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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 26, de 30/04/2024
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS


Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 26

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ

Sesión núm. 4

celebrada el martes,

30 de abril de 2024



ORDEN DEL DÍA:


Modificación del orden del día ... (Página4)


Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega) para informar sobre los siguientes extremos:


Bloque I:


- Informe de fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020. Presentado
por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022) ... (Página5)



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- Informe de fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema
portuario estatal. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024) ... (Página5)


- Informe de fiscalización del otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID-19 convocadas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000026) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por AENA ante la disminución de la actividad en la red de aeropuertos de titularidad estatal durante el ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el marco de la gestión de la pandemia COVID-19. Presentado
por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000039) ... (Página5)


- Informe de fiscalización de las medidas tomadas por el Grupo Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante el ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041) ... (Página5)


- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000090) ... (Página5)


Bloque II:


- Informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética (corresponde al número de expediente 251/000164 de la XIV Legislatura).
Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000030) ... (Página15)


Bloque III:


- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2020. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000027) ... href='#(Página21)'>(Página21)


- Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2021 (corresponde al número de expediente 251/000209 de la XIV Legislatura). Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000073 y número de expediente del Senado 771/000071) ... (Página21)



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- Informe de fiscalización del cumplimiento de las entidades locales de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de información anual al Tribunal de Cuentas, ejercicio 2022. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000096) ... (Página21)


- Moción relativa a las medidas para promover la rendición de las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 773/000001) ... (Página21)


Votación de las propuestas de resolución presentadas a:


- Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2021. Presentada por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001) ... href='#(Página29)'>(Página29)


Bloque I:


- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas
y fundaciones estatales. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000013) ... (Página30)


- Informe de fiscalización de la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020) ... (Página31)


- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos
autónomos. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000027 y número de expediente del Senado 771/000028) ... (Página31)


Bloque II:


- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin Órgano de Control Externo
propio. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000032) ... (Página32)


- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero. Presentado por
el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033) ... (Página32)


- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del Área de Administración Económica del Estado y sus organismos
autónomos. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000083) ... (Página33)



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Bloque III:


- Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000057) ... (Página33)


- Informe de fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración General del Estado para la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000086 y número de expediente del Senado 771/000084) ... (Página34)


- Informe de fiscalización de las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: similitudes,
diferencias, riesgos y oportunidades de mejora. Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000086) ... (Página35)


- Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (corresponde al número de expediente 251/000207 de
la XIV Legislatura). Presentado por el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000069) ... (Página36)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Buenos días. Iniciamos la sesión de esta Comisión que tenemos prevista para el día de hoy. Antes de darle la bienvenida y empezar con la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, quiero plantearles una
cuestión. En la reunión previa de Mesa y portavoces que acabamos de celebrar se ha acordado que esta Presidencia proponga que las distintas votaciones que tenemos previstas para el día de hoy se efectúen al final de la sesión. ¿Se aprueba por
asentimiento? (Asentimiento).


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2021. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001).


El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la ratificación de la Ponencia designada para informar la cuenta general del Estado del ejercicio 2021. La Ponencia ha estado integrada por los diputados y senadores doña María del
Pilar Alía Aguado, don Salvador de Foronda Vaquero, don Eloy Suárez Lamata, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Amaro Huelva Betanzos, don Josep Paré Aregall, don Juan José Aizcorbe Torra, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, doña Engracia Rivera Arias,
doña Miren Uxue Barcos Berrruezo, don Joan Josep Queralt Jiménez, don Josep Maria Cruset Domènech, don Jon Iñarritu García y doña María Dolores Etxano Varela.


¿Se ratifica por asentimiento? (Asentimiento).


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2021. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001).


El señor PRESIDENTE: Seguidamente, se procede a emitir el dictamen del informe elaborado por la Ponencia de la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2021. La Ponencia ha



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estudiado la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2021 y propone a la Comisión su aprobación por mayoría. Se somete a votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:


BLOQUE I:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19 EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIO-LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO 2020. PRESENTADO
POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DE LAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DURANTE EL EJERCICIO 2020 Y SU INCIDENCIA SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA
PORTUARIO ESTATAL. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000025 y número de expediente del Senado 771/000024).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE AVALES DEL ESTADO POR MEDIO DE LAS LÍNEAS ICO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000026 y número de expediente del Senado 771/000025).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RELACIONADAS CON EL COVID-19 CONVOCADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000030 y número de expediente del Senado 771/000026).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR AENA ANTE LA DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LA RED DE AEROPUERTOS DE TITULARIDAD ESTATAL DURANTE EL EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN MULTILATERAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19. PRESENTADO
POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040 y número de expediente del Senado 771/000039).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GRUPO RENFE EN RELACIÓN CON LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE VIAJEROS IMPLANTADAS DURANTE EL EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000042 y número de expediente del Senado 771/000041).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000092 y número de expediente del Senado 771/000090).



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El señor PRESIDENTE: A continuación, le damos la bienvenida de nuevo a la presidenta del Tribunal de Cuentas e iniciamos la comparecencia en los distintos bloques que tenemos previstos para el día de hoy.


Tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Buenos días.


Tal y como quedamos para poner a cero lo antes posible el marcador, hemos preparado una comparecencia en tres bloques. (Apoya su intervención en una presentación digital). En el primero, el relativo a las medidas que se han adoptado en las
diferentes entidades públicas y Administración General del Estado y comunidades autónomas relacionadas con la situación económica fundamentalmente que les produjo la crisis sanitaria, los informes son, primero, el relativo al impacto económico
producido por la crisis derivada del COVID en las entidades y organismos del ámbito de la Administración sociolaboral y de la Seguridad Social; segundo, sobre la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en
el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema portuario estatal; tercero, el otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19; cuarto, sobre las subvenciones relacionadas con el COVID-19 convocadas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio; quinto, sobre las medidas adoptadas por AENA ante la disminución
de la actividad en la red de aeropuertos de titularidad estatal; sexto, sobre la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el marco de gestión de la pandemia; séptimo, sobre las medidas
tomadas por el Grupo Renfe en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante el ejercicio 2020, y octavo, sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos
afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionadas por el COVID. Todos estos informes fueron aprobados el 29 de junio, el 28 de julio, el 27 de octubre y el 20 de diciembre del año
2022, y el 20 de diciembre del año 2023, respectivamente.


Señor presidente, presentaré a continuación este bloque, que tiene como denominador común la fiscalización de aspectos relacionados con la gestión de la pandemia y un ámbito objetivo que se corresponde con el año 2020. Estos informes se
integran en la planificación global de la fiscalización de la pandemia realizada a través del Tribunal de Cuentas. Se trata de fiscalizaciones de cumplimiento y/u operativas o de gestión de la actividad realizada por las entidades analizadas
durante el año 2020, y solo la fiscalización sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos ha analizado los ejercicios 2020 y 2021.


Dado que se trata de ocho informes, las entidades analizadas abarcan casi todos los ámbitos en los que el Tribunal de Cuentas es competente, excepto entidades locales. En concreto, se han analizado entidades que integran el sistema de
Seguridad Social, el ente público Puertos del Estado y el conjunto del sistema portuario estatal, el Instituto de Crédito Oficial, las comunidades autónomas sin órgano de control externo y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, AENA, el
Ministerio de Política Territorial, en concreto, la Secretaría de Estado de Política Territorial y la Secretaría General de Coordinación territorial, y el Grupo Renfe.


Los objetivos de la fiscalización han sido las medidas adoptadas por la Administración sociolaboral con relación a la crisis provocada; el análisis de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte marítimo para hacer
frente al impacto del COVID-19; la gestión realizada por el ICO en la concesión de los avales de las tres líneas aprobadas para paliar los efectos de la pandemia y fomentar la reactivación económica; las subvenciones convocadas por las comunidades
autónomas fiscalizadas a raíz de la pandemia; las medidas adoptadas por AENA ante la reducción de ingresos derivada de la disminución del tráfico aéreo; las actuaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas referidas a la gestión de la pandemia ocasionada por el COVID; el impacto que las restricciones de movilidad en el año 2020 han tenido en la actividad desarrollada por el Grupo Renfe y las medidas tomadas por la matriz y sus filiales ante
estas las restricciones en el ámbito comercial, sanitario y de política comercial; la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales a que está sometida la gestión económico-financiera de los distintos órganos y entidades que
intervienen en el procedimiento de reconocimiento, gestión, seguimiento, control y pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y el examen de los procedimientos implantados con el fin de verificar su
sometimiento a los principios de economía, eficacia y eficiencia.



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Como doy por hecho -no podría ser de otra manera- que todos ustedes conocen los informes, yo me voy a referir a aspectos concretos que sintetizan los informes, por ejemplo, a las principales magnitudes. La mayoría de los informes coinciden
en afirmar que la situación de pandemia ha tenido un impacto relevante en la situación económico-financiera de las entidades fiscalizadas. El informe de la Administración socio-laboral y de la Seguridad Social cuantifica este impacto sobre el
resultado económico patrimonial de 2020 -por ejemplo, costes generales e inversión- en unos 29 000 millones de euros, de los que 28 800 millones corresponden a costes de las ayudas sociolaborales. En el caso del informe de las ayudas
extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos, se recoge un gasto superior a los 3700 millones de euros en concepto de pago de prestaciones y casi 1500 millones de euros como consecuencia de las exoneraciones de cuotas
practicadas por la Tesorería. Esas ayudas han beneficiado a casi un millón y medio de autónomos, alcanzando en junio de 2020 un grado de cobertura del 44,5 % de los trabajadores afiliados a los regímenes especiales de autónomos trabajadores del
mar. Para las autoridades portuarias se estima un coste de 54 millones de euros. Además, cuantifica la disminución de ingresos por tasas portuarias en 66 millones de euros.


El ICO gestionó tres líneas de ayudas dotadas en total con un máximo de 141 000 millones de euros. En 2020, el ICO recibió más de 960 500 solicitudes. El importe avalado superó los 88 millones de euros.


AENA, por su parte, experimentó, con respecto a 2019, un descenso del número de operaciones del 53 %, del 72 % en el tráfico de pasajeros y del 26 % en el tráfico de mercancías. Como consecuencia, los ingresos consolidados del grupo
sufrieron una caída superior al 50 %. Las cuentas consolidadas de AENA arrojaron en 2020 unas pérdidas de 127 millones de euros, frente al beneficio de 1442 millones registrado en 2019. La sociedad acometió gastos de carácter extraordinario por
importe de 63 millones de euros en medidas sanitarias, extraordinarias y costes.


Las cuentas del Grupo Renfe pasaron de unos beneficios en 2019 de 101 millones a unas pérdidas en 2020 de 473 millones de euros, que se originan, especialmente, en Renfe Viajeros. También incrementó su endeudamiento bancario en 832 millones
de euros, aunque es un incremento dentro de los límites legales.


Con respecto a las principales conclusiones recogidas en el informe, destaca que, para las fiscalizaciones que preveían un análisis de cumplimiento normativo, se concluye que se ha producido un cumplimiento generalizado. Sobre la
planificación estratégica de las administraciones y entidades, los informes destacan que el sistema portuario español no alteró sus planes a largo plazo con ocasión de la pandemia, si bien sí recogió el impacto de esta situación de emergencia en su
planificación a corto y medio plazo. Tampoco las comunidades autónomas modificaron sus planes a largo plazo para recoger la situación de la pandemia. Además, su informe pone de relieve las deficiencias en los planes de seguimiento de los planes
estratégicos, así como ausencia de indicadores evaluables y objetivos medibles. Solo el Grupo Renfe modificó su plan estratégico para adaptarlo a las nuevas circunstancias derivadas del COVID y al empeoramiento de las perspectivas de negocio.


Con relación a la concesión, gestión y control de las ayudas autonómicas, el informe habla de supuestos en los que las tres comunidades autónomas otorgaron a los beneficiarios importes que excedían los límites máximos permitidos en la ley,
si bien a la fecha de la finalización de los trabajos de auditoría todas ellas habían iniciado oportunos procedimientos de reintegro. En materia de control se destacan buenas prácticas, como la realización de controles anuales de comprobación de
las actividades subvencionadas por las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. Debe señalarse que en Ceuta y Melilla esta comprobación es preceptiva, pero no fue realizada. También se valora que la gran mayoría de las
comunidades autónomas no sustituyeran la función interventora previa, aun cuando la normativa preveía la posibilidad de adoptar esa medida. Además, en ningún caso se aprobaron acuerdos contrarios a reparos ni se tramitaron expedientes por omisión
de fiscalización previa.


Sobre el grado de ejecución de las convocatorias autonómicas, se pone de relieve un resultado generalizado deficiente. Solo Castilla-La Mancha y Ceuta alcanzan grados de ejecución del 85 %. Los informes recogen un análisis pormenorizado de
las medidas gestionadas por AENA y el grupo Renfe. El tribunal valora el control y seguimiento que AENA hizo de la ejecución del presupuesto y del impacto de las medidas de ahorro, con excepción de la demora observada en la tramitación de las
solicitudes de exención de pago de tasas.


En el Grupo Renfe, el informe valora que no se haya hecho uso del ERTE y que el grupo haya seguido con la política de reducción de la edad media de sus empleados. Por otro lado, el informe se hace eco del acopio de mascarillas que el grupo
realizó, que se considera que podría haber excedido las necesidades



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de personal, aunque el grupo alega que el volumen adquirido por el grupo societario ha podido proveer de mascarillas a su personal hasta junio de 2021.


Con relación a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de trabajadores autónomos, los resultados de auditoría reflejan que estas ayudas han logrado su objetivo principal, dando una protección eficaz a los autónomos y
alcanzando un grado importante de cobertura. Sin embargo, las deficiencias detectadas han provocado una situación de inseguridad jurídica y desigualdad de trato que ha tenido efecto sobre la eficiencia de la gestión de los recursos públicos. Estas
deficiencias están relacionadas con la insuficiente regulación y la disparidad de criterios aplicados y el retraso de la revisión definitiva de las solicitudes aprobadas con carácter provisional por las mutuas. Este retraso, como pueden imaginar,
supone un riesgo de prescripción de los eventuales derechos de la Seguridad Social, toda vez que la normativa establece un plazo de prescripción de reintegro de prestaciones indebidas de cuatro años, o errores en el cálculo de las exoneraciones de
cotizaciones derivados de debilidades en los sistemas de gestión e intercambio de información.


Merece una atención separada por su carácter específico la fiscalización relativa al ICO. El informe incluye un análisis relativo a la Administración electrónica y a los controles automatizados realizados para la concesión de avales. El
informe recoge varias áreas de mejora relacionadas con el cumplimiento de formalidades en materia de protección de datos y organización de la Oficina de Seguridad Informática. Igualmente, se identifican debilidades en la aplicación informática
utilizada por el ICO para la gestión de las ayudas. Durante la fiscalización se ha tenido constancia de varias comunicaciones de impagos garantizados con avales otorgados por el ICO. A este respecto, el Tribunal advierte que, previsiblemente, será
a partir de 2022 cuando se manifieste en mayor medida esta situación, dados los plazos de carencia exigidos.


En materia de análisis de los sistemas de información, integridad y confidencialidad, se han practicado pruebas de auditoría sobre la entidad AENA con un resultado satisfactorio. También merece mención por la particularidad de su objeto el
informe sobre la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en el marco de la gestión de la pandemia. En general, el informe valora el resultado de los trabajos de los órganos de cooperación multilateral
destacando su capacidad para encauzar la necesidad de colaboración entre las distintas administraciones en la gestión de la pandemia. En este punto, se ponen, sin embargo, de relieve áreas de mejora, en especial en materia de régimen interno, sobre
la que ya se está trabajando, que es la aprobación de reglamentos internos. El papel del Ministerio de Política Territorial contribuye al funcionamiento de estas instituciones y a la coordinación de las actuaciones de cooperación de los órganos de
la Administración General del Estado con las comunidades autónomas. En esta línea, el ministerio debe reforzar la integración mediante la puesta en común de los sistemas de información entre administraciones. Y también se recomienda la necesidad
de considerar y corregir las debilidades detectadas en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.


Aunque no todos los informes abordan el cumplimiento del principio de igualdad, en los que lo hacen se observa un cumplimiento generalizado de la normativa, si bien tanto AENA como Grupo Renfe están lejos de poder acreditar una igualdad
efectiva en la composición de su plantilla. El principio de sostenibilidad se ha analizado en el caso de AENA y en el Grupo Renfe. Se ha constatado una buena conducta por parte de AENA; por el contrario, en el caso del Grupo Renfe, se observa una
disminución de los gastos e inversiones realizadas relacionadas con la protección del medio ambiente de, aproximadamente, el 62 % respecto del ejercicio anterior, así como un empeoramiento de las ratios empleadas para medir este impacto.
Finalmente, algunos de los informes realizados han hecho el seguimiento de recomendaciones recogidas en informes anteriores y resoluciones de la Comisión Mixta. En esto se observa, con carácter general, que la mayoría de las recomendaciones o están
en curso de ser cumplidas o se han cumplido. Está referido a autoridades portuarias, AENA y Grupo Renfe.


En todos los informes hay recomendaciones dirigidas al INSS, al Instituto Social de la Marina, a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a órganos con competencia legislativa, al ente público Puertos del Estado, al ICO, a
las comunidades autónomas, a AENA, al Ministerio de Política Territorial, a Renfe Operadora, al Grupo Renfe, a la Administración General del Estado y Generalitat de Catalunya, a entidades gestoras de las ayudas por cese de la actividad de los
autónomos y a la Tesorería. Entre ellas, se recomienda al INSS y Al Instituto Social de la Marina determinar con exactitud el importe abonado en concepto de prestaciones por incapacidad temporal, asimilada a accidentes de trabajo, por COVID-19, a
fin de mejorar el control y seguimiento de los gastos extraordinarios soportados por el sistema. A Puertos del Estado se le recomienda que mejore la planificación en la construcción de nuevas infraestructuras mediante la aprobación de directrices
que contemplen el análisis previo de la



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actividad y la capacidad de los puertos y el entorno. Se recomienda al ICO revisar la aplicación informática utilizada para la gestión de avales, procurando una mejora de la calidad y congruencia de los datos, con el objetivo de obtener una
base de datos fiable y útil para el seguimiento de la gestión. En el ámbito de las ayudas económicas, se recomienda a sus órganos y entidades convocantes de las ayudas que mejoren los procedimientos de suministro de información a la base de datos
nacional de subvenciones, garantizando la adecuada publicidad de los planes estratégicos de subvenciones, las convocatorias de ayuda y la relación de subvenciones concedidas. Se considera adecuado que AENA amplíe el ámbito de aplicación de su
código de conducta extendiéndolo a los proveedores externos cuya actividad guarde relación con la prestación de los servicios aeroportuarios de la compañía. Se recomienda al Ministerio de Política Territorial que considere la posibilidad de
promover un cambio legislativo que clarifique la regulación del registro electrónico de órganos e instrumentos de cooperación del sector público estatal, especificando, por ejemplo, órganos inscribibles y carácter de las inscripciones. Se
recomienda al consejo de administración de Renfe Operadora que realice un seguimiento frecuente de las iniciativas e indicadores de su plan estratégico, con el objeto de adoptar sin dilación las medidas correctoras necesarias para la consecución de
objetivos fijados. Y, finalmente, en materia de prestaciones a trabajadores autónomos, se recomienda a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras adoptar las medidas necesarias para iniciar los
procedimientos de revisión de las resoluciones provisionales adoptadas.


Señorías, quedo a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.


Empezamos con el turno de palabra de los grupos parlamentarios.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Etxano.


La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.


Gracias, presidenta. No es fácil hacer un resumen de todos estos informes, además, yo creo que son de gran profundidad, con lo cual podremos seguir trabajando. También quiero agradecer a los distintos grupos que los han elaborado el
trabajo que han realizado.


Vemos en los distintos informes los efectos de las medidas anticrisis, por ejemplo, en AENA, Renfe y Puertos del Estado, que, como digo siempre que tomo la palabra, facilitan nuestra labor de control al Gobierno porque nos dan datos, en
muchos casos datos de los que ya disponíamos. Por ejemplo, con AENA los datos de reducción de tráfico de mercancías en el aeropuerto de Vitoria era un dato que conocíamos y es un dato, además, que pone en valor la necesidad de seguir invirtiendo en
ese aeropuerto. Con estos datos nos refuerzan en lo que nosotros llevamos insistiendo durante varios años.


Quería hablar sobre las alegaciones. En todos los informes están las alegaciones de los distintos organismos y, de alguna manera, cuesta ver si estas alegaciones han sido o no aceptadas. En algunas partes del informe vienen a pie de
página, pero no a lo largo de todo el informe. Tampoco conocemos el anteproyecto que han tenido estas entidades. La pregunta sería saber si hay alguna posibilidad o algún impedimento legal para poder indicar si se aceptan o no se aceptan estas
alegaciones que presentan las diferentes instituciones, los diferentes organismos, para ampliar un poco el conocimiento del informe y poder jugar con las alegaciones y si verdaderamente estas entidades están por la transparencia, por dar sus datos
correctamente, etcétera.


Me voy a referir solo al informe de fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Agencia General del Estado y las comunidades autónomas, en el marco de la gestión de la de la COVID-19. Primero,
no se puede analizar ninguno de los informes si no contextualizamos que estuvimos en una situación difícil que nos obligó a tener una colaboración muy importante y que, en algunos momentos, esto no fue fácil de ninguna de las maneras. El informe
nos sorprende, primero, porque hablan de colaboración, pero solo se refieren a la Administración General del Estado. Las alegaciones que figuran en el informe son solo de los ministerios, probablemente también porque el ámbito no es posible y, por
tanto, no hay ningún contraste con comunidades autónomas, que han sido bastante críticas con este sistema de colaboración, cooperación y, en la mayor parte, con esto que se ha llamado cogobernanza y que, en realidad, desde luego, desde nuestro punto
de vista, no ha sido real.


Pero también me sorprende, y creo que esto es una falta de rigurosidad, que en la página 12 del informe hablen del artículo 151.2.a) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y digan además que en el ámbito de las relaciones
multilaterales y, en particular, en el de las atribuciones de las comunidades autónomas, el reconocimiento de una responsabilidad de coordinación al Estado central reviste especial



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importancia, puesto que para tales materias, en función de ese artículo que he dicho, se establece que los acuerdos de la conferencia sectorial serán de obligado cumplimiento, incluso para las administraciones públicas que hubieran votado en
contra de los mismos. Claro, cuando vamos a la ley, el primer punto, el 151.2.a), dice: 'Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra, mientras no decidan suscribirlos con posterioridad'. Por lo tanto, las decisiones de las
conferencias sectoriales no son de obligado cumplimiento; entre otras cosas, lo serían solo cuando las funciones estén reservadas al Estado, cuando este sí tiene la coordinación, pero sabiendo que no existe un título de coordinación general al
Estado; además, ni siquiera la Conferencia de Presidentes es un organismo que esté previsto en la Constitución. Por tanto, yo creo que habría que haber afinado un poquitito más el contexto. Estamos hablando de lo que estamos hablando, de cómo se
ha coordinado, sin preguntar a las comunidades autónomas si están de acuerdo con esta fase de colaboración, en una época en que, insisto, eran necesarias la colaboración y la cooperación.


Nada más. Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Etxano.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias por su apretado resumen, que no puede ser de otra forma, igual que nuestras intervenciones tampoco pueden ser de otra forma.


No solemos hacerlo, pero hoy sí que tengo que recordar que mi intervención se va a centrar en los autónomos, en el impacto laboral y en los avales ICO, en la trayectoria que sufrieron miles de empresas y miles de pymes durante la pandemia.
Y permítame que mencione unas frases que menté en esta misma sala el 13 de abril de 2020; justo salía del hospital y vine al día siguiente aquí, a la Comisión de Trabajo. En ese momento, el 13 de abril de 2020, ya manifestamos que España era el
país del mundo con mayor caída del PIB y decíamos también que era el primer país, y quizá único, en pérdida de garantías democráticas al socaire de la pandemia. Hablábamos de galimatías de reales decretos que estaban llevando al caos por la
indudable falta de técnica legislativa, además de la intencionalidad ideológica de los mismos. Y, de forma más concreta, resaltábamos la importancia de los autónomos y las pymes, y decíamos que, por ello, teníamos que insistir en no abandonar al
motor de la economía nacional, para lo que era necesario poner los mecanismos y recursos necesarios. Añadíamos: Si no se puede trabajar, no se debe obligar a pagar. Solicitábamos la devolución inmediata de las cuotas de marzo ingresadas,
entendíamos que de forma indebida, porque todo surgía de forma indebida. Entendíamos que había alguna vulneración de derechos y pedíamos moratoria y exoneración para los meses posteriores, mientras persistiese la pandemia.


También, hablábamos sobre el tema de los autónomos y del criterio para acceder a la prestación de caída del 75 % y de que se redujera al 40 % de la facturación, al igual que las moratorias hipotecarias. Hablábamos de las madres autónomas,
de que no podían tener capacidad para acceder a la prestación, al no poder acreditar caída de ingresos, pues se reincorporaron a la actividad en 2020. También hablábamos de un plan especial de comercio, hostelería y turismo... En fin, una serie de
cuestiones importantes que formaban parte de este circuito de autónomos, del impacto laboral que tuvo la pandemia y de los avales ICO. Entendemos que, en esa época, por desgracia, el Partido Socialista, el Gobierno y todos sus coadyuvantes actuaron
bajo la técnica del miedo y del control absoluto. El estado de alarma se decretó ilegal por el Tribunal Constitucional, con lo cual la esencia de todo lo demás partía de ese miedo y ese control.


Pero también comentábamos ese 13 de abril que en el famoso Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, en su disposición adicional sexta, se hablaba del tema de los ERTE de fuerza mayor, del tema de los ERTE por causas objetivas y de la
imposibilidad de las empresas de acudir a técnicas organizativas durante los seis meses posteriores al fin de la pandemia, lo que tuvo diversas polémicas en los distintos plenos que hubo en el Congreso. En definitiva, un autónomo que tenía una
empresa con unos cuantos trabajadores tuvo dificultades para pedir las ayudas, si es que las pudo pedir, tuvo dificultades en la aplicación de todo el impacto laboral -el Real Decreto 8/2020 y posteriores- y también tuvo dificultades en los
préstamos y los avales del ICO. Ahora, como ha dicho muy bien la señora presidenta, empezaremos a ver todas las posibles devoluciones en el 2022 y todo lo que nos queda.



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Acabo, presidente, simplemente recordándoles que, en la ayuda a los autónomos, la gestión ha sido ineficiente. Ha habido incidencias e incumplimientos. Ha habido cambios de criterio y en relación con la interpretación de la norma hubo
sucesivas modificaciones normativas que provocaron inseguridad jurídica, trato no homogéneo, falta de equidad, trato desigual entre los beneficiarios, falta de previsión de aspectos sociales. Y no lo digo yo, lo dice el informe. Y eso todavía lo
están pagando los autónomos.


Así pues, con todas estas dificultades, no podemos compartir la recomendación final, el resumen final que dice que el PECATA logró el mantenimiento del empleo de los trabajadores. No. El mantenimiento de los trabajos de los autónomos lo
consiguieron ellos, a pesar del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando.


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Trenzano.


La señora TRENZANO RUBIO: Muchas gracias, presidente.


Presidenta, señorías, es muy complicado resumir en cinco minutos ocho informes de fiscalización que aportan una extensa información acerca de las ayudas impulsadas por el Gobierno durante la gestión de la crisis provocada por la COVID-19,
así que voy a intentar centrarme en aquellas que me resultan más destacables.


Respecto al informe de fiscalización sobre el impacto socioeconómico en el ámbito de la Administración sociolaboral y de la Seguridad Social, destaco que el impacto económico de los costes asociados a las medidas sociolaborales asciende a un
total de 28 800 millones de euros, de los cuales se detectó que 2 300 millones se adjudicaron de manera indebida. Ello supone un 8 % del total, pero hay que tener en cuenta que 2046 millones de euros se han recuperado, lo cual supone el 88 %. Ello
demuestra que los controles de la Administración han funcionado correctamente.


El impacto más elevado de las medidas sociolaborales aprobadas corresponde a las dirigidas a las empresas con el expediente de regulación temporal de empleo para la protección del tejido empresarial y del empleo por cuenta ajena, que han
supuesto 19 200 millones de euros, un 66,68 % del total en 2020, y que se han materializado en prestaciones contributivas por desempleo y en exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, cuya cuantía asciende,
respectivamente, a 13 600 y 5 500 millones de euros.


En relevancia económica le siguen las medidas de protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo impacto total en ese año 2020 ha sido de 7 100 millones de euros, el 24,93 % del total. Y contienen
prestaciones económicas por cese de actividad abonadas a los autónomos en su condición de trabajadores por casi 5 000 millones de euros, y exenciones y exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social por 2 200 millones de euros.


Respecto al informe de fiscalización del otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO, quiero destacar que la fiscalización solo se refiere a una parte de la medida adoptada, que es la concesión de los avales en una parte
del periodo establecido para su implementación, que es el ejercicio 2020. La línea liquidez se había utilizado ya en 2020 casi en su totalidad, puesto que el importe total avalado por esa línea ascendió a 86 600 millones de euros, y los clientes
habían obtenido 114 122 millones de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades.


Respecto al informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con la COVID-19 convocadas por las comunidades autónomas, lo más destacable es que no existió en estas comunidades autónomas la planificación estratégica ni el perceptivo
diseño de indicadores y objetivos medibles. Es necesario que recordemos las circunstancias en las que se impulsaron estas subvenciones: el tiempo jugaba en contra, se estaba teletrabajando y la situación era de apremio. Una vez más, la
fiscalización pone de manifiesto las deficiencias que, obviamente, deben ser corregidas en caso de que una situación similar se volviera a producir. Quiero destacar también que únicamente en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y
Extremadura se declararon específicamente ampliables todos los créditos necesarios para atender los gastos derivados de la adopción de actos o medidas para paliar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID.


Y respecto al informe de fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades, quiero destacar que



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el Ministerio de Política Territorial jugó un papel importante y que se ha presentado una serie de fortalezas y buenas prácticas, como son la publicación en la página web del ministerio de la información y los datos generados y recopilados
en el área de la responsabilidad de los distintos órganos o la búsqueda de dinámicas positivas de refuerzo e imitación de las mejoras en la propia gestión.


Respecto al informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos, quiero destacar que el número de prestaciones mensuales abonadas entre los meses de marzo y
junio de 2020 se elevó a 4 911 554, alcanzando en este último mes un grado de cobertura del 44,57 % sobre el colectivo de trabajadores por cuenta ajena afiliados al sistema de la Seguridad Social, lo que denota el elevado grado de protección logrado
con esta prestación dirigida a paliar los efectos negativos derivados de la pandemia. Todo ello, que es solo una parte de las aportaciones que hace el informe, junto con los datos de empleo y el número de personas afiliadas a la Seguridad Social
solo cuatro años después de la pandemia, demuestra que apostar por una salida de las crisis con el aumento del gasto público destinado a paliar sus consecuencias en los trabajadores, en las pymes y en los autónomos facilita una recuperación
económica y una superación de las adversidades mucho más efectiva, a la par que mucho más justa, que rescatar bancos y recortar las prestaciones destinadas a las clases medias y trabajadoras.


El Grupo Socialista presentará diversas propuestas de resolución para abordar las modificaciones necesarias para paliar las deficiencias y debilidades que se han detectado en los informes que presenta este bloque.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Trenzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía.


La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.


Buenos días, presidenta, y bienvenida de nuevo a esta Comisión. Como son ocho informes y cinco minutos, iré al grano, a lo más importante. En cuanto al informe de fiscalización de las medidas adoptadas por AENA, esta rinde las cuentas del
año 2020 con un informe de auditoría favorable y sin salvedades. Sin embargo, también AENA presenta un recurso ante el Tribunal Supremo porque no ha recibido ayudas estatales. No sé si nos puede explicar más sobre este extremo. Desde el 2 de
abril de 2020, AENA exime del pago de las tarifas de tránsito aéreo y aterrizaje a las aeronaves que transportan material sanitario necesario para luchar contra la pandemia. Todas esas exenciones se solicitaban a través de un cuestionario en la
página web, y ustedes dicen que, a la finalización de los trabajos del tribunal, todavía no se ha resuelto ningún expediente ni hay ninguna nota de abono. ¿Cómo puede ser esto años después?


Además, ustedes citan en el informe que AENA celebra contratos en el procedimiento de emergencia, y así lo manifiesta el tribunal en una nota resumen que publican al respecto, donde dice que los contratos adjudicados suman más de 29 000
millones de euros, que no se solicitan ofertas en ninguno de ellos y que se adjudican a dos empresas que ya prestaban servicios con AENA por conocer su capacidad y solvencia técnica. Pero en el anexo XV del informe el importe no es de 29 000
millones, sino de 54 000 millones de euros, y se adjudica a cuatro empresas y no a dos. Una de las empresas -es curioso- se llama Interserve, y lo de la solvencia lo pongo en duda, porque esta empresa el año anterior, en 2019, estaba en concurso de
acreedores, presidenta. Se la contrata con urgencia el 21 de junio de 2020, un contrato para solo diez días, con coste de 274 000 euros, pero diez días más tarde se le adjudican dos contratos de mucho más importe y a más largo plazo junto a la
empresa Quirónprevención, negociados y sin publicidad. Es decir, AENA eligió directamente a qué empresas invitaba. Me gustaría que nos aclarara esta situación.


En cuanto al informe de fiscalización de otorgamiento de los avales del Estado por medio de las líneas ICO, ustedes reflejan en el informe que se dan bastantes errores en todo el tema de los avales ICO, y todo ello por un procedimiento
informático que tiene implantado el ICO y que es el culpable de que esto ocurra, como que a las grandes empresas se les considere pymes y que a las pymes se les considere grandes empresas. Es lógico que todo este procedimiento informático dé
errores si ustedes mismos nos hablan de un manual de usuarios de la aplicación que data del año 2013 y que años después no está actualizado. Es más, el ICO debió comunicar las ayudas concedidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y no lo ha
hecho.


También se conoce que el ICO contrató con una empresa consultora a nivel nacional por 5,5 millones de euros para que les ayudara a controlar el cobro de los créditos. En el informe del Tribunal de Cuentas se alude a una nota informativa
interna del ICO informando de impagos de 5846 concesiones de préstamos por las que



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el Gobierno en ese momento ya estaba avalando 267 millones de euros, y todo esto teniendo en cuenta que todavía los préstamos están en periodo de carencia. Yo le pregunto, presidenta: ¿es cierto que el ICO les ha negado el acceso a
informes de control de la auditoría? ¿Cómo van a afectar todos estos millones de euros en avales por impagos y avales ejecutados, todas estas pérdidas a la Cuenta General del Estado?


En referencia al informe de fiscalización sobre la gestión y el control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, sabemos que fue la prestación destinada a intentar proteger a los autónomos y que, como dice el
Tribunal de Cuentas, ha evitado el desempleo de parte de estos trabajadores. Se concedieron ayudas en este momento rápidamente a 281 000 autónomos por 505 millones de euros, pero ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Porque bien es cierto que
ustedes en su control detectan que esas ayudas están mal tramitadas.


El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señoría Alía.


La señora ALÍA AGUADO: Sí, presidente.


¿Qué va a pasar ahora con los autónomos? ¿Años después les van a pedir la devolución de ingresos indebidos? Porque estamos en periodo de prescripción, prescribe a los cuatro años. ¿Va a recuperar el Estado esos importes? Y tengamos en
cuenta que el Estado también va a cobrar a los autónomos los intereses al tipo que están ahora estos.


El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señora Alía.


La señora ALÍA AGUADO: Se causa un perjuicio -termino, presidente- a los autónomos que tengan que devolver, pero ¿cómo afecta también esto a las cuentas del Estado?


El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando.


La señora ALÍA AGUADO: Presidenta, muchísimas gracias, y gracias, presidente, por el tiempo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder al conjunto de los portavoces.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.


Lo primero que quiero hacer es darles las gracias por sus preguntas y, sobre todo, por su tono.


En primer lugar, voy a contestar a la parlamentaria del Grupo Vasco. Tengo que decirle que me alegro de que valore la función del Tribunal y de que la información que contienen los informes esté dirigida precisamente a ustedes, los
parlamentarios, para que hagan uso de ella en su importante función de control al Ejecutivo. Esa es nuestra función fundamental y nuestra función constitucional.


Dicho eso, intento contestarle a las dudas que usted mantiene y que creo que he recogido. En primer lugar, como usted sabe, las alegaciones son públicas, porque se envían a la Cámara -no es un tema de transparencia, es que se envían a la
Cámara- en el momento que se envía el informe. Es cierto que en algunas ocasiones unos informes recogen mejor la respuesta dada a las alegaciones, en el sentido de que se incorporan parte de ellas. Cuando las alegaciones son muy numerosas, no se
trata de un problema de transparencia, porque estas se mandan, sino que, a lo mejor, hay un problema de gestión del tiempo y del espacio. Es decir, habitualmente, las que se incorporan siempre van en nota a pie de página, y es posible que en
algunas ocasiones se haya pasado, lo que no dejaría de ser un defecto de nuestros informes, porque nuestra norma es que las que se incorporan figuren como modificación del texto que va a ir a pleno; o sea, en el pleno ya aprobamos los informes con
las alegaciones, incorporadas o no. En cualquier caso, respecto a las alegaciones no incorporadas, dentro de nuestro sistema de trabajo lo que sí que está es la justificación de por qué no se incorporan, si es porque no aportan suficiente alegación
en contra de lo dicho o si es porque son meramente explicaciones, que es lo que suele pasar muchas veces, y no modificarían el hilo del informe.


En cuanto al tema de la cooperación multilateral, usted ha citado el artículo 151, pero no el segundo párrafo. El párrafo segundo del artículo 151 lo que hace es completar la regulación, porque establece aquellos supuestos en que los que el
cumplimiento resulta obligatorio, y es cuando la Administración General del Estado esté realizando funciones de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias. Y lo que dice el artículo concreto es que, en estos casos, sí son
de cumplimiento obligatorio. Creo que es a eso a lo que usted se refería. Independientemente de que pueda estar de acuerdo con el artículo o no, eso es lo que dice el artículo.



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Después, hay una cosa que es cierta, y es que el informe refleja la aportación de la Administración General del Estado, no voy a decir a la gobernanza, porque a lo mejor es un título grandilocuente, pero sí a la cooperación, y no de las
comunidades autónomas, salvo de las cuatro comunidades autónomas que están en el ámbito de actuación del tribunal. Son los órganos de control de las comunidades autónomas los que tendrían que recoger si, efectivamente, estas han aportado
coordinación o si se han sentido o no coordinados, pero ya sabe que nosotros, por un principio de respeto institucional, salvo que planifiquemos juntos una actuación, dejamos que los órganos de control externo hagan las actuaciones que les competen.
Por eso en este momento no están. Le aseguro que alguna comunidad autónoma a la que le hemos pedido -no en este caso, sino en algún otro caso- alguna documentación no se ha mostrado muy favorable a facilitárnosla porque tenían su órgano de control
externo. Por eso le digo que nos movemos con toda la prudencia que las coincidencias institucionales nos permiten.


En cuanto al señor Aizcorbe, él ha hecho una valoración de tipo político y nada tengo que decir, pero la recomendación con la que no se manifiesta de acuerdo realmente es el resultado del análisis de los datos de afiliación que se manejaron
en la fiscalización. Usted quizás se esté refiriendo a quienes mantuvieron el empleo. Entonces, puede no compartirlo, pero le digo a lo que se refiere, porque sí que los datos de afiliación variaron al alza.


A la señora Trenzano le agradezco también, como a la señora del Grupo Vasco, que utilice el contenido de los informes para proponer regulaciones. Ese es el principal objetivo de los informes, poner en papel todo aquello que detectamos en
las gestiones de las administraciones. Muchas veces tienen solución modificando aspectos de gestión y otras veces tienen solución modificando normativas de mayor o menor rango, en función de lo que queramos resolver. Entonces, solamente me puedo
congratular de que, efectivamente, vayan a utilizar esos informes para proponer todas las mejoras que se deriven de las deficiencias que hemos encontrado. En este momento, y por dos veces seguidas, me congratulo de que se utilicen los informes para
lo que es su primera misión.


A la señora Alía también le doy las gracias por su tono. Yo creo que, en esta Comisión, permítame que se lo diga, sí que debemos de recuperar un poco la identidad de unos y de otros. Como saben ustedes, quien les está hablando es
presidenta de un órgano institucional, y nos dirigimos en una relación que nos exige la ley y que ha sido magnífica. Ni somos los gestores ni nuestra misión es defender la función de los gestores. Realmente, todas las deficiencias a las que usted
ha hecho alusión son deficiencias que constan en los propios informes. Así son las cosas. Es decir, nosotros solamente funcionamos con los informes que nos mandan y con las informaciones que pedimos y nos dan como complemento después de analizar
la documentación que nos mandan. Esas constan y esas son las que ustedes deben valorar si les sirven de control al Gobierno o no. Yo creo que son una buena medida.


Usted dice que no comparte que las ayudas permitieran mantener el empleo. También es una valoración que no tengo por qué rebatir, por lo no voy a entrar en ello. El informe está referido, como saben, al 2020, porque era nuestro compromiso
con el tema de la pandemia analizar las actuaciones que se hubieran llevado a cabo en todos los aspectos que a nosotros nos competían y que estaban referidos a contratación de urgencia o a actuaciones que, sin ser contratación, eran medidas del
Ejecutivo y se dedicaron a paliar, o a intentar paliar, los efectos de la pandemia. Como le digo, el informe se refiere exclusivamente al 2020 y, en el momento de aprobación del informe, no hay ningún hecho que esté relacionado con la sentencia del
Supremo. Como usted sabe, hacemos seguimiento de los informes, y lo haremos en el momento que corresponda. Además, es verdad que también hemos avisado de que respecto a los avales del ICO empezaremos a ver las dificultades o los problemas que haya
en el seguimiento de recomendaciones, porque las devoluciones están referidas al año 2022, aunque también le digo que nosotros no recogemos ninguna limitación al alcance, que yo sepa, por documentación que no nos haya facilitado el ICO. Nosotros
entendemos eso si no recogemos una limitación al alcance. Cuando nosotros tenemos una información incompleta o pedimos una información que no se nos facilita y que justo repercute en el análisis de lo que estamos viendo y se reitera la petición de
la documentación y no se completa o no se remite, entonces en el informe consta que ha habido una limitación al alcance de la fiscalización, porque hemos dejado de contar con una información que nos era necesaria para hacer el informe. No es el
caso, pues no tenemos limitaciones al alcance, con lo cual no ha habido una falta de colaboración por parte del ICO, sensible, por lo menos, en los aspectos que hemos examinado en ese informe.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.



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BLOQUE II:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS INMUEBLES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (CORRESPONDE AL Número de expediente 251/000164 DE LA XIV LEGISLATURA).
PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000029 y número de expediente del Senado 771/000030).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque, informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética.


Tiene la palabra, para la comparecencia y explicación, la presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.


El objetivo de esta fiscalización fue el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con una especial referencia a las actuaciones dirigidas a garantizar la eficiencia energética. (Apoya su intervención en una presentación digital). Se ha
referido, en su ámbito subjetivo, como no podía ser de otra manera, a la Tesorería General de la Seguridad Social, que es el servicio común de la Seguridad Social que ostenta la titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social. Los trabajos
han alcanzado a las entidades del sistema que tienen adscritos los inmuebles. Las comprobaciones se han realizado a partir del inventario de inmuebles de la Seguridad Social en noviembre de 2019. No obstante, la evaluación de la eficiencia ha
tenido en consideración el uso dado a los inmuebles en años anteriores, remontándose incluso en algún caso hasta el año 2000. Esa fiscalización se realiza también a iniciativa del tribunal y se configura como de cumplimiento de la normativa
reguladora de los procedimientos establecidos por la propia Tesorería. También tiene parte de fiscalización operativa, que persigue valorar sistemas y procedimientos implantados y su adecuación a los fines que deben cumplir.


Entre algunos de los aspectos más importantes de ese informe, en primer lugar, según el inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social, en noviembre de 2019, el número total de inmuebles en alta ascendía a 4 115. En un 92 %
de los casos figura como titular la Tesorería y en el 8 % restante se trata de inmuebles en situaciones de tramitación también a favor de la Tesorería. De estos inmuebles, 2 536 están siendo utilizados exclusivamente por una sola entidad, 531
constan como compartidos entre varias entidades o parcialmente vacíos, 874 figuran como totalmente vacíos o sin uso, y, respecto a los 174 restantes, el inventario carece de información sobre la entidad ocupante.


La información de carácter económico que contiene el inventario, soporte de los saldos contables relativos a los inmuebles en la Seguridad Social, no observa lo establecido en la Orden de 10 de septiembre de 2021, sobre actualización de los
inventarios de bienes y derechos de la Seguridad Social. Dicha valoración ha de extraerse de los inventarios contables de las distintas entidades del sistema de la Seguridad Social, y, a 31 de diciembre de 2019, hecha esta comprobación, asciende a
6675 millones de euros. Desde 2002, el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto en las declaraciones de la Cuenta General del Estado que traemos cada año la ausencia de un inventario general completo, actualizado y conciliado con las cifras
contables. Esta situación seguía vigente en el momento de redacción del informe, aunque la Tesorería ha comunicado al tribunal que está en fase avanzado el desarrollo de una nueva aplicación informática para la gestión del inventario que facilitará
la incorporación de los datos desde el aplicativo del sistema de información contable de la Seguridad Social.


La Tesorería dispone de un gran número de inmuebles ociosos que generan importantes gastos al sistema de la Seguridad Social. La existencia de estas superficies vacías o sin uso ha implicado la asunción por el sistema de la Seguridad Social
de importantes gastos e inversiones. En este sentido, debe señalarse que los costes estimados para los 186 inmuebles que constituyeron la muestra utilizada en la fiscalización ascendieron, al menos, a 143,3 millones de euros. Entre las causas de
la existencia y permanencia en el patrimonio de la Seguridad Social sin uso se encuentran, primero, la implantación en el año 2000 del objetivo estratégico de renovación y creación de oficinas integrales de la Seguridad Social; segundo, el retraso
de la puesta a disposición de la Tesorería de numerosos inmuebles vacíos de las mutuas, y, tercero, que la Tesorería ha realizado pocas gestiones para vender los inmuebles vacíos. A modo de ejemplo de esta situación, se puede señalar que solo se
inició algún procedimiento de enajenación para el 15,90 % de los inmuebles vacíos. Además, un porcentaje muy significativo de las subastas celebradas quedaron desiertas. A ese respecto, debe señalarse que el Real Decreto 21/1992,



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de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, impide reducir el tipo de licitación cuando una subasta queda desierta. Consta en el informe un ejemplo de uso ineficiente de los recursos del sistema de la Seguridad Social, como
fue la construcción del centro de formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón: desde la compra del terreno en el año 2001 hasta el inicio de su actividad transcurrieron doce años y, desde entonces hasta la decisión de venta en 2019,
estuvo operativo solo seis años, con escasa ocupación y aprovechamiento. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).


En relación con las entidades gestoras, se destaca que el Instituto Nacional de la Seguridad Social promovió la compra o la adscripción de 17 inmuebles, 14 solares y 3 locales, fundamentalmente para la instalación de oficinas integrales de
la Seguridad Social y centros de atención e información de la Seguridad Social, que no llegó a construir ni a poner en funcionamiento y que han supuesto, entre adquisiciones, inversiones y gastos asociados, más de 35 millones de euros.


Por su parte, el Instituto de Gestión Sanitaria mantiene registrados contablemente 23 inmuebles, por un importe superior a los 22 millones de euros, que no figuran adscritos al mismo, no están siendo utilizados para la prestación de sus
servicios y no se encuentran en la relación de inmuebles adscritos a las comunidades autónomas ni han sido revertidos a la Tesorería.


La actividad recuperadora y asistencial que se realiza por el Imserso, a través de los centros de recuperación para personas con discapacidad física y de los centros de atención para personas con discapacidad física, se ejerce de acuerdo con
una cláusula incluida en los decretos de traspaso de competencias que reservaba transitoriamente para la Administración del Estado la financiación y la gestión de estos centros de atención especializada. Este régimen, que, como les digo, era
transitorio, sigue vigente veinte años después y sigue haciéndose cargo la Administración General del Estado de estos gastos. Y el ejercicio de estas competencias ha supuesto para el sistema de la Seguridad Social un gasto en el ejercicio 2019 de
casi 53 millones de euros. Debe señalarse que el índice de ocupación de estos centros ha sido del 74 %.


Por lo que respecta al Instituto Social de la Marina, en sus estados contables figuran tres inmuebles que han sido dados de baja en el inventario, por un importe total de 233 578 euros.


En lo referente a los inmuebles adscritos a las comunidades autónomas como consecuencia de los traspasos de funciones y servicios, del total de 4 115 inmuebles que figuran en el alta en el inventario de 2019, el 33 % constan como usados
íntegramente por las comunidades autónomas, en virtud de distintos reales decretos de traspaso de competencias. Son las comunidades autónomas las que tienen registrados contablemente estos inmuebles, por un valor de casi 2 700 millones de euros.
Se señala que no existe un adecuado procedimiento de coordinación o de comunicación entre la Tesorería, como titular de los inmuebles, y las comunidades autónomas que los tienen en adscripción.


Los inmuebles vacíos de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son 41, de los 186 de la muestra, que habrían supuesto un importe de 7,7 millones de euros. Se ha detectado un retraso significativo, que oscila entre dos y tres años,
desde que una mutua identifica la necesidad de creación de un centro de carácter asistencial y formaliza el arrendamiento de un inmueble hasta que entra en funcionamiento. Como consecuencia de esta situación, no solo se vienen abonando unos gastos
anteriores a la entrada en funcionamiento del centro asistencial, sino que el propio transcurso de este periodo de tiempo puede provocar que en el momento de su apertura se hayan visto alteradas las circunstancias bajo las cuales las mutuas
solicitaron la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Además, dos mutuas han imputado al sistema de Seguridad Social gastos relacionados con el arrendamiento de cuatro inmuebles, cuyos contratos fueron
rescindidos con anterioridad a la entrada en funcionamiento de los centros.


En relación con la eficiencia energética de los inmuebles de la Seguridad Social, se concluye que en el ámbito de la Seguridad Social no existe un plan director o estrategia común que afecte a todos los inmuebles del sistema para el
cumplimiento de renovación del 3 % de la superficie total de los edificios públicos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cuenta con un plan estratégico de eficiencia energética, lo que ha determinado que tanto la Tesorería
como las entidades gestoras hayan debido implementar de manera individualizada aquellas medidas que, a su juicio y en función de los recursos económicos disponibles, han considerado que podían conducir a un uso más eficiente de los recursos
energéticos. En los inmuebles que han utilizado de modo exclusivo la Tesorería y las entidades gestoras predominan las calificaciones intermedias de eficiencia energética, correspondientes a las letras C, D y E. Ninguno de los inmuebles utilizados
de modo exclusivo por la Tesorería y las entidades



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gestoras han obtenido la calificación con la letra A, máxima calificación energética. En el caso de las mutuas lo posee el 9 % de los inmuebles adscritos y en el de las comunidades autónomas el 1 %.


Se ha constatado que, a la fecha de aprobación del informe, julio de 2022, no existía un plan general de actuaciones para la consecución del ODS número 7, el de desarrollo sostenible, impulsado desde la Secretaría de Estado de Seguridad
Social y Pensiones. Sin embargo, las entidades, organismos y unidades que conforman el sistema han desarrollado acciones en su ámbito de actuación. Con la finalidad de subsanar cuantas incidencias y deficiencias se han puesto de manifiesto, se han
formulado recomendaciones que se dirigen tanto al ministerio como a la Tesorería, el INSS, el Imserso y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Entre ellas, el ministerio debería diseñar una estrategia para cumplir la directiva
europea relativa a la eficiencia energética en edificios públicos y el ODS 7 respecto a la Tesorería a fin de que realice un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria y las necesidades de las entidades del sistema de Seguridad Social.
También se recomienda que se analice la conveniencia de modificar la normativa y homologarla a la del Patrimonio del Estado en relación con la posibilidad de que el tipo de licitación para la enajenación de los inmuebles pueda ser inferior al valor
de tasación una vez que la subasta haya quedado desierta. También se recomienda a la Tesorería que arbitre un procedimiento efectivo de intercambio sistemático de información con las entidades usuarias de los inmuebles con el fin de que la
actualización de cualquier dato se produzca de una manera rápida y eficaz. Esta mejora en el intercambio de información es especialmente relevante en el ámbito de las mutuas colaboradoras. Finalmente, se recomienda a la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social que mejore el seguimiento y control de la utilización que realizan las mutuas de los inmuebles del sistema de la Seguridad Social, así como de los contratos de arrendamiento de los inmuebles. Además, se exhorta a
esa dirección general a que estudie la existencia de posibles sobredimensionamientos de las instalaciones de las que disponen las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.


Presidente, he terminado.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.


Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones y formulación de preguntas por parte de los grupos parlamentarios.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Bienvenida, señora presidenta a esta Comisión. Estamos analizando ahora el informe de usos de los edificios de la Seguridad Social, y para mí este informe es una verdadera sorpresa al ver que en el primer cuadro del informe el importe de
los bienes inmuebles, según inventario contable a 31 de diciembre de 2019, asciende a 6 775 millones de euros. Es un inventario a valores contables, por lo que me gustaría preguntarla si disponen de la cifra del valor a precios de mercado de esos
inmuebles. Si a valores contables son 6 675 millones y muchos tienen bastante antigüedad, supongo que el precio de mercado será muy superior. Si no disponen de ellos, en la propuesta de resolución, por supuesto, instaremos a que se realice un
inventario de estos inmuebles a precios de mercado. Estamos hablando de 4115 inmuebles, de los que 1 671 son edificios, 1 287 son locales y se incluyen también viviendas, fincas rústicas y otro tipo de inmuebles, un patrimonio inmobiliario que no
impide que se gaste un importe de 54 millones de euros en alquileres, algo absolutamente increíble.


Resulta inexplicable que estemos hablando de un elevadísimo patrimonio inmobiliario cuando tenemos una Seguridad Social con una deuda alcanzando límites máximos históricos; un patrimonio inmobiliario del que, prácticamente, no se obtiene
ingresos. Hablamos de 4115 -repito- inmuebles, de los que 874 figuran totalmente vacíos y de 174 se carece de información sobre la entidad ocupante. Produce sorpresa ver en su informe que la existencia de estas superficies vacías o sin uso ha
implicado la asunción por parte del sistema de Seguridad Social de importantes gastos e inversiones, que para 186 inmuebles analizados ascienden a 143 millones de euros, un despilfarro de 143 millones de euros. Pensemos que si se mantuviese la
misma proporción -ya sé que tampoco es exacto- para los 874, si utilizáramos la cifra de 186, estaríamos hablando de 670 millones de euros, una cifra absolutamente increíble. Y, de los 874 inmuebles vacíos, hay un total de 665 que no se incluyeron
en el plan de enajenación, o sea, están vacíos y no se incluye un 76 % de los mismos en el plan de enajenación: increíble. Y, de los 209 incluidos en el plan de enajenación, no se ha iniciado procedimiento de enajenación para 70, es decir, solo se
ha iniciado procedimiento de enajenación de 139 inmuebles, lo cual supone una incompetencia manifiesta.



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Instaremos a que se expliquen las razones por las que no se incluye un plan de análisis sobre posibles enajenaciones de aquellos inmuebles que puedan suponer un ingreso importante para las arcas del Estado; podemos hablar de inmuebles cuyo
precio de mercado es altísimo, y, evidentemente, pueden suponer un ingreso extra para el Estado. Produce sorpresa comprobar que, con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, se han abonado 96 millones de euros por la adquisición de 25 solares
en los que no se ha construido nada -solares adquiridos en la primera década de este siglo-. Produce sorpresa leer que la Tesorería General de la Seguridad Social ha codificado 33 inmuebles con ocupación sin título, y, de estos, 19 se encuentran
ocupados totalmente y 14 de forma parcial. Es un informe impresionante.


Y termino con una breve mención de los inmuebles adscritos a las comunidades autónomas como consecuencia de traspasos de funciones y servicios. Hablamos de 1340 inmuebles, con un valor de 2683 millones de euros. Nos gustaría que nos
indicara si la Tesorería General de la Seguridad Social, como propietaria de los inmuebles, recibe contraprestación alguna. Nos gustaría que nos calificara la operación en la que un propietario cede un inmueble y no recibe contraprestación alguna.
Nos gustaría que nos indicara si, en su opinión, no cobrar un alquiler se puede considerar como una donación. Nos gustaría que nos indicara si, en su opinión, los alquileres no cobrados deberían formar parte de las transferencias del Estado en este
caso a las comunidades autónomas, hablando de los 1340 inmuebles. Desde luego, el Grupo VOX instará a que se cuantifique el alquiler que ahorran los organismos que los utilizan y, por tanto, deja de ingresar la Tesorería General de la Seguridad
Social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Sáez Alonso-Muñumer.


Por Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré Aregall.


El señor PARÉ AREGALL: Bon día. Buenos días, presidenta; buenos días, señorías.


En primer lugar y viendo que en la intervención anterior se han cuestionado las instituciones y una vez más se ha puesto en duda la gestión del COVID, como Grupo Socialista, queremos mostrar que este informe es una buena medida acerca de que
valen la pena las políticas públicas que precisamente priorizan a las personas y ponen en valor los servicios públicos con el objetivo de no dejar a nadie atrás, protegiendo a los colectivos más vulnerables, y ampliar los derechos sociales a través
de la igualdad y la protección social.


Aprovecho para agradecer al Grupo Popular su voluntad de tratar este informe. Desconozco los motivos, pero considero relevante comentar que la extracción de datos, como muy bien ha apuntado la presidenta, para la realización de la
fiscalización es de noviembre de 2019. Si tenemos en cuenta que en dicho año hubo dos elecciones estatales y que la moción de censura a Mariano Rajoy fue en junio de 2018, pocos datos se pueden asociar a la gestión del Grupo Socialista y el
Gobierno progresista.


En tercer lugar, valoramos positivamente que las conclusiones y las recomendaciones del informe ponen énfasis sobre la digitalización del patrimonio y la eficiencia energética de los inmuebles fiscalizados. Aprovecho para agradecer el
trabajo del Tribunal de Cuentas y la colaboración de los servidores públicos que han contribuido en su elaboración, así como la aportación de documentación en las distintas fases de su redacción.


Finalmente, quiero destacar que en la intervención de la junta general de 2021 ya tuve la oportunidad de destacar que los presupuestos generales del Estado de aquel año fueron los primeros que incluyeron un informe de alineamiento con los
objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, facilitando la visualización del esfuerzo presupuestario que cada política de gasto realiza para el logro de estos objetivos. En este sentido, quiero destacar que en 2021 la Tesorería General de la
Seguridad Social estableció dos objetivos estratégicos a aplicar en aquel año: en primer lugar, la elaboración de un plan de eficiencia energética en las direcciones provinciales y, en segundo lugar, la reducción del consumo relacionado con la
iluminación, ambas medidas alineadas con el ODS 7, energía asequible y no contaminante. Es importante destacar que en 2019 los datos sobre calificación energética y consumos de energía y emisiones registrados en el inventario no están completos ni,
en general, actualizados. Aun así, como muy bien ha destacado la presidenta, de un total de 2136 inmuebles de uso exclusivo, únicamente presentaban datos un total de 314. Respecto a los inmuebles utilizados de modo exclusivo, ninguno de ellos
obtuvo la calificación A, la máxima calificación energética, como tampoco ha conseguido la máxima calificación ninguno de los 366 inmuebles de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social que han sido arrendados a terceros. Por
último, respecto de los 76 inmuebles propiedad de terceros arrendados, todos con fecha de alta posterior a 2013, ninguno tiene registrado en el inventario el certificado energético, requisito obligatorio



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para todos aquellos inmuebles dispuestos para alquilar, según exigía en aquel momento el real decreto de 2013. Respecto de la tenencia de la certificación en todos los edificios públicos, debemos vincularla a la directiva europea del año
2012, y quiero recordar que desde el año 2011 hasta el 2018 en España gobernaba el Partido Popular.


Aprovechando la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas y a raíz de las propuestas, si la Tesorería General de la Seguridad Social ha informado al Tribunal de Cuentas de que ha contemplado proponer la modificación del artículo 15
para abrir la posibilidad de aplicar una bajada del tipo de licitación en subastas sucesivas, ¿lo considera oportuno usted o mantiene que no está demostrado que esta reducción suponga obtener mayores rendimientos? Es la conclusión 12. Asimismo,
¿es oportuno modificar el IBI, según la propuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social? El problema es que la deuda que las comunidades autónomas tienen repercute en su reclamación a la Tesorería. En cambio, si se modificase el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿se podría considerar hecho imponible la titularidad de dichos inmuebles? Por último, quisiera saber si considera oportuno modificar la ley para fomentar el cumplimiento de los principios de
eficacia y eficiencia con carácter previo a la inscripción de un inmueble y así acreditar el control posterior, ya que no está contemplado actualmente.


Acabo indicando que presentaremos nuestras resoluciones a partir de las recomendaciones del informe. No obstante, creemos importante poner el énfasis en lo que se ha comentado acerca de que se debe seguir reclamando la propiedad a la
Comunidad Valenciana, así como considerar el ejemplo de mala gestión de Pozuelo de Alarcón y, lógicamente, que se aplique a los inmuebles de la Seguridad Social un buen inventario para poder disponer de él a nivel de eficiencia energética y de
gestión precisamente para garantizar su control y uso.


Muchas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Paré Aregall.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando García.


El señor HERNANDO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora presidenta.


Este es un bloque de un solo informe, en un contraste muy llamativo con respecto a los otros dos, en los que hay muchos más. Es cierto que es un informe muy extenso y minucioso; el documento, en total, alcanza casi las seiscientas páginas,
gracias al elevadísimo nivel de participación de las entidades gestoras y otros órganos en la fase de alegaciones, que, al parecer, tienen mucho que decir en este caso particular. La solvencia técnica de un informe del Tribunal de Cuentas se da por
descontada en este caso, y entiendo además que el informe resulta extraordinariamente útil no solamente desde la perspectiva de la fiscalización ex post, que es la propia del Tribunal de Cuentas, sino también desde el punto de vista prospectivo en
la medida en que se dé una realidad poderosamente necesitada de una acción positiva, y también señala las vías más plausibles para iniciarla. Una muestra palpable de utilidad, sin duda, es el hecho de que en sus alegaciones la Tesorería General de
la Seguridad Social ha manifestado su intención de proponer al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un plan de actuación precisamente para tratar de salvar las deficiencias que pone de manifiesto el informe en lo que se refiere a
la gestión inmobiliaria. Y otra manifestación es, sin duda, la asunción por parte de la Tesorería de las enormes deficiencias con las que cuenta el inventario: la aplicación anterior y la actualmente vigente, que trata de salvar los problemas que
se han puesto de manifiesto. En cualquier caso, el panorama resulta absolutamente caótico, particularmente en los últimos años, y es más caótico y preocupante en la medida en que hablamos de un acervo patrimonial valorado, como bien se ha dicho, en
casi 7000 millones de euros, aunque entiendo -usted me lo confirmará si es posible- que es una cifra meramente aproximativa, porque, lógicamente, el mercado inmobiliario es extraordinariamente volátil, y, además, nos encontramos ante una ausencia
clara de información contable verazmente actualizada.


En todo caso, la tónica dominante en la gestión del patrimonio inmobiliario por parte de la Seguridad Social es la de falta de efectividad de los recursos, de los instrumentos y de los órganos puestos al servicio de esa gestión. Por un
lado, la aplicación informática, como hemos dicho, vinculada con el inventario no es completa y no está suficientemente interconectada con otras aplicaciones y ni siquiera con las propias entidades a las que afecta la gestión inmobiliaria. El
Tribunal de Cuentas -usted lo ha señalado- desde año 2002 viene recordando la necesidad de cerrar un inventario completo y conciliado con las cifras registradas contablemente, y es el ámbito contable donde, sin duda, se advierte con más intensidad
la existencia de deficiencias.



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En segundo lugar, el grupo de trabajo de depuración de inmuebles está claramente desbordado, habida cuenta la cantidad de asuntos provisionales que siguen pendiendo a fecha del estudio. Nuestra opinión es que la mejora en la gestión
patrimonial de la Seguridad Social pasa necesariamente por una reactivación y un engrosamiento de la actividad de este grupo de trabajo y por una adecuada dotación de material y personal que le permita mantener su actividad, con ese nombre o con
otro distinto, y que posibilite reflejar una mayor perdurabilidad. Pero, desde luego, es absolutamente inasumible la situación del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social tal y como está ahora. Entiendo que el grupo de trabajo tiene una
función esencial en lo que se refiere precisamente a la depuración de inmuebles, según los datos ya citados y sobre los cuales no voy a insistir. Por otro lado, el plan de enajenación de inmuebles resulta absolutamente inefectivo -usted lo ha
dicho-. La mayoría de los inmuebles vacíos ni siquiera están incorporados, no se ha utilizado el plan para ellos, cuando además los programas de enajenación chocan con problemas como el precio de la venta, que no son problemas que se extiendan al
resto del patrimonio del Estado.


Finalmente, hay tres aspectos que adquieren una importancia especial, a nuestro juicio: en primer lugar, la falta de personal al servicio del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social, tras una queja en la que incide la Tesorería
General en sus alegaciones y es un serio inconveniente. Lo cierto es que la Seguridad Social, todas las entidades gestoras al servicio común también y, particularmente, la Subdirección de Gestión del Patrimonio han visto reducido enormemente su
personal en los últimos años -durante el Gobierno del Partido Socialista, ya que mi estimado compañero ha hecho referencia al Gobierno del Partido Popular-: 62 personas en el año 2016 y 37 en el año 2022 en la Subdirección de Gestión del
Patrimonio, un número absolutamente insuficiente para llevar a cabo cualquier gestión mínimamente admisible. Otro aspecto es el fracaso en el objetivo estratégico de creación de oficinas de la Seguridad Social, un fracaso que, vinculado además con
la disminución constante de personal, en nuestra opinión afecta claramente a la calidad del servicio que se presta en las oficinas de atención al beneficiario y usuario de la Seguridad Social, sobre el cual hemos tenido ocasión todos los grupos
parlamentarios, excepto el Partido Socialista, de quejarnos en los últimos años. Por último, hay un aspecto que nos preocupa particularmente, y ya se ha citado por algún grupo político, que es precisamente el del destino de los inmuebles
incorporados en los decretos de traspasos a las comunidades autónomas. Hablamos de una tercera parte de los inmuebles, numéricamente, pero, en realidad, es evidente que los que se incorporaron al traspaso fueron las joyas de la corona; hablamos de
los centros hospitalarios, de las residencias, etcétera. Lo que no entendemos es que, transcurridos entre veinte y cuarenta años desde la transferencia de competencias que hoy son absolutamente asumidas como competencias autonómicas -sanidad y
servicios sociales-, sin embargo, no contamos con una descripción clara de la situación jurídica, administrativa, incluso física y material de esos inmuebles, y, cómo no, forman parte del inventario.


Por lo demás, hacemos nuestras las recomendaciones. Eso sí, instamos a que se programe un informe de seguimiento ulterior y uno específico en relación con los inmuebles de gestión autonómica.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, señor Hernando García.


Tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, señorías.


Hoy voy a tener la suerte de irme a mi casa pensando que el Tribunal de Cuentas sirve para algo. Ya saben por qué se lo digo; llevo dos días oyendo que el Tribunal de Cuentas no sirve para nada. Hoy me voy contenta porque, efectivamente,
como yo decía, el Tribunal de Cuentas sirve. A ustedes unos informes les pueden parecer más blandos y otros más duros, pero realmente todos los informes proceden de la documentación que nos facilitan las entidades de gestión y el análisis objetivo
que hacen los funcionarios del tribunal.


Me ha gustado mucho la frase del representante del Grupo Popular que ha dicho que la solvencia del Tribunal de Cuentas se da por descontado; yo, se lo agradezco, señoría; le agradezco esa frase.


Señor Sáez, ha dicho que el informe es impresionante, no sé si porque le ha impresionado o porque es buenísimo, pero puede ser por las dos cosas. (Risas). Los valores que están reflejados en el informe son a valor contable, para nada están
actualizados. Además, como ve, se ha hecho una relación y un análisis desde el año 2000 y creo que es una situación que todos ustedes se han dado cuenta de que requiere actuaciones directas y prontas. Hay cosas que pueden necesitar más tiempo,
pero hay otras que realmente se pueden solucionar con menos tiempo. La Tesorería no recibe contraprestaciones por una razón y es



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porque el régimen de relación entre los organismos es de adscripción. Podrían recibir contraprestaciones con régimen de adscripción, pero no nos consta que las reciban, como así figura en el informe.


La modificación del artículo al que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista es posterior al informe; por eso no consta. Pero cómo no vamos a estar de acuerdo con cualquier medida que nosotros veamos como urgente, porque no nos
corresponde a nosotros solamente hacer las recomendaciones que hemos hecho, y es que eso se tiene que resolver por los problemas de gestión, los problemas seguramente de legislación. Agradezco mucho que estén todos dispuestos a que este tema entre
en sus agendas de control, porque todos nos merecemos que esto sea así.


Vuelvo a agradecerles a todos la valoración que hacen del informe. Creo que queda demostrado que el Tribunal de Cuentas trabaja con datos, no trabaja con criterios que van cambiando en función de quiénes son los gerentes. Ayer le decía al
presidente de la comisión parlamentaria del Senado que menos mal que la Comisión mixta es una comisión de trabajo en la que debatimos los temas, muchas veces nos intercambiamos información y ustedes son capaces de valorar el trabajo de una
organización.


Espero que las resoluciones atinen. Sé que todos ustedes se van a poner a ello porque es una especie de mal endémico. No es una situación nueva, es una situación que viene de lejos. Nosotros lo venimos reflejando, como saben, desde el año
2002, en la cuenta general y, efectivamente, este informe será objeto de un seguimiento de recomendaciones, como todos. Dejaremos pasar un tiempo adecuado, porque somos conscientes de que algunas medidas necesitan un tiempo y siempre es mejor
esperar un poco más y hacer un informe con el que ya podamos contar, incluso, con alguna medida legislativa, si procediera.


Por mi parte, nada más. Les agradezco sus intervenciones y, cuando quiera el presidente, pasamos al siguiente punto.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Gracias, presidenta.


BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2020. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000031 y número de expediente del Senado 771/000027).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2021 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000209 DE LA XIV LEGISLATURA). PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000073 y número de expediente del Senado 771/000071).


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS OBLIGACIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN ANUAL AL TRIBUNAL DE CUENTAS, EJERCICIO 2022. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000098 y número de expediente del Senado 771/000096).


- MOCIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA RENDICIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES Y LA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 251/000011 y número de expediente del Senado 773/000001).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos a sustanciar el tercer bloque de informes. Se trata del informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2020; informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2021;
informe de fiscalización del cumplimiento de las entidades locales de las obligaciones de rendición de cuentas y remisión de información anual al Tribunal de Cuentas, ejercicio 2022, y la moción relativa a las medidas a promover para la rendición de
las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el sector público local.


Para exponer los informes, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.


Se me ha olvidado decirle al senador del Grupo Parlamentario Popular que los órdenes del día los fija la Mesa y que, como ve, van agrupados por temas. No tenía mucho sentido meter ese informe en otro



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bloque. Hemos separado el sector público, los informes COVID y un informe que venía solo, que no tenía compañeros de explicación. Además, creo que esto fue un pacto al que llegaron de que intentáramos vaciar la bolsa de informes sin
explicar. Cuando haya cinco en cada sesión podré ir uno a uno; mientras haya treinta, es muy complicado. Gracias.


Voy al bloque III, que contiene los informes de fiscalización del sector público local 2020 y 2021, un informe de fiscalización del cumplimiento de las entidades locales obligadas a rendir cuentas y remisión al Tribunal de Cuentas, que es de
2022, y una moción relacionada con el anterior informe. (Apoya su intervención en una presentación digital). Estos informes han sido aprobados por el Pleno 2022 y 2023 y la moción, sin embargo, fue aprobada en 2021. El hilo conductor es la
rendición de cuentas de las entidades locales.


En primer lugar, presentaré los informes que, como saben, aprueba de forma recurrente el tribunal, fiscalizaciones referidas tanto a las cuentas generales rendidas por las entidades locales como al resto de información que es de remisión
obligatoria, que se refiere a contratos, convenios y ejercicio del control interno. La finalidad de estos informes es evaluar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades locales en relación con estos ámbitos. Los dos informes del
sector público local correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 realizan un análisis sobre las principales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras agregadas representativas de la actividad económico-financiera del sector público
local. Se refiere a todas las entidades del sector público sometidas a la obligación de rendir cuentas y de remitir esa información obligatoria sobre contratos, convenios y en materia de control interno. Los informes abordan, respectivamente, el
cumplimiento de las obligaciones en los ejercicios 2020, 2021 y 2022.


Como les destaco, en primer lugar, a 31 de diciembre del 2021 la totalidad del sector público estaba formado por 15 683 entidades principales y dependientes. De ellas, 12 925 eran entidades locales principales; en concreto, 8129 eran
ayuntamientos, 3691 eran las entidades de ámbito territorial inferior a municipio y también existen 1105 entidades de ámbito supramunicipal, entre ellas diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, comarcas, mancomunidades y áreas
metropolitanas. La composición del sector local ha disminuido en los últimos ejercicios en un 0,7 %. Además, las entidades locales cuentan con 2758 entidades dependientes o adscritas; de ellas, el 46 % son sociedades mercantiles íntegra o
mayoritariamente controladas por una entidad local y el 28 % son organismos autónomos.


El plazo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para la rendición de cuentas al tribunal es hasta el 15 de octubre del ejercicio siguiente. Se ha constatado la existencia de diferencias legales en los
límites temporales de la rendición de cuentas en las comunidades autónomas, lo cual genera realmente disfunciones ya que una entidad puede estar rindiendo en su plazo a su órgano de control interno y fuera del plazo al tribunal. En todo caso, debe
señalarse que, a nuestro juicio, el plazo legal de rendición de cuentas de hasta el 15 de octubre del ejercicio siguiente resulta en estos momentos excesivamente dilatado, ya que hay más posibilidades que en la actualidad brindan los medios
tecnológicos.


El nivel de rendición de cuentas de las entidades locales en el plazo legalmente establecido es muy bajo, solo el 55 % de las entidades locales del territorio nacional, excluidas País Vasco y Navarra, rindieron la cuenta general de 2020
dentro del plazo legal. A 31 de diciembre de 2021 habían rendido cuentas el 69 % del total. En cuanto a la cuenta general de 2022, únicamente rindieron en plazo el 45 % de las entidades locales, excluidas las entidades locales de ámbito
territorial inferior al municipio. Además, se debe señalar que 1477 entidades locales, que suponen el 13 %, no solo no han rendido cuentas del ejercicio 2022, sino que tampoco han rendido cuentas en los tres ejercicios anteriores. Debe señalarse
que se aprecian diferencias significativas entre las entidades locales de las diferentes comunidades autónomas. Así, los niveles de rendición más elevados se produjeron en las entidades locales de la Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, Galicia y
Cataluña, que condicionan la obtención de subvenciones o ayudas públicas autonómicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Creo que esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Las entidades locales incumplen de forma mayoritaria
el plazo previsto en la normativa para la aprobación del presupuesto. El 70 % de las entidades locales aprobaron el presupuesto de 2021 fuera de plazo o no lo llegaron a aprobar; ese porcentaje fue del 69 % en 2020. Este bajo cumplimiento del
plazo para aprobación de los presupuestos se reitera cada año. La ausencia de un presupuesto aprobado o su aprobación fuera de plazo afecta y limita la función del presupuesto como instrumento de planificación, de gestión y de control de la
actividad económico-financiera de la entidad local.



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En relación con la cuenta general de 2021, el 10 % de las entidades locales que tenían entidades dependientes o adscritas no integraron en sus cuentas generales las cuentas anuales de la totalidad de sus entidades instrumentales. Ese
porcentaje fue del 9 % en la cuenta general de 2020. Esto impide conocer la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria de las entidades dependientes. En el ejercicio 2021 las entidades locales que rindieron la cuenta general
aumentaron el gasto aproximadamente un 8 % respecto del ejercicio anterior. Este hecho ha supuesto un cambio de tendencia respecto al ejercicio 2020, en el que las entidades disminuyeron su gasto respecto del ejercicio anterior en un 2 %. También
en 2021 se registró un aumento de los ingresos del 9 % respecto a los obtenidos en el ejercicio anterior. La estructura del gasto ejecutado de 2021 es similar a la de los ejercicios anteriores. Los gastos de personal y los gastos en bienes
corrientes y servicios representan el 60 % del total de las obligaciones reconocidas netas. Las transferencias corrientes y de capital ascendían en su conjunto al 23 % del gasto del ejercicio, mientras que las inversiones reales fueron de un 11 %.
Finalmente, quiero señalar que el 5 % del total de las obligaciones reconocidas netas en 2021 se destinaron a la amortización de deuda.


En relación con los ingresos, la principal fuente de financiación de las entidades locales son los ingresos propios tributarios o patrimoniales, seguidos de transferencias recibidas, en particular la participación de los ingresos del Estado,
y otras transferencias del Estado. El resultado de la actividad realizada por estas entidades locales en 2021 refleja un resultado presupuestario ajustado del ejercicio positivo. Respecto al resultado del ejercicio anterior, el de 2020, se observa
una mejoría del 18 % así como un aumento de ahorro neto de un 8 %. El endeudamiento de las entidades locales en 2021 ascendió a 15 720 millones de euros; esta magnitud supone una disminución del 1 % respecto al ejercicio anterior y de un 7 % en
relación con 2019.


En cuanto a las entidades instrumentales del sector público local, a 31 de diciembre de 2021 no se había rendido el 27 % de las cuentas anuales de las entidades dependientes y adscritas del sector público local, bien por no haber rendido la
entidad local su cuenta general o por no haberlas incluido en la cuenta general que sí rindieron. A 31 de diciembre de 2022 el porcentaje de no rendición fue del 30 %, 3 puntos más. En el ejercicio 2020, 38 sociedades mercantiles dependientes y
entidades públicas empresariales se encontraban en situación de disolución y otras 18 sin actividad. En el ejercicio 2021 se encontraban en situación de disolución 31 sociedades mercantiles dependientes y entidades públicas empresariales, mientras
que 17 estaban sin actividad. En el ejercicio 2020, el 30 % de las empresas y entidades públicas empresariales registraron resultados negativos. En este año el 9 % del total de las empresas tenían patrimonio neto inferior a la mitad del capital
social, encontrándose incursas en causa legal de disolución en caso de no proceder a su reequilibrio. En el ejercicio 2021 las sociedades mercantiles dependientes y entidades públicas empresariales con resultados negativos se redujeron hasta el 26
% del total, mientras que las incursas en causa de disolución también se redujeron hasta suponer el 6 % del total de las empresas.


Las entidades locales también incumplen de forma mayoritaria con la obligación de revisión de la información contractual en el plazo establecido, aunque los porcentajes de cumplimiento representan una leve tendencia a la mejoría. En 2020 el
33 % de las entidades remitió la información dentro del plazo y el 31 % fuera de plazo; en 2021 el 36 % dentro del plazo y el 21 % fuera de plazo. En 2022 el 48 % de las entidades locales, excluidas las del ámbito inferior al municipio, cumplieron
la obligación dentro del plazo y un 10 % fuera de plazo.


Debe destacarse que en 2022 la plataforma de rendición de cuentas se interconectó con la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que permitió automatizar la carga de los datos publicados en el perfil del contratante y, con ello,
facilitar a las entidades locales el cumplimiento de esta obligación. Como resultado de esta mejora tecnológica, se ha producido una mejora en la calidad de la información recibida por las entidades locales y en los niveles de cumplimiento. El
nivel de cumplimiento de la remisión de la relación anual de convenios es especialmente bajo, no obstante, se aprecia una mejoría en la evaluación de los tres últimos ejercicios, habiéndose incrementado en 11 puntos porcentuales el número de
entidades locales que remiten las relaciones anuales de convenios de 2020 a 2023. En concreto, las relaciones anuales de convenios remitidos en plazo fueron de un 20, 24 y 35 % respectivamente para los años 2020, 2021 y 2022. Para los años 2020 y
2021 el porcentaje de las entidades que remitieron fuera de plazo fue el 18 y el 15 % respectivamente.


La obligación de remitir la información del control interno se cumple de forma muy reducida; debe señalarse que el 25 % del total de los órganos de intervención no ha remitido la información sobre el control interno desde el año 2019. En
los tres informes de este bloque se analiza el seguimiento de las recomendaciones que se han hecho en otros informes del sector público local, así como en las



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correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Los informes que hoy presentamos son posteriores a la moción que les voy a detallar a continuación, sin embargo, sus
recomendaciones son, básicamente, una reiteración del contenido de la moción. La explicación a esta situación es que, como se ha podido comprobar, una conclusión común a los tres informes que acabo de compartir con ustedes es la existencia de
importantes y generalizadas deficiencias en el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas de las entidades locales. Este problema no es nuevo, el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto esta situación en sus sucesivos informes. En
consecuencia, la no rendición de cuentas en plazo es una debilidad crónica de las entidades locales.


Consciente del carácter estructural del problema, el Tribunal de Cuentas aprobó en 2021 una moción en relación con la rendición de cuentas de las entidades locales, cuyo contenido está plenamente vigente. Como ustedes conocen, las mociones
son uno de los instrumentos previstos para que se exprese el Tribunal de Cuentas. Son propuestas que el tribunal realiza a las Cortes Generales para mejorar el funcionamiento del sector público y que tienen su fundamento en las lecciones aprendidas
como consecuencia de la actividad fiscalizadora del Tribunal. Esa moción se basa, precisamente, en los aprendizajes que se derivan de la experiencia que otorga el hecho de elaborar anualmente un informe que ofrece la panorámica general de la
actividad de las entidades locales españolas; entidades que, en ocasiones, presentan diferencias en su desempeño, como consecuencia de que las comunidades autónomas tienen regulaciones heterogéneas que a nosotros nos permiten extraer conclusiones
prácticas. Así, se ha constatado que en la actualidad existen medios técnicos que permitirían reducir los plazos de la rendición de las cuentas generales de las entidades del sector público. En consecuencia, proponemos que se realicen las
modificaciones normativas necesarias para reducir los plazos de rendición. También hemos apreciado que sería conveniente homogeneizar los plazos establecidos en la normativa estatal con las normativas autonómicas, porque la diferencia en fechas
límite genera disfunciones. Hemos observado que hay mejores niveles de rendición de cuentas en aquellas comunidades autónomas en las que se ha condicionado la percepción de ayudas autonómicas a la correcta rendición de cuentas. En consecuencia,
proponemos establecer como condición para que las entidades locales puedan ser beneficiarias de subvenciones o ayudas de cualquier administración estar al corriente en la rendición de sus cuentas generales. En este sentido, el tribunal propone a
las Cortes que se realice una modificación legislativa que permita retener la participación en tributos del Estado de aquellas entidades locales que incumplan con sus obligaciones de rendición de cuentas generales. También se propone actualizar las
multas coercitivas previstas en el artículo 30.5 de la ley de funcionamiento, que en la actualidad son de 902 euros. El Tribunal ha constatado que las deficiencias en las dotaciones de recursos humanos y materiales de los órganos de intervención se
encuentran en el origen de muchas situaciones que desembocan en un inadecuado cumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Por eso también proponemos medidas encaminadas a reforzar los medios personales de los órganos de la intervención local,
en particular, incrementar significativamente los puestos reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional mediante los sistemas de provisión definitiva y, en especial a través de concurso de méritos.


Finalmente, entre las propuestas orientadas a promover la rendición de cuentas, se encuentra la actualización de la previsión de disolución de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que no rindan sus cuentas al órgano de
control externo correspondiente, prevista en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.


A continuación, para fijar posición y formular las preguntas que estimen convenientes, por el Grupo Parlamentario VOX y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Gracias de nuevo a la señora presidenta por su exposición. Quiero felicitarla -no lo hice en el anterior bloque- por los informes, también por el informe anterior, yo creo que son informes de muy alta calidad; felicitarla a usted y, por
supuesto, a los auditores del Tribunal de Cuentas.


En estos informes, los que tocan ahora son los del bloque III, vemos algo que se repite siempre y que en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas lo lleva exponiendo usted comparecencia tras comparecencia, que no se hace caso de ellas;
las recomendaciones se repiten un año, otro año y otro año



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y al final nunca se corrigen, y creo que realmente esta no es una buena praxis. Eso lo vemos, por ejemplo, en los informes de fiscalización del sector público local 2020 y 2021 -estamos viendo dos años-. Por tanto, hay dos recomendaciones
que creemos que son muy importantes y que suscribimos absolutamente. La primera es sobre la conveniencia de promover reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable
para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Creemos que es absolutamente imprescindible. Además, en el año 2021 el informe incorpora una nueva frase de control más, que dice que
debe establecerse el procedimiento para garantizar la aplicación de dicha medida hasta el cumplimiento por la entidad local de las obligaciones en materia de rendición de cuentas. Evidentemente, estamos absolutamente de acuerdo con ello.


Y la segunda recomendación, que yo creo que también es muy importante, es instar a los órganos competentes para que se modifique la redacción del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible, de manera que se establezca el carácter
preceptivo de la retención de la participación en los tributos del Estado a aquellas entidades que no se encuentren al corriente de la rendición de cuentas, tal y como se regula para el supuesto de falta de remisión de la liquidación presupuestaria
anual al Ministerio de Hacienda y Función Pública. E incluye también en 2021: Manteniendo dicha retención en tanto no se cumpla con la referida obligación. Coincidimos absolutamente con ello.


Creo que es curioso también comprobar cómo las entidades dependientes y adscritas al sector público local, en principio -porque en el año 2020 parece que se excluyen, o sea, no se cuentan las entidades del País Vasco y de Navarra, y en
cambio en el año 2021 no se cuentan tan solo las de Navarra-, han crecido entre el año 2020 y el año 2021, una cosa bastante curiosa. Asimismo, comprobamos que hay ayuntamientos reincidentes en no rendir las cuentas del ejercicio. Estamos hablando
-coinciden en los informes de los años de 2020 y 2021- de los ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Jaén o Marbella, y también sucede en diputaciones como la de Zamora. Yo creo que habría que meter algún tipo de medidas con independencia de que figuren
reflejadas en un informe del Tribunal de Cuentas, que evidentemente su importancia tiene. También llama la atención que tanto en 2021 como en 2020 los ayuntamientos tan solo destinan un 36 % del gasto a servicios públicos básicos, solo un 36 % del
gasto a servicios públicos básicos. Esto nos debería conducir a replantearnos los criterios de gasto de todos los ayuntamientos en España, y más aún sabiendo que destinan un 21 % de gasto a actividades de carácter general; es decir, 36 % a
servicios públicos básicos y 21 % a actividades de carácter general. Esto es absolutamente incomprensible.


Agradezco, finalmente, que el Tribunal de Cuentas se posicione como el Grupo Parlamentario VOX -se lo agradezco de veras- cuando recomienda que se debe continuar con la reorganización del sector público local empresarial, de manera que la
permanencia de estas entidades dependientes responda a criterios de racionalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Me encantan todas las palabras que he dicho al final de esta frase. Y quiero recordar que, si se
hubiera gestionado en España con criterios de racionalidad y eficiencia y se hubiesen tenido en cuenta los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no hubiésemos llegado a la situación de tener una deuda pública en España
superior a 1,5 billones de euros.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cruz Santana.


El señor CRUZ SANTANA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, muy buenos días. Me sumo a la felicitación a la presidenta por la exposición y, además, me congratula que este bloque se centre en el sector público local, sector fundamental para el desarrollo de las políticas públicas y para
atender las necesidades del día a día de los ciudadanos. Yo estoy convencido de que se va a ir a su casa pensando que el Tribunal de Cuentas sirve para algo. De hecho, le he escuchado en más de una ocasión que el objetivo que persigue el Tribunal
de Cuentas ejerciendo sus competencias en cuanto al control de cuentas y el control de la gestión económica de los entes públicos tiene mucho que ver con sumarse a buscar una mejor administración, con mejores prácticas y más transparente. Yo creo
que se trata de eso.


Este bloque o estos informes hay que analizarlos desde la óptica de lo que es el sector local. Usted lo ha contado, más de 15 000 entidades, más de 8000 ayuntamientos -8129 ayuntamientos-, con una peculiaridad, que es que el 84 % de los
ayuntamientos tienen menos de cinco mil habitantes y solo un 1 % tiene más de cien mil habitantes, suponiendo el 40 % de la población española. Eso da idea y dimensiona



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qué es exactamente el sector local. La Administración local es una administración de proximidad, es una administración de cercanía, de contacto, que asume sus competencias y las competencias de los demás, bien por competencias impropias,
bien por competencias delegadas, bien porque tiene que atender el día a día de las ciudades. Es una administración tutelada; la Constitución garantiza el principio de autonomía local, pero la realidad es que es una administración tutelada desde el
punto de vista financiero, desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista competencial. Es una administración que depende de otras administraciones. Y le puedo poner un ejemplo. Durante la pandemia teníamos que actuar, teníamos que
intervenir, y lo hicimos desde el principio. Hablo en primera persona porque en aquella época me correspondía ejercer de alcalde y, por lo tanto, conozco bien este asunto. En el proceso de desescalada, cuando los niños volvieron al colegio, se
impusieron medidas extraordinarias de limpieza y de cuidado de los colegios, incrementando el número de horas necesarias. Justamente en Andalucía hay una norma, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que impone que cuando la Administración
autonómica dice a otras entidades que tienen que implementar nuevos servicios o ampliar los servicios existentes, el coste es a cargo de la propia comunidad autónoma al imponer ese condicionante. Bueno, pues en este caso tuvimos que ampliar
servicios y lo tuvimos que pagar nosotros.


Si por algo se caracteriza la Administración local es por la insuficiencia de medios, fundamentalmente personales, y creo que eso es lo que subyace en todos y cada uno de los informes y en todas y cada una de las recomendaciones que figuran
en este bloque cuando se habla de la necesidad. Claro, hay que ponerse en la piel de los funcionarios, de los trabajadores que están en un ayuntamiento, en una diputación, en un cabildo, en definitiva, de los empleados locales. Es que la
Intervención y la gente que está en ella tienen que instrumentalizar el control interno, la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía, tienen que visar los contratos mayores, tienen que visar los contratos
menores, tienen que visar los convenios, tienen que visar las subvenciones... Es un día a día en el que es imposible que uno repare en determinadas cuestiones, en el que es imposible que uno priorice tener que disolver o liquidar una sociedad, es
imposible. Al final, es cierto que lo que hace la falta de estímulo es que quede en un segundo plano, al no tener consecuencias excesivamente gravosas, el incumplimiento de las obligaciones. Por cierto, no digo que no haya que cumplirlas, digo que
hay que hacerlo, pero creo que la primera medida pasa por dar respuesta a las necesidades que tiene el sector local, sobre todo en materia de personal; pasa por atender una reivindicación histórica de los ayuntamientos -me refiero a histórica en
los últimos años-, como es acabar con la tasa de reposición, que es un drama para el funcionamiento normal, eficaz y efectivo de los propios ayuntamientos, y pasa también por recomendar que las propias entidades locales acometan las reformas
necesarias en cuanto a la organización de personal, si es que tienen que actualizar las relaciones de puestos de trabajo para dar respuesta a esas necesidades.


En cuanto a las recomendaciones, comparto absolutamente todas. Creo que es una buena opción para las entidades menores que sea un presupuesto para mantener su condición el que cumpla con la traslación de las cuentas al órgano fiscalizador.
Creo que es importante que se revisen las multas coercitivas. También creo que es muy importante vincular la obtención de subvenciones de ayuda a la participación en procesos concurrentes para la ejecución de proyectos, o incluso para la aprobación
del propio presupuesto que se cuente con el cumplimiento de la obligación de haber dado cuenta del estado de las entidades locales. Lo único que me gustaría matizar -no discrepar, pero sí matizar- es que estoy de acuerdo en que hay que reformar el
artículo 36.1 de la Ley de Economía Sostenible, pero no estoy tan de acuerdo en que haya que hacerlo considerándolo preceptivo. Yo creo que más bien tiene que ser una excepcionalidad a las retenciones, estableciendo un procedimiento regulador para
ver en qué casos se procedería ante el incumplimiento contumaz e injustificado, pero no ante situaciones que se pueden encontrar los ayuntamientos que se lo dificultan. Pensemos en un dato que usted mismo ha dado. Resulta que el 70 % se destina a
abrir la puerta del ayuntamiento, al funcionamiento del ayuntamiento. Yo diría que, más que el 60 %, es el 80 %, porque la mayoría de las transferencias de capital van a empresas públicas que prestan servicios públicos. Sin embargo, la
participación en los ingresos del Estado supone un 40 % de los ingresos totales, con una capacidad tributaria limitada que tenemos en los propios ayuntamientos. Por lo tanto, esa condicionante, esa modulación en las condiciones, en las
circunstancias y en los momentos en que se tendrían que producir las retenciones, es algo que también comparto y elevaremos nuestras correspondientes propuestas de resolución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Cruz Santana.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra el señor Galicia Jaramillo.



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El señor GALICIA JARAMILLO: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Bienvenida, señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Es un placer volver a estar con usted. Igualmente, saludo a todo el equipo que le acompaña.


Creo que vamos a examinar de una forma muy rápida tres informes que prácticamente tienen un mismo hilo conductor, porque examinaremos el sector público del año 2020, el sector público del año 2021, la rendición de cuentas de 2022, y, luego,
una moción que, tal y como ha dicho usted, está muy relacionada, porque son recomendaciones como consecuencia de la experiencia. Por lo tanto, una vez que hemos visto los informes, vemos que en todos ellos existen los mismos problemas y casi las
mismas recomendaciones por parte del tribunal. Esto nos lleva indudablemente a la conclusión -y eso es el objeto fundamental de la moción- de que es necesario o conveniente reducir los plazos a la hora de presentar o de rendir las cuentas por parte
de los municipios, y también nos lleva a algunas recomendaciones por parte del Tribunal de Cuentas, fundamentalmente medidas para concienciar de que hay que cumplir la rendición de cuentas.


Sin querer repetir muchos de los datos, pero sí con relación a la fiscalización del sector público de 2020, nos damos cuenta de que aproximadamente el 55 % de las entidades locales no presentan las cuentas en plazo, de forma que el 69 o el
70 % lo hacen fuera de plazo -antes del día 31 del ejercicio siguiente-. Sacamos como conclusión que este bajo nivel de presentación de cuentas es distinto en unas comunidades autónomas y en otras -lo ha dicho usted-, y que lo que fundamentalmente
determina que se cumpla más o que se cumpla menos es que haya comunidades autónomas donde se establezca con carácter general que en el caso de que no se presenten las cuentas se podrá retirar o no se podrá tener acceso a las subvenciones o ayudas
públicas. De ahí, indudablemente, se llega muchas veces a determinadas recomendaciones por parte del Consejo de Cuentas con las que estamos completamente seguros. No solamente hay una falta de rendición de cuentas con carácter general, sino
también a la hora de presentar los correspondientes convenios, a la hora de presentar los correspondientes contratos por parte de las administraciones públicas, así como los reparos, en los que el porcentaje es todavía inferior.


Por lo tanto, lo que se hace en primer lugar es recomendar por parte del Tribunal de Cuentas -con lo que estamos razonablemente conformes- que lo que se tiene que hacer a la hora de presentar las cuentas es homogeneizar con un mismo plazo
para todas las comunidades autónomas, cosa en la que hay cierta diferencia, muchas veces por cuestión de contenido y muchas veces por cuestión de forma. En segundo lugar, que se lleve a cabo de una forma preceptiva -porque ya está permitido en
cierto modo en esa Ley de Economía Sostenible- la retención de la participación en los tributos del Estado, que es uno de los ingresos fundamentales. Y, en tercer lugar, se plantea con carácter general que las subvenciones y las ayudas estén
supeditadas a que se hayan presentado las cuentas. Esto con relación a 2020.


En 2021 prácticamente es lo mismo, porque los porcentajes son muy bajos a la hora de valorar la presentación de las cuentas y el cumplimiento de las obligaciones, 57 y 70 %. Se saca la misma conclusión con relación a las comunidades
autónomas en cuanto a que el grado de cumplimiento es mayor en aquellas comunidades donde están establecidas medidas para obligar a los ayuntamientos a presentar las cuentas porque, si no, no podrían tener acceso a determinadas subvenciones. Y lo
mismo con relación a la presentación de cuentas en 2022. El grado de incumplimiento es muy grande y, por lo tanto, aceptamos todas las recomendaciones de homogeneizar plazos, condicionar las subvenciones, modificar la legislación en cuanto a la
retención de la participación en los tributos del Estado, modificar esas multas a las que usted ha hecho referencia y, quizá no con tanta tranquilidad, el tema de la disolución de determinadas entidades locales menores con carácter automático si no
han presentado las cuentas, porque puede tener una repercusión excesiva de cara a la disolución de las entidades y no dar la oportunidad. Las demás medidas se solucionan, es una cuestión de paralización, y obligan a presentar las correspondientes
cuentas.


Lo que sí quiero decir es que aceptamos todas esas recomendaciones. Y con relación a la moción, también estamos de acuerdo, y en cierto modo usted lo ha puesto de manifiesto. No es lo mismo hace veinte años que ahora, porque ahora hay unos
medios técnicos que permiten presentar las cuentas con anterioridad gracias a las tecnologías. Es cierto que con muchas dificultades también. Hay una nueva plataforma. Y sí, es cierto que es absolutamente necesario presentar esa rendición de
cuentas ya que es absolutamente necesario que se cumplan en plazo, porque permitirá materializar de forma más oportuna la transparencia y se podrá ofrecer una pronta información a los ciudadanos sobre la situación patrimonial. Creo que esta moción
goza también del asentimiento de la mayoría de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, goza de nuestra aprobación en ese sentido y, por lo tanto, estamos de



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acuerdo con estas mociones. Es cierto y estoy seguro de que la mayoría de las veces, cuando se incumple, no es por ganas de incumplir por parte ni de los órganos políticos ni de los órganos de los funcionarios o de los órganos técnicos.
Por eso acepto -creo que es muy necesario- mejorar los medios humanos y los medios técnicos con más funcionarios de Administración local y más medidas para ayudar a los ayuntamientos, entre otras cosas, a tener más medios, como con el tema de la
financiación local o con un nuevo estatuto para los municipios pequeños, que está pendiente sobre la mesa.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señor Galicia Jaramillo.


Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a los grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.


De la situación que todos conocíamos y en la que nos manifestamos, estamos básicamente de acuerdo. Le voy a decir al señor Sáez -creo que me lo ha preguntado usted- que, en cuanto al País Vasco y Navarra, nosotros solamente consolidamos los
datos que nos pasan porque ellos no hacen la rendición a través de nuestra plataforma. Entonces, esa es la situación. En el 2021 cuando se presentó el informe, Navarra no había cerrado el suyo, por lo cual, en los datos de 2021 no está Navarra.
En cuanto a que se alegra mucho de que yo esté de acuerdo con VOX, le voy a dar la vuelta. Yo me alegro de que VOX esté de acuerdo con nosotros, que llevamos más tiempo diciendo eso, por lo menos que le hayamos oído. VOX es posterior al Tribunal
de Cuentas.


Señor Cruz, estoy completamente de acuerdo con usted en que el tema de las entidades locales es un mundo absolutamente dispar y responde a circunstancias que muchas veces no se pueden valorar en función del tipo de municipio que sea, y eso
lo hemos constatado muchísimas veces. Yo, escuchándolos a todos ustedes -a usted, al señor Galicia y al señor Sáez-, estoy segura de que van a dar con la norma perfecta porque tienen conocimiento profundo del asunto, porque saben exactamente los
problemas que hay y porque tienen ideas para resolver los problemas. Entonces, esperamos que con la colaboración de todos... Lo cierto es que la transparencia y la rendición de cuentas afecta absolutamente a todos los espacios donde se utilice
dinero público. No puede haber ningún espacio exento de ese control del manejo de fondos públicos y no puede haber ningún espacio opaco, con lo cual, lo que tenemos que hacer es buscar fórmulas que sirvan para todos, como aumentar las
intervenciones. Recuerdo que una vez nosotros propusimos en un informe un interventor para varios municipios. En fin, hay fórmulas que seguro que ustedes pueden diseñar porque la verdad es que los veo dispuestos.


Creo que el tema de las entidades locales es muy importante no solamente por los recursos públicos que se manejan, sino por la articulación del país que hacen. Entonces, necesitan trabajar también con la tranquilidad y con la seguridad de
que tienen una norma que los ampara y que tienen un sistema de garantías al que pueden acogerse, siempre y cuando la normativa puedan cumplirla; con lo cual, estoy segura de que harán una normativa que se pueda cumplir. Esperamos que no sea muy
tarde. Eso lo digo por una razón que no viene al caso, pero me va a permitir, presidente. Hace tiempo trajimos a este pleno una moción relativa a una modificación que entendíamos que había que hacer de la Ley Orgánica sobre de Financiación de los
Partidos Políticos porque estábamos aplicando unas sanciones a los partidos políticos, sobre todo a los pequeños, que excedían con mucho la proporcionalidad de la infracción, porque así está puesto en la ley. Nosotros trajimos aquí una moción para
esa modificación. Afortunadamente lo tenemos resuelto porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ante una cuestión de inconstitucionalidad presentada por un tribunal superior ante la reclamación de un partido político pequeño. Ha
cuestionado exactamente el literal de la ley que nosotros pedíamos que se acoplara y que funcionara el principio de proporcionalidad. Por eso les digo que no tarden mucho y que no tengamos que ir a los tribunales a que resuelvan según qué
problemas.


Encantada de estar aquí. Les diré que prefiero no salir de aquí. Les doy las gracias a todos y hasta la próxima, que creo que es muy pronto.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, señora presidenta.


Tras la presentación de los informes, y agradeciendo su explicación, despedimos a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.


Suspendemos un par de minutos la sesión antes de proceder a las votaciones. (Pausa).



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VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS A:


- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2021. PRESENTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000002 y número de expediente del Senado 770/000001).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Reanudamos la sesión.


En principio, hay disponible voto electrónico, pero lo he hablado ahora con la letrada y yo creo que podemos, si les parece, votar a mano alzada. (Asentimiento).


Pues vamos a proceder con las votaciones. Ruego condescendencia si se comete algún error por parte de la Presidencia, porque son bastantes, aunque intentaremos hacerlo de la manera más garantista y ágil, al mismo tiempo.


Empezamos con las propuestas de resolución correspondientes a la declaración sobre la cuenta general del Estado, ejercicio 2021. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 1 a la número 15. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 16 a la 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la 21 a la 48. Primeramente, votamos de la 21 a la 25. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuesta de resolución número 26. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 27. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 28. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 29. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 30. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 31. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 32. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.



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El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 34. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuesta de resolución número 35. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuestas de resolución números 36 y 37. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución de la número 38 a la número 40. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuesta de resolución número 41. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuestas de resolución de la 42 a la 48. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Pasamos ahora a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia (Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu), números 49 y 50. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


BLOQUE I:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN EL ÁMBITO DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES, OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Y FUNDACIONES ESTATALES. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000013).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Procedemos ahora a la votación de las propuestas de resolución del informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales.


Procedemos, primeramente, con las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista, de la 1 a la 4. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.



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El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la 5 a la 8. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, números 9 y 10. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2020 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIO-LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Propuestas de resolución en relación con el informe de fiscalización de la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 en el ámbito de la Administración socio-laboral y de la
Seguridad Social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


Votamos las propuestas de resolución presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 3. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuesta del Grupo Parlamentario VOX número 4. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda rechazada.


Propuestas de resolución del Grupo VOX, números 5 y 6. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la 7 a la 10. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000027 y número de expediente del Senado 771/000028).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Pasamos ahora a las propuestas relacionadas con el informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos autónomos.


Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 5. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.



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El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario VOX número 6. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuestas de resolución números 7 y 8. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 31.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la 9 a la 14. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


BLOQUE II:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO
PROPIO. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000032).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Vamos con el bloque II. Propuestas de resolución relacionadas con el informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por COVID-19 por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio.


Iniciamos con las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 4. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la 5 a la 7. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular número 8. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO. PRESENTADO POR
EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público empresarial
estatal no financiero.


Propuestas de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, números 1 y 2. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas del Grupo Parlamentario VOX, de la número 3 a la número 5. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.



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El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la 6 a la 12. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000083).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del área de Administración
económica del Estado y sus organismos autónomos.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, de la número 5 a la número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la número 10 a la 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


BLOQUE III:


- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000059 y número de expediente del Senado 771/000057).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Votamos las propuestas de resolución correspondientes al bloque III. En este caso, las propuestas del Grupo Popular en las que se insta al Tribunal de Cuentas se votan según la reformulación que se ha
acordado en la reunión de la Mesa que ha tenido lugar previamente al inicio de esta Comisión.


Procedemos con las propuestas relativas al informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


Comenzamos por las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista números 1, 3, 4 y 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Socialista números 2, 5, 6, 8, 9, 10 y 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas del Grupo Parlamentario VOX, de la número 12 a la 15.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.



Página 34





El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, de la número 16 a la 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000086 y número de expediente del Senado 771/000084).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Propuestas relativas al informe de fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración General del Estado para la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votamos las propuestas números 1, 2 y 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Socialista, de la número 3 a la 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX, de la 8 a la 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular. Empezamos por la número 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuestas de la 15 a la 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de la 18 a la 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de la 23 a la 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas 26 y 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.



Página 35





- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE APROBADAS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: SIMILITUDES,
DIFERENCIAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000086).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Procedemos con las propuestas relativas al informe de fiscalización de las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: similitudes, diferencias, riesgos y oportunidades de mejora.


Comenzamos por las propuestas del Grupo Socialista números 1, 2 y 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas 3 a 9 y 11 a 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan rechazadas.


Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, números 18 y 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Comenzamos por la número 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuestas de la 21 a la 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuesta número 26.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.


Propuestas números 27 y 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas 29 a 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Y terminamos este bloque con la propuesta número 32.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Queda aprobada.



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- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES ANTIFRAUDE APROBADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES QUE PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000207 DE
LA XIV LEGISLATURA). PRESENTADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000069).


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Terminamos con el informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de la 1 a la 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, números 6 y 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la 8 a la 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Propuestas de resolución de la 17 a la 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Quedan aprobadas.


Hemos culminado la votación y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.