Ogi-apurra
Argitalpenak
I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido (621/000086) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 81
Núm. exp. 121/000081) MENSAJE MOTIVADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Como consecuencia de la aprobación de una enmienda Asimismo, se introducen las siguientes modificaciones de Se modifica el título de la parte expositiva que pasa a En el párrafo 5 del apartado II, párrafo 9 del apartado III En el inicio del párrafo tercero del apartado I, la mención En el párrafo sexto del apartado III, la cita del artículo En el tercer párrafo del apartado IV se corrige la En el párrafo quinto del apartado V se precisa que el Se modifica asimismo el párrafo segundo del apartado IV con Por otra parte, en aplicación de los criterios de uso Con carácter general, se corrige la utilización de la En el párrafo primero del apartado II, la palabra Por el contrario, en la mención que se realiza en el Por último, para facilitar la comprensión del texto se ARTÍCULO PRIMERO Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número Apartado uno (nuevo) Se modifica, como consecuencia de la incorporación de la Apartado cinco (antes cuatro) Se introduce una modificación en la redacción de la letra Apartado seis (antes cinco) En aplicación del criterio general contenido en las Apartado diez (antes nueve) El mismo criterio aplicado en el apartado seis (antes Apartado doce (antes once) La misma corrección gramatical mencionada en los apartados Apartado trece (antes doce) Para mantener la coherencia con los criterios de redacción En el apartado 7 del artículo 154 se introduce una Apartado catorce (antes trece) Además de la corrección del artículo 155.5 del texto Apartado quince (antes catorce) En la redacción del artículo 156 del texto refundido de la Apartado dieciséis (antes quince) Se han introducido correcciones técnico-normativas en la Apartado diecisiete (antes dieciséis) En la redacción del artículo 157 bis del texto refundido de Apartado dieciocho (antes diecisiete) En la redacción del artículo 158 del texto refundido de la Apartado veinte (antes diecinueve) Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número Asimismo, se introducen diversas correcciones Apartado veintiuno (antes veinte) En la redacción del artículo 159.1 del texto refundido de Apartado veintitrés (antes veintidós) Se introducen en la redacción de los artículos 162 bis y Apartado veinticuatro (antes veintitrés) Se introduce una corrección gramatical en el título del Apartado veintiséis (antes veinticinco) Se introduce una corrección de técnica normativa en la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA En aplicación de los criterios de uso específico de las Asimismo, se corrige en el apartado 3, la mención de la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA (ANTES CUARTA) Además de la renumeración de la que es objeto, como DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Se introducen diversas correcciones gramaticales en los DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número El resto de las modificaciones son fruto de correcciones DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA En aplicación de los criterios contenidos en las DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA En la disposición final primera, se corrigen las citas de DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA En aplicación de las Directrices de técnica normativa, en DISPOSICIÓN FINAL TERCERA Se introducen en la disposición final tercera correcciones DISPOSICIÓN FINAL CUARTA (ANTES DISPOSICIÓN ADICIONAL Se introduce como disposición final cuarta la que en el en aplicación de las Directrices de técnica normativa DISPOSICIÓN FINAL QUINTA (ANTES CUARTA) Como consecuencia de la aprobación de la enmienda número Se corrigen además, en todos los apartados, las mayúsculas PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO I El desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de la II En primer lugar, la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Por otra parte, la Directiva 2012/28/UE del Parlamento En ocasiones, los titulares de las obras protegidas por o se perciban ingresos por ello, éstos se limiten a cubrir III El artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE del España, como muchos Estados miembros de la Unión Europea, La disposición adicional décima del Real Decreto-ley Puesto que a partir del 1 de enero de 2012 la compensación Sin embargo, para las obras o publicaciones, impresas o Ciertamente, el actual artículo 32.2 en su redacción IV En este sentido, para reforzar las nuevas obligaciones de V El siguiente grupo de medidas tiene por objeto mejorar la En primer lugar, resulta necesario adaptar la vía Por otra parte, se incluyen expresamente en el ámbito de Asimismo, se realizan mejoras técnicas orientadas a En la tramitación del anteproyecto de ley se ha llevado a Artículo primero. Modificación del texto refundido de la «4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de través de establecimientos accesibles al público. Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones «Artículo 25. Compensación equitativa por copia 1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales 2. Serán beneficiarios de esta compensación los autores de 3. El procedimiento de determinación de la cuantía de esta beneficiarios enumerados en el apartado 2 debido al 4. A los efectos de la determinación de la cuantía de la a) las realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de b) las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva 5. No darán origen a una obligación de compensación 6. En la determinación de la cuantía de la compensación «En el caso de las composiciones musicales con letra, los «2. Sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en a) Que se lleve a cabo por una persona física b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las 1.º Cuando se realice la reproducción, directa o 2.º Cuando se realice una reproducción individual de obras c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización 3. Quedan excluidas de lo dispuesto en el anterior a) Las reproducciones de obras que se hayan puesto a b) Las bases de datos electrónicas. c) Los programas de ordenador, en aplicación de la letra a) «Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines «2. La puesta a disposición del público por parte de Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la 3. El profesorado de la educación reglada impartida en a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración a distancia, o con fines de investigación científica, y en b) Que se trate de obras ya divulgadas. c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, 1.º Actos de reproducción para la comunicación pública, 2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual d) Que se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración 4. Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la c) Que los actos se realicen en las universidades o centros d) Que concurra, al menos, una de las siguientes 1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe 2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre 5. No se entenderán comprendidas en los apartados 3 y 4 las «Artículo 37 bis. Obras huérfanas. 1. Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares 3. Toda utilización de una obra huérfana requerirá la 4. Los centros educativos, museos, bibliotecas y a) Obras cinematográficas o audiovisuales, fonogramas y b) Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las 5. Las obras huérfanas se podrán utilizar siempre que hayan su sede o residencia habitual en un Estado miembro de la Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la 6. Las entidades citadas en el apartado 4 registrarán el a) Los resultados de las búsquedas diligentes que hayan c) Cualquier cambio, de conformidad con el apartado d) La información de contacto pertinente de la entidad en 7. En cualquier momento, los titulares de derechos de «Artículo 110 bis. Disposiciones relativas a la cesión de 1. Si, una vez transcurridos cincuenta años desde la pone a la venta un número suficiente de copias que El derecho a resolver el contrato de cesión podrá ejercerse Cuando un fonograma contenga la grabación de las 2. Cuando un contrato de cesión otorgue al artista El importe total de los fondos que el deudor deba destinar Quedan excluidas del cálculo de los ingresos a que se Los deudores de la remuneración anual adicional a que se 3. Cuando un artista intérprete o ejecutante tenga derecho «No obstante, si, dentro de dicho período, se publica o se «Los derechos de los productores de fonogramas expirarán «Artículo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes. Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción «5. Los derechos de los socios y, en particular, el régimen limiten razonablemente el voto plural, garantizando, en «13. Las disposiciones adecuadas para asegurar una gestión «14. El procedimiento de tratamiento y resolución de las «Artículo 154. Reparto, pago y prescripción de 1. El reparto de los derechos recaudados se efectuará 2. La participación de los titulares en el reparto de los parte de los usuarios en su actividad, quedando obligados 3. La acción para reclamar a las entidades de gestión el 4. La acción para reclamar a las entidades de gestión el En el procedimiento de reparto, las entidades de gestión a) La verificación de datos de registro actualizado de los b) La puesta a disposición de los miembros, de otras 5. Las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular a) A la realización de actividades asistenciales a favor de b) A la promoción de la oferta digital legal de las obras y c) A acrecer el reparto a favor del resto de obras d) A la financiación de una ventanilla única de facturación En el caso de que las entidades de gestión presenten 6. Transcurridos tres años desde el 1 de enero del año 8. Las entidades de gestión sólo podrán conceder anticipos «Artículo 155. Función social y desarrollo de la oferta 1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de a) La promoción de actividades o servicios de carácter b) la realización de actividades de formación y promoción c) la oferta digital legal de las obras y prestaciones 1.º Las campañas de formación, educación o sensibilización 2.º La promoción directa de las obras y prestaciones 3.º Las actividades para fomentar la integración de autores 3. A requerimiento de la Administración competente, las 4. A fin de llevar a cabo las actividades del apartado 1, «Artículo 156. Contabilidad y auditoría. 1. Las entidades de gestión de derechos de propiedad Las entidades de gestión que participen en sociedades 2. La memoria de las cuentas anuales de la entidad de cuentas anuales, incluirá información sobre las actividades a) Los importes totales de la facturación y de la b) El importe total repartido, desglosado por cada uno de 1.º Las cantidades tanto asignadas como percibidas por los 2.º Las cantidades pendientes de asignación en el 3.º Las cantidades asignadas a titulares que no sean c) Los descuentos aplicados a cada uno de los derechos y d) Un informe sobre la evolución y la situación de la f) Las modificaciones de los estatutos, normas de régimen g) Los contratos suscritos con asociaciones de usuarios y h) La evolución del número de miembros de la entidad, por i) Las cantidades recaudadas acumuladas que estén 4. El máximo órgano ejecutivo de la entidad de gestión «1. Las entidades de gestión están obligadas: a) A negociar y contratar, bajo remuneración, en b) A establecer tarifas generales, simples y claras que 1.º El grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto 2.º La intensidad y relevancia del uso del repertorio en el 3.º La amplitud del repertorio de la entidad de gestión. A 4.º Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la 5.º El valor económico del servicio prestado por la entidad 6.º Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con 7.º Las tarifas establecidas por entidades de gestión c) A negociar y celebrar contratos generales con d) A difundir en su sitio Web de forma fácilmente 4.º Los sistemas, normas y procedimientos de reparto, el e) A participar en la creación, gestión, financiación y f) A informar a los usuarios del repertorio que representen g) A informar a sus miembros, previa solicitud por escrito 1.º Las personas que forman parte de la alta dirección y de 2.º Las retribuciones y demás percepciones que se atribuyan por concepto retributivo, recogiendo separadamente los 3.º Las condiciones de los contratos suscritos por la h) A practicar respecto de sus miembros la rendición de i) A cumplir con las obligaciones previstas en el apartado k) A elaborar un presupuesto anual de recaudación y reparto «Artículo 157 bis. Facultades de supervisión. «Artículo 158. Comisión de Propiedad Intelectual: 2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones: Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la «Artículo 158 bis. Funciones de mediación, arbitraje, 1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes. Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a 2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad a) Dando solución, previo sometimiento voluntario de las b) Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio 3. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad La Sección establecerá el importe de la remuneración En la determinación de estas tarifas, la Sección Primera Asimismo, la Sección Primera podrá dictar resoluciones 4. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias, 5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para «Artículo 158 ter. Función de salvaguarda de los derechos 1. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad 2. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad se A) Los prestadores de servicios de la sociedad de la B) Los prestadores de servicios de la sociedad de la Las entidades de gestión estarán legitimadas para instar Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, La falta de resolución en el plazo reglamentariamente Las resoluciones dictadas por la Sección Segunda en este 4. La Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se medidas podrán comprender medidas técnicas y deberes de La Sección Segunda podrá extender las medidas de retirada o La interrupción de la prestación del servicio o la retirada 5. En caso de falta de retirada voluntaria y a efectos de En la adopción de las medidas de colaboración la Sección La falta de colaboración por los prestadores de servicios Cuando así lo justifique la gravedad y repercusión social a) La publicación de la resolución sancionadora, a costa Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen La imposición de las sanciones corresponderá al Secretario El instructor del procedimiento sancionador podrá 7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio 8. Podrán desarrollarse códigos de conducta voluntarios en 9. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de «Artículo 159. Competencias de las Administraciones 1. Corresponderán, en todo caso, al Ministerio de 2. Las funciones de inspección, vigilancia y control de las Se considerará que una entidad de gestión de derechos de El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura 3. Corresponderán al Ministerio de Educación, Cultura y «c) Límite relativo a la cita e ilustración con fines «Título VI. Régimen sancionador de las entidades de Artículo 162 bis. Responsabilidad administrativa, órganos 3. El ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por Artículo 162 ter. Clasificación de las infracciones. 2. Constituyen infracciones muy graves los siguientes a) La ineficacia manifiesta y notoria en la administración c) El incumplimiento grave y reiterado de la obligación d) La puesta de manifiesto de algún hecho que suponga el 3. Constituyen infracciones graves los siguientes a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el b) La aplicación de sistemas, normas y procedimientos de c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en e) La inobservancia significativa del procedimiento 4. Constituyen infracciones leves los siguientes actos: a) La falta de atención a los requerimientos de las b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el c) Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a 1. Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá a) Inhabilitación para operar como entidad de gestión de b) Multa de entre un 1 y un 2 por ciento de la recaudación en el año anterior a la fecha de imposición de la multa. En 2. Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy 3. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al 5. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la 6. Para la graduación de las sanciones se atenderá a los 7. Cuando las sanciones pecuniarias hayan sido impuestas 8. Una vez iniciado el procedimiento sancionador por la a) La intervención se realizará por un plazo de seis meses, b) Los gastos derivados de la intervención temporal c) La finalidad de la intervención será regularizar el El Gobierno podrá desarrollar reglamentariamente el «Disposición adicional quinta. Notificaciones en el 1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el 3. No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 6 Transcurridos diez días naturales desde la publicación en «Disposición adicional sexta. Obras consideradas huérfanas Las obras consideradas huérfanas conforme a la legislación en la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del «Disposición transitoria vigésima primera. Aplicación La protección prevista en el párrafo anterior se entenderá 2. El artículo 37 bis se aplicará con respecto a todas las 3. Los artículos 110 bis, 112 y 119 se aplicarán a la 4. Salvo pacto en contrario, los contratos de cesión Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Uno. Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos «7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda a) Los nombres y direcciones de los productores, b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, «10.º Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción La solicitud estará referida a la obtención de los datos la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de «11.º Mediante la solicitud, formulada por el titular de un Dos. El apartado 4 del artículo 259 pasa a tener la «4. La información obtenida mediante las diligencias de los Disposición adicional primera. Medidas de reducción de los 1. El Gobierno impulsará medidas para la reducción de los La ventanilla será gestionada por una persona jurídica La ventanilla deberá prestar sus servicios en condiciones a) Deberá garantizarse la prestación de servicios a toda b) Deberá incorporar las tarifas generales vigentes para c) Deberá facilitar el pago de los importes de las tarifas El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comisión El Gobierno podrá desarrollar reglamentariamente lo Disposición adicional segunda. Especialidades Las entidades de gestión de derechos de propiedad El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en 1. Fuentes normativas. 2. Hecho imponible. 3. Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a 4. Devengo. La tasa se devengará en el momento de determinarse la 5. Base imponible y cuota. 1. La base imponible de la tasa estará constituida por las 2. La cuota a ingresar en concepto de esta tasa será el Disposición transitoria primera. Aplicación del Plan de b) Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor c) Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha. La contrapartida de los ajustes que deban realizarse para 2. Las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio b) Incluyendo información comparativa adaptada a los nuevos Disposición transitoria segunda. Aprobación de nuevas Disposición derogatoria única. Derogación normativa. En aplicación de las recomendaciones y orientaciones Disposición final segunda. Título competencial.
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL
transaccional firmada por todos los Grupos Parlamentarios, se modifica el
párrafo décimo del apartado III de la exposición de motivos para
especificar, en el marco del régimen aplicable a las reseñas realizadas
por servicios electrónicos de agregación de contenidos, que es preceptiva
la autorización en caso de puesta a disposición del público por terceros
de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en
publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica.
técnica normativa:
denominarse «EXPOSICIÓN DE MOTIVOS», en lugar de PREÁMBULO, en aplicación
de lo establecido en las Directrices de técnica normativa (número
11).
y párrafo 9 del apartado V se corrige la utilización de mayúsculas y
minúsculas en la cita del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, con el objeto de adecuarla a su denominación oficial,
criterio que debe seguirse así mismo en el título del Proyecto de
ley.
de «La vigente Ley de Propiedad Intelectual, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 1/1996…» se completa de forma que el párrafo
comienza como sigue: «El vigente texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
1/1996…».
de la Constitución se corrige de acuerdo con las Directrices de técnica
normativa (número 72), que aconseja utilizar siempre su nombre oficial:
«Constitución Española», y, por tanto, con las letras iniciales en
mayúscula.
utilización de mayúsculas y minúsculas en la cita de la Ley 22/1987, de
11 de noviembre, de Propiedad Intelectual para adecuarla a su nombre
oficial.
artículo 158.4 que se menciona lo es del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, y no de la Ley de Propiedad Intelectual.
el objeto de citar correctamente el título de la Moción consecuencia de
interpelación urgente, aprobada por el Congreso de los Diputados el 19 de
julio de 2011, así como el contenido de la misma.
específico de las mayúsculas en los textos legislativos contenidos en las
Directrices de técnica normativa, que recomiendan que su uso se restrinja
lo máximo posible, se realizan correcciones en el párrafo primero del
apartado I («producto interior bruto español»), en el párrafo tercero del
apartado I («legislatura») y en el párrafo segundo del apartado V
(«legislador»), ya que no está justificado el uso de mayúsculas.
inicial mayúscula en la palabra «Ley» contenida en las expresiones que se
repiten a lo largo del texto relativas a «esta Ley» o «la presente Ley»,
ya que como establecen las Directrices de técnica normativa «no se
escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se
haga referencia a la propia norma o a una clase genérica de la
disposición…». Este criterio se ha aplicado en el párrafo cuarto
del apartado I de la parte expositiva («la presente ley…»), en el
final del párrafo cuarto del apartado V de la parte expositiva, («en la
medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en dicha ley
para su aplicación.»), así como en sus párrafos octavo («en las medidas
contenidas en la presente ley…») y décimo («la presente ley se
aprueba al amparo de lo dispuesto…»).
«Directivas» pasa a escribirse en minúscula («la aprobación de dos
directivas») por tratarse de un tipo genérico de disposición.
apartado II de la parte expositiva a «la tarea de armonización del
derecho sustantivo nacional de sus Estados miembros», la palabra
«derecho» pasa a redactarse en mayúscula («Derecho sustantivo»), por
referirse a un conjunto normativo u ordenamiento jurídico, al igual que
sucedería si se refiere a una rama de dicho ordenamiento, en
contraposición al uso del término «derecho» con minúscula, que
normalmente se refiere a un derecho subjetivo entendido como la facultad
o prerrogativa que puede ser ejercida por su titular.
introducen correcciones de puntuación en los párrafos octavo y décimo del
apartado III y en el tercer párrafo del apartado IV, así como
correcciones en expresiones ya acuñadas en el lenguaje jurídico como las
que se refieren a la financiación «con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado» (en los párrafos cuarto y quinto del apartado III), y,
finalmente, correcciones de redacción que pretenden corregir erratas
(párrafo noveno del apartado III) o mejorar la redacción (párrafo cuarto
del apartado I, párrafo primero del apartado IV y párrafo cuarto del
apartado V).
172 del Grupo Parlamentario Popular, se añade un apartado nuevo que
modifica el artículo 19.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual. A este apartado nuevo le corresponde el primer lugar en la
nueva numeración, de modo que afecta a la del resto de los apartados.
citada enmienda número 172 del Grupo Parlamentario Popular, el apartado 4
del artículo 19 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
que precisa las operaciones que quedan excluidas del concepto de
préstamo, adaptándose así a lo dispuesto en la Directiva 2006/115/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de
autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
b) del artículo 32.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, como consecuencia de la aprobación de la enmienda número 170
del Grupo Parlamentario Popular, en la que se precisa una de las
condiciones que deben concurrir simultáneamente para que no sea necesaria
la autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción
parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o
publicaciones, impresos o susceptibles de serlo.
Directrices de técnica normativa de que las menciones a «esta ley» o «la
presente ley» deben realizarse utilizando minúsculas, se corrigen dichas
menciones en el artículo 37 bis.2 y 37 bis.6.b) del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
cinco), justifica las correcciones gramaticales que afectan a los
párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 138 del texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual.
anteriores se introduce en el artículo 153.1 del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual.
utilizados en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que
ahora se modifica, donde las referencias a la «Asamblea general» de las
entidades de gestión se realiza siempre con mayúscula inicial en la
palabra «Asamblea» y con minúscula en la palabra «general», se corrigen
las menciones que se hacen a la misma en los párrafos 2, 5 y 9 del
artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
corrección justificada por una argumentación similar, y que tiene por
objeto homogeneizar el criterio de utilización de mayúsculas y minúsculas
en la expresión «Administración competente».
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual («Administración
competente»), se modifica el artículo 155.2 al amparo de las Directrices
de técnica normativa, de modo que se elimina, tras la cita del artículo
25, la expresión «de esta Ley», por afectar a un precepto de la misma
disposición.
Ley de Propiedad Intelectual se han introducido tres tipos de
correcciones técnico-gramaticales, la primera de ellas en el apartado
2.e) (eliminación de la expresión «de esta Ley»), la segunda en el
apartado 3 (para adaptar la cita del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas a su denominación oficial) y la tercera en los
apartados 3, 4 y 5 (correcciones de la expresión «Administración
general»).
redacción del artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, que afectan a la denominación de la orden ministerial que
aprobará la metodología para la determinación de las tarifas generales
[apartado 1.b)], la puntuación [apartado 1.d)], y a la utilización de
mayúsculas y minúsculas en la expresión «Administración competente»
[apartado 1.j)].
la Ley de Propiedad Intelectual, se corrige la utilización de mayúsculas
y minúsculas de la expresión «Administraciones competentes».
Ley de Propiedad Intelectual, se incluyen diversas correcciones de
técnica normativa en sus cuatro apartados para adecuar el uso de
mayúsculas y minúsculas a los criterios fijados en las Directrices de
técnica normativa. En el segundo apartado se corrige además un error de
puntuación (introducción de una coma tras la palabra «arbitraje») y se
corrige la cita de la Ley 34/2002, para adaptarla a su denominación
oficial.
171, del Grupo Parlamentario Popular, se introduce una modificación en el
primer párrafo del artículo 158 ter.6 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, en virtud de la cual se tipifica como infracción
muy grave (en lugar de grave) y se sanciona con multa de entre 150.001
hasta 600.000 euros (en lugar de multa entre 30.000 y 300.000 euros), el
incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos en
determinadas circunstancias.
técnico-gramaticales en los apartados 3, 4, 5 y 6, que afectan a la
denominación de las normas que se mencionan, al uso de la palabra
«vulnerador», que se sustituye por «infractor», y de la expresión
«actividad vulneradora» que se sustituye por «actividad ilícita», así
como al uso injustificado de mayúsculas, errores de puntuación o
expresiones gramaticalmente incorrectas.
la Ley de Propiedad Intelectual se introducen sendas correcciones
técnico-gramaticales en los apartados a) y b).
162 ter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual diversas
correcciones gramaticales dirigidas a adecuar el uso de mayúsculas y
minúsculas a los criterios fijados en las Directrices de técnica
normativa, y una corrección técnica dirigida a precisar la tipificación
de los actos calificados como infracciones muy graves contenida en el
artículo 162.ter.2b).
apartado («disposición adicional») y diversas correcciones en los
párrafos 2, 4 y 5 que pretenden facilitar la comprensión del texto.
redacción del primer apartado de la disposición transitoria vigésima
primera del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
consistente en eliminar la referencia a «la presente Ley» tras la cita
del artículo 28.1, por tratarse de la mención de un artículo de la misma
ley que se modifica.
mayúsculas en los textos legislativos contenidos en las Directrices de
técnica normativa, se corrige en el apartado 2 la referencia en mayúscula
a la «entrada en vigor de la Ley», que pasa a escribirse con minúscula ya
que hace referencia a la propia norma que es objeto de aprobación.
norma que se cita, para adecuarla a su denominación oficial.
consecuencia de haber trasladado el contenido de la antigua disposición
adicional tercera a una disposición final (la cuarta), se introducen en
los dos primeros párrafos diversas correcciones técnico-gramaticales
dirigidas a facilitar la comprensión de la norma, a la utilización
correcta de mayúsculas y minúsculas y a la cita de las disposiciones por
su nombre oficial.
tres párrafos de la disposición transitoria primera, que afectan a la
utilización de mayúsculas y minúsculas, a la concordancia de sujeto y
verbo, y a la precisión lingüística necesaria en toda norma jurídica.
173 del Grupo Parlamentario Popular, se modifica el párrafo segundo del
apartado 3 de la disposición transitoria segunda tanto para ampliar a
tres años el periodo de tiempo a que dicho párrafo se refiere como para
precisar las cuantías que deberán pagar los usuarios a las entidades de
gestión en determinados supuestos.
técnico-normativas y gramaticales, relativas a la correcta denominación
de las normas y al uso de mayúsculas y minúsculas.
Directrices de técnica normativa, se corrige la utilización de la inicial
mayúscula en la palabra «ley» ya que hace referencia a la propia norma
que se modifica.
la Ley 10/2007, para adaptarla a su denominación oficial: «Ley 10/2007,
de 22 de junio, de la lectura, el libro y las bibliotecas».
la disposición final segunda se elimina la expresión «de la presente
Ley», ya que la mención de las disposiciones afecta a preceptos de la
misma norma.
gramaticales en aplicación de los criterios contenidos en las Directrices
de técnica normativa sobre el uso de mayúsculas y minúsculas.
TERCERA)
texto remitido por el Congreso de los Diputados figuraba como disposición
adicional tercera («reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual»)
ya que,
[número 42.e)], los mandatos al Gobierno dirigidos a la producción de
normas jurídicas (habilitaciones de desarrollo y de aplicación
reglamentarios, mandatos de presentación de proyectos normativos, etc.),
deben ser objeto de una disposición final.
174 del Grupo Parlamentario Popular, se introducen modificaciones en la
disposición final relativa a la entrada en vigor, que se producirá el día
1 de enero de 2015 con las excepciones que se mencionan, a las que se
añade en el apartado a) la mención del apartado 4 del artículo 32 del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y se suprime la
mención al apartado 2 del citado artículo.
por minúsculas en la palabra «Ley» (cuando se refiere a «la presente
ley») y en la expresión «texto refundido». Por último, en el apartado d)
se precisa la norma a la que se refiere el artículo que se menciona, que
es el «154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual».
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL
TEXTO REMITIDO
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOSENMIENDAS
APROBADAS POR EL SENADOPreámbulo Exposición de
motivos
Las industrias
culturales y creativas constituyen un sector de gran relevancia en
nuestro país, tanto por la singular naturaleza de las actividades que
desarrollan, como por su peso económico, ya que las actividades
relacionadas con la propiedad intelectual generan cerca del 4 por ciento
del Producto Interior Bruto español.Las industrias
culturales y creativas constituyen un sector de gran relevancia en
nuestro país, tanto por la singular naturaleza de las actividades que
desarrollan, como por su peso económico, ya que las actividades
relacionadas con la propiedad intelectual generan cerca del 4 por ciento
del producto interior bruto español.
información y de las redes informáticas descentralizadas han tenido un
impacto extraordinario sobre los derechos de propiedad intelectual, que
ha requerido un esfuerzo equivalente de la comunidad internacional y de
la Unión Europea para proporcionar instrumentos eficaces que permitan la
mejor protección de estos derechos legítimos, sin menoscabar el
desarrollo de Internet, basado en gran parte en la libertad de los
usuarios para aportar contenidos.
La vigente Ley de
Propiedad Intelectual, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, ha sido un instrumento esencial para la protección de
estos derechos de autor, pero resulta cuestionable su capacidad para
adaptarse satisfactoriamente a los cambios sociales, económicos y
tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años. Por ello,
el Gobierno considera prioritario abordar modificaciones legislativas en
materia de propiedad intelectual durante la presente Legislatura.El vigente texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, ha sido un instrumento
esencial para la protección de estos derechos de autor, pero resulta
cuestionable su capacidad para adaptarse satisfactoriamente a los cambios
sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo en los
últimos años. Por ello, el Gobierno considera prioritario abordar
modificaciones legislativas en materia de propiedad intelectual durante
la presente legislatura.Existen problemas
cuya solución no puede esperar a la culminación de la elaboración de un
proyecto integral de nueva Ley de Propiedad Intelectual y que requieren
la adopción, en el corto plazo, de decisiones dirigidas a reforzar la
protección de los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, las
medidas que recoge la presente Ley se agrupan en tres bloques: la
profunda revisión del sistema de copia privada, el diseño de mecanismos
eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual y el fortalecimiento de los instrumentos Existen problemas
cuya solución no puede esperar a la aprobación de una nueva Ley integral
de Propiedad Intelectual y que requieren la adopción, en el corto plazo,
de decisiones dirigidas a reforzar la protección de los derechos de
propiedad intelectual. Concretamente, las medidas que recoge la presente
ley se agrupan en tres bloques: la profunda revisión del sistema de copia
privada, el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades
de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento
de los instrumentos de reacción frente a las
de reacción
frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la
oferta legal en el entorno digital.vulneraciones de
derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno
digital.
La Unión Europea,
mediante la aprobación de dos Directivas, continúa la tarea de
armonización del derecho sustantivo nacional de sus Estados miembros en
el ámbito de la propiedad intelectual, materia de gran relevancia para el
desarrollo del mercado interior.La Unión Europea,
mediante la aprobación de dos directivas, continúa la tarea de
armonización del Derecho sustantivo nacional de sus Estados miembros en
el ámbito de la propiedad intelectual, materia de gran relevancia para el
desarrollo del mercado interior.
Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se
modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines, amplía determinados
plazos relativos a la explotación de los fonogramas y adopta diversas
medidas adicionales para garantizar que los artistas intérpretes o
ejecutantes se beneficien realmente de esta ampliación, reconociendo así
la importancia que la sociedad atribuye a su contribución creativa en ese
sector.
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos
autorizados de las obras huérfanas, tiene como objetivo principal
establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en la
utilización de estas obras por parte de las instituciones culturales y
los organismos públicos de radiodifusión de la Unión Europea. Estas
instituciones, en cumplimiento de sus objetivos y en beneficio del
interés público, realizan una contribución esencial a la conservación y
difusión del patrimonio cultural europeo. La sociedad de la información
facilita, a través de la digitalización y la puesta a disposición del
público de sus colecciones o archivos, el acceso de los ciudadanos a las
obras que forman parte de los mismos, sin perjuicio de los derechos de
propiedad intelectual de sus titulares.
derechos de propiedad intelectual no han podido ser identificados o, si
lo han sido, no han podido ser localizados tras una búsqueda diligente,
dando lugar a su determinación como obras huérfanas. La imposibilidad de
localizar a los titulares de derechos de propiedad intelectual de una
obra no debe impedir su acceso y disfrute por los ciudadanos, por lo que
es necesario permitir a las instituciones culturales su digitalización y
puesta a disposición, siempre que, aunque estos actos se lleven a cabo
mediante acuerdos con instituciones privadas
los costes derivados de dicha utilización. Ello ha de entenderse sin
perjuicio del derecho del legítimo titular a poner fin a la condición de
obra huérfana y percibir una compensación equitativa, teniendo en cuenta
no sólo el posible daño causado, sino también el interés público y la
promoción del acceso a la cultura que justifiquen la utilización de la
obra, así como su carácter no lucrativo.
Por tanto,
procede abordar, mediante la presente reforma del Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, la transposición al ordenamiento jurídico
español del contenido de las referidas Directivas 2011/77/UE y
2012/28/UE.Por tanto,
procede abordar, mediante la presente reforma del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, la transposición al ordenamiento jurídico
español del contenido de las referidas Directivas 2011/77/UE y
2012/28/UE.
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, permite
a los Estados miembros de la Unión Europea establecer, como límite al
derecho de reproducción (por el que sólo el titular del derecho de autor
o derecho afín puede autorizar o prohibir la reproducción de la obra), el
caso de las copias en cualquier soporte efectuadas por una persona física
para uso privado. No obstante, la Directiva obliga, a los Estados
miembros que implanten este límite, a establecer una vía para que los
titulares de esos derechos de reproducción reciban a cambio una
compensación equitativa.
ya había implantado el límite de copia privada, en concreto a través del
artículo 25 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual.
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, no suprime ese límite a los derechos de propiedad
intelectual.
El objetivo del
citado Real Decreto-ley ha sido modificar el mecanismo de financiación de
esta compensación, que deja de depender de la recaudación que las
entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual obtienen de
los intermediarios en el mercado de equipos, aparatos y soportes de
reproducción, para pasar a financiarse directamente con cargo de los
Presupuestos Generales del Estado.El objetivo del
citado Real Decreto-ley ha sido modificar el mecanismo de financiación de
esta compensación, que deja de depender de la recaudación que las
entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual obtienen de
los intermediarios en el mercado de equipos, aparatos y soportes de
reproducción, para pasar a financiarse directamente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
La financiación
de esta compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado va
a llevarse a cabo con pleno respeto del principio del justo equilibrio
entre la cuantía de aquélla y el perjuicio causado por las copias
privadas realizadas al amparo del límite, de obras protegidas. Dicha
vinculación queda prevista legalmente al determinarse aquellas copias que
no tendrán la consideración de reproducciones para uso privado o al
fijarse determinadas situaciones en las que se producirá un daño o
perjuicio mínimo. Asimismo el citado vínculo se hará patente cuando
reglamentariamente se desarrollen los criterios a tener en cuenta en el
procedimiento de cuantificación y liquidación de la compensación
equitativa para consignar anualmente dicha cuantía que después se
referirá.La financiación
de esta compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado va
a llevarse a cabo con pleno respeto del principio del justo equilibrio
entre la cuantía de aquélla y el perjuicio causado por las copias
privadas realizadas al amparo del límite, de obras protegidas. Dicha
vinculación queda prevista legalmente al determinarse aquellas copias que
no tendrán la consideración de reproducciones para uso privado o al
fijarse determinadas situaciones en las que se producirá un daño o
perjuicio mínimo. Asimismo el citado vínculo se hará patente cuando
reglamentariamente se desarrollen los criterios a tener en cuenta en el
procedimiento de cuantificación y liquidación de la compensación
equitativa para consignar anualmente dicha cuantía que después se
referirá.Respecto al
origen de esta financiación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, debe recordarse que, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la ley es fuente de obligaciones para la Hacienda
Pública estatal, exigibles cuando resulten de la ejecución de los
presupuestos, y que, según el artículo 31.2 de la Constitución española,
el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos
públicos.Respecto al
origen de esta financiación con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, debe recordarse que, según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la ley es fuente de obligaciones para la Hacienda
Pública estatal, exigibles cuando resulten de la ejecución de los
presupuestos, y que, según el artículo 31.2 de la Constitución Española,
el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos
públicos.
por copia privada se viene abonando con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, resulta preciso y urgente realizar algunos ajustes
legales.
En estas
circunstancias se procede a una nueva redacción del apartado 2 del
artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que
supone su restricción como consecuencia de la exclusión, por un lado, de
las reproducciones para uso profesional o empresarial, en cumplimiento de
la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
y por otra parte de las reproducciones a partir de soportes físicos que
no sean propiedad del usuario, incluyéndose aquellas no adquiridas por
compraventa mercantil, y mediante comunicación pública salvo las
reproducciones individuales de obras a las que se haya accedido a través
de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la
imagen, del sonido o de ambos. Al dejar de quedar amparadas por el límite
de copia privada, estas reproducciones, cuando carezcan de autorización,
devienen ilícitas y no podrán ser objeto de la compensación equitativa.
Asimismo se especifican, en un nuevo apartado 3 al artículo 31, los
supuestos excluidos del límite de copia privada, de tal modo que ya no
sólo estarán excluidas las bases de datos electrónicas y los programas de
ordenador sino todas aquellas obras que se hayan puesto aEn estas
circunstancias se procede a una nueva redacción del apartado 2 del
artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que
supone su restricción como consecuencia de la exclusión, por un lado, de
las reproducciones para uso profesional o empresarial, en cumplimiento de
la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
y por otra parte de las reproducciones a partir de soportes físicos que
no sean propiedad del usuario, incluyéndose aquellas no adquiridas por
compraventa mercantil, y mediante comunicación pública, salvo las
reproducciones individuales de obras a las que se haya accedido a través
de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la
imagen, del sonido o de ambos. Al dejar de quedar amparadas por el límite
de copia privada, estas reproducciones, cuando carezcan de autorización,
devienen ilícitas y no podrán ser objeto de la compensación equitativa.
Asimismo se especifican, en un nuevo apartado 3 al artículo 31, los
supuestos excluidos del límite de copia privada, de tal modo que ya no
sólo estarán excluidas las bases de datos electrónicas y los programas de
ordenador sino todas aquellas obras que se hayan puesto a
disposición del
público con arreglo a lo convenido por contrato de tal forma que
cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que
elija.disposición del
público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que
cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que
elija.Por otra parte,
se modifica el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, a los efectos de reconocer que la compensación equitativa a
la que se refiere el artículo 31.2 se realizará anualmente con cargo a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, remitiéndose dicho precepto a
lo establecido reglamentariamente en lo relativo al procedimiento de
determinación de la cuantía y el procedimiento de pago de dicha
compensación. No obstante la anterior remisión, resulta oportuno prever
legalmente determinadas directrices, a los efectos de la determinación de
la cuantía de la citada compensación, relativas a precisar la
consideración, de reproducciones como copias privadas, de situaciones que
dan lugar a un perjuicio mínimo o la modulación del perjuicio según la
adopción o no de medidas tecnológicas eficaces por el titular del derecho
de reproducción. Todas ellas, en consonancia con la más reciente
jurisprudencia comunitaria. Asimismo se prevé que el pago se realizará a
través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual,
todo ello a los efectos de hacer posible y más eficaz la posterior
distribución de la compensación al estarse ante uno de los derechos de
gestión colectiva obligatoria por excelencia.Por otra parte,
se modifica el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, a los efectos de reconocer que la compensación equitativa a
la que se refiere el artículo 31.2 se realizará anualmente con cargo a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, remitiéndose dicho precepto a
lo establecido reglamentariamente en lo relativo al procedimiento de
determinación de la cuantía y al procedimiento de pago de dicha
compensación. No obstante la anterior remisión, resulta oportuno prever
legalmente determinadas directrices, a los efectos de la determinación de
la cuantía de la citada compensación, relativas a precisar la
consideración, de reproducciones como copias privadas, de situaciones que
dan lugar a un perjuicio mínimo o la modulación del perjuicio según la
adopción o no de medidas tecnológicas eficaces por el titular del derecho
de reproducción. Todas ellas, en consonancia con la más reciente
jurisprudencia comunitaria. Asimismo se prevé que el pago se realizará a
través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual,
todo ello a los efectos de hacer posible y más eficaz la posterior
distribución de la compensación al estarse ante uno de los derechos de
gestión colectiva obligatoria por excelencia.Por último, se
estima necesario modificar la excepción relativa a la cita y reseña e
ilustración con fines educativos o de investigación científica,
principalmente en lo relativo a la obra impresa. Así, se actualiza para
el entorno digital el régimen aplicable a las reseñas realizadas por
servicios electrónicos de agregación de contenidos. Por otro lado, la
actual regulación de la cita e ilustración de la enseñanza queda
prácticamente inalterada con el alcance actual respecto a pequeños
fragmentos de obras, salvo en el supuesto de obras en forma de libros de
texto, manuales universitarios y publicaciones asimiladas, así como
respecto a obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.
Simplemente se produce una modificación respecto al ámbito de aplicación
de la citada excepción que a partir de ahora no se circunscribirá a las
aulas sino que se contempla de manera general para cubrir otros tipos de
enseñanza como la enseñanza no presencial y en línea.Por último, se
estima necesario modificar la excepción relativa a la cita y reseña e
ilustración con fines educativos o de investigación científica,
principalmente en lo relativo a la obra impresa. Así, se actualiza para
el entorno digital el régimen aplicable a las reseñas realizadas por
servicios electrónicos de agregación de contenidos, si bien
especificándose que la puesta a disposición del público por terceros de
cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en
publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica, ha
de estar siempre sujeta a autorización. Por otro lado, la actual
regulación de la cita e ilustración de la enseñanza queda prácticamente
inalterada con el alcance actual respecto a pequeños fragmentos de obras,
salvo en el supuesto de obras en forma de libros de texto, manuales
universitarios y publicaciones asimiladas, así como respecto a obras
aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. Simplemente se
produce una modificación respecto al ámbito de aplicación de la citada
excepción, que a partir de ahora no se circunscribirá a las aulas sino
que se contempla de manera general para cubrir otros tipos de enseñanza
como la enseñanza no presencial y en línea.
susceptibles de serlo, se amplía, en el ámbito de las universidades y
centros de investigación, la excepción en defecto de autorización o de
actos referidos a contenidos sobre cuyos derechos el centro usuario sea a
su vez titular, siempre de acuerdo con el contenido del artículo 5.3.a) y
4 de la citada Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, aunque dicho uso beneficiado de la
excepción, no deja de devengar la correspondiente y necesaria
remuneración.
vigente hasta ahora queda muy lejos del alcance máximo que la señalada
directiva permite dar a esta excepción o límite, aspecto éste que se
deduce tanto de su articulado como de los considerandos de la misma. Por
ello, ya el informe del Consejo de Estado previo a la aprobación de la
Ley 23/2006, de 7 de julio, recordaba al legislador español que el
alcance que se daba a ese límite o excepción en España quizá no resultase
suficiente para cubrir las necesidades cotidianas del entorno educativo,
quedando muy por debajo de lo que permite la Directiva 2001/29/CE.
Las entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual son una pieza esencial en el
engranaje de protección de los derechos de autor, que generalmente se han
mostrado eficaces en el cumplimiento de sus fines. Dichos fines no son
otros que la gestión colectiva de derechos de explotación u otros de
carácter patrimonial, por cuenta y en interés de una pluralidad de
titulares de derechos de propiedad intelectual y abogar asimismo por los
intereses generales en su conjunto respecto a la protección de la
propiedad intelectual. De hecho, como se ha señalado, el límite de copia
privada pasa a remunerarse con una cuantía con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado pero que sigue haciéndose efectiva a través de las
citadas entidades de gestión.Las entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual son una pieza esencial en el
engranaje de protección de los derechos de autor, que generalmente se han
mostrado eficaces en el cumplimiento de sus fines. Dichos fines no son
otros que la gestión colectiva de derechos de explotación u otros de
carácter patrimonial, por cuenta y en interés de una pluralidad de
titulares de derechos de propiedad intelectual, y asimismo la defensa de
los intereses generales en su conjunto respecto a la protección de la
propiedad intelectual. De hecho, como se ha señalado, el límite de copia
privada pasa a remunerarse con una cuantía con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado pero que sigue haciéndose efectiva a través de las
citadas entidades de gestión.No obstante, la
experiencia acumulada ha permitido identificar problemas en el
funcionamiento del modelo y ha revelado aspectos que admiten amplios
márgenes de mejora, singularmente en lo referido a la eficiencia y
transparencia del sistema. En este sentido, la Moción, de 14 de julio de
2011, sobre las medidas a adoptar para garantizar el control del
cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos
reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, exige adoptarNo obstante, la
experiencia acumulada ha permitido identificar problemas en el
funcionamiento del modelo y ha revelado aspectos que admiten amplios
márgenes de mejora, singularmente en lo referido a la eficiencia y
transparencia del sistema. En este sentido, la Moción consecuencia de
interpretación urgente, aprobada por el Congreso de los Diputados el 19
de julio de 2011, sobre las medidas a adoptar para garantizar el control
del cumplimiento de la legalidad en las
medidas de
control que permitan garantizar la gestión de todos los derechos de los
autores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual en
general, y del derecho a la compensación equitativa por copia privada en
particular.entidades de
gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual,
insta a adoptar medidas de control que permitan garantizar la gestión de
todos los derechos de los autores y otros titulares de derechos de
propiedad intelectual.En consecuencia,
resulta oportuna la anticipación de medidas para subsanar las principales
de estas deficiencias, quedando diferida a una próxima ley una eventual
revisión en profundidad del conjunto del sistema. En este sentido,
podemos destacar tres tipos de medidas. En primer lugar, se recoge de
forma detallada y sistemática el catálogo de obligaciones de las
entidades de gestión para con las Administraciones Públicas y respecto a
sus asociados, con especial atención a aquellas relacionadas con la
rendición anual de cuentas. En segundo lugar, y consecuentemente con la
anterior, se establece un cuadro de infracciones y sanciones que permitan
exigir a las entidades de gestión responsabilidades administrativas por
el incumplimiento de sus obligaciones legales, condición indispensable
para garantizar su cumplimiento. En tercer lugar se delimitan con
precisión los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas, respetando la doctrina
del Tribunal Constitucional, recogida inicialmente en la STC 196/1997, de
13 de noviembre, que se pronuncia sobre la adecuación al marco
constitucional de distribución de competencias de varios preceptos de la
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual, pero que
también subyace en la STC 31/2010, de 28 de junio.En consecuencia,
resulta oportuna la anticipación de medidas para subsanar las principales
de estas deficiencias, quedando diferida a una próxima ley una eventual
revisión en profundidad del conjunto del sistema. En este sentido,
podemos destacar tres tipos de medidas. En primer lugar, se recoge de
forma detallada y sistemática el catálogo de obligaciones de las
entidades de gestión para con las Administraciones Públicas y respecto a
sus asociados, con especial atención a aquellas relacionadas con la
rendición anual de cuentas. En segundo lugar, y consecuentemente con la
anterior, se establece un cuadro de infracciones y sanciones que permitan
exigir a las entidades de gestión responsabilidades administrativas por
el incumplimiento de sus obligaciones legales, condición indispensable
para garantizar su cumplimiento. En tercer lugar, se delimitan con
precisión los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas, respetando la doctrina
del Tribunal Constitucional, recogida inicialmente en la STC 196/1997, de
13 de noviembre, que se pronuncia sobre la adecuación al marco
constitucional de distribución de competencias de varios preceptos de la
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, pero que
también subyace en la STC 31/2010, de 28 de junio.
las entidades de gestión, se estima oportuno modificar el artículo
regulador de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual
con objeto de ampliar sus competencias incluyendo entre éstas la función
de determinación de tarifas y reforzar su función de control para velar
por que las tarifas generales establecidas por éstas sean equitativas y
no discriminatorias.
eficacia de los mecanismos legales para la protección de los derechos de
propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el
entorno digital, lo cual repercutirá sin duda en una mejora de la
visibilidad de la oferta legal de contenidos en dicho entorno y el
impulso de los nuevos modelos de negocio en Internet.
Como ya se ha
señalado, la implantación generalizada e intensiva de las nuevas
tecnologías ha multiplicado los riesgos de vulneración de los derechos de
propiedad intelectual, obligando a las industrias culturales y creativas
a una profunda transformación y demandando del Legislador un esfuerzo
permanente para adaptar el marco legal vigente a las nuevas
necesidades.Como ya se ha
señalado, la implantación generalizada e intensiva de las nuevas
tecnologías ha multiplicado los riesgos de vulneración de los derechos de
propiedad intelectual, obligando a las industrias culturales y creativas
a una profunda transformación y demandando del legislador un esfuerzo
permanente para adaptar el marco legal vigente a las nuevas
necesidades.
jurisdiccional civil para que pueda mantener su papel de cauce ordinario
para la solución de conflictos de intereses contrapuestos, introduciendo
mejoras en la redacción de determinadas medidas de información previa
necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en
el entorno digital en línea.
En segundo lugar,
se procede a establecer unos criterios claros en el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual respecto de los supuestos en que puede
producirse responsabilidad de un tercero que incurre en una infracción de
derechos de propiedad intelectual. Este tipo de supuestos son
especialmente comunes en el entorno digital, en el que las conductas
vulneradoras cometidas por determinados sujetos son a menudo
posibilitadas y magnificadas por la intervención de terceros cuya
conducta excede en ocasiones de una mera intermediación o de una
colaboración técnica, pasando a constituirse en modelos de negocio
ilícitos fundamentados en el desarrollo de actividades vulneradoras por
terceros a quienes inducen en sus conductas, con quienes colaboran o
respecto de cuya conducta tienen facultades de control. Por ello, se
procede a establecer unos elementos legales básicos para enjuiciar la
licitud de estas conductas. En este sentido, se prevé que será
responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta
infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora
o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un
interés económico directo en los resultados de la conducta infractora,
cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo
anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas
establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en
dicha Ley para su aplicación.En segundo lugar,
se procede a establecer unos criterios claros en el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual respecto de los supuestos en que puede
producirse responsabilidad de un tercero que incurre en una infracción de
derechos de propiedad intelectual. Este tipo de supuestos son
especialmente comunes en el entorno digital, en el que las conductas
vulneradoras cometidas por determinados sujetos son a menudo
posibilitadas y magnificadas por la intervención de terceros cuya
conducta excede en ocasiones de una mera intermediación o de una
colaboración técnica, pasando a constituirse en modelos de negocio
ilícitos fundamentados en el desarrollo de actividades vulneradoras de
terceros a quienes inducen en sus conductas, con quienes colaboran o
respecto de cuya conducta tienen facultades de control. Por ello, se
procede a establecer unos elementos legales básicos para enjuiciar la
licitud de estas conductas. En este sentido, se prevé que será
responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta
infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora
o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un
interés económico directo en los resultados de la conducta infractora,
cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. Lo
anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad específicas
establecidas en los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
en la medida en que se cumplan los requisitos legales establecidos en
dicha ley para su aplicación.
Una vez
garantizado un mecanismo jurisdiccional eficaz para la persecución de las
vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, la siguiente
medida consiste en acometer una revisión del procedimiento de salvaguarda
de los derechos de propiedad intelectual regulado en el artículo 158.4 de
la Ley de Propiedad Intelectual, que permita concentrar las capacidades y
recursos de la Comisión de Propiedad Intelectual en la persecución de los
grandes infractores de derechos de propiedad intelectual. Para ello, se
dota a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de
mecanismos más eficaces de reacción frente a las vulneraciones cometidas
por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no
cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada que le sean
dirigidos por aquélla, incluyendo la posibilidad de requerir la
colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad y
previendo la posibilidad de bloqueo técnico, debiendo motivarse
adecuadamente en consideración de su proporcionalidad y teniendo en
cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. Asimismo, se
prevé que, en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de
retirada, los prestadores que vulneren derechos de propiedad intelectual
sean sancionados administrativamente.Una vez
garantizado un mecanismo jurisdiccional eficaz para la persecución de las
vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, la siguiente
medida consiste en acometer una revisión del procedimiento de salvaguarda
de los derechos de propiedad intelectual regulado en el artículo 158.4
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que permita
concentrar las capacidades y recursos de la Comisión de Propiedad
Intelectual en la persecución de los grandes infractores de derechos de
propiedad intelectual. Para ello, se dota a la Sección Segunda de la
Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción
frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de la
sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los
requerimientos de retirada que le sean dirigidos por aquélla, incluyendo
la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos
electrónicos y de publicidad y previendo la posibilidad de bloqueo
técnico, debiendo motivarse adecuadamente en consideración de su
proporcionalidad y teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás
medidas al alcance. Asimismo, se prevé que, en caso de incumplimiento
reiterado de los requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren
derechos de propiedad intelectual sean sancionados
administrativamente.
aplicación de este precepto a los prestadores de servicios que vulneren
derechos de propiedad intelectual, en la forma referida en el párrafo
anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y
prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización,
desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se
limiten a actividades de mera intermediación técnica, pues dicha
actividad constituye una explotación conforme al concepto general de
derecho exclusivo de explotación establecido en la normativa de propiedad
intelectual. Lo anterior, sin embargo, no afecta a prestadores que
desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser,
entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o
cuya actividad no consista en facilitar activa y no neutralmente la
localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente de manera
indiciaria o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de
terceros.
permitir que el referido procedimiento de salvaguarda se beneficie de la
nueva legislación de racionalización del sector público y otras medidas
de reforma administrativa.
Las medidas
contenidas en la presente Ley a este respecto han sido notificadas a la
Comisión Europea según lo previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de
julio, por el que se regula la remisión de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los
servicios de la sociedad de la información, que transpone la Directiva
98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información, modificada por la Directiva 98/48/CE.Las medidas
contenidas en la presente ley a este respecto han sido notificadas a la
Comisión Europea según lo previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de
julio, por el que se regula la remisión de información en materia de
normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los
servicios de la sociedad de la información, que transpone la Directiva
98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información, modificada por la Directiva 98/48/CE.La efectiva
implantación de estas novedades requiere la modificación puntual de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual.La efectiva
implantación de estas novedades requiere la modificación puntual de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y del texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual.La presente Ley
se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 9.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre
legislación procesal, legislación civil y legislación sobre propiedad
intelectual, respectivamente.La presente ley
se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 9.ª
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre
legislación procesal, legislación civil y legislación sobre propiedad
intelectual, respectivamente.
cabo un trámite de información pública en línea y se ha dado audiencia a
las Comunidades Autónomas. Además, se han solicitado informes a los
Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones
Públicas, Industria, Energía y Turismo y al de Justicia. También se han
solicitado los informes preceptivos del Consejo General del Poder
Judicial, del Consejo Fiscal, de la Agencia Española de Protección de
datos, de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo de
Consumidores y Usuarios, así como el preceptivo dictamen del Consejo de
Estado.
Ley de Propiedad Intelectual.
Se modifica el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación.Se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos que se
recogen a continuación.Uno. Se modifica
el apartado 4 del artículo 19, que queda redactado en los siguientes
términos:
originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin
beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho
préstamo se lleve a cabo a
directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento
accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo
necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no
podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración
que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad
intelectual conforme a lo dispuesto en el artículo 37.2.
mencionadas en el párrafo segundo del apartado 3 y las que se efectúen
entre establecimientos accesibles al público.»
Uno. Se modifica
el artículo 25, que queda redactado en los siguientes términos:Dos. Se modifica
el artículo 25, que queda redactado en los siguientes términos:
privada.
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así
como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o
audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni
empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de
conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una
compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de
reproducción mencionadas.
del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad
intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de
copia privada.
las obras señaladas en el apartado anterior, explotadas públicamente en
alguna de las formas mencionadas en dicho apartado, conjuntamente y, en
los casos y modalidades de reproducción en que corresponda, con los
editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas
intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos
fonogramas y videogramas. Este derecho será irrenunciable para los
autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.
compensación, que será calculada sobre la base del criterio del perjuicio
causado a los
establecimiento del límite de copia privada en los términos previstos en
los apartados 2 y 3 del artículo 31, y contará con una consignación anual
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como el procedimiento
de pago de la compensación, que se realizará a través de las entidades de
gestión, se ajustarán a lo reglamentariamente establecido.
compensación equitativa, no tendrán la consideración de reproducciones
para uso privado:
reproducción digital adquiridos por personas jurídicas, que no se hayan
puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados y que
estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de
copias privadas;
autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de
obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, en los
términos de dicha autorización.
aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del
derecho de reproducción haya sido mínimo, que se determinarán
reglamentariamente. En todo caso, no dará origen a una obligación de
compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y
temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se
haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del
sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento
temporal más oportuno.
equitativa podrá tenerse en cuenta, en los términos que se establezca
reglamentariamente, la aplicación o no, por parte de los titulares del
derecho de reproducción, de las medidas tecnológicas eficaces que impidan
o limiten la realización de copias privadas o que limiten el número de
éstas.»
Dos. Se introduce
un párrafo segundo en el apartado 1 del artículo 28, con la siguiente
redacción:Tres. Se
introduce un párrafo segundo en el apartado 1 del artículo 28, con la
siguiente redacción:
derechos de explotación durarán toda la vida del autor de la letra y del
autor de la composición musical y setenta años desde la muerte o
declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus
contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva
composición musical con letra.»
Tres. Se modifica
el apartado 2 del artículo 31 y se añade un nuevo apartado 3, con la
siguiente redacción:Cuatro. Se
modifica el apartado 2 del artículo 31 y se añade un nuevo apartado 3,
con la siguiente redacción:
el artículo 25, no necesita autorización del autor la reproducción, en
cualquier soporte, sin asistencia de terceros, de obras ya divulgadas,
cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias,
constitutivas del límite legal de copia privada:
exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin
fines directa ni indirectamente comerciales.
que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se
entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la
obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:
indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de
la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en
propiedad por compraventa mercantil.
a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación
pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no
habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en
establecimiento o espacio público no autorizada.
colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.
apartado:
disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que
cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que
elija, autorizándose, con arreglo a lo convenido por contrato, y, en su
caso, mediante pago de precio, la reproducción de la obra.
del artículo 99.»
Cuatro. Se
modifica el título del artículo 32 así como su apartado 2, y se adicionan
unos nuevos apartados 3, 4 y 5 con la siguiente redacción:Cinco. Se
modifica el título del artículo 32 así como su apartado 2, y se adicionan
unos nuevos apartados 3, 4 y 5 con la siguiente redacción:
educativos o de investigación científica.»
prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de
fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones
periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una
finalidad informativa, de creación de opinión pública o de
entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del
editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una
compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará
efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del
público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera
fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de
actualización periódica estará sujeta a autorización.
puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios
que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en
los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a
autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a
disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se
realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer
resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas
por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del
público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.
centros integrados en el sistema educativo español y el personal de
Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de
investigación científica, no necesitarán autorización del autor o editor
para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública
de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico
o fotográfico figurativo, cuando, no concurriendo una finalidad
comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
de sus actividades educativas, tanto en la enseñanza presencial como en
la enseñanza
la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.
manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:
incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la
puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra
o fragmento. En estos casos deberá incluirse expresamente una
localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra
protegida.
personal investigador colaborador de cada proyecto específico de
investigación y en la medida necesaria para este proyecto.
universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o
susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o
material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para
facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.
en los casos en que resulte imposible.
obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el
conjunto de la misma.
alguna por la realización de estos actos.
los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación
pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo,
cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
ilustración con fines educativos y de investigación científica.
b) Que los actos
se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión
equivalente respecto de una publicación asimilada, resultando indiferente
a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios
actos de reproducción.b) Que los actos
se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión
equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable
al 10 por ciento del total de la obra, resultando indiferente a estos
efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de
reproducción.
públicos de investigación, por su personal y con sus medios e
instrumentos propios.
condiciones:
exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del
mismo centro en el que se efectúa la reproducción.
investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de
la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de
comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a
cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a
las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un
programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.
el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario
u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea
titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre
las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma
parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un
derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración
equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de
gestión.
partituras musicales, las obras de un solo uso ni las compilaciones o
agrupaciones de fragmentos de obras, o de obras aisladas de carácter
plástico o fotográfico figurativo.»
Cinco. Se
introduce un nuevo artículo 37 bis, con la siguiente redacción:Seis. Se
introduce un nuevo artículo 37 bis, con la siguiente redacción:
de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a
pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los
mismos.
2. Si existen
varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han
sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido
localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá
utilizar conforme a la presente Ley, sin perjuicio de los derechos de los
titulares que hayan sido identificados y localizados y, en su caso, de la
necesidad de la correspondiente autorización.2. Si existen
varios titulares de derechos sobre una misma obra y no todos ellos han
sido identificados o, a pesar de haber sido identificados, no han sido
localizados tras haber efectuado una búsqueda diligente, la obra se podrá
utilizar conforme a la presente ley, sin perjuicio de los derechos de los
titulares que hayan sido identificados y localizados y, en su caso, de la
necesidad de la correspondiente autorización.
mención de los nombres de los autores y titulares de derechos de
propiedad intelectual identificados, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 14.2.º
hemerotecas accesibles al público, así como los organismos públicos de
radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas podrán reproducir, a
efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación,
catalogación, conservación o restauración, y poner a disposición del
público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), las siguientes
obras huérfanas, siempre que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de
lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de
interés público, en particular la conservación y restauración de las
obras que figuren en su colección y la facilitación del acceso a la misma
con fines culturales y educativos:
obras publicadas en forma de libros, periódicos, revistas u otro material
impreso que figuren en las colecciones de centros educativos, museos,
bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, así como de archivos,
fonotecas y filmotecas.
producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de
diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.
obras y prestaciones protegidas que estén insertadas o incorporadas en
las obras citadas en el presente apartado o formen parte integral de
éstas.
sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido
radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea.
Dicha utilización podrá llevarse a cabo previa búsqueda diligente, en
dicho Estado, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual
de la obra huérfana. En el caso de las obras cinematográficas o
audiovisuales cuyo productor tenga
Unión Europea, la búsqueda de los titulares deberá realizarse en dicho
Estado.
hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus
titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas,
podrán utilizarlas, cuando sea razonable presumir que sus titulares no se
opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la
búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en
España.
consulta de, al menos, las fuentes de información que reglamentariamente
se determinen, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes
adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de la
existencia de información pertinente sobre los titulares de derechos.
proceso de búsqueda de los titulares de derechos y remitirán la siguiente
información al órgano competente a que se refiere el apartado
siguiente:
efectuado y que hayan llevado a la conclusión de que una obra o un
fonograma debe considerarse obra huérfana.
b) El uso que las
entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con la presente
Ley.b) El uso que las
entidades hacen de las obras huérfanas de conformidad con la presente
ley.
siguiente, en la condición de obra huérfana de las obras y los fonogramas
que utilicen.
cuestión.
propiedad intelectual de una obra podrán solicitar al órgano competente
que reglamentariamente se determine el fin de su condición de obra
huérfana en lo que se refiere a sus derechos y percibir una compensación
equitativa por la utilización llevada a cabo conforme a lo dispuesto en
este artículo.»
Seis. Se
introduce un nuevo artículo 110 bis, con la siguiente redacción:Siete. Se
introduce un nuevo artículo 110 bis, con la siguiente redacción:
derechos al productor de fonogramas.
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público, no se
satisfaga razonablemente las necesidades estimadas del público de acuerdo
con la naturaleza y finalidad del fonograma, o no se pone a disposición
del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), el artista
intérprete o ejecutante podrá poner fin al contrato en virtud del cual
cede sus derechos con respecto a la grabación de su interpretación o
ejecución al productor de fonogramas.
si, en el plazo de un año desde la notificación fehaciente del artista
intérprete o ejecutante de su intención de resolver el contrato de cesión
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el productor no lleva a
cabo ambos actos de explotación mencionados en dicho párrafo. Esta
posibilidad de resolución no podrá ser objeto de renuncia por parte del
artista intérprete o ejecutante.
interpretaciones o ejecuciones de varios artistas intérpretes o
ejecutantes, éstos sólo podrán resolver el contrato de cesión de
conformidad con el artículo 111. Si se pone fin al contrato de cesión de
conformidad con lo especificado en el presente apartado, expirarán los
derechos del productor del fonograma sobre éste.
intérprete o ejecutante el derecho a una remuneración única, tendrá
derecho a percibir una remuneración anual adicional por cada año completo
una vez transcurridos cincuenta años desde la publicación lícita del
fonograma o, en caso de no haberse producido esta última, cincuenta años
desde su comunicación lícita al público. El derecho a obtener esa
remuneración anual adicional, cuyo deudor será el productor del fonograma
o, en su caso, su cesionario en exclusiva, no podrá ser objeto de
renuncia por parte del artista intérprete o ejecutante, y se hará
efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual de los artistas intérpretes o ejecutantes.
al pago de la remuneración adicional anual mencionada en el párrafo
anterior será igual al 20 por ciento de los ingresos brutos que haya
obtenido, en el año precedente a aquél en el que se abone la
remuneración, por la reproducción, distribución y puesta a disposición
del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i), de los
fonogramas en cuestión, una vez transcurridos cincuenta años desde la
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público.
refiere el párrafo anterior las cantidades percibidas por el deudor en
concepto de compensación equitativa por copia privada y alquiler de
fonogramas.
refiere este apartado estarán obligados a facilitar anualmente, previa
solicitud, a la entidad de gestión correspondiente, toda la información
que pueda resultar necesaria a fin de asegurar el pago de dicha
remuneración.
a pagos periódicos, no se deducirán de los importes abonados al artista
intérprete o ejecutante ningún pago anticipado ni deducciones
establecidas contractualmente al cumplirse cincuenta años desde la
publicación lícita del fonograma o, en caso de no haberse producido esta
última, cincuenta años desde su comunicación lícita al público.»
Siete. Se
modifica el párrafo segundo del artículo 112, que queda redactado en los
siguientes términos:Ocho. Se modifica
el párrafo segundo del artículo 112, que queda redactado en los
siguientes términos:
comunica lícitamente al público, por un medio distinto al fonograma, una
grabación de la interpretación o ejecución, los mencionados derechos
expirarán a los cincuenta años computados desde el día 1 de enero del año
siguiente a la fecha de la primera publicación o la primera comunicación
pública, si ésta es anterior. Si la publicación o comunicación pública de
la grabación de la interpretación o ejecución se produjera en un
fonograma, los mencionados derechos expirarán a los setenta años
computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de la
primera publicación o la primera comunicación pública, si ésta es
anterior.»
Ocho. Se modifica
el párrafo primero del artículo 119, que queda redactado en los
siguientes términos:Nueve. Se
modifica el párrafo primero del artículo 119, que queda redactado en los
siguientes términos:
cincuenta años después de que se haya hecho la grabación. No obstante, si
el fonograma se publica lícitamente durante dicho período, los derechos
expirarán setenta años después de la fecha de la primera publicación
lícita. Si durante el citado período no se efectúa publicación lícita
alguna pero el fonograma se comunica lícitamente al público, los derechos
expirarán setenta años después de la fecha de la primera comunicación
lícita al público.»
Nueve. Se
modifica el artículo 138 que queda redactado en los siguientes
términos:Diez. Se modifica
el artículo 138 que queda redactado en los siguientes términos:
El titular de los
derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le
correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor
y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en
los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar
la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o
arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.El titular de los
derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le
correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor
y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en
los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar
la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o
arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.Tendrá también la
consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas
la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la
conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y
quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la
conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la
conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de
responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los
requisitos legales establecidos en dicha Ley para su aplicación.Tendrá también la
consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas
la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la
conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y
quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la
conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la
conducta del infractor. Lo anterior no afecta a las limitaciones de
responsabilidad específicas establecidas en los artículos 14 a 17 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, en la medida en que se cumplan los
requisitos legales establecidos en dicha ley para su aplicación.
de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo
141.
Tanto las medidas
de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h como las
medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también
solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos
servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad
intelectual reconocidos en esta Ley, aunque los actos de dichos
intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas
habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»Tanto las medidas
de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las
medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también
solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos
servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad
intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos
intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas
habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»Diez. Se
modifican el apartado 5 del artículo 151, y se añaden dos nuevos
apartados 13 y 14, con la siguiente redacción:Once. Se
modifican el apartado 5 del artículo 151, y se añaden dos nuevos
apartados 13 y 14, con la siguiente redacción:
de voto, que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de
ponderación que
todo caso, una representación suficiente y equilibrada del conjunto de
los asociados. Dichos criterios de ponderación podrán basarse únicamente
en la duración de la condición de socio en la entidad de gestión, en las
cantidades recibidas en virtud de dicha condición o en ambos. En materia
relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será
igualitario.»
libre de influencias de los usuarios de su repertorio y para evitar una
injusta utilización preferencial de sus obras y prestaciones
protegidas.»
reclamaciones y quejas planteadas por los miembros en lo relativo
particularmente a las condiciones de adquisición y pérdida de la
condición de socio, a los aspectos relativos al contrato de gestión y a
la recaudación y reparto de derechos.»
Once. Se modifica
el apartado 1 del artículo 153, con la siguiente redacción, suprimiéndose
el apartado 2 de dicho artículo:Doce. Se modifica
el apartado 1 del artículo 153, con la siguiente redacción, suprimiéndose
el apartado 2 de dicho artículo:«La gestión de
los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad de gestión
mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a tres años
renovables por períodos de un año, ni podrá imponer como obligatoria la
gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de
la obra o producción futura. Ello sin perjuicio de los derechos
contemplados en la presente Ley cuya gestión deba ejercerse
exclusivamente a través de las entidades de gestión.»«La gestión de
los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad de gestión
mediante contrato cuya duración no podrá ser superior a tres años
renovables por períodos de un año, ni podrá imponer como obligatoria la
gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de
la obra o producción futura. Ello sin perjuicio de los derechos
contemplados en la presente ley cuya gestión deba ejercerse
exclusivamente a través de las entidades de gestión.»Doce. Se modifica
el artículo 154, que queda redactado en los siguientes términos:Trece. Se
modifica el artículo 154, que queda redactado en los siguientes
términos:
derechos.
equitativamente entre los titulares de las obras o prestaciones
utilizadas, con arreglo a un sistema predeterminado en los estatutos y
que excluya la arbitrariedad. El reparto y el pago de derechos se
efectuarán diligentemente.
derechos recaudados por la entidad de gestión será proporcional a la
utilización de sus obras o prestaciones. Las entidades de gestión
establecerán los métodos y medios adecuados para obtener información
pormenorizada sobre el grado de utilización de las obras y prestaciones
por
éstos a facilitar dicha información en un formato acordado con las
entidades de gestión. En los supuestos en los que la obtención de la
información se realice por vía electrónica se deberán observar las normas
o prácticas sectoriales voluntarias desarrolladas a nivel internacional o
de la Unión Europea para el intercambio electrónico de ese tipo de
datos.
Asimismo, la
Asamblea General de la entidad de gestión podrá adoptar, ciertas reglas
que tengan en cuenta, en el reparto a las obras, interpretaciones,
ejecuciones o transmisiones culturalmente relevantes, o su naturaleza,
primicia o cualquier otro aspecto objetivamente razonable, así como los
acuerdos internacionalmente alcanzados.Asimismo, la
Asamblea general de la entidad de gestión podrá adoptar, ciertas reglas
que tengan en cuenta, en el reparto a las obras, interpretaciones,
ejecuciones o transmisiones culturalmente relevantes, o su naturaleza,
primicia o cualquier otro aspecto objetivamente razonable, así como los
acuerdos internacionalmente alcanzados.
pago de cantidades asignadas en el reparto a un titular, prescribe a los
cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta
a disposición del titular de las cantidades que le correspondan.
pago de cantidades recaudadas que estén pendientes de asignación cuando,
tras el procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el titular
o la obra o prestación protegida prescribe a los cinco años contados
desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación.
adoptarán las medidas necesarias para identificar y localizar a los
titulares de derechos. En particular, estas medidas incluirán:
miembros de la entidad, así como de registros normalizados de obras y
prestaciones protegidas, y de otros registros fácilmente disponibles.
entidades de gestión y del público de un listado de obras y prestaciones
cuyos titulares de derechos no hayan sido identificados o localizados,
conjuntamente con cualquier otra información pertinente disponible que
pueda contribuir a identificar o localizar al titular del derecho, en los
términos del apartado 4.º del artículo 157.1.d).
en el plazo previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo serán
destinadas por las entidades de gestión a las siguientes finalidades:
los miembros de la entidad y/o actividades de formación y promoción de
autores y artistas intérpretes y ejecutantes.
prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan, en los términos
previstos en el artículo 155.1.c) 1.º y 3.º.
gestionadas por la entidad de gestión, debidamente identificadas.
y pago.
La asamblea
general de cada entidad de gestión deberá acordar anualmente los
porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no reclamadas que se
destinarán a cada una de las finalidades anteriormente señaladas y que en
ningún caso, salvo en el supuesto de la anterior letra d), podrán ser
inferiores a un 15 por ciento por cada una de éstas.La Asamblea
general de cada entidad de gestión deberá acordar anualmente los
porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no reclamadas que se
destinarán a cada una de las finalidades anteriormente señaladas y que en
ningún caso, salvo en el supuesto de la anterior letra d), podrán ser
inferiores a un 15 por ciento por cada una de éstas.
excedentes negativos en sus cuentas anuales o no acrediten estar al
corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, o ambos,
deberán destinar las cantidades señaladas en el primer párrafo del
presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a compensar
los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a cumplir
con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos.
siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que
le correspondan o de la recaudación, las entidades de gestión podrán
disponer, anualmente de forma anticipada de hasta la mitad de las
cantidades pendientes de prescripción, para los mismos fines previstos en
el apartado anterior, sin perjuicio de las reclamaciones de los titulares
sobre dichas cantidades no prescritas. A estos efectos, las entidades de
gestión constituirán un depósito de garantía con el 10 por ciento de las
cantidades dispuestas.
7. Las entidades
de gestión no podrán conceder créditos o préstamos, directa o
indirectamente, ni afianzar, avalar o garantizar de cualquier modo
obligaciones de terceros, salvo autorización expresa y singular de la
administración competente y siempre y cuando estén directamente
relacionadas con actividades asistenciales y/o promocionales que redunden
en beneficio de los titulares de derechos representados.7. Las entidades
de gestión no podrán conceder créditos o préstamos, directa o
indirectamente, ni afianzar, avalar o garantizar de cualquier modo
obligaciones de terceros, salvo autorización expresa y singular de la
Administración competente y siempre y cuando estén directamente
relacionadas con actividades asistenciales y/o promocionales que redunden
en beneficio de los titulares de derechos representados.
a los miembros de la entidad, a cuenta de los futuros repartos de
derechos recaudados, cuando su concesión se base en normas no
discriminatorias y no comprometan el resultado final de los repartos de
derechos.
9. Las entidades
de gestión deberán administrar los derechos recaudados y los rendimientos
derivados de los mismos manteniéndolos separados en su contabilidad de
sus propios activos y de los ingresos derivados de sus servicios de
gestión o de otras actividades. En ningún caso podrán utilizar los
derechos recaudados y los rendimientos derivados de los mismos para fines
distintos de su reparto a los titulares de derechos, salvo para deducir o
compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar
las actividades y servicios previstos en el artículo 155 de conformidad
con las decisiones adoptadas en la Asamblea General de la entidad de
gestión.»9. Las entidades
de gestión deberán administrar los derechos recaudados y los rendimientos
derivados de los mismos manteniéndolos separados en su contabilidad de
sus propios activos y de los ingresos derivados de sus servicios de
gestión o de otras actividades. En ningún caso podrán utilizar los
derechos recaudados y los rendimientos derivados de los mismos para fines
distintos de su reparto a los titulares de derechos, salvo para deducir o
compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar
las actividades y servicios previstos en el artículo 155 de conformidad
con las decisiones adoptadas en la Asamblea general de la entidad de
gestión.»Trece. Se
modifica el artículo 155, que queda redactado en los siguientes
términos:Catorce. Se
modifica el artículo 155, que queda redactado en los siguientes
términos:
digital legal.
otras entidades, fomentarán:
asistencial en beneficio de sus miembros,
de autores y artistas, intérpretes y ejecutantes, y
protegidas cuyos derechos gestionan, dentro de lo cual se entenderán
comprendidas:
sobre oferta y consumo legal de contenidos protegidos, así como campañas
de lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad
intelectual.
protegidas cuyos derechos gestiona a través de plataformas tecnológicas
propias o compartidas con terceros.
y artistas con discapacidad en su respectivo ámbito creativo o artístico,
o ambos, así como a la promoción de la oferta digital de sus obras,
creaciones y prestaciones, y el acceso de las personas discapacitadas a
las mismas en el ámbito digital.
2. Las entidades
de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se
refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el
porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de
esta Ley, que reglamentariamente se determine.2. Las entidades
de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se
refieren las letras a) y b) del apartado anterior, por partes iguales, el
porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25,
que reglamentariamente se determine.
entidades de gestión deberán acreditar el carácter asistencial,
formativo, promocional y de oferta digital legal, de las actividades y
servicios referidos en este artículo.
las entidades de gestión podrán constituir personas jurídicas sin ánimo
de lucro según lo establecido en la legislación vigente, previa
comunicación a la Administración competente. En caso de disolución de la
persona jurídica así constituida, la entidad de gestión deberá comunicar
dicha disolución y los términos de la misma al órgano al que en su
momento comunicó su constitución.
5. Con carácter
excepcional y de manera justificada, a fin de llevar a cabo las
actividades contempladas en las letras a) y b) del apartado 1, u otras de
interés manifiesto, las entidades de gestión podrán, mediante
autorización expresa y singular de la administración competente,
constituir o formar parte de personas jurídicas con ánimo de lucro. En
caso de disolución de dichas personas jurídicas, la entidad de gestión
deberá comunicar de forma inmediata dicha disolución y los términos de la
misma al órgano al que en su momento autorizó su constitución o
asociación.»5. Con carácter
excepcional y de manera justificada, a fin de llevar a cabo las
actividades contempladas en las letras a) y b) del apartado 1, u otras de
interés manifiesto, las entidades de gestión podrán, mediante
autorización expresa y singular de la Administración competente,
constituir o formar parte de personas jurídicas con ánimo de lucro. En
caso de disolución de dichas personas jurídicas, la entidad de gestión
deberá comunicar de forma inmediata dicha disolución y los términos de la
misma al órgano al que en su momento autorizó su constitución o
asociación.»Catorce. Se
modifica el artículo 156, que queda redactado en los siguientes
términos:Quince. Se
modifica el artículo 156, que queda redactado en los siguientes
términos:
intelectual deberán presentar cuentas anuales elaboradas de conformidad
con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y las
formularán exclusivamente según los modelos normales previstos en él.
mercantiles y se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos para
la sociedad dominante en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio,
deberán formular cuentas anuales consolidadas en los términos previstos
en dicho Código y en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por
el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre.
gestión, además de completar, ampliar y comentar la información contenida
en el resto de documentos que forman parte integrante de las
desarrolladas para el cumplimiento de su objeto y fines y, como mínimo,
los siguientes datos:
recaudación efectivamente percibida correspondientes al ejercicio,
desglosados por cada uno de los derechos y las modalidades de explotación
administrados.
los derechos y las modalidades de explotación administrados, con detalle
en todos los casos de los siguientes extremos:
miembros de la entidad y por las entidades de gestión nacionales y
extranjeras.
reparto.
miembros de la entidad en los casos de gestión colectiva obligatoria y
las efectivamente percibidas por éstos.
modalidades de explotación administrados.
entidad, los acontecimientos importantes para la misma ocurridos después
del cierre del ejercicio, la evolución previsible de la entidad y las
actividades de investigación y desarrollo realizadas en materias tales
como sistemas de gestión de derechos.
e) Las cantidades
destinadas al cumplimiento de la función social prevista en el artículo
155 de esta Ley, desglosadas por conceptos e indicando las entidades que
realicen las correspondientes actividades, los proyectos aprobados y las
cantidades destinadas a cada uno de ellos.e) Las cantidades
destinadas al cumplimiento de la función social prevista en el artículo
155, desglosadas por conceptos e indicando las entidades que realicen las
correspondientes actividades, los proyectos aprobados y las cantidades
destinadas a cada uno de ellos.
interno y funcionamiento y del contrato de gestión, aprobadas durante el
ejercicio.
los contratos de representación celebrados con organizaciones nacionales
y extranjeras, de gestión colectiva de derechos y prestaciones
protegidas.
cada una de las categorías previstas en los estatutos.
pendientes de asignación o de reparto efectivo y las fechas de
prescripción para su reclamación.
3. Todas las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual someterán a
auditoría sus cuentas anuales. La auditoría se contratará y realizará de
acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, con
excepción de lo dispuesto en su artículo 19, disponiendo los auditores de
un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de
auditoría.3. Todas las
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual someterán a
auditoría sus cuentas anuales. La auditoría se contratará y realizará de
acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, con
excepción de lo dispuesto en su artículo 19, disponiendo los auditores de
un plazo mínimo de un mes, a partir del momento en que les fueran
entregadas las cuentas anuales formuladas, para realizar el informe de
auditoría.Los auditores
serán nombrados por la Asamblea General de la entidad celebrada antes de
que finalice el ejercicio a auditar. El nombramiento de los auditores no
podrá ser inferior a tres años ni superior a diez, ni renovarse sin
transcurrir un mínimo de tres años desde su anterior mandato. La Asamblea
General no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el período
para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.Los auditores
serán nombrados por la Asamblea general de la entidad celebrada antes de
que finalice el ejercicio a auditar. El nombramiento de los auditores no
podrá ser inferior a tres años ni superior a diez, ni renovarse sin
transcurrir un mínimo de tres años desde su anterior mandato. La Asamblea
general no podrá revocar a los auditores antes de que finalice el período
para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa.Cuando la
Asamblea General no hubiera nombrado al auditor antes de finalizar el
ejercicio a auditar o la persona nombrada no acepte el encargo o no pueda
cumplir sus funciones, el máximo órgano ejecutivo de la entidad deberá
solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación
de la persona o personas que deban realizar la auditoría, de acuerdo con
lo dispuesto en el Registro Mercantil para sociedades mercantiles. En
estos casos, dicha solicitud al Registrador Mercantil también podrá ser
realizada por cualquier socio de la entidad.Cuando la
Asamblea general no hubiera nombrado al auditor antes de finalizar el
ejercicio a auditar o la persona nombrada no acepte el encargo o no pueda
cumplir sus funciones, el máximo órgano ejecutivo de la entidad deberá
solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación
de la persona o personas que deban realizar la auditoría, de acuerdo con
lo dispuesto en el Registro Mercantil para sociedades mercantiles. En
estos casos, dicha solicitud al Registrador Mercantil también podrá ser
realizada por cualquier socio de la entidad.
formulará las cuentas anuales dentro de los tres primeros meses
siguientes al cierre de cada ejercicio.
Las cuentas
anuales junto con el informe del auditor se pondrán a disposición de los
miembros de la entidad en su domicilio social y en el de las delegaciones
territoriales, con una antelación mínima de quince días al de la
celebración de la asamblea general en la que hayan de ser aprobadas.Las cuentas
anuales junto con el informe del auditor se pondrán a disposición de los
miembros de la entidad en su domicilio social y en el de las delegaciones
territoriales, con una antelación mínima de quince días al de la
celebración de la Asamblea general en la que hayan de ser aprobadas.Las cuentas
anuales deberán ser aprobadas por la Asamblea General en el plazo de seis
meses desde el cierre de cada ejercicio.Las cuentas
anuales deberán ser aprobadas por la Asamblea general en el plazo de seis
meses desde el cierre de cada ejercicio.5. Dentro del mes
siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su
depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de
los acuerdos de la asamblea general de aprobación de las cuentas anuales,
a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas y del
informe de los auditores.»5. Dentro del mes
siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se presentará para su
depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de
los acuerdos de la Asamblea general de aprobación de las cuentas anuales,
a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas y del
informe de los auditores.»
Quince. Se
modifica el apartado 1 del artículo 157, que queda redactado en los
siguientes términos:Dieciséis. Se
modifica el apartado 1 del artículo 157, que queda redactado en los
siguientes términos:
condiciones equitativas y no discriminatorias con quien lo solicite,
salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de
los derechos gestionados, actuando bajo los principios de buena fe y
transparencia.
determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio,
que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan
de finalidad lucrativa. El importe de las tarifas se establecerá en
condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización
de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del
usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual
se tendrán en cuenta al menos los siguientes criterios:
de la actividad del usuario.
conjunto de la actividad del usuario.
estos efectos, se entenderá por repertorio las obras y prestaciones cuyos
derechos gestionan una entidad de gestión colectiva.
explotación comercial del repertorio.
de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas.
otros usuarios para la misma modalidad de utilización.
homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma
modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de
comparación.
La metodología
para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante Orden
del ministro de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.La metodología
para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo
soliciten y sean representativas del sector correspondiente.
accesible:
1.º Las tarifas
generales vigentes para cada una de las modalidades de uso de su
repertorio, incluidos los descuentos y las circunstancias en que deben
aplicarse, que deberán ser publicadas en el plazo de diez días desde su
establecimiento o última modificación, junto con los principios,
criterios y metodología utilizados para su cálculo;1.º Las tarifas
generales vigentes para cada una de las modalidades de uso de su
repertorio, incluidos los descuentos y las circunstancias en que deben
aplicarse, que deberán ser publicadas en el plazo de diez días desde su
establecimiento o última modificación, junto con los principios,
criterios y metodología utilizados para su cálculo.2.º El repertorio
que gestiona la entidad, debiendo incluir en el mismo aquellas obras y
prestaciones protegidas que gestionan en virtud de los acuerdos de
representación vigentes suscritos con organizaciones de gestión colectiva
extranjeras así como los nombres de dichas organizaciones y su respectivo
ámbito territorial de gestión;2.º El repertorio
que gestiona la entidad, debiendo incluir en el mismo aquellas obras y
prestaciones protegidas que gestionan en virtud de los acuerdos de
representación vigentes suscritos con organizaciones de gestión colectiva
extranjeras así como los nombres de dichas organizaciones y su respectivo
ámbito territorial de gestión.3.º los contratos
generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos
de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de
utilización de su repertorio;3.º Los contratos
generales que tengan suscritos con asociaciones de usuarios y los modelos
de contrato que habitualmente se utilicen para cada modalidad de
utilización de su repertorio.
importe o porcentaje de los descuentos que sean aplicados a cada derecho
y modalidad de explotación administrados, y las obras y prestaciones
protegidas que administran cuyos titulares están parcial o totalmente no
identificados o localizados.
mantenimiento de una ventanilla única de facturación y pago, accesible a
través de Internet, en los plazos y condiciones determinados en la
normativa en vigor, y en la cual los usuarios del repertorio de las
entidades de gestión puedan conocer de forma actualizada el coste
individual y total a satisfacer al conjunto de dichas entidades, como
resultado de la aplicación de las tarifas generales a su actividad, y
realizar el pago correspondiente.
sobre las condiciones comerciales otorgadas a otros usuarios que lleven a
cabo actividades económicas similares.
respecto de los siguientes extremos:
los órganos de representación, así como de las comisiones y grupos de
trabajo en las que aquéllas participen.
a las personas indicadas en el párrafo anterior por su condición de
miembros de los órganos de representación y de alta dirección e
integrantes de las comisiones y grupos de trabajo. Estas informaciones se
podrán dar de forma global
correspondientes al personal de alta dirección del resto de miembros o
integrantes de los órganos y comisiones anteriormente señalados que no
tengan dicha condición.
entidad con usuarios de su repertorio, con sus asociaciones y con otras
entidades de gestión, cuando acrediten tener interés legítimo y
directo.
liquidaciones y de los pagos que les haya realizado la entidad por la
utilización de sus obras y prestaciones. Dichas liquidaciones deberán
contener al menos los siguientes datos: derecho y modalidad a la que se
refiere, periodo de devengo, el origen o procedencia de la recaudación y
sus deducciones aplicadas.
1 de la letra g) y la letra h) del presente apartado respecto a los
titulares de derechos no miembros de la entidad de gestión que administre
la misma categoría de derechos que pertenezca al titular en lo relativo a
los derechos de gestión colectiva obligatoria.
j) A notificar de
forma diligente a la administración competente los documentos que
contengan la información completa sobre los nombramientos y ceses de sus
administradores y apoderados, los modelos de contratos de gestión y sus
modificaciones, las tarifas generales y sus modificaciones, junto con los
principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo, los
contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los
concertados con organizaciones nacionales y extranjeras de gestión
colectiva, así como los documentos mencionados en el artículo 156.j) A notificar de
forma diligente a la Administración competente los documentos que
contengan la información completa sobre los nombramientos y ceses de sus
administradores y apoderados, los modelos de contratos de gestión y sus
modificaciones, las tarifas generales y sus modificaciones, junto con los
principios, criterios y metodología utilizados para su cálculo, los
contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los
concertados con organizaciones nacionales y extranjeras de gestión
colectiva, así como los documentos mencionados en el artículo 156.
de derechos gestionados y de ingresos y gastos de la entidad, que se
aprobará con carácter previo al inicio del ejercicio al que vaya
referido. La correspondiente propuesta se pondrá a disposición de los
miembros de la entidad en su domicilio social y en el de sus delegaciones
territoriales con una antelación mínima de quince días al de la
celebración de la sesión del órgano que tenga atribuida la competencia
para su aprobación.»
Dieciséis. Se
adiciona un nuevo artículo 157 bis, con la siguiente redacción:Diecisiete. Se
adiciona un nuevo artículo 157 bis, con la siguiente redacción:
1. Las
administraciones competentes velarán por el cumplimiento de las
obligaciones que incumben a las entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual.1. Las
Administraciones competentes velarán por el cumplimiento de las
obligaciones que incumben a las entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual.Con este fin, las
administraciones competentes podrán realizar las actividades de
inspección y control que consideren convenientes, recabando, cuando
resulte necesario, la colaboración de otras entidades públicas o
privadas.Con este fin, las
Administraciones competentes podrán realizar las actividades de
inspección y control que consideren convenientes, recabando, cuando
resulte necesario, la colaboración de otras entidades públicas o
privadas.2. Las entidades
de gestión de derechos de propiedad intelectual estarán obligadas a
colaborar con las administraciones competentes y atender diligentemente a
sus requerimientos de información y documentación.»2. Las entidades
de gestión de derechos de propiedad intelectual estarán obligadas a
colaborar con las Administraciones competentes y atender diligentemente a
sus requerimientos de información y documentación.»Diecisiete. Se
modifica el artículo 158, que queda redactado en los siguientes
términos:Dieciocho. Se
modifica el artículo 158, que queda redactado en los siguientes
términos:
composición y funciones.
1. Se crea
adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la Comisión de
Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el
ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de
tarifas y control en los supuestos previstos en el presente título, y de
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la
presente Ley. Asimismo ejercerá funciones de asesoramiento sobre cuantos
asuntos de su competencia le sean consultados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.1. Se crea
adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la Comisión de
Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el
ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de
tarifas y control en los supuestos previstos en el presente título, y de
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la
presente ley. Asimismo ejercerá funciones de asesoramiento sobre cuantos
asuntos de su competencia le sean consultados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
a) La Sección
Primera ejercerá las funciones de mediación, arbitraje determinación de
tarifas y control en los términos previstos en el presente título.a) La Sección
Primera ejercerá las funciones de mediación, arbitraje, determinación de
tarifas y control en los términos previstos en el presente título.b) La Sección
Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, por la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los
artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.b) La Sección
Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, por la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los
artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
3. La Sección
Primera estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar
sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre
expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y
de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el
voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el
Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta de los titulares de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y
Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un
periodo de cinco años renovable por una sola vez.3. La Sección
Primera estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar
sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre
expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y
de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el
voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el
Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de los titulares de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y
Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un
periodo de cinco años renovable por una sola vez.La composición,
funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo
dispuesto en esta Ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y
supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles. El Gobierno podrá modificar
reglamentariamente la composición de la Sección Primera.La composición,
funcionamiento y actuación de la Sección Primera se regirá por lo
dispuesto en esta ley y las normas reglamentarias que la desarrollen y
supletoriamente por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles. El Gobierno podrá modificar
reglamentariamente la composición de la Sección Primera.4. La Sección
Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o
persona en la que éste delegue, se compondrá de dos vocales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un vocal del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, un vocal del Ministerio de Justicia, un
vocal del Ministerio de Economía y Competitividad y un vocal del
Ministerio de la Presidencia, designados por dichos Departamentos, entre
el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o
categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan
conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad
intelectual. Sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, en la
designación que realice cada Departamento se valorará adicionalmente la
formación jurídica en los ámbitos del derecho procesal, de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa y de las comunicaciones
electrónicas. Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto,
según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para
cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando
concurra alguna causa justificada.4. La Sección
Segunda, bajo la presidencia del Secretario de Estado de Cultura o
persona en la que éste delegue, se compondrá de dos vocales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un vocal del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, un vocal del Ministerio de Justicia, un
vocal del Ministerio de Economía y Competitividad y un vocal del
Ministerio de la Presidencia, designados por dichos departamentos, entre
el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o
categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan
conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad
intelectual. Sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, en la
designación que realice cada departamento se valorará adicionalmente la
formación jurídica en los ámbitos del Derecho procesal, de la
jurisdicción contencioso-administrativa y de las comunicaciones
electrónicas. Los Departamentos citados designarán, en el mismo acto,
según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para
cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando
concurra alguna causa justificada.
Sección Segunda y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que
tiene atribuidas.»
Dieciocho. Se
adiciona un nuevo artículo 158 bis, con la siguiente redacción:Diecinueve. Se
adiciona un nuevo artículo 158 bis, con la siguiente redacción:
determinación de tarifas y control.
Intelectual ejercerá su función de mediación en los siguientes
términos:
voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas
materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por
cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos
de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.
que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su
oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de
la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional
civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificarán a las
partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Intelectual actuará en su función de arbitraje:
partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la
gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión
o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la
Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias
de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del
artículo 157, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios
mínimos de determinación de éstas, previstos en el artículo 157.1.b).
de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente.
No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión
arbitral ante la Sección impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la
misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte
interesada lo invoque mediante excepción.
Intelectual ejercerá su función de determinación de las tarifas para la
explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria, y para los
derechos de gestión colectiva voluntaria que, respecto de la misma
categoría de titulares, concurran con un derecho de remuneración sobre la
misma obra o prestación.
exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio
de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones
necesarias para hacer efectivos los derechos indicados en el párrafo
anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una
asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario
especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya
acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el inicio formal de
la negociación. En el ejercicio de esta función, la Sección Primera podrá
solicitar informe previo de aquellos organismos públicos que ejerzan sus
funciones en relación con los mercados o sectores económicos a los que
afecten las tarifas a determinar así como de las asociaciones o
representantes de los usuarios correspondientes.
observará, al menos, los criterios establecidos en la letra b) del
artículo 157.1. Asimismo, dichas decisiones se publicarán en el Boletín
Oficial del Estado, serán aplicables a partir del día siguiente al de la
publicación, con alcance general para todos los titulares y obligados,
respecto de la misma modalidad de explotación de obras y prestaciones e
idéntico sector de usuarios, y podrán ser recurridas ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
actualizando o desarrollando la metodología para la determinación de las
tarifas generales referida en el artículo 157.1.b), previo informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Intelectual ejercerá su función de control velando por que las tarifas
generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de
para lo que deberá valorar, entre otros aspectos, la aplicación de los
criterios mínimos previstos en el artículo 157.1.b) en su determinación.
En caso de apreciarse un incumplimiento de estas obligaciones, se
comunicará esta circunstancia a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, a los efectos oportunos.
el ejercicio de las funciones que la Sección Primera desarrollará de
conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores.»
Diecinueve. Se
adiciona un nuevo artículo 158 ter, con la siguiente redacción:Veinte. Se
adiciona un nuevo artículo 158 ter, con la siguiente redacción:
en el entorno digital.
Intelectual ejercerá las funciones de salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento cuyo
objeto será el restablecimiento de la legalidad.
dirigirá contra:
información que vulneren derechos de propiedad intelectual, atendiendo la
Sección Segunda para acordar o no el inicio del procedimiento a su nivel
de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas
indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del
servicio o a su modelo de negocio.
información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma
referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la
localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin
autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y
que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En
particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y
clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas
anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser
proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.
3. El
procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los
derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la
persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto
a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de
retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información
presuntamente vulnerador solicitando la retirada de los contenidos
específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho
requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al
público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento previo
podrá considerarse cuando proceda, a efectos de la generación del
conocimiento efectivo en los términos establecidos en los artículos 16 y
17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, siempre y cuando identifique
exactamente la obra o prestación, al titular de los derechos
correspondientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación es
ofrecida en el servicio de la sociedad de la información. En caso de que
el prestador de servicios no facilite una dirección electrónica válida
para la comunicación con el mismo no será exigible el intento de
requerimiento previsto en este párrafo. El intento de requerimiento se
considerará infructuoso si el prestador requerido no contesta o, incluso
contestando, no retira o inhabilita el acceso a los contenidos
correspondientes en un plazo de tres días desde la remisión del
correspondiente requerimiento.3. El
procedimiento se iniciará de oficio, previa denuncia del titular de los
derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la
persona que tuviera encomendado su ejercicio, debiendo éste aportar junto
a la misma una prueba razonable del previo intento de requerimiento de
retirada infructuoso al servicio de la sociedad de la información
presuntamente infractor solicitando la retirada de los contenidos
específicos ofrecidos sin autorización, siendo suficiente dirigir dicho
requerimiento a la dirección electrónica que el prestador facilite al
público a efectos de comunicarse con el mismo. Este requerimiento previo
podrá considerarse cuando proceda, a efectos de la generación del
conocimiento efectivo en los términos establecidos en los artículos 16 y
17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, siempre y cuando identifique
exactamente la obra o prestación, al titular de los derechos
correspondientes y, al menos, una ubicación donde la obra o prestación es
ofrecida en el servicio de la sociedad de la información. En caso de que
el prestador de servicios no facilite una dirección electrónica válida
para la comunicación con el mismo no será exigible el intento de
requerimiento previsto en este párrafo. El intento de requerimiento se
considerará infructuoso si el prestador requerido no contesta o, incluso
contestando, no retira o inhabilita el acceso a los contenidos
correspondientes en un plazo de tres días desde la remisión del
correspondiente requerimiento.
este procedimiento en los términos de lo dispuesto en el artículo
150.
estará basado en los principios de celeridad y proporcionalidad y en el
mismo serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el
artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
establecido producirá la caducidad del procedimiento.
procedimiento ponen fin a la vía administrativa.
interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información
que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los
contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador
haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Dichas
diligencia específicos exigibles al prestador infractor que tengan por
objeto asegurar la cesación de la vulneración y evitar la reanudación de
la misma.
interrupción a otras obras o prestaciones protegidas suficientemente
identificadas cuyos derechos representen las personas que participen como
interesadas en el procedimiento, que correspondan a un mismo titular de
derechos o que formen parte de un mismo tipo de obras o prestaciones,
siempre que concurran hechos o circunstancias que revelen que las citadas
obras o prestaciones son igualmente ofrecidas ilícitamente.
Antes de proceder
a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad
de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no
superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los
contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones
y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso
o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual.
Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos
días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo
máximo de cinco días. La Sección dictará resolución en el plazo máximo de
tres días.Antes de proceder
a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad
de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no
superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los
contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones
y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso
o la aplicabilidad de un límite al derecho de propiedad intelectual.
Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos
días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo
máximo de cinco días. La Sección dictará resolución en el plazo máximo de
tres días.
voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendrán valor de
reconocimiento implícito de la referida vulneración de derechos de
propiedad intelectual y pondrá fin al procedimiento.
garantizar la efectividad de la resolución dictada, la Sección Segunda
podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios
de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de
publicidad, requiriéndoles para que suspendan el correspondiente servicio
que faciliten al prestador infractor.
Segunda valorará la posible efectividad de aquellas dirigidas a bloquear
la financiación del prestador de servicios de la sociedad de la
información declarado infractor.
El bloqueo del
servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de
acceso de Internet deberá motivarse adecuadamente en consideración de su
proporcionalidad, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás
medidas al alcance.El bloqueo del
servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de
acceso de Internet deberá motivarse adecuadamente en consideración a su
proporcionalidad, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás
medidas al alcance.
En el caso de
prestarse el servicio utilizando un nombre de dominio bajo el código de
país correspondiente a España (.es) u otro dominio de primer nivel cuyo
Registro esté establecido en España, la Sección Segunda notificará los
hechos a la autoridad de registro a efectos de que cancele el nombre de
dominio que no podrá ser asignado nuevamente en un periodo de, al menos,
seis meses.En el caso de
prestarse el servicio utilizando un nombre de dominio bajo el código de
país correspondiente a España (.es) u otro dominio de primer nivel cuyo
registro esté establecido en España, la Sección Segunda notificará los
hechos a la autoridad de registro a efectos de que cancele el nombre de
dominio, que no podrá ser asignado nuevamente en un periodo de, al menos,
seis meses.
de intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad se
considerará como infracción de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico.
En todo caso, la
ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios
de intermediación correspondiente, ante el incumplimiento del
requerimiento de retirada o interrupción, emitido conforme al apartado
anterior, por parte del prestador de servicios de la sociedad de la
información responsable de la vulneración, exigirá de la previa
autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el
apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.En todo caso, la
ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios
de intermediación correspondiente, ante el incumplimiento del
requerimiento de retirada o interrupción, emitido conforme al apartado
anterior, por parte del prestador de servicios de la sociedad de la
información responsable de la vulneración, exigirá la previa autorización
judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo
del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.6. El
incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados
infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo
previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de
servicios de la sociedad de la información de los descritos en el
apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho
incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa
grave sancionada con multa entre 30.000 y 300.000 euros. La reanudación
por dos o más veces de actividades vulneradoras por parte de un mismo
prestador de servicios de la sociedad de la información también se
considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se
entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el
mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de
nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate
exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la
retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones
los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas
interpuestas, reanuden la actividad infractora.6. El
incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados
infractores, que resulten de resoluciones finales adoptadas conforme a lo
previsto en el apartado 4 anterior, por parte de un mismo prestador de
servicios de la sociedad de la información de los descritos en el
apartado 2 anterior, constituirá, desde la segunda vez que dicho
incumplimiento tenga lugar, inclusive, una infracción administrativa muy
grave sancionada con multa de entre 150.001 hasta 600.000 euros. La
reanudación por dos o más veces de actividades ilícitas por parte de un
mismo prestador de servicios de la sociedad de la información también se
considerará incumplimiento reiterado a los efectos de este apartado. Se
entenderá por reanudación de la actividad ilícita el hecho de que el
mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de
nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate
exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la
retirada voluntaria de los contenidos. Incurrirán en estas infracciones
los prestadores que, aun utilizando personas físicas o jurídicas
interpuestas, reanuden la actividad infractora.
de la conducta infractora, la comisión de la infracción podrá llevar
aparejada las siguientes consecuencias:
del sancionado, en el «Boletín Oficial del Estado», en dos periódicos
nacionales o en la página de inicio del sitio de Internet del prestador,
una vez que aquélla tenga carácter firme, atendiendo a la repercusión
social de la infracción cometida y la gravedad del ilícito.
b) El cese de las
actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un
período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta medida,
el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los
prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos
electrónicos y de publicidad, ordenándoles que suspendan el
correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la
adopción de las medidas de colaboración se valorará la posible
efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del
prestador de servicios de la sociedad de la información declarado
infractor. El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por
parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse
específicamente, en consideración de su proporcionalidad y su efectividad
estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al
alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En
todo caso, la ejecución de la medida de colaboración dirigida al
prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la
previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en
el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.b) El cese de las
actividades declaradas infractoras del prestador de servicios durante un
período máximo de un año. Para garantizar la efectividad de esta medida,
el órgano competente podrá requerir la colaboración necesaria de los
prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos
electrónicos y de publicidad, ordenándoles que suspendan el
correspondiente servicio que faciliten al prestador infractor. En la
adopción de las medidas de colaboración se valorará la posible
efectividad de aquellas dirigidas a bloquear la financiación del
prestador de servicios de la sociedad de la información declarado
infractor. El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por
parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse
específicamente, en consideración a su proporcionalidad y su efectividad
estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al
alcance. La falta de colaboración se considerará como infracción de lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En
todo caso, la ejecución de la medida de colaboración dirigida al
prestador de servicios de intermediación correspondiente exigirá de la
previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en
el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se
dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera
impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de
servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir
el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un
período máximo de un año.
procedimiento establecido en el
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.
de Estado de Cultura, órgano competente a efectos de lo dispuesto en los
artículos 35, 36 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio.
incorporar al expediente las actuaciones que formasen parte de los
procedimientos relacionados tramitados por la Sección Segunda en
ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual establecidas en el apartado anterior.
de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su
caso, sean procedentes.
lo referido a las medidas de colaboración de los servicios de
intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad
previstas en este artículo.
los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las
actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en particular,
en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones
penales o administrativas.»
Veinte. Se
modifica el artículo 159, que queda redactado en los siguientes
términos:Veintiuno. Se
modifica el artículo 159, que queda redactado en los siguientes
términos:
Públicas.
Educación, Cultura y Deporte, las siguientes funciones:
a) La
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la
actividad y la inhabilitación legal para operar, de las entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en
esta Ley.a) La
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la
actividad y la inhabilitación legal para operar, de las entidades de
gestión de derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en
esta ley.
b) La aprobación
de las modificaciones estatutarias presentadas por estas entidades, una
vez que lo hayan sido por la respectiva Asamblea General y sin perjuicio
de lo dispuesto por otras normas de aplicación. Dicha aprobación se
entenderá concedida si no se notifica resolución en contrario en el plazo
de tres meses desde su presentación.b) La aprobación
de las modificaciones estatutarias presentadas por estas entidades, una
vez que lo hayan sido por la respectiva Asamblea general y sin perjuicio
de lo dispuesto por otras normas de aplicación. Dicha aprobación se
entenderá concedida si no se notifica resolución en contrario en el plazo
de tres meses desde su presentación.
entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderán a la Comunidad
Autónoma en cuyo territorio desarrolle principalmente su actividad
ordinaria.
propiedad intelectual actúa principalmente en una Comunidad Autónoma
cuando su domicilio social y el domicilio fiscal de al menos el 50 por
ciento de sus socios se encuentren en el territorio de dicha Comunidad
Autónoma, y el principal ámbito de recaudación de la remuneración de los
derechos confiados a su gestión se circunscriba a dicho territorio. Se
entenderá por principal ámbito de recaudación aquel de donde proceda más
del 60 por ciento de ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento
de esta condición.
y Deporte, establecerá reglamentariamente los mecanismos y obligaciones
de información necesarios para garantizar el ejercicio coordinado y
eficaz de estas funciones.
Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control, incluido el
ejercicio de la potestad sancionadora, sobre las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual, cuando de acuerdo con lo previsto en
el apartado anterior no corresponda el ejercicio de estas funciones a una
Comunidad Autónoma.»
Veintiuno. Se
modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 161, con la siguiente
redacción:Veintidós. Se
modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 161, con la siguiente
redacción:
educativos o de investigación científica en los términos previstos en el
artículo 32.2, 3 y 4.»
Veintidós. Se
introduce un nuevo título VI en el Libro III, con la siguiente
redacción:Veintitrés. Se
introduce un nuevo título VI en el Libro III, con la siguiente
redacción:
gestión
competentes sancionadores y procedimiento sancionador.
1. Las entidades
de gestión incurrirán en responsabilidad administrativa por las
infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones con arreglo a
lo dispuesto en la presente Ley.1. Las entidades
de gestión incurrirán en responsabilidad administrativa por las
infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones con arreglo a
lo dispuesto en la presente ley.2. El ejercicio
de la potestad sancionadora corresponde a la administración competente de
conformidad con el artículo 159. La inhabilitación legal para operar
corresponde, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.2. El ejercicio
de la potestad sancionadora corresponde a la Administración competente de
conformidad con el artículo 159. La inhabilitación legal para operar
corresponde, en todo caso, al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
el procedimiento establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.
1. Las
infracciones cometidas por las entidades de gestión colectiva de derechos
de propiedad se clasificarán en muy graves, graves y leves.1. Las
infracciones cometidas por las entidades de gestión colectiva de derechos
de propiedad intelectual se clasificarán en muy graves, graves y
leves.
actos:
de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados,
circunstancia que habrá de apreciarse respecto del conjunto de los
usuarios y de los titulares de dichos derechos y no de forma aislada o
individual.
b) El
incumplimiento grave y reiterado del artículo 151.2, cuando se realicen,
de manera directa o indirecta, actividades que no sean de protección o
gestión de los derechos de propiedad intelectual que tengan encomendados,
sin perjuicio de la función social y del desarrollo de la oferta digital
legal que deben cumplir y de las actividades vinculadas al ámbito
cultural de la entidad y sin ánimo de lucro referidas en dicho artículo,
siempre que estén previstas en sus estatutos.b) El
incumplimiento grave y reiterado del objeto y fines señalados en los
estatutos de la entidad de gestión, cuando se realicen, de manera directa
o indirecta, actividades que no sean de protección o gestión de los
derechos de propiedad intelectual que tengan encomendados, sin perjuicio
de la función social y del desarrollo de la oferta digital legal que
deben cumplir y de las actividades vinculadas al ámbito cultural de la
entidad y sin ánimo de lucro referidas en dicho artículo, siempre que
estén previstas en sus estatutos.
establecida en el artículo 152 de administrar los derechos de propiedad
intelectual que tenga conferidos la entidad de gestión.
incumplimiento muy grave de las obligaciones del Título IV.
actos:
artículo 153 respecto del contrato de gestión.
reparto de las cantidades recaudadas de manera arbitraria y no
equitativa.
los artículos 154 a 156, 157.1 a excepción de las letras b) y k), y
157.4.
d) La
resistencia, excusa o negativa, por las entidades de gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual, a la actuación inspectora de las
administraciones competentes según lo previsto en esta Ley.d) La
resistencia, excusa o negativa, por las entidades de gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual, a la actuación inspectora de las
Administraciones competentes según lo previsto en esta Ley.
previsto estatutariamente en relación con las quejas planteadas por los
socios de conformidad con lo previsto en el artículo 151.14.
Administraciones Públicas realizados al amparo de lo dispuesto en el
artículo 157 bis. Se entiende que se produce falta de atención del
requerimiento cuando la entidad de gestión no responda en el plazo de un
mes desde que aquél le fue notificado, salvo que medie causa justificada.
Las Administraciones Públicas podrán reducir el plazo de un mes por
razones debidamente motivadas.
artículo 157.1.k).
obligaciones meramente formales o documentales, salvo que deban ser
considerados como infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores.
Artículo 162
quater. Sanciones.Artículo 162
quáter. Sanciones.
a la entidad infractora alguna de las siguientes sanciones:
los derechos de propiedad intelectual.
total obtenida por la entidad de gestión
defecto de recaudación en el año anterior a la fecha de imposición de la
multa, se impondrá una multa no superior a 800.000 ni inferior a 400.001
euros.
graves deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado y, en su
caso, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, una vez que sean
firmes en vía administrativa, y previa disociación de los datos
personales que contenga.
infractor una multa no superior al 1 por ciento de su recaudación total
correspondiente al año anterior a la fecha de imposición de la multa. En
defecto de recaudación en el año anterior a la fecha de imposición de la
multa, se impondrá una multa no superior a 400.000 ni inferior a 200.001
euros.
4. Las
resoluciones sancionadoras por infracciones graves podrán ser publicadas
en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el de la Comunidad
Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa,
y previa disociación de los datos personales que contenga.4. Las
resoluciones sancionadoras por infracciones graves podrán ser publicadas
en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el de la Comunidad
Autónoma correspondiente, una vez que sean firmes en vía administrativa,
y previa disociación de los datos personales que contengan.
entidad infractora multa por importe no superior a 200.000 euros ni a un
0,5 por ciento de su recaudación total correspondiente al año anterior a
la fecha de imposición de la multa.
criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, los órganos y
procedimientos para la recaudación serán los establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los
establecidos en la legislación aplicable por las Administraciones
Públicas que las hayan impuesto.
comisión de una infracción muy grave y siempre que concurran razones de
urgencia justificadas en dificultad o impedimento objetivo de reinstaurar
el cumplimiento de la legalidad, la autoridad competente podrá acordar
motivadamente, previa autorización del juez correspondiente al domicilio
social de la entidad, la remoción de los órganos de representación de la
entidad y su intervención temporal, mediante la designación de un gestor
interino que asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos
de representación de la entidad, en las siguientes condiciones:
prorrogable por igual período.
correrán a cargo de la entidad intervenida.
funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión y
adoptar e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia.
procedimiento de intervención temporal de las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual.»
Veintitrés. Se
modifica la Disposición adicional quinta que queda redactada en los
siguientes términos:Veinticuatro. Se
modifica la disposición adicional quinta que queda redactada en los
siguientes términos:
procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual.
ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de
servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los
artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
2. En los
procedimientos de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad
de la información, cuya competencia esté atribuida al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, cuando concurran los supuestos previstos en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o el domicilio
conocido del interesado o lugar indicado a efecto de las notificaciones
se encuentre fuera del territorio de la Unión Europea, la práctica de la
notificación se hará exclusivamente mediante un anuncio publicado en el
“Boletín Oficial del Estado”, en los términos establecidos en
dicho artículo.2. En los
procedimientos de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad
de la información, cuya competencia esté atribuida al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, cuando concurran los supuestos previstos en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o el domicilio
conocido del interesado o lugar indicado a efectos de notificaciones se
encuentre fuera del territorio de la Unión Europea, la práctica de la
notificación se hará exclusivamente mediante un anuncio publicado en el
“Boletín Oficial del Estado”, en los términos establecidos en
dicho artículo.
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación
del acto podrá sustituirse por su publicación en el “Boletín
Oficial del Estado”, en particular, cuando tenga por destinatarios
a prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la
información que deban colaborar para el eficaz cumplimiento de las
resoluciones que se adopten.
4. En los
supuestos contemplados en los dos apartados precedentes, la publicación
en “Boletín Oficial del Estado”, irá acompañada de un mensaje
que advierta de esta circunstancia dirigido a la dirección de correo
electrónico que el prestador de servicios de la sociedad de la
información facilite a efectos de la comunicación con el mismo, de
acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico o de norma extranjera aplicable,
siempre que dicha dirección de correo electrónico se facilite por medios
electrónicos de manera permanente, fácil, directa y gratuita. En caso de
no facilitarse tal dirección de correo electrónico en las condiciones
descritas no será exigible lo dispuesto en este párrafo.4. En los
supuestos contemplados en los dos apartados precedentes, la publicación
en “Boletín Oficial del Estado” irá acompañada de un mensaje
que advierta de esta circunstancia dirigido a la dirección de correo
electrónico que el prestador de servicios de la sociedad de la
información facilite a efectos de la comunicación con el mismo, de
acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico o de norma extranjera aplicable,
siempre que dicha dirección de correo electrónico se facilite por medios
electrónicos de manera permanente, fácil, directa y gratuita. En caso de
no facilitarse tal dirección de correo electrónico en las condiciones
descritas no será exigible lo dispuesto en este párrafo.
el “Boletín Oficial del Estado”, se entenderá que la
notificación ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y
continuándose con el procedimiento.
5. Cuando un
prestador de servicios de la sociedad de la información, al que sea de
aplicación la Ley 34/2002, de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 2
a 4, que deba ser considerado interesado en un procedimiento tramitado al
amparo del artículo 158 ter, no se identificara en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y, una
vez realizadas las actuaciones de identificación razonables al alcance de
la Sección Segunda, éstas no hubieran tenido como resultado una
identificación suficiente, el procedimiento podrá iniciarse
considerándose interesado, hasta tanto no se identifique y persone en el
procedimiento, al servicio de la sociedad de la información prestado por
el prestador no identificado. En tales casos ello se hará constar así en
el expediente, siendo de aplicación las previsiones de publicación en el
“Boletín Oficial del Estado” establecidas en esta disposición
y, en su caso, las medidas de colaboración y sancionadoras previstas en
el artículo 158 ter en caso de ausencia de retirada voluntaria al citado
servicio de la sociedad de la información.»5. Cuando un
prestador de servicios de la sociedad de la información, al que sea de
aplicación la Ley 34/2002, de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 2
a 4, que deba ser considerado interesado en un procedimiento tramitado al
amparo del artículo 158 ter, no se identificara en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y, una
vez realizadas las actuaciones de identificación razonables al alcance de
la Sección Segunda, éstas no hubieran tenido como resultado una
identificación suficiente, el procedimiento podrá iniciarse
considerándose interesado, hasta tanto no se identifique y persone en el
procedimiento, el servicio de la sociedad de la información facilitado
por el prestador no identificado. Esta circunstancia se hará constar así
en el expediente, siendo de aplicación las previsiones de publicación en
el “Boletín Oficial del Estado” establecidas en esta
disposición y, en su caso, las medidas de colaboración y sancionadoras
previstas en el artículo 158 ter en caso de ausencia de retirada
voluntaria al citado servicio de la sociedad de la información.»Veinticuatro. Se
introduce una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente
redacción:Veinticinco. Se
introduce una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente
redacción:
conforme a la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea.
de otro Estado miembro de la Unión Europea, dictada en transposición de
lo dispuesto
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las
obras huérfanas, tendrán asimismo reconocida dicha naturaleza en España a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 37 bis.»
Veinticinco. Se
introduce una nueva disposición transitoria vigésima primera, con la
siguiente redacción:Veintiséis. Se
introduce una nueva disposición transitoria vigésima primera, con la
siguiente redacción:
temporal de las disposiciones relativas a las composiciones musicales con
letra, a las obras huérfanas y a la cesión de derechos del artista
intérprete o ejecutante al productor de fonogramas.
1. El párrafo
segundo del artículo 28.1 de la presente Ley se aplicará sólo a las
composiciones musicales con letra de las que al menos la composición
musical o la letra estén protegidas en España o al menos en un Estado
miembro de la Unión Europea el 1 de noviembre de 2013 y a las
composiciones musicales con letra que se creen después de esta
fecha.1. El párrafo
segundo del artículo 28.1 se aplicará sólo a las composiciones musicales
con letra de las que al menos la composición musical o la letra estén
protegidas en España o al menos en un Estado miembro de la Unión Europea
el 1 de noviembre de 2013 y a las composiciones musicales con letra que
se creen después de esta fecha.
sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes
del 1 de noviembre de 2013.
obras y fonogramas que estén protegidos por la legislación de los Estados
miembros de la Unión Europea en materia de derechos de autor a 29 de
octubre de 2014 o en fecha posterior, sin perjuicio de los actos
celebrados y de los derechos adquiridos antes de dicha fecha.
grabación de interpretaciones o ejecuciones y a los fonogramas con
respecto a los cuales el artista intérprete o ejecutante y el productor
de los fonogramas gocen de protección, a fecha 1 de noviembre de 2013,
conforme a la legislación aplicable antes de esa fecha, y a la grabación
de interpretaciones o ejecuciones y a los fonogramas posteriores a esa
fecha.
celebrados antes del 1 de noviembre de 2013 seguirán surtiendo efecto
transcurrida la fecha en que, en virtud del artículo 112 aplicable en ese
momento, el artista intérprete o ejecutante dejaría de estar
protegido.»
enero, de Enjuiciamiento Civil.
queda modificada como sigue:
nuevos subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256, con la
siguiente redacción:
ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial
o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos que no
puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe
y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de
diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y
redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen
un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en
particular, los siguientes:
fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las
mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales,
hubieran estado en posesión de las mercancías.
a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.
recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las
mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características
técnicas de las mercancías.»
por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de
propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un
servicio de la sociedad de la información sobre el que concurran indicios
razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma
directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal
derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación
de propiedad industrial o de propiedad intelectual, considerando la
existencia de un nivel apreciable de audiencia en España de dicho
prestador o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones
protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.
necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los
prestadores de servicios de
publicidad que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses
relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de
la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados
prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta
pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado
de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el
prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que
exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor
de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.»
derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por
infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de
la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la
identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o
hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un
servicio, sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo
a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos,
obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y
mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros
consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios
económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de
obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o
difundidas.»
siguiente redacción:
números 7, 8, 10 y 11 del apartado 1 del artículo 256 se utilizará
exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad
industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con
prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de
cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las
actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que
tuvieran carácter confidencial.»
costes de transacción.
costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad
intelectual y los usuarios de tales derechos, tomando especialmente en
consideración las posibilidades ofrecidas por los desarrollos
tecnológicos, incluyendo, entre otras, medidas dirigidas a una
articulación más eficiente de la interlocución entre titulares de
derechos, representantes de éstos y usuarios.
2. Las entidades
de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente
establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual se
centralizarán las operaciones de facturación y pago de los importes que
los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el
artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la
entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de creación,
financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo
entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres
meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución
estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias
puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el
correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio
del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de
la referida obligación legal.2. Las entidades
de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente
establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual se
centralizarán las operaciones de facturación y pago de los importes que
los usuarios adeuden a las mismas, según la obligación establecida en el
artículo 157.1.e) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la
entrada en vigor de la ley para acordar los términos de creación,
financiación y mantenimiento de esta ventanilla única. A falta de acuerdo
entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de tres
meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual podrá dictar una resolución
estableciendo dichos términos, pudiendo resolver cuantas controversias
puedan surgir, y establecer cuantas instrucciones sean precisas para el
correcto funcionamiento de esta ventanilla única, todo ello sin perjuicio
del correspondiente expediente sancionador en base al incumplimiento de
la referida obligación legal.
privada sin que ninguna entidad de gestión ostente capacidad para
controlar la toma de decisiones.
objetivas, transparentes y no discriminatorias, y adecuarse a las
siguientes reglas:
entidad de gestión legalmente establecida.
cada colectivo de usuarios y en relación con todas las entidades
legalmente establecidas.
generales que los usuarios adeuden a las entidades de gestión legalmente
establecidas.
Nacional de los Mercados y la Competencia, en sus respectivos ámbitos de
competencia, velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este
apartado, incluyendo el control de los estatutos de la persona jurídica
que gestiona la ventanilla con carácter previo al inicio del
funcionamiento de la misma.
establecido en este apartado.
3. Las entidades
de gestión, en cumplimiento de la obligación prevista en la letra d) del
artículo 154.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, destinarán las
cantidades correspondientes derivadas de dicha obligación a la
financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista en el
apartado anterior.3. Las entidades
de gestión, en cumplimiento de la obligación prevista en la letra d) del
artículo 154.5 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
destinarán las cantidades correspondientes derivadas de dicha obligación
a la financiación de la ventanilla única de facturación y pago prevista
en el apartado anterior.
tarifarias.
intelectual deberán aplicar tarifas adecuadas a aquellos usuarios que
tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y
televisión, carezcan de ánimo de lucro y tengan legalmente impuestas
obligaciones de fomento de la cultura.
Disposición
adicional tercera. Reforma integral de la Ley de Propiedad
Intelectual.PASA A SER
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA, CON IDÉNTICA REDACCIÓN
vigor de esta Ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en
colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar
una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada
plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del
conocimiento. Con vistas a esa reforma deberán evaluarse, entre otros
aspectos, el régimen aplicable a la gestión colectiva de derechos, el
régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y
naturaleza del regulador.
Disposición
adicional cuarta. Tasa por determinación de tarifas.Disposición
adicional tercera. Tasa por determinación de tarifas.
La tasa por la
determinación de tarifas para la explotación de derechos de explotación
de gestión colectiva obligatoria y para los derechos de gestión colectiva
voluntaria que, respecto de la misma categoría de titulares concurran con
un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación, se regirá
por la presente Ley y por las demás fuentes normativas establecidas por
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos.La tasa por la
determinación de tarifas para la explotación de derechos de gestión
colectiva obligatoria y para los derechos de gestión colectiva voluntaria
que, respecto de la misma categoría de titulares concurran con un derecho
de remuneración sobre la misma obra o prestación, se regirá por la
presente ley y por las demás fuentes normativas establecidas por la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Constituye el
hecho imponible de esta tasa la determinación de tarifas solicitada por
las entidades de gestión afectadas, por asociaciones de usuarios
representativas a nivel nacional, por una entidad de radiodifusión o por
de un usuario especialmente significativo.Constituye el
hecho imponible de esta tasa la determinación de tarifas solicitada por
las entidades de gestión afectadas, por asociaciones de usuarios
representativas a nivel nacional, por una entidad de radiodifusión o por
un usuario especialmente significativo.
jurídicas parte en el procedimiento de determinación de tarifas.
practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el
ingreso de su importe en el Tesoro Público.
tarifa en relación con la solicitud presentada.
cantidades resultantes estimadas de la aplicación de las tarifas
determinadas por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual.
resultado de aplicar el tipo o los tipos proporcionales que se fijen
reglamentariamente a las cantidades resultantes estimadas de la
aplicación de las tarifas determinadas por la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual, no pudiendo ser inferior a 16.659,47
euros, ni superior a un porcentaje del 0,2 por ciento de la base
imponible en aquellos supuestos en los que la cuota a ingresar exceda de
dicha cuantía mínima.
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
Las entidades de
gestión aplicarán el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos a partir del 1 de enero del año natural siguiente al de la
entrada en vigor de esta Ley, de conformidad con las siguientes
reglas:Las entidades de
gestión aplicarán el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos a partir del 1 de enero del año natural siguiente al de la
entrada en vigor de esta ley, de conformidad con las siguientes
reglas:1. El balance de
apertura del ejercicio en que se apliquen por primera vez el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se elaborará de
acuerdo con las siguientes reglas:1. El balance de
apertura del ejercicio en que se aplique por primera vez el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se elaborará de
acuerdo con las siguientes reglas:a) Se
reclasificarán los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto
en estas normas.a) Se
reclasificarán los elementos patrimoniales de acuerdo con lo dispuesto en
estas normas.
en libros; y
Sin perjuicio de
lo anterior, la entidad podrá opta por valorar todos los elementos
patrimoniales contemplados en la letra a) anterior por el importe que
corresponda de la aplicación retroactiva de estas normas.Sin perjuicio de
lo anterior, la entidad podrá optar por valorar todos los elementos
patrimoniales contemplados en la letra a) por el importe que corresponda
de la aplicación retroactiva de estas normas.
dar cumplimiento a la primera aplicación de estas normas será una partida
de reservas.
en el que se aplique el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, podrán ser presentadas:
a) Incluyendo
información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios, en cuyo caso,
las cuentas anuales se calificarán como iniciales a los efectos derivados
de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparabilidad.a) Incluyendo
información comparativa sin adaptar a los nuevos criterios, en cuyo caso,
las cuentas anuales se calificarán como iniciales a los efectos derivados
de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de
comparación.
criterios. En este caso la fecha de primera aplicación es la fecha de
comienzo del ejercicio anterior al que se inicie la aplicación del Plan
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
3. En la memoria
de las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie
la aplicación del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, se creará un apartado con la denominación de «Aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables» en el que se
incluirá una explicación de las principales diferencias entre los
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el presente,
así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de
criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.3. En la memoria
de las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio en el que se
inicie la aplicación del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, se creará un apartado con la denominación de «Aspectos
derivados de la transición a las nuevas normas contables» en el que se
incluirá una explicación de las principales diferencias entre los
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y en el presente,
así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de
criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.
tarifas.
1. Las entidades
de gestión deberán aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los
criterios establecidos en esta Ley en el plazo de seis meses a partir de
la entrada en vigor de la Orden del ministro de Educación, Cultura y
Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas
tarifas prevista en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual.1. Las entidades
de gestión deberán aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los
criterios establecidos en esta ley en el plazo de seis meses a partir de
la entrada en vigor de la orden del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas
tarifas prevista en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual.
2. Las tarifas de
las entidades de gestión colectiva acordadas con usuarios seguirán
produciendo plenos efectos durante la vigencia de los acuerdos, y durante
un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley,
cuando se refieran a derechos exclusivos y la entidad de gestión pueda
acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel
nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de
radiodifusión, así como en los supuestos de utilizaciones
singulares.2. Las tarifas de
las entidades de gestión colectiva acordadas con usuarios seguirán
produciendo plenos efectos durante la vigencia de los acuerdos, y durante
un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley,
cuando se refieran a derechos exclusivos y la entidad de gestión pueda
acreditar que tiene acuerdos con asociaciones representativas a nivel
nacional del sector correspondiente o con los principales organismos de
radiodifusión, así como en los supuestos de utilizaciones
singulares.3. A excepción de
los casos mencionados en el apartado anterior, las entidades de gestión
colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán negociar con las
asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente
y con los organismos de radiodifusión nuevas tarifas adaptadas a los
criterios establecidos en la letra b) del artículo 157.1 de la Ley de
Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la entrada
en vigor de la Ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 158 bis de esta Ley.3. A excepción de
los casos mencionados en el apartado anterior, las entidades de gestión
colectiva de derechos de propiedad intelectual deberán negociar con las
asociaciones representativas a nivel nacional del sector correspondiente
y con los organismos de radiodifusión nuevas tarifas adaptadas a los
criterios establecidos en el artículo 157.1 b) del texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual en el plazo máximo de un año a partir de la
entrada en vigor de la ley. A falta de acuerdo entre las partes se estará
a lo dispuesto en el artículo 158 bis.3 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual.Para los
supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan
acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables a derechos de gestión
colectiva, cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados
con asociaciones representativas a nivel nacional del sector
correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión en los
dos años anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta que
se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, las
cantidades que los usuarios deberán pagar, en relación con la
remuneración exigida por las entidades de gestión por la explotación de
derechos de remuneración y a los efectos de entender concedida la
autorización respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos,
no podrán superar el 70 por 100 de las tarifas generales aprobadas por
cada entidad de gestión. Cuando un acto de explotación de una obra o
prestación protegida esté sujeto a un derecho de remuneración y concurra
con un derecho exclusivo sobre la misma obra o prestación de la misma
categoría de titulares a la que corresponde el derecho de remuneración,
la tarifa de ambos derechos se someterá al régimen establecido en este
apartado.Para los
supuestos contemplados en el párrafo anterior, y salvo que existan
acuerdos en vigor sobre tarifas aplicables a derechos de gestión
colectiva, cuyos términos y condiciones hayan sido negociados y fijados
con asociaciones representativas a nivel nacional del sector
correspondiente o con los principales organismos de radiodifusión en los
tres años anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, y hasta
que se aprueben y difundan públicamente las nuevas tarifas generales, los
usuarios deberán pagar a cuenta, en relación con la remuneración exigida
por las entidades de gestión por la explotación de derechos de
remuneración y a los efectos de entender concedida la autorización
respecto a los derechos exclusivos concurrentes con éstos, el 70 por 100
de las tarifas generales aprobadas por cada entidad de gestión. Cuando un
acto de explotación de una obra o prestación protegida esté sujeto a un
derecho de remuneración y concurra con un derecho exclusivo sobre la
misma obra o prestación de la misma categoría de titulares a la que
corresponde el derecho de remuneración, la tarifa de ambos derechos se
someterá al régimen establecido en este apartado.
Quedan derogadas
las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en la presente Ley.Quedan derogadas
las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
establecido en la presente ley.Disposición final
primera. Modificación de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura,
el Libro y las Bibliotecas.Disposición final
primera. Modificación de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura,
el libro y las bibliotecas.Se modifica el
apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la
Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que queda redactado en los
siguientes términos:Se modifica el
apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la
lectura, el libro y las bibliotecas, que queda redactado en los
siguientes términos:«Con efectos de 1
de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 2 del
artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y
las Bibliotecas, que queda redactado en los siguientes términos:«Con efectos de 1
de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 2 del
artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, el libro y
las bibliotecas, que queda redactado en los siguientes términos:
internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN, la
Agencia Española del ISBN desarrolla el sistema del ISBN en nuestro país.
La Agencia Española proporcionará al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte los registros actualizados del ISBN, para garantizar la
continuidad de la base de datos de libros editados en España y la de
editoriales, gestionadas por dicho departamento.»
El artículo
primero y las Disposiciones adicionales y transitorias de la presente Ley
se aprueban al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre
legislación en materia de propiedad intelectual.El artículo
primero y las disposiciones adicionales y transitorias se aprueban al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución
Española, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación en
materia de propiedad intelectual.El artículo
segundo de la presente Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia sobre legislación procesal y legislación
civil.El artículo
segundo se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y
8.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia
sobre legislación procesal y legislación civil.Disposición final
tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.Disposición final
tercera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.Mediante esta Ley
se incorpora al derecho español la Directiva 2011/77/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se
modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines (artículos 110 bis 112
y 119, y Disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de
la Ley deMediante esta ley
se incorpora al Derecho español la Directiva 2011/77/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se
modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines (artículos 110 bis 112
y 119, y Disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de
la Ley de
Propiedad
Intelectual), y la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las
obras huérfanas (artículo 37 bis, Disposición adicional sexta y
Disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual).Propiedad
Intelectual), y la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las
obras huérfanas (artículo 37 bis, disposición adicional sexta y
disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual).Disposición final
cuarta. Reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.El Gobierno, en
el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los
trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores
y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de
Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y
oportunidades de la sociedad del conocimiento. Con vistas a esa reforma
deberán evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la
gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por
copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.Disposición final
cuarta. Entrada en vigor.Disposición final
quinta. Entrada en vigor.La presente Ley
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, con las siguientes excepciones:La presente ley
entrará en vigor el 1 de enero de 2015, con las siguientes
excepciones:a) Lo establecido
en los apartados 2 y 3 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la
presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado».a) Lo establecido
en los apartados 3 y 4 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la
presente ley en el «Boletín Oficial del Estado».b) Lo dispuesto
en el artículo 158 ter y concordantes del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual entrará en vigor a los dos meses de la publicación
de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado».b) Lo dispuesto
en el artículo 158 ter y concordantes del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual entrará en vigor a los dos meses de la publicación
de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado».c) Lo establecido
en los artículos 154, apartados 7 y 8, 162 ter y 162 quáter del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los seis
meses de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del
Estado».c) Lo establecido
en los artículos 154, apartados 7 y 8, 162 ter y 162 quáter del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los seis
meses de la publicación de esta ley en el «Boletín Oficial del
Estado».d) Los apartados
3, 4, 5 y 6 del artículo 154 serán aplicables a las cantidades recaudadas
por las entidades de gestión a partir del 1 de enero del año natural
siguiente a la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del
Estado», con independencia de la fecha de su devengo.d) Los apartados
3, 4, 5 y 6 del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual serán aplicables a las cantidades recaudadas por las
entidades de gestión a partir del 1 de enero del año natural siguiente a
la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado», con
independencia de la fecha de su devengo.