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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 28, de 21/05/2024
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 28
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ
Sesión núm. 5
celebrada el martes,
21 de mayo de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Votación de las propuestas de resolución presentadas a:
Bloque I:
- Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020. Presentado
por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema
portuario estatal. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024) ... (Página5)
- Informe de fiscalización del otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID-19 convocadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin Órgano de
Control Externo propio, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000026) ... (Página6)
- Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por AENA ante la disminución de la actividad en la red de aeropuertos de titularidad estatal durante el ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034) ... (Página6)
- Informe de fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el marco de la gestión de la pandemia COVID-19. Presentado
por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000039) ... (Página7)
- Informe de fiscalización de las medidas tomadas por el Grupo Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante el ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041) ... (Página8)
- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000090) ... (Página8)
Bloque II:
- Informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000030) ... (Página9)
Bloque III:
- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000027) ...
- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000071) ...
- Informe de fiscalización del cumplimiento de las entidades locales de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de información anual al Tribunal de Cuentas, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000096) ... (Página11)
- Moción relativa a las medidas para promover la rendición de las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 773/000001) ... (Página11)
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega) para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017. Presentado por el Tribunal de
Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001) ... (Página12)
- Informe de fiscalización ¿Han adaptado las Comunidades Autónomas de Cantabria y Extremadura sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a las condiciones actuales de expansión y de desestacionalización de los
incendios? Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000058) ... (Página12)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000065 y número de
expediente del Senado 771/000065) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de los contratos de la Administración General del Estado vinculados a las Políticas de gasto 13 'Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias', 31 'Sanidad' y 32 'Educación', ejercicio 2021. Presentado por
el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000085) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada en ejecución del Programa 261O 'Ordenación y fomento de la edificación', ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000091 y número de expediente del Senado 771/000089) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000094 y número de expediente del Senado 771/000092) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de los contratos adjudicados por las sociedades mercantiles municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús, en los municipios con más de 300 000 habitantes, ejercicio 2021.
Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000096 y número de expediente del Senado 771/000094) ... (Página24)
Bloque III:
- Informe de fiscalización operativa sobre la gestión de las prestaciones económicas y sociales reconocidas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2019. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040) ... (Página32)
- Informe de fiscalización de las subvenciones de régimen general concedidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en el área de atención a mayores, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000050 y número de expediente del Senado 771/000048) ... (Página32)
- Informe de fiscalización operativa sobre la gestión de los bienes y derechos embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 2021. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000059) ... (Página32)
- Informe de fiscalización de la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas justificadas en el ejercicio 2021 con cargo al Programa 231B 'Acciones en favor de los emigrantes'. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000074 y número de expediente del Senado 771/000074) ... (Página32)
- Informe de fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, ejercicios 2018 y 2019. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y número de expediente
del Senado 771/000029) ... (Página32)
Se abre la sesión a las nueve y media de la mañana.
VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS A:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19 EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIO-LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO 2020. PRESENTADO
POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022).
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas.
Abrimos la sesión prevista para el día de hoy y pasamos al primer punto del orden del día, que no es otro que el debate y votación de los informes de fiscalización que figuran en dicho orden del día.
Votación correspondiente al Bloque I, informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID en las entidades y organismo del ámbito de la Administración sociolaboral y de la Seguridad Social durante
el ejercicio 2020.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a la votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, números 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las número 6 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DE LAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DURANTE EL EJERCICIO 2020 Y SU INCIDENCIA SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA
PORTUARIO ESTATAL. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del informe de fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la
planificación estratégica del sistema portuario estatal.
Votamos la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, números 3 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a la votación de las números 5 y 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE AVALES DEL ESTADO POR MEDIO DE LAS LÍNEAS ICO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización del otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y social del COVID en el ejercicio 2020.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las número 5 a 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX, números 9 a 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, números 13 a 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las números 22 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RELACIONADAS CON EL COVID-19 CONVOCADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000026).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las resoluciones del informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID convocadas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio del
ejercicio 2020. (El señor Paré Aregall pide la palabra).
El señor PARÉ AREGALL: Un comentario, por favor.
Del Grupo Socialista somos trece representantes, pero también está la compañera de SUMAR (señala a la señora Rivera Arias), por lo que en las votaciones sería un voto más.
El señor PRESIDENTE: Bien, gracias.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la resolución número 4 del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular, números 5 a 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR AENA ANTE LA DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LA RED DE AEROPUERTOS DE TITULARIDAD ESTATAL DURANTE EL EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización de las medidas adoptadas por AENA ante la disminución de la actividad en la red de aeropuertos de titularidad estatal durante el ejercicio 2020.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular, de la número 5 a la número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 13, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN MULTILATERAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19. PRESENTADO
POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000039).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del informe de fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el marco de
la gestión de la pandemia COVID-19.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Se retiraron las propuestas números 3, 5 y 7. Por tanto, votamos las números 1, 4, 6, 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Números 2, 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario VOX, la número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 13, del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, de la número 14 a la número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 19 y 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 21 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 23 a 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GRUPO RENFE EN RELACIÓN CON LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE VIAJEROS IMPLANTADAS DURANTE EL EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del informe de fiscalización de las medidas tomadas por el Grupo Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante el ejercicio 2020.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario VOX, de la 6 a la 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Grupo Parlamentario Popular, número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 12 a 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000090).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las resoluciones relativas al informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la declaración del estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos las números 1, 2, 3, 6, 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 4, 5 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, la número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 12 a 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS INMUEBLES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de
los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000030).
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al Bloque II. Informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos de la número 1 a la número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos de la número 8 a la número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Números 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 17 a 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
De la número 20 a la número 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Números 24 a 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000027).
El señor PRESIDENTE: Votamos las propuestas de resolución correspondientes al Bloque III, Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2020.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario VOX, votamos la número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos de la número 6 a la número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000073 y número de expediente del Senado 771/000071).
El señor PRESIDENTE: Votamos las resoluciones al siguiente informe del ejercicio 2021.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario VOX, la número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos de la número 6 a la número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
De la número 14 a la número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS OBLIGACIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN ANUAL AL TRIBUNAL DE CUENTAS, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000096).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las resoluciones del bloque de informe de fiscalización del cumplimiento de las entidades locales de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de información anual al Tribunal de Cuentas, del
ejercicio 2022.
Votamos del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 1 a la número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario VOX, números 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, votamos de la número 7 a la número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos. a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos de la número 11 a la número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- MOCIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA RENDICIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES Y LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 773/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las resoluciones relativas a la moción sobre las medidas para promover la rendición de cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista números 1 a 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Del Grupo Parlamentario VOX, las números 5 y 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular, de la número 8 a la número 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Una vez finalizadas las votaciones, hacemos un receso para dar paso a la presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN RELATIVA AL DESTINO DADO A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ACCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011-2017. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE
CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ¿HAN ADAPTADO LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CANTABRIA Y EXTREMADURA SUS PLANES DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A LAS CONDICIONES ACTUALES DE EXPANSIÓN Y DE DESESTACIONALIZACIÓN DE LOS
INCENDIOS? PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000058).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión y damos la bienvenida a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece para informar de los bloques que teníamos previstos para el día de hoy.
Sin más dilación, si os parece, pasamos a la comparecencia del Bloque I: Informe de fiscalización relativa al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña
correspondientes a los ejercicios 2011 a 2017 y la comparecencia respecto al informe de fiscalización ¿Han adaptado las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales a las
condiciones actuales de expansión de los incendios?
Por tanto, le damos la palabra a la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Buenos días.
Empecemos con el primer informe, cuyo título ha leído el presidente, relativo al destino dado a los recursos asignados a las políticas de acción exterior de la comunidad autónoma de Cataluña, ejercicios 2011-2017. Esta fiscalización ha sido
realizada a iniciativa de las Cortes Generales. Fue solicitada mediante un acuerdo de la Comisión mixta de 27 de diciembre de 2017 y con posterioridad fue incluida en el programa de fiscalizaciones para el año 2018. El informe de fiscalización fue
aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de marzo de 2019 con un voto particular, que es público, como ustedes conocen. Se trata de una fiscalización de cumplimiento y operativa cuyos principales objetivos fueron: el análisis de los
órganos y entidades instrumentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña que han participado en la ejecución de las políticas de acción exterior y la evaluación de la adecuación de los recursos asignados; el examen del cumplimiento de la normativa
de las actuaciones de planificación y seguimiento de las actividades de acción exterior realizadas por parte de los distintos órganos y entidades, y la verificación de la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión de los recursos
públicos aplicados a los objetivos de las actividades de acción exterior.
Como ya les he comentado, el periodo fiscalizado ha sido de 2011 a 2017. Según consta en el informe, la fiscalización ha encontrado algunas limitaciones que afectan a determinados gastos realizados en los años 2011 y 2012, como deficiencias
en los sistemas de archivo y contabilización, falta de remisión de notas de gestión, ausencia de presupuestos previos, previsiones de coste, etcétera. El marco normativo básico en el que se desenvuelve el informe de fiscalización viene delimitado
por el reconocimiento que desde 1981 realiza el Tribunal Constitucional de que las comunidades autónomas, para el adecuado desarrollo de sus funciones, realizan actividades incluso fuera de los límites territoriales de España. Esa doctrina se
recoge en la sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional, que establece, entre otras cosas, los términos en los que debe interpretarse el capítulo III del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se refiere a la acción exterior de
la Generalitat.
Las principales conclusiones y resultados de este informe aprobado hace más de cinco años por el pleno son las que voy a exponer a continuación. Se trata de un extenso informe de cerca de 500 páginas con más de 180 conclusiones. Es un
informe con una información muy detallada. En consecuencia, yo les voy a presentar, puesto que lo conocen, las líneas maestras de su contenido. El informe se trasladó a esta
Comisión mixta en abril de 2019 y se trasladó, como debe de ser, el documento íntegro aprobado por el pleno, junto con alegaciones y el voto particular. Desde aquel momento, desde abril de 2019, está a disposición de todos ustedes. Yendo
al contenido del informe, se señala que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha ordenado la ejecución de las políticas de acción exterior a través de dos estructuras organizativas seguidas en el tiempo. Así, esta competencia fue ejercida en un primer
momento por la Presidencia de la Generalitat. A partir de principios de 2016 es asumida por el departamento de Asuntos Exteriores y Acción Exterior. En todo caso, durante el periodo fiscalizado, esta ejecución ha contado siempre con la
participación de la Secretaría de Asuntos Exteriores, Acción Exterior y de la Unión Europea y de las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior, dependientes de ella. Además, durante todo el periodo fiscalizado, destaca la actividad
directa en la acción exterior desarrollada por el Patronato Cataluña Mundo-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat. El gasto total de las delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el exterior fue de algo más de 27
millones de euros durante el periodo fiscalizado y los gastos ejecutados por el Diplocat fueron de casi 16 millones de euros. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha contado con dos planes estratégicos de acción exterior: uno, 2010-2015 y, otro,
2015-2018. El informe pone de relieve el incumplimiento de los procedimientos establecidos para su elaboración, seguimiento y evaluación, así como la falta de constancia de instrumentos de seguimiento en la planificación de la acción exterior.
El principal programa presupuestario implicado en la acción exterior es el 231, Relaciones Exteriores. Sin embargo, solo ha incluido gastos correspondientes a los capítulos de gastos corrientes y servicios y de transferencias corrientes,
sin que se recojan gastos de personal, con lo que el programa no muestra de manera completa y ordenada todos los gastos referentes a la actividad de relaciones exteriores, lo que impide realizar un análisis de las partidas de gasto correspondientes
a la acción exterior a través de los datos recogidos en el presupuesto y en la cuenta general. No obstante, de acuerdo con los datos de que ha dispuesto el Tribunal de Cuentas, se ha podido establecer que el total de las obligaciones reconocidas en
el periodo 2011-2017 en acción exterior de la Generalitat ascendió, al menos, a 417 millones de euros. Dentro de estas actividades de acción exterior se encuentran los viajes al extranjero del presidente y de los consejeros con diversas finalidades
de representación institucional y normalmente realizadas en su ámbito competencial. No obstante, el informe constata la existencia de viajes internacionales del presidente y de los consejeros con un importe total muy próximo a los 480 000 euros,
con vinculación a la promoción del llamado proceso soberanista en el ámbito internacional.
El informe pone de manifiesto la falta de planes anuales departamentales, la falta de una presupuestación de las actividades, la falta de memorias anuales, así como la ausencia de informes periódicos en la Secretaría de Acción Exterior y de
la Unión Europea y las delegaciones en el exterior. De hecho, la única aproximación que puede realizarse a las actividades de esta unidad y a los objetivos que se perseguían es a través de los llamados informes de gestión y las notas. En relación
con esta cuestión, debe señalarse, por un lado, que los informes periódicos dejaron de elaborarse a partir de marzo de 2016, lo que supone falta de información sobre gran parte del 2016 y todo el 2017 y, además, que el Tribunal de Cuentas tuvo
acceso solo a 2795 notas e informes, pero se ha estimado en más de 10 000 el total de notas que deberían haberse elaborado de acuerdo con las propias instrucciones de la secretaría. Igualmente, se ha constatado que un elevado número de las
actividades de esta unidad resultan ajenas a las finalidades de proyección en el exterior de Cataluña y de promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña, como determina el artículo 4 de la Ley Catalana de Acción Exterior y de
Relaciones con la Unión Europea. Se ha estimado en casi 50 000 euros el gasto de la secretaría en viajes para cumplir dichas actividades. No se incluyen en estos gastos los correspondientes a recursos humanos ni a materiales. Se han detectado
irregularidades y deficiencias en la contratación, entre las que cabe señalar la realización de contratos sobre materias que resultarían ajenas a la competencia del órgano, por ejemplo, en materia de comunicaciones, de protocolo o sobre defensa
internacional. También se ha apreciado el fraccionamiento de varios contratos.
Asimismo, en las subvenciones concedidas por la Secretaría de Acción Exterior también se han observado varias incidencias y se ha constatado que en un elevado número de ocasiones la concesión de subvenciones se realizó de manera directa,
omitiendo la debida concurrencia. Por ejemplo, subvención a una fundación de un partido político, a una fundación de organizaciones catalanas con actividad internacional o a una revista en inglés vinculada con el reconocimiento internacional de la
nación catalana, etcétera. El informe señala la falta de sistematización y claridad en la regulación normativa de las funciones de las delegaciones del Gobierno en el exterior y de la Delegación del Gobierno ante la Unión Europea.
Así, se detectó que no se han ajustado a las funciones recogidas en sus normas y que cada delegación actuó de manera independiente.
Se han constatado debilidades en materias de presupuestación y control de su actividad económico-financiera, observándose el incumplimiento sistemático generalizado de normas que rigen la contratación. Entre ellas, como más significativas,
actuaciones de determinadas delegaciones fuera tanto del ámbito geográfico como de las funciones asignadas, encaminadas directamente, en muchos casos, a promover, dar a conocer, promocionar, fomentar, debatir, publicar, impulsar y conseguir el
reconocimiento y apoyo para el proceso de autodeterminación, por un importe que ha ascendido más de 327 000 euros; inexistencia de documentación justificativa de gastos por un importe global de más de 302 000 euros; pagos injustificados por
diversos motivos por importe superior a 171 000 euros; pagos por servicios de asesoramiento o de elaboración de informes cuya finalidad u objeto no consta o resultan ajenos a las competencias de las delegaciones y de la propia comunidad, por un
importe conjunto superior a los 515 000 euro.
En ese sentido, el informe señala pagos de la delegación en Estados Unidos a dos empresas de lobby en los años 2013, 2014 y 2017, por un importe total de 145 000 euros, sin que consten las actividades que desarrollaron. Igualmente, se
recogen los pagos realizados por las delegaciones ante la Unión Europea y en Ginebra, por un importe total de 243 000 euros, como consecuencia de la tramitación simultánea entre julio y agosto de 2017 de dos contratos con una misma empresa holandesa
cuyo objeto era hacer frente a los gastos y honorarios percibidos por el denominado grupo de observadores electorales. La falta de control de la actividad económico-financiera de las delegaciones permitió que estas hayan realizado y financiado todo
tipo de actividades o gastos sin que se haya producido ni la justificación de la necesidad de las actividades desarrolladas ni una presupuestación previa de las actividades ni un control de gasto.
En relación con el Diplocat, se han observado carencias formales en su planificación estratégica y operativa. Así, los planes de actuación aprobados no establecen de forma individualizada ni los objetivos ni la habilitación financiera
correspondiente a cada actuación, limitándose a listar actividades que hacen imposible verificar la eficiencia y la eficacia de su ejecución y, a través de ella, la de los objetivos vinculados. En relación con la normativa interna, el informe
indica que Diplocat carece de un protocolo de contratación de personal, así como instrucciones para el debido cumplimiento de los principios básicos de publicidad, igualdad, mérito, capacidad, transparencia y concurrencia. Durante el periodo
fiscalizado, el 90 % de los ingresos de Diplocat ha provenido de transferencias procedentes de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya a través del programa presupuestario 231, Asuntos Exteriores. El resto de los ingresos ha procedido de
aportaciones de otros consorciados como instituciones sin ánimo de lucro, las diputaciones de Barcelona y Lleida, el Ayuntamiento de Barcelona y entidades autónomas de la Generalitat.
En relación con los gastos ejecutados, se han reconocido obligaciones por un importe cercano a los 16 millones de euros, de los que el 54 % se ha destinado a gastos corrientes en bienes y servicios y el 44 % a gastos de personal. Del
análisis realizado por el tribunal se desprende que el 64 % de las actividades desarrolladas por Diplocat han tenido como finalidad promocionar, publicitar, promover o impulsar el proceso soberanista. Del examen de los diferentes gastos efectuados
por Diplocat puede deducirse que en determinados casos se procedió al fraccionamiento indebido de los gastos, con lo que se eludía el procedimiento legalmente establecido para su tramitación. El informe cifra los pagos efectuados por actividades
directamente relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en casi 549 000 euros, correspondiendo 305 000 euros a Diplocat y 243 000 a las delegaciones antes mencionadas.
El apartado de resultados finaliza con un análisis de las deficiencias detectadas en la concesión de varias ayudas por parte de Diplocat por importe de 565 millones de euros, además de las actividades desarrolladas por varias entidades de la
Administración de la Generalitat con incidencia directa en distintos ámbitos sectoriales de la acción exterior. También forma parte del informe de fiscalización el análisis de la actividad en el exterior de seis entidades sectoriales que no forman
parte de la red de delegaciones ni de las actuaciones promovidas de Diplocat, aunque tienen incidencia directa en diversos ámbitos sectoriales de la acción exterior como turismo, empresa, cultura y lengua, entre otras. Son el Instituto Catalán de
Empresas Culturales, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la Agencia Catalana de Turismo, la Agencia para la competitividad de la empresa y el Instituto Ramon Llull, las cuales, excepto la Agencia de Cooperación, tienen oficinas
sectoriales en el exterior de las previstas. Adicionalmente, se analiza la Casa de la Generalitat de Perpiñán, entidad sin personalidad jurídica radicada en el exterior.
El informe aborda el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con carencia de los planes necesarios, y también deficiencias detectadas en materia de transparencia en la Administración autonómica y entidades
dependientes. Se formulan bastantes recomendaciones, entre las que destacamos que, en materia de gestión en la acción de exterior, se recomienda la adopción de medidas en el ejercicio de la función directiva que corresponde al Gobierno de la nación
y su necesaria coordinación con las competencias atribuidas a las comunidades autónomas. En el ámbito específico de la propia comunidad autónoma, deberían adoptarse medidas en materia de planificación y programación presupuestaria, transparencia y
coordinación dentro de la propia comunidad autónoma, de tal forma que se determinen con precisión sus objetivos y fines dentro del ordenamiento jurídico general, se eviten duplicidades de actuaciones por parte de las delegaciones en el exterior y en
las oficinas sectoriales, y se apliquen los principios de publicidad y concurrencia tanto en los procedimientos de selección de personal como en el ámbito de gestión económico-financiera. También se recomienda adoptar medidas para el
fortalecimiento de los mecanismos de control, de tal forma que se impida la realización de gastos que no se ajusten al marco legal y al cumplimiento de las finalidades de proyección en el exterior de Cataluña y de promoción en el exterior de los
intereses del conjunto de Cataluña.
Paso a darles cuenta del informe que está en este bloque primero y que forma parte de una nueva experiencia que hemos puesto en marcha, que es intentar dar las respuestas concretas en el menor tiempo posible y acercarnos así a las
realidades, aunque sea en aspectos excesivamente concretos de la gestión. En este caso, la pregunta era si las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura han adaptado sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios a las
condiciones actuales de expansión y desestacionalización de incendios.
Este informe se aprobó en abril del 2023 y se refiere a las actuaciones de las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2022 para cumplir el Real Decreto 15/2022, que adopta medidas
urgentes en materia de incendios forestales. Se inscribe en un tipo de fiscalizaciones que, como les digo, empieza a realizar el tribunal para atender con rapidez a cuestiones que suscitan interés social y que están dentro de nuestro ámbito de
competencia. Tienen objetivos muy concretos que se realizan en plazos muy cortos y que están temporalmente muy próximos a la ejecución del hecho fiscalizado. El contexto de este informe es la aprobación del Real Decreto Ley 15/2022, que se dictó
para paliar los efectos de la situación de emergencia que se produjo en España en el verano del año 2022 como consecuencia del aumento del número de grandes incendios forestales debido a las intensas olas de calor y a que fue un año hidrológicamente
seco, entre otras cosas. El citado real decreto introdujo modificaciones en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en los ámbitos de prevención, extinción, mantenimiento y restauración de los terrenos forestales afectados, y estableció un
plazo de cinco meses para que las comunidades autónomas adaptasen sus planes y servicios de prevención, vigilancia y extinción.
Esta fiscalización se realiza a iniciativa del tribunal y se incluye en el programa de fiscalizaciones para el 2023, con un plazo de ejecución de cuatro meses. El análisis se concentró en Cantabria y en Extremadura, que son, entre las
comunidades autónomas que carecían de control externo, las que presentaron un mayor porcentaje respecto al total nacional de incendios forestales en el periodo de 2012 a 2022. Se trata de una fiscalización de cumplimiento en la que se ha verificado
si las comunidades autónomas de Cantabria y Extremadura han cumplido lo establecido respecto a los planes anuales de prevención en la nueva redacción de la Ley de Montes y si ha existido una financiación adecuada en el marco del procedimiento de
elaboración de dichos planes.
Los principales resultados son los siguientes. En primer lugar, se refiere a la obligación de elaborar un plan anual de prevención, según el artículo 48 de la Ley de Montes en su nueva redacción, antes del 31 de diciembre del año 2022. El
informe constata que la Comunidad Autónoma de Cantabria ha incumplido esta obligación. Por el contrario, la Comunidad Autónoma de Extremadura sí aprobó, con fecha 14 de diciembre, dicho plan.
En segundo lugar, se ha analizado el cumplimiento del contenido de los planes anuales de prevención establecido por el real decreto. La Comunidad Autónoma de Extremadura incluyó en el plan anual de prevención seis de las diez medidas que
prevé la nueva ley. Una no se cumplió y en los tres apartados restantes se produjo un incumplimiento formal derivado de que las medidas estaban recogidas en planes de prevención de menor escala y, en algunas ocasiones, en otras normas autonómicas,
pero no en el plan anual. La Comunidad Autónoma de Cantabria, por su parte, tenía incluidas dos de las medidas en los planes estratégicos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 15/2022, dos
no estaban recogidas, tres estaban previstas en otras normas autonómicas y otras tres no habían sido previstas de ninguna manera. En algunos aspectos, estas últimas estaban contempladas en planes estratégicos previos.
Se aborda también la nueva obligación de incorporar a los planes anuales de prevención las recomendaciones de los instrumentos de planificación forestal. Esta obligación ha sido cumplida por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
la de Cantabria no contiene en su instrumento de planificación estratégica una previsión expresa respecto de la necesaria coherencia que ha de mantener el Plan Forestal de Cantabria con el plan anual de prevención, estando ambos pendientes de
elaboración. Ambas comunidades han incumplido la obligación de que los planes anuales de prevención deben señalar las infraestructuras que tengan servidumbres de uso. Finalmente, el informe señala que las comunidades autónomas de Extremadura y
Cantabria no han percibido financiación adicional para la elaboración del Plan 2023 y del borrador de su plan de prevención plurianual, habiendo llevado a cabo estos documentos con medios propios.
Se incluyen recomendaciones dirigidas a ambas comunidades. A la Comunidad Autónoma de Cantabria se le recomienda adoptar en el menor plazo posible las medidas oportunas para el desarrollo de la acción 3.4.1, relativa a la implementación de
los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Se sugiere que tanto la Comunidad Autónoma de Cantabria como la de Extremadura inicien los procedimientos necesarios para la inclusión expresa en el plan anual de
prevención de todas las medidas establecidas en la nueva redacción de los artículos 48.4 y 48.5 de la Ley de Montes, aun cuando medidas similares figuren en normativas autonómicas o en otros instrumentos de planificación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen la palabra, por un tiempo de cinco minutos, los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano Varela.
La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.
Señora Chicano, bienvenida a la Comisión. Egun on. Buenos días a todos y a todas.
Nuestro grupo ya se opuso en su día en esta Comisión a la solicitud que hizo el PP para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara los recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lo
planteamos por dos motivos, básicamente. El primero era que entendíamos que esta fiscalización no era competencia del Tribunal de Cuentas, que es una competencia de la Sindicatura de Cuentas catalana. De hecho, estas partidas ya habían sido
fiscalizadas sin problemas y, como todas y todos conocemos, estos informes están a disposición del Tribunal de Cuentas. El segundo, porque, desde nuestro punto de vista, esta solicitud pretendía -y lamentablemente así ha resultado- una
instrumentalización, en este caso, del Tribunal de Cuentas. Este debate se producía en esta Comisión mixta un 27 de diciembre de 2017, justo cuando el Estado estaba aplicando para solucionar un problema político medidas excepcionales y judiciales
con la intervención de las instituciones catalanas: aplicación del 155 o la intervención económica reforzada desde 2015 de la Generalitat.
Por supuesto, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) está a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas del dinero público, por supuesto que sí, pero esta fiscalización no busca, en nuestra opinión, esa transparencia que
defendemos. Lamentablemente, en este informe vemos claramente la utilización del Tribunal de Cuentas, que participa en la estrategia punitiva del Estado en contra del procés catalán. Y digo lamentablemente porque este tipo de informes añaden, en
nuestra opinión, descrédito al Tribunal de Cuentas. Un informe que tiene más de 180 conclusiones que son rebatidas por el informe de la Generalitat y que pareciera que se le ha intentado añadir volumen de forma artificial con muchas conclusiones
que tienen o poco respaldo, o pocos hechos probados.
Supongo que habrán leído el voto particular de la consejera María Dolores Genaro Moya, que dice, entre otras cosas, que ve incomprensible la urgencia para cerrar el informe -que la verdad es que se hizo rápido-; que el documento se aleja de
la función del Tribunal de Cuentas, que tendría que haber hecho un juicio estrictamente técnico sobre el sometimiento a los principios de legalidad y eficiencia de la actividad económica financiera desarrollada por la Generalitat en relación con la
acción exterior -cosa que, en nuestra opinión, tampoco hace-; que el tribunal incumple sus propias normas, porque no ha basado la fiscalización en principios de imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación, y también que el tribunal
no se ha ceñido al procedimiento que les obliga a distinguir entre los hechos
comprobados y las valoraciones que merezcan o evitar expresiones ambiguas que puedan dar a entender la existencia de deficiencias no comprobadas adecuadamente. Esto lo dice el voto particular. Y termina también diciendo que, con los datos
que se indican en el informe, no parece existir una extralimitación de la acción ejercida por la Generalitat de Catalunya en relación con el ámbito competencial que les corresponde.
Además -y esto ya continúo yo-, el informe no entra, ni siquiera lo tiene en cuenta, en que las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas a través de un control reforzado desde el año 2015 y que desde todos los departamentos debían
informar puntualmente al Ministerio de Hacienda de los gastos realizados. ¿Recuerdan al señor Montoro diciendo eso de que no se había utilizado ni un euro en el referéndum? Pues eso. Y además es un informe que contradice al propio Tribunal de
Cuentas, ya que, en 2016, con periodos que van de 2011 a 2014, fiscalizó la acción exterior estatal también de las comunidades autónomas y no cuestionó en ningún caso la acción exterior catalana.
Termino. El informe del Tribunal de Cuentas sirvió para dar pie a una denuncia de la Fiscalía -esto no es poco-, que permitió que el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona abriera diligencias contra bastantes cargos de la Generalitat
que finalizan con peticiones de más de 5 millones de euros, que, por cierto, acaba de reactivar nuevamente la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el mes de abril, el mes pasado.
Solo nos queda insistir en que los problemas políticos se deben solucionar por cauces políticos, algo que no busca esta fiscalización, que, en nuestra opinión, trata de hacer un uso alternativo de la función del Tribunal de Cuentas. Quiero
reiterar y lamentar que el Tribunal de Cuentas participe en la estrategia errónea de la judicialización de los problemas políticos y que con ello aumente el descrédito y confianza en una institución que debería ser un ejemplo.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Etxano.
Por los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Mixto en el Congreso de los Diputados, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, presidenta, per la compareixença. D'acord amb els principis rectors del Tribunal de Cuentas, a aquest li pertoca la fiscalització dels programes d'ingressos i despeses públiques. En cap de les definicions de les funcions hi
apareix que hagi d'emetre informes sobre els àmbits competencials de les administracions públiques, funció pròpia del Tribunal Constitucional, o bé àmbits legals de les mateixes, funció pròpia de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Segurament per això el mateix Tribunal de Cuentas no va qüestionar l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya en un informe de 22 de juliol de 2016 en què, a petició d'aquesta mateixa Comissió, analitzava l'acció exterior de les comunitats
autònomes. Un informe que, com deia, no indicava cap fet a destacar ni alertava sobre cap activitat que li semblés sospitosa d'irregularitats.
Què va canviar, doncs, entre un informe i l'altre si el marc legal era el mateix, el moment temporal també i el programa electoral dels grups que governaven la Generalitat també? Doncs des del punt de vista legal, no va canviar res. Tot
seguia complint la mateixa legalitat. El canvi substancial és la decisió de posar els instruments de l'Estat a la defensa de la unitat del mateix Estat. Però tornant a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, aquesta comptava amb els
informes favorables de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, evidentment. Però, si això no fos prou, cap dels consellers ni presidents de la Generalitat perseguits ara políticament participaven dels
procediments d'acord de la despesa ni signaven cap document.
En canvi, en bona part del període temporal de l'informe es produïa, segons paraules del mateix ministre Montoro, una 'toma de control sin precedentes' de la Generalitat i, en conseqüència, qui sí que signava, fiscalitzava i pagava era la
pròpia Intervención General del Estado. Així doncs, per què la fiscalització posterior demana responsabilitat als polítics catalans i no a qui hauria realitzat realment el control i la fiscalització? Doncs perquè, com deia, és evident que el que
es porta a terme és una persecució política.
Tot això genera una situació contradictòria i sense sentit en el mateix Tribunal de Cuentas, una situació sense precedents en què el Tribunal de Cuentas realitza tota una sèrie de valoracions en un moment temporal en què no s'havia produït
cap posicionament legal al respecte per part dels tribunals competents.
Però això només és la punta de llança dels fets sense precedents que conté l'informe exposat: aprovació de l'informe amb una excepcional urgència, desfiguració dels resultats exposats al no realitzar un judici estrictament tècnic,
evidències indegudament fonamentades consideració com a proves de declaracions a la premsa i a l'atenció als mitjans fora dels actes oficials de l'acció exterior, consideració d'accions puntuals i accessòries com a motius per considerar il·legal
tota l'acció exterior, considerar les expressions d'opinió com a àmbit competencial del Tribunal de Cuentas, quan aquest s'ha de circumscriure estrictament a l'anàlisi de l'activitat econòmica financera de les administracions públiques, citar
reiteradament determinats fets puntuals conduint a la buscada percepció d'una major gravetat d'aquests i, a més a més, i d'acord amb les pròpies normes de fiscalització del Tribunal de Cuentas, manca d'evidència d'auditoria suficient i apropiada per
fonamentar l'informe, manca de factors quantitatius i qualitatius per a l'avaluació de les evidències, manca de compliment de les característiques que han de tenir els informes, com ara que aquests siguin justos i objectius, lliures de vaguetats o
ambigüitats, complets i amb informació només sustentada per evidència d'auditoria. I tot això no ho afirmem només des de Junts per Catalunya, que també, sinó que és extret literalment del vot particular fet per una consellera del mateix Tribunal de
Cuentas, una consellera que afirmava, literalment, que no existeix una extralimitació per l'acció exterior exercida per la Generalitat de Catalunya en relació a l'àmbit competencial que li correspon.
Finalment, sentència 272/2015 del Tribunal Constitucional, 211/2015, 196/2015, 61/2015, sentència 6/2014, 33/2014 i així podríem anar fent una llarga llista de sentències del Tribunal Constitucional en què fallen a favor de la Generalitat de
Catalunya o altres comunitats autònomes per invasió de les seves competències per part de l'Estat. En quantes d'aquestes sentències el Tribunal de Cuentas ha actuat contra l'administració de l'Estat i els seus governants?
Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, presidenta, por la comparecencia. De acuerdo con los principios rectores del Tribunal de Cuentas, a este le corresponde la fiscalización de los programas de ingresos y gastos públicos. En ninguna de las funciones aparece
que deba emitir informe sobre los ámbitos competenciales de las administraciones públicas, que corresponde al Tribunal Constitucional, o ámbitos legales de las mismas funciones propias de la jurisdicción contencioso-administrativa. Seguramente por
eso el mismo Tribunal de Cuentas no cuestionó la acción exterior de la Generalitat de Catalunya en un informe de 22 de julio de 2016, en el que, a petición de esta misma Comisión, analizaba la acción exterior de las comunidades autónomas. Un
informe que, como decía, no indicaba ningún hecho a destacar ni alertaba sobre ninguna actividad que le pareciese sospechosa de irregularidad.
¿Qué cambió entonces entre un informe y el otro si el marco legal era el mismo, y el momento temporal y el programa electoral de los grupos que gobernábamos en la Generalitat también? Desde el punto de vista legal, no cambió nada, todo
seguía cumpliendo la misma legalidad. El cambio sustancial es la decisión de poner los instrumentos del Estado en la defensa de la unidad del mismo Estado. Pero volviendo a la acción exterior de la Generalitat de Catalunya, esta contaba con los
informes favorables de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Cuentas, evidentemente. Pero si esto no fuese suficiente, ninguno de los consellers ni presidentes de la Generalitat perseguidos ahora políticamente
participaban en los procedimientos de acuerdo con el gasto ni firmaban ningún documento. En cambio, en buena parte del periodo temporal del informe se producía, según palabras del mismo ministro Montoro, una toma de control sin precedentes de la
Generalitat. Consecuentemente, quien sí firmaba, fiscalizaba y pagaba era la propia Intervención General del Estado. Así pues, ¿por qué la fiscalización posterior pide responsabilidades a los políticos catalanes y no a quien habría realizado el
control y la fiscalización? Porque, como decía, es evidente que lo que se lleva a cabo es una persecución política.
Todo esto genera una situación contradictoria y sin sentido en el mismo Tribunal de Cuentas; una situación sin precedentes en la que el Tribunal de Cuentas realiza toda una serie de valoraciones en un momento temporal en que no se había
producido ningún posicionamiento legal al respecto por parte de los tribunales competentes.
Pero eso solo es la punta de lanza de los hechos sin precedentes que contiene el informe expuesto: aprobación del informe con una excepcional urgencia, desfiguración de los resultados expuestos al no realizar ningún juicio estrictamente
técnico, consideraciones como pruebas de las declaraciones a la prensa y a los medios de comunicación fuera de los actos oficiales de la acción exterior, consideración de
acciones puntuales y accesorias como motivos para considerar ilegal toda la acción exterior, considerar las expresiones de opinión como ámbito competencial del Tribunal de Cuentas cuando este debe circunscribirse al análisis de la actividad
económico-financiera de las administraciones públicas, citar reiteradamente determinados hechos puntuales para dar una sensación de mayor gravedad de ellos y, además, con las propias normas de fiscalización del Tribunal de Cuentas, falta de
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar el informe, falta de factores cuantitativos y cualitativos para la evaluación de las evidencias y falta de cumplimiento de las características que deben tener los informes como, por
ejemplo, que sean justos y subjetivos, sin ambigüedades ni vaguedades, completos y con información solamente sustentada por auditoría. Todo ello no lo afirmamos solo desde Junts per Catalunya, que también, sino que se ha sacado literalmente del
voto particular hecho por una consellera del mismo Tribunal de Cuentas; una consejera que afirmaba literalmente que no existe una extralimitación para la acción exterior ejercida por la Generalitat de Catalunya en relación con el ámbito
competencial que le corresponde.
Finalmente, sentencia 232/2015, del Tribunal Constitucional, 211/2015, 196/2015, 65/2015, sentencia 33/2014 y así podríamos seguir con una larga lista de sentencias del Tribunal Constitucional que fallan a favor de la Generalitat de
Catalunya o de otras comunidades autónomas por invasión de sus competencias por parte del Estado. ¿En cuántas de estas sentencias el Tribunal de Cuentas ha actuado contra la Administración del Estado y sus gobernantes?
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señoría.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Ja li contesto jo: en cap. Què hi ha de diferent en els fets de l'informe? També li contesto jo: contra Catalunya tot s'hi val. I acabo. Fins i tot instrumentalitzar políticament l'acció d'un òrgan com el
Tribunal de Cuentas, que alguns han volgut utilitzar com si fos un tribunal de la Santa Inquisició, i qui diu de la Santa Inquisició...
Ya le contesto yo: en ninguna. ¿Qué hay de diferente en los hechos del informe? También le contesto yo: contra Cataluña todo vale -y termino-, incluso instrumentalizar políticamente la acción de un órgano como el Tribunal de Cuentas, que
algunos han querido utilizar como si fuese un tribunal de la Santa Inquisición, y quien dice de la Santa Inquisición...
El señor PRESIDENTE: Debe acabar, señoría.
El señor CRUSET DOMÈNECH: ... podríem dir de la sacrosanta unitat d'Espanya.
Moltíssimes gràcies.
... podríamos decir de la sacrosanta unidad de España.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruset.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Queralt Jiménez.
El señor QUERALT JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que suscribir forzosamente lo que han dicho los dos oradores que me han precedido en el uso de la palabra, porque este informe del Tribunal de Cuentas es absolutamente inexplicable, inexplicable desde un punto de vista de lo que es el
control económico-financiero; es explicable desde un punto de vista estrictamente político, en el sentido de ver todo lo malo. Leyendo varios pasajes, me ha recordado los informes de atestados policiales. Se ve, sale, entra, va a tal sitio, este
otro va a tal otro, se reciben aquí diputados extranjeros -como si recibir diputados extranjeros fuera un delito-, se organizan visitas, se realizan cursos -es lógico en Cataluña en ese momento, lo raro es que no se organizaran en otros sitios-,
debates, seminarios y actuaciones sobre lo que es la pluralidad nacional, el federalismo y diferentes hechos. Ya sé que esto no les gusta, pero es lo que se ha hecho. Es más, no es lo que se ha hecho, es lo que el propio Tribunal de Cuentas ha
dado por bueno en otro informe, que la Intervención General de la Generalidad ha dado por bueno, que la Sindicatura de Cuentas ha dado por bueno y que el ministro Montoro, bajo juramento, dio por bueno, bajo juramento en un juicio público. Esto no
es ninguna broma, aparte de que lo había remitido en informes al caso del procés, pero en la vista oral lo ratificó bajo juramento.
Por tanto, a mí me parece que el contenido político -en el peor sentido de la palabra; es decir, sectario y tendencioso- del informe del Tribunal de Cuentas desacredita al Tribunal de Cuentas, y, además, es contradictorio consigo mismo. El
voto particular de la consejera produce sonrojo al leerlo, produce sonrojo al leerlo. Cuando vi el voto particular creía que encontraríamos divergencias desde un punto de vista metodológico o contable, pero no, no, no. Va a la línea de flotación.
Esto no es un informe económico-contable de una administración pública. Después, me tienen que explicar cómo estando la Generalidad intervenida por órdenes ministeriales -no por leyes, por órdenes ministeriales, las disposiciones de más bajo rango,
solamente faltaba una circular-, cómo estando en ese punto intervenida la Generalidad, se podía defraudar en las cuentas públicas, porque quien visaba los pagos era el Ministerio de Hacienda en Madrid. Es más, cargos que se realizaron con motivo
del referéndum -y ahora acabaré con el referéndum-, y que lógicamente se hace una actividad y se cobra después, con el 155 en vigor, la Administración General del Estado, el Ministerio de Hacienda, los pagó religiosamente, sin poner ninguna objeción
ni tacha.
Después, lo que demuestra el sesgo del Tribunal de Cuentas, que se excede de su nivel económico-financiero y entra en el contenido de la actividad, es que le parecen ilegales determinadas actividades. Es más, tacha de ilegal el referéndum.
El referéndum fue tachado de ilegal por el Tribunal Constitucional el 17 de octubre, es decir, diecisiete días después de haberse celebrado. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas no puede entrar en declarar ilegalidades, el único que puede declarar
ilegalidades a este nivel es el Tribunal Constitucional, y hasta que el Tribunal Constitucional no lo declara no se ha producido esa ilegalidad. Ya estamos un poco hartos, dolorosamente hartos, de que instituciones que no tienen la competencia,
porque no la pueden tener, de declarar la ilegalidad de determinadas actividades, la declaren alegremente: los letrados de las Cortes, el Tribunal de Cuentas, aquí todo el mundo puede decir que esto es ilegal, que es inconstitucional. No, perdón,
en el Estado constitucional español, si ese es el que tenemos, el único que declara que algo es inconstitucional es el Tribunal Constitucional, nadie más. Competencia exclusiva y excluyente. Ni siquiera lo pueden hacer los jueces ordinarios, ni
siquiera pueden declarar la inconstitucionalidad los jueces ordinarios.
Por lo tanto, lo que les pediría -acabo, señor presidente- es un poco de contención, que reflexionen y que hagan un poquito examen de conciencia, si este informe casa con lo que tiene que ser un Tribunal de Cuentas en un Estado social y
democrático de derecho.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta, una vez más por la comparecencia en el día de hoy.
El cuerpo me pide hablar en la lengua en la que pienso, rezo, cuento y hablo, pero haré como el señor diputado, compañero de Esquerra Republicana, que ha hablado en la lengua común de todos los españoles, supongo que porque tiene necesidad
de que se le entienda y de no hacer equilibrios extraños con cosas importantes.
Esto es lo que se desprende de este informe del Tribunal de Cuentas, que nos viene a poner alguna cifra a lo que todos sabíamos, a la absoluta deslealtad desde el propio Estado para con el Estado y para con España. Nos viene a poner cifras
y algunas actuaciones -pocas, entiendo que pocas- de todo lo que sufrimos los catalanes, las familias catalanas, impulsados por un pequeño colectivo que fue creciendo a través de las ilusorias promesas de unos dirigentes que perdieron el norte y la
noción de la realidad. Este informe viene a salpicarnos de algunas cifras de algo que nosotros venimos denunciando, efectivamente, ya desde los años 2012, 2013, 2014 y 2015, y que, en algún momento, como se ha dicho, el ministro Montoro no supo
atajar bien ni controlar con la debida insistencia y con la debida obligación de controlar las cuentas públicas.
La estafa monumental que han hecho los nacionalistas y los separatistas catalanes en nuestra tierra a los catalanes no solo asciende a los 417 millones de euros que han ido destinados a los delirios separatistas, sino que asciende a todo un
artilugio de dinero y de recursos públicos que, efectivamente, han ido destinados a la deslealtad de parte del Estado, que era la Generalitat, para con el Estado y para con los españoles; la misma Generalitat que renunció a defender a esos
catalanes y a defender a Cataluña para que fuéramos el motor de España; la misma Generalitat que, abducida por unos sueños -insisto- ilusorios, estafó a todos los catalanes y, por ende, a los españoles.
Ya no hablamos de las limitaciones al alcance porque, efectivamente, el sistema de archivo y custodia de la documentación era irregular, obviamente; que incumplía las normas mínimas que permiten un control eficiente y racional del gasto
público, por supuesto; que el importe total al que se refiere el Tribunal de Cuentas habla de 417 millones, con algunas carencias de otros gastos que no se especifican y que rondamos cerca de los 500 millones de euros utilizados -insisto- en la
deslealtad de parte del Estado para con el Estado, para con España, para con los españoles y para con los catalanes a través de entidades sectoriales como la Agencia para la Competitividad de la Empresa, con 77 millones, por ejemplo, en el año 2017;
con el Instituto Ramon Llull, con un total de 64 795 000; con el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, con 1 200 000 euros; con los centros de promoción turística, con cerca de 11 900 000 euros; con la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo, con cerca de 16 800 000 euros y -no se lo pierdan- con la Casa de la Generalitat en Perpiñán, con medio millón de euros.
Lo que teníamos que hacer con todo esto, con todas estas delegaciones que se han comportado de forma desleal, es lo que se acordó en el Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, en aplicación de las medidas adoptadas por el Senado por el
artículo 155 de la Constitución: disolver todas estas llamadas embajadas falsas, porque así se llaman por parte de los nacionalistas e independentistas catalanes. Nada tienen que ver con la promoción, ni mercantil, ni de las empresas, ni de
Cataluña, y, como bien sabemos todos, salieron corriendo de esta.
Termino, señor presidente. En definitiva, este informe señala lo que nosotros denunciamos, que hay que cerrar estas falsas embajadas del separatismo catalán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Entrena.
El señor ENTRENA ÁVILA: Muy buenos días, señor presidente.
Señora presidenta del Tribunal de Cuentas, en primer lugar, mostraré mi reconocimiento por el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas en este caso, a pesar de que, tal y como dice el informe, la documentación requerida no se ha
presentado en su totalidad y a veces se ha presentado de manera desordenada, lo que ha dificultado los trabajos que estaba llevando a cabo el propio tribunal.
Sería imposible entrar a valorar todas las entidades y organismos que componían lo que se puede llamar la política exterior de la Generalitat porque el informe es muy extenso, se toca de manera muy precisa todos esos asuntos y,
evidentemente, es imposible analizarlo de manera completa. El informe contiene un amplio catálogo de acciones llamémoslas incorrectas o irregulares, cuya definición de estas acciones creo que debemos aprovechar para hacer propuestas de mejora en
los mecanismos y procedimientos de acción para que las políticas competencia de la comunidad autónoma, a saber, la proyección en el exterior de Cataluña y la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña, no se desvirtúen, como
tristemente ha ocurrido en gran parte del periodo analizado.
La Generalitat ha dedicado importantes recursos económicos a la promoción, búsqueda de alianzas, desarrollo de campañas y un largo etcétera que han tenido por objeto no el desarrollo de sus competencias antes enumeradas, sino exportar,
internacionalizar o legitimar el proceso iniciado en Cataluña basado en el derecho a decidir. Queda claro que la comunidad autónoma no tenía la competencia y se han dedicado recursos públicos que bien hubieran encontrado un mayor acomodo en otras
partidas de gasto en Cataluña como la educación, la sanidad o las infraestructuras, que bien seguro hubieran contribuido a mantener Cataluña como lo que fue, la comunidad autónoma motor de nuestro país. Cataluña lleva diez años perdiendo liderazgo
y oportunidades. El pasado domingo 12 de mayo, los catalanes votaron pasar página y estoy convencido de que con Salvador Illa se abrirá una nueva etapa.
El informe realizado también tiene un amplio análisis de la forma y procedimientos que se han aplicado en el uso de los recursos públicos, señalando irregularidades en materia de contratación de personal, expedientes de contratación de
bienes y servicios, falta de control del gasto por carecer estos de intervención previa o por carecer algunas instituciones u organismos analizados de personal con responsabilidad en la secretaría, intervención y custodia de los expedientes que se
generaban. La no competencia de la Generalitat en muchas de las acciones realizadas entiendo que puede ser discutible, y la falta de control señalada anteriormente, desde mi punto de vista, son los principales elementos del informe y sobre los que
habría que desarrollar normativas, protocolos de funcionamiento y dotación de personal que asuma la responsabilidad de que las cosas se hagan bien, o sea, que se hagan conforme a la legislación vigente, ni más ni menos.
Tal y como se recoge en el documento de recomendaciones, y aunque el Tribunal Constitucional ha generado suficiente jurisprudencia, como dice, sobre los ámbitos de actuación del Estado y de las comunidades autónomas, sería recomendable que
el Gobierno de España en el ejercicio de su función directiva de la política exterior regule el procedimiento para que las comunidades autónomas puedan manifestar sus necesidades de acción exterior y, asimismo, que el Gobierno de la nación
establezca los sistemas y procedimientos a través de los cuales se hagan efectivas sus competencias de coordinación y dirección de la acción exterior, así como la participación de las comunidades autónomas en la valoración y control del ejercicio de
esta función en lo que respecta a las competencias de estas; en resumen, trabajar de manera coordinada y con lealtad entre todas las instituciones.
He de señalar también, como he comentado antes, que todas las instituciones y entidades deben tener regulados con mayor precisión la organización, estructura, funcionamiento, régimen jurídico, económico, financiero, presupuestario y el
régimen retributivo de su personal, y se doten de personal responsable de contratación e intervención, gestión de personal y custodia de archivos. Con estas medidas se evitarían gran parte de las acciones que se han detectado como irregulares en
este informe.
Para terminar, respecto al informe de fiscalización de la segunda parte de este bloque...
El señor PRESIDENTE: Señor Entrena, debe acabar.
El señor ENTRENA ÁVILA: ... a las comunidades autónomas de Cantabria y de Extremadura, valoramos positivamente las propuestas de mejora que se hace por parte del Tribunal de Cuentas, que, al fin y al cabo, son que exista el plan anual de
prevención, en este caso en la Comunidad de Cantabria, y que se aplique lo dispuesto en la Ley de Montes en las dos comunidades, tanto en Cantabria como en Extremadura, en la confección del mencionado plan anual de prevención.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Entrena.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez Serra.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Gracias, presidente.
Presidenta, este informe que estamos debatiendo en la sesión de hoy tenía un interés específico cuando se solicitó por el Partido Popular. Fue una iniciativa del Congreso, efectivamente, a propuesta del Partido Popular y defendida por el
diputado Jordi Roca en diciembre de 2017. Por cierto, prosperó gracias al apoyo del Partido Socialista, el mismo que durante cinco años ha impedido que viéramos este informe en esta Comisión. Pero el interés que tenía, efectivamente, ese informe
era determinar cómo se utilizaban los recursos destinados a la acción exterior por parte de la Generalitat de Catalunya. Y, ciertamente, en el informe se analizan numerosas entidades con acción internacional, pero hay tres o cuatro que son
verdaderamente el núcleo donde se produce el gasto, la secretaría y posterior Departamento de Acción Exterior, las quince delegaciones políticas en el exterior y un consorcio, que pasa desapercibido y que se llama Diplocat. Y la intervención de las
cuentas de la Generalitat es sobre la propia Administración de la Generalitat, no sobre las entidades de la Administración de la Generalitat. Y ahí están las delegaciones en el exterior y ahí está el Diplocat, que son los que, efectivamente,
incurren en estos hechos que se describen en el informe. Diplocat ha tenido una actividad seguramente más propia de un servicio secreto de la antigua Unión Soviética que de una institución de un Estado democrático.
El resto de las entidades cumplen, con deficiencias, pero cumplen sus funciones sectoriales. Podemos excepcionar el que esas entidades culturales, de empresas, de turismo, cedieron sus locales para el referéndum ilegal o, incluso, un desvío
de fondos de cooperación al desarrollo, precisamente, para financiar el Diplocat.
No están en duda las competencias autonómicas en proyección exterior, sí lo están las relaciones internacionales que pretenden incidir en la política exterior y, sobre todo, interior del Estado. Y en el informe se evidencian actividades al
margen del ámbito competencial que interfieren y condicionan la política exterior del Estado. Son actividades de promoción del proceso de independencia y el uso de más de 100 millones de euros de fondos públicos para dicho propósito. En los
escasos documentos de planificación que han sido facilitados por el tribunal no se esconde que el objetivo de la acción exterior no es la proyección exterior de la comunidad, sino hacer posible la independencia de Cataluña. Se ha hablado ya de los
viajes del president y de los consellers, hasta cuarenta y cinco viajes documentados, con un coste de más de 480 000 euros con el propósito de difundir el proceso soberanista. Existían quince
delegaciones políticas en el exterior y más de cincuenta oficinas y, por cierto, cuatro de estas delegaciones ya operaban desde el año 2008, cuando el Partido Socialista estaba en el Govern de la Generalitat. Hoy vuelve a haber veintiuna
nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior.
En relación con las delegaciones, el informe concluye una serie de cosas que yo creo que vale la pena ilustrar. Si solo se leen pasajes del informe, seguramente pasa desapercibido, pero si se lee enterito, se visualiza perfectamente:
profusión normativa que genera confusión, deficiente planificación, continua modificación de funciones, extralimitación de competencias, relaciones ilegales con partidos políticos y sindicatos extranjeros, asunción de funciones públicas sin
funcionarios públicos, nombramientos de delegados y trabajadores de forma arbitraria, ocultación de los gastos de personal, inadecuada presupuestación, deficiente previsión de recursos, inexistente programación de actividades, ausencia de memoria de
actividades, ausencia de explicación del objeto de los gastos, ausencia de control financiero. Eso sí recibían y replicaban religiosamente los argumentarios sobre el proceso de autodeterminación que les transmitían. En contratos superiores de más
de 18 000 euros se incumplen de forma sistemática y generalizada las normas de contratación con ausencia de presupuesto, de aprobación del gasto, de pliego de prescripciones técnicas, de procedimiento de contratación, de criterios de selección, de
aprobación de expediente, de publicación de licitación, sin ofertas, sin adjudicación, sin contrato. Es que cualquier economía doméstica es más escrupulosa en sus gastos que las delegaciones del Govern de la Generalitat en el exterior. Citaré
algunos ejemplos. Un contrato a dedo -se ha citado por parte de la presidenta- de 339 000 euros entre dos delegaciones, la de Ginebra y la de Bruselas, a una entidad holandesa para que se hiciera cargo de los gastos y honorarios de los observadores
electorales que nos dijeron que no cobraban.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, debe ir acabando.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Termino, presidente.
No cobraban directamente, cobraban a través de una entidad.
Deslealtad con España y con los propios catalanes, mentiras y malversación, ¿y no hay que exigir responsabilidades? Desvío de fondos públicos en apoyo de sus tesis independentistas, literal del voto particular al que ustedes tanto énfasis
le han puesto, desvío de fondos públicos en apoyo de sus tesis independentistas, el voto particular que ustedes...
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Y acabo.
He de reconocer que durante el análisis de este informe no he sentido sonrojo, lo hubiera sentido si hubiera leído solo unos pasajes, pero he sentido vergüenza como catalán, vergüenza; como español, he sentido...
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, debe ir acabando.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: ... como español, he sentido indignación. Y ahora va el Partido Socialista y los amnistía por siete votos y un sillón. ¡Qué indignidad! (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder al conjunto de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Realmente, poco tengo que responder. Todos ustedes han hecho sus valoraciones sobre el informe. Solamente quiero decirles que el Tribunal no declara la inconstitucionalidad y la nulidad del referéndum, sino la sentencia del Constitucional,
que es de 2017 y el informe es de 2019. Lo más que puede hacer el tribunal es hacerse eco de una sentencia del Constitucional. Dicho eso, me gustaría, como otras veces, que todo el mundo esté más o menos conforme con la actuación del tribunal,
pero, realmente, nos sitúa dónde el tribunal debe estar y es cumpliendo con las normas que tenemos que cumplir, cumpliendo con los mandatos que tenemos asignados por ley. Este informe, como ustedes saben y como se ha repetido, es un informe que se
hizo a petición de las Cámaras y, seguramente, las discrepancias son de un orden que excede al propio informe. Por tanto, mucho más no tengo que decir. Suscribo el contenido de este informe, como el de todos los informes que se aprueban por el
Pleno. Como todos ustedes saben, los órganos colegiados funcionan con mayoría, independientemente de que haya o no votos particulares. Y después, todo el contenido que se cuestiona, como ustedes saben, está viéndose en otras instancias y
ya se tendrá conocimiento de cómo va quedando.
Simplemente, voy a agradecerle al señor Entrena del PSOE que haya hecho una referencia al pequeñito informe de Extremadura, porque les aseguro que es una iniciativa con la que el tribunal está intentando acercar determinadas actuaciones
políticas a los momentos. Sé que, al lado del otro informe, ese informe no les ha hecho a ustedes mucho impacto, pero les aseguro que, realmente, pretende aportar modernidad, en el sentido de que son informes que hacemos en cuatro meses, y cercanía
en el tiempo a las actuaciones públicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000065 y número de
expediente del Senado 771/000065).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO VINCULADOS A LAS POLÍTICAS DE GASTO 13 'SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS', 31 'SANIDAD' Y 32 'EDUCACIÓN', EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR
EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000087 y número de expediente del Senado 771/000085).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 261O 'ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN', EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000091 y número de expediente del Senado 771/000089).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000094 y número de expediente del Senado 771/000092).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES QUE GESTIONAN EL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS EN AUTOBÚS, EN LOS MUNICIPIOS CON MÁS DE 300 000 HABITANTES, EJERCICIO 2021.
PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000096 y número de expediente del Senado 771/000094).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia del Bloque II. Informe de fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el ejercicio 2021. Informe de fiscalización de los contratos de la
Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto 13, seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias; 31, sanidad, y 32, educación. Informe de fiscalización de la contratación, celebrada en ejecución del programa 261O,
ordenación y fomento de la edificación, ejercicio 2021. Informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control propio, ejercicio 2021. Y, además, el informe de fiscalización de los
contratos adjudicados por las sociedades mercantiles municipales que gestiona el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús, en los municipios con más de 300 000 habitantes, del ejercicio 2021
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
Estos informes tienen un elemento común que me permite hacer una explicación conjunta de los mismos. Estos cinco informes fueron aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre
de 2023, a excepción del primero de ellos, que fue aprobado el 29 de junio de ese mismo año, y las cinco fiscalizaciones han sido realizadas a iniciativa del tribunal, ya que los contratos constituyen objetivo preferente en la actividad
fiscalizadora del tribunal.
El ámbito subjetivo -lo han visto por la lectura del presidente- es variado, y se extiende a una parte significativa de las administraciones territoriales y sociedades vinculadas. Se han analizado para estos resultados el INSS; los
ministerios de Interior, Sanidad y Educación y, en su caso, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en relación con las políticas de gasto número 13; la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura en ejecución del programa de gasto 261O,
ordenación y fomento de la licitación; comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo, a saber Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia, más Ceuta y Melilla, además de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que en aquellos momentos no
tenía en pleno funcionamiento su órgano de control externo; las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, que gestionan directamente el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en los municipios de más de 300 000
habitantes, a saber, sociedades municipales de Córdoba, Málaga, Madrid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla. En todos los casos nos encontramos ante fiscalizaciones de cumplimiento, en algunos de ellos operativas, cuyo ámbito objetivo ha
sido la contratación celebrada por las entidades citadas durante el ejercicio 2021, así como contratos adjudicados con anterioridad, pero ejecutados en 2020.
Los objetivos han sido el análisis del cumplimiento de la obligación de rendición de expedientes y demás información contractual al Tribunal de Cuentas y la verificación de la legalidad de las fases de preparación, adjudicación,
formalización y ejecución de los contratos. Como excepción, la fiscalización relativa a las sociedades municipales se ha centrado en la fiscalización de las fases de preparación y adjudicación, por los efectos que tuvo el cambio normativo que
supuso la entrada en vigor de la normativa europea contractual para ese tipo de entidades. En el caso de la fiscalización del programa 261O, ordenación de la edificación, la fiscalización incluye el análisis del grado de cumplimiento de los
objetivos del programa presupuestario y las medidas adoptadas para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 8 y 11. Igualmente, se ha analizado el cumplimiento de las prescripciones en aquello que pudiera tener relación con el
objeto de las actuaciones en materias de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
En algunos informes se incluye también el seguimiento de las recomendaciones recogidas en anteriores informes de fiscalización y resoluciones de esta Comisión mixta. Realmente, se ha hecho seguimiento de recomendaciones en todos, salvo en
el programa 261, que no tenía informe previo, y en el de sociedades mercantiles locales. En total, se han analizado 483 contratos de un total de más de 2900, lo que representa el 17 % del total celebrado. El importe adjudicado fiscalizado asciende
a casi 4500 millones de euros de un total adjudicado de aproximadamente 5900 millones de euros, o sea, que se ha fiscalizado aproximadamente un 74 % del importe total adjudicado.
En relación con el cumplimiento de la obligación de remisión de la información contractual al Tribunal de Cuentas, se ha observado que, en general, las entidades del sector público estatal han remitido sus relaciones certificadas de
contratos en 2021. En el ámbito autonómico, el cumplimiento ha sido de un 72 %.
Con relación a la obligación de remisión de los extractos de los expedientes contractuales una vez producida su formalización o modificación, se han detectado deficiencias en la mayoría de los informes, fundamentalmente referidas a
remisiones extemporáneas o falta de remisión en un 22 % de los expedientes. No hay deficiencias en el INSS ni en la sociedad mercantil sevillana.
Sobre el control de la fase de preparación, los informes recogen algunas deficiencias, siendo la más recurrente la insuficiente motivación de la justificación de la no división en lotes del objeto del contrato. Además, en el ámbito
autonómico, se destaca la existencia de incidencias relativas a la utilización de pliegos genéricos, que no han sido debidamente adaptados a las particularidades de cada contrato. La insuficiente justificación de la necesidad de contratar afecta al
15 % de la muestra. La ausencia o deficiente justificación recogida en los informes e insuficiencia de medios afecta a más del 20 % de la muestra de contratos. Las sociedades municipales, sin embargo, cumplen estos dos aspectos. También se
destaca que en general se ha cumplido con la obligación de inclusión en los pliegos contractuales de criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental o social.
El análisis de las fases de adjudicación, formalización y publicidad ha puesto de manifiesto deficiencias en algunos informes, como son la formalización -ya lo he dicho- extemporánea o la existencia de defectos en la publicidad, que afecta a
los anuncios de adjudicación o a la formalización en la plataforma de la contratación correspondiente y, en su caso, de los diarios oficiales.
Los informes recogen deficiencias de diverso tipo en relación con el control de la ejecución y el cumplimiento relativas, entre otros, a defectos en la facturación y certificaciones de conformidad, a retrasos en el abono de la factura, lo
que deriva en abono de intereses de demora, o a retrasos en el cumplimiento de los contratos. En relación con los retrasos de los cumplimientos, los informes recogen, por ejemplo, en los relativos al INSS, casos de aplicación de penalidades
económicas en las que no se cumplió con el plazo establecido. En dos expedientes se aplicaron penalidades por importe de 14 700 euros, si bien hay otros expedientes en los que la entidad asegura haberlas aplicado, pero no ha remitido la
documentación justificativa oportuna.
Los informes relativos al programa de gasto 261 y a la Administración autonómica incluyen deficiencias como modificaciones, suspensiones y retrasos, que provocaron incrementos de precios y demoras en la puesta en servicio de las obras. En
muchos casos, estas incidencias tienen su origen en defectos en la planificación o en una deficiente relación con otras administraciones, por ejemplo, en los casos en que no se dispone de licencias administrativas correspondientes.
Del análisis recogido en el informe del programa presupuestario 261 sobre las subcontrataciones en los contratos de obras, se destaca la ausencia de control de estas subcontrataciones o la inclusión irregular de cláusulas eximentes de la
obligación de comunicar por escrito ese tipo de decisiones al órgano de contratación. Algunos informes incluyen un análisis de la contratación menor, en los que se mencionan casos en los que no se ha justificado convenientemente el recurso de esta
forma de contratación o la inadecuada justificación de la falta de petición de ofertas. El informe relativo al programa 261 incluye, asimismo, un análisis de la gestión presupuestaria, señalando que solo se ha cumplido uno de los tres indicadores
de seguimiento.
En relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por la Dirección General de Agenda Urbana, se concluye que no se han llevado a cabo actuaciones ni análisis sobre el impacto o el avance de su consecución.
En materia de transparencia, se observan deficiencias de las sociedades municipales, aunque se constata un cumplimiento generalizado de las obligaciones de transparencia. Los principales datos relativos a la actividad contractual se
publican en las respectivas plataformas de contratación, si bien algunos informes constatan la falta de publicación de los planes anuales.
Sobre sostenibilidad ambiental e igualdad, los informes relativos al INSS y a la Dirección General de Agenda Urbana identifican como buenas prácticas la inclusión de criterios objetivos de adjudicación o condiciones especiales de ejecución
dirigidas a fomentar la igualdad en el trabajo, así como de carácter medioambiental, por ejemplo, aquellas relacionadas con gestión de residuos, promoción de reciclado de productos, reducción de consumo energético o utilización de productos
respetuosos con el medio ambiente.
Respecto al seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores y resoluciones de esta Comisión, de las treinta y cinco que figuran en los informes, quince están cumplidas íntegramente, doce parcialmente, una en curso de cumplimiento,
cuatro han sido incumplidas y tres no han podido ser valoradas o han quedado superadas por modificaciones normativas posteriores. Como conclusión final, se puede destacar que, en general, la contratación de las entidades fiscalizadas se ha ajustado
a la legalidad, aunque se siguen detectando deficiencias, que han sido recogidas en los informes.
Respecto al programa 269, el Tribunal de Cuentas concluye que, si bien existen aspectos que mejorar en la ejecución de este programa presupuestario, el mismo es relevante y merece una dotación de medios necesarios para su correcta
realización.
El informe recoge recomendaciones dirigidas al INSS en las que se le sugiere motivar de manera concreta en los expedientes de contratación la justificación de la elección de los criterios objetivos de adjudicación y su ponderación, impulsar
la acción de medidas necesarias dirigidas a la mejora en el diseño y justificación de los criterios objetivos de adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución, estableciendo indicadores de seguimiento suficientes que permitan verificar
la eficacia de su cumplimiento.
Tengo que decirles que a partir de ahora, dado que he podido deducir que muchos entienden que la actividad del tribunal está referida exclusivamente al ámbito económico-financiero, y teniendo en cuenta que no solamente nosotros, sino todos
los tribunales están iniciándose en la fiscalización y en la evaluación de políticas públicas, estamos incluyendo en los informes, como recomendación, el establecimiento de indicadores que permitan un seguimiento de los mismos para poder tener la
posibilidad de verificar la eficacia de su cumplimiento.
Otras recomendaciones de este informe se dirigen a otros órganos de contratación a los que hemos hecho referencia, como la inclusión de cláusulas de revisión de precios en los contratos de elevado importe y de duración larga -más de
veinticuatro meses o veinticuatro meses prorrogables- o la adopción de procedimientos que permitan realizar un seguimiento adecuado del pago de la factura, evitando incurrir en intereses de demora.
A la Dirección General de Hacienda Urbana se le recomienda un mayor rigor en la planificación y preparación de los contratos de obra y la limitación del recurso de la contratación menor a casos extraordinarios para la cobertura de
necesidades urgentes y de escasa cuantía.
A los órganos de contratación de comunidades y ciudades autónomas, se les recomienda garantizar el envío de la documentación imprescindible al Tribunal de Cuentas; a los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas que incorporen al
portal de transparencia todas las entidades que integran sus sectores públicos; y a las consejerías autonómicas el establecimiento de criterios para la inclusión en los pliegos, siempre que sea posible, de condiciones especiales de ejecución.
En cuanto a las sociedades municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en autobús, que publiquen su perfil de contratante, un programa comprensivo de la totalidad de la actividad contractual prevista en cada
ejercicio -un plan anual de contratación- o definir criterios de adjudicación que permitan evaluar competitivamente el nivel de rendimiento de las ofertas.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez Alonso-Muñumer.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas por su exposición y por su presencia en esta Comisión. En este bloque revisamos cinco informes en los que encontramos dos denominadores comunes: el primero, el incumplimiento del
requisito de envío de información, y el segundo, la falta de transparencia.
En el informe sobre contratación celebrada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, vemos que el alcance de la revisión ha sido del 29,64 % de los contratos y del 79,23 % del importe, un alcance que creo que es bastante adecuado.
Con ese alcance nos preocupa, sobre la base de las recomendaciones y las conclusiones de su informe, la falta de transparencia y de respeto a las normas que supone que no conste en el expediente, en los contratos en los que el Instituto Nacional de
la Seguridad Social utilizó el procedimiento de adjudicación con una pluralidad de criterios de adjudicación, la justificación de la elección de dichos criterios y su ponderación. Preocupa que en el 16,67 % de los expedientes fiscalizados no
aparecen publicados en la plataforma de contratos del sector público algunos de los documentos contractuales que resultan obligatorios, y preocupa que en un 42,4 % de los expedientes fiscalizados la motivación formal de la no división en lotes del
objeto de los contratos es insuficiente. Por ello, consideramos muy importante la recomendación cuarta, que menciona que el Instituto Nacional de la Seguridad Social debería incrementar los controles internos necesarios en aras de favorecer la
máxima transparencia y publicidad de su actividad contractual.
En el informe sobre los contratos vinculados a las políticas de gasto números 13, 31 y 32, el alcance no me parece muy alto, ya que solo se revisaron contratos por 3,2 millones de euros de un total de 3714 millones de euros. De las
veintitrés recomendaciones de informes de años anteriores, más de la mitad se han cumplido parcialmente; creo que cumplir parcialmente no es suficiente y se debe exigir el cumplimiento total. Me parece significativo que solo se haya cumplido
parcialmente la recomendación de cumplir con las obligaciones de publicidad y transparencia que rigen los contratos del sector público. Hay que requerir que este cumplimiento sea total, no parcial.
En las recomendaciones de este año, es significativo ver cómo se repite la recomendación de adoptar procedimientos que permitan realizar un seguimiento adecuado del pago de las facturas, evitando incurrir en intereses de demora. Y es que
las políticas socialistas siempre tienen como consecuencia dedicar ingentes cantidades de dinero a pagar deuda generada por una gestión ineficiente de las cuentas públicas, ineficiencia que ha dado lugar a una deuda que se sitúa en 1,6 billones de
euros -billones con be-, y un gasto en intereses que se situará en torno a los 40 000 millones de euros en el año 2024. Recordemos que el importe que se dedica al pago de intereses no se dedica a hacer frente a otros gastos más necesarios.
Otra recomendación interesante es la que propugna establecer sistemas y procedimientos que permitan controlar la correcta y completa ejecución del contrato en atención a los pliegos y a las ofertas realizadas y, en su caso, imponer las
penalidades que procedan.
Informes sobre fiscalización de contratos municipales vinculados al transporte. Se ha fiscalizado en este caso un alcance bastante amplio, el 75,2 % del importe. Parece también adecuado, pero nos llama la atención que en un 21,95 % del
total de expedientes no se justifica que para determinar el presupuesto base de licitación se haya atendido al precio general del mercado. Si no se atiende al precio general del mercado, no sé a qué precio se atiende. También el elevado porcentaje
de las deficiencias -un 31,61 % en la determinación de los criterios de solvencia en los expedientes- y que en seis de ellos tramitados por la EMT de Madrid, Valencia, Palma, Guaguas y Tusan no conste la justificación de los criterios elegidos me
parece una vergüenza. También que en un 34,15 % de los contratos examinados la formalización se realizó fuera de los plazos legales; volvemos a encontrar a la EMT de Madrid y a la de Palma. También que ninguna de las entidades fiscalizadas
publica en sus respectivos portales de transparencia toda la información exigida; vemos falta de transparencia.
Siguiente informe: fiscalización de los contratos de comunidades autónomas sin órganos de fiscalización externos. Me han llamado la atención una serie de contratos que muestran las prioridades de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo
-este informe da para una sesión de intervenciones de más de media hora-, Melilla: 4,7 millones para la guardia y atención integral a menores extranjeros no acompañados; 1,6 millones más que los destinados a ayuda a domicilio de las personas
mayores o con discapacidad; es curioso. Extremadura: 2,7 millones de euros para la compra de vehículos oficiales. Castilla-La Mancha: tan solo 270 776 euros para la prestación de servicios de atención residencial para mayores. Las prioridades
están bastante claras. Hay que destacar que Castilla-La Mancha y La Rioja son las dos comunidades autónomas en las que más se registraron incumplimientos de las recomendaciones de años anteriores. Y también es importante la conclusión, que habla
de que, de los 201 expedientes analizados, 115 han presentado incidencias en relación con la preparación y tramitación de los contratos, en su mayor parte consistentes en no justificar adecuadamente la necesidad de la contratación pública, repito:
no justificar adecuadamente la necesidad de la contratación pública. Es una verdadera falta de respeto a los ciudadanos y da a entender lo que para algunos significa el servicio público.
Finalmente, el informe sobre los contratos para el fomento de la edificación. Ahí quiero simplemente destacar la recomendación seis, que menciona que se debería limitar el recurso a la contratación menor a casos extraordinarios para la
cobertura de necesidades urgentes y de escasa cuantía que requieran una gestión ágil. Estamos absolutamente de acuerdo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Sáez Alonso-Muñumer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré Aregall.
El señor PARÉ AREGALL: Buenos días. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas y el trabajo que se hace en esta institución que, lógicamente, como grupo, respetamos. Consideramos que estos cinco informes, que la
mayoría tienen una formación muy parecida, son buenos elementos para tener en consideración. Al final, a los que creemos en los servicios públicos y en la política y, en definitiva, en lo que se puede contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía
desde estas instituciones, estos informes nos aportan datos y elementos de mejora.
Hay un primer elemento que es común, que está más vinculado al tema legal, elemento que lógicamente debe preocuparnos y que, a partir de la ley de contratos, nos vincula en la mayoría de estos informes, son temas que debemos tener en cuenta.
Siguiendo el mismo hilo de la ley de contratos, lógicamente, establece los elementos propios desde la preparación, adjudicación y elementos muy vinculados precisamente a conseguir destinar recursos públicos y a optimizar los recursos en
trasladar estos servicios a la ciudadanía. Luego está el seguimiento de la ejecución, el cumplimiento y también al pago, porque también hay elementos que ponen énfasis precisamente en controles de cómo se está pagando y, a partir de aquí, hay
elementos que debemos tener en cuenta. No es menor, pero las conclusiones finales aportan elementos que se deben ir incorporando, elementos que cada vez están más presentes en los pliegos, pero que lógicamente los debemos considerar propios, que
son los que facilitan y promueven la transparencia y, en definitiva, la no discriminación; elementos que van vinculados a la sostenibilidad y a la igualdad de género, elementos que, lógicamente, consideramos propios y con los que estamos
completamente de acuerdo.
Nos ha gustado mucho y queremos poner en valor que en la mayoría de informes había unas conclusiones relativas al seguimiento de las recomendaciones formuladas con anterioridad, ya que
consideramos que, si se hace un trabajo en Comisión, si se hacen propuestas, se puede hacer el seguimiento de lo que se está implementando y de lo que no, lo que contribuye a poner en valor el trabajo que se hace en esta Comisión y, como
decíamos, en la institución que hoy nos acompaña. En este sentido, lógicamente, hacemos una valoración positiva de la mayoría de consecuciones que se muestran.
En el segundo informe, ya más centrado en seguridad ciudadana, sanidad y educación, cuando queremos poner en valor la justicia social, la importancia de los servicios públicos, hablar de políticas de gasto en estos ámbitos es hablar de
políticas socialistas. En la cuenta general ya pudimos mencionar que precisamente en el año 2021, el 32,5 % del PIB, según Eurostat, se dedicó a estas políticas sociales, a diferencia del último año del Gobierno popular, el año 2017, que fue un
26,7 %. Así que aprovechamos para mostrar el orgullo de estos resultados en unos momentos muy complejos, y se pone en valor que la política social puede repercutir a favor de la gente más vulnerable y, en definitiva, establecer escudos sociales
para garantizar un buen desarrollo social y mejorar la convivencia.
Un mismo tema encontramos en el tercer informe, la Agenda Urbana, que aborda estrategias y acciones hacia el 2030; en definitiva, concienciar y mejorar la aplicación de estos principios. Hace énfasis en objetivos de desarrollo sostenible,
concretamente el 8, vinculado al trabajo decente y al crecimiento económico, y también al 11 que, al final, es un tema muy próximo, ya que habla de las ciudades y las comunidades sostenibles; y precisamente queremos poner en valor este hecho.
Respecto a las comunidades que no tienen control externo, a raíz de que Castilla-La Mancha ha creado su propio control externo, no sé si el tribunal nos puede dar su opinión de si las otras comunidades: Cantabria, Extremadura, La Rioja,
Murcia, Ceuta y Melilla como ciudades autónomas, también sería positivo y factible que avanzaran en esta línea, precisamente porque las conclusiones van en la línea de poder mejorar en temas de transparencia, de control, etcétera.
Finalmente, cuando hablamos del transporte colectivo urbano, estamos hablando de municipios de más de 300 000 habitantes, y aquí hay para todos los colores; al final, se trata de evaluar competitivamente y promover que, sin discriminación y
con los análisis de mercado propios, podamos facilitar unas buenas licitaciones y un buen servicio a la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Paré Aregall.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Santiago.
El señor GIL SANTIAGO: Gracias, presidente.
Gracias, señora presidenta, por la exposición del informe, por su presencia en esta Comisión, por la documentación aportada y por sintetizar en poco más de 1300 folios los resultados de la fiscalización de estos cinco informes, que intentaré
comentar de forma más resumida en estos cinco minutos que tengo de tiempo, antes de que me encienda la luz roja la Presidencia.
Valga a modo de resumen inicial y como consideración general de los informes que son de un alto contenido técnico, con poco carácter político, pero que demuestran que la Ley de Contratos del Sector Público pasa sin dejar huella por la
Administración liderada por este Gobierno. No encuentro, por tanto, lugar al orgullo que mostraba el representante del Grupo Socialista hace apenas unos minutos.
En los tres informes referidos a la Administración General del Estado se observan, y en no pocas ocasiones, incumplimientos y seguimiento de dudosa calidad, sin que medie la justificación necesaria para que se produzcan estas omisiones.
Además, son situaciones ya comentadas en sesiones anteriores de esta Comisión, que abundan en una interpretación particular de la legislación y en un continuo proceso de estiramiento, que nunca se acaba de saber con qué intenciones se realiza. Una
vez más, como ya se comentó en la sesión del mes de abril, cabe destacar el uso abusivo, a mi juicio, de la contratación de urgencia y de emergencia, sin una motivación suficiente, en servicios básicos, estructurales y reiterados, que demuestra,
como mínimo -y con una interpretación siempre bien intencionada-, una preocupante falta de planificación en los servicios públicos. Así, no se entiende el uso como puente para la realización de nuevos contratos por finalización de los vigentes en
casos cuya fecha de finalización es conocida con suficiente antelación, probablemente superior incluso a los cuatro meses que cita el informe. Pero menos se entiende aún que se excuse en las dificultades de realización de un proceso sujeto a
regulación armonizada, que nada tenía que ver en este caso, porque por razón del importe quedaba bien lejos del umbral establecido para que fuera preceptivo este procedimiento.
Tampoco se justifica la emergencia en una contratación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del que se da cuenta al Consejo de Ministros -atención- quince meses después del plazo establecido por
la ley. Ni tampoco aquella cuya tramitación se prolonga durante más de cuatro meses -curiosa emergencia también la de este caso- por la cantidad de subsanaciones, modificaciones y dilatación en las formalizaciones, que inutilizan el
procedimiento hasta dejarlo en una repercusión inferior al 1 % de lo inicialmente previsto. Suena, como ya he dicho y en el mejor de los casos, a falta de planificación, por no querer ni pensar que el uso de estos procedimientos pretendía eludir el
preceptivo control previo de estos contratos. Al final, y disculpen el apunte, hay tantas cosas que llaman la atención en lo que se refiere a la contratación por la Administración sanitaria en este periodo que es de agradecer al tribunal el reflejo
en sus informes de todas estas irregularidades y deficiencias en la contratación.
Siguiendo en esta línea, no queda atrás la falta de seguimiento del artículo 99.3 de la ley de contratos en lo que se refiere a la división en lotes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que ya ha mencionado usted en su
exposición. A juicio del informe, se olvidan casi la mitad de los contratos fiscalizados sin justificación válida alguna, incluso en aquellos casos en los que se requiere la participación de empresas especializadas en alguna de las actividades,
como sería el caso de las desinfección, desinsectación y desratización. Con ello, no hay duda de que se condiciona el libre acceso a la contratación y se reduce la participación en las correspondientes licitaciones, mermando la capacidad de otros
licitantes para acceder a las ofertas contratadas. Pero especialmente llamativo resulta -y dice mucho del talante del licitador- que el establecimiento de condiciones especiales de ejecución pase por el mero cumplimiento de la legalidad vigente.
El seguimiento ajustado de la ley no puede ser nunca una condición especial. Establecer como condiciones especiales el cumplimiento de los convenios, los derechos de los trabajadores, las obligaciones salariales derivadas del contrato o el
cumplimiento de la legislación sobre riesgos laborables no es permisible en un procedimiento de contratación que pretende aportar una mínima dosis de seriedad. El seguimiento ajustado a la legislación forma parte estructural en un Estado de derecho
y debe ser obligatorio para todas las empresas, y más aún si cabe para aquellas que pretenden contratar con el Estado, y nunca pueden considerarse condiciones especiales en ese proceso de contratación.
Y seguimos con otro clásico: con el uso y el abuso de los contratos menores. No he sido nunca partidario de demonizar una figura que se refleja en la legislación como un procedimiento válido en aquellos casos en que se cumplan las
condiciones requeridas y que agilice los procedimientos, si bien conlleva, es cierto, cierta restricción de la libre concurrencia. Sin embargo, a diferencia del criterio del tribunal que limita su uso -y cito textualmente- a casos extraordinarios y
de importe poco significativo, es destacable su uso por el programa de ordenación y fomento de la edificación en contratos que ascienden -IVA excluido- a importes de 14 500, 14 900, 14 950 e incluso 14 995 euros. Por la exactitud de los importes y
por el extremo ajuste a los márgenes legales para los contratos menores, debió ser el peso de un platero quien estableció estas cuantías tan ajustadas a los 15 000 euros, que suponen ese máximo legal permitido, lo que genera muchas dudas al hacer
creer que se ha ajustado al procedimiento para abreviar su tramitación.
Pero no quiero cerrar mi intervención sin mencionar dos casos concretos que llaman poderosamente la atención y en los que resulta evidente la deficiente gestión de los procedimientos. El primero de ellos se refiere a las obras de la
comisaría de Policía de Torrejón de Ardoz, suspendidas apenas veinticuatro días después de su inicio y con una certificación inferior a 9500 -esta vez sí con IVA incluido- por la aparición -entrecomillo- de una conducción de saneamiento y otra de
canalización de gas que atravesaban la parcela y que, según parece, no fueron detectadas en la elaboración del proyecto ni en la realización de los correspondientes replanteos. Si ya de por sí resulta llamativamente preocupante este extremo, el
contrato no preveía un sistema de revisión de precios que minorara el riesgo del contratista ante una eventual situación de altos índices de inflación, aunque ya sabemos que, a criterio de la ministra del ramo, eso no pasa nunca en España cuando
gobierna el Partido Socialista. Una vez más, se deja al contratista a su suerte por deficiencias en la contratación y por el incumplimiento del deber de responsabilidad que atañe, sin paliativos posibles, a toda acción de Gobierno.
Pero si hay un caso -y con esto termino- que merece especial atención es el contrato de recuperación y puesta en valor del núcleo tradicional de Fuenfría. En este caso, el acta de recepción no se formalizó hasta dieciséis meses después de
la finalización de la obra, según la documentación del expediente fechada en noviembre de 2019, justificando dicha demora en la excepcional situación de emergencia de salud pública que comenzó para este Gobierno y para este país tres meses y medio
después, pasado el 8 de marzo, y en las condiciones climáticas del lugar de emplazamiento, que han
imposibilitado su reconocimiento visual. Ya advierte el tribunal en su informe que no se han especificado cuáles fueron esas condiciones climáticas y no tengo dudas...
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Vaya terminando.
El señor GIL SANTIAGO: ... que no corresponde al tribunal investigar cuáles eran, pero no se conoce en España en lo que va de siglo una situación climatológica adversa que dure casi dieciocho meses y que impida el reconocimiento visual de
una actuación. Probablemente, no fuesen esos los motivos de tan exagerada dilación, por mucho que quiera hacerse creer que el COVID-19 es una excusa de carácter universal y que vale para todo. Una vez más, la realidad supera a la ficción y las
excusas a la buena gestión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Realmente, intervendré para intercambiar alguna opinión con ellos, porque preguntas preguntas no se han realizado.
Al señor Sanz le tengo que decir que o yo le he escuchado mal -seguramente- o ha tenido un error, porque no se han fiscalizado 3,2 millones, sino 3200. O sea, que o yo no le he escuchado bien o quizá usted puede haberse confundido.
En cuanto al grado de cumplimiento de las recomendaciones, le diré que es todo un ejercicio casi de alquimia, porque hay recomendaciones que se hacen que tienen un cumplimiento absolutamente fácil de seguir porque es un hecho concreto, pero
hay otras que son normas y hay otras que son modificaciones en la gestión, por ejemplo, elaborar manuales de procedimiento. Entonces, hemos tenido que idear un sistema que nos permita saber que alguna está pendiente de parte del cumplimiento. Por
ejemplo, un manual de reconocimiento, si se ha iniciado y está en fase de aprobación, entendemos que está cumplida parcialmente porque no está en vigor, pero está empezándose a cumplir. Esas son líneas, ya sabe usted, muy difíciles de definir. Lo
único que sucede es que, seguramente, sea una buena ocasión para que quizá ustedes abunden en sus resoluciones en solicitar un cumplimiento absoluto de lo que les parezca que necesita más grado de cumplimiento. Y, como siempre, le agradezco que
valore los informes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
En cuanto al tema de las comunidades autónomas, ya sabe que es competencia de los propios gobiernos autonómicos dar luz o no a órganos de control externo, pero le aseguro que las que no lo tienen -no sé si alguna vez lo tendrán, pero de
momento no lo tienen- son seguidas escrupulosamente desde el ministerio. Además, vamos a reforzar un poco el tipo de relaciones institucionales con las asambleas de estas cuatro comunidades. Lo que sí que es cierto es que, con el resto de OCEX
-que, además, nos sirven también para dirigir la labor que nosotros ejercitamos con los cuatro más las dos ciudades-, hay una relación fluida y permanente. Está formalmente establecida con dos reuniones de presidentes al año, más múltiples
reuniones de consejeros que se dedican a un tema con los consejeros de los órganos de control externo que se dedican al mismo tema, más una participación constante en temas de formación, de utilización de tecnología... en fin, en montones de temas.
La relación es fluida, buena, fructífera. ¿Que podría ser mejor? Pues le tengo que decir que con dificultad -como no viviéramos juntos-, porque la relación es constante y permanente.
En cuanto al señor Gil, efectivamente, usted ha leído las cosas que ponemos de manifiesto en los informes y que son las mismas que se dan en muchas circunstancias. Y muchas veces decimos las mismas cosas, lo que a nosotros también nos hace
pensar en algunos casos -no en todos los casos que usted ha leído como temas que le han suscitado más preocupación-, cuando es muy reiterativo el incumplimiento o la deficiencia, quizás el problema puede estar en la norma. A veces nos ha pasado que
nos hemos encontrado problemas en la norma y, de hecho, hemos hecho mociones que han resuelto problemas. Siempre decimos por qué siempre esto es un incumplimiento, si lo venimos diciendo sistemáticamente. A veces o está en la norma o está en una
instrucción que tienen al respecto o algo por el estilo. Efectivamente, no son incumplimientos que dan lugar a otro tipo de responsabilidades, pero sí que son deficiencias en el cumplimiento de la normativa. Eso ahí queda dicho. Yo le agradezco
fundamentalmente una cosa, y es que haya sabido valorar el carácter técnico de los informes, que siempre
son así, y, si no son así, no deben ser de otra manera. Le agradezco que haya hecho esa valoración porque para nosotros es importante y en momentos como este, si acaso, es más importante.
Creo que con estos cinco informes y con las recomendaciones, el trabajo que ustedes tienen que hacer puede lucir bastante. Ya les digo que es muy importante -y después lo vemos en el seguimiento de las recomendaciones- que cuando han
coincidido recomendaciones y resoluciones de la Comisión mixta el sistema ha sido más fluido y ha mejorado el cumplimiento de la ley.
Por mi parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES RECONOCIDAS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, EJERCICIO 2019. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000041 y número de expediente del Senado 771/000040).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE RÉGIMEN GENERAL CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE ATENCIÓN A MAYORES, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente
del Congreso de los Diputados 251/000050 y número de expediente del Senado 771/000048).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS EMBARGADOS POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2021. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000061 y número de expediente del Senado 771/000059).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS PENSIONES, PRESTACIONES Y AYUDAS JUSTIFICADAS EN EL EJERCICIO 2021 CON CARGO AL PROGRAMA 231B 'ACCIONES EN FAVOR DE LOS EMIGRANTES'. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000074 y número de expediente del Senado 771/000074).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIOS 2018 Y 2019. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y número de expediente
del Senado 771/000029).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Bloque III: Informe de fiscalización operativa sobre la gestión de las prestaciones económicas y sociales reconocidas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, del ejercicio 2019; informe de
fiscalización de las subvenciones de régimen general concedidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en el área de atención de mayores, del ejercicio 2020; informe de gestión operativa sobre la gestión de los bienes y derechos
embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicio 2021; informe de fiscalización de la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas justificada en el ejercicio 2021 con cargo al programa 231B, acciones en favor de los
emigrantes e informe de fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, ejercicios 2018 y 2019.
Para la exposición y la comparecencia, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
En este último bloque se dará cuenta de cinco informes, referidos todos ellos al ámbito de la Seguridad Social. No los voy a repetir porque los acaba de leer el presidente, y así los canso menos.
Todas estas fiscalizaciones se realizan a iniciativa del Tribunal de Cuentas y son operativas y de cumplimiento, excepto la referente a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, que es de las que denominamos de carácter integral.
Como principales magnitudes de estos informes, se puede destacar que en el ejercicio 2019 el colectivo protegido por ISFAS ascendió a 585 000 personas. Las obligaciones reconocidas por prestaciones económicas y sociales ascendieron a 44,4 millones
de euros. Por su parte,
las obligaciones reconocidas por el Imserso correspondientes a las convocatorias de subvenciones en el área de atención a mayores en el ejercicio 2020 ascendieron a 2,3 millones de euros, siendo 32 las entidades beneficiarias. Los bienes y
derechos embargados por la Tesorería en el ejercicio 2021 ascendieron a un total de 3 millones de unidades, entre bienes, muebles, inmuebles, derechos económicos, salarios, pensiones, prestaciones y cuentas corrientes. En concreto, a 31 de
diciembre, el número de bienes embargados por la Tesorería ascendió a 558 000, de los que el 46,6 % eran vehículos y el 26,7 % inmuebles urbanos. Fueron 21 000 personas emigrantes las que se beneficiaron en el ejercicio 20202021 de pensiones,
prestaciones y ayudas, lo que supuso unas obligaciones reconocidas netas de 51,7 millones de euros. Finalmente, los créditos definitivos del presupuesto de la Gerencia de Informática ascendieron a 302 millones euros en 2018 y a 404 millones en
2019, teniendo en cuenta que fueron prorrogados y que en dicho ejercicio los créditos se elevaron por modificaciones presupuestarias que se produjeron como consecuencia de la generación de créditos derivados, principalmente procedentes de fondos
FEDER.
Con respecto a los principales temas recogidos en el informe relativo al ISFAS cabe destacar que la aplicación informática que utiliza adolece de deficiencias que ralentizan y dificultan el proceso de alta y gestión de los expedientes de las
prestaciones. En dieciséis expedientes concedidos, referentes a la prestación por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad, falta documentación imprescindible para la tramitación de dicha prestación. Se ha evidenciado la existencia de setenta
y dos causantes que percibieron ayudas incompatibles, a partir de la información que constaba en el registro de prestaciones sociales públicas y la base de datos de aseguramiento sanitario, con la situación de los causantes de la prestación por hijo
o menor acogido a cargo con discapacidad. También se han constatado 85 causantes que estaban de alta en un régimen distinto al régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, teniendo por tanto una doble afiliación. Igualmente, se
han detectado incidencias respecto a expedientes de las prestaciones sociales. De la evolución del resultado de la gestión especial del ISFAS en los últimos ejercicios se evidencia la existencia de resultados deficitarios, fundamentalmente desde el
ejercicio 2015, derivados tanto del propio sistema de capitalización de las pensiones y del reducido importe de las cuotas que pagan los socios, como del descenso de socios y beneficiarios.
En el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas por el Imserso en el área de atención a mayores, se pone principalmente de manifiesto que el Imserso carece de datos que le permitan conocer si las ayudas están sirviendo
realmente para alcanzar el objetivo para el que se establecieron. Y aquí vuelvo a lo que decía antes, pues los indicadores establecidos solo miden el número de entidades subvencionadas y el grado de ejecución presupuestaria. Además, la mayoría de
las entidades beneficiarias se repiten frecuentemente. Las bases reguladoras de las subvenciones no están actualizadas y tanto ellas como las propias convocatorias son excesivamente genéricas, y tampoco contemplan las bases reguladoras una
evaluación adecuada de la labor llevada a cabo por las entidades solicitantes en favor de las personas mayores ni la dimensión del colectivo beneficiado en cada caso. Por último, el control interno que realiza el Imserso a lo largo de todo el
procedimiento de concesión, gestión y justificación de las ayudas adolece de deficiencias significativas. El origen de estas debilidades se encuentra en gran medida en la falta de recursos destinados a la gestión de subvenciones.
Con relación al informe sobre los bienes embargados por la tesorería, la tesorería no tiene una base de datos centralizada que detalle los bienes embargados, su estado de conservación, su valor o su ubicación. Los vehículos embargados y
custodiados en los depósitos de la Dirección de la Tesorería de Madrid no estaban siendo bien gestionados. Así, el 73 % de los vehículos embargados y custodiados en el depósito de Coslada y el 95 % de los custodiados en el depósito de San Martín de
la Vega tenían una antigüedad superior a los diez años. Además, el tiempo de permanencia de los vehículos en el depósito de Coslada supera los tres años en el 25 % de los casos, lo que conlleva la existencia de costes de arrendamiento y
depreciación de los vehículos de cara a su enajenación. Se constata también que los precios pagados para el traslado de vehículos a los depósitos no solamente es que no fueran homogéneos en las direcciones provinciales de la tesorería, sino que
fueron facturados con unas diferencias tremendas. Por ejemplo, los de la Dirección Provincial de la Tesorería fueron un 673 % superior a lo que cobraba la Dirección Provincial de Valencia y un 173 % superior al que cobraba la Dirección Provincial
de Madrid. Igualmente, se concluye que el resultado de las visitas de los recaudadores es poco eficiente. Les explico. En las actuaciones ejecutivas presenciales para trabar los bienes de deudores de la Seguridad Social, únicamente se localizó al
deudor o su sede social en un 23,4 % de los casos. Sin embargo, en el 48,8 % de las actuaciones en las que no se localizó al deudor ni en su domicilio ni en la sede social, sí que se hizo el pago de la deuda. Con lo cual, supongo que el sistema de
visitas tendrá que modificarse. Por último, se
considera que el procedimiento de subastas públicas presenciales que realizan las direcciones provinciales de tesorería también es obsoleto. La tesorería sigue celebrando todas las subastas públicas de forma presencial, sustentándolas sin
documentación física, a diferencia de otras entidades públicas que celebran subastas electrónicas.
En el informe relativo al Programa 231B, acciones en favor de los emigrantes, se concluye que la aplicación informática para la gestión de estas ayudas también adolece de deficiencias que no la hacen todo lo eficaz que debiera. Se ha
constatado que, respecto a las prestaciones por razón de necesidad, en la mitad de los expedientes de la muestra no existe documentación justificativa de los ingresos del solicitante, figurando únicamente la declaración responsable del propio
solicitante de no percepción de ingresos. También se ha constatado que veintitrés expedientes carecen de la documentación requerida para la tramitación y aprobación de las prestaciones, y en doce de ellos no hay documentación alguna en la
aplicación informática. También hay un elevado número de solicitudes presentadas y pendientes de resolver correspondientes a la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados. Se destaca que en todos los convenios de
asistencia sanitaria la facturación se efectúa mediante un sistema de tarifas fijas mensuales o anuales por persona, que no están vinculadas al número ni al tipo de asistencia que realmente recibe. Se subraya en el informe que el importe de la
deuda acumulada y no reintegrada, correspondiente a las pensiones y prestaciones pagadas indebidamente desde el año 2008 hasta el 2022 alcanzó la cifra de casi 2,5 millones de euros. Se destaca igualmente que existe un significativo retraso en la
aprobación de las cuentas justificativas de los pagos librados a justificar y, consecuentemente, en la rendición al Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el informe de fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social destaca que en los ejercicios de 2018 y 2019 la liquidación del presupuesto de gastos de la entidad presentó un bajo nivel de ejecución,
lo cual seguramente revela deficiencias en la planificación presupuestaria. A pesar del proceso de depuración de los inventarios contables que inició la gerencia en 2019, se concluye que los inventarios no son un instrumento adecuado para
gestionar, supervisar y controlar el inmovilizado material e intangible de este servicio común. Esta situación se ve agravada por la inexistencia de manuales de procedimiento interno y aplicaciones informáticas que permitan elaborar un inventario
físico de los elementos que integran ese inmovilizado. En 2018 y 2019, el número de contratos ejecutados por la entidad se elevó a 300 y a 308, respectivamente, representando el gasto derivado de su ejecución más del 70 % de las obligaciones
reconocidas en el presupuesto de gastos. A pesar de la relevancia que representa dicha actividad contractual, hasta el año 2020 la Gerencia de Informática no ha dispuesto de un plan de contratación donde se programe su actividad contractual y se
definan los objetivos a conseguir en esa materia. En la actividad contractual de la entidad, los contratos de servicios de carácter informático imputados en la partida presupuestaria 22782, trabajos realizados por otras empresas, son especialmente
relevantes por su cuantía, su objeto y su repercusión. Esa contratación de servicios externos de carácter informático, que debería responder a una necesidad coyuntural, se ha venido consolidando a lo largo de más de veinte años como un recurso
permanente, dirigido a garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones técnicas relacionadas con los sistemas de información atribuidos a la entidad debido a la insuficiencia de personal propio con cualificación informática, provocando una
descompensación notoria y relevante entre los servicios desarrollados por el personal del servicio común y los prestados por el personal ajeno perteneciente a las empresas externas. Se ha constatado que la prestación de servicios informáticos en la
gerencia se concentra, además, en un número reducido de empresas, alguna de las cuales mantienen vínculos contractuales con este servicio desde hace más de veinte años de manera interrumpida. Por otra parte, los sistemas de información de la
Seguridad Social no disponen de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, y la Gerencia de Informática, como responsable de seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, no efectúa su auditoría regular
ordinaria cada dos años, que es imprescindible para obtener la conformidad del Esquema Nacional de Seguridad.
En cuanto a las recomendaciones, se recomienda que el Ministerio de Defensa impulse las medidas oportunas para iniciar el proceso de extinción del fondo especial del ISFAS. Se sugiere al ISFAS mejorar las aplicaciones informáticas de
gestión de las aplicaciones económicas y sociales y establecer mecanismos de coordinación adecuados para el control de las incompatibilidades existentes entre el pago de las prestaciones económicas y sociales y la percepción de otras ayudas.
Se recomienda el Ministerio de Derechos Sociales estudiar si la línea de subvención en el área de atención a mayores responde al cumplimiento de su objetivo estratégico. Se sugiere al Imserso modificar
las convocatorias de las subvenciones concedidas en el área de atención a mayores, dictar instrucciones detalladas a los solicitantes, elaborar un manual de control interno relativo a los procedimientos de concesión, gestión y justificación,
ampliar la dotación de personal y mejorar las herramientas informáticas. Se recomienda que la tesorería implante una base de datos centralizada para todos los bienes embargados, retire de los depósitos los vehículos que tienen antigüedad excesiva,
dedique mayores recursos al procedimiento de embargo de cuentas corrientes y adopte medidas necesarias para la implantación del sistema de subasta electrónica.
La Dirección General de Migraciones debería modificar la aplicación informática que gestiona las ayudas concedidas a los inmigrantes para que resulte más eficaz y permita su tramitación electrónica. El Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones debería adoptar medidas oportunas para que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social disponga de una relación de puestos suficiente. Y la Gerencia de Informática debería adoptar medidas tendentes a lograr una adecuada
planificación presupuestaria e implantar un procedimiento interno de gestión de inventarios, establecer un sistema de gestión electrónica de los expedientes de contratación y una adecuada planificación en materia de contratación administrativa,
implantar una aplicación informática donde se integre la gestión y el control de todo el personal externo asociado a los contratos de servicios informáticos y adoptar las medidas necesarias para lograr la certificación de conformidad con el Esquema
Nacional de Seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social.
He terminado. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones, tienen la palabra los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
De nuevo, gracias, señora presidenta. En el último párrafo ha resumido, creo que de forma suficiente, el problema de cinco expedientes, que cada expediente da para una tertulia larga con la problemática y la carencia de medios. Es curioso
cómo debería funcionar el mundo antes de la informática, y, ahora, tenemos que ir mejorando todos los sistemas informáticos. En el Instituto Social de las Fuerzas Armadas la ralentización en el proceso y gestión de expedientes preocupa, no tienen
escaneados los expedientes, el mecanismo de control y algunas de las prestaciones gestionadas centralizadamente tampoco incluyen la identificación de las lesiones permanentes u otras. La Seguridad Social también tiene carencias en el tema
informático y hay ciertas discrecionalidades que se pueden observar en el Imserso.
Pero, mire, voy a centrarme en una cosa que ha mencionado de forma muy rápida, sobre el procedimiento de embargo de las cuentas corrientes en el embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se dice que el procedimiento de embargo
de cuentas corrientes es el más eficaz y eficiente de los procedimientos de recaudación en la vía ejecutiva. Efectivamente, dos de los mecanismos de embargo y casi de expolio que tiene el Estado son a través de la Agencia Tributaria y a través de
la Tesorería de la Seguridad Social. Se dice: No obstante, es susceptible de mejora -efectivamente-, ya que tal y como está configurado no es posible conocer el saldo de las cuentas corrientes por parte de la Seguridad Social a la hora de efectuar
el embargo, lo que lleva a la señalización de cuentas a embargar por exceso y a la realización posterior de embargos sobre los importes trabados en exceso, con los correspondientes perjuicios causados a los apremiados por dichos embargos.
Esta tecla es importantísima. Aquellos que hemos tenido la oportunidad, porque nuestra profesión así nos lo ha ofrecido, de trabajar con empresarios, con autónomos y con trabajadores -y algunos de aquí también lo han tenido-, uno de los
grandes problemas que vemos es la implacable vía ejecutiva de la Agencia Tributaria de la Tesorería de la Seguridad Social sobre todo en el embargo de cuentas corrientes, que paraliza absolutamente la posible disposición de los excesos que también
se embargan, con los perjuicios que ello supone. El Tribunal de Cuentas dice: Ojo, aquí hay un problema importante. Y este problema importante afecta a cientos de autónomos y pequeños empresarios. Y afecta, además, de forma colateral a algo que
en la anterior legislatura se pudo haber arreglado y no se quiso arreglar por parte del Gobierno, que es la ley de segunda oportunidad, donde, a través de estos excesos de embargos, personas que lo han intentado hacer bien, incluso que lo han hecho
bien pero que les ha salido mal, están permanentemente embargados y no tienen capacidad de salida en muchas ocasiones. Me parece interesantísimo que profundicemos en este tema. Quiero agradecer al Tribunal de Cuentas que haya encendido la
lucecita, aunque la presidenta lo ha comentado de forma muy rápida, pero esa lucecita roja
es muy importante porque afecta, sin duda alguna, a miles de autónomos, pequeñas empresas y trabajadores que son embargados en exceso y que quedan absolutamente neutralizados e inutilizados.
Por lo demás, asumimos y compartimos muchas de las recomendaciones que hacen, que son de puro sentido común.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Redondo Cárdenas.
El señor REDONDO CÁRDENAS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Señora Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, bienvenida una vez más al Congreso, a esta Comisión Mixta. En primer lugar, como el resto de los compañeros, quiero agradecerle el trabajo que realizan desde el
Tribunal de Cuentas y que está quedando patente en esta comparecencia en el día de hoy.
Como bien ha dicho el portavoz de VOX antes de empezar mi intervención, en este tercer bloque vamos a analizar cinco informes que son muy diversos entre sí. Informes que tienen que ver con diferentes organismos, desde el ISFAS de las
Fuerzas Armadas al Instituto de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Dirección General de Migraciones, dependientes a su vez de diferentes ministerios como son el de Inclusión Social y Migraciones, el Ministerio de Derechos Sociales, el
de Defensa o el de Consumo y Agenda 2030.
Por otro lado, estos informes cuentan con una temática muy diferente, porque tienen que ver desde el estudio de la gestión previa, concesión y justificación de subvenciones hasta los que analizan la gestión de los embargos y derechos
embargados por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero no solo difieren respecto al órgano analizado o respecto a la temática, sino que también lo hacen respecto al espacio temporal al que se refieren: desde el ejercicio 2018 al
ejercicio 2021. Unos ejercicios previos a la pandemia, otros en plena pandemia e incluso algunos ejercicios con diferentes gobiernos con diferente color político.
De los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas, nos gustaría destacar deficiencias específicas en cada uno de los organismos. Por ejemplo, en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la inexistencia de un proceso centralizado que
permita la intercomunicación entre las diferentes juntas médicas periciales y, por tanto, un registro único. En cuanto al Imserso, por ejemplo, compartimos la recomendación del Tribunal de Cuentas en tanto en cuanto se podría mejorar el
procedimiento de concesión de subvenciones elaborando un documento marco, dirigido a los solicitantes de las ayudas, que sirviese de hoja de ruta que limitase las incidencias a posteriori. Y en relación con la Tesorería de la Seguridad Social,
respecto a la mejora de la gestión, custodia y antigüedad de los vehículos embargados, lo cual dificulta su enajenación y la recuperación efectiva de la deuda, y también respecto al procedimiento de subastas presenciales sustentadas en documentación
física, el cual no es eficiente debido a los costes directos e indirectos que conlleva y, a su vez, no es un procedimiento coherente, ya que la Administración pública da cuenta con el servicio del portal de subastas de la agencia estatal.
Pero no solo existen problemas e incidencias específicas de cada uno de los organismos, sino que también existen, a nuestro entender, algunas que son genéricas y comunes de todos los organismos que se han analizado. Por ejemplo, una de las
principales es la documentación deficiente que se encuentra en múltiples expedientes de los organismos estudiados, pero también las deficientes herramientas informáticas. Lo decía el señor Aizcorbe, la carencia de medios con los que cuentan los
organismos estudiados limita o dificulta los procedimientos de gestión, seguimiento y control, así como el cumplimiento de la normativa aplicable, una realidad que está siendo abordada por el Gobierno de España a través del Plan de Digitalización de
las Administraciones Públicas, concretamente dentro del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta reforma y modernización de la Administración pública, con el fin de adaptarla a los retos de la sociedad
contemporánea, cuenta con una inversión estimada de 6500 millones de euros en un plazo de ejecución hasta el ejercicio 2026.
En segundo lugar, la deficiencia más común de todos los organismos es la escasez de recursos humanos con los que cuenta la Administración pública; la delicada situación de las plantillas, que dificulta y limita las acciones y gestión de los
diferentes organismos analizados, fruto, fundamentalmente, de la tasa de reposición de los empleados públicos en la Administración. Por eso, este Gobierno modificará la tasa de reposición de los empleados públicos, en cuanto a la Administración
General del Estado, que está oprimiendo a la Administración pública en nuestro país. Debemos tener en cuenta que el 60 % de la
plantilla de los empleados públicos se jubilará en un marco temporal de diez años. Los trabajadores públicos de cincuenta y cinco años representaban un 47 % de los empleados de la Administración central en el ejercicio 2020, 20 puntos
porcentuales más que la media de la OCDE. Además, con este cambio, con esta eliminación de la tasa de reposición, se busca mejorar la calidad del empleo público, algo en lo que ya se ha ido avanzando a lo largo de los últimos años gracias al récord
de ofertas públicas que se han puesto en marcha en este país, que hace que nos situemos en un ámbito muy favorable de crecimiento del empleo público en nuestro país. Sirva como ejemplo el periodo 20132018, gobernado por el Partido Popular, donde
hubo una media anual de siete mil bajas de empleo público. Solo se cubrieron dos mil. En estos años fueron 49 000 las bajas de empleo público y solo se cubrieron 14 000, algo que hemos revertido a lo largo de los últimos años. Políticas, las de
adelgazar el sector público, que no son nuevas ni exclusivas en nuestro país. Podemos ver otras zonas del mundo gobernadas por la derecha o por la ultraderecha -por ejemplo, el caso de Argentina-, donde en solo seis meses, ...
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando.
El señor REDONDO CÁRDENAS: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
... se ha congelado la contratación pública, se ha congelado la inversión pública a través de obras y se ha incrementado la inflación hasta en un 65 %...
El señor PRESIDENTE: Acabe.
El señor REDONDO CÁRDENAS: ... algo que se puede contrastar con la realidad de nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor REDONDO CÁRDENAS: En nuestro grupo queremos seguir apoyando la labor que realiza el Tribunal de Cuentas con el fin de mejorar la Administración pública en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GÁNDARA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días. Gracias, presidenta. Vamos a analizar algunos de los puntos de los diferentes informes de fiscalización hoy presentados. En lo relativo al informe operativo sobre la gestión de prestaciones económicas y sociales, la
determinación del coeficiente de imputación de gastos como el criterio de distribución de estos de carácter indirecto según su naturaleza no han sido actualizados ni sometidos a revisión en el ejercicio de 2007, lo cual es preocupante, sin obviar
los resultados deficitarios desde el año 2015. Tampoco ha sido cumplida la recomendación dirigida al Ministerio de Defensa en el informe de fiscalización del Pleno del Tribunal de Cuentas de junio de 2005, relativo al Fondo Especial del ISFAS,
deficitario y de gestión muy ineficiente, sin que ni siquiera se haya iniciado actuación alguna tendente a cumplir esta recomendación, pues desde 2005 ya resulta un tiempo suficiente como para adoptar medidas que no resulten meras recomendaciones.
En el informe de fiscalización relativo al Instituto de Mayores, la orden actual que regula estas subvenciones está desactualizada y no se ajusta a la realidad actual, por lo que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
debería estudiar si la línea de subvenciones para la atención de mayores responde al objetivo estratégico y, en su caso, definir nuevos indicadores que permitan evaluar su impacto, porque, si opta por el mantenimiento de la subvención en su
configuración actual, debería, por otra parte, actualizar las bases reguladoras, que son objeto de un proceso sin seguridad jurídica plena. Además, debería valorar que las entidades y el perfil de los beneficiarios y usuarios cuando comenzaron las
tramitaciones es completamente diferente al actual y con una actualización económica acorde con una sociedad como la del siglo XXI.
En cuanto al informe de fiscalización sobre la gestión de embargo de bienes de la Tesorería General de la Seguridad Social, manifestó que no dispone de un inventario centralizado y detallado. Esto supone un desconocimiento de los bienes y
derechos que puede tanto disminuir la valoración como aumentar el coste de depósito y mantenimiento de estos, lo que determina una falta de control y eficacia por parte de
la Tesorería General de la Seguridad Social. Y con respecto al procedimiento de embargo de las cuentas corrientes, existen cuentas a embargar en exceso, lo que -insistimos- es un ejemplo más de ineficacia en la gestión que redunda en
perjuicio de los ciudadanos.
En el informe de fiscalización de las prestaciones en favor de los emigrantes, tal como usted manifestó, la aplicación informática no es la más adecuada. Por otro lado, existen múltiples incidencias relacionadas con el proceso de gestión de
las ayudas en la asistencia sanitaria que determina en su informe que han de ser objeto de control, pero no especifica qué tipo de controles podrían efectuarse. También existe un gran retraso en la aprobación de las cuentas de planes de pensiones y
prestaciones en favor de los emigrantes y hemos de incidir en que la Dirección General de Migraciones, con el control del Tribunal de Cuentas, debería poner en marcha los mecanismos oportunos para recabar la información de estas cuentas y evitar
retrasos en su rendición, trabajando con eficacia y rigor.
En relación con el informe de fiscalización integral de la Gerencia de la Seguridad Social, la estructura y competencias de la gerencia no disponen de una regulación normativa con un nivel adecuado. Existen graves deficiencias que suponen
un incumplimiento de principios contables de devengo, prudencia y no compensación que afectan a la fiabilidad, claridad e integridad de la información que deben proporcionar los estados contables, así como a la imagen fiel de su patrimonio. Hay
incidencias relacionadas con la preparación, licitación y adjudicación de expedientes de contratación de servicios de carácter informático tramitados mediante un procedimiento abierto. La gerencia no dispone para el ejercicio de competencias, como
usted manifestó, de personal adecuado, lo cual ha llevado a una pérdida de la dirección y conocimiento de los sistemas de información dentro del sistema de la Seguridad Social por parte del personal propio, lo que resulta preocupante y ha de ser
subsanado. Tampoco efectúa la gerencia una auditoría regular ordinaria de los mismos cada dos años a través de una entidad certificadora acreditada. Por otra parte, la representación de las mujeres en los comités creados no alcanza el 40 % y no
existe un protocolo de actuación ni medidas relativas al acoso sexual, que en otros sectores y ramas de actividad privada es un requisito inexcusable bajo apercibimiento de sanción su no aplicación.
Por tanto, de todos los informes de fiscalización analizados hoy, se deduce una dejadez tanto en la implantación como en la actualización de los sistemas de gestión informática de los organismos e instituciones, una palmaria escasez de
personal que ralentiza y obstaculiza la gestión de muchos de los procedimientos y sobre todo una falta absoluta de control y seguimiento que no responde a una gestión útil de los servicios públicos que satisfaga el interés general de los ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por último, tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Simplemente, he de decirles que me complace que ustedes valoren y compartan la relevancia de los hallazgos de nuestros informes.
He hecho referencias breves, señor Aizcorbe, porque, como usted comprenderá, con los mil folios que tiene delante, dejarlos en diez... Sin embargo, sí que se ha destacado como un tema importante. Y el señor Redondo ha hecho un análisis de
la situación de la Administración que podemos compartir en carne propia.
Lo cierto es que todas estas son cuestiones que -no me canso de repetir- espero que ustedes las hagan vivas a través de su actuación política. Nosotros hacemos justo lo que tenemos que hacer, que es analizar, fiscalizar y poner de
manifiesto cosas que no están funcionando bien y cosas que tienen deficiencias. Y si alguna vez hemos dicho que algo funciona bien y no les ha gustado demasiado, creo que también debemos decirlo porque, además, es una de nuestras normas.
En definitiva, no les puedo decir más que me complace que compartan la importancia de nuestros hallazgos. A partir de aquí, les vuelvo a decir lo que les digo siempre, que espero que ustedes abunden en nuestras recomendaciones si les
parecen oportunas y que incluso planteen algunas de mayor alcance que nosotros no hemos llegado a plantear, porque no se nos ha ocurrido o porque las entendemos más propias de una acción política. Así que muchísimas gracias a todos por su
participación, muchísimas gracias a todos por el tono de sus intervenciones y hasta la próxima vez.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, presidenta.
Quiero agradecerle en nombre de los grupos parlamentarios su dedicación y compromiso con esta Comisión, estando siempre a disposición para cualquier detalle o petición que le hacemos, así como al conjunto del Tribunal de Cuentas por su
trabajo.
Gracias en nombre de los diputados y diputadas y, sin ningún otro tema que tratar, levantamos la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.