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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 20, de 11/04/2024
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 20
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ
Sesión núm. 3
celebrada el jueves,
11 de abril de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Votación de las propuestas de resolución presentadas a los siguientes informes de fiscalización presentados en la sesión de 28 de marzo de 2023 de la pasada legislatura:
- Informe de fiscalización de los contratos de servicios de seguridad privada y de servicios de limpieza formalizados por autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas estatales y fundaciones estatales, ejercicios 2018
y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000005 y número de expediente del Senado 771/000005) ... (Página4)
- Informe de fiscalización de la contratación de los servicios de limpieza y los de seguridad y vigilancia realizada por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2019. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006) ... (Página5)
- Informe de fiscalización de la contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza realizada por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes, ejercicios 2018 y 2019. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000007 y número de expediente del Senado 771/000007) ... (Página6)
- Informe de fiscalización de contratos de servicios de seguridad privada y de limpieza en el ámbito empresarial estatal no financiero, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de
expediente del Senado 771/000008) ... (Página6)
- Informe de fiscalización de las contrataciones de los servicios de seguridad privada llevadas a cabo por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos dependientes durante los ejercicios 2016 a 2019.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000009 y número de expediente del Senado 771/000009) ... (Página7)
- Informe anual de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del sector público. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000037) ...
- Informe de fiscalización de los contratos tramitados como de emergencia y de urgencia por las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar, así como de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante los
ejercicios 2008 a 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000004) ... (Página8)
- Informe de fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos y entidades dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000038) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas
financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000017) ... (Página10)
- Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones
públicas, ejercicios 2018 y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000036) ... (Página11)
Votación de las propuestas de resolución presentadas a los siguientes informes de fiscalización presentados en la sesión de 21 de marzo de 2024:
Bloque II:
- Informe de fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ejercicio 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del
Senado 771/000002) ... (Página11)
- Informe de fiscalización de la actividad de impulso de la competitividad del sector turístico realizada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A., M.P. (SEGITTUR) en los
ejercicios 2019 y 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000010) ... (Página12)
Bloque III:
- Informe de fiscalización del sistema retributivo y de designación o contratación de los órganos de gobierno y dirección de las entidades del sector público empresarial estatal no financiero, ejercicio 2018. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000016) ... (Página13)
- Informe de fiscalización de la contratación de personal en la CRTVE, ejercicios 2014 a 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000023) ...
- Informe de fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000031) ... (Página14)
Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (Chicano Jávega) para informar sobre los siguientes extremos:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas
y fundaciones estatales. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000013) ... (Página15)
- Informe de fiscalización de la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 en el ámbito de la Administración sociolaboral y de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020) ... (Página15)
- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos
autónomos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000027 y número de expediente del Senado 771/000028) ... (Página15)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo
propio. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000032) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033) ... (Página24)
- Informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos
autónomos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000083) ... (Página24)
Bloque III:
- Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059 y número de
expediente del Senado 771/000057) ... (Página31)
- Informe de fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración General del Estado para la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000086 y número de expediente del Senado 771/000084) ... (Página31)
- Informe de fiscalización de las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: similitudes,
diferencias, riesgos y oportunidades de mejora. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000086) ... (Página31)
- Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000069) ... (Página31)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS A LOS SIGUIENTES INFORMES DE FISCALIZACIÓN PRESENTADOS EN LA SESIÓN DE 28 DE MARZO DE 2023 DE LA PASADA LEGISLATURA:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FORMALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES, OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y FUNDACIONES ESTATALES, EJERCICIOS 2018
Y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000005 y número de expediente del Senado 771/000005).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta Comisión.
Iniciamos, si os parece, la sesión que tenemos prevista para la tarde de hoy con la votación que a continuación empezaremos.
Votación correspondiente al informe de fiscalización de los contratos de servicios de seguridad privada y de servicios de limpieza formalizados por autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas estatales y fundaciones
estatales, ejercicios 2018 y 2019.
Procedemos a la votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 18; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Procedemos a la votación de la propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución números 7 a 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Procedemos a la siguiente votación. Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADA POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, EJERCICIO 2019. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000006 y número de expediente del Senado 771/000006).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación de los servicios de limpieza y los de seguridad y vigilancia realizada por las comunidades autónomas y ciudades
autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2019.
Pasamos a la votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX, números 1 a 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; votos a favor, 20, votos en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a continuación a la votación de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, propuesta de resolución número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las propuestas de resolución números 5, 6 y 8 del Grupo Parlamentario socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular números 9 a 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta de resolución número 13, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE LIMPIEZA REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000007 y número de expediente del Senado 771/000007).
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a votar el bloque de votación correspondiente al informe de fiscalización de la contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza realizada por los ministerios del área
político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes, ejercicios 2018 y 2019.
Procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista, propuesta de resolución número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución números 9 a 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE LIMPIEZA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000008 y número de
expediente del Senado 771/000008).
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de contratos de servicios de seguridad privada y de limpieza en el ámbito empresarial estatal no financiero, ejercicios 2018 y 2019.
Procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Propuesta de resolución número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución números 5 a 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución correspondientes al Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA LLEVADAS A CABO POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2016 A 2019.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000009 y número de expediente del Senado 771/000009).
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a la votación correspondiente al informe de fiscalización de las contrataciones de los servicios de seguridad privada llevadas a cabo por los ministerios del área de administración económica
del Estado y sus organismos dependientes durante los ejercicios 2016 a 2019.
Procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, propuesta de resolución número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las propuestas de resolución números 8 a 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar la propuesta de resolución número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, números 14 a 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos la propuesta de resolución número 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 18; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME ANUAL DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038 y número de expediente del Senado 771/000037).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las correspondientes a la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del sector público.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista números 9 a 17, 19, 21 y 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las propuestas de resolución números 18 y 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, números 23 a 35.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos la propuesta de resolución número 36.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS COMO DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA POR LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL GUADALQUIVIR, DEL SEGURA Y DEL JÚCAR, ASÍ COMO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA DURANTE LOS
EJERCICIOS 2008 A 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000004 y número de expediente del Senado 771/000004).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar las correspondientes al informe de fiscalización de los contratos tramitados como de emergencia y de urgencia por las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar, así como
de la mancomunidad de los canales del Taibilla durante los ejercicios 2008 a 2017.
Procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX. Propuesta de resolución número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 2; en contra, 14, abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución números 2 y 3, del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, propuestas de resolución números 4 a 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Procedemos a votar las propuestas de resolución números 7 a 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PATRIMONIALES CELEBRADOS POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DURANTE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000039 y número de expediente del Senado 771/000038).
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a votar las correspondientes al informe de fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos y
entidades dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019.
Procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Procedemos a votar la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista números 8 a 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar la propuesta de resolución número 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, procedemos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE ELLOS Y DE LOS GASTOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTAS
FINANCIADOS CON CARGO A SUBVENCIONES PÚBLICAS, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016 y número de expediente del Senado 771/000017).
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a votar las correspondientes al informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o
dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas del ejercicio 2017.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la del Grupo Parlamentario Socialista. Resolución número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar las número 4, 6 y 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Procedemos a votar las número 5 y 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 31; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las del Grupo Parlamentario Popular. Resolución número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las número 9 y 10 y de la 10 a la 30.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y DEMÁS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS GASTOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTAS FINANCIADOS CON CARGO A SUBVENCIONES
PÚBLICAS, EJERCICIOS 2018 Y 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000037 y número de expediente del Senado 771/000036).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las resoluciones correspondientes al informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los
gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicios 2018 y 2019.
Votamos las del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular. Resolución número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las número 6 y 7 y de la 9 a la 27.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 18; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS A LOS SIGUIENTES INFORMES DE FISCALIZACIÓN PRESENTADOS EN LA SESIÓN DE 21 DE MARZO DE 2024:
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CONTROL SANITARIO DEL AGUA EJERCIDO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, EJERCICIO 2017. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000002 y número de expediente del
Senado 771/000002).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las correspondientes de resolución presentadas a los siguientes informes de fiscalización presentados el 21 de marzo de 2024, distribuidos en dos bloques.
Bloque II. Votación correspondiente al informe de fiscalización sobre el control sanitario del agua ejercido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ejercicio 2017.
Resoluciones del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Socialista. Resolución número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las número 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resoluciones números 6 y 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos la resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO REALIZADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR) EN LOS
EJERCICIOS 2019 Y 2020. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000010 y número de expediente del Senado 771/000010).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las correspondientes al informe de fiscalización de la actividad de impulso de la competitividad del sector turístico realizada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación
y las Tecnologías Turísticas, en los ejercicios 2019 y 2010.
Votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, procedemos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista. Resolución número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 31; en contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las número 4 y 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos de la 5 a la 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 10, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO Y DE DESIGNACIÓN O CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO, EJERCICIO 2018. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000016).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos el bloque III, correspondiente al informe de fiscalización del sistema retributivo y de designación o contratación de los órganos de Gobierno y dirección de las entidades del sector público
empresarial estatal no financiero, ejercicio 2018.
Procedemos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX números 1 y 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 2; en contra, 14; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos de la 2 a la 4.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las resoluciones 6 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 2; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos la número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos las resoluciones 9 y 10 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos de la 11 a la 16.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA CRTVE, EJERCICIOS 2014 A 2019. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000023).
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las correspondientes al informe de fiscalización de la contratación de personal en la CRTVE de los ejercicios 2014 a 2019.
Votamos las resoluciones correspondientes al Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; en contra, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA SOBRE LAS BONIFICACIONES DE CUOTAS POR CONVERSIÓN EN INDEFINIDOS DE LOS CONTRATOS EN PRÁCTICAS, DE RELEVO Y DE SUSTITUCIÓN POR ANTICIPACIÓN DE LA JUBILACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000032 y número de expediente del Senado 771/000031).
El señor PRESIDENTE: Por último, votación correspondiente al informe de fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de
la jubilación.
Procedemos a votar las resoluciones del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 19; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Procedemos a votar la resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 13; en contra, 3; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 20; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Una vez finalizada la votación, suspendemos la sesión durante dos minutos, a efectos de que se incorpore la presidenta del Tribunal de Cuentas. (Pausa).
COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (CHICANO JÁVEGA) PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN EL ÁMBITO DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES, OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Y FUNDACIONES ESTATALES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000013).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA CELEBRADA DURANTE EL EJERCICIO 2020 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIOLABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000021 y número de expediente del Senado 771/000020).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000027 y número de expediente del Senado 771/000028).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida la señora presidenta del Tribunal de Cuentas a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para comparecer en relación con los siguientes puntos del orden del día. Vamos a
tener un debate dividido en distintos bloques. Bloque I. El primer informe es el relativo a la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el
ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales. El segundo informe es el relativo a la fiscalización de la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 en el ámbito de la
Administración sociolaboral y de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y el tercer informe es el relativo a la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos autónomos.
Sin perder un minuto más, damos la palabra a la señora presidenta, a quien agradezco su plena disposición para venir a comparecer a esta Comisión. Señora presidenta, tiene la palabra.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, presidente.
Voy a hacer una presentación del bloque con las peculiaridades que iremos viendo durante la presentación, por no hacerlo tan largo. (Apoya su intervención en una presentación digital).
En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que el Tribunal de Cuentas fue plenamente consciente de que la crisis sanitaria de la COVID-19 era una cuestión relevante y que muchos de los aspectos que se derivarían de la misma deberían
incorporarse a la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Esta situación, como ustedes saben, no solamente se ha producido en España, sino también en muchos países de Europa, que hemos podido contrastar desde la Secretaría General de
EUROSAI. Hemos podido delimitar estrategias y trabajar con criterios comunes. En este sentido, aunque no ha sido el único ámbito de actuación, la contratación de emergencia ha sido uno de los aspectos que ha requerido más esfuerzo,
porque, entre otras cosas, se ha hecho con bastante proximidad al tiempo. Aunque los informes los veamos hoy, el primero fue el del año 2021, que ya vimos aquí, en esta Comisión.
La contratación de emergencia siempre tiene mucho interés en el ámbito fiscalizador, porque es un mecanismo perfectamente legal, previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, y por su propia naturaleza siempre
aconseja reforzar un control a posteriori, para asegurar que la gestión de los recursos públicos ha cumplido adecuadamente con las exigencias normativas y que ha atendido de forma eficaz y eficiente las necesidades que se pretendían atender en la
situación de emergencia.
En concreto, el Tribunal de Cuentas incluyó en su programa anual de fiscalizaciones de 2021, aprobado en diciembre de 2020, la realización de informes sobre contratación de emergencia. En febrero de 2021, se establecieron los objetivos
concretos que deberían constar en cada uno de los informes, cuyos trabajos de campo se fueron realizando con el tiempo. Digamos que esto que nosotros denominamos directrices técnicas o contenido que hayan de tener los informes se consensuó en el
Pleno anterior para los informes que se dirigieran al examen de la contratación COVID.
Todos estos informes fueron aprobados, los siete que se dedican a contratación COVID, por unanimidad en sesiones plenarias del Tribunal de Cuentas celebradas en los años 2021, 2022 y 2023. Cada uno fue realizado por departamentos diferentes
del propio tribunal, como es lógico, en función de las competencias que cada uno de ellos tiene atribuidas, y en los que participaron, aproximadamente, una media de diez funcionarios del tribunal, con un total de noventa funcionarios, que pudieron
participar en la fiscalización de los contratos. Por tanto, este primero que se hace es un expediente en el que se adoptan los criterios para los siguientes.
El conjunto de los informes realizados por el Tribunal de Cuentas sobre la contratación de emergencia tuvo como objetivo la fiscalización de un total de 13 211 contratos de emergencia, por un importe de 2129 millones de euros. Las
conclusiones del Tribunal de Cuenta, que hoy voy a compartir con ustedes, se alcanzaron después de analizar 1328 contratos. Parece una muestra pequeña, pero suponen el 83 % del importe total de las adjudicaciones realizadas en los contratos de
emergencia.
Después de esta información que podemos considerar de carácter general, me referiré a los informes de este primer bloque. Todos ellos han sido realizados a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas. Las cuatro fiscalizaciones, junto con
las tres que veremos en el siguiente bloque, completan las siete que el Tribunal de Cuentas ha aprobado durante los años 2021 a 2023 en relación con la contratación de emergencia derivada del COVID. Estos siete informes serán objeto de un informe
global que aparecerá durante este año y que será un compendio de los hallazgos y de los trabajos que se reflejan en los siete informes de referencia.
En cuanto al ámbito subjetivo, como se ha dicho en los títulos, en el primero de ellos, que está referido a autoridades administrativas independientes, se han analizado los contratos realizados por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Corporación Radiotelevisión Española, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la Imprenta de Billetes, el Instituto de Crédito Oficial, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional del
Prado y el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid.
En el siguiente informe, el que está referido a la Administración sociolaboral y de la Seguridad Social, se han fiscalizado entidades de la Seguridad Social; por ejemplo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Tesorería General de
la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la Intervención General de la Seguridad Social y el
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social; además de haberse fiscalizado diecinueve mutuas colaboradoras y algunos organismos autónomos de MUFACE, MUGEJU, ISFAS, FOGASA y el SEPE.
En el tercer informe del bloque se han fiscalizado los contratos realizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; por el Ministerio de Defensa; por el Ministerio de Educación y Formación Profesional; por el
Ministerio de Ciencia e Innovación; por el Ministerio de Universidades, Cultura y Deporte; por el Ministerio de Interior; por el Ministerio de Justicia; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; por el Ministerio de
Igualdad; por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y los organismos de ellos dependientes que figuran en el anexo del informe.
El ámbito objetivo, por supuesto, son los contratos de emergencia celebrados en 2020. Y el ámbito temporal se ha centrado, claro está, en el año 2020. Las tres fiscalizaciones se han configurado como de
cumplimiento y operativas o de gestión, y han tenido como objetivos concretos los que se determinaron en el primer momento, aunque verán que algunos de ellos, aunque han sido objetivos de fiscalización, están excluidos de la legislación de
emergencia. Estos son verificar el cumplimiento de las obligaciones y remisión al Tribunal de Cuentas; analizar la justificación de la tramitación de emergencia; verificar la obligación de comunicación del inicio de las actuaciones a la
Intervención correspondiente; comprobar la existencia o no de crédito suficiente; analizar la preparación, adjudicación y formalización de los contratos; verificar el cumplimiento de los requisitos de publicidad aplicables, y si se ha dado cuenta
de los acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo señalado por la ley; analizar la legalidad de la ejecución y cumplimiento de los contratos y, en su caso, el cumplimiento de lo dispuesto en materia de contratación exterior; y el análisis de
aspectos concretos, como la segregación de funciones. Como ustedes saben, la contratación de emergencia abarca toda la primera fase de la contratación, no llega a la ejecución.
La normativa. Estas fiscalizaciones lo que tienen de peculiar, por supuesto, es la normativa aplicable, que se recoge, como ya he dicho, en la Ley de contratos y en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, que fue derogado con fecha 9 de mayo de 2021, mediante Real Decreto Ley 8/2021. Este decreto ley contempló la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o
servicios que precisara el sector público para la ejecución de cualesquiera medidas directas o indirectas para hacer frente al COVID-19.
En los procedimientos de emergencia, las obligaciones y requisitos establecidos para la preparación, adjudicación y formalización se reducen, dada la inmediatez asociada, a las necesidades que se pretenden cubrir. No obstante, se introducen
algunas medidas especiales de control, como la comunicación del acuerdo de emergencia al Consejo y, en su caso, la comunicación de inicio de las actuaciones a las Intervenciones competentes.
Como he dicho antes, el cumplimiento, recepción y liquidación siguió rigiéndose por las normas generales previstas en la ley de contratos.
En este ámbito al que me he referido como ámbito objetivo, las entidades incluidas en las tres fiscalizaciones celebraron un total de 1081 contratos, por un importe de adjudicación de 661,2 millones de euros. En total, se fiscalizaron 255
contratos, que es un 24 % del total, por un importe de adjudicación de casi 607 millones de euros, que es el 92 % del importe adjudicado. Las principales conclusiones que se recogen en esos tres informes sobre rendición de contratos es que la
inmensa mayoría han remitido sus relaciones certificadas y los expedientes de contratación de remisión obligatoria.
En relación con la justificación de la tramitación de emergencia, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, la inmensa mayoría de las entidades objeto de estas fiscalizaciones han justificado adecuadamente
que los contratos fiscalizados estaban directa o indirectamente vinculados con la adopción de medidas para hacer frente al COVID-19.
Se ha observado que en el 7 % de los expedientes, el órgano de contratación optó por la realización de una declaración de la tramitación de emergencia genérica para todos los contratos adjudicados, en lugar de dictarse una orden de ejecución
individual para cada expediente.
En lo referente a la tramitación del expediente, permanece lo que hemos adelantado relativo al artículo 120 y se añade la necesidad de destacar la obligación de dar cuenta al Consejo de Ministros de los acuerdos de declaración de la
tramitación de emergencia en el plazo de treinta días desde su adopción. En un 75 %, aproximadamente, no hay incidencias relevantes, y el 4 % no ha cumplido con esta obligación. En casi el 20 % de los expedientes analizados no se ha podido
comprobar si la dación de cuentas se realizó en el plazo que fija la normativa. Aproximadamente, en un 75 % de los casos de comunicación no se presentan incidencias relevantes. También destaca la obligación que recoge la Ley de presupuestos de
2018 de comunicar el inicio de las actuaciones a la Intervención competente, lo que no ha quedado acreditado en el 23 % de los expedientes analizados.
Y en lo relativo a la adjudicación, formalización y publicidad, como saben, el régimen especial aplicable a la contratación de emergencia, no obstante, recoge como buenas prácticas las relacionadas con la adjudicación y formalización.
Cuando llegue este momento les haré un comentario sobre este aspecto. En varios expedientes se detectaron deficiencias en la publicación de la formalización de los contratos en la plataforma de contratos del sector público y en diarios oficiales:
BOE y, en su caso, el Diario Oficial de la Unión Europea. Esas deficiencias se refieren tanto a la falta de publicación como a la publicación extemporánea.
En el apartado relativo a ejecución, cumplimiento y pago, una de las principales obligaciones derivadas de la inmediatez que caracteriza a la tramitación de emergencia es la relativa al plazo de inicio de la
ejecución de las prestaciones, que, como saben, no puede exceder de un mes desde la adopción del acuerdo de tramitación de emergencia. En el caso de exceder de ese plazo, la ley prevé extender este plazo. La ley prevé que la contratación
de dichas prestaciones deberá realizarse mediante procedimiento ordinario.
En la inmensa mayoría de los expedientes fiscalizados, la ejecución se inició dentro del citado plazo. No obstante, se detectaron 33 expedientes, un 13 % de los casos, en los que no se pudo comprobar el cumplimiento de esta obligación por
deficiencias en la integridad documental. Los informes recogen varios expedientes en los que se detectan algunas incidencias en la ejecución. Entre estas, destacan, por su número, la existencia de retrasos en la entrega de suministros, la ausencia
de todas o algunas de las actas de recepción o de los certificados de conformidad con la prestación del servicio o la inspección tardía de estos certificados. Además, en el informe relativo a la Administración sociolaboral y de la Seguridad Social,
se destacaron cuatro expedientes en los que se acordó la resolución anticipada por incumplimiento imputable al contratista. Las reclamaciones para el reintegro de los fondos anticipados, intereses y, en su caso, daños y perjuicios se encontraban en
curso a la fecha de terminación de este informe. En relación con el pago, se ha observado que el 14 % de los expedientes no incluían justificantes de pago, y veinticinco expedientes no acreditaban la aprobación de la cuenta justificativa de los
pagos a justificar, liberados. También es relevante la existencia de once expedientes en los que las facturas incluían un tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, el 21 %, a pesar de tener por objeto prestaciones sujetas al tipo 0, de
acuerdo con el real decreto ley de medidas urgentes. El resto de las deficiencias detectadas en esta fase de la contratación afectaban a modificaciones contractuales no previstas o extemporáneas, o falta de designación de responsables del contrato.
En el informe relativo a las autoridades administrativas independientes, también destaca la falta de establecimiento de criterios de reparto y de distribución de equipos de protección personal entre las unidades internas o entre el personal,
la ausencia de mecanismos de control del consumo de existencias que haya hecho posible un análisis adecuado de las necesidades de reposición, la falta de realización de comprobaciones destinadas a verificar si los elementos de protección objeto de
suministro cumplían los estándares exigidos por la legislación comunitaria y si constaba la necesaria homologación.
Los informes incluyen un análisis de gestión que comprende, entre otros aspectos, el estudio de las variaciones de precio abonadas en la adquisición de una serie de productos homogéneos. Se pone el acento en la poca o nula capacidad de las
entidades para negociar el precio en un mercado muy tensionado. Los informes ponen de relieve una serie de buenas prácticas -es a lo que me refería antes-, que, como van a ver, coinciden con los aspectos que la legislación de urgencia excluye de la
tramitación de estos contratos. A este respecto no es que se aporte gran cosa, sino que es conveniente que se valore positivamente, en la fase de preparación, la existencia de expedientes en los que se documente adecuadamente la existencia de
crédito.
En relación con la fase de adjudicación del informe sobre la contratación de los ministerios a los que he hecho referencia, destaca que, aun cuando la contratación de emergencia exime de la obligación de tramitar un expediente de
contratación y, por tanto, de comprobar la capacidad y solvencia del contratista, sería conveniente -siempre que las circunstancias lo permitan- que se dejara constancia en los expedientes de las comprobaciones que se hayan hecho en este caso. En
este sentido, se ha valorado positivamente que aproximadamente un tercio de los expedientes fiscalizados incluyeran mención a este punto.
También en la fase de adjudicación se destaca la existencia de expedientes en los que existe constancia documental de la solicitud de ofertas a más de un proveedor y la realización de consultas previas a la selección de las empresas
adjudicatarias. No obstante, esta práctica ha sido muy reducida en el ámbito de las autoridades administrativas independientes, entidades empresariales y públicas y fundaciones públicas.
Con relación a la formalización de los contratos, los informes ponen en valor aquellos supuestos en los que los contratos han sido formalizados, ya que este trámite contribuye a garantizar la satisfacción de las prestaciones contratadas,
aunque en este caso no es obligatorio.
Las recomendaciones que se han recogido son o las que coinciden o que se destacan como singulares. Las recomendaciones incluidas en los informes se han de interpretar dentro de las peculiaridades de este marco normativo, que es propio de la
contratación de emergencia, y que se caracteriza, como ya hemos dicho y como saben, por la peculiaridad derivada de la prioridad de atender
las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria. Se puede comprobar que muchas de estas recomendaciones están en el ámbito de las buenas prácticas de la gestión contractual.
De esta forma, los tres informes insisten en la conveniencia de realizar una verificación suficiente de la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias, dejando constancia documental en el expediente cuando hubiera sido compatible
con la inmediatez de la necesidad, beneficios de solicitar ofertas a diferentes licitadores y, en su caso, negociar términos de contrato. Algunos informes incluyen recomendaciones relativas a procurar la formalización de los contratos o formar
expedientes de contratación, siempre que la situación de emergencia no sea tal que impida el hecho de realizar el más mínimo trámite.
Finalmente, se incluyen recomendaciones relativas a la utilización de una misma denominación para la identificación de los contratos en las relaciones certificadas, expedientes contractuales individuales y perfiles del contratante. También
recomendaciones relativas a la justificación individualizada de las causas o motivos que justificaban acudir a la tramitación de emergencia de causas genéricas; la adquisición centralizada de productos de similares características, evitando
dispersión y facilitando atención y mejores precios; y diseño e implantación de actuaciones que permiten controlar el consumo y la variación de existencias de los productos.
En lo que se refiere a este primer bloque de tres expedientes, por mi parte, señorías, he terminado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
A continuación, para la fijación de posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tienen la palabra los grupos parlamentarios por un tiempo de cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidente, por la comparecencia y por sus explicaciones. Permítame que la felicite, a usted y a todo su equipo, por la solvencia técnica y por la calidad de los informes de fiscalización que nos presenta y explica
hoy en esta comparecencia.
Como no puede ser de otra manera, los informes de fiscalización fundamentalmente están dirigidos a observar el cumplimiento por parte de los órganos del sector público de las normas vigentes, de los procedimientos a los que debe someterse,
pero es inevitable que también hagamos una lectura política de cómo se han llegado a incumplir esos procedimientos, de los incumplimientos que ustedes han reflejado en sus informes.
En este caso, esa multiplicidad de contratos de emergencia sometidos en el artículo previsto, el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, trae causa del estado de alarma, de esa declaración del estado de alarma, que se hace
obligatorio recordar que, como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso mi grupo parlamentario, fue declarado inconstitucional. Es decir, esto ya pone de manifiesto cómo el Gobierno de España en ese momento no se sometió a
las normas, y no a cualquier norma, sino precisamente a la que da fundamento a todo nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución española. En esa sentencia del 14 de julio de 2021 se declaró la inconstitucionalidad del estado de alarma, la
vulneración de los derechos fundamentales de los españoles en una situación tan preocupante y, por tanto, también la habilitación del Gobierno para asumir una serie de facultades y la extralimitación en el ámbito de la actuación pública, en concreto
en la de esta casa, en el Congreso de los Diputados, donde también se declaró inconstitucional el cierre del Congreso precisamente cuando un Gobierno revestido de mayores facultades tenía que ser fiscalizado y controlado por los diputados, por los
miembros de esta Cámara.
Y estas son las consecuencias de todo lo que ha pasado, que se han derivado de esa declaración del estado de alarma y de una actuación, por así decirlo, no sujeta a las normas más elementales. Nos preocupa -quiero también llamar la
atención- cómo en esa sentencia del Tribunal Constitucional el propio Tribunal Constitucional libera al Gobierno de responsabilidad respecto a sus actuaciones, respecto a eso atropellos o esas vulneraciones de las normas a las que estaba sometido.
Ahí el Tribunal Constitucional ignora el derecho administrativo sancionador y, en ese sentido, imposibilita a los ciudadanos que recurran a las posibles indemnizaciones a las que podrían tener derecho por todas esas vulneraciones. Por lo tanto, se
vulnera de esa manera el principio de tipicidad, impidiendo a los españoles saber a qué normas pueden atenerse en cada momento.
Hay una segunda fase en la que también quiero llamar la atención, que es toda la parte de la cogobernanza, en donde entran en juego las comunidades autónomas y, por así decirlo, se multiplican
esas vulneraciones o esa falta de adecuación a los procedimientos por parte de las comunidades autónomas, incluso a principios elementales como el principio de separación de poderes. Vemos cómo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se
ve obligado a elevar una cuestión de inconstitucionalidad que responde el Tribunal Constitucional con la Sentencia 70/2022, en donde efectivamente dice que se ha vulnerado, al trasladar al Poder Judicial unas competencias que son del ámbito
Legislativo.
Me estoy quedando sin tiempo. Si no, ya seguiré con el bloque II, porque tienen una parte común. Pero tengo mucho interés, porque toda esa parte del artículo 120 y de los procedimientos de emergencia que están previstos tiene que ver con
la parte previa de la contratación. Sin embargo, después, una vez realizado el contrato, sí que hay que cumplir una serie de obligaciones que se han incumplido, sobre lo que llamaré la atención en la segunda intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Almeida.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, presidente.
Bienvenida, presidenta. Me sumo a la felicitación por la solvencia y por todo el esfuerzo, un esfuerzo titánico que se ha hecho a lo largo de estos años. Porque creo que es importante, y en el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría
enfatizar y reforzar el contexto en el que se hacen estos informes de fiscalización. En primer lugar, porque entran dentro de los objetivos del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas y, por tanto, el Tribunal de Cuentas cumple con su objetivo,
pero también porque era necesario, sobre todo en el año 2020 -lo ha dicho usted, lo ha explicado-, que fue el momento de mayor incertidumbre y, por tanto, era importante que se hiciera un control mucho más exhaustivo, un control que se hizo.
El contexto es 2020 por los contratos derivados de la situación de crisis sanitaria, por eso decía que me gustaría contextualizarlo. Porque la Organización Mundial de la Salud pasó de hablar de una emergencia sanitaria internacional a una
situación de pandemia sanitaria internacional, y no parece una cosa menor. Estábamos ante una crisis global que no solo afectaba a nuestro país, sino a muchos países, como usted también ha dicho en su intervención, y se necesitaba una respuesta
rápida y coordinada, que justificó que tan solo tres días después se hiciera efectivo el estado de alarma, la creación de un mando único en España y la coordinación con la Conferencia de Presidentes, de todos los presidentes autonómicos, algo que
podríamos llamar una gestión federal. Por tanto, yo creo que se intentó implicar a todo el mundo en esta coordinación.
Me llaman la atención las contradicciones del Grupo VOX, porque solicitaron por escrito suspender las sesiones plenarias y luego nos acusaron de que cerrábamos y no se hacían Plenos, cuando realmente se hicieron y el Parlamento, a diferencia
de otras comunidades autónomas, estuvo abierto continuamente, y los ministros, las ministras, todos comparecieron continuamente en este Parlamento. Es más, otra contradicción: solicitaron el estado de alarma y luego dijeron o intentaron que fuera
inconstitucional, y lo llevaron al Constitucional. Por tanto, hay bastantes contradicciones.
Pero quiero centrarme y contextualizar los expedientes en un escenario que provocó que todos los gobiernos de distinto color político tuvieran que adoptar muchas decisiones difíciles y en muy poco tiempo. Por tanto, agradecimiento y
reconocimiento a todas las personas que contribuyeron a dar soluciones en un momento de tanta incertidumbre. La situación no era menor. Yo quiero recordarlo y que quede constancia en mi intervención de que a 21 de marzo de 2020, había más de 3400
fallecidos, 3166 pacientes en UCI, urgencias colapsadas; un contexto de extraordinaria emergencia, que requería situaciones de emergencia, y había que tomar decisiones. Supuso priorizar la protección de la salud y la vida de las personas por
encima de cualquier otra prioridad, una protección de las personas que conllevó modificaciones relevantes en los modos de vida, pero también en los modos de trabajo, y eso hizo que se tuvieran que adquirir de manera urgente no solo equipos de
prevención sanitaria y protección de la salud, sino también elementos informáticos que garantizaran o que hicieran viable ese teletrabajo que todavía no estaba muy desarrollado en aquel momento. Una administración colapsada -usted también lo ha
mencionado-, un mercado -usted ha dicho- muy tensionado, que yo diría roto, reflejo del capitalismo más salvaje y oportunista, e incluso podríamos hablar también de determinados bienes de lo que era un mercado prácticamente inexistente. Es algo que
se demostró, que la pandemia puso en jaque a los sistemas sanitarios; a las administraciones, que tenían que actuar muy rápidamente; y a las economías de todo el mundo. Por toda la documentación aportada por distintas administraciones, que
refleja la
situación en la que se encontraron, podemos ver cómo esto justifica la aplicación del artículo 120 de la Ley de contratos, que da cobertura legal a las adquisiciones que se produjeron en esos términos generales.
Nos parecen muy interesantes todas las cuestiones que ustedes plantean, sobre todo para la tranquilidad de la ciudadanía, a la que podemos transmitir que el Estado de derecho y sus instituciones están funcionando y funcionan. Lo ha
demostrado usted con el control y con la transparencia, identificando los ámbitos de riesgo. Y como los políticos debemos analizar, debemos proponer y debemos recomendar, después, en mi segunda intervención, plantearé también posibles
recomendaciones -a ver si a usted le parecen interesantes o puede darnos su opinión-; por ejemplo, la reserva estratégica de capacidades o la reserva estratégica sanitaria ante las emergencias.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Foronda.
El señor DE FORONDA VAQUERO: En primer lugar, presidenta, muchísimas gracias por su comparecencia y, sobre todo, por su trabajo y el de todo su equipo.
Sí que es verdad que presenta un documento técnico. Yo le voy a responder técnicamente, no políticamente, porque antes de ser senador mi trabajo ha sido precisamente este, es decir, hacer economía de forense, y por eso voy a entrar en el
propio documento.
Sobre los artículos 120 y 37 no tengo nada que decir. Se inicia el expediente y se puede hacer absolutamente de forma verbal, no tengo nada que decir, pero también hay otros artículos que hay que cumplir. Por ejemplo, el artículo 39.2,
que, cuando habla del objeto social y la solvencia, sí declara la nulidad de los contratos cuando no se sabe eso. Usted en su propio expediente dice que hay muchas empresas que no lo cumplen, y sobre eso no hay nada que decir.
En cuanto al control de los precios, han sido abusivos. Usted misma dice que una de las responsabilidades es que no había gente responsable de los contratos, con lo cual se produce una incongruencia dentro del tráfico de comercio, es decir,
más cantidad y mayor precio. Me llama la atención que nos traslade, en la página 34 del informe de fiscalización, con respecto a los ministerios, lo siguiente: En el contrato número 1, de suministro de material de protección para el personal de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tramitado por el Ministerio del Interior con fecha 20 de abril de 2020, se concedieron 5 040 000 euros a justificar. El importe contratado fue de 3 479 355 euros, pero en el expediente solamente figura
-estoy leyendo lo que han puesto ustedes- un reintegro de 142 187 euros, por lo que ha quedado sin justificar el reintegro o aplicación de la cantidad de 1 418 478 euros. No sé dónde está eso, nadie lo sabe, porque no viene en el expediente.
Alegaciones del Ministerio del Interior tampoco hay. Yo le pregunto dónde está eso, que no lo sé.
En cuanto al Ingesa, nos dice que adjudicaron 551 millones con un 21 % de IVA, pero hay un decreto que decía que el IVA era cero. Si el IVA era cero, hay 115 millones de IVA que ¿dónde están? También se lo digo. ¿Se ha producido ese
reintegro del IVA? Además, los chinos no cobran IVA, los chinos tienen un impuesto de importación que es el 13 %. Tampoco figura en ninguna parte del expediente quién ha sujetado ese impuesto de importación, tampoco figura. Entonces, el IVA por
un lado y el impuesto de importación por otro.
En cuanto a las adjudicaciones, para el contrato se reúne el Ingesa con el ICEX; se reúnen veinticinco personas y toman la determinación de adjudicar, y adjudican al D. Digo al D, porque no dicen ustedes quiénes son; está todo censurado,
absolutamente todo. No sabemos los nombres de ninguno de los adjudicatarios, por lo que no sé si el D es porque es la D de dedo; no lo sé, igual es así. Hay un 36,5 % de los contratos que no forman parte del Ingesa, que no forman parte del objeto
social del contratista, que son nulos. Se han realizado prestaciones que no forman parte tampoco de su tráfico mercantil, que también son nulos. Le pregunto: ¿Se ha reintegrado el dinero de resolución de los expedientes anticipados de los
contratos? ¿Se han reintegrado?, porque habla de que falta por reintegrar, de que van a continuar investigando, pero no lo dice. No sabemos qué empresas españolas han sido adjudicatarias y desconocemos con qué empresas ha intermediado para traer
las mascarillas. No podemos opinar sobre si ha habido adjudicaciones a una misma empresa, no sabemos si se han creado empresas solo para esas gestiones y desconocemos si eran empresas vinculadas entre sí. ¿Eran empresas diferentes con diferentes
socios o con los mismos socios? No lo sabemos, y yo le pregunto si ha comprobado, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el artículo 18.2 de empresas vinculadas, porque podían presentarse varias empresas con los mismos socios.
Tampoco sabemos si se ha hecho eso.
En cuanto a la adjudicación, ¿han comprobado los certificados de deuda de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social? Tampoco sabemos nada. Es más, hay uno de los expedientes en el que alguien lo aporta, pero aporta una declaración
responsable que ni siquiera firma. Eso lo ponen ustedes, es decir, no me estoy imaginando nada. Se han realizado contratos de emergencia fuera del mes; cuando se hace fuera del mes, tiene que ser un contrato ordinario, y también se ha pasado por
encima de todo eso, con lo cual, ¿se admite lo que permite la ley o son ustedes la ley? No sé si se ha comprobado o no la existencia de crédito suficiente, y en el caso de que no existiera no se ha procedido a la regularización de acuerdo con la
Ley General de Presupuestos del Estado. Se han adjudicado contratos saltándose la ley -como capacidad de obrar, solvencia económica, objeto social, falta de reintegro, IVA sin saber si el contrato lo llevaba- y no se han fiscalizado.
Le voy a decir una cosa taxativamente. Ha salido una sentencia...
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señor De Foronda.
El señor DE FORONDA VAQUERO: Ya, pero es que...
El señor PRESIDENTE: El resto de portavoces ha respetado el tiempo marcado.
El señor DE FORONDA VAQUERO: Pero otros días no se ha respetado. Le estoy pidiendo un poco de tiempo. Yo creo que esto es muy extenso.
Como decía, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza del día 27 de marzo. Esta contratación millonaria -nos dice- incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aun en
supuestos de emergencia, pues se terminan adjudicando los suministros a un operador completamente desconocido para el tráfico jurídico y económico del sector. Existía una contratación pública con un modus operandi rodeado de severos interrogantes
jurídicos y con exclusión de requisitos que, aun en los casos de extrema urgencia, eran exigibles a los operadores públicos. Es más, termina diciendo que hay una actividad inicial consistente en la prestación de servicios conducentes a la
constitución, financiación...
El señor PRESIDENTE: Señor De Foronda, tiene que ir acabando, por favor.
El señor DE FORONDA VAQUERO: ..., mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, lo que a todas luces resulta un objeto social sanitario.
Dos cosas para terminar.
El señor PRESIDENTE: Señor De Foronda, tiene que terminar, por favor.
El señor DE FORONDA VAQUERO: Únicamente quiero decirle una cosa. Yo sé que ustedes han sido blandos con las administraciones, pero las administraciones han sido duras con los ciudadanos, y se lo digo porque hay un informe del Defensor del
Pueblo sobre la gente que no pudo presentar declaraciones de la renta ni como autónomos y fue sancionada. Es decir, en contratos está el artículo 120 para hacer lo que uno quiera -las administraciones-, pero las administraciones con los ciudadanos
actuaron de diferente forma. Es lo que le quiero decir. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar a todas las preguntas de los portavoces la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias.
Independientemente de los recursos que hayan planteado o de las opiniones que tengan sobre la constitucionalidad o no de las normas en vigor, para el Tribunal de Cuentas la norma en vigor es la norma aplicable. Hemos aplicado las normas que
teníamos vigentes, y con ese criterio se han examinado los contratos.
En cuanto a todo lo que tiene que ver con la cogobernanza o con las decisiones, usted opina que los tribunales han ejercido como legisladores y demás, pero, en cualquier caso, no tiene ninguna relación con la gestión contractual, con lo cual
son opiniones que yo no puedo ni debo rebatir, pero que, como institución, no nos afectan.
En cuanto a la señora Blanquer, después hablaremos de lo que usted ha dicho que quieren llegar a plantear, pero ha hecho alusión a un tema que me parece importante, y esta sesión creo que lo demuestra.
Yo, como responsable de un órgano institucional, solamente me puedo alegrar de que las instituciones funcionen. Hay un entramado de organizaciones de todo tipo que actúan en el ámbito en el que nos movemos. Cada una tiene sus funciones,
cada una actúa en su momento, cada una actúa en su tiempo, pero lo cierto es que estos contratos se han hecho durante la temporada a la que nos estamos refiriendo, en una situación complicada y difícil de la que yo soy consciente, entre otras cosas,
porque la mitad de los informes los tuvimos que hacer en régimen de teletrabajo, y eso fue un esfuerzo más para los propios funcionarios del tribunal y para su trabajo. Yo no puedo dejar de valorarlo y de tenerlo en cuenta, porque necesitábamos dar
una respuesta a algo que parecía que la ciudadanía demandaba, con la insistencia que requería ver qué respuesta se le daba a una situación que estaba pasando. Pero lo más importante es que el Estado funciona, como lo demuestra el hecho de que se
hayan hecho los informes, el hecho de que hayan pasado por fases -ahora respondiendo al diputado o senador del PP contestaré- y el hecho mismo de que hoy estemos hablando sobre unos informes que están publicados y que están aprobados por unanimidad
de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Como ustedes saben, somos doce, nombrados por diferentes partidos políticos, de los que siete, también nombrados por diferentes partidos políticos, nos dedicamos a fiscalizar, con la participación de
funcionarios de la Administración Pública. Esto quiere decir que nosotros ni somos duros ni somos blandos, simplemente nos atenemos a lo que encontramos en la documentación que nos facilitan las propias administraciones, que es nuestro único
instrumento para trabajar. Nosotros no tenemos la capacidad que tienen los organismos antifraude, que pueden abrir puertas, que pueden abrir ordenadores y demás; nosotros tenemos un trabajo y, dentro de la estrategia contra la corrupción, nuestro
principal aporte lo hacemos en la primera parte, que es la prevención. Me gustaría que esto se pusiera de manifiesto, porque yo soy una firme defensora del Estado institucional que funciona y da respuestas mejores o peores, con dificultades, como
en todas las cosas, y, sobre todo, en situaciones muy complicadas.
Al señor De Foronda tengo que decirle dos o tres cosas. La primera es que usted se ha dirigido a mí como si yo fuera el Gobierno, que no lo soy. Yo soy el Tribunal de Cuentas, completamente independiente del Gobierno, repito, completamente
independiente del Gobierno. El plan de trabajo del Tribunal de Cuentas lo aprueba el Tribunal de Cuentas y lo propone el Tribunal de Cuentas. El trabajo lo dirige el Tribunal de Cuentas; ni siquiera yo, que soy la presidenta, tengo entrada en los
trabajos que realiza cada departamento. Los trabajos están sometidos a un contraste, a un procedimiento contradictorio muy importante, que son las alegaciones y que son después las observaciones entre los consejeros, los doce, de toda extracción
política, y se aprueban por unanimidad, que algo quiere decir eso. Todas las referencias que usted ha hecho a todo lo que ha encontrado son cosas que ha leído del propio informe, luego en el propio informe están. Quiero decir que se han puesto de
manifiesto deficiencias, irregularidades, etcétera, como hacemos en cada informe que elaboramos.
Por otra parte -quizá usted no conozca, porque además no tiene por qué conocerlo-, muchos de los problemas que ha mencionado han sido objeto de expediente de responsabilidad contable por testimonio pedido por el fiscal y han sido archivados
en todos los casos menos en dos, que están pendientes porque parece ser que están en un proceso de recuperación de material pagado y no entregado. El fiscal ha suspendido el procedimiento hasta que termine el plazo para que eso esté así. Además de
eso, también hay procedimientos administrativos que han instruido muchas administraciones públicas. Creo que en el esquema que antes hemos expuesto cada uno asume su trabajo.
A usted, por ejemplo, le extraña que no se pueda deducir de los informes el nombre de las empresas, pero nosotros no podemos poner los nombres de las empresas en los informes por varias razones. Una de ellas es la doctrina del caso Ismeri y
otra es que no se les dan alegaciones a las empresas adjudicatarias. Nunca, en ningún informe, verá usted el nombre de ninguna empresa. Nosotros estamos actuando sobre el sector público, y todo lo que suceda en el sector privado no está en los
informes, pero además hay una doctrina, esta que le digo, precisamente porque a los adjudicatarios no se les da el informe. ¿Usted se imagina lo que yo haría poniendo el nombre en un informe? No sé si no le parecería mal, pero es lo que hay. A
usted le gustaría que yo pusiera los nombres de los adjudicatarios en el informe, pero no puedo ponerlos; no puedo ponerlos, entre otras cosas, porque la propia empresa cuyo nombre pondría se podría querellar contra nosotros por hacerla aparecer en
un sitio donde no tiene posibilidades de defensa, porque no se le da para contraste. Eso es algo que le gustará más o menos, pero que viene haciéndose así siempre y... (El señor De Foronda Vaquero pronuncia palabras que no se perciben) ¿Dice usted
que no es verdad? ¿Me ha dicho que no es verdad? Es que me ha parecido oírle que no es verdad.
El señor DE FORONDA VAQUERO: Yo lo que le digo es que este tema lo he tratado con el secretario del Senado.
El señor PRESIDENTE: Por favor, no entremos en debates.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Es que me ha dicho que no es verdad y quería saber en qué punto no es verdad.
El señor PRESIDENTE: No entramos en debates. Contesta la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): ¿Que lo ha tratado con el secretario del Senado? (El señor De Foronda Vaquero: Sí, sí). ¿Y el secretario del Senado es miembro del Tribunal de Cuentas? Es que no lo sé. No,
¿verdad? Bueno, pues yo le digo que en el Tribunal de Cuentas no se pone jamás el nombre de un adjudicatario por eso que le he dicho, porque antes, en algún momento de la historia, se puso algún nombre, se recurrió y hay una doctrina que desde
entonces se sigue en todos órganos de control externos, que es la Ismeri. Le invito a que la lea para que vea por qué no podemos ponerlo. Habrá quien opine que eso está mal, como el secretario del Senado o como cualquier otro señor o señora, pero
en el Tribunal de Cuentas es práctica habitual; iba a decir inveterada, pero no, solo le diré que en los veintitrés años que llevo en el Tribunal no se han puesto los nombres de los adjudicatarios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO
PROPIO. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000033 y número de expediente del Senado 771/000032).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000034 y número de expediente del Senado 771/000033).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA CELEBRADOS EN 2020 PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000085 y número de expediente del Senado 771/000083).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al segundo bloque, que contiene distintos informes: el informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrado en 2020 para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio; la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero, y el informe de fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los
ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos autónomos.
Tiene la palabra para la explicación la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Al igual que en el caso anterior, todos han sido por iniciativa del Tribunal de Cuentas. El ámbito subjetivo ha sido, en cuanto a comunidades autónomas, las carentes de órgano
de control externo propio, que, como saben, son
Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla; también se ha hecho el de Castilla-La Mancha porque no tenía en ese momento órgano de control, aunque ahora ya lo tiene. Incluyo, además de las propias comunidades autónomas, su
Administración, sus organismos autónomos y todo tipo de entidades dependientes.
En el informe siguiente, en las entidades del sector público no financiero estatal, están ADIF, AENA, Tragsa, Puertos del Estado, Renfe Viajeros y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
En el último informe, los departamentos ministeriales, están los otros que no estaban citados, pero que les cito de todas maneras. Son: Agricultura, Pesca y Alimentación, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Consumo, Derechos
Sociales y Agenda 2030, Hacienda, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Industria, Comercio, Sanidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social y Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Como en el caso anterior, el ámbito objetivo de los informes es el de los contratos de emergencia, y el ámbito temporal, el año 2020. Las tres fiscalizaciones, igual que las anteriores, se han configurado como de cumplimiento y operativa de
gestión y han tenido los objetivos concretos que no les repito, que son los mismos porque vienen todos de las directrices técnicas que se aprobaban para el informe del 2021.
En cuanto a las principales magnitudes de este bloque, se celebraron un total de 9420 contratos, por un importe de adjudicación de casi 1247 millones de euros. En total, se fiscalizaron 673 expedientes contractuales, por un importe de
adjudicación de casi 1045 millones de euros, el 84 % del importe total adjudicado. Por tanto, si se analizan los siete informes que hemos presentado en la Comisión -los seis informes presentados hoy más el que se presentó, relativo a entidades
locales, el pasado mes de febrero-, se observa que el importe total adjudicado en este proceso administrativo de emergencia ascendió a 2129 millones de euros, de los que el Tribunal de Cuentas fiscalizó el 82,5 %, esto es, un importe de 1758
millones. En total, se celebraron 13 211 contratos de emergencia, de los que se fiscalizaron 1328.
En estos tres informes se recogen las conclusiones, igual que en los apartados anteriores, relativas a la rendición de cuentas. Se han detectado deficiencias que afectan a la falta de rendición de las relaciones certificadas o la remisión
incompleta de estas. Además, se incluyen deficiencias relativas a la remisión de expedientes contractuales.
En relación con la justificación de la tramitación de emergencia, la inmensa mayoría de las entidades objeto de estas fiscalizaciones han justificado adecuadamente que sus contratos estaban directa o indirectamente vinculados con la adopción
de medidas para hacer frente al COVID-19. Se ha observado que en el 14 % de los expedientes el órgano de contratación optó por la realización de una declaración de tramitación de emergencia genérica para todos los contratos adjudicados en lugar de
dictar una orden de ejecución individual para cada expediente. Y en lo relativo a la tramitación del expediente de emergencia y a la obligación de dar cuenta al Consejo de Ministros de los acuerdos de declaración de tramitación de emergencia de
treinta días desde su adopción, se han detectado deficiencias que afectan a entidades del sector público, con excepción del sector público empresarial, al que no se le aplica este requisito; en nueve casos no consta que se haya realizado
comunicación al Consejo de Ministros y en cincuenta y dos supuestos esta comunicación se realizó más tarde del plazo previsto.
En el ámbito autonómico, solamente Extremadura y La Rioja establecieron la obligación de dar cuenta de los acuerdos de emergencia a los respectivos consejos de gobierno, comprobándose su cumplimiento en todos los expedientes fiscalizados.
Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta también establecieron la obligación de dación de cuentas, detectándose, sin embargo, el incumplimiento total de los expedientes tramitados por Ceuta.
En el ámbito estatal, la obligación recogida en la ley de presupuestos de comunicar el inicio de las actuaciones a la intervención competente no ha quedado acreditado en el 9 % de los expedientes analizados, habiendo sido detectados retrasos
en el 14 %. Por su parte, las comunidades autónomas no dictaron ninguna disposición específica al respecto.
En lo relativo a la adjudicación, formalización y publicidad, principalmente expondré los aspectos relacionados con la adjudicación y formalización en el apartado, igual que antes, de buenas prácticas. En varios expedientes se detectaron
deficiencias en la publicación de la adjudicación y, además, en la formalización de los contratos en la plataforma de contratos y, en su caso, en diarios oficiales; esas deficiencias se refieren tanto a la falta de publicación como a una
publicación extemporánea. (El señor vicepresidente, Pérez López, ocupa la Presidencia).
En el apartado relativo a ejecución, cumplimiento y pago, una de las principales obligaciones derivadas de la inmediatez que caracteriza la tramitación de emergencia es la relativa al plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones, que
no podrá exceder de un mes, como saben, y en el caso de exceder, se prevé que deba realizarse mediante procedimientos ordinarios. Los informes recogen que en un 8,5 % de los casos no se cumplió ese plazo y en un 6 % no se pudo comprobar este
extremo.
Los informes recogen varios expedientes en los que se detectaron incidencias en la ejecución. Se destaca por su número o por lo relevante que puedan ser que en un 3 % de los expedientes se encontraron modificaciones que afectaron al plazo,
licitador, importe u objeto o que no se ajustaron a los límites o requisitos establecidos. En treinta y un casos se produjeron retrasos significativos en la ejecución.
Respecto de la recepción de las prestaciones, se incluyen supuestos de falta total o parcial de actas de recepción o certificados de conformidad. Además, se detallan diecisiete casos en los que la falta de comunicación impide que se pueda
comprobar la ejecución total del contrato. En más de una quinta parte de los expedientes tramitados por los ministerios que hemos citado no constaba la duración del contrato o esta se fijó de manera flexible o poco determinada.
Algunos otros ejemplos de ineficiencias afectan al Ministerio de Sanidad, donde una quinta parte de los expedientes fiscalizados adolecen de deficiencias en la ejecución, como resolución de contratos, retrasos en la ejecución que motivaron
ampliaciones de plazos o incumplimientos de estos nuevos plazos. También se incluyen supuestos de requerimiento de reposición de diverso material defectuoso o reintegro de su importe, incluyendo supuestos que a la fecha de finalización de los
trabajos estaban aún pendientes de ejecutar. Algunos de los contratos que se detallan son: 400 000 gafas, 1,2 millones de mascarillas FFP2, 500 000 mascarillas quirúrgicas y dispositivos de ventilación mecánica.
Igualmente, se destacan ocho contratos tramitados por Castilla-La Mancha, en los que seis de las ocho empresas adjudicatarias de los lotes cedieron sus créditos a una misma empresa, lo que puede suponer un riesgo de que hayan actuado como
meras intermediarias, aumentando el importe total del contrato. En lo relativo al pago, se incluyen deficiencias que afectan a retrasos en el abono de facturas o a la realización de abonos a cuenta sin que el expediente incluya justificación o sin
exigir las debidas garantías.
Igual que en los informes analizados con anterioridad, la fiscalización incluye un análisis en la gestión que comprende el estudio de las variaciones de precio y la adquisición de productos homogéneos o la concentración de adjudicaciones en
una misma empresa. En relación con este último aspecto, el informe relativo a los ministerios del área de administración económica destaca que el Ministerio de Sanidad, que fue con diferencia el que más importe adjudicó, llegando casi a los 513
millones de euros, adjudicó cuatro contratos de adquisición de mascarillas a un mismo intermediario por importe de 217 millones de euros. También se destaca la adjudicación de cinco contratos a una misma empresa asiática por valor de 187 millones
de euros.
Los informes ponen de relieve una serie de buenas prácticas que se consideran beneficiosas. Se valora positivamente que se hayan formado expedientes de contratación en muchos casos, que se hayan justificado presupuestos o que se hayan
solicitado ofertas a más de una empresa y que se hayan realizado sondeos de mercado; también la fijación de cláusulas que regulaban las penalidades en caso de incumplimiento. En la fase de adjudicación, se valoran positivamente las justificaciones
incluidas por los órganos de contratación respecto de la comprobación de la capacidad y solvencia de las empresas adjudicatarias, aunque no es obligatorio dado que los órganos de contratación, en ese tipo de legislación, no tienen por qué formar
expediente. En la parte relativa a la formalización, destaca que la mayor parte de los contratos fiscalizados estaban formalizados, lo que pone de manifiesto una muy reducida utilización de la contratación verbal. También se destaca como buena
práctica la gestión realizada y que todos los contratos fueron acordando la resolución anticipada a medida que iban tramitando la contratación ordinaria de los servicios, consiguiendo reducir al mínimo necesario la contratación de emergencia.
Al igual que en el bloque anterior, las recomendaciones se han de entender dentro de las particularidades del marco normativo de la contratación de emergencia, y así se puede comprobar que estas recomendaciones entran dentro del ámbito de
las buenas prácticas de gestión contractual. Se insiste fundamentalmente en la conveniencia de formar expedientes de contratación, en los beneficios de solicitar ofertas a diferentes licitadores y, en su caso, negociar los términos del contrato.
Además, los informes relativos al sector público ministerial y autonómico recomiendan procurar la formalización de los contratos consignando de manera clara y precisa las prestaciones del objeto y verificar adecuadamente la capacidad de las empresas
adjudicatarias.
Terminamos con este bloque, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Pérez López): Muchas gracias, presidenta.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX y Mixto en el Senado, el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias.
Previamente, por alusiones en la intervención anterior de la señora Blanquer Alcaraz, que hablaba de incoherencia en la actuación de mi grupo parlamentario, quiero poner de manifiesto que la gran incoherencia es que se haya declarado la
inconstitucionalidad de tres actuaciones importantísimas por parte de este Gobierno y que no haya habido ningún reconocimiento de culpa ni político por algo que habría hecho caer a cualquier gobierno en nuestro entorno democrático, pero ya se ve
que, efectivamente, la calidad democrática de este Gobierno no está a la altura.
Continúo, porque antes me quedé sin terminar todo lo que tiene que ver con esos contratos de emergencia al amparo del artículo 120 de la ley de contratos públicos. Quiero poner de manifiesto que todo el control, por así decirlo, de esa
tramitación de emergencia prevé unas habilitaciones especiales sobre todo para la contratación, pero una vez que se ha terminado esa contratación la parte posterior no tiene tanta flexibilidad. Y me refiero fundamentalmente, aparte de lo que
también se refleja en los informes y que ha tenido mucha repercusión pública, a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la verificación del cumplimiento del contrato para su liquidación. En ese sentido, la verdad es que la propia norma es
bastante severa. Se ha visto que muchos contratos se pagaban directamente de forma inmediata sin que se acreditase el cumplimiento del contrato. Esto realmente nos preocupa y creo que pone de manifiesto una forma de actuar bastante preocupante.
Volviendo a la cogobernanza, al Estado de las autonomías, en el primero de los informes de fiscalización de este segundo bloque, en la página 74, el gráfico 9 habla de la evolución del precio en la adquisición de las mascarillas. (Muestra
un gráfico). Tiene dos variables fundamentales, una es la dispersión del precio en cada uno de los periodos y, otra, la evolución en distintos periodos. Quiero llamar la atención en la dispersión del precio en el mismo periodo; es decir, en una
misma realidad de mercado, donde la disponibilidad o la oferta es exactamente la misma, se ve cómo desde distintas administraciones públicas el precio varía significativamente. Eso es una anomalía que puede deberse a muchas causas, y creo que
muchas de ellas se están poniendo de manifiesto y son objeto en estos momentos de investigación judicial por parte también de Fiscalía, no solo de este país, sino también europea porque muchos de esos contratos están afectados por financiación no
solo nacional. Creo que nos debe preocupar también la relación con nuestros socios en el ámbito de la Unión Europea. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Quiero poner también la atención en el último de los tres informes que abordamos en este bloque, que es el que tiene que ver con la situación financiera de ayuntamientos con más de 100 000 habitantes con un elevado nivel de endeudamiento, y
creo que de las cuatro recomendaciones que se reflejan la primera es la más importante. Me gustaría saber también su opinión al respecto. La leo resumidamente: reducir el nivel de endeudamiento, incluida la deuda comercial y la carga financiera
derivada del mismo, con el fin -esto es lo importante- de garantizar su sostenibilidad financiera, en especial a partir del ejercicio de 2024 como consecuencia de la entrada en vigor nuevamente de las reglas fiscales de la Unión Europea. Para mí
esto es clave. Creo que es una recomendación en la que hay que hacer énfasis para no incumplir nuestros compromisos presupuestarios. La segunda parte de esa recomendación -ya me estoy quedando sin tiempo- habla del cumplimiento de los compromisos
con proveedores. No puede ser que quienes prestan servicios a las administraciones públicas sean víctimas de la mala gestión de unos responsables públicos. Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidente.
Presidenta, si me lo permite, haré una previa. Hay algunos que se indignan por el estado de alarma, cuando el estado de alarma fue para proteger a la gente. No los veo indignarse por el protocolo que
impulsó un Gobierno para que la gente muriera en las residencias. Eso sí que es indignante. Eso sí que lo es.
Por otra parte, me preocupa muchísimo que haya grupos, o por lo menos un grupo -en este caso el Grupo Popular-, que en la intervención anterior haya pretendido con insinuaciones desacreditar instituciones. Y lo que es más preocupante,
siempre intenta sembrar alguna duda, como está haciendo constantemente en el Senado. La verdad es que me parece grave la afirmación que ha hecho, en la que incluso habla del secretario del Senado como su asesor particular. (Rumores). Vamos, es
que es una falta de respeto a las instituciones tal que, de verdad, sería conveniente que el Grupo Popular se retractara de las insinuaciones y de las cuestiones que ha planteado. Eso, por una parte.
Ahora, me voy a las siguientes cuestiones. La verdad es que es imposible entrar en cuestiones concretas porque hay poco tiempo, pero creo que la presidenta del Tribunal de Cuentas ha sido muy eficaz en su exposición; tribunal que siempre
ha tenido la consideración de todos los grupos políticos. Es un tribunal que cumple con sus objetivos, y si estamos hablando precisamente de estos expedientes es porque están incluidos. Hay transparencia y hay control.
Claro que nos preocupa y que nos ocupa la situación que se produjo. Nos preocupa y nos ocupa y, por eso, se han adoptado medidas de todo tipo. Por ejemplo, se adoptaron medidas de análisis -y quiero recordar, para que no se repitiera esta
situación, la Comisión de reconstrucción del Congreso-, pero también un informe independiente del Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas para que cuando se produjera una nueva pandemia esto no volviese a suceder, y ya no digo
pandemia, sino cualquier situación de emergencia. Es más, precisamente en estos momentos el Grupo Parlamentario Socialista aquí en el Congreso ha impulsado una comisión de investigación para que analice la actuación de todas las administraciones
públicas en su conjunto, con independencia del color político. ¿Por qué? Porque se ha advertido algún tipo de incidencias en cuanto a la adquisición de material sanitario y, por tanto, queremos establecer mejoras del marco normativo que hagan
posible la mejor respuesta ante futuras emergencias. El Grupo Parlamentario Socialista lo quiere analizar y estudiar todo, que es una forma muy distinta de lo que está haciendo el Partido Popular, que precisamente está utilizando la institución del
Senado para desacreditar las instituciones y, sobre todo, para ir en contra del Partido Socialista. Es lo único que está haciendo. No le importa la verdad. Por tanto, claro que hay que analizar y determinar.
En cuanto a las recomendaciones, tendremos tiempo de plantearlas tanto en la Comisión que se ha constituido en el Congreso como también en los informes que desarrollaremos los distintos grupos parlamentarios. Como les decía, si lo que hemos
tenido ha sido un mercado roto en el que no sabía nadie -ni en Europa ni en España ni en el resto de los países- dónde comprar determinados bienes, tendremos que asegurar nuestra autonomía estratégica. No solo de reserva sanitaria de capacidades,
sino también cómo nos coordinamos. Por eso, el Gobierno ha impulsado la Agencia Estatal de Salud Pública y el plan estatal para coordinar las actividades de preparación, de anticipación y de respuesta ante la crisis y emergencia sanitaria. Pero no
solo esa reserva de emergencia sanitaria, sino también la reserva de capacidades industriales, identificando dónde se puede acceder y para que nos sirva a la hora de determinar que aquellos que nos están ofreciendo u ofertando un producto o un
servicio estén claramente acreditados para hacerlo.
Por tanto, creo que hay que aprovechar este momento. Primero, coordinarlo todo con la Estrategia de Seguridad Nacional y, lo más importante, ver cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las lecciones que tenemos que aprender, de
forma que, si hay que revisar la Ley de Contratos o la normativa, habrá que hacerlo. Habrá tiempo. Creo que hay que ser constructivos y aportar y dejar el fango y el lodo, porque eso no nos beneficia a nadie; ni a los que estamos aquí ni a la
ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Blanquer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Gracias, presidente.
Gracias también, presidenta del Tribunal de Cuentas, por la exposición de sus informes. Me van a permitir que empiece agradeciendo y felicitando al Grupo Socialista por ir practicando el ejercicio de la oposición al Partido Popular, porque
creo que pronto es lo que tendrán que hacer con más asiduidad. Por lo tanto, no voy a perder ni un momento en replicar estas acusaciones y sí que voy a intervenir en relación con los informes que tenemos que contestar en este momento, que son 673.
Yo haré cinco reflexiones:
dos consideraciones generales, citaré dos casos concretos que me parecen relevantes o importantes y haré una referencia al Ministerio de Sanidad, porque creo que es lo más importante.
Como consideraciones generales, a pesar de que la tramitación de emergencia significa simplificar mucho el proceso de contratación, en bastantes casos se obvian pasos como la comunicación a la intervención, la designación de responsables de
cada contrato o la documentación de recepción de suministros. También en algunos casos se obvian aspectos que serían recomendables, aunque en emergencia es posible hacer excepciones, como disponer de varias ofertas o verificar solvencia económica y
técnica de los proveedores, y especialmente en el caso de que los proveedores sean desconocidos por parte del órgano de contratación y de ámbitos distintos al que vayan a proveer creemos que deberían ser exigibles esos informes de solvencia
económica. Hemos visto también que se constatan abusos en la contratación de emergencia. Hemos visto que se contrataban reparaciones de climatizaciones que no funcionaban, alquiler de barracones escolares para dos cursos escolares enteros,
campañas publicitarias que nada tenían que ver con la COVID, incluso inversiones previstas con anterioridad a la pandemia.
Esto me permite enlazar con el primer caso que quería citar, que es en relación con el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, con el ministro Escrivá en aquel momento, que utilizó la contratación de emergencia para hacer una reforma
-digamos zen- del ministerio, una reforma que ya estaba planteada con anterioridad a la pandemia. Esto no lo especifica el informe, pero sí que pone de relieve que se utiliza la contratación de emergencia para una obra que no es de emergencia
sanitaria. Y, no solo eso, sino que encima se dispara el presupuesto y pasa de 850 000 euros a cerca de 2 millones de euros.
El segundo caso que quería citar es el del Ministerio de Transportes del ministro Ábalos, en el que se utiliza un mecanismo peculiar de contratación, que yo no he visto en ningún otro ministerio ni en ninguna otra de las entidades
fiscalizadas. Y es que, pudiendo contratar directamente, el ministro lo que hace es dictar dos órdenes ministeriales -que las firma el ministro Ábalos- para que Puertos del Estado, primero, y, después, ADIF adquieran hasta 12 millones de
mascarillas para luego distribuirlas a ADIF, Renfe, ENAIRE, AENA, Puertos y Autoridades Portuarias, SASEMAR y Correos, cuando, también, todas estas entidades podían utilizar la contratación de emergencia. Puestos a centralizar, lo podría haber
hecho el ministerio directamente. Es una forma innovadora, que nos sorprende, hasta que hemos visto las últimas noticias y comprobamos que, efectivamente, las empresas adjudicatarias de estos contratos son las empresas de las que Koldo era
comisionista. Por tanto, creo que esta es la explicación de estas maniobras en el momento de la contratación.
En cuanto al Ministerio de Sanidad del ministro Illa, si la impresión que tuvimos desde fuera, viendo lo que veíamos en cuanto a cómo se gestionaba la pandemia, era de que podía haber un cierto caos, yo creo que el informe confirma
efectivamente que en el Ministerio de Sanidad y al menos en lo que se refiere a la contratación había un caos absoluto: he contado hasta cinco órdenes de suministros centralizados, unas corrigen las anteriores, ahora contrata el Instituto Nacional
de Gestión de la Salud, luego hasta 12 millones, después no contrata; no se informó a Intervención delegada en numerosos expedientes y, cuando sí se hizo, con significada posterioridad -me parece muy diplomática la expresión, que significa muy
tarde-; no se designaron responsables de contratos en prácticamente ningún expediente; el mayor contrato, el de 217 millones para la adquisición de mascarillas, fue a una empresa de importación de productos de alimentación, concretamente de
materias primas agrícolas -no sé qué tendrá que ver con las mascarillas-; no se acredita solvencia técnica; a un fabricante de yesos se le compraban dispositivos de ventilación mecánica... Por tanto, ¿qué puede salir mal? Pues absolutamente todo
salió mal: la ventilación mecánica no llegó nunca, las mascarillas a rastras, con dudas de homologación, con retrasos...
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Acabo.
Voy a lo esencial. Entre devoluciones, penalizaciones, destrucciones de materiales no reclamados, suministros defectuosos, etcétera, hemos contabilizado hasta más de 33 millones de euros no reclamados.
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Y, en muchos casos, el Tribunal de Cuentas dice que hará seguimiento de si se pueden cobrar o no y quería preguntarle a la presidenta si tendremos esa información.
Y, si me permite, presidente, una cuestión de orden. Acabo de comprobar que en la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que no es un país independiente, sí aparecen los nombres de los adjudicatarios de contratos y no ha tenido nunca ningún
problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Con lo cual, creo que, en aras de la transparencia, estaría bien que el Tribunal de Cuentas lo valorara.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Gracias, señorías.
Señor Rodríguez Almeida, simplemente quiero decirle dos cosas. Una, que el artículo 16 tiene prevista la realización de abonos a cuenta, con lo cual no se da, en la fase de ejecución, la necesidad de verificación para la liquidación. Por
tanto, en este tipo de contratación, no es una garantía requerida. En cuanto a la otra pregunta que ha hecho, no encuentro que se refiera a ninguno de los contratos que presentamos hoy. Es un contrato sobre entidades locales que me parece que se
aprobó en diciembre de 2023 y que, efectivamente, como consecuencia de las nuevas reglas fiscales, tendrán que reducir, pero no tiene nada que ver con la contratación que estamos viendo hoy.
Vuelvo a decir lo mismo, estoy más en la línea de mirar las cosas que hacen que el sistema funcione, aunque sea con dificultad, y le voy a decir por qué; porque hemos llegado hasta aquí después de la pandemia y dice que no ha funcionado
absolutamente nada. Yo, como ciudadana, en este caso, no puedo estar de acuerdo porque he tenido muchos episodios y han funcionado las cosas. Otros temas que se suscitan estarán en la contratación y si usted los ha mencionado es porque están
puestos de manifiesto en los informes que hemos hecho. Es decir, el Tribunal de Cuentas no ha ocultado ni un solo hallazgo ni es posible hacerlo. Me van a permitir que vuelva a explicar que el sistema de fiscalización es un sistema muy exigente.
La presidenta no pinta nada en el sistema de fiscalización. Es más, los consejeros pintan a partir de un momento. Entonces, valorar el trabajo leal con el país y con su obligación de funcionarios tiene su importancia porque es gente que hace un
esfuerzo cada día. Por tanto, decir que no funciona nada me parece, desde mi punto de vista, mucho decir. Funcionan las cosas, unas mejor y otras peor. Y que todo, absolutamente todo, es mejorable, también se lo digo. Cualquier cosa son obras
humanas y todo lo que hacemos mal lo podemos llegar a hacer mejor o, incluso, peor; pero es susceptible de modificación.
Nosotros hemos puesto encima de la mesa muchas deficiencias que habrá que valorar, sobre todo si hay que hacer frente a situaciones parecidas, porque parece que no se ha acabado la época de los desastres, tuvimos lo del volcán y en Europa ha
habido doscientos desastres. Pero ya le digo que tenemos un soporte institucional que nos permite hacer un control de los recursos públicos. No es el Tribunal de Cuentas como tal el que hace el seguimiento de las posibles restituciones de material
no entregado o material desechado, no; es el fiscal, aunque sea del Tribunal de Cuentas, el que en un procedimiento judicial de responsabilidad contable inicia actuaciones, en muchos casos, cuando ha visto que está claro que hay que reponer, porque
nosotros no ponemos sanciones, simplemente tratamos de restituir el dinero que, a juicio del tribunal o, en este caso, del fiscal no está bien gastado. En este caso, lo que hace es pedir testimonio al departamento que ha hecho el informe sobre los
aspectos que ve que tienen alguna presunción de posible responsabilidad contable y se somete al procedimiento. De esos sesenta que creo que se han sometido, se han archivado prácticamente todos, menos dos, porque no se han llegado a encontrar
indicios de responsabilidad contable. Le aseguro que los consejeros de enjuiciamiento son como los jueces que, en su jurisdicción, llevan los temas por turno, por reparto y atienden de esa manera cualquiera de las peticiones del fiscal. Es cierto
que hay defectos que permanecen. En cualquier contratación que no sea la de emergencia siempre encontramos deficiencias y dificultades. La Ley de contratos del Estado es una ley súper garantista, que se ha ido haciendo muy garantista y rígida
para, precisamente, intentar subvenir a una situación de corrupción que se venía padeciendo. Se ha ido haciendo una legislación muy garantista, por lo que muchos empresarios adjudicadores se quejan porque les lentifica los pasos; yo lo comprendo.
Tendremos que decidir si más garantías o menos garantías o más flexibilidad, pero en cualquier contrato siempre hay incidencias de ese tipo porque son procesos muy procelosos, muy largos, con muchísimos trámites y que pasan por muchísimas manos. No
lo estoy
justificando en ninguna medida porque, de hecho, nosotros lo ponemos de manifiesto y en muchas ocasiones hacemos recomendaciones sobre la modificación de la legislación que, en cualquier caso, les correspondería a ustedes, no a nosotros,
porque no somos el Legislativo.
En relación con lo que usted ha dicho, yo no sé lo que hace Cataluña, le digo que nosotros hemos tenido ese problema en concreto. Usted ha utilizado muchas veces la palabra creo, pero en el Tribunal de Cuentas no nos podemos permitir un
creo, necesitamos un papel y, si no tenemos un papel de donde podamos sacar una conclusión, no podemos decir: yo opino que aquí pasa esto, pero puede parecer que pasa otra cosa. Eso no lo podríamos hacer.
Como hay otros momentos previos y posteriores y, además, como les decía antes, hay muchos órganos en la jurisdicción penal dedicados a la corrupción como son la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Europea, el organismo antifraude de la
IGAE, en el ámbito administrativo otros muchos y, en el ámbito contencioso otros muchos, pues yo creo que con toda esta panoplia deberíamos conseguir entre todos que empezaran a mejorar un poco determinadas cosas. Casi nada es por nada; es decir,
la legislación es tan estricta porque respondió en un momento a una situación muy concreta.
¿Hay que rebajar la garantía? Yo no lo sé. Yo no sé si hay que rebajar la garantía o si hay que aumentar más garantías. No lo digo porque usted haya dicho que hay que rebajar la garantía. Quiero decir que muchas veces se legisla para dar
soluciones a problemas que se producen y, efectivamente, esta legislación es supergarantista, mucho. Aun así, hay incidencias todos los días, pero, claro, son incidencias que no tienen la condición, aparte de que nosotros no podríamos verla porque
el Tribunal de Cuentas para nada es un órgano anticorrupción. No lo es en absoluto, pues no tiene atribuida ninguna competencia anticorrupción. Con lo cual, no podríamos llegar mucho más allá de los que llegamos. Pero sí que creo que ponemos base
para que empiece a actuar todo ese mecanismo institucional.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059 y número de
expediente del Senado 771/000057).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000086 y número de expediente del Senado 771/000084).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE APROBADAS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: SIMILITUDES,
DIFERENCIAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000088 y número de expediente del Senado 771/000086).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PLANES ANTIFRAUDE APROBADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES QUE PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (Número de expediente del Congreso de los
Diputados 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000069).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al bloque III, que contiene los siguientes informes: Informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia;
Informe de fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración General del Estado para la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Informe de fiscalización de las medidas para la prevención,
detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: similitudes, diferencias, riesgos y oportunidades de mejora,
y, por último, el Informe de fiscalización de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Tiene la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): Si les parece, presentaré estas cuatro fiscalizaciones en dos grupos porque cuatro ya son un exceso para hacerlo en un informe conjunto y, además, son un poquito largos. (Apoya
su intervención en una presentación digital). El primero es sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de recuperación, y el segundo es sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración General
del Estado con el mismo objetivo.
Pondré en contexto la situación, ya que explico cuatro informes sobre lo mismo. La pandemia que provocó la COVID tuvo un drástico impacto económico y social en el conjunto de los países de la Unión Europea que no les tengo que contar, pero
que exigió una respuesta rápida, solidaria y coordinada por parte de los Estados miembros dirigida a amortiguar los efectos de la crisis e impulsar la pronta recuperación económica. Las medidas adoptadas a tal fin por la UE giran en torno a un
marco financiero plurianual para el periodo 20212027 reforzado y la aprobación en julio de 2020 del mayor instrumento de estímulo económico financiado por la Unión Europea, el Instrumento Europeo de Recuperación, los llamados Next Generation, por un
importe de 750 000 millones de euros.
El elemento central del Instrumento Europeo de Recuperación es el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, dotado con 672 500 millones de euros, con 360 000 millones destinados a préstamos y 312 500 millones a transferencias no
reembolsables, que se ejecuta en régimen de gestión directa. Para poder acogerse a este mecanismo, los Estados miembros debían presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia. En el caso de España, dicho plan es el de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que fue aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021. Posteriormente, a nivel europeo, fue aprobado por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión, el 13 de julio de 2021, constituyendo el
instrumento a través del cual se habilita y canaliza el acceso a los fondos europeos, donde se detallan las reformas e inversiones a impulsar.
Durante el periodo 20212026 España podrá recibir hasta 140 000 millones de euros del mecanismo, siendo 69 528 en transferencias no reembolsables y el resto en créditos. El desembolso de los fondos europeos se hace por tramos y está ligado
al cumplimiento de unos hitos y objetivos previamente definidos. Por tanto, se aplica un sistema de gestión por objetivos. El plan de recuperación descansa sobre cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión
territorial y social e igualdad de género, que se desarrollan a través de 10 políticas, 30 componentes y un total de 212 medidas -102 reformas y 110 inversiones-, para las que España se compromete a alcanzar en unos plazos 220 hitos y 196 objetivos.
La gestión del plan ha sido dotada de un marco normativo específico a través del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, en el que se aborda la creación de estructuras de gobernanza y la planificación de los medios que resultan
necesarios para la gestión de los fondos europeos, incorporando una serie de medidas dirigidas a flexibilizar los procedimientos empleados y a lograr una gestión más ágil que facilite la absorción de los fondos. El real decreto ley nace con una
vocación de generalidad para todas las administraciones públicas. Sin embargo, la disposición final primera, la de los títulos competenciales, establece los preceptos que no tienen carácter básico y que, por tanto, solamente serán aplicables a la
Administración General del Estado y subsector público institucional, pudiéndose señalar como preceptos de carácter básico los referidos a los nuevos principios y directrices de gestión, la gobernanza o ciertas especialidades en materia de gestión,
como gestión y control presupuestario, seguimiento, contratación y subvenciones.
Esta regulación se complementa con dos órdenes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que configuran el sistema de gestión y el de información del plan. Son las órdenes 1030/2021 y 1031/2021, respectivamente. La Orden 1030/2021
configura el modelo de gestión del plan, en el que se distinguen entidades decisoras y entidades ejecutoras. Una entidad decisora es a la que, en contratación presupuestaria, le corresponde la responsabilidad de la planificación y seguimiento de
las reformas e inversiones, así como del cumplimiento de sus objetivos. Las entidades decisoras son los departamentos ministeriales. Una entidad ejecutora es a la que le corresponde, en el ámbito de sus competencias, la ejecución de los proyectos
o subproyectos de las correspondientes reformas e inversiones, bajo los criterios y directrices de la entidad decisora.
Una vez identificado el contexto y el marco aplicable, destaco el acuerdo marco aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas del 28 de abril de 2022, conforme al cual la fiscalización de los procesos de puesta en marcha y ejecución del plan
de recuperación y la evaluación de los resultados obtenidos se considera una actuación de importancia cuantitativa, de actualidad e interés social que reviste carácter estratégico para el Tribunal de Cuentas. En dicho acuerdo, se detallan las tres
fases en las que se desarrollará la actividad fiscalizadora del Tribunal. Una primera fase en la que las actuaciones fiscalizadoras han de tener por objeto las actuaciones llevadas a cabo para la implementación y puesta en marcha del plan. Una
segunda fase en la que estas actuaciones se deben centrar en la ejecución de los proyectos de inversión acogidos al plan y de los distintos programas y proyectos dotados presupuestariamente para eso. Y, una tercera fase, en la que, finalizado el
período de ejecución de los distintos proyectos individualmente considerados y del propio plan, se procederá a la realización de fiscalizaciones que tengan por objeto la evaluación de los resultados obtenidos y consecución de objetivos. Las cuatro
fiscalizaciones que se incluyen en ese primer grupo, las dos que voy a explicar primero y las otras dos, se realizan, por tanto, a iniciativa del tribunal; y se encadenan en la primera fase, en la de las actuaciones para la implementación y puesta
en marcha del plan. Con la realización de dichas fiscalizaciones, lo que se pretende es reforzar el ambiente de control y contribuir a la definición e introducción de buenas prácticas en la gestión.
Estas fiscalizaciones no solo revisten importancia para el Tribunal de Cuentas, sino que son relevantes para los órganos de control externo de las comunidades autónomas, por lo que dos de las fiscalizaciones que van a ser objeto de la
presente exposición se han realizado de forma coordinada con los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Tengo que decirle que nosotros también trabajamos de manera coordinada, mucho, con las comunidades autónomas, con todas.
Debe subrayarse, además, que en el programa de fiscalizaciones para 2024, aprobado por el Tribunal de Cuentas, se incluye una fiscalización de seguimiento de las recomendaciones realizadas en el informe de fiscalización sobre las medidas
adoptadas para la implementación del plan en el ámbito autonómico; y siete que cabría situar en la segunda fase o fase de ejecución.
A continuación, me centraré en las medidas adoptadas en el ámbito autonómico y en el de la Administración General del Estado para la implementación del plan. El ámbito objetivo son estas medidas. Y el subjetivo, en el ámbito autonómico,
está constituido por la Administración general de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas. En el caso del informe sobre las medidas en el ámbito de la Administración General del Estado está constituido por los órganos de la
Administración General del Estado con competencia en la adopción de las medidas implantadas hasta la aprobación del plan.
En concreto, se han realizado actuaciones sobre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde quedan residenciadas la autoridad responsable y la del control del plan, y, además, se han efectuado trabajos en relación con una muestra de
ocho departamentos ministeriales, que son los de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Cultura y Deporte, Derechos Sociales y Agenda 2030, Educación y Formación Profesional, Industria, Comercio y Turismo, Sanidad, Transición Ecológica y Reto
Demográfico, y Trabajo y Economía Social, al asignarles el plan el carácter de entidades decisorias; pudiendo ser, además, ejecutoras. Se realizaron también actuaciones sobre el resto de los ministerios, y sobre la Secretaría de Estado de
Comunicación y la de Asuntos Económicos y G-20, en relación con las funciones de difusión y comunicación del plan.
En cuanto al ámbito temporal, engloba las actuaciones destinadas a la implantación de las medidas hasta mayo de 2022.
La fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico es horizontal, de carácter operativo y de sistemas y procedimientos, y se ha centrado en determinar si las comunidades autónomas han adoptado las medidas necesarias para la
implementación del plan. Se trata de una fiscalización conjunta con los órganos de control externo de las comunidades autónomas.
El Tribunal de Cuentas ha realizado las que corresponden a Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, así como Ceuta y Melilla. Es una fiscalización de carácter operativo y de cumplimiento, y tiene como objetivo analizar
las medidas desde la perspectiva de la legalidad y la efectiva puesta en marcha.
En cuanto a los principales resultados del informe sobre las medidas en el ámbito autonómico, se puede destacar que la elaboración de instrumentos de planificación para la gestión del plan no ha sido abordada de una manera coordinada y
homogénea. Salvo en algunos casos, como en Canarias, Asturias, Navarra y Murcia, en el resto de comunidades autónomas y en las ciudades autónomas no se ha
acometido de una manera coordinada la elaboración de instrumentos de planificación para la gestión del plan por parte de las entidades ejecutoras, aunque algunos tienen los documentos elaborados.
Todas las comunidades autónomas han habilitado espacios web propios sobre el plan de recuperación, donde dan difusión a las actuaciones respectivas a sus ámbitos autonómicos, aunque es necesario completar la información a través de tales
espacios, porque durante el año 2022 solamente ocho comunidades autónomas publicaron datos referidos a la propia ejecución del plan.
La cobertura de las necesidades de recursos humanos para la gestión del plan es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, existiendo, ciertamente, oportunidades de mejora en las
medidas adoptadas en relación con la planificación de estos recursos. Esta planificación en materia de personal fue realizada por la totalidad de las consejerías únicamente en Canarias y en Madrid, lo que les permite obtener un conocimiento sobre
las necesidades de personal para el plan en el conjunto de su territorio. En las restantes comunidades autónomas las administraciones no disponen de información a nivel global de su propia Administración. El proceso de evaluación que recoge la
Orden 1030/2021 para garantizar el estándar mínimo de cumplimiento de los principios de gestión del plan consistió en un esfuerzo principalmente formal encaminado a cumplir con las obligaciones impuestas por la citada norma, más que a identificar y
corregir los riesgos de gestión.
Las comunidades autónomas han realizado actuaciones dirigidas a introducir de manera coordinada los principios específicos del plan en los principales instrumentos empleados en su gestión.
En cuanto a subvenciones, catorce comunidades autónomas han realizado actuaciones de coordinación para la introducción de los principios de gestión del plan, mientras que en las restantes -Andalucía, Rioja y Cantabria-, o no se ha realizado
ninguna actuación de coordinación o presenta oportunidades de mejora.
En relación con la tramitación de los contratos, todas las comunidades autónomas han adoptado medidas para la introducción coordinada de los principios de gestión del plan, siendo el principal mecanismo empleado a tal fin la aprobación de
pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares.
Con carácter general, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas han reforzado sus mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude a través de la aprobación de planes de medidas antifraude. A 31 de mayo de 2002, once
comunidades autónomas habían aprobado un plan de medidas antifraude de carácter general aplicable al conjunto del sector público autonómico. En junio se sumó otra comunidad más. Mientras que en las cinco comunidades restantes la elaboración de
planes de medidas antifraude fue abordado a nivel de entidad ejecutora.
Todas las administraciones autonómicas han desarrollado sistemas de codificación específica para el seguimiento de los fondos del plan que, con carácter general, permiten su seguimiento, al menos a nivel de subproyecto.
Algunas comunidades autónomas cuentan con medidas adicionales que contribuyen a la correcta aplicación de los códigos definidos para estos fondos y a su adecuado seguimiento. Se incluyen aquí, entre otras, la creación de programas
presupuestarios diferenciados o la posibilidad de obtener directamente del sistema de información un remanente de tesorería diferenciado.
En cuanto a la adaptación de los sistemas de información a los requerimientos del plan, se destaca que es un proceso en desarrollo y ligado a la implantación de sistemas de información del plan de recuperación. La Orden 1031/2021 establece
la obligatoriedad de proporcionar información sobre la ejecución contable, identificando en ella la actuación del plan al que la operación contribuye. Esta exigencia de vinculación a la operación contable a nivel de actuación hace necesario
arbitrar procedimientos para que el sistema de información incorpore los datos al nivel requerido. Durante el periodo fiscalizado, los códigos, que estaba previsto que sean generados automáticamente, todavía no estaban disponibles.
También se prevé que se pueda realizar el seguimiento contable a través de estos códigos en las comunidades autónomas en las que se han previsto desarrollos de software específicos. La asignación de códigos identificativos por el sistema de
información CoFFEE y la introducción de mecanismos de identificación en los expedientes de gasto harán posible el seguimiento mediante una codificación única, integrada y coherente para todo el plan. Mientras tanto, el seguimiento contable se está
realizando a través de los sistemas de gasto con financiación afectada. En virtud de lo dispuesto en la tan citada Orden 1031/2021, las administraciones autonómicas también han de recoger una serie de información sobre los subproyectos que
gestionan para su seguimiento posterior.
Durante el periodo fiscalizado, este sistema no estaba operativo para el sector público autonómico. La práctica totalidad de las comunidades y ciudades autónomas realizaron el control mediante la utilización de hojas de cálculo auxiliares
que, en algunos casos, fueron compiladas en cuadros de mando con información centralizada de todas las entidades ejecutoras.
Como principales resultados en el ámbito de la Administración General del Estado, podemos destacar en materia de gobernanza la falta de realización por parte del comité técnico de algunas funciones de coordinación y apoyo que fueron asumidas
por los propios gestores o por los órganos especializados en razón de la materia, como la IGAE o la Junta Consultiva de Contratación Pública. También se destaca la falta de acuerdos adoptados por la conferencia sectorial del plan.
La canalización de la participación de las comunidades autónomas en la definición y ejecución del plan hubiera exigido la adopción de acuerdos y recomendaciones formales como buena técnica de cooperación. Las conferencias sectoriales
departamentales constituyen un instrumento fundamental para la gestión del plan y para la distribución de los fondos y de los criterios objetivos seleccionados que se negocian y acuerdan en cada una de ellas por todos los representantes de las
administraciones implicadas.
En relación con la planificación y gestión de los recursos destinados al plan, hay que destacar que los instrumentos de planificación estratégica se deben exponer a la totalidad de las actuaciones a realizar y de los recursos. Respecto a la
elaboración de dichos instrumentos, se han producido las incidencias relativas a incumplimiento de plazos, falta de firma de los responsables, omisión de su aprobación por la Comisión, ausencia de referencias a la estimación de los gastos y medios
materiales.
El tribunal valora positivamente el impulso de los instrumentos de participación social que permiten dar entrada a actores socialmente relevantes con los que abordar el diálogo necesario para la consecución de los objetivos del plan. El
Real Decreto 36/2020 preveía, como regla general, la cobertura de las nuevas necesidades derivadas de la ejecución del plan con los medios personales preexistentes. Pese a ello, los ministerios pusieron de manifiesto la escasez de tales medios y
propusieron la creación de nuevos puestos, con funciones directamente relacionadas con la gestión del plan.
Los principales problemas detectados en relación con estos nuevos puestos han sido dificultades para cubrir los puestos temporales por la reticencia de los departamentos a perder efectivos, la falta de incentivos para ocupar determinados
puestos por su propia temporalidad, la falta de formación específica del personal laboral temporal o interino, o la imposibilidad de realizar, con el marco normativo actual, nombramientos o contrataciones de las mismas personas para todo el tiempo
de duración del plan.
En relación con el diseño e implementación de los sistemas de gestión e información cuyo soporte es el sistema informático al que nos hemos referido, CoFFEE, pueden señalarse algunas cuestiones. Como no es posible la carga de información
relativa a la ejecución de los proyectos, debido a los retrasos que ha sufrido el desarrollo del CoFFEE, la información sobre el grado de avance se basa en datos contables que no están disponibles todavía para diversas entidades, con el riesgo de
que el control no pueda ser ejercido en su momento de manera uniforme.
Los procedimientos de seguimiento y los hitos y objetivos por parte de los departamentos ministeriales no están, en general, formalizados. Una importante debilidad se debe a que los procedimientos fijados no describen claramente las
actuaciones a llevar a cabo en casos de retrasos y posibles incumplimientos.
La orden de Hacienda y Función Pública 1030/2021 regula el proceso de tramitación de las solicitudes de pago, debiendo dar el sistema informático CoFFEE el soporte necesario mediante la recopilación de la información relativa a la ejecución.
Mientras que se ha producido el desarrollo en el sistema informático, las dos primeras solicitudes se han tramitado manualmente. El procedimiento de alta en CoFFEE de los proyectos lleva un notable retraso por esto, porque el sistema CoFFEE, en un
principio, no posibilitaba la identificación de perceptores finales de fondo, contratistas, subcontratistas, titulares reales y lista de medidas para la ejecución de reformas.
En relación con la estructura de control -antes hemos visto la de gobernanza-, destacamos algunos aspectos susceptibles de mejora: el establecimiento de unidades de control en los órganos gestores de la AGE, Administración General del
Estado, distintas de las intervenciones delegadas. Y este es un asunto que se plantea de forma novedosa para el que no existen, a lo mejor, directrices suficientes para lo que supone un cambio de cultura administrativa. Por ello, la existencia de
manuales, procedimientos e instrucciones estandarizadas favorecería la implantación de un adecuado control de primer nivel por las entidades decisoras y ejecutoras.
En relación con el cuestionario de evaluación sobre ayudas de Estado y doble financiación, destacaron niveles de riesgo alto en los ministerios de Cultura y el de Educación. En relación con el test de evaluación
sobre el principio de no causar daño significativo al medio ambiente, destacaron los niveles de riesgo muy altos en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Educación y Formación.
En el caso de entidades públicas que no cuenten con órgano interventor, el control de segundo nivel al que hemos hecho referencia debe llevarse a cabo por sus propios órganos de control interno, aplicando medidas análogas a las que se
establezcan con carácter general para el control previo, sin que se haya comunicado el listado de instrucciones para instaurar ese tipo de control.
El artículo 45 del Decreto 36/2020 prevé la aplicación del régimen de fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos, lo que implica la comprobación de la competencia del órgano y la existencia de crédito en lo
referente a la fiscalización previa de los actos que aprueben o adquieran compromisos de gasto, al no haber sido completado por acuerdo del Consejo de Ministros.
La igualdad de género constituye uno de los cuatro pilares del plan, quedando alineado con el objetivo de desarrollo sostenible 5. El plan pretende contribuir a evitar que los avances en materia de igualdad conseguidos a lo largo de las
últimas décadas decaigan como consecuencia de la pandemia.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la Unión Europea, España ha desarrollado una serie de acciones plasmadas en un documento denominado estrategia de comunicación, para dar a conocer y garantizar el reconocimiento
de la contribución del mecanismo de recuperación y resiliencia a la recuperación de Europa, remitido al Tribunal de Cuentas. Dicha estrategia no ha sido aprobada todavía en documento oficial.
El espacio web creado para proporcionar información sobre el mecanismo -si quieren, les paso el dato del espacio web- y los proyectos relacionados permite obtener una visión general sobre el funcionamiento del plan de recuperación y
suministra información útil y relevante, especialmente dirigida a los posibles solicitantes de subvenciones, ayudas o participantes en licitaciones públicas, que son los principales instrumentos de distribución de fondos del plan. No obstante,
presenta determinadas carencias de información: sobre cumplimiento de objetivos, información presupuestaria más desagregada o datos de ejecución por parte de las comunidades autónomas, cuya incorporación, aun cuando no está exigida por la normativa
aplicable, permitiría ofrecer un mejor conocimiento del grado de avance en la ejecución del plan.
Como principales recomendaciones en el ámbito de gobernanza, se recomienda adoptar las medidas precisas para que se realice no solo de forma coordinada y homogénea, sino también y preferentemente a nivel de entidad ejecutora la planificación
estratégica para la gestión del plan, publicar la información detallada sobre fondos asignados y su ejecución a través de los sitios web autonómicos sobre el plan. En el ámbito de recursos humanos, se recomienda realizar una planificación
coordinada de la gestión de los recursos humanos vinculados al plan, evaluar periódicamente las necesidades en materia de formación y continuar dedicando esfuerzos a la capacitación del personal. Y en el ámbito de los sistemas de gestión, se
recomienda establecer criterios comunes para llevar a cabo la autoevaluación del sistema de gestión del plan, valorar la oportunidad de establecer procedimientos para introducir de manera coordinada los principios de gestión del plan en el
procedimiento de subvenciones, valorar la conveniencia de aprobar pliegos de cláusulas administrativas tipo de los principales procedimientos de contratación.
En cuanto a las recomendaciones en el ámbito de la Administración general, cabe destacar: continuar con el proceso de coordinación entre los departamentos gestores del plan y entre estos y la autoridad responsable del Ministerio de
Hacienda, extender su planificación sobre los recursos previstos y necesarios para la ejecución del plan hasta la finalización del plazo previsto, dictar instrucciones oportunas o buscar fórmulas de coordinación adecuadas y, además, homogeneizar el
control de segundo nivel. Las páginas web deberían incluir toda la información que prevé el manual de comunicación.
Y, de cara a la recepción de fondos, se recomienda la reevaluación de las fórmulas, tanto de agilización de la tramitación de los expedientes administrativos como de asignación eficiente de los recursos humanos. Al Ministerio de Hacienda y
Función Pública se le recomienda que configure CoFFEE-Mecanismo de Resiliencia y Recuperación, de tal manera que permita la elaboración de forma automatizada de los informes previstos en la normativa nacional y europea, integrando la información
necesaria para poder realizar análisis de riesgo; que CoFFEE muestre la información necesaria para la identificación de los beneficiarios de las ayudas y que los informes de ejecución publicados en la página web proporcionen información más
detallada sobre el cumplimiento del plan, de tal manera que se posibilite el seguimiento fehaciente de su formalización.
Yo lamento decirles que queda otro tanto. Supongo que estarán ustedes, además de cansados, muy aburridos, pero este es su orden del día.
Termino con el siguiente bloque. Es el informe de fiscalización de las medidas para la prevención, detección y corrección del fraude aprobadas por las entidades del sector público estatal en el marco del plan y el informe de fiscalización
de los planes antifraude aprobados por las entidades locales que participen en la ejecución de medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para dar cumplimiento a las exigencias que impone la normativa comunitaria en España, como país beneficiario de los fondos del mecanismo, la Orden del Ministerio de Hacienda 1030/2021 establece que toda entidad decisora o ejecutora que
participe en ejecución de medidas del plan deberá disponer de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que en su respectivo ámbito de actuación los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con la normativa
aplicable. Dichos planes deben ser aprobados por las entidades decisoras o ejecutoras en un plazo inferior a noventa días desde la entrada en vigor de la citada orden o, en su caso, desde que tuvieran conocimiento de la participación en la
ejecución del plan de recuperación.
Los planes antifraude han de estructurase en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución; incluyendo, entre otras medidas, la realización de una evaluación del riesgo,
el impacto y la probabilidad de riesgo de fraude en los procesos claves de ejecución del plan y su revisión periódica, la definición de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y de las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta
un caso sospechoso de fraude, así como la definición de los procedimientos de seguimiento para revisar procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial.
La exigencia de estos planes y medidas antifraude ha de entenderse como una respuesta al aumento de riesgos en la gestión de los fondos, fundamentalmente por el cambio de modelo de control, basado en la justificación del cumplimiento de
objetivos frente al control tradicional mediante declaraciones de gasto. Uno de los pilares sobre los que se asienta la lucha contra el fraude a nivel nacional lo constituye el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, dependiente de la IGAE,
en colaboración con la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que elaboró una guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el 24 de febrero de 2022. Ese documento
se publicó con el objetivo de aclarar conceptos clave en materia de protección de los intereses financieros de la Unión Europea y de formular recomendaciones en relación con la evaluación del riesgo y las medidas de prevención y detección del
fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación.
Por otra parte, cabe también destacar que el documento de orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, publicados por el Ministerio de
Hacienda el 24 de enero de 2022, debe servir de referencia para ayudar a las entidades decisoras y ejecutoras a definir un modelo o sistema de gestión del riesgo de fraude en la ejecución del plan. Dicho documento contiene cinco anexos en los que
ofrece a las entidades un modelo de plan antifraude, un procedimiento para el tratamiento del conflicto de intereses, una declaración institucional contra el fraude, un código de conducta y un listado de posibles indicadores de riesgo.
Una vez se ha identificado el contexto en el que se sitúan los planes, vemos el ámbito de estas dos fiscalizaciones. El ámbito objetivo son los planes de medidas antifraude, así como el resto de medidas adoptadas que refuercen la prevención
del fraude. El ámbito subjetivo, en cuanto se refiere al sector público estatal, son los setenta y cinco órganos y entidades con asignación nominativa de fondos del plan en los presupuestos generales del año 2022. En el caso de las entidades
locales, su ámbito subjetivo está constituido por las entidades integrantes del sector público local que participen de las medidas del plan de recuperación y que hubiesen adquirido la condición de entidad ejecutora entre el 1 de octubre de 2021 y el
31 de marzo de 2022.
En cuanto al ámbito temporal, la fiscalización referente al sector público estatal se refiere a las medidas adoptadas hasta el 31 de mayo de 2022, en tanto que las entidades locales se extienden desde el 1 de octubre de 2021 al 15 de agosto
de 2022. En ambos casos son fiscalizaciones operativas y de cumplimiento. La referida a entidades locales se ha desarrollado de forma coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control autonómico. Cada órgano de control autonómico
ha llevado a cabo la actuación fiscalizadora sobre las entidades del ámbito territorial en el que desarrolle su competencia fiscalizadora, y el tribunal la ha realizado sobre las entidades sin OCEX: Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia, así
como sobre aquellas en las que dichos órganos no han participado de esta actuación coordinada, que son Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha.
Como principales conclusiones relacionadas con el sector público estatal, a 31 de mayo de 2022, sesenta y cuatro de las setenta y cinco entidades decisoras y ejecutoras disponían de un plan antifraude, y las once entidades restantes estaban
en avanzado proceso de implantación. Diecisiete de estas sesenta y cuatro entidades aplicaban el plan antifraude de su ministerio de dependencia. El plazo de mayo de 2022 que se estableció normativamente para la implantación de los planes no ha
resultado bastante para que las entidades tuvieran diseñado un sistema suficientemente desarrollado para evitar los riesgos que se asumirían en la gestión de los fondos del plan. El 66 % de los planes antifraude analizados ciñen las medidas
antifraude a la gestión de los fondos del plan y no las hacen extensivas al conjunto de su gestión. Para la configuración de un verdadero sistema antifraude será preciso que la diversidad de los planes antifraude aprobados se integre en el marco
común de la Estrategia Nacional Antifraude.
En relación con los elementos preventivos examinados, el alcance en el diseño ha sido desigual entre las entidades analizadas. Entre las medidas preventivas con más seguimiento, destacan: disponer de códigos éticos, protocolos de regalos y
análisis de riesgos. Una de las medidas con menor implantación y desarrollo ha sido la de disponer de herramientas de prospección de datos y de puntuación de riesgos. La aprobación de la declaración institucional y la obligación de suscribir
declaraciones de conflicto de intereses han sido medidas de general y rápida aceptación. En treinta y nueve de los cuarenta y siete planes aprobados se prevé la existencia de órganos de vigilancia y solo veinticinco planes prevén expresamente
segregación de funciones. Para la buena implantación es necesaria una buena formación de personal, sin embargo, entendemos que ha tenido un alcance limitado.
En relación con las medidas de detección, tanto la implantación del sistema de banderas rojas o indicadores de riesgo, como el establecimiento de canales internos o externos de denuncia, han tenido una amplia acogida en los planes
antifraude. Por una parte, los catálogos de banderas rojas incorporados en los planes antifraude suelen ser una reproducción del listado previsto en la guía del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General del Estado, sin
que se produzca adaptación a riesgos propios. Por otra parte, la práctica totalidad de los planes antifraude recogen expresamente canales internos y/o externos para la denuncia, así como un enlace en sus webs al buzón antifraude del Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude.
En relación con las fases de corrección y persecución, los planes analizados recogen las medidas previstas en la normativa de aplicación. Ahora bien, a la fecha de realización de la fiscalización, estas fases de corrección y persecución son
las que menos desarrollo tienen. Se han detectado ejemplos de buenas prácticas en las distintas fases del ciclo antifraude en los planes que pueden servir de guía para desarrollos posteriores. Las entidades han cumplimentado con carácter general
los test de evaluación en materia antifraude previstos en la normativa.
Como principales conclusiones relativas a las entidades locales, en primer lugar, destaca la ausencia de una fuente completa de información que incluyera la totalidad de las convocatorias financiadas con el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. En septiembre de 2022 no existía una fuente de información completa que incluyera la totalidad de las convocatorias de ayudas y subvenciones, así como las entidades beneficiarias de dichas convocatorias y los recursos asignados.
Igualmente, el informe señala que en algunos casos las entidades locales tuvieron dificultades a la hora de considerarse o no entidades ejecutoras y, en consecuencia, estar sometidas a la obligación de aprobar un plan antifraude.
La normativa se fue clarificando durante el año 2022, hasta que se publicó por el Ministerio de Hacienda en marzo de 2023 la obligatoriedad de aprobar un plan antifraude para todas las entidades locales beneficiarias de alguna subvención que
fuera financiada por el mecanismo. Se destaca la escasa implantación de una cultura de lucha contra el fraude en las entidades locales. El 83 % de las entidades había aprobado un plan antifraude al cierre de los trabajos, y otro 8 % lo ha hecho
con posterioridad. No obstante, hay cincuenta y seis entidades que han aprobado sus planes con retraso. Un 9 % de las entidades no han aprobado el plan antifraude. El 69 % de las entidades desarrollaron los plantes antifraude internamente, el 28
% externalizó con terceros su elaboración, y el 3 % se adhirió a los planes de otras administraciones públicas. Se destaca la escasa implantación de las medidas antifraude contenidas en los planes. Únicamente el 13 % de las entidades había
desarrollado al cierre del trabajo la totalidad de las medidas analizadas. Solamente el 20 % de las entidades contaba con todas las medidas de prevención. Y en materia de corrección y persecución, el 87 % de las entidades ha establecido
procedimientos que se activarán con esta finalidad en el supuesto de que se detectase un posible fraude o su sospecha fundada.
Como recomendaciones referentes al sector público estatal, se recomienda al Gobierno promover e impulsar la finalización y plena implementación de la Estrategia Nacional Antifraude e impulsar el desarrollo
y la integración de minería de datos de manera coordinada como herramienta útil en la lucha contra el fraude. Se recomienda a los órganos y entidades del sector público estatal que gestionan fondos europeos: primero, establecer estrategias
de integridad y extender la aplicación de las medidas a la totalidad de las actividades no vinculadas con el plan; segundo, completar los análisis de riesgo con metodología propia y aprobar procedimientos específicos para abordar el conflicto de
intereses, y, tercero, continuar la definición, diseño y mejora del ciclo antifraude y las acciones de difusión de información. Y, como recomendaciones principales relativas a las entidades locales, las Administraciones Públicas convocantes de
subvenciones financiadas con el mecanismo deberían incluir de forma expresa en las convocatorias la necesidad de que las entidades locales beneficiarias aprobaran planes antifraude. Las entidades locales deberían remitir sus planes antifraude al
servicio nacional de coordinación, elaborar y revisar internamente los planes antifraude, evitando su descentralización, difundir entre su personal las políticas antifraude, los códigos éticos, los indicadores de riesgo y los canales de denuncia de
fraude, revisar y mantener actualizada la información publicada en sus páginas webs, sedes electrónicas y/o portales de transparencia y publicar los planes antifraude que aprueben en sus páginas web, sedes electrónicas y portales de transparencia.
Ahora, señorías, sí he terminado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
Para la fijación de posiciones y las preguntas que quieran realizar a la presidenta, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta, de nuevo, por su comparecencia y por su exposición, y me uno al reconocimiento del trabajo de todos los miembros del tribunal y de la calidad técnica de los informes.
En este bloque se incluyen varios informes, todos relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Respecto a este plan, y revisando las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado, podemos ver
lo siguiente: que el importe de los créditos presupuestarios acumulados al cierre del año 2023, incluyendo las modificaciones de crédito, ascendió a 88 614 millones de euros; que las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 60 265 millones de
euros, lo que supondría un 68 % de la cifra de créditos anteriormente mencionada, y que los pagos realizados ascendieron a 32 097 millones de euros. Esto supone que el grado de ejecución de los pagos sobre el importe de los créditos es de tan solo
un 36,2 %.
Señorías, se mire por donde se mire, un grado de ejecución de un 36,2 % es muy bajo y muestra una clara ineficiencia en la gestión, que se pone de manifiesto también con datos de la Comisión Europea de septiembre de 2023 que reflejan que
España era el Estado con menor porcentaje de ejecución de fondos, en este caso de los fondos estructurales. La ineficiencia en la gestión no es un tema político ni es un tema discutible, es una realidad.
Veamos los informes. El primero, sobre medidas adoptadas en el ámbito autonómico. Las once recomendaciones incluidas en el informe nos parecen muy importantes y muy interesantes y las compartimos. Eso sí, destacamos la tercera, en la que
se recomienda la adopción de medidas dirigidas a difundir a través de los sitios webs autonómicos información detallada sobre los fondos asignados y el grado de avance. Creemos que es muy importante esa recomendación.
En el segundo informe, que habla de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado, también se incluyen recomendaciones muy importantes, y yo creo que también podemos destacar cuando se habla de mejorar la eficiencia en la
ejecución mediante la homogeneización de procedimientos, la optimización de los recursos y las sinergias. Creo que estaremos de acuerdo en que esta recomendación debemos hacerla extensible a todos los organismos públicos y en todos los momentos,
así como la recomendación de que el sistema informático muestre la información necesaria para la identificación de los beneficiarios de las ayudas, así como de los contratistas y subcontratistas, y que el sistema facilite los datos de ejecución
efectiva en términos de hitos y gastos.
El tercer informe habla sobre prevención del fraude en entidades del sector público estatal. También nos parecen muy interesantes las diecisiete recomendaciones que incluye el informe. No obstante, nos gustaría destacar las siguientes:
una en donde se menciona que tan solo catorce entidades, principalmente empresas estatales, aplicaban planes antifraude al conjunto de la actividad, con independencia del origen de la financiación, y que trece de las entidades no tenían códigos
éticos adaptados a las actividades que
desarrollan. Por último, la recomendación que se hace para que las entidades aprueben un procedimiento de conflicto de intereses.
En el cuarto informe, sobre planes antifraude en entidades locales, nos preocupa la ausencia de una fuente completa de información que incluya la totalidad de las convocatorias de ayudas y subvenciones, así como las entidades beneficiarias
de dichas convocatorias y los recursos asignados a la finalización del periodo analizado. Nos preocupa también la escasa implementación de una cultura de lucha contra el fraude en las entidades locales con carácter previo a su participación en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También nos preocupa el comentario de que los avances en esta materia se hayan limitado con carácter general a la aprobación de los planes, quedando pendiente la implantación efectiva de algunas
de las medidas en ellos contenidas, así como el desarrollo de una cultura de lucha contra el fraude.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Marco.
La señora MARCO GUAL: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, y enhorabuena por el magnífico trabajo realizado por usted y todo su equipo, sobre todo en momentos muy duros. Parece que ahora no nos acordamos de la época de la pandemia, pero sufrimos
mucho. Muchos tuvimos que trabajar desde casa, y que el Tribunal de Cuentas hiciera este trabajo desde casa, con toda la dificultad que tuvimos en aquel momento, es digno de alabar, y yo se lo quiero agradecer. También fue muy duro gestionar la
vida de los ciudadanos y las ciudadanas desde todas las administraciones públicas. Asimismo, la gestión de los fondos europeos también es complicada.
Incontestable es que los fondos europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no solo representan una oportunidad histórica para nuestro país, sino que ya están dando resultados de la mano del Gobierno de España. Se está
aprovechando la extraordinaria oportunidad que está generando esa inyección extraordinaria de fondos en nuestra economía para generar un crecimiento sostenible y modernizar toda la economía española, y así lo dice no la que les está hablando, sino
la Comisión Europea.
La evolución del crecimiento en España presenta un elemento diferencial con respecto al resto de los países de la Unión Europea que también tienen fondos europeos. En el año 2023 la economía española creció cinco veces más que la media de
la Unión Europea, y eso es gracias a las reformas estructurales que está aplicando el Gobierno de España, pero también y fundamentalmente gracias a los fondos europeos que se están gestionando en nuestro país. En 2023 cuatro de cada diez nuevos
empleos creados en Europa fueron creados en nuestro país. Se está creando mucho empleo, pero empleo de calidad. Se han alcanzado veintiún millones de afiliados a la Seguridad Social y más de 3,3 millones de nuevos empleos indefinidos. Se está
creando un empleo de alto valor añadido, y se ve en áreas como la de informática, I+D o técnicas. Es un crecimiento que además se da en paralelo a un sector exterior pujante, a una reducción de la desigualdad en la renta y también a la moderación
progresiva de la inflación. Y es un crecimiento responsable y compatible con la reducción de la ratio de déficit y con la reducción de nuestra deuda sobre el PIB. Son datos objetivos, no es una valoración política, no es una valoración subjetiva.
Gracias a estos fondos europeos estamos saliendo de una crisis económica derivada de una pandemia de forma total y absolutamente diferente a como salimos de la crisis económica generada por una crisis financiera allá por el año 2008. En
aquel momento las recetas no fueron fondos europeos, sino devaluación de los salarios, recortes del gasto público y reducción del consumo y el ahorro, aumentando de la desigualdad. Por tanto, estamos ante una gran oportunidad, ante todo un reto en
la economía española, el reto de la gestión de unos fondos que son muy complicados de gestionar, a lo que se une a la necesidad de un cambio de mentalidad en la Administración pública española, en la gestión administrativa de todos estos fondos.
Así que estamos de acuerdo con la presidenta y con el informe del Tribunal de Cuentas en cuanto a que hay que mejorar.
Tenemos margen de mejora, y creo que es importante decirlo también, en todas las administraciones, en las entidades locales, en las comunidades autónomas y también en el Gobierno de España. Hay que implantar esos planes antifraude
importantísimos para evitar el fraude, para evitar elementos indeseados que hemos visto en otros casos. También hay que establecer códigos éticos e indicadores de riesgos y
alertas y publicar toda la gestión de los fondos europeos en las páginas webs o en la sede electrónica. Es fundamental la transparencia, la planificación, la coordinación y la implementación coordinada de la gobernanza en comunidades
autónomas y entidades locales. Transparencia, muchísima transparencia. En su informe se dice claramente que las comunidades autónomas deberían ser un poco más transparentes en la gestión de los fondos europeos. Algo que también considero muy
importante, señora presidenta, y que también han mostrado ustedes en el informe, es tener cláusulas tipo en la contratación administrativa, pues agilizaría muchísimo la contratación de los fondos europeos.
En cuanto al sector público y a la Administración del Estado, es cierto que hay que hacer un esfuerzo fundamental, y muy necesario en la formación del personal, de funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado, también
el de entidades locales y comunidades autónomas, para que entiendan la importancia de la implementación de los fondos europeos.
Termino, señor presidente. Hemos oído muchísimas veces a la oposición hablar de la opacidad y la falta de transparencia en la ejecución de fondos europeos. La semana pasada, el ministro de Economía, Comercio y Empresa mostraba una
herramienta fundamental para que absolutamente todo el mundo pudiera conocer esa ejecución. Se llama ELISA. Yo les invito a que la puedan conocer.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marco.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Alía.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Presidenta, muchas gracias a usted y a su equipo por estar esta tarde aquí y por su trabajo.
Estamos ante una fiscalización de cumplimiento, operativa y de gestión, pero a todas luces insuficiente. Nosotros, o yo, debemos visitar una web distinta a la de la diputada del Partido Socialista. En la web del ministerio no se informa de
la ejecución de los planes, no se informa de los avances de los planes y la información que aparece acerca del estado de implementación de las inversiones y las reformas, sobre todo de la gestión presupuestaria efectuada por el Estado y la
asignación de fondos a las comunidades autónomas, es excesivamente generalista, lo que no facilita el seguimiento adecuado y completo de los avances en la ejecución del plan ni ofrece una visión precisa de su grado de cumplimiento. De hecho, la
AIReF y el Banco de España han puesto de manifiesto la falta de información de la verdadera ejecución de los fondos y su llegada a la economía real, diputada del Partido Socialista. En definitiva, no hay datos de que los fondos lleguen a los
destinatarios finales, y este Tribunal ha avisado de un alto riesgo de doble financiación en ministerios como Cultura y Educación. Por ello, el Tribunal reclama más transparencia a las Cortes y se requiere una información desagregada. Y sobre lo
que dice usted del ministro de Economía, este avanzó la semana pasada que ya se irá informando de los fondos y se irán pasando al año 2025. Para el año 2025 -estamos en abril del 2024- no se necesita ni el reparto ni la ejecución de los fondos.
En uno de los informes se pone de manifiesto que en España no contamos aún con una estrategia nacional antifraude, y en el año 2021, a través de una orden ministerial, se condicionaba la recepción de fondos europeos a contar con ese plan
antifraude. En otro de los informes, referente a las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración del Estado para la implantación del plan, se advierten incidencias en materia de personal. ¿Cómo es posible, presidenta, que con las
necesidades de personal de las que se habla no hayamos encontrado personal funcionario para el desarrollo del trabajo?
Estamos de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal, pero algo falla, presidenta. Las ayudas no llegan a los beneficiarios, no llegan a las pymes. La creación de puestos de trabajo en la Administración no es la solución, y menos
generar más costes de personal. La implementación de un programa tan importante, cuantitativa y cualitativamente hablando, como el de estos fondos requiere transparencia, de forma que se pueda hacer un seguimiento de asignación y ejecución. El
propio plan así lo señala, pero nada se está cumpliendo. En uno de los informes se dice que las comunidades autónomas informan y dan concurrencia para que las convocatorias lleguen a las pymes, autónomos, etcétera, pero no ha sido así, solo ha
llegado el kit digital a las pymes, y no a todas. Se cita que en materia contable es muy necesario establecer la obligatoriedad de enviar la información contable desde el 1 de enero del 2020 de forma mensual y detallada. También se dice que las
dotaciones necesarias para la financiación de las actuaciones del plan de recuperación tienen que incluirse en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué ocurrirá, presidenta, si no aprobamos los presupuestos? Tenemos una pregunta, que anda
también en la calle: ¿se desvían los fondos a otros menesteres? Los españoles queremos saber el destino de los fondos.
Hablamos del Tribunal de Cuentas y, por tanto, de la revisión de una contabilidad deberían obtenerse evidencias que tendrían que ser puestas de manifiesto. Este camino se inicia en el año 2021, y tres años después los fondos se acumulan sin
ejecutar. Conocemos que en 2021 se pagó un 45,5 %, en 2022 un 39,59 % y en 2023 un 27,33 %, aún menos; es decir, vamos a peor y los pagos no suponen ejecución real. ¿Sabemos cuál es la ejecución real en la actualidad, presidenta?, porque nada se
conoce desde agosto del 2021. Estas adjudicaciones que se están realizando de los contratos pasan por muchas manos, y esto ya es evidente hoy. Señalar a las comunidades autónomas, decir que los funcionarios no están cualificados para el trabajo y
que el programa CoFFEE no funciona son todas excusas perfectas, y no resulta muy lógico tres años después, cuando lo que está en juego es la recuperación económica de un país. La carga burocrática se debió prever desde el principio, y no se hizo.
Termino, presidente. Si los fondos no llegan al tejido empresarial, si no se puede invertir, no se avanza, no se crea empleo, no somos competitivos. No se están seleccionando los mejores proyectos, se seleccionan los de los conocidos, y
con eso desayunamos todos los días al leer la prensa.
El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando.
La señora ALÍA AGUADO: Los controles del Tribunal están resultando insuficientes. Se necesita ir más lejos de una auditoría de cumplimientos. La gestión de los fondos adolece de transparencia, no se dispone de datos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alía.
Tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas para responder a todas las preguntas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Chicano Jávega): En este último tramo, en el que hemos visto el mecanismo, quizá no haya dejado claro desde el primer momento el ámbito temporal de la fiscalización, que es el de la mitad del
año 2022. Quizá no ha quedado claro. Lo digo tanto por la absorción de fondos como por la ejecución, etcétera. Este es un empeño que emprenderemos de nuevo, en algunas fiscalizaciones incluso que ya están programadas. A fecha de hoy,
efectivamente, no tenemos ejecución real, más que las informaciones que puedan dar medios, que, desde luego, no son nuestras comprobaciones directas con las informaciones de la Administración. Supongo que es de donde las obtienen sus señorías que
han utilizado datos posteriores al año 2022. En cuanto a la ejecución, creo que, al no haber dicho el ámbito temporal, han entendido que 2023 podría estar incluido, en algunos casos han dicho que la ejecución es muy baja. Sí, es cierto que la
ejecución seguramente es muy baja. Desde que tenemos fondos comunitarios, tradicionalmente, cualquier absorción de fondos comunitarios es baja, o eso por lo menos es lo que normalmente oímos decir. Sin embargo, si le preguntan a la CEOE, según sus
datos, España es uno de los países europeos con mayor absorción de fondos. Por eso, señorías, señora Alía, el Tribunal de Cuentas hace informe de cumplimiento hasta que llegan las fases que empiezan con las operativas, es decir, vamos al paso que
vamos y analizando las cuestiones cuando se van presentando.
Nos preocupa que todas las operaciones que son nuevas, que se plantean con poco tiempo o desde hace poco tiempo, y que tienen una carga o un componente enorme de medios tecnológicos, como, por ejemplo, programas como CoFFEE, etcétera, se
diseñen y se produzcan con toda la eficacia y en toda la extensión que debe producirse, y para eso están nuestras recomendaciones. Quiero decir que, antes de llegar a otras fases de desarrollo, en un momento bastante incipiente -nosotros terminamos
el informe a mediados de 2022-, pusimos de manifiesto problemas que podían surgir, con lo cual, efectivamente, estamos preocupados como ustedes, como estará preocupado el ejecutor de los fondos. Cualquier mecanismo no es fácil y estos, que son
cantidades importantes de dinero, nos preocupan especialmente. Además, nos preocupa también la incorporación en condiciones de los sistemas de medición tecnológicos, porque tienen que abarcar los datos de todos los planes, de todos los organismos y
de las entidades locales, y por eso hemos hecho las recomendaciones, que espero que les sirvan a ustedes para lo que pretende nuestro trabajo, que es hacer un seguimiento -político a quienes corresponda, a nosotros solamente técnico- de las
actuaciones que se vayan haciendo a partir de ahora.
Por mi parte, nada más. Solo quisiera pedirles disculpas por la intervención tan larga, aunque no ha sido culpa mía, ha sido culpa de ustedes. Hasta dentro de muy pocos días. Nos volveremos a ver con muchos más temas, o sea, será mucho
más larga.
Gracias y buenas tardes.
El señor PRESIDENTE: Una vez acabada la presentación de los distintos informes, quiero agradecerle, yo creo que en nombre de toda la Comisión, y muy particularmente en nombre de la Mesa y de su presidente, su voluntad siempre de aportar y
el debate sosegado de su intervención, que es muy necesario, y, sobre todo, como siempre digo, su paciencia con todos nosotros, porque, efectivamente, nosotros marcamos el orden del día y también cuándo se reúne la Comisión. Así que, gracias,
presidenta, y gracias a todas las señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.