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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 186-3, de 21/10/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A: 21 de octubre de 1999 Núm. 186-3 PROYECTOS DE LEY
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
121/000186 Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de las enmiendas a la totalidad presentadas en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000 (núm. expte. 121/000186).
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
ENMIENDA NÚM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Francisco Rodríguez
Sánchez y don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputados del Bloque
Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de la Cámara, presentan la siguiente enmienda de totalidad por la que
se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000.
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 obedece a una doble motivación restrictiva y electoralista a la
vez.
Por un lado, el Gobierno desea aparecer ante la sociedad como el
garante del Estado del bienestar, adoptando medidas propagandísticas
de escaso calado presupuestario y, a todas luces, insuficientes para
paliar la dramática situación de miles y miles de desempleados/as y
pensionistas que carecen de cobertura social o bien subsisten con
pensiones todavía muy inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
Estas medidas no constituyen más que la escenificación del arranque
de la precampaña para las próximas elecciones generales, o lo que es
lo mismo, el maquillaje social que el Gobierno necesita aplicarse
para aparecer, con buena cara, ante los electores.
La verdadera filosofía económica del Proyecto de Ley de PGE para el
año 2000 responde, sin embargo, a otra motivación bien distinta al
cumplimiento al dictado de las condiciones del llamado Pacto de
Estabilidad impuesto por la Unión Monetaria Europea e impuesto, a su
vez, por el Gobierno a todos los ciudadanos/as, sin mediar consulta
previa.
La aplicación a la reducción del déficit público de los ingresos
obtenidos por la dilapidación del sector público empresarial a lo
largo de esta legislatura, así como la excesiva reducción del mismo
prevista en este proyecto de presupuestos, incrementada por el exceso
de todos los derechos reconocidos sobre los inicialmente previstos,
es decir, es todo un lujo para un Estado que ostenta simultáneamente
la mayor tasa de paro de la UE y los niveles más bajos de
prestaciones sociales, que sólo se puede explicar bajo dichas
condiciones de estabilidad.
A lo largo de esta legislatura y, mediante sucesivas modificaciones,
el Gobierno ha conseguido convertir el Sistema Fiscal del Estado
español en un sistema radicalmente regresivo, donde el Impuesto sobre
el Valor Añadido se erige en la principal figura recaudatoria. En las
previsiones de ingresos contenidas en este Proyecto de Ley de
Presupuestos la recaudación por impuestos indirectos
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supera ampliamente a la recaudación derivada de la imposición
directa.
La evolución de los precios durante este año ha contribuido
sustancialmente a elevar los ingresos por impuestos indirectos, muy
especialmente la recaudación por IVA y por el impuesto especial de
hidrocarburos, y el Sistema Fiscal diseñado por el Gobierno ha
contribuido a elevar los precios. En un sistema basado en la
imposición indirecta, cuanto más suben los precios y, por lo tanto,
cuanto más se deteriora la capacidad adquisitiva de los
contribuyentes, más suben los ingresos fiscales y, mayor es, el
esfuerzo fiscal de los contribuyentes con rentas más bajas.
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
entró en vigor al comienzo del presente ejercicio y que ya está
dejando sentir sus efectos no hará sino acentuar este carácter
regresivo.
Mientras asistimos a un proceso de convergencia de precios a nivel
europeo -los precios en el Estado español crecen más rápidamente que
en los países del centro de la Unión Europea, que partían con niveles
de precios más altos- no ocurre lo mismo con los salarios y las
prestaciones sociales, lo que se traduce en un proceso de divergencia
en términos reales. Numerosos colectivos de trabajadores verán
reducidos sus salarios reales por no haber previsto cláusulas de
revisión en sus convenios colectivos, de ellos, el caso de los
funcionarios públicos es uno de los más sangrantes por sufrir una
situación de congelación salarial prolongada durante los últimos
años. La previsión de actualización salarial del 2 por 100 contenida
en el proyecto de presupuestos para este colectivo, contribuirá a
deteriorar, todavía más, su poder de compra.
Divergencia con respecto a la media de la UE y también divergencia
interna, dentro del Estado, entre las distintas comunidades autónomas
y naciones que lo integran. Los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000 demuestran claramente la inexistencia de una
política efectiva de redistribución y de equilibrio territorial en el
Estado español. Después de cuatro años de Gobierno del Partido
Popular, las comunidades beneficiarias del Fondo de Compensación
Interterritorial siguen siendo las mismas que al principio de la
legislatura, porque ninguna de ellas ha alcanzado el nivel mínimo del
75 por 100 de la renta media de la UE.
Desde 1996 las dotaciones para el FCI descienden en términos reales y
lo mismo sucede en el actual proyecto de presupuestos.
La política económica del Gobierno no contribuye a reducir las
diferencias territoriales, muy al contrario, como se puede comprobar
en el detalle de inversiones territorializadas para el año 2000, la
política de inversiones reales del Gobierno contribuye a incrementar
las diferencias. Naciones como Galicia, que arrastran un enorme
déficit histórico en inversiones públicas estatales, se ven excluidas
de proyectos billonarios en materia de infraestructuras; ni se acaban
las autovías, ni se mejoran los puertos, ni los aeropuertos, ni se
invierte en materia de medio ambiente, ni, por supuesto, llega el
tren de alta velocidad (el de velocidad alta, tampoco). Por todo
ello, solicitamos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de
Presupuestos para el año 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado. Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado.-Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
ENMIENDA NÚM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Don José María Chiquillo Barber (Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Chiquillo Barber, Diputado de Unió Valenciana, adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en los
artículos 110 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara
tiene el honor de presentar la siguiente Enmienda a la Totalidad al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000, con solicitud de devolución del mencionado Proyecto de Ley al
Gobierno para su reforma, todo ello, en virtud de la siguiente:
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000, que ha confeccionado el Gobierno del Partido Popular, se
enmarca dentro de un contexto económico excesivamente optimista, ya
que el escenario macroeconómico previsible para el 2000 es similar al
actual y aún se padecerán las secuelas de la crisis financiera
internacional de los últimos años, a lo que hay que sumar la
aparición de nuevas amenazas: la tendencia alcista de la inflación y
unos tipos de interés en alza.
Es muy aventurado estimar que se va a alcanzar una tasa de inflación
del 2 por 100 cuando se está produciendo un fuerte aumento de la
demanda interna y la política monetaria europea es demasiado
expansiva para la coyuntura española. De hecho, el Gobierno ha tenido
que rectificar sus expectativas para finales del 99, ya que la
trayectoria de los precios durante el presente año no se ha ajustado
a los datos estimados en primera instancia.
Durante el 99, el incremento de los precios del petróleo ha provocado
un retroceso de la oferta en los países industrializados que está
repercutiendo negativamente en la inflación, con el agravante de que
en España sus efectos están siendo más acentuados que en el resto de
países de la zona euro, inclusive tras la adopción de medidas
gubernamentales para contener los rebrotes inflacionistas; lo cual
subsiguientemente influirá negativamente en la actividad económica y
en el empleo.
Así las cosas, el comportamiento previsto para la inflación es
inaceptable a sabiendas de la importancia de acercar la tasa de
inflación española a las europeas, pues
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si se agudiza el diferencial entre la tasa española y las del resto
de países europeos no se produciría el esperado incremento de
exportaciones, lo que supondría una pérdida de competitividad para la
economía española, con el riesgo de no alcanzar las previsiones de
crecimiento económico y de crecimiento del empleo. Además, el no
cumplimiento del nivel de inflación estimada provocará una importante
desviación del gasto al alza, a la vez que rebajará el poder
adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de pensionistas y
funcionarios.
Tampoco hay que olvidar que la mejora de la realidad económica
durante los últimos años se ha sustentado, en buena medida, en la
evolución positiva de los tipos de interés, y actualmente las
expectativas señalan una tendencia alcista, lo cual provocaría un
retroceso de la demanda interna.
Las perspectivas del Gobierno respecto a la creación de empleo hay
que considerarlas más que dudosas, ya que no se anuncian políticas de
empleo ambiciosas que consigan superar este problema estructural,
además, son insuficientes las medidas previstas para consolidar el
empleo estable, ya que la búsqueda, a toda costa, de la disminución
en el número de parados deriva en una despreocupación del Gobierno
por la precariedad laboral existente.
Hay que reseñar que el problema del desempleo es más acentuado en la
Comunidad Valenciana por cuanto los efectos del crecimiento económico
en el empleo no alcanzan en la misma proporción a toda la geografía
española, y en nuestra autonomía se vienen registrando durante años
tasas de paro por encima de la media nacional. A lo que hay que sumar
que la Comunidad Valenciana registra un salario medio de 191.985
pesetas/mes frente a la media española que se sitúa en 211.920
pesetas/mes.
El sistema de fiscalidad español mantiene la regresividad como en
ejercicios pasados. Al sobrepasar la recaudación por impuestos
indirectos a los ingresos por imposición directa, no se discrimina en
función de la renta de los ciudadanos y el peso fiscal no se
distribuye justamente, ya que no prima la capacidad económica de las
personas como factor determinante del gravamen tributario.
Que la consignación presupuestaria en gasto social haya aumentado
respecto al pasado ejercicio únicamente es una cuestión totalmente
intencionada ante la proximidad de las elecciones generales, y que no
evidencia una preocupación real del Gobierno por estas materias, que
se traduzca en niveles de gastos similares en el futuro.
En conclusión, estos presupuestos no abordan con efectividad
problemas y desequilibrios territoriales importantes que padecen las
regiones españolas -entre ellas la Comunidad Valenciana-, respecto a
inversión pública, expansión del crecimiento económico, o incrementos
en los niveles de renta.
Así, es desconcertante que el Gobierno condicione la recuperación del
crecimiento económico al impulso de las exportaciones, expectativa
que de cumplirse significaría que la Comunidad Valenciana -segunda
autonomía en comercio exterior- sería un motor importante para el
crecimiento económico en todo el ámbito estatal. Y que en
contrapartida se continúe postergando inversiones públicas
fundamentales para la competitividad productiva valenciana.
Así pues, la inversión pública según el presupuesto consolidado
subirá un 8,3 por ciento respecto a los pasados presupuestos, pero en
la Comunidad Valenciana se mantiene la misma tónica que en ejercicios
pasados registrando la inversión por habitante más baja de toda
España y que se cifra en la mitad de la inversión media estatal.
Esto quiere decir que el esfuerzo inversor del que hace gala el
Gobierno en los Presupuestos para el 2000 no alcanza ni de lejos a la
Comunidad Valenciana, donde persisten año tras año las mismas
carencias presupuestarias que restringen la competitividad de la
economía valenciana e impiden afrontar con garantías un expansivo
crecimiento de la actividad empresarial.
También este año el estado español privará a los valencianos de
inversiones primordiales para potenciar el correcto desarrollo de sus
sectores económicos y su calidad de vida. Son fundamentales mayores
inversiones, sobre todo en materia de infraestructura ferroviaria y
aeroportuaria, así como en proyectos medioambientales que solventen
las actuales carencias hídricas y permitan paliar los problemas de
escasez de agua en nuestras tierras.
El comportamiento del Estado para con los valencianos es claramente
agraviante, ya que, también, hay que denunciar que ha incumplido en
un 2,6 por ciento los recursos comprometidos para la Comunidad
Valenciana en el 2000 por la Ley de Presupuestos del 99; además, los
presupuestos de ejercicios anteriores contenían niveles de inversión
ridículos y aún así arrastran niveles de ejecución muy bajos, lo cual
implica que los escasos fondos destinados a nuestra autonomía se
materializan a un ritmo lentísimo.
Madrid, 18 de octubre de 1999.-José María Chiquillo Barber,
Diputado.-Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
ENMIENDA NÚM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda de totalidad por la que se propone la devolución del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000.
JUSTIFICACIÓN
Los Presupuestos Generales para el año 2000 han sido elaborados,
según el Gobierno, para cumplir dos grandes objetivos: la creación de
empleo y la mejora y
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garantía del futuro del sistema de protección a la vez que pretende
una reducción importante del déficit público.
Resultan ser, estos presupuestos, unos presupuestos contradictorios y
en los que el cumplimiento de los objetivos depende de previsiones
que resultan más voluntariosas que creíbles.
Así, aunque posible, parece poco probable que el crecimiento para el
próximo año sea de 3,7% como sostiene el Gobierno sin excesiva
justificación para el mantenimiento de esta creencia. Tampoco explica
cómo se verá reducida la inflación desde el 2,5% hasta la cifra
objetivo.
Estas cuestiones resultan vitales para poder hacer frente a los
elementos expansivos del gasto que se recogen en los Presupuestos,
por otra parte, elementos estos que en muchos casos son objeto de una
magnificación por parte del Gobierno que supera la realidad de los
mismos.
En otro orden de cosas, los Presupuestos para el año 2000 siguen la
tendencia iniciada en anteriores ejercicios, acentuada en éste,
estableciendo una recaudación mayor indirecta que directa.
Así la recaudación por los impuestos indirectos (45,61 por 100)
superará a la recaudación obtenida por los impuestos directos (42,8
por 100), lo que implica una pronunciada regresividad del sistema
fiscal.
En lo que se refiere a la inversión pública tanto en infraestructuras
como en Investigación y Desarrollo tan necesarias para un crecimiento
sostenido como para el objetivo de lograr una convergencia real,
aunque aumenta para el año 2000, sin embargo, no recupera la
paralización de la misma producida en ejercicios presupuestarios
anteriores; en concreto, 1996 y 1997. Así el déficit de
infraestructuras seguirá probablemente incrementando con respecto a
los países de la UE.
Estos Presupuestos siguen siendo insolidarios en lo referente, no
sólo al ámbito interno del Estado sino también al externo.
Al término de esta Legislatura el Gobierno no ha cumplido los
compromisos adquiridos por el Partido Popular en cuanto a la
asignación del 0,7% del PIB destinado a Ayuda al Desarrollo.
Por último, y no menos relevante, al finalizar la Legislatura el
Gobierno sigue sin cumplir las previsiones contenidas en el Estatuto
de Autonomía del País Vasco, no habiendo procedido a la transferencia
de competencias tan relevantes para el autogobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco como las relativas a la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social (artículo 18, Estatuto de Autonomía
del País Vasco) o la relativa a la Investigación Científica y Técnica
en coordinación con el Estado (artículo 10.16 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco), además de otras competencias referentes a
materias socio-laborales o empleo y formación como prestaciones por
desempleo, intermediación, promoción y gestión del empleo, formación
profesional, regulación Instituto Nacional de la Seguridad Social,
inspección de trabajo o fondo de garantía salarial.
Han transcurrido casi veinte años de la aprobación del Estatuto sin
que hasta la fecha hayan sido cumplidos por la Administración Central
los compromisos que en el mismo se contienen.
Por todas estas razones, Eusko Alkartasuna presenta esta Enmienda de
Totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
con solicitud de devolución de los mismos.
Madrid, 18 de octubre de 1999.-Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.-Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
ENMIENDA NÚM. 4
PRIMER FIRMANTE:
Don Diego López Garrido (Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula enmienda de devolución a la totalidad del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (núm.
expte. 121/000186), a instancia de los Diputados de Nueva Izquierda.
JUSTIFICACIÓN
En el contexto de un año electoral, el Gobierno propone unos
Presupuestos Generales del Estado que renuncian a adoptar soluciones
eficaces para reducir la inflación, principal diferencial de nuestro
país con respecto a la Unión Europea, con grave merma de la
competitividad, pero sobre todo con especial quebranto de las
condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. El Gobierno,
así, no plantea medidas que, aun pudiendo incomodar a minorías
implantadas en sectores oligopólicos, tengan un efecto de reducción
efectiva de la inflación, mientras carga un año más el coste de la
misma sobre los empleados públicos que vuelven a perder poder
adquisitivo.
Con estos Presupuestos, el Gobierno prosigue su regresiva política de
fomento de la desigualdad social en nuestro país, fundamentalmente
mediante la continuación de la contrarreforma fiscal y de sus
actuaciones para poner en manos privadas servicios públicos
esenciales, como la Sanidad y la Educación.
No contempla tampoco el Gobierno, en estos Presupuestos, medidas
efectivas suficientes para la creación de empleo, renunciando a
desarrollar acuerdos con las organizaciones sindicales para la
implantación de la semana laboral de treinta y cinco horas, y
limitándose, un año más, a establecer bonificaciones a favor de los
empresarios por la realización de determinadas contrataciones.
A ello, debe añadirse la decisión de no mejorar ni ampliar las
prestaciones por desempleo en un ciclo económico alcista, lo que se
traduce en la nueva disminución de la partida presupuestaria
destinada a la cobertura de desempleo.
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Siguen, por otro lado, sin cumplirse mínimamente los compromisos
preelectorales del Partido Popular, en cuanto a la asignación del 0,7
por 100 del PIB para la Ayuda al Desarrollo, por lo que son también,
en cuanto a su proyección exterior, unos Presupuestos insolidarios.
También es especialmente rechazable el escaso interés de este
Gobierno por los problemas ambientales, que presupuestariamente se
traducen en un incremento de las inversiones del Ministerio de Medio
Ambiente bastante inferior al que experimenta el conjunto de la
inversión estatal. Además, en el conjunto de inversiones que se
prometen, se echa en falta la introducción de criterios de
sostenibilidad que reduzcan su impacto ambiental y racionalicen el
uso de los recursos.
En conclusión, son estos unos Presupuestos que reflejan fielmente la
política económica y social del Gobierno del Partido Popular,
favorecedora de desigualdades y claramente tendente a la
desprotección de los grupos especialmente vulnerables de la sociedad.
Por todo ello, Nueva Izquierda propone la devolución al Gobierno de
este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Diego
López Garrido, Diputado.-Manuel Alcaraz Ramos, Diputado.-Ricardo
Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NÚM. 5
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, presenta la siguiente enmienda a la
totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000 (121/000186).
JUSTIFICACIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 elaborados por
el Gobierno del Partido Popular, renuncian a trasladar el crecimiento
económico a todos los ciudadanos construyendo un modelo social justo
y estable y continúan la línea neoliberal que ha caracterizado la
política económica del Gobierno en los últimos cuatro años. Así, los
objetivos que se consideran prioritarios son la reducción del déficit
público, la contención de los precios y de costes laborales y la
liberación de una cada vez mayor cantidad de recurso hacia el sector
privado y los excedentes empresariales, profundizando un sistema
fiscal regresivo y relegando la aplicación
de necesarias políticas de gasto social y de dotación de
inversión pública imprescindibles para equiparar a nuestro país con
el área del euro y la UE. Pero es que además estos presupuestos nacen
con pies de barro en sus previsiones macroeconómicas por la
incapacidad del Gobierno para controlar la inflación, a pesar de los
dos paquetes de medidas aprobados a lo largo del año, con medidas
como la rebaja del precio de la bombona de butano, hidrocarburos y
telecomunicaciones, por lo que España se sitúa actualmente en el
doble de la media europea en inflación.
El Gobierno desarrolla una política de derechas alineada con una
minoría de la sociedad y alejada de las necesidades de nuestra
sociedad que debería avanzar hacia la convergencia real con Europea
mediante un esfuerzo diferencial tanto en niveles de protección
social y empleo como de infraestructuras públicas. Para el Gobierno
el único requisito realmente importante es la convergencia nominal en
precios y déficit público, al margen de que los indicadores de la
economía real se alejen de los objetivos ampliamente aceptados por la
sociedad española.
Según el Gobierno, la economía española crecerá en el año 2000 a un
ritmo similar al de 1999 (3,7 por ciento), con un aumento previsto de
precios del 2 por ciento, reduciéndose el déficit del Estado hasta el
0,8 por ciento y con un crecimiento del empleo del 2,7 por ciento.
Para el gasto público se estima un crecimiento en términos reales del
2,6 por ciento, inferior en 1,1 puntos al de la economía.
Las cuentas públicas que hoy nos propone el Gobierno vienen avaladas
por un pésimo nivel de ejecución y están sometidas a diversas
operaciones de maquillaje contable. El crecimiento del PIB no se
acompaña de una mejor utilización del gasto público como elemento de
distribución ni de un esfuerzo parecido en creación de empleo. Este
último crecería para el año próximo 0,5 puntos por debajo de lo
previsto para 1999, aun cuando el crecimiento del PIB se estima
idéntico en ambos años.
El patrón de la economía española que se consolida en estos dos
últimos años de legislatura apunta a un modelo de crecimiento sesgado
en contra de los salarios y favorable a los beneficios y a una
política de gasto e ingresos públicos que agrava la regresividad
inicial, al limitar el gasto en las áreas sociales y cargar la
presión fiscal básicamente en los salarios y el consumo. La evolución
de los costes laborales unitarios nominales, resultado de las subidas
salariales previstas y de la mejora de la productividad, pone al
descubierto la pérdida de participación de los salarios en la renta
nacional, como ejemplo del carácter conservador y regresivo del
crecimiento económico.
La propuesta presupuestaria del Gobierno y su trámite en la Cámara
tiene como objetivo fundamental financiar el apoyo político de sus
socios, utilizando los PGE-2000 como instrumento de pago de las
peticiones bilaterales de los gobiernos autonómicos que le apoyan,
agrandando los agravios comparativos entre Comunidades Autónomas
y sus territorios y apostando por proyectos grandilocuentes poco
vertebradores del territorio.
Pero incluso los objetivos del Gobierno arrojan seriasdudas porque a
pesar de la moderación salarial y el recorte
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del déficit público los precios siguen alejándose de los objetivos
iniciales. Ala fecha actual, y con el dato de IPC de septiembre, no
puede asegurarse que el objetivo anual para el año en curso pueda
cumplirse aun habiendo sido revisado recientemente hasta el 2,4 por
ciento. Por otra parte, el déficit público puede resentirse a medio
plazo en cuanto las diversas operaciones de ingeniería contable
agoten su eficacia y el coste en recursos públicos de la reforma del
IRPF manifieste toda su intensidad en la fase descendentes del ciclo
económico.
El Gobierno está acompañando la presentación de los presupuestos
generales con una amplia campaña de propaganda y publicidad a la que
ha destinado varios centenares de millones, con el objetivo de dar un
barniz electoralista a los pequeños acuerdos sociales en materia de
pensiones o función pública. El maquillaje o espejismo social es más
un deseo electoral que un compromiso cuantitativo con las políticas
sociales. Por ejemplo, los empleados públicos, cuyos sueldos se
convierten en referencia para el sector privado, han perdido un 10
por ciento del poder adquisitivo entre 1992 y 1997, y en 1999 pueden
volver a perder un 0,6 por ciento. Para el año 2000 el Gobierno ha
renunciado a recuperar esta pérdida, al tiempo que sigue
privilegiando a los colectivos de funcionarios más influyentes
mediante sistemas retributivos complementarios faltos de
transparencia.
En cuanto a la protección por desempleo el gasto presupuestario
desciende un 3,2 por ciento en términos reales. Ello significa que
sólo el 44,7 por ciento de los parados tendrán cobertura en el
próximo año. Puede compararse esta situación con los 700.000 millones
estimados de coste de la reforma del IRPF para apreciar hasta dónde
alcanza el esfuerzo social de los presupuestos para el 2000; o,
también, con la reducción de las cotizaciones por desempleo en 0,25
puntos que supondrá un coste aproximado de 40.000 millones.
El gasto total en pensiones, que ha tenido un impulso puntual para
contributivas y no contributivas, crecerá el próximo año al mismo
ritmo que el PIB, representando en ambos años, 1999 y 2000, el mismo
porcentaje, 8,8 por ciento del PIB, pero no se realiza un esfuerzo de
manera continuada por lo que no se recorta el diferencial con
relación a la UE en este capítulo; según los últimos datos de
EUROSTAT el gasto en protección social en España es inferior en 6,3
puntos a la media europea. La constitución del Fondo de Reserva
dotándole con 60.000 millones sigue sin dar respuesta a la necesaria
aportación que el Estado debería efectuar para el complemento de
mínimos de pensiones y que mostraría un superávit de las cuentas de
la Seguridad Social de 700.000 millones.
El Gobierno camufla en activos financieros actuaciones inversoras
desde todos los Ministerios en cantidades superiores al medio billón,
para sortear los criterios de déficit, y lo que es más grave, con el
fin de privatizar la inversión pública reduciendo transparencia tanto
en las prioridades de las obras a acometer como en la adjudicación de
las mismas.
La inversión pública no se corresponde con la de un país que crece
por encima de 4 billones al año. Al margen de la dificultad para
realizar comparaciones, la inversión del Estado se situaría el año
próximo en el 1,9 por
ciento del PIB, 3,4 por ciento para el conjunto de Administraciones
Públicas, muy lejos del 5 por ciento que representó en 1990. Estas
cifras tampoco se corresponden con la necesidad de infraestructuras
de nuestro país para converger productivamente con la UE.
Por la parte de los ingresos públicos, estos crecerán para el año
2000 manteniendo la presión fiscal (impuestos sobre el PIB) en el
16,95 por ciento. Pero el mantenimiento de esta presión fiscal se
consigue con una distribución cada vez más regresiva al aumentar su
peso la imposición indirecta y perdiendo protagonismo el IRPF en la
recaudación. Por primera vez, en el año 2000, la recaudación por IVA
superará a la del IRPF. Además, el tratamiento fiscal de los salarios
empeora con la reforma del IRPF, aumentando su participación en el
total del tributo.
Los gastos fiscales previstos para el próximo año se elevan hasta los
5,89 billones de pesetas suponiendo el 35 por ciento de los ingresos
fiscales previstos. Se produce un importante aumento con respecto al
año anterior. Sólo los incentivos fiscales a la inversión y el ahorro
suponen 700.000 millones de pesetas, en la mayoría de los casos sin
justificación económica.
La financiación autonómica es uno de los mayores fracasos de esta
legislatura. Después de tres años ninguna Comunidad percibe el 30 por
ciento del IRPF, sigue sin articularse un modelo estable alejado de
los apoyos políticos coyunturales que distorsiona el sistema de forma
similar a la distribución territorial de las inversiones. En
cualquier caso es el Estado el que acaba pagando, con la revisión del
nuevo modelo operada en 1998, el coste de la reforma fiscal,
provocando, además, creciente desigualdades entre unas CC.AA. y otras
por la mala aplicación práctica del principio de corresponsabilidad
fiscal. El Fondo de Nivelación que era una innovación de este
Gobierno y que empezó a aparecer en los presupuestos del año 1997,
tras cuatro ejercicios presupuestarios, sigue sin hacerse efectivo,
mientras que sí se ha utilizado el fondo compensatorio para compensar
a las Comunidades Autónomas en sus pérdidas por capacidad de ingresos
del IRPF.
Las Haciendas Locales seguirán siendo el próximo año las perdedoras
del nuevo modelo de articulación del Estado. No sólo por la escasez
permanente de recursos para afrontar las competencias, que ya
existían, sino porque a raíz del llamado pacto local deberían asumir
otras nuevas competencias para las que no existe financiación. El
abandono de los Municipios no obsta para que el Gobierno acabe
primando por cauces oscuros a aquellos con los que mantiene
afinidades políticas.
La creación del Ministerio de Medio Ambiente en esta Legislatura como
un gran compromiso del Gobierno, se ha quedado en un brindis al sol,
puesto que el presupuesto es insignificante después de cuatro años,
quedando reducido a la escasa actuación en políticas de aguas y
siendo la cuantía global del Ministerio en conjunto inferior a la de
una Dirección General como la de Carreteras. Esto hace que el
Ministerio de Medio Ambiente sea más un Ministerio marginal que el
Ministerio globalizador de políticas más rigurosas con el medio
ambiente de todos los Departamentos del Gobierno, es decir, hacer
compatible con el medio ambiente las
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actuaciones en industria, energía, Fomento, carreteras y ferrocarril,
agricultura, etcétera.
Por último, no puede olvidarse el trasvase recursos que se opera
desde el sector público al privado en áreas como la educación o la
sanidad. La potenciación de la escuela privada en detrimento de la
pública y la privatización que quiere imponerse mediante la vía de
las Fundaciones sanitarias no sólo no reduce el coste para el Estado
sino que, además, privilegia a unos sectores de la población en
perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Pedro
Antonio Ríos Martínez, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
ENMIENDA NÚM. 6
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista del Congreso
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, publicado en
el «B.O.C.G.», serie A, número 186, de 29 de octubre de 1999 (núm.
exp. 121/000186).
MOTIVACIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 están
elaborados, así se deduce de las explicaciones y documentación
aportada, bajo unas premisas de alto crecimiento de la economía
mundial, de estabilidad del marco financiero internacional, de la
mejora de competitividad de la economía española y de un escenario de
los ingresos basado única y exclusivamente en el ciclo económico.
Marco que resulta, a juzgar del conocimiento de la evolución de
múltiples índices económicos y las tendencias internacionales, poco
creíble para sustentar con rigor del actual Presupuesto.
Nuevamente, el análisis de los gastos y las prioridades marcadas por
el Gobierno quedan superadas por la realidad actual en la que el
desfase entre presupuesto y gasto real (obligaciones reconocidas) es
evidente. Lo que parece una política incrementalista, no es tal a la
luz de la realidad actual.
Por ello, estos Presupuestos son claramente insuficientes de cara a
las necesidades de la sociedad española y se ven frustradas las
lógicas ansias de amplios colectivos de nuestra sociedad (mundo del
trabajo, educación, sanidad...), que tras años de importante
crecimiento económico
han visto uno y otro ejercicio que los poderes públicos no
daban respuestas a sus lógicas demandas.
La necesaria modernización de España, la superación de las
desigualdades sociales y territoriales, el acercamiento de los
servicios básicos a los ciudadanos, la mejora de la competitividad de
la economía española están insuficientemente tratadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
El Gobierno mantiene así una lógica conservadora del papel del
Presupuesto como instrumento de solidaridad, el Gobierno consolida
una política de los ingresos ajena a la necesidad de la mayor parte
de la sociedad y presenta una política de Gasto Público con la que es
difícil coincidir tanto por la distribución de los principales
programas de gasto como por la perseverancia de mantener la filosofía
de diferir a futuro importantes cantidades de gasto público.
Por todo ello, pedimos la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Luis
Martínez Noval, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
ENMIENDA NÚM. 7
PRIMER FIRMANTE:
Don Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto)
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula enmienda de devolución a la totalidad del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (expte.
núm. 121/000186), a instancia del Diputado Joan Saura Laporta y la
Diputada Mercè Rivadulla Gracia (Iniciativa per Catalunya-Verds).
JUSTIFICACIÓN
Iniciativa per Catalunya-Verds propone al Congreso de los Diputados
la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el 2000, por distintos motivos, entre los
que cabe destacar la deficiente política de empleo y protección a los
parados, de la que pueden realizarse una crítica de tres puntos.
La aportación de la administración del Estado a las políticas de
empleo y de protección por desempleo es de 45.000 millones de
pesetas, cantidad que merece la calificación de testimonial, si
consideramos que el total del presupuesto es de dos billones de
pesetas. De esta forma, dichas políticas se financian con las
cotizacionessociales de formación y desempleo más la aportación del
312
Fondo Social Europeo. Según cálculos de Comisiones Obreras, en la
práctica, esto puede comportar un excedente presupuestario de 30.000
millones de pesetas.
Actualmente -como ya afirmamos en el último debate del estado de la
nación- más de la mitad de personas paradas no cobran ninguna
cobertura de desempleo, un problema de bienestar social que
calificamos como el más importante del Estado y que no había merecido
ninguna referencia en el discurso que realizó el Presidente del
Gobierno. Pues bien, el proyecto de Ley de PGE para el 2000 no
registra ninguna línea de trabajo como la que los sindicatos
mayoritarios propusieron al Gobierno: extender el subsidio a las
personas paradas con cargas familiares y a las mayores de 45 años de
larga duración, que no perciben ningún tipo de prestación. Estamos
refiriéndonos a un colectivo de 300.000 personas que se encuentra
entre los más necesitados de la sociedad. Ya en su momento nos
cuestionamos la sensibilidad social de este Gobierno y se confirma
con la redacción de dicho presupuesto que, muy probablemente,
conseguirá, al final del ejercicio, un superávit real de las
cotizaciones por desempleo respecto a las prestaciones económicas,
calculado en unos 500.000 millones de pesetas, aproximadamente.
Otra valoración negativa es la que hacemos respecto al aumento
insuficiente en los programas de formación y empleo (un 6,28 por
ciento respecto a 1999) y, a pesar que existe un incremento mayor en
los programas de contratación, escuelas taller, talleres empleo,
etc., todos ellos siguen siendo una parte muy pequeña del conjunto de
las políticas activas. Además, no se ha producido la reorientación
que los sindicatos mayoritarios habían reclamado hacia los programas
de empleo, que son los que permiten adquirir una experiencia
profesional y, al mismo tiempo, están retribuidos.
En materia fiscal, el PGE profundizan en un modelo de redistribución
de riqueza injusto -que Iniciativa Verds viene denunciando desde el
año 1998- para la mayoría de la población y que perjudica a las
personas con menos recursos.
Dichos motivos, entre otros, son los que nos permiten calificar el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
de insolidario y de regresivo, una vez más, respecto al Estado del
Bienestar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1999.-Mercè
Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.