línea de falta de austeridad, a pesar de
las continuas declaraciones en este sentido que se llevan a cabo
desde el Gobierno. También nos gustaría conocer a qué es debida la
previsión de un aumento de un 12,8 por ciento en el capítulo de
transferencias corrientes. Igualmente, se necesita una amplia
información acerca del aumento de las inversiones reales en 331
millones de pesetas. ¿A qué van destinadas esas inversiones de
reposición que se hacen en este programa?
Respecto al programa 412.L, asistencia sanitaria, del mutualismo
administrativo, vemos que el capítulo de gastos corrientes va en
paralelo con el programa 314.D, es decir, aumenta casi un 6 por
ciento, en dirección contraria a la línea de austeridad que tanto han
pregonado. Concluyo, señor secretario de Estado, agradeciéndole de
antemano las explicaciones que nos a ofrecer y la atención que ha
prestado a este diputado que le ha dirigido la palabra.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular , tiene la
palabra la señora Fernández González.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias al secretario de Estado
por sus explicaciones, que agradezco de antemano en nombre del Grupo
Parlamentario Popular. En esta fase de la comparecencia del trámite
presupuestario, quisiéramos incidir en algunos aspectos que se
recogen en el proyecto presupuestario, y específicamente en su
Secretaría de Estado. Nos gustaría poner el acento en el programa
presupuestario 121.B.

Nos parece que este programa, referido a la dirección y organización
de la Administración pública y a la racionalización y organización de
la propia Administración general del Estado, es tal vez, si
tuviésemos que elegir, el programa más emblemático, a nuestro juicio,
de su Secretaría de Estado. En este sentido quisiéramos que el
secretario de Estado abundase sobre los datos que conocemos,
enunciados en el proyecto presupuestario, acerca de la simplificación
de los procedimientos, a través de la Comisión interministerial
de simplificación administrativa, cuestiones que llevaban
muchos años enunciadas, pero es lo cierto que no había el impulso
político ni la plasmación presupuestaria a través de programas
decididos, porque, en definitiva, me imagino que lo que se busca
desde el Ministerio y desde su Secretaría de Estado es impulsar una
administración más ágil, más sencilla, con menos burocracia, de la
que se beneficien todos los ciudadanos del Estado español. También
nos gustaría que dentro de lo que son los avances informáticos
ilustrase a esta Comisión acerca de la creación de una intranet de la
Administración general del Estado que proporcione la infraestructura
suficiente para poder contar con intercambio documental y de datos
que, en definitiva, supongan el acompasamiento de la Administración
general del Estado a lo que son ya las nuevas tecnologías.

Existen otros aspectos en este mismo programa presupuestario que a
nuestro juicio son tremendamente positivos para lo que es la
organización de la Administración española dentro de las nuevas
claves de la Unión Europea. En este sentido, pese a que se requiere
la previa aprobación de la Comisión Europea, nos gustaría que el
secretario de Estado nos diese algún dato más acerca del programa
Carolus o del programa de intercambio de funcionarios, dentro de la
cooperación internacional a través de los correspondientes acuerdos
de intercambio de funcionarios entre el Estado español e
instituciones de la Unión Europea y otros Estados miembros, porque
realmente es movilidad y a nuestro juicio también son incentivos en
la formación del buen funcionariado con el que cuenta nuestro país.

También nos gustaría, porque creemos que siempre es oportuno,
realizar una valoración en esta simplificación administrativa de lo
que va suponiendo o lo que ha supuesto -lo hemos evaluado en
presupuestos anteriores- el proceso de adaptación a la Lofage,
importante instrumento normativo que ha sido uno de los pilares y de
los incentivos en la modernización y en la racionalización impulsados
por el Ministerio al que usted está adscrito.

También quisiéramos que nos hiciera una valoración de algo que ya
está muy próximo en el calendario, de lo que se empezó a hablar hace
tiempo, y que no es otra cosa que el programa denominado Efecto 2000,
con las dificultades que puede llevar aparejado en la Administración,
fundamentalmente en la local, quizá porque esta cuenta con menos
medios económicos y, por tanto, con menos medios técnicos, para poder
asegurar que soportemos las campanadas y por tanto el tránsito al
nuevo milenio con las menores disfunciones posibles. Creo que ese es
un empeño y un objetivo del Ministerio que se ha programado con mucha
anticipación y me consta que ha habido desvelos en el trabajo del
Ministerio para que haya una coordinación entre las distintas
administraciones. En fin, nos gustaría que el secretario de Estado,
muy próximos a ese evento, nos hiciese alguna aproximación sobre los
trabajos y, por tanto, sobre el programa presupuestario que se ha
dotado para paliar ese efecto que pudiese tener consecuencias
negativas.

Adaptar al euro la nómina estándar descentralizada de la
Administración del Estado a través del programa Nedaes nos parece
también que es un aspecto muy importante que apuesta una vez más por
la adecuación y por la modernización dentro de un ámbito en el que
España tiene un liderazgonotable en la Unión Europea y quisiéramos
que desde



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su posición en la Secretaría de Estado nos hablara de las ventajas y
de las consecuencias que se van a derivar de esta adaptación al euro
de la nómina estándar de todos nuestros funcionarios y, por tanto, de
la Administración central del Estado.

Hay aspectos importantes sobre los que nosotros desearíamos tener
algún dato más en este trámite de comparecencia. Me estoy refiriendo
a la regulación de las cartas de servicios en los servicios públicos
y me estoy refiriendo también a un aspecto importante y novedoso,
cual es la creación de los premios a las mejores prácticas y el
premio a la calidad, la promoción de la autoevaluación del modelo
europeo de la gestión de calidad. Nos parece que son aspectos muy
innovadores en una Administración que quiere correr, digamos, de
forma pareja y paralela con estos nuevos tiempos que apuestan por la
calidad en la prestación de los servicios públicos y por unos
ciudadanos que coparticipen en esta evaluación en la prestación de
servicios a través de esta regulación importante de las cartas de
servicios en los servicios públicos y de los incentivos a la
autoevaluación en los parámetros del modelo europeo de gestión de
calidad.

Quisiera, finalmente, dentro de estos programas que nos parecen
interesantes, novedosos y que nos parecen una apuesta por la
modernización de la Administración pública española, hacer una última
reflexión y también formularlo como pregunta para que el secretario
de Estado nos pueda aportar en este trámite más consideraciones
acerca de lo que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular,
calificamos como un gran acuerdo, un acuerdo ejemplar impulsado por
el Gobierno, firmado por el Gobierno y por los sindicatos, que va a
suponer la subida salarial de los funcionarios con la creación de un
fondo importante y con el objetivo final de prestar criterios
homogéneos a lo que era una diversidad no deseable a través de una
proliferación ingente de un número de convenios que creaban
distorsiones más que beneficios. En este sentido, nos gustaría que
desde su Secretaría de Estado hiciese la valoración de un aspecto que
creo que también se puede calificar como estrella dentro de su
departamento, que es este gran acuerdo entre el Gobierno de la nación
y los sindicatos, del que se van a beneficiar todos los funcionarios
de nuestro país con incentivos tan novedosos como es la creación de
una bolsa para poder establecer criterios de redistribución que hagan
que esas subidas salariales sean justas, sean equitativas
y beneficien a nuestros funcionarios públicos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): En primer lugar, quiero agradecer su bienvenida
a esta Comisión. Aunque no es la primera vez que comparezco ante
ella, sí lo hago en mi calidad de secretario de Estado. Voy a pasar a
contestar a las intervenciones de SS.SS., empezando por el Grupo
Socialista, por el señor González Revenga.

Creo que por claridad de la exposición y dado que usted me ha
preguntado cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar con este
presupuesto, voy a hacerle un planteamiento
general para luego ir a las cuestiones concretas que me ha
planteado, especialmente en el programa 121.B y otras de la
mutualidad de funcionarios. Sí quiero, en primer lugar, para centrar
esas políticas concretas, señalar cuáles son las líneas generales del
presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas para el año
2000, para que sepamos exactamente dónde encajamos nuestras políticas
y lo que vamos a desarrollar con ellas.

En primer lugar, como usted sabe, el presupuesto de Administraciones
Públicas para el año próximo crece un 10,5 por ciento y eso tiene
como consecuencia que vamos a poder desarrollar básicamente uno de
los objetivos y de los compromisos prioritarios del Gobierno, que ha
sido proseguir la política de integración de la Administración
periférica del Estado, y eso es lo que explica, en términos
generales, el incremento sustancial de algunas partidas del
Ministerio que yo desglosaré luego, en las que se refieren a mi
departamento, como es, por ejemplo, un crecimiento del 17,5 por
ciento de los gastos de personal o ese incremento superior a la
inflación prevista en los gastos corrientes, que es fruto de la
propia integración de esos servicios y del personal, lógicamente, que
realiza su trabajo en ellos.

Al mismo tiempo, hay cuestiones básicas que nosotros vamos a abordar
junto a esta Administración periférica que vamos a reforzar -me
imagino que el señor subsecretario en su intervención le dará datos
más en profundidad-, y que ha supuesto ya una reordenación racional
de la Administración periférica del Estado con una incorporación de
más de 6.000 funcionarios, con una incorporación de cientos de
edificios y con una reunificación que nos ha servido para los
objetivos que luego le diré de racionalizar la gestión, centralizar
las oficinas de información, unificar los registros y, en definitiva,
facilitar la tramitación y el acceso del ciudadano a la
Administración general del Estado en el territorio del Estado español
a través de las delegaciones de Gobierno, con un considerable ahorro
económico en los gastos de funcionamiento. Además de ese objetivo, es
evidente que otro fundamental que el Gobierno va a perseguir con el
presupuesto que yo voy a gestionar a través de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas es, en términos generales, el
programa de modernización, simplificación y mejora de la calidad de
los servicios públicos, que resume el esfuerzo presupuestario total a
que corresponde el programa 121.B y algunos otros de los generales
que contiene el presupuesto del Ministerio de Administraciones
Públicas. En ese sentido, me va a permitir que le haga un
planteamiento general dentro de la política de la Secretaría de
Estado.

Yo creo que hay una serie de aspectos que son fundamentales que usted
ha señalado y a los que le voy a ir contestando y que también están
en la intervención de la portavoz del Grupo Popular. Creo que el
primer gran aspecto que hay que destacar en el presupuesto del año
2000 y que de alguna manera tiene vinculación con las
responsabilidades de mi Secretaría de Estado, sin duda alguna, es el
incremento retributivo establecido para los funcionarios para el
próximo año. Como usted sabe, el pasado 24 de septiembre, el Gobierno
alcanzó un acuerdo con los dos sindicatos que representan la mayoría
del personal de las administraciones públicas en la Mesa general de
la Función pública,donde se acordó cuál sería el marco retributivo de
incremento



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salarial para los funcionarios en el próximo año, y junto al
incremento retributivo del 2 por ciento, que es la inflación
prevista, se estableció la creación de un fondo para la mejora de la
prestación de los servicios públicos que, como usted bien ha dicho,
asciende a un total de 13.000 millones de pesetas. Pero no es este
sólo el esfuerzo económico que va a ir dirigido a la mejora de esta
situación, sino que ese acuerdo incorpora también otros que el
Gobierno ha venido suscribiendo con los representantes de las
organizaciones sindicales a lo largo de este año y que van a tener su
reflejo presupuestario en el año 2000. Todo eso va a configurar un
volumen de recursos muy importante en el ámbito de la Administración
pública que nos va a permitir hacer reequilibrios retributivos que
desgraciadamente, por una política no muy acertada a nuestro entender
en los últimos años, ha dado lugar a que existan esas diferencias que
complican mucho la gestión de personal, porque con los desequilibrios
retributivos que tenemos en el ámbito de las administraciones
públicas difícilmente podemos hacer promoción, difícilmente podemos
hacer movilidad, difícilmente podemos hacer reubicación y
reutilización de efectivos, sobre todo en un proceso de
transferencias tan importante, donde hay que utilizar las personas
que se quedan en el ámbito de la Administración del Estado para
centrarlas en las competencias que el Estado se reserva. Ese va a ser
uno de los objetivos fundamentales. ¿Aqué vamos a destinar ese fondo
y cuáles son los criterios? Los tiene S.S. en el acuerdo suscrito con
los representantes de los trabajadores. Por cierto, S.S. ha dicho a
este respecto, creo haber recogido literalmente, que con algunos
sindicatos. Algunos sindicatos que representan bastante más del 50
por ciento de los empleados públicos, lo cual, en términos de
representatividad y de democracia, creo que es lo suficientemente
amplio como para que no se pueda hablar de algunos sindicatos, como
si fueran pocos los trabajadores a los que representan los que han
suscrito este acuerdo. Nosotros estamos muy de acuerdo con el sistema
de las mayorías, creemos que la mayoría representa más que la minoría
y que por tanto representan al colectivo total de los empleados
públicos. En ese sentido, el acuerdo tiene la importancia y la
trascendencia que tiene. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el criterio
que se persigue? Usted lo ha dicho. Este fondo es para la mejora de
la prestación de los servicios públicos y tiene por objeto la
reordenación de retribuciones, la reubicación de efectivos, el
incremento de la productividad para la mejora de las actuaciones en
determinados ámbitos que nosotros vamos a asociar, como luego le
explicaré, a las políticas de mejora de funcionamiento de los
servicios públicos y de mejora de la calidad y también a seguir
cumpliendo el convenio laboral único que, como usted sabe,
suscribimos a finales del año 1998, que ha afectado a más de 70.000
empleados públicos, que ha ordenado todas las relaciones del personal
laboral en el ámbito de la Función pública y que va a permitir
introducir políticas de movilidad y de mejor utilización de efectivos
en ese ámbito, cosa que hasta entonces era bastante complicada, con
más de 50 convenios laborales dispersos, con categorías muy dispersas
y donde prácticamente era imposible hacer una utilización racional de
recursos. ¿Cómo se va repartir esto? Como hemos acordado con los
representantes de los trabajadores que han suscrito el
acuerdo: en la Mesa General, previa negociación, porque entendemos
que el objetivo común de la mejora del funcionamiento de los
servicios públicos no es exclusivo del Gobierno sino también de los
trabajadores que participan en la Administración y por tanto también
de los representantes de los trabajadores que han suscrito este
acuerdo desde esa responsabilidad, porque ellos también son
conscientes de que su responsabilidad, como la nuestra, es mejorar el
funcionamiento de los servicios en los que ellos trabajan en
beneficio de los ciudadanos. A eso es a lo que vamos a destinar esos
fondos, a esos objetivos, previa negociación y diálogo social, como
hemos hecho para alcanzar este importante acuerdo.

Habla usted de pérdida de poder adquisitivo. Lo que yo creo que
ustedes no pueden predicar para los demás es aquello que no
predicaban para ustedes mismos. Yo tengo aquí el último acuerdo
suscrito con los representantes de los trabajadores por el Gobierno
socialista en el año 1995 y específicamente contiene un apartado
donde habla de la creación de un fondo para el mantenimiento del
poder adquisitivo, y ese mantenimiento del poder adquisitivo hacía
referencia a que se calculaba sobre la base de los siguientes
criterios: que el crecimiento del IPC resultara superior al previsto
a esa fecha, que la masa salarial del conjunto de empleados públicos
incluidos en el ámbito de ese acuerdo hubiera crecido por debajo de
dicho índice durante el año, y ello siempre que se consiguieran los
objetivos de crecimiento del PIB y la reducción del déficit público
del conjunto de las administraciones públicas. ¿Sabe usted lo que ha
pasado en estos años, desde 1996? Ha pasado que el salario medio de
los empleados públicos ha crecido muy por encima de la inflación
prevista; que el PIB se ha cumplido; que los objetivos de déficit se
han cumplido; que ha crecido la economía por encima de las
previsiones, cosa que, lamentablemente, no se producía desde el año
1996 hacia atrás, donde los salarios medios aumentaban muy por debajo
del crecimiento de la inflación y donde, en ocasiones, no se
compensaban esas situaciones. Yo creo, señoría, que deberían ustedes,
por lo menos, aplicar a los demás el mismo criterio que ustedes
aplicaron muy razonable y seriamente en el año 1995 a los demás.

En ese sentido, le repito que el acuerdo que hemos suscrito con los
sindicatos configura un marco presupuestario para el año 2000 que no
solamente establece un buen sistema retributivo para los empleados
públicos en el próximo año, sino que nos va a permitir seguir
avanzando en la negociación con los representantes de los
trabajadores -con todos los que quieran, pero nuestro deseo es que
sea con todos- para conseguir un amplio acuerdo en materias que vayan
a mejorar la política de la Función pública y las condiciones de
trabajo generales de los empleados públicos en las distintas
administraciones. En este tema ya nos estamos poniendo en marcha y
esperamos que en los próximos días podamos constituir otra vez y
abrir la Mesa general de negociación para avanzar en esta línea, una
vez conseguido el importante acuerdo retributivo.

Junto a las cuestiones referidas a las retribuciones, me plantea
usted un segundo aspecto, que forma parte de los objetivos básicos de
la política de nuestro Ministerio, que es la oferta de empleo
público, que para nosotros constituye un elemento capital dentro de
la política de programación



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de las necesidades de personal. En ese sentido, debo decirle que
nuestra oferta de empleo público desde hace tres o cuatro años va
dirigida a beneficiar aquellos objetivos de la política general del
Gobierno que creemos que son fundamentales para la atención de las
necesidades prioritarias de la sociedad española. Eso
fundamentalmente se refleja en nuestro esfuerzo por la aplicación de
la reforma educativa, a través de la Logse, con un incremento no
limitativo del número de profesores necesarios para su aplicación. Se
refleja en la aplicación anual del desarrollo de la Ley de planta,
con un incremento sostenido de la creación de juzgados y de la
dotación de efectivos. Se incrementa también por el cumplimiento del
objetivo de profesio nalización de las Fuerzas Armadas que, como
usted bien sabe, por primera vez este año va a tener más medios
profesionales que militares de reemplazo. Se completa también por el
objetivo de la mejora de la sanidad y por el objetivo de atender
convenientemente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Además, este año, al igual que en años anteriores, nosotros tenemos
un objetivo fundamental. Queremos que la oferta de empleo público
vaya dirigida también a mejorar y a facilitar la calidad del empleo
público. Uno de los empeños de este Gobierno es conseguir que el
empleo, en términos generales, sea un empleo de calidad y queremos
que el empleo público también lo sea. En ese sentido, no le oculto
que tenemos una honda preocupación por conseguir que el empleo
público sea lo más estable posible y que el número de empleados que
trabajan al servicio del sector público que tengan garantizado su
puesto de trabajo sea mayor. Para ello, teniendo en cuenta los datos
de las últimas encuestas de población activa, que ponen de manifiesto
cómo en algunas administraciones públicas no estatales existen
algunos incrementos del personal laboral de carácter temporal, este
año la oferta de empleo público va a flexibilizar la limitación de la
tasa de reposición para conseguir que no les sea aplicable ni a las
policías locales ni a los municipios de menos de 50.000 habitantes,
porque entendemos que ahí se podía producir algún tipo de disfunción
que, de alguna manera, estaba penalizando las posibilidades de
creación de empleo estable. Esa era una de las cuestiones que figura
en el acuerdo suscrito con los sindicatos, era una de sus peticiones,
y nos ha parecido razonable, porque los datos de la EPA así lo
demuestran, hacer un esfuerzo en esa línea para conseguir mejorar las
condiciones del empleo publico. Con la oferta de empleo del año
próximo creemos que estamos en mejores condiciones para garantizar
ese empleo de calidad; estamos en mejores condiciones para seguir
aplicando las políticas prioritarias de carácter social que el
Gobierno ha fijado como objetivo fundamental de su política económica
y de gestión para los ciudadanos. Y, además, dentro de las políticas
de oferta de empleo publico, hemos introducido dos cuestiones que
creo que son fundamentales: seguimos manteniendo la dificultad y la
excepcionalidad en cuanto a la incorporación de personal interino
temporal y al mismo tiempo -contestando también a la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, con relación a los funcionarios de los
distintos países de la Unión Europea y los intercambios, etcétera-
hemos incorporado en la ley de presupuestos la posibilidad del acceso
de nacionales de países de la Unión Europea, con un régimen
completamente distinto al que
antes teníamos. Esta era una de las cuestiones que nos estaba
planteando la Unión Europea, que estaba advirtiendo a España de un
posible procedimiento de infracción. En la reunión de la Comisión de
Coordinación de la Función pública con las comunidades autónomas,
celebrada en el pasado mes de mayo, alcanzamos un acuerdo, que hemos
reflejado en la ley de presupuestos, en virtud del cual limitamos el
número de plazas que están específicamente reservadas para los
funcionarios de ámbito nacional y abrimos con carácter general el
resto a la incorporación de funcionarios de los distintos países
miembros de la Unión, sin ninguna limitación. Creemos que este es un
paso fundamental para cumplir con los compromisos que nos
corresponden como miembros de la Unión.

Introducimos un aspecto que consideramos fundamental para hacer
efectiva la política de movilidad en el ámbito laboral, al que me he
referido, como es permitir la movilidad de créditos entre los
distintos departamentos ministeriales, para conseguir que el personal
laboral de los distintos departamentos pueda moverse con una
facilidad absoluta que se deriva del propio convenio y que tenía una
limitación presupuestaria por la imposibilidad de cambiar partidas de
un departamento a otro. Entiendo que con eso la oferta de empleo
público y las medidas de política de personal que incorpora la ley de
presupuestos para el año que viene van a permitirnos hacer una
gestión de personal mucho más ágil, mucho más fácil y mucho más
adecuada al cumplimiento de los objetivos generales, que paso a
señalar. Yya entro en las cuestiones específicas del programa 121, a
las que usted se refería.

Evidentemente, el programa 121 es uno de los que gestiona la
Secretaría de Estado y va dirigido fundamentalmente a la consecución
de ese objetivo genérico del que hablaba antes, el plan de mejora del
funcionamiento de los servicios públicos a través de una serie de
iniciativas que hemos venido desarrollando en esta legislatura y
fundamentalmente a lo largo del último año. En primer lugar, como
usted sabe, hemos hecho un esfuerzo normativo importante para crear
un marco que nos permita avanzar en esa línea de mejora del
funcionamiento de los servicios publicos. Le diré brevemente que hay
dos elementos fundamentales en el ámbito legislativo que hemos puesto
en marcha. Por una parte, la Ley 4/1999, modificación de la Ley de
procedimiento, que ha establecido el marco general de simplificación
de los procedimientos administrativos, a través de la creación de la
comisión a la que luego me referiré contestando a lo que se me ha
preguntado y al mismo tiempo introduciendo otras medidas relativas al
funcionamiento de registros, a la presentación de solicitudes y al
juego del silencio positivo, que supone un cambio fundamental dentro
del funcionamiento de la Administración, como usted bien sabe.

Hay un segundo aspecto que es fundamental y al que usted no se ha
referido, pero que yo considero básico dentro de la política que
desarrolla el departamento y que, junto a este plan de calidad,
constituye el otro elemento fundamental de la política futura de la
Función pública que va a desarrollarse en los próximos años. Es la
presentación ante esta Cámara del proyecto de estatuto básico de la
función publica, que, como usted sabe, ha sido objeto de una amplia
negociación con los representantes de los trabajadores,



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que suscribieron en su totalidad este acuerdo, negociado y alcanzado
además en el seno de la Conferencia Sectorial para la Función Pública
con todas las comunidades autónomas y en el de la Comisión nacional
de Administración local con los representantes de las corporaciones
locales. Se trata de una norma que llevaba 20 años sin conseguirse
y que hasta este momento, lamentablemente, ninguno de los gobiernos,
desde la aprobación de Constitución, habían conseguido ese amplio
consenso que, sin embargo, ha sido posible presentar gracias al
esfuerzo de todos. Esperamos que ese mismo esfuerzo y colaboración se
mantenga en la tramitación parlamentaria, porque será una norma
fundamental para la futura definición de lo que debe ser la Función
pública en los próximos años.

Como le decía, en el ámbito normativo y junto a estas dos patas de
carácter legal, hemos hecho una serie de desarrollos normativos que
nos han permitido avanzar en ese modelo de simplificación y mejora
del funcionamiento de servicios citado y que básicamente podríamos
enumerar como sigue: hemos culminado el proceso de adaptación a la
Lofage dentro de los plazos establecidos por la propia ley; hemos
aprobado tres reales decretos que han venido a culminar la adaptación
de los organismos autónomos, entes públicos empresariales y entidades
comerciales que existían en el ámbito de la Administración pública
del Estado y que no se habían adaptado todavía a la Lofage, de manera
que hoy tenemos ordenada nuestra Función pública y nuestros
organismos en el ámbito estatal en los dos modelos que prevé la
Lofage. De una parte, los organismos autónomos de carácter
administrativo y, de otra, los entes públicos empresariales, y
tenemos un diseño claro de cuál es la naturaleza jurídica de todos
esos organismos para que todo el mundo sepa cómo tiene que funcionar,
cuál es la normativa que le es de aplicación y cuáles son los
procedimientos que tienen que seguir. Al mismo tiempo, hemos
procedido a la reorganización a través de siete reales decretos de
distintos departamentos y organismos de la Administración para su
simplificación y adaptación a la Lofage; hemos seguido aprobando
reales decretos de integración de servicios periféricos de la
Administración del Estado, para dar cumplimiento al objetivo de
integrar la Administración periférica del Estado. Como usted sabe, a
lo largo de este año hemos integrado servicios del Ministerio de
Agricultura, del Ministerio del Interior, el servicio del Parque
Móvil, etcétera.

También hemos aprobado un real decreto en desarrollo de la Ley 4/
1999, que nos ha permitido la reorganización de los registros y hemos
ordenado todo el sistema de presentación de solicitudes y emisión de
copias. Hemos aprobado también el real decreto de cartas de servicios
en desarrollo de la propia ley, cartas de servicios que, en el ámbito
de la Administración pública, van a significar un elemento novedoso
de cara a la consecución de los objetivos de mejora de la calidad,
porque, como usted sabe esas cartas de servicios son un comprimiso de
la Administración con los ciudadanos respecto a qué servicios les va
a prestar, en qué condiciones, con qué estándares de calidad, qué
criterios son los que se van a aplicar; van a establecer modelos
y cauces para que los ciudadanos puedan decir qué funciona mal, qué
deficiencias observan, qué mejoras proponen, etcétera. Van a suponer
también una garantía para los ciudadanos al mismo tiempo que un
compromiso por parte del
Gobierno. En todo este real decreto de cartas de servicio hemos
incorporado al ámbito de las administraciones Públicas
y fundamentalmente al ámbito del Estado el modelo europeo de gestión de
calidad a través de los procedimientos de autoevaluación de
servicios. Ya tenemos 20 servicios en funcionamiento con estos planes
de autoevaluación y del plan europeo de calidad y esperamos presentar
en los próximos meses los premios a la calidad contemplados en ese
real decreto. Hemos creado el Instituto Nacional de Cualificaciones
Profesionales, una pata capital dentro de lo que es la reordenación
de la formación continua en el ámbito de la Administración pública
española, que nos va a permitir integrar los tres sistemas de
formación, cuestión que era hasta ahora uno de los objetivos básicos
en el ámbito de la ordenación de la creación de empleo a través de la
formación profesional y que ha sido posible a principios de este año.

Junto a ello, hemos aprobado la Comisión de Simplificación
Administrativa, que ya venía trabajando y que presentará en los
próximos meses el plan de simplificación concreto a desarrollar por
cada uno de los departamentos ministeriales el plazo establecido, que
es de un año. Hemos constituido también recientemente la Comisión de
la Sociedad de la Información, que presentará el plan estratégico de
adaptación e incorporación de la Administración Pública española a la
sociedad de la información y las líneas maestras de esa integración a
lo largo del siglo XXI. Y además hemos aprobado el real decreto de
imagen institucional nueva para la Administración general del Estado,
que va a permitir poner orden en una situación absolutamente dispersa
que hacía difícil identificar cuáles eran los servicios que la
Administración general del Estado prestaba en los distintos ámbitos
territoriales, que son muchos; más de 100 logotipos representando a
distintos servicios y organismos se van a ver ahora unificados en uno
solo, que, como usted sabe, es el escudo institucional del Estado
español, que va a permitir a su vez... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor secretario de Estado. Señorías,
guarden silencio, por favor.

Adelante, señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Decía que va a permitir facilitar la
identificación de los servicios del Estado, su ubicación, dentro del
esfuerzo que estamos haciendo en la Administración periférica y en la
Administración central por simplificar, clarificar, que se acerque al
ciudadano y facilitar esa gestión.

Junto a estos esfuerzos normativos, hemos puesto en marcha una serie
de proyectos. Vamos a continuar con los recursos previstos, no sólo
en el programa 121-B, que son para este año más de 3.200 millones de
pesetas respecto del año pasado, que suponen, como usted dice, una
minoración, en cuanto al total, que pasaré a explicar en las
contestaciones singulares. Este dinero nos va a permitir desarrollar
esos programas prioritarios de mejora en la calidad de los servicios.

Paso a contestar las cuestiones que me han planteado con relación a
proyectos concretos. El programa básico de incorporación de la
Administración pública española a la



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sociedad de la información y esa introducción en la sociedad del
conocimiento, la información y las nuevas tecnologías tiene como
elemento fundamental el proyecto de la intranet administrativa y del
plan director para su configuración. En 1999 estamos destinando más
de 90 millones de pesetas para poner en marcha esa intranet, que ya
hoy permite conectar a las sedes de los catorce departamentos
ministeriales y a toda la Administración periférica, y el año que
viene vamos a destinar unos 160 millones de pesetas a este objetivo.

El objetivo final que nosotros pretendemos, que ya tenemos diseñado y
que esperamos presentar en el proyecto estratégico de la sociedad de
la información, consiste en la creación de una red en internet, que
nos permita no sólo la interconexión a nivel de la Administración
central del Estado, sino también permita la interconexión con el
resto de las administraciones públicas del ámbito nacional y de los
distintos países de la unión, fundamentalmente de la Unión Europea, y
que en un futuro debe integrar voz, datos y servicios de valor
añadido y procedimientos de gestión. Para eso, estamos trabajando ya
y a eso vamos a seguir dedicando los recursos del próximo año, en una
serie de proyectos básicos que le paso a enumerar.

Por un lado, está el proyecto de ventanilla única al que usted se
refería. El proyecto de ventanilla única, como usted sabe, viene ya
desde el inicio de la legislatura y se basa fundamentalmente en unos
convenios marco que suscribimos con las comunidades autónomas,
lamentablemente no con todas, pero sí con muchas, que nos sirven de
paraguas para, a su vez, suscribir acuerdos concretos con los
ayuntamientos, que nos permiten que esos registros municipales
funcionen como registros del Estado, de manera que los ciudadanos no
tengan que desplazarse fuera de su municipio para hacer peticiones de
cuestiones de ámbito general. Al mismo tiempo, el pasado día 27 de
septiembre, hemos presentado la primera fase del proyecto, pista
ventanilla única, que consiste en la posibilidad de la conexión
electrónica de los distintos registros de las administraciones
públicas sujetas al proyecto de ventanilla única. Eso nos va a
permitir, que junto a las funciones propias del registro, ya no haya
que desplazar documentos, sino que, a través del correo electrónico,
van a circular en tiempo real los documentos, consiguiendo una mejora
sustancial de la tramitación y de la reducción de los tiempos en
beneficio de los ciudadanos.

Además de eso, hemos dado un paso fundamental dentro del objetivo
político del Gobierno, de la creación de empleo y del desarrollo
económico, que es la ventanilla única empresarial, que hemos puesto
antes del verano en marcha en Valladolid y que hoy ya ha tramitado
más de 400 solicitudes en una única dependencia. Cualquier persona
que tenga interés en la creación de una empresa va a poder acudir a
esa ventanilla sin necesidad de realizar más trámites y, a través de
esa única gestión y de la reducción de plazos mediante la
colaboración de las distintas administraciones, se va a poder
facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas, que son, como
usted sabe, el elemento capital de la actividad económica de nuestro
país. En los próximos días, suscribiremos un convenio con el Gobierno
autónomo balear y esperamos que en los meses siguientes podamos ir
desarrollando este mismo proyecto con algunas
otras comunidades autónomas con las que estamos en conversaciones ya
muy avanzadas .

Junto a este proyecto tenemos también el de la creación del
hipercentro de información administrativa, que es un elemento
fundamental de apoyo a la red internet, al que vamos a destinar
también el año que viene una cantidad importante de dinero, que ahora
les desglosaré, de las inversiones que figuran en el programa.

Consiste básicamente en la posibilidad de interconectar las bases de
datos que existen en todas las administraciones públicas a través de
un único portal de acceso en internet, y tiene un elemento
fundamental en el que ya estamos trabajando, que es la elaboración
informatizada de los procedimientos administrativos. En estos
momentos tenemos ya 400 procedimientos administrativo, de la
Administración general del Estado, en esas bases de datos, que son ya
consultables, de las que se puede obtener toda la información y que
están a disposición de todos los usuarios. Además, lo vamos a
completar con unos puntos de información que colocaremos en los
ayuntamientos con los que tenemos convenios de ventanilla única, a
través de unos cajeros de información que no solamente tienen ya toda
la información relativa a esos procedimientos sino que van a permitir
la obtención de los documentos expresos para rellenarlos en el
momento y presentarlos en esa ventanilla, sin necesidad de tener que
desplazarse ni de obtener los documentos de cualquier otro modo, en
el momento real.

Todo este programa configura básicamente las inversiones para el año
que viene, no sólo del programa 121, que supone más de 500 millones
de pesetas, sino, en términos generales, al afectar a todos los
departamentos de la Administración, se va a nutrir de los recursos de
otros departamentos ministeriales en los ámbitos de la informática.

En concreto, para el año que viene vamos a destinar, como le decía,
160 millones de pesetas para la intranet; para los proyectos
ventanilla única, 58 millones; para el centro de información
administrativa, 25. 687.000 pesetas. Al mismo tiempo, destinaremos
otras partidas fundamentales a dos aspectos que usted ha mencionado o
que han sido citados en la comparecencia. Por un lado, el registro
central de personal. Este Registro es una de mis obsesiones, porque
creo que es un elemento básico para poder hacer una adecuada gestión
de los recursos humanos de la Administración, en estos momentos era
un elemento muerto informáticamente. Consistía en una acumulación de
datos sin posibilidad de explotación, que no trabaja en tiempo real y
que impide utilizarlo como elemento de programación y de previsión de
necesidades de personal. El año pasado me parece que invertimos más
de 260 millones de pesetas para hacer la nueva aplicación de este
registro central de personal. Hemos invertido 60 millones de pesetas
para la conversión de datos de la antigua aplicación a la nueva, y
para el año que viene invertiremos 82 millones de pesetas para los
desarrollos informáticos que nos permitan hacer las explotaciones de
personal con cargo a la nueva aplicación.

Respecto de la nómina del personal y el proyecto Eraes es fundamental
que esa nómina se adapte al euro. Para el año que viene vamos a
destinar 165 millones de pesetas para hacer esa adaptación permita
estar preparados para que en el año 2002 no tengamos dificultad de
funcionamiento en el pago de las nóminas a los empleados públicos.




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Después hay otras pequeñas partidas que van dirigidas a la mejora de
la informatización de nuestras direcciones generales, pero a mí me
gustaría destacar -y lo uno con una de las cuestiones que ustedes me
han planteado- el efecto 2000. Hemos dejado en inversiones una
partida pequeña para el efecto 2000. Como ustedes saben, el efecto
2000, el llamado virus del milenio, es una cuestión puramente
tecnológica que no corresponde fundamentalmente a los gobiernos, sino
que es algo de carácter general que nos afecta a todos,
fundamentalmente a las empresas que trabajan con tecnología
informática, y que, en definitiva, está presente prácticamente en
todos los aspectos de la vida cotidiana de cualquier persona. Todo
aquello que tenga un programador que vaya referido a fechas puede
verse afectado por el mal funcionamiento si la programación que está
prevista dentro del aparato no contempla los cuatro dígitos para
dicho año. Si sólo contempla dos, puede haber dificultades. Pues
bien, desde el año 1996, el Gobierno ha impulsado múltiples medidas
sobre las que no me voy a extender, porque creo que tengo pedida una
comparecencia en esta Cámara para explicar con detalle todos los
trabajos desarrollados. Sí les puedo decir que en el año 1999 el
esfuerzo económico de la Administración central del Estado ha
superado ampliamente los 30.000 millones de pesetas, que en estos
momentos podemos decir que los sectores que nosotros estimamos
críticos de la Administración del Estado, de lo que es gestión
directa por nuestra parte están en un grado de adaptación bastante
avanzado, incluso ya realizando pruebas que nos están dando algunos
resultados bastante satisfactorios, y que hemos constituido
recientemente la oficina de transición para el efecto 2000, que tiene
por objetivo básico coordinar todos los planes de emergencia y los
equipos de contingencia de lo que hemos llamado servicios esenciales,
que deberán desarrollar las medidas de prevención frente a cualquier
mal funcionamiento de los servicios generales en el momento de la
transición. Y, además, estamos recabando de todas las empresas que
prestan servicios esenciales, que son la mayoría, sectores privados
y fundamentalmente la energía, el transporte o incluso el agua o una
parte muy importante de la sanidad, etcétera, estamos en estos
momentos recabando, repito, a través de la Comisión nacional del
efecto 2000, todo un calendario de pruebas efectivas para ver en qué
estado se encuentran sus equipos.

Los datos que tenemos de adaptación son bastante amplios, sobre todo,
en algunos sectores. En sectores financieros o de telecomunicaciones,
etcétera, los datos que tenemos, tanto de adaptación como de pruebas,
son satisfactorios. En otros estamos más retrasados, pero, en
términos generales, puedo decirles que los informes internacionales
colocan a España en una posición equivalente a la de los países de
nuestro entorno y no despierta ninguna preocupación dentro del ámbito
internacional; incluso se reconoce el esfuerzo que hemos hecho. En el
ámbito de algunas comunidades autónomas y en el de las corporaciones
locales, nuestro problema no es tanto de adaptación o no de falta de
precisión de información. Algunas comunidades autónomas no nos
facilitan datos, en términos generales, el esfuerzo de las
comunidades autónomas también ha sido amplio. Tenemos alguna
dificultad más por falta de información en los municipios de 30.000
habitantes y ahí especialmente
nuestra preocupación es el agua, porque es algo propio de
la gestión de los municipios. Los datos que tenemos los hemos
obtenido a través de la Asociación de empresas prestadoras de
servicios de depuración y abastecimiento, que sólo tiene datos de
municipios mayores de 30.000 habitantes, donde los resultados son
bastante buenos. En los municipios de menos de 30.000 habitantes lo
que nos dicen nuestros informes es que, en principio, no es
previsible que se produzcan grandes dificultades, puesto que parece
que los sistemas de funcionamiento son mecánicos. Sin embargo,
estamos haciendo un gran esfuerzo, a través de las delegaciones del
Gobierno y a través de la Federación de Municipios y Provincias y lo
seguiremos haciendo, para conseguir precisar este tipo de actuaciones
y hacer recomendaciones a los responsables de esas administraciones
a fin de que adopten las medidas que no hayan adoptado hasta la fecha
en este ámbito. Ya he dicho que tengo pedida una comparecencia y con
mucho gusto les podré dar más datos concretos.

Asimismo, tenemos una pequeña previsión económica para posibles
incidencias que se puedan producir en el momento de la transición por
mal funcionamiento de algunos equipos de la propia Administración,
pero insisto en que son los menos, en número e importancia, los
servicios afectados por este asunto.

Ahora paso a contestarle a cuestiones concretas. Me dice que en el
121 disminuyen los laborales. Así es, porque se jubilan y estamos en
procesos de funcionarización. Los laborales disminuyen y van a seguir
disminuyendo. Me dice que las cuotas sociales son un ajuste técnico.

No, son una consecuencia de la naturaleza del empeado público, es
decir, si está sometido al régimen general o no. En razón de eso,
cotizará o no, y dependiendo de cómo se definan las personas que
pasan a ocupar esas plazas, habrá más o menos cotización.

Que el capítulo 2 baja 80 millones de pesetas. Si señor, tiene usted
razón y eso tiene una explicación muy clara. Este año ha habido
elecciones sindicales en el ámbito de la Administración pública y ese
dinero, no 80, 90 millones, se ha destinado a la financiación de los
procesos electorales en el ámbito sindical de la Administración
pública. Como usted puede entender, ése ya no es un dinero que sea
necesario destinar en el año 2000 y por eso no aparece reflejado en
los presupuestos del próximo año. En cuanto a las inversiones, hay
una bajada en términos globlales que responde también al efecto 2000.

Quiero hacer una matización porque sistemáticamente la técnica de
comparar inversiones no es buena, da una visión un poco errada de lo
que deben ser las inversiones. Usted no puede comparar las
inversiones de un año con otro, porque una carretera no se hace dos
veces; se presupuesta un año y al año siguiente no la va a
presupuestar. Por eso yo creo que esa comparación es un mal sistema.

¿Por qué en estos momentos tenemos una minoración de algo mas de 130
millones de pesetas? Porque, como usted sabe, dentro del presupuesto
de 1999 teníamos unas dotaciones específicas para el efecto 2000,
cantidad que destinábamos directamente a la financiación de las
auditorias de los sistemas críticos del efecto 2000. Ese dinero se
está gastando a lo largo de este año y no lo vamos a presupuestar
para el año que viene, puesto que ya no es necesario y losesfuerzos
están hechos.




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Me ha planteado una cuestión relativa al personal eventual. Como
usted sabe, este personal baja y sigue bajando. Los datos que tengo
sobre este personal del presupuesto de 1999 con respecto al 2000 es
que bajamos 18.

Sobre la mutualidad, y antes de entrar en este punto, me gustaría
hacer una referencia a otro aspecto esencial por el que no me han
preguntado pero que forma parte fundamental de la política del
departamento y, sobre todo, de esta Secretaria de Estado, que es la
formación. Es un elemento básico de la política de Función pública y
para nosotros una prioridad absolutamente indispensable. Quiero
decirle que la formación que desarrollamos para los empleados
públicos la hacemos a través del Instituto Nacional de Administración
Públicaa, cuyo presupuesto para el año que viene crece en un 8,1 por
ciento. Teniendo en cuenta los términos en los que se mueve el
crecimiento general del presupuesto del Estado para el año próximo,
que está en torno al 2,5 esto pone de manifiesto nuestra especial
preocupación por este asunto. Y crece fundamentalmente porque crecen
las aportaciones que el Inem hace para la financiación de los cursos
de formación continua de los empleados públicos. El dinero que vamos
a destinar a la formación y que negociaremos oportunamente con los
representantes de las comunidades autónomas, corporaciones locales y
sindicatos, como hemos hecho este año, esperando alcanzar pronto un
acuerdo para poder poner en marcha cuanto antes el plan de formación
del próximo año, crece un 7,9 por ciento, lo cual significa un
esfuerzo de naturaleza importante. Estamos empeñados en que este
crecimiento responda a los objetivos prioritarios de mejora de la
calidad de la prestación de los servicios y, por eso, estamos
planteando ya en la Comisión de la Función pública, y espero que en
la próxima reunión sea a probado por los representantes de las
distintas administraciones públicas, los criterios conforme a los
cuales vamos a priorizar los programas de formación en el próximo
año, para incidir en aquellos aspectos que son esenciales, desde
nuestro punto de vista, para la mejora dela calidad de los servicios:
la atención al público, la simplificación, la introducción de nuevas
tecnologías, etcétera. Son criterios que vamos a incorporar para la
aplicación de los repartos de los recursos de la formación, para
conseguir que la formación se adapte a la consecución de esos
objetivos prioritarios.

Respecto a la mutualidad de funcionarios, este año también hemos
hecho un esfuerzo importante. Me sorprende agradablemente haberle
oído hablar, se lo digo con cariño, de falta de austeridad. Me parece
fenomenal que ya hayan asimilado la necesidad de la austeridad del
gasto público como un objetivo prioritario para conseguir que nuestro
país siga en los términos de crecimiento que ha conseguido en los
últimos años. Le aseguro que nuestro presupuesto es austero, porque
crece solamente un 2, 5 por ciento, porque consigue una minoración
del déficit público, porque consigue unn crecimiento por encima del
de los países de nuestro entorno en términos económicos muy superior.

Es un presupuesto austero, pero combina la buena gestión con la
consecución de objetivos de política social prioritarios. Eso que
ustedes hace tiempo veían practicamente imposible. Pues bien, aquí lo
conseguimos y lo hacemos beneficiando políticas sociales que en este
caso van dirigidas a los empleados públicos. Y estoy seguro que usted
comparte
conmigo que mejoremos las prestaciones económicas de los empleados
públicos y su asistencia sanitaria, que es a lo que responden los
programas 314.D y 412.L, a los que usted se refería. Como usted muy
bien ha dicho, el presupuesto global de la mutualidad crece un 6,8
por ciento, muy por encima del crecimiento medio del presupuesto y
crece en el ámbito de las prestaciones económicas un 8,9 por ciento
¿Por qué? Esto se refiere fundamentalmente a la mejora de las
prestaciones que damos a los mutualistas y ello pese a que llevamos
por cuarto año una congelación de las cotizaciones. Desde hace cuatro
años no subimos la cotización de los empleados públicos a la
mutualidad, la mantenemos. Pues bien, pese a ese esfuerzo económico
de mantenimiento de la cotización que aportan los empleados públicos,
tenemos un crecimiento presupuestario que nos va a permitir mejorar
las prestaciones, algunas de las cuales no habían sido actualizadas
económicamente desde hace diez años. Afortunadamente, este año vamos
a poder hacerlo en beneficio de todos ellos.

Pregunta por qué subimos 300 millones de pesetas en las inversiones,
y yo le digo que éste es otro de mis empeños. La mutualidad, que
presta un servicio esencial, fundamental y muy apreciado por los
empleados públicos, no puede perder la carrera de la informatización
y de la mejora en la atención al ciudadano en tiempo real, como
ocurre en otros servicios de asistencia sanitaria. En ese sentido,
tenemos un amplio plan de mejora de informatización, no sólo de los
servicios centrales de la mutualidad, sino de toda la red provincial,
a la que a partir del año que viene dedicaremos ese esfuerzo
presupuestario. Lo hacemos porque creemos que es un elemento básico
para la modernización de la mutualidad el que tenga las mismas
posibilidades de funcionamiento que tienen otras entidades sanitarias
en la atención inmediata a los mutualistass.

En cuanto al programa 412, de asistencia sanitaria, me ha preguntado
por el crecimiento del capítulo 2, de los gastos corrientes. El
presupuesto de asistencia sanitaria crece fundamentalmente porque
crecen los conciertos de asistencia sanitaria. Para el año que viene
tenemos conciertos con la Seguridad Social, con entidades de seguro
libre y otros conciertos de asistencia sanitaria que crecen en razón
al crecimiento de la prima, un 3,4 por ciento, y al incremento del
colectivo. Al crecer el colectivo nos crecen los gastos con las
entidades concertadas porque tenemos que dar servicio a mayor número
de ellos.

En términos generales he respondido a todas las cuestiones que me han
presentado SS.SS., pero si quieren alguna aclaración, con mucho gusto
se la daré.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Mis primeras palabras son para agradecer
la exhaustiva e interesante información que nos ha dado el secretario
de Estado. Ha tocado muchos campos y de forma interesante para forjar
una opinión acerca del funcionamiento del área presupuestaria que
lleva su Secretaría, pero quisiera hacer algunas matizaciones.

Me sigue sorprendiendo esa continua referencia al pasado después de
cuatro años de gobierno. Siguen ustedes



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como con un amuleto cuando preven que están en un cierto apuro y
sacan la referencia al pasado. Creo que no es necesaria y la tenían
que olvidar ya. Además, estamos a punto de terminar la legislatura.

En cuanto al acuerdo del Gobierno y sindicatos, efectivamente, el
Gobierno ha firmado con algunos sindicatos. Decir algunos no es ni
bueno ni malo, en que son algunos. Lo que sí hubiera sido mejor es
que se hubiera llegado a un consenso y a una cierta unanimidad con
todos los sindicatos, porque no sólo están esos sindicatos en la
función pública sino que hay otros, lo cual es un error por parte del
Gobierno. No es bueno que apliquen el sistema de mayoría minoría en
esto. La negociación sindical y los acuerdos entre fuerzas sociales y
el Gobierno, cuanto más amplio sea, mejor. Espero, y creo que todos
lo vamos a desear, que haya esa unanimidad que no ha habido en ese
acuerdo entre el Gobierno y alguno sindicatos. Sería deseable que la
mesa de negociación se recomponga en cuanto al destino que se van a
dar a los 13.000 millones de pesetas.

No hemos hablado del estatuto de la función pública porque va a ser
un debate parlamentario y no creía necesario que en esta
comperecencia se tratara el tema.

Referente al registro de oferta de personal, me parece muy bien que
sea una obsesión por parte del secretario de Estado. El
funcionamiento de la Administración de cara a los funcionarios
mejoraría notablemente y serán buenos todos los esfuerzos que se
hagan. Por eso cuando habla de obsesión me resulta agradable
escucharlo.

En cuanto a las cuotas sociales, no he dicho que sea un ajuste
técnico; quien lo dijo fue el anterior secretario de Estado. Por eso
le digo que no me quedé satisfecho en la comparecencia del pasado año
cuando se habló de que era un puro ajuste técnico. Me agrada más la
respuesta que ha dado ahora. Tampoco he comparado inversiones; es
razonable que no puedan compararse. Lo que hacemos en esta
comparecencia, y por eso mis primeras palabras han sido de
agradecimiento a la información que nos ha dado, es simplemente
preguntar para crearnos una opinión para los posteriores debates
presupuestarios que vamos a tener en la Cámara.

Respecto a la austeridad, tampoco deben pensar desde el Gobierno que
la han inventado ustedes. Me parece excesiva la pretensión de que la
austeridad ex novo comienza en España cuando aparece en el Gobierno
el Partido Popular. Ha habido austeridad, se ha trabajado en ella, y
lo que yo creo es que ese discurso de austeridad lo están perdiendo.

No hablan de ella porque no la practican. Hablaban en la oposición -y
me tengo que referir ahora, como usted ha hecho a cuando ustedes
estaban en la oposición-, pero no lo hacen ahora. No quiero
remontarme a lo que pasó con el número de altos cargos, etcétera.

Sería estéril ir a aquellas cuestiones.

Con referencia al INAP, no le he hecho ningún requerimiento, pero ya
que usted lo ha sacado, me gustaría que hiciera una valoración
sucinta acerca del traspaso que se hizo en el ejercicio
presupuestario de 1999,de los más de 8.000 millones de pesetas que
pasaron al INAP. Y en el actual presupuesto, que veo que hay
importantes modificiones de cara a la gestión de este programa en
cuanto al funcionamiento del mismo, ha desaparecido una gran parte de
ellos, me parece que 5.000 millones del capítulo 2. Querría
saber cómo se va a gestionar esa área presupuestaria que es
importantísima en la modernización de la Administración pública,
referida a la formación del personal de la Administración en general.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señor González Revenga, no he pretendido decir
que haya dicho cosas que usted no ha dicho. Yo no he hecho ningun
referencia al pasado, no tenga ninguna duda, porque a mí me gusta
mirar hacia adelante. A lo que sí hago referencia es a la coherencia
en los planeamientos. Lo único que digo es que se debe aplicar a otro
lo que uno se aplica a sí mismo. No se puede aplicar a cada uno lo
que le interesa en cada momento. La coherencia exige que si yo estoy
convencido de que es buena una cosa, la mantenga mientras me sea
aplicable a mí o cuando le sea aplicable al otro.

En cuanto a la referencia a algunos sindicatos, no le quepa duda de
que hemos hecho todos los esfuerzos del mundo para que los sindicatos
de la mesa general suscribiesen ese acuerdo. Lamentablemente, algunos
sindicatos, y fundamentalmente uno, no ha querido sumarse a ese
acuerdo. El error no es del Gobierno, que ha puesto de su parte todo
lo posible, sino del que ha decidido no sumarse. En todo caso,
respeto mucho su decisión, y me parece que cada uno defiende los
intereses de sus representados como mejor considera. Pero le aseguro
que a nosotros no sólo nos hubiera gustado que estuviera otro
sindicato más, sino incluso los sindicatos nacionalistas que, como
sabe, difícilmente suscriben acuerdos en la mesa nacional. Nosotros
no hemos hecho otra cosa que ofrecer la recomposición del diálogo.

Lamento que algún sindicato en estos momentos no esté por esa vía,
por lo menos en estos primeros días. Comprendo la situación tan
incómoda en la que han quedado dentro de la función pública, al ver
cómo la mayoría de los representantes de los trabajadores sí han
suscrito el acuerdo con el Gobierno porque lo han considerado
interesante y bueno para los empleados públicos. Por lo menos me
aceptará usted que en términos democráticos hay que presumir que la
mayoría tiene más razón que la minoría; por tanto, la validez del
acuerdo es que la mayor parte de los representantes de los
trabajadores han entendido que el ofrecimiento retributivo del
Gobierno para el año 2000 era algo bueno para todos los empleados
públicos. Por eso, creo que no se puede decir que por que alguien no
firma - que además es minoritario- el acuerdo no tiene la
trascendencia y la relevancia general que tiene, porque abarca a
todas las administraciones.

Ha dicho usted algo que me parece importante. Creo que hay que
recomponer el diálogo, no le quepa ninguna duda, y en eso estamos
empeñados y dedicamos los esfuerzos día a día. Lo que tampoco podemos
hacer es incumplir nuestros acuerdos -se lo vuelvo a repetir- y ser
incoherentes con los planteamientos que tradicionalmente hemos hecho.

Alguno de esos sindicatos no firmantes ha sostenido siempre que el
que no firma no participa en el reparto del acuerdo firmado; estoy
seguro de que no me van a pedirahora querer participar en algo que no
han suscrito. En todo



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caso, le aseguro que, al margen de un acuerdo puntual, nuestra
voluntad es seguir recomponiendo, componiendo y dialogando, como ha
sido nuestra labor a lo largo de estos cuatro años, como ustedes bien
saben por el número de acuerdos que se han venido suscribiendo en
esta legislatura, no sólo en el ámbito de la administración pública,
en el que ha habido acuerdos muy importantes, sino en otros ámbitos
de especial trascendencia económica para el país.

Le reitero que el discurso de la austeridad es un discurso claro.

Comprendo que ustedes fueron austeros en el año 1995, cuando el señor
Solbes tuvo que congelar el gasto para conseguir tener unos objetivos
de déficit mínimamente aceptables porque la situación era realmente
insostenible, y no quiero entrar en otras consideraciones como la
quiebra de la Seguridad Social y demás. Le aseguro que nuestra
política de austeridad es una política tan rigurosa que ha permitido,
cuando nadie lo pensaba, entrar a la cabeza de los países de la Unión
dentro de la moneda única y ser hoy una de las referencias de
crecimiento económico y de empleo dentro de los países de la Unión.

No tengo ningún inconveniente en hablar de altos cargos, pero no me
voy a extender ahora; usted sabe que hemos reducido el número. Desde
el punto de vista de las cuotas sociales le digo que es verdad que
éstas se ajustan en razón del modelo por el que opta el trabajador y
por tanto esa es la explicación de por qué eso fluctúa en razón de
cuál es el régimen por el que cada trabajador, como usted sabe, puede
optar y en razón a eso ajustamos los créditos.




En cuanto al INAP, me ha preguntado usted cómo ha ido el programa y a
qué responden los cambios. Se lo digo claramente. Usted sabe, porque
creo que así se lo explicó también el secretario de Estado anterior,
que se hizo un cambio importante en la financiación para conseguir
una agilización en la tramitación de los créditos de cara a la
formación continua, que consistió en reflejar el presupuesto de
formación dentro del capítulo 2 del INAP para conseguir que se
agilizase esa tramitación. Sin embargo, lo que ha puesto de
manifiesto esa gestión en el capítulo 2 es que hay que hacer, a su
vez, una modificación del capítulo 4, porque son aportaciones a
instituciones; por tanto, eso nos obligaba a hacer una modificación
presupuestaria que nos retrasaba un poco más. Por eso para el año
2000 la parte de aportación a corporaciones locales, instituciones
sin ánimo de lucro o sindicatos, como usted quiera, y ayuntamientos
la hemos consignado directamente en el capítulo 4, lo que pensamos
que nos va a dar mucha más flexibilidad para tramitar rápidamente la
gestión.

En relación a cómo ha ido el año 1999, brevemente le puedo decir que
para la Administración General del Estado se han destinado 2.227
millones, 64 planes y más de 106.000 participantes -tengo una
distribución muy amplia que no le voy a dar, pero si quiere se la
hago llegar-. Además, las comunidades autónomas han tenido 2.115
millones de pesetas, con 24 planes y más de 118.000 participantes; la
administración local 1.797 millones, 289 planes y más de 76.000
participantes, y las organizaciones sindicales 1.711 millones, siete
planes y más de 65.000 participantes en el año 1999. Son los datos
que al día de la fecha tenemos en relación al plan de formación.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su
información.




- DEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. APETICIÓN DELGRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/
002228) YDELGRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO. (Número de
expediente 212/002317.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la comparecencia del subsecretario
del Ministerio de Administraciones Públicas. (El señor
Vicepresidente, Soriano Benítez de Lugo, ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Soriano Benítez de Lugo): Señorías,
agradecemos la presencia entre nosotros del subsecretario del
Ministerio de Administraciones Públicas.

De acuerdo con las solicitudes presentadas, tiene la palabra por el
Grupo Socialista el señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia de nuevo.

La primera parte de mi intervención, a estas horas de la mañana -le
hemos hecho esperar más de dos horas-, se refiere al presupuesto
general del ministerio, presupuesto que ha pasado de los 58.672
millones de pesetas en 1999 a 64.974 millones concretamente; es
decir, ha habido un aumento de 6.301 millones, lo que supone más de
un 10,7 por ciento de incremento. Es un aumento considerable si lo
comparamos con la subida del presupuesto que hubo de 1998 a 1999, que
sólo lo hizo en un 4 por ciento. Este año, por tanto, ha tenido un
crecimiento de más del doble con respecto al anterior. Este
incremento se da en el capítulo 1, en gastos de personal, y en menor
cuantía, lamentablemente, como hemos dicho a lo largo de la mañana,
en el capítulo 7, de transferencia de capital a las corporaciones
locales; incluyendo al Instituto Nacional de Administración Pública y
a Muface, el presupuesto del Ministerio para las Administraciones
Públicas es de 265.000 millones, es decir, 19.221 millones más que en
1999, lo que nos ofrece un crecimiento más moderado, con un 7,8 por
ciento.

Pues bien, en el capítulo de personal del MAP es donde encontramos la
clave de ese aumento de un 10,7 por ciento del total del ministerio.

Tenemos un incremento de un 21,7 por ciento en el artículo 12, de
funcionarios, y de un 18,14 en el artículo 13, de laborales. Además,
hay que mencionar el aumento del 12,7 por ciento en productividad. Le
rogaría -es mi primera pregunta, señor subsecretario- que nos aclare
las razones de ese considerable aumento en los gastos de personal del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

En cuanto al capítulo 2, de gastos corrientes de bienes y servicios,
tampoco vemos aquí que haya un contención del gasto en un área en la
que debe prevalecer la austeridad, sin menoscabo, claro está, de la
necesaria eficacia que debemos exigir en la gestión administrativa.

Veríamos más razonable en este sentido que ese aumento estuviera en
torno al 2 por ciento y no al 4,37 por ciento que existe en el



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proyecto presupuestario del Gobierno. Sin duda alguna, señor
subsecretario, también nos podrá ofrecer razones que nos hagan
comprender esa subida en los gastos corrientes del ministerio.

En el capítulo 6, inversiones, cuya subida no llega al 2 por ciento,
vemos cómo existe un aumento de 111 millones en inversiones nuevas
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Me gustaría
conocer también, señor subsecretario, qué inversiones se van a
realizar con cargo al artículo 62 y qué objetivos persiguen las
mismas. Por el contrario, hay una disminución de 175 millones en las
inversiones de reposición, que se quedan en 1.565 millones, una
cantidad menor que en 1999 y en 1998, que supuso 1.740 y 1.615
millones, respectivamente. También queremos conocer las razones de
esta baja en inversiones de reposición.

En resumen, señor subsecretario, vemos en el presupuesto del
Ministerio de Administraciones Públicas importantes desequilibrios,
desequilibrios como los que se derivan de que de los 6.301 millones
de aumento presupuestario del ministerio con respecto a 1999, 4.634
millones van destinados exclusivamente a gastos de personal, por el
contrario, sólo 1.237 millones van destinados a transferencias de
capital. Eso supone, desde nuestro punto de vista, una quiebra clara
y profunda de este ministerio con las corporaciones locales, que un
año más contemplan con decepción este proyecto de presupuestos.

Respecto al programa 121.A, de dirección y servicio de la
Administración general, que se gestiona desde la subsecretaría y con
un incremento de un 4,34 por ciento, nos gustaría conocer a qué se
debe la subida presupuestaria de funcionarios a laborales en un 6,3 y
un 7 por ciento, respectivamente. Asimismo, vemos una subida de un 5
por ciento en productividad, es decir más de tres puntos también con
respecto a la media del ministerio. El año pasado nos informó que el
aumento de la productividad era como consecuencia, me parece
recordar, del reajuste de los gabinetes telegráficos. Supongo que de
cara al nuevo presupuesto habrá razones que nos puedan convencer de
la conveniencia de esa subida en productividad, en el programa 121.A.

En el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, vemos una
baja de 15 millones en arrendamientos, de lo cual nos alegramos, sin
embargo, en el artículo 23, es decir en lo referido a indemnizaciones
o a dietas existe un aumento de 19,8 millones, lo que supone un
incremento bastante sustancial de más de un 78 por ciento. Nos
gustaría conocer las razones de tan sustancial incremento
presupuestario.




En cuanto al capítulo 6, inversiones reales, también queremos conocer
el destino de los 59 millones, 53 más que en 1999, de inversión
asociada al funcionamiento operativo de los servicios. El incremento
de las inversiones en un 15,5 por ciento rompe la tendencia de
desinversión que en 1999 se había dado, con una disminución del 30
por ciento.

En cuanto al programa 121.D, apoyo a la gestión administrativa de la
Jefatura de Estado, por nuestra parte no necesita de aclaración
alguna, puesto que no hay variaciones, excepto un razonable
incremento de un 2 por ciento.

Sobre el programa 121.E, de la administración periférica del Estado,
sí queremos plantearle algunas cuestiones.

Este programa de la administración periférica del Estado tuvo el año
pasado un ligero incremento presupuestario de un 2,6 por ciento, sin
embargo, en el actual proyecto de presupuestos se prevé un aumento
global mucho más abultado, de un 19,8 por ciento, llegando a la
cantidad total de 30.334 millones de pesetas. Así pues, mientras que
en 1999 la subida era de sólo 663 millones, este año tenemos un
incremento de 4.844 millones. Como se puede apreciar, es una subida
muy considerable, que sin duda nos va a quedar suficientemente
aclarada en su posterior intervención.

De todas formas, de la lectura detallada del presupuesto del programa
121.E podemos ver que la subida en capítulo de personal es de 4.451
millones, una subida que yo creo que puede explicar claramente el
incremento presupuestario global de ese programa. Asimismo, hay un
aumento de un 27 por ciento en el artículo 12 de funcionarios y de un
20 por ciento en el de laborales. Nos gustaría conocer los cambios
que se van a producir en este programa y que justifican ese muy
notable crecimiento en los gastos del capítulo de personal. Como he
dicho a lo largo de esta mañana, no sé si se podrá seguir hablando de
austeridad, como se hizo con tanta fuerza el pasado año en la misma
comparecencia presupuestaria.

Por otra parte, con respecto a dietas, que suben en un 18,5 por
ciento. No hago mención a ello porque supongo que será una subida
necesaria, en paralelo con el incremento de los artículos 12 y 13.

(El señor presidente ocupa la Presidencia.) No sé si me podrá dar
alguna información más atinada.

Tampoco veo mucha austeridad en gastos corrientes en bienes y
servicios, que en el capítulo 2 se acercan al 8 por ciento de
incremento. El anterior ministro, el señor Rajoy, afirmó en esta
comisión el pasado año que se llegaría a un ahorro de 200 millones en
concepto de arrendamientos como consecuencia de la reordenación de la
administración periférica en delegaciones y subdelegaciones, pues
bien, el presupuesto de 1999 sólo planteaba el ahorro de 85 millones
en este programa de administración en cuestión de arrendamientos y en
el presupuesto para el 2000 se deja de ahorrar no los 200 millones de
que habló el ministro Rajoy ni los 85 que venían reflejados en el
presupuesto de 1999 sino que, por el contrario, este capítulo se
vuelve a incrementar en 61 millones de pesetas, lo que supone un
incremento de casi un 17 por ciento, que rompe, según mi criterio, la
línea argumental que ustedes, desde el ministerio, utilizaron en
cuanto a ahorro y austeridad en la gestión y en concreto en cuanto al
nuevo modelo de administración periférica, como lógica consecuencia
de la aplicación de la Lofage. El compromiso de ahorro en gastos de
la Administración en personal y en gasto corriente que desde el
Gobierno se hizo cuando se aprobó la Lofage no se ha cumplido, sino
todo lo contrario, y este año vemos otra vez la tendencia de
incremento en arrendamientos.

En cuanto al capítulo de inversiones, me gustaría conocer el destino
de las mismas ya que hay un considerable aumento, un total de 113
millones más que en 1999, que corresponde a las inversiones nuevas
asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, con 109
millones de pesetas y con 1.083 millones en las inversiones de
reposición.




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Por último, señor subsecretario, me gustaría que nos hiciera un
balance, aunque sea breve, dada la hora, de la implantación de la
Lofage y concretamente del funcionamiento de la administración
periférica a lo largo de este año.

Por otro lado, lo pedimos el año pasado y éste le vuelvo a requerir
información acerca del censo de inmuebles de la administración
periférica, así como de los inmuebles cuyos arrendamientos hayan sido
cancelados en este último año.

Otra cuestión que le planteo es si quedan todavía por formalizar
traspasos de funcionarios y laborales al Ministerio de
Administraciones Públicas desde otros ministerios. Finalmente, quería
saber si ha habido alguna modificación en cuanto al número de
personal eventual de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández González,
en nombre del Grupo Popular.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor subsecretario,
por su comparecencia y por las aportaciones complementarias que
seguramente nos va a aportar en la misma para facilitar y completar
este trámite presupuestario en la comprensión de todos los documentos
que figuran a disposición de todos los grupos parlamentarios.




Yo quisiera iniciar mi intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, no solamente agradeciendo la presencia del
subsecretario, sino también, como corolario a las comparecencias que
se han producido en la mañana de hoy, a toda la serie de datos y
aportación exhaustiva de elementos que conforman los diversos
programas presupuestarios adscritos a esta sección 22 del Ministerio
de Administraciones Públicas. Hemos estado pasando revista a diversas
cuestiones y yo, con carácter general, sí quisiera hacer alguna
valoración, ya que se han realizado dobles valoraciones en este
sentido por parte de intervinientes anteriores. Yo creo que es un
buen presupuesto para las corporaciones locales, es un presupuesto de
incremento presupuestario notable para las corporaciones locales y,
sin duda, las entregas a cuenta y las liquidaciones definitivas
aportarán una mejora en esa financiación local necesaria e impulsada
por este Gobierno, que supone un incremento y una racionalización en
las transferencias de cantidades y de participación en los tributos
del Estado, que son los créditos presupuestarios yo diría que
importantísimos en los diversos presupuestos generales de las
diversas entidades locales en nuestro país. El presupuesto
consolidado del Ministerio de Administraciones Públicas tiene en su
conjunto un incremento superior al 10 por ciento. Nosotros lo
celebramos porque sabemos que este incremento tiene objetivos
concretos y programas que dan soporte al mismo. Creo que es mezclar
criterios no homogéneos imputar a un crecimiento racional y razonable
criterios de gasto no controlado. Más al contrario, nos parece que
este incremento del presupuesto del año 2000 respecto del de 1999 en
todos los programas presupuestarios que se incardinan dentro del
Ministerio de Administraciones Públicas, sumados los gastos
presupuestados por los dos organismos autónomos que se encuentran
adscritos al citado Ministerio, al INAP y la Muface, que ya han sido
objeto de explicaciones en comparecencias anteriores, conforma un
gran presupuesto. Nos
parece que es un presupuesto que apuesta por los funcionarios, por la
modernización de la Función pública en nuestro país, por la formación
continua y permanente de nuestros funcionarios, por un crecimiento
racionalizado del gasto público, por la modernización en consonancia
con la informática, demostrando que la Administración pública corre
suerte pareja a la de la sociedad española y por tanto a las nuevas
tecnologías e innovaciones. Hay una importante racionalización
evitando duplicidades innecesarias y culminando el proceso iniciado a
través de la Lofage. Por tanto, repito creemos que es un buen
presupuesto el de Administraciones Públicas, y el referido a los
entes territoriales y al Fondo de Compensación Interterritorial.

También quisiera hablar del programa, el 121-E, que se refiere a la
Administración periférica del Estado, sobre el que sabemos, porque
así se ha manifestado en comparecencias y en diversas manifestaciones
del subsecretario, que es un programa que se impulsa y se cuida
especialmente, tanto en su seguimiento como en su desarrollo. Dentro
de esos principios básicos que han de sustentar y que hoy ya
sustentan a la Administración periférica del Estado, dentro de la
eficacia, racionalización, economía, objetividad y transparencia de
la acción administrativa, nos parece que sería muy oportuno que en
esta comparecencia se abundase más acerca de la nueva estructura de
los servicios periféricos, de los servicios territoriales integrados
y de la estructura, de las delegaciones del Gobierno, que han
motivado la creación de nuevas áreas funcionales. Nos gustaría, por
tanto, que en el capítulo específico y en su programa presupuestario
se aportasen algunas conclusiones del seguimiento que a lo largo del
año se va realizando por parte de la Subsecretaría, y del impulso
personal, que conocemos y compartimos, por parte del señor
subsecretario.

En definitiva, esas son las cuestiones que de forma genérica
planteamos, toda vez que hemos analizado programas de forma muy
minuciosa y exhaustiva en las dos comparecencias anteriores que han
corrido a cargo, como saben muy bien SS.SS., de los dos secretarios
de Estado que están integrados en el Ministerio de Administraciones
Públicas.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, puede hacer uso de la
palabra cuando lo desee.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Arana Muñoz):
Señor presidente, señorías, como subsecretario del Ministerio de
Administraciones Públicas comparezco con mucho gusto para explicarles
algunos de los datos más importantes del presupuesto en las áreas de
mi responsabilidad y fundamentalmente para intentar aclarar algunas
de las cuestiones que han planteado en relación con el presupuesto
del Ministerio de Administraciones Públicas para el año 2000.

Me alegro de que la primera y principal pregunta sobre el presupuesto
del año 2000 sea en relación con este departamento y con la subida
del 10,7 por ciento, que llama mucho la atención. A cualquier lector
de presupuestos que haya leído las explicaciones que se han dado del
presupuesto del Estado le puede llamar la atención contemplar la
variación de los porcentajes. Hay una explicación muy sencilla, muy
simple y que en seguida me va a aliviar de



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muchas explicaciones, porque los aspectos concretos que ha expuesto
el señor diputado del Grupo Socialista traen causa de ello; una vez
aclarada la cuestión, los demás aspectos son muy sencillos. Apesar de
esa subida realmente nos mantenemos en los parámetros ordinarios de
los Presupuestos Generales del Estado. Lo que ocurre es que las
direcciones provinciales de Trabajo, las delegaciones territoriales
de Objeción de Conciencia y los servicios territoriales del Instituto
Geográfico Nacional, más los gabinetes telegráficos, nutridos por el
personal de Correos, ya están en el presupuesto del año 2000. El año
pasado fue la negociación y este año ya están plasmados en los
presupuestos. De manera que esa subida, fundamentalmente en el 121.E
y también en el capítulo 1 del Ministerio, trae su causa de esa
dotación de personal. En el año 1996 teníamos en total en la casa 954
funcionarios y 191 laborales; en el año 1997, eran 960 funcionarios y
188 laborales; en 1998, empieza a aplicarse la Lofage, 1.028
funcionarios; y en 1999, aumenta en 1.035 funcionarios estando ahora
cerca de los 8.000 funcionarios. Hemos multiplicado por ocho, en dos
años. Esto justifica que intente decirle algo en relación con la
Lofage.

El programa que gestiona la Subsecretaría, sobre todo el 121-E, trae
su causa de que hay un mismo programa para la Administración
periférica del Estado y un programa que año a año pienso que va a
tener que seguir creciendo en la medida en la que juzgamos positivo y
racional lo que se está haciendo. Yo plantearía el discurso de la
austeridad de una forma equilibrada entre dos elementos de los
programas del Ministerio. Este año en el capítulo primero y, después
de hablar mucho con los sindicatos en el Ministerio, no en sede
central o nacional, hemos llegado a subir el 40,6 por ciento de los
gastos de acción social. Yo, como subsecretario, si me dijeran qué
dos cuestiones quería destacar del presupuesto, en primer lugar
mencionaría la subida del gasto social en acción social del 40,6 por
ciento y en segundo lugar la subida del gasto de formación en el
Ministerio. Han empezado a funcionar, con participación sindical,
comisiones provinciales de formación por toda la geografía nacional,
con una subida del 28,2 por ciento, que está por encima de los
parámetros ordinarios. El acuerdo con los sindicatos de destinar de
la masa salarial al gasto social es el 0,8 por ciento y nosotros este
año gastamos el 1,04 por ciento del presupuesto de la masa salarial.

En este presupuesto, según creemos nosotros al menos se combina la
preocupación por la mejora real de las condiciones de trabajo y de
las prestaciones que pueda dar la Administración a sus trabajadores,
mejor formación. Y en el programa 121 E el año pasado se rebajó
sustancialmente el capítulo 2, no sólo los arrendamientos sino
también el gasto derivado de la mejor gestión. Le decía el año pasado
a S.S. que la austeridad es una característica de la gestión pública.

En el capítulo 2, arrendamientos y gasto de la gestión de los
contratos, hay que sumar, porque se han dado de baja muchos
arrendamientos. El detalle se lo enviaremos con mucho gusto. Pero
creo que tan importante o más que las bajas en los arrendamientos es
la concentración de contratos, porque, si antes había siete
dependencias en una ciudad, por ejemplo, con siete contratos
distintos de limpieza o siete contratos distintos de telefonía, ahora
tenemos uno solo y se han podido hacer muchas mejoras. Incluso el año
pasado
el ahorro fue superior a los 200 millones, el ahorro real, en lo
que es la austeridad entendida como arrendamientos más buena gestión
de los contratos, y este año vamos a seguir trabajando en esa
dirección.

La incorporación del personal del Instituto Geográfico Nacional,
delegaciones de Objeción de Vonciencia y direcciones provinciales de
trabajo más el personal de los gabinetes telegráficos procedente de
Correos, a los capítulos 1, 2 y 6, explica este aumento importante
del presupuesto, que hay que completar , desde mi punto de vista, en
el capítulo 6, con lo que son -usted se refería a ello- los 113
millones de aumento, que son muy importantes y que nos van a permitir
seguir mejorando las oficinas de información y de registro.

Uno de los objetivos más importantes que tiene el Ministerio en esta
materia de la Administración periférica del Estado es que las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se conviertan en los
centros administrativos, en sentido estricto, de la Administración
del Estado, en la provincia o en la comunidad autónoma. Y que, en la
medida de lo posible, se vayan cancelando muchas oficinas de atención
y de registro que hay desperdigadas por muchas ciudades. Ya se ha
hecho en buena parte en el año 1999, refleja el trabajo sobre las
cinco antiguas direcciones provinciales de Sanidad, Fomento,
Industria, Agricultura, que se integraron el año 1999 y que ya tienen
su visualización presupuestaria. Este año, la de estos tres servicios
va a tener su visualización en la ejecución del presupuesto del año
2000. Seguimos cancelando arrendamientos, pero con una perspectiva
equilibrada y de normalidad. Siempre -y es una instrucción que el
subsecretario dio desde el principio-, antes de que se cancele un
arrendamiento o un alquiler de edificios o de dependencias más
pequeñas, se habla con el personal y se les muestra que las
condiciones de trabajo en las que van a realizar su tarea serán al
menos iguales, pero si es posible mejores, que las que tenían antes.

Lo que pretendemos con toda esta tarea de las mejoras en las
delegaciones y subdelegaciones es también preocuparnos de las
personas, no sólo de las dependencias, de los edificios; que las
personas, que los funcionarios y empleados públicos trabajen en
mejores condiciones. Por ejemplo y en materia de austeridad, le puedo
decir que este año 1999, hasta el 30 de septiembre, en lo que se
refiere a ahorro en mejoras en la gestión de la contratación,
llevamos 213.563.105 pesetas. No es que nos obsesione el ahorro,
porque de lo que se trata es de que se trabaje en un contexto de
dignidad, pero sí tenemos la convicción de que se puede hacer más y
mejor con menos. Los presupuestos de este Ministerio no son muy
amplios y los datos de cancelaciones en arrendamientos o de mejora de
la gestión de los contratos incluso permiten, como banco de pruebas o
como laboratorio, demostrar que esto es posible y me parece que, y
los datos cantan, se va en esta dirección. Por tanto, lo que usted me
decía del capítulo 1 del Ministerio, de crecimiento de funcionarios
laborales y productividad, viene lógicamente como consecuencia del
trasvase de esas dotaciones al capítulo 1. En el capítulo 2, la
subida real, teniendo en cuenta la consolidación de la transferencia
del Instituto Geográfico Nacional, la transferenciade Objeción de
Conciencia y de Trabajo, es del 2 por ciento.




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Es la subida razonable y lógica que teníamos que hacer como
consecuencia de los parámetros macroeconómicos.

Destino de las inversiones nuevas. Otro de los proyectos que estamos
acometiendo desde la Administración periférica del Estado, y que me
parece sustancial y que va a mejorar el tratamiento de los ciudadanos
y de los vecinos en sus relaciones con los ciudadanos, son las
bibliotecas. Puede parecer una cuestión menor o una cuestión de
pequeña importancia, pero se están mejorando las bibliotecas de las
delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, para que también vaya la
gente de la calle y pueda beneficiarse de los libros que hay en
ellas, para que preparen oposiciones, para que puedan consultar
manuales, tratados, etcétera. Son manifestaciones de la idea de abrir
la Administración del Estado hacia la sociedad. En otro orden de
cosas se están haciendo convenios con las universidades, para que
puedan ir los estudiantes a hacer prácticas, los que lo deseen y
dentro de las dependencias que sea posible, a la Administración del
Estado. Ya se ha empezado a ejecutar en este curso académico en
muchas delegaciones y subdelegaciones. Se ha mejorado también la
informática, adquisiciones y desarrollos de aplicaciones informáticas
para servicios periféricos, que realmente necesitaban estas
dotaciones de presupuestos. Me parece que estos aumentos, por lo
menos en este caso de las inversiones nuevas tienen una explicación,
por lo menos para nosotros, razonable. Del capítulo 1 y del capitulo
2 del presupuesto del departamento, la justificación es el trasvase
de esas dotaciones del Instituto Geográfico Nacional, Objeción de
Conciencia, direcciones provinciales de trabajo y gabinetes
procedentes de personal de Correos.

Capítulo 121.A, subida de funcionarios y laborales. Creo que puede
entenderse algo sin demasiado esfuerzo y es que, si el personal
periférico de estos servicios, Instituto Geográfico Nacional,
objeción de conciencia, direcciones provinciales de trabajo y
gabinetes telegráficos de Correos se han trasvasado, de alguna
manera, el personal que en estos ministerios realizaba las tareas de
coordinación periférica de estos servicios lo lógico es que también
siga la suerte que han seguido las personas que gestionaban esos
capítulos. Por eso las dotaciones de ese personal que están en los
servicios centrales aparecen en estas subidas del programa 121.A.

Le agradezco que haya dicho que hemos reducido arrendamientos en
Madrid, porque hemos dejado un edificio en la calle de Ayala, que era
uno de los objetivos que tenemos en el Ministerio, racionalización de
las superficies. Y, como usted bien ha dicho, las indemnizaciones
suben. Y suben por una razón que tiene una explicación razonable para
nosotros. La Subsecretaría de Administraciones Públicas del
Ministerio de Administraciones Públicas se ha transformado en estos
tres años de una manera radical, si se quiere. ¿Por qué? Porque ha
pasado de gestionar 1.100 personas a gestionar más de 8.000, y de
gestionar 10 ó 12 dependencias en Madrid a gestionar 500 ó 600. Ha
pasado a tener que hacer planes de formación que ya empiezan a ser
importantes. Este año ya tenemos un plan de formación con 550 cursos,
95 en Madrid y 455 en la periferia, con un número de alumnos del
orden de 4.000 ó 5.000 personas.




Lógicamente, ante la Administración periférica se pueden tener dos
dimensiones o dos perspectivas: contemplar la realidad de una forma
lejana y tener un conocimiento lejano, o tener un conocimiento de la
realidad acercándose a ella. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora
estamos haciendo un programa de mejora en oficinas de extranjeros, en
lo que son los procedimientos administrativos, en lo que es el
trabajo para que no haya las colas que hay. En algunos casos es
importante gestionar que no haya colas; porque eso es lo que espera
la gente, ir a una oficina y que no tenga que esperar. Aveces hay que
dividir la atención al ciudadano. Esto ha hecho que continuamente los
servicios de la Subsecretaría tengan que estar ocupándose de
personal, de contratación sobre el terreno, lo que hace que viaje
y se desplace la gente. También convocamos a Madrid, para muchos cursos
y actividades, a delegados y subdelegados del Gobierno, que ahora
dependen del Ministerio, y también de los servicios administrativos
que vienen con frecuencia a los servicios centrales para cambiar
impresiones, en muchos casos porque hay que transmitir criterios para
los que hace falta la cercanía con la realidad.

La productividad. Le decía antes que la productividad tiene la misma
explicación que el aumento de funcionarios y laborales. También hemos
hablado de las dietas. En este momento estamos cerrando una
transferencia del Parque Móvil del Estado, como se llama ahora, a
Administraciones Públicas; está a falta de cerrar algunos flecos y
estamos en conversaciones para que en estos dos años haya unos
cuantos servicios de los ministerios, dependencias periféricas, que
pasen a integrarse en el Ministerio de Administraciones Públicas.

El balance que hago como gestor de este programa y espero recuerde lo
que hablamos el año pasado en relación con lo que supone este
programa y lo que supone que por fin en España haya un ministerio que
se va a convertir en un ministerio horizontal para la gestión del
gasto corriente, del gasto de personal en la Administración pública,
es una valoración positiva en el sentido de que, dando pequeños
pasos, se puede ir mejorando la gestión del gasto corriente y la
gestión del personal.

Le voy a poner un ejemplo: hasta ahora, con el antiguo esquema de
direcciones provinciales dependientes de servicios centrales de la
Subsecretaría de los ministerios correspondientes, había poca
comunicación en la periferia entre esos servicios periféricos. Como
ahora se han integrado en las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, nos encontramos con algo que beneficia a los ciudadanos y
es que el personal auxiliar que atendía las antiguas direcciones
provinciales de Industria, de Sanidad o de Fomento actualmente están
trabajando para todas esas áreas, de forma que si se pone enferma una
auxiliar que trabajaba para Industria o Fomento, no hay problema
porque se sigue la actividad ordinaria. Se van creando pools,
conjuntos de trabajo, y esto beneficia, eso es lo que nos dicen
nuestros indicadores de gestión de la Subsecretaría. Recibo
información periódica de los expedientes en cada área y veo cómo se
va mejorando, cada semana o cada quince días y tenemos reuniones de
seguimiento para continuar esta tarea de ir poco a poco mejorando la
gestión. También ha sido muy positivo reforzar las oficinas de
atención al ciudadano a las obras que se han ido haciendo; este año
hemos hecho



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obras en diez provincias, y para el año 2000 tenemos ya programas de
trabajo, en prácticamente todas las comunidades autónomas, de
remodelación y adaptación de espacios, de mejoras de oficinas de
extranjeros, de oficinas de información. Se van a incorporar a esta
tarea 113 millones. La valoración que hago es positiva, pero se va a
haciendo en el tiempo, poco a poco, moderadamente, se incorporan
mejoras y errores también, pues se cometen errores en los años se
intenta corregirlos. La idea del Gobierno es avanzar en este proceso
de trabajo periférico.

Agradezco mucho a la representante del Grupo Popular que haya
significado, destacado y subrayado este capítulo del presupuesto y lo
normal es que, cuando pasen unos años, sea uno de los capítulos más
importantes de los presupuestos de la Administración general del
Estado, porque lógicamente se van a ir incorporando, eso sí, poco a
poco, distintas dependencias periféricas y van a hacer que el
Ministerio de Administraciones Públicas, en todo lo que son los
gastos de personal en la periferia y los gastos corrientes y de
inversiones, pueda aplicar criterios de racionalidad, con lo que eso
supone de homogeneidad en el tratamiento, por ejemplo, de las
retribuciones, que es un problema que ahora estamos tratando con los
sindicatos para ver qué podemos hacer. Las incorporaciones se han
hecho en función de la situación en que estaban anteriormente; una
vez que se han integrado todos los funcionarios de los ministerios,
cada uno con las dotaciones que tenía, observamos que se han
producido discriminaciones, porque cada funcionario viene de un
ministerio, y ahora estamos trabajando para proceder a una razonable
homogeneización. Eso es posible cuando hay un programa que permite
trabajar sobre esta materia y nos deja racionalizar. Es una tarea
complicada, pero vale la pena hacerla. Además, ya lo he dicho en
alguna otra ocasión, pero no en sede parlamentaria, es algo que está
al margen de cuestiones políticas, es una cuestión de racionalidad,
es una cuestión lógica y cualquier Gobierno tendría que hacerla.

Tenemos que mantener ese equilibrio de la dependencia orgánica y la
funcional, que es una de las claves, porque saben SS.SS. que los
ministerios siguen impartiendo directrices e instrucciones
funcionales. Al director del área de Agricultura no le podemos decir
cómo tiene que hacer las campañas, pero sí podemos ayudarle a que
cuando salga a una campaña, o en Industria o en Sanidad a hacer unas
vacunaciones, tengan personal y medios materiales para que ese
trabajo se haga con más eficacia.

El señor PRESIDENTE: Señor González Revenga.




El señor GONZÁLEZ REVENGA: Tomo la palabra muy brevemente para
agradecer la valiosa información que nos ha dado el subsecretario.

Si le tuviera que hacer alguna matización, sería tan pequeña como lo
referido a arrendamientos. Hay una baja en el 121.A y una subida
importante del 16,9 en el 129. Quiero manifestar que estamos de
acuerdo en el modelo general de la Administración en cuanto a que el
Ministerio pase a cumplir su tarea horizontal dentro de la estructura
del Gobierno y la Administración y todos los esfuerzos que se hagan
en ese sentido van a ser respaldados por el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Arana Muñoz):
Sólo quiero exponer una idea que, a la vista de los comentarios que
se han hecho, nos permite seguir trabajando con optimismo. Este
proceso de la reforma del Estado y de la Administración periférica
trae su causa de la Constitución y de los principios de eficacia, de
servicio y de ajustar el esqueleto de la Administración Periférica
del Estado al modelo constitucional. Es una tarea que se va haciendo
poco a poco, que exige mucha ingeniería administrativa, por lo menos
en la parte que gestionamos en la Subsecretaría. Ysi se mantiene el
timón orientado como está, que es nuestra idea, podrá llevar al barco
hacia unos elementos de racionalidad. No va a quedar en lo que es la
organización administrativa, sino que va a hacer que las colas puedan
ir descendiendo, que los expedientes se tramiten con más agilidad y
que, al final, la gente, los vecinos y los ciudadanos, cuando vayan a
las dependencias de la Administración del Estado en la periferia,
delegaciones y subdelegaciones, se encuentren dependencias modernas,
pero sobre todo, dependencias con personal que está dispuesto a
atenderles y a hacer visibles los principios de la Constitución.




El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido el orden del día, se levanta
la sesión.