CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 85



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA



Sesión núm. 9



celebrada el martes, 15 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997. (Número de expediente
121/000015) (Página 2018)



Proposiciones no de ley:



--Relativa a la creación del registro de uniones de hecho del Estado.

Presentada por el Grupo Mixto. (Número de expediente 161/000016) (Página 2059)



--Sobre reconocimiento del idioma valenciano en los modelos bilingües de
documentos oficiales mercantiles. Presentada por el Grupo Mixto. (Número
de expediente 161/000084) (Página 2059)



--Sobre la revisión de los planes de amortización y construcción de
nuevos centros penitenciarios en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000086) (Página 2059)

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--Sobre medidas para garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia
por parte del personal sanitario de la sanidad pública, en lo que se
refiere a la evaluación de la aptitud psicofísica para el Servicio
Militar de los mozos de reemplazo. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000092) (Página 2064)



Solicitud de creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de
Justicia e Interior, encargada de la elaboración de un Informe que sirva
de base para el establecimiento de un nuevo modelo policial. A petición
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 158/000008) (Página 2064)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (número de expediente 121/000015):



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (GARCIA MENA). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Números de expedientes
212/000360 y 212/000361.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la sesión de
comparecencias de los representantes de la Administración del Estado,
relativas al proyecto de ley de Presupuestos para 1997.

Si a SS. SS. les parece, y dado que éste es un trámite no reglado o
escasamente reglado en el Reglamento de la Cámara, creemos que el sistema
mejor sería el siguiente: que intervengan preguntando, en primer lugar,
los representantes de los grupos que han solicitado la comparecencia del
representante de la Administración; que a él se refieran, como es el caso
del señor Subsecretario del Ministerio de Justicia, las preguntas
dirigidas a otros representantes de la administración, en este caso al
Director General de Objeción de Conciencia; contesta el representante de
la Administración; hay un segundo y breve turno por parte de los
representantes de los grupos parlamentarios y contesta y definitivamente
cierra el alto cargo.

Sólo en circunstancias muy excepcionales, que entre todos iremos
analizando a lo largo de la sesión, podría intervenir algún representante
de otro grupo parlamentario distinto del que ha solicitado la
comparecencia. Este es un trámite que en principio está pensado para
«ilustrar» --pongámonos a ilustrar todas las comillas que podamos-- a las
Diputadas y Diputados, a los grupos, en relación con las enmiendas que
tengan que presentar a lo largo del trámite parlamentario; no es un
trámite de discusión de la política general del Gobierno, de la
administración, sino un trámite, insisto, para ilustrar a los grupos y a
las señoras y señores Diputados sobre las enmiendas que tuvieran a bien
presentar a lo largo del trámite.

Si les parece, así es como podríamos conducir las comparecencias de esta
mañana, tanto la única que se refiere al Ministerio de Justicia, que es
del señor Subsecretario del Ministerio, como las del Ministerio del
Interior.

También he de indicar a los portavoces de los grupos y a los miembros de
la ponencia que o bien en algún descanso, si nuestras deliberaciones van
bien, entre comparecencia y comparecencia, o bien al final de la sesión
de esta mañana, quisiera tener una pequeña reunión, porque tenemos que
resolver alguna dificultad que ha surgido con la comparecencia del Fiscal
General del Estado, que estaba prevista, en principio, para el miércoles
de la semana que viene y posiblemente ese día va a haber sesión plenaria,
justamente la correspondiente al debate de totalidad de la ley de
Presupuestos Generales del Estado. Me gustaría por esto cambiar unas
impresiones rápidas con SS. SS., para ver cuándo situamos esta
comparecencia.

Comienzan, pues, si le quisiera tener una pequeña reunión, porque tenemos
que resolver alguna dificultad que ha surgido con la comparecencia del
Fiscal General del Estado, que estaba prevista, en principio, para el
miércoles de la semana que viene y posiblemente ese día va a haber sesión
plenaria, justamente la correspondiente al debate de totalidad de la ley
de Presupuestos Generales del Estado. Me gustaría por esto cambiar unas
impresiones rápidas con SS. SS., para ver cuándo situamos esta
comparecencia.

Comienzan, pues, si lee ha tomado posesión de su cargo. Lo hace
precisamente en un tema que el Grupo Parlamentario Socialista considera
de gran trascendencia, que es el referente a la tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado.

Es evidente que en el tiempo limitado que vamos a tener para sustanciar
esta comparecencia no podemos abordar todas las sugerencias y cuestiones
que surgen de la lectura del presupuesto del Ministerio de Justicia que
nos ha remitido el Gobierno; por tanto, voy a tratar de centrarme en los
aspectos que más preocupan o inquietan al Grupo Parlamentario Socialista
y le agradecería que contestase a las preguntas que le voy a formular.




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Solamente quisiera hacer una pequeñísima reflexión de carácter general,
que es fruto de la preocupación que el presupuesto de justicia origina al
Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a la cifra global, que es de
154.770 millones. Nos parece que no es una cifra suficiente y adecuada
para satisfacer las necesidades de un sector, incluso para hacer frente a
los propios objetivos que el Gobierno describe en las fichas
presupuestarias que acompaña a los distintos programas que se incluyen
dentro de la sección 13.

Lo que nos preocupa más de todo, señor Subsecretario, ya no es sólo la
cuantía global, que creemos que en principio puede no ser suficiente,
sino que esta cuantía suponga un descenso de la participación del
presupuesto de Justicia en el total de presupuestos de gastos no
financieros del Estado, que pasa, de ser de un 1,0 a un 0,9, lo cual
significa --y esto para el Grupo Socialista es grave-- que su Gobierno,
el Gobierno del Partido Popular, ha despriorizado la justicia. Es verdad
que pienso que ningún miembro de esta Comisión y de esta Cámara ha estado
satisfecho con las cantidades que se destinaban a justicia, pero
realmente habíamos llegado al 1 por ciento; ahora estamos en el 0,9. Bien
es verdad que se trata de una décima, pero, como usted sabe muy bien, esa
décima significa para justicia un poquito más de 18.000 millones de
pesetas, cifra nada despreciable para hacer frente a muchos de los
problemas que hoy tiene la justicia planteados.

Quería hacer esta reflexión para dejar constancia de nuestra discrepancia
con ese descenso y, sobre todo, de lo que supone en cuanto a despriorizar
un sector como es el de la justicia, que creemos que es uno de los
sectores fundamentales para prestar servicios públicos a los ciudadanos.

Hecha esta consideración de carácter general, quisiera que me respondiese
algunas preguntas concretas. En el servicio 01, programa 141.B), bajo la
rúbrica de Dirección y Servicios Generales de Justicia, quisiera que me
explicase la partida de 36.238 millones, destinada a personal eventual.

Quisiera que me dijese de qué personal se trata. ¿Es personal de
gabinetes? ¿Cuántos gabinetes cubre? ¿Qué personas están destinadas en
esos gabinetes? Porque tenemos la impresión de que, después del anuncio
que hizo su Gobierno de que iba a reducir muchos puestos de la
administración, luego esos puestos no han sido tantos; además, esa
contrapartida se ha visto nivelada, por lo menos en gastos, con la
creación de gabinetes y la sustitución, en funciones probablemente, de
personal funcionario por personal eventual. Por tanto, me gustaría que me
explicase cuál es la elaboración de esa partida y a qué gabinetes
responde.

Quisiera también que me dijese si la cantidad de productividad de 636
millones es para todo el Ministerio, sólo para los servicios centrales;
si está incluido dentro de esa productividad el servicio jurídico del
Estado o están incluidos los servicios periféricos de las gerencias de
justicia.

En cuanto al servicio O2, que es el programa de tribunales de justicia y
Ministerio Fiscal, es, con mucho, el programa más importante de todo el
Ministerio de Justicia, como no podía ser de otra manera, porque está
destinado, fundamentalmente, a suministrar al Poder judicial, a los
jueces y tribunales, los medios necesarios para cumplir la función de
tutela de los derechos de los ciudadanos; es casi el 85 por ciento. Este
es precisamente el programa en el que encontramos más ausencia y
disfunciones, algunas de las cuales me gustaría, si fuera tan amable, que
nos aclarara.

En el capítulo 1 hay un descenso en este programa del 5,1; se pasa de
125.000 a 118.000 millones. El primer tema importante es que ustedes
prevén en la descripción de objetivos la creación de 80 plazas de
magistrados para las audiencias provinciales, derivado de la mayor
competencia que el Código Penal ha otorgado a estos órganos judiciales;
por esa mayor carga de trabajo, prevén esa creación. Lo que me gustaría
es que me aclarase cuál es exactamente la dotación de esos ochenta
magistrados, dentro del capítulo 1, y a costa de qué; porque si
evidentemente hay una reducción del capítulo 1 y crean ustedes 80 plazas
de magistrados, en qué se reduce, si es que hay una reducción con
respecto de otros puestos o si es que han llevado ustedes ya a cabo
alguna amortización de órganos judiciales.

En segundo lugar, quisiera que me dijera si esas ochenta plazas de
magistrados son las únicas que van a crear en el año 1997 de órganos
colegiados o si van a crear algún órgano unipersonal más y cuáles van a
ser.

También me gustaría que me dijera el señor Subsecretario, aunque no se
refiere al presupuesto del año que viene, qué pasa con el decreto de
creaciones de este año, porque estamos ya en el mes de octubre y de
momento desconocemos cuántos órganos van a crear y cuáles van a ser. No
sabemos si este año se van a dedicar ustedes a crear algún órgano
derivado de las necesidades del Código Penal o van a crear algunos de los
muchos que ha pedido el Consejo, aunque sé que el presupuesto no llega
para tanto.

Además de estas 80 plazas, tampoco hemos visto en el presupuesto ninguna
partida que pueda complementar las necesidades derivadas de la entrada en
funcionamiento del Código Penal. El Código Penal, señor Subsecretario, no
se acaba con la dotación de mayores plazas en las audiencias
provinciales, sino que exige, como usted muy bien sabe, un aumento de los
juzgados de vigilancia penitenciaria, dada la ampliación de competencias
que estos juzgados tienen en el control de ejecución de penas. En la
memoria económica del Código Penal, estaba prevista la creación, en
principio, para el año 1997, de 24 juzgados de vigilancia penitenciaria.

Quisiera que me dijera si los van a crear y en cuánto han calculado el
coste de estos órganos. En el Código Penal me parece que estaban
previstos 720 millones; en el capítulo 1, por ahora no los vemos y nos
parecería grave que no se ampliase la planta de los juzgados de
vigilancia penitenciaria, puesto que el Código ha ampliado mucho las
competencias en el control de ejecución de penas.

Quisiera asimismo que me diera una respuesta, señor Subsecretario, en
relación al compromiso asumido por la Ministra de Justicia ante esta
Comisión de Justicia e Interior de enviar pronto a la Cámara el proyecto
de ley de regulación de la jurisdicción contencioso-administrativa. No



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vemos entre los objetivos nada referente a los juzgados de lo
contencioso. Esta es una reivindicación que su propio grupo, el grupo que
apoya ahora al Gobierno, hizo y fue lo que motivó que en los pasados
Presupuestos Generales del Estado efectuaran una enmienda a la totalidad.

Nos gustaría saber si tienen ustedes previsto empezar --porque es
evidente que, a lo mejor, en un ejercicio económico no es suficiente-- a
crear los juzgados de lo contencioso, habida cuenta de que esperamos que
en breve plazo llegue el proyecto de ley a Cámara; qué partida van a
destinar a ello.

Quisiera saber también qué pasa con los fiscales. Como usted sabe, la Ley
del Jurado amplió las competencias de los fiscales, no tanto en materia
de regulación del jurado cuanto en la reforma que conllevaba de la
prisión provisional. El año pasado se ampliaron las dotaciones a 127
fiscales más. Puesto que los números no salen, me gustaría saber si se
consolida esa ampliación de la plantilla que era absolutamente
imprescindible para poder atender las necesidades de esta nueva ley.

Y querría que me dijera --también esto como consecuencia del Código
Penal, ya que están dentro del personal laboral-- qué sucede con los 46
equipos de apoyo que era necesario que salieran este año en la oferta de
empleo público --hasta ahora no lo hemos visto--, de asistentes sociales
y de psicólogos. ¿Van a sacar la oferta o no? También si va a haber una
mayor ampliación del catálogo de laborales, además de estos 46 equipos de
apoyo que nosotros consideramos imprescindible.

Señor Subsecretario, qué oferta prevén para el año 1997, tanto de
personal funcionario como de personal laboral. Quedan todavía plazas para
cubrir la plantilla de funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia y tenemos aún unas 600 plazas de interinos; qué va a pasar con
ellas, si se van a consolidar o no, si se van a cubrir con titulares o si
los interinos que están ahora van a tener que cesar.

La verdad es que en este capítulo 1 no nos cuadran las cuentas de todas
las necesidades imprescindibles que hoy tiene la Administración de
Justicia. Incluso no nos cuadran las cuentas con los objetivos que
ustedes se marcaron.

Paso ahora a analizar --con la brevedad que exige esta comparecencia-- el
capítulo 2. El capítulo 2 de este programa, que también nos preocupa
muchísimo, sufre una disminución de un 30 por ciento; pasamos de 16.408
millones a 11.411. Aquí hay algunas cosas que realmente el Grupo
Parlamentario Socialista no acaba de comprender, porque en la partida
referida a comunicaciones telefónicas, transportes, parque móvil y
Fábrica Nacional de la Moneda hay consignados unos créditos que son
absolutamente insuficientes. Además, eso parece un poco contradictorio
con las medidas que ustedes adoptaron en el decreto-ley de hace
relativamente poco tiempo, dando créditos extraordinarios para cubrir
supuestos agujeros, cuyas cifras, desde luego, no compartimos; repito que
parece un poco sorprendente que, después de establecer esos créditos
extraordinarios para cubrir esas cifras, ustedes infradoten esos
servicios; por ejemplo, en comunicaciones telefónicas, han establecido
una partida de 1.000 millones, cuando se sabe desde hace mucho tiempo que
el importe de las comunicaciones telefónicas en Justicia es, como mínimo,
de 1.500 millones; en comunicaciones postales, prevén 350 millones,
cuando es fijo que el coste de los servicios de comunicaciones postales
en Justicia está entre 1.400 y 2.000 millones; en transporte y parque
móvil, lo mismo, ponen ustedes una dotación de 200 millones, cuando la
facturación real está entre 500 y 600 millones; no sé si es que van a
suprimir todos los coches que hay en parque móvil para la Administración
de Justicia. Lo mismo pasa con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre;
establecen ustedes 200 millones, cuando la dotación real del pago a la
Fábrica de Moneda y Timbre es de 500 millones. Me gustaría que me
explicasen eso, cuando ustedes mismos han sido los que han dicho que
había insuficiencias presupuestarias derivadas de ejercicios anteriores.

Con todo, lo que al Grupo Parlamentario Socialista le parece más grave de
este capítulo es lo referente a las dotaciones que ustedes consignan para
la Ley del Jurado. Existe una disminución ostentosa; pasamos de 1.500
millones que estaban previstos para el ejercicio de 1996, año de primer
rodaje del jurado, a 270 millones. Querría que me explicase el señor
Subsecretario a qué se debe esta cuantificación. Es verdad, y todos lo
sabemos, que ha habido pocos juicios con jurado el primer año; es verdad
que hay muchos juicios que están ahora en fase de instrucción y que,
desde luego, el año que viene es probable que haya muchísimos más, pero,
de 1.500 millones a 270, me parece una cifra muy sorprendente. O bien
consideran ustedes que los presidentes de las audiencias provinciales no
habían hecho bien los cálculos --porque esta cifra se calculó en función
de los datos que a raíz de la Ley del Jurado nos dieron los presidentes
de las audiencias provinciales--, o, como ustedes han dicho en algunas
ocasiones que no creían que era el momento oportuno del jurado, por esta
vía vayamos a paralizar la Ley del Jurado, cosa que realmente
consideraría el Grupo Parlamentario Socialista muy grave y que encaja con
algunas declaraciones que en alguna ocasión hemos oído a algunos
responsables del Ministerio de Justicia.

También querría saber si, dentro del capítulo 2, en función de los
órganos que se vayan a crear en el año 1997, calculan ustedes un
incremento, puesto que este capítulo desciende un 30 por ciento, de
puesta en funcionamiento de los órganos que se creen. Me gustaría que me
dijera en cuánto calculan ustedes el coste económico de puesta en
funcionamiento de un órgano, porque, como disminuyen los capítulos, eso
significa que no va a entrar en funcionamiento, en principio, ningún
órgano; en qué cantidad cuantifican ustedes el coste de funcionamiento
por órgano judicial colegiado o unipersonal.

En el capítulo 4, referente a transferencias, hay una partida muy
importante que es todo lo que se refiere a la transferencia al Consejo de
la Abogacía para satisfacer el turno de oficio y la asistencia letrada.

Ha habido una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que va a hacer que los
costes se ajusten, de todas maneras, hay una disminución de 429 millones
de pesetas respecto al año pasado. Querría que me explicase en función de
qué criterios ha calculado usted esta cuantía relativa a la asistencia
letrada, si se van a



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mantener los módulos que están hoy vigentes o prevén ustedes apuntar un
cambio de módulos; si han imputado en esta cuantía los nuevos módulos
referentes a la asistencia nueva administrativa en materia de extranjería
y asilo y en materia del jurado y si la disminución responde o bien a que
los cálculos se están haciendo ahora porque hay menos gasto en función
del sistema implantado por la ley o a que hay alguna partida que haya que
atribuir a transferencias; no lo sé. Me gustaría que me lo aclarase.

Es verdad que el capítulo 6 se mantiene igual; yo comprendo que en un
presupuesto restrictivo las inversiones en justicia han sido muy malas en
años anteriores, pero me gustaría que me aclarase usted si tiene algo
previsto, porque no he visto tampoco en el plan de inversiones ninguna
cuantía dedicada a las obras necesarias que haya que hacer de adaptación
para la creación de nuevos órganos. Si hacemos un recorrido de este
programa, la conclusión inicial es que no va a haber nuevos órganos, que
no va a haber juzgados de vigilancia penitenciaria, porque tampoco se
prevén aquí obras mínimas, aunque sean de adaptación. Para el desarrollo
de la Ley de Planta ustedes sólo prevén una partida de 50 millones;
querría que me explicase, si es tan amable, la supuesta creación de
órganos, las adaptaciones que va a haber respecto al año que viene,
porque vemos que la partida, en principio, es insuficiente.

Me gustaría que me dijera si la cuantía que está prevista en el plan de
inversiones para audiencias provinciales --me parece que son 800 millones
de pesetas-- responde a la Audiencia Provincial de Madrid, pues yo creo
que las inversiones que se han hecho en audiencias provinciales para el
jurado en este año estaban ya prácticamente hechas; a qué responde esa
cuantía.

En resumen, el presupuesto del programa 142-A, señor Subsecretario ,
creemos que, en su conjunto, en todos sus capítulos, en el 1, 2, 4 y 6 no
es adecuado y no responde realmente a las necesidades a las que tenemos
que hacer frente con carácter urgente y mínimo en el próximo ejercicio.

Pasamos a hacer un breve análisis de algunos otros programas que también
sufren una disminución importante en el presupuesto. El programa 126-B,
Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, sufre también una
disminución importante. Este programa, como todos bien saben, en su gran
mayoría, está compuesto por gastos de personal. Parece que el incremento
del 3,5 por ciento respecto de las cifras del año 1995, que es el
acordado para los funcionarios y el resto del personal en 1996, en este
capítulo se recorta a costa de minorar los capítulos 2 y 6 en un 40 por
ciento. Aunque se trata de cifras relativamente pequeñas, el Grupo
Parlamentario Socialista duda mucho que el servicio jurídico del Estado
esté en condiciones de soportar una minoración del 40 por ciento en
inversiones reales y en gasto corriente.

En teléfonos ocurre lo mismo, reducen ustedes la partida de 29 a 20
millones; decía que había infradotación y ahora la dotan también de una
cuantía que probablemente es insuficiente. Me gustaría que me lo
explicase.

Material de oficina. Yo no sé con qué van a escribir los abogados del
Estado, disminuye en un 37 por ciento. Las publicaciones también bajan un
37 por ciento. Yo creo que los abogados del Estado no van a poder
recibir, puesto que las comunicaciones postales bajan en un 87 por
ciento, ni el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, impartir criterios
a través de la dirección del servicio jurídico del Estado no sé cómo lo
van a hacer ustedes; francamente, creo que por correo, por fax o por
teléfono va a ser muy difícil, porque esta partida es casi inexistente.

También me gustaría que me dijera, aunque parece que es bastante claro y
rotundo el programa, si va a haber oferta de empleo de abogados del
Estado el año que viene, porque este concepto baja un cien por cien, de 3
millones a cero. Probablemente esto sea una muestra de coherencia con lo
que se viene apuntando sobre la oferta de empleo público por parte del
Gobierno, pero para el Grupo Parlamentario Socialista el servicio
jurídico del Estado es uno de los sectores sensibles, desde la
perspectiva pública, en el que es necesario segurar como mínimo la
cobertura de las bajas vegetativas; si no, habrá que avisar a los
opositores, porque, como usted muy bien sabe, cada dos años hay
oposiciones en el servicio del Estado pa3 millones a cero. Probablemente
esto sea una muestra de coherencia con lo que se viene apuntando sobre la
oferta de empleo público por parte del Gobierno, pero para el Grupo
Parlamentario Socialista el servicio jurídico del Estado es uno de los
sectores sensibles, desde la perspectiva pública, en el que es necesario
segurar como mínimo la cobertura de las bajas vegetativas; si no, habrá
que avisar a los opositores, porque, como usted muy bien sabe, cada dos
años hay oposiciones en el servicio del Estado pato, cuando todos sabemos
que en la Dirección General de los Registros y del Notariado hay un
déficit en el capítulo de infraestructura, puesto que es el centro
directivo de toda la administración, que tiene como misión fundamental
unificar, controlar y asesorar en materia de Derecho privado. Es
necesario --estaba pendiente--, evidentemente, un redimensionamiento de
esa dirección. Yo comprendo que en una época restrictiva no se
redimensione, pero lo que me sorprende es que se reduzca, porque no sé si
ni siquiera va a ser suficiente para hacer frente a la prestación de
servicios públicos que se dan desde esa dirección general, donde los
efectivos hoy ya existentes no son suficientes, como, por ejemplo, en la
subdirección de Nacionalidad y Estado Civil, en la que, como muy bien
sabe el Subsecretario, hay acumulación de asuntos que los propios
efectivos de hoy no pueden hacer frente. Me gustaría saber cómo van a
reducir este 20 por ciento del Capítulo 1.

Y en los capítulos 2 y 6 ocurre lo mismo que en el servicio jurídico del
Estado. Se reduce un 47 por ciento el capítulo 2 y un 44 por ciento el 6.

Yo no sé si el programa dedicado a la informatización de los registros
civiles, que es tan importante para prestar un servicio eficaz a los
ciudadanos, se va a paralizar, porque estaba prevista inicialmente una
cantidad de 60 millones de pesetas, que ahora se ve reducida a 37. Me
gustaría que me lo explicase. También baja un 65 por ciento el material
de oficina, un 55 por ciento los libros y otras publicaciones. No sé si
no van a publicar ustedes las resoluciones



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de la Dirección General de los Registros y del Notario, que contienen una
jurisprudencia muy importante para todo el mundo; tampoco sé si van a
parar el papel de oficio de los registros civiles; los trabajos de las
labores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre bajan un 34 por ciento,
o no van a pagar lo que tengan que pagar. Vemos que hay una disminución
de funcionamiento de gastos corrientes muy importante, que nos deja un
poco perplejos.

Finalmente, me gustaría, señor Subsecretario, que nos hiciera alguna
aclaración referente al programa de la prestación social sustitutoria de
objetores de conciencia. También hay una disminución pero no tanta.

Quiero que me explique los aumentos del Capítulo 1, que son del 46 por
ciento. Probablemente su justificación venga dada por el aumento de
objeción de conciencia que se viene produciendo en los últimos meses, un
29 por ciento o un 30 por ciento desde el mes de mayo hasta el mes de
septiembre, como consecuencia, en nuestra opinión, del anuncio
precipitado, en cierta medida irresponsable, de la profesionalización del
servicio militar. Están ustedes ahora, por una parte, montando una
dirección general que crece, parece ser, en infraestructura, pero al
mismo tiempo desciende en un 49 por ciento el Capítulo 2 y en un 56 por
ciento el Capítulo 4. Me gustaría saber cómo se come eso, porque no
parece muy claro, a no ser que no vayan a hacer la prestación los
objetores --sería bueno saberlo--; y si la van a hacer, nos gustaría
saber algo de ese 56 por ciento de disminución con respecto de los
conciertos, que es donde se pagan las plazas. Es necesario,
evidentemente, incrementar los puestos de actividad para absorber ya no
las bolsas sino el crecimiento que se está produciendo en objeción. Me
gustaría que me dijese a qué se debe esa disminución del 56 por ciento y
del 49 por ciento de los gastos de manutención y alojamiento.

Ustedes hacen unas previsiones de incorporar 81.000 objetores más en el
año 1997 y de mantener en prestación una media de 80.000 mensuales. Cómo
se distribuye ese porcentaje de incorporación de objetores a la
prestación social por comunidades autónomas, porque, de esa distribución,
vamos a saber cuál es el coste. No es lo mismo que los objetores de
Madrid hagan la prestación en Andalucía, en cuyo caso el coste es mayor,
que la hagan en el propio Madrid. ¿Tienen ustedes suficientes plazas
creadas para absorber en el ámbito de cada comunidad? Los datos
distribuidos por comunidades autónomas serían muy importantes para saber
si verdaderamente los costes que ustedes introducen son reales o no,
porque las cifras no nos encajan.

Con estas manifestaciones, termino mi intervención.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida había
solicitado la presencia de la señora Ministra de Justicia en la Comisión
de Presupuestos. De acuerdo con lo que es la costumbre aplicable a este
tipo de comparecencias, la han remitido al señor Subsecretario y, por un
error de secretaría, no estaba incluida su petición en el orden del día.

Por tanto, ha lugar a la intervención del Grupo de Izquierda Unida en
relación con las preguntas que pensó dirigir a la señora Ministra y que
se remiten al señor Subsecretario.

Tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, para nosotros
también es grato que la comparecencia la haga el señor Subsecretario, en
lugar de la señora Ministra; no consideramos que ello vaya, bajo ningún
concepto, a devaluar la necesaria información. Entenderá también, señor
Presidente, que muchísimas de las cuestiones que podría plantear nuestro
grupo han sido ya planteadas. Y es lógico que en los grupos haya una
preocupación común, sobre todo, por la repercusión presupuestaria de dos
importantísimas instituciones cual es la institución del Jurado y cual ha
sido la puesta en marcha de nuestro nuevo Código Penal. Por ello, damos
por hechas todas y cada una de las preguntas que al respecto se han
producido por doña María Teresa Fernández de la Vega, del Grupo
Socialista, que, lógicamente, ha puesto de manifiesto, por su experiencia
profesional, un conocimiento pleno y absoluto de la materia, y solamente
vamos a añadir algún que otro tema, de carácter más puntual, esperando
--repito-- la contestación que se dé a las preguntas anteriormente
formuladas.

Una de nuestras preguntas es que, habiendo figurado en frecuentes
manifestaciones del Ministerio de Justicia la necesidad del
establecimiento del famoso estatuto del Tribunal Supremo, en qué medida
está esto contemplado en los presupuestos, lógicamente, en cuanto el
alcance económico.

Otra pregunta, que supone una reivindicación mantenida a lo largo de
muchísimo tiempo por los secretarios judiciales, es si está previsto que
determinadas categorías de secretarios judiciales que llevan solicitando
la revisión de su status alcancen por fin esa progresión y estímulo en su
carrera y en qué medida tiene ello su correspondiente traslado o reflejo
en los Presupuestos del Estado.

De todo lo que aquí se ha dicho nos preocupa de una forma fundamental lo
que significa la ampliación de competencias para las audiencias como
consecuencia de la disminución de juzgados de lo Penal, pero también nos
preocupa un hecho muy importante, que nos gustaría saber si a la luz de
este presupuesto podemos pensar que está previsto por el Ministerio de
Justicia, y sería una completa readecuación de los tribunales superiores
de justicia de sus correspondientes Salas Primera y Segunda que,
sinceramente, no están teniendo la utilidad ni la eficacia, ni la
importancia que tiene dicho órgano judicial, de acuerdo con nuestra Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Con esto --repito--, haciendo nuestras las anteriores cuestiones
planteadas, que consideramos que son una petición exhaustiva de
información, nos daríamos por satisfechos. (El señor Ollero Tassara pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, quisiera acogerme al turno
graciable, para referirme a dos o



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tres cuestiones suscitadas, porque tengo una cierta confusión sobre las
cifras en juego.




El señor PRESIDENTE: Si es en relación con los temas planteados, la
confusión se la aclarará la contestación del señor Subsecretario.




El señor OLLERO TASSARA: No, señor Presidente, porque hay algunos
aspectos que creo que desvirtuarían el debate si no se aclaran.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, lo entiendo, pero yo no quiero
desvirtuar el debate, con una concesión general en la primera de las
intervenciones, al dar la palabra a los grupos que lo han solicitado
porque entonces estamos cambiando la naturaleza de estas comparecencias,
que es que los grupos que lo han solicitado tratan de recibir de los
dirigentes de la Administración aclaraciones que sirvan para la
presentación de sus enmiendas; en algún caso, esa información les puede
servir para desistir en el propósito que pudieran tener de presentar
enmienda o para insistir en ellas en los términos que estimen oportunos y
después de la información recibida. Pero si desde el inicio de la
Comisión empiezo a conceder la palabra a los grupos que no han solicitado
dichas comparecencias, estoy contribuyendo a que se cambie la naturaleza
del debate, porque entonces ya será el fuego graneado --por supuesto,
parlamentario-- entre unos y otros grupos en relación con la política, en
este caso concreto, de justicia.

Le voy a conceder la palabra, señor Ollero, pero para un trámite
brevísimo al que le ruego que se atenga, porque ésa es la naturaleza de
la comparecencia.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, si debo entender que es mejor
esperar al siguiente turno, por que si han sido aclaradas mis
perplejidades con la respuesta del señor Subsecretario, me da exactamente
igual, pero la verdad es que en este momento estoy perplejo respecto a
determinadas cuestiones. Lo que S. S. estime más oportuno. Puedo esperar
al turno ulterior, como digo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, casos me preocupa más si sus
perplejidades las quiere resolver S. S. en el segundo turno. (Risas.) Las
perplejidades de los grupos en relación con el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno se tratan de
aclarar pidiendo la comparecencia de los altos cargos y formulando
preguntas, pero las perplejidades no nacen en relación con las preguntas
que formulan otros grupos.

Por tanto, como todavía me preocupa usted más, prefiero concederle ahora
la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, en cualquier debate
presupuestario, mi experiencia --quizá porque soy de letras-- es que lo
más complicado es ponerse de acuerdo en los números. Por ello yo quisiera
que el señor Subsecretario me aclarara algunas cifras, porque empiezo a
estar perplejo por esta cuestión.

Si comparamos los números absolutos que figuran en este presupuesto
respecto a los presupuestos de 1995, se observaría, por ejemplo, una
disminución --si no he hecho mal la operación aritmética-- de 9,54 y
respecto a los organismos autónomos una disminución de 8,82. Pero
bastaría tener en cuenta que ha habido una no disponibilidad de créditos
al comienzo de 1996, que ha habido un crédito extraordinario para subidas
de personal y que ha habido unas transferencias a comunidades autónomas,
para que se me organice un gran lío de números pues ahora a mí me sale
una diferencia positiva respecto a la anterior de 0,79. Y me temo que
esto pueda incidir en uno de los aspectos que se han señalado, que es la
transformación de la participación de justicia en el total del
presupuesto. Porque la transferencia a comunidades autónomas ha sido de
17.000 millones, lo cual supone que algo que arrojaba, en gastos de
personal, por ejemplo, un menos 4,10, se convierte en más 10,56. Yo no sé
si puede seguir afirmando, señor Subsecretario, que cambie esa
participación cuando se ha tomado esta ensalada de números que yo le he
intentado inútilmente aclarar.

Igualmente, si en el capítulo 3 se nos dice que hay un descenso del 30
por ciento, basta hacer esa triple operación --si no la estoy haciendo
mal y quiero que me lo aclare el señor Subsecretario-- para que no haya
un descenso del 30 por ciento, sino del 10,57.

Abusando de la amabilidad de la Presidencia, quisiera simplemente pedir
alguna aclaración. Por ejemplo, respecto a objeción de conciencia, me han
llamado la atención --insisto en que soy de letras y no me aclaro mucho--
los cambios operados. En el capítulo 1, objeción de conciencia, me
imagino que será el haber en mano para los objetores, no la
infraestructura, porque llamar infraestructura a un objetor me sobrecoge.

Supongo que se referiría al haber en mano que se da al objetor. Yo
observo que sube el haber en mano, quizá porque hay más objetores, pero
en el capítulo 2 iba el vestuario del objetor. Y lo que a mí me llama la
atención --a lo mejor es una errata-- es cómo había de gastos de
vestuario del objetor dos veces más que el haber en mano. ¿Cómo es esto?
¿Se supone que los objetores van desnudos por la vida? No sé muy bien a
qué puede deberse esto y posiblemente usted me lo pueda aclarar.

Por último, otra cuestión. En el presupuesto de 1994, antes de que se
unieran los dos ministerios, que es otro de los problemas que tenemos en
este presupuesto, que estamos con unos ministerios desglosados,
previamente unidos, había una partida de gastos reservados para justicia.

En los presupuestos de 1995 y 1996, la partida es conjunta, Justicia e
Interior, 815 millones de pesetas. Yo quería saber, por un lado, cuando
se desglosaron los ministerios, a efectos meramente contables, qué
cantidad se asignó a Justicia de esa partida de fondos reservados, y, por
otro, qué se ha gastado desde mayo para acá en ese concepto de fondos
reservados de Justicia y si se prevé alguna partida de fondos reservados
para Justicia en el presupuesto de 1997.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente, por su amabilidad.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero. Yo creo que había mucho más
lugar a mi preocupación que a su perplejidad.

Perdonen que insista, sobre todo porque es la primera de las
comparecencias. Estas comparecencias, que ya sé por mi anterior
experiencia en la Comisión de Presupuestos, no están regladas en el
Reglamento, pero son comparecencias para conocer los grupos a la hora de
presentar enmiendas cuáles son los criterios de la Administración y del
Gobierno.

Señor Ollero, comprenderá que la intervención de S. S., que no ha
denotado perplejidad, ni siquiera los defectos que pueda tener un hombre
de letras porque se sabe S. S. muy bien el presupuesto, es el debate que
resultaría inexplicable que no existiera en el trámite de comisión y de
pleno, pero no es el debate que debate tener acomodo en esta Comisión.

Porque, además, las explicaciones sobre las intenciones del Gobierno o de
la Administración a la hora de formular los presupuestos ha de comprender
S. S. que le corresponden al Subsecretario y no a S. S. en el trámite en
que estamos.

Todo esto conduce a esta Presidencia a que este trámite, que yo he caído
en la tentación excesivamente liberal de decir que existía, lo voy a a
tener que manejar con cuentagotas, y daré muy poco la palabra o casi nada
a lo grupos que no hayan solicitado la comparecencia de los
representantes de la Administración.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, yo le pido excusas si mi
inexperiencia parlamentaria me ha llevado a no respetar los márgenes del
debate.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, si, además de quedar perplejo en la
primera intervención, usted ahora presume de inexperto parlamentario, ya
son dos cosas de difícil aceptación por la Presidencia.

Por supuesto, como es habitual, el señor Subsecretario y el resto de los
dirigentes de la Administración tienen capacidad para si en alguna de las
preguntas que han suscitado no tienen lo datos en este momento y pueden
contestar por escrito, así lo hagan. El señor Subsecretario ha sido
Secretario del Tribunal de Cuentas y sabe que se puede utilizar ese
trámite, bien entendido que no ha de ser un expediente fácil para salir
del trámite, pues en un plazo, ese plazo de la detención policial de las
setenta y dos horas, se lo reclamaremos.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (García Mena): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, mis primeras palabras quiero que sean para hacer constar que
representa para mí un honor estar en esta Comisión y poder responder a
las preguntas formuladas por sus señorías.

Asimismo, agradezco a la señora Fernández de la Vega las palabras de
buena recepción que me ha dirigido y también al señor Castellano.

Me ha dejado sorprendido, señoría. Cuando las circunstancias son
difíciles y cuando se espera a lo mejor lo peor, a veces se confirma y a
veces se sorprende gratamente. Este es el caso del Ministerio de
Justicia. En un momento de austeridad, en un momento de reajuste de
créditos, en un momento en que la economía tiene que tomar una dirección
determinada para poder llegar España a los acuerdos de Maastricht, en un
momento en que sólo se habla de reducción, que el Gobierno haya
considerado y primado --entre comillas-- al Ministerio de Justicia para
el ejercicio 1997, supone para nosotros una gran responsabilidad, a la
vez, como es lógico, que una gran satisfacción.

Los datos de que usted dispone, señora Fernández de la Vega, son
absolutamente erróneos, porque el Ministerio de Justicia, a diferencia de
otros Ministerios, no ha bajado; el Ministerio de Justicia ha subido su
presupuesto. Claro está que usted me puede decir, ¿con relación a qué ha
subido su presupuesto? Yo se lo digo, señora Fernández de la Vega. El
presupuesto que se encuentra el Ministerio de Justicia y los restantes
ministerios, como es obvio, en mayo de 1996, no es el presupuesto del día
1.o de enero de 1995, que se prorroga para 1996, es el presupuesto del
1.o de enero de 1995, menos la no disponibilidad, por acuerdo de Consejo
de Ministros, de 28 de diciembre de 1995; disponibilidad, señora
Fernández de la Vega, que afecta al Ministerio de Justicia en más de
7.000 millones de pesetas.

Entonces, ¿con qué se encuentra el Ministerio de Justicia? Se encuentra
con que tiene lo de 1995 menos la no disponibilidad; pero, además, ahí
podríamos decir que tampoco se encuentra con el 3,5 de aumento por
decreto-ley de enero, que acuerda el Gobierno socialista y que remite al
Parlamento. Si no contásemos ese 3,5 que tiene efectos desde 1.º de
enero, y por eso somos honestos y lo contamos, si no lo contásemos, el
incremento no sería del 0,79 que es lo que aumenta el presupuesto del
Ministerio de Justicia; sería mucho mayor, señora Fernández de la Vega.

¿Cómo hemos actuado nosotros en la elaboración del presupuesto? Sus
señorías conocen perfectamente que, cuando se plantea el tema de la
elaboración del presupuesto, es muy fácil hablar de qué traemos del
anterior (luego hablaré de qué traemos del anterior), qué es lo que hay
que plantear, cuáles son las técnicas presupuestarias aplicables. Parece
que todo se reduce a ver si consigo que esto que pido me lo den, sin
ninguna elaboración. ¡Cuánto se ha hablado del presupuesto por programas!
No, señorías, hay programas de un presupuesto, o ha habido programas de
un presupuesto. Usted tiene cien, y dígame qué hace con cien. No, me hace
falta cien porque quiero hacer esto.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia en la elaboración del presupuesto
sí ha hecho una evaluación real de las necesidades. Otra cosa es que en
algunos conceptos presupuestarios o en algún capítulo presupuestario haya
habido que restringir para frenar el incremento del gasto público, lo
cual no significa que en cuanto se refiere a personal, al concepto de
capítulo 2, con sus problemas, al que luego me referiré, lo que se
refiere al capítulo de Inversiones, lo que se refiere, en su caso, a las
transferencias externas o internas. Todo esto ha sido evaluado por el
Ministerio de Justicia y yo no dudo que por los restantes ministerios. Yo
hablo de lo que conozco, porque es mi casa.




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En este sentido, lo que se concede por el Ministerio de Economía y
Hacienda y lo que se propone al Consejo de Ministros insisto en que es
mantener un presupuesto; no sólo mantenerlo sino aumentarlo. ¿Por qué
aumenta? Aumenta por una razón muy sencilla. Porque, aun descontando esas
no disponibilidades del 28 de diciembre --y el presupuesto pasa así, sin
las disponibilidades, a 1996--, aun descontándolo, hay que tener en
cuenta que del orden de 18.000 millones han sido transferidos a las
comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco, por Decreto, si mal
no recuerdo, de 1 y 15 de marzo, duplicado, respectivamente. Además, en
lo que se refiere, por ejemplo, a personal, a lo que indicaba la señora
Fernández de la Vega, se incluye el 3,5, que, con otros no incrementos
sino reajustes de personal, supone 8.056 millones, y se incorpora lo que
se refiere al capítulo 2, al que se hacía referencia anteriormente, del
programa de objeción de conciencia, que son 500 millones. Hablo del
capítulo de Personal, en general, de todo el Departamento, como es
lógico. Luego me referiré a los programas concretos.

¿Qué pasa en el capítulo 2? El capítulo 2 realmente disminuye. Yo le
diría que disminuye, entre otras cosas, porque también hay transferencias
a las comunidades autónomas: 232 millones, una reducción generalizada, la
no disponibilidad del 28 de diciembre, una restricción de vestuario, es
decir, un cambio de vestuario, en el capítulo 1. Decía en general, y es
el momento oportuno para hablar de si se puede o no cumplir el
presupuesto, como saben SS. SS. mejor que yo, todo lo que no sea personal
es apoyo o para que pueda actuar ese personal, o en infraestructuras, que
es donde se actúa por ese personal.

Los gastos del capítulo 2 son tan importantes como los del capítulo 4,
pero en otro orden de ideas. El capítulo 2 trata de apoyar todo lo que es
gestión administrativa, como SS. SS conocen.

Una vez dicho que el presupuesto aumenta con relación al anterior, ni que
decir tiene que voy a firmar. No va a ser nada fácil poder atender las
necesidades que se presentan con los créditos del capítulo 2. Se refería
a servicios telefónicos, a la Fábrica de la Moneda. Una de las cosas,
señora Fernández de la Vega --además, usted lo tiene que conocer
perfectamente-- que se ha encontrado el nuevo equipo en el Ministerio es
que se debía 4.500 millones de pesetas a Telefónica --no me hagan mucho
caso en las cifras porque las tengo por otro sitio--, cerca de 2.000
millones de pesetas a la Fábrica de la Moneda. Se tenían deudas por valor
de 15.000 millones de pesetas, menos 1.400 millones --esa cifra sí la
sé-- que eran de gastos corrientes de bienes y servicios.

Nosotros sí estamos muy preocupados por no pasarnos y tratar de realizar
con los créditos del capítulo 2 todas las necesidades que conlleva la
aplicación de lo que es dicho capítulo, pero ustedes no se preocupaban.

Se ha acabado el crédito, es igual, no se paga; al PMM, tampoco, ni la
energía eléctrica, ni a la Fábrica de la Moneda por los impresos. Así no
hace falta tener presupuesto. Ya vendrán otros que aprueben un crédito
extraordinario para salvar ese agujero; sí era un agujero. No quiero
entretener a SS. SS., pero no sería el único agujero, aparte de esos
1.500 millones de pesetas que no tienen ni expediente administrativo.

Una vez hechas las consideraciones de carácter general y referidos al
nuevo programa 141-B, se preguntaba qué eran los 86 millones de personal
eventual. Los 86 millones de personal eventual obedecen a una nueva
reestructuración del personal eventual realizada por el Consejo de
Ministros que lleva consigo que los ministros puedan tener hasta un
máximo de siete asesores; los secretarios de Estado, hasta un máximo de
tres. Junto a eso están las plazas de secretaria: puede haber tres
secretarias como personal eventual por parte de los ministros y una, para
los secretarios de Estado.

Eso, señora Fernández de la Vega, supone una reducción importante al
número de eventuales totales, yo no digo particularmente en el Ministerio
de Justicia, sino en general en la Administración del Estado.

Se ha referido a la productividad; la cifra que ha dicho su señoría era
casi exacta, 636.340.000 pesetas, exactamente. Incluye todo, también al
servicio jurídico del Estado.

Entrando en el programa 142-A, que, como ha resaltado S. S., es el más
importante, el que absorbe el 85 por ciento de los créditos del
presupuesto, supongo que si la digo que la dirección general de
Relaciones con la Administración de Justicia, que es la que administra el
programa, sube en gastos de personal un 2,63 por ciento y que ese
programa sube en total un 0,47 por ciento, preguntará cuáles son las
razones. No quiero insistir, pero las razones son las transferencias a
las comunidades autónomas. Es lo que supone el 3,5. Son 3.700 millones de
pesetas, que suponen reajustes en personal, etcétera. Por eso sube y ésos
son los números. Las matemáticas, como sabe S. S., nunca mienten.

En los objetivos a alcanzar por el programa 142-A --y con eso creo que
contesto en gran parte las preguntas formuladas por la señora Fernández
de la Vega-- está la creación de 80 plazas de magistrados para las
audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y la Audiencia
nacional. El Gobierno anterior había programado simplemente 40 plazas de
magistrado, pero no tenía dotación presupuestaria. La programación sin
dotación presupuestaria de nada sirve, como saben SS. SS. Sin embargo, el
nuevo Ministerio de Justicia ha habilitado créditos para esas 40 plazas
y, además como es lógico, las consolida para el año que viene. Por tanto,
en 1997 habrá las 40 de este año dotadas más las 80 que se crean con
cargo al presupuesto de 1997.

Por otra parte, en cumplimiento del desarrollo de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial, se consolidan 17 nuevos órganos judiciales unipersonales
y, además, 23 nuevos magistrados de audiencias provinciales y tribunales
superiores de justicia, 40 plazas. Se consolidan también en el
presupuesto --y hablo de consolidar porque es algo que se ha creado este
año-- 17 plazas de secretarios, 40 de oficiales, 60 de auxiliares, 32 de
agentes judiciales y 7 de médicos forenses para permitir el
funcionamiento de los órganos que se crean, como antes decía con gran
acierto su señoría. De nada sirve que se creen, si no se ponen los medios
necesarios para ello. Consolidación, a su vez, de las 21 adscripciones



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permanentes de personal de fiscalía de nueva creación en las provincias y
para el correcto funcionamiento de siete de las ya creadas, cuyo personal
resulta insuficiente.

Para el más exacto cumplimiento del Código Penal se crean dos grupos de
adscripciones permanentes de fiscalía por provincias, de forma que en la
provincia tienen que existir como mínimo dos adscripciones, y S. S. lo
sabe mejor que yo. Para el funcionamiento de las adscripciones
permanentes se destinará el número adecuado de funcionarios, se
realizarán las obras de infraestructura convenientes y se suministrará el
mobiliario necesario. A su vez, se crean, se dota de plazas de
secretarios de paz diez localidades, pues hasta que no se superan los
7.000 habitantes los secretarios de paz son designados por el pleno de la
corporación municipal y son pagadas las cantidades que correspondan, pero
una vez que se superan los 7.000 habitantes es el Ministerio de Justicia
el que atiende estas demandas.

En cuanto a la dotación de plazas de personal auxiliar, luego me referiré
al número de plazas a convocar, a los magistrados cuyas plazas se crean,
40 ó 50, las que sea necesario reajuste de efectivos. Reajuste de
efectivos del personal de la Administración de justicia, atendiendo a una
mayor eficacia, es decir, ajustar las plantillas a las necesidades
reales. Sé que este trabajo no se puede hacer en 24 horas, pero sí es
algo que se considera necesario, por una parte y, por otra, que redundará
en la eficacia del funcionamiento.

Respecto al aumento de las plazas de personal laboral, vigilancia,
conservación de edificios, intérpretes, etcétera, que se considera
imprescindible para el funcionamiento normal, y en especial de
psicólogos, educadores y trabajadores sociales, a fin de completar y/o
ampliar en unos casos y en otros constituir donde no existen los equipos
psicosociales de menores, a los que también se refería su señoría, se
está negociando con la Comisión interministerial de puestos de trabajo
para conseguir el aumento necesario, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, pues nunca haremos nada que aumente el gasto público.

Convocatoria de pruebas selectivas y a ello se refería S. S. La voy a dar
bastantes datos. Se prevé, para que salgan en el primer trimestre del
próximo año, 120 plazas de jueces, 150 de fiscales; una primera
convocatoria dentro de breves fechas para cubrir 125 plazas de
secretarios, con el mismo programa que viene siendo tradicional --ya
saben SS. SS. que ha habido problemas respecto a si se cambiaba o no el
programa--; la convocatoria está preparada y en muy pocos días se
publicará con el mismo programa para 125 plazas. Habrá una segunda
convocatoria antes de que acabe el año que, como es lógico, se ajustará a
un programa reformado, pero se dará tiempo y no se hará público en el
boletín hasta el fin del ejercicio.

Oficiales, convocatoria de 375 plazas que se anunciará en los comienzos
del próximo año. Auxiliares, convocatoria de 750 plazas que también se
anunciarán a principio del próximo año. Agentes, convocatoria de 375
plazas y el anuncio en las mismas fechas indicadas. Por último, una
convocatoria de 25 plazas de médicos forenses. Como sabrán los que hayan
seguido los programas de la Administración de justicia, la convocatoria
de oficiales y agentes se realiza en un solo acto aunque con separación
de los programas respectivos.

Al hilo de este tema, porque está muy relacionado como sabe la señora
Fernández de la Vega, se refería a los interinos. La cuestión de los
interinos es muy conocida por el Ministerio de Justicia y por la
Administración de justicia. No sólo consiste en que los interinos estén
cubriendo plazas de plantilla sino que por necesidad del servicio haya
más interinos en un determinado momento que puedan superar las plazas de
la plantilla. Lo que sí le garantizo, señora Fernández de la Vega, es que
para todos los casos hay dotación presupuestaria, está calculada; se lo
aseguro. No hay ningún problema para que esos interinos, sean de un
concepto o de otro, sigan colaborando en 1997, mientras que sigan siendo
interinos. Con eso no quiero decir que vayan a cesar; mientras que sigan
siendo interinos, no van a tener problema en recibir sus remuneraciones.

Por tanto, en lo que se refería a la oferta de empleo público y, en
concreto, al personal de la Administración de justicia, he dado debida
cuenta.

Cuando hablaba del capítulo 2 S. S. hacía referencia a los créditos que
son los tradicionales de ese capítulo; existe algún crédito, al que no se
ha referido, que no es tradicional como el que se refiere a alguno de los
conceptos específicos de la Fábrica de Moneda y Timbre, que no todos
tienen que tener capítulo 2 porque no hacen uso de él. ¿Cómo vamos a
actuar con arreglo al capítulo 2? Aplicando los criterios tradicionales,
que no son los nuestros, he de decir que va a ser delicado, vamos a tener
que estar pendientes, vamos a tener que establecer controles. Somos
conscientes de todo eso, pero también somos conscientes de que no vamos a
dejar ningún compromiso sin satisfacer al final del ejercicio, por lo
cual tendremos que adoptar medidas no sólo para agilizar los créditos del
capítulo 2, sino para no superar dicho capítulo y cumplir las necesidades
para las que está establecido. ¿Cuál va a ser la forma? Vamos a aplicar
la nueva política de compras del Gobierno. El Gobierno tomó posesión en
mayo del corriente año. ¿Cuál es esa política de compras? La política de
compras consiste en sustituir, en todos aquellos supuestos que se pueda
conseguir, los arrendamientos por la utilización de bienes de propiedad
patrimonial del Estado o bien por cesión de las comunidades autónomas o
de las corporaciones locales. Esta es una meta que se trata de cumplir
sobre todo porque, como SS. SS. conocen, existen localidades donde un
pequeño local puede perfectamente servir de oficina y, sin embargo,
tenemos un alquiler suscrito para esos usos. ¿En qué consiste además la
política de compras? Consiste en controlar determinadas cuestiones. Sus
señorías habrán comprobado que las enormes facilidades que hoy se
producen con las fotocopiadoras están en relación directa con el coste de
las fotocopiadoras. Se va a controlar totalmente, por lo menos por parte
del Ministerio de Justicia, el uso de las fotocopiadoras; se va a
controlar el uso del teléfono, no todo el mundo va a poder utilizar el
teléfono para tener salida al exterior, y en el mejor de los casos al
exterior, pero no fuera de Madrid; se va a controlar



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el uso de la energía eléctrica, se controlará en cualquier caso por una
desconexión general del departamento, etcétera. Es decir, vamos a ser
enormemente rigurosos en estas cuestiones. Siguiendo con el capítulo 2
del programa 142A, S. S. se había referido a la Ley del Jurado. Sobre la
Ley del Jurado se han hecho unas manifestaciones exorbitantes de 1.500
millones y 800 juicios con jurado. Eso se ha traducido en diez juicios
con jurado. Es lo que ha habido, diez juicios con jurado. Hemos hecho los
cálculos y estamos absolutamente convencidos de que con los 270 millones
de pesetas vamos a poder atender los gastos que originan los juicios con
jurado. Nada de 1.500, nada de 800. Señorías, se han gastado muy pocos
millones y van diez juicios con jurado. En 1997 aumentarán, pero
tendremos suficiente con los 270 millones de pesetas. Por supuesto,
señora Fernández de la Vega, no se van a paralizar los juicios con
jurado.

Transferencias. Su señoría hacía referencia a las transferencias al
Colegio de Abogados. Como sabe S. S., muy recientemente se ha aprobado el
reglamento de asistencia jurídica gratuita. En ese reglamento se da una
nueva valoración a los módulos. Pues bien, realizado el estudio con esa
nueva valoración, viendo la experiencia adquirida hasta este momento en
cuanto a las actuaciones de los abogados y procuradores, viendo que ese
reglamento crea, por una parte, las comisiones provinciales de asistencia
jurídica gratuita, y, por otra, suprime el pago del trámite incidental,
hemos llegado a la conclusión de que se va a producir un ahorro y que las
comisiones van a ser un filtro de todo aquel que ahora está protegido por
el turno de oficio porque se acoge a la asistencia jurídica gratuita
aunque no esté justificada su protección. Eso se va a llevar con mucha
mayor seriedad y se va a producir un ahorro importante.

Respecto al capítulo 6, Programa 142A --y decía S. A. con toda la razón
que la proporción es del 85 por ciento del presupuesto de todo el
Ministerio--, ¿qué pasa con inversiones? Señoría, se han realizado más de
160 actuaciones desde mayo hasta octubre de este año. Tengo que referirme
a lo que se hace este año porque es precedente de lo que se hará el año
siguiente; como SS. SS. saben, todo aquello que se haga este año que
permita hacer algo el año que viene es necesario resaltarlo. Pues bien,
dichas actuaciones suponen un movimiento de 1.000 millones de pesetas,
hay 800 expedientes de obra o asistencia técnica, algunos de los cuales
se prolongan para el ejercicio siguiente, por ejemplo, el referido al
edificio de juzgados de Almunia de Doña Godina, donde hay más de 15
proyectos de reformado con un valor de 400 millones. Esto significa que
en algunos casos se ha producido la continuación de una obra, la obra ha
seguido, se ha certificado o hacía falta un reformado, y yo no digo que
no se haya terminado porque no se ha querido, pero no se tenía un crédito
y no se hacía, el caso es que no se hacía. En este caso, eso ha permitido
finalizar las obras del nuevo edificio de juzgados y del Tribunal
Superior de Justicia de Pamplona, cuyo expediente se inició en 1992; con
un apoyo de 184 millones se ha terminado una obra de 1.636 millones.

También hay que hacer referencia aquí al proyecto del nuevo edificio de
juzgados de Gijón, cuyo expediente se inició en 1991 y cuyo coste final,
tras añadir 90 millones para el reformado, arroja la cantidad de 693
millones. Podíamos hacer referencia a algunos de pequeña cuantía, pero no
son significativos. También es significativo que se hayan invertido más
de 330 millones en suministro de mobiliario y maquinaria a los órganos
judiciales. Todo ello debe añadirse a la lógica continuidad en los
trámites de los gastos comprometidos, que suponen, a grandes rasgos, al
arranque del ejercicio de 1996, más de 1.600 millones de pesetas.

No quiero aburrir a SS. SS. con tanta cifra, pero creo que muchas veces
las cifras son precisamente las que marcan la espectacularidad de las
actuaciones en algunos casos como en éste. Además, no sólo es eso.

Tenemos un plan del último trimestre de este ejercicio, que ya está
puesto en marcha, que va a permitir ciertas pequeñas obras. Figúrense SS.

SS. las necesidades que existen cuando hay 714 edificios judiciales. Se
dice bien pronto. Necesidad, en algún caso es --y que esto no sirva de
anécdota-- que el titular de un despacho tiene que poner un paraguas
porque tiene una gotera; tampoco puede servir de anécdota que por unas
escaleras se escurren y hay que poner una goma para que no ocurra. Si
ustedes quieren, esto son anécdotas, pero son realidades. Es decir, en
este último trimestre vamos a hacer obras menores de cinco millones de
pesetas, pero por valor de 350 millones de pesetas, vamos a informatizar
los órganos judiciales en una cuantía de 350 millones de pesetas que,
junto con los 500 previstos para el año que viene, suponen que estará
informatizado a final de 1997 el 80 por ciento de los órganos judiciales.

Por último, hablando ya del presupuesto del próximo año, SS. SS. conocen
el programa de inversiones públicas. Se refería la señora Fernández de la
Vega a aquello que no está regionalizado. Lo que está especificado en el
programa de relaciones públicas, obviamente se ha especificado y lo que
no lo está, no está regionalizado. Pues bien, todo aquello que se cifra
en 2.212 millones de pesetas exactamente, no regionalizado, es como un
cajón de sastre, sirva la expresión, en la mayoría de los casos pendiente
de atender, bien reposiciones por el normal funcionamiento, bien obras de
emergencia que puedan necesitar cualquiera de esos edificios, bien, como
es lógico, lo previsto para nueva plantilla orgánica del Ministerio
Fiscal, como decía S. S. Es decir, hay créditos precisamente para la
adaptación de los espacios de las audiencias provinciales al nuevo Código
Penal, adaptación inmobiliaria para la nueva plantilla del Ministerio
Fiscal, como decía antes, por comunidades autónomas, concretamente
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia,
Navarra; puesta en funcionamiento de edificios judiciales y obras nuevas
atendiendo las incidencias en las ejecuciones, reformados, revisados, así
como tramitación y localización del cumplimiento de la ley de planta para
1997.

Junto a eso, pueden surgir algunas cuestiones. Concretamente en Dos
Hermanas, hace relativamente poco tiempo se ha sabido que hay una oficina
judicial que está en precario. Como lo oyen SS. SS. Lo permitió el
propietario, lo autorizó el Ministerio de Justicia y está en precario,



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pero es que hay otras seis en precario. Tenemos que abordar ese problema,
primero, legalizando la situación. Precisamente hay un solar que puede
ceder la corporación municipal y, con 60 millones, se puede construir un
edificio en poco tiempo por si acaso el propietario expulsa a la oficina
judicial pues, al estar en precario, puede expulsarla, como SS. SS. saben
mejor que yo.

Pues bien, todas esas cuestiones son las que se incluyen en los proyectos
no regionalizables. Los regionalizables los conocen SS. SS. Yo tengo
hecha la clasificación incluso por comunidades autónomas; si hay alguna
curiosidad, puedo enviarles la información.

Por supuesto, cuando estoy señalando todas estas cuestiones, no es que
quiera estar convencido, es que estoy convencido de que sí se van a poder
cumplir los objetivos con el presupuesto asignado en el proyecto. Sus
señorías son las que tienen que aprobar o no el proyecto.

Al programa 126D, asesoramiento y defensa del Estado e instituciones
públicas --defensa en juicio, obviamente--, le afectó como a todos los
demás. Yo he hecho relación, en general, de lo que ha afectado la no
disponibilidad de 28 de diciembre de 1995 y a este programa, como a los
demás, le afectó poderosísimamente. Sin perjuicio de eso, se han
suprimido, por ejemplo, unos gastos que había para publicidad y
propaganda, no propaganda de la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado sino la inserción del anuncio de una oposición en los
periódicos de más circulación para que se enteren los candidatos,
etcétera.

Que se queden tranquilos los candidatos y también S. S. porque no serán
20 ó 25 plazas, previsiblemente van a ser 35 las plazas que se convoquen
y la oferta pública de empleo sí contendrá esas plazas. Su señoría
preguntará cuántas hay, porque se habla en la ley de presupuestos del 25
por ciento, pero ese 25 por ciento es con carácter general y no se
refiere sólo al Cuerpo de Abogados del Estado. Efectivamente, hay
vacantes, están dotadas y pienso que se van a convocar 35 plazas.

Registros vinculadas a la fe pública. Hay una disminución del capítulo 1.

Por más que he querido, no he logrado enterarme de por qué las
plantillas, las relaciones de puestos de trabajo, las célebres RPT que
todos conocemos, estaban sobrevaloradas. Resulta que, por una parte, el
programa de prestación social sustitutoria --luego me referiré a ello--
no solamente no existía para el llamado haber en mano sino ni para pagar
a fin de año a la plantilla de funcionarios. ¿Qué se ha estado haciendo?
Cuando se había agotado el crédito de ese programa para funcionarios, se
pasaban las nóminas por otro programa. Algo incomprensible. Los programas
en objeción de conciencia estaban con deficiencia de pago de plantilla y
con superávit en registros y notariado, no sé por qué razones. A la vista
de eso, ha habido que reajustarlo, no solamente por nosotros sino también
por indicación del Ministerio de Economía y Hacienda pues la realidad era
ésa, por lo que se ha transferido de registros y notariado, porque
sobraba --insisto, porque sobraba--, a otros programas.

También se reducen los capítulos 2 y 6. En primer lugar, por la no
disponibilidad del 28 de diciembre y, luego, por el ajuste general que
tienen que sufrir todas las partidas del capítulo 2. Por supuesto, se va
a apagar, señora Fernández de la Vega, todo aquello que lleguemos a
contraer como gasto y obligación.

Respecto al programa de prestación social sustitutoria, hacía referencia
a que se ha producido un aumento. Es incomprensible que, por una parte,
se esté llamando, como es obligación legal, a los que han pedido ser
reconocidos como objetores de conciencia y, por otra, no se pongan los
créditos subsiguientes para el abono de lo que se denomina haber en mano.

Es decir, las dos son obligaciones, es obligación llamar y es obligación
el abono del haber en mano. ¿Cuál es el objetivo primario, el objetivo
único, esencial, la meta a conseguir e 1997 por este programa? Pura y
simplemente, la normalización de la prestación social. Hace unos días
salió una noticia de prensa que decía que había 400.000 objetores. Claro
que sí, la cifra se aproxima, pero desde el año 1984. Unos han hecho la
prestación; otros han sido declarados exentos; algunos --llamémoslo de
esta manera-- fueron amnistiados por un decreto del Gobierno y algunos
más están pendientes. ¿Cuántos están pendientes? Hay 130.000 objetores
reconocidos que están pendientes. ¿Qué se trata de hacer en el programa
de prestación social sustitutoria por la objeción de conciencia? Se trata
de normalizar ¿Y en qué va a consistir la normalización? Por una parte,
el problema es la agilidad en el reconocimiento y, por otra, la
inmediatez en el inicio de la prestación. Lo primero, si la gestión es
buena, se tiene que conseguir. Lo segundo, si es que existen puestos de
actividad, se llevará adelante ¿Cuál es un objetivo para cumplir esa
meta, un objetivo secundario si se quiere, para cumplir la meta de la
normalización? Un incremento de 15.000 puestos de actividad al año para
lograr un superávit de plazas. Si actualmente existen unas 80.000 plazas
o puestos de actividad, al final del ejercicio se piensa tener 90.000;
con 15.000 cada año, serán 105.000 al final de 1997 y 120.000 al final de
1998. Junto a eso, habrá un incremento selectivo de puestos de actividad.

¿Por qué? Porque hay mucha demanda de las grandes capitales y menor en
las provincias. ¿Qué se va a hacer? Aumentar selectivamente los puestos
en grandes capitales. Precisamente los conciertos que existen con las
ONG, con Cáritas, etcétera, va a permitir aumentarlos en un 25 por
ciento. En definitiva, de lo que se trata es que al final de 1998 todo
objetor que sea reconocido, no quiera prórrogas y desee realizar
inmediatamente la prestación social, pueda hacerlo.

También hay que tener en cuenta en este caso la Ley del Voluntariado que,
como saben SS. SS., da el derecho a convalidar la prestación de
voluntariado con la prestación social sustitutoria. Esto exige una
información. La dirección general ya ha elaborado, y sin un solo gasto,
200.000 ejemplares para informar a todos los objetores para que sepan las
posibilidades que tienen de hacerlo de otra manera. Luego, como es
lógico, habrá que ver las posibilidades. Señora Fernández de la Vega, no
se les envía de una provincia a otra. Hay carencia de plazas en
provincias, exactamente 30.514. La demanda de objetores en capitales de
provincia es de 30.514 porque la prestación se realiza en la localidad.

No se les manda a ningún sitio. Por los convenios



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que existen con la Agencia Española de Cooperación Internacional se les
envía en algunos casos al extranjero, obviamente, abonando los gastos
correspondientes y porque el interesado lo desea, pero normalmente no
salen de la provincia, no salen de su localidad. Se va a estudiar
pagarles el abono-transporte para desplazarse a sitios cercanos a los que
se puede ir y venir en poco tiempo. No sales de la localidad, señora
Fernández de la Vega; realizan la prestación en esa localidad.

Por último, una de las medidas es la prestación fraccionada. Como conocen
SS. SS., el Reglamento de la Objeción de Conciencia establece que debe
ser continuada, excepto en casos muy específicos que marca el propio
reglamento. Se va a tratar de modificarlo ya que, por ejemplo, en materia
de medio ambiente hay temporadas y en materia de educación hay curso
académico. En estos casos se va a permitir que se preste fraccionadamente
porque, si no, parte de los 13 meses estaría desocupado.

La mejora de la gestión, a la que me he referido, va a permitir que se
incorporen perfectamente los objetores. Los datos por comunidades
autónomas, si me lo permite, señora Fernández de la Vega, los remitiré a
la Mesa.

Señor Castellano, no sé si le he contestado, ya que usted ha dicho que
ratificaba en las preguntas que ha hecho la señora Fernández de la Vega,
cuando las he respondido. Antes de nada, le agradezco, cómo no, el
recibimiento de que he sido objeto.

Establecimiento del famoso estatuto del Tribunal Supremo. Yo no sé,
señoría, y digo que no lo sé porque lo desconozco, si es un estatuto de
magistrado del Tribunal Supremo o es un estatuto de magistrados. No lo
sé, porque lo desconozco. En cualquier caso, yo sé que el Ministerio de
Justicia está haciendo estudios sobre todos estos temas. Por supuesto,
sólo me fío de una cuantía. Recuerdo que en el último Consejo de
Ministros del Gobierno Socialista se aprobó un acuerdo que decía algo
así: para dar efectividad, cuando se apruebe el estatuto de magistrado
del Tribunal Supremo. La cantidad estaba en blanco y se pusieron 400
millones. Todos los presidentes de tribunales de Justicia de España
vienen diciendo que tienen RC del año 1992. No tienen ni un duro de
reserva de créditos ni en 1992, ni en 1993 ni en 1994. Y al decirles esto
se espantan. No había RC ni hay crédito en Hacienda, etcétera.

La revisión que se les hizo a los secretarios se consolida. Habrá un
reajuste, una revisión, y se consolida, por supuesto, en los créditos de
1997, sin ningún género de duda.

En todas las previsiones que tiene el Ministerio de Justicia entra el
atender al máximo todo aquello que suponga un cambio. Por ejemplo, se
está estudiando qué va a pasar con los juzgados de lo Penal. Obviamente,
el Código Penal no les quita competencias, pero les quita volumen de
trabajo. Se estudiará cuáles van a reforzar las audiencias provinciales.

Antes no lo indiqué, pero se van a destinar 18 magistrados a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Es decir, no se
va a crear una sección nueva, sino que se va a reforzar con 18 nuevos
magistrados. Sí se va a crear una sección, en este caso la tercera, en la
Sala de lo Penal, precisamente para atender las nuevas necesidades
derivadas de la puesta en funcionamiento del Código Penal.

Señor Ollero, usted hizo referencia al vestuario. ¿Qué ocurría con el
vestuario en la objeción de conciencia? Y no quiero entretener a SS. SS.,
porque voy a perturbar el desarrollo posterior de la Comisión. Yo no me
atrevo a hablar de cifras de hace tres años, pero al principio se les
daba un vale para comprar en un establecimiento, no sé si para El Corte
Inglés o para Cortefiel, por valor creo que de 75.000 pesetas, y lo que
ocurría es que el vestuario del objetor era una chaqueta de piel. Luego,
en este caso sí me atrevo a dar cifras, fue de 45.000 pesetas, y entonces
la chaqueta era de pura lana virgen pero no de piel, aunque también salía
con su chaqueta y no con su vestuario. ¿Qué ocurre ahora? Que sólo se va
a proporcionar vestuario en los casos en que la especial prestación lo
exija; si exige unas botas, si exige un mono, se le va a dar. En
consecuencia, va a haber un ahorro enorme de vestuario. Previendo esto se
han transferido 500 millones de vestuario al capítulo 1, precisamente
para atender el haber en mano, que estaba absolutamente abandonado.

Seamos sinceros, hay que reconocerlo así.

En 1994, no sé exactamente la cifra, había presupuestados alrededor de 20
millones para gastos reservados en el Ministerio de la Justicia, antes de
la fusión. Tras la fusión, el presupuesto de 1995 prorrogado, y a esta
partida no le afectó la no disponibilidad, fue de 815 millones. Nosotros
tenemos un programa todavía común, porque aparte de la Secretaría de
Estado de Justicia y Secretaría General de Justicia estaba la
Subsecretaría de Justicia e Interior, y había programas comunes
(ministerio, subsecretaría y servicios generales) y todavía seguimos
aplicando con el Ministerio del Interior un programa común. Ese programa
común, tanto en lo que se refiere a personal, a material como, en este
caso, a gastos reservados, se ha dividido; hemos tenido en cuenta qué
tenía Justicia en 1994, cuáles han sido las consecuencias de la fusión,
cuánto le corresponde a Justicia, cuánto le corresponde a Interior. De
esos 815 millones nos correspondían 123 millones que, obviamente,
nosotros hemos aplicado en el capítulo 2 y no a fondos reservados. El
Ministerio de Justicia no ha previsto para 1997 el concepto de fondos
reservados. Además, señor Ollero, como se hace una gestión común, de esos
815 millones podríamos haber dicho al Ministerio del Interior que
queríamos utilizarlos, pero no se han utilizado ni cinco céntimos de
fondos reservados por parte del Ministerio de Justicia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor Subsecretario, muchas gracias
por sus manifestaciones, pues realmente ha habido más manifestaciones que
informaciones concretas, lo cual lamento. Voy a hacer un pequeño repaso
de las cosas que usted ha dicho que, en principio, no comparte el Grupo
Parlamentario Socialista.

En cuanto a las cifras globales, no vamos a entrar aquí en una pelea de
cifras. Yo creo que sí que hay forma de ponerse



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de acuerdo en las cifras, porque tenemos las cifras que ustedes remiten
con los presupuestos. Este es un debate para ver el presupuesto para 1997
no para hacer aquí un análisis de los presupuestos de años anteriores.

Por tanto, yo me limito a ver cuál es la participación que el Ministerio
de Justicia tiene en los Presupuestos Generales del Estado para 1997,
punto. Y la que tiene, según las cifras remitidas por el Gobierno, es el
0,9, luego es inferior que en años anteriores.

Evidentemente que ha habido transferencias a comunidades autónomas, pero
es que eso forma parte del programa de Justicia y, además, ha habido
transferencias a comunidades autónomas para satisfacer servicios públicos
de Justicia, no para otras cuestiones. Es un dato que remiten ustedes y,
en consecuencia, no puede haber guerra alguna de cifras. La participación
del Ministerio de Justicia en el presupuesto de gastos no financieros del
Estado hoy es, en el presupuesto para 1997, el 0,9. Por consiguiente, yo
lamento y seguiré lamentando que haya una despriorización, porque creo
que, frente al resto de gastos de otros departamentos, Justicia baja con
respecto a las proporciones que mantenía en otros ejercicios
presupuestarios, lo cual supone una despriorización del sector Justicia.

Dice usted que los 86.000 millones de personal eventual son para el
personal de gabinetes; que no han aumentado los gabinetes, dicen. Es
posible que no hayan aumentado los gabinetes, que sean los mismos, pero
lo cierto es que el crédito es mayor, lo cual supongo que responderá a
que tendrá mayores complementos específicos, porque el crédito de
Justicia es mayor que el que había antes en personal de gabinetes; a lo
mejor no han aumentado la RPT en número de dotaciones pero sí los
complementos específicos, porque lo que está claro es que el crédito es
evidentemente mayor.

Por lo que se refiere al programa más importante, como usted ha puesto de
manifiesto, que es el programa de apoyo a los tribunales de justicia y al
Ministerio Fiscal, usted ha dicho que van a cumplir sus objetivos; dice
que van a crear las 80 plazas de magistrados, pero no dice cuál es la
cuantía exacta. Me gustaría saber exactamente dónde se reflejan en el
presupuesto del capítulo 1 las 80 plazas de magistrados.

No me ha respondido usted si se van a crear juzgados de vigilancia
penitenciaria como exige el Código Penal. Se preveían 24, con una
dotación de 720 millones. ¿Están o no están aquí incluidos?
La oferta de los 46 equipos de apoyo --no sé si son 46 o no-- o, según
usted, los que las necesidades determinen. Por una parte, usted dice que
han estudiado mucho presupuesto por programas atendiendo a las
necesidades y por otra me dice que las que determinen. Nos gustaría saber
cuáles son las necesidades que ustedes han determinado, porque antes
estaba determinado previamente que había necesidad urgente de implantar
46 equipos de apoyo. Por tanto, le agradecería que me enviara por escrito
las cuestiones relativas al capítulo 1, porque no me ha respondido.

Dice usted que van a pagar, que los interinos no se van a marchar; que
van a pagar los equipos de apoyo y de refuerzo. Me gustaría saber cuál es
en ese presupuesto del capítulo 1 la cuantía de los equipos de apoyo y de
refuerzo que solicita el Consejo General del Poder Judicial, saber
exactamente qué cuantía van a dedicar ustedes a ello, porque tampoco me
lo ha dicho.

En materia de fiscales, ha hablado usted de 21 más 7, me ha parecido
entender. Teníamos 127. Quisiera saber si esos 127 fiscales se van a
consolidar o no; si esos 21 más 7 son además de los 127 fiscales.

Respecto de la oferta de empleo, me gustaría cuál es la cuantía del
crédito especificado que se va a destinar a cubrir todas esas plazas,
porque si no no vamos a poder saber al final cuál es el remanente de
dinero que queda para los equipos de apoyo o de refuerzo de tribunales de
justicia, que, como usted sabe, siguen reclamándose, porque los créditos
siguen siendo insuficientes, por parte del Consejo General del Poder
Judicial.

En cuanto a los laborales, me gustaría que desglosase de la cuantía total
qué va dedicado a los juzgados de vigilancia penitenciaria y qué va
dedicado a los juzgados de menores, en donde el Código Penal también
exige un refuerzo de los equipos técnicos porque se pide un informe
previo de criminalidad hasta que se presente la ley de responsabilidad
del menor, y qué va a los juzgados de instrucción. Querría saber
exactamente cuál es la cuantía del crédito que va a cada uno de ellos.

No ha dicho nada sobre los juzgados de lo Contencioso. No sé si es que no
van a invertir nada el año que viene en estos juzgados o no tienen
previsto llevar a cabo ninguna actuación en esta materia.

En el capítulo 2, señor subsecretario, el Grupo Parlamentario Socialista
discrepa de usted. Es verdad que el capítulo 2 ha sido siempre
insuficiente y sigue siendo insuficiente, pero lo que nos sorprende es
que se aminore, y nos sorprende además esa perfectible técnica
presupuestaria del Decreto-ley 12/1996, por el que se conceden créditos
extraordinarios, por citar un ejemplo, en teléfonos, donde ustedes dicen
que había una deuda de 4.100 millones. Pues bien, la deuda de abril de
1996 era de 2.700 millones y ustedes ponen 4.100 millones; cargan,
probablemente, el importe de los teléfonos de este año. Pero eso no es lo
más sorprendente. No quiero abrir ahora una discusión sobre el
decreto-ley, pero lo que está claro es que dicen ustedes: vamos a pagar
todo; vamos a restringir los teléfonos. El coste medio es de 1.500 a
2.000 millones. Se han adoptado ya muchas medidas en los órganos
judiciales para la utilización del teléfono. Si el coste medio es de
1.500 a 2.000 millones y ustedes consignan 1.000, es evidente que al
final de año va a haber una deuda acumulada. O no pagarán los teléfonos o
no habrá faxes o cerrarán los faxes. Yo creo que hay una insuficiencia.

Pasa lo mismo en comunicaciones postales, en donde consignan 350
millones, con lo cual parten ya de una situación en la que va a haber
déficit al final de año. Igualmente pasa en transportes, porque está
absolutamente acreditado, reestudiado y reiterado que el importe en
comunicaciones postales es de 1.400 a 2.000 millones. Dicen ustedes que
los van a pagar. No lo podrán pagar con 350 millones, o no habrá
comunicaciones postales. Me interesa saberlo porque va a redundar en el
funcionamiento de la Administración de justicia. Ocurre lo mismo



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con las labores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Claro que
había déficit y lo había porque había insuficiencia, pero es que ustedes
ahora consagran la insuficiencia reduciendo la consignación
presupuestaria.

En cuanto a los gastos del jurado, es verdad que ha habido pocos juicios,
menos de los que inicialmente habían señalado los presidentes de las
Audiencias y el Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que, según
las noticias que tiene el Grupo Parlamentario Socialista, en estos
momentos hay una instrucción más de 100 causas por jurado, con lo cual es
de esperar que en el año 1997 se celebren por lo menos esos 100 juicios.

A lo mejor no se gastan los 800 millones que inicialmente se habían
calculado, puesto que se habían hecho los cálculos con arreglo a la ley,
a no ser que ustedes le digan al fiscal que, cuando vean una causa que
pueda tener jurado, no la califique como tal, porque si no no se puede
explicar uno, con el mandato contenido en la ley, que vayan a reducirse
los juicios por jurado en unas previsiones tan diferentes y, en
consecuencia, nos preocupa que con esos 270 millones no haya suficiencia
presupuestaria.

No me ha respondido usted tampoco a la pregunta sobre las transferencias
al Consejo de la Abogacía. Es verdad que hay una Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita que tenía varios objetivos, uno de ellos era controlar
la subvención del turno de oficio. Ya se puso de manifiesto que ese
control era positivo con el decreto que se aprobó anterior a la entrada
en vigor de la ley. Pero es que la ley tiene por objetivo además ampliar
la prestación. No se trataba tanto de reducir la cantidad total que el
Estado destina al turno de oficio como de utilizarla mejor.

Esta cuantía disminuye cerca de 500 millones respecto del año pasado, y
yo quisiera saber qué criterios han utilizado ustedes. No lo que dice la
ley, que lo sabemos porque además es una ley que remitió el anterior
Gobierno al Congreso de los Diputados. Quisiera saber qué criterios han
utilizado ustedes para los módulos, si van a cambiar; si han incluido el
módulo de asistencia a extranjeros y asilo y el módulo por jurado, porque
como ustedes calculan que no va a haber jurado, pues a lo mejor es que no
está incluido dicho módulo. Nos sabría realmente mal que no hubiera
asistencia jurídica gratuita para los ciudadanos cuando se tratase de
delitos que están en el ámbito de aplicación de la Ley del Jurado.

Con los datos que usted me ha dado sobre el capítulo 2, sigo creyendo que
va a haber auténticos problemas en el funcionamiento de la Administración
de justicia. Lo mismo sucede con el capítulo 1. El Grupo Parlamentario
Socialista estará encantado de poderle felicitar si al final del
ejercicio del año que viene vemos que se han podido satisfacer todas esas
necesidades y no se ha empezado a originar deuda nueva en todos los
capítulos, que desde luego están muy insuficientemente dotados.

En cuanto a las inversiones, me alegra que se hayan continuado las
actuaciones, porque el plan de inversiones prácticamente es el mismo. No
me ha explicado si hay previsto abordar (me gustaría saberlo, a lo mejor
no tiene aquí los datos y nos los puede remitir por escrito) en 1997 los
problemas de la Audiencia Provincial de Madrid. Es un tema que ha
preocupado al ministerio y que nos preocupa a todos, porque ha habido
problemas incluso para la celebración de las vistas por jurado, y
realmente es uno de los temas pendientes en las audiencias provinciales.

Me gustaría saber cuál es el cálculo que ustedes efectúan por órgano en
función de la instalación de los nuevos órganos que van a llevar a cabo
el año que viene, porque tampoco me lo ha dicho. Dice que hay
presupuestados 2.000 millones, pero me gustaría saber exactamente de ese
cajón de 2.000 millones qué destinan a creación de órganos nuevos y qué a
reposición o a obras de reparación en órganos antiguos.

En cuanto al presupuesto del Servicio Jurídico del Estado, claro que
disminuye. Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa la formación de
los abogados del Estado y que no tengan acceso a publicaciones. Yo creo
que con esa disminución del capítulo 2 no van a poder recibir ni el
Boletín Oficial del Estado, y me temo que van a cerrar los teléfonos y el
fax, con lo cual o se generará una nueva deuda o entre la avalancha de
nuevas disposiciones normativas que están produciéndose desde el
Parlamento, no sólo en la legislatura pasada sino las que tiene
anunciadas el propio Gobierno y los distintos grupos para la próxima
legislatura, los abogados del Estado no podrán tener acceso ni a los
medios más elementales.

En cuanto a las oposiciones, me tranquiliza lo que usted me ha dicho. Me
preocupa que haya desaparecido la consignación presupuestaria de los
3.000.000 que había para hacer frente a las mismas. Yo creo que sería más
transparente que supiéramos exactamente cuál es la consignación, porque
precisamente había dicha cantidad para hacer frente a oposiciones. Si
desaparece, comprenda que presupongamos que no va a haber oposiciones. Me
alegra, aunque me gustaría saber exactamente, por un problema de
transparencia presupuestaria de la que ustedes tanto hablan, por qué ha
desaparecido también esa cuantía.

En cuanto a la fe pública, es muy sencillo, señor subsecretario, yo creo
que es muy fácil de entender. La Dirección General de los Registros sigue
estando infradotada, porque en esa dirección general --a lo mejor usted
lleva poco tiempo y no tiene experiencia-- se elabora y se debe elaborar
todo el asesoramiento y control de derecho privado que se produce en toda
la Administración. Ahí están trabajando, sin formar parte de la plantilla
de funcionarios, notarios y registradores, y es una reivindicación
tradicional --si no, pregúnteselo usted al director general-- el que se
redimensione la estructura de esa dirección general para poder atender
las necesidades de lo que es la seguridad jurídica, que creo que es un
tema que afecta, en definitiva, a todos.

Nos preocupa también la información de los registros civiles. No me ha
dicho usted nada. Me gustaría saber si desaparece ese programa, porque es
de primera atención a los ciudadanos. No me ha contestado usted qué va a
pasar con ese tema.

Finalmente, quería decirle, señor subsecretario, que sobre la objeción de
conciencia yo en ningún momento he cuestionado ni siquiera la ampliación,
es decir el crecimiento que había en el capítulo 1. He dicho que no estoy



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cuestionando ese crecimiento porque ya sabía que de debía al haber en
mano. Evidentemente, si hay más objetores realizando la prestación social
sustitutoria tiene que haber mayor haber en mano, pero usted sigue sin
responderme cómo va a haber más puestos de actividad, mayor número de
objetores realizando la prestación social sustitutoria si disminuye la
cuantía del capítulo 4 destinada a los conciertos. Ahí es donde se pagan
los programas; entonces, como disminuye esa cuantía, lo que quisiera yo
saber es por qué disminuye en un 56 por ciento. Si ustedes dicen que
quieren crear 15.000 puestos de actividad más, me gustaría saber si es
que no van a tener ningún coste, de lo cual me alegraría muchísimo. Usted
sabe que hay programas que son mucho más caros. Usted ha citado algunos
que veo que no van a eliminar, y me parece muy bien, como los programas
de medio ambiente o los programas internacionales, que son más caros que
los programas de Cruz Roja. Por eso la disminución no me cuadra, no me
salen los números. No es tanto el capítulo 1 como los capítulo 2 y 4 los
que disminuyen en objeción de conciencia.

Es verdad que el tema es muy complicado, porque hay que tener una mayor
eficacia en la gestión. Yo creo que se han conseguido niveles de eficacia
muy altos. El problema, como usted muy bien sabe, no es el del
reconocimiento de la prestación, que eso va al día, el Consejo de
Objeción de conciencia funciona muy bien, sino el de encontrar puestos de
actividad nuevos para los objetores, que ahí hay muchísimos problemas.

Usted me dice: no hay desplazamientos, los objetores realizan la
prestación en su lugar de origen. Le felicito, pero me gustaría saber qué
pasa con los objetores de Navarra y del País Vasco, donde no hay plazas.

Hay que desplazarlos. Y hasta ahora ninguna comunidad autónoma ha podido
absorber el número de objetores oriundos, y ha habido que desplazarlos,
cosa que está prevista en el Reglamento de Objeción de Conciencia. Desde
luego que no es lo ideal desplazarlos, pero eso supone costes de
manutención y de alojamiento. Luego desplazamientos a veces se producen,
y creemos que debido a ese aumento que se está produciendo en el número
de objetores no pueden reducirse los capítulos 2 y 4.

No me gusta demasiado el tratamiento que parece que se les está dando a
los objetores, como si se dedicaran a comprarse chilabas de cuero. El
tema del vestuario ha estado muy cuestionado; lo cuestionó ya el anterior
Gobierno, y es verdad que además en los informes que se dejaron se ponía
claramente que había que reducir el vestuario, que no había que darlo
siempre sino en función de los determinados programas. Por tanto, que se
reduzca el vestuario es lógico, porque ya estaba dicho; que aumente el
haber en mano es lógico, porque aumenta la prestación. Lo que nos
sorprende, y es lo que nos gustaría conocer, es el aumento de puestos de
actividad, el coste que calculan que tiene y por qué lo reducen en
materia de conciertos con otros organismos a los que hay que hacer la
transferencia del coste de los puestos de actividad.

Me da la impresión, por las respuestas que hemos obtenido, que el Grupo
Parlamentario Socialista va a tener que presentar una enmienda a la
totalidad de esta Sección 13, porque creemos que no va a haber
posibilidades de hacer frente a las necesidades de un sector social tan
sensible a los ciudadanos como es la Administración de justicia.




El señor PRESIDENTE: El señor Castellano tiene la palabra.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con toda brevedad, señor Presidente, y
agradeciendo muy sinceramente la información solicitada, nuestro grupo
pone de manifiesto en este momento la constatación de lo que ya presumía.

Se va desarrollar en el Ministerio de Justicia una política de absoluta
continuidad en lo que podemos llamar la administración insatisfactoria de
algo tan importante como es el servicio público de la justicia, y no
creemos sinceramente, señor subsecretario, y esto no va dirigido a usted
sino a la señora Ministra, que no está, a través del «Diario de
Sesiones», que con el voluntarismo que ustedes ponen para tratar de
paliar la reducción importante de efectivos se vaya a conseguir esa
eficacia.

No percibimos, a lo largo de la radiografía del presupuesto, ninguna
actitud de cambio en esta asignatura pendiente que se llama la justicia
que pueda suponer algo tan fundamental como es aquello que nos demanda la
Constitución. Desde luego esté usted seguro de que con este presupuesto
no vamos a llevar a tener algo tan elemental como es un juicio rápido y
sin dilaciones excesivas.




El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA (García Mena): El
crédito presupuestado para las 80 plazas es de 625 millones. Creo que es
ésa la cifra.

La creación de un órgano, de una unidad, no siempre tiene el mismo coste,
depende de muchos factores como, en primer lugar, que sea arrendamiento o
sea propiedad, si se trata de un local nuevo; segundo, si hay que hacer
obra o no, si es adaptación en un local existente; tercero, si existe
mobiliario disponible para poder suministrar, si hay que hacer un
expediente de suministro de mobiliario o si se ha adelantado el
suministro en el último trimestre, por valor de aproximadamente unos 700
millones de pesetas, de mobiliario que estaba pedido y que en muchos
casos es precisamente para los nuevos órganos.

No he dicho nada de los juzgados de lo Contencioso, efectivamente. En lo
contencioso-administrativo sólo me he referido a una cosa: potenciación
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional no
con creación de sección, sino con dieciocho nuevos magistrados. Respecto
a la creación de los órganos de lo contencioso-administrativo tendremos
que saber, primero, qué dirá la ley cuando se apruebe y entre en vigor en
cuanto a qué órganos, en qué condiciones y qué competencias. Aunque eso
está en la mente de todos, tendrá que decirlo la ley y se hará en
cumplimiento de la ley. En ese momento --no está presupuestado-- se haría
el presupuesto correspondiente. Si la ley entra en vigor en 1997, se
haría un estudio



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y se pedirían las cantidades correspondientes al Ministerio de Economía y
Hacienda para poner en marcha los órganos de lo
contencioso-administrativo.

Vuelve a insistir S. S. en lo de teléfonos y comunicaciones. Yo vuelvo a
insistir también en que vamos a pasarlo mal, hay que ser sinceros, pero
vamos a tratar de que, efectivamente, no se pase ni una peseta como deuda
al ejercicio del año que viene.

En cuanto al jurado, hemos hecho el cálculo y lo más que se paga, como S.

S. conoce, me parece que son 9.000 pesetas diarias cuando duran más de un
día, y difícilmente duran más. Es poca cosa en relación a la celebración
de ochocientos juicios con jurado. La previsión de los 170 millones es
suficiente.

Antes se refirió al personal eventual, que estaba en 109.725.000 pesetas
y ha pasado, como S. S. decía, a 86.238.000. Estas son cifras que S. S.

conoce.

Colegio de la abogacía. El Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
modifica los baremos incluso con una media del 5,2, se incrementa en esta
cantidad, como excepción al posible aumento del 3 o el 3,5. Por otra
parte, el reglamento anterior establecía que anualmente se tenían que
revisar. Lo único que hemos hecho es cumplir con un mandato y en este
nuevo reglamento se revisan y se dan nuevos módulos. Están calculados,
primero, porque se ha visto todo aquello que ya no va a ser objeto de
pago, es decir, el trámite de incidente; segundo, porque va a haber, con
las comisiones provinciales de asistencia jurídica gratuita, menos
actuaciones de abogados y procuradores y, tercero, por lo que se está
pagando.

Con fecha de 22 de marzo de este año 1996 se realizó un libramiento,
todavía con el Gobierno socialista, en favor del Consejo General de la
Abogacía por 2.360 millones, que correspondían al segundo semestre de
1995. Hace tres o cuatro días se ha puesto en tramitación lo que
corresponde al primer semestre de 1996, y es exactamente la cantidad
certificada de 2.747.474.875 pesetas. Si se multiplica por dos verán SS.

SS. que hay crédito suficiente, y si a eso se añade cualquier otro gasto
que podría haber con cargo a estas atenciones, el crédito está
absolutamente bien cifrado.

Precisamente lo que no está regionalizado, señora Fernández de la Vega,
es muy difícil de precisar, porque para eso son los regionalizados, es
decir, los que tienen un proyecto exacto porque se ha hecho un estudio.

Lo que sí ocurre es que durante el ejercicio vendrán muy bien esos dos
mil y pico millones a que antes me refería, para todas aquellas obras y
suministros --no nos engañemos porque ahí también están los suministros--
que se vayan a tener que realizar para los nuevos órganos judiciales.

Cuantía de las oposiciones. Como sabe S. S. ha habido momentos en que no
figuraban las pruebas selectivas en los presupuestos. Se retribuía
--entre comillas-- al tribunal, se pagaban las asistencias con cargo a
los ingresos de derechos de examen. Eso se cambió, creo que con gran
acierto, lo que pasa es que se puede congelar un crédito si no ha
terminado la oposición o si resulta que es menor la cantidad. Lo que
hemos pensado es que ya se habilitará el crédito cuando sepamos
exactamente cuáles van a ser las necesidades de pago de asistencia a los
miembros de los tribunales. Pero, insisto, va a haber oposiciones, señora
Fernández de la Vega.

Informática en el Registro Civil. Por supuesto. La Subdirección de
Informática del Ministerio atiende, por un lado, a lo que es la
Administración de justicia, por otro a los registros y notariado y por
otro, como es lógico, al resto del Ministerio. La informatización de los
registros civiles está proyectada, como es lógico, dentro del presupuesto
del año que viene.

En cuanto a cómo se van a mejorar los puestos de actividad para la
objeción de conciencia, muy sencillo. Lo que se ha suprimido en esa
cantidad eran los convenios suscritos con ONG porque eran más ventajosos
los de la Agencia Española de Cooperación Internacional y los de la
Escuela de Organización Industrial, pero además es que los puestos que
estaban ofreciendo --alguna de ellas, no han sido todas, ni mucho menos--
estaban más localizados fuera de las grandes capitales que en éstas.

Entonces, lo que interesa realmente, por un procedimiento o por otro
--está previsto incluso con números y está más o menos calculado--, es el
acceso a la Administración pública. La Administración del Estado, con
ocho mil puestos, es la que menos tiene de las administraciones públicas,
a diferencia de la Administración local, que tiene veintitantos mil
puestos de actividad. La dirección general se va a acercar a los entes y
organismos de la Administración del Estado para que ofrezcan puestos de
actividad. En este sentido, la creación del Ministerio del Medio Ambiente
favorecerá, por las actuaciones que se puedan realizar en él, la creación
de puestos de actividad. Esos puestos de actividad no supondrán un coste
a la Dirección General de Objeción de Conciencia, obviamente, excepto lo
que lleve el objetor. Tengo gran respeto al objetor; dicho eso, por
supuesto, es una práctica que puede hacer con un vale cualquiera, pero
tengo el mayor respeto al objetor. ¿Que a veces se producen
desplazamientos? Sí, pero se procura que sean los mínimos. Incluso existe
un estudio para darles un bono para transporte de ida y vuelta.

Señor Castellano, ¿qué quiere que le diga?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.

Termina la comparecencia del señor García Mena.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTI FLUXA). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/000362) Y
GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de
expediente 212/000257).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, la comparecencia del
Secretario de Estado de la Seguridad ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera, en primer lugar, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, dar la bienvenida al secretario de Estado y
agradecer su presencia en esta comparecencia a efectos de intentar
recabar alguna información complementaria respecto a los presupuestos del
Ministerio de Interior.

Quisiera formular una pregunta en relación al programa 221A, servicio 02.

¿Consideran suficiente la dotación al capítulo 4, artículo 9, conceptos 1
y 4, transferencias corrientes al exterior? En concreto, se hace
referencia a dos conceptos: contribución a organismos internacionales y
cooperación policial con otros países. Para ello se presupuestan en total
49 millones y hay un descenso de más de 3 millones de pesetas. Parecía
que estas cantidades tenían algún tipo de tasación y no acabo de
encontrar la razón de la disminución.

También baja el concepto 2, del capítulo 8, artículo 3, transferencia de
capital al exterior, sobre todo en lo referido al sistema de información
Schengen, de 21 a 18 millones. La duda que tengo es, si se trataba de
cantidades tasadas, por qué se produce esta disminución.

En el servicio 03, formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
observamos un descenso importante, sobre todo en relación al tema de la
formación. No nos queda muy claro, por ejemplo, lo relativo a la
confección y actualización de nuevos textos de enseñanza, que es una de
las prioridades que figuran en el programa de la sección. Quisiéramos
saber qué programas e inversiones hay en el año 1997 en relación a este
tema. Efectivamente, en la memoria de objetivos se dice que la clave de
la eficacia de la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está en
la formación de sus miembros y en esa memoria de objetivos se dice que se
completará la formación a través de la cooperación, por ejemplo con otros
países, materializando intercambios de técnicas y de metodología, así
como el intercambio de alumnos que pasan períodos de formación incluso en
el extranjero. Quisiéramos saber de dónde vienen estas partidas
destinadas a formación, porque vemos que la disminución no parece estar
muy en línea con estos objetivos.

Respecto al servicio 03 de la Dirección General de Policía, tenemos
alguna duda. ¿Considera excesivo el gasto de combustible y telefonía
policial en el ejercicio de 1996, a la vista de las previsiones de 1997?
Vemos que hay una disminución importante. ¿Va a disminuir la operatividad
de la policía, sobre todo en lo que respecta a la movilidad de personal
de refuerzo. ¿Considera innecesario un plan de reposición de coches
policiales? ¿Qué evaluación hace sobre la situación actual? ¿Cuántos
centros para extranjeros --porque no acabamos de ver muy claras las
inversiones en el centro para extranjeros-- se van a construir?
En seguridad ciudadana, servicio 03, programa 222A, también tenemos
algunas dudas puntuales. En primer lugar, ¿por qué se congelan los
incentivos al rendimiento, capítulo 1, artículo 5, productividad y
gratificaciones? ¿Considera realista esa previsión presupuestaria? En el
capítulo 2, gastos corrientes, baja también el presupuesto de
reparaciones, mantenimientos y conservación. Observamos asimismo alguna
cuestión de detalle que contradice un poco esta línea descendiente. En el
capítulo 2, artículo 2, concepto 1, subconcepto 05, sube en 100 millones
la cantidad asignada a productos alimenticios y, sin embargo, bajan 100
millones las comunicaciones telefónicas. No acabamos de ver esas
previsiones. Nos gustaría saber qué explicación pudiera haber.

En el capítulo 2, artículo 3 --que afecta a la operatividad--, nos
preocupa, de nuevo, la disminución en más de 500 millones de la
indemnización por razón de servicio, dietas, locomoción y traslado. Todo
ello nos produce serias preocupaciones respecto de la operatividad. Como
anécdota de ajustes finos, le diré que en este mismo apartado me
sorprende que afinen mucho en algunas magnitudes; por ejemplo, en el
capítulo 4, artículo 8, transferencias corrientes, rebajan 100.000
pesetas a la fundación de huérfanos de la Dirección General de la
Policía. No sé de dónde proviene esa rebaja; o rebajan 3 millones a las
organizaciones sindicales. Me sorprende ese grado de precisión, cuando en
las cantidades anteriores las rebajas en indemnizaciones por razón de
servicio y temas que afectaban a la operatividad parece que se hacían, a
priori, de una manera justificada.

En el capítulo 6 --y es otro tema que nos preocupa-- me llama la atención
la rebaja en más de 1.000 millones en el capítulo de inversiones.

En el programa 222C, actuaciones policiales en materia de droga, ocurre
lo mismo que veníamos resaltando. En el artículo 3 vuelven a disminuir,
en más de 30 millones, las indemnizaciones por razón de servicio, a pesar
de que suben los gastos de personal. Nosotros ahí observamos un cierto
contrasentido o, por lo menos, una vez más, un riesgo importante que
puede afectar a la operatividad de los servicios. Lo mismo se podría
afirmar respecto a la Guardia Civil, aunque está prevista una
comparecencia del director general, pero se contempla una disminución del
material, suministros, congelación de combustible, disminución de las
indemnizaciones por razón de servicio, inversiones reales, etcétera.

Finalmente, quisiera hacer algunas consideraciones en línea con estas
preocupaciones que le transmitía. Probablemente en esta ocasión volvamos
a escuchar alguna reflexión sobre el llamado agujero del anterior
ministerio. En este sentido, quisiera resaltar algunas contradicciones,
no sé si es que los números del presupuesto los han hecho con la misma
ligereza o con la misma atención, porque se han producido unas
afirmaciones de los directores generales de la Guardia Civil y de la
Policía en las que cada uno imputaba un agujero de 40.000 y 30.000
millones respectivamente. El famoso Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de
julio, dice que la cantidad total en la que se cuantifica ese llamado
agujero son 65.919 millones, con lo cual algo no sintoniza. Yo observo
que las cifras no cuadran en ese planteamiento que se hace. Sobre todo,
me llama la atención el hecho de que sólo el déficit de dos direcciones
generales sea superior a las previsiones del Real Decreto-ley 12/1996, de
26 de julio.




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Es obvio que el presupuesto de 1997 no es suficiente en el tema salarial
para homogeneizar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
con las de otras policías autonómicas y locales. También es obvio que los
incrementos del capítulo 1 --así se dice en la memoria de presentación de
los presupuestos-- van en función de las decisiones del anterior Gobierno
en materia de retribuciones, que, sin prometer tal homogeneización en las
retribuciones, impulsó, no cabe duda, una mejora retributiva de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que siempre fue considerada como
absolutamente insuficiente por el Grupo Parlamentario Popular, hasta el
punto de que, en anteriores comparecencias presupuestarias, siempre ha
reivindicado una homogeneización absoluta de retribuciones, algo que no
se logra, lógicamente, en este proyecto de presupuestos.

A la vista de que las indemnizaciones, por razón de servicio, disminuyen
en estos presupuestos, sobre todo en el ámbito de la Policía y de la
Guardia Civil, y de que es una partida que tiene un déficit crónico,
parece un tanto excesivo, en partidas que normalmente tenían una
infradotación y que por eso podrían generar ese déficit crónico y
situaciones de agujero, salvo que se esté pensando en generar un nuevo
agujero en el presupuesto en tales capítulos para 1997, el decrecimiento
en más del 15 por ciento en Policía y en más del 7,7 por ciento en
Guardia Civil.

En resumen, observamos que hay una «despriorización» de objetivos, que
con estas cantidades y magnitudes no se cumplen los objetivos, no digo ya
los citados por el Ministro de Interior en su comparecencia para
presentarnos el plan de su departamento, sino ni siquiera los objetivos
que figuran en la explicación del presupuesto.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida había
solicitado también la comparecencia del director de la Policía, que se ha
remitido al señor secretario de Estado.

Tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEYTE: Deseo agradecerle también su presencia al
Secretario de Estado para la Seguridad en esta primera comparecencia en
que tenemos la ocasión de contar con él para complementar la información
en relación con los presupuestos.

De una lectura atenta de este proyecto hemos concluido que se trata de
unos presupuestos continuistas, que superan el límite de la austeridad
para entrar en el umbral de la ineficacia de un servicio que consideramos
fundamental, como es la protección de los derechos y libertades; en
definitiva, la seguridad ciudadana.

Entendemos que el precio que se quiere pagar en esta ocasión por
Maastricht, por esa convergencia nominal, que no real, es inaceptable y
que, al pasar el umbral de la ineficacia en función de esa reducción,
todas las luces rojas están encendidas en un servicio que ya de por sí
viene arrastrando bastantes deficiencias en su totalidad.

Nos gustaría, en primer lugar, que explicara las variaciones más
significativas de los programas del ministerio. En segundo lugar, si
tiene previsto resolver el problema pendiente de las indemnizaciones a
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se acogieron a la
orden del 15 de julio de 1988, que estuvo en vigor hasta 1993, y que, a
una pregunta que planteé sobre un funcionario al que se debe esa
indemnización, se contestó por parte del Gobierno que se estaba pendiente
del soporte presupuestario para atender a todos esos funcionarios que de
julio de 1988 a 1993 estaban acogidos a esa orden ministerial, en
relación con indemnizaciones sufridas en acto de servicio con lesiones.

Por tanto, interesaría resolverlo y es la ocasión para consignar el
soporte presupuestario.

También nos interesa, y ya se ha dicho aquí por parte del portavoz del
Partido Socialista, que amplíe en sede parlamentaria la información que
dio el Director General de la Policía sobre el famoso agujero de los
30.000 millones de pesetas. Corresponde, en el momento de debatir sobre
los presupuestos, decir si esa información es exacta y cómo se resuelve
desde el punto de vista presupuestario.

Estos presupuestos responden lógicamente a un problema que tenemos sobre
el modelo policial, en cuya solución tendríamos que avanzar. Esta tarde
tendremos ocasión de plantear la creación de una subcomisión dentro de
esta Comisión para debatir sobre el modelo policial. Pero, efectivamente,
en estos presupuestos se sigue dando un trato desigual a las dos fuerzas
encargadas de acometer y de perseguir los delitos, como es el Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil.

El presupuesto de la Guardia Civil duplica al del Cuerpo Nacional de
Policía. La Guardia Civil sigue teniendo 11 centros de formación frente a
dos del Cuerpo Nacional de Policía. El presupuesto de la formación es de
7.092 millones para la Guardia Civil frente a los 4.483 del Cuerpo
Nacional de Policía. Por tanto, de estos datos se desprende ese
desequilibrio que seguimos manteniendo, que habría que racionalizarlo,
desde nuestro punto de vista, en función de ir avanzando hacia un modelo
policial, en la perspectiva de la España federal, de un cuerpo único,
aunque tengamos diferencias en cuanto a los criterios para crear ese
cuerpo único. En todo caso, de no alcanzar ese cuerpo único, a nivel del
Estado, en la persecución de delitos contra el Estado, por lo menos
deberíamos avanzar en la racionalización. Este criterio dispar, a la hora
de presupuestar a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, sigue
incidiendo en ese desequilibrio no deseado.

Nos preocupa la reducción que se hace en el programa 222, de seguridad
ciudadana, capítulo 2, de gastos en bienes corrientes y servicios, de
9.499 millones. Igualmente, la reducción del capítulo 2, de
indemnizaciones por razón del servicio, en 263 millones; la reducción de
cursos de promoción interna y especialmente en las actuaciones policiales
en materia contra la droga, en el programa 222 C, en relación con el
Cuerpo Nacional de Policía, se produce una situación que debería tener
respuesta en este debate y esperamos que se tenga. Según la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se asigna la investigación
y persecución de los delitos relacionados con la droga al Cuerpo Nacional
de Policía y en este presupuesto, para reparación y mantenimiento del
Cuerpo Nacional de Policía, se asignan



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cero pesetas, y para material 190.000, mientras que a la Guardia Civil,
para reparación, se consignan 2.513.000 pesetas y para material 39
millones, que también es insuficiente. No obstante, seguimos planteando
esa disparidad de criterio a la hora de consignar dinero suficiente para
el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la
persecución de este delito especialmente alarmante y que esa disparidad
no vaya a favor de la eficacia, sino todo lo contrario.

Entendemos que, junto a esas diferencias, si hablamos también de
adquisición de vehículos y de equipos especiales, como usted sabe mejor
que yo, en las zonas calientes en la lucha contra el narcotráfico
nuestras fuerzas no están magníficamente bien dotadas, sino todo lo
contrario. Los 95 millones que se presupuestan para el Cuerpo Nacional de
Policía y los 182 millones para la Guardia Civil no resuelven el problema
que en estos momentos tenemos en esas zonas calientes. Al menos, las
Fuerzas y Cuerpos deben contar con material parecido al de los
delincuentes, es decir, material sofisticado en comunicación,
telecomunicación, informático y vehículos. Por tanto, es preocupante el
poco soporte presupuestario que se da para atender las necesidades.

No parece ningún capítulo destinado a la acción social en el Cuerpo
Nacional de Policía y, sin embargo, se mantiene, desde mi punto de vista
de forma ilegal, la consignación del Patronato de viviendas de la Guardia
Civil con 859 millones, patronato que tenía que haber sido disuelto, creo
recordar, en el mes de marzo del presente año y, sin embargo, se le sigue
manteniendo con esa consignación de 859 millones. Esto es una
consignación desde nuestro punto de vista ilegal. Si se mantiene, ya
veremos las acciones que tendríamos que poner en marcha porque,
realmente, contraviene esa orden por la que tendría que haber sido
disuelto en el mes de marzo.

También nos preocupa la reducción de las subvenciones destinadas a
fundación de huérfanos y organizaciones sindicales dentro del Cuerpo
Nacional de Policía, y especialmente la reducción en inversiones reales
destinadas a adquisición de medios materiales como vehículos,
transmisiones y equipos informáticos. Hemos pasado de invertir 7.095
millones en este capítulo especial, delicado e importante, en 1995, que
son los ojos y los pies de los policías, a 5.781 millones. Por tanto, es
una reducción que nada tiene que ver con la necesidad de mantener una
policía operativa, bien comunicada, bien informada y dispuesta a combatir
los delitos.

Queríamos conocer su opinión, porque no lo hemos visto en el presupuesto
o, al parecer, no existe soporte presupuestario para la instalación de
videocámaras, en el caso de que prospere la iniciativa parlamentaria
(ojalá que no), sobre si efectivamente se cuenta con esto o no, si va a
ser a cuenta de este presupuesto o del siguiente.

También nos preocupa todo lo referente a la homologación salarial, que
tiene que ver, más que con un debate presupuestario, con un debate de
modelo policial; si tenemos suerte esta tarde podremos poner en marcha la
comisión que permita tratar todo lo que significa el modelo policial, y
en ese contexto avanzar en la solución de este problema ya que,
realmente, la homologación salarial incide en la propia eficacia
policial.

También nos preocupa y nos gustaría conocer su opinión sobre el
deficiente soporte presupuestario para la Europol, todo lo que significa
la policía europea, entendiendo que la reducción presupuestaria en todo
este capítulo, en primer lugar, no ayuda al famoso objetivo de Maastricht
y, además de no ayudarlo, yo creo que no redunda en lo que es la
coordinación europea en la persecución del delito, un delito que cada vez
se internacionaliza más y que requiere de acciones internacionales en la
persecución del mismo.

En definitiva, nuestro grupo entiende que estamos, como decía al
principio, en unos presupuestos continuistas, que más que unos
presupuestos austeros pasan ya el umbral de lo que significa el que un
servicio pueda ser eficaz o no, e indudablemente estos presupuestos han
pasado con creces ese umbral, no van a ayudar a tener un servicio eficaz,
muy al contrario, vamos a tener un servicio policial deficiente, un
servicio policial mal organizado, que sigue arrastrando deficiencias
integrales del Gobierno anterior y, por tanto, desde nuestro punto de
vista, a no ser que se mejorara sensiblemente en el fondo y en la forma
no va a tener nuestro apoyo, pero sí esperamos que, por lo menos, se sea
sensible a determinadas materias que yo creo que se debían resolver en lo
fundamental. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, como estaba S. S. presente cuando
ha hecho las consideraciones al señor Ollero, no tengo que repetirlas,
pero, insisto, si un grupo no ha pedido la comparecencia, la intervención
tiene que ser muy tasada.




El señor GIL LAZARO: Como es natural, me someteré ante todo, en primer
lugar, al criterio de la Presidencia y, en segundo lugar, decir que si la
Presidencia tiene la amabilidad de concederme la palabra, yo creo que ni
siquiera consumiría un minuto.




El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente. Gracias, sin lugar a
dudas, también, a los demás grupos parlamentarios por esta cortesía, y
quiero señalar tan sólo que, a juicio del Grupo Parlamentario Popular,
estamos ante el único presupuesto posible, un presupuesto que entendemos
asume la realidad de tener que hacer, quizá, permítaseme la expresión,
los deberes que el Ministerio de Interior tenía que haber realizado en
años anteriores y que no se realizaron, un presupuesto que incorpora
nuevos criterios de gestión, de racionalización del gasto y un
presupuesto, en definitiva, señor Presidente, que permite cubrir los
objetivos propuestos, dado que, aun siendo más ajustadas las
disponibilidades de inversión, se van a poder rentabilizar mejor las
mismas en función de un principio de mejor administración.

No creemos que exista ninguna «despriorización» de objetivos, sino todo
lo contrario, una priorización a partir



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de los recursos de que exactamente se dispone, y por eso agradeceríamos
que el señor secretario de Estado pudiera hoy profundizar en lo que es la
vertebración política y presupuestaria de ese importante y novedoso
elemento de gestión que se introduce, es decir, la Dirección General de
Administración de la Seguridad, que se constituye, sin lugar a dudas, en
el mejor cauce para hacer posible que esa priorización de objetivos y esa
aplicación ordenada de los recursos lo sea en función de los medios de
que se disponen y de las misiones a cumplimentar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Muchas gracias,
señor Presidente. Señoras y señores Diputados, es para mí realmente un
honor comparecer por primera vez ante esta Cámara, en su Comisión de
Justicia e Interior, para explicar a SS. SS. las líneas generales
presupuestarias contenidas en el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 en lo que se refiere al Ministerio de
Interior, en general, y a la Secretaría de Estado de Seguridad, en
particular.

Quiero comenzar agradeciendo a las señoras y a los señores Diputados, y
muy especialmente a los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios
Socialista y de Izquierda Unida, el tono de sus intervenciones, no sólo
por el interés de todas y cada una de las cuestiones planteadas, sino
también porque denotan la preocupación de dichos grupos, como no puede
ser de otra forma, por las cuestiones relacionadas con la seguridad del
Estado.

También quisiera advertir a SS. SS. que trataré de dar respuestas a todas
y cada una de las cuestiones que me han formulado, si bien, y dada la
premura de tiempo de que dispongo, si no me fuera posible satisfacer
todas estas cuestiones, les agradecería me las formulasen por escrito y
todas ellas serán contestadas puntualmente.

Como cuestión previa, también quiero advertirles que las preguntas
relativas a la Dirección General de la Guardia Civil serán contestadas
por el titular de esa dirección general, así como algún otro punto que
también ha sido suscitado en relación con el Plan Nacional contra la
Droga, que será contestado por el delegado nacional del Plan, que
comparecerá esta misma mañana. De cualquier forma, no renuncio a
adelantarles algunas líneas generales en las cuestiones que me han
planteado.

Comenzaré mi intervención haciendo a SS. SS. unas consideraciones
generales en torno a los presupuesto cuyo proyecto se somete a esta
Cámara. Se trata, señorías, de unos presupuestos que deben definirse como
los únicos presupuestos posibles en estos momentos. Son, por otra parte,
unos presupuestos que deben contemplarse globalmente, teniendo en cuenta
las coordenadas de política económica del Gobierno. La idea general que
ha presidido la elaboración del proyecto descansa en el cumplimiento de
los objetivos de convergencia de Maastricht, unos objetivos que son el
reto que ha asumido el Gobierno y a los que ha sido supeditada toda la
técnica presupuestaria, todos los elementos presupuestarios que sometemos
a esta Cámara.

Se trata, por tanto, señorías, de unos presupuestos marcados por unos
criterios de austeridad y de eficacia, unos criterios que constituyen una
exigencia en los difíciles momentos ante los que nos encontramos, unos
momentos que exigen imaginación y realismo. En todo caso, son tres las
ideas fundamentales que quiero poner de relieve ahora: la primera es que,
insisto, señorías, se trata de los únicos presupuestos posibles en el
momento actual, teniendo en cuenta la situación que hemos heredado. La
segunda es que, a pesar de la austeridad que preside el proyecto, en
ningún caso se verá resentida la seguridad del Estado, y ello, señorías,
quiero subrayarlo muy especialmente: en ningún caso se verá resentida la
seguridad del Estado. La tercera de estas ideas fundamentales, y aquí
hago referencia a una de las cuestiones suscitadas, aunque ligeramente,
en la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista,
es que las promesas electorales del Partido Popular se han tenido que ver
diseñadas de nuevo ante la realidad que los responsables políticos nos
encontramos al llegar al ministerio.

Señorías, nada hubiera sido más grato para el Gobierno que aumentar
salarios, incrementar productividades y acrecentar las partidas
correspondientes a inversiones en material. Pero ha sido realmente
imposible y supondría además una grave irresponsabilidad. Hemos tenido,
primero, que pagar nuestras deudas y, con rigor, iniciar una política de
estricto complimiento de las normas que regulan el gasto público. En todo
caso, quiero asegurar a SS. SS. que la escasa disponibilidad de recursos
será compensada desde este departamento con una más adecuada gestión y
una racionalización de los recursos y, sin duda, todo ello repercutirá en
un aumento de la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

De cualquier forma, tampoco conviene mirar los presupuestos con una
óptica de alarma y quiero aquí destacar el esfuerzo que realiza el
Gobierno en estos presupuestos para las partidas relacionadas con la
seguridad. Como primera aproximación a los mismos, les dirá que el
presupuesto total del departamento sólo ha experimentado, con relación al
presupuesto de 1995, prorrogado para 1996, haciendo las correcciones de
los acuerdos de no disponibilidad para el mismo año más los créditos
extraordinarios aprobados por Real Decreto-ley 1/1996, de 16 de enero,
una levísima disminución de un 0,85 por ciento, una situación mucho más
favorable en el Ministerio de Interior que en otros departamentos, que
sufren unos recortes mucho más drásticos.

Se me ha hecho referencia a la deuda histórica, al agujeros o a los
déficit presupuestarios. Yo creo que está lejos de la mente de este
secretario de Estado y de SS. SS. la idea de polemizar, pero lo que es
absolutamente cierto es la deuda que existía a la llegada del nuevo
equipo al Ministerio de Interior. Esta deuda, y he visto que había una
disparidad de cifras, es, por una parte, de 51.400.610.000 pesetas en lo
que se refiere al Ministerio de Interior y, por otra, de 14.400 millones
en lo que se refiere al Ministerio de Justicia. Todo ello supondría una
cifra en torno a 65.000 millones de pesetas, sumados el Ministerio de
Justicia y el de Interior.




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Pero, señorías, no quiero hablar de agujeros, no quiero hablar de ningún
tipo de deudas. Simplemente quiero destacar tres cifras. A la llegada al
ministerio debíamos a Telefónica, entre Policía y Guardia Civil, 22.257
millones de pesetas; la deuda contraída con empresas constructoras era de
11.092 millones de pesetas y el total de la deuda a compañías eléctricas
era de 2.228 millones. Señorías, debíamos la luz, el teléfono y una serie
de cantidades a compañías constructoras que Consejo de Ministro tras
Consejo de Ministros, Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios
tras Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, estamos
convalidando. Vuelvo a decir que creo que es un tema que ha sido
suficientemente abordado, al que nos hemos referido con demasiada
intensidad unos y otros, como para seguir hablando de él.

De cualquier forma, y analizados en líneas generales los antecedentes que
han servido de marco para la elaboración del proyecto de presupuestos, a
continuación les expondré cuáles son los objetivos y programas que
nuestro departamento pretende acometer para 1997.

Con carácter general, y como conocen SS. SS., corresponde al Ministerio
de Interior no sólo la ejecución de la política del Gobierno en relación
a la seguridad ciudadana, sino también el establecimiento de las
condiciones básicas para el ejercicio de las libertades y de los derechos
fundamentales de los ciudadanos. La garantía de estos derechos va
asociada a un sistema corrector, el penitenciario, orientada hacia la
rehabilitación, la reeducación y la reinserción social con el apoyo de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el ámbito de la
seguridad ciudadana, las medidas que se llevarán a cabo se centrarán
fundamentalmente en una actuación firme y eficaz en la lucha contra la
criminalidad. La situación actual en ese sentido requiere una mayor
protección, un incremento de la función preventiva de los cuerpos
policiales y un acercamiento al ciudadano desde la consideración de los
factores sociales como determinantes de la delincuencia.

Expuestas estas grandes líneas del departamento para 1997, enmarcadas en
esos principios a los que antes me refería de austeridad y rigor
presupuestarios, pasaré a continuación a exponer aquellos aspectos más
destacables de la política del Ministerio de Interior que, de algún modo,
vendrán a suplir las insuficiencias presupuestarias a las que tanto el
representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como
el del Grupo Parlamentario Socialista se referían.

Para el logro de estas insuficiencias presupuestarias, para el logro de
estos objetivos, señorías, debemos introducir un planteamiento de
racionalización en la gestión con criterios empresariales, mecanismos
innovadores en la adquisición de bienes, como automóviles o equipos
informáticos y, en definitiva, el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles. Sólo así trataremos de conseguir nuestros objetivos. Con
esta finalidad hemos creado, en el seno de la Secretaría de Estado, la
Dirección General de Administración de la Seguridad, que surge con la
vocación de trasladar los criterios de gestión empresarial al ámbito de
la gestión de seguridad.

Afrontamos, señorías, el reto de administrar mejor, de administrar mucho
mejor y, para ello, se encomendará a un único centro directivo la gestión
de los servicios comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, buscando con ello la máxima eficacia, el incremento en la
productividad y la reducción del gasto público. Comprendo perfectamente
las dudas del representante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, comprendo su intranquilidad y su preocupación al ver las
carencias presupuestarias, pero ante la situación actual hemos tenido que
buscar soluciones imaginativas para intentar paliar esas carencias.

La actividad de esa nueva dirección general, señoras y señores Diputados,
se va a centrar en cuatro ámbitos fundamentales. En primer lugar, en la
gestión de los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil, tanto en materia de selección, determinación de los
criterios básicos acerca de su formación y perfeccionamiento, como en la
elaboración de plantillas, retribuciones, y desarrollo, coordinación y
aplicación de las políticas de personal de ambos cuerpos. En segundo
lugar, otro importante núcleo de competencias y funciones de esa nueva
dirección general consiste en la gestión de los recursos económicos,
correspondiéndole la administración de los ingresos y de los gastos y la
tesorería de los créditos presupuestarios. El tercer ámbito de
competencias consistirá en la elaboración de presupuestos, la
contratación y ejecución de las obras de construcción, reforma y
reparación de las dependencias policiales y acuartelamientos, y la
planificación y gestión de los medios materiales. El cuarto ámbito de
competencias, y tal vez el más innovador, supondrá un nuevo planteamiento
en la seguridad y es que la realización de las funciones burocráticas no
detraiga en modo alguno efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en la búsqueda de una mayor eficacia. Es decir, que policías y
guardias civiles se dediquen a la función para la que están destinados,
que se dediquen a su función vocacional, que es la seguridad de los
españoles, y no a la administración.

Señorías, en materia de personal deben destacarse también dos
convocatorias de oposición libre, publicadas en el mes de septiembre del
presente año, para cubrir plazas de alumnos de los centros de formación,
tanto para el Cuerpo Nacional de Policía como para el de la Guardia
Civil. El número de plazas de dichas convocatorias asciende, para el
Cuerpo Nacional de Policía, a un total de 1.300 para la escala básica y
100 para la escala ejecutiva. En cuanto a la Guardia Civil, en el curso
1996-1997 ingresarán 1.370 alumnos en la academia de formación de
guardias y 30 en la academia de formación de oficiales.

Junto con estas convocatorias de plazas, quiero también destacar el
importante papel que concede el Gobierno a la formación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, concebida ésta de un modo global. De
dicha formación, señorías, depende la eficacia de la función que
desempeñan los cuerpos y fuerzas, y así ha sido destacado por los
representantes tanto del Grupo Socialista como de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en su doble vertiente de prevención e
investigación de los hechos delictivos.




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La formación profesional de los miembros de las fuerzas y cuerpos
comienza con el proceso de selección de los aspirantes para ingresar en
las respectivas academias, continuando con su actualización y
especialización una vez ingresados.

Quiero destacar también por su importancia la formación que afecta a la
capacitación del mando. Ha habido una referencia antes al número de
academias de Policía y de Guardia Civil. El número de academias de la
Guardia Civil va a ser racionalizado durante el presente ejercicio, como
luego explicará con más precisión el director general del cuerpo, y serán
adecuadas a las necesidades actuales.

De este modo, puede afirmarse que los objetivos en materia de formación
en el ejercicio presupuestario de 1997 serán dos fundamentalmente: el
primero, optimizar la selección y formación de personal para el ascenso y
nuevo ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el
segundo, mantener la idoneidad y mejorar la capacidad técnica profesional
del personal integrado en ellos.

El importe total de formación de fuerzas y cuerpos, a las que antes se
refería el señor Meyer, presenta un desfase entre Policía y Guardia
Civil. Ese desfase está claramente motivado por las cifras de ambos
cuerpos. Si, por un lado, podemos hablar de 73.436 guardias civiles, el
Cuerpo Nacional de Policía tiene hoy unos efectivos de 53.242 números.

Todo ello supone que ese desfase en los criterios de formación pueda
tener una razón lógica. Pero, por otra parte, esa nueva Dirección General
de Administración de la Seguridad, y a través de lo que se refiere a la
formación, adecuará esa cantidad total, haciendo la distribución más
idónea entre ambos organismos.

Señorías, otro aspecto destacable de la política del departamento, que no
ha sido sugerida en las intervenciones de los grupos parlamentarios a los
que anteriormente me he referido, es el de la profundización en el
sistema de ayudas a las víctimas o familiares de las víctimas de
atentados terroristas. De este modo, y a través de la estructuración
orgánica operada en el Ministerio de Interior, se crea una subdirección
general, que será la encargada de realizar dos importantes tipos de
actividades: por un lado, las relativas al asesoramiento y atención que
precisen los ciudadanos que se dirijan al Ministerio de Interior con el
fin de resolver cualquier consulta o trámite relacionado con nuestro
departamento; y, de otro lado, la tarea, realmente fundamental, de
proporcionar la asistencia que precisen todos aquellos que han sido
víctimas de atentados. Esta actuación asistencial engloba una serie de
medidas, algunas de las cuales aparecen como novedades. Así, por ejemplo,
la mejora del régimen indemnizatorio, incrementándose los resarcimientos
por daños corporales e introduciéndose como novedad la de los daños
causados a establecimientos mercantiles e industriales. Igualmente,
quiero destacar la prestación de asistencia sicológica que precisan las
víctimas de acciones terroristas.

Señoras y señores Diputados, como señalaba al comienzo de mi
intervención, el Gobierno ha realizado un importante esfuerzo al calcular
las diferentes partidas presupuestarias del Ministerio de Interior. El
importe total presupuestado para el departamento es de 622.325.900.000
pesetas que, comparado con los presupuestos anteriores, con las
modificaciones a las que antes me he referido, supone una ligerísima
disminución. Igualmente, es el capítulo I, relativo a gastos de personal,
que, como saben SS. SS., asciende a 541.809.200.000 pesetas, el que
recoge el incremento del 2,49 por ciento que viene, por otra parte, a
destacar la importancia que da el Gobierno a este capítulo I.

No voy a referirme a los diferentes capítulos y a las diferentes
cantidades, en cuanto que se encuentran en los diferentes presupuestos.

Quiero contestar a algunas de las preguntas más concretas que me han sido
realizadas por los grupos.

Don Alvaro Cuesta me hablaba sobre la cooperación policial con otros
países e igualmente de las cuotas tanto de Schengen como para cooperación
internacional. Señoría, esas cuotas han recogido unas pequeñas
variaciones motivadas fundamentalmente por los acuerdos de no
disponibilidad, de diciembre de 1995; son unas diferencias mínimas que
intentaremos paliar con una serie de transferencias presupuestarias. De
cualquier modo, la cooperación policial con otros países es una prioridad
del departamento.

El señor Meyer se refería a los aspectos formativos de la cooperación
policial internacional. Le repetiré que haremos absolutamente todo lo que
esté en nuestra mano para optimizar los escasos recursos que tenemos y
conseguir, primero, que podamos hacer frente a nuestros compromisos
internacionales y, por otro lado, podamos seguir disfrutando la
cooperación internacional. En este punto, el ministerio seguirá
colaborando, junto con la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional, en una serie de acuerdos con países menos desarrollados,
con países en vías de desarrollo, para potenciar las policías y los
sistemas de seguridad de esas naciones que se han aproximado a nosotros.

Me he referido a los recortes presupuestarios. Evidentemente, el consumo
de combustible tendrá que ser igualmente adecuado. No es el que
quisiéramos, no es el que a nosotros nos gustaría, pero tendremos que
vivir con él. El compromiso del Gobierno en cumplir estrictamente los
presupuestos es una de las prioridades absolutas y, tanto la ley de
acompañamiento como otra serie de normas que introducirá el Gobierno, van
a asegurar el estricto cumplimiento de las cantidades presupuestadas.

La productividad, en principio, igualmente sufre una serie de recortes en
algunos puntos, pero intentaremos hacer frente tanto la productividad
como al capítulo II.

Se rebajan, asimismo, las inversiones. Señoría, ¿cómo no se van a
rebajar? El sueño de todo Secretario de Estado de Seguridad hubiera sido
el de gozar de las disponibilidades que en los años 1987, 1988, 1989,
tuvo la Guardia Civil para inversiones; es decir, 25.000, 24.000, 22.000
millones, cantidades que en este momento, como más adelante se lamentará
el Director General de la Guardia Civil, se han visto reducidas a 1.400
millones. Sin embargo, tendremos que vivir con estas cantidades y haremos
lo posible para optimizarlas.

Sobre todo lo referente a la droga, el Delegado del Gobierno en el Plan
Nacional se referirá más ampliamente.




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Señor Cuesta, si hay alguna cuestión que no haya contestado, le ruego que
me la plantee y se la responderé con mucho gusto.

El señor Meyer me habla de presupuestos continuistas en el plano de la
ineficacia. Señoría, le puedo asegurar que hemos intentado hacer los
presupuestos más imaginativos posibles con los escasos medios que el
Ministerio de Economía y Hacienda nos ha concedido. Intentaremos que ese
umbral de ineficacia no se cruce nunca y procuraremos luchar para
evitarlo.

Igualmente, el señor Meyer se refiere a la acción social, que a nosotros
nos importa muy especialmente, y le puedo asegurar, primero, que para la
acción social la Policía tiene recogidos 100 millones de pesetas durante
el corriente ejercicio, frente al ejercicio anterior, en el que disponía
de 54 millones de pesetas, por tanto, en la medida de nuestros esfuerzos,
hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para paliar esta situación.

Sobre el Patronato de viviendas de la Guardia Civil, está en este momento
en un período transitorio de seis meses; estamos todavía en él. Va a ser
disuelto, como conoce S. S., y en ese aspecto creo que no tendrán ningún
tipo de necesidad de presentar recurso alguno, en cuanto que cumpliremos
estrictamente la normativa y la legislación.

En cuanto al modelo policial, la iniciativa que ha planteado el señor
Meyer me parece enormemente sugestiva, y el tono general de las
intervenciones así me lo han hecho ver. Los temas de seguridad, los temas
que afectan a la seguridad del Estado nos afectan a todos y cada uno de
los españoles y a todos y cada uno de los grupos políticos. Por ello, la
creación de una comisión, o de una ponencia, según sea la denominación
exacta en la técnica parlamentaria, que hable del modelo policial no
puede ser nada más que creativa, innovadora, y con unos resultados
positivos para la seguridad de todos. Por tanto, esa idea de un modelo
policial no tiene nada más que el aplauso del Gobierno y, muy
decididamente, de este secretario de estado.

Creo que he contestado también a lo que se refiere a las deficiencias
presupuestarias y a los temas relacionados con Europol. Vuelvo a decir
que tenemos que vivir con las cantidades de que disponemos e intentaremos
hacer todo lo posible para hacer frente a estos compromisos.

Por lo que se refiere a los centros de extranjería, tengo que decir que
estos centros son una preocupación importante para el Gobierno. De hecho,
en el anejo de inversiones reales para 1997 y programación plurianual se
encuentran previstas unas inversiones por un importe total de 800
millones de pesetas como programación plurianual hasta el año 2000,
dentro del programa 221.

Por otra parte, dentro del servicio O3, relativo a la Dirección General
de la Policía, existe una previsión, dentro del programa 222A, de 600
millones de pesetas con carácter plurianual hasta el año 2000, para
inversión, en este caso, en obras de centros especiales para extranjeros.

De esta forma el Gobierno, con imaginación y realismo, pretende realizar
una política de extranjería que, sin renunciar a ninguno de los
compromisos internacionales que corresponde a España, por ser frontera
exterior de Europa nos permita hacer frente a lo que supone un estricto
cumplimiento del Derecho internacional y también de los derechos de los
inmigrantes.

Señorías, insisto en que los presupuestos para 1997 no son los
presupuestos que este Gobierno hubiera deseado, ya se lo he dicho varias
veces, pero son los únicos posibles para nosotros. La coyuntura
económica, junto con la necesidad de cumplir los objetivos de
convergencia económica de Maastricht, nos han obligado a realizar un
esfuerzo presupuestario con el objetivo de gastar menos, pero gastar
mejor; gastar lo mejor que sepamos y que podamos. Este rigor
presupuestario nos coloca en la obligación de adoptar una serie de
medidas y soluciones creativas que he intentado exponerles todo ello, en
orden a paliar las deficiencias ante las que nos encontramos y, de este
modo, poder también satisfacer las demandas de los ciudadanos.

Lo que sí puedo asegurar a SS. SS. y éste es un compromiso del Ministerio
de Interior y de este secretario de estado, que, en modo alguno, estos
ajustes van a redundar en perjuicio de la seguridad de los españoles.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Con mucha brevedad, señor Presidente.

Quisiera agradecer, en primer lugar, las respuestas del secretario de
estado y el tono del mismo en su contestación y valoración.

Tengo que resaltar que en su exposición he observado, sobre todo, un
planteamiento de buena voluntad en lo que significa la capacidad
operativa del ámbito de sus competencias, a la vista de las dotaciones
presupuestarias, porque la austeridad, como usted mismo dice, es toda y,
en algunos casos, llega a planteamientos que nosotros vemos un tanto
faltos de realismo, y lo digo sin ninguna acritud, por cuanto que
apreciamos que, si hay cantidades y partidas que han sufrido
periódicamente un déficit crónico y ha habido traslados de deuda como
consecuencia de una infrapresupuestación, esos mismos elementos se
vislumbran con mucha mayor profundidad en el presente presupuesto. Por
eso digo que albergamos muy serias dudas en torno a si el ministerio va a
generar o no, en la terminología del Partido Popular, el agujero que nos
fue imputado. Porque con estos presupuestos las previsiones, a la vista
de las magnitudes que hay, nos llevan a ser bastante pesimistas a la hora
de prever algún grado de optimización de recursos y de gestión. Antes le
hablaba, por ejemplo, del déficit crónico que hay en las indemnizaciones
por razón de servicio, que en estos presupuestos disminuye en el ámbito
de la Policía más del 15 por ciento y en el ámbito de la Guardia Civil,
el 7,7 por ciento; o la infrapresupuestación de determinadas partidas.

También quisiera resaltar que estos datos cobran especial interés, si
analizamos, por ejemplo, los indicadores de seguimiento que en la propia
memoria se nos presentan, porque prácticamente los indicadores de
seguimiento, a la hora de hablar de garantizar la seguridad de los
ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos, manejan
prácticamente las mismas magnitudes para 1997 que para 1996. Lo cual, por
un lado, significa que al secretario de



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estado le ha merecido un grado de satisfacción el nivel de eficacia
logrado por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por la eficacia
deducida de la ejecución de anteriores presupuestos; pero, manteniendo
los mismos indicadores y rebajando en esta cantidad tan considerable el
presupuesto del Ministerio de Interior, a nosotros nos caben ciertas
dudas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de
seguridad.

Me alegra también que el secretario de estado haya desautorizado algunas
manifestaciones imprudentes a la hora de cuantificar la deuda existente y
el agujero que se imputaba porque, si el real decreto habla de 65.000
millones, los que se imputaban desde el ámbito de la Dirección General de
Policía y Guardia Civil rebasaban ampliamente lo que era una magnitud que
era evaluada por el propio Consejo de Ministros. Por consiguiente,
observamos en este sentido una desautorización clara.

También comprendo, y en este sentido me manifiesto absolutamente de
acuerdo con su afirmación (y sin que con nuevos turnos de preguntas se
sienta herido el representante del club de fans del secretario de
estado), que haya conceptuado como responsable política del Ministerio de
Interior el hecho de no asumir la línea de previsión de gastos que en
anteriores ajercicios presupuestarios, por vía de enmiendas en este
Congreso de los Diputados, nos planteaba el Grupo Parlamentario Popular.

En ese sentido, me parece que es un ejercicio de responsabilidad no
asumir determinados planteamientos, con independencia de que hablan de la
necesidad de arbitrar y administrar recursos escasos.

Lo que sí quiero también dejar claro es que nos congratulamos de que, en
las partidas de funcionarios, tanto en el ámbito de la seguridad
ciudadana de la Dirección General de la Policía, como de la Dirección
General de la Guardia Civil, se produce un incremento de 5.000 millones
de pesetas que, como se dice en la explicación de la memoria de los
Presupuestos Generales del Estado, el incremento que se produce en los
gastos de personal responde a la consolidación de los derechos económicos
revisados con anterioridad en los ámbitos de la administración militar y
de la seguridad ciudadana.

Simplemente quiero constatar que nos satisface que se sigan asumiendo
compromisos en esta materia, sobre todo, con el personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Con toda cordialidad quería indicarle al
secretario de estado que nosotros no compartimos la mayor, y la mayor es
que éstos eran los únicos presupuestos posibles. Nosotros no compartimos
esta afirmación, porque no compartimos ese dogmatismo de intentar ver que
la construcción europea tiene que pasar por un desgaste sistemático de
los servicios públicos de la sociedad española.

Estoy convencido de que si a un alemán o a un francés se le planteara que
el coste de la unión política, social y económica de Europa es el coste
que vamos a tener que sufrir todos los españoles y españolas, dirían que
no. Y no compartimos tampoco que la suerte de determinados servicios
públicos, como puede ser la sanidad universal, la educación o la propia
seguridad ciudadana, tenga que ver con un equilibrio presupuestario. No
compartimos esta filosofía de fondo. Por tanto, no compartimos la mayor.

Ni Maastricht puede poner en evidencia una mayor calidad de la seguridad
ciudadana española, ni esa seguridad ciudadana se puede dejar a la suerte
de ese equilibrio presupuestario. Por lo tanto, no son los únicos
presupuestos posibles. A partir de esa afirmación, todo lo demás son
remiendos de una política de continuidad, que millón arriba o millón
abajo --parece ser que la última cifra de la que estamos hablando es de
65.000 millones de déficit-- sorprendentemente van a pagar los
ciudadanos. Me sorprende últimamente la política de este país. De repente
lo pagan los ciudadanos, es mejor no hablar de ese agujero, pasamos
página, etcétera. En fin, no lo entiendo.

Se menciona que hace falta un esfuerzo imaginativo y de realismo. Esto me
recuerda a las películas de realismo italiano, porque usted sabe como yo
que los funcionarios llevan mucho tiempo llevando la imaginación al
realismo. Hay muchos funcionarios que ponen sus vehículos particulares
para servicios de información, en las zonas calientes, que pagan de su
bolsillo teléfonos portátiles y prismáticos contra la persecución del
narcotráfico. Más imaginativos y más realistas que los funcionarios no
hay nadie, pero creo que estamos apelando en exceso y desde hace mucho
tiempo a que sean los propios funcionarios de policía los que, con un
esfuerzo personal tremendo y de su bolsillo, no hagan peligrar una
determinada calidad, ya deficiente, de la seguridad ciudadana. Hay que
invertir, de una vez por todas, esta dinámica y que esa imaginación y ese
realismo no sea a costa del bolsillo de los funcionarios, sino que se
resuelvan los problemas relativos al ejercicio de la función policial.

En una de las comparecencias del ministro del Interior en relación con
las acciones policiales frente a la inmigración ilegal, él mismo planteó
con claridad que, desde el punto de vista policial, nunca se van a poder
realizar operaciones modélicas mientras se mantengan las infraestructuras
existentes en las comisarías y centros de internamiento. Si ésa es la
afirmación, y como todos queremos tener actuaciones modélicas desde el
punto de vista policial, es prioritario que se resuelvan esas mínimas
infraestructuras en aquellas zonas en donde todos sabemos que estamos
obligados a responder a la inmigración ilegal con el trato más exquisito,
desde el punto de vista de los derechos humanos. Esperemos que en ese
debate de modelo policial podamos resolver y ordenar todo lo que es el
sistema educativo policial del Estado español. Hay tremendas lagunas y
disparidades y no se racionaliza en una formación policial global,
indistintamente de cuál sea después la adscripción a los cuerpos, sean
éstos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, locales o autonómicos. En
esa racionalización hay que avanzar hacia un sistema educativo único,
para que a partir de ese mínimo de sistema educativo se pueda conseguir
una racionalización del sistema de formación.




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Respecto a la noticia que nos da, y que es bien recibida, de crear una
subdirección general para las víctimas de atentados terroristas, hay que
tener en cuenta, y espero que el ministerio lo haga, que a partir de la
última comparecencia del ministro del Interior todas las fuerzas
políticas sin exclusión indicaron que las acciones del GAL fueron
acciones terroristas, por lo que una vez que hemos llegado a esa
conclusión, en esa subdirección general ha de reducirse a las víctimas de
los atentados de la banda criminal y terrorista del GAL. Una vez que a
través del «Diario de Sesiones» de esta Comisión se puede entender que
todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo, que se resuelva de la
mejor manera posible para que no haya esa disparidad entre los que han
sufrido un atentado de ETA y los que han sufrido un atentado de la banda
criminal GAL.

Finalmente, atendiendo a esa primera diferencia de criterio al negar la
mayor y la menor, espero, si todos estamos de acuerdo, iniciar un debate
sobre el modelo policial que nos ayude a que en el futuro el modelo
policial no tenga que ver con equilibrios presupuestarios, sino con la
realidad que demanda la sociedad española en la perspectiva del siglo
XXI.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Cuesta,
es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Naturalmente que
estamos contentos con el nivel de eficacia de nuestras Fuerzas. Con lo
que no estábamos contentos es con la forma de gastar los recursos del
Ministerio del Interior. ¿Qué vamos a hacer? Crear esa Dirección General
de Administración de la Seguridad para conseguir una mayor eficacia del
gasto. Estamos convencidos de que no por gastar más se gasta mejor, y no
por gastar más se consigue una sociedad más segura. No por gastar más o
por derrochar en algunas partidas se pueden encontrar determinadas zonas
más seguras o menos seguras. Sólo a base de una racionalización del gasto
podemos hacer frente a nuestras necesidades y a nuestras obligaciones.

En principio, y uno las dos intervenciones, los funcionarios han sufrido
este recorte. Los funcionarios en general, no sólo los funcionarios de
Fuerzas y Cuerpos. Es un sacrificio que el Gobierno valora y lamenta.

Evidentemente, si no se cree en Maastricht, si no se cree en las ideas de
la convergencia europea es muy complicado asumir ningún tipo de
reducción. Lo que tampoco podía hacer el Gobierno, con Maastricht o sin
Maastricht, por puras razones de lógica y de sentido común es continuar
una espiral desordenada de gasto, una espiral desordenada de deuda, que
nos podía llevar a unas cantidades absolutamente macroeconómicas, a
situaciones que luego muy difícilmente podría superar cualquier gobierno,
del signo que fuera.

El problema en cuanto a la filosofía de fondo es que no por tener menos
dinero la seguridad va a sufrir. De cualquier forma ese tipo de
sacrificios espero que no lleguen nunca a los extremos del realismo
italiano o de El ladrón de bicicletas. Espero que todo quede en unas
zonas mucho más de grises y no tan de negros, si no ese club de fans a
que antes se refería el señor Cuesta, más que un club de fans se va a
convertir en un club de damnificados, cosa que no es el deseo de este
secretario de Estado.

En primer lugar, buscamos la optimización. En segundo lugar, quitar todo
tipo de gastos superfluos. Les voy a dar unos pequeños datos. El
presupuesto de protocolo para la Guardia Civil, el año pasado eran 35
millones, este año --igualmente se lamentará el Director General de la
Guardia Civil en su comparecencia-- es de 700.000 pesetas. Que sean o no
realistas, no lo sé, pero no tenemos más. Nos movemos en una economía
casi doméstica en la que tenemos muchas pequeñísimas cantidades que
tendremos que administrar lo mejor posible. El sacrificio que ha hecho el
Gobierno es patente hasta en una partida como la de gastos reservados que
se ha visto reducida en cerca de un 30 por ciento, y nos encontramos con
una cantidad de 530 millones. ¿Que con esos millones podemos hacer menos?
Intentaremos administrarlos de la manera más eficaz, de forma que los
funcionarios, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, en las zonas
calientes a las que se refería el señor Meyer, no tengan que pagar de su
bolsillo ni el bolígrafo, ni los prismáticos, ni siquiera el
radioteléfono.

Para concluir quiero agradecerles, una vez más, ese tono conciliador que
creo que es el más constructivo y el único para las cuestiones que atañen
a la Secretaría de Estado que desempeño y al Ministerio del Interior en
general. Sólo a base de diálogo y de conciliación conseguiremos llegar a
una sociedad mucho más segura y sabremos sacar partido de los
presupuestos que nos aprueben sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Martí Fluxá termina la
comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (CALVO
SOTELO-IBAÑEZ-MARTIN). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Números de expedientes 212/000363 y 212/000364.)



El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del señor Subsecretario
del Ministerio del Interior.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comienza la
comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio del Interior, que
fue solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Las preguntas que
se pensaron en su momento formular al Director General de Protección
Civil también se pueden dirigir al señor Subsecretario.

Tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, quiero, en nombre del Grupo
Socialista, dar la bienvenida al señor subsecretario a esta Comisión y
agradecerle su



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comparecencia, que sin duda nos va a parecer ilustrativa y va a
enriquecer la labor parlamentaria de nuestro grupo.

Quisiera, con la misma brevedad que en la anterior comparecencia,
plantearle algunas dudas en relación al presupuesto del Ministerio del
Interior.

En primer lugar, en el programa 221A, en el servicio 01, he observado que
suben 40 millones en personal eventual, capítulo 1, artículo 1, concepto
0. ¿En qué consiste la subida o cuáles son las razones de la misma?
He observado también que aumenta lo relativo a arrendamientos mobiliarios
y enseres en unos 92 millones, en el capítulo 2, artículo 0, concepto 5 y
6, arrendamientos, equipos para procesos de información, 3 millones.

También hemos observado que en este servicio suben prensa, revistas,
libros y otras publicaciones en 20 millones, es el concepto 2.2.0,
subconcepto 01, y sin embargo vemos que bajan en más de 80 millones las
cantidades asignadas a suministros.

En gastos corrientes, capítulo 2, artículo 2, concepto 6, se habla de
gastos diversos y destinan una partida de 63 millones a publicidad y
propaganda, viene numerada con el 2.2.6.02. Es una partida nueva, porque
no la veíamos en anteriores ejercicios presupuestarios.

Es cierto que ha habido un ajuste importante en determinadas dependencias
del Ministerio del Interior, en lo que llaman atenciones y gastos
protocolarios, pero aquí en el programa 221A observamos, sin embargo, que
en atenciones protocolarias, 2.2.6.01, hay una partida de 80 millones que
parece nueva y además hay otra partida, la 2.2.6.11 por importe de 58
millones, que viene definida como gastos protocolarios y representativos
derivados de actos institucionales. Me gustaría conocer la diferencia de
unas y otras, porque en ambos casos observamos que son cantidades nuevas.

Observamos también que hay, como decíamos, una congelación de
inversiones. Quisiera, llegado este punto, preguntarle al señor
subsecretario si piensa culminar el plan informático para modernizar los
procesos de gestión en los servicios centrales y periféricos, en qué
fases y con qué recursos, y qué inversión se contempla en esta materia
para 1997.

Con referencia a las delegaciones de gobierno y gobiernos civiles,
también nos ha parecido que existe, a la vista de las magnitudes
presupuestarias, algún plan que pasa por la desaparición de determinados
servicios y la reducción de gastos. Así se deduce del capítulo 2.

En cuanto a protección civil observamos, en el programa 223A, en el
capítulo 4, una drástica reducción. ¿Cuáles con los fundamentos para esta
reducción? Porque nos da la impresión de que no sólo se disminuyen las
posibilidades de atender correctamente situaciones catastróficas y de
emergencia, sino, en concreto, algunas de las que pudieran estar dentro
de una previsión.

Siguiendo en el programa 223A, de protección civil, observamos también
que se congela lo concerniente a formación y perfeccionamiento de
personal; que se congelan los gastos operativos de los capítulos 1 y 2;
que en el capítulo 2 prácticamente bajan incluso material, suministros y
otros; baja todo lo concerniente a comunicaciones y también partidas que
son necesarias, a nuestro juicio, como son las llamadas indemnizaciones
por razón de servicio, que ya habíamos puesto de manifiesto en la
anterior comparecencia.

En el capítulo 6 de inversiones reales, en protección civil hay una
disminución del 15,3 por ciento; baja también la inversión nueva casi 100
millones.

En materia de transferencias de capital, que también nos preocupa, se
produce en el capítulo 7 una disminución del 27,6 por ciento y nótese que
estamos hablando de transferencias para atenciones de todo orden
motivadas por siniestros, catástrofes y otras de reconocida urgencia o
transferencias a corporaciones locales para creación de infraestructuras
derivadas de la aplicación de planes de emergencia nuclear que baja
también de 200 a 150 millones.

En este presupuesto de protección civil, en el programa 223A hay una
partida, que probablemente sea una anécdota, que asciende a 35 millones y
que aparece en el capítulo 6, artículo 4, concepto 0, denominada gastos
de inversión de carácter inmaterial. Es una consignación nueva que no
conocíamos. Es verdad que uno ha intentado estudiar para ver de qué se
podía tratar y se encuentra con que, en efecto, en la resolución de 29 de
abril de 1994, de la Dirección General de Presupuestos, que establece los
códigos presupuestarios, el artículo 64 contempla esta categoría de
gastos de inversión de carácter inmaterial y aparecen definidos como
gastos realizados en un ejercicio, no materializados en activos,
susceptibles de producir sus efectos en varios ejercicios futuros,
campañas de promoción de turismo, ferias, exposiciones, estudios y
trabajos técnicos, investigación, etcétera, así como aquellas inversiones
en activos inmovilizados, intangibles tales como concesiones
administrativas, propiedad industrial, propiedad intelectual, etcétera.

Estos 35 millones, ¿de qué son? Porque con esta defición que se hace al
llamarles gastos de inversión de carácter inmaterial no recibimos una
clarificación suficiente.

En protección civil, por tanto, hemos observado una disminución que
creemos totalmente contraria a los objetivos del propio programa que
aparecen en los presupuestos, sobre todo en los gastos operativos,
creemos que pueden generarse problemas serios a la hora de garantizar una
eficacia en materia de protección civil, y sobre todo ahí observamos
también una infradotación presupuestaria que puede generar agujeros y
traslado, por lo tanto, de déficit presupuestario a siguientes
ejercicios.

Desde otro punto de vista quisiera también preguntarle lo siguiente,
señor subsecretario. Es práctica presupuestaria recurrir a la generación
de crédito desde la Dirección General de Tráfico previéndose normalmente
en el Ministerio del Interior --esto ocurría en el programa 22B,
seguridad vial, organismo 101 de Jefatura de Tráfico-- y quisiéramos
saber a cuánto asciende la transferencia al Estado para generar crédito
en el Ministerio del Interior en concreto.

Tenemos también alguna duda en relación al programa 463A, elecciones y
partidos políticos, porque observamos una disminución en la financiación
a partidos políticos y a



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la subvención de gastos electorales. El crédito pasa de 12.281 millones a
10.881 millones de pesetas, es decir, 1.400 millones de pesetas menos,
representando una minoración del 11,4 por ciento.

En resumen quisiera transmitirle que desde el punto de vista de mi grupo
parlamentario en el presupuesto se da lo que antes habíamos calificado
como una despriorización del conjunto del Ministerio del Interior. Como
se dice, efectivamente, en la memoria y en la presentación, el
presupuesto del Ministerio del Interior asciende a 622.214 millones de
pesetas para 1997. El presupuesto de 1996, debidamente ajustado tras los
acuerdos de no disponibilidad y manejando sus propias cifras, asciende a
627.683 millones de pesetas, lo que supone un decrecimiento en términos
absolutos de 5.469 millones de pesetas, que, efectivamente, representan
una disminución de un 0,9 por ciento. Lo que más preocupa sobre todo en
este sentido --por eso usaba la expresión despriorización-- es el peso
que tiene el presupuesto del Ministerio del Interior en el conjunto de
los Presupuestos Generales del Estado, porque pasa de un 3,5 por ciento
al 3,4 por ciento. Fíjese, esa décima implicaría una cantidad próxima a
los 18.000 millones de pesetas; es decir, de mantener simplemente el peso
que el Ministerio del Interior tenía en el conjunto de los Presupuestos
Generales del Estado esa décima reportaría una cuantía de cerca de 18.000
millones de pesetas. Por eso considerábamos que existía esa
despriorización, y entendemos que, de nuevo, estamos ante un
planteamiento un tanto irreal que lo único que hace es aplazar deuda y
trasladar, por lo tanto, unos déficit presupuestarios hacia el futuro.

Nada más. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)



El señor GIL LAZARO: Con el mismo compromiso de brevedad que en la
comparecencia anterior, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Quisiéramos simplemente que, dadas las competencias
de la subsecretaría en materia económica y presupuestaria, el
compareciente explicara de qué forma el proyecto de ley de presupuestos
junto con el proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria que
le acompaña y el Real Decreto-ley 12/96, de 26 de julio que le precede
van a asegurar que la gestión presupuestaria se mantenga dentro de los
límites de rigor y buena técnica, de modo que haya una acomodación
permanente entre gastos y pagos a fin de que no vuelvan a suscitarse lo
que podríamos llamar acumulaciones de deuda, que en el caso del
Ministerio del Interior han tenido hasta hoy una notable relevancia.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, agradezco la oportunidad que
esta convocatoria ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de
los Diputados me da para explicar algunos aspectos de la sección 16 del
proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, a la vez, trataré de
contestar a las preguntas que me han sido planteadas, aunque si alguna de
ellas no lo fuera lo sería más adelante por escrito de acuerdo con el
modo usual.

Al ser la subsecretaría, de entre los órganos convocados, el de
competencia más general en materia presupuestaria, quisiera referirme a
algunos elementos precisamente de orden general que ayudan a situar en su
contexto al proyecto de presupuesto para el Ministerio del Interior.

La sección 16, de Interior, del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1997 está concebida, al igual que el resto del
presupuesto, como un instrumento eficaz de lucha contra el déficit
público en orden a conseguir los criterios de convergencia establecidos
por el Tratado de la Unión Europea.

Una ineludible introducción de este proyecto de presupuesto viene
constituida por el Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, por el que
se conceden créditos extraordinarios por importe de más 721.000 millones
de pesetas, destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

Las actuaciones realizadas por la Intervención delegada en el Ministerio
del Interior en la elaboración de este Real Decreto-ley han tenido
singular importancia para conocer con exactitud el estado de las finanzas
públicas en lo relativo al Ministerio del Interior y han servido de base
para la elaboración rigurosa del proyecto presupuestario de este
departamento para 1997.

En efecto, en el Ministerio del Interior era particularmente relevante el
problema de los gastos realizados en ejercicios anteriores sin suficiente
dotación presupuestaria, gastos que habían generado obligaciones frente a
terceros a cuya cancelación debía procederse. Estas deudas se
concentraron sobre todo en el capítulo 2, gastos corrientes de bienes y
servicios, donde cabe señalar una deuda con la Compañía Telefónica,
carente de imputación presupuestaria, que ascendía a más de 22.257
millones de pesetas, otra con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de
más de 4.326 millones de pesetas y deudas con compañías eléctricas, cuyo
importe total superaba los 2.228 millones de pesetas. Pero también,
además de las deudas del capítulo 2, eran cuantitativamente importantes
las obligaciones del capítulo 4, inversiones reales contraídas sobre todo
con empresas constructoras, cuyo importe ascendía a más de 11.092
millones de pesetas y que, en muchas ocasiones, respondían a obras en
acuartelamientos.

Es aquí donde interviene el proyecto de ley de medidas de disciplina
presupuestaria que ha de estimarse como un contexto imprescindible de
este proyecto de ley de presupuestos. En este sentido, hay prevista una
norma en el artículo 1.3 de este proyecto de ley de medidas de disciplina
presupuestaria, con arreglo al cual tendrán carácter vinculante los
créditos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios relativos,
entre otros conceptos, a comunicaciones telefónicas, Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre y energía eléctrica.

Es interesante subrayar que si nos referimos en esta comparecencia a la
existencia de un remanso de deudas sin imputación presupuestaria en el
Ministerio del Interior es



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sobre todo para, a continuación, decir los medios que estamos poniendo
para evitar que esa situación de deuda acumulada se vuelva a reproducir;
es decir, no interesa tanto poner de manifiesto la existencia de esa
acumulación de deudas sino insistir en los medios de técnica
presupuestaria que se ponen para que la gestión se mueva dentro de
límites de rigor y de buena gestión, de manera que no vuelva a
reproducirse ese remanso de deudas.

Este es el contexto del proyecto, pero entrando ya en las grandes cifras
del proyecto en lo relativo al Ministerio del Interior y en su análisis
por capítulos, hay que comenzar estableciendo una base adecuada que sirva
para el estudio comparado del proyecto de presupuestos que ahora se
presenta. Esta tarea se ve dificultada, sin duda, por la compleja
situación presupuestaria del ejercicio de 1996. Sin embargo, parece que
la referencia comparada más adecuada es la compuesta por el presupuesto
de 1995 prorrogado para 1996 más los créditos extraordinarios concedidos
por el Real Decreto-ley 1/1996, de 19 de enero, menos el acuerdo de no
disponibilidad adoptado por el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de
1995.

Admito la complejidad de esta referencia comparativa, pero es la que
parece más adecuada; es una referencia que está constituida por el
presupuesto prorrogado, modificado por las intervenciones que el Gobierno
anterior estimó oportuno hacer: la adición del Real Decreto-ley 1/1996 y
la sustracción del acuerdo de no disponibilidad de 28 de diciembre de
1995. Esta es la base de comparación.

Partiendo de esta base, el proyecto de presupuesto no consolidado para
1997 del Ministerio del Interior, sin organismos autónomos, asciende a
622.325.917.000 pesetas, lo que supone una disminución del 0,85 por
ciento respecto del presupuesto base que acabamos de definir.

La dotación del capítulo 1, gastos de personal, es de 541.809.248.000
pesetas, lo que implica un incremento del 2,49 por ciento respecto del
presupuesto base. Hay que subrayar que, incluso en un presupuesto tan
riguroso como el que se proyecta, se produce un aumento de los créditos
destinados a gastos de personal. De este modo, y a la vista del contexto
en el que nos movemos, conviene no subestimar el esfuerzo presupuestario
que se hace en el capítulo 1; ahora bien, hay que advertir que el
referido incremento en gastos de personal se explica porque, aunque en el
proyecto de presupuestos no hay previstas, como es sabido, mejoras
retributivas para 1997, sí se prevé la consolidación para dicho ejercicio
de la actualización monetaria de retribuciones en el 3,5 por ciento,
acordada en el citado Real Decreto-ley 1/1996, que afectó
fundamentalmente a la Dirección General de la Guardia Civil y a la
Dirección General de la Policía. Es importante subrayar que, incluso sin
conceder mejoras retributivas, el capítulo 1, gastos de personal, sube ya
un 2,49 por ciento.

En el capítulo 2, Gastos corrientes de bienes y servicios, los créditos
presupuestarios se elevan a 50.809.427.000 pesetas, con lo que se produce
una disminución del 21,81 por ciento respecto del presupuesto base. Dicha
disminución se eleva a 14.173 millones de pesetas, de los que 9.200
corresponden a gastos electorales, partida que no se incluye por no
preverse convocatorias electorales durante el ejercicio 1997. De este
modo, el porcentaje de disminución global del capítulo 2, en términos
reales, se queda en un 8,92 por ciento.

En el capítulo 4, Transferencias corrientes, los créditos proyectados se
elevan a 16.818 millones de pesetas, con lo que la reducción propuesta es
del 12,49 por ciento. De esta reducción, que supone 2.400 millones de
pesetas, la parte más importante --con ello entro en una de las preguntas
realizadas por el señor Cuesta-- es la que se encuentra en el capítulo 4
del programa 463-A, elecciones y partidos políticos, y cuyo monto es de
2.194.200.000 pesetas. El señor Cuesta preguntaba sobre las razones de
esta disminución y tengo que decirle que, sobre esa disminución de
2.194.200.000 pesetas, hay una reducción de 1.600 millones de
subvenciones por gastos electorales, y esas subvenciones no se producen
porque, presumiblemente, los partidos políticos no van a tener esos
gastos electorales. Y el resto, 483 millones de pesetas, sí constituyen
una reducción de la financiación anual de los partidos políticos y la
razón de esta disminución es la muy elemental de que en un presupuesto
restrictivo las restricciones deben alcanzar también a los partidos
políticos.

Por último, el capítulo 6, Inversiones reales, está dotado con 12.468
millones de pesetas, por lo que tiene una reducción del 13,16 por ciento;
ahora bien, y con ello volvemos al Real Decreto-ley 12/1996, esta
reducción ha de tenerse en cuenta dentro del contexto de que el Real
Decreto-ley 12/1996 ha aprobado un crédito extraordinario para atender
obligaciones impagadas de ejercicios anteriores que en el capítulo 6
ascendían a 11.220 millones de pesetas. Ciertamente se produce una
reducción de las inversiones reales, una reducción de los créditos del
capítulo 6, pero los créditos que se contienen en ese capítulo 6 no se
verán lastrados por deudas de anteriores ejercicios y podrán dedicarse
enteramente a inversiones nuevas.

Por último, desde el punto de vista orgánico, la innovación fundamental
de estos presupuestos es la aparición de la Dirección General de
Administración de la Seguridad, encuadrada en el nuevo servicio
presupuestario 02, Secretaría de Estado de seguridad. Esta dirección,
como se sabe, tendrá por misión conseguir una gestión más eficaz de los
medios humanos, económicos y materiales puestos a disposición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No entraré --ya lo ha hecho el
Secretario de Estado-- en la misión que corresponde a esta Dirección
General de Administración de la Seguridad, pero, desde el punto de vista
de la técnica presupuestaria, que es lo que constituye el objeto del
debate de esta mañana, sí interesa decir que ese servicio 02, Secretaría
de Estado de Seguridad contiene unas dotaciones muy pequeñas para la
Dirección General de Administración de la Seguridad. Si bien la idea es
que esas dotaciones sean aumentadas posteriormente, conforme esta
dirección general vaya asumiendo paulatinamente sus competencias, y ese
momento se producirá a través de transferencias de crédito desde Policía
y Guardia Civil.

Paso ahora a contestar el resto de las preguntas que me han sido hechas
por el Diputado señor Cuesta. En cuanto a los créditos contenidos en el
programa 221-A, del servicio



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01, el señor Diputado se refería a aumentos, tanto en personal eventual
como en arrendamientos mobiliarios y de enseres. Me da la impresión de
que el término de comparación que ha utilizado el señor Diputado es el
antiguo programa 221-A de la sección 13, Justicia e Interior, que es el
término de comparación existente, pero hay que tener en cuenta que aquel
programa 221-A de la sección 13 también incluía Justicia. Por tanto, en
términos estrictos del Ministerio del Interior, no se produce un aumento
en esos conceptos de personal eventual y arrendamientos mobiliarios y de
enseres.

Los gastos de publicidad a que se refería el señor Diputado son
fundamentalmente para publicidad de oposiciones. Es la única partida de
publicidad que tiene el Ministerio, quitando la muy importante de la
Dirección General de Tráfico, cuyos anuncios todos conocemos.

En los gastos de protocolo, efectivamente hay un desglose, como ha
advertido el señor Diputado; por un lado, se recogen 80.450.000 pesetas
y, por otro, 95.357.000 pesetas. Este desglose se debe, pura y
exclusivamente, a técnicas presupuestarias instruidas por la Secretaría
de Estado de Presupuestos; no responde a ningún concepto sustantivo del
propio Ministerio del Interior.

Inversiones en sistemas informáticos. Para 1997 hay una inversión global
prevista de 350 millones de pesetas, que no solamente se extiende a los
servicios centrales, sino también a delegaciones del Gobierno y gobiernos
civiles. Además, el Ministerio del Interior tiene previsto terminar
durante 1997 el cableado de los gobiernos civiles que quedan por unir al
sistema informático del Ministerio del Interior.

Protección civil. Es cierto que en el capítulo 4 del programa 223-A se
produce una disminución, pero también es cierto que éste es de los pocos
créditos ampliables que se contienen en el anexo segundo al proyecto de
ley de presupuestos para el Ministerio del Interior; este crédito, que es
para siniestros, catástrofes, para lo que es propio de la Dirección
General de Protección Civil, es ampliable y, si hay una necesidad
presupuestaria sobrevenida, podrá suplirse por el carácter ampliable que
excepcionalmente tiene este crédito, y así se refleja en el anexo segundo
del proyecto de ley de Presupuestos.

Hay ciertamente una congelación en gastos de formación, debida a las
restricciones presupuestarias, pero en materia de formación, quería
llamar la atención al señor Diputado sobre el gasto previsto en la
Escuela de Protección Civil, en el anexo de Inversiones; aunque con el
conocido carácter no vinculante que tiene este anexo, hay prevista una
partida, que cito de memoria de 223 millones de pesetas para 1997 y la
Escuela de Protección Civil tiene mucho que ver con la formación, en
materia de protección civil. Es cierto que esa escuela fue construida de
una manera muy sobredimensionada para lo que pueden ser las necesidades
estrictas de formación de personal de protección civil --nos encontramos
con un edificio absolutamente sobredimensionado para las auténticas
necesidades-- pero, a pesar de que la inversión se hipertrofió en su día,
procuraremos sacar el mejor partido de ella para la formación de
protección civil y, en su caso, si así se puede hacer, por convenios con
universidades madrileñas, para otro tipo de formaciones académicas.

Como dice el señor Diputado, hay recortes en protección civil, en el
capítulo 6 y en el 7, pero son esencialmente las disminuciones de los
recortes dispuestos ya en el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
diciembre de 1995, es decir, la no disponibilidad acordada por el
Gobierno anterior que pura y simplemente se consolida ahora en estos
presupuestos.

Por último, se prevé como es habitual, una generación de crédito
procedente de la Dirección General de Tráfico, generación de crédito que
está prevista en 500 millones de pesetas, pero es ampliable en función de
una mayor recaudación de la prevista.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Con suma brevedad.

Señor Subsecretario, cuando decía que el presupuesto de Interior ha sido
despriorizado, estaba usando las magnitudes que ustedes mismos han
barajado, que vienen en la memoria explicativa, y me había referido a
que, en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado Interior
pierde una décima, que son 18.000 millones de pesetas; del 3,5 al 3,4,
son, con las magnitudes que se manejan 18.000 millones. Eso se ve además
en todos los aspectos; porque se acaba de referir a la partida de la
Dirección General de Tráfico que, dice, asciende a 500 millones de
pesetas y la verdad es que parece que hay una reducción tremenda porque
la previsión en estos casos ascendía a 4.000 millones de pesetas y aquí
no permite ningún margen de maniobra dentro del Ministerio del Interior,
al reducir en tan cuantiosa cantidad estas previsiones de transferencia
de crédito.

Hay otro tema que me preocupa, aunque sea una cantidad anecdótica, al
hilo de sus manifestaciones. Las cantidades a las que se ha referido en
materia de protocolo las explican, según su exposición, por desglose
basado en técnicas presupuestarias; sabemos que no obedecen a ninguna
actuación concreta. Por otro lado, sí nos preocupa la disminución que
usted ha cuantificado en 483 millones de pesetas, en la financiación de
partidos políticos, disminución a la que usted da como única explicación
que se produce porque las restricciones presupuestarias tienen que
alcanzar a los partidos políticos, sin más. A mí me parece que tras esa
afirmación hay un deslizamiento un tanto extraño. Se lo digo como
reflexión. Ayer leía en un diario, en cuanto a que afectaba a una de mis
propuestas a título individual --no tiene nada que ver con lo que nos
ocupa--, la asignación tributaria a la Iglesia católica; constataba que
se producía un incremento del IPC previsto del 2,6 en la asignación que
estos presupuestos daban, incremento que iba destinado fundamentalmente a
la retribución de dependientes de la diócesis y la respuesta que obtenía
de determinados ámbitos socioculturales es que quien tiene que reducirse
son los partidos políticos. Había un ejercicio perverso de comparación
entra la realidad Iglesia católica, en un Estado aconfesional, según el
artículo 16.3 de la Constitución, con los partidos políticos que
curiosamente --y vuelvo al tema que nos ocupa--, según el



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artículo 6 de nuestra Constitución, son un elemento fundamental,
conforman nuestro sistema democrático, cauce de participación ciudadana
y, por tanto, un elemento esencial del sistema. Y me parece una tremenda
ligereza decir: la financiación de partidos que se ajuste también a la
austeridad. Como si hubiera una falta de creencia en el papel que deben
jugar los partidos políticos. Quiero resaltar el valor del conjunto de
los partidos políticos en este país, porque así se deduce de nuestra
Constitución.

Finalmente, constato y me manifiesto satisfecho por el incremento del
2,49 que se produce en la partida de personal, del capítulo 1. Usted
manifiesta algo que recordaba, en la anterior comparecencia, al
Secretario de Estado: este incremento se produce por la consolidación de
los derechos económicos revisados con anterioridad en los ámbitos de
seguridad ciudadana, en los ámbitos de la Dirección General de Policía y
de la Dirección General de la Guardia Civil, lo cual es una decisión del
anterior Gobierno que creo que fue acertada y que permite, como mínimo,
que no retrocedan en exceso, como ocurre en cambio con el resto de la
Función pública, los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

Y no quiero dejar de agradecerle también el tono de su respuesta. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: La excepción, como su nombre indica, es una
excepción.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR (Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín): Voy a
ser muy breve.

La disminución global del presupuesto del Ministerio del Interior,
utilizando el término de comparación que he utilizado en mi exposición,
que creo que es objetivamente el más adecuado, no es de 18.000 millones
de pesetas, es de 5.000 millones de pesetas, el 0,85 por ciento, porque
el término de comparación debe ser el presupuesto prorrogado en 1996
menos la no disponibilidad de diciembre de 1995, más el crédito
extraordinario de enero de 1996. Eso lo que define, en términos más
objetivos, la referencia comparada con el proyecto de presupuesto de
ahora debatimos. Ahí la diferencia es de 5.000 millones de pesetas, el
0,85 por ciento.

En cuanto a los gastos de protocolo, ya lo ha dicho el Secretario de
Estado, lo más notable de los gastos de protocolo no es la técnica
presupuestaria con la que se presentan, sino la reducción que sufren, que
en el total del Ministerio es del 28,82 por ciento y que en la Dirección
General de la Guardia Civil llega al 42,82 por ciento. Eso es lo más
notable de los gastos de protocolo, la reducción. Incluso diré más, en
julio de este año y por la subsecretaría del Interior, se impartieron
instrucciones tanto a los servicios centrales del ministerio como a
delegaciones del gobierno y gobiernos civiles reduciendo en un 40 por
ciento las disponibilidades que para atenciones protocolarias se tenían,
de acuerdo con el presupuesto prorrogado; es decir, que en realidad no
hemos esperado en el Ministerio del Interior al proyecto de presupuestos
para empezar reduciendo en gastos de protocolo. A principios de julio --y
eso está documentado-- se redujeron ya en el 40 por ciento los gastos de
protocolo del Ministerio.

En cuanto a la generación de crédito de la Dirección General de Tráfico,
insisto en que es ampliable; si se produce en la Dirección General de
Tráfico una mayor recaudación en materia de tasas, que es lo que
constituye la fuente mayor de financiación de la Dirección General de
Tráfico y no las multas como popularmente se cree, la generación de
créditos podrá aumentarse correlativamente. Eso no causa problemas.

Por último, en materia de partidos políticos, estoy seguro de que el
señor Diputado no ha querido poner en duda mi fe constitucional sobre el
papel que desempeñan los partidos políticos, porque eso sería hacerme
decir lo que no he dicho. Yo me he limitado a decir que los partidos
políticos, puesto que tienen financiación pública, deben seguir la
corriente del resto de la financiación pública, como el Tribunal
Constitucional, por decirlo así. Precisamente porque tengo fe en el papel
de los partidos políticos previsto en la Constitución estoy seguro de que
aceptarán bien este recorte que se prevé.




El señor PRESIDENTE: Finaliza la comparecencia del Subsecretario del
Ministerio del Interior. Es deseo de la Presidencia terminar las
comparecencias previstas en la mañana de hoy, porque tenemos por la tarde
sesión ordinaria. Rogaría tanto a los grupos como a los comparecientes
que procuren circunscribirse a las líneas que deben presidir este tipo de
comparecencias.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (DON SANTIAGO LOPEZ
VALDIVIELSO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000258.)



El señor PRESIDENTE: La comparecencia del Director General de la Guardia
Civil ha sido solicitada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

En su nombre, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Con mucha brevedad, atendiendo a su llamada de
cumplimiento del horario, quisiera referirme a los grandes temas en
relación con la comparecencia que nos ocupa.

En primer lugar, he de agradecer de nuevo al Director General su
presencia a fin de completar la información que requiramos en este
trámite presupuestario. Teniendo en cuenta que ya hubo una comparecencia
reciente, creo que los grandes temas ya están debatidos. Se trata de ir
ahora a lo concreto sobre el tema presupuestario.

Decíamos en la anterior comparecencia que nos preocupa todo el tema de la
homologación, de lo que es la función policial. No cabe duda de que la
Guardia Civil ya está homologada, en cuanto a salario se refiere,
respecto al Cuerpo de Policía Nacional, pero nos queda todavía el tema de
las horas extras. Es una buena ocasión este trámite



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presupuestario de plantear la posibilidad de que exista un soporte para
que los guardias puedan tener, igual que los funcionarios del Cuerpo de
Policía Nacional, consignación para remunerar las horas extras. Hoy por
hoy, los guardias se distinguen porque tienen unos servicios ilimitados y
no reciben lo que deberían, como ocurre con el Cuerpo de la Policía
Nacional: el incentivo de la hora extra trabajada. Eso redundaría en la
productividad, en un mejor servicio y una mayor eficacia en el trabajo de
los propios guardias.

Ya nos ha aclarado el señor Secretario de Estado el tema del famoso
Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Parece que tiene una prórroga
de seis meses y esperamos que después desaparezca, como así debía haberse
producido a partir del mes de marzo.

Nos preocupa, señor Director General, al igual que en la comparecencia
del señor Secretario de Estado, el hecho de que estamos ante unos
presupuestos muy restrictivos que entran, como así se lo he manifestado,
en el umbral de la propia eficacia de los servicios. Nos preocupa que la
Guardia Civil tenga un presupuesto en equipos especiales, en cuanto a
material se refiere, muy reducido. Tal como está en estos momentos la
propia realidad de la Guardia Civil, no solamente nos parece
insuficiente, sino que no ayuda a esa eficacia del servicio.

También nos preocupa todo lo que significa el sistema educativo, el
mantenimiento de once centros de la Guardia Civil frente a los dos del
Cuerpo Nacional de Policía. Interesaría conocer, desde su punto de vista,
su opinión sobre cómo resolver todo lo que significa el sistema
educativo. Nos gustaría saber, a tenor del cálculo presupuestario, cómo
se prevé el despliegue definitivo de la Guardia Civil comunidad por
comunidad. Esto me imagino que requeriría una respuesta más detallada y
que se podría hacer por escrito. Finalmente, con este presupuesto qué
cálculo se prevé de incorporación de nuevos guardias al cuerpo.

Termino por donde empecé. Creo que estamos ante unos presupuestos
restrictivos que llegan también a la Guardia Civil y que, desde mi punto
de vista, superan ese límite de austeridad para entrar en el umbral de
ese servicio que puede no ser eficaz. Sabe usted que nosotros nos
distanciamos de ese dogmatismo de Maastricht, como ya se lo dije al
Secretario de Estado. Creemos que tendrían que haberse presentado otros
presupuestos en ese trámite parlamentario y, dentro de lo que nos ocupa,
que es la Guardia Civil, resolver las cuestiones fundamentales
pendientes, como son el tema social de los propios guardias, las
infraestrucutras, el tema de casas-cuarteles que no tienen las mínimas
condiciones de salubridad y, en definitiva, un esfuerzo mayor de
inversión para poner en este caso al cuerpo de la Guarida Civil de manera
homologada al conjunto de policías europeas, cosa que en este momento
deja mucho que desear.




El señor PRESIDENTE: Señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Con la
brevedad y la rapidez que nos ha recomendado el señor Presidente de la
Comisión, en primer lugar quiero agradecer al señor Diputado el interés
que muestra por los presupuestos de la Guardia Civil al haber solicitado
mi comparecencia.

Dice el señor Meyer que son unos presupuestos restrictivos. No voy a ser
yo el que diga que no lo son, pero la verdad es que habría otros
calificativos. Yo diría que son unos presupuestos realistas, austeros y
solidarios, tres palabras que se han repetido a lo largo de la mañana.

Digo que son realistas porque, por primera vez en muchos años, estos
presupuestos reconocen, por ejemplo, la realidad presupuestaria de
nuestro gasto de personal. Vivíamos en una especie de ficción
presupuestaria, en virtud de la cual resulta que sólo el capítulo 1 era
superior al total del presupuesto de la Guardia Civil. Eso lo corregimos
en estos presupuestos. Es un presupuesto austero, porque reduce
drásticamente todo lo que nosotros consideramos que no es estrictamente
necesario en el presupuesto de la Guardia Civil. Y es solidario porque,
como el conjunto del presupuesto del Ministerio del Interior, tiene muy
presente cuál es la política económica que se ha marcado este Gobierno y
cuáles son las exigencias que nos plantean los criterios de convergencia
económica con Europa.

A pesar de lo que digo, señalo al señor Diputado que el presupuesto de la
Guardia Civil para 1997 supone un incremento, respecto a los créditos
disponibles en 1996, del 0,7 por ciento. Es claro que es un crecimiento
muy moderado, pero hay que situarlo sin duda en el contexto de
reducciones generalizadas en todas las secciones presupuestarias. Así,
dentro del propio Ministerio, como aquí ya se ha dicho, en Interior para
1997 los créditos disminuyen un 0,85 por ciento respecto a 1996; los de
la Guardia civil crecen un 0,70. Esta es una muestra, si se quiere
simbólica, de la importancia que se da dentro de todos los presupuestos,
dentro de la necesaria política de rigor y restricción presupuestaria, a
las misiones que tiene que cumplir la Guardia Civil.

Este crecimiento presupuestario se explica, primero, por el crecimiento
del capítulo 1, gastos de personal, que se incrementa en más de 4.000
millones, es decir, un 1,64 por ciento. Esta cifra es acorde, por primera
vez, como le decía al principio de mi intervención, con la realidad del
capítulo 1. A título de ejemplo puedo decirle que el desfase que existía
en los gastos de personal en este ejercicio de 1996 ascendía nada más y
nada menos que a 22.900 millones de pesetas, lo que suponía una
insuficiencia de más del 10 por ciento. Incluso considerando los efectos
del Real Decreto-ley 1/1996, el desfase continuaba siendo muy
significativo. ¿Este crecimiento en gastos de personal supone un aumento
de las retribuciones de los guardias civiles para el próximo año?
Lamentablemente, la respuesta es no. Con este incremento lo único que se
hace es consolidar presupuestariamente las mejoras retributivas obtenidas
en años anteriores por los miembros del cuerpo, pero que el Gobierno
anterior no se había tomado la molestia de plasmarlas en los Presupuestos
Generales del Estado. Luego no es un aumento de las retribuciones, sino
un aumento de la partida para adaptarla a la realidad.

Por otro lado, se produce una disminución de 1.180 millones por la
adscripción de funcionarios de la Guardia Civil al Ministerio de Defensa;
funcionarios que siendo de la



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Guardia Civil están en el Ministerio de Defensa, a los que antes
pagábamos y ahora paga Defensa. Ha habido una disminución de 1.679
millones por supresión del voluntariado especial de la Guardia Civil y
una disminución de 268 millones por reclasificación de escalas. Es decir,
que este conjunto de sumas y restas nos da esa diferencia y un capítulo 1
definitivo de 260.857 millones de pesetas para los gastos de personal de
la Guardia Civil en 1997.

En relación con el capítulo de personal, sólo me queda comentar nuestra
satisfacción porque, en un momento en que el Gobierno ha congelado
prácticamente la oferta pública de empleo, la Guardia Civil va a acoger
en su seno más de 1.400 efectivos nuevos, con los que se compensarán las
reducciones que se van produciendo y que servirán para reforzar su
presencia en nuestras demarcaciones y para conseguir el objetivo que
todos queremos alcanzar de mejora de la seguridad ciudadana.

Usted planteaba el asunto relacionado con las horas extraordinarias. Yo
tengo que decir que no me gusta hablar de horas extraordinarias cuando
tratamos de los guardias civiles. La Guardia Civil, les guste o no les
guste, es un cuerpo militar y, por tanto, partimos de su plena
disponibilidad. Eso no quiere decir que no tengan que tener una
compensación económica por esa plena disponibilidad. Dentro de los
límites que nos permite este ejercicio presupuestario, las cantidades
destinadas a productividad, que es con lo que se compensa esta
disponibilidad de la Guardia Civil, aumenta un tres y medio por ciento.

Sé que no es mucho, pero nos tenemos que mover, como les he dicho, dentro
de las posibilidades reales del presupuesto.

Respecto al capítulo 2, gastos corrientes, al que se ha referido también,
la cantidad de que dispondrá la Guardia Civil en 1997 será 14.817
millones de pesetas. Esta cantidad es casi un 10 por ciento menos de la
que hemos dispuesto para 1996, exactamente un 9,62 por ciento. Hablamos
siempre de presupuesto del año pasado, del de 1995 prorrogado, con los
ajustes que se produjeron en el transcurso de dicho año. Esta reducción
justifica más sobradamente el calificativo de austero con el que
definíamos nuestro proyecto de presupuestos al principio de la
comparecencia.

Creo que es importante señalar que la reducción del capítulo 2 en el
conjunto del departamento asciende al 21,8 y que en la Guardia Civil, sin
embargo, solamente es el 9,62, y lo digo para insistir en la idea de que,
dentro de las reducciones necesarias, la operatividad de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado se vea afectada lo menos posible.

La idea principal que me gustaría resaltar, que ya ha sido manifestada
esta mañana aquí, es que con lo que tenemos debemos intentar obtener una
mayor eficacia, una gestión más eficiente que consiste, en primer lugar,
en reducir de forma drástica todos aquellos gastos que resultan
superfluos o que tienen menos importancia, menos repercusión en la
eficacia de la seguridad.

La partida de atenciones protocolarias y representativas se ha reducido
un 42 por ciento; reuniones y conferencias, un 87 por ciento. Esto no
quiere decir que vayamos a organizar menos reuniones, menos conferencias,
menos seminarios, que vayamos a reducir en definitiva la formación. No,
lo que pasa es que vamos a intentar llegar a convenios, a acuerdos con
otras instituciones que nos ayuden a patrocinar este tipo de actividades.

Le pongo un ejemplo. La semana que viene vamos a celebrar un importante
seminario relacionado con medio ambiente que vamos a organizar con el
Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León. Es decir, vamos a intentar, sin reducir el nivel de
la formación y de la puesta al día con eficacia de todas y cada una de
las misiones que tenemos que cumplir, que no pesen sólo sobre el
presupuesto de la Guardia Civil. En arrendamientos y cánones la
disminución va a ser de un 55 por ciento, como consecuencia de que hemos
hecho una revisión de las necesidades reales de la Guardia Civil; sin
embargo, nos hemos visto obligados a incrementar una serie de partidas
importantes para la operatividad que estaban mal presupuestadas en
ejercicios anteriores. En ellas puede sorprender a SS. SS., por ejemplo,
que el suministro de agua aumenta un 128 por ciento, o el del gas se
incrementa un 164 por ciento, o el combustible, en un 21 por ciento. Eso
era como consecuencia de que había una técnica presupuestaria que no
tenía nada que ver con la realidad de determinados consumos de la Guardia
Civil.

Como conclusión, podemos afirmar que nos encontramos ante un proyecto de
presupuestos que, siendo en su capítulo 2 más reducido que el de 1996,
resulta, sin embargo, más realista porque se adapta mejor a la realidad
del gasto de la Guardia Civil.

Por lo que se refiere al capítulo 6, inversiones reales, vamos a disponer
de 3.876 millones, que representan una reducción del 15 por ciento
respecto al presupuesto de 1995 prorrogado. Con este capítulo 6 vamos a
poder abordar las inversiones que nosotros consideramos absolutamente
imprescindibles, sin iniciar ningún gran nuevo plan porque la situación
no está para eso, pero sí para abordar aquellas cuestiones que
consideramos más importantes. Así he de destacar que en transmisiones,
que ustedes me habrán oído decir que es donde tenemos que hacer un
esfuerzo más importante, iniciamos un programa con un presupuesto
modesto, de 250 millones de pesetas; también es conocida por ustedes la
situación de nuestra flota de vehículos, a la que vamos a dedicar 600
millones; para la infraestructura, toda ella en muy mal estado,
destinaremos 1.124 millones de pesetas. Ya me gustaría tener presupuesto
suficiente para arreglar toda nuestra red de cuarteles, pero, como esto
no es posible, con estos 1.124 millones vamos a intentar abordar las
obras que nosotros consideramos de más urgencia.

Ya no me voy a referir al agujero; creo que se ha aclarado
suficientemente. Sí deseo decir que una línea muy clara que hemos
planteado en la Dirección General de la Guardia Civil es la transparencia
en la gestión. Vamos a intentar que todos los expedientes sigan su curso,
que todas las decisiones se tomen de acuerdo con las normas y evitar el
que un bien día llegue un ministro a un sitio y el alcalde, amigo suyo,
le diga: vamos a hacer un cuartel; y aquél le conteste: que se haga un
cuartel nuevo. Se hace el cuartel nuevo y luego no hay proyecto, no hay
expediente, no hay



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presupuesto y los que vinieran detrás se podrían encontrar con algo
parecido con lo que nos hemos encontrado. Nada de esto se va a producir.

Efectivamente, queremos cumplir a rajatabla la legislación con respecto a
las contrataciones y, desde luego, olvidarnos del sistema usado y mal
usado de las adjudicaciones a dedo.

En definitiva, como decía al principio, presupuesto austero y riguroso
pero que creemos suficiente como para poder cumplir todos los objetivos
que nos hemos planteado en relación con la seguridad ciudadana.




El señor PRESIDIENTE: Señorías, la Presidencia tiene que insistir, aun
sabiendo que la insistencia va a tener un resultado de una eficacia
descriptible, en que el trámite es para preguntas y para respuestas. Hora
habrá para que los grupos discrepen y establezcan las pendencias normales
en la discusión presupuestaria en Comisión y en Pleno, y hora habrá para
que los representantes de la Administración señalen sus políticas en las
comparecencias que habitualmente tienen lugar en la Comisión.

El señor Meyer tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: Le agradezco su comparecencia y la aclaración que
ha hecho y creo que el trámite siguiente será presentar las enmiendas
correspondientes. Solamente quiero decirle que, después de la
comparecencia del secretario de Estado y del director general, yo creo
que los guardias civiles y los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía van a empezar a intentar detener por las calles a un señor que se
llama Maastricht, porque si todo esto es por el señor Maastricht, habrá
que empezar a poner: «Se busca vivo o muerto al señor Maastricht».

(Risas.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Simplemente quiero decir que yo espero que con esta política en el año
1998 encontremos al señor Maastricht.




El señor PRESIDENTE: Con esta intervención termina la comparecencia del
señor López Valdivielso.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE
CASTILLEJOS). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número
de expediente 212/000365) Y DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
(número de expediente 212/000261).




El señor PRESIDENTE: Comenzamos la comparecencia del Director General de
Instituciones Penitenciarias, que ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Procuraremos atender las razones de brevedad,
aunque tanto el programa 144A como el 144B nos merecen una especial
preocupación, sobre todo en una época en la que observamos también una
disminución presupuestaria, en especial en aspectos muy sensibles de lo
que podríamos denominar una política penitenciaria adecuada que ponga
especial énfasis en la resocialización del delincuente y que sobre todo
se adapte o acoja las innovaciones o servidumbres, consecuencias y
efectos que la vigencia de un nuevo Código Penal genera.

Ya sin más rodeos, voy a hacer algunas preguntas sobre la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. He observado que en los
presupuestos establecen ustedes unas mejoras de ratios entre medias de
internos y funcionarios, una disminución en los gastos de alimentación,
una disminución también de gastos en vestuario, e incluso establecen unas
mejoras que no acabo de ver salvo desde el voluntarismo, como son la
disminución de gastos de energía o la disminución de gastos de agua y
combustible, que más bien se aproximan a un voluntarismo que a una
realidad, salvo que pongamos en peligro la propia habitabilidad de los
centros penitenciarios.

Las preguntas que quería formularle, señor Director General, a quien
debido a la celeridad se me había olvidado agradecer su presencia y, por
tanto, darle la acogida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en
esta Comisión, son las siguientes. En primer lugar, ¿cuáles son las
inversiones en el plan de informatización que existía en los centros
penitenciarios? En segundo lugar, había un compromiso en materia de
inversión en el Instituto de Investigación y Museo Penitenciario de
Valencia, y me gustaría que me concretara esa previsión.

En cuanto a las inversiones reales, ¿cuántas plazas concertadas con la
sanidad pública se cubren? ¿Cuánto se va a destinar sobre todo a las
zonas de custodia de hospitales públicos? Porque nos ha parecido ver una
disminución en esta materia y es un tema que nos preocupa. ¿Podría
enviarnos --si no está en condiciones ahora de contestar, con enviárnoslo
nos damos por satisfechos-- las previsiones del plan de centros
presupuestados por la sociedad estatal? Ya sé que no entra en su
competencia, pero nos gustaría tener las previsiones del plan para los
ejercicios 1997 y siguientes.

Nos ha llamado mucho la atención la disminución de los gastos de
alimentación. Decía que hemos apreciado una ratio muy baja y la partida
de productos alimenticios decrece en instituciones penitenciarias un 5,8
por ciento, lo cual ya digo que es objeto de preocupación. También hemos
observado que disminuyen los conciertos de asistencia sanitaria. No
entendemos tampoco la razón de esa disminución cuando parece que es una
de las necesidades fundamentales a tener en cuenta.

Quisiera hacerle también una pregunta sobre las previsiones de oferta
pública de empleo, porque no acabamos de deducirla del programa 144A ni,
por supuesto, del 144B, pero sí somos conscientes de que, con la entrada
en vigor del Código Penal y a la vista de las previsiones en su día de la
famosa memoria económica que acompañaba al



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anteproyecto, el Código Penal genera una serie de necesidades derivadas
de la propia existencia de las penas menores, del arresto de fin de
semana, de la libertad condicional a prueba. Esto generaba una dinámica,
por ejemplo, de cursos de formación, y la pregunta en esta materia es qué
previsiones de adaptación tienen en relación a algunos centros de
inserción social, porque ya sabemos que la red construida, en general, ya
había hecho previsiones del Código Penal, pero el número de reclusos
posibles que tengan que ver con este tipo de disminuciones de penas o con
esta modalidad de penas deducida del nuevo sistema del Código Penal puede
obligar también a algunas adaptaciones dentro de los centros de inserción
social, y me gustaría saber qué previsiones hay en esta materia.

En cuanto a los medios personales --volviendo a la oferta pública de
empleo--, la acción formativa tiene efectivamente una especial
importancia y también unas consecuencias económicas a la vista del nuevo
Código Penal, ya no tanto en lo referido al personal como al material
--material didáctico, alquileres, coste de personal--. En este sentido,
tampoco apreciamos magnitudes que prevean una adaptación a las nuevas
necesidades que genera el Código Penal. Es más, entendemos que es preciso
aumentar las RPT de centros penitenciarios ante el aumento de funciones
de los trabajadores sociales para plazas destinadas a los equipos de
observación y tratamiento y a las oficinas de régimen para mejor control
de la propia actividad penitenciaria y en la tramitación de expedientes
relacionados con los propios juzgados de menores. Todo lo relativo a
equipos de observación y tratamiento, oficinas de régimen, trabajadores
sociales, tanto para trabajos internos como externos --en este caso
cobran especial importancia los externos--, y personal cualificado
--psicólogos, médicos-- son necesidades objetivas que se deducen, ya
digo, no sólo de la entrada en vigor del Código Penal, sino de las
previsiones que existían ya en la famosa memoria económica que acompañaba
al anteproyecto de Código Penal, y quisiera ver su ejecución porque no la
deduzco de los programas 144A y 144B, donde se produce, a nuestro juicio,
una disminución que va a hacer prácticamente imposible dar satisfacción a
estos objetivos y por supuesto cumplir, valga la redundancia, los
objetivos que se desprenden de la propia memoria de estos programas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Director General, bienvenido a esta
Comisión. La verdad es que le debo una visita, y en cualquier caso se la
voy a explicar ahora, a través de la crítica que le merece a nuestro
grupo el proyecto de presupuestos que se ha presentado para su dirección
general.

La verdad es que hemos estado estudiando el capítulo 1, gastos de
personal, y parece que hay un aumento de las cantidades que se destinan a
los funcionarios. Pero es un poco tramposo ese aumento porque los
funcionarios tienen congelados los sueldos desde hace bastante, no sólo
por este presupuesto, sino desde hace más tiempo. La partida de
1.459.427.000 es bastante discutible. Me gustaría saber si se ha llegado
a algún acuerdo con los sindicatos mayoritarios, porque ha habido
manifestaciones contrarias a las retribuciones que se les va a dar a los
funcionarios del área de vigilancia, que es para los que se destina esta
partida. Según tengo entendido, está complicado el asunto y no hay un
acuerdo para el pago de estas cantidades.

En el capítulo 2, en el que parece que se retoma la necesidad de volver a
los niveles del año 1994, ha habido una ampliación de presupuesto en los
dos últimos años sobre una cantidad destinada al pago de deuda, pero una
vez que se ha pagado, se vuelve a la misma cantidad de 1994, que, a su
vez, estaba congelada. Si es para bienes y servicios, como decía también
el compañero del Grupo Socialista, y se dedica a comida y a calefacción
de los presos, van a pasar bastante frío ya que se van a reducir las
horas de calefacción al mínimo. Espero que se tenga en cuenta el clima
para aumentar el gasto, ya que a mayor número de presos y menor dinero,
la calidad de vida en las cárceles, con la teoría del programa que
acompaña a estos presupuestos, es difícilmente compatible. Es muy bonito
lo que se pretende, pero cuando no hay dinero para pretenderlo, más vale
que lo reconozcamos o que hagamos un esfuerzo para saber que no aumentar
esas cantidades es ponernos en los niveles de 1994 y que en la vida
carcelaria va a repercutir en la comida y en las inversiones mínimas y
cotidianas que crean una peor calidad de vida.

Me ha sorprendido el dinero, que es muchísimo, que le damos a la
Conferencia Episcopal para ir a las cárceles. Dado que hay libertad
religiosa, me gustaría saber si hay acuerdo con otras confesiones, porque
ahora hay muchísimos evangelistas en las cárceles. Muchos drogadictos se
han hecho evangelistas, y no sé si salen ganando algo. En cualquier caso,
me gustaría saber si hay acuerdo con otras confesiones religiosas para
repartir estas partidas de ayuda presupuestaria. Me gustaría saber si hay
acuerdo con ellas.

No hemos visto en estos presupuestos, y el compañero del Grupo Popular
también lo apoyó, lo que en esta Cámara se aprobó el 21 de junio de 1996
por unanimidad, una moción en la que se instaba al Gobierno a realizar
una serie de cuestiones: plan de creación de plazas públicas de
deshabituación de drogodependientes, acuerdo con comunidades autónomas,
acuerdos con organizaciones no gubernamentales, habilitación de centros
con la dotación de la infraestructura necesaria en función de las medidas
de seguridad para el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad,
conversaciones con otras administraciones Públicas, que se han debido
quedar en conversaciones pero no en fijación presupuestaria. No hay ONG
para posibilitar durante el tiempo del cumplimiento de la pena la
realización de trabajos a beneficio de la comunidad, o para la
realización de programas formativos y culturales durante el cumplimiento
de la última parte de la condena y la libertad condicional. Todos han
sido acuerdos aprobados en esta Cámara por unanimidad. Y por lo menos la
Diputada que representa a este grupo no ve una financiación
presupuestaria suficiente para poder hacerlo.




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En cuanto a las inversiones para la reforma de todas las cárceles, que
ascienden a 871 millones, con eso no hay ni para empezar, no ya por las
necesidades que hay, sino porque las inversiones que hay que hacer para
emprender las reformas superan ya con mucho esa cantidad. Es verdad que
estamos todos ajustándonos al presupuesto, pero me temo que a quien más
se les va a ajustar va a ser a los presos, que seguirán haciendo chapuzas
por las cárceles, arreglando lo que pueden, sin recibir sueldos.

Resultando que, en vez de una reforma para mejorar las cárceles, lo que
se consiga es una explotación de los presos que, como sabe, no es que no
cobren el salario mínimo, sino que a veces tienen unos sueldos irrisorios
por la prestación de esos servicios, si es que llegan a tenerlo.

Veamos que se ha reducido el alquiler del edificio de Alcalá. Eso se hizo
por una revisión de contrato. Porque lo otro era descarado, renovándose
automáticamente desde hace diez años y con unas precios que ya no estaban
ni en el mercado. Me gustaría saber si se ha hecho alguna gestión para
intentar utilizar locales públicos y no seguir pagando 553 millones por
alquilar a un privado, cantidad que yo creo excesiva. Podían utilizar
alguno de los que son propiedad del Estado y así evitamos que se caigan
algunas de las propiedades. Me gustaría que me dijera si se ha hecho
alguna gestión al respecto.

En cuanto a la asistencia al personal y asistencia a los reclusos
recogida en el capítulo 144E del presupuesto, es verdad que se quiere
hablar por un lado de los planes de ayuda al recluso, de una mayor
vinculación de la familia, y sin embargo se reduce una partida
fundamental, 25 millones, en la asistencia a enfermos de sida y a sus
familias. A las personas más deterioradas en la prisión se les suprimen
casi 25 millones de una partida que nos parece importante, Nos gustaría
que nos informara si se ha llegado a un acuerdo con la orden de San Juan
de Dios, a la cual hemos dado --digo hemos dado, aunque yo no le he dado
nada-- una cantidad de los presupuestos del Estado para la reforma de sus
locales y luego hay un convenio por el que se les paga 16.000 pesetas/día
por cada enfermo que acogen, que es un precio de mercado carísimo. Es
decir, les arreglamos los centros, les rehabilitamos las instalaciones,
les mandamos los enfermos, no nos descuentan lo que les damos y encima
nos cobran 16.000 pesetas diarias y aguantamos eliminar una partida de 25
millones que teníamos en las cárceles. Nos parece una contradicción muy
peligrosa que se supriman 25 millones casi en su totalidad destinados a
la parte más deteriorada de la vida penitenciaria. Nos gustaría que nos
lo explicara.

Decía que iba a haber más calidad de asistencia social en las cárceles en
función del número de presos. En primer lugar, estamos viendo que la
oferta laboral de empleo está congelada; segundo, que un asistente social
se da de baja por jubilación o por lo que sea, y no se sustituye nunca.

Van disminuyendo y al mismo tiempo va aumentando el número de presos. La
relación de calidad entre asistentes sociales, cuando no se cubren las
vacantes, y el número de presos no va a ser en el sentido que se explica
en el proyecto de presupuestos. Era intención, por lo menos así lo hemos
entendido en otros momentos, ir funcionarizando a estos profesionales
relacionados con las cárceles. Pero es difícil, porque funcionarizarlos
exigiría un aumento en su propio salario que no está previsto, sino que
más bien se tiende a la reducción o a la congelación, con lo cual no
creemos que se pueda aumentar la calidad del servicio que se quiere dar,
ni por el número ni por la valoración que se da a este tipo de
profesionales.

En cuanto a la creación de los talleres, hay una partida de 77 millones
para reforma, creación, etcétera. Me gustaría saber qué proyectos de
nuevos talleres de trabajo se pueden hacer con 77 millones, porque no sé
si dan ni para la pintura de los que ya existen y para alguna maquinaria
que no sea un poco anticuada. No comprendo cómo se van a crear nuevos
centros de trabajo con este presupuesto.

Otra parte de sus competencias es el problema de la SIEP, la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. En la moción se acordó
que se iba a volver a cuestionar el plan de construcción de grandes
centros. No sabemos quién lo va a cuestionar ni cómo se va a hacer. ¿Qué
pasa con el centro penitenciario, por ejemplo, de Zuera, donde querían
llevar a los viejecitos? Ahora los viejecitos dicen que la tercera edad
no quieren ir a una cárcel de máxima seguridad. Resulta que ahora nadie
quiere ir allí, el centro está hecho, pero no hay ni presos ni
funcionarios. Queremos saber si se va a seguir con esa política de
construcción de centros, porque eso es lo que tenemos que decir. Esa
sociedad está recibiendo en los últimos cinco años más de cien mil
millones de de pesetas del Estado. Luego hacen sus cuentas y se reducen y
al final se dice que se iban a financiar con la venta de los locales que
tenemos. No se han enajenado más allá de 6.000 ó 7.000 millones en este
tiempo, con lo cual la aportación que esa sociedad ha hecho al Estado no
ha sido generada con la venta de los propios locales. ¿Quién va a
financiar esos nuevos centros? ¿Qué va a pasar con Dueñas, con Granada,
con León, con Aranjuez? ¿Van a seguir adelante? ¿Están adjudicadas las
obras? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo vamos a cuestionar esa política de
grandes centros y cómo vamos a habilitar otros centros pequeños para dar
cumplimiento a la reforma del Código Penal? No lo hemos visto en los
presupuestos y, al menos, nos gustaría mostrarle nuestra preocupación y
pedir que, si puede, nos responda algo sobre ello; si no, en los trámites
de enmienda intentaremos dar la batalla en las cosas que nos parece
mejoran, tanto la calidad de vida de los funcionarios y de los presos
como de las personas que en la sociedad deben estar a su servicio, porque
ni una sola de las partidas ha generado contrato con organizaciones no
gubernamentales, con administraciones autónomas, etcétera, que esté
reflejado en transferencias o en algo en estos presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, agradecer,
en primer lugar, la oportunidad que se me dispensa de poder explicar los
programas que gestiona la dirección general de



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que soy titular, y en aras a la brevedad solicitada por el Presidente, y
porque también urge un poco la hora, me voy a limitar a contestar
taxativamente algunas de las cuestiones que se me han planteado, dejando
lógicamente abierta la posibilidad de transmitirles información escrita
sobre lo que consideren que no ha quedado suficientemente claro.

En cuanto a la primera pregunta, sobre las inversiones en el sistema
informático, aparecen 100 millones en la partida presupuestaria destinada
al efecto. Lógicamente no es todo lo que nosotros necesitaríamos, pero
creo que nos va a permitir mantener el ritmo para sustituir el actual
sistema en cursos penitenciarios, claramente obsoleto, por un nuevo
sistema que ya está diseñado y que con esta cantidad podríamos
implantarlo con la periodicidad que exige, de una parte su concepción, ya
que básicamente está pensado para grandes centros, para lo que nosotros
llamamos centros tipo, y conectarlo también con una red más eficiente en
los servicios centrales.

Respecto a la segunda pregunta, las inversiones del museo penitenciario,
diré que es un compromiso que nosotros no vamos a asumir. Entendemos que
la ubicación en el antiguo centro de Valencia no es idónea para un centro
de estudios, y existiendo el compromiso de crear un centro de formación,
como ha hecho referencia la Diputada Cristina Almedia, en la moción
asumida por el ministro y por todos los grupos parlamentarios, ese centro
de formación no se ubicaría en el antiguo centro de Valencia.

Respecto a las previsiones del plan de amortización, diré que este plan
es del año 1991 y lógicamente no pueden imputarse a esta Administración
algunas de sus carencias más sensibles, como es la ubicación, es decir,
elegir asentamientos en la zona de Castilla y León, donde la tasa de
criminalidad es muy baja y cuya utilización eficiente va a requerir
desplazar internos de los lugares de donde son naturales a los lugares
donde vamos a disponer de la infraestructura. Por otra parte, creo que es
absolutamente evidente que en un presupuesto, con las limitaciones del
que tenemos, no podemos despreciar el coste de los centros ya construidos
o de los ya comprometidos. En cualquier caso, cada centro viene a costar
unos 8.000 millones de pesetas y creo que replantearse el plan de
amortización es urgente, es otro de los compromisos asumidos por el
ministro, pero lógicamente intentando rentabilizar de alguna manera las
inversiones que ya se han realizado.

Respecto a la alimentación, hay un principio del que yo discrepo y que
quizá he dado a entender en qué medida las limitaciones presupuestarias
nos van a permitir cumplir, incluso con mejor calidad de la que veníamos
manteniendo hasta ahora, y es la reducción que se está produciendo en el
número de internos. El año pasado por estas fechas había en nuestros
centros penitenciarios --me refiero a los que gestiona la dirección
general de la que yo soy titular-- 3.500 internos más; sólo desde marzo
de este año hemos reducido 2.900 internos netos. Esto, evidentemente,
permite redistribuir la misma cantidad entre los internos que en este
momento tenemos y así mejorar sus condiciones alimenticias. Hay que hacer
referencia a una orden ministerial que fija concretamente, creo, en 480
pesetas la cantidad --habría que modificarla--, dándose así la paradoja
de que siendo una partida restringida, digamos muy aquilatada, para
cubrir las necesidades alimentarias de una persona, se puede llegar a
devolver parte de esta cantidad cuando disminuye el número de internos de
un centro. Esta paradoja entiendo que admite una solución fácil ampliando
esa cantidad por racionado, lo cual, si se mantiene la tendencia que se
atisba con la disminución del número de internos, significa que
estaríamos en condiciones de mejorar, como digo, con el mismo presupuesto
la calidad de la alimentación.

Respecto a los conciertos de asistencia sanitaria, nosotros estamos
replanteándonos un mecanismo de financiación que entendemos duplica la
contraprestación de la Administración a los servicios sanitarios; de una
parte, se retribuyen a través de lo que puedan ser los convenios que en
algunos casos pagan la prestación sanitaria por acto realizado, y en
otros se ha llegado a una situación de pago a tanto alzado. Creemos que
el recluso, como ciudadano, merece la atención sanitaria universal y, por
tanto, las conversaciones con las autoridades sanitarias van encaminadas
a que pueda recibirse una contraprestación más económica porque se
retribuye, entendemos, por una doble vía.

En cuanto a la oferta de empleo público para el próximo año, diré que se
van a convocar 25 puestos de facultativos sanitarios, 30 de ayudantes
técnicos sanitarios y 550 de funcionarios del cuerpo de ayudantes. Quiero
decir con eso que en una situación restrictiva también se muestra la
sensibilidad del Gobierno hacia la Administración penitenciaria.

En cuanto a la memoria económica y a las previsiones de adaptación de que
habla el señor Cuesta, en la moción tantas veces citada se asume el
compromiso del Gobierno de realizar una readaptación del plan de
infraestructuras antes de finales de año. Estamos trabajando en este plan
de infraestructuras que, lógicamente, tendrá que ser puesto después en
marcha por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, pero básicamente puedo adelantar que en relación a la
infraestructura necesaria para dar cobertura a las nuevas penas que fija
el Código Penal, estamos rediseñando el departamento de ingresos, la
planta superior, para que dé satisfacción a los arrestos de fin de
semana, manteniendo esta separación que la ley exige. De otra parte, una
circunstancia que no puedo adelantar porque estamos sopesando su coste
económico, la no construcción de uno o dos grandes centros --hemos de
revisar cuáles de ellos tendremos que hacer--, y generar un modelo de
centro de inserción social más pequeño que pudiéramos ubicar próximo a
las ciudades donde realmente los internos tienen arraigo profesional y
donde creo que se cumplen de forma más evidente las finalidades o la
potencialidad que la sociedad espera y demanda de las nuevas penas que
contempla el Código Penal.

A los medios personales ya he hecho referencia, quizá un poco arrebatada
en aras a la brevedad que demandaba el señor Presidente. Las relaciones
de puesto de trabajo de los asistentes sociales creo que no sólo pasan
por un redimensionamiento de efectivos, sino, lógicamente, por un cambio
de modelo impulsado quizá con la idea de traer los asistentes sociales a
los centros de trabajo. En este momento,



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la gerente del Organismo autónomo trabajo y prestaciones penitenciarias
ya ha realizado no sólo contactos con nuestros profesionales y sus
representantes sindicales, sino un cambio de la normativa menor, de las
circulares que disciplinaban esa fórmula, tendentes a que los asistentes
sociales cumplan otra función, tanto de ayuda o de mejora de la
información de los liberados condicionales como también superar las
disfunciones que ha producido la aplicación del nuevo reglamento
penitenciario, en materia de transmisión de esa información a los órganos
colegiados. Evidentemente, eso supondrá la necesaria ponderación de esas
disfunciones a fin de que una eventual reforma no genere también más
distorsiones de las que se producen en este momento.

En cuanto al régimen del personal cualificado en las oficinas, no creo
que exista una disminución en términos reales de estos profesionales y en
relación a la formación, recientemente han realizado una labor
encomiable, al amparo de la disposición transitoria tercera del nuevo
Código Penal, revisando las sentencias de los penados. Discrepando
respetuosamente de la Diputada señora Almeida, creemos que se ha hecho un
esfuerzo formativo, con el cual no nos sentimos satisfechos pero en el
cual debemos ahondar.

En cuanto a los llamados protocolos económicos en torno a esa
distribución de los 1.427 millones de pesetas y las disfunciones que su
reparto está generando en un principio vinculados a un plan de empleo,
como bien sabe, plan de empleo que tuvo una muerte dulce por
imposibilidad de financiación y que ha requerido un esfuerzo de la actual
Administración por poner encima de la mesa, en definitiva hacer viable
una situación que había generado gran expectación en el colectivo
penitenciario, yo podría adelantarle la firma de la distribución pactada
por tres sindicatos representativos, un preproyecto de distribución, y no
sé si pecaré de ingenuo pero anoche, a última hora, me dijeron que van a
secundar este reparto quizá los otros dos llamados sindicatos de clase.

Igual que en el primer caso puedo afirmar que ellos comprometieron su
firma, en el segundo caso lo dejaron para que fuera estudiado por sus
ejecutivas.

Respecto al capítulo 2 y al problema de la alimentación, insisto en que
además de esa disminución del número de internos, nosotros vamos a
abordar unos mecanismos de gestión, eliminando el servicio de catering.

Entendemos que prácticamente duplican el gasto de cada plaza
penitenciaria y queremos que sea el Organismo autónomo trabajo y
prestaciones penitenciarias el que, reconduciendo o asumiendo como
empresario las cocinas de los centros, pueda dar trabajo remunerado a un
número de internos y, de otra parte, mejorar la calidad del racionado.

Estamos convencidos que el catering no es una solución idónea en el medio
penitenciario.

Respecto a la Conferencia Episcopal, ha disminuido la asignación en 45
millones de pesetas. No estoy en condiciones de afirmar si existe acuerdo
con otras confesiones religiosas, lo miraré, y si tiene interés la señora
Diputada se lo haré llegar. No obstante, sí he de decirle que,
lógicamente, la libertad de culto también se respeta en prisiones.

En cuanto a la moción a que ha hecho referencia, creo que sí se han
impulsado los acuerdos más significativos, básicamente los de integración
del personal docente; se han realizado ya conversaciones, que yo
calificaría de avanzadas, con el Ministerio de Educación y Cultura.

Respecto a la expresión de explotación del colectivo de reclusos en
materia laboral, de la cual discrepo respetuosamente, quiero decirle que
estamos impulsando de una vez por todas un mecanismo que convierta el
derecho a la Seguridad Social en un derecho tangible y subjetivo frente a
las fórmulas que hasta ahora se habían seguido. Esperamos encontrar en
ese sentido, y a muy corto plazo, una solución que garantice la fórmula
de pagar la Seguridad Social de los reclusos trabajadores.

Sobre el edificio de Alcalá y a su coste, me va a permitir que no asuma
la responsabilidad de su firma. Es un contrato que tiene un blindaje
específico, quiero llamarle, y a nadie se les escapa la dificultad de
incumplirlo, por decirlo de alguna forma.

En cuanto a los enfermos de sida, efectivamente yo creo que la solución
que nos va a permitir legalmente hacer más viable un tratamiento digno y
adecuado es la excarcelación en los supuestos que sea posible. Considero
que una aplicación más generosa de la libertad condicional es mejor
solución y yo creo que en ese sentido se va a impulsar, evidentemente, la
actuación de los equipos. Ultimamente hay una resolución, como bien
conoce, del Tribunal Supremo que admite una interpretación más generosa
del concepto de enfermedad incurable. Efectivamente, existe un acuerdo
con San Juan de Dios, en el cual se retribuye con 16.000 pesetas por
interno y día, y creo que hubo una cantidad en torno a 90 millones de
pesetas para adecuar el centro en el que se iba a realizar esta
prestación. No está limitado a personas que se encuentran en fase
terminal sino que precisan una asistencia concreta.

También debo reconocer que, siendo una excepcionalidad, no se me imputa
la responsabilidad de su firma, en el supuesto que se estime excesivo. Sí
debo reconocer que yo considero absolutamente prioritario llegar a
acuerdos para hacer frente a las personas que no tienen una alternativa
familiar en la excarcelación y que, lógicamente, merecen una atención
institucional. Si es o no caro, yo entiendo que es necesario.

En cuanto a los talleres, que hace referencia a la limitación, por
concretar ya, recordarle también que el mecanismo de SIEP, que no
tensiona nuestro presupuesto por llamarlo de alguna forma, nos permite
hacer frente a la construcción de los centros y también a la
incorporación de los talleres en los mismos. Yo creo que es una situación
que, lejos de ser la deseable en un momento de coyuntura, como parte de
nuestra infraestructura es nueva y porque la parte más antigua, digamos,
pierde o es digerida por el sistema como forma de financiación de los
centros nuevos, requiere menos mantenimiento un centro nuevo que un
centro viejo, por razones obvias. En ese sentido, espero que podamos
pasar el año razonablemente bien.

Sobre cuestionar el centro de Zuera en este momento, de lo único que se
trata es de no hacer ningún pronunciamiento



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definitivo; lo que nosotros hemos dicho cuando se nos ha preguntado por
esto es que SIEP, como sociedad instrumental, es la que realmente vigila
las obras del centro y todavía no lo ha entregado a la Administración
pública que, por tanto, no lo ha recepcionado; especular sobre un destino
diferente me parece también alimentar una polémica muy artificial.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Sólo para disipar un dato, por volver al tema
de alimentación en los objetivos indicados de seguimiento presupuestario,
la cantidad de alimentación disminuye con independencia de la previsión
media de internos. Es más, la media de internos la sitúan para 1997 en
39.000, frente a una media de internos, en 1996, de 38.532; es decir
disminuye la dotación y aumenta la media de internos con lo cual la
preocupación sigue siendo cierta y no conecta con las previsiones que
acabamos de escuchar del director general. Sin perjuicio de eso, tomamos
buena nota de la falta de dotación de una serie de temas, como el plan
informático. Dentro de los temas informáticos hemos apreciado buena
voluntad, pero en el fondo hemos deducido que no es una cantidad
suficiente, tal como se diseña en los presupuestos, y seguimos sin ver de
las propias magnitudes que se barajan las previsiones y necesidades
derivadas de la aplicación del Código Penal, incluso dentro de la oferta
de empleo público y aun felicitándonos porque exista esta oferta y
existan esas previsiones, ya veremos si se cumplen, creemos que sigue
siendo deficiente, sobre todo en lo referente a personal cualificado,
asistencia social, etcétera.




El señor PRESIDENTE: La señora Almeida tiene la palabra.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias también por la respuesta.

En ningún caso, las polémicas que se han suscitado son ficticias. Yo no
tengo ningún deseo de saber si los viejecitos van a ir a Zuera, me entero
por lo que dice la prensa, pues yo no estoy en Zuera y todavía no tengo
la edad de los viejecitos. Es verdad que hay dudas razonables sobre la
utilización del centro cuando además ese centro ha sido cuestionado de
muy diversas maneras por lo que usted ha dicho, que yo también comparto:
que la política de macrocentros va contra la Ley General Penitenciaria y
contra el reglamento penitenciario, porque se están haciendo allí donde
hay menos protestas, en las zonas donde además hay menos delincuencia,
con lo cual el acercamiento de los presos a sus ciudades no se cumple. Lo
que se hace es concentrar en unos sitios, incluso sin afinidad a su
propia vida, con lo cual no se puede cumplir el nivel de reinserción.

Esperamos que se creen las infraestructuras necesarias que demanda el
Código Penal cerca de las ciudades. Cuando hemos dicho que la moción no
se ve es porque no hay ninguna transferencia de capital en los acuerdos
que nos habían dicho que se estaban efectuando con las comunidades
autónomas o con organizaciones no gubernamentales, para poder llegar a
esos acuerdos de cumplimiento de las penas exteriores. Tendría que haber
transferencias para las necesidades que les puedan surgir, no hemos visto
ninguna y por eso hemos pensado en este tipo de situaciones.

De todas maneras, a estas alturas tampoco vamos a consumir las
discrepancias que tengamos sobre la política penitenciaria, que siempre
girarán en torno a mejorar la calidad de una institución que consideramos
básica y fundamental.

Quiero aclarar, para que no quede ningún átomo de duda, que cuando he
hablado de la funcionarización de las asistentes sociales en absoluto he
querido decir que no hayan tenido un esfuerzo comprometido; al revés, que
ese esfuerzo no se ve recompensado por el proyecto de dignificar más el
cargo, no sólo a nivel de buenas palabras, sino de cualificar sus
funciones y establecer unos salarios que no están previstos en la
reducción de gastos existente. Eso es lo que pretendíamos hacer. También
compartimos que aunque haya menos presos no significa que no tengan la
misma calefacción. Lo que sucederá es que a lo mejor hará más frío,
porque estarán un poco más sueltos. Es decir, quizás ahora lleguen a
estar más separaditos, lo que no quiere decir que los gastos corrientes
no vayan a ser lo mismo porque van por centros, por horas, por
calefacción, por agua, por luz, por una serie de necesidades que yo creo
no quedan cubiertas en absoluto y quedan disminuidas por la reducción que
se efectúa.

En cualquier caso, tiempo habrá de que nos veamos y de que intentemos
trabajar de forma unitaria, como en la moción que debatimos, porque
creemos que el problema penitenciario es de toda la sociedad y no
solamente del Gobierno. De todas formas, siempre que un Gobierno tiene
que emprender alguna acción, recibe las críticas que estimamos oportunas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Yuste.




El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): Unicamente deseo hacer referencia a que los datos de
confusión respecto a las ratios que yo he podido dar vengan de la propia
memoria, que cifra como media 39.000 internos. Efectivamente, no hay
39.000 internos, ésa es una media que ha distorsionado la importante
disminución que se está produciendo en estos momentos y quizás eso ha
llevado a la duda.

Efectivamente, tenemos un convenio con la Federación de Municipios y
Provincias, que creo que se va a firmar a finales de este mes, y que,
respecto al trabajo en beneficio de la comunidad, permite una serie muy
interesante de alternativas en cuanto al calor humano que puede perderse
con la ausencia de masificación en los centros. Como director general,
entiendo que podríamos fácilmente reconvertirlo en una atención más
directa a nuestros profesionales.

Gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.




--DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(ROBLES OROZCO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000366.)



El señor PRESIDENTE: Comienza la comparecencia del Delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre la Droga.

La comparecencia del delegado nacional ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra el señor
Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Señor delegado, muchas gracias por su presencia,
aunque éste no sea el terreno habitual de encuentro entre la delegación
del Gobierno y los grupos parlamentarios para hablar de cosas del plan.

En primer lugar, quisiéramos confirmar que la posibilidad de medidas
alternativas a la prisión para el tratamiento de los drogodependientes
está recogida en los presupuestos, suponemos que en el concepto 456 con
400 millones de pesetas. Esperamos que así nos lo afirme y, en ese caso
nos parece magnífico que sea así, siempre que se produzca una adecuada
distribución territorial de forma que se atienda a todo el territorio.

Quisiera expresarle una preocupación que espero quede disipada en su
respuesta acerca del programa 222.C, de actuaciones policiales en materia
de drogodependencia. Como bien sabe, ese programa se gestiona por tres
direcciones generales deferentes o por tres organismos diferentes dentro
del Ministerio del Interior: la Dirección General de Policía aumenta
aproximadamente el 3 por ciento su participación en ese programa; la
Dirección General de la Guardia Civil aumenta en más del 8,5 por ciento,
cerca del 9 por ciento; mientras que la Delegación del Gobierno del Plan
disminuye su participación en ese programa. Tememos que se produzca una
disminución de la capacidad de coordinación del delegado del Gobierno en
actuación policial en materia de drogodependencia.

En general, sorprenden las reducciones importantes que se producen en el
capítulo 2 tanto en el programa 222.C, de actuaciones policiales en
materia de drogodependencias, como en el 313.G, el propio Plan Nacional
sobre Drogas. Son reducciones sin duda espectaculares, en el programa
222.C prácticamente queda reducido a la mitad el capítulo 2, y en el
313.G, se produce una disminución de más del 25 por ciento. Nos gustaría
oír del señor delegado que pese a esas reducciones la eficacia de los
servicios que se prestan no disminuyen y que ese nivel de eficacia se va
a mantener de forma similar al que ha habido hasta ahora e incluso, si es
posible, mejorarlo.

Nos congratulamos, señor delegado, de las reiteradas referencias que se
hacen en los presupuestos de su organismo a la Ley 36/1995, la Ley del
fondo, y aunque figure con un simbólico millón de pesetas que supongo
sirve para abrir la vía presupuestaria, debo entender que son créditos
ampliables y estarán en función de los ingresos que se produzcan a través
de la aplicación de la Ley del fondo.

Un último comentario al que me gustaría respondiera es que en la
descripción de los programas, que por cierto, es muy similar al de otros
años (con lo cual se tiene la idea de que la política sobre drogas es una
política consensuada y creo se reafirma con esta descripción que se hace
desde el Gobierno) desearía me precisara, porque no acabo de entenderlo
bien, pues entre los objetivos e indicadores de seguimiento en el primer
objetivo, coordinación y cooperación institucional en todos los aspectos
relativos a las drogodependencias, hay una lista de indicadores que está
en las páginas 201 y 202 del libro, uno de los indicadores es:
subvenciones para programas derivados de la aplicación de la Ley 36/1995,
donde se presupuestan 19 subvenciones. Un poco más adelante, con el
indicador número 15, hay un título similar o igual: subvenciones
programas derivados a aplicación de la Ley 36/1995 donde sólo figura una
actividad presupuestada. No sé bien si se trata de conceptos distintos si
son subvenciones que se diferencian de algún modo y, por tanto, las
actividades presupuestadas son diferentes, en un caso, 19 y en otra, una.

Antes hablaba de la reducción importante que se produce en el capítulo
II, y creo que, a veces, más importante que la cantidad de dinero que se
ponga es el uso que se haga de él.

No me resisto, señor delegado, a comentarle que --como sabe-- hay una
partida --la palabra debe ser concepto o subconcepto-- que figura como
publicidad y que se ha reducido un poco en relación al año pasado. Ahora
figuran 15.840.000 pesetas y si, al final, la publicidad o propaganda que
se hace es que en la contraportada de la revista que edita mensualmente
la Asociación Proyecto Hombre figure la foto del delegado del Gobierno,
creo que es una propaganda que poco contribuye a la lucha eficaz contra
la drogodependencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles
Orozco): En primer lugar, muchas gracias por haber tenido la amabilidad
de pedir la comparecencia, lo que me permite explicar, sin lugar a dudas,
las bondades del presupuesto, que las tiene y muchas.

Empezando en el mismo tono distendido y de humor que el señor Martinón ha
introducido, le diré que no está en mi ánimo el hacer ningún tipo de
control ni de censura sobre lo que las organizaciones no gubernamentales
quieren que figure en cada una de sus publicaciones, y, en ningún caso,
nosotros subvencionamos ese tipo de publicidad; como no hago censura
alguna en ningún otro tipo de publicación, en ningún tipo de medio,
prensa, en este país. Por tanto, las organizaciones no gubernamentales
publicarán en sus portadas lo que crean en ese momento que es de interés
para el sector al que se dirigen, y supongo que algún interés debe de
tener conocer cuáles son los planes del Gobierno en el Plan de Lucha
contra la Droga.




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Entrando en la materia que trae mi comparecencia hoy a la Cámara, que es
explicar los presupuestos, pasaré a señalar, en primer lugar, al señor
Martinón que la estructura de este programa, básicamente, se centra en
esos dos programas que usted ha mencionado, que son el 222C y el 313G,
que gestiona la delegación del Gobierno.

Usted ha formulado una pregunta, que yo le confirmo muy gustosamente, la
de que si ese epígrafe que figura para la rehabilitación de toxicómanos
está pensado para eso. Efectivamente, está pensado para eso; está pensado
para unirlo, junto con las anteriores preguntas que se han hecho, a
instituciones penitenciarias y dar cumplimiento a la posibilidad del
cumplimiento alternativo de penas, aunque sea una redundancia. Como verá,
es una preocupación del Gobierno y un compromiso que se adquirió en esta
Cámara para que el nuevo Código Penal no se quede en papel mojado, sino
que podamos hacer que muchos toxicómanos, con penas menores de dos años y
en una situación determinada, como marca la ley, puedan cumplir estas
penas alternativas. Así, en el concepto 4.5.6. hemos introducido un
aumento y hemos doblado la cantidad para poder destinarla a los programas
de penas alternativas. Por tanto, le confirmo que es así.

Usted hace una referencia al programa 222C, pero cuando se habla de
grandes reducciones conviene hacer una referencia a cuál es la cantidad
que figura en el programa. Como usted bien dice, el 222C es un programa
conjunto o gestionado por tres centros directivos: Policía, Guardia Civil
y la propia Delegación del Plan Nacional contra la Droga. En este
terreno, la delegación tiene este programa específicamente para la labor
de coordinación policial. Como usted bien conoce, existen dos gabinetes,
uno de evaluación y otro de coordinación. Uno de ellos está dirigido por
un coronel de la Guardia Civil y el otro por un comisario principal. Son
gabinetes mixtos, de Policía y de Guardia Civil, que no tienen la labor
de dirección de operaciones, sino la de coordinación de algunas
operaciones y de evaluación de determinadas situaciones. Por tanto, el
nuestro es un capítulo en personal y en bienes y servicios muchísimo más
reducido de lo que, lógicamente, es todo el aparato policial y de guardia
civil. Por tanto, a lo que usted se refiere como gran reducción, es,
exactamente a 1.700.000 pesetas de reducción en el programa 222C, que
comprende las dietas y la locomoción, como fruto de la reorganización de
esa plantilla ya que, como usted también conoce, señor Martinón, nunca
estuvo cubierta la plantilla de esos gabinetes porque realmente se
dimensionaron en una situación que, a nuestro juicio --y al juicio del
equipo anterior, por lo que se ve--, no es necesaria. Por tanto, hemos
dejado la plantilla en la situación que encontramos, porque es suficiente
para desarrollar las funciones para las que está, por lo que hay que
ajustar todo lo que significa el programa. Por consiguiente, toda la
reducción del programa 222C se refiere a 1.700.000 aproximadamente.

Respecto al capítulo 2, del programa 313G, que sí es un capítulo 2 más
importante, le diré que no es, como usted bien sabe, la parte más
relevante del Plan Nacional contra la Droga. El capítulo fundamental del
plan es el 4, sobre transferencias a comunidades autónomas, a
organizaciones no gubernamentales, que es donde realmente se ejecutan los
programas. Y le diré que el capítulo 4 permanece inalterable.

Con esto quiero manifestar la voluntad del Gobierno de mantener todos y
cada uno de los programas y de priorizar aquellos otros a los que nos
comprometimos, no solamente en la atención a penados para que puedan
cumplir penas alternativas, sino también, como supongo que usted habrá
tenido en cuenta, la creación de un nuevo programa, que se incluye en
este capítulo 4, que es un programa específico de prevención. Dotamos un
nuevo epígrafe para destinar programas específicos de prevención que,
como usted recordará, es otra de las prioridades de este Gobierno.

Por tanto, no hay una disminución en el plan nacional. Todo el programa
del plan nacional, como usted bien ve, disminuye un 1,6 por ciento, y
esto ocurre porque ha habido un decremento de altos cargos. Como usted
sabe, esto ha sucedido porque ha desaparecido la dirección general, han
desaparecido algunas subdirecciones y, en consecuencia, han desaparecido
algunos gastos derivados de esa situación.

Por consiguiente, sólo disminuye en la delegación del Gobierno en
aquellos gastos corrientes del capítulo 2 en algunos temas como
publicidad, estudios y programas. Creemos que podemos asumir
perfectamente esa reducción en un momento de dificultades cuando, por
otra parte, no ha habido ninguna reducción en el capítulo 4, que es
donde, de verdad, están los programas que tienen beneficiarios concretos.

En cuanto a la ley del fondo, es para mí una enorme satisfacción decirle
que, efectivamente, se contempla por primera vez la oportunidad real de
usar la ley del fondo, porque, como usted recordará, como son unos
presupuestos prorrogados los que hemos tenido este año, el único crédito
que figuraba como ampliable era el 2.2.7,II, que introducía enormes
dificultades a la hora de poder gestionar esa ley del fondo.

Por tanto, hemos introducido este concepto en esta nueva ley
presupuestaria, le hemos dado toda la viabilidad para que se haga posible
que reciban las ayudas los que marca como beneficiarios la ley del fondo,
es decir, Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía especial, las
organizaciones no gubernamentales, las comunidades autónomas, y, de
verdad, desde ese programa ampliable y no restringido por el artículo 70
de la Ley General Presupuestaria podamos dar cumplimiento a la ley del
fondo.

En cuanto al tema de la descripción del programa, que es la última
pregunta que usted me ha hecho, efectivamente, recoge lo que son
objetivos, y dice usted que son muy parecidos. Lógicamente tienen que ser
muy parecidos, porque ha habido un consenso creciente en esta Cámara
sobre los temas en los que teníamos que centrar la política contra la
droga, pero ser muy parecidos no significa que sean idénticos. Son
parecidos, no idénticos, porque hemos introducido, como le digo, nuevos
objetivos, como son los objetivos de prevención, como son los objetivos
de las penas alternativas, como son los programas de alto riesgo y como
es la prioridad en los programas de metadona,



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que eso figura como objetivo de alguna manera prioritarios.

Usted habla de que se encuentra con que hay diferentes epígrafes. Como le
he mencionado hace un momento, la ley del fondo establece diferentes
beneficiarios, es beneficiaria la propia delegación del Gobierno, son
beneficiarias las comunidades autónomas, lo son las organizaciones no
gubernamentales, son beneficiarios los Cuerpos de Seguridad del Estado,
lo es la Fiscalía especial de lucha contra la droga y, por tanto, cada
uno de ellos tienen programas distintos a los que probablemente
beneficiaremos desde la mesa de adjudicación de ese fondo que se crea por
esa ley, como usted bien conoce. Esto es lo que usted ha preguntado y
espero haber hecho lo posible por dar satisfacción a sus preguntas.




El señor PRESIDENTE: El señor Martinón tienen la palabra.




El señor MARTINON CEJAS: Señor Robles, muchísimas gracias por sus
explicaciones. Le felicito por lo manifestado sobre el concepto 4.5.6;
aunque esto no sea un turno de felicitaciones y el señor Presidente me
puede llamar la atención, permítame, señor Presidente, que aproveche la
ocasión para felicitarle.

Sobre el programa 222C quizá yo no fui capaz de explicarme con claridad,
o yo le he entendido mal o he tomado mal las notas. Yo creo que la
reducción no es de 1.700.000 pesetas; la reducción del dinero que maneja
la delegación del Gobierno en el programa 222C es de 37,6 millones de
pesetas, con una disminución del 18,36 por ciento. A mí no me preocupa
que algo disminuya. Yo creo que esas cosas no tienen mayor importancia,
siempre que no disminuya la eficacia de coordinación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado que le corresponde al delegado del
Gobierno en materia de drogodependencia. Esa es mi única obsesión.

Simplemente quise poner de manifiesto que esa reducción contrastaba con
el aumento importante de los otros dos centros directivos que tienen
competencias también en ese mismo programa. Por un lado, la Dirección
General de la Policía aumenta más del 3 por ciento, la Dirección de la
Guardia Civil aumenta en este programa cerca del 9 por ciento y, por
otro, disminuye el dinero que tiene asignado la delegación del Gobierno.

Magnífica reducción si no afecta a la coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Espero simplemente que no afecte a esa
coordinación.

Ha insistido mucho el señor Delegado en que el capítulo 4, dentro del
programa 313G, permanece inalterable. A efectos prácticos, sí; pero
acépteme que hay una reducción de 5.500.000 pesetas, que no tienen
importancia, por supuesto. Tampoco quise dársela. No entré a detallar por
capítulos el programa 313, pero ya que insiste tanto en que no ha sido
reducido, permítame que le precise que disminuye en 5.500.000 pesetas,
que no tiene mayor importancia si hablamos de 3.700 millones de pesetas.

El capítulo 1 aumenta en el programa 313, no disminuye. Aumenta un 1,4
por ciento. Sólo me limité en mi primera intervención a ponerle de
manifiesto que el capítulo 2 disminuía en más de un 25 por ciento y que
eso podía afectar al funcionamiento ordinario de los servicios. Veo que
no me ha respondido. En cualquier caso, para concluir, como tampoco me ha
respondido, en la página 201-202 de una cosa que se llama tomo VI,
Presupuesto por programas y memorias de objetivos, sección 16, Interior,
se habla de unos indicadores. Me parece que hay dos indicadores
repetidos, que son iguales, que tienen el mismo enunciado. En uno se
presupuestan 19 actividades. Es el que figura con el indicador número 6.

Hay otro indicador, que lleva el número 15, que habla de una actividad
presupuestada. Le preguntaba si esas distintas actividades corresponden a
ideas distintas, a conceptos distintos y si tendría la amabilidad de
explicármelo.




El señor PRESIDENTE: Señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Robles
Orozco): Brevemente.

Creo que el problema de los números que está manejando, señor Martinón,
es que usted se olvida de la no disponibilidad de créditos de diciembre
de 1995. Usted debía recordar que el anterior Gobierno en diciembre de
1995 promulgó un decreto de no disponibilidad que afectó muy
sustancialmente a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.

Hubo un célebre primer recorte, que usted recodará, de 1.500 millones de
pesetas y una no disponibilidad que afectó en 890 millones a la
delegación. Por tanto, está equivocándose en estos datos, porque se
olvida de manejar esas cifras. Si maneja el test de la no disponibilidad,
es decir, el presupuesto base del que partimos, se dará cuenta que el
programa 222C no disminuye en la cantidad que dice, sino que se reduce en
1.740.000 pesetas, exactamente, y le he dado la explicación del porqué.

Porque se ha decidido dejar a unas plantillas en esta situación y hay una
adaptación de todos los gastos. No sólo no disminuye la capacidad, sino
que, bien al contrario, en función del nuevo decreto de competencias de
cada uno de los centros directivos, sabe usted que aumentan sus
competencias coordinadas.

Esas son las funciones que hace ese gabinete, que nada tiene que ver con
el volumen del que usted hace referencia en cuanto a Policía y Guardia
Civil. En todo lo demás, en sentido numérico, le pasaba un poco lo mismo.

Usted ha hablado del capítulo 1, volviéndose a olvidar de la no
disponibilidad y así sucesivamente. Le recuerdo que debe manejar los
datos correctos, que son a partir de diciembre de 1995. Creo que está
suficientemente aclarado.

He dicho que no se modifica el capítulo 4. Comprenderá que no tiene
importancia la reducción de cinco millones de un capítulo de casi 3.700
millones de pesetas, que además no disminuye en el conjunto de la
delegación, porque lo que se ha hecho es un artificio contable que nos
permite abrir el crédito del capítulo 6 porque, por alguna circunstancia
todavía no muy clara, la anterior delegación decidió dejar a cero dicho
capítulo que se refiere a inversiones.




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Nosotros hemos creído conveniente abrir el capítulo 6 y dotarlo, aunque
fuera mínimamente, con esos cinco millones que quitamos del capítulo 4
para poder, en un momento determinado, disponer de ese concepto como
ampliable, a través precisamente de la ley de fondo, si fuera necesario
dotarlo con más cantidad.

Por lo tanto, ésa es la situación real. El conjunto de la delegación
disminuye un 1,5 por ciento, debido fundamentalmente a disminución en
gastos de personal, porque, como usted sabe muy bien, hay una reducción
de gastos de personal en la delegación, y también en el concepto capítulo
2, porque disminuimos temas que consideramos oportunos en publicidad, en
reuniones, en estudios técnicos, pero no disminuye ni una sola peseta en
todos aquellos programas que son de la delegación del Gobierno. La
capacidad de coordinación y la capacidad económica del programa 222C
permanece invariable.

Respecto a lo que menciona de que le he hecho una aclaración, vale la
aclaración, pero sucede que tiene razón, es decir, lo que hay es una
duplicidad: se ha puesto dos veces en el mismo cuadro, una de ellas con
un error, pero esto se refiere, como bien sabe, a los indicadores y
actividades, que tampoco afectan para nada al contenido de los programas;
hay una duplicidad en el mismo cuadro, donde el tema se repite dos veces.

Es un error de transcripción en el que se ha cometido un desliz numérico,
pero nada más, no tiene una constatación presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: Termina la intervención del señor Robles, Delegado
del Gobierno en el Plan de la Droga.

Levantamos la sesión, que reanudaremos a las cinco de la tarde.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA CREACION DEL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO DEL ESTADO.

PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO. (Número de expediente 161/000016.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión.

El primer punto de orden del día contiene una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, de la Diputada doña Pilar Rahola. Hemos tenido
una reunión informal la Mesa y los portavoces de la Comisión y hemos
decidido, dado que era la tercera ocasión en que por razones, por
supuesto atendibles de la Diputada proponente, no había podido verse en
la Comisión, que decaiga esta proposición, con independencia de que la
Diputada y su grupo la puedan plantear en el momento oportuno. (La señora
Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Para cuestión de orden. Simplemente
deseo señalar para que conste en el «Diario de Sesiones» que la portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto no está de acuerdo con la decisión de la
Mesa y portavoces de que decaiga la proposición. La portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto no tiene la misma opinión que el resto de los
portavoces.




El señor PRESIDENTE: Tampoco lo sé con mucha exactitud, pero me da la
impresión de que lo que hemos hecho es, simplemente, aplicar el
Reglamento. Incluso podríamos haber aplicado el Reglamento en ocasiones
anteriores, pero me ha parecido de elemental prudencia, dado el
previsible desarrollo de la sesión, consultarlo a los miembros de la Mesa
y a la Comisión. Lo que he hecho no es tanto apoyarme en el acuerdo,
porque lo que hace la Presidencia es aplicar el Reglamento, y yo creo que
aplicar el Reglamento con bastante manga ancha porque después de haber
olvidado aplicarlo en dos o tres ocasiones es un poco descansar en la
opinión de todos. Pero constará, porque constan sus manifestaciones, que
ésa es su posición.

En todo caso, que vea la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto que no
hay deseo de obstruir la iniciativa puesto que, en el momento que lo crea
oportuno y que sus tareas se lo permitan, la señora Rahola puede
replantear la proposición y, por supuesto, se la aceptaríamos
inmediatamente.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Como ha dicho que era con acuerdo de los
portavoces, y aunque entiendo que se está aplicando el Reglamento, deseo
que conste que ésa no ha sido la opinión del portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.




--SOBRE RECONOCIMIENTO DEL IDIOMA VALENCIANO EN LOS MODELOS BILINGÜES DE
DOCUMENTOS OFICIALES MERCANTILES. PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO. (Número
de expediente 161/000084.)



--SOBRE REVISION DE LOS PLANES DE AMORTIZACION Y CONSTRUCCION DE NUEVOS
CENTROS PENITENCIARIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000086.)



El señor PRESIDENTE: El punto siguiente es una proposición no de ley,
también del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Chiquillo Barber. Ha
presentado él mismo un escrito ante la Mesa, en el día de hoy, mediante
el cual retira la proposición no de ley.

El punto cuarto es una proposición no de ley del de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre amortización



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y construcción de nuevos centros penitenciarios en la Comunicad de las
Islas Baleares.

Tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente deseo que conste en el «Diario de Sesiones» que en este
trámite la miembra de esta Comisión, doña Cristina Almeida, es sustituida
por doña Presentación Urán González, en nombre de la cual pedimos la
palabra para la defensa de dicha proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.

Tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señorías, el plan de amortización y creación de
centros penitenciarios que, como ustedes ya saben ha sido bastante
criticado por IU, contempla además la construcción de una cárcel en
Mallorca, una cárcel que consideramos insuficiente para las necesidades
penitenciarias de las islas Baleares.

La proposición no de ley que estamos planteando se refiere a una cárcel
--después defenderé la autoenmienda que hemos hecho dado el tiempo
transcurrido--, una de las que hemos venido en llamar macrocárcel, que
rebasa en exceso las necesidades penitenciarias de lo que son en estos
momentos las islas Baleares.

Con los datos que disponemos de 1994, los reclusos que en ese momento
podían estar en la prisión de Palma de Mallorca no llegaban, contando los
preventivos, a los setecientos. Nosotros consideramos que no era
necesario que se hiciera este tipo de prisiones, pero también reconocemos
la situación por la que atraviesan los reclusos que en estos momentos
están en la cárcel de Palma de Mallorca; son unas condiciones bastante
infrahumanas puesto que, como estaba decidido construir la nueva prisión,
no se han hecho ni las más elementales misiones de mantenimiento.

Por lo tanto, nuestra proposición no de ley lo que viene a plantear es
que no se construya la cárcel de Palma de Mallorca y sí se adecuen todas
las instalaciones que se están utilizando en estos momentos en las islas
Baleares para el ingreso en prisión, tanto de preventivos como de
reclusos ya condenados. Y para ello, lo que establecemos en nuestra
iniciativa es, en primer lugar, que se remodele la actual prisión de
Palma de Mallorca mejorando las condiciones de habitabilidad y que se
transforme en un centro de régimen abierto.

Lo que seguimos solicitando en el segundo punto de nuestra proposición no
de ley es que el centro que se quiere construir se adecue a las
necesidades que realmente tienen las islas para la población reclusa, y
más teniendo en cuenta la aplicación de nuevo Código Penal y que, además,
se tengan en cuenta las nuevas modalidades de redención de penas que el
propio Código Penal establece.

Por último, solicitamos que, al mismo tiempo, se pueda adecuar el centro
de menores de Espinaret que en estos momentos está totalmente
infrautilizado, para que se pueda convertir en una prisión de mujeres
llevando a cabo las ampliaciones necesarias. Todo esto dentro de la misma
dotación presupuestaria que en estos momentos tiene la construcción de la
prisión de Palma de Mallorca.

Además, contemplamos también el mantenimiento del centro que hay en estos
momentos en Ibiza y consideramos que Menorca no necesita de ningún tipo
de centro penitenciario dada la baja población reclusa.

La autoenmienda que nos hemos planteado viene a adecuar en el tiempo la
proposición no de ley. Cuando nosotros presentamos esta proposición no de
ley, la construcción del centro de Palma de Mallorca estaba adjudicada y
en estos momentos está en construcción. Lo que solicitamos es la
paralización de las obras, si tenemos en cuenta, además, que el día 18 de
junio fue aprobada por unanimidad en esta Cámara una moción consecuencia
de una interpelación planteada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en la que, entre otros puntos, en el
segundo se dice: Que se habiliten los centros idóneos e infraestructuras
suficientes para la aplicación de las medidas de seguridad y de las penas
cortas privativas de libertad. Esta es una de las cosas que nosotros
estamos pidiendo en esta proposición no de ley. Además, se estaba
solicitando la revisión del plan de amortización y creación de nuevos
centros penitenciarios y consideramos que, en este caso concreto,
continuar con la construcción de la macrocárcel de Palma de Mallorca es
una situación que no beneficia en absoluto ni a la ciudad ni a la
población reclusa.

Por lo tanto, señorías, esperamos que vista la situación por la que
estamos atravesando así como por lo que nosotros mismos hemos aprobado
por unanimidad en el Plano de las Cortes, tengamos la sensatez suficiente
como para aprobar esta proposición no de ley, paralizar la construcción
de la macrocárcel de Palma de Mallorca y, realmente, tener centros
penitenciarios que vengan a satisfacer las necesidades de la población
reclusa que hay en estos momentos en las islas Baleares.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha planteado una
sola enmienda que, como ha indicado la señora Urán, es del propio Grupo
proponente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

¿Grupos que desean fijar posición en relación con esta proposición no de
ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez
Solano.




El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, la proposición no de ley a
debate es reproducción exacta de otras iniciativas presentadas en 1995 y
que decayeron por motivos que todos conocemos.

Como se diría en lenguaje forense, la proposición no de ley consta de
varios pedimentos: uno, la remodelación de la actual prisión de Palma de
Mallorca para transformarla en un centro de régimen abierto, según dicen
el texto inicial de proposición no de ley; otro que lo integra la
autoenmienda presentada por Izquierda Unida, que es la paralización de
las obras del nuevo centro y la incorporación al proyecto de obra de las
modificaciones que sean necesarias, etcétera. Otra petición es la
habilitación, de acuerdo



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con las comunidades autónomas del centro de menores Espinaret como cárcel
de mujeres, habilitándolo con esa naturaleza. En cuarto lugar, el
mantenimiento de la actual prisión de Ibiza.

Antes de empezar a razonar adelantamos que no compartimos ninguno de los
puntos de Izquierda Unida; que si fuera posible reglamentariamente --y en
ese sentido evacuamos la pertinente consulta-- presentaríamos una
enmienda de sustitución a los puntos 1, 2 y 3, que haremos llegar a la
Mesa si nos habilitan procedimentalmente el trámite.

Desgranando ya este propósito del Grupo Socialista de no compartir los
apartados mencionados, las razones argumentales que invocamos para pedir
el voto negativo es que, en materia de instituciones penitenciarias, la
pauta de actuación de los grupos la tiene que constituir la moción
consecuencia de interpelación, aprobada por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios que, a diferencia de la opinión que tiene la
Diputada de Izquierda Unida, no dice que este apartado unánimemente
aprobado pueda amparar o cobijar la petición de paralización de la cárcel
que se ha empezado a construir, sino que: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que proceda a una revisión del actual plan de
amortización y creación de nuevos centros, y del vigente modelo de
centros tipo a fin de establecer un mapa de infraestructuras
penitenciarias que se adecue a las previsiones de la Ley Orgánica 10/1995
y a las demandas inherentes al marco de legalidad que surge del
imperativo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución y la Ley
Orgánica General Penitenciaria.

El Grupo Socialista quiere ser coherente con la política penitenciaria
que ha desarrollado durante su dilatado mandato gubernamental y, en tal
sentido manifiesta que en junio de 1991 se aprobó un ambicioso plan de
amortización y creación de nuevos centros penitenciarios que tenía como
finalidad, entre otras, eliminar el déficit de plazas penitenciarias
existentes y racionalizar el coste de los centros; ajustar sus
estructuras y dimensiones demasiado atomizadas en los gastos de personal;
facilitar la habilitación de espacios comunes y utilizar el valor
patrimonial de los viejos centros finalidades todas ellas orientadas al
complimiento de la función rehabilitadora y resocializadora de la pena.

Los centros penitenciarios creados en aplicación de aquel plan de
amortización de 1991 reúnen --no es ocioso decirlo-- las siguientes
características: son centros que acogen, aproximadamente, a 950 reclusos
y son más idóneos --desde el punto de vista del Grupo Socialista, desde
la perspectiva del coste de mantenimiento y de seguridad-- que la
atomización y, a la vez, son compatibles con el cumplimiento de las
finalidades de la pena. Están distribuidos en 18 módulos, generalmente
aislados entre sí pero pudiendo utilizar espacios comunes. Están
homologados en su diseño y construcción, lo que abarata la construcción y
sus costos de mantenimiento y, sobre todo, lo que es más importante,
responden con más garantía a la realización de la función rehabilitadora
de la pena.

Expuestas estas líneas generales del plan de amortización y creación de
centros penitenciarios, en relación con el centro de Palma, el Grupo
Socialista tiene que expresar que figura en el plan de amortización de
centros, habida cuenta que es un centro pequeño y de estructura
anticuada, que el centro de nueva planta ya adjudicado y en fase de
construcción posee 950 plazas distribuidas en 18 módulos, que es mixto y,
por consiguiente, no es necesario habilitar una cárcel para mujeres, y
que dispone de una sección de régimen abierto, por lo que tampoco habría
que habilitar el centro de Espinaret para este fin. Todos estos elementos
cumplen con las finalidades concebidas en el plan de amortización y
creación de centros y así lo ha estimado la Unión Europea que lo declaró
de interés social.

Para finalizar, resumiendo la posición del Grupo Socialista, rechazamos
las peticiones que se formulan en la proposición no de ley y formulamos
reglamentariamente, si es posible, una enmienda de sustitución a los
apartados 1, 2 y 3, que entregaré a la Mesa por escrito. Y si no fuera
posible, anunciamos que votaremos en contra porque el centro que se está
construyendo cumple con las finalidades del plan de amortización de
plazas, va a disponer de una situación de régimen abierto y es suficiente
para dar satisfacción a las necesidades penitenciarias de Palma durante
mucho tiempo sin necesidad de recurrir a la utilización, como centro
penitenciario femenino, del centro de menores de Espinaret.

Compartimos, desde el punto de vista del ideario de la política
penitenciaria, la necesidad de actualizar, revisar y precisar el plan de
amortización y creación de centros de 1991 para adaptarlo a las
realidades presentes y a las realidades del nuevo sistema de penas del
Código Penal, en la línea de la moción unánimemente aprobada a
consecuencia de la interpelación formulada en concreto por Izquierda
Unida, en el sentido y con la intención de subsumir los puntos 1, 2 y 3.

Como se me han hecho gestos de aprobación desde la Mesa acerca de la
enmienda in voce, procedo a leer el texto para finalizar la intervención.

La enmienda in voce de sustitución dice: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a revisar y a actualizar el plan de amortización y
creación de centros penitenciarios de 1991, recogiendo su filosofía de
forma que se logre una mejora en el conjunto del sistema penitenciario
español, sin olvidar la adopción de las medidas y actuaciones necesarias
derivadas de la nueva legislación penal. Ese sería el texto literalmente
transcrito.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Solano, en relación con las enmiendas
que propone ahora el Grupo Parlamentario Socialista, la disposición de la
Presidencia es de aceptación, tal y como ha advertido el señor Diputado,
pero, para ello, tengo que resolver algunas cuestiones. Primero que, por
unanimidad, los grupos las acepten, dado que tendrían que haberse
presentado por escrito con una cierta antelación. Por tanto, los grupos
tendrían que aceptar por unanimidad el hecho de la presentación de su
enmienda.

Y en relación con el punto 2, al que había presentado una enmienda el
propio grupo proponente, el grupo proponente tendría que aceptar la
presentación de esta enmienda.




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Si se dan esas dos condiciones, y con independencia de que oigamos a la
representante del Grupo Popular, que ha pedido también la palabra, no
habría ningún problema en aceptar la presentación y someterla a votación.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente, no es, efectivamente,
la primera vez, como manifestaba hace un momento el representante del
Grupo Parlamentario Socialista, que Izquierda Unida presenta una
proposición no de ley de estas características. Lo hizo en dos ocasiones
en la anterior legislatura y, por diversas razones, no pudo ser objeto de
debate. ¿Qué es lo que pretende el grupo proponente con esta proposición
no de ley? Pues lo que pretende es instar al Gobierno para la revisión de
los planes de amortización y construcción de nuevos centros
penitenciarios en la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, mediante
la adopción de una serie de criterios que, en síntesis, son: la
remodelación de la actual prisión de Palma para transformarla en un
centro de régimen abierto; la construcción de un centro penitenciario que
se aleje del concepto de macrocárcel del actual proyecto y que cuente con
unas dimensiones más ajustadas a la población penitenciaria real, según
su opinión; la habilitación del centro de menores de Espinaret como
cárcel de mujeres, y el mantenimiento de la actual prisión de Ibiza.

De acuerdo con la exposición de motivos de la proposición no de ley, las
alternativas expuestas a modo de criterio por parte de Izquierda Unida
pretende evitar la construcción de la macrocárcel de la isla de Mallorca
que tiene capacidad para 950 internos, porque ellos consideran que estos
centros de gran tamaño que están situados fuera de los cascos urbanos,
provocan la segregación social de los internos en contradicción con las
funciones jurisdiccionales.

Nosotros, señorías, no estamos de acuerdo con esta postura. Nosotros
decimos que en muchos territorios los centros penitenciarios soportan un
elevado déficit de plazas, en relación al número de internos que
realmente albergan en la actualidad. ¿Eso qué implica? Pues implica la
necesidad de potenciar la política de creación de nuevos centros que sean
capaces no sólo de cubrir el déficit actual sino también el previsible
incremento estimable en el futuro de la población reclusa.

En el momento actual, la Administración penitenciaria cuenta con un gran
número de establecimientos que difícilmente cumplen, a pesar de las
cuantiosas inversiones que se han hecho en reformas, con los mínimos
exigibles. Esta falta de espacios comunes, de talleres, de escuelas
ubicadas en lugares impropios no son motivadores, por cierto; la
existencia de dormitorios colectivos, etcétera, son algo habitual en esos
centros que precisamente lo que hacen es dificultar la prestación de los
servicios que como oferta posibilitadora de la reeducación y reinserción
se demanda en la Constitución.

Nosotros creemos, señorías, que la actual proposición no de ley es
también extemporánea. Prueba de ello es la enmienda que el grupo
proponente ha presentado en este momento y si decimos que es extemporánea
es porque los terrenos de la cárcel de Palma han sido ocupados mediante
el procedimiento de expropiación de urgencia, que se encuentra en fase de
justiprecio; el acta de ocupación definitiva se formalizó el 25 de abril
de 1996; las obras de construcción del centro fueron adjudicadas a la
empresa Agromán el 30 de abril de 1996 por el consejo de administración
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Equipamientos
Penitenciarios, y el plazo de ejecución es de 16 meses, habiendo
comenzado ya las obras en el mes de mayo último. O sea, que entendemos
--aunque lógicamente no compartimos el sentido de la proposición no de
ley-- la presentación en este momento de la enmienda por parte de
Izquierda Unida porque, realmente, había quedado totalmente extemporáneo.

En cuanto al análisis concreto de los puntos que presentan en su
proposición no de ley, concretamente en el punto 1 Izquierda Unida
solicita la remodelación de la actual prisión de Palma mejorando al
máximo sus condiciones de habilitabilidad para transformarla en un centro
de régimen abierto. Nosotros no compartimos este criterio por cuanto el
estado actual del viejo centro penitenciario dificultaría enormemente una
remodelación del mismo. Es un centro viejo, húmedo y su rehabilitación
sería muy costosa, al igual que su mantenimiento, por lo que consideramos
que no sería rentable ni operativo.

En cuanto a la pretensión de transformarlo en un régimen abierto,
queremos puntualizar que, en la actualidad, Palma de Mallorca alberga a
65 internos en tercer grado y que esta demanda de plazas y aun otra
superior, no justificaría en ningún momento la utilización para estos
fines de un centro de una superficie de casi 11.000 metros cuadrados.

Pero es que, además, hay que resaltar que, en el proyecto de construcción
del nuevo centro, se han previsto unos 500 metros cuadrados para la
ubicación de un centro de inserción social situado extramuros del recinto
penitenciario y destinado a régimen abierto y arrestos de fin de semana.

Estas circunstancias hacen que la Administración penitenciaria no varíe
las previsiones que tiene sobre el viejo centro penitenciario cuyo
destino no es otro que el de su amortización para su incorporación a
SIEP, que es una sociedad anónima creada con motivo de la aprobación del
plan de amortización y de creación de centros penitenciarios, y lo que se
pretende es enajenarlo, con el fin de contribuir con los fondos que se
obtengan a la financiación de la construcción del nuevo centro.

En cuanto al punto 2, de la construcción, o en este caso con la enmienda
que acaban de presentar de la paralización de las obras del centro
penitenciario para adecuarlo a lo que según ellos debe tener unas
dimensiones más razonables que se ajusten a la población penitenciaria
real, queremos decir que nosotros creemos que las dimensiones y capacidad
del centro --que ya se está construyendo en Palma de Mallorca-- se ajusta
a las necesidades presentes y futuras de plazas penitenciarias porque se
plantea con una capacidad de unas 1.000 plazas funcionales. Al decir
funcionales queremos decir una celda por preso teniendo en cuenta que,
según la última estadística disponible, que es la de septiembre del 1996,
la población reclusa en el centro de Palma era de 639 internos.




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Hay otro dato para mí importante y es que, también según datos referidos
al 20 de junio de 1996 --y la fuente es los incursos penitenciarios--, un
total de 1.021 internos figuran como residentes en la comunidad autónoma.

De ellos, en esa fecha 537 estaban en el centro penitenciario de Palma de
Mallorca y 70 en Ibiza. El resto, es decir, 410 internos, estaban
albergados fuera de la Comunidad Autónoma de Baleares. Por eso nos llama
poderosamente la atención que Izquierda Unida no sea consciente de la
conveniencia de que los internos cumplan su condena sin que se produzca
el desarraigo de los núcleos familiar, laboral y educativo, sobre todo
teniendo en cuenta, señorías, que estamos hablando de unas islas por lo
que el desarraigo del preso, cuando no tiene cabida en los centros
penitenciarios de Baleares y hay que enviarle a otros centros del
territorio peninsular, produce un desarraigo mayor que no es equiparable
al que se podría producir en otra comunidad autónoma que formara
continuidad con el territorio peninsular. Pero en estas previsiones
también debemos tener en cuenta que Baleares es una zona turística
importante y que el movimiento de viajeros que se produce es bastante
considerable, con la consiguiente repercusión en el incremento de la
delincuencia.

En cuanto a lo que dicen respecto a que no tiene sentido hacer esa
macrocárcel, nosotros queremos señalar que la masificación que existe en
ese centro penitenciario de Mallorca tiene un índice de sobreocupación
del 182,83 por ciento y esto ha sido reiteradamente denunciado por el
Defensor del Pueblo. Obra en mi poder un escrito del 12 de febrero del
1996 dirigido a la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, en el
que, con motivo de una visita de inspección realizada por la Oficina del
Defensor del Pueblo se hacía mención a que no reunía las condiciones
mínimas, que se albergaba en dormitorios colectivos a 20 y 25 personas
para las que no existía más que un aseo... En fin, creemos que las
manifestaciones que con motivo de la inspección se hacían, eran lo
suficientemente graves e importantes como para pensar en la creación de
un nuevo centro que pudiera suplir estas enormes deficiencias.

Queremos también decir que, por desgracia --y digo por desgracia porque
no es algo para presumir, pero el porcentaje de delitos que se cometen en
Baleares es importante, quizá debido también a su condición turística a
la que he hecho mención--, conviene resaltar que el 76 por ciento de los
delitos se cometen en Madrid, Barcelona, costa del Mediterráneo, Islas
Baleares y Canarias, con lo cual esto exige que se tenga en cuenta la
creación de un centro que pueda dar cobertura a los presos que allí se
internan; unido esto a que el 23 de septiembre, si no recuerdo mal, el
Fiscal General del Estado, en el acto de apertura del año judicial, habló
de que el aumento de la delincuencia el año pasado fue de un 6,71 por
ciento.

En cuanto al punto 3, de la habilitación, promoviendo los acuerdos
necesarios con la Administración de la comunidad autónoma donde está
ubicado el centro de menores de Espinaret para cárcel de mujeres,
queremos decir que ese centro fue en su día transferido a la comunidad
autónoma y que en el nuevo centro se ubicará un módulo de mujeres por lo
que consideramos que existiendo la posibilidad de ubicar en un nuevo
centro penitenciario las mujeres en módulos independientes, se hace
inútil buscar otras soluciones a través de medios ajenos a la
Administración del Estado.

El punto 4, el último, que es con el único que estamos de acuerdo, dice:
Completar el sistema de centros penitenciarios de las islas Baleares con
el mantenimiento de la actual prisión de Ibiza. Esto es algo que ya está
previsto por la Administración penitenciaria.

Por todo ello, mi grupo parlamentario, teniendo en cuenta las
deficiencias detectadas incluso por el Defensor del Pueblo en cuanto a
las condiciones de habitabilidad del actual centro penitenciario de Palma
de Mallorca, teniendo también como objetivo primordial la reinserción
social de los internos, como indica el artículo 25.2 de la Constitución,
y en la creencia de que esa reinserción será más fácil si el cumplimiento
de la pena no supone una ruptura con el hábitat de los internos, creemos
conveniente la construcción del nuevo centro penitenciario y, en
consecuencia, votaremos en contra de la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Urán González.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, quiero plantear que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
acepta la enmienda de sustitución planteada por el Grupo Socialista,
entre otras cosas porque es ya cosa aprobada por esta Cámara que está
incluida en la moción a la que hemos hecho referencia ambos grupos en
nuestras intervenciones.

Por lo tanto, solicitamos que la proposición no de ley pase a votarse con
el texto que se presentó inicialmente y la autoenmienda que nosotros nos
hemos presentado.




El señor PRESIDENTE: O sea, que se vote el texto tal y como fue
presentado con la enmienda planteada por escrito por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Es así?



La señora URAN GONZALEZ: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Solano.




El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, pedimos votación separada del
apartado 4 de la proposición no de ley, que vamos a votar favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Antes del comienzo de la Comisión algún
representante del grupo parlamentario planteó la posibilidad de efectuar
las distintas votaciones al final de la reunión, pero creo observar que
quizá esa propuesta ya no tiene sentido en este momento.

Señor Pérez Solano, parece que no sería posible, en razón de haber sido
aceptada una enmienda del propio grupo proponente, que es la que afecta
al número 2, someter a votación --y bien que lo siento-- la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida separados los puntos
3 y 4, tal como me solicitaba.




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Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida con la enmienda incorporada del propio grupo
parlamentario en relación con el punto 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 28.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA OBJECION DE CONCIENCIA
POR PARTE DEL PERSONAL SANITARIO DE LA SANIDAD PUBLICA, EN LO QUE SE
REFIERE A LA EVALUACION DE LA APTITUD PSICOFISICA PARA EL SERVICIO
MILITAR DE LOS MOZOS DE REEMPLAZO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000092.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente que trata de la
proposición no de ley sobre medidas para garantizar el ejercicio de la
objeción de conciencia por el personal sanitario de la sanidad pública,
que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

El señor Castellano tiene la palabra.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, habida cuenta de que
alguna fuerza mayor u obstáculo invencible impide la presencia en la sala
de la proponente doña Angeles Maestro, simplemente solicitamos de la
Presidencia que se dé lectura al texto concreto de la resolución que se
ofrece a consideración, que es harto elocuente de cuál es su motivación,
y se pase a su votación.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Si les parece a sus señorías, por la
Letrada de la Comisión se va a dar lectura, tal como solicita el señor
Castellano, a la proposición no de ley.




La señora LETRADA: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la objeción
de conciencia por parte del personal sanitario de la sanidad pública, en
lo que se refiere a la evaluación de la aptitud psicofísica para el
servicio militar de los mozos de reemplazo en el plazo máximo de un mes.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Jover.




El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, solamente quiero decir que por
deferencia a las dificultades que ha tenido el grupo proponente para no
defender su enmienda, nosotros nos abstendremos también de intervenir en
contra, aunque votaremos en contra de la misma.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario
Popular, que traía perfectamente argumentado su voto en contra, ante la
no defensa del grupo proponente, anuncia que votará negativamente por
razones que no exponemos ya que no se ha defendido la proposición no de
ley de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Vamos a someter a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra 26.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOLICITUD DE CREACION DE UNA SUBCOMISION EN EL SENO DE LA COMISION DE
JUSTICIA E INTERIOR, ENCARGADA DE LA ELABORACION DE UN INFORME QUE SIRVA
DE BASE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL. A PETICION
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 158/000008.)



El señor PRESIDENTE: El punto siguiente, que es el último del orden del
día, se refiere a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre la creación de una subcomisión en el
seno de esta Comisión de Justicia e Interior para que elabore un informe
sobre un posible nuevo modelo policial.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, a partir de la primera
comparecencia del Ministro de Interior el 25 de junio, todas y cada una
de las comparecencias, incluso las de esta mañana, en relación con el
modelo policial, han evidenciado que, efectivamente, tenemos un modelo
que ha quedado con un pie en el pasado y otro en el futuro, y que la
dificultad de coordinar dos cuerpos estatales, tres autonómicos, tres
unidades adscritas y policías locales, en la perspectiva de un país como
España que se va estructurando hacia un modelo claramente federal,
teniendo en cuenta que las leyes policiales son las que más rápidamente
envejecen en las sociedades democráticas y avanzadas, hace necesario
crear, dentro de esta Comisión, una subcomisión que plantee la
posibilidad de estudiar lo que significa ese modelo policial en la
perspectiva del siglo XXI, para resolver todas las cuestiones que surjan
en la dificultad



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actual de coordinar esa disparidad de cuerpos en todo lo que significa el
despliegue, el banco de datos, el tema educativo, etcétera. Además, con
la preocupación, lógicamente, de que debemos tener un modelo policial que
camine claramente hacia el sistema Europol, el sistema informático
europeo. Por todo ello, era necesario plantear la posibilidad de ese
debate dentro de la propia Comisión para que, al final, saquemos todos
unas conclusiones referidas a ese modelo policial del siglo XXI.

Por lo tanto ésa es la propuesta. Para adelantarme, quiero decir que hay
una enmienda del Grupo Popular en cuanto a la composición de esta
proposición que me parece razonable y que sería aceptada por nuestra
parte para poner en marcha de inmediato esta subcomisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Si le parece al señor Presidente, formularíamos en
un mismo acto nuestra toma de posición y, al mismo tiempo, la referencia
a la enmienda presentada que quizá en este momento no tenga que ser más
que una referencia de pura cortesía a tenor de lo dicho por el grupo
proponente.

Con ocasión de la comparecencia del Ministro de Interior ante esta
Comisión el 25 de junio del presente año, quedó de manifiesto la voluntad
del Gobierno por impulsar un concepto global de la política de seguridad
que, sin menoscabo de las competencias específicas de cada una de las
administraciones, y sin invasión de las mismas, permitiera sin embargo
abordar un proceso de máximo aprovechamiento y de coordinación entre los
diversos estamentos políticos y administrativos con responsabilidades
concretas en este ámbito.

Señalaba entonces el señor Ministro de Interior que una de las
principales tareas que quedaban por delante para poder dar virtualidad a
lo dicho consistía precisamente en redefinir el modelo básico policial
sobre el cual poder dar cuerpo a esas orientaciones. Y afirmaba el señor
ministro la voluntad de su ministerio de impulsar esa tarea con urgencia
utilizando en ella los instrumentos del diálogo y del acuerdo con los
grupos parlamentarios como base imprescindible para la mejor procura de
los objetivos trazados, habida cuenta que se trata de una cuestión que
afecta a planteamientos e intereses de Estado que imponen ir más allá de
la sola óptica de un grupo concreto.

El planteamiento del Ministro de interior tenía su referencia previa en
el propio programa con que el Partido Popular concurrió a las últimas
elecciones. Así, en él se afirmaba literalmente: El PP se propone ofrecer
a las restantes fuerzas políticas un consenso para elaborar un nuevo
modelo policial que responda a una concepción integradora de su función y
articule la cooperación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
tanto de aquellos que dependen del Gobierno de la nación como la de
aquellos que dependen de las comunidades autónomas y de los municipios.

Fin de la cita.

Es evidente, por lo tanto, que la intención del Grupo Popular y del
Gobierno para facilitar el máximo grado de participación de todos los
grupos en la definición de este nuevo modelo es, sin duda, una posición
antecedente al debate de hoy, y que el ministerio ha comenzado ya a
vertebrar a través de contactos con otros grupos y con las diferentes
administraciones a modo de exploración previa para el impulso de una
tarea a todas luces compleja pero que, por lo mismo, no se puede demorar.

Baste recordar que el vigente modelo policial se encuentra regulado en la
Constitución y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y, de forma complementaria pero
igualmente sustantiva, en los diversos estatutos de autonomía de las
respectivas comunidades autónomas.

Pues bien, sin ánimo de ser exhaustivos ahora, lo cierto es que el
desarrollo y aplicación de este modelo ha acreditado carencias y lagunas
que pasan por deficiencias tales como la falta de desarrollo
reglamentario de la Ley 2/1986 en aspectos tan importantes como la
fijación de las plantillas; los reglamentos orgánicos y de servicios de
los cuerpos y la determinación de los marcos de actuación territorial de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la falta de una regulación
suficiente de los mecanismos de coordinación previstos en la Ley 2/1986,
tales como el consejo de política de seguridad, las juntas de seguridad o
las juntas locales de seguridad, aunque en este ámbito se ha avanzado
sustantivamente con un impulso político claro en relación con las del
País Vasco y Cataluña en las últimas semanas; la falta de una
determinación más concreta y precisa de las competencias materiales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal; la concurrencia de
diversos cuerpos estatales, autonómicos y locales en una misma
demarcación, ejerciendo competencias similares que han podido producir,
en ocasiones, interferencias y que han reducido, por lo tanto, los
márgenes deseables de eficacia, o el deficiente intercambio de
comunicación e información entre los diversos cuerpos partícipes en la
tarea policial, amén de muchas otras.

Pero, además, es evidente que la nueva realidad administrativa,
territorial y constitucional del Estado, en conexión con la tarea
propuesta y partiendo de la necesidad de ganar en operatividad, agilidad
y rentabilidad en la lucha de todos contra el delito, obliga a abordar
esa reflexión en común en orden a la renovación de ese modelo policial,
lo que implica tener que encontrar respuestas válidas a cuestiones tales
como qué formulación concreta ha de tener el principio de subsidiariedad
en el ámbito policial; cómo se ha de vertebrar la relación entre
inversión y eficacia en materia de seguridad; cómo ha de conjugarse la
acción de los diversos servicios de información policial en el contexto
de ese nuevo modelo; qué vías han de establecerse para fomentar y
asegurar la participación ciudadana en la seguridad pública; qué
orientaciones esenciales se han de conjugar para poder articular una
política policial que, efectivamente, permita abordar el reto de la
prevención; cuál debe ser el nuevo marco de actuación policial a tenor de
las singularidades que plantea el nuevo Código Penal; cómo debe asumir
ese nuevo modelo policial la integración de todos los estamentos
policiales en una lucha tan singular por la especialidad y
características del delito como lo es la lucha



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contra el terrorismo y contra el narcotráfico, o qué previsiones se han
de adoptar en la configuración de este nuevo modelo en orden a la mejor
predisposición del mismo, de cara al desarrollo de lo que ha de ser en el
futuro la más plena cooperación policial en el seno de la Unión Europea.

Estas y muchas otras cuestiones suponen interrogantes cuya contestación
no puede plantear más demoras so pena de no situarnos en las condiciones
debidas para lanzar en el más efectivo cierre de espacio a la acción
antijurídica y antisocial del delito. Por eso, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que la iniciativa que hoy se nos propone puede ser un
instrumento más de utilidad en la vertebración de ese diálogo permanente
entre todos, y en la definición de criterios ampliamente compartidos
acerca de cómo, con qué contenidos y en qué ritmo se ha de ordenar el
tratamiento de la labor pendiente.

Por todo ello, daremos nuestro voto a favor de la constitución de la
referida subcomisión en el bien entendido que conviene señalar algunas
cuestiones de principio.

Primero, que esta subcomisión no empece la tarea que debe continuar
impulsando el Ministerio de Interior, tanto en el seno del mismo como en
su relación de Gobierno con las diversas administraciones. Segundo, que
esta subcomisión no puede pretender abarcar urbi et orbe todos los
aspectos de la cuestión de fondo porque eso sería, por razones obvias,
abocarla de antemano a su propio fracaso. Deberá, por lo tanto, señalarse
una selección temática de las principales referencias objeto del estudio
a realizar y esa selección debe atender esencialmente a las grades líneas
de principio, más que a aspectos singularmante técnicos o puntuales que,
siendo importantes, no lo son, sin embargo, ,para enmarcar una
orientación global del trabajo a emprender.

Y tercero, que esta subcomisión no debe olvidar, en la planificación y
ejecución de su tarea, que el nuevo modelo policial no debe responder a
criterios cerrados y uniformizadores a modos del viejo café para todos,
sino que ha de contemplar las especialidades y singularidades que están
presentes tanto en la propia realidad del Estado como en la respuesta
institucional al delito, a fin de bosquejar un modelo básico de acción
policial que tenga proyección y vocación de futuro, garantice su
continuidad en el tiempo, permita un armónico desarrollo legislativo
tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local, y sea
suficiente para dar consistencia al valor de la seguridad en los términos
en que éste ha de articularse en el todo de una sociedad democrática.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular debe decir hoy, porque es de
bien hacerlo, que todo ello no es obstáculo para que el Gobierno
complete, como no puede ser de otra forma, los acuerdos suscritos con
ocasión del pacto de investidura que afectan a esta materia porque,
además, los mismos son también una referencia muy útil en orden al diseño
futuro de este nuevo marco policial y, por ende, de lo que este nuevo
marco significa como contribución sectorial a la gran tarea de
transformación y modernización del Estado.

Celebramos esta iniciativa, que ofrece un instrumento constructivo para
la reflexión en orden a esa búsqueda del consenso, y agradecemos también,
en aras a ese consenso, el anuncio hecho por el grupo proponente de la
aceptación de nuestra enmienda, una enmienda puramente técnica que trata
de perfilar mejor la composición de esta comisión y que eludo defender
basándome precisamente en esa manifestada voluntad de aceptación,
limitándome, por lo tanto, a dar lectura de la misma: La subcomisión
estará integrada por tres representantes de cada uno de los grupos
parlamentario con más de cien Diputados en la Cámara, dos representantes
de cada uno de los grupos con más de diez Diputados y un representante de
cada uno de los grupos restantes. En cualquier caso, el voto será
ponderado. La subcomisión emitirá un dictamen con las conclusiones de sus
trabajos que, una vez aprobados por la comisión, será remitido al Pleno
de la Cámara para su debate y aprobación.

Entendemos, señor Presidente, que a partir de este consenso, si hoy se
formaliza, se puede también ir avanzando en la tarea de redefinición de
ese modelo policial, todo ello sin que obsten las precisiones señaladas
al final de esta intervención.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Voy a intervenir con brevedad, porque estamos en
una situación de simple propuesta por parte de esta comisión para que en
su día el Pleno de la Cámara adopte la decisión que le parezca más
oportuna, como señala el Reglamento. En todo caso, ya anuncio que mi
grupo va a votar a favor de esta que no es sino una propuesta por parte
de la comisión.

Los temas de fondo relativos a Interior, en los que mi grupo tiene una
cierta experiencia, y concretamente en los modelos policiales de los que
el nuevo Ministro del Interior tiene un magnífico borrador en la sede del
ministerio, serán planteados en la sede de la subcomisión en el momento
en que ésta se cree por el Pleno de la Cámara. Anunciamos, por lo tanto,
que no hacemos otra cosa que dar forma a lo que anunció el portavoz
socialista señor Belloch, en su momento, y que ésta es una de las
materias que debe ser objeto de consenso, pero con una advertencia clara
para que nadie se lleve a engaño. El modelo policial es y ha sido
siempre, como no puede ser de otra manera, y el señor Presidente ha
tenido una buena experiencia de tipo personal en este asunto en el
pasado, una competencia estricta del Ejecutivo y, como consecuencia de
ello, nosotros estaremos dentro de la subcomisión a resultas de los
textos, de las aportaciones, del modelo que el propio Ejecutivo --cuya
competencia no queremos ensombrecer-- presente a la subcomisión para que
ésta, dentro del análisis normal de un Parlamento y las formas de control
que el Reglamento y la Constitución nos permiten, pueda --por la vía del
consenso, a ser posible-- ayudar en ese modelo policial que es un
instrumento importante para el consenso parlamentario. Pero con la
seguridad de que este modelo policial no es una competencia a la que
renuncie el Ejecutivo en ningún momento.




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A la espera de ese tipo de texto, nosotros quisiéramos advertir que sería
importante que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Interior, nos
ilustre --yo lo ha advertido, como aquí se ha dicho, en una comparecencia
el señor ministro-- acerca del aparato policial español, el que quiera
establecer; la evaluación de recursos humanos y de sus funciones; qué
distribución, a qué tipo de territorios y en qué población quiere
establecer este nuevo modelo policial, porque el desarrollo de la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad era muy claro en la necesidad de la
existencia de un despliegue territorial, consecuencia de lo cual existen
todavía unos acuerdos del año 1994 que han permitido un determinado
despliegue, por ejemplo, de los Mossos d'Escuadra. Ese despliegue
finalizará en el año 1998. Queremos saber si el nuevo Ejecutivo tiene ya
algún modelo de distribución tanto territorial como poblacional; cuál es
su coste y cuál su financiación; qué piensa con referencia al modelo
policial de la Policía judicial. Porque se han producido determinadas
interpretaciones o disfunciones por parte de distintos ministerio del
actual Ejecutivo acerca de cuál debe ser la sumisión orgánica y la
competencia funcional del modelo policial que significa la Policía
judicial. Ese tipo de disfunciones, sin duda, tienen que ser solventadas
y qué duda cabe que esta subcomisión será un buen sitio para conocer con
exactitud qué es lo que piensa realmente el Ejecutivo de esta Policía
judicial, qué modelo nos anuncia con referencia a los modelos europeos
que existen en este momento que nos permita cumplir perfectamente con el
Convenio de Schengen, por ejemplo, o introducirnos con corrección en la
llamada Europol.

En definitiva, toda una serie de textos e iniciativas que nosotros no
queremos abortar puesto que son competencia del poder Ejecutivo y, más
concretamente, del Ministerio de Interior, y que, sin duda, el
enriquecimiento, el debate y el análisis del Parlamento permitirán que
tome cuerpo y haya, sin duda alguna, un consenso posterior.

Insisto. Junto con la advertencia de nuestro voto positivo, estaremos en
buena medida a resultas, como primer trámite parlamentario, de la
iniciativa del Gobierno acerca de cuál es su modelo policial.




El señor PRESIDENTE: El señor López de Lerma, por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Intervengo, señor Presidente, para fijar
nuestra posición sobre esta iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.

No quiero esconder, señor Presidente, señorías, que nuestro grupo
parlamentario, en un primer momento, era reacio a votar fovorablemente
esta iniciativa y, por lo tanto, a la creación de la subcomisión que
propone Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para que estudie y
elabore un informe que sirva de base para el establecimiento de un nuevo
modelo policial. Eramos reacios y aún tenemos nuestras dudas --no quiero
esconderlo--, toda vez que no se trata de crear un nuevo modelo policial,
sino de tratarlo en el tiempo. Ya lleva años en vigor; nace, de hecho,
con la propia Constitución, con el reparto del poder del Estado en
Comunidades Autónomas con competencias en materia policial, con la
preservación para el Gobierno del Estado de competencias necesariamente
importantes en material policial. Por lo tanto, no se trata de dar a luz
un nuevo modelo policial sino de estudiar, seguir, fomentar, promover ese
modelo policial que, de hecho, desde los tiempos de la UCD, obviamente
desde los tiempos del Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno y
ahora con el Partido Popular, como ha señalado su portavoz haciendo
referencia a palabras pronunciadas ante esta comisión por el señor
ministro, viene formándose a partir de la Constitución de 1978.

Un modelo policial que, a su vez, como aquí se ha reiterado, viene
condicionado necesaria y voluntariamente por nuestra pertenencia a la
Unión Europea y, por lo tanto, por una política común de nuestros socios
basada en primera instancia en una coordinación a fondo entre las
distintas policías y, supongo, con una perspectiva de una policía europea
en años futuros, cuando esa Unión Europea crezca y se fortalezca
políticamente y no sólo económicamente.

Al dejar constancia de nuestros recelos y dudas, quiero señalar que las
mismas estaban basadas no sólo, repito, en dar a luz un nuevo modelo
policial que, de hecho, nuevo no va a ser pues está ya iniciado, sino
también en que nuestro grupo entiende que para el desarrollo de ese
modelo policial que ya nos da hecho en sus líneas maestras la propia
Constitución bastan los acuerdos políticos entre el Gobierno español y
los gobiernos de aquellas comunidades autónomas que tienen competencia en
esta materia y que, además, han venido suscribiendo acuerdos de
desarrollo de ese modelo policial, como pueden ser Euskadi y Cataluña en
particular. De ahí nuestros recelos porque, a veces, bajo estas
propuestas de estudio no se esconde otra cosa que cierto intento de
bombardeo político sobre cuestiones ya acordadas entre el Gobierno
central y los gobiernos autonómicos que tienen competencias en esta
materia.

Nuestro grupo se suma gustoso al texto que nace de la enmienda de
modificación que ha presentado del Grupo Parlamentario Popular si
realmente la voluntad de fondo de todos los grupos parlamentarios
presentes en la comisión, y no sólo de los que han iniciado la propuesta
y han formulado con su iniciativa este debate o el grupo que lo ha
enmendado, es el interés común de fortalecer ese modelo policial que nace
de la Constitución --repito--, que se perfecciona con nuestra pertenencia
a la Unión Europea y que se viene desarrollando acertadamente en una leal
colaboración entre gobiernos autonómicos y Gobierno central.

Por lo tanto, nuestro voto, que nacía en un principio desde el recelo,
quiere nacer desde la misma voluntad que han expresado los distintos
portavoces, que es ayudar al mejor crecimiento y fortalecimiento del
modelo policial nacido de nuestra Constitución.

Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a una cuestión menor, y es
que en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, donde dice que la
subcomisión emitirá



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un dictamen, debería decir un informe, porque sería en todo caso la
comisión quien dictaminase en función de ese informe. Es una pequeña
corrección técnica para ayudar a una mejor redacción.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la señora Uría Echevarría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Apoyamos la iniciativa de Izquierda Unida por
considerar que, en efecto, no existe modelo policial o que éste es
excesivamente abierto y carente de precisiones y claridad en los
cometidos de cada uno de los cuerpos, Policía y Guardia Civil, y, sobre
todo, porque entendemos que, de una vez por todas, deber establecerse un
modelo de Policía judicial al servicio de la investigación criminal con
independencias funcionales y orgánicas claras y que resulte operativa.

Esto es una exigencia interna, pero también es un requerimiento de
nuestros compromisos europeos --hablamos constantemente del tercer
pilar-- e internacionales. Pero perteneciendo como pertenezco a un
partido que hace del autogobierno en la Comunidad Autónoma vasca uno de
sus nortes, entiendo que tal subcomisión no podrá sino respetar las
competencias que en materia policial tiene asumidas la Comunidad Autónoma
vasca derivadas de sus derechos históricos actualizados en el artículo 17
del Estatuto de Gernika, que ha fraguado en la tenencia de una policía ya
real y efectiva e implantada en todo el territorio de la comunidad
autónoma como policía integral regulada por su propia ley, la Ley de
Policía de la Comunidad Autónoma vasca, que establece un modelo propio y
cuya articulación con la o las policías del resto del Estado cuenta con
un instrumento bilateral de encuentro y coordinación cual es la Junta de
Seguridad del País Vasco, prevista en el apartado 4 del artículo 17 del
Estatuto.

Con esta salvedad --que es, por otra parte, una obviedad, puesto que
deriva del marco constitucional y estatutario-- mi grupo apoya la
iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que el Grupo Popular que sostiene al Gobierno no ha hecho también suya, y
que parece que se acepta por todos los grupos de la comisión.




El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEYTE: Creo que ya he anunciado en mi intervención la
aceptación de la enmienda del Grupo Popular, a la que debe añadirse la
modificación efectuada por el portavoz de Convergència i Unió que es más
acertada, porque se trata de que la subcomisión elabore un informe. Con
esa pequeña modificación sobre la enmienda del Grupo Popular, creo que
quedaría el texto definitivo, que lo único que persigue es iniciar ese
debate.




El señor PRESIDENTE: Si les parece a SS. SS., sometemos a votación la
proposición no de ley del Grupo Izquierda Unida con la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y con la corrección técnica
que ha aportado el señor López de Lerma, en nombre de Convergència i
Unió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Antes de levantar la sesión, voy a recordar a SS. SS. el posible
calendario de trabajo. Tenemos una sesión fijada para el miércoles día 30
por la mañana, que fundamentalmente se dedicará a las preguntas
pendientes. Hay una pregunta relacionada con las actuaciones policiales
en Marbella que coincide con una iniciativa de comparecencia solicitada
por el Grupo de Izquierda Unida. El Grupo de Izquierda Unida ha
comunicado a la mesa y a los portavoces que las dos iniciativas se pueden
sumar porque tratan de la misma cuestión y que irán dirigidas no al
Ministro del Interior, como había solicitado inicialmente, sino al
Secretario de Estado de la Seguridad. Por lo tanto, esa sesión tendrá
lugar a las 10 de la mañana del día 30.

Por otra parte, estaba prevista por la mesa y portavoces la comparecencia
del Fiscal General del Estado, solicitada por el Grupo de Izquierda
Unida, para el día 23 por la mañana, pero se nos comunica que el 22 por
la tarde comenzará el debate de totalidad del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, la mesa y la
presidencia van a intentar adelantar la comparecencia del Fiscal General
del Estado al día 22 por la mañana, que parece que dispondríamos de sala.

En resumen: fecha fija para preguntas, el día 30 por la mañana. Fecha
probable para la celebración de la comparecencia del Fiscal General del
Estado, el día 22 por la mañana.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y veinte minutos de la tarde.




NOTA: El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Justicia e
Interior, del martes 15 de octubre de 1996, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.