CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 47

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ

Sesión núm. 8

celebrada el martes,

1 de octubre de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Araújo Chamorro), al objeto de presentar el Informe Anual de Actuaciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación correspondiente al año 2023. Por acuerdo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000307 y número de expediente del Senado 713/000113) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (ARAÚJO CHAMORRO), AL OBJETO DE PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE ACTUACIONES DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000307 y número de expediente del Senado 713/000113).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías; buenos días a todos y a todas.


En primer lugar, permítanme que demos la bienvenida a la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la señora María Luisa Araújo Chamorro, que está aquí con nosotros.


Sin más dilación, pasamos a la comparecencia, que es el único punto del orden del día que tenemos para la sesión de la Comisión del día de hoy.


Tiene la palabra la señora presidenta.


La señora PRESIDENTA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Araújo Chamorro): Muchas gracias, presidente.


Muy buenos días.


Señoras y señores diputados, para nuestra oficina, hoy es un día importante. Tener la oportunidad de comparecer ante esta Comisión para dar cuenta del trabajo que hemos desarrollado, en este caso, durante el año 2023, es una satisfacción y
una obligación que asumimos muy gustosamente.


Como saben, el apartado 4 del artículo 332 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y también el artículo 6 del Real Decreto 342/2023, de 9 de mayo, por el que se aprueban nuestras normas de organización y
funcionamiento, exigen que esta oficina elabore cada año un informe en el que se resuma la actividad que ha desarrollado en el ejercicio anterior como principal instrumento para rendir cuentas. Ese informe debe ser remitido a las Cortes Generales y
al Tribunal de Cuentas. Esa misma vocación de transparencia inspira esta comparecencia, en la que, recogiendo lo contenido en el último informe anual de actuaciones que les hemos remitido, haremos balance de la actividad desarrollada a lo largo del
año 2023 en todos los ámbitos de competencia de nuestra oficina.


El informe describe de manera breve, en primer lugar, la situación de la oficina, detallando los recursos con los que se ha afrontado el año objeto de examen, para, a continuación, extenderse en recoger la actividad desarrollada, con una
mención a las principales conclusiones que en cada una de esas actuaciones hemos alcanzado. Este mismo va a ser el esquema de esta intervención.


Comienzo, por tanto, con la situación de la oficina. Quiero destacar como una novedad muy significativa del año 2023 el hecho de que durante ese año se publicó, por fin, el Real Decreto 342/2023, de 9 de mayo, al que me acabo de referir,
que nos ha dotado de unas normas de organización y funcionamiento. Con él no solo contamos con unas normas para organizarnos y para funcionar, sino que creo sinceramente que se ha dado un impulso a la oficina, de tal manera que con la experiencia
acumulada con los primeros años de trabajo se acomode de mejor manera al desarrollo de las competencias que nos atribuye la Ley de Contratos del Sector Público. En este real decreto pasan a redenominarse las vocalías de una manera más coherente con
las competencias señaladas por la ley, que se derivan luego en las actividades que vamos a desarrollar, y también se ha procedido a la creación de una pequeña estructura en el marco de una secretaría general, de forma muy similar a lo que sucede con
otros órganos de este mismo tipo.


En cuanto a los medios con los que contamos para el desarrollo de las competencias, comienzo por el que es más relevante siempre, y muy en concreto en nuestra oficina, que son los recursos humanos. El número de efectivos con los que
contamos durante 2023 alcanzó la cifra de veinticuatro personas. No obstante, durante ese año realizamos una intensa actividad, que ha permitido que durante lo que llevamos de 2024 se hayan incorporado nuevos recursos, hasta alcanzar la cifra de
veintinueve, a fecha 1 de septiembre; además, hoy en día, contamos con un funcionario en prácticas, que muy pronto va a pasar a formar parte de la RPT de la oficina.


Sobre el personal, quisiera realizar algunas reflexiones. La primera es que la actividad de nuestra oficina es muy singular y requiere perfiles altamente especializados. Por eso en nuestra estructura predominan los niveles directivos y
predirectivos, siendo la inmensa mayoría de los funcionarios de los

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grupos A1 y A2; en torno al 80 % del total de nuestra plantilla son funcionarios de estos dos grupos. Además, se trata de funcionarios que, en términos generales, pertenecen a cuerpos especializados. Por otra parte, también quiero
destacar el hecho de que el Ministerio de Hacienda nos han venido asignando funcionarios de nuevo ingreso, a fin de mejorar nuestra dotación. En todos los casos, hemos procurado mejorar su cualificación mediante formación y, además, hemos tratado
de permitir que construyan una carrera profesional atractiva para, una vez formados, retener su talento.


En cuanto a la formación, durante el año 2023 el personal realizó veintitrés cursos organizados por instituciones, como el INAP, el propio ministerio, la IGAE o el Instituto de Estudios Fiscales. Adicionalmente, han asistido a otras siete
jornadas o congresos especializados en la materia de contratación pública. Y en relación con la carrera profesional, durante el año 2023 tramitamos siete promociones de empleados públicos, todas ellas dentro de la oficina.


Finalmente, quiero hacer un par de menciones acerca de dos fuertes compromisos que mantiene OIReScon en materia de política de personal. El primer compromiso es con la igualdad. Nos satisface decir que la presencia de hombres y mujeres en
la plantilla es equilibrada, con un 54 y un 46 % respectivamente, pero también a nivel del propio órgano colegiado, que componemos tres mujeres y dos hombres. El segundo compromiso es con la integridad. En septiembre de 2022 aprobamos un código
ético, del que dimos cuenta en una anterior comparecencia, que han suscrito ya efectivamente todos los funcionarios que formamos parte de la oficina, y en desarrollo del cual hemos creado un comité ético, que, en concreto, durante el año 2023 se ha
reunido en dos ocasiones, para garantizar el seguimiento y aplicación del citado código. El resto de recursos con los que contamos se facilita por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, a la que estamos adscritos a efectos puramente
organizativos y presupuestarios, sin que durante 2023 se haya producido ninguna circunstancia ni ninguna cuestión digna de mención.


Me centro ya en lo interesante a sus efectos, probablemente, que será una relación acerca de lo que ha constituido nuestra actividad durante el ejercicio 2023, una actividad que viene enmarcada en las obligaciones y exigencias que contiene
la propia regulación. En concreto, la ley de contratos nos impone, en el apartado 8 del artículo 332, la necesidad de elaborar una parte del informe nacional a remitir a la Comisión Europea cada tres años y, en el apartado 9 del mismo 332, la
necesidad de elaborar un informe anual de supervisión y un informe anual de actuaciones, que es precisamente el que hoy presentamos aquí. Junto a ello, la ley también nos habilita para que realicemos encuestas o investigaciones, que darán lugar a
informes especiales de supervisión, guías, estudios o documentos de análisis.


Comienzo con una breve exposición del informe anual de supervisión que aprobamos en el ejercicio 2023, porque quizás sea uno de los elementos más importantes de nuestra actividad. Como les decía, el informe anual de supervisión, IAS, está
regulado en el apartado 9 del artículo 332, pero también en el artículo 24 de nuestro Real Decreto 342/2023. El contenido de este informe está fijado por la propia ley, que en el apartado 8 del 332 incluye los análisis que tenemos que realizar. En
concreto, en primer lugar, el informe anual de supervisión debe incluir una relación de los principales incumplimientos que detecten los órganos, instituciones y poderes con competencia supervisora y jurisdiccional en materia de contratación
pública; para ello, tenemos que recopilar la actividad de tribunales de recursos contractuales, así como el resultado del trabajo de los órganos de control interno y externo de los tres niveles de Administración. En segundo lugar, información
sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública o de inseguridad jurídica, lo que nos conduce a tener que analizar la actividad de los órganos consultivos, tanto a nivel estatal como a nivel
autonómico, así como a usar la información de plataformas para evaluar el cumplimiento del principio de publicidad y las decisiones de los organismos de transparencia, a fin de verificar el respeto al principio de transparencia. En tercer lugar, se
trata de recopilar información sobre la prevención, detección y notificación de casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades, así como sobre los problemas de colusión que se detecten. En este caso, tenemos que acudir
a los expedientes de agencias y otros órganos de control del fraude, así como a la actividad de los organismos de defensa de la competencia.


El informe anual de 2023 se centra en el análisis de la contratación pública de 2022. Quiero comenzar haciendo un breve resumen de la metodología que seguimos para su elaboración, porque, a tenor de lo que acabo de exponer, esta debe partir
de la necesidad de recabar un gran volumen de datos de numerosos puntos de información. Solo por ofrecer algún indicador que ayude a dimensionar nuestro trabajo, en concreto, para elaborar el IAS del que estoy hablando, contamos con 227 puntos de
información, obtuvimos datos de ocho plataformas de contratación, vimos perfiles de 24 697 órganos de contratación, realizamos una supervisión que afectó a más de 183 000 expedientes y examinamos 4757

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recursos contractuales, 75 informes de órganos consultivos, 1322 pliegos, 3346 encargos a medios propios, 642 consultas preliminares y 177 modificaciones de contratos. Dando respuesta al ya aludido contenido mínimo que debe reunir este
documento, el informe anual de supervisión, organizamos el trabajo a través de módulos que tienen una identidad propia y que creemos que tienen la virtud de acercar la información, especialmente a aquellos que tienen interés en aspectos concretos.


Siguiendo esta premisa organizativa, en 2023 elaboramos once módulos. El primero de ellos lo dedicamos a un análisis de las cifras de la contratación pública durante 2022, que, según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público
de 31 de diciembre de 2022, cerrados a 31 de marzo de 2023, fueron los siguientes. En ese año se registraron 183 277 licitaciones, donde el 23 % corresponden al sector público estatal, el 27 % al autonómico y el 50 % al local. En términos
económicos, el importe de las licitaciones ascendió a algo más de 100 692 millones de euros, de los que el 25,5 % se gestionaron por el sector público estatal, el 40,5 % por el sector autonómico y el 33 % por el sector público local. (El señor
vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia). Entrando en un poquito de detalle sobre esta información, nos encontramos con que el tipo de contrato que tiene más presencia es el de servicios, que en importe supera el 36 % de todos los
contratos y en número más del 41 %. El procedimiento más utilizado en importe es el procedimiento abierto, incluida su modalidad simplificada, con un 77 %. El tiempo medio de tramitación, en media de todos los procedimientos, alcanza los 126,88
días. En cuanto a la concurrencia, la media de todos los procedimientos es de 3,22 licitadores y la reducción de coste económico, también obtenida como media de todos los procedimientos, es de algo más de un 11 %.


Paso ya a las grandes áreas de contenido que he señalado antes y que son las que nos marca la ley, empezando por los incumplimientos, y, respecto a ellos, a la información que nos ofrecen los tribunales de recursos contractuales, que es uno
de esos puntos de información a los que aludía antes. En este bloque supervisamos 4757 recursos. Esta cifra marca un descenso, en términos homogéneos, sobre este mismo dato de 2021. Recuerdo que son recursos de 2022. Se inadmitieron uno de cada
cuatro recursos y, de los que se admitieron, cuatro de cada diez se desestimaron. Las estimaciones se produjeron en mayor medida respecto a la redacción y definición de criterios en los pliegos, un 38 % de los casos de estimación; la motivación de
la adjudicación, el 37 %; y la justificación de la exclusión, casi el 20 %.


Siguiendo con este gran epígrafe de incumplimientos, nos centramos en el análisis de los resultados que nos comunican los órganos de control, tanto de control interno -las intervenciones generales- como los de control externo -Tribunal de
Cuentas y OCEX-. En cuanto a los órganos de control interno, quizá la principal dificultad es que la información que nos ofrecen en los tres niveles de Administración no es uniforme. No obstante, sí es posible resumir las principales conclusiones
y, en este sentido, nos encontramos con que en el ámbito estatal destacan las observaciones relacionadas con la fase preparatoria, que afectan a la falta de planificación y también a la falta de programación. En el ámbito autonómico, la fase con
más reparos es la de autorización del gasto; más de la mitad del número de reparos que se interponen por parte de los órganos de control interno autonómicos afectan a esta fase concreta del contrato, que en realidad es la fase preparatoria. En el
ámbito local, por el contrario, la fase con más reparos es el reconocimiento de la obligación -47 %-; esto es, la fase de ejecución del contrato.


En cuanto a los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas y OCEX autonómicas, en el IAS 2023 hacemos un análisis de los informes publicados entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. La mayoría de las irregularidades recogidas en
estos informes están centradas en la fase de preparación, ausencia de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer con el contrato, ausencia de justificación y desglose de los elementos económicos -el PBL o el valor
estimado- y la insuficiente justificación del procedimiento de contratación y el tipo de tramitación elegido. Adicionalmente, se señala el fraccionamiento contractual en el ámbito autonómico y local, fundamentalmente por parte de las OCEX.


En el segundo bloque de contenido del informe anual de supervisión, que es el que se dedica a la aplicación de la legislación y a las causas de inseguridad jurídica, debemos recabar los resultados de la actividad que desarrollan los órganos
consultivos. Durante 2022 se produjeron 75 informes de actividad consultiva, que abordaron 109 asuntos diferentes. La ejecución y cumplimiento del contrato es la categoría más consultada en 2022, siendo la que experimenta un mayor incremento
porcentual, pero, además, es la más consultada en los últimos tres años.


En cuanto a la aplicación de los principios de publicidad y transparencia, constatamos que continúan los avances y mejoras en los datos abiertos, principalmente ofrecidos por la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sin embargo,
faltan criterios uniformes y que los datos sean en todos los casos abiertos y reutilizables. En cuanto a la transparencia, a partir de la actividad que desarrollan los diferentes

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organismos de transparencia de nuestro país, constatamos un crecimiento del número de resoluciones, que se cifran en 473. En el año anterior eran 392. Las resoluciones más frecuentes se refieren a la necesidad de acceder al expediente, el
40 % de los casos; al documento contractual, el 29 %; y al requerimiento de información sobre la ejecución, en el 21 % de los casos.


En el bloque dedicado a irregularidades y prácticas colusorias, hemos recabado información, como les decía antes, sobre la actividad de oficinas y agencias antifraude, quienes han indicado que durante 2022 recibieron 187 denuncias en materia
de contratación, un 11 % del total de denuncias que reciben este tipo de organismos. El contrato de servicios es el que ha sido objeto de más denuncias. La causa que motiva más denuncias son supuestas irregularidades en la adjudicación, seguida
por el fraccionamiento contractual, y en más del 19 % de las denuncias existe un posible conflicto de interés. Cabe destacar el incremento de las actuaciones preventivas por parte de estos órganos -cursos, informes, guías y publicaciones-, que en
el año 2022 se duplicaron, pasando de 98 a 196.


En cuanto a prácticas colusorias, conforme a los datos facilitados por los distintos organismos de defensa de la competencia, durante el periodo que hemos supervisado recibieron 98 comunicaciones o denuncias de prácticas de este tipo; el 56
% las recibió la CNMC. Se iniciaron 32 expedientes de investigación, 2 investigaciones de oficio, 19 expedientes sancionadores y se impusieron 5 sanciones. En este caso, el tipo de contrato más afectado es el contrato de obras, y aquí también es
reseñable la actividad formativa, 20 actuaciones en total, y la publicación de guías, lo que también apunta a un cambio hacia una cultura más preventiva.


Junto a estos módulos que acabo de exponer, se incluyen también otros dedicados a recoger los resultados de actuaciones de supervisión directa que realizamos y que están destinadas a analizar la aplicación de la ley de contratos a lo largo
de las distintas fases de ejecución del contrato, así como a evaluar el cumplimiento del principio de publicidad en áreas concretas o el modo en el que se aborda la profesionalización en materia de contratación pública, que, como saben, es un
aspecto transversal en la propia ley de contratos.


Como conclusión de este informe, apuntamos unas líneas de riesgo en materia de contratación pública que nos van a servir para elaborar un futuro mapa de riesgos. En concreto, vemos que a las debilidades en la fase preparatoria apuntan los
resultados de la actividad de tribunales de recurso especial, órganos de control interno a nivel estatal y autonómico, Tribunal de Cuentas y OCEX; en concreto, falta de publicidad de la programación de la contratación, deficiente justificación de
los criterios de adjudicación, de los aspectos económicos del contrato o del procedimiento elegido. Los problemas en la fase de licitación se señalan desde los tribunales de recursos, organismos antifraude y los dedicados a transparencia. Estos
problemas se pueden concretar en cuestiones como la necesidad de mejorar la publicidad de las plataformas de contratación y también de mejorar la motivación de la adjudicación y de las exclusiones del procedimiento.


Finalmente, en la ejecución del contrato se centran órganos consultivos, órganos de control interno de carácter local y órganos de transparencia, apuntando a la necesidad de mejorar la información acerca de los pagos, de la propia ejecución
del contrato y de la subcontratación. Desde nuestra oficina recomendamos mejores instrumentos. En primer lugar, dotarnos de una mejor normativa, con criterios uniformes y únicos, y también dotarnos de plataformas de contratación mejores, con una
mayor coordinación entre las distintas plataformas. Junto a ello, es imprescindible mejorar la publicidad, sobre todo en lo que afecta a la fase preparatoria de los contratos y a la fase de ejecución. Por último, ponemos de manifiesto la necesidad
de contar con una mejor información. Esta es una cuestión que nos parece de crucial interés, tanto para los propios órganos de contratación como para los órganos u organismos encargados de controlar y supervisar. Sería conveniente que contásemos
con una única fuente de datos de la contratación pública en la que el dato fuese introducido una sola vez y, a partir de ahí, se alimentase la información necesaria para el resto de bases y órganos. Además de eso, sería necesario cuidar la calidad
de esta información, lo que exige la adopción de protocolos y medidas de revisión.


Además del informe anual de supervisión, como les he señalado antes, la ley nos otorga la posibilidad de realizar algunas actuaciones que se enfocan en un aspecto algo más concreto, más específico y que concluyen en lo que denominamos
informes especiales de supervisión. Durante el año 2023 elaboramos tres informes especiales, dos de los cuales se dedicaron a la contratación estratégica.


Antes hablaba de la profesionalización, pero, sin duda, entre los elementos vertebradores deberíamos situar los aspectos estratégicos de la contratación, apuntados ya desde las directivas de 2014 y luego traspuestos a nuestro propio
ordenamiento jurídico a través de la ley de contratos, que alude a estos

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aspectos estratégicos de la contratación en la propia exposición de motivos en el artículo 1.3, estableciendo el carácter transversal y preceptivo de la misma, y concretando después la obligatoria inclusión de criterios estratégicos como
condiciones de ejecución, a través del artículo 202, y recogiendo la posibilidad de incorporación de los mismos como criterios de adjudicación o incluso como condiciones de admisión.


Igualmente, en este mismo sentido de favorecer los aspectos estratégicos de la contratación pública, debemos mencionar la disposición adicional cuarta, que recoge la obligación de efectuar reservas de contrato a favor de centros especiales
de empleo y empresas de inserción. Como ven, la importancia de la cuestión nos parece que merece el desarrollo de un marco propio de supervisión sobre la misma y, por eso, sobre esta materia, la contratación estratégica, hemos elaborado ya tres
informes especiales, dos de ellos durante el año 2023.


En cuanto a la metodología que seguimos para analizar los criterios estratégicos, efectuamos una muestra de contratos diferente cada año, aunque procurando que sea siempre significativa. Nos centramos en todos los contratos SARA de un par
de CPV, incorporando siempre, por tanto, suministros y servicios y contando con que ese tipo de contratos tenga representación en los tres niveles de la Administración. Así, en el primer informe especial de los que elaboramos y aprobamos en 2023,
que se refiere a la contratación de 2021, elegimos contratos SARA de servicios de limpieza y suministros de vestuario, calzado y otros, lo que nos llevó a examinar 3717 pliegos. En el segundo informe especial de ese mismo año, que se refiere, en
este caso, a la contratación de 2022, seleccionamos todos los contratos SARA de servicios de enseñanza y formación y los de suministro de instrumentos musicales, artículos deportivos, juego, juguetes, artesanía, materiales artísticos y accesorios.
Eso nos llevó a examinar un total de 1322 pliegos. En cuanto a los contratos reservados, supervisamos el cumplimiento de la disposición adicional cuarta, que he mencionado hace un momento, tanto a nivel estatal como autonómico, pasando ya de la
metodología a los resultados.


En lo que se refiere a los criterios estratégicos, hemos constatado que se produce un elevado porcentaje de incorporación de estos criterios como condiciones especiales de ejecución a lo largo de todos los años; cumplimiento que llega a
alcanzar el 96 % en el caso concreto del análisis de los servicios de limpieza. En el segundo informe que hicimos en 2023, sin embargo, los porcentajes son inferiores, un 76 % de incorporación en lo que se refiere a los servicios de formación y un
88 % en el caso de los suministros. Aprovecho esta ocasión para recordar el carácter obligatorio que reviste esta incorporación de condiciones, que se relacionan con la innovación, con cuestiones de tipo medioambiental o de carácter social. Por
tanto, en realidad, no deberíamos estar hablando de porcentajes que no fueran el 100 % de cumplimiento. En todo caso, y respecto a los expedientes que sí incorporan estas condiciones, debo decir que predomina la elección de aquellas que tienen un
carácter más social en el caso de los servicios y, en cambio, se decantan en los suministros por criterios de carácter medioambiental. Como condiciones de admisión es donde se registra un menor interés, alcanzando su uso, como máximo, un porcentaje
del 26 %; también en el caso concreto de los servicios de limpieza que analizamos en el primer IES -informe especial de supervisión- aprobado durante 2023. Si bien, lo normal es que se sitúe en porcentajes notablemente inferiores. En concreto, en
el segundo de los IES de ese año apenas alcanzaron el 3 % para los servicios y el 6 % para los suministros. Debo decir que, con carácter general, todos aquellos órganos de contratación que optan por incorporar este tipo de criterios como
condiciones de admisión se decantan por aquellas de carácter medioambiental.


Como criterios de adjudicación, debemos hablar de un uso que aún es muy moderado; marca su mejor porcentaje en un 57 %, también en el caso de los servicios de limpieza. Se trata, en todo caso, de nuevo, de un dato relativamente aislado.
En el segundo de los IES se queda en un 29 % para los servicios y en un 32 % para los suministros. En el caso del uso como criterios de adjudicación, el predominio de aquellos de carácter más social o medioambiental suele venir condicionado, como
es lógico, por el objeto del contrato.


En cuanto al cumplimiento de la disposición adicional cuarta, que se refiere a los contratos reservados a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción, lo cierto es que, lamentablemente, apreciamos pocas mejoras a lo largo
de estos años. Aún hay administraciones -les recuerdo, lo he señalado al hablar de la metodología, que solo examinamos el ámbito estatal y autonómico- que no han procedido a fijar su porcentaje de reserva, ya que el fijado por defecto por la Ley de
Contratos del Sector Público solo aplica a la Administración General del Estado. En aquellas que sí que han fijado un porcentaje, los criterios para su determinación no son homogéneos. Junto a ello, en los casos en los que sí se han establecido
porcentajes de reserva el grado de incumplimiento de estos porcentajes es bastante elevado.

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Cinco años después de la entrada en vigor de la ley de contratos, en estos IES constatamos un incumplimiento generalizado de la regulación en la materia, puesto que ni en el ámbito estatal ni en ninguna comunidad o ciudad autónoma llega a
alcanzar el 100 % del compromiso que ellos mismos se marcan. En 2021, de hecho, solo en cinco casos se supera el 40 % de cumplimiento. En 2022, esta cifra desciende, hasta situarse -solo en dos supuestos- en los casos en los que se alcanza el 40
%.


En conclusión, y por dar un mensaje optimista, tenemos un amplio margen de mejora para que la contratación estratégica despliegue todo su potencial. Pero hay cuestiones con las que podemos comprometernos cada uno desde nuestra diferente
responsabilidad. En primer lugar, en esta materia, y así lo recomendamos en nuestros informes especiales, creemos necesario reforzar la formación de los órganos de contratación, para que puedan identificar criterios y cláusulas adecuados al objeto
del contrato y que tengan, además, el mayor potencial estratégico posible. También resultaría de utilidad a estos efectos que difundiéramos manuales, guías, catálogos y protocolos.


Entendemos, igualmente, que es preciso implementar medidas adicionales de verificación del cumplimiento de las obligaciones legales sobre esta materia. De cara a reforzar este seguimiento y este control, planteamos la posibilidad de que
esta función la asuma el responsable del contrato, regulado en el artículo 62 de la ley de contratos, sin olvidar tampoco las posibilidades de dejar constancia sobre la aplicación concreta de las condiciones especiales de ejecución entre la
información de ejecución de cada uno de los contratos.


Paso ya al tercer informe especial de supervisión, que abordamos en el año 2023 y que dedicamos a los contratos de concesión durante el ejercicio 2022. Antes de entrar a exponer de manera breve el contenido de este informe, quiero
recordarles que, desde OIReScon, realizamos una doble aproximación a la realidad de los contratos de concesión; la primera, por mandato de la ley de contratos también, en este caso, a través del artículo 333, la abordamos a través de la Oficina
Nacional de Evaluación, que es un órgano colegiado que se integra en OIReScon y que se ocupa de evaluar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión cuando se realice algún tipo de aportación pública, conforme se regula en el citado
artículo 333.


Por otra parte, como OIReScon, tenemos la obligación de velar por la correcta aplicación de la legislación de contratos. En ese sentido, ese velar por la aplicación de la legislación puede centrarse en la supervisión de los contratos de
concesión. Por eso, decidimos elaborar este informe especial que permite analizar la situación de las concesiones en nuestro país desde distintas perspectivas. Comenzando por el análisis de las cifras, la primera conclusión a destacar es la
reducida importancia que tienen los contratos de concesión en el conjunto de la contratación pública, ya no solo en 2022, sino en todos los datos que nos ofrece la serie histórica que analizamos en el IES y que arranca en el año 2018. El peso de
las concesiones sobre el total de la contratación pública de 2022, en importe económico, se limita al 3,88 % del total de licitaciones, y el número de expedientes se reduce hasta el 1,37 %. Por otro lado, del total de las concesiones que se
licitaron en 2022, en términos de volumen económico, el 90 % fueron concesiones de servicios. El sector público local es el que más contratos de concesión licitó, con un 82 % del volumen económico total de concesiones de ese año. Finalmente, es
reseñable el escaso interés que parecen despertar estas licitaciones. La concurrencia media es de 1,97 licitadores por contrato, lo que es una cifra sensiblemente inferior a los datos equivalentes para contratos de servicios o de obras, un 3,21 en
el primer caso y un 4,50 de licitadores como media en el segundo. A ello habría que añadir la preocupante evolución al alza de las licitaciones que quedan desiertas, que pasan del 18,5 % en 2019 al 29 % en 2022, eliminando para este análisis las
licitaciones que durante 2022 se encontraban en tramitación.


En este informe especial, además de un análisis de las cifras, incorporamos una actuación de supervisión directa que contiene los resultados del examen directo y detallado de una muestra de 241 contratos que figuran en Plataforma de
Contratación del Sector Público y que se caracterizan porque en todos ellos el valor estimado es superior a un millón de euros y, además, en ellos concurría la doble circunstancia de que hubieran sido licitados y adjudicados durante 2022. De esta
actuación cabe destacar una primera conclusión que es coherente con los datos de cifras que les acabo de ofrecer y que habla de nuevo de un escaso interés por este tipo de contratos. Una de cada cuatro licitaciones finalizó sin adjudicarse, o bien
porque no hubo licitadores, o estos no resultaron aptos, o se desistió por parte de los licitadores, o renunció el órgano de contratación.


El examen de la documentación de esta muestra de 241 contratos nos permite comprobar que solo el 4,98 % de ellos efectuó una verdadera valoración analítica de la transferencia de riesgo operacional, dejando constancia de ello. Esto es una
cuestión muy relevante porque es precisamente la transferencia

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de riesgo operacional la que nos permite calificar un contrato como de concesión o no, de acuerdo con las directivas del 2014 y con nuestra propia legislación de contratos.


Por otro lado, dentro de los expedientes que sí contemplan inversiones, solo en el 19 % de los casos se ha utilizado, para calcular el periodo de recuperación de estas, la tasa prevista en el artículo 10 del Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española. Además, en la muestra examinada se aprecian carencias relevantes en la documentación, como es la falta de un estudio de viabilidad en más de un 13,5 % de los casos;
de análisis de costes, en el 31 %, o de análisis de ingresos, en un 25 %. En el 97,5 % de los expedientes no consta publicación o mención al informe de la Oficina Nacional de Evaluación o del organismo autonómico equivalente, tratándose de un
informe preceptivo. En este informe especial también hemos recogido las principales conclusiones que se alcanzaron por parte de un grupo de trabajo cuya creación se impulsó por OIReScon a la vista de la experiencia acumulada en el primer año de
funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación. En este grupo de trabajo se pusieron de manifiesto distintos problemas de marcada transversalidad en la actividad desarrollada para la elaboración y aprobación de sus informes.


Un primer problema relevante en este ámbito es la dificultad de delimitar la existencia no desdeñable de transferencia de riesgo operacional al contratista. Como les decía, es lo que a la postre permite que califiquemos el proyecto como
concesión o no. En el grupo de trabajo se identificaron algunos criterios que podían ser útiles para esta evaluación, pero que, en cualquier caso, deberían aplicarse singularmente a cada contrato. En segundo lugar, para los contratos de concesión
que tienen una duración mayor a cinco años, el artículo 29.6 de la ley de contratos vincula su duración máxima al periodo de recuperación de las inversiones que tenga que llevar a cabo el concesionario para la correcta ejecución de las obligaciones
previstas en el contrato. Como les decía, este periodo de recuperación de la inversión se estima en función de una tasa de descuento que, de hecho, limita la rentabilidad del proyecto y que se calcula en los términos descritos en el artículo 10, al
que he aludido hace un momento. Es importante señalar que esta tasa es igual, independientemente del tipo de proyecto de que se trate, de la duración que se prevea y del nivel de riesgo que se pretenda transferir al concesionario, con la única
excepción de aquellos expedientes que estén financiados con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los que el artículo 56 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, estableció una tasa de descuento mayor. A
la vista de todo ello, en el grupo de trabajo se analizaron diversas soluciones que, en todo caso, parecen requerir la adecuación del régimen jurídico.


A la vista de estas conclusiones, deducimos algunas recomendaciones en nuestro informe. En primer lugar, apreciamos la necesidad de que mejoren los propios proyectos, comenzando con un mejor diseño de estos, lo que necesariamente requiere
abordar con más rigor y detalle la elaboración del correspondiente estudio de viabilidad. Recuerden que había un porcentaje no desdeñable de proyectos que ni siquiera contenían este documento. En segundo lugar, entendemos que se requiere un mayor
control y transparencia de estos proyectos, lo que debe comenzar con mejorar la calidad de los datos, así como dar una adecuada publicidad al estudio de viabilidad para que, de manera transparente, los potenciales licitadores puedan conocer el
proyecto que, en su caso, aspiran a desarrollar.


En la preparación de los proyectos debe realizarse un análisis adecuado de la transferencia de riesgo operacional, así como establecer la duración del contrato conforme al cálculo del periodo de recuperación de las inversiones. Sin embargo,
y con el objetivo de despejar estos dos puntos que, como les he dicho, apuntamos como críticos, cabría proceder a una revisión de la normativa que aleje las ambigüedades, en el caso del análisis de la transferencia de riesgos, y que permita una
definición de rentabilidad más adecuada.


Entrando ya en otros ámbitos de actividad que van más allá de la supervisión, en el tercer trimestre de 2022 pusimos a disposición de todos los ciudadanos un visor de cifras de la contratación pública con el objetivo de permitir que se
hiciese un análisis económico de la contratación y mejorar en todo lo posible el cumplimiento del principio de transparencia. El visor muestra distintos informes que se generan a voluntad del consultante utilizando una herramienta, Power BI, que
facilitamos desde la oficina y que puede generar estos informes consultando hasta nueve páginas distintas relacionadas con el volumen de licitaciones, de adjudicaciones y su distribución, adjudicaciones con un único licitador, número de licitadores
por contrato, reducción económica obtenida en el precio de adjudicación; además, lo puede hacer filtrando según diferentes criterios, como son el sector público que le interesa, el tipo de contrato, el tipo de tramitación, el tipo de procedimiento,
el año y el trimestre. Las cifras y gráficos que se ofrecen a través del visor se basan en los datos abiertos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en los

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que también se incluye la información incorporada por parte de las plataformas de contratación de comunidades autónomas. La información se actualiza trimestralmente y, por eso, las actualizaciones desarrolladas a lo largo de 2023 fueron
cuatro. Adicionalmente, sobre la base de estos datos, hemos optado por ofrecer un resumen propio de la información que nos parece más relevante en cada trimestre mediante una infografía denominada Infocifras. El primer Infocifras se publicó
precisamente en 2023 respecto al cuarto trimestre de 2022. Desde entonces, se han ido actualizando trimestralmente de forma correlativa al propio visor.


En cuanto a guías, estudios y otras cuestiones, comienzo con una referencia a la Guía básica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un documento que publicamos en abril de 2021 y que está destinado a sintetizar y
ordenar toda la normativa producida por parte de los distintos niveles de la Administración para la puesta en marcha del citado plan. Durante 2023 se ha continuado con el trabajo de actualización de esta guía y, de hecho, en marzo de ese año se
produjo una actualización.


Respecto a un segundo documento, en este caso una guía normativa sobre el impacto de las últimas crisis en la contratación pública, he de decir que es un texto que analiza las distintas medidas adoptadas en el marco del plan de recuperación
-esto alude a la crisis pos-COVID-, las situaciones y decisiones que se arbitraron para afrontar la crisis provocada por la escalada generalizada de precios, así como aquellas vinculadas al conflicto bélico en Ucrania y que desencadenó la crisis
energética que vivimos. Inicialmente aprobada y publicada en octubre de 2022, ha sido objeto de distintas actualizaciones; en concreto, también en 2023, con fecha 17 de julio.


Finalmente, en este epígrafe no puedo dejar de mencionar una actuación de difusión de contenidos relacionados con la contratación pública. Se trata de un proyecto que iniciamos también en el año 2022, mediante el que pretendemos difundir
información en formato de libre acceso en Internet estructurada en tres apartados. En primer lugar, información de blogs y webs especializadas en contratación pública, información de revistas e información sobre actuaciones de formación. Durante
2023 se ha procedido a la actualización mensual de las tres secciones -salvo en el mes de agosto- y, además, se han publicado los documentos definitivos anuales.


Realizamos también otras actuaciones. En concreto, somos destinatarios de diferentes comunicaciones de ciudadanos particulares o del propio sector público. Durante 2022 se recibieron ciento cuarenta y dos comunicaciones en la oficina, la
mayoría utilizando nuestro correo corporativo -ciento seis-, pero también a través del buzón que tenemos disponible en nuestra web -veintiséis-, a través del Registro General -nueve- o del propio portal de transparencia -en un caso-. En su mayoría
se trataba de consultas, treinta y nueve de las ciento cuarenta y dos. Veinticuatro de estas ciento cuarenta y dos eran traslado de presuntas prácticas irregulares en materia de contratación pública. El resto eran peticiones de reunión o
colaboración, comunicaciones o peticiones de informes.


En cuanto a las comunicaciones en las que se nos trasladaban presuntas irregularidades, nuestra oficina realiza siempre una primera valoración sobre su verosimilitud a fin de constatar si se detectan indicios de irregularidad para poder
actuar conforme nos marca la ley de contratos, que es trasladando las mismas a las autoridades correspondientes. Debo decir que durante 2023 trasladamos seis casos a diferentes órganos competentes.


Por otro lado, OIReScon forma parte de distintos órganos colegiados relacionados con la contratación o con la prevención y lucha contra la corrupción, de entre los que cabe resaltar la vocalía nata de la presidenta de la Oficina en la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado. Durante 2023 participamos en las cinco sesiones ordinarias que se celebraron, en las que analizamos un total de noventa y dos expedientes. En segundo lugar, la vocalía nata en el Comité de Cooperación
en materia de contratación pública. Durante 2023, se asistió a las nueve reuniones que se organizaron tanto en pleno como en sección; participamos en actividades relacionadas con la contratación; a lo largo del año se participó en veinte
actividades de este tipo; en dos reuniones de la Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España, de la que nuestra oficina forma parte, y se asistió a doce reuniones de trabajo con diferentes organismos y asociaciones vinculados todos ellos con la
contratación pública.


Junto a toda esta actividad referida exclusivamente a OIReScon, debemos hablar de la actividad que desarrolla la Oficina Nacional de Evaluación, que, como les he dicho, es otro órgano colegiado que está integrado en OIReScon y al que en
OIReScon prestamos apoyo. La actividad de apoyo que se desarrolla se materializa en el compromiso de facilitar la vía y herramientas para tramitar las solicitudes de informe preceptivo por parte de las entidades promotoras de proyectos de contratos
de concesión; elaborar las propuestas de informe; notificar los citados informes una vez hayan sido aprobados por el Pleno, e,

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incluso, realizar un seguimiento posterior. Por ello, en el informe anual de actividades de OIReScon anexamos una memoria de la actividad de la Oficina Nacional de Evaluación, en este caso concreto, aquella que da cuenta de la actividad que
desplegó ONE durante 2023. La finalidad de ONE es analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de servicios, así como de los acuerdos de su restablecimiento económico en aquellos supuestos que prevé el artículo 333
de la ley de contratos, para lo que se emitirá un informe preceptivo pero no vinculante. En este informe se evaluará si la rentabilidad del proyecto obtenida en función del valor de la inversión, de las ayudas que se otorguen, de los flujos de caja
que se esperen y de la tasa de descuento establecida es razonable en atención al riesgo que asuma el concesionario. Desde un punto de vista subjetivo, la obligación de solicitar este informe a la Oficina Nacional de Evaluación afecta a los poderes
y entidades adjudicadores que dependen de la Administración General del Estado y a los de las corporaciones locales, así como a las comunidades autónomas que opten por adherirse. A fecha de hoy, hay tres comunidades que han decidido adherirse a la
Oficina Nacional de Evaluación y tenemos otras dos solicitudes en tramitación. En el caso de las comunidades autónomas, les recuerdo que la ley posibilita que creen sus propios órganos de evaluación.


Durante los dos primeros años completos de funcionamiento de ONE, 2022 y 2023, recibimos sesenta y dos solicitudes de informe, siendo más del 77 % de las mismas relativas a proyectos de concesión de servicios. El principal solicitante fue
el sector público local, con un 87 % del total de solicitudes recibidas. A finales de diciembre de 2023 habíamos emitido treinta y siete informes. Veinticuatro expedientes fueron inadmitidos o se produjo el desistimiento del solicitante y, en un
caso, la solicitud quedó pendiente para el ejercicio 2024. Todos los informes se publican en la web de la Oficina Nacional de Evaluación y en la Central de Información Económico-Financiera de las administraciones públicas del Ministerio de
Hacienda.


Concluyo ya señalando que, con la actividad de 2003, de la que acabo de dar cuenta, la oficina completa ya cinco años de trabajo intenso, al que se sumará el trabajo que estamos desarrollando durante este 2024. Este informe anual de
actividad que presentamos es ya el quinto que producimos, pero también hemos elaborado dos informes trienales, que se incorporan al informe enviado desde la Junta Consultiva a la Comisión Europea en 2021 y en 2024, dando cumplimiento al artículo
332.8, pero también al 328 de la ley. Hemos elaborado y publicado ya cinco informes anuales de supervisión y, de hecho, ya está publicado alguno de los módulos de lo que será el Informe Anual de Supervisión de 2024. Hemos trabajado en seis
informes especiales de supervisión y tenemos próximo el cierre del séptimo. Hemos preparado dos estudios, uno sobre el impacto de la pandemia en la normativa de contratación y otro sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón. Y hemos elaborado también tres guías: la de reactivación de la contratación tras la pandemia y las dos a las que me he referido en mi exposición. Hemos puesto en marcha, como
les decía, un visor de cifras y un documento de Infocifras que cuentan ya con ocho y siete actualizaciones, respectivamente, y a día de hoy hemos emitido ya cuarenta y ocho informes de la Oficina Nacional de Evaluación. Todo ello lo hemos abordado
desde el máximo rigor y profesionalidad. Prueba de ello es que la actividad de la oficina está despertando un interés creciente entre los distintos órganos y operadores del ámbito de la contratación pública. De forma elocuente se constata con la
evolución del número de suscriptores que tenemos en nuestra página web, que solo en el año 2023 se duplicaron, pasando de los 1953, que había a 31 de diciembre de 2022, a 4057, a 31 de diciembre de 2023. Durante ese mismo año se registraron más de
7800 accesos a nuestra página. Adicionalmente, también se ha incrementado de manera exponencial el número de seguidores de nuestra oficina en LinkedIn, canal al que nos incorporamos a finales de 2022 y en el que ya contamos con una cifra de 1317
seguidores a fecha de ayer. Me gusta especialmente acabar así, porque ello me permite agradecer el inmenso y valioso trabajo de todo el personal de la oficina, al que con este balance quiero reconocer públicamente.


Muchas gracias, señoras y señores diputados, por su atención. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.


A continuación, en turno de fijación de posiciones y formulación de preguntas, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora Chamorro, por su comparecencia y su importante labor. En nuestra opinión, el trabajo de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación es muy importante, como también lo es su coordinación con
organismos como el Tribunal de Cuentas.

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Usted ha comentado que, entre las irregularidades más comunes en los contratos de servicios, se encuentran el fraccionamiento contractual y el conflicto de intereses. El tema del fraccionamiento contractual nos preocupa, y creo que a todos
los españoles. Usted sabe que el abuso de los contratos menores por parte de los Gobiernos es un problema que socava los principios de transparencia, equidad y eficiencia en la gestión pública. Estos contratos permiten que las adjudicaciones se
realicen de manera directa, lo que abre la puerta a favoritismos, corrupción y clientelismo. Al evitar los procedimientos competitivos, el Gobierno correspondiente reduce la posibilidad de que otras empresas, especialmente las pequeñas y medianas,
puedan participar en condiciones de igualdad, y para el Grupo Parlamentario VOX es fundamental que puedan participar las pequeñas y medianas empresas, así como los autónomos. Entendemos que desde las distintas administraciones se debe fomentar que
las pequeñas y medianas empresas y los autónomos participen en los procesos de licitación, asegurando además así una mayor competitividad. Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas y autónomos en las contrataciones supondría un
apoyo importante para el mantenimiento de sus negocios, y en muchos casos aprovechar su especialización en diversas materias y favorecer su crecimiento e inversión.


Nos preocupan también varios temas, por ejemplo, cómo mejorar la eficiencia en la contratación para simplificar, agilizar y automatizar los procesos de licitación, así como asegurar la uniformidad de criterios. En segundo lugar, también
poder disponer de criterios de evaluación claros y objetivos para evitar la discrecionalidad. Recomiendan que se establezcan criterios uniformes y únicos, y estamos de acuerdo con usted, ya que establecer criterios uniformes y únicos permite una
mejora en la eficiencia al simplificar, agilizar y automatizar todos los procesos de licitación, así como asegurar la uniformidad en todo el mercado interior. La ley, usted lo ha comentado, les permite hacer encuestas e investigaciones. La
pregunta es: ¿hacen ustedes análisis de las mejores prácticas entre las distintas Administraciones? Recomiendan una única fuente de datos de contratación pública, y estamos de acuerdo. También me gustaría saber su opinión sobre algunos informes
que ha presentado la presidenta del Tribunal de Cuentas en esta Comisión. Estoy refiriéndome a uno que hablaba sobre la contratación pública en 2023-2026 o la Estrategia Nacional de Contratación Pública en aquellos contratos de elevado importe y
larga duración, veinticuatro meses prorrogables, donde mencionaba como recomendación que sería oportuno incluir cláusulas de revisión de precios a fin de limitar el factor de riesgo a asumir tanto para el contratista como para el órgano de
contratación. Me gustaría saber la relación que tienen ese intercambio de información con el Tribunal de Cuentas, porque yo creo que el Tribunal de Cuentas en esta comisión en muchos casos está presentando informes bastantes antiguos y usted está
presentando aquí los procesos de contratación del año 2022, y 2022 es un año que queda bastante lejano. Lo digo porque hay un desfase por ahí y no sé cómo llevan ustedes la coordinación con el Tribunal de Cuentas para analizar todos los procesos de
contratación, porque al final también es parte de la labor del Tribunal de Cuentas fiscalizar esos contratos en cada una de las auditorías que hace. Quiero saber cómo es su coordinación con ellos, si su información se retroalimenta con la del
Tribunal de Cuentas para que, evidentemente, las propuestas de mejora, que tenemos que plantear sobre todo en esta comisión, tengan su influencia y podamos lograr que todas administraciones puedan introducir las mejores prácticas, que creo que son
absolutamente importantísimas.


Nada más. Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Sáez Alonso-Muñumer.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré Aregall.


El señor PARÉ AREGALL: Muchas gracias, presidente.


Saludos, letrada, componentes de esta Comisión y a usted, presidenta, señora Chamorro, bienvenida. Sumándonos a lo que usted decía al final de su intervención, lo que usted presenta hoy aquí es fruto y reconocimiento de un equipo. Por
favor, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, traslade este reconocimiento y agradecimiento al conjunto del equipo por su profesionalización. Además, con los temas que salen en sus informes, tiene importancia formarse, disponer de equipos
profesionalizados. Creo que ustedes son un buen ejemplo por cómo lo están desarrollando.


Aprovecho para comentar que ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, estuvieron presentes en los premios de La Vanguardia, en Cataluña. Lo pongo en valor porque,
precisamente, destacaban la importancia de la información de calidad y, cuando usted habla de datos, de las oportunidades de la inteligencia artificial, aprovechando uno de sus destacados informes, digo que la calidad del dato debe ser prioritaria.
Cuando se intenta difundir bulos, se

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intenta confundir a la ciudadanía, estos órganos de contratación adquieren una importancia mucho mayor de la que a veces conseguimos transmitir. La primera pregunta es sobre la preocupación de que desde gobiernos autonómicos se están
cuestionando las oficinas antifraude. Precisamente, desde mi grupo quiero reivindicar la idoneidad de disponer de estos órganos de control externo y preguntar si a ustedes también les suscita preocupación el hecho de que no se avance en
transparencia, no se promueva la igualdad, no se garantice la fiscalización y se den pasos atrás en órganos que van en la línea de aportar más mecanismos de control, porque al final lo que se está evaluando en la contratación es la gestión de los
recursos públicos. Cuando destacamos la importancia de los servicios públicos, de la atención a la ciudadanía, de la importancia de las políticas sociales, en función de las tipologías que permiten los contratos, estamos hablando de esto, estamos
hablando de generar escuelas, de generar hospitales, de cómo se gestionan los comedores, de su propia limpieza. Igual que nos deben preocupar las condiciones laborales, también debemos poner en valor la importancia social que hay detrás de todas
estas políticas de gasto y, en consecuencia, la importancia del control oportuno. Asimismo, aprovechando las dificultades que usted expone y los márgenes de maniobra, también surgiría la idoneidad o no de las centrales de compra, las compras
centralizadas que se están empezando a impulsar desde distintas Administraciones. Entendemos que, si cumplen los procesos, pueden conllevar oportunidades. Al final, son elementos de gestión y de mejora especialmente en el ámbito local, ya que
lógicamente los municipios no tienen las mismas capacidades técnicas y de personal que otras Administraciones.


Cuando usted hablaba de los compromisos sociales y medioambientales, de cómo se traslada esto en los servicios, en los contratos de suministros, en la importancia de los criterios estratégicos, lógicamente queremos sumarnos al compromiso de
igualdad, integridad y todo lo que sea avanzar en este ámbito. Igual que el cambio de la ley de 2007 a la de 2017 fue para converger con Europa y con las oportunidades y requisitos que establece la propia normativa comunitaria, seguramente los
fondos europeos vuelvan a ser una oportunidad. Los códigos éticos, todo lo que se intenta simplificar la Administración, las mejoras en la rendición de cuentas y los planes antifraude que deben adoptar las propias Administraciones siguen en la
misma línea de ser buenos elementos para la transparencia, el control y la supervisión. Quiero destacar el compromiso del Gobierno con el real decreto que usted mencionaba al principio, que ha establecido las normas de organización y
funcionamiento. En todo caso, es un claro ejemplo del compromiso del Gobierno que preside Pedro Sánchez, que va en la línea de fomentar estos valores.


Nos tomamos muy en serio sus conclusiones y sus propuestas de mejora. Usted lo ha apuntado muy bien, al final son propuestas para mejorar la contratación pública y, lógicamente, que se reduzcan las ambigüedades y se aumente la viabilidad.
Por tanto, un mensaje positivo también por esa oficina de evaluación y la importancia de introducir la sostenibilidad económica en la gestión de los contratos y en la gestión pública.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Paré Aregall.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía Aguado.


La señora ALÍA AGUADO: Muchas gracias, presidente.


Señora Araújo, muchísimas gracias por su presencia hoy en esta comisión. Es un placer tenerla aquí a usted y a su equipo y quiero agradecerle el trabajo. Para mí es un placer, porque usted y yo somos paisanas: yo soy toledana y usted es
de Talavera de la Reina, y he conocido su trayectoria en mi región, en Castilla-La Mancha. Gracias por estar aquí.


Mire, siguiendo el articulado, el artículo 332.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, viendo la misión de la oficina que usted preside, entiendo que podemos hablar de todo tipo de contratos, presidenta, y de todos los ámbitos,
siguiendo también el artículo 332.6. ¿Por qué le digo esto? Pues porque un compañero se lo ha comentado a usted. Tenemos en esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas informes que pasan por el propio Tribunal de Cuentas, si bien hay disparidad
en cuanto a los tiempos. Uno de los últimos informes aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 23 de julio, hace dos meses, se refiere concretamente a la contratación de Paradores de Turismo de España de los ejercicios 2020 y 2021.
Curiosamente, en ese informe, en las recomendaciones del tribunal dice: Debería justificarse la necesidad de contratar, y no como consta en este informe, expedientes donde no consta tal necesidad. Se deben adoptar medidas para garantizar una mayor
transparencia de los criterios de valoración incluidos en los pliegos de condiciones de contratación; no se pueden asignar puntuaciones de forma discrecional. Y todo esto porque se va enumerando y se habla de criterios evaluables en los pliegos

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de condiciones, no se recoge la forma de distribuir la puntuación asignada a cada uno de los aspectos evaluables, lo que supone una limitación al principio de transparencia y falta de motivación total y absoluta en la asignación de
puntuaciones, incumpliendo el artículo 145.5 de la ley de contratos.


En cuanto al inicio de los trabajos, hay pliegos de condiciones de contratación donde no se contrata una fecha de inicio, lo que da lugar a indeterminación del artículo 29 de la ley de contratos. También incumplimiento en cuanto a plazos de
ejecución, incumplimiento en cuanto a la ejecución de los acuerdos marco vigentes en el período fiscalizado que no se encontraban en los pliegos que lo regían, por tanto, contrario a la seguridad jurídica y al principio del artículo 37 también de la
ley de contratos. Son varias las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas a este respecto, en este caso, sobre este informe, pero, efectivamente -y el compañero lo ha dicho-, hay muchísimos más informes que analizamos y vemos en el Tribunal
de Cuentas, donde son reiteradas las incidencias y los incumplimientos en materia de la Ley de Contratos del Sector Público. No voy a mencionar, porque ya lo sabemos todos, el claro ejemplo de AENA, con concesión de contratos negociados sin
publicidad alguna.


Si dejamos estos incumplimientos de la ley de contratos y nos vamos a los fondos europeos, en julio de 2021 publican ustedes la Guía Básica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como sabemos, en la aplicación de los fondos
Next Generation hay contratación pública por parte del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos, con lo cual todo control es poco en estos contratos debido al origen del dinero con el que se van a pagar. Y veo poca información en su informe
del 2023, teniendo además en cuenta la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo, que habla en uno de sus puntos sobre la complejidad de las normas de la contratación pública en España. ¿Podría hablarnos de qué trabajo está realizando su oficina al
respecto de estos fondos?


Ha hablado usted del personal de la oficina, que se ve a simple vista que es escaso para la cantidad de volumen de trabajo que tienen ustedes. Sin embargo, en el informe de 2023 se dice: Incorporaciones mediante nombramiento provisional,
publicando anuncios en el portal Funciona. Se han realizado entrevistas personales para incorporar dos personas, una de ellas con nivel 29, un buen nivel, por cierto, en la Administración. ¿Mediante una entrevista se incorpora una persona al nivel
29 o aparte hay otro proceso de selección, presidenta: exámenes, tribunales o publicaciones al respecto? Porque, además, usted lo ha comentado, en 2024 habrá nuevas incorporaciones.


Uno de los puntos claves de su oficina es que trabaja en la prevención y lucha contra la corrupción en la contratación. ¿Dónde inciden? ¿Qué medidas toman para hacerla frente? Porque leíamos en los medios de comunicación la pasada semana
que Begoña Gómez, en 2021, firmó un manifiesto para asesorar al Gobierno en materia de contratación pública, promovido por el Observatorio de Contratación Pública, en el que se instaba a las Administraciones y al Gobierno a adoptar determinadas
prácticas en la contratación. Las recomendaciones del manifiesto decían: Una buena compra pública, medidas para facilitar la participación de las pymes en la contratación pública. Es de vital importancia el tema de las pymes, y da la sensación de
que ustedes le cogen el guante porque en 2023 su oficina aprueba dos informes especiales de supervisión, uno de ellos relativo a la contratación estratégica en 2022 que analiza e incorpora análisis de la figura de la pyme como licitadora y
adjudicataria en los contratos públicos, donde se observa el incremento de la pyme como licitadora; me gustaría que nos pudiera dar más detalles al respecto.


Para finalizar, ha hablado usted sobre los convenios de adhesión de las comunidades autónomas a la Oficina Nacional de Evaluación, la ONE, y nombra en el informe a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Ha dicho usted que se han
incorporado dos nuevas comunidades, ¿podemos conocer qué comunidades son?


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señora Alía Aguado.


Para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.


La señora PRESIDENTA DE LA OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Araújo Chamorro): Muchísimas gracias, presidente.


Muchísimas gracias a los señores diputados que han intervenido en este turno. Les agradezco singularmente que reconozcan el trabajo del personal de la oficina, del que yo siempre me muestro muy muy orgullosa. Con carácter previo, no me he
extendido en mi intervención sobre este punto, dando por entendido que los señores y señoras diputadas tenían claro el papel que juega la Oficina Independiente

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de Regulación y Supervisión de la Contratación. Nosotros no hemos venido ni a revisar lo que hacen otros órganos de control ni a sustituir el trabajo de otros órganos de control. La oficina nace como necesidad en la Ley de Contratos del
Sector Público, en la medida en que las directivas comunitarias, en este caso la 2014/24, en su artículo 83 exige que los Estados miembros se doten de un organismo que supervise la aplicación de la legislación. En nuestro país se opta por crear
esta oficina, que es un órgano colegiado, no es una autoridad independiente, pero es un órgano independiente que supervisa esa aplicación de la legislación. Y para ello, para explicar cómo supervisamos esa aplicación de la legislación, la ley se
extiende en los siguientes artículos, diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es no sustituir a otros órganos -ni al Tribunal de Cuentas ni a intervenciones generales ni a oficinas o agencias antifraude-,
sino ser capaces de aglutinar en un único documento, fundamentalmente en el informe anual de supervisión, el resultado del trabajo que hacen todos estos órganos con el objetivo de sumar el resultado de su actividad, para poder tener una visión más
completa de cómo se está aplicando la ley de contratos desde perspectivas tan diferentes como la que puede tener un tribunal del recurso especial en materia de contratación con la CNMC. O sea, estamos en ese abanico sumando lo que dicen organismos
tan distintos como estos dos que acabo de señalar. Para ello, la ley nos pide que recojamos todo lo que han dicho estos órganos en relación con el cumplimiento de la legislación y que recojamos todo lo que dice este tipo de órganos con competencias
en materia de contratación sobre la inseguridad jurídica que el marco normativo de contratación pública genera. La ley también nos dice que tenemos que aglutinar todos aquellos casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses que se pudieran
dar. Así que nuestro trabajo no interviene directamente en ningún supuesto, nuestro trabajo lo que hace es ofrecer una mirada superior -utilizo esta palabra solo porque es alejada, no con otras connotaciones- sobre lo que otros han visto.
Entonces, agregamos toda esa información y así extraemos, dentro del procedimiento de contratación, dónde están las debilidades, porque la única manera de verlo es con la perspectiva de todos.


Por otra parte, otra singularidad que tiene la oficina es que nosotros no intervenimos sobre un expediente en concreto ni sobre un contrato en concreto ni sobre un órgano de contratación en concreto. No vamos a evaluar la actividad de
contratación de un ayuntamiento o de un nivel de Administración ni cómo se ha gestionado un contrato. Creo que el valor de la oficina es hacer eso que nadie estaba haciendo, porque para analizar un contrato singularmente ya están los órganos de
control interno que tienen una larguísima trayectoria. Por ejemplo, la IGAE, que es el órgano de control interno de la Administración General del Estado, está celebrando este año ni más ni menos que el 150.º aniversario, y no digamos ya los órganos
de control externo, con el Tribunal de Cuentas a la cabeza. Entonces, veo necesario hacer esta consideración previa para que entiendan un poco lo que quiero decirles a continuación.


Con relación a lo que ha señalado el señor Sáez, el representante del Grupo Parlamentario VOX, y enlazando con lo que acabo de decir, nosotros no decimos que haya fraccionamiento de contratos porque no hemos visto directamente estos
expedientes, pero nuestro informe sí recoge que ese es un problema recurrente que señalan los órganos de control externo, en concreto, de carácter autonómico. Es verdad que es un problema recurrente y que es una debilidad del procedimiento que
nosotros señalamos en tanto en cuanto hay órganos de control que apuntan a que ahí existe esa debilidad. Y lo mismo con el conflicto de intereses o los contratos menores que señalan, en el caso del conflicto de intereses, las oficinas y agencias
antifraude.


En cuanto al apoyo a la participación de pequeñas y medianas empresas, al que también se ha referido posteriormente la señora diputada, efectivamente, es otra de esas líneas estratégicas sobre las que conviene hacer un seguimiento especial
porque estamos hablando de dimensión europea, favorecer la presencia de pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la contratación pública. (El señor vicepresidente, Rodríguez Serra, ocupa la Presidencia). Efectivamente, como muy bien ha
señalado la señora diputada, en el segundo de los informes especiales de supervisión sobre contratación estratégica que he mencionado ya hacemos un primer pequeño análisis de la participación de las pymes como licitadoras, pero aún no nos atrevemos
a sacar unas conclusiones demasiado generales por dos razones. Primero, porque solo lo hemos hecho una vez. Un análisis de solo un ejercicio puede hacernos sacar conclusiones no ajustadas y, además, porque esto lo hacemos analizando una muestra.
Es una muestra representativa. Les decía antes que procuramos elegir un contrato de servicios, uno de suministros y que tengan presencia en los tres niveles de Administración, pero, aun así, no deja de ser una muestra. En el informe especial de
supervisión en el que estamos trabajando para cerrar probablemente a lo largo de

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este mismo mes de octubre, como muy tarde en noviembre, también hemos vuelto a incorporar este capítulo sobre la participación de las pymes con el objetivo de ir haciendo un seguimiento y enfocando el tema, con el fin de tener también más
información, como ya tenemos de la incorporación de criterios estratégicos en la contratación o de la aplicación de la disposición adicional cuarta y los contratos reservados. Así pues, sobre esta cuestión, las conclusiones que sacamos en ese año
-comentaba la señora diputada que concretásemos algo más- es que la exigencia de solvencia adaptada o no adaptada y la utilización de la solvencia general que marca la ley no ha favorecido particularmente la participación de pymes, pero no sabemos
si está condicionada por el objeto de los contratos con los que hemos analizado la muestra. De momento, vemos que ahí no hay margen de maniobra, pero seguiremos poniendo el foco, porque ya les digo que es una cuestión que nos interesa mucho. Y
relacionado con eso, un aspecto que sí que hemos analizado con más profundidad sería la subcontratación. Muchos de los subcontratistas son esas pequeñas y medianas empresas a las que se refería el señor diputado, muchos de los proveedores lo son, y
sobre subcontratación sí que vamos haciendo ya un análisis más depurado porque, de hecho, la incorporamos en los informes anuales de supervisión. Lo primero que tenemos que decir, y ahí enlazo con lo que señalaba acertadamente el diputado del Grupo
Parlamentario Socialista sobre el valor de la información, es que la información es fundamental. Aquí, en el caso de la subcontratación, el primer problema que tenemos es que no hay una información suficiente, pero se van dando pasos. Vamos
haciendo ya un cuerpo de opinión suficiente que nos permite recomendar que se cumplimente con carácter obligatorio en las plataformas si se autoriza o no se autoriza esta subcontratación como primer paso para tener estos datos. Las pymes es un tema
que nos interesa mucho y sobre el que vamos a continuar poniendo el foco.


En cuanto a cuestiones relacionadas con la eficiencia, en el año 2022 se aprobó un documento muy importante, que es la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Lo aprobó nuestra oficina, pero lo elaboró el Comité de Cooperación en
Materia de Contratación Pública, que es el foro de participación de los tres niveles de Administración de nuestro país: estatal, autonómica y local. Precisamente, uno de los ejes se dedica a favorecer una mayor eficiencia y a incorporar también
como uno de los objetivos una mayor calidad normativa que usted ha relacionado acertadamente con que una mayor eficiencia requiere una legislación más clara.


En cuanto a si efectuamos un análisis sobre las mejores prácticas, esto lo quiero unir a una cuestión que he comentado y que es la otra cara de la moneda, que es el mapa de riesgos. ¿Para qué tienen que servir nuestros informes y para qué
tiene que servir nuestro trabajo? Nuestra oficina es muy joven, nació con la ley de contratos; efectivamente, se puso en marcha a comienzos del año 2019 y, como les decía, ya hemos elaborado cinco informes anuales de supervisión y estamos
elaborando el sexto. Por lo tanto, ha llegado el momento de empezar a extraer este tipo de conclusiones. Un primer compromiso que hemos adquirido en el marco de la Estrategia Nacional de Contratación Pública es precisamente elaborar un mapa de
riesgos. Ya son muchos años con esas líneas de riesgo como para poder conformar dónde están los puntos débiles del procedimiento de contratación. Pero -y eso lo veo imprescindible de cara a ofrecer un mejor servicio a los órganos de contratación-
eso también tiene que llevarnos a elaborar un catálogo o una guía con las mejores prácticas en la materia, así que en esa tarea precisamente nos encuentra usted ahora.


Sobre nuestra coordinación con el Tribunal de Cuentas. Con el Tribunal de Cuentas, además de que es otro de los destinatarios de nuestro informe anual de actuaciones, nos une un vínculo muy importante, y es que una buena parte del módulo
que dedicamos al análisis del cumplimiento de la legislación se nutre de los informes que ellos elaboran. Creo que lo he comentado, en cada informe anual de supervisión elegimos los informes que se han publicado; en el caso del 2023, desde octubre
de 2022 hasta septiembre de 2023. O sea, que todas sus conclusiones y todo lo que ellos apuntan está recogido, sintetizado y ordenado de manera que sea útil para esas líneas de riesgo que luego van a dar lugar al mapa de riesgos, pero son ellos
quienes deciden qué actuaciones desarrollan y, por supuesto, son los responsables de la actividad y del resultado final de los informes. Nosotros, desde nuestro punto de vista, les ofrecemos la colaboración más absoluta, pero siendo conscientes de
que somos dos órganos muy distintos y cada uno con una responsabilidad diferente.


Vuelvo a la información, al hilo de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La verdad es que reclamar información y calidad de esa información es una constante en todos nuestros informes, pero no queremos ni caemos
en la melancolía, y esto llevo mucho tiempo diciéndolo. Tenemos que empezar a hacer un balance de qué cosas se han hecho y ver si van en la buena dirección. Una

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primera cuestión que nace de la Estrategia Nacional de Contratación Pública es que comunidades autónomas, corporaciones locales y, sobre todo, AGE, porque es quien gestiona la plataforma de contratación del sector público, se han puesto de
acuerdo en una cosa muy relevante: el listado de datos relevantes, qué datos tienen que figurar sí o sí y en qué condiciones en las plataformas. En nuestra actuación de supervisión y de respeto, sobre todo, al principio de publicidad, nosotros
hacemos una aproximación directa a la plataforma de contratación del sector público y a las plataformas de las comunidades autónomas que han decidido crearlas y año a año vamos detectando que cada vez incorporan más datos, que estos datos están en
formato abierto -es decir, son accesibles- y que poco a poco -cada vez en mayor medida- son reutilizables. Yo les he dado algunas cifras de los datos y de la información que manejamos, pero imagínense toda la información que hay en las plataformas.
De poco serviría si esa información no se pudiera extraer y reutilizar. Así que se van dando pasos en una buena dirección: listado de datos relevantes, más datos abiertos y primeros controles sobre la calidad de la información. En la plataforma
entra el órgano de contratación, introduce la información que quiere y, claro, se pueden producir errores, por ejemplo, omito la coma de los decimales y multiplico por cien el importe de licitación del contrato, y eso no lo detecta nadie; o me
equivoco porque es un lote de un contrato derivado de un acuerdo marco y le doy el presupuesto base de licitación de todo el acuerdo marco. Ese tipo de cosas suceden -sucedían más en el pasado-, pero poco a poco se van introduciendo controles de
calidad. En un contrato que se licita por lotes, los lotes no pueden sumar más que el contrato. Y eso, que parece una cosa muy obvia, es una mejora relativamente reciente de la plataforma. Así pues, en materia de calidad del dato queda mucho por
hacer, pero se está avanzando bien.


En cuanto a la relación con las oficinas antifraude, también a ellas se les dedica un epígrafe concreto del informe anual de supervisión. No es que nos parezca muy interesante lo que hacen, es que nos parece tan interesante e imprescindible
su trabajo que nosotros, como he dicho, formamos parte de la red de oficinas y agencias antifraude y respetamos muchísimo su labor.


En materia de compra centralizada, efectivamente, la racionalización de la contratación constituye otra de las actuaciones estratégicas. Hemos hecho algún análisis en informes anuales de supervisión anteriores, pero quizá la materia
requiere dedicarle un informe especial cuando se disponga de un volumen de datos suficiente.


Con respecto a la intervención de la señora Alía sobre el Tribunal de Cuentas, probablemente todas las cuestiones que usted ha apuntado en relación con sus informes figurarán en nuestro próximo informe anual de supervisión. En cuanto a la
guía que se ocupa del plan de recuperación y, en concreto, de los fondos Next Generation, hacemos un seguimiento continuo, pero la repasaremos por si se nos ha pasado incorporar algo más. Y sobre el control que abordaría eventualmente nuestra
oficina, este necesariamente es limitado al explicarles cuál es nuestra misión. Sí que procuramos incorporar esta perspectiva de los fondos de recuperación en distintos análisis. Por ejemplo, si hacemos un módulo dedicado a analizar la publicidad
de los encargos a medio propio, incorporamos un subapartado que se ocupe de ver cuántos de esos encargos se financian con fondos Next Generation. Por poner un ejemplo, incorporar la perspectiva del plan de recuperación nos parece atractiva y que
completa durante estos años la información de la contratación pública.


En relación con el personal de la oficina, no seré yo la primera empleada pública que diga que tiene gente de sobra, pero, como me gusta decir siempre, yo no soy de quejarme. Soy de tirar hacia delante e ir resolviendo y la verdad es que la
oficina, aparte de hacer un trabajo que pongo mucho en valor por la gente que lo hace, que son los otros veintitrés -que no soy yo- de esos veinticuatro del año 2023, está integrada por gente muy valiosa y profesional. ¿Cómo nutrimos la oficina?
Aunque se diga que se han efectuado nombramientos provisionales -es así, se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público-, se trata de comisiones de servicio y en tanto se pueda proveer esa plaza con carácter estable, se pueden hacer
movimientos de personal entre uno y otro departamento utilizando figuras como esta. Por supuesto, un nivel 29 es un funcionario público -además, es del cuerpo superior de la Administración, el A1- y reúne los requisitos para ocupar la plaza. En
concreto, hoy en día los niveles 29 de la oficina están dotados con carácter estable mediante el procedimiento que también establece el Estatuto Básico del Empleado Público, que es la libre designación.


Sobre las pymes, de las que también ha hablado usted, ya he contestado en relación con la intervención del señor diputado. Y, finalmente, en cuanto a las comunidades adheridas a la Oficina Nacional de Evaluación, a día de hoy ya están
adheridas la Región de Murcia y Valencia -de hecho, ya hemos visto los tres primeros informes sobre tres proyectos de la Región de Murcia y estamos trabajando

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en una solicitud que ha formulado Valencia- y tenemos otras dos interesadas que están en tramitación, que son Canarias y Extremadura. Estamos pendientes de si fructifica o no. Las comunidades autónomas pueden decidir crear su propio órgano
-algunas lo han hecho- y la obligación que tenemos todos, nosotros los primeros, es intentar coordinarnos para aplicar criterios homogéneos de cara a realizar un mismo tipo de evaluación de los contratos de concesión, a los que damos tanta
importancia que les hemos dedicado uno de los informes especiales de supervisión.


Por mi parte, nada más. Aprovecho para volver a reconocer la magnífica labor que hace el personal que trabaja en la oficina. Me acompañan hoy los cuatro vocales que, junto conmigo, componemos el órgano colegiado. El mandato de tres de
ellos vence este año -a finales de este año deberá producirse su salida- y, aunque sea un poco romántico -aunque nos dediquemos a cosas tan áridas como la contratación pública, tenemos corazoncito-, me gusta que conste en el Diario de Sesiones -en
este caso, de esta Comisión- el agradecimiento por el trabajo que han desarrollado los tres. Y les digo que seguiremos encontrándonos en materia de contratación pública.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Serra): Gracias, presidenta. Así será, constará en el Diario de Sesiones. Y yo creo que vale la pena expresar no solo el agradecimiento de la presidenta, sino el de toda la comisión mixta, que se ha
interesado por esta comparecencia y ha atendido a las explicaciones.


Creo que no hay más intervenciones. Por lo tanto, podemos despedir a la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.


Y, habiendo agotado el orden del día, levantamos la sesión.


Gracias.


Eran las doce y quince minutos del mediodía.