CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 82

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS

Sesión plenaria núm. 79

celebrada el jueves,

21 de noviembre de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Palabras de la Presidencia ... (Página6)


Informe del Defensor del Pueblo:


- Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 3, de 13 de noviembre de 2023. (Número de expediente 261/000004) ... href='#(Página6)'>(Página6)


Convalidación o derogación de reales decretos leyes:


- Real Decreto Ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de
2024. (BOE núm. 268, de 6 de noviembre de 2024). (Número de expediente 130/000009)... (Página32)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:


- Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y
comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias (antes denominado Proyecto de Ley por la que se
establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 23-1, de 14 de junio de 2024.
(Número de expediente 121/000023) ... (Página49)


- Votación ... (Página66)

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Palabras de la Presidencia ... (Página6)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 18-1, de 5 de abril de 2024. (Número de expediente 121/000018) ... (Página69)


Veto del Senado:


- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 30-1, de 19 de julio de 2024. (Número de expediente 121/000030) ... (Página87)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página96)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página97)


Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página101)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación. Continuación) ... (Página102)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página102)


- Avocación por el Pleno ... (Página102)


Veto del Senado. (Votación) ... (Página103)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Palabras de la Presidencia ... (Página6)


La Presidencia informa de que en el día de hoy está incluido en el orden del día el debate y votación del dictamen del Proyecto de ley por la que se establecen un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición
para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos
relacionados con el tabaco y se modifican otras normas tributarias.


Se ha distribuido el guion de votación y las nuevas enmiendas transaccionales y las correcciones técnicas. Recuerda que el plazo para manifestar la oposición a la tramitación de las transacciones vence hoy a las 10:00 horas. A partir de
ese momento comenzará el voto telemático.


Informe del Defensor del Pueblo ... (Página6)


- Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos ... (Página6)


El señor defensor del pueblo (Gabilondo Pujol) expone a la Cámara el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pozueta Fernández, del Grupo
Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Pin Ferrando, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; los señores
Hoces Íñiguez, del Grupo Parlamentario VOX, y Sancho Íñíguez, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página32)


- Real Decreto Ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de
2024 ... (Página32)


El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Valido García y el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Aizpurua Arzallus, del
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; González López, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Sáez
Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página49)


- Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y
comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias (antes denominado Proyecto de Ley por la que se
establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud) ... (Página102)


En defensa de las enmiendas y, en su caso, de los votos particulares, intervienen el señor Rego Candamil y la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Martín Urriza, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Álvarez González, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Puy Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Hace uso de la palabra la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).


- Votación ... (Página66)


Se someten a votación las enmiendas, votos particulares y correcciones técnicas presentados al punto de referencia.

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Palabras de la Presidencia ... (Página6)


La Presidencia informa de que desde las 14:30 hasta las 15:30 horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página69)


- Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes ... href='#(Página69)'>(Página69)


El señor ministro de Economía, Comercio y Empresa (Cuerpo Caballero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y Andala Ubbi, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR; y los señores Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene de nuevo el señor ministro de Economía, Comercio y Empresa.


Vuelve a hacer uso de la palabra la señora Garrido Valenzuela.


Veto del Senado ... (Página87)


- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial ... href='#(Página87)'>(Página87)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu; y los señores Martínez Hierro, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Alcaraz Martos, del Grupo Parlamentario VOX; Cerdán León, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sayas López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página96)


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y el Grupo Parlamentario Republicano a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva, se aprueba por 178 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético en los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad y
reforma integral de los barrios con menor renta, con la incorporación de la enmienda dl Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 170 votos a favor, 33 en contra y 144 abstenciones.

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página97)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga y señor Sánchez Serna), en relación con la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de Golpe de
Estado de 23 de febrero de 1981, se rechaza por 57 votos a favor, 291 en contra y 1 abstención.


Sometida a votación por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la política del Gobierno acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad y el bienestar de
los españoles en los supuestos de grave riesgo, catástrofes y necesidades públicas, son rechazados todos.


Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar los servicios ferroviarios en España, son rechazados todos.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Catalán Higueras), sobre los trámites pendientes, plazos y previsiones para la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, se
aprueba por 292 votos a favor, 44 en contra y 13 abstenciones.


Sometida a votación separada por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las responsabilidades y actuaciones del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la
DANA, son aprobados todos.


Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página101)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre
el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se aprueba por 314 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 349 votos a favor.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación. Continuación) ... (Página102)


Sometido a votación el dictamen al Proyecto de ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto
sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias (antes denominado
Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud), se aprueba por 178 votos a favor y 171 en contra.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página102)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre
las entidades financieras y sus clientes, se rechaza por 170 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención.

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- Avocación por el Pleno ... (Página102)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 342 votos a favor y 7 en contra.


Veto del Senado ... (Página103)


Sometido a votación el veto del Senado al Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico, circulación de vehículos
de motor y seguridad vial, se aprueba por 179 votos a favor y 170 en contra.


Se levanta la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas, se reanuda la sesión.


Señorías, les recuerdo que en el día de hoy está incluido en el orden del día el debate y votación del dictamen del Proyecto de ley por la que se establecen un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para
los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos
relacionados con el tabaco y se modifican otras normas tributarias.


En el día de ayer se distribuyó el guion de votaciones, así como las nuevas enmiendas transaccionales y las correcciones técnicas presentadas dentro del plazo. Como saben, tal y como establece el artículo 118.3 del Reglamento, las
transacciones únicamente pueden tramitarse si ningún grupo se opone a su admisión. Por este motivo, les recuerdo que el plazo para manifestar su oposición vence hoy a las 10:00 horas. Pasado este tiempo, abriremos el voto telemático y ya no se
podrá expresar la oposición.


INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO:


- INFORME SOBRE LOS ABUSOS SEXUALES EN EL ÁMBITO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL PAPEL DE LOS PODERES PÚBLICOS. (Número de expediente 261/000004).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto orden del día relativo al informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Como saben sus señorías, con arreglo
a las normas de procedimiento, las deliberaciones comenzarán una vez que el defensor del pueblo haya terminado la presentación de su informe.


Para la exposición de un resumen del informe, tiene la palabra el defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo Pujol, al que agradecemos su presencia aquí, igual que a las personas que le acompañan.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Gabilondo Pujol): Buenos días, señora presidenta y miembros de la Mesa de esta Cámara, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, invitados, asociaciones de víctimas participantes en
la elaboración del informe, miembros de la Comisión Asesora adjunta al Defensor del Pueblo, miembros de la Unidad de Atención a las Víctimas, señoras y señores.


Señorías, ante todo quisiera compartir nuestro dolor por las víctimas de la DANA y nuestro afecto y solidaridad con sus familiares en varias poblaciones, mayoritariamente de la Comunidad Valenciana, aunque no solo, y no olvidemos a ninguna
de las víctimas. Asimismo, hemos de agradecer a quienes han contribuido y contribuyen a afrontar sus efectos.

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Señorías, ya tuve ocasión de conversar y debatir en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo sobre diversos extremos o dudas del informe, por lo que, en este momento, y de acuerdo con el procedimiento parlamentario, paso a
presentar su contenido.


Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible también por ese silencio, el de quienes
pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Podemos decir que todos los estudios victimológicos han puesto de relieve las múltiples barreras internas, interpersonales, institucionales y sociales que tienen que superar las víctimas a la hora de
denunciar estos hechos, entre los que cabe señalar la falta de apoyo, la estigmatización y la presión derivada de dinámicas de ocultamiento presentes durante mucho tiempo. Por eso agradezco expresamente a quienes han manifestado su testimonio ante
la institución del Defensor del Pueblo y que lo hayan hecho con esa valentía y con ese dolor, porque creo que esto era lo que necesitábamos: escuchar su palabra y su voz, pero no para limitarnos a eso. En ello se basa el presente informe, que
responde a su vez a una necesidad social, ética y política expresada ahora ante la ciudadanía. Además, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo para empezar ser escuchadas, atendidas y
correspondidas. Son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe y esperan la concreción de la respuesta a su situación, que no se postergue.


La encomienda, como ustedes saben, fue hecha por este Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, surgida de una proposición no de ley aprobada por una amplísima mayoría. Esta encomienda que recibió el Defensor del Pueblo, los
trabajos efectuados por la comisión creada para darle curso y el informe resultante forman parte de un proceso de emergencia de una realidad contundente que viene de muchos años atrás y que únicamente a lo largo de las últimas décadas ha empezado a
tomar forma y a formar parte de la conciencia de la sociedad española, y en estos asuntos el tiempo es decisivo. Solo en una fecha tan tardía como mediados de los años ochenta, del siglo pasado, empezaron a aflorar casos de abusos sexuales en el
ámbito de la Iglesia católica que empezaban a hacerse públicos a partir de declaraciones de unas primeras víctimas que se fueron decidiendo a hablar de ello. Ha sido más recientemente cuando se han ido creando asociaciones de víctimas y cuando
diversos medios de comunicación no solo se han hecho eco de ello, sino que, además, han emprendido investigaciones muy exhaustivas y de largo alcance. Es el caso, de una manera especial, del periódico El País, que inició en septiembre de 2018 su
investigación y que ha hecho públicos cinco informes -el primero en 2021- que ha ido poniendo a disposición de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal Española y del propio Defensor del Pueblo.


No estamos ante un problema exclusivamente español. España se encuentra entre aquellos países con una larga y profunda tradición católica que lo han encarado mediante una comisión y la elaboración de un informe que establezca las
dimensiones del problema y la manera de abordarlo, pero la realidad es que nuestro país está entre los últimos en haberlo hecho. Estas comisiones de otros países han sido promovidas, según el caso, por Gobiernos, por Parlamentos, por equipos
académicos o por la propia Iglesia. La primera comisión fue creada en Canadá, donde se publicó un informe hace treinta y dos años, en 1992, actualizado posteriormente en 2005 y 2007. En Estados Unidos se han publicado dos más: uno en 2004 y su
ampliación en 2011. Se han hecho informes en Irlanda, en Bélgica, en Países Bajos, en Australia, en Alemania, en Austria, en Francia y en Inglaterra, y más recientemente en Portugal y en Suiza. Y en algunos de los países que acabo de mencionar han
sido actualizados, como es el caso del belga, del irlandés y del francés. Recientemente, y con anterioridad a esta encomienda, en España se habían creado comisiones autonómicas en Navarra y en Cataluña que ya están dando sus frutos.


No creo que sea pretencioso decir que con esta comparecencia estamos avanzando un poco más en facilitar una respuesta al problema mediante el informe y con el hecho de presentarlo aquí y ahora en sede parlamentaria, pero se requiere algo más
y es decisivo. Es el momento de adoptar medidas concretas. Como señalé, por otra parte, en la comparecencia ante la comisión mixta del 20 de junio de 2022 para dar cuenta de los trabajos que íbamos a emprender entonces, a fin de llevar a cabo un
informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, estamos ante una cuestión bien delicada y no solo por el grave problema que refleja, pues esta cuestión afecta de un modo muy radical a valores
implicados en los principios, convicciones y creencias y otros factores que inciden de modo crucial en la experiencia de la ciudadanía y en general de toda la sociedad.


Aproximadamente un año y medio más tarde, el 27 de octubre de 2023, entregué el informe de 777 páginas a la Presidencia del Congreso de los Diputados, fecha en la que fue registrado en las Cortes y,

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como dicha encomienda señalaba, fue entregado asimismo al Gobierno. Para llevar a cabo este trabajo se desarrollaron tres ámbitos de actuación: una comisión asesora de expertos, una unidad de atención a las víctimas y de apoyo a la
investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. La Comisión Asesora se constituyó el 5 de julio de 2022 y estuvo integrada por veinte miembros: diecisiete asesores externos a la institución del Defensor del Pueblo, once de
ellos mujeres, así como la adjunta primera, la adjunta segunda y yo mismo, el titular de la institución, como su presidente. Los diecisiete miembros externos pertenecen al ámbito profesional y académico. Me esforcé -nos esforzamos- en que fuera
una comisión plural en todos los sentidos, por creencias y por ideología: personas con experiencia en atención a las víctimas, con conocimientos de victimología, en psicología o en el ámbito jurídico -derecho penal, derecho administrativo, derecho
canónico y derecho constitucional- y especialistas en derechos humanos. Ha habido, entre ellos, profesionales que dedican su vida a la docencia, a los jóvenes o que han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida
adulta. La Unidad de Atención a las Víctimas fue creada el mismo día que la Comisión Asesora, el 5 de julio de 2022, y empezó a trabajar inmediatamente, poniéndose a disposición de todas aquellas personas que quisieran aportar su testimonio sobre
los abusos sufridos. Y el tercer ámbito de trabajo ha sido un foro de asociaciones. Se trataba de que representantes y miembros de distintas asociaciones de víctimas de abusos sexuales, que llevan años trabajando en la concienciación pública de su
problema y en la reivindicación de su reconocimiento, aportaran sus vivencias, sus puntos de vista, sus propuestas y solicitudes. Resultaba imprescindible escuchar su voz y ella forma parte del informe mismo, en algunos momentos de forma expresa,
con sus propias palabras, y en otros asumiendo muchas de sus aportaciones en las conclusiones y en las recomendaciones.


Para enmarcar las dimensiones del problema, se consideró necesario disponer de una encuesta demoscópica y así fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además de en el religioso. Por eso su
objetivo ha sido elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años en población adulta residente en España. Tras el preceptivo proceso de licitación, en cumplimiento de la
normativa de contratación pública, se adjudicó la realización de la encuesta a la empresa GAD3. Existe un único precedente de características similares: la encuesta llevada a cabo en 1994, es decir, hace treinta años, por el profesor Félix López,
de la Universidad de Salamanca, por encargo entonces del Ministerio de Sanidad, que en una parte de su cuestionario incluyó preguntas relacionadas con la problemática específica de los abusos en el ámbito de la Iglesia católica. La actual encuesta,
encargada por el Defensor del Pueblo, ha tenido como objetivo -y quiero subrayarlo, señorías- elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto no referido únicamente al ámbito religioso. Se encuestó a una muestra muy amplia de la
población; según los técnicos, una muestra absolutamente suficiente: 8013 personas. El informe contiene una minuciosa descripción de los aspectos metodológicos y de los resultados de la encuesta. En el último mes de julio recibí por parte del
Congreso de los Diputados la solicitud de poner a su disposición todos los materiales con los que la empresa la elaboró, de manera que se los entregué el pasado 20 de agosto a la presidenta de las Cortes Generales. Consistió en una extensa
documentación de 2071 páginas. En el informe se encuentran los datos del análisis y los resultados.


Señorías, subrayo algunos de los datos más relevantes de los resultados de dicha encuesta. De entrada, permite concluir que el abuso sexual, en general, contra menores -y esto también considero que es decisivo- preocupa de un modo muy
singular a la población española, ya que tres cuartas partes de los encuestados indicó que consideraba el abuso sexual infantil como un problema social. Siete de cada diez lo valoraron como muy grave, mientras que cerca del 30 % lo estimó como
bastante grave. También se deduce que, en lo que concierne a la prevalencia del abuso sexual, un 11,7 % de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de su mayoría de edad y un 3,36 % señalaron que ese abuso
se produjo en el ámbito familiar. Con respecto a la totalidad de la muestra, integrada tanto por las personas abusadas como por las no abusadas, la tasa de personas que señalan haber sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso
católico es del 0,6 % y de un 1,13 % en el ámbito religioso. Este es uno de los datos de especial relevancia para los objetivos del informe. Además, hay que destacar que la mayor parte de las personas encuestadas consideraron que no se están
tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. En general, cabe decir que estos datos son muy similares a los que han arrojado encuestas parecidas en países de nuestro entorno, donde el abuso sexual tiene lugar en ámbitos de confianza y de
poder.

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A continuación, me voy a centrar en los resultados de la labor llevada a cabo por la Unidad de Atención a las Víctimas, que constituye un aspecto crucial del trabajo de todo el informe. Se compuso de un equipo formado por varios
profesionales: tres psicólogos forenses y clínicos, uno de los cuales ejerció de coordinador, una trabajadora social, una criminóloga, un abogado y un psicólogo sanitario, contando además con el apoyo de dos personas en el trabajo administrativo.
Se habilitó un espacio específico, próximo a la sede del Defensor del Pueblo, para favorecer una acogida discreta y se le asignó a la unidad un teléfono y una dirección de correo electrónico que se hicieron públicos en el momento mismo de su
creación.


Las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención han sido entrevistadas en su gran mayoría de forma presencial. En varias ocasiones los profesionales de la unidad se han desplazado a diversos lugares de España para atender a
víctimas, en consideración a su edad o a la situación personal en la que se encontraban. La mayoría de estas visitas fueron de varios días. En concreto, la unidad de atención se desplazó a Toledo, a Zaragoza, a Pamplona, a Sevilla, a Vigo, a
Valencia y a Bilbao y realizó seis viajes a Barcelona, incluyendo varias poblaciones. Posteriormente, al cierre del informe, la unidad viajó a Santiago de Compostela y Guadalajara. Esto tiene que ver con aquellos que han reclamado su voluntad de
expresar un testimonio y no tenían oportunidad de acercarse a hacerlo. En ocasiones, además de recoger cada testimonio de las víctimas, se indicó a muchas de ellas los recursos de reparación que podían estar a su disposición en distintas
instancias.


El objetivo de la unidad no ha sido en ningún caso terapéutico, pero muchos entrevistados han manifestado que la conversación les ha resultado sanadora en mayor o menor medida. Esto ha sido especialmente notable en testimonios de personas,
algunas de avanzada edad, que han relatado por primera vez y con gran conmoción el abuso que habían sufrido mucho tiempo atrás, siendo niños, niñas o adolescentes. En este sentido, hay que reconocer que, a medida que iba avanzando el trabajo de la
unidad y de la propia comisión, han surgido más mecanismos de reparación, a los que ha sido posible que se dirijan las víctimas, pues la propia Iglesia, a la vista de una realidad incuestionable, los ha ido creando y diversificando desde muchos de
sus ámbitos: algunas diócesis y muchas congregaciones. Con posterioridad a la entrega del informe, una parte de la unidad ha continuado operativa con su trabajo y atendiendo a las víctimas que han deseado hacernos llegar su testimonio.


La Unidad de Atención a las Víctimas ha recibido 738 solicitudes de entrevista, de las cuales 516 se han considerado testimonios válidos. Vamos a publicar un documento de actualización que recoja estos datos -ha pasado un año desde la
finalización del informe- y complemente el informe presentado, ya que, de los datos que les acabo de ofrecer, 144 corresponden a nuevos relatos tras la publicación del informe. La mayoría de los testimonios -471- son directos, es decir, han
relatado un abuso sufrido personalmente, y los indirectos son aquellos que han relatado el abuso sufrido por otra persona, a veces un hermano o un compañero de clase. A raíz de los testimonios se ha podido tener constancia y conocimiento expreso de
un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres, el 84,19 %, y 110 mujeres, el 15,61 %. La gran mayoría tenía entre 30 y 65 años en el momento de la entrevista,
siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39 %. Asimismo, se ha podido tener constancia de la localización geográfica y de las diócesis u órdenes religiosas concernidas. Estos datos
resultan congruentes con la información recogida, de la que tenemos testimonio explícito, respecto a las décadas en las que se cometieron los abusos; fundamentalmente, en los años sesenta, setenta y, en menor medida, ochenta. La fecha de
referencia a partir de la cual se realiza nuestro informe es aquella en la que alguien ha mostrado explícitamente su testimonio. Un 97,2 % de las víctimas de abusos sexuales lo fueron siendo menores de edad.


Todos estos datos cuantitativos del informe no los presentamos como representativos sin más, aunque sí son significativos de los hechos a los que hacen referencia. Se trataba más bien de elaborar un informe cualitativo. Entre los objetivos
de la unidad de atención no estaba, primordialmente, llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente de personas afectadas. Los datos y las cifras tienen valor, por supuesto, pero no un valor absoluto. Pretender hacer una estimación del
número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por alto dos cuestiones de enorme peso y otras más de las que podremos hablar. Por un lado, el silencio voluntario o propiciado de muchas víctimas; por otro, ignorar a las que ya han
desaparecido o fallecido como consecuencia del paso del tiempo o ignorar la inaccesibilidad a determinados documentos o archivos. Se recogen en el informe fragmentos de estos testimonios, que constituyen un mosaico de relatos de vida. A través de
ellos se puede percibir el

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alcance del daño producido y sus efectos, a partir de los cuales se ha podido establecer una tipología de los abusos cometidos contra tantas personas, la mayoría niños y niñas.


De todo ello cabe destacar los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de esos abusos. Un tercio de las víctimas entrevistadas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y un tercio de
ellas, asimismo, haber experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y sentimientos de acción suicida. A ello hay que añadir el hecho de que el abuso no se agota en sí mismo, sino que pervive a lo largo de la vida
de una gran parte de sus víctimas. Por decirlo con las palabras de una víctima entrevistada en la unidad de atención: Para el agresor el abuso empieza y termina en el momento que sucede, para la víctima es el inicio de un daño que permanece de por
vida. En muchos casos, al cabo del tiempo, la víctima ha experimentado un vacío, que se expresa como el de una vida no vivida, que le ha condenado, además, al aislamiento y a la soledad. Para empezar, como señala el testimonio 303, estos hechos no
han prescrito espiritualmente y eso no es algo menor. Los testimonios han hablado de daños cognitivos y han hablado de daño espiritual ante la consternación de lo producido por miembros de una institución de la que, por diversas razones, cabía
esperar una singular ejemplaridad; han hablado de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que, por extensión, muchas veces también ha sufrido
toda su vida por ello, e incluso de las expectativas laborales, que se han visto condicionadas negativamente en muchos casos.


Quisiera ahora centrarme en las respuestas de la Iglesia católica. Con respecto a ello, cabe decir que la Iglesia no es un todo uniforme y homogéneo y que también ha habido un tipo de respuesta dispar, así que se han constatado en el
alcance de las respuestas algunas con una buena colaboración y otras con menos.


Para llevar a cabo este informe me dirigí a la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Al principio del proyecto mantuve reuniones, que en muchos casos he proseguido, con sus presidentes y secretarios generales sucesivos, con el
decano del Tribunal de la Rota, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, y con superiores y miembros de esta, con representantes de institutos de vida consagrada y con escuelas católicas; no solo en este campo, pero es
cierto que para hacer el informe he tenido más de ochenta reuniones. Y digo que he tenido porque a ello han de añadirse numerosas entrevistas, reuniones y conversaciones de cuantos han participado en el informe, además de las que yo he mantenido
con diversas entidades. Asimismo, me dirigí a todas y cada una de las diócesis del país, es decir, a sus respectivos obispos, y recibí contestaciones prácticamente de todas ellas, si bien con una calidad de respuesta muy variable. Como ustedes
bien saben, una cosa es contestar y otra cosa es responder. Me he dirigido a una parte fundamental de los institutos de vida consagrada, en concreto a aquellos que han tenido o tienen un papel muy importante en el campo de la enseñanza, aunque no
solamente.


Hay que reconocer que no resulta lo mismo hablar de la respuesta de la Iglesia frente a esta cuestión -sin pretender nosotros erigirnos en ningún punto exclusivo y privilegiado de referencia al respecto- antes, durante o después de que la
comisión asesora del Defensor del Pueblo activara la realización del informe. Puede decirse que en un primer momento había una tendencia bastante generalizada, sobre todo por parte de ciertos ámbitos de la jerarquía, a minimizar el alcance de los
abusos. Se hablaba de que eran casos aislados, una manzana podrida, como solía mencionarse, expresiones en definitiva de las que ustedes han oído hablar. De la minimización por parte de la Iglesia se ha pasado a un implícito y progresivo
reconocimiento de los hechos. La Iglesia misma encargó una comisión e hizo protocolos de prevención. Por algo habrá sido. Si desde diversos ámbitos de la Iglesia se redactaron estos protocolos de prevención, ello obedeció no a una mera prevención
teórica a partir de las noticias acerca de lo sucedido; este hecho, inevitablemente, suponía la asunción de un problema de gran magnitud, y de ahí se ha pasado a una mayor atención a las víctimas y a la aceptación de que hay que avanzar en la
reparación real y efectiva y que queda mucho por hacer.


Otro asunto es la percepción de la respuesta de la Iglesia por parte de las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención del Defensor del Pueblo, aquellas que han elegido venir a la institución porque entendían que, en su opinión,
era el sitio más adecuado para ofrecer su testimonio. Estas sí que en numerosas ocasiones han relatado que las respuestas recibidas por parte de la Iglesia han sido insuficientes, incluso dilatorias, y que de una u otra forma los mecanismos para
atender a quienes habían acudido a las instituciones eclesiásticas en búsqueda de la verdad, requiriendo ser escuchados o pidiendo justicia, pocas veces habían sido adecuados.

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También hay que señalar, y así lo ha constatado la comisión asesora, que en los procedimientos de derecho canónico, dicho sea con mi respeto, se han detectado importantes deficiencias -la propia Iglesia los ha detectado también- en lo que
tiene que ver con los derechos de las víctimas, ya que hasta el momento no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en la investigación previa, ni su voz tiene el lugar que precisa y merece. Y digo que
la propia Iglesia era consciente de que ahí había algo que hacer porque la Conferencia Episcopal, en 2023, dictó una instrucción sobre abusos sexuales que ha supuesto un importante avance normativo, aunque aún, por lo que he dicho, insuficiente, ya
que las víctimas -y esto me parece decisivo, insisto- siguen sin formar parte del proceso penal canónico, no llegando a establecer la citada instrucción un estatuto jurídico procesal de las víctimas. Espero que esto se haga. La pura aplicación del
derecho canónico, por lo que he señalado, no ha supuesto la superación de la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta predisposición a negar los abusos; una voluntad de
ocultamiento o, en determinados casos, de protección a los abusadores con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, incluso a otros países, han
sido, según expresión reciente de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal -son sus palabras-, ejemplos de malas prácticas realizadas de un modo reiterativo y no ocasional en diversas instituciones de la Iglesia. Estas prácticas no
podían permitir responder al problema, sino que lo extendían. Con el paso del tiempo esta clase de reacciones poco adecuadas ha ido decreciendo y se han realizado actuaciones y respuestas en el ámbito de algunos obispados y congregaciones. Esto,
unido a un reconocimiento del sufrimiento y de los derechos de las víctimas, así como a una responsabilidad respecto a las consecuencias de los abusos, puede estar abriendo -eso esperamos- nuevas perspectivas; lo esperamos, pero sabemos que eso es
complejo.


Aquí cabe mencionar dos hechos que se han producido hace pocas semanas. Por un lado, la Conferencia Episcopal española y la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, han presentado un plan de reparación integral a las víctimas de abusos
sexuales, a menores y personas equiparadas en derecho, el Plan PRIVA. Por otro lado, la Santa Sede acaba de presentar un primer informe anual sobre las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia correspondientes al año 2023, elaborado por
la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, Tutela Minorum, que se centra específicamente en los abusos sexuales. Ello supone un reconocimiento de que el problema es efectivamente real y no una ensoñación, pero aún quedan y se
precisan pasos concretos.


Con respecto a los poderes públicos, recuerdo -lo tuvimos siempre bien presente en la Comisión- que la encomienda versa sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica con el añadido de 'y el papel de los poderes públicos'. En
este sentido, en el informe se ha incidido en esta parte del enunciado de la encomienda, empezando por reconocer que estos poderes públicos, a lo largo de décadas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, no se han hecho cargo del problema
hasta hace relativamente poco. No solo la Iglesia lo minimizó, sino que estos poderes públicos no le prestaron una atención especial, sin asumir su específica responsabilidad; de otro carácter, sí, pero una responsabilidad. Sobre este aspecto,
hay que empezar por considerar la legislación.


La regulación de los delitos sexuales en el Código Penal ha sido objeto de gran número de reformas, además de las que han aportado dos importantes y recientes leyes orgánicas, la 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y
a la Adolescencia frente a la Violencia, y la 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En el ámbito judicial, hay que tener en cuenta que los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados por abusos sexuales en el
ámbito de la Iglesia, con sentencias en su mayor parte condenatorias, no siempre han podido garantizar que la víctima haya visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades acordadas en las sentencias en concepto de indemnización; más
aún, los casos en los que se ha condenado a las diócesis y congregaciones religiosas a título de responsables civiles subsidiarios han sido una minoría. Las reformas legales que se habían emprendido en este sentido, como la Ley 4/2015, del Estatuto
de la Víctima del Delito, no han tenido un impacto efectivo sustancial en la práctica de las indemnizaciones, dado que no venían acompañadas de una habilitación de recursos. El informe apunta hacia algunas formas de encarar estos problemas. Las
dificultades para abordar semejantes cuestiones en el ámbito de la justicia penal no dejan de tener inconvenientes importantes para las víctimas, a pesar de que en un proceso civil la imprescriptibilidad al respecto ofrece la posibilidad de
reconocer efectos que favorezcan formas de recuperación o de restauración. Por ello, se plantea la opción de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a reconocer a las víctimas de delitos prescritos y de agresores que no pueden ser
sometidos a un proceso

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penal un estatus para poder ser reparadas. La regulación de un procedimiento específico permitiría asegurar el derecho a la justicia de las víctimas, de modo que con un cierto contenido probatorio, concretado en unas exigencias respecto al
estándar de pruebas inferiores a las de un proceso judicial, una autoridad institucional independiente e imparcial declarara públicamente que un hecho ha tenido lugar, aunque haya fallecido el victimario, que es injusto y que ha causado un grave
daño a la víctima. Esta vía supondría un gran avance para otorgar reconocimiento a las víctimas con sus efectos y consecuencias.


Respecto a la mencionada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aparte de reconocer que ha sido un primer paso para afrontar el problema, hay que señalar que queda
abierta la posibilidad de emprender una reforma legal para los casos específicos de estas víctimas. Por ejemplo, resulta de un especial interés que a través de la responsabilidad civil subsidiaria pueda imponerse la obligación de que se repare
económicamente por parte de la diócesis, congregación u otra institución en el seno de la cual se haya cometido delito por una persona vinculada a ellas. En este sentido, hay que valorar positivamente la directriz de la Fiscalía General del Estado
recogida en su memoria de 2022, por la que se requiere a los miembros del Ministerio Fiscal una posición más firme en la petición de la responsabilidad civil subsidiaria.


En el ámbito educativo, hay que cerciorarse de que la inspección ejerza una supervisión efectiva para asegurar que los centros docentes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplan con las normas previstas y con los
protocolos existentes. Podríamos hablar de distintas medidas en esta dirección, pero conviene tener en cuenta, y esto es muy importante, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 28 de enero de 2014, que es de enorme importancia.
Fue a raíz de la denuncia de un caso de abuso producido en un colegio de Irlanda. Dicha sentencia consideró que el Estado no puede eximirse de sus obligaciones respecto de los menores en las escuelas delegándolas en instituciones privadas o
particulares, de manera que la obligación positiva de los poderes públicos de proteger a los menores frente al maltrato y los abusos no desaparece en ninguna de las opciones educativas que puedan existir en un Estado -abro comillas- 'sea en una
escuela pública o de pago ni tampoco en la educación en el propio domicilio' -cierro comillas-. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Me centraré en esta última parte en las conclusiones y recomendaciones que proponemos para que el Parlamento, en el modo en que lo estime, las aborde. Las conclusiones a las que llega el informe se resumen de una manera muy sucinta en
cinco: una, la necesidad de reconocer el problema; dos, su comprensión, que exige considerar no solo su dimensión, sino también sus causas y consecuencias; tres, la puesta en evidencia de la manera en la que se ha abordado el problema a lo largo
de mucho tiempo, que básicamente ha consistido en su negación o minimización; cuatro, la reparación y la asunción de responsabilidades, y, cinco, la prevención.


Estas conclusiones llevan a la formulación de veinticuatro recomendaciones. Las recomendaciones surgidas del informe se formulan de una manera abierta, con un destinatario amplio. De entrada y de una forma específica, van dirigidas,
señorías, a quién ha hecho la encomienda, es decir, al Parlamento, pero también al Gobierno, que ya ha anunciado un primer plan que en diversos aspectos tiene en cuenta las recomendaciones; ahora solo falta que tanto el Ejecutivo como el
Legislativo concreten su implementación. Asimismo, dichas recomendaciones se dirigen al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española.


Por otro lado, cabe añadir que varias de estas recomendaciones señalan que se concibe qué ha de hacerse y suponen cambios normativos, pero, por nuestro respeto al Parlamento, en ningún caso el presente informe especifica imperativamente cómo
ha de hacerse. No somos quiénes para decirle al Parlamento cómo debe hacerse. Podemos señalarles, señorías, ya que nos han hecho una encomienda, qué es lo que cabe hacerse, pero no cómo, por entender que esa es tarea del Parlamento o del Gobierno,
según cada caso. Es la hora del Parlamento. Me voy a centrar en algunas de estas recomendaciones, que ya he señalado que son veinticuatro.


Respecto al reconocimiento de los hechos ocurridos y de las víctimas que los han padecido, se recomienda la realización de una reparación pública; reparación pública simbólica que se refiere explícitamente al prolongado periodo de tiempo de
desatención y de inactividad por parte de la Iglesia y de los poderes públicos y en cuya organización debería contarse con la participación de los representantes de las víctimas y de las familias, que han sido también víctimas. Se considera preciso
que la Iglesia católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento real y efectivo de las víctimas y su reparación y que emprenda lo que sea necesario para las reformas pertinentes. Se recomienda -para nosotros esto

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es imprescindible- proceder al desarrollo legal para que se disponga de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esa violencia sexual específica sin que los hechos estén limitados a un momento concreto.


Respecto a la reparación, y como desarrollo de esta acreditación de víctima de abuso sexual en el ámbito institucional de la Iglesia, se recomienda la creación de un órgano especial de carácter temporal e independiente que tenga como
finalidad la reparación de las víctimas así acreditadas en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito y otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Hoy por hoy considero que tanto la Conferencia
Episcopal como muchísimas órdenes religiosas con las que hemos tenido ocasión de hablar están en la convicción, y muchas también están en la práctica, de que cuando tienen conocimiento de que hay un abuso han de acudir en primer lugar a la Fiscalía
-es, además, su deber- y, tras ello, proceder según los mecanismos que consideren, repito, en primer lugar, a la Fiscalía y, después, según los mecanismos que consideren, pero esto no es lo que ha ocurrido históricamente.


Se debe prever una compensación que no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales
contratados, y que esa medida general no produzca desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento, pero en algunos casos claramente lo hay. Las compensaciones se han de determinar en un
procedimiento reglado, profesional y transparente, mediante la adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación indicado anteriormente, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los
delitos de agresión y abusos sexuales de menores. Para ello resulta necesario la creación de un fondo estatal. Algunas veces, aunque no es el caso -desde luego, menos ante ustedes, que conocen muy bien esto-, hemos de tener cierto cuidado, porque
cuando decimos estatal no queremos decir del Gobierno, lo cual no significa que el Gobierno no esté en el ámbito estatal. ¿Para qué? Para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el mencionado órgano especial de
reparación. Esta obligación de reparación puede cumplirse en colaboración o en cooperación con la Iglesia católica o, con carácter subsidiario, el responsable de la misma, pero la Iglesia no ha de mantenerse al margen de esta compensación, sino que
ha de ser central en ella.


Es necesario impulsar reformas legislativas que faciliten los procesos de justicia restaurativa, asegurando que, mediante procesos especializados, se pueda ofrecer una vía de reparación a las víctimas, aunque para esto deben desearlo
voluntariamente. Conocen ustedes bien que la justicia restaurativa exige la voluntariedad concreta, esto es, que deseen expresamente participar de estos procesos. No se puede, por tanto, proponer como obligatorio previo a la reparación o a la
indemnización; es voluntaria, sin voluntariedad no hay justicia restaurativa.


Respecto al apoyo a las víctimas, se recomienda que se asegure que todas ellas tengan derecho a la asistencia integral, especializada y accesible, con independencia de su sexo o identidad sexual. Hay que priorizar la escucha a las personas
afectadas por este tipo de delitos por parte de jueces y fiscales. Está bien que hablemos de ellos, está bien que hablemos con ellos, pero es fundamental que escuchemos lo que ellos y ellas dicen. Y han de asegurar los jueces y fiscales la
notificación en persona de las resoluciones que pongan fin al procedimiento por prescripción, con una explicación en lenguaje claro de la existencia de otras vías ajenas al proceso judicial penal. Tampoco hemos de olvidar -esto lo sentimos, desde
luego, como un problema fundamental- la tarea aún pendiente de abordar más explícitamente: los abusos cometidos contra personas con discapacidad.


Las oficinas públicas de asistencia a víctimas de delitos deben prestar una atención específica e integral que incluya atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Y hay que establecer un
mecanismo de coordinación, porque, por un lado, están las oficinas públicas de atención, pero tiene que haber un mecanismo de coordinación entre las oficinas de protección del menor y prevención de abusos de la Iglesia católica y las oficinas para
víctimas de delitos dependientes del Ministerio de Justicia o de los Gobiernos de las comunidades autónomas; de lo contrario, producimos en las víctimas un desconcierto que se resume en ir de acá para allá.


Por otro lado, está la separación entre la Iglesia y el Estado, que ustedes conocen bien y que, además, no supone que no se pueda trabajar en espacios de coordinación y colaboración; como bien saben, significa otra cosa. Este asunto
requiere eso. Es decir, considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, se adopten compromisos conjuntos en este punto; para empezar, que no sea necesario presentar el testimonio de las víctimas una y otra vez, lo que supone una
injusta, dolorosa e innecesaria revictimización.

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En cuanto a la prevención, se recomienda el desarrollo reglamentario de las disposiciones de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, a fin de que sean relevantes
para prevenir, detectar y perseguir los abusos sexuales de menores. Resultan necesarias la revisión periódica y la evaluación del conjunto de la normativa aplicada en este ámbito, así como la supervisión efectiva de la inspección educativa.
Asimismo, hay que tener en cuenta la necesidad de diseñar en educación un enfoque afectivo-sexual de los menores adaptado a su nivel de desarrollo. Deben ponerse en consonancia los protocolos de prevención diseñados por las instituciones religiosas
con las previsiones de los protocolos impulsados por la Administración para que no se genere -como he señalado- confusión entre las víctimas.


En lo que se refiere a la formación y a la investigación, se recomienda que los colegios oficiales de profesionales dedicados a la atención psicológica y social o a la educación de menores de edad ofrezcan una formación especializada a
aquellos profesionales que intervengan con víctimas de abusos ocurridos en el ámbito religioso. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la necesidad de que todos los profesionales en contacto
con menores de edad reciban la formación adecuada sobre los abusos sexuales -no solo sobre ello, pero también sobre ello-, en especial en los centros educativos, con independencia de su titularidad pública o privada, y en otras instituciones. El
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los colegios de abogados y procuradores deben velar por la adecuada formación y sensibilización de los miembros de la carrera judicial y fiscal y de los profesionales mencionados
en relación con la problemática aquí trazada. Las Cortes Generales y el Gobierno de España, encargados de las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de este informe, habrían de adoptar las decisiones y hacer un seguimiento de ellas, así
como evaluar los resultados de estas reformas adoptadas.


En definitiva, para concluir, puede considerarse que se ha roto el silencio social e institucional -el silencio, solo el silencio-, aunque para las víctimas resulte de una manera tardía. Este es el momento de tomar medidas concretas. Tanto
esta Cámara como el Defensor del Pueblo somos depositarios de la confianza de aquellas personas que han acudido a lo largo de los últimos meses a esta institución dando testimonio; les puedo asegurar que no ha sido para ellos nada fácil, no solo
por los abusos que recibieron, sino también por la respuesta que encontraron a los abusos que recibieron.


Es importante, muy importante que estemos aquí, en este momento institucional, en el seno del Parlamento, sin dogmatismos y pensando en las víctimas. Hablo del silencio del que se ha visto rodeado durante muchos años -de hecho, largas
décadas- el grave problema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Lo han hecho muchas víctimas, sin condiciones personales ni de ningún otro tipo, para exponer con coraje y dolor su situación, y en buena medida la sociedad
española también está en el momento de la respuesta. Pensamos que entre todos estamos contribuyendo a romper dicho silencio. Se ha de anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias y se habrá de
acordar cómo ha de hacerse. El testimonio 72 nos decía: Nunca se podrá saber qué hubiera sido de mí, de mi vida, sin mi experiencia de abuso y nunca se podrá saber cuánto del ser mutilado que me he sentido se ha debido a ello. Solo puedo
especular que he sido la sombra de lo que podría haber sido.


En alguna ocasión he dicho que lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo ha sido posible por el mantenimiento de este silencio. Se acabó. Su ruptura no se debe sin más a esta comisión asesora del Defensor del Pueblo y su informe
-nosotros no tenemos esa arrogancia-; se debe en gran medida al esfuerzo de tantas víctimas que desde hace años están desvelando públicamente los terribles hechos que sufrieron y que los han acompañado durante toda su vida, desde su infancia.
Merecen y necesitan una respuesta. Se debe también a la contribución de los medios de comunicación, que están ayudando a este despertar; a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones, y, en alguna
medida -espero-, a lo que pueda aportar este trabajo elaborado por una institución pública y que hoy presentamos en este Pleno. Desde luego, todo dependerá en gran parte de la respuesta de ustedes, señorías, como miembros de las Cortes Generales.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gabilondo, defensor del pueblo.


Esperaremos unos minutitos antes de dar la palabra a los diferentes portavoces para que el defensor del pueblo pueda llegar a la tribuna acompañado de la comisión asesora y de los representantes de las asociaciones de víctimas, a las que les
agradezco muchísimo su presencia aquí, y así poder escuchar las intervenciones. (Pausa).

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Pasamos al turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de tres minutos y medio.


Cuando quiera.


El señor REGO CANDAMIL: Gracias... Obrigado, señora presidenta. Moi bo día, señorías, señor Defensor do Pobo. Quero comezar por expresar o meu recoñecemento e do BNG a todas as vítimas de abusos sexuais, o recoñecemento a todas as que
tiveron a coraxe de romper a lousa de silencio con que a Igrexa Católica tentou ocultar a ignominia, especialmente por se tratar dunha institución que infelizmente ten aínda un grande poder e influencia social. En marzo de dous mil vinte e dous, o
Congreso aprobaba a constitución dunha comisión independente para elaborar un informe sobre as denuncias de abusos sexuais no ámbito da Igrexa Católica e o papel dos poderes públicos. O resultado dese traballo, o informe que hoxe debatemos, desde
logo moi necesario e moi ilustrativo que achega unha análise, sobre todo recomendacións, que entendemos deben ser asumidas polo conxunto dos poderes públicos interpelados. Durante moito tempo, a presión social, cultural e da propia estrutura
eclesiástica silenciou as vítimas. É preciso darlles voz, facilitar canles para denunciar e que poidan obter reparación individual e tamén reparación colectiva e pública con acto de recoñecemento, tal e como apunta o propio informe.


Os casos de abuso que transcenderon até o momento foi precisamente grazas ao traballo e esforzo das propias vítimas, acompañados, en certa medida, por medios de comunicación que investigaron algunhas das denuncias. Neste sentido,
consideramos moi adecuada a reflexión sobre que o Estado non pode inhibirse das súas obrigas e debe responder ante os casos de abuso, especialmente de menores, pois ten de exercer o seu deber de tutela e supervisión, con independencia de que eses
menores fosen escolarizados en institucións públicas ou privadas. Convén destacar que aínda a día de hoxe, a investigación realizada por esta comisión achou reticencias e falta de colaboración por parte de moitas dioceses. O informe chega mesmo a
falar dunha tendencia xeral a tentar minimizar a cuestión e a se negar a abordar os factores internos que poden favorecer as dinámicas de abuso e de encubrimento. Porén, o que entendemos elemento central é o feito de que moitos dos casos
denunciados, que son só unha pequena parte dos realmente producidos, non acharon resposta por parte da xustiza penal debido á aplicación das normas de prescrición. Reformar a lexislación para establecer a imprescritibilidade ao delito de abuso
sexual infantil é crucial.


Por iso, instamos a acelerar e impulsar a reforma lexislativa que xa foi tomada en consideración a pasada semana para lograr ese obxectivo o antes posíbel. Mais é imprescindíbel tamén que sexan abordadas o resto das recomendacións do
informe como a de establecer mecanismos para recoñecer e reparar as vítimas. Mesmo se a Igrexa mantiver a negativa a facelo. Debe ser estabelecido o procedemento declarativo específico que permita ás vítimas seren escoitadas, obteren un
pronunciamento expreso da súa condición e recibiren recoñecemento e medidas reparadoras adecuadas e deben ser tomadas en consideración e recomendacións referidas a reformas lexislativas como as que teñen que ver coa prescrición da acción civil
derivada do delito de agresión e abuso sexual a menores ou a que debe operarse na Lei 35/1995 sobre axudas públicas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual para asegurar contías suficientes para adecuar o procedemento á
necesidade das vítimas. E tamén debe garantirse que as oficinas de atención ás vítimas, así como os xulgados e tribunais dispoñen dos recursos humanos e materiais necesarios, contando con profesionais adecuados e formando e sensibilizando o persoal
nesta materia.


Ademais, e finalizo, de forma específica no ámbito educativo, as Administracións competentes deben velar polo establecemento de protocolos dirixidos á prevención de abusos sexuais, garantindo ambientes seguros e pautas a seguir cando se
detectaren en situacións de abuso, debendo actuar as inspeccións educativas con independencia de que o centro sexan de titularidade pública e/ou privada, e en todo caso hai que esixir á Igrexa a súa responsabilidade polo amparo e a ocultación de
delitos tan graves tal e como recolle o informe; comezando pola transparencia e por colocar a disposición dos investigadores e investigadoras todos os arquivos.


Moito obrigado.


Gracias, señora presidenta.


Muy buenos días, señorías.


Señor defensor del pueblo, quiero empezar expresando mi reconocimiento y el del BNG a todas las víctimas de abusos sexuales, a todas las que tuvieron el coraje de romper la losa del silencio con la que

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la Iglesia católica ha intentado ocultar la ignominia, sobre todo por tratarse de una institución que, desgraciadamente, todavía tiene un gran poder e influencia social.


En marzo de 2022 el Congreso aprobaba la constitución de una comisión independiente para elaborar un informe sobre la denuncia de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. El resultado de ese
trabajo es el informe que hoy debatimos, que es muy necesario y muy ilustrativo y aporta un análisis y, sobre todo, recomendaciones que deben ser asumidas por el conjunto de los poderes públicos interpelados.


Durante mucho tiempo, la presión social, cultural y de la propia estructura eclesiástica silenció a las víctimas. Es necesario darles voz, facilitar canales para denunciar y que puedan obtener reparación individual, pero también reparación
colectiva y pública con actos de reconocimiento, tal y como apunta el propio informe.


Los casos de abuso han trascendido hasta ahora gracias, precisamente, al trabajo y esfuerzo de las propias víctimas, acompañadas, en cierta medida, por medios de comunicación que investigaron algunas de las denuncias. En este sentido, nos
parece muy adecuada la reflexión de que el Estado no puede eludir sus obligaciones y debe responder ante los casos de abuso, especialmente de menores, pues debía ejercer su deber de tutela y supervisión, independientemente de que esos menores fuesen
escolarizados en instituciones públicas o privadas.


Conviene destacar que todavía hoy en día la investigación realizada por esta comisión se enfrenta a reticencias y a falta de colaboración por parte de muchas diócesis. El informe llega incluso a hablar de una tendencia general a intentar
minimizar la cuestión y a negarse a abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y encubrimiento.


Sin embargo, lo que entendemos como elemento central es el hecho de que muchos de los casos denunciados, que solo son una pequeña parte de los realmente producidos, no encontraron respuesta de la justicia penal debido a la aplicación de las
normas de prescripción. Reformar la legislación para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil es crucial, y tenemos que acelerar la reforma legislativa que fue tomada en consideración la semana pasada para lograr
este objetivo lo antes posible. Pero también es imprescindible que se aborde el resto de las recomendaciones del informe, como la de establecer mecanismos para reconocer y reparar a las víctimas, incluso si la Iglesia se mantiene en la negativa de
hacerlo. Hay que establecer un procedimiento declarativo específico que permita a las víctimas ser escuchadas, obtener un pronunciamiento expreso de su condición y recibir reconocimiento y medidas reparadoras adecuadas.


Deben ser tomadas en consideración las recomendaciones referidas a las reformas legislativas, como la de prescripción de la acción civil derivada de los delitos de agresión y abuso sexual a los menores o la que debe operarse en la Ley
35/1995, de Ayudas Públicas a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, para asegurar cuantías suficientes y adecuar el procedimiento a las necesidades de las víctimas. También hay que garantizar que las oficinas de atención a
las víctimas, así como los juzgados y tribunales, dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios, contando con profesionales adecuados y formando y sensibilizando al personal en esta materia.


Finalizo. De forma específica, en el ámbito educativo las Administraciones competentes deben velar por el establecimiento de protocolos dirigidos a la prevención de abusos sexuales, garantizando ambientes seguros y pautas a seguir cuando se
detecten situaciones de abuso, debiendo actuar las inspecciones educativas, independientemente de que los centros sean de titularidad pública o privada.


En todo caso, es necesario exigir a la Iglesia su responsabilidad por haber amparado y ocultado delitos tan graves, tal y como recoge el informe, empezando por la transparencia, y poner a disposición de los investigadores e investigadoras
todos los archivos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Tiene ahora la palabra la señora Belarra Urteaga, también por el Grupo Mixto, por tres minutos y medio.


Cuando quiera.


La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


Señor Gabilondo y representantes de las asociaciones, siento tener tan poco tiempo para un tema tan importante, pero voy a tratar de ir a lo esencial.

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Hoy la defensoría del pueblo presenta sus conclusiones y recomendaciones para abordar el terrible problema de agresiones sexuales que se han producido durante décadas en el seno de la Iglesia católica en nuestro país. Para variar, España
llega tarde; es un tema que ya ha sido abordado en muchos otros países.


Una vez más, sus señorías del Partido Socialista se equivocaron en el enfoque. Convertir en un proceso a puerta cerrada controlado por el Defensor del Pueblo la comisión de investigación necesaria en este Congreso, una comisión pública que
pudiera formar parte del proceso de reparación simbólica a las víctimas, creo que ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía del necesario debate público. Hacerlo así contribuye a perpetuar el silencio, que es el principal aliado de los agresores
y de la Iglesia católica, que ha gozado y goza de innumerables privilegios en España. Es obvio que a la alta jerarquía eclesiástica de nuestro país le da igual lo que hayan hecho los agresores; lo importante es que no se sepa, que no trascienda.
No contarán con nuestro silencio ni con nuestra complacencia, señor Gabilondo.


Con este proceso a puerta cerrada, ustedes, señorías del Partido Socialista, han desconectado este tema del enorme cambio cultural que se ha impulsado en nuestro país y que ha puesto en el centro del debate público el tema sobre la libertad
sexual. Esta comisión se tenía que haber celebrado en el Congreso y se tenía que haber acompañado del despliegue legislativo que la ministra Montero y yo misma realizamos la pasada legislatura con la LOGILS y la ley de lucha contra todas las formas
de violencia hacia la infancia.


Las víctimas de violencia sexual en el seno de la Iglesia católica no son víctimas de abusos, un término ya desechado; son víctimas de violencia sexual. Y no son víctimas de segunda por el hecho de que sus agresores pertenezcan a una de
las instituciones más poderosas y privilegiadas de nuestro país, que ha desplegado una permanente estrategia de ocultación de la violencia sexual. Y tiene que quedar claro que, además, este no es un problema del pasado -esto es algo que me preocupa
enormemente del enfoque del informe-, sino que hoy, en este momento, las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia se siguen cometiendo y con una enorme impunidad.


Estas víctimas han de tener derecho -es la obligación del Gobierno- a asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a través de áreas especializadas que se creen en las oficinas de víctimas, áreas homólogas a los centros de crisis 24
horas que ya establece la ley del solo sí es sí y que el Gobierno ya tenía que haber puesto en funcionamiento en cada provincia. Y, por supuesto, es imprescindible obligar a la Iglesia católica a un proceso de reparación público, simbólico y
económico que ofrezca un poco de justicia a estas personas, la que no han obtenido del sistema de justicia ni de la propia Iglesia. Además, hay que asumir de una vez que la Iglesia y sus miembros tienen que cumplir con las mismas leyes que el resto
de la ciudadanía.


Por último, no hay más que leer algunas de las recomendaciones del informe para darse cuenta de que España necesita una reflexión a fondo sobre su sistema educativo. El Estado, lo público, no puede seguir dejando en manos de la Iglesia, que
ha demostrado una y otra vez que tiene una estrategia de encubrimiento permanente de la violencia sexual, la educación de un altísimo porcentaje de nuestros niños y nuestras niñas que acuden a la educación concertada con esta institución.
(Aplausos). Separar los espacios donde se forma a nuestra infancia de una institución que no hace nada para atajar su terrible problema de violencia sexual es, señorías, una urgencia democrática.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti por un tiempo de siete minutos.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Eskerrik asko mahaiburu anderea. Egun on guztioi. Hau lotsagarria da. Gaur guztiok onartu eta gureganatu behar dugun lotsa. Eta barkamena eskatu. Eta arazoa konpondu. Abusuen lotsa. Adingabekoen kontrako
abusuarena. Elizak lotsa sentitu behar du eta barkamena eskatu. Eta egora honi kristau apalatasunez konponbidea bilatu. Hitz hauek ez dira nereak, ezta ere beste politikari batenak, kazetari ezagun batena ere ez dira, ezta biktimenak ere. Izan
zitezkeen. Eta gainera zilegitasun osoarekin. Baina ez, ez dira. Hitz hauek Jorge Bergolio Fancisco aita Santuarenak dira. Eliza katolikoaren ordezkari gorenaren hitzak. Dena esaten dute. Eta galdera askoren erantzuna izateaz gain, gure gaurko
agerraldi honi zentzua ematen diote.


Muchas gracias, presidenta.


Muy buenos días a todos.

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Esto es una vergüenza que debemos compartir y pedir perdón y solucionar el problema. Hablamos de la vergüenza de los abusos contra menores. La Iglesia debería sentirse avergonzada y pedir perdón y buscar una solución desde el cristianismo.
Estas palabras no son mías, ni tampoco de otro político, ni de un periodista famoso, ni tampoco son palabras de las víctimas. Podrían ser sus palabras y, además, tendrían toda la credibilidad, pero no son sus palabras. Estas son las palabras de
Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el responsable principal de la Iglesia católica. Estas palabras ya lo dicen todo y, además, son la respuesta a muchas preguntas y le dan todo el sentido a esta intervención de hoy.


Una cuestión previa. En el informe que ha presentado el defensor del Pueblo, al cual saludo y agradezco la labor realizada, el resumen está en inglés, y nos hubiera gustado que también hubiera estado en euskera, en catalán o en gallego.
Creo que es lógico que esté en estos idiomas.


Dicho esto, quisiera manifestar que este informe es la respuesta a una petición que se hizo en esta Cámara a raíz de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Vasco, y creo que esa encomienda,
este informe, es muy bueno y, por tanto, quiero mostrar mi agradecimiento al defensor del Pueblo y a su equipo y a la comisión por el trabajo realizado. Y lo digo, entre otras cosas, porque tiene tres virtudes: es un informe serio, es un informe
objetivo y es un informe empático. Creo que es importante esta tercera cuestión.


¿Y qué nos enseña este informe?: la radiografía de algo que sí sucedió y darle la importancia social que tiene; reconocer que ha estado oculto y que ha sido minimizado, como lo ha dicho él, por parte de la Iglesia católica; que tiene unas
consecuencias negativas en las víctimas; que no ha tenido una respuesta igual y que requería un tratamiento especial, más allá de otros abusos, porque quien lo ha cometido y en los contextos en los que se han cometido -el educativo; por medio de
intimidación; en una cultura social basada en la religión- son diferentes a otros ámbitos, y es importante separarlos.


La respuesta de la Iglesia católica ha sido durante demasiados años una respuesta de negación o minimización de estos casos. Esto es algo que no se puede ni defender ni tolerar. Pero ni este informe lo es ni mi grupo quiere hacer de esto
una causa general, porque no es el caso. Tampoco esto es un juicio. A nosotros, como responsables políticos, nos corresponde recoger el mandato que le hicimos al Defensor del Pueblo y actuar en consecuencia, poniendo los recursos necesarios para
reparar a las víctimas y crear la estructura necesaria para que jamás vuelva a ocurrir. En ningún caso, estos son argumentos para omitir responsabilidades, sino para exigir reparaciones. Vuelvo a otras palabras del papa Francisco: 'Las palabras
ya no bastan. Hacen falta medidas concretas. Las víctimas deben de ser escuchadas, deben de estar en el centro y tienen derecho a la verdad. Las atrocidades deben ser reconocidas y se debe hacer justicia'. Esto lo dijo el papa Francisco en
Bruselas.


Ni la petición de perdón de la Iglesia debe de quedar sin justa reparación hacia las víctimas, ni los agresores sexuales pueden quedar exonerados de su responsabilidad. En otros ámbitos que todos conocemos, se utiliza el binomio
mayoritariamente compartido como paso fundamental para afrontar positivamente una situación consecuencia de un quebrantamiento, que es reconocimiento del daño causado, derecho a la reparación. Creo que el informe del Defensor del Pueblo manifiesta
claramente que el eje central de todo esto debe ser la víctima -lo ha dicho el defensor en su intervención-, es el sentido primero, el sentido último, el sentido central. Aunque muchos prefieran que nos centremos casi únicamente en el victimario,
que también, la Iglesia debe explicar por qué se dieron en su ámbito estos abusos, por qué fue posible, por qué hubo esa impunidad, por qué ocurrió esto en su seno y por qué miembros de la Iglesia fueron los causantes. Debe hacer una reflexión
importante.


Aquí debemos centrarnos en lo que incumbe a los poderes públicos, ya que el informe deja claro -en un momento dado lo dice- que, además de la obligación de reparación que incumbe a la Iglesia católica por los daños ocasionados por clérigos,
religiosos o religiosas, hay una obligación del Estado que se funda no solo en los deberes generales de solidaridad. Se trata de aquellos casos en los que los abusos se han cometido en un centro educativo o en el contexto de una actividad en la que
el Estado tenía un deber de supervisión. Digamos, pues, que el eje central es la víctima, como elemento que ha sufrido una agresión sexual en una de las etapas más frágiles de su vida, con lo que ello supone, y como persona incomprendida y
desguarnecida. Porque esa víctima era menor, estaba desguarnecida, y sus agresores estaban en un régimen de impunidad.


La respuesta de la Iglesia, según el informe, ha sido heterogénea y, en ocasiones, insuficiente. Aunque algunas diócesis colaboraron con la investigación, otras rechazaron hacerlo. Además, ciertas actitudes han evidenciado una reticencia
institucional a reconocer el problema en toda su magnitud. El problema no

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ha sido que la Iglesia no tuviera internamente sistemas para encauzar esta gravísima problemática en su seno. El error y el horror han sido el ocultamiento, consciente en algunos casos, y el ofensivo desinterés. Decía Stamp que es fácil
esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos eludir las consecuencias de eludir nuestras responsabilidades.


Por tanto, este informe arroja algo de luz entre tanta oscuridad y creemos acertadas las medidas que plantea.


No tengo más tiempo eta bukatzera noa. Elizaren barnean eman diren sexu abusuei erantzun bat emateko behar soziala eta derrigortasun politikoa daukagu. Ez epaile lanak egiteko ezta gutxiago ere ebazle izateko. Baina bai biktimekiko abusu
horiek gaitsezteko eta estali dituzten konplizitatea salatzeko eta batez ere gehiago gerta ez daitezen behar diren oinarriak jarri eta dagozkigun erantzukizun politikoak hartzeko. Hau edonon gertatuta ere gizartearentzat onartezinakdiren ekintzak
dira. Eta denborak ezin du galbidean utzi hori jasan zutenen testigantza eta sufrimendua. Errudunek bere erruduna, errua onartu eta ordaindu beharko dute egokien ikusten den moduan. Eta besteok baliabideak jarri beharko ditugu errugabe diren eta
biktima izan direnek behar-beharrezkoa duen errekonozimendu guztia izan dezaten. Mila esker.


Ya finalizo. Tenemos que responder como políticos ante los abusos sexuales dentro de la Iglesia. No queremos ser jueces ni tampoco dar una resolución, pero sí que debemos condenar todos estos abusos y denunciar las complicidades que los
han ocultado y, sobre todo, para que no vuelvan a ocurrir, debemos poner las bases necesarias y asumir las responsabilidades que nos corresponden. Esto que ocurre en cualquier lado es inadmisible para la sociedad. El tiempo no puede hacer que
olvidemos los testimonios y el sufrimiento de los que sufrieron todo esto. Los culpables tienen que asumir su culpa y pagarla como mejor se vea y, además, los demás tendremos que poner recursos para el reconocimiento que tengan las víctimas, un
reconocimiento que todavía no han tenido, pero que se merecen.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández, por un tiempo de siete minutos.


Cuando quiera.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Saludo a las representantes y los representantes de las asociaciones de víctimas y saludo también al señor Gabilondo.


Señor Gabilondo, vuelvo a agradecerle la labor realizada, como lo hice también en la comisión en la que se presentó el informe. Han pasado algo más de dos años y medio desde que el Congreso planteó la encomienda al Defensor del Pueblo de
realizar un informe que diera luz y reconocimiento, ante la falta de respuesta, a la situación de sufrimiento, soledad y silencio que han vivido las víctimas de los abusos sexuales en el entorno de la Iglesia Católica, y que pusiera los cimientos
para iniciativas legislativas que den respuestas a las necesidades planteadas por ellas. En este hemiciclo se ha debatido en repetidas ocasiones también el tema que nos trae hoy, pero ahora, tras recibir formalmente este informe, nos toca accionar
los mecanismos legislativos necesarios para dar las respuestas a las víctimas y a la sociedad en general, que las que están esperando; son las víctimas sobre todo las que nos las piden. Es urgente el desarrollo de la ley.


Durante estos años hemos visto la respuesta de la Iglesia. Han pasado de la negación casi total al intento de minimizar la cuestión, aludiendo que hay algunas manzanas podridas, a la compra de silencios -eso también se ha hecho- y,
finalmente, al parecer -repito: al parecer-, a reconocer lo que ha generado, pero sin asumir su verdadera responsabilidad. En numerosas ocasiones las víctimas han relatado que las respuestas recibidas por la Iglesia han sido insuficientes. Ayer
mismo, esto se certificaba en varios medios de comunicación. Nos decían las víctimas que los mecanismos para atender a quienes habían acudido en búsqueda de verdad, pidiendo ser escuchados o pidiendo justicia, generalmente han sido insuficientes e
inadecuados.


En el informe se alude a la necesidad de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a reconocer a las víctimas, incluidos los delitos ya prescritos, para obtener un estatus de víctimas y poder ser reparadas, y compartimos esta
propuesta. También se habla de la posibilidad de realizar una reforma legal de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia, para casos específicos, como en lo referido a la responsabilidad subsidiaria, con el fin
de imponer la obligación de que se repare

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económicamente por parte de las diócesis, congregaciones u otras instituciones en el seno de la cual se haya cometido un delito por una persona vinculada a estas. Esta reforma recibiría también nuestro apoyo.


Entre las veinticuatro recomendaciones del informe se hace un alegato a la justicia restaurativa y a la reparación pública simbólica, como ya se hizo también en Navarra por parte del Gobierno navarro, pero pensamos que esta reparación
simbólica debe conllevar también un reconocimiento y compromiso público por parte de la Iglesia católica, y también de reparación. Compartimos plenamente que se deba prever una compensación que sea determinada en un procedimiento reglado,
profesional y transparente. Asimismo, resulta necesaria, indudablemente, la creación de un fondo estatal financiado por la contribución de la Iglesia, solo de la Iglesia, que decidirá si contribuyen todas las diócesis o si venden propiedades para
indemnizar, como lo hizo también Francia. En sus manos queda la decisión del cómo.


Señorías, la Iglesia está negando este tema y está evitando cualquier tipo de colaboración con el Estado, pero nosotras no hablamos de colaboración Estado-Iglesia, hablamos de plena responsabilidad de la Iglesia en lo que ella ha generado.
Si en Alemania, Francia, Australia y Portugal lo han hecho, ¿por qué aquí no se puede hacer de manera rotunda? Entendemos que algunas víctimas, por su avanzada edad, quieran evitar una nueva dilación, lo entendemos, pero si queremos que se aborde
de una manera digna, que no se cierre en falso la realidad de los casos de abuso de la Iglesia, pensamos que se debe exigir y garantizar este paso.


Finalizo hablando del presente y del futuro, hablando de la sexualidad como una dimensión humana vital y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Pongamos las herramientas para que desde la infancia y a lo largo de la juventud, adultez
y vejez podamos vivir nuestra sexualidad de una manera grata y también libre, que nadie invada e interceda sin consentimiento en ella, que podamos cultivarla. Preparemos a la sociedad y a la ciudadanía para comunicar nuestras dificultades y, en su
caso, solicitar ayuda en lo referente a nuestra sexualidad, sin miedo, sin miedo a la culpabilización, a la vergüenza y a la duda. También hay algo muy necesario hoy en día, pero está fallando: estamos poniendo dificultades a la escucha.
Necesitamos una escucha sin juicios en torno a lo sexual.


Para todo ello, vuelvo a incidir en este hemiciclo en la necesidad de una educación sexual integral. Si no la garantizamos, seguiremos abonando los silencios y tabúes de los que se han valido los victimarios que abusaron de miles y miles de
niños y niñas y también los que los protegieron y han favorecido esta gran impunidad durante tantos años.


Mila esker. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.


Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pagès i Massó.


El señor PAGÈS I MASSÓ: Molt bon dia, senyories, presidenta, senyor Gabilondo.


Voldria saludar, en primer lloc, a les persones que ens acompanyen i molt especialment a les víctimes d'abusos i a les persones i entitats que s'han involucrat en la lluita pels drets de les víctimes dels abusos a menors. És gràcies a ells,
és gràcies a vosaltres i al vostre esforç constant i perseverant que avui la societat ha pres consciència del fenomen dels abusos sexuals, concretament dels comesos en el si de l'Església catòlica i també de la necessitat de veritat, de justícia i
de reparació integral del dany causat.


Espanya va tard. La majoria de països europeus ja han passat per aquest procés, en el que estem ara a nosaltres, i països, sense anar més lluny, com Catalunya, s'han avançat en aquest procés. Tot just ara tenim una primera resposta des de
les institucions de l'Estat espanyol. Com diu el subtítol de l'informe, 'una resposta necessària', necessària davant el patiment, la soledat i el desemparament de milers de menors abusats. Un dolor que durant massa anys s'ha mantingut encobert per
un silenci injust i insuportable. Una resposta, com dèiem, necessària perquè la gran part de la ciutadania, no només de les víctimes, i la mateixa justícia ho exigeixen.


La societat, com deia, ha pres consciència progressivament. Des de finals del segle passat, s'han anat fent públics casos d'abusos sexuals. Al principi, la societat els entomava com a circumstàncies excepcionals, amb impacte mediàtic però
puntuals, i només ha estat en els darrers anys que s'ha girat el focus cap a les víctimes. I això és mèrit precisament de les associacions i, també val la pena dir-ho, de mitjans de comunicació responsables amb la seva tasca, que és investigar i
informar. Una tasca que sovint queda amagada pel silenci, però també pel sensacionalisme i la gesticulació ideològica.


L'informe que ens ha remès el Defensor del Poble es basa en tres àmbits: una comissió assessora d'experts, una unitat d'atenció a les víctimes i de suport a la investigació i un fòrum de diàleg amb les associacions. Creiem que la
metodologia ha estat adequada, suficient per arribar a un primer diagnòstic i,

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per tant, considerem acomplert el primer requisit d'aquest procés, que és el de la veritat. Valorem especialment, com ja s'ha dit, el procés d'escolta, l'element qualitatiu que aporta el tracte directe amb les víctimes i les associacions.
Més dubtes, en canvi, ens planteja, per exemple, l'enquesta i les projeccions que se'n deriven.


Justícia, considerem que l'informe també compleix aquest element, almenys els mínims d'aquest element del requisit de justícia. Es posa la víctima al centre. I no només això, sinó que, tal com explicava el senyor Gabilondo, l'Església no
s'ha sentit afrontada. Al contrari, ha entès que havia de fer front a aquest problema, precisament per la necessitat que té de ser exemplar.


En aquest sentit, posem en relleu la instrucció sobre abusos sexuals de la Conferència Episcopal de 2023, el recent Pla de reparació integral de les víctimes d'abusos a menors, PRIVA, o la implementació de protocols de prevenció i la creació
d'oficines de prevenció. Fer justícia és deixar de negar els fets o minimitzar-los és deixar de protegir els victimaris. Fer justícia és no emparar-se en les formalitats del dret canònic. És posar punt i final a les males pràctiques, com el
trasllat de abusadors a d'altres parròquies, d'altres centres docents o inclús d'altres països, unes pràctiques que, de ser habituals, han passat a ser vergonyoses. Han passat a considerar-se vergonyoses, perquè si bé en alguns casos salvaven les
formalitats, en el fons eren una condemna per a les víctimes a la soledat, al silenci i la indefensió.


Fer justícia, com s'ha dit també, requereix que els poders públics assumeixin la seva responsabilitat. D'alguna manera ho vam fer la setmana passada, quan aquest Congrés va prendre en consideració una reforma penal necessària per evitar la
prescripció dels abusos, que ens arribava del Parlament de Catalunya. També ho va fer amb l'aprovació a la passada legislatura de les lleis de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència i la LOGILS. Però el cert és que
hem de reconèixer que anem tard i que ho podríem haver fet millor.


Cal reformar la legislació per garantir que la justícia i el dret a la reparació a les víctimes siguin plenament efectius. Cal impulsar reformes legislatives per dur a terme una justícia restaurativa. Cal la previsió d'una assistència en
la reparació integral a les víctimes, quan la via judicial penal no és possible per la prescripció del delicte o la mort del victimari. Cal millorar la llei de l'Estatut de la víctima del 2015 per fer efectives les responsabilitats civils. I
també, també una sèrie de propostes que es contenen a l'informe: Cal, per exemple, implantar un procediment no judicial sinó administratiu, on una autoritat independent i imparcial faciliti el reconeixement dels fets i asseguri el dret a la
justícia i l'efectiva reparació del dany causat. I així fins a 25 propostes d'actuació més que conté l'informe que abasten des de l'àmbit judicial fins a l'educatiu o l'econòmic.


Ara recau sobre nosaltres el deure de donar forma a aquestes propostes. Ara és responsabilitat dels poders públics donar forma a aquestes propostes, i en això demano que el Govern no es tanqui en pressupòsits ideològics que el poden
allunyar de la realitat. L'informe conclou que l'Església catòlica ha d'adoptar compromisos públics per al reconeixement real i efectiu de les víctimes i la seva reparació. Aquesta és la conclusió de l'informe.


La bona notícia és que l'Església s'ha mogut. Potser no tothom ha estat a l'alçada. No hi va estar l'anterior president de la Conferència Episcopal Espanyola, el senyor Omella, però sí que ho ha estat, creiem, l'actual president, el senyor
Argüello, i també la gran majoria de l'Església catalana i de l'espanyola, que han entès que era el moment d'acostar-se a la societat, d'acostar-se a les víctimes que era l'hora d'emprendre un camí en direcció contrària a l'opacitat i a les
aparences. Un camí cap al reconeixement dels fets i la reparació integral de les víctimes, que ha d'incloure, com no pot ser d'altra manera, un rescabalament econòmic que vagi més enllà, que superi les barreres dels formalismes legals i que
inclogui també la creació d'un fons estatal, un fons en cooperació, en col·laboració amb l'Església o amb caràcter subsidiari a la reparació de l'Església, però en tot cas, sense que l'Església se'n mantingui al marge.


Acabo. Tenim l'esperança que les paraules del papa Francesc el passat 27 de setembre a Bèlgica no hauran estat dites en va. Afegeixo a les paraules que ha dit el diputat que m'ha precedit unes altres paraules que també va dir en aquest
mateix dia a Brussel·les. Va dir el papa Francesc: 'Els abusos a menors són la vergonya i la humiliació de l'Església. L'església ha de demanar perdó i resoldre aquesta situació amb humilitat cristiana i fer tot el que sigui necessari i perquè
això no torni a passar mai més'.


Moltes gràcies.


Muy buenos días, señorías, presidenta, señor Gabilondo.


En primer lugar, quisiera saludar a las personas que nos acompañan, especialmente a las víctimas de abusos, y a las personas y entidades que se han involucrado en la lucha por los derechos de las víctimas de

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los abusos a menores. Gracias a ellos, a su esfuerzo también perseverante, la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad de los abusos sexuales, concretamente los cometidos en el seno de la Iglesia católica, y también ha tomado conciencia
de la necesidad de verdad, justicia y reparación integral del daño causado.


España va tarde: la mayoría de los países europeos han pasado ya por este proceso, en el que estamos ahora nosotros; países -sin ir más lejos, Cataluña- que se han adelantado en este proceso. Acabamos de tener precisamente una primera
respuesta de las instituciones del Estado español, una respuesta necesaria, como dice el subtítulo del informe, ante el sufrimiento, la soledad y el desamparo de miles de menores abusados. Es un dolor que durante demasiados años se ha mantenido
encubierto por un silencio injusto, insoportable.


Es una respuesta necesaria, como decíamos, porque gran parte de la ciudadanía, no solo las víctimas, y la misma justicia lo exigen. La sociedad, como decía, ha ido concienciándose progresivamente, desde finales del siglo pasado se han ido
haciendo públicos casos de abusos sexuales. Al principio la sociedad lo tomaba como circunstancias excepcionales con impacto mediático pero puntuales, solo los últimos años se ha cambiado el foco hacia las víctimas. Y eso es precisamente mérito de
las asociaciones y hay que decirlo -vale la pena- también mérito de algunos medios de comunicación responsables con su tarea, que es investigar e informar; una tarea que muchas veces queda ocultada por el silencio pero también por el
sensacionalismo y la gesticulación ideológica.


El informe que nos remite el Defensor del Pueblo se basa en tres ámbitos: una comisión asesora de expertos, una unidad de atención a las víctimas y apoyo a la investigación, y un foro de diálogo con las asociaciones. Creemos que la
metodología ha sido adecuada, suficiente para llegar a un primer diagnóstico y, por tanto, consideramos cumplido el primer requisito del proceso que es el de la verdad. Valoramos especialmente, como se ha dicho ya, el proceso de escucha, el
elemento cualitativo que aporta el trato directo con las víctimas y las asociaciones. Más dudas nos plantea, por ejemplo, la encuesta y las proyecciones que de ahí se derivan.


Justicia. Consideramos que el informe cumple también este elemento, al menos los mínimos de este elemento de requisito de justicia. Se pone a la víctima en el centro y no solo eso, sino que, como explicaba el señor Gabilondo, la Iglesia no
se ha sentido afrontada, al contrario ha entendido que tenía que afrontar este problema precisamente por la necesidad que tiene de ser ejemplar. En este sentido, ponemos en relieve la Instrucción sobre abusos sexuales de la Conferencia Episcopal de
2023 y el reciente Plan de reparación integral de las víctimas de abusos a menores, PRIVA, o también la implementación de protocolos de prevención y creación de oficinas de prevención.


Hacer justicia es dejar de negar los hechos, de minimizarlos, es dejar de proteger a los victimarios. Hacer justicia es no quedarse tras las formalidades del derecho canónico, es poner punto y final a malas prácticas, como el traslado de
abusadores a otras parroquias, por ejemplo, a centros docentes, o incluso a otros países, prácticas que de ser habituales han pasado a considerarse vergonzosas. Porque si bien en algunos casos salvaban las formas, en el fondo eran una condena para
las víctimas a la soledad, al silencio y a la indefensión. Hacer justicia, como también se ha dicho, requiere que los poderes públicos asuman su responsabilidad. De alguna manera lo hicieron la semana pasada cuando este Congreso tomó en
consideración una reforma penal necesaria para evitar la prescripción de los abusos, que nos llegaba del Parlamento de Cataluña. También lo hizo con la aprobación la pasada legislatura de la ley de protección integral de la infancia y adolescencia
ante la violencia, pero también es cierto que hay que reconocer que vamos tarde, que lo podríamos haber hecho mejor.


Hay que reformar la legislación para garantizar que la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas sean plenamente efectivos. Es necesario impulsar reformas legislativas para llevar a cabo una justicia restaurativa. Hay que
pensar en la previsión de la asistencia integral de las víctimas, de la reparación integral de las víctimas cuando la vía judicial penal no es posible por la prescripción del derecho o la muerte del victimario. Hay que mejorar la Ley del Estatuto
de la víctima de 2015 para hacer efectivas las responsabilidades civiles y también toda una serie de propuestas que se contienen en el informe, por ejemplo, hay que implantar un procedimiento no judicial sino administrativo, donde una autoridad
independiente e imparcial facilite el reconocimiento de los hechos y asegure el derecho a la justicia y a la efectiva reparación del daño causado. Y así hasta veinticinco propuestas de actuación más que contiene el informe que van desde el ámbito
judicial, hasta el educativo o el económico. Ahora recae en nosotros el deber de dar forma a estas propuestas. La responsabilidad ahora de los poderes públicas de dar forma a estas propuestas y para eso pido que el Gobierno no se cierre en
presupuestos ideológicos que lo puedan alejar de la realidad.

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El informe concluye que la Iglesia católica ha de adoptar compromisos públicos para el reconocimiento real y efectivo de las víctimas y su reparación. Esta es la conclusión del informe, la buena noticia es que la Iglesia se ha movido, puede
que no todo el mundo haya estado a la altura, no lo estuvo el anterior presidente de la Conferencia Episcopal Española, el señor Omella, pero sí creemos que lo ha estado el actual presidente, el señor Argüello, y también la gran mayoría de la
Iglesia catalana y española que han entendido que era el momento de acercarse a la sociedad, a las víctimas; que era el momento de emprender un camino en dirección contraria a la opacidad, a las apariencias, un camino hacia el reconocimiento de los
hechos y a la reparación integral de las víctimas que ha de incluir, como no puede ser de otro modo, la reparación económica que vaya más allá de los formalismos legales y que incluya también la creación de un fondo estatal, un fondo en colaboración
con la Iglesia o con carácter subsidiario a la reparación de la Iglesia, pero en todo caso sin que la Iglesia se mantenga al margen.


Termino. Tenemos esperanza de que las palabras del papa Francisco del pasado 27 de septiembre en Bélgica no hayan sido dichas en vano. Y añado a las palabras que ha dicho el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra otras
palabras también de ese mismo día del papa en Bruselas. Dijo el papa Francisco: Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia. La Iglesia ha de pedir perdón, ha de resolver esta situación con humildad cristiana y hacer todo
lo que sea necesario para que eso no vuelva a pasar nunca más.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Pagès.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch por un tiempo de siete minutos. Quan vulgui.


El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia a tothom.


Senyor president, senyor defensor del poble, senyores i senyors diputats, avui abordem un tema que posa de manifest una de les majors injustícies dels nostres temps, els abusos sexuals a menors per part de membres de l'Església catòlica i
l'encobriment sistemàtic d'aquests crims durant dècades.


Permeteu-me començar reconeixent la tasca del Defensor del Poble, els seus informes sobre aquest assumpte, un informe que podem qualificar de esgarrifós i horrorós. És un primer pas necessari per començar a posar llum sobre una foscor que
ha durat massa temps. Tard, molt tard, però esperem que això sigui el començament d'una cosa important. També hem de ser clars. Aquest informe per a nosaltres és insuficient davant la magnitud del problema i la inacceptable impunitat que encara
persisteix, que encara persisteix. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de comissions. Toca legislar. Toca que actuï la justícia penal. I toca que hi hagi que ho faci de manera retroactiva i restitutiva.


Es pot pensar que el percentatge de nens i nenes afectats és petit, però aquest percentatge, segons el mateix informe del Defensor del Poble, pot arribar a 400 000 nens i nenes, 400 000 nens i nenes, que només pot ser la punta de l'iceberg
perquè hi ha molta gent que no ha denunciat encara, d'una societat que va produir el nacionalcatolicisme d'un règim franquista i criminal, molts dels quals encara es troben en aquest Parlament.


Aquest percentatge, com deia abans, no és menor. Són milers i milers de nens i de nenes, de vides marcades per la violència física i la violència psicològica, el silenci, la complicitat institucional. I això, senyores i senyors, és
intolerable en una societat que es proclama democràtica i justa. Permeteu-me que comenci dirigint unes paraules a les víctimes, aquelles persones que han carregat durant anys amb el pes d'un dolor silenciat i brutal, agreujat per la manca de suport
i el menyspreu institucional.


Per a molts i moltes, el patiment no va finalitzar amb l'abús o amb la violència física o psíquica. Va continuar amb el silenci imposat, amb la vergonya, amb el complex de culpa, amb el sentiment d'impunitat d'un entorn que no els va
protegir, d'un entorn que no els va protegir. És imprescindible que aquest congrés estigui a l'altura de les seves esperances i que passi de blablablà a actuar d'una vegada per totes, 2021..., 2024, perdó, 2024. Aquest discurs és per a ells,
perquè ningú més hagi de patir el que elles i ells han patit, perquè les seves veus siguin escoltades i perquè les institucions que van fallar en la seva protecció responguin pels seus actes.


Alguns diran, sé que ho diran, alguns diran que els abusos de l'Església són un reflex del que passa a la societat, com sempre descarregant. Però això no és cert. Això no és cert. Els abusos a l'Església són un reflex d'una societat, però
és un tema que té unes particularitats. Una relació de poder i de confiança, l'església és una institució moral que s'ha presentat com a guia espiritual. Quan algú abusa en aquest context, l'impacte és devastador perquè destrueix la confiança
espiritual i emocional de la víctima i, a vegades per tota la vida.

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Encobriment sistemàtic, l'església ha encobert aquests crims i aquests crims durant dècades, traslladant els abusadors a Llatinoamèrica o altres parts, després tornant aquí i seguint fent vida normal, destruint proves i dificultant la
investigació. Això són realitats que no podem amagar. L'església ha tingut històricament un accés directe i gairebé privilegiat i il·limitat a menors, creant oportunitats perquè aquests abusos es cometessin en un entorn de confiança absoluta.
Aquest no és només un problema de delinqüència individual, és un problema d'una institució que ha fallat de manera sistemàtica. És el problema d'una institució que ha fallat de manera sistemàtica.


El silenci, el silenci còmplice de les jerarquies eclesiàstiques, és indecent. Sense anar més lluny, avui fa uns dies, quan inaugurava el president de la Conferència episcopal espanyola el plenari anual, no va dir res d'això. I aquest
silenci no és neutral, és complicitat. Perpetua el patiment de les víctimes i debilita la credibilitat de la institució. És inacceptable que mentre altres països han establert comissions de la veritat, l'Església espanyola, també la catalana, -que
alguns se n'obliden- l'església espanyola i la catalana es resisteix a col·laborar amb les investigacions i obrir els seus arxius. Quan dic la catalana, també em refereixo perquè aquí hi ha des de Montserrat a l'escolania, a escoles, a esplais, el
que vulgueu, parròquies, etcètera, etcètera. No es salva ningú. Aquesta lacra no té bandera. Sí una institució que l'ha defensada.


És inacceptable, com deia, que altres països sí que ho han fet i aquí no passa res. Aquest congrés ha d'exigir accions concretes i exigir l'assumpció pública de responsabilitats i transparència total. Ho ha d'exigir, no allò si volen, no,
no, exigir. En contrast amb aquesta actitud, com deia, països com França, Irlanda, Portugal, Austràlia, etcètera, han actuat. Dos exemples. El cardenal Bernard Law va dimitir com a arquebisbe de Boston després de reconèixer el seu paper en
l'encobriment de abusadors. O Justin Welby, l'arquebisbe de Canterbury, que va dimitir després de casos similars, l'arquebisbe de Canterbury. Que no parlem del papa Francesc, no, no, l'arquebisbe de Canterbury, que és la màxima autoritat de
l'Església anglicana.


Aquí, en este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso. A més, França ha creat un fons d'indemnitzacions exclusivament finançat per l'Església. I remarco 'exclusivament finançat per l'Església', que no tenim per què pagar
amb el que valen els nostres impostos els delictes dels altres. No els tenim per què pagar nosaltres. Els diners públics són molt cars. No hi ha d'haver cap càrrega a les espatlles de l'estat, és a dir, de tothom. El regne d'Espanya no pot ser
menys. I senyores i senyors diputats, és hora d'actuar, com deia, amb contundència.


Per això, i a conseqüència de l'informe, proposem la... com ja està aquí passat a llei, però que es compleixi i que arribi fins al final, la imprescriptibilitat retroactiva en les accions civils i judicials d'abusos a menors. La creació
d'un fons d'indemnització finançat exclusivament per l'Església. L'obertura obligatòria dels arxius eclesiàstics per a investigadors independents i que s'obrin els processos penals que calguin. La revisió del concordat entre Espanya i la Santa
Seu. Aquest concordat, signat el 1979, és una relíquia del passat que avui atorga privilegis inacceptables a l'Església catòlica i dificulta l'accés a la justícia. Revisar-lo és imprescindible per assegurar que ningú estigui per sobre de la llei.
Aquí tothom és igual i qui la fa l'ha de pagar.


Conclusió. Aquest no és només un debat sobre lleis i reparacions, que ho és. És un debat sobre una institució per recuperar la confiança perduda. I això va dedicat a l'Església. L'església espanyola i l'església catalana han de
comprometre sí o sí a un canvi estructural i cultural profund que inclogui educació i sensibilitat a tots els nivells, tolerància zero amb l'encobriment i col·laboració total amb la justícia.


Moltes gràcies.


Buenos días a todos, señor presidente, señor defensor del pueblo.


Señoras y señores diputados, hoy abordamos un tema que pone de manifiesto una de las mayores injusticias de nuestros tiempos: los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia católica y el encubrimiento sistemático de estos
crímenes durante décadas. Permítanme que empiece reconociendo la labor del Defensor del Pueblo y sus informes sobre este asunto. Un informe que podemos tachar de espantoso y horroroso. Es un primer paso necesario para poder arrojar luz a una
oscuridad que ha durado demasiado, llega tarde, muy tarde pero esperemos que esto sea el inicio de algo muy importante. También hay que ser claros, este informe para nosotros es insuficiente ante la magnitud del problema y la inaceptable impunidad
que todavía persiste. Ya está bien de comisiones, toca legislar, toca que actúe la justicia penal y de forma retroactiva y restitutiva. Cabría pensar que el porcentaje de niños y niñas afectados es pequeño, pero este porcentaje, según el mismo
informe del Defensor del Pueblo, puede llegar a 400 000 niños y niñas; 400 000 niños y niñas que solamente podrían ser la punta del iceberg, porque todavía mucha gente no ha denunciado en una sociedad que produjo el nacional catolicismo de un
régimen franquista criminal, muchos de ellos todavía en este Parlamento. Este porcentaje, como decía, no es

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menor, son miles y miles de niños, de niñas, de vidas marcadas por la violencia física y psicológica, el silencio, la complicidad institucional. Y esto, señoras y señores, es intolerable en una sociedad que se proclama democrática y justa.


Permítanme que empiece dirigiendo unas palabras a las víctimas, aquellas personas que durante años han cargado con el peso de un dolor silenciado, agravado por la falta de apoyo y el menoscabo institucional. Para muchos y muchas el
sufrimiento no acabó con el abuso o la violencia psíquica o física, siguió con el silencio impuesto, con la vergüenza, con el complejo de culpa, el sentimiento de impunidad de un entorno que no les protegió. Es imprescindible que este Congreso esté
a la altura de sus esperanzas y que pase del blablablá a actuar de una vez. 2024. Este discurso es para ellos, para que nadie más tenga que sufrir lo que ellos y ellas han sufrido, para que sus voces sean escuchadas y porque las instituciones que
fallaron en su protección respondan de sus actos.


Algunos dirán -y sé que lo dirán- que los abusos de la Iglesia son un reflejo de lo que sucede en la sociedad, siempre descargando, pero esto no es cierto. Los abusos de la Iglesia son un reflejo de una sociedad, pero es un tema con unas
particularidades: una relación de poder y de confianza. La Iglesia es una institución moral que se ha presentado como guía espiritual. Cuando alguien abusa en este contexto el impacto es devastador, porque destruye la confianza espiritual y
emocional de la víctima, a veces, para toda la vida. Encubrimiento sistemático. La Iglesia ha encubierto estos crímenes durante décadas trasladando a los abusadores a Latinoamérica o a otros sitios y luego volviendo aquí con una vida normal,
destruyendo pruebas, dificultando la investigación. Esto son realidades que no podemos ocultar. La Iglesia, históricamente, ha tenido acceso directo -y casi privilegiado- ilimitado a menores, creando oportunidades para que estos abusos se
produjeran en un entorno de confianza absoluta. Este no es solo un problema de delincuencia individual, es un problema de una institución que, de forma sistemática, ha fallado. Es un problema de una institución que ha fallado de forma sistemática.
El silencio cómplice de las jerarquías eclesiásticas es indecente. Sin ir más lejos, hoy o hace unos días, cuando inauguraba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el actual, no dijo nada al respecto y este silencio no es neutro, es
complicidad, perpetúa el sufrimiento de las víctimas y debilita la credibilidad en la institución.


Es inaceptable que, mientras que en otros países se han creado comisiones de la verdad, la Iglesia española y la catalana -también la catalana, que algunos lo olvidan- se resisten a colaborar en las investigaciones con sus archivos. Digo la
catalana también, porque aquí también ha habido casos: desde Montserrat, la escolanía, a centros escolares, lugares de ocio juvenil, parroquias, esplais. No se salva nadie. Esta lacra no tiene bandera, sí una institución que la ha defendido. Es
inaceptable, como decía, que haya otros países que sí lo han hecho y aquí no pasa nada. Este Congreso debe exigir acciones concretas y de responsabilidad pública y transparencia total. Lo tiene que exigir, no decir: si quieren ustedes. No, lo
tiene que exigir. Hay países como Francia, Australia, Portugal y otros que han actuado. Dos ejemplos: el cardenal Bernard Law dimitió como arzobispo de Boston tras reconocer su papel como cómplice en abusos o Welby, arzobispo de Canterbury, que
dimitió tras abusos similares. Estoy hablando del arzobispo de Canterbury, no del papa Francisco, de la máxima autoridad de la Iglesia anglicana.


Aquí en este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho, en este caso.


Además, Francia ha creado un fondo de indemnizaciones exclusivamente financiado por la Iglesia. Remarco exclusivamente financiado por la Iglesia, porque no tenemos por qué pagar con nuestros impuestos los delitos de otros. No tenemos que
pagarlos nosotros. El dinero público es muy caro. No tiene que haber carga para el Estado; es decir, para todos. No podemos ser menos. Tenemos que actuar, señoras y señores, con contundencia. A raíz de este informe, proponemos -se ha aprobado
en ley, pero que se llegue hasta el final-: imprescriptibilidad retroactiva de las acciones civiles y judiciales de abusos a menores, la creación de un fondo de indemnización financiado exclusivamente por la Iglesia, la apertura obligatoria de los
archivos eclesiásticos para investigadores independientes y que se abran los procesos penales que correspondan, la revisión del concordato entre España y la Santa Sede. Este concordato, firmado en 1979, es una reliquia del pasado que hoy concede
privilegios inaceptables a la Iglesia católica y dificulta el acceso a la justicia. Revisarlo es imprescindible para garantizar que nadie esté por encima de la ley. Aquí todos somos iguales y quien la hace la paga.


En conclusión, este no es solo un debate sobre reparaciones -que sí-, es un debate sobre una institución que quiere recuperar su confianza perdida. La Iglesia catalana y española deben prometer sí o sí un cambio estructural y cultural
profundo que incluya educación y sensibilidad a todos los niveles, tolerancia cero ante el encubrimiento y colaboración total con la justicia.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Pin Ferrando, por un tiempo de siete minutos.


La señora PIN FERRANDO: Gracias, presidenta.


Voy a saludar al defensor del pueblo, a las personas que han formado parte de este informe y también a los miembros de asociaciones que están hoy aquí.


También quiero avanzar que, en las próximas semanas, el Grupo Plurinacional SUMAR, en colaboración con aquellos grupos que lo consideren y quieran, presentaremos una iniciativa para crear desde ya una comisión de trabajo que concrete las
propuestas del Defensor del Pueblo que le correspondan al Legislativo para no dilatar más en el tiempo poder continuar este trabajo que empezó ya en la legislatura anterior. En 2020 afloraron muchas denuncias de personas que habían sufrido abusos y
violencia sexual en la infancia y la adolescencia en el seno de la Iglesia católica y fue entonces cuando el Defensor del Pueblo inició los trabajos y ha presentado un informe. En las conversaciones, viendo las reacciones que teníamos como sociedad
-indignada, sobrecogida, escandalizada- una no podía evitar tener la sensación también de que había un punto en la reacción social de no sorpresa, de que teníamos en el imaginario inconsciente interiorizado que en el seno de la Iglesia católica se
cometen abusos sexuales. No por parte de todo el mundo, claro, pero sí de manera sistemática.


Ahora entraremos en lo que tiene que ver con la institución eclesiástica, pero creo que hay que empezar reconociendo también que hemos fallado como sociedad. Reconocerlo, pedir perdón. Hannah Arendt decía que el perdón -ciertamente una de
las más grandes capacidades humanas y quizás la más audaz de las acciones en la medida en la que intenta lo aparentemente imposible, deshacer lo que ha sido hecho, y logra dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía concluido- es una
acción única que culmina con un acto único. Por tanto, pedir perdón y, obviamente -y más desde este Parlamento-, hacer política para enmendar ese error y trabajar por la reparación y la no repetición.


Creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer política de verdad, de la que hace que las instituciones merezcan confianza. Cuando uno sufre abusos sexuales en la infancia, la vida se te rompe y la diferencia entre que te hagas añicos y que
te puedas recomponer pasa también por que las instituciones te den una respuesta y te sostengan. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de que haya más de 400 000 personas víctimas de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia
católica; un 1,3 %, según la encuesta del Defensor del Pueblo, donde, además, se indica que el 50 % de las personas que denuncian una agresión o un abuso conocen a otras víctimas que son también víctimas del mismo victimario, el 50 %. Es decir,
aquí, en realidad, también está pasando lo mismo que con la violencia machista: la mayoría de la gente no denuncia y eso nos tiene que llamar la atención. Además, si el 50 % de las víctimas dicen conocer a más víctimas del mismo victimario,
tenemos un problema como sociedad y la educación sexoafectiva cobra más importancia que nunca para aprender que no hay que abusar de los cuerpos, pero también para poder vivir nuestra sexualidad liberada y en libertad.


El contexto que tiene y en el que crece la persona abusada es clave para poder abordar, afrontar y transitar el trauma y el dolor. Yo dudaba si traer testimonios que recoge el informe, pero creo que, en realidad, lo que hay que hacer es
focalizar lo que supone ser víctima para entender también la importancia de crear esa comisión de trabajo con la mayor premura posible. Supone la pérdida de confianza en el futuro, desesperanza, dificultades interpersonales, el uso de la violencia,
aislamiento, baja autoestima, un autoconcepto negativo, ansiedad, depresión, pensarse y percibirse como una persona que no es merecedora de afecto, tener disociación, estrés postraumático, depresión, vergüenza. Esto no todo a la vez, claramente,
pero son algunas de las cuestiones que sufren las víctimas. Que estas personas crezcan pensando que hay algo que no está bien en ellas, que no son merecedoras de amor, me parece que es uno de los mayores castigos que se puede infligir a alguien.


Frente a esto, inicialmente la Conferencia Episcopal Española, es verdad que con el cardenal anterior, dijo que iban a actuar si alguien denunciaba, pero que no iban a ser proactivos. En cambio, la francesa -lo ha comentado ahora el
compañero de Esquerra Republicana- invirtió más de 200 000 euros en hacer una investigación independiente. Con más de 400 000 posibles víctimas, cualquier otra institución hubieran saltado por los aires. Esto es más grave si pensamos que estos
casos seguramente han aflorado por la pérdida de poder de la Iglesia católica en el Estado español, porque mientras tuvieron el poder que tuvieron durante la época franquista estos casos fueron silenciados y encubiertos. Es cierto que algunas
diócesis sí han actuado -capuchinos, jesuitas- y que recientemente, como comentaba el defensor del

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pueblo, la Conferencia Episcopal ha activado algunos protocolos, pero es en el seno de la Iglesia católica donde se producen estos abusos a niños y niñas que tenían que ser cuidados por sus victimarios, que habían depositado su confianza y
ese depositar la confianza es lo que hace aún más grave estos hechos.


Frente a esto, ¿qué podemos hacer? El mismo Defensor del Pueblo abre la posibilidad a la redacción de una ley, porque las mismas víctimas también piden al Estado que garantice que la Iglesia lleve a cabo una labor restaurativa, de
investigación y de reparación; una Iglesia que muchas veces ha encubierto el dolor, y ese encubrimiento genera más dolor a veces que el propio abuso. Ahora que tenemos el informe, hay que impulsar efectivamente medidas de reconocimiento y
reparación; también reparación económica, hay que poder hablar de la creación de ese fondo de compensación financiado íntegramente por la Iglesia católica. También hay que reconocer la inactividad de los poderes públicos; la necesidad de activar
-se han comentado por parte de otros compañeros diputados- en las instituciones educativas, públicas y privadas, la inspección para que sea mucho más proactiva; la necesidad de crear un espacio autónomo que genere confianza, una instancia
independiente de escucha y reparación que apliquen mecanismos de justicia restaurativa; garantizar la no repetición; la obligación de formar a las personas que tengan personas a su cargo; la posibilidad de investigar los casos que han ocurrido
ahora; y, exacto, la educación sexoafectiva basada en la evidencia continuada, y la reparación vinculada a la asunción de responsabilidad; por eso la propuesta de la creación de esta comisión de trabajo a partir de ya. Básicamente, es porque
ahora tenemos la oportunidad de hacer política y de hacer política para que las instituciones merezcan la pena.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pin.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hoces Íñiguez por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera. (Aplausos).


El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señorías. Buenos días, señor Gabilondo.


Como diría Chesterton, el pecado más grande del hombre moderno es la indiferencia ante el sufrimiento humano y esto nos lleva a la barbarie. Por eso el asunto que hoy nos concierne es uno de los temas de máxima gravedad moral, como son los
abusos sexuales en la infancia y adolescencia, porque sin duda la peor de todas las corrupciones es la corrupción del alma infantil. A VOX este drama le genera repulsa, repugnancia y abominación. Los abusos a los más pequeños e inocentes son una
tragedia y una monstruosidad que habla de vidas marcadas por el dolor y la traición y, por eso, desde VOX acompañamos a todas las víctimas. (Aplausos). Por ello, también exigimos las penas más duras para los autores de estas atrocidades, es decir,
que de por vida vean la luz del sol desde los barrotes de sus celdas. (Aplausos).


Pero, desgraciadamente, hoy es uno de esos días en el que Pedro Sánchez intenta hacer del Parlamento un juzgado y del defensor del pueblo, que, como todo el mundo sabe, es el defensor de los intereses de Pedro Sánchez, un juez. Este
informe, por muy satisfecho que esté el señor Gabilondo de haber fiscalizado a sus antiguos compañeros, carece del procedimiento contradictorio y garantista que sí se exige en el orden jurisdiccional penal. Estamos seguros de que muchos de los
casos aquí detallados son verdad y, por tanto, nuestra máxima repulsa y condena, pero estamos también convencidos de que muchos de los casos habrán dejado mucho que desear y, por tanto, la lucidez de Gabilondo no habrá estado a la altura. Además,
como bien sabe, el Defensor del Pueblo carece de competencias en esta materia, ya que el artículo 54 del texto constitucional y la Ley Orgánica 3/1981 señalan que las competencias son la defensa de los derechos comprendidos en el Título I del texto
constitucional y que para eso podrá supervisar la actividad de la Administración y, que sepamos, la Iglesia católica no es ni Administración pública ni sector público. Al Grupo Socialista le da lo mismo que los crímenes de los que hoy hablamos no
sean competencia parlamentaria. Se han convertido ustedes en auténticos expertos en utilizar la miseria ajena como herramienta política y están dispuestos a todo con tal de tapar el lodazal de corrupción en el que se ha convertido su partido.
(Aplausos).


Señorías, estamos ante el epítome de la despersonalización. Para el PSOE, las personas han pasado a un segundo o tercer plano donde los actos abominables solamente merecen ser investigados si permiten arremeter contra una incómoda
institución. En lugar de prevalecer la preocupación por el compatriota, se impone la lógica partidista del PSOE y sus aliados de la generalización y el ensañamiento. Para las señorías del PSOE y sus aliados nada importan las víctimas si no sirven
como herramienta política ni tampoco los victimarios, que son simples peones en su borrachera de odio histórico contra la Iglesia

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católica, institución con las que tienen ustedes directamente una obsesión enfermiza desde hace demasiado tiempo, desde las matanzas de frailes de 1834 al 'Arderéis como en el 36', pasando por las palabras del fundador del Partido Socialista
cuando dijo: Deseamos la muerte de la Iglesia. (Aplausos).


Miren, un solo caso de abuso sexual ya es demasiado, infinitamente más de lo que pueda soportarse, una infamia inigualable. El problema es que al Gobierno de Pedro Sánchez no le preocupan los abusos sexuales, su interés por las víctimas
depende directamente de que sirva de potencial munición para atacar a la Iglesia católica. Por eso, mientras a bombo y platillo hablan de los abusos cometidos por unos sinvergüenzas, que han utilizado a la Iglesia católica para encubrir sus
crímenes, ocultan ustedes los abusos a menores tuteladas en la Administración socialista de Asturias, Baleares y Valencia. (Aplausos). Y mientras encargan informes tendenciosos al Defensor del Pueblo, se dedican a soltar a violadores y pederastas.
Más de 1200 criminales sexuales han visto reducidas sus penas y 120 han sido excarcelados y, señorías del PSOE, ese sí será su legado. (Aplausos). No nos extraña, porque ustedes son los que han introducido la ideología trans en los niños y dan
charlas de contenido sexual a los más pequeños. Lo primero es una aberración de perturbados, y lo segundo, una enferma promoción de la pederastia. También hemos tenido que ver ese infame cartel en Almería promocionando el sexo con menores.
Señorías de la izquierda, son precisamente los intelectuales de la izquierda que ustedes siguen citando, como Sartre, Simone de Beauvoir o Foucault, los que querían la despenalización de los crímenes con niños en eso que muy acertadamente se ha
llamado el pedófilo mayo del 68. (Aplausos). Pero para el señor Gabilondo y para muchas de sus señorías, estos niños tienen menor dignidad. Tampoco veremos un informe del Defensor del Pueblo acerca de las consecuencias de importar inmigrantes
ilegales de culturas ajenas a la nuestra donde se denigra a la mujer y donde el abuso es la norma. De hecho, ninguna de sus señorías, a excepción de VOX, recriminó a Pedro Sánchez que se fuera a Mauritania a traer inmigrantes cuando en Mauritania
el 70 % de las mujeres y niñas sufren mutilación genital.


El Gobierno de Sánchez, en consecuencia, no tiene legitimidad ni justa causa ni recta intención. Estos hechos terribles, pero que representan en realidad una ínfima parte de los abusos sexuales cometidos en España, los utilizan para atacar
a una institución que es parte del ser mismo de España y pilar de nuestra civilización, como diría José Calvo Sotelo, dirigente, por otro lado, que fue asesinado en julio de 1936 por socialistas. (Aplausos). Y esto, señorías, es una injusticia
mayúscula que pretende hacer pasar la parte por el todo en esta especie de memoria histórica en materia eclesiástica. Señorías del PSOE, ¿por qué no investigan los abusos en el ámbito educativo general, en el artístico o en el deportivo? Y mejor,
¿por qué no se investigan ustedes mismos (aplausos), que tienen cientos de casos de abusos sexuales como la izquierda en España?


Acabo insistiendo de nuevo en que en VOX condenamos con toda dureza y determinación los abusos sexuales allá donde se hayan producido y a la vez exigimos las penas más severas para los abusadores, porque, a pesar de lo que ustedes pretenden,
cada cruz levantada en lontananza es garantía de auxilio y protección. Así se encumbran la inmensa mayoría de nuestros pueblos, comarcas y pedanías, y así luce el fresco de infinidad de recuerdos y costumbres, y solo así, fruto de la comunión entre
españoles, se abona un próspero e ilusionante porvenir para España donde, señorías, el Partido Socialista sea simplemente un mal recuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sancho Íñiguez, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.


El señor SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señor Ángel Gabilondo, defensor del pueblo. Buenos días a todos los invitados.


Buenos días de nuevo, porque, después de oír al señor Hoces Íñíguez, me resulta abominable, me resulta impensable, no tienen entrañas, vuelven a revictimizar a las víctimas. (Aplausos). Ustedes no están aquí para eso. Quiero saludar a
todas las víctimas que nos ven por streaming también fuera del Congreso.


Señorías, quiero comenzar con un testimonio real: Fui a confesar los abusos a una parroquia, le expliqué los abusos; el cura confesor no me hizo ninguna pregunta, no le importaba nada. Mi penitencia fue ir a unas cinco misas. Les metía
las manos por las camisetas, el culo, el pene; tocaba a los niños; a las niñas no nos tocaba nada, solamente tocaba a niños y solamente a algunos. Las mujeres hemos vivido en ambiente abusivo en las casas, en las calles, en los trabajos:
tocamientos, besos robados, piropos

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obscenos, etcétera. Algunos abusos de sacerdotes entraban dentro de lo normal que nos pasaba, y eso ha sido un freno para las denuncias de las mujeres y para la lucha de nuestros derechos.


Señorías, quiero saludar, ahora sí, desde esta tribuna a todas las asociaciones y transmitirles todo el reconocimiento del Grupo Socialista, así como nuestro compromiso con la reparación. Los socialistas estamos con las víctimas, no con los
abusadores. (Aplausos). Hoy, desde el Pleno de esta Cámara, ponemos al fin voz a miles de testimonios como estos que les acabo de relatar, que sucedieron en España durante muchas décadas. En ellos se denuncian los abusos que algunos miembros de
distintas congregaciones y órdenes religiosas de la Iglesia católica realizaron a tantos niños y niñas por el simple hecho de ser menores.


Hoy finaliza la encomienda que este Congreso le hizo al Defensor del Pueblo para que presentase un informe que debatimos hoy. Como se señala en las páginas del mismo, es necesario responder.


Señora Belarra, no sé si está por aquí, pero a ustedes no las entiendo. Votaron sí a que elaborase el informe el Defensor del Pueblo. Ahora es el tiempo del Parlamento, ahora es el tiempo de debatir en este Parlamento. Este informe nos da
la posibilidad de ese debate y nos permite a los diputados un debate más rico y con elementos objetivos para poner en marcha esta comisión. Simplemente, señora Belarra, el informe se lo encargamos al Defensor del Pueblo todos.


Hoy finaliza la encomienda que este Congreso le hizo al Defensor del Pueblo para que presentase un informe que debatimos hoy. Como se señala en las páginas del mismo, es necesario responder. Por eso la necesidad de este plan, que ni
pretende zanjar el tema ni pretende ser la última palabra. Ahora es el turno de las instituciones y de los poderes públicos, ahora es el turno de la política. Señorías, el extenso informe que nos ha presentado el Defensor del Pueblo ha tenido como
finalidad el análisis y la respuesta de una serie de recomendaciones y conclusiones sobre la base del necesario reconocimiento, reparación y atención a las víctimas, a la prevención, investigación e información y, sobre todo, a la sensibilización
sobre un gravísimo problema que ha afectado a tantas personas y que ha durado demasiado tiempo, señorías.


En este sentido, el Gobierno de España presentó en el mes de abril su plan de respuesta ante el informe del Defensor del Pueblo sobre la base de dos grandes objetivos: por un lado, mejorar la eficacia del sistema integral de protección de
la infancia y la adolescencia frente a la violencia y el abuso sexual y, por otro, dar una respuesta específica a los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, en particular a aquellos para los que por el tiempo transcurrido no
sea posible instar las acciones penales previstas en la legislación vigente. La voluntad del Gobierno del presidente Pedro Sánchez en esta cuestión es clara: el único ánimo es el de saldar una deuda con todas las víctimas que durante tantos años
han estado olvidadas y silenciadas, por lo que se debe reparar su daño y se les debe poner en el centro de la acción política, pero para ello es necesario que la Iglesia católica dé también pasos en este sentido.


Es verdad que el papa Francisco ha reconocido que la Iglesia católica debe sentir vergüenza, pedir perdón y hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Somos sabedores, tenemos conocimiento de que ha existido algún cardenal,
arzobispos y obispos que han mostrado su disposición a reparar estas situaciones. En esta misma línea, el arzobispo de Madrid reconocía hace unas semanas que la Iglesia española no debía pasar página y que no habían cuidado a las víctimas. Pero
las palabras no son suficientes, son necesarias medidas concretas de cara a las víctimas, porque necesitan ser escuchadas y reparadas. La Iglesia española lo debe afrontar con verdadera sinceridad y seriedad. (Aplausos). Por este motivo, la
voluntad del Gobierno de España sigue siendo la de llegar a un acuerdo y la de desarrollar e implementar las recomendaciones que se han hecho desde el Defensor del Pueblo, recomendaciones, por cierto, que son respaldadas por la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara y también por muchas de las víctimas que han sufrido estas terribles agresiones.


Señorías, podríamos seguir hablando de todas las medidas que este informe sugiere, pero no quisiera repetirme, porque ya se han enumerado desde esta tribuna. Por eso quiero acabar mi intervención dando las gracias, en primer lugar, al
defensor del pueblo y a todo su equipo por su arduo trabajo a la hora de realizar este informe; gracias también por su sensibilidad en el trato a las víctimas, defensor. En segundo lugar, a todas las asociaciones y a todas aquellas víctimas que
han luchado tanto para llegar hoy hasta aquí; este informe es fruto también de sus reivindicaciones y de su lucha contra unos hechos que no debieron suceder nunca.


No quisiera finalizar mi intervención sin reiterar el testimonio de reconocimiento a las víctimas y el compromiso de reparación de todo el Grupo Socialista hacia ustedes y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quisiera
trasladarles la necesidad de saldar la deuda con las víctimas, que durante

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demasiadas décadas han permanecido en el olvido, reparando el daño causado. Reitero que el Partido Socialista y el Grupo Socialista siempre estarán con las víctimas, nunca con los agresores. No escatimará esfuerzos para lograrlo.
Permítanme acabar con un testimonio de una víctima: Yo necesito resarcimiento, que se haga justicia, que la Iglesia, en nombre de este hombre, me pida perdón; no ha de ser un perdón frío, jurídico, sino de verdad, mirando a la cara, y también
necesito un resarcimiento. Gracias a todos vosotros de corazón.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez por un tiempo de siete minutos.


La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, señor defensor del pueblo, miembros de las asociaciones de víctimas que nos acompañan, sean muy bienvenidos al Congreso de los Diputados, que es su casa. Lamento que los ministros responsables de las competencias más afectadas por
este informe, que son el de Justicia -que acaba de llegar en este mismo momento- y la ministra de Infancia no hayan estado presentes en un debate tan importante como este. (Aplausos).


Señor defensor, recibió usted de esta Cámara en 2021 la encomienda de realizar un informe sobre un tema enormemente grave y difícil: el estudio sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica y la respuesta de los poderes
públicos, o más bien la falta de respuesta, a un problema muy serio por el que diferentes países de nuestro entorno se han preocupado ya, han investigado y han buscado diferentes vías para mitigar el daño causado, y también medidas para evitar que
pueda volver a ocurrir en un futuro.


El papa Francisco ha reconocido en numerosas ocasiones la necesidad de romper el silencio sobre los abusos a menores, que son, en palabras textuales suyas, la vergüenza y la humillación de la Iglesia, abogando por una respuesta desde la
humildad cristiana, decidida y firme, lamentando que haya pasado tanto tiempo hasta que las víctimas han sido escuchadas por fin.


La dificultad de la tarea de investigación de los abusos en menores y de la elaboración de este informe es enorme desde cualquier punto de vista. Desde la perspectiva jurídica, se trata de casos que mayoritariamente han prescrito por el
largo tiempo transcurrido, ya que se produjeron fundamentalmente en las décadas de los sesenta a los ochenta del siglo XX y afectan a personas que en muchos casos han fallecido o tienen una edad avanzada, lo que incide tanto en su recorrido
judicial, que es mayoritariamente inexistente, como en el propio esclarecimiento de los episodios e incluso en la exactitud de los datos que se puedan recabar. Hay que tener en cuenta, además, que la Iglesia cuenta con un derecho propio, el
canónico, con un estatuto jurídico especial para los religiosos que solo desde la aprobación de la Constitución española se va aproximando al del resto de la ciudadanía, coincidiendo en la actualidad las normas del derecho canónico de carácter
espiritual y las del derecho de la sociedad civil. También es muy difícil desde la perspectiva psicológica, porque son hechos muy dolorosos para las víctimas y que han tenido profundas repercusiones de todo tipo en sus vidas, consecuencias que se
analizan también en el informe. El tiempo transcurrido afecta igualmente a la capacidad reparadora de las medidas que puedan ponerse en marcha. Y desde una perspectiva espiritual, se trata de episodios acaecidos en el seno de la institución que
representaba para muchas víctimas el referente de autoridad moral en sus vidas y las de sus familias, y por ello resulta aún más necesario, pero también más difícil, el proceso de reparación del daño causado a la persona desde una perspectiva
integral.


Para abordar todas estas dificultades, se elaboró una encuesta demoscópica que se planteó con un doble objetivo: el de analizar los abusos sexuales a menores independientemente de su autoría, en primer lugar, y en una segunda fase mucho más
detallada, centrarse exclusivamente en los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica, entendiendo esta en un sentido amplio, pues no se trata solo de los sacerdotes o miembros de órdenes religiosas, sino también de cualquier otra persona
vinculada profesional o voluntariamente a este entorno, como es el caso del profesorado laico, los monitores o los trabajadores en actividades deportivas formativas o vacacionales vinculadas a la Iglesia. La encuesta se realizó con una muestra de
8013 personas, suficientes según la opinión técnica. De ellas, destaco solo unas cifras: 8013 personas, 937 de las cuales afirman haber sido víctimas de abuso sexual, un 3,36 % declara que ese abuso tuvo lugar en el entorno familiar, un 0,6 % por
parte de un sacerdote o miembro de la Iglesia católica y un 1,13 % en el ámbito religioso, es decir, 90 personas en total. En resumen, de las 937 víctimas, 90 lo son por la actuación de personas del entorno de la Iglesia católica.

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La primera consecuencia que se extrae de estas cifras es que debería existir mucha más alarma de la que hay en relación con la incidencia de los abusos en el entorno familiar. Estos delitos cometidos contra menores de edad son monstruosos,
pero no podemos por menos que atribuir a la familia y a las personas próximas a aquellos el primer lugar en este odioso elenco. El Grupo Parlamentario Popular alertó en su día de la necesidad de ampliar el espectro de la investigación para abarcar
de manera más completa este fenómeno. De ahí que en la proposición no de ley que dio lugar a esta investigación pretendíamos abarcar el problema de los abusos a menores en su conjunto, para actuar más eficazmente no solo en la parte punitiva, sino
en la prevención y en la protección de los menores. Recordemos cómo al mismo tiempo que se aprobaba la elaboración de este informe se rechazaban por el Gobierno y sus socios en esta Cámara investigaciones sobre menores tuteladas por las
administraciones autonómicas que estaban siendo prostituidas, unos casos que causaron una enorme alarma en su momento y que siguen ahora su curso judicial.


Haber circunscrito la investigación a los menores en el entorno de la Iglesia católica ha dado como resultado unos datos sin duda útiles, pero también distorsionados y sesgados en cuanto al fenómeno en su conjunto. El informe habla
mayoritariamente de niños, cuando sabemos perfectamente que la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, tanto en la niñez como en la adolescencia, son niñas, en España y en todo el mundo, y numerosos informes publicados recientemente de Save the
Children, de la Fundación ANAR, de Educo o del propio Ministerio de Igualdad así lo indican. Por otro lado, los testimonios recogidos por la encuesta y el informe son muy heterogéneos y difícilmente agrupables para el establecimiento de
conclusiones de carácter definitivo, porque corresponden a un periodo cronológico muy amplio por un lado, y por otro, las fórmulas para la obtención de la información son demasiado variadas y heterogéneas para poder sistematizar y comparar los
datos. No obstante, tienen un inmenso, un enorme valor por la valentía de los testimonios y por el esfuerzo individual que supone bucear en la memoria de hechos tan dolorosos para cada una de las víctimas que han colaborado en este informe.


Durante el tiempo transcurrido desde 2021, la Iglesia puso en marcha un informe propio, encargado mediante una auditoría que contextualiza los datos obtenidos en las décadas que van desde los años sesenta a los ochenta, en pleno franquismo,
una época marcada por la falta de libertades y con una Iglesia omnipresente muy diferente a la actual, que se ha ido transformando y tomando conciencia progresiva del dolor de las víctimas y de la necesidad del perdón y de la reparación integral.
Por tanto, una reparación que tiene que actuar sobre el dolor causado y repararlo legal y espiritualmente, además de prevenir futuros hechos de manera tajante.


Toda la información recopilada en estos informes, en estos documentos es la que sustenta el Plan de reparación integral a menores y personas equipadas en derecho víctimas de abusos sexuales, el llamado PRIVA, aprobado en el seno de la
Iglesia en julio pasado. Y va acompañado de un nuevo informe que bebe de los anteriores, titulado Ver la luz. En ese plan se establece el compromiso firme de la Iglesia por el reconocimiento del daño causado, la solicitud de perdón, el
acompañamiento de las víctimas y la reparación desde una perspectiva integral que incluye la reparación económica, pero también la acogida, la escucha y el apoyo espiritual y psicológico.


Termino, presidenta. Defensor, este informe, junto con los otros que se han redactado recientemente y con el trabajo y testimonio de las asociaciones de víctimas, permite que se pueda pasar de las palabras a los hechos, del conocimiento a
la acción, una tarea que la Iglesia está iniciando ya con voluntad de perdón y reconocimiento para con las víctimas y sus familias, y en la que como institución asume el deber que, individualmente, no puede ya ser exigido. A los poderes públicos
nos corresponde, les corresponde, una tarea aún mayor: la de atajar y eliminar este problema en todos los ámbitos, también en los que no aparecen reflejados en este informe.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.


Una vez terminado el debate, agradecemos de nuevo al defensor del Pueblo, a toda la comisión asesora y sobre todo a las víctimas y a las asociaciones de víctimas no solo su presencia aquí, sino especialmente su trabajo y su compromiso.
Muchísimas gracias. (Aplausos).

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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:


- REAL DECRETO LEY 6/2024, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE RESPUESTA ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA DEPRESIÓN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA) EN DIFERENTES MUNICIPIOS ENTRE EL 28 DE OCTUBRE Y EL 4 DE NOVIEMBRE DE
2024. (Número de expediente 130/000009).


La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por
la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.


Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando usted quiera.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Buenos días, señorías.


Subo a esta tribuna a solicitar el voto a favor de esta Cámara para la convalidación del Real Decreto Ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de
octubre y el 4 de noviembre de este año.


Agradezco de antemano la buena predisposición que tuvieron todos los grupos políticos con los que tuve la ocasión de reunirme un día antes de que se aprobara este real decreto ley y el apoyo que todos ellos me manifestaron por anticipado a
las medidas de ayuda que iba a adoptar el acuerdo. Creo que ese es el camino, el camino de la unidad y de resolver ahora las consecuencias tan terribles que ha tenido la DANA.


España, como saben todos ustedes, ha sufrido la peor DANA en lo que va de siglo, que ha afectado principalmente a la Comunidad Valenciana, a la provincia de Valencia y también a Andalucía, a Castilla-La Mancha y a Cataluña. Es el mayor
desastre natural de la historia reciente de nuestro país, y ha tenido como consecuencia más de doscientas víctimas mortales, varios desaparecidos e incontables daños materiales. Por eso, desde aquí, en nombre del Gobierno, mi recuerdo a todas esas
víctimas, y también nuestro cariño y nuestro afecto a todas las personas afectadas por la DANA y sobre todo a los que han perdido seres queridos. (Aplausos).


Ante esta situación de emergencia, la respuesta del Gobierno y del Estado fue inmediata. Desde el primer día se realizó el mayor despliegue, tanto humano como técnico, de efectivos sobre el terreno, tanto de las Fuerzas Armadas como de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que permitió realizar rescates, retirar una ingente cantidad de escombros y de vehículos, reparar kilómetros de carreteras y de vías ferroviarias y también distribuir suministros básicos a la población.
Pero sabemos que esto no es suficiente. El trabajo continúa y trabajaremos el tiempo que sea preciso.


Se está articulando ya un plan de respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana, que se basará en tres pilares: en primer lugar, la reacción inmediata en la que estamos ahora, y de la que forma parte
este real decreto ley para esa respuesta inmediata; en segundo lugar, la reconstrucción de las zonas afectadas; y en tercer lugar, el relanzamiento y la transformación del territorio ante la emergencia climática que afecta con intensidad a
regiones sobre todo mediterráneas. Tengan todos una cosa clara: el Estado y este Gobierno no dejará a nadie abandonado; la ayuda que se tenga que proporcionar para que los ciudadanos afectados recuperen su vida con normalidad, dentro de las
posibilidades, sobre todo para las personas que han perdido seres queridos, y todo lo que se tenga que hacer, se hará, y durará el tiempo que sea necesario y por la cuantía que sea precisa.


En este primer plan que presentamos hoy, este real decreto articula el primer paquete de medidas que, por valor de más de 10 000 millones de euros, se aprobaron por el Consejo de Ministros; y que alcanzará a personas, a empresas y a
administraciones. De manera sucinta, les relaciono el contenido de estas ayudas.


En primer lugar, ayudas por daños personales, en las cuales cuadruplicamos las previstas en la normativa vigente por fallecimiento, por incapacidad, por daños en enseres y en vivienda; y eliminamos -y esto es importante- los umbrales de
renta para poder acceder a las mismas. Se establecen 72 000 euros para fallecimientos e incapacidades, y una serie de cantidades en función de si la destrucción de la vivienda es total, tiene daños estructurales o no afecta a su estructura.
También se establecen ayudas para enseres de primera necesidad, incluyendo muebles y todo lo que hace habitable una vivienda.

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En segundo lugar, concedemos ayudas directas a pymes y autónomos, por valor de 838 millones de euros; 5000 euros de ayuda directa a los autónomos; 10 000 euros de ayuda directa a microempresas, es decir, de menos de un millón de euros de
facturación; y esas ayudas se pueden incrementar hasta los 150 000 euros en el caso de las empresas que tengan más de 10 millones de facturación.


En tercer lugar, también establecemos una serie de medidas fiscales para los afectados: no tendrán que pagar el IBI de los inmuebles durante el año 2024; se reduce el impuesto de actividades económicas; no pagarán tasas de Tráfico quienes
tengan que tramitar la baja de vehículos afectados; no tributarán por IRPF las ayudas que se concedan a los que hayan sufrido daños personales; se aplaza el segundo pago del IRPF hasta 2025, una medida que beneficia a 200 000 contribuyentes; y se
aplicará también una reducción del IRPF y del IVA para explotaciones y actividades agrícolas. También existe en este bloque un paquete para entidades locales, de tal manera que puedan destinar su superávit a financiar inversiones para reparar los
daños, y no se aplicarán tampoco sanciones por el incumplimiento de las reglas fiscales cuando dicho incumplimiento sea consecuencia de medidas destinadas a mitigar los efectos de la catástrofe.


En cuarto lugar, están las medidas en materia de Seguridad Social y de empleo: establecemos el aplazamiento o moratoria en el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social a empresas y autónomos; también se establece la prestación por cese
de actividad para aquellos autónomos que cesen en su actividad profesional como consecuencia de la DANA, sin necesidad de acreditar ni fuerza mayor ni tampoco período mínimo de cotización; y se incrementa un 15 % durante tres meses el ingreso
mínimo vital y las pensiones no contributivas, algo que ya se ha implementado y que está beneficiando a miles de afectados.


En quinto lugar, regulamos ayudas en el ámbito bancario, de tal manera que se suspende el pago de créditos, con y sin garantía hipotecaria, a los afectados por la DANA.


En sexto lugar, abordamos también ayudas a la Administración local, de tal manera que apoyemos a esos ayuntamientos que siguen todavía en primera línea de lucha contra los efectos que ha tenido la catástrofe. El Estado va a financiar el 100
% de los gastos de emergencia en los ayuntamientos en lugar del 50 % que dispone actualmente la norma; y así garantizaremos el suministro de agua potable, la evacuación, la retirada de lodos, el alojamiento, la alimentación de afectados y la
limpieza de vías, incluyendo la retirada de los enseres. También aprobamos una subvención del 50 % del coste para las obras que tengan que llevar a cabo los ayuntamientos para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios, incluyendo
carreteras, puentes, polideportivos y todo tipo de infraestructuras municipales.


En séptimo lugar, también adoptamos medidas en materia judicial, de tal manera que se suspenden plazos administrativos y judiciales, y se adoptan medidas para agilizar toda la actividad de notarios y registradores para los afectados, para
que puedan solicitar sus ayudas y certificar la ubicación de sus bienes inmuebles, todo de manera telemática, como ya se hizo con los afectados por la catástrofe del volcán de La Palma.


Por último, hay tres medidas en diferentes ámbitos que también quiero reseñar en esta intervención. Se aprueba una línea de avales por importe de 5000 millones de euros para financiar a entidades financieras, para que puedan estas ayudar a
la reconstrucción de hogares, empresas y autónomos. En segundo lugar, se establecen también medidas especiales para la gestión de residuos generados en la zona afectada que, como saben ustedes, equivalen a toneladas de lodo y de escombros. Y, por
último, reforzamos el régimen jurídico de Tragsa con la finalidad de flexibilizar su despliegue en las tareas de reconstrucción.


Termino ya, señora presidenta. Para seguir aplicando estas medidas de ayuda y el Plan de Respuesta Inmediata les pido hoy su voto favorable en esta Cámara. Les agradezco a todos de antemano su voluntad de colaboración, que la han mostrado
en las reuniones que tuve con todos ustedes, con la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, excepto uno, que no asistió. Quiero también poner de manifiesto que, en un momento como este, con una catástrofe natural de estas características y
de esta magnitud, es el momento de mandar un mensaje bien claro a aquellos sectores muy minoritarios y muy tóxicos de nuestra sociedad que intentan rentabilizar las desgracias, aprovecharse del sufrimiento y esparcir odio y desinformación: la
política funciona y las instituciones funcionan. Por tanto, nos hacemos cargo de los problemas y ayudamos a los ciudadanos que están afectados. Ese es el camino que ha trazado el Gobierno. Estoy convencido de que también será el camino que
tomarán ustedes con su voto afirmativo hoy a este real decreto ley.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García por un tiempo de tres minutos y medio. Cuando quiera. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa
la Presidencia).


La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días, señorías.


Señor ministro, como le dije en nuestra conversación telefónica, Coalición Canaria va a apoyar todas las medidas y todos los decretos que vayan encaminados a ayudar a todas las personas afectadas a volver a una vida un poco más normal de la
que están teniendo.


Tengo que decirle algunas cuestiones. Por un lado, observamos que hay medidas que se probaron insuficientes en La Palma y que se han corregido. Por ejemplo, pongo las referidas a las indemnizaciones por fallecimiento o pérdida de vivienda.
Pero hay otras que en La Palma ya generaron muchos problemas que siguen sin resolverse y vemos que en este decreto se mantienen de manera igual. Estoy hablando de la prueba de titularidad o residencia habitual para poder contar con ayudas en caso
de pérdida de vivienda. Aquí se nos quedan fuera los arrendatarios y los arrendadores. El propietario, porque no es vivienda habitual; y el inquilino, porque no puede probar la titularidad. Con lo cual, los tenemos, sobre todo al inquilino, en
una situación de desprotección y de imposibilidad de retomar su vida normal si el propietario tampoco puede acceder a las ayudas para reconstruir la vivienda o reponerla. Esto agrava de manera importante las dificultades que en materia de vivienda
ya tiene esa zona, a las que se añade un déficit importante de otras 6000 viviendas que en este momento harían falta para poder atenderlos.


Lo del 50 % en el daño estructural o en el daño no estructural le vale al que tiene un buen seguro. El que tiene un buen seguro puede complementarlo con la parte que falta para poder rehacer su casa, pero quien no tiene recursos, con el 50
% no puede reponer ni puede arreglar, que es lo que ha ocurrido en La Palma.


Nos alegra mucho que se haya eliminado el límite de ingresos que planteaba el Real Decreto 307/2005 que se aplicó hace siete meses a los vecinos de las zonas inundadas en distintas islas de Canarias, sobre todo Gran Canaria en el barrio de
San Cristóbal. Les voy a recordar lo que dice ese decreto: Las unidades familiares de dos personas tienen un límite de ingresos para poder acceder a una ayuda de 840 euros y las familias de tres o cuatro personas tienen un límite de ingresos para
poder acceder a una ayuda de 980 euros. ¿Esto qué significa? Que no han podido solicitar la ayuda, que no cuentan con ayuda. Yo les voy a pedir hoy aquí que a estas personas que hace siete meses se les aplicaba una restricción de un decreto de
2005 que no se puede comprender hoy en día, se les aplique también lo que hoy aprobamos, el no límite de ingresos para contar con una ayuda que les permita seguir adelante. El señor Bolaños no se encuentra ahora aquí, pero estoy segura de que
cualquiera de sus compañeros le dirá que exigimos que también se aplique esto a esas sesenta o setenta familias para que tengan los mismos derechos, porque no va a incrementar el gasto de lo que tenemos que hacer en Valencia.


Le felicito por la apuesta por la salud mental. En La Palma estuvimos con equipos de psicólogos voluntarios durante mucho tiempo. Aquí ya se prevé la dotación de equipos profesionales para atender la salud mental. La salud mental y la
vivienda son, sin duda, los dos grandes problemas que van a crecer a lo largo del tiempo después de la tragedia y que cada vez van a necesitar más recursos.


Finalizo. La gestión telemática para muchas personas es de una gran complicación. Si los ayuntamientos de las poblaciones afectadas no tienen equipos de profesionales, equipos dispuestos a atender a las personas y tramitarles las
solicitudes, muchos de ellos se verán con una barrera insalvable. Esto también es fundamental. Y no nos olvidemos de que hoy con 60 000 euros no se repone una vivienda.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.


Hoy el Gobierno nos trae un real decreto de medidas urgentes ante la catástrofe de la DANA de Valencia, que esperemos que no sea el único. En nombre de Podemos saludamos que se movilicen todos los recursos del Estado, y así es como se
tendría que haber hecho desde el primer momento. No nos vamos a cansar de decirlo, a lo mejor antes de este real decreto lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España habría sido declarar el estado de emergencia ante la gestión negligente y
homicida del señor Mazón. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España haya permitido que el presidente Mazón

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-que no le cogía el teléfono el día 29; que estuvo perdido en un restaurante, dice, o un reservado o tal vez en una alcoba durante cuatro largas horas en plena alerta roja; el presidente que no quiso aceptar la ayuda de la UME hasta la
cuarta llamada; el que cambia de versión día a día- (rumores) sea también el encargado de gestionar la situación hasta el día de hoy? ¿Cómo es posible que a este homicida, señorías del Partido Socialista, le ofrezcan un pacto para sacar adelante
los presupuestos en Valencia? Son preguntas que antes o después también ustedes tendrán que responder.


En cualquier caso, el Gobierno nos presenta un real decreto de medidas de respuesta ante los daños causados por la DANA que básicamente contempla medidas de flexibilización en los plazos tributarios, de los plazos de procedimiento en el
Catastro y exenciones en impuestos como el IBI. Seguramente son medidas muy necesarias para todos los ayuntamientos de las zonas afectadas, pero nos parece que todavía son insuficientes para atender a muchos vecinos y vecinas que no es que hayan
perdido su casa o su negocio, sino que directamente se les ha quebrado la vida.


Como saben, Podemos ha tenido reuniones con ustedes y les hemos planteado levantar un potente escudo social que cubra a todos los valencianos y valencianas afectados con tres medidas fundamentales. La primera, cancelar la deuda hipotecaria
y el pago de alquileres para todas las personas, los autónomos y las pymes que hayan perdido su casa de forma total o parcial y que no saben lo que va a ser de su vida en los próximos meses. La segunda, crear una renta básica universal para
garantizar unos ingresos suficientes a todas las personas afectadas el tiempo que sea necesario. Tercera, y lo más importante, realizar sanciones ejemplares a las empresas que obligaron a sus trabajadores a seguir currando en plena alerta roja;
empresas como Amazon y Mercadona deben pagar por lo que han hecho. Si Juan Roig, propietario de Mercadona, despide a un trabajador por comerse una croqueta caducada, ¿qué tenemos que hacer nosotros con Juan Roig por mandar a sus repartidores a
jugarse la vida? (Rumores). Señor Roig, en un país decente usted habría sido despedido fulminantemente y ya estaría de camino a un banquillo, acompañando al señor Mazón, porque eso de 'Mazón dimisión' ahora mismo no es suficiente, Mazón tiene que
sentarse en el banquillo de los acusados. Eso es lo que espera y desea Valencia entera, perder ya de vista a este mentiroso criminal indecente. (Rumores).


Sabemos que episodios como el de la DANA de Valencia van a ser cada vez más frecuentes, a consecuencia del cambio climático. Eso va a exigir cambios también en el modelo energético y productivo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Este real decreto puede ser importante en lo inmediato, pero necesitamos planes de adaptación más grandes y ambiciosos, y lo que menos necesitamos hoy es eliminar impuestos a las eléctricas y petroleras que más
contaminan y más contribuyen a la crisis climática.


Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Buenos días.


Como no puede ser de otra manera, quiero expresar, una vez más, mi solidaridad y la del grupo al que represento con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la DANA.


Ez naz eztabaida honetan luzatuko. Laguntza emotea eta proaktiboak izatea dagokigu. Eta danak kaltetutako pertsona guztiei laguntzea. Beraz, gaur laguntzea eta alferreko eztabaidak alde batera uztea tokatzen da.


No me voy a extender en este debate. Queremos que se dé ayuda, queremos ser proactivos, que es lo que nos corresponde, y nos corresponde ayudar a todas las personas que lo necesitan. Por lo tanto, hoy nos toca ayudar y evitar discusiones
absurdas e innecesarias.


Como consecuencia de la DANA, el Gobierno nos anunció un plan de respuesta para las zonas afectadas, una primera fase para dar respuesta a las necesidades más urgentes, una segunda fase de reconstrucción y una tercera para la transformación
del territorio. Hoy, convalidaremos el decreto enmarcado en esa primera fase para abordar las necesidades más urgentes, y es que las inundaciones provocadas por la DANA han tenido un impacto incalculable -pérdidas humanas y cuantiosos daños en
infraestructuras, viviendas, negocios o explotaciones agrarias- que ha obligado a actuar de forma

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inmediata a través de un paquete de medidas en dos decretos de 2024, el 6 y el 7. Hoy, convalidaremos el primero, el Real Decreto 6, para responder de manera rápida y eficaz a esta catástrofe mediante una combinación de ayudas directas,
beneficios fiscales y medidas sociales que buscan, por un lado, proporcionar alivio inmediato y recursos para la recuperación de los territorios y las personas afectadas; y, por otro, fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a eventos
climáticos extremos en el futuro.


El ministro ya ha dado cuenta de las medidas establecidas en este decreto y valoramos de forma positiva la amplia cobertura económica y social de estas, unas medidas que abarcan ayudas en materia de daños personales y vivienda, daños a
establecimientos mercantiles e industriales, ayudas directas a empresas y profesionales, exenciones y moratorias en la Seguridad Social para empresas y autónomos, línea de avales ICO y moratorias en préstamos hipotecarios y personales, flexibilidad
tributaria, protección social y laboral, así como ayudas a entidades y medidas medioambientales para minimizar el riesgo de futuras catástrofes.


En definitiva, un primer paquete de ayudas que representa un primer paso fundamental para que las personas que han sufrido las consecuencias de esta tragedia puedan ir recuperándose y también para la recuperación de ese territorio. Un
decreto, como he dicho, para dar respuesta inmediata, que se ha ajustado y se irá ajustando a la evolución de las necesidades de las zonas afectadas y a la casuística que pueda surgir de las nuevas situaciones. Un ejemplo de esta evolución lo
tenemos en el decreto 7, que se convalidará próximamente en esta Cámara.


Ante una situación extraordinaria, son necesarias también medidas extraordinarias. Hoy, seguramente habrá quien diga o piense que estas medidas no son suficientes o incluso que hay que añadir otras por situaciones nuevas o situaciones
sobrevenidas, pero para eso creo que tendremos tiempo a través de la fase de enmiendas, en la que espero que todos los grupos podamos aportar, ser útiles y abandonemos esas luchas partidistas, en beneficio de una ciudadanía que, no olvidemos, lo ha
perdido prácticamente todo. Hoy lo que toca, como se diría en la costa, es remar todos a una.


Beraz dekretu honen alde bozkatuko dugu.


Por lo tanto, votaremos a favor de este decreto.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on.


Buenos días, señorías.


Como ya manifestamos, apoyaremos este primer paquete de ayudas de urgencia para los afectados por la DANA. Y, como dijimos, tenemos absoluta disposición para apoyar y aprobar todas las medidas sociales, económicas, laborales y sanitarias
necesarias para ayudar a las personas afectadas y responder a las necesidades y peticiones del pueblo valenciano.


Este primer paquete de medidas viene a responder a estas necesidades, pero somos también plenamente conscientes de que no será suficiente, porque las necesidades de emergencia, ahora, y para la larga reconstrucción, después, necesitarán de
más medidas, de más alcance y de mayor profundidad. Porque, efectivamente, harán falta medidas para responder a las duras consecuencias a corto, medio y largo plazo, pero también harán falta medidas profundas para revertir las causas de estos
fenómenos meteorológicos extremos que estamos sufriendo cada vez con mayor frecuencia; medidas profundas para intentar frenar y después revertir la emergencia climática que azota a nuestras sociedades y provoca estas consecuencias catastróficas. Y
sí, sabemos que revertir una dinámica autodestructiva de décadas no será nada fácil. Pero debemos entender ya que, o tomamos conciencia de lo que supone el cambio climático, del riesgo que supone mantener la misma senda, la misma dinámica, el mismo
sistema económico y climático que hasta ahora o, quizá, sea demasiado tarde para intentarlo. Quizás sea demasiado tarde para revertir nada, simplemente porque no habrá forma de hacerlo.


Como he dicho, este será un proceso largo, por lo que, mientras tanto, deberemos ser capaces de reforzar los servicios públicos y reforzar y generar también nuevos mecanismos de prevención y actuación frente a estos episodios climáticos, que
cada vez ocurrirán más frecuentemente, con mayor fuerza y de manera más generalizada en todo el mundo, y también aquí, también en nuestros pueblos. Tendremos tiempo para analizar y para conocer a fondo el funcionamiento de todas las actuaciones,
los mecanismos y protocolos y de su implementación frente a emergencias como esta, para poder revisar lo que tenga que ser revisado, para cambiar lo que debe ser cambiado y asumir lo que tenga que ser asumido. Aunque es

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obvio también que, por muchos sistemas que existan, si estos no se aplican, si estos se desmantelan o si estos no se conocen, ocurre lo que ocurre. Porque tanto el peligroso negacionismo climático como la peligrosa ineptitud política e
incapacidad institucional ponen en peligro a la gente, y lo que hemos visto en Valencia es una conjunción de todo ello: negacionismo, incompetencia e ineptitud.


Como ya manifesté, serán el pueblo valenciano, sus representantes y fuerzas políticas y sociales quienes exigirán, como y cuando consideren oportuno, las responsabilidades que sean necesarias, pero nadie duda de que las habrá, y el
presidente Mazón, su Gobierno y los partidos que lo componen y sostienen deberán responder por todo ello.


Señorías, apoyaremos este decreto y las medidas de ayuda que contiene, pero queremos advertir de que les hará falta una supervisión extra del empleo de los fondos de este decreto, porque no quisiéramos pensar que parte de los casi 15 000
millones que deben ser dedicados a las personas afectadas para aliviar, aunque sea levemente, su dura situación, acabe en los bolsillos de empresarios y políticos; que estas ayudas, en vez de ser para rescatar personas, acaben siendo el nuevo
negocio del Partido Popular, porque solo ha pasado semana y media desde que se comenzaron a adjudicar ayudas y ya van dos contratos con condenados por corrupción y otros dos con cargos, amigos o excompañeros de gobernantes valencianos. Que nadie se
atreva a hacer también de una situación de emergencia su negocio.


Gaur onartuko ditugun neurriak ezinbestekoak dira valentziarrentzat eta danaren eraginez dena galdu dutenentzat. Lehen neurri-sortua hau gutxieneko lasaitasun eta babesa ematera dator etorkizuna beltz ikusten duten herritarrei. Eta gure
prestutasun osoa adierazi nahi dugu ziurtabetasunean bizi diren pertsonei ziurtasunak emateko ahalik eta azkarren. Ezin dutelako gehiago itxaron. Jakin badakigu dekretu hau ez dela nahikoa izango eta ziurrenik motz geratuko dela. Horregatik,
aurrerantzean ere neurri sakonagoak onartu beharko ditugu, kaltetuen beharrei eta eskaerei erantzuteko. Baita larrialdia, larrialdi klimatikoari ausardiaz aurre egiteko ere. Beste behin, Valentziako herriari gure sostengu osoa helarazten amaitu
nahi dut. Zuekin gaude. Eskerrik asko.


Las medidas que vamos a aprobar hoy son indispensables para las y los valencianos, para las personas que lo han perdido todo por culpa de la DANA. Este primer paquete de medidas viene a aportar un mínimo de tranquilidad y protección a todas
y todos esos ciudadanos y ciudadanas que ven el futuro muy oscuro, y por eso queremos expresar nuestra absoluta disposición para aportar certezas y seguridades a todas esas personas que viven en la inseguridad y aportarlas, además, lo más rápido
posible. Somos conscientes de que este decreto no va a ser suficiente y seguramente se quedará corto. Por eso creemos que de aquí en adelante deberemos aprobar medidas más profundas para responder a las necesidades y a las demandas de las personas
afectadas, pero también para enfrentar con valentía el cambio climático.


Para finalizar, querría manifestar de nuevo todo nuestro apoyo al pueblo valenciano. Tienen que saber que estamos con ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cruset Domènech.


El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.


En primer lloc, i abans d'anar al corpus de la meva intervenció, deixeu-me tornar a expressar, en nom del grup parlamentari de Junts, el nostre suport i solidaritat amb la ciutadania del País Valencià. També és just reconèixer l'enorme
capacitat de superació dels afectats i l'existència d'un esperit col·lectiu que hauria de fer reflexionar als líders polítics implicats en aquest desastre. És igualment destacable l'onada de solidaritat global, que es va activar des del primer
moment per col·laborar i oferir suport tècnic, logístic i material, una iniciativa altruista nascuda de la necessitat vital, sociològica d'ajudar-nos els uns als altres davant de grans amenaces.


En aquest sentit, Catalunya es va mobilitzar des del primer moment massivament per posar al servei dels nostres germans del País Valencià tots els nostres recursos i la nostra solidaritat. Però lamentablement, tota aquesta onada va topar
amb una descoordinació evident i una manca flagrant de capacitat de gestió per part dels responsables públics, tots, uns i els altres. I és més, el Govern valencià del Partit Popular, lluny d'aprofitar aquest suport que li arribava des de casa
nostra i des d'altres llocs, el va rebutjar. I va fer-ho, a més a més, en els moments més crítics de la crisi, quan cada segon sense actuar minorava dràsticament la probabilitat de salvar més persones.

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Per exemple, ¿ens poden explicar per què un equip complet del cos d'elit dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, medicalitzat i amb helicòpter de rescat, experts en intervenir sobre el terreny en catàstrofes com aquesta, va haver de
girar cua quan ja estaven viatjant cap a les poblacions afectades per la negativa del govern del País Valencià, el govern del Partit Popular? Aquesta, com tantíssimes altres actuacions sense sentit, són absolutament inconcebibles i tant els
ciutadans com els jutjats ja parlaran del que implica deixar la gent desprotegida en moments crítics i d'extrema necessitat només perquè l'ajuda venia de Catalunya.


Però és evident que aquesta incapacitat d'atendre..., d'entendre l'emergència que es va viure a la curta distància al País Valencià també es va repetir a centenars de quilòmetres del desastre amb un govern de l'Estat que només pensava en el
rendiment polític de la situació i en aprofitar el desastre per treure militars al carrer i recentralitzar competències. Una mostra d'això, la d'uns i la dels altres, que aquest, el seu Estat espanyol, és un estat fallit on la política tòxica dels
dos grans blocs emmetzina tots els nivells i no respecta ni tan sols els moments més dolorosos i de major transcendència.


Confrontació entre blocs, atacs viscerals, desgast constant, ús de les institucions i dels pressupostos públics per interès electoralista, aprofitament de les desgràcies dels altres per laminar el prestigi polític dels adversaris. Vergonya,
senyors, vergonya! Ni en el pitjor moment poden deixar de pensar en sagnar els seus adversaris? Just es començava a conèixer la magnitud de la tragèdia i aquí mateix, en aquest hemicicle, vostès, uns i altres, es tiraven pel cap el reglament de la
cambra per veure si calia aturar o no la sessió que estava en marxa, calibrant què els convenia més per capitalitzar uns majors resultats polítics.


¿I s'estranyen perquè des de Junts per Catalunya creiem fermament que no ens sentim part d'aquest circ i que el nostre país només té futur fora d'aquest estat fallit que és Espanya? S'estranyen d'això? I ara alguns diran: 'Sí', però
després de tot aquell desconcert i aquell desastre, va arribar aquest reial decret que avui volem convalidar, amb ajuts pels ciutadans i que gràcies a ells els diners arribaran a cabassos a la zona afectada. Perdó? Aquest Reial decret potser
reparteix els diners de vostès? El seu patrimoni personal és el que donaran als ciutadans afectats. És evident que no, n'hi ha de ser així. Aquest Reial decret mobilitza recursos públics obtinguts a partir d'allò que paguen, que paguem els
ciutadans, tots, del primer a l'últim, i que, òbviament han de servir, com no pot ser d'una altra manera, per ajudar als afectats per la DANA. Faltaria més que no fos així.


Però, a més a més d'això, ara tenen una obligació més. Aquest cop no deixin que la burocràcia es mengi els temps i els recursos. No permetin que els papers, els tràmits, els certificats i les justificacions minorin la capacitat d'ajuda
dels recursos econòmics d'aquest Reial decret. Les famílies i empreses que ho han perdut tot no necessiten formularis interminables. Necessiten una resposta urgent i directa.


Per tant, això no va d'enviar militars a sobre del terreny. Això no va de fer-se fotografies. Això no va de posar funcionaris a redactar procediments. Això no va de presumir d'haver mobilitzat els recursos econòmics de tots. Això no va
de passejar-se amb el rei mentre juguen a veure qui aguanta més la pressió a peu de carrer. Això va d'humanitat. Això va de posar-se al costat de la gent que tant ha patit i està patint. Això va de arromangar-se i fer la feina. Això va de fer
les coses bé i ràpid. Això va, també, de fer tot el que calgui perquè no es repeteixin errors tan flagrants com els que hem viscut en aquesta crisi.


Això va, definitivament, d'exercir la política en la seva essència, amb generositat, amb solvència i amb vocació de servei, que és el que al País Valencià aquests dies tant i tant s'ha trobat a faltar.


Moltíssimes gràcies.


Muchas gracias, presidente.


En primer lugar, y antes de entrar en el corpus de mi intervención, permítanme que vuelva a expresar el nombre del Grupo Parlamentario Junts nuestro apoyo y solidaridad con la ciudadanía del país valenciano. Junts reconoce la enorme
capacidad de superación de los afectados y la existencia de un espíritu colectivo que tendría que llevar a reflexión a los líderes políticos implicados en este desastre. Es igualmente destacable la ola de solidaridad global que se activó desde el
primer minuto para colaborar y ofrecer apoyo técnico, logístico y material. Una iniciativa altruista nacida de la necesidad vital sociológica de ayudarnos unos a otros ante grandes amenazas. En este sentido, Cataluña se movilizó desde el primer
momento de forma masiva para poner al servicio de nuestros hermanos del país valencià todos nuestros recursos y nuestra solidaridad, pero, lamentablemente, toda esta ola topó con una descoordinación evidente y una ausencia flagrante de
responsabilidad por parte de los responsables públicos; todos, unos y otros. Es más, el Gobierno valenciano del Partido Popular, lejos de aprovechar el apoyo que le llegaba desde nuestra casa y desde otros lares, lo rechazó, y lo hizo, además, en
los momentos más críticos de

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la crisis, cuando cada segundo sin actuar reducía drásticamente la posibilidad de salvar a más personas. Por ejemplo, ¿nos pueden contar por qué un equipo completo del cuerpo de élite de los bomberos de la Generalitat, medicalizado y con
helicóptero de rescate, expertos en intervención sobre el terreno en caso de catástrofes como estas, tuvo que dar media vuelta cuando ya se estaban desplazando a las poblaciones afectadas por la negativa del Gobierno del país valencià, el Gobierno
del Partido Popular? Esta, como tantas muchas otras actuaciones sin sentido, son absolutamente inconcebibles y tanto la ciudadanía como los juzgados ya dirán lo que supone dejar a la gente desprotegida en momentos críticos y de extrema necesidad
solo porque la ayuda procedía de Cataluña.


Pero es evidente que esta incapacidad de entender la emergencia que se vivió en la corta distancia en el país valencià también se repitió a cientos de kilómetros del desastre, con un Gobierno del Estado que solo pensaba en el rédito político
de la situación y aprovechó el desastre para sacar militares a la calle y recentralizar competencias. Una muestra de ello, de unos y otros, de que este Estado español es un Estado fallido donde la política tóxica de los dos grandes bloques envenena
todos los niveles y no respeta ni siquiera los momentos más dolorosos y de mayor trascendencia. Confrontación entre bloques, ataques viscerales, desgaste constante, uso de las instituciones y de los presupuestos públicos por interés electoralista,
aprovechamiento de las desgracias de otros para laminar el prestigio político del adversario. Vergüenza, señores, vergüenza. Ni en el peor momento pueden dejar de pensar en sangrar a sus adversarios. Justo cuando se empezaba a conocer la magnitud
de la tragedia, aquí mismo, en este hemiciclo, ustedes, unos y otros, se recriminaban si era necesario parar la sesión en marcha. ¿Qué más necesitan para capitalizar unos mayores resultados políticos?


Se extrañan de que en Junts per Catalunya creamos firmemente que no formamos parte de este circo y que nuestro país solo tiene futuro fuera del Estado fallido que es España. Les sorprende esto y ahora algunos dirán, sí, pero después de todo
el desconcierto y de todo el desastre llegó este real decreto que hoy queremos convalidar con ayudas para la ciudadanía y que gracias a ellos el dinero llegará en grandes cantidades a las zonas afectadas. Perdón, ¿este real decreto quizá reparte su
dinero?, ¿su patrimonio personal es el que van a donar ustedes a las personas afectadas? Es evidente que no ni así tiene que ser, el real decreto moviliza los recursos públicos obtenidos a partir de lo que paga -pagamos- la ciudadanía -todos, del
primero al último- y que tienen que utilizarse, como no podría ser de otra forma, para ayudar a los afectados por la DANA. No es concebible que fuera de otro modo, pero ahora tienen una obligación más. Esta vez no dejen que la burocracia se coma
los tiempos y los recursos. No permitan que los papeles, los trámites, certificados y justificaciones minoren la capacidad de ayuda de los recursos económicos de este real decreto. Las familias y las empresas que todo lo han perdido no necesitan
formularios inacabables, necesitan una respuesta urgente y directa.


Por lo tanto, esto no va de enviar militares sobre el terreno, esto no va de sacarse fotografías, esto no va de poner a funcionarios a redactar procedimientos, tampoco va de presumir de haber movilizado los recursos económicos de todos, esto
no va de pasearse con el rey mientras juegan a ver quién aguanta más la presión a pie de calle. Esto va de humanidad, esto va de ponerse al lado de la gente que tanto ha sufrido y sigue sufriendo, esto va de arremangarse y hacer bien las cosas y
hacerlo rápido. Esto va también de hacer todo lo que sea necesario para que no se repitan errores tan flagrantes como los que hemos vivido en esta crisis. Esto va, definitivamente, de ejercer la política en su esencia, con generosidad, solvencia y
con vocación de servicio, que es lo que el país valenciá estos días tanto y tanto ha echado de menos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia. Gràcies, senyora presidenta. Perdó, senyor president.


Avui vull començar expressant el condol més sincer i la solidaritat més gran del grup republicà amb les víctimes de la DANA al País Valencià. Aquesta tragèdia ha deixat una empremta devastadora en vides humanes, en infraestructures, en
l'economia d'una zona clau del nostre territori. No entrarem, a diferència d'altres, no entrarem ara en el debat sobre les responsabilitats polítiques que hi pugui haver darrere d'aquesta catàstrofe, encara que algunes d'elles siguin clares i, fins
i tot, criminals. Temps tindrem per a exigir responsabilitats de tota classe.


Ara toca reconstruir la vida de les persones afectades i assegurar-nos que reben el suport que necessiten. Les víctimes no poden esperar. El Reial decret llei introdueix diverses mesures per mitigar els

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danys causats per la DANA. Aquestes accions són un pas important per afrontar les conseqüències de la catàstrofe. En destaquem algunes que celebrem. En destaquem les ajudes directes per a persones físiques amb danys personals i materials
en habitatge i béns i per a empreses i autònoms. Destaquem les excepcions a l'impost de béns immobles i les reduccions en l'impost sobre les activitats econòmiques, l'ampliació de terminis en la declaració de la renda per als afectats, l'exempció
de les ajudes rebudes en danys personals, la tributació a l'IRPF, l'exoneració de la cotització a la Seguretat Social, les possibilitats de sol·licitar ERTO per força major, les prestacions per cessament d'activitat dels autònoms afectats sense
períodes mínims de cotització, les línies de finançament i crèdits, les mesures en matèria d'habitatge com la reparació, la rehabilitació i la reconstrucció d'habitatges afectats, les moratòries en el pagament d'hipoteques o l'adquisició
d'habitatges per als damnificats. Aquestes iniciatives que porta el Govern en aquest Reial decret són bones i les valorem. I les valorem encara que algú a vegades no entengui què valorem i què no valorem, però les valorem.


No obstant això, des del Grup Republicà, volem contribuir a millorar-les. Podem contribuir a millorar-les. L'impacte del desastre és enorme econòmicament i socialment. Els aiguats han afectat a més de 60 municipis al País Valencià, amb
una gran concentració de treballadors i treballadores i un pes econòmic que representa el 22 % del PIB valencià. Parlem de milers de famílies que ho han perdut tot, absolutament tot. Les primeres estimacions apunten a l'impacte econòmic, que
podria superar el 0,5 % del PIB estatal i pràcticament el 25 % o el 22 % del PIB valencià.


Per aquest motiu, tot i reconeixent les mesures positives del Reial decret llei, des del grup republicà, considerem que cal fer una passa més. És imprescindible fer-la. Cal. Proposem: incrementar les ajudes directes als autònoms més
enllà dels 5000 euros. Ampliar la dotació per a la reparació d'habitatges més enllà dels 60 000 euros màxims previstos. Revisar el sostre de dèficit de la regla de despesa, especialment per als ajuntaments, que són actors clau per a la
reconstrucció, no pot haver aquí un sostre de despesa. Regularització immediata de les persones migrants en situació administrativa irregular, perquè també puguin accedir a les ajudes i als drets. Moratòria en desnonaments i execucions
hipotecàries. Suspensió mínima de dos anys per als afectats. Reforç del suport psicosocial finançat per la Seguretat Social. Mesures per protegir els treballadors i assegurar l'ocupació. S'han fet algunes i algunes molt bones i valorem, com la
vinculació dels ERTO al manteniment efectiu de l'ocupació.


Ara, proposem obligar el manteniment de la plantilla durant 24 mesos després de l'ERTO. Un pla d'ocupació, un pla d'ocupació específic per a les dones, ocupació directa amb tasques de reconstrucció i manteniment. Fer permanents els
impostos dels beneficis extraordinaris a energètiques i banca. Hi ha gent que això no ho entén. Demana sempre demana sempre ajudes, ajudes i ajudes i ajudes, i en canvi, no vol pagar mai impostos sobre beneficis. Curiós això. Doncs com ho
pagarem doncs? Impost sobre beneficis. I evidentment, aquests beneficis han d'anar..., perfectament poden ser compatibles amb aquelles ajudes a aquells projectes industrials que serveixin a la descarbonització del país i, evidentment, a combatre
també el canvi climàtic. I això hi ha qui no ho entén i li encanta barrejar i fer la tinta del calamar. I és una gran hipocresia i una gran roïnesa fer-ho.


Fer permanents tots aquests impostos. Revisar figures impositives com l'IVA de luxe i els impostos sobre el transport aeri, i incloure també, -i aquí a vegades també s'obliden alguns- de la zona nord del País Valencià o el sud de Catalunya,
o el que és el mateix, el Delta de l'Ebre. Cal, urgeix un pla integral de protecció del Delta de l'Ebre que contempli la gestió dels sediments i la creació de barreres naturals. És urgent i potser arriben tard per a aquesta zona que tant estimo.


I una reflexió final. És una reflexió final, que ningú es trenqui les vestidures abans d'hora perquè a algú li sonarà això... bé, la seva estretor mental potser li explota. Cal una resposta. Una resposta molt més ambiciosa contra el
canvi climàtic. El canvi climàtic, senyores i senyors, no és un fenomen natural o no només és un fenomen natural. El canvi climàtic és el resultat d'un sistema capitalista desbocat, que promou la sobreexplotació del planeta, l'especulació
immobiliària, el malbaratament energètic. Parlar d'ecologia sense abordar aquestes causes no és ecologisme, és jardineria, amics.


Per això comencem a reflexionar sobre... Comencem a reflexionar sobre si cal nacionalitzar les empreses que gestionen recursos naturals per evitar que els benefici privat dicti el futur del planeta. Comencem a reflexionar sobre això. No
us trenqueu aquí, no tingueu prejudicis. Reflexionem sobre això. Si es pot fer negoci sobre l'aigua, sobre el petroli i sobre recursos que són de tothom.


I acabo reiterant... Poseu les llums llargues, poseu les llums llargues. És una reflexió només, una reflexió. I acabo reiterant el compromís del grup republicà per treballar constructivament en aquesta resposta. Aquesta tragèdia és una
oportunitat per construir polítiques políticament més justes i sostenibles

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amb el focus posat en les persones i no en els beneficis. Les víctimes de la DANA mereixen una resposta a l'altura. No podem defraudar-les. I el grup republicà, com no pot ser d'una altra manera, posarà sempre a disposició dels nostres
set vots perquè això així sigui.


Moltes gràcies.


Buenos días. Gracias, señor presidente.


Hoy quiero empezar expresando el más sentido pésame del Grupo Republicano con las víctimas de la DANA en el país valencià. Esta tragedia ha dejado una impronta devastadora en vidas humanas, infraestructuras y la economía de una zona clave
de nuestro territorio. No vamos a entrar, a diferencia de otros, ahora en el debate acerca de las responsabilidades políticas que pudiera haber tras esta catástrofe, aunque algunas de ellas sean claras e incluso criminales. Tiempo tendremos para
exigir responsabilidades de toda clase. Ahora toca reconstruir la vida de las familias afectadas y asegurarnos de que reciben el apoyo que necesitan. Las víctimas no pueden esperar.


El real decreto ley introduce varias medidas para mitigar los daños ocasionados por la DANA. Estas acciones son un paso importante para afrontar las consecuencias de la catástrofe y quisiera destacar algunas que celebramos. Destacamos las
ayudas directas para personas físicas con daños personales y materiales en daños a la vivienda y bienes, y para empresas y autónomas también destacamos las exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles y las reducciones en el impuesto sobre
actividades económicas; la ampliación de plazos en la declaración de la renta para afectados, la exención de las ayudas recibidas por daños personales en la tributación del IRPF, la exoneración de la cotización en la Seguridad Social, posibilidad
de ERTE por causa mayor, prestaciones por actividad de autónomos afectados sin periodos mínimos de cotización, líneas de financiación y créditos, medidas en materia de vivienda, como la reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas
afectadas o las moratorias en el plazo del pago de hipotecas y adquisición de viviendas para los damnificados. Estas iniciativas que incluye el Gobierno en el real decreto son buenas y las valoramos, aunque alguien a veces no entienda qué es lo que
valoramos y lo que no.


No obstante, en el Grupo Republicano queremos contribuir a mejorarlas, pretendemos mejorarlas. El impacto del desastre es enorme económica y socialmente. Los aguaceros han afectado a más de sesenta municipios en el país valencià, con una
gran concentración de trabajadores y trabajadoras y un peso económico que representa el 22 % del PIB valenciano. Hablamos de miles de familias que lo han perdido todo, absolutamente todo. Las primeras estimaciones apuntan a un impacto económico
que podría superar el 0,5 % del PIB estatal y prácticamente el 22 % del PIB valenciano. Por este motivo, a pesar del reconocimiento de las medidas positivas del real decreto ley, desde el Grupo Republicano consideramos que hay que ir un paso más
allá. Es imprescindible hacerlo, es necesario. Proponemos aumentar las ayudas directas a los autónomos más allá de los 5000 euros, ampliar la dotación para la reparación de viviendas más allá de los 60 000 euros máximos previstos, revisar el techo
de déficit en la regla de gasto, especialmente para los ayuntamientos, que son actores clave en la reconstrucción -aquí no puede haber un techo de gasto-; regularización inmediata de las personas migrantes en situación administrativa irregular para
que también puedan acceder a las ayudas y a los derechos, moratoria en desahucios y ejecuciones hipotecarias, suspensión mínima de dos años para los afectados, refuerzo del apoyo psicosocial financiado por la Seguridad Social, medidas para proteger
a los trabajadores y garantizar el empleo.


Ha habido algunas, algunas de ellas son muy buenas; veremos cómo el vínculo contribuye al mantenimiento operativo del sector. Pero proponemos reforzar el mantenimiento de la plantilla en veinticuatro meses más allá del ERTE, un plan de
empleo específico para las zonas, empleo directo en tareas de reconstrucción y mantenimiento, hacer permanentes los impuestos energéticos y para bancos. Esto hay gente que no lo entiende, siempre piden ayudas y más ayudas, pero nunca quieren pagar
impuestos sobre beneficios. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a pagar entonces? Impuestos sobre beneficios, pero, evidentemente, estos beneficios pueden ser perfectamente compatibles con aquellas ayudas a proyectos industriales que sirvan para
descarbonizar el país y luchar contra el cambio climático. Pero esto hay gente que no lo entiende y le encanta mezclar las cosas y jugar a la tinta del calamar; esto es de gran hipocresía y resulta peligroso. Además, revisar figuras impositivas,
como el IVA del lujo o el impuesto sobre el transporte aéreo, incluir también -y esto es algo de lo que algunos se olvidan- la zona norte del país valencià o el sur de Cataluña o, lo que es lo mismo, el delta del Ebro. Es necesario, urge un plan
integral de protección del delta del Ebro que contemple la gestión de los sedimentos y la creación de barreras naturales, y quizás llegamos tarde para esta zona que tanto amo.

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Y una reflexión final; es una reflexión final, pero que nadie se rasgue las vestiduras antes de hora, porque para alguien, en su estrechez mental, puede que le explote. Necesitamos una respuesta mucho más ambiciosa contra el cambio
climático. Cambio climático, señoras y señores, no es solo un fenómeno natural; el cambio climático es el resultado de un sistema capitalista desbocado, que promueve la sobreexplotación del planeta, la especulación inmobiliaria, el malgasto de la
energía. Hablar de ecología sin abordar estas causas no es ecología, es jardinería, amigos. Por eso, reflexionemos ya sobre si necesitamos nacionalizar empresas que gestionan recursos naturales para evitar que el beneficio privado dicte el futuro
de nuestro planeta. Reflexionemos sobre esto, no tengan ustedes prejuicios. Reflexionemos sobre esto, si se puede hacer negocios sobre el agua o el petróleo. ¿Son recursos o son de todo el mundo?


Y ya termino, ahora con las luces largas -por favor, es una reflexión-. Acabo reiterando el compromiso del Grupo Republicano por trabajar constructivamente en esta respuesta. Esta tragedia es una oportunidad para construir políticas
públicas más justas y sostenibles, que pongan el foco en las personas, y no en los beneficios. Las víctimas de la DANA se merecen una respuesta a la altura. No podemos defraudarlas, y el Grupo Republicano, como no puede ser de otro modo, pondrá
siempre a su disposición sus siete votos para que así sea.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor González López.


El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Senyories, com a valencià hui, per a mi no és una intervenció fàcil. Aquestes últimes setmanes hem sentit una barreja estranya d'emocions: ràbia, tristesa, dolor, esperança. A més, ahir vam veure un espectacle
molt lamentable a aquest hemicicle. Però hui, si volen, poden vostès estar a la altura de la historia.


Miren, fa unes setmanes, mentre Carlos Mazón donava excuses del que és inexcusable, més víctimes apareixien en les aigües de l'Albufera. No ens podíem creure la magnitud de la tragèdia. Començàvem a quantificar les milers de famílies que
ho havien perdut tot: cases, empreses, cotxes, treball. Milers de valencians i valencianes als qui els governs no van a poder tornar-los el que han perdut, però sí que podem, també en este òrgan, posar solucions. Perquè ells esperen de nosaltres
eficàcia. Sí, ficar tots els mitjans econòmics i humans per a que la vida puga renàixer del fang, per a que aquestes institucions que xafem facen el que tinguen que fer i no miren cap a altre costat.


La política, aquesta institució ha estat creada per a solucionar els problemes de la gent, no per a ignorar-los. L'estat ha de ser el garant del bé comú, del servei per a les persones. Per això cal donar la importància a tindre un estat
fort, un servei públic a l'altura de les circumstàncies, un estat del segle XXI. I per això també cal una fiscalitat on els que més tenen puguen sostindre els que menys.


Senyories, hui no convalidem un simple decret llei. El que tenim davant nostre és un pacte amb la dignitat d'un poble que s'ha hagut d'alçar davant la inacció d'un govern autonòmic. S'ha alçat d'una forma valenta i exemplar i malgrat que
haguérem preferit que la solidaritat no haguera fet falta, és l'única cosa bonica que hem après de la DANA. Aquesta onada de treball voluntari i solidaritat ens confirma que el poble valencià no és com els seus governants.


Hui, com a representant polític del meu poble, vull dir que aquest hemicicle té l'oportunitat de fer història no sols amb paraules, sinó amb fets. El decret llei que debatem respon a la tragèdia que va assolir principalment al País
Valencià, també a Castella-La Manxa, Andalusia, Catalunya, Illes Balears i Aragó entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre, i aborda un primer paquet d'ajudes per a 78 municipis, per a milers de veïns i veïnes, principalment valencians i valencianes,
moltíssimes empreses.


Parlem d'una conseqüència del canvi climàtic que és una realitat i que va accelerar-se i a fer-se cada vegada pitjor; un canvi climàtic que alguns a este hemicicle encara neguen i que l'evidència científica deixa molt clar. Però,
senyories... Però, senyories, l'esforç col·lectiu de la ciutadania no és suficient. L'estat ha de ser el garant que l'abandonament del Partit Popular no empitjore encara més la tragèdia.


Aquest decret llei no és només un text legal, és una eina de reparació i justícia. I vull destacar alguns dels punts que arreplega. Ajudes directes a les víctimes i les seues famílies que quadrupliquen les previstes en normatives
anteriors, incloent fins a 72 000 euros per persona i fins a 60 480 per a reconstrucció d'habitatges destruïts. Mesures fiscals com l'exempció de IBI i l'IAE. Eliminació de franquícies d'assegurances per a pimes afectades. Liquiditat per a
empreses i autònoms, amb ajudes de fins a 150 000 euros i moratòries legals per a crèdits hipotecaris. Pla urgent de reallotjament i construcció d'habitatges assequibles, incloent la mobilització de sòl públic i recursos de l'Estat.

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No parlem sols de pal·liar danys. Parlem d'un compromís amb els drets fonamentals de les persones afectades: el dret a l'habitatge, a l'ocupació, a la dignitat i un decret que demostra que en este cas el govern de l'Estat està a l'altura i
ho ha de continuar estant, i així ho exigirem. Unes ajudes que exigim i demanem que siguen àgils i que tinguen tots els mecanismes de l'estat, les administracions autonòmiques i municipals per a que apliquen ràpid i siguen un salvavides en aquests
moments difícils per a tantes famílies. Aquest decret també honra els servidors públics, els qui encara s'estan deixant la pell i segueixen allà treballant, els 7500 efectius militars, els 10 000 policies i guàrdies civils, els bombers sanitaris,
les brigades forestals, els milers de ciutadans que van respondre amb solidaritat, a les comunitats de veïns i veïnes, els partits polítics, associacions, als regidors i regidores i alcaldes que s'han desviscut per la seua gent, als voluntaris i als
servidors públics, que sens dubte han sigut el major desplegament de les forces de l'Estat en temps de pau de la nostra història.


I, miren, igual que milers de joves, em vaig allistar com un voluntari junt a companys i companyes que es van llançar al fang i a l'aigua amb una determinació que no entén de colors ni de fronteres, que sols entén d'empatia i d'estima cap a
l'altre. I el que vaig veure no ho oblidaré en la vida. Vaig veure comunitats abraçant-se enfront de la catàstrofe amb valentia i humanitat. Fer allò que el govern autonòmic no va fer o va tardar en fer. Allí vaig veure el millor de la nostra
societat: la empatia i la solidaritat. Els valencians hem tret el fang colze a colze amb la gent del poble del costat, amb les entitats falleres dels nostres barris, amb els policies locals vinguts de l'altra punta del país i també amb els
nouvinguts i nouvingudes del Marroc, de l'Equador, de la Xina, amb aquells que vingueren de lluny fa temps i trobaren una llar al País Valencià. Els vaig vore traient el fang amb totes les seues forces, perquè el nostre país també és el seu, tot i
la criminalització lamentable i els bulos d'alguns.


També vull destacar el paper dels joves. Sí, els joves que alguns sempre infatilitzen en aquesta càmera, els jóvens que ens han donat una gran lliçó. Qui parlava de generació de vidre? Tenim futur amb tota aquesta gent, amb una generació
de ferro que ha donat una lliçó que mai oblidarem. Vaig veure un poble que lamentablement va haver de suplir en eixos primers moments a una institució. Miren, aquest futur passarà necessàriament per la superació de la incompetència d'un govern
autonòmic que no va estar a l'altura, ni abans, ni durant ni després de la DANA, d'un president que és la vergonya dels valencians i les valencianes, ni va avisar ni va pal·liar, que no va estar disponible en el moment més transcendental de la
història del nostre poble, que no va moure un dit fins que ja era molt tard.


Senyories, aquest decret és només el començament, el primer pas en un llarg camí de reparació. Fan falta molts més. I per això demane en aquesta cambra consens, sí, consens, estar a l'altura de les circumstàncies i els exigim al govern
pal·liar el que la incompetència del Partit Popular ens ha portat. Dos-centes vin-i-set vides es van apagar. Hui som ací per a honrar-les, per a demostrar que aquest país no oblida, que no deixem a ningú enrere.


Aprovem aquest decret amb la convicció que cada mesura presa serà un esglaó cap a la recuperació i la justícia, perquè al final el que quedarà de tot açò serà la història de com vam eixir més fortes d'aquesta tragèdia i qui va estar a
l'altura i qui no aquests dies.


Moltes gràcies.


Señorías, como valenciano, hoy para mí no es una intervención fácil. Estas últimas semanas hemos sentido una mezcla extraña de emociones: rabia, tristeza, dolor, esperanza. Además, ayer vimos un espectáculo muy lamentable en este
hemiciclo. Pero hoy, si quieren, ustedes pueden estar a la altura de la historia. Hace unas semanas, mientras Carlos Mazón daba excusas sobre lo que es inexcusable, aparecían más víctimas en las aguas de la Albufera. No nos podíamos creer la
magnitud de la tragedia y empezábamos a cuantificar las familias que lo habían perdido todo: casas, empresas, coches, trabajo; miles de valencianos y valencianas a los que los Gobiernos no van a poder devolverles lo que han perdido, pero a los que
sí podemos también en este órgano dar soluciones, porque esperan de nosotros eficacia, sí, poner todos los medios económicos, humanos para que puedan ir recuperando la vida y que estas instituciones hagan lo que tienen que hacer, que no miren hacia
otro lado. La política, esta institución se han creado para solucionar los problemas de la gente, no para ignorarlos. El Estado ha de ser garante del bien común y el servicio a las personas. Por eso hay que dar importancia a tener un Estado
fuerte, un servicio público a la altura de las circunstancias, un Estado del siglo XXI. Y para eso hace falta también una fiscalidad con la que los que más tienen puedan sostener a los que menos tienen. (Aplausos).


Señorías, no convalidamos hoy un simple decreto ley. Lo que tenemos ante nosotros es un pacto por la dignidad de un pueblo que ha tenido que levantarse ante la inacción de un Gobierno autonómico de una

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manera valiente, ejemplar. Aunque hubiéramos preferido que no hiciera falta la solidaridad, es lo único bonito que hemos aprendido de la DANA. Esta oleada de trabajo voluntario y de solidaridad nos confirma que el pueblo valenciano no es
como sus gobernantes. Hoy, como representante político de mi pueblo, quiero decir que este hemiciclo tiene la oportunidad de hacer historia no solo con palabras, sino con hechos, y que el decreto ley que debatimos responda a la tragedia que asoló
principalmente al país valenciano pero también en Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Islas Baleares y Aragón entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Este decreto aborda un primer paquete de ayudas para setenta y ocho municipios, para
miles de vecinos y vecinos valencianos y valencianas principalmente, para muchísimas empresas, y hablamos de una consecuencia del cambio climático, que es una realidad y que va a acelerarse y a ser cada vez peor, un cambio climático que algunos en
este hemiciclo aún niegan pero que la evidencia científica deja clarísimo. (Aplausos).


Pero, señorías, el esfuerzo colectivo de la ciudadanía no es suficiente, el Estado ha de ser el garante para que el abandono del Partido Popular no empeore aún más la tragedia. Este decreto ley no es solo un texto legal, es una herramienta
de reparación y justicia, y quiero destacar algunos de los puntos que recoge: ayudas directas a las víctimas y familias, que cuadruplican las previstas en normativas anteriores, incluyendo hasta 72 000 euros por persona y hasta 60 480 para la
reconstrucción de viviendas destruidas; medidas fiscales para exención de IBI e IAE; eliminación de franquicias de seguros para las pymes afectadas, liquidez para empresas y autónomos, ayudas de hasta 150 000 euros en moratorias legales para
créditos hipotecarios, plan urgente de realojamiento y construcción de viviendas asequibles, incluyendo la movilización de suelo público y recursos del Estado. No hablamos solo de paliar daños, sino de un compromiso con los derechos fundamentales
de las personas afectadas, el derecho a la vivienda, al empleo, a la dignidad; hablamos de un decreto que demuestra que en este caso el Gobierno del Estado está a la altura, y ha de continuar estándolo y así lo exigiremos. Son ayudas que exigimos
y pedimos que sean ágiles y que contengan todos los mecanismos del Estado, de las administraciones autonómicas y municipales para que se apliquen rápido y sean salvavidas en estos momentos difíciles para tantas familias.


Y este decreto también honra a los servidores públicos, a los que aún se están dejando la piel y siguen allí trabajando: 7500 efectivos militares, 10 000 policías, guardias civiles, bomberos, sanitarios, brigadas forestales, miles de
ciudadanos que respondieron con solidaridad, comunidades de vecinos, de vecinas, partidos políticos, asociaciones, concejalas, concejales, alcaldes que se han desvivido por su gente; voluntarios y servicios públicos, que, sin duda, han sido el
mayor despliegue de las fuerzas del Estado en tiempos de paz de nuestra historia. (Aplausos).


Miren, igual que miles de jóvenes, me alisté como voluntario, con compañeras y compañeros que se lanzaron al barro y al agua con una determinación que no entiende ni de colores ni de fronteras, que solo entiende de empatía y afecto al otro,
y lo que vi nunca en la vida lo olvidaré, vi a comunidades abrazarse ante la catástrofe con valentía y humanidad. El Gobierno autonómico no lo hizo o tardó en hacerlo. Allí vi lo mejor de nuestra sociedad: la empatía, la solidaridad. Los
valencianos hemos sacado, codo con codo, el barro con la gente del pueblo de al lado, con las entidades falleras de nuestros barrios, con las policías locales venidas de la otra punta del país y también con los recién llegados de Marruecos, de
Ecuador, de China, con quienes vinieron de lejos hace tiempo y encontraron un hogar en el país valenciano. También sacaron el barro con todas sus fuerzas, porque nuestro país también es suyo, a pesar de la criminalización lamentable y los bulos de
algunos. (Aplausos).


También quiero destacar el papel de los jóvenes, sí, a los que muchos infantilizan en esta Cámara, esos jóvenes que nos han dado una gran lección. Se hablaba de aquella generación, pero tenemos futuro con toda esta gente, con una generación
de hierro que ha dado una lección que nunca olvidaremos. Vi a un pueblo que, lamentablemente, ha tenido que sufrir y que ahí no tenía a esas instituciones, pero este futuro va a superar la incompetencia de un Gobierno autonómico que no estuvo a la
altura ni antes ni durante ni después de la DANA, con un presidente que es la vergüenza de los valencianos y de las valencianas, que ni avis ni palió, que no estuvo disponible en el momento más trascendental de la historia de nuestro pueblo, que no
movió un dedo hasta que ya era muy tarde.


Señorías, este decreto no es más que el comienzo, el primer paso de un largo camino de reparación, aunque hacen falta muchos más, y por eso en esta Cámara pido consenso, sí, consenso, estar a la altura de las circunstancias, y exigimos al
Gobierno paliar lo que la incompetencia del Partido Popular nos ha traído, con 227 vidas que se apagaron. Aquí estamos hoy para honrarlas, para demostrar que este país no olvida, que no dejamos a nadie atrás. Aprobemos este decreto con la
condición de que

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cada medida adoptada será un escalón hacia la recuperación y la justicia, porque, al final, lo que va a quedar de todo eso será la historia de cómo salimos más fuertes de esta tragedia y quién estuvo a la altura y quién no en estos días.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias señor, presidente.


Señorías, señor ministro, en primer lugar, quiero reiterar nuestras condolencias a las familias de los fallecidos a causa de la catástrofe provocada por las inundaciones, una catástrofe con consecuencias sociales y económicas de enorme
magnitud. Se han perdido viviendas, comercios, industrias, vehículos, cultivos, pero también infraestructuras públicas, como carreteras, vías férreas, centros educativos y sanitarios e infraestructuras hidráulicas y eléctricas, pérdidas que
paralizan el normal funcionamiento para centenares de miles de ciudadanos y el tejido económico, en su conjunto. Para recuperar la actividad de estas empresas y ayudar realmente a los miles de personas afectadas es imprescindible aprobar las ayudas
públicas directas, necesarias y suficientes; repito, necesarias y suficientes.


Con este real decreto ley el Gobierno nos presenta un plan de medidas cosmético, engañoso e insuficiente; cosmético y engañoso porque considera como ayudas una línea de avales por importe de 5000 millones de euros. Señorías, una línea de
avales no es una inyección de fondos públicos. No se registran como gasto en las cuentas públicas cuando se conceden y no supondrán gasto a menos que se ejecuten; cosmético y engañoso porque considera como ayudas públicas 3500 millones de euros
que provienen del Consorcio de Compensación de Seguros, el cual se financia con aportaciones de las aseguradoras. Es engañoso porque, en caso de inundaciones, la cobertura del consorcio es automática, es decir, en nada ha influido el Gobierno a
este respecto. Es cosmético y engañoso porque considera como ayudas 600 millones de euros que corresponden a aplazamientos en pagos fiscales, y es que no supone una ayuda monetaria real diferir el segundo pago del IRPF, diferir el pago a los
contribuyentes con domicilio fiscal en los municipios afectados o diferir el pago de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que suspendan temporalmente su actividad mediante los ERTE. Es cosmético, engañoso e insuficiente: un plan que
no cubrirá ni una mínima parte de las pérdidas de las familias y empresas afectadas; un plan insuficiente e inútil para las personas que no solicitarán un crédito porque no saben si lo podrán devolver, y pensemos en autónomos o pequeñas empresas
que antes de las inundaciones ya llegaban con dificultades a fin de mes o en aquellos a los que les falten pocos años para su jubilación. Señorías, se nos presenta un plan insuficiente en ayudas directas a los afectados, el plan de un Gobierno
incapaz de realizar un análisis pormenorizado de las partidas presupuestarias que podrían dedicarse a dar ayudas directas a los afectados por las inundaciones; un Gobierno que debería analizar los remanentes de los créditos presupuestados en todos
los ministerios para poder destinarlos a ayudas directas a los afectados. (Aplausos).


Señorías, al cierre del tercer trimestre del año 2024, la cifra de remanente de los ministerios, excluidos los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y sin contar con entes y otros organismos públicos del Estado, asciende a 55
800 millones de euros -repito: 55 800 millones de euros-, un remanente que debería quedar a cero al finalizar el año si todos los ministerios destinaran cualquier dinero no comprometido para ayudar a los afectados en las inundaciones. Señorías, el
señor Puente debería informar a esta Cámara sobre qué parte de los 4600 millones de euros que tiene de remanente va a usar para reconstruir las infraestructuras dañadas. El señor Hereu debería informar a esta Cámara sobre qué parte de los 2800
millones de euros que tiene de remanente va a usar para ayudar a la industria y el turismo de las zonas afectadas. La señora Ribera debería informar, al menos, de tres temas: primero, sobre las ayudas que va a conceder a los afectados con el
remanente de 3100 millones de euros de que dispone su ministerio; segundo, sobre las razones por las que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado a dedo contratos a empresas que se encuentran en el punto de mira de la justicia por el
presunto pago de comisiones; tercero, si su ministerio mantiene en el cajón 966 millones de euros de los fondos europeos Next Generation que el plan de recuperación aprobado en el año 2021 destinó a seguimiento y restauración de ecosistemas
fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación.


Señorías, hablamos de un plan insuficiente pero que no engaña a nadie. Pero eso no es extraño, un 73 % de los españoles consideran que las ayudas no llegarán ni con la rapidez ni en la cuantía

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necesarias. Y no es extraño porque los españoles conocen los resultados del plan de reconstrucción tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en el año 2021, un resultado que se resume en promesas incumplidas, ayudas insuficientes, dinero que
no llega y 121 familias viviendo en casas contenedor o de madera.


Señorías, es indecente que, en un momento en que el Estado ha abandonado a los españoles a su suerte, el fisco se embolse un solo euro. Por ello VOX defiende que ningún afectado por la DANA -repito, ningún afectado por la DANA- debe pagar
un solo euro de impuestos por aquellos bienes esenciales que necesita para salir adelante. (Aplausos). En VOX proponemos un amplio paquete de medidas, que se enfoca en tres frentes: primero, en las familias, y hablamos, entre otras medidas, de
aplicar un IVA del 0 % para alimentos y suministros básicos o de aplicar exoneraciones -no aplazamientos, como plantea el Gobierno- en el pago del IRPF o de cuotas a la Seguridad Social; segundo, en las empresas y los trabajadores, y hablamos de
medidas como bonificar el 100 % del impuesto sobre sociedades para 2024 y 2025 para empresas que mantengan o creen empleo o de eximir de la cuota de autónomos a todos los afectados por la DANA; tercero, en los presupuestos generales del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Hablamos de realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para destinar las ayudas y créditos a la reconstrucción y restitución de las familias, autónomos y empresas de las zonas afectadas.


Termino. Señorías, no nos merecemos un Gobierno incapaz de acometer las inversiones necesarias para evitar riesgos. No nos merecemos un Gobierno que prioriza el nombramiento de los consejeros de Radiotelevisión Española sobre la atención a
las víctimas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, debe finalizar, por favor.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: No nos merecemos un Gobierno incapaz de plantear un plan que incluya mayores ayudas directas. No nos merecemos un Gobierno incapaz de utilizar de forma eficiente los recursos públicos. No nos merecemos un
Gobierno que miente sistemáticamente a todos los españoles.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha finalizado con creces, así que, por favor, le ruego que termine


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Lo que nos merecemos y reclamamos los españoles es que ustedes se vayan.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCÁRAZ: Gràcies, president.


Senyories, davant la tragèdia i la pèrdua humana, sabem que no hi ha consol possible. La desesperació de qui no troba la persona estimada és incontenible. I hem de recuperar una normalitat que sabem que ja mai serà igual. Des del Grup
Socialista, volem transmetre el nostre condol a les víctimes de la DANA, tot el nostre suport i estima i el ferm compromís d'ajudar en tot el que siga necessari per a tots ells.


Gracias, presidente.


Señorías, ante la tragedia y la pérdida humana sabemos que no hay consuelo posible y que la desesperación de quien no encuentra la persona querida es incontenible. Hemos de recuperar una normalidad que sabemos que ya nunca será igual.
Desde el Grupo Socialista queremos transmitir nuestras condolencias a las víctimas de la DANA, nuestro apoyo, estima, el firme compromiso de ayudar en todo lo necesario a todos ellos. (Aplausos).


Y es que, señorías, cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tanto dolor, ¿cómo podemos separar la emoción de la razón? Es muy difícil. ¿Cómo reconfortar a quien ha perdido a quien más quiere? ¿Cómo compensar a quien lo ha perdido todo?
Es imposible hacerlo. Sabemos que nunca serán suficientes ni la ayuda ni los recursos que les podamos dar, pero esa ayuda y esos recursos son imprescindibles. Por eso

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el Gobierno presidido por el presidente Sánchez trabaja sin descanso para movilizar cuantos recursos sean necesarios para ponerlos a disposición de todas las personas afectadas por la DANA. Nuestro más sincero reconocimiento para todos los
servidores públicos, a la UME, bomberos, policía, protección civil; en general, a de todas que conforman el Estado: alcaldes, alcaldesas, concejales, concejales; a nuestras delegadas del Gobierno Pilar y Milagros, que se están dejando la piel; a
nuestros ministros y ministras, que desde el primer momento constituyeron y estuvieron en el comité de crisis, que nunca abandonaron sus puestos (aplausos), que cumplieron y que cumplen con su deber, y, especialmente, para las miles de personas
voluntarias, siempre dispuestas a ayudar en lo que se necesite de manera desinteresada. Muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas. (Aplausos).


Señorías, estamos orgullosos de la sociedad española, una sociedad solidaria, que se crece ante las dificultades y que es ejemplar contribuyente del gran país que somos, un país con un Estado fuerte y con un Gobierno de España que se
fortalece para tener capacidad de respuesta ante las crisis. Lo demostró con la pandemia, con el volcán de La Palma, la borrasca Filomena o los efectos inflacionistas consecuencia de la guerra de Ucrania, y ahora lo hace con la DANA. Para atender
las crisis este Gobierno de España es capaz de movilizar el mayor volumen de recursos públicos posible e, incluso, inimaginable para algunos. En esta ocasión, ya ha movilizado con reales decretos 14 000 millones de euros, que se añaden a los
recursos públicos desplegados desde el primer momento en el territorio. De estos, hoy convalidamos medidas, por 10 600 millones de euros, dirigidas a atender las necesidades más urgentes y para sentar las bases de una recuperación sostenible y se
solicita a la Comisión Europea la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Se incluyen ayudas directas para la reparación de viviendas dañadas, para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos, enseres o reparaciones de elementos de
comunidades de vecinos, que se establecen sin umbrales de renta y cuadriplican las ayudas previstas en la norma de referencia ante situaciones similares, y también ayudas directas para autónomos y para empresas en función de su volumen de negocio.
Por tanto, es rotundamente falso que estas ayudas tengan que devolverse, como algunos malintencionadamente critican. (Aplausos). Y además están exentas de tributación, IRPF e impuesto sobre sociedades. Se incorporan beneficios fiscales, medidas
en materia de Seguridad Social, avales ICO, exenciones del IVA, reducción del IAE o el no pago de tasas para dar de baja vehículos dañados o sustituir carnés de conducir y DNI, unos recursos ya están al alcance de todos los afectados, un escudo
social que ayudará a 400 000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 65 000 autónomos, a 30 000 empresas a reactivar su actividad y a 100 000 hogares a cubrir sus necesidades básicas; una movilización de recursos que también es gracias a que
tenemos una economía dinámica, que crece más y que por eso recauda más.


Señorías, la contribución que la ciudadanía materializa en el pago de sus impuestos no tengan duda de que está presente en la atención a la emergencia. Todos los españoles y españolas estamos con Valencia, y se demuestra una vez más que el
cambio climático mata y los impuestos son contribuciones que protegen, sanan y salvan vidas. Sí, señorías, precisamente son los que sustituyen la información veraz por bulos e insultos los mismos que niegan la importancia de los impuestos y de la
lucha contra el cambio climático, los mismos que nunca están cuando se les necesita.


Señorías, los socialistas volveremos a estar donde tenemos que estar, como siempre, al lado de los más vulnerables, de quienes más lo necesitan, convalidando estas medidas. La pregunta ahora es: ¿Dónde van a estar ustedes, señorías del
Grupo Popular? ¿Votarán a favor, como así se comprometieron? Hasta ahora han demostrado no estar donde tienen que estar. Ante la crisis financiera, recortaron y debilitaron los servicios públicos, dejando a su suerte a la ciudadanía; intentaron
boicotear en Europa 140 000 millones de euros del plan de recuperación y fracasaron; pretendieron hacer caer la reforma laboral y se equivocaron. Hoy, gracias a ella, se han beneficiado 19 000 personas trabajadoras afectadas por la DANA. Han
defendido lo indefendible con el único propósito de esconder la vergüenza de tener un president de la Generalitat Valenciana desaparecido mientras los valencianos se ahogaban. El problema no es dónde estaba, señorías, sino dónde no estaba. El
desastre natural ha resultado de tal magnitud que podemos pensar que era imparable. Pero la clave para salvar vidas está en la preemergencia, en anticipar la respuesta ante la emergencia. Mazón redujo el presupuesto destinado a este fin, debilitó
el sistema y abandonó el mando de respuesta ante la crisis. Su irresponsabilidad y su falta de ejemplaridad son patentes y ustedes, sin embargo, continúan defendiendo al indefendible. Desacreditando y difamando han intentado desestabilizar el
consenso europeo para formar Gobierno y han acabado siendo desacreditados.


Nuestra enhorabuena a la vicepresidenta Ribera y a todo su equipo, que, por mucho que les pese, es referente internacional en gestión contra el cambio climático. (Aplausos). Así que, señorías del Grupo

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Popular, por una vez pónganse del lado de las víctimas, del lado de la ejemplaridad, destituyan a Mazón, no se escondan detrás de los militares y no impidan con su voto que la ayuda continúe llegando a quienes más lo necesitan. Dejen de
desacreditar a las instituciones públicas y a toda persona que les diga la verdad. Solo así tendrán la oportunidad de demostrar que son parte de la solución y no del problema. Ante la crisis, la política es más necesaria que nunca. Este Gobierno
ha demostrado una y otra vez que está a la altura de las crisis, movilizando recursos, construyendo puentes y ofreciendo certezas en la incertidumbre. Acabo ya, señorías. Rememos todos juntos, tots i totes a una veu. Destinemos todas nuestras
fuerzas y nuestros votos a que nadie, absolutamente nadie, se quede sin ayuda, y mucho menos por falta de información, porque el Estado funciona y estamos obligados entre todos a fortalecerlo. Este país no merece menos. Las víctimas lo merecen,
porque la sociedad española lo exige y porque el futuro de este país no puede esperar más.


Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bravo Baena.


El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.


Portavoz del Grupo Socialista, con la mañana que llevan hoy, ¿de verdad era el momento de subir a criticar al Partido Popular? (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira: ¡Muy bien!). ¿Ustedes han escuchado todo lo que están conociendo el día
de hoy? ¿De verdad? Hasta ahora mismo, que acaba de entrar el señor Bolaños, no había nadie del Gobierno, nadie. Supongo que el señor Bolaños tiene una mala mañana, tiene que apagar muchos fuegos, o quizá incluso está dando las gracias por lo que
estaban haciendo. (Aplausos). Ya sabemos, señor Bolaños, que la señora Ribera no tuvo tiempo de ir a Valencia, pero sí tuvo tiempo de reunirse con Aldama. (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira: ¡Bravo!). Eso es una realidad, y le dijimos que se
acabaría sabiendo todo, todo. Hace tiempo que deberían haber asumido la responsabilidad de la corrupción continuada durante la pandemia. Eso es una realidad, señor Bolaños. (Aplausos).


Centrémonos en lo que estamos aquí tratando, que es lo importante. En primer lugar, de nuevo, un recuerdo y nuestras condolencias por todos los fallecidos como consecuencia de la DANA y, sobre todo, nuestro apoyo a todos los que están
sufriendo y han resultado afectados. Deben ser nuestro único objetivo. Y el agradecimiento a todos aquellos voluntarios que han estado.


Señor Bolaños, consideramos que el real decreto es insuficiente y en algunos casos erróneo, y me explicaré. Si me lo permite, le haré dos reproches. Creo que la incorporación del alargamiento de la vida laboral del director de la Policía
Nacional nos lo podía haber comentado en aquellas dos horas que estuvimos reunidos, para ganarnos la confianza, por hacer las cosas bien. Y, en segundo lugar, usted nos decía que no nos preocupásemos, que los ayuntamientos y diputaciones tendrían
una financiación asegurada de 50 o de 100. Yo no sé si alguien les ha comunicado esta carta (mostrando el documento) que enviaron ayer a los ayuntamientos y diputaciones. Parece que llega con recortes, que no van a aportar tanto. (El señor
Tellado Filgueira: ¡Qué vergüenza!). Eso es lo que realmente están haciendo y deberían saber.


Señor Bolaños, imagino que habrá un tercer real decreto y queremos confiar en que en ese tercer real decreto sí incorporarán todo. Le hemos pedido municipios, y se lo dijimos el otro día: Álora -visítelo-, Mazarrón o Lorca. Lorca otra
vez, señor Bolaños. Ayudemos. En segundo lugar, hablamos de los cien mil vehículos, señor Bolaños, y le planteamos propuestas. Todavía no hay nada para los cien mil vehículos perdidos. Les hablamos de un renting social, copiando a Francia, de
ayudas para que los más afectados puedan tener un vehículo por un coste entre 50 y 150 euros. Usted ha hablado de la exención por la baja del vehículo y eso lo plantea como una medida. Si ya está exento, señor Bolaños, si eso ya está exento.
Hablamos también de la exención en la movilidad, en el transporte. Tampoco está. Le pedimos un fondo Educamos para que los jóvenes pudiesen volver cuanto antes a sus colegios, a sus institutos. Nada de eso todavía, estamos convencidos de que
aparecerá. Les pedimos también infraestructuras para atender los daños que existen y evitar que pueda haber nuevos daños. Y alguno le dirá que es mucho dinero. Le damos una primera aproximación: los 5 millones para las delegaciones de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, mejor que en las delegaciones y en los edificios, pongámoslos en las infraestructuras. Le pedimos también una exención fiscal y le hablamos del IAE y del IBI, que lo extendiésemos al año 2025, y nada de eso han
establecido. También le pedimos que dejen exentas a aquellas empresas que quieren ayudar a sus trabajadores dándoles ayudas para que puedan comprarse un coche o para que puedan arreglar la vivienda, y ustedes están discutiendo si eso es una
donación o una retribución. ¿Y sabe lo que

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tendrían que decir? Que está exento, que todo el que quiera ayudar a los afectados y todas las ayudas deberían estar exentas; todas, absolutamente todas. (Aplausos).


Hay otro instrumento importantísimo para esa recuperación económica: los autónomos, más de cuarenta mil autónomos que le están diciendo que las ayudas no les llegan. Y no les llegan porque a los que estaban de paso no los cubren. En
segundo lugar, aquellos que tenían la tarifa reducida o las madres que se han reincorporado después de la maternidad y tienen la tarifa reducida no están incorporados. Y el que no presentó el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre sociedades
tampoco está incluido. ¿De verdad no lo van a corregir? Uno de cada cuatro autónomos -escuchen- no tiene fuerza para volver a levantar el negocio. Dicen que ni siquiera el 50 % de las ayudas les llega para cubrir todos los daños. Y les dicen que
no quieren más deuda, que no quieren más préstamos, que todavía están pagando los del COVID. ¿De verdad no vamos a echar una mano? (Aplausos).


En el Partido Popular estamos para hacer una oposición responsable y comprometida y sí, portavoz del Grupo Socialista, ya le dijo el presidente Feijóo el primer día que votaríamos a favor. Cuando estuvimos reunidos con el señor Bolaños, le
dijimos que votaríamos a favor y tienen nuestro voto a favor. Nosotros no les vamos a engañar. Es cierto que ha incluido alguna de las medidas, señor Bolaños. Incluyó el plan de salud mental -creo que nadie lo discute-, que era necesario. Todos
somos padres, madres, hermanos, hermanas e hijos y sabemos el enorme dolor que ha transmitido esto. ¿Alguien lo duda? No, ¿verdad? Con los Next Generation, nos han criticado cada vez que les hemos hecho una propuesta y son recursos -se lo
explicamos- que no se van a ejecutar, que España los va a perder. ¿Qué mejor destino que todos los afectados por la DANA? Le pedimos también que el dinero llegase rápido, y usted ha incluido una ayuda anticipada del 50 %. Cuando trabajamos
juntos, cuando nos escuchan, cuando identifican quiénes son los que están para aportar, las cosas les van mejor a los valencianos o a los españoles. Ese es el camino en el que tenemos que trabajar.


Las ayudas a las familias son cortas, y yo creo que usted ahí no estará en contra; son cortas. Les pido a todos los que estamos aquí que reflexionemos. Imaginemos a los que están hoy en sus casas, con su familia, y piensen que mañana -es
lo que les pasó a los afectados por la DANA-, cuando ustedes se levanten, su casa está arrasada por una riada, su dormitorio arrasado, su cocina arrasada, su salón arrasado, su coche, con el que iban a trabajar, no saben dónde está -lo único que
saben es que ya no vale- y de su negocio -su panadería, su tienda- cuando llegan solo quedan paredes. ¿De verdad vamos a ser cortos en las ayudas a estas familias? ¿No vamos a poner todos los recursos necesarios con 150 000 millones más que han
recaudado en relación con el año 2018? Tenemos que ser ágiles, debemos tener estrategia, tenemos que tener acción política y, sobre todo -voy finalizando-, la política no es solo un acto de gestión del presente, sino también de compromiso con el
futuro. Tenemos que trabajar juntos, porque España necesita respuestas, no excusas, y porque la política, señorías, debe ser la herramienta que garantice que nadie quede atrás en una tragedia como esta.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Mucha gracias.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN UN IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR UN NIVEL MÍNIMO GLOBAL DE IMPOSICIÓN PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD, UN IMPUESTO SOBRE EL MARGEN DE INTERESES Y
COMISIONES DE DETERMINADAS ENTIDADES FINANCIERAS Y UN IMPUESTO SOBRE LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL TABACO, Y SE MODIFICAN OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
ESTABLECE UN IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR UN NIVEL MÍNIMO GLOBAL DE IMPOSICIÓN PARA LOS GRUPOS MULTINACIONES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD). (Número de expediente 121/000023).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto relativo al dictamen del Proyecto de Ley por la que se establecen un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos
multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con
el tabaco,

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y se modifican otras normas tributarias. Les recuerdo que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.


Para defender las enmiendas y, en su caso, los votos particulares formulados a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Iberdrola, a grande eléctrica que dirixe o corrupto Sánchez Galán, amigo do ausente Feijóo, gañou no ano dous mil vinte e tres catro mil oitocentos millóns de euros. Por se
esa cifra a alguén nesta cámara non lle parecese suficientemente obscena, nos nove primeiros meses de dous mil vinte e catro, os lucros de Iberdrola ascenderon a cinco mil catrocentos setenta e un millóns de euros. A principal petroleira Repsol
superou os tres mil cento sesenta millóns de euros en dous mil vinte e tres. E aínda así, o seu presidente, Josu Jon Imaz ameaza con non realizar investimentos se ten que pagar impostos. Investimentos que, non o esquezamos, redundarán aínda en
maiores lucros para a compañía. Para completar o cadro de obscenidade, as cinco grandes enerxéticas gañaron xuntas, case dez mil quiñentos millóns de euros. Son o emblema do capitalismo voraz, lucros indecentes en canto as clases populares teñen
dificultades para chegar a fin de mes ou directamente non poden pagar a enerxía eléctrica ou os combustíbeis.


É só, ou mesmo fundamentalmente culpa delas? Evidentemente, non. É o Estado quen debe actuar para defender o interese común, mais non só non o fai, senón que actúa ao servizo do lobby enerxético, como evidencia a regulación do mercado
eléctrico ou a modificación normativa para tornar aínda máis laxa e sen control a regulación para instalar parques eólicos, como ben sabemos na Galiza, onde padecemos un boom eólico depredador que espolia os nosos recursos para facer aínda máis
avultadas as contas de resultados.


Non deixaremos de reclamar un modelo diferente baseado no control público do sector eléctrico do conxunto enerxético por ser un sector estratéxico da economía. Mais o mínimo que podemos e debemos exixir é que paguen impostos en relación co
volume de negocio e lucros obtidos. Exactamente igual que a banca e as grandes compañías multinacionais ou os grupos españois de grande magnitude. Cabe lembrar que as cinco principais entidades bancarias obtiveron en dous mil vinte e tres máis de
vinte e seis mil millóns de euros de lucros. Mais unha vez, absolutamente obsceno, cando centenas de millares de persoas teñen dificultades para pagaren as súas hipotecas.


E aínda hai nesta cámara quen se opón a que paguen impostos. Hai quen, en vez de defender os intereses sociais, defende os das grandes corporacións. É absolutamente vergoñoso.


Non hai xustificación que oculte o feito de actuaren como brazo executor das grandes corporacións. Nós dicimos que paguen. Ollen moitas veces téndese simplificar dicindo que é política de dereitas, baixar impostos e política de esquerdas
subilos e non é verdade. A política, consecuentemente de esquerdas, consiste en baixar impostos á clase traballadora e ás clases populares e subirllo ás, os ricos, e as grandes corporacións. Que pague máis quen máis ten para conseguir tamén que
poida pagar menos quen afronta maiores dificultades. En consecuencia, o BNG, para alén de apoiar o imposto complementario, introduciu emendas para baixar o IVE, que non é un imposto progresivo e que, por tanto, nada xusto, aos produtos e servizos
esenciais. O goberno vetounas todas. E simultaneamente a aumentar a recadación facendo xustiza tributaria pola vía de que pague máis quen si pode facelo. Por iso, finalizo, defendemos manter e incrementar o imposto á banca manter o gravame ás
enerxéticas e aumentar o imposto de Patrimonio e mesmo converter xa neste momento en permanente o imposto ás grandes fortunas. O que esperamos é que o esperpento vivido na tramitación da lei, especialmente na Comisión de Facenda na pasada
sexta-feira [...]


Gracias, señor presidente.


Buenas tardes. Iberdrola, la gran eléctrica que dirige el corrupto Sánchez Galán, amigo del ausente Feijóo, en el año 2023 ganó 4800 millones de euros. Y por si esa cifra a alguien en esta Cámara no le pareciese suficientemente obscena, en
los nueve primeros meses de 2024 los beneficios de Iberdrola ascendieron a 5471 millones de euros. La principal petrolera, Repsol, superó los 3160 millones de euros en 2023 y aun así su presidente, Josu Jon Imaz, amenaza con no realizar las
inversiones sin tener que pagar impuestos, inversiones que, no lo olvidemos, redundarán en aún más beneficios para la compañía. Y para completar el cuadro de obscenidad, las cinco grandes energéticas ganaron juntas casi 10 500 millones de euros.
Son el emblema del capitalismo voraz: beneficios indecentes mientras que las clases populares tienen dificultades para llegar a fin de mes o directamente no pueden pagar la energía eléctrica o los combustibles. ¿Es solo o incluso fundamentalmente
culpa de ellas? Evidentemente, no. Es el Estado quien debe actuar para defender el interés común, pero no solamente no lo hace, sino que actúa al

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servicio del lobby energético, como evidencia la regulación del mercado eléctrico o la modificación normativa para volver aún más laxa y sin control la regulación para instalar parques eólicos, como bien sabemos en Galicia, donde padecemos
un boom eólico depredador que expolia nuestros recursos para hacer aún más abultadas las cuentas de resultados.


No dejaremos de reclamar un modelo diferente basado en el control público del sector eléctrico y del conjunto del energético por ser un sector estratégico de la economía, pero lo mínimo que podemos y debemos exigir es que paguen impuestos en
relación con el volumen de negocio y los beneficios obtenidos, exactamente igual que la banca y las grandes compañías multinacionales o los grupos españoles de gran magnitud. Cabe recordar que las cinco principales entidades bancarias obtuvieron en
2023 más de 26 000 millones de beneficio. De nuevo, absolutamente obsceno cuando hay cientos de miles de personas que tienen dificultades para pagar sus hipotecas. ¿Y aún hay en esta Cámara alguien que se opone a que paguen impuestos? Hay quien,
en vez de defender los intereses sociales, defiende los de las grandes corporaciones. ¡Es absolutamente vergonzoso! No hay justificación que oculte el hecho de que actúen como el brazo ejecutor de las grandes corporaciones. Nosotros decimos: ¡que
paguen!


Muchas veces se tiende a simplificar diciendo que es política de derechas bajar impuestos y política de izquierdas subirlos y no es verdad. La política, consecuentemente, de izquierdas consiste en rebajar los impuestos a la clase
trabajadora y a las clases populares y subírselos a los ricos y a las grandes corporaciones: que pague más quien más tiene para conseguir también que pueda pagar menos quien afronta mayores dificultades. En consecuencia, el BNG, aparte de apoyar
el impuesto complementario, ha introducido enmiendas para rebajar el IVA, que no es un impuesto progresivo y, por tanto, nada justo, a los productos y servicios esenciales -el Gobierno las vetó todas- y simultáneamente aumentar la recaudación
haciendo justicia tributaria por la vía de que pague más quien sí puede hacerlo.


Por eso -finalizo-, defendemos mantener e incrementar el impuesto a la banca, mantener el gravamen a las energéticas, aumentar el impuesto sobre el patrimonio e incluso convertir ya, en este momento, en permanente el impuesto a las grandes
fortunas. Lo que esperamos es que el esperpento vivido en la tramitación de esta ley, especialmente en la Comisión de Hacienda del pasado lunes...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.


El señor REGO CANDAMIL: Segunda-feira... dea paso, acabo, á sensatez para poder sacar adiante un principio de fiscalidade máis xusta e redistributiva. Máis unha vez, as grandes corporacións que paguen.


... dé paso -acabo- a la sensatez para poder sacar adelante un principio de fiscalidad más justa y redistributiva. De nuevo, las grandes corporaciones que paguen. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.


La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Iba a decir vicepresidenta, pero no.


En estas semanas creo que hemos asistido a un proceso absolutamente esperpéntico con respecto a la negociación de esta reforma fiscal que el Gobierno trató de colar por la puerta de atrás, en la trasposición de una directiva europea para
garantizar que las grandes empresas de nuestro país paguen un tipo mínimo efectivo de al menos el 15 %, trasposición que tenía un amplísimo consenso. Parecería lógico que, para intentar aprobar una reforma fiscal en medio de una trasposición de una
directiva europea, una reforma fiscal que aspira a ser progresista, lo lógico hubiera sido, primero, ir a buscar los votos de los grupos de izquierdas, de los grupos que estamos a favor de que en España pague más quien más tiene, y después ir a
negociar con los grupos de derechas, que han demostrado en esta negociación una capacidad negociadora muy fuerte en nombre de Repsol y, particularmente, de Josu Jon Imaz. Sin embargo, el Partido Socialista, en vez de optar por este camino, ha
optado por el contrario: cerrar primero un acuerdo con PNV y con Junts y después hacer un trágala a los grupos de izquierdas.


Nosotras no estamos de acuerdo con esta estrategia negociadora y no solo porque me parece que los votos de Podemos valen exactamente igual que los votos de otros grupos parlamentarios necesarios para la mayoría democrática y plurinacional,
sino también porque lo que se está planteando no es bueno para España. En este punto, creo que es crucial entender que las empresas energéticas son las más contaminantes de nuestro país y que están obteniendo beneficios milmillonarios contribuyendo
a acelerar la emergencia climática que provoca DANA catastróficas como la que hemos visto en Valencia. Las cinco

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grandes energéticas de nuestro país -Iberdrola, Repsol, Cepsa, Endesa y Naturgy- ganaron el año pasado, en 2023, 10 500 millones de euros, señorías, que no es peccata minuta: 10 500 millones de euros. Pagaron por el impuesto extraordinario
apenas 1200 millones y su previsión de beneficios para este año es ganar 13 000 millones de euros. Va contra todo sentido común que estas empresas, que son las más contaminantes y las principales responsables de la emergencia climática que estamos
viviendo, no paguen absolutamente nada en este país. (Aplausos).


Quiero decirles, además, señorías del Grupo Socialista, señor Bolaños, que creo que este planteamiento 'malmenorista' permanente es un error. Hay que apoyar esta reforma fiscal sin impuestos a las grandes empresas energéticas porque es
mejor que nada; hay que apoyar el aval a las hipotecas y las ayudas al alquiler como mal menor en vez de intervenir el mercado del alquiler, que es lo que hay que hacer; es mejor hacer un pacto con el Partido Popular para el Consejo General del
Poder Judicial, dándole el poder a los sectores reaccionarios que están atrincherados en la justicia, que ser valiente y reformar ese Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional. Ese camino del mal menor, señorías,
nos lleva directas -directas- a un Gobierno del Partido Popular y de VOX y, aunque ustedes piensen que no es bueno que Podemos se plante, que Podemos ponga condiciones firmes que responden a la voluntad mayoritaria de la gente progresista de este
país, no solo es bueno para España, es que, señor Bolaños -se lo digo de corazón-, también es bueno para su Gobierno. (Aplausos). Por eso les pido que rectifiquen. Si quieren los votos de Podemos, tiene que haber impuesto a las grandes
energéticas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente jauna, diputatuak, eguerdi on.


Creo que es bueno comenzar señalando cuál es el marco original del debate que hoy nos trae aquí y no es otro, como se ha señalado, que el de una trasposición de una directiva europea que pretende empezar a caminar por una senda diferente a
lo que ha sido la fiscalidad a la carta para las multinacionales, que es la imposición de un tipo mínimo del 15 % para las grandes empresas, evitando así el dumping fiscal que se viene realizando entre Estados, ofertando a la carta a las grandes
empresas sus países para que se instalen a cambio de beneficios fiscales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Ese es el origen de esta iniciativa, un origen que, como se ha señalado ya, cuenta con un apoyo amplio y que -también hay que
ser sinceros- tampoco va a resolver del todo el enorme problema, la enorme falla que hay entre lo que pagan las multinacionales y las grandes empresas y lo que pagamos los y las trabajadoras. Es verdad que ellos sí cuentan con bufetes de abogados y
asesores que buscarán las formas de crear ingeniería fiscal -qué manera de pervertir una palabra tan noble como la ingeniería- para profundizar en la elusión fiscal y, si no, en la evasión fiscal directamente.


Así pues, esto es solo un primer paso y así debe entenderse, porque, como se ha dicho también ya, no es razonable -creo que no hay nadie que lo entienda; es más, creo que nadie de ustedes puede sostenerlo ante nadie- que sea justo que quien
más tiene pague menos. Dicho de otra manera, no es razonable que los que menos tienen sigan aportando porcentualmente más que aquellos que viven vidas de lujo. Es tan sencillo como que quien más tiene, más pague; es tan sencillo como apostar por
la progresividad y la justicia fiscal. Si no, todas esas veces que aquí, en esta tribuna, alguien se rompe el pecho diciendo que la desigualdad es un enorme problema y que su trabajo y su reto fundamental, su misión vital como cargo político, es
acabar con la desigualdad estará mintiendo. Sin progresividad fiscal, sin equidistribución, sin justicia fiscal no es posible erradicar la desigualdad.


Nos parece también positivo que en esta reforma que hoy se trae aquí se contemple la concertación y el convenio con las haciendas forales, se respeten los marcos de autogobierno y se respete el carácter descentralizado del Estado español,
limitado desde nuestro punto de vista, que queremos la soberanía plena. Y es importante que se haga en estos tiempos en los que, al hilo de acontecimientos dramáticos, hay quienes plantean -y ojo, no solo desde la derecha, también desde la
izquierda- un mayor fortalecimiento del Estado y sus aparatos frente a los poderes autonómicos, frente a los autogobiernos locales. Creemos que eso también es importante y lo decimos con absoluta claridad: nosotros queremos más autogobierno
-queremos todo el autogobierno- para hacer políticas públicas y para crear y defender servicios públicos fuertes, eficaces y potentes.


Como digo, es más que una trasposición, porque aquí se incluyen diferentes medidas y hay dos que son aquellas que suponen los pilares de este debate -y diría que de esta reforma-, que son si somos

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capaces de ponernos de acuerdo para mantener el gravamen o la tasa impositiva a los bancos y a las energéticas. Tan sencillo de entender como eso para cualquier ciudadano o ciudadana que preste atención a este debate. Nosotros y nosotras,
las gentes de Euskal Herria Bildu, desde el minuto uno hemos señalado que si el mantenimiento de una tasa impositiva a los bancos fuera en forma de gravamen -mejor en forma de impuesto y con traslado a las haciendas forales, sin duda- y a las
energéticas, no entrábamos, pero que, si se estaba dispuesto a mantener las tasas impositivas a bancos y a energéticas, por responsabilidad política entraríamos. Lo decimos con absoluta claridad: nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria
Bildu, de la izquierda soberanista independentista vasca, no nos sentimos interpelados ni concernidos por lo que el CEO de Repsol, el señor Josu Jon Imaz, pueda decir o señalar en una tribuna pública. La política de Euskal Herria Bildu la hacen sus
militantes y la hacen a favor de la clase trabajadora y de la mayoría social de Euskal Herria, no a favor de las vidas de lujo de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas. Y es más peligroso todavía que no se mantenga
el impuesto a las energéticas -sea en esta reforma o acompañado de un decreto o en cualquier otra forma, porque para eso estamos abiertos a negociar-, porque no es solo seguir profundizando en un modelo fiscal injusto, es torcer la soberanía
popular, es torcerle el brazo a los y a las ciudadanas, a aquellos que depositan su confianza en la clase política, en las instituciones, en favor de los que no se presentan a las elecciones, pero siguen queriendo determinar el futuro de nuestras
vidas.


En definitiva, es una manera de hacer política. Hay quien hace política para defender intereses y es lícito, se llaman lobbies, y hay quienes estamos en política para defender principios. Esa ha sido nuestra hoja de ruta. Somos también
conscientes del tablero político que existe en la actualidad y asimismo lo decimos con absoluta claridad: ojalá pudiéramos hacer política desde el lugar que queremos, pero estamos haciendo política desde el lugar que tenemos para alcanzar el sitio
que queremos, porque la realidad y el principio de realidad que invocamos es el que nos hace avanzar, aunque sea a paso más lento del que a veces nos gustaría, hacia un escenario más justo, digno y libre. Y lo hacemos con una visión constructiva,
sin renunciar a ser exigentes.


Había un político cordobés -realmente nacido en Málaga, pero todo el mundo le identifica como cordobés- que señalaba en forma de metáfora esto que digo sobre ser constructivo y ser exigente o ser dialogante y ser firme en la defensa de los
principios. Él decía que había que seguir la estrategia del roble y del junco: firmes como un roble en la defensa de los principios y flexibles como un junco para alcanzar acuerdos entre diferentes. Esa ha sido la tesis de partida de Euskal
Herria Bildu, siempre siendo fieles a la palabra dada. Nosotros hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que el impuesto a las energéticas siga vigente al menos un año y lo haga a través de un real decreto. No es excluyente ni elimina la
posibilidad de hacerlo de otra manera. Nos hubiera gustado que hubiera estado incluido en esta política fiscal, tampoco lo negamos, pero lo importante es que la gente que nos pueda estar escuchando sepa que vamos a hacer todo lo posible para que el
impuesto a las energéticas, para que la tasa impositiva o gravamen, como quieran llamarlo, que pagan las energéticas y para que el impuesto -esta vez sí, impuesto- a los bancos sean realidades. Que entiendan que su esfuerzo para defender servicios
públicos que nos protejan a todos y a todas de las amenazas que acechan a nuestras vidas no se va a sostener solo sobre las rentas del trabajo, sobre las rentas de la clase trabajadora, sino que van a tener que empezar a caminar también las grandes
empresas, los grandes grupos empresariales, arrimando el hombro, porque si no será difícil sostener cualquier idea de justicia y de igualdad en este Estado.


Termino ya. Seguiremos defendiendo modelos que nos acerquen a la redistribución de la riqueza, a la democracia y a las políticas públicas, porque entre mirar a Argentina o a Madrid y sus políticas fiscales o mirar a los países nórdicos,
miraremos sin duda a los países nórdicos. Nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, no olvidamos de dónde venimos ni a quién defendemos, que no es sino a la clase trabajadora, a las mayorías populares. Es, a falta de sentido de
Estado, conciencia de clase.


Besterik ez, mil esker. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà por un tiempo de siete minutos.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats! Bon dia, diputades!


La veritat és que portem unes setmanes de treball intens des del moment en què es va saber que el que havia de ser d'entrada un projecte de llei per realitzar la transposició de la directiva d'impostos a les grans multinacionals es
convertia, a més a més, en una reforma de tipus fiscal, amb el que en diuen un paquet fiscal.

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És important recordar que fa dos anys es va aprovar en aquest congrés la llei que permetia o que imposava els gravàmens temporals sobre les empreses energètiques, sobre la banca i sobre les grans fortunes. I és important també recordar que
aquest mateix text legislatiu venia a dir que si l'avaluació que se'n feia al llarg del temps era positiva, quedarien de manera permanent. És a dir, deia: si els gravàmens no impacten negativament als mercats i s'avaluen positivament, ho
convertirem en permanents.


Han passat dos anys i no sembla que hi hagi hagut cap drama a nivell de mercats. Han passat dos anys i les energètiques han guanyat 10 000 milions d'euros en un exercici. Han passat dos anys i la banca n'ha guanyat 26 000, de milions
d'euros. Per tant, com vostès comprendran, era completament raonable que el nostre punt de partida fos pacte fiscal sí, amb les energètiques i amb l'impost a la banca. Quina va ser la nostra sorpresa quan, després d'haver-ho estat negociant,
parlant i acordant, se'ns va comunicar que havia de caure de l'acord sobre fiscalitat les empreses energètiques, perquè si no, no aconseguiríem la majoria suficient en aquest congrés per tirar-ho endavant. Grups que hi havien votat a favor ara fa
dos anys, impedien que aquest impost o gravamen a les energètiques pogués entrar en aquesta reforma fiscal.


És obvi que, més enllà d'altres consecucions, més enllà de l'acord amb el que era purament la transposició de la directiva, més enllà de l'acord de tota aquesta cambra per fer desaparèixer el frau fiscal de l'IVA en el sector dels
hidrocarburs, que recordo que hi ha gairebé unanimitat, més enllà de tot això, no podíem acceptar de cap manera aquesta posició. Per tant, el que vam fer va ser: Si voleu que donem suport a aquest text, ens heu de garantir no només que arribi a 31
de desembre de 2024, perquè ara mateix aquest impost està vigent, sinó que el prorrogarem almenys un any més. I el que necessitem és que ho feu a través d'un reial decret, perquè el propi Govern creu que aquest impost ha d'existir. Creu que aquest
gravamen, per ser tècnicament més precisa, ha d'existir. I també és cert que l'últim reial decret de pròrroga d'això deia que es convertiria en un impost i deia que es convertiria en un impost per poder-ho concertar. I aquesta és l'opinió que
nosaltres compartim.


I la compartim de la mateixa manera que vam introduir que l'impost a la banca havia de ser recaptat per les comunitats autònomes, perquè aquesta esmena és nostra, i que ho havia de ser en funció del producte interior brut de les comunitats
autònomes, perquè també és nostre.


Vist això, per tant, quan el Govern, dilluns a la nit, després d'haver votat les esmenes en la comissió, després que alguns diputats se n'anessin a sopar i per això vam interrompre fins a les 11 i després d'haver votat en clau negativa
perquè creiem que no donaríem suport al dictamen, quan el Govern pren l'acord amb Bildu, amb el BNG i amb Esquerra Republicana de Catalunya que existirà aquest reial decret, que el portarà a les Corts i que mirarà de fer tot el possible i, si convé,
també els avanço, amb algun tipus d'exempció o bonificació vinculada al procés de descarbonització i vinculada al procés de transició ecològica que requereixen aquestes empreses, el tiraríem endavant.


Mirin, en 24 hores en aquesta cambra, en 24 hores en aquest estat, poden passar moltes coses i a vegades poden ser bones i a vegades poden ser dolentes. Però nosaltres tenim molt clar al que ens devem. Ens devem a la nostra gent, ens devem
a les classes populars i treballadores de Catalunya i dels Països Catalans. Ens devem al nostre territori, ens devem a la justícia social. Ens devem a la convicció de què la contribució per allò que és públic -i ho recordo perquè tothom que
estigui escoltant o veient ho sàpiga- com pensen que paguem escoles, sanitat, hospitals, els carrers, l'enllumenat... D'on pensa que surt tot això, allò que ens fa ciutadans? Surt dels impostos i d'aquí la nostra batalla perquè el nostre país rebi
els impostos que li corresponen i tingui la suficiència financera necessària, per a la qualitat de vida de la gent que no és la més afavorida, que no està als consells d'administració i que no es reparteix dividends d'empreses amb 10 000 milions de
benefici.


Per tant, no canviarem el posicionament i no el canviarem, perquè el fem focalitzats en allò que ens guia la nostra activitat política. No el canviarem perquè quan un govern diu que fa un pacte, ha d'haver-hi la confiança suficient per
poder mantenir relacions polítiques, perquè si no, la possibilitat de pacte és impossible. I, per tant, la flexibilitat necessària perquè aquest reial decret pugui tirar endavant a nosaltres la trobaran. La voluntat que les empreses segueixin
estant al territori, la trobaran. La comprensió del que signifiquen els llocs de treball, la trobaran. L'exigència en què aquestes empreses, que són les que més contaminen, també paguin el que els correspon, la trobaran.


Però el que no trobaran és una deixació de les nostres funcions. No la trobaran perquè el nostre compromís aquí és que només responem a la gent. No responem a consells d'administració, no responem a energètiques. No responem a ningú que
no siguem nosaltres, perquè no tenim cap deute amb ningú i això ens fa lliures. I seguirà sent així. No acceptarem xantatges respecte a la deslocalització. I els diré per què i acabo. Perquè està demostrat que el sistema impositiu no és
l'element fonamental a

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l'hora de decidir deslocalitzacions i, per tant, s'ha acabat el xantatge sistemàtic de energètiques als governants. No es pot manar els diners. Ha de manar la política perquè la sobirania popular és aquí. No és als consells
d'administració.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenos días, diputados, diputadas.


La verdad es que llevamos unas semanas de trabajo intenso desde el momento en el que se supo que lo que de entrada tenía que ser un proyecto de ley para la trasposición de la directiva de impuestos a las grandes multinacionales se convertía
además en una reforma de tipo fiscal, lo que se llama un paquete fiscal.


Es importante recordar que hace dos años se aprobó en este Congreso la ley que permitía o que imponía los gravámenes temporales sobre las empresas energéticas, sobre la banca y sobre las grandes fortunas. Es importante también recordar que
este mismo texto legislativo nos decía que, si la evaluación que se realizaba a lo largo del tiempo era positiva, quedaría de forma permanente. Decía: Si los gravámenes no impactan negativamente en los mercados -es decir, se evalúan
positivamente-, los convertiremos en permanentes. Han pasado dos años y no parece que se haya producido ningún drama en los mercados. Han pasado dos años y las energéticas han ganado 10 000 millones de euros en un ejercicio; han pasado dos años y
la banca ha ganado 26 000 millones de euros. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, era completamente razonable que nuestro punto de partida fuera: pacto fiscal, sí, con las energéticas y con el impuesto a la banca.


Cuál fue nuestra sorpresa cuando, después de haber estado negociando, hablando y acordando, se nos comunicó que tenían que caer del acuerdo sobre fiscalidad las empresas energéticas porque, si no, no tendríamos mayoría suficiente en este
Congreso para sacarlo adelante. Grupos que ya habían votado a favor de eso hace dos años impedían que este impuesto o gravamen a las energéticas pudiera entrar en esta reforma fiscal. Es obvio que, más allá de otras consecuciones, más allá del
acuerdo con lo que era puramente la trasposición de la directiva, más allá del acuerdo de esta Cámara para hacer desaparecer el fraude fiscal del IVA en el sector de los hidrocarburos -recuerdo que hay casi unanimidad-, más allá de todo esto, no
podíamos aceptar de ninguna forma esta postura. Por lo tanto, lo que hicimos fue: Si quieren que demos apoyo a este texto, nos tienen que garantizar no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, porque ahora mismo este impuesto está vigente, sino que
se va a prorrogar por lo menos un año más. Y lo que necesitamos es que se haga a través de un real decreto, porque el propio Gobierno cree que este impuesto tiene que existir, que este gravamen -para ser más precisa técnicamente- debe existir.
También es cierto que el último real decreto de prórroga de esto decía que se convertiría en un impuesto, y que se convertiría en un impuesto para poderlo concertar, y esta es la opinión que nosotros compartimos. La compartimos del mismo modo que
introdujimos que el impuesto a la banca tenía que ser recaudado por las comunidades autónomas, porque esta enmienda es nuestra, y que tenía que serlo en función del PIB de estas comunidades autónomas, porque también es nuestro.


Visto esto, por lo tanto, cuando el Gobierno, el lunes por la noche, tras votar las enmiendas en la comisión, después de que algunos diputados se fueran a cenar -que por eso se interrumpió hasta las once-, después de haber interpretado en
clave negativa, porque creían que no daríamos apoyo al dictamen, acuerda con Bildu, BNG y Esquerra Republicana y dice que existirá este real decreto, que lo llevará ante las Cortes y que hará todo lo posible y, si conviene -y eso también se lo
adelanto-, con algún tipo de exención o bonificación vinculada al proceso de descarbonización y vinculada al proceso de transición ecológica que requieren estas empresas, lo sacaríamos adelante.


Miren, en veinticuatro horas en esta Cámara, en este Estado pueden pasar muchas cosas. A veces pueden ser cosas buenas o cosas malas, pero nosotros tenemos muy claro a quién nos debemos. Nos debemos a nuestra gente, a las clases populares
y trabajadoras de Cataluña y de los països catalans, nos debemos a nuestro territorio, nos debemos a la justicia social, nos debemos a la convicción de que la contribución para lo público... Lo recuerdo para que todo el mundo que lo escuche lo
sepa. ¿Cómo piensan que pagamos escuelas, hospitales, sanidad, las calles, el alumbrado? ¿De dónde sale todo esto, aquello que nos convierte en ciudadanos? Pues sale de los impuestos. De ahí nuestra batalla, cómo llamarla, para que nuestro país
reciba los impuestos que le corresponden y tenga suficiencia financiera suficiente para la calidad de vida de aquella gente que no es la más favorecida, que no son consejos de administración y que no se reparten dividendos de empresas con 10 000
millones de beneficios.

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Por lo tanto, no cambiaremos nuestra postura. No la vamos a cambiar porque lo hacemos centrándonos en aquello que guía nuestra actividad política. No cambiaremos porque cuando un Gobierno dice que realiza un pacto, tiene que haber
confianza suficiente para mantener relaciones políticas, porque, si no, la posibilidad de pacto es imposible. Por lo tanto, la flexibilidad necesaria para que el real decreto salga adelante, en nosotros la encontrarán; la voluntad de que las
empresas sigan estando en el territorio, la encontrarán; la comprensión de qué significan los puestos de trabajo, la encontrarán también; la exigencia de que estas empresas, que son las que más contaminan, también paguen lo que les corresponde,
también la encontrarán. Lo que no encontrarán es una dejación de nuestras funciones. Eso no lo encontrarán porque nuestro compromiso aquí es que solo respondemos ante la gente; no respondemos a consejos de administración, no respondemos a
energéticas, no respondemos a nadie que no seamos nosotros, porque no tenemos ninguna deuda con nadie y esto nos hace libres, y seguirá siendo así. No aceptaremos chantajes.


Respecto a la deslocalización -y ya con eso termino-, está demostrado que el sistema impositivo no es el elemento fundamental a la hora de decidir deslocalizaciones. Por lo tanto, se acabó el chantaje sistemático de las energéticas hacia
los gobernantes. No puede mandar el dinero, tiene que mandar la política, porque la soberanía popular está aquí, no en los consejos de administración.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Vallugera.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín Urriza, por un tiempo de siete minutos.


El señor MARTÍN URRIZA: Hoy votamos la trasposición de una importante directiva y también un importante paquete fiscal. La directiva establece un 15 % de tributación mínima para multinacionales y también para grandes grupos empresariales
nacionales. Ha sido una reivindicación histórica de la izquierda. Es un gran paso en la buena dirección. Con esta directiva conseguimos que aquellos que se benefician más de vivir en sociedad sean los que también tengan que aportar más, que hasta
ahora no lo estaban haciendo. (Aplausos). Según el Tax Justice Network, en 2020 y 2021 las multinacionales españolas deslocalizaron 30 000 millones de beneficios y los ubicaron en paraísos fiscales o en territorios de baja tributación. Esta
directiva va a permitir que consigamos recaudar 7500 millones más gracias a su implantación y va a terminar con esos paraísos y territorios fiscales dentro incluso de la Unión Europea. (Aplausos). Pero también vamos a conseguir que los grandes
grupos empresariales, que pagan menos de un 3 % de sus beneficios en impuestos, aporten por fin a la sociedad de la que tanto se benefician.


Necesitamos también una reforma fiscal, y hoy damos un gran paso en esa dirección. Es verdad que se nos ha quedado en paquete fiscal, pero no tenemos que renunciar a seguir avanzando en ella; no porque nos lo exija la Unión Europea, sino
porque nos enfrentamos a grandes retos que tenemos que afrontar desde el sector público -el envejecimiento de la población, la mejora del estado del bienestar, no quedar descolgados del progreso económico- y a nuevos retos que ya tenemos aquí, como
el de las catástrofes naturales. Por eso SUMAR nunca va a renunciar a que las energéticas aporten también a resolver todos los problemas que genera y que ha generado su contaminación, como estamos viendo en la Comunidad Valenciana. (Aplausos).


El paquete fiscal también puntúa alto tanto en suficiencia como en equidad o en eficiencia. En suficiencia, nos va a permitir disponer de 6000 millones de euros más para mejorar el estado del bienestar y mejorar los servicios públicos.
España no es un infierno fiscal; estamos 80 000 millones por debajo de recaudación, si estuviéramos simplemente en la media europea. De hecho, somos todo lo contrario, somos un territorio de baja tributación. Si nos comparamos con los países
nórdicos, estamos 160 000 millones por debajo, y los impuestos son civilización, como vemos en esos países. El paquete también puntúa alto en equidad, porque deben aportar más los que más se benefician de vivir en sociedad. Y, así, con ese paquete
estamos consiguiendo que las rentas de capital por encima de 300 000 euros tributen dos puntos más en el IRPF, un 30 %. (Aplausos).


Conseguimos también moderar la tributación de los artistas, para que en esos ingresos discontinuos que tienen no tengan una fiscalidad abusiva, lo que contribuye igualmente a la equidad del sistema fiscal. Y mantenemos el impuesto a la
banca, que es muy importante; los bancos no llegan ni siquiera a pagar un 3 % de sus beneficios en el impuesto de sociedades. Y, repito, no renunciamos al impuesto de las energéticas, porque también tienen que aportar al sostenimiento de lo común;
como tampoco renunciamos, en una reforma fiscal de más largo alcance, a que exista un impuesto a las grandes herencias para evitar

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el dumping fiscal entre comunidades autónomas o que haya un impuesto a los bienes de lujo, a los yates, a los jets privados, a los Lamborghini. Y queremos eliminar, porque también contribuye a la equidad, esas exenciones regresivas en los
seguros médicos privados y en el IVA de la educación privada. (Aplausos).


Este paquete fiscal también puntúa alto en eficiencia, porque con él arreglamos la fallida reforma Montoro, por estar mal diseñada. Nosotros lo estamos haciendo a través del vehículo adecuado, y no como la reforma Montoro que tiró abajo el
Tribunal Constitucional. Es un paquete fiscal beligerante para que mejoren las cosas en salud pública; por eso elevamos la fiscalidad del tabaco y de los vapeadores. Luchamos contra el fraude de las gasolineras y aportamos a la transición verde,
equiparando la tributación del gasóleo con la de la gasolina. También estamos mejorando la fiscalidad, dando una posición más ventajosa a las cooperativas, porque significan la participación de todos los trabajadores y trabajadoras en la propiedad
de los medios de producción. Y no renunciamos, en esa reforma fiscal más alta, para mejorar el mercado de la vivienda, a eliminar los beneficios fiscales de las socimis, porque no han contribuido a bajar los precios. (Aplausos). Y, si quieren los
inversores de las socimis desinvertir e irse del país, sean bienvenidos, porque provocarán una rápida bajada de los precios de las viviendas, de los locales y de las naves industriales. (Aplausos). Tampoco renunciamos a poner un IVA del 21 % al
alquiler turístico para rebajar su rentabilidad y que esas viviendas ubicadas en zonas tensionadas se dediquen a viviendas permanentes.


Señorías, pagamos impuestos porque con ello compramos civilización. Hay una correlación causal empíricamente demostrada entre el nivel de contribución fiscal y el índice de desarrollo humano. Ahí tienen ustedes los países nórdicos de la
Unión Europea, que son un ejemplo de estado del bienestar y de sociedades bien organizadas. En ellos nos tenemos que fijar, porque son los que han conseguido llegar a un nivel de civilización al que nosotros no debemos renunciar.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala, por un tiempo de siete minutos.


Cuando quiera. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, presidenta.


Al final, vemos cómo el socialismo y todos sus amigos, como tantísimas veces, son grandes y fuertes con los pequeños, pero son débiles y zalameros con los grandes. Ahora lo acabamos de ver: el señor de SUMAR o la señora de Podemos vienen
aquí y se ponen estupendos, se hacen los guais y dicen que van a luchar contra los Lamborghini y contra los yates. ¿Saben cuántos Lamborghini hay en España? ¿Alguien lo sabe? 264. ¿Saben cuántos yates hay en España? Unos 6000. Lo cierto es que
no van a por esos. Lo cierto es que no confían en que haciendo tributar a los Lamborghini y a los yates vayan a sacar grandes cantidades de dinero, no, no. ¿Saben a por quién van? A por usted, que tiene una furgoneta diésel; a por usted van.
(Aplausos). Porque, ¿saben cuántos vehículos diésel hay en España? 12 millones de vehículos diésel, de 38 millones de vehículos que hay en España, de los cuales hay que descartar todos los que están inutilizables; es decir, más de una tercera
parte de los vehículos de España son diésel. Contra esos van. Cuando oigan que quieren hacer pagar al Lamborghini, no es así, no señor. A quien quieren hacer pagar es a usted, que conduce un diésel de hace quince años. Cuando hablan de esos
ricos que van a los seguros médicos privados, ¿saben cuántos beneficiarios de seguros sanitarios hay en España? 12,5 millones de españoles. ¿De verdad nos quieren hacer creer que 12,5 millones de españoles son los grandes millonarios? No; es que
el socialismo a quien ataca, a quien quiere saquear y a quien quiere sacar hasta el último céntimo del bolsillo es a usted, trabajador de España. (Aplausos).


Luego, el impuesto a las energéticas aquí no está, no está. Los señores de Podemos y los señores de SUMAR se han puesto estupendos: ¡Que lo paguen las energéticas! Pues aquí no viene el impuesto a las energéticas. ¿Y saben lo que van a
hacer? Van a votar a favor de los impuestos al diésel porque dicen que en el futuro el Partido Socialista quizás traiga, o no, un decreto para gravar a las energéticas. No se lo creen ni ustedes. Son una auténtica vergüenza para los trabajadores
de España, que día a día ven cómo les exprimen hasta el último céntimo. (Aplausos).

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Hablan de la fiscalidad de las grandes empresas. ¿Saben a quién se refieren cuando dicen 'grandes empresas'? A las pymes de más de diez empleados. Señor que tiene más de diez empleados, ¿es usted una gran empresa? Pues contra usted es
contra quien van.


Cuando vienen y nos hablan de que han recabado el voto de la mayoría de los grupos, no han recabado el voto de nadie; el Partido Socialista ha firmado un cheque a Bildu y a Esquerra en el que firman juntos una serie de compromisos del
Partido Socialista para que voten a favor. Es decir: hoy apruébame esto, pero yo mañana te prometo que voy a hacer una serie de cosas. Pero es que, por otro lado, con Puigdemont ha firmado otra serie de cosas, también por escrito, que son
diametralmente opuestas a las que ha firmado con Otegi. Están prometiendo medidas concretas, pero contrarias a Otegi y a Puigdemont para sacar adelante este decreto, que, como les digo, contra quien va es contra usted, que maneja una furgoneta
diésel, o contra usted, que tiene a su hijo con un seguro privado.


También Coalición Canaria parece que va a apoyar estas medidas. Quizás en el último momento entren en razón, pero están vendiendo allí, en Canarias, que en el futuro el Gobierno socialista adoptará una serie de medidas que afectan al
régimen fiscal canario, al REF, cuando esas medidas no están en la ley que hoy se va a votar. Que sepan todos los canarios que hayan votado a Coalición Canaria que hoy van a votar a favor de subir impuestos al diésel o a los seguros médicos a
cambio de nada, a cambio de una promesa que quizás se cumpla o quizás no; una promesa que evidentemente no se va a cumplir, porque nadie puede prometer dos cosas que son opuestas sin necesariamente soliviantar a quien las recibe. La otra opción,
que es lo que yo creo que sucede, es que todos ustedes saben perfectamente que están siendo engañados, y su problema es que están dispuestos a apoyar absolutamente cualquier cosa que les garantice permanecer, aunque sea diez días más, sentados en
sus escaños y cobrando de lo público. Por eso no se atreven a oponerse a estos impuestos que en realidad van contra los trabajadores de España.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez González, por un tiempo de siete minutos.


Cuando quiera.


La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


Estamos hoy aquí para fortalecer nuestro estado del bienestar, exactamente para eso, en esta ocasión, debatiendo sobre cómo mejorar la recaudación y evitar el fraude fiscal. Debatimos hoy la que confío sea la ley número veintiuno de esta
Legislatura. Porque, sí, señorías, sí, ya tenemos veinte leyes en el BOE; porque, sí, este grupo parlamentario y este Gobierno sí negocian, sí tramitan y sí legislan leyes que arreglan la vida a la gente. (Aplausos).


Por cierto, señorías del PP, un inciso: sean un poco más prudentes, porque la Comisión de Hacienda celebrada el lunes no fue secuestrada, como dijeron. (Varios señores diputados: Nooo). No fue así. El único secuestro que se ha realizado
en esta Cámara tuvo lugar aquel fatídico 23 de febrero; afortunadamente hoy, como entonces, la democracia sigue ganando. (Aplausos). Y es que en la hipérbole constante en la que vive el Partido Popular a veces no es consciente ni de lo que dice,
pero llevan una semanita de perlas de altura y de nivel y clase política. (Rumores.-El señor Tellado Filgueira: Aldama). Secuestro, regalitos, mordidas, botín, banda: ese es el lenguaje. Vaya, vaya. (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira: Eso
díselo a Montero y al otro.-Rumores). Muy bien, ni que fuera esta una conversación mantenida en una sede pagada en B. Muy bien, señorías del PP. Parece, señorías de la derecha, que algunos solo saben gobernar con rodillo. (Protestas).


La señora PRESIDENTA: Señores diputados.


La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Estamos aquí, no en la sede pagada en B, moderen el lenguaje. (Rumores.-Aplausos).


Señorías, la democracia se ha hecho mayor y ahora necesitamos llegar a acuerdos, a consensos. Necesitamos hacer renuncias, claro que sí, para lograr acuerdos, acercar posiciones y sensibilidades, porque este es un país plural, y eso se
demuestra en la composición de esta Cámara. Entiendo que les

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moleste que por más difícil que sean las negociaciones este grupo siempre siga trabajando, escuchando, comprendiendo e intentando llegar a puntos intermedios. Miren, mientras a nosotros se nos pasan las horas negociando, no lo niego, y
negociamos una ley que lucha contra la evasión fiscal, a otros, en otros Gobiernos y en plena emergencia de la DANA, se les pasan las horas desaparecidos en un restaurante no se sabe muy bien haciendo qué.


Pero centremos el debate. Hoy estamos aquí porque trasponemos una directiva europea que surge del marco de la OCDE, una reforma que es histórica, que plantea una reforma del sistema fiscal a nivel internacional. Se trata de garantizar que
las multinacionales y los grupos nacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros abonen un impuesto mínimo del 15 % y de evitar que estos grupos se deslocalicen en sedes de países donde tributan poco o nada. Si bien nuestro país ha ido
por delante y nuestro sistema ya en el 2022 estableció una tributación mínima, ahora toca dar un paso más bloqueando así cualquier resquicio para limitar la evasión fiscal no solo con un objetivo recaudatorio, que también, sino disuasorio. Esto
supone evitar que España pierda la recaudación que debiera realizarse en nuestro país, señorías, y supondrá un aporte importante a las arcas públicas españolas. Se estima que España ha dejado de recaudar 4300 millones de euros por la elusión fiscal
de las multinacionales. Sí, señor Figaredo -siento que no esté ahora aquí-, a los de los Lamborghini. Es que igual está preocupado porque también usted tiene uno. Yo, como conduzco un Renault Captur, no tengo miedo. (Aplausos).


España necesita unas cuentas fuertes -estamos de acuerdo por lo menos en un lado del hemiciclo- para afrontar el día a día, para afrontar los retos que como país tenemos, pero también para financiar y hacer frente a situaciones
extraordinarias como la que nos está tocando vivir con la DANA. Porque, créanme, sin recaudar de forma ordenada y justa no podríamos tener ni los efectivos, que sin descanso están trabajando en la zona afectada, ni los ERTE ni las ayudas
inmediatas, es decir, no tendríamos la capacidad de responder con los 14 373 millones de euros en medidas para las poblaciones que tanto lo necesitan.


En el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de esto, y por eso también hemos presentado un paquete de enmiendas para completar este proyecto, para dar robustez y garantizar una recaudación justa. Por un lado, hemos propuesto un
impuesto sobre el margen de intereses y beneficios al sector bancario. Es decir, proponemos grabar los beneficios extraordinarios del sector bancario para tener más recursos que puedan ser empleados en los servicios públicos que prestamos. Me
pregunto: ¿Quién puede votar en contra de esto? Después de lo que hemos debatido en el punto anterior, les digo que la mejor manera de mostrar solidaridad con los afectados de la DANA, con los que lo han perdido todo, es apoyar este proyecto,
porque lo que trata es de recaudar de los que más tienen para contribuir a ayudar a los que peor lo están pasando.


Además, y en contraposición, también presentamos enmiendas que rebajan la presión fiscal a las pequeñas empresas, a las micropymes, para fortalecerlas y hacerlas más competitivas. Aportamos también una solución necesaria para evitar el
fraude de los hidrocarburos y los carburantes de diseño. Planteamos una modificación de la ley del IVA y de su reglamento para poner fin a estas prácticas de elusión fiscal que han costado millones de euros en pérdidas de recaudación a las arcas
públicas y que han supuesto una competencia desleal al sector, y lo complementamos con algo que es prioritario para el Gobierno: incentivar el mercado de la vivienda, hacerla accesible.


Hemos presentado varias enmiendas, pero quiero resaltar una de ellas porque afecta a mi tierra, a Canarias. Hemos planteado una modificación del régimen económico y fiscal de Canarias para habilitar que se puede utilizar la reserva de
inversiones en la rehabilitación de vivienda protegida y hacer frente al enorme problema de vivienda que tenemos en Canarias. Estas enmiendas, que son muy amplias y, como les digo, por un lado recaudan y por el otro distribuyen, han sido debatidas,
algunas transadas, mejoradas por los distintos grupos, a los que quiero dirigirme por su capacidad de no renunciar al todo por la nada, por haber buscado la forma de encontrar los puntos que nos unen y dejar a un lado lo que nos separa. Y, no,
señorías del PP, no es un hachazo a los españoles, como ustedes dicen. Y, sí, señorías, espero que recapaciten y apoyen este proyecto, porque, si hoy votan no, estarán diciendo no a los 7200 millones de euros del quinto desembolso de los fondos
europeos, estarán diciendo no a miles de millones de ingresos por recaudación a las grandes empresas y estarán votando en contra de los intereses de todos los españoles y las españolas.


Termino, señorías. Con todo esto traemos un proyecto para recaudar mejor, sobre todo de grandes empresas, para combatir la evasión y la elusión fiscal. Impulsamos una política fiscal que proporcione los recursos que garanticen la igualdad,
la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de este país.

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Les pido que pongamos el acento en todo lo bueno que supone este proyecto, en todo lo que incorporamos y en el impacto positivo para nuestro país. Pido a todas las fuerzas políticas en este Congreso que lo saquen adelante, porque solo si
todos hacemos renuncias ganarán todas las personas que representamos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Álvarez.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea por un tiempo de siete minutos.


Cuando quiera. (Rumores).


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. (Continúan los rumores).


La señora PRESIDENTA: Ruego un poco de silencio, por favor.


Tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Alcanzar un acuerdo en esta ley suponía y supone que, al menos una mayoría, podemos aceptar y entender que en esta legislatura tenemos que movernos en la cuadratura del círculo. Si de verdad la
intención es sacar adelante este proyecto de ley, hay que tener en cuenta que aquellos grupos que facilitamos la investidura tenemos que estar de acuerdo todos y todo el tiempo, lo que nos obliga a abandonar posiciones maximalistas por posiciones
para la negociación y el acuerdo con el fin de llegar a un mínimo común denominador, lo que nos exige a todos hacer cesiones. Todos los grupos conocemos el acuerdo al que el Gobierno había podido llegar con el resto de grupos, todos todo el tiempo,
ahí está la complejidad y nuestra responsabilidad, la de todos todo el tiempo. Habrá quien lo crea insuficiente, pero lo cierto es que este es el acuerdo que la aritmética parlamentaria nos permite, y esto lo debemos tener claro si queremos
alcanzar un consenso.


Sin embargo, a pesar de que todos sabemos cuál es el punto de llegada en esta legislatura, el mínimo común denominador, no entendemos el empeño de algunos grupos en romper este equilibrio al que se había llegado en una defensa numantina de
enmiendas en comisión, por cuanto que esto implicaba volver a abrir un debate en torno a ese acuerdo de mínimos. Hemos asistido a una especie de teatralización, que algunos grupos necesitaban para gestionar un relato y justificar su voto, para
llegar finalmente a donde teníamos que haber llegado desde el principio, al punto de partida que todos conocemos, al mínimo común denominador, que todos podíamos y podemos compartir. Y es que, si nos fijamos en las enmiendas que se van a aprobar
hoy en este proyecto, en poco o nada difieren de las que fueron rechazadas el pasado lunes en comisión en ese particular pulso de cada cual que ha durado hasta hace unos momentos.


Lo cierto es que este proceso ha sido rocambolesco, el claro ejemplo de lo que no hay que hacer, y menos en política, dando una imagen lamentable, cuando lo cierto es que había y hay argumentos más que suficientes para entrar en este acuerdo
de mínimos y apoyar este proyecto que recoge, entre otras, un impuesto a las multinacionales para recaudar lo que dejan de pagar cuando cuentan con filiales en el extranjero, donde la tributación es menor o no existe tributación. Hablamos de unos
2600 millones y de unas las 850 compañías de todo tipo de sectores -energéticas, banca, farmacéuticas, alimentación, automóvil-; de modificaciones para atajar el fraude del IVA; del impuesto a la banca; del incremento de la tributación de las
rentas de capital, o de no perder el siguiente pago de 11 000 millones correspondientes a los fondos Next y evitar una multa de, al menos, 5000 millones si no se lograba transponer a tiempo esta directiva.


Quizá no sea el mejor acuerdo, pero es el posible, y esto es lo que hay que poner en una balanza. En este sentido, el Partido Nacionalista Vasco, nosotros, llegamos a un acuerdo dentro de ese común denominador, con la condición de que
aquellos impuestos que se aprueben sean concertados y de atajar el fraude del IVA en los hidrocarburos.


Miren, si dejamos a un lado toda la demagogia y los discursos en blanco y negro, lo que de verdad subyace en este debate es la necesidad de reformar el sistema fiscal. Lo cierto es que -al menos yo así lo entiendo- no nos debería preocupar
que las empresas, desde las más pequeñas a las grandes compañías, sean rentables, ganen dinero porque es lo que permite tener una recaudación de impuestos para desarrollar políticas públicas que garanticen derechos para mejorar la vida de la gente.
Lo que sí nos debería preocupar es que quien más gane pague proporcionalmente más que el que menos gana, porque esto sí que es progresividad. Y si esto no es así, como parece, el problema y la crítica se han de dirigir al sistema y hacia la
autocrítica, porque,en lugar de poner parches para encubrir nuestros errores, lo lógico

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es revisar el sistema tributario en su conjunto y, en particular, el impuesto de sociedades para corregir, precisamente, aquellas lagunas que pueden aprovechar y, supuestamente, aprovechan las empresas, las compañías, sobre todo las más
grandes, para pagar menos y lograr así una tributación justa. Esto es lo que nos compete como legisladores. Porque no hay que olvidar, además, que es necesario generar riqueza para no repartir miseria. Y, si además entendemos que se deben gravar
los beneficios extraordinarios que se obtengan por empresas o compañías derivadas de situaciones coyunturales -vacunas, precios energéticos, tipos de interés, IPC desbocado; es un contexto, el de 2022, que, afortunadamente, nada tiene que ver con
el de hoy-, también se debería abordar esa reforma dentro del sistema tributario, es decir, abordar la reforma dentro del impuesto de sociedades.


Hasi naizen modura amaitzen dot, Legebiltzar honetan daukagun aritmetikarekin talde politikoak, politikoek ezin dabe guztia edo ezereza bezalako planteamendurik egin. Justo kontrako egoeran gaoz, danok batera denbora guztian, dana edo
ezereza eszenatoki batean ezin izango da inolako akordiorik lortu. Esparru honetan gure taldeak, Eusko Alderdi Jeltzalea, akordio batera iritsi zan bi baldintzagaz. Batetik, onar litekezen zerga itundua izatea eta hidrokarguruaren iruzurrari aurre
egitea. Era berean eta zuzenketa baten bidez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eraginkortasun energetikora bideratutako etenkariak egiteko next funtsak izatea lortu dugu. Hau dana esanda lortutako akordioagaz bat etorriz bozkatuko dugu.
Eskerrik asko.


Termino como he empezado. Los grupos políticos no pueden presentar planteamientos que supongan todo o nada. Estamos en una situación contraria, debemos actuar todos juntos. En una situación de nada o todo no será posible llegar a ningún
tipo de acuerdo. En este ámbito, nuestro grupo, el PNV, consiguió un acuerdo con dos condiciones: primera, aceptar las tasas y, gracias a una enmienda, también se incluye incluirlas en los fondos Next. Y dicho esto, estamos de acuerdo, por lo que
votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech por un tiempo de siete minutos.


El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.


Què és fer política? Quina és l'essència de fer política? Per a alguns de vostès, fer política és fer veure que guanyen la batalla diària enfonsats en la trinxera del cos a cos. Per a d'altres, és imposar el seu relat per sobre de tot.
Per alguns altres de vostès, fer política és aconseguir semblar els reis de la pista, encara que sigui passejant-se per aquí, amb un to xulesc i desafiador. I fins i tot per alguns altres, fer política és faltar al respecte i insultar.


Però de tota aquesta manera de fer política, què en queda? En beneficien en res, vostès, als ciutadans? Quan han passat unes setmanes i el vol gallinaci de fer política de curta distància desapareix, qui se'n recorda del que han fet?
Doncs la resposta és molt senzilla: No en queda res ni se'n recorda ningú.


Nosaltres, tot això, el com fer política, ho entenem molt diferent. Quan va començar aquesta legislatura, explicàvem que nosaltres no formem part de cap bloc, ni dels uns ni dels altres. Que nosaltres no estem aquí per estabilitzar ningú i
que nosaltres només votem a favor de Catalunya i la seva gent. Llavors tots ens miraven com un qui mira un estrany, fins i tot alguns amb to burleta. No s'ho creien perquè no comprenien que hi pugui haver qui faci política d'aquesta manera, sense
pensar en el rèdit a curt termini i prioritzar pel davant dels interessos partidistes sempre les seves actuacions.


I no s'ho creien perquè uns, els del govern, estaven mal acostumats a aconseguir-ho tot a canvi de res. Sí, sí, a canvi de res. I d'altres, els que sustentaven el PSOE i SUMAR, perquè tenen dependència del govern, per poder seguir
aconseguint titulars sense contingut. Però les matemàtiques són dures. En matemàtiques, dos i dos són quatre. I en política els set vots de Junts és el número màgic que fa que les coses s'aprovin o no s'aprovin. I aquesta és la clau de tot
plegat.


I ara, quan amb el pas del temps han descobert que era cert que Junts per Catalunya no ens movem de la nostra posició si no és per estar a favor de Catalunya i la seva gent, resulta que hi ha qui sembla que ho ha entès i negocia. I hi ha
qui es fa el enfadat i ens ataca. Però també els diré: Ens importa zero. Perquè, com he dit darrerament, el temps posa sempre a tothom al seu lloc i els ciutadans amb les urnes encara més.


Tornant al que deia abans. Què en quedarà d'aquest plenari d'avui? En quedaran els titulars? No. En quedarà que, gràcies a Junts per Catalunya, es reduirà la pressió fiscal a les microempreses i les

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petites i mitjanes empreses i a les cooperatives, reduint l'impost de societats per un valor de 2500 milions d'euros a les de Catalunya. Una mesura que beneficia més de 250 000 empreses de Catalunya i que facilitarà una major activitat
empresarial i un major creixement de l'ocupació. I en quedarà que, gràcies a Junts per Catalunya, s'ha eliminat l'impost que es volia posar a 2 700 000 catalans que fan l'esforç de pagar-se una mútua sanitària i que se'ls volia castigar amb 250
milions d'euros anuals. I en quedarà que, gràcies a Junts, s'ha inclòs una bonificació de la cotització de la Seguretat Social dels entrenadors dels clubs esportius, 21 000 clubs esportius a Catalunya, centenars de milers de nens i nenes i joves i
les seves famílies es beneficiaran d'aquesta mesura llargament reivindicada i que garanteix el futur del teixit esportiu català.


I sí, també hem propiciat que es preservin les inversions industrials i estratègiques a Catalunya. I tant! I que es preservi el futur industrial del país. I tant! I que es preservin els llocs de treball. I tant. I que no es produeixi un
augment de la factura del gas, de l'electricitat, de la gasolina i del gasoil. I tant! O potser es pensen que tot això que vostès volien impulsar no hauria acabat amb un cost de la vida dels ciutadans? O potser es pensen que mirar-se el món amb
miopia no té conseqüències pel futur d'un país?


I sí, també hem fet possible un impost a la banca en què la recaptació que en surti es transferirà en funció del PIB a Catalunya. I sí, també hem fet possible que les persones amb una prestació per incapacitat permanent no perdin aquesta
prestació si es posen a treballar. Tot això i més és el que en quedarà d'avui. Però també en quedaran altres coses.


Aquests dies, les dades, la informació, el mètode han fet aflorar altres qüestions. Han fet aflorar, per exemple, una proposta d'impost energètic per part d'Esquerra i Bildu. De fet, la votarem avui, d'aquí a uns minuts. Una esmena que
proposa en el seu articulat literalment això: No estará sujeta a este impuesto la obtención de beneficios operativos derivados de las actividades de suministro a precio regulado de la electricidad.


Ai, carai! Les elèctriques queden fora de la seva proposta d'impost? Les mateixes elèctriques que els hi van transferir 3000 milions d'euros fa escassament dos anys d'euros públics directament amb elles? Doncs sí, les mateixes.


Però és evident. Encara més endavant proposen que les empreses, a l'hora de fer les seves inversions, deien en la proposta d'impost energètic, literalment: Deberán solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
que emita un informe motivado sobre si las inversiones recogidas tienen la consideración de inversiones estratégicas.


I que, per tant, que es puguin fer o no. Carai, de veritat? Esquerra Republicana de Catalunya proposant que qui hagi de decidir on i quines inversions es fan sigui el govern de l'Estat espanyol? De veritat? Doncs sí, de veritat.


La mateixa veritat que vostès, juntament amb PP i Vox, dilluns impossibilitaven que s'aprovés la proposta d'impost a la banca que permetria transmetre a les comunitats autònomes la recaptació que en sortia en funció del PIB i que hem hagut
de rescatar a última hora, amb un debat jurídic a la Mesa, de si aquesta esmena es podia portar i salvar en aquest plenari d'avui. Per cert, transaccional firmada dilluns i impulsada per SUMAR, PSOE i Junts i que no va comptar, com deia, amb el seu
vot.


Per tant, avui vagin passant per aquest faristol, vagin fent uns i altres les seves afirmacions i acusin-nos del que vulguin, però la realitat sempre és més tossuda i les dades sempre són concloents.


Acabo. Hi haurà paquet fiscal en benefici dels catalans per milers de milions d'euros i serà gràcies a Junts per Catalunya. I al final això, que hi hagi un paquet fiscal de mils de milions d'euros en benefici dels ciutadans de Catalunya,
és el que compta. Així que gràcies a tots els que han treballat per fer possible aquest acord d'avui. Ara ja saben on som nosaltres. Sempre ens trobaran aquí per negociar. Això sí, només a favor de Catalunya. Hi hem estat sempre.


Moltíssimes gràcies.


Muchas gracias, presidenta.


¿Qué es hacer política? ¿Cuál es la esencia de hacer política? Para algunos de ustedes hacer política es hacer ver que ganan la batalla diaria, hundidos en la trinchera del cuerpo a cuerpo. Para otros es imponer su relato por encima de
todo. Para algunos de ustedes hacer política es conseguir parecer los reyes de la pista, aunque sea paseándose por aquí en tono chulesco y desafiante. Incluso para otros hacer política es faltar al respeto e insultar. De todas estas maneras de
hacer política ¿qué queda de ello? ¿Benefician en algo ustedes a los ciudadanos? Cuando han pasado unas semanas y esa política de distancia corta desaparece ¿quién se acuerda de lo que han hecho? La respuesta es muy sencilla: no queda nada ni
nadie se acuerda.

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Nosotros todo eso, el cómo hacer política, lo hacemos de manera muy distinta. Cuando empezó esta legislatura explicábamos que nosotros no formamos parte de ningún bloque, ni de unos ni de otros, que nosotros no estamos aquí para estabilizar
a nadie y que nosotros solo votamos a favor de Cataluña y su gente. Y, entonces, todos nos miraban como quien mira a un extraño, incluso algunos con tono burlesco. No se lo creían porque no entendían que pueda haber quien haga política de esta
manera, sin pensar en el rédito a corto plazo y priorizar por delante de los intereses partidistas siempre sus actuaciones. Y no lo creían porque unos, los del Gobierno, estaban mal acostumbrados a conseguirlo todo a cambio de nada. Sí, sí, a
cambio de nada. Y otros, los que sustentaban al PSOE y a SUMAR, porque tienen dependencia del Gobierno para poder seguir consiguiendo titulares sin contenido.


Pero las matemáticas son duras, en matemáticas dos y dos son cuatro, y en política los siete votos de Junts es el número mágico, hace que las cosas se aprueben o no se aprueben, y esa es la clave de todo. Ahora, cuando con el paso del
tiempo han descubierto que era cierto que en Junts per Catalunya no nos movemos de nuestra posición si no es para estar a favor de Cataluña y su gente, resulta que hay quien parece que lo ha entendido y negocia y hay quien se hace el enfadado y nos
ataca, pero también les diré que nos importa cero, porque, como he dicho últimamente, el tiempo pone siempre a todos en su sitio, y los ciudadanos, con las urnas, aún más.


Vuelvo a lo que decía antes. ¿Qué quedará de este Pleno de hoy? ¿Quedarán los titulares? No. Lo que quedará es que, gracias a Junts per Catalunya, se reducirá la presión fiscal a las microempresas, pequeñas y medianas empresas, y a las
cooperativas reduciendo el impuesto de sociedades, por un valor de 2500 millones de euros, a las de Cataluña, una medida que beneficia a más de 250 000 empresas de Cataluña y que facilitará una mayor actividad empresarial y un mayor crecimiento del
empleo.


Y quedará, gracias a Junts per Catalunya, la eliminación del impuesto que se quería poner a 2,7 millones de catalanes que hacen el esfuerzo de pagarse una mutua sanitaria y a quienes se quería castigar con 250 millones de euros anuales.
También quedará que, gracias a Junts, se ha incluido una bonificación en la cotización de Seguridad Social de los entrenadores de los clubes deportivos: 21 000 clubes deportivos en Cataluña, centenares de miles de niñas y niños y jóvenes y sus
familias se beneficiarán de esta medida largamente reivindicada y que garantiza el futuro del tejido deportivo catalán.


Y, sí, también hemos propiciado que se preserven las inversiones industriales y estratégicas en Cataluña, desde luego, que se preserve el futuro industrial del país, que se preserve en los lugares el empleo y que no se produzca un aumento de
la factura del gas, la electricidad, la gasolina, del gasoil. Pues, sí, también. ¿O es que quizás se creen que todo eso que querían ustedes imponer no habría acabado siendo un aumento del coste de la vida de los ciudadanos? ¿O es que quizás se
creen que mirar el mundo con miopía no tiene consecuencias para el futuro de un país?


Y, sí, también hemos hecho posible un impuesto a la banca, que la recaudación que salga de ahí se transfiera, en función del PIB, a Cataluña. Y, sí, también hemos hecho posible que las personas con una prestación por incapacidad permanente
no la pierdan si se ponen a trabajar.


Todo eso, y más, es lo que quedará de hoy, pero también quedarán otras cosas de ello. Estos días, los datos, la información, el método han hecho aflorar otras cuestiones, como, por ejemplo, una propuesta de impuesto energético por parte de
Esquerra y Bildu. De hecho, la vamos a votar dentro de unos minutos, una enmienda que propone en su articulado -literalmente- lo siguiente: No estará sujeta a este impuesto la obtención de beneficios operativos derivados de las actividades de
suministro a precio regulado de la electricidad.


Las eléctricas quedan fuera de su propuesta de impuesto. Las mismas eléctricas a las que transfirieron directamente 3000 y pico millones de euros públicos hace un par de años. Esas mismas quedan fuera. Pero es evidente. Más adelante aún,
en la propuesta de impuesto energético, proponen que las empresas, cuando hagan sus inversiones -decían literalmente-: Deberán solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que emita un informe motivado sobre si las
inversiones recogidas tienen la consideración de inversiones estratégicas.


O sea, se pueden hacer o no. ¡Caray! ¿De verdad? ¿Esquerra Republicana de Catalunya proponiendo que quien tenga que decidir dónde y qué inversiones se hacen sea el Gobierno del Estado español? ¿De verdad? Pues, sí, de verdad; la misma
verdad que ustedes, junto con el PP y VOX imposibilitaban el lunes que se aprobase la propuesta de impuesto a la banca que permitiría transmitir a las comunidades autónomas la recaudación que saliese en función del PIB y que tuvimos que rescatar, a
última hora, con un debate jurídico en la Mesa de que si esta enmienda se pudiese llevar y salvar a este Pleno de hoy. Por cierto, transaccional firmada el lunes impulsada por SUMAR, PSOE y Junts y que no contó con su voto, como decía.

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Por tanto, hoy vayan pasando por aquí, por este estrado, unos y otros haciendo sus afirmaciones y acúsennos de lo que quieran. La realidad, no obstante, es más tozuda y los datos siempre son concluyentes.


Ya termino. Habrá paquete fiscal en beneficio de los catalanes por miles de millones de euros y será gracias a Junts per Catalunya. Al final, eso, que haya un paquete fiscal de miles de millones de euros en beneficio de los ciudadanos de
Cataluña, es lo que cuenta. Así que gracias a todos los que han trabajado para hacer posible este acuerdo de hoy. Ahora ya saben dónde estamos nosotros. Siempre nos encontrarán aquí para negociar. Eso sí, solo a favor de Cataluña. Siempre hemos
estado ahí.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puy Fraga, por un tiempo de siete minutos.


Cuando quiera.


El señor PUY FRAGA: Gracias, presidenta.


Estamos debatiendo hoy un tema fiscal importante: la implantación de un impuesto mínimo en España a las grandes multinacionales, de acuerdo con un mandato que viene de la Unión Europea y, previamente, de un acuerdo de la OCDE. Me gustaría
describir este contexto donde tiene lugar este debate con tres notas.


En primer lugar, estamos con un Gobierno cuyo objetivo es subir la presión fiscal, y lo está consiguiendo: entre 2019 y 2023, de acuerdo con datos de la Agencia Tributaria, se ha subido la recaudación desde 322 000 millones de euros a 424
000, es decir, un 30 %. El hecho es que buena parte obedece a la subida de los impuestos nuevos y los retoques que se han hecho en los ya asistentes, también a la de las cotizaciones sociales, pero buena parte de esa medida, que es la más opaca y
la más importante cuantitativamente, se debe, exclusivamente, a los efectos de la inflación; es la menos trascendente y la más injusta. De esta manera, la presión fiscal en España desde el año 2018 al 2023, mientras que en el área euro bajó el
0,7, en la Unión Europea, 27,08, de disminución, en España ha subido el 2,9. Ciertamente, como es un objetivo del Gobierno, estoy seguro de que el presidente está informado de lo que se está haciendo en el Ministerio de Hacienda y que se agradece
lo que están haciendo. (Aplausos).


El segundo dato es que la renta real per cápita de los españoles, en comparación con la Unión Europea, ha descendido. Hay un empobrecimiento relativo: en el 2018 teníamos el 91 % de la renta per cápita en paridad de poder de compra de la
Unión Europea y hoy es el 88 %.


El tercer dato es que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil y que el riesgo de pobreza en España está ya en el 26,5 %, 12,7 millones de españoles, con un incremento de 400 000, último año
conocido.


En este contexto general presenta el Gobierno este proyecto de ley del impuesto complementario, que es una figura no controvertida; de hecho, ningún grupo presentó ninguna enmienda de devolución. Curiosamente, comienzan prórrogas por parte
de la Mesa, sin aparente justificación, hasta el día 30 de octubre. Y con el cierre del plazo de enmiendas aparece la sorpresa de las enmiendas intrusas. El Partido Socialista incluye, sobre un impuesto en que estamos todos de acuerdo que debe
incluirse en el ordenamiento jurídico español, reformas del impuesto sobre el diésel, sobre el ahorro, sobre el IVA de los arrendamientos, sobre la banca, sobre las sociedades. Solo hay una pequeña rebaja en un impuesto para las pymes,
aparentemente pactado con Junts. El resto de los grupos introducen muchos más impuestos, desde gravar más los billetes de avión, los seguros privados médicos, pasando por las energéticas y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y nos dan seis
días para ver unas enmiendas, de las cuales, simplemente una de SUMAR, la última citada del impuesto sobre sucesiones, es una enmienda con noventa y tres artículos sobre un texto legal que solo tenía cincuenta y cinco. Y empiezan las prisas. Seis
días de ponencia, que es incapaz de discutir estas enmiendas, y dos comisiones desconvocadas apenas una hora antes de su inicio, para acabar este mismo lunes 18 en una comisión con una inusual suspensión de cuatro horas antes de su votación, que la
prensa, no nosotros, describió como esperpento, secuestro, caos o negociación agónica. (Aplausos).


Por lo tanto, debatimos enmiendas que son intrusas, que no tienen ningún informe, ni siquiera el del letrado, porque la Mesa votó que el letrado no hiciera informe sobre las enmiendas presentadas. El Gobierno vetó asimétricamente las
enmiendas: algunas que bajaban impuestos nos las vetaron; otras que bajaban impuestos las mantuvieron. La reforma fiscal comprometida con en Europa es feminista, y una de las enmiendas que vetaron, porque, por lo visto, puede hacer muchísimo daño
a las arcas públicas

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españolas, es la que presentó el Bloque para rebajarle el IVA a los productos de higiene femenina, que el propio Gobierno valoraba en un millón de euros, y la veto por el daño que le podía hacer al presupuesto. Discrecionalidad, por lo
tanto, también en los vetos a las enmiendas.


Fue una comisión en la que el Grupo Popular tuvo una postura clara y que, para evitar manipulaciones posteriores sobre nuestro sentido del voto, voy a resumir. Apoyamos la transposición del impuesto mínimo global. Pese a ser intrusas,
apoyamos las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco y el Grupo Socialista en relación con el fraude del diésel; de hecho, esas enmiendas que impedirían el fraude del diésel ya estarían aprobadas si se hubiera tramitado el decreto de la guerra de
Ucrania, donde mi grupo presentó estas enmiendas, y que se ha paralizado en la Mesa. (Aplausos). Yo llevo poco tiempo en esta Cámara, pero, viendo que algún empresario que se ha dedicado al fraude de hidrocarburos y, más recientemente, a la
canción lírica (risas), es como para pensar que es raro, cuando menos, que se haya parado la tramitación de esa enmienda. (Aplausos). Ayudamos a mejorar la fiscalidad de las pymes. Nosotros hicimos una enmienda, que también apoyó SUMAR, para
mejorar el régimen fiscal en el nuevo tributo de las sociedades cooperativas -por cierto, el Grupo Socialista votó en contra-. También apoyamos un mejor tratamiento de las rentas irregulares a los artistas y facilitamos la bonificación de la
contratación de entrenadores por los clubs deportivos modestos.


Lo que no apoyamos, lógicamente, fue la subida a la imposición al ahorro, y con nuestro voto evitamos los nuevos impuestos que ahora ustedes van a someter a votación: impuestos a la banca, que al final van a gravar a todos los depositantes,
porque saben ustedes que el Banco Central Europeo da orden de que los impuestos sobre la banca se transfieran a los clientes; impuesto sobre las energéticas, que ya se está viendo que promueven la deslocalización, la desinversión y frenan la
transformación verde y la descarbonización; por supuesto, el impuesto sobre el diésel, que no grava, efectivamente, como se dijo, a quién tiene Lamborghinis, sino a quince millones de usuarios que usan su coche a diario para ir a trabajar, porque
van a pagar 7 euros más por el depósito; los seguros privados: 12,4 millones de españoles que complementan la atención de la Seguridad Social con seguros médicos privados no se merecen una subida de este tributo. Son impuestos que no son
distributivos, solo tienen afán recaudatorio o ideológico.


Concluyo. Lo que debió ser la tramitación de un impuesto consensuado a nivel internacional, europeo y español se ha convertido en un despropósito tributario, en un ejercicio de populismo, en la conversión de una reforma fiscal en un
paquetito fiscal, y todo esto es por dos causas. En primer lugar, por la soberbia del Gobierno. Es un Gobierno en minoría que llega a las comisiones sin haber pactado con sus socios, que no recurre ni pide el apoyo de la oposición hasta que se ve
colgado un minuto, cuando hay una interrupción de cuatro horas y todo se le puede venir abajo, y que, como oímos ayer, llama al sentido de Estado del Grupo Popular solo y únicamente cuando se le caen los acuerdos con aquellos que precisamente
quieren destruir el Estado de España. (Aplausos). La segunda causa es la debilidad congénita del Gobierno. Estamos viendo el espectáculo de la manta: se tapa a Junts, se destapa a SUMAR; se tapa a SUMAR, se destapa a Esquerra; se tapa a
Esquerra, se destapa a Podemos; por supuesto, el PNV siempre está tapado por la manta. (Risas). Pero mientras tiran de la manta para un lado y para otro, lo que ocurre es que a quien se destapa es al contribuyente español, que se queda a la
intemperie y tiene que asumir todos estos costes. (Aplausos).


En tres semanas han conseguido ustedes el siguiente logro -en tres semanas-: en primer lugar, introducir más incertidumbre jurídica en el ámbito fiscal, deteriorando el capital legal de nuestro país, la confianza de los inversores y sus
decisiones a largo plazo; en segundo lugar, demostrar la extrema fragilidad de un Gobierno, que está en un alambre del que para no caerse necesita muchas manos, que solo vienen a socorrerlo a cambio de un precio que pagamos todos los españoles; en
tercer lugar, la capacidad del Gobierno socialista de abusar de todos los procedimientos legales sin límite y sin ningún tipo de contención, reforzando la desafección ciudadana, que ve como la política fiscal se convierte en un mercado persa, en el
que no se sabe lo que se negocia, que ve cómo se le suben los impuestos y no sabe con qué propósito. Estos ciudadanos no se merecen este espectáculo esperpéntico, sino una reforma fiscal ...


La señora PRESIDENTA: Señor Puy, tiene que terminar.


El señor PUY FRAGA: ... justa que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos y favorezca la inversión y el crecimiento. Es decir, es la reforma fiscal que impulsará el Partido Popular cuando llegue al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puy.


Tiene la palabra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.


Cuando quiera.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.


Permítanme que tome la palabra solo para agradecer al conjunto de grupos políticos que va a hacer posible este acuerdo su capacidad de diálogo, de debate y, en definitiva, de llegar a consensos, lo que nos permite construir un sistema fiscal
más justo, más redistributivo, que nos blinde el estado del bienestar y proteja a los ciudadanos frente a situaciones catastróficas como la que en estos días estamos sufriendo con motivo de la DANA.


También quiero agradecerles su compromiso con el interés general de los ciudadanos. Efectivamente, para poder llegar a acuerdos, a veces tenemos que abandonar nuestras posiciones de máximos. El ejercicio que ha hecho esta Cámara, de la que
me siento profundamente orgullosa, ha sido pensando solo y exclusivamente en el interés general desde los supuestos legítimos de cada partido político.


Muchas gracias. Los ciudadanos nos lo agradecerán. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Pasamos a votar en medio minuto. (Pausa).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN UN IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR UN NIVEL MÍNIMO GLOBAL DE IMPOSICIÓN PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD, UN IMPUESTO SOBRE EL MARGEN DE INTERESES Y
COMISIONES DE DETERMINADAS ENTIDADES FINANCIERAS Y UN IMPUESTO SOBRE LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL TABACO, Y SE MODIFICAN OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
ESTABLECE UN IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR UN NIVEL MÍNIMO GLOBAL DE IMPOSICIÓN PARA LOS GRUPOS MULTINACIONES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD). (Número de expediente 121/000023).


La señora PRESIDENTA: Votamos el dictamen de comisión sobre el Proyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales
de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas
tributarias.


Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Belarra Urteaga. En primer lugar, la enmienda número 23.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 18; en contra, 330.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 32; en contra, 303; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 25.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 45; en contra, 303.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

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Enmienda número 27.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 32; en contra, 303; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos ahora, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la enmienda número 2 de la señora Valido García.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 5; en contra, 342.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos ahora el resto de las enmiendas de la señora Valido.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 139; en contra, 162; abstenciones, 47.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a votar las enmiendas presentadas por el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos en bloque todas sus enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 18; en contra, 329; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano. Enmiendas números 36 y 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 45; en contra, 303.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos ahora, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano, el resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 45; en contra, 303.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos ahora la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano número 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 18; en contra, 330.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, las enmiendas números 113, 118 y 120.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 164; en contra, 178; abstenciones, 5.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Pausa).


Un momento. Comprobamos el sistema de votación de una diputada. (Pausa). Solucionado el problema, continuamos la votación.


Votamos ahora el resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.

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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 44; en contra, 303.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX. Votamos en bloque todas sus enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 33; en contra, 315.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda número 80.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 145; en contra, 201; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 81.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 164; en contra, 184.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 106.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 179; en contra, 169.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos ahora, de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda transaccional en comisión número 1 a la enmienda número 107 de los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347 a favor, 177; en contra, 170.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos ahora la enmienda transaccional en comisión número 4 a la enmienda número 108 de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional SUMAR y Junts per Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 177; en contra, 171.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 172; en contra, 175; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Aplausos).


Votamos ahora los votos particulares. Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 109 del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 159; en contra, 148; abstenciones, 41.

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La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos ahora el voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 110 del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 159; en contra, 175; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos ahora el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 111 del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 159; en contra, 189.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos ahora los votos particulares números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas números 57 y 58 del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 159; en contra, 173; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.


Votamos ahora las correcciones técnicas. Enmienda de corrección técnica presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano y Euskal Herria Bildu.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 177; en contra, 169; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, les informo de que desde las 14:30 hasta las 15:30 horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al
final de la sesión.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTE DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS ENTRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y SUS CLIENTES. (Número de expediente
121/000018).


La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de Ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la
resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. (Rumores). Silencio, por favor. Quienes tengan que salir, que lo hagan en silencio.


Les informo de que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la avocación de este proyecto de ley. Dicha solicitud se someterá a votación a continuación de la votación correspondiente de la enmienda a la totalidad.


Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. (Rumores). Ruego un poquito de silencio y empezamos con la intervención del ministro. Cuando quiera.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA (Cuerpo Caballero): Buenos días o buenas tardes ya.

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Presidenta, señorías, es un placer comparecer hoy ante esta Cámara con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero. Con esta autoridad, lo que
hacemos es mejorar la red de protección, la red de defensa del cliente financiero existente hoy día. De hecho, esta es la clave de bóveda de nuestra red de protección de los clientes financieros.


Una vez que esta autoridad entre en funcionamiento, lo que haremos es dotar a los clientes de la capacidad de reclamar ante ella para que resuelva los conflictos entre clientes y entidades de manera vinculante, de manera gratuita y, también,
de manera ágil en menos de noventa días, todo ello sin necesidad de que los clientes tengan que acudir a los tribunales y, por tanto, con el elemento adicional de ahorro en términos de costes, ahorro en términos de tiempo y también ahorro en
términos de incertidumbre. (Aplausos).


Este tipo de mecanismos de reclamación extrajudicial responden, en primer lugar, a una demanda ciudadana, una fuerte demanda de la ciudadanía ejemplificada en Carlos San Juan, si recuerdan, el conocido portavoz e impulsor de la campaña
popular a favor de la inclusión financiera de los mayores y las personas con discapacidad. Carlos ya señalaba la importancia de equilibrar la relación entre las entidades y los clientes; de reducir los costes, los tiempos y la incertidumbre en los
procesos de reclamación; y, por lo tanto, tener un sistema ágil y justo para los clientes financieros.


Pero es que, precisamente, vamos más allá de la demanda ciudadana, porque este proyecto da cumplimiento también a un mandato constante del legislador, tanto español como europeo, que se ha reiterado aquí en esta Cámara al menos en cinco
ocasiones. Permítanme destacar la más reciente de ellas: la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, que traspone la Directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Y digo la Ley 7/2007 porque es
una ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta disposición adicional primera dice lo siguiente: 'Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley [...] una única
entidad con competencias en este ámbito'. En términos muy similares se expresa también la disposición adicional sexta de la Ley 5/2015, que fomenta la financiación empresarial. Por lo tanto -repito-, la necesidad de esta autoridad se basa, en
primer lugar, en la demanda de la ciudadanía y también en el mandato de los legisladores. Su importancia se plasma hoy día también en nuestro plan de recuperación. Se trata de un hito específico del apartado de modernización de la arquitectura
institucional en materia de gobernanza económica de nuestro plan de recuperación. Por tanto, debemos dar cumplimiento a este hito para cumplir también con nuestro plan de recuperación. En consecuencia, tenemos la demanda de la ciudadanía, el
mandato de los legisladores y el cumplimiento con nuestro plan de recuperación.


Voy a dedicar unos minutos, al principio de esta comparecencia, simplemente para repasar el funcionamiento del sistema actual, para que tengamos claras cuáles son sus deficiencias y podamos, por lo tanto, saber cómo esta autoridad va a
responder a ellas.


El sistema actual de protección del cliente financiero opera en tres niveles esenciales. El primer nivel del sistema de protección implica, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento general por parte de las entidades financieras de
las normas de conducta, las normas que rigen la relación entre clientes e instituciones financieras, y también, por extensión, de los códigos de buenas prácticas y de los compromisos que han sido voluntariamente asumidos por las entidades. Más allá
de este primer nivel, tenemos un segundo que contempla los medios extrajudiciales. Esos medios extrajudiciales sirven para resolver disputas en estos conflictos entre clientes y entidades financieras antes de llegar a los tribunales. Precisamente,
este nivel consta de dos instancias: en primer lugar, las reclamaciones ante la propia entidad financiera, donde, en cualquier caso, debe producirse esta reclamación; y, posteriormente, en caso de que no sea satisfecha, las reclamaciones ante los
servicios de los supervisores financieros. Como hemos dicho, está el primer nivel, que implica el cumplimiento general de normas de conducta; el segundo nivel, medios extrajudiciales; y el tercer nivel, por supuesto, siempre es el recurso ante
los juzgados y tribunales del orden civil, donde el cliente puede, y seguirá pudiendo también a partir de ahora, hacer valer sus intereses y derechos legítimos.


Decía anteriormente que, como han puesto de manifiesto tanto nuestra ciudadanía como el propio legislador, ese sistema de protección del cliente financiero tiene algunas deficiencias que son muy relevantes. Permítanme que destaque algunas
de ellas. En primer lugar, estos servicios de reclamación que existen ahora mismo por parte de los supervisores financieros -el Banco de España, la CNMV y también la Dirección General de Seguros- no dan resolución o resarcimiento vinculante al
cliente financiero, por su propio ámbito de competencia, que es limitado en este aspecto, y también porque no

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pueden hacerlo, como ya he dicho, de forma vinculante. De hecho, la resolución de forma vinculante de una disputa entre un cliente y la entidad financiera solo es alcanzable hoy día por vía judicial, con los costes, la incertidumbre y el
tiempo adicional que ello supone para los clientes. Por ponerles un pequeño ejemplo con algún dato, según el Consejo General del Poder Judicial, únicamente los tribunales especializados en hipotecas -es decir, aquellos que tratan, por ejemplo, las
cláusulas suelo- tienen pendiente de tramitar más de 140 000 reclamaciones; y ello sin contar, por supuesto, con otros procedimientos de consumo financiero que no están incluidos ni siquiera en esta estadística. Además, tengamos en cuenta que los
mecanismos alternativos de resolución de disputas, como por ejemplo el arbitraje, que, en principio, podrían permitir también obtener resoluciones vinculantes si ambas partes decidieran someterse a ellos, han tenido un escaso desarrollo y, por lo
tanto, aplicación en nuestro país.


Señorías, queda claro, por lo tanto, que este panorama no permite una protección efectiva de nuestros clientes financieros. Por ello, lo que hoy traemos a la Cámara es la incorporación de un refuerzo de esta protección, de un refuerzo de
esta defensa a través precisamente de un mecanismo aumentado de resolución de conflictos de carácter extrajudicial que proporcionará una solución ágil, gratuita y garantista para los clientes financieros, a la vez que va a permitir descongestionar
-y esta parte también es fundamental-.juzgados y tribunales.


Antes de entrar en algunos detalles con respecto a las características esenciales de la autoridad, déjenme que haga un breve repaso a los principales elementos que la definen y que van a dotar a nuestros clientes financieros de una mayor
protección.


Como he dicho anteriormente, en primer lugar, la autoridad va a resolver reclamaciones contra incumplimientos tanto de la normativa de conducta como de la normativa en materia de códigos de buenas prácticas, y también sobre elementos como,
por ejemplo, el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.


En segundo lugar, las resoluciones de la entidad serán vinculantes para todas las entidades financieras y todas esas reclamaciones que estén por debajo de los 20 000 euros. Este umbral de 20 000 euros incluye, aproximadamente, el 95 % de
todas las reclamaciones que se tramitan actualmente por parte de los supervisores financieros.


En tercer lugar, la autoridad será ágil, ya que resolverá estas reclamaciones en un plazo inferior a noventa días.


En cuarto lugar -y no menos importante-, la autoridad hará que estas reclamaciones sean de carácter gratuito para aquellos que reclamen contribuyendo así, por supuesto, a la equidad en las relaciones financieras, equilibrándolas.


En quinto lugar, la autoridad será además única, tal y como reclamaba el legislador, al centralizar las competencias que están actualmente en el Banco de España, en la CNMV y en la Dirección General de Seguros.


En un sistema financiero caracterizado por una constante evolución, un constante surgimiento de nuevos actores difíciles de clasificar muchas veces, con nuevos productos, que también en numerosas ocasiones son productos híbridos, la
centralización de estas competencias presenta ventajas más que evidentes; más allá, por supuesto, de ventajas en términos de ahorro o de economías de escala en materia de costes que pueden y van a producirse.


La autoridad también va a tener un ámbito de actuación más amplio del que existe hoy en día: va a permitir reclamar ante entidades financieras que quedan fuera actualmente del marco de reclamación para los clientes financieros como, por
ejemplo, oferentes de microcréditos o ciertos proveedores de servicios de criptoactivos. Por lo tanto, el perímetro se amplía de manera garantista para los clientes financieros.


En último lugar, la autoridad también va a incluir, bajo su ámbito, a todas aquellas personas que generalmente, estando en una situación de vulnerabilidad, demandan una cuenta de pago básica. Esta cuenta les es rechazada a menudo por su
banco, y, por lo tanto, no son en esa situación, en sentido estricto, un cliente del banco, pero sí que van a estar cubiertos por esta nueva autoridad.


En definitiva, vemos que la introducción de la autoridad es un paso de gigante en la protección de los clientes.


Permítanme dar ahora algún detalle de los elementos principales que trae este proyecto de ley. En primer lugar, en cuanto al ámbito de protección y la ampliación de este ámbito de protección, hemos adoptado un enfoque lo más completo
posible, extendiendo la posibilidad de reclamación sobre todas las relaciones financieras, como he dicho anteriormente, incluyendo aquellas que se mantienen con operadores no supervisados, como prestamistas o agentes como, por ejemplo, los
proveedores de

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servicios en materia de criptoactivos que van teniendo hoy día cada vez una mayor importancia. En la medida en que estos operadores hasta ahora no estaban sujetos a la misma regulación sectorial que las entidades financieras tradicionales,
la resolución de los conflictos con ellos quedaba fuera del ámbito actual en el sistema de reclamación extrajudicial.


Además, como he dicho, también se ensancha la protección más allá de las normas estrictas de conducta financiera. Este proyecto incluye también reclamaciones por incumplimiento de los códigos de autorregulación que han sido voluntariamente
suscritos por las entidades financieras.


Aquí déjenme romper una lanza a favor del trabajo conjunto que hemos venido realizando en los últimos años el Gobierno con las entidades financieras para desarrollar estos protocolos en materia de inclusión financiera para mayores, para
personas con discapacidad y también en el ámbito rural. El cumplimiento de estos códigos de autorregulación voluntariamente suscritos también va a caer bajo el ala de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Para los que nos estén
escuchando, algunos ejemplos de elementos específicos o de reclamaciones que podrá atender la nueva autoridad: el cobro de una comisión que no obedezca a ningún servicio que haya sido solicitado; la devolución de un recibo -por ejemplo, un recibo
del gas- sin que se haya informado de ello al cliente; en el caso de la contratación de una hipoteca, la imposición de una tasadora específica al cliente; la denegación de la indemnización tras un siniestro que está incluido en la póliza. Son
solo algunos ejemplos de las reclamaciones que van a poder hacer los clientes financieros ante la nueva autoridad.


Y como adelantaba anteriormente, también aquellos clientes potenciales, en particular los solicitantes de las cuentas de pago básicas, van a tener amparo, van a tener recurso ante esta Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Las
reclamaciones que se presenten -esta es otra de las novedades- pueden tener o no un contenido económico. Ejemplo de reclamaciones sin contenido económico: cuando se vulnera el derecho a la apertura de una cuenta de pago básica o también el derecho
a la recepción de la información necesaria previa a la contratación o a la firma de un contrato de un producto financiero específico. Estos elementos -resolución vinculante, devolución de importes indebidamente cobrados, potestad sancionadora- son
otros elementos fundamentales ante incumplimientos en la resolución y garantizan la efectividad de este mecanismo extrajudicial de reclamación.


Otro elemento fundamental -como decía anteriormente- es la gratuidad. Para garantizar el efectivo y universal acceso a este mecanismo de resolución, lo que hemos planteado en este proyecto, como no podía ser de otra manera, es la gratuidad
del sistema. Los ciudadanos no van a tener que recurrir a los costes típicamente asociados al recurso de los tribunales de justicia, como un procurador o un abogado; por lo tanto, garantizamos el acceso de todos ciudadanos a un sistema de
resolución de disputas vinculante. Además, la autoridad prestará una atención no solo gratuita, sino personalizada. Esto es particularmente importante, damos un paso más allá en nuestra lucha por la atención personalizada también en materia de
inclusión financiera a nuestros mayores, a colectivos vulnerables o a personas con discapacidad. Vamos a elaborar un modelo sencillo y accesible para que todos los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones, tanto a través de canales
presenciales como telefónicos o telemáticos. Además, por supuesto, con ese objetivo general de contribuir a la inclusión financiera, el proyecto de ley establece también la obligación de fomentar la educación financiera a través de un elemento de
colaboración con los supervisores financieros por parte de la autoridad. Como decía, por lo tanto, estas mejoras nos ayudan a incluir un elemento adicional en esa lucha contra la exclusión financiera y la vulnerabilidad específica de determinados
colectivos.


En cuanto a la organización en sí, el funcionamiento institucional de la autoridad, déjenme darles algunos detalles. Como decía, por supuesto, cabe destacar, en primer lugar, que se trata de un único órgano que va a juntar las funciones que
hasta ahora estaban siendo desarrolladas por los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Dirección General de Seguros y también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto implica que la resolución de las reclamaciones
presentadas ante la autoridad dejará de depender del segmento del sector financiero específico en que se origine, dejará de depender del supervisor que las resuelva y también de la tipología de la entidad ante la que se está reclamando, y de si esta
está o no siendo supervisada.


Con la implantación de la autoridad vamos a dar un tratamiento uniforme a todas las reclamaciones. Esto, por supuesto, va a incidir positivamente también en la resolución de los conflictos relacionados con productos financieros híbridos o
más complejos, que normalmente combinan características de distintas tipologías: elementos o productos de ahorro, inversión y también de seguro. Para cumplir con estas funciones, la autoridad estará dotada de un presidente o presidenta y también
de una vicepresidencia y

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de un consejo rector, que es el órgano que ayudará precisamente, tanto a los titulares de la presidencia como de la vicepresidencia, a llevar a cabo las funciones ejecutivas de estas. En este mismo consejo rector señalo que estarán
presentes también representantes de los supervisores. La autoridad va a contar además con secciones específicas, que serán los órganos colegiados competentes a la hora de resolver las reclamaciones. Estos estarán formados por vocales con
experiencia y capacidad, cuyo puesto estará dotado de un elevado grado de independencia. Se prevé, en tercer lugar, que exista un consejo asesor con funciones consultivas, que va a incorporar a representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios,
de asociaciones representativas de personas mayores, de asociaciones representativas de personas con discapacidad, de las patronales del ámbito financiero y también representantes regionales, de las comunidades y de las ciudades autónomas, así como
a expertos independientes.


Con respecto al esquema de financiación, para ahondar en la independencia de la propia autoridad, hemos previsto que esta se financiará con el pago de una tasa que abonarán las entidades financieras que, como novedad, será variable. Una
tasa variable tanto en función del número de reclamaciones totales que tenga una entidad como de aquellas reclamaciones que sean resueltas a favor de los clientes. Por lo tanto, esto da un incentivo positivo a que las entidades resuelvan de manera
favorable y accedan a un mayor y mejor cumplimiento de la normativa actual en materia de conducta. Este modelo de financiación, como decía, es también un paso adicional hacia la independencia de la propia autoridad.


Hay elementos adicionales que están incluidos en el proyecto de ley. En primer lugar, un elemento que a lo mejor puede parecer más anodino, pero que es muy importante, es la introducción por primera vez en nuestro derecho del principio
general de prestación personalizada en el ámbito de los servicios financieros. Se entiende por prestación personalizada aquella que tiene en cuenta elementos tan esenciales como la edad o la potencial situación de discapacidad de la persona a la
que se están prestando los servicios, características de la zona geográfica donde se reside o también el nivel de competencias digitales de la persona que recibe los servicios. La obligación de esta prestación personalizada corresponderá a las
entidades financieras y es el supervisor el que actuará de garante de la misma.


Además, como elementos adicionales que hemos incluido en este proyecto de ley, siguiendo en este caso las recomendaciones del Defensor del Pueblo, modificamos el régimen de cuentas de pago básicas para mejorar la inclusión financiera en tres
sentidos amplios. En primer lugar, se mejora la garantía del derecho a una cuenta de pago básica, especialmente para aquellas personas más vulnerables. En segundo lugar, se corrige la situación actual por la que una persona vulnerable que tenga
una cuenta ya abierta debe cerrarla antes de solicitar una cuenta de pago básica. Y, por último, se encomienda al Banco de España la elaboración de un modelo de solicitud normalizado, estandarizado, para estas cuentas de pago básicas, para
facilitar precisamente el acceso por parte de potenciales usuarios o clientes, evitando situaciones de indefensión. Una tercera modificación adicional muy relevante para la protección del cliente es la obligación de permitir la cancelación
telemática de aquellas cuentas a las que el usuario puede acceder, o que se hayan abierto también de manera telemática, sin necesidad de acudir físicamente a la sucursal si se desea dejar de ser cliente de una entidad financiera.


Además, hay otras modificaciones adicionales como, por ejemplo, el hecho de dotar al Banco de España de la capacidad -que ya tiene la CNMV- de inspeccionar las entidades de su ámbito mediante la técnica conocida como mystery shopping; es
decir, hacerse pasar por un cliente sin revelar su condición de inspector para conocer de primera mano y de forma más directa cuál es la naturaleza del cumplimiento en materia de conducta de las entidades financieras. Esta técnica de inspección,
como decía, ya la utiliza la CNMV y se ha revelado muy eficaz para saber de primera mano cuál es la realidad del cumplimiento de la normativa de conducta. Asimismo, la apertura del régimen de entidades colaboradoras con la Seguridad Social para
avanzar en la lucha contra la discriminación por IBAN y permitir a las entidades de pago realizar estos servicios en igualdad de condiciones con los bancos. Algunos elementos adicionales que hemos introducido son más técnicos, como, por ejemplo,
alguna modificación en el régimen de la Central de Información de Riesgos del propio Banco de España.


Déjenme terminar haciendo un repaso a cómo ha sido la tramitación parlamentaria de este proyecto. Como bien saben sus señorías, esta no es la primera vez que un ministro de Economía trae a esta Cámara este proyecto. El anteproyecto del
ministro Escolano del que parte el documento que nos ocupa hoy llegó a publicarse en consulta pública en el año 2018. Fue la ministra Calviño la que en el año 2023 trajo a esta Cámara una primera versión de este proyecto de ley, que tuvo -tengo que
reconocer- una próspera y constructiva tramitación parlamentaria, así como una aprobación, hace apenas poco más de un año, por la mayoría de este Congreso, aunque desafortunadamente decayó

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justo antes de su adopción final por el Senado, con motivo de la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales.


La relevancia de la materia y, por supuesto la demanda ciudadana que tenemos y a la que queremos responder, pese a este desafortunado calendario legislativo, ha hecho que este sea uno de los primeros proyectos que hemos vuelto a retomar por
parte del Gobierno, con el objetivo, como decía inicialmente, de completar esa red de protección de los clientes financieros. En este proyecto han participado una pluralidad de agentes, incorporando numerosas propuestas y sugerencias. De hecho, en
audiencia pública se han recibido más de 35 contribuciones, entre las que se incluyen las de las patronales, asociaciones de consumidores y usuarios o también entidades del tercer sector. Esta alta participación, por supuesto, es muy valiosa,
puesto que ha hecho que se enriquezca el debate y que sea un debate que tengamos en primera plana y al que estemos dando respuesta en el Gobierno. Es un debate que afecta de manera directa a los derechos y al bienestar de los ciudadanos.


Como ya he comentado anteriormente, el texto recoge modificaciones puntuales de otras normativas financieras, fruto de la tramitación parlamentaria en la pasada legislatura, que ya se incluyó en la nueva versión de este texto desde el primer
momento. Este texto bebe, por lo tanto, del acuerdo alcanzado hace poco más de un año. Además, en las distintas fases de la nueva tramitación se han ido introduciendo mejoras, algunas de carácter técnico y procedimental y otras de mayor calado,
mejoras que hacen -yo creo- que estemos ante una versión actualizada, aumentada, que esperamos que pueda contar también con la mayoría de esta Cámara.


Se ha modificado, entre otras cosas, con respecto a la versión que ya fue aprobada por esta Cámara, el régimen de financiación, pasando de una tasa única de 250 euros por reclamación a una tasa que, como he dicho anteriormente, es variable
en función del número de reclamaciones que se presentan para cada entidad y también de aquellas que acaban resueltas de manera favorable al cliente. Por lo tanto, esta es una de las novedades, de las mejoras que hemos introducido. Se ha
clarificado también el régimen de recursos en sede judicial, de manera que las resoluciones materiales ante la autoridad serán recurribles ante el orden civil. Y, siguiendo las preocupaciones expresadas en este caso por el Grupo Popular, se han
eliminado posibles resarcimientos económicos por reclamaciones sin contenido económico. Se han reforzado los mecanismos de reporte al supervisor de posibles incumplimientos en este ámbito y se ha reforzado también la transparencia en el reporte y
en el desglose de la información con respecto a posibles incumplimientos no económicos por parte de las entidades financieras. Se ha dado un peso más fuerte al tercer sector, por ejemplo, con su inclusión en el consejo asesor de la autoridad, como
pedían varios de los grupos aquí presentes.


Estas son solo algunas de las mejoras que se han realizado con respecto a un texto que, como decía, ya tuvo la aprobación de esta Cámara. Nos encontramos, por lo tanto, con un texto que parte de varios mandatos del legislador y que parte
también de esa aprobación de la mayoría de la Cámara de representantes del pueblo. Por lo tanto, recoge además mejoras adicionales en respuesta a las preocupaciones planteadas por los distintos grupos.


En este contexto y dados estos precedentes, permítanme decirles que sorprende la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Permítanme recoger aquí, puesto que la sorpresa no solo es mía, lo que decía algún medio de
comunicación estos días. De hecho, voy a citar a El Periódico de Cataluña: El PP se impugna a sí mismo este jueves en el Congreso. Esta es un poco la sensación con respecto a esta enmienda a la totalidad. Porque déjenme cerrar, señorías,
recapitulando cuatro razones esenciales para rechazar esta sorprendente enmienda a la totalidad. La primera de ellas es la relevancia del proyecto que hoy debatimos. La segunda es la respuesta necesaria a la demanda de la ciudadanía para una
mejora en el sistema de protección de sus derechos como clientes financieros. La tercera es la que hace referencia al trabajo ya realizado en esta Cámara; este texto mejora el texto que salió de la tramitación parlamentaria en la pasada
legislatura y, por lo tanto, partimos de un texto que ya fue acordado, y es el que ha servido de base para este nuevo proyecto. Así lo reconoció el propio Grupo Popular durante la votación en el Pleno del dictamen del proyecto del año pasado,
expresando un voto de abstención, en ese caso, estando de acuerdo en la necesidad de avanzar y también reconociendo no solo la mejora que suponía la tramitación parlamentaria en los distintos ámbitos que les preocupaban originalmente, sino también
el valor del texto que se aprobaba tras la tramitación parlamentaria. La cuarta razón es, más allá de este texto ya aprobado, que ya obtuvo la mayoría de esta Cámara, lo que tenemos son nuevas modificaciones que lo mejoran, que se han introducido a
raíz de las contribuciones que hemos recibido por parte de todos los grupos parlamentarios y que responden también a algunas de las preocupaciones

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que ya se señalaron, que se manifestaron en el pasado durante la votación, como las reclamaciones sin contenido económico o posibles reclamaciones espurias también.


Creo que son razones suficientes para rechazar esta enmienda a la totalidad y ponernos a trabajar, señorías, para acordar un texto que es muy necesario y también muy esperado por los ciudadanos. En ese sentido, lo que van a encontrar en el
Gobierno y en el ministerio es una disposición a trabajar sobre todas las enmiendas que se vayan a presentar con el objetivo de ir avanzando, porque queremos avanzar de manera ágil y cerrar con éxito este proyecto, que constituye, como he dicho
inicialmente, la clave de bóveda de un sistema reforzado para garantizar la defensa de los clientes financieros.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Garrido Valenzuela por un tiempo de doce minutos.


Cuando quiera.


La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidenta.


El 18 de mayo de 2023, se aprueba en el Congreso el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Se remite, como es habitual, al día siguiente al Senado, pero como todos
sabemos, tras el fracaso y la derrota en las elecciones municipales, Pedro Sánchez convoca elecciones al día siguiente. Con la disolución de las Cámaras, la ley decae y ha de reiniciarse la tramitación en esta legislatura. Por ello, y para ser
tramitada con carácter de urgencia, vuelve de nuevo a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, aunque la urgencia no la estamos visibilizando -por ahora- con las veinticinco ampliaciones de los plazos de enmiendas.


Señorías, en el momento actual, en el que coinciden, por un lado, la ausencia de presupuestos generales del Estado y la incapacidad de aprobar una senda de déficit y de deuda necesaria para el comienzo de la tramitación de los presupuestos
de 2025 y, por otro, la entrada en vigor de la reforma del marco fiscal de la Unión Europea, que establece nuevas reglas fiscales que hacen imprescindible exigir a los poderes públicos control en sus decisiones y en sus políticas, buscando la mayor
eficacia, pero también la mayor eficiencia en la utilización de fondos públicos, el Grupo Parlamentario Popular considera que este proyecto de ley no cumple con las exigencias que requiere este momento, y no lo hace por varios motivos.


En primer lugar, y al margen del modelo organizativo de funcionamiento al que me voy a referir a continuación, nos gustaría señalar que lo más importante es garantizar la independencia efectiva de los órganos supervisores, y no solo del que
se pretende crear, sino de todos. Este es un aspecto que tiende a considerarse por descontado, y a menudo no se le presta la atención suficiente, a pesar de que actualmente nuestro país presenta un déficit muy preocupante en este terreno. Esta
semana se ha cumplido un año de la investidura de Pedro Sánchez, que se nos ha hecho corto si pensamos en la acción de un Gobierno incapaz de sacar adelante votaciones trascendentales para nuestro país. Habrá que felicitar a Sánchez, porque tiene
lo que quiere: mantenerse en la Moncloa. (Aplausos). Pero, señorías, los que no tenemos nada que celebrar somos los españoles. Llegó a la Moncloa en junio del 2018 y asaltó numerosos organismos del Estado, colocando a militantes socialistas y a
afines al frente de estos. Señor Cuerpo, el Gobierno del que forma parte ha demostrado ser incapaz de mantener la mínima independencia y neutralidad de las instituciones. Si no, que se lo pregunten a la consejera del Banco de España, a la que se
le intentó forzar su dimisión en un nuevo episodio del insólito ejercicio del poder del Gobierno en las instituciones. (Aplausos). El último ejemplo ha sido nombrar gobernador del Banco de España a un ministro que seguía en activo en el momento de
su nombramiento, contraviniendo el requisito de independencia. Estamos seguros de que la nueva autoridad independiente objeto de este proyecto de ley no sería una excepción a esta vergonzosa colonización de las instituciones, señor Cuerpo.


En segundo lugar, me voy a referir al modelo elegido por el Gobierno. La Directiva 2013/11 de la Unión Europea, que se incorpora al ordenamiento jurídico por la Ley 7/2017, que promueve el establecimiento de entidades independientes capaces
de resolver litigios con los clientes, aportando soluciones eficaces y constituyéndose en una alternativa al procedimiento judicial, es en la que se ampara el proyecto de ley para crear la nueva autoridad, pero es que dicha directiva no impone el
modelo centralizado en una nueva -y hago hincapié en 'nueva'- autoridad como modelo a seguir. La nueva autoridad que se propone

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ejercería competencias de resolución de reclamaciones de los clientes financieros, que en la actualidad desempeñan los tres supervisores: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.


Se justifica en la exposición de motivos que con la nueva reforma se pretende reforzar el sistema extrajudicial de resolución de conflictos en el ámbito financiero que figura en el componente 11, reforma 3, del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, cuando lo que promueve es que se establezcan entidades independientes como alternativas a las judiciales para resolver conflictos de intereses, pero no prejuzga su organización. Por lo que, señor Cuerpo, a pesar de que
seguimos compartiendo el objetivo final de impulsar este sistema extrajudicial de resolución de conflictos en este ámbito, no compartimos el procedimiento elegido. Creemos que se puede proteger a los clientes financieros, en especial a los más
vulnerables -personas mayores o personas procedentes del ámbito rural- sin realizar una reforma administrativa de tanto calado y con un coste tan elevado.


Baste el ejemplo de la autoridad independiente de Reino Unido -que se utiliza de forma indisimulada como modelo en este proyecto de ley-, que ha aumentado su tamaño año tras año y ya se acerca a los cinco mil funcionarios desde los cerca de
mil con los que empezó. Además, señor ministro, la experiencia comparada con respecto a la creación de organismos similares al que regula este proyecto de ley no ha sido la práctica común, y la mayoría de los países han optado, bien por mantener
las estructuras de servicios de reclamaciones que ya existen, bien por crear una única autoridad competente, apoyándose en los servicios de reclamación extrajudicial que ya tenían. En este proyecto de ley queda claro que el Gobierno se ha decantado
por la existencia de cuatro instituciones: Banco de España, CNMV y Seguros y la nueva autoridad.


En tercer lugar, entro en el último punto que sostiene esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley de creación de la nueva autoridad. En este punto cabe señalar que durante años hemos defendido en nuestro programa un modelo de dos
instituciones: uno de solvencia y otro encargado de velar por que la conducta de las compañías se rigiera por normas éticas y establecidas. Se han discutido hasta la saciedad las ventajas e inconvenientes de los modelos de supervisión en este
ámbito. El Congreso de los Diputados -usted lo ha reseñado en su intervención- se ha manifestado en dos ocasiones, con motivo de la Comisión de investigación de la crisis financiera y también con las resoluciones de la Comisión de reconstrucción, a
favor las dos veces del modelo twin peaks de supervisión, donde el responsable de la supervisión de solvencia fuera el Banco de España y el de conducta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta solución sería más sencilla y económicamente
más eficiente. La propuesta de twin peaks ha sido defendida por el gobernador del Banco de España -el independiente, para que me entiendan- en numerosas ocasiones, y cito textualmente: Para mí el mayor coste es no dar un salto adicional hacia el
modelo de twin peaks. En este sentido, apuntó que si se hubiera optado por este sistema de supervisión no haría falta crear una nueva autoridad, dado que habría sido la CNMV la que concentraría todas las reclamaciones.


También criticó que esta autoridad así concebida aumentaría la litigiosidad, pero habrá que preguntar la opinión al nuevo gobernador del Banco de España en sustitución del gobernador independiente. Por cierto, la labor de este último, de
Hernández de Cos, fue reconocida por todos y cada uno de los grupos que conformamos la Comisión de Economía en la última sesión en la que él compareció. En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la CNMV hace poco más de un mes cuando
señala, y leo también textualmente: Personalmente llevo diciendo lo mismo desde 2005, cuando entré en la CNMV, soy partidario del modelo twin peaks. Y argumenta las mismas razones que defendemos y que defiende el sector. Por eso, y dada la
solución actual, no compartimos que se opte por este modelo híbrido de reparto de competencias, porque lo que se propone es que tanto la vigilancia de la solvencia como la vigilancia de la conducta sigan en manos de los tres órganos actuales -Banco
de España, CNMV y Seguros-, mientras que se establece que las funciones de resolución administrativa de conflictos se integrarían en el cuarto órgano de nueva creación, que estaría encargado de resolver todas las reclamaciones financieras. Por lo
tanto, serían cuatro los organismos que tendrían competencia en materia de protección del consumidor.


En definitiva, y como señalé antes, estimamos que se pueden alcanzar los mismos objetivos que pretende el proyecto de ley de creación de la autoridad sin necesidad de crear una nueva estructura administrativa con doscientos cincuenta
efectivos y un coste de 25 millones de euros anuales en personal y coste inicial, que a buen seguro, y siguiendo el ejemplo británico, aumentaría sensiblemente.

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Termino como empecé. Lo importante es garantizar la independencia efectiva de los organismos públicos. En 2014, solo cuatro años antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, este escribió un tuit que textualmente decía: Hay que
acabar con la colonización por los partidos de las instituciones, sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Señorías, hoy en día ya hay más de cincuenta instituciones colonizadas por
Sánchez porque, antes de la RTVE -que culminará la semana que viene-, ha habido otras colonizaciones: fiscal general del Estado, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, el CIS, Correos, el INE, y estamos seguros de que la nueva autoridad
independiente objeto de este proyecto de ley no sería una excepción a esta vergonzosa colonización de las instituciones.


Señorías, ¿creen que Sánchez mintió en el tuit de 2014? No les dejo contestar: no mintió, cambio de opinión; es lo que pasó. Y junto a las mentiras sobre declaraciones hechas en años anteriores, va acumulando frases que pasarán a la
historia y que reflejan perfectamente la personalidad del nefasto presidente que está teniendo España desde 2018. Esperemos que se acabe pronto por el bien de España. A la frase tan dolorosa sobre la tragedia de la DANA -si necesitan más recursos,
que los pidan- se unirán otras más que también dan idea de su catadura moral.


Hoy, Aldama, empresario encarcelado por la trama de corrupción que envuelve al PSOE y al Gobierno socialista, ha declarado ante un juez que el presidente, el 'número 1', le dijo: Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado.
(Aplausos). Señor Cuerpo, se trata del mayor escándalo que se ha dado en democracia, que involucra a ministros. Usted lleva poco tiempo, pero si su antecesora ha sido informada, ¿lo son todos?, ¿cómo funciona esto?, ¿se informan en el Consejo de
Ministros? Es de tal gravedad lo que está saliendo que, de cumplirse solo la mitad, el PSOE quedaría totalmente abatido.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra Sagastizabal Unzetabarrenetxea por un tiempo de siete minutos.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Lo cierto es que ya en la legislatura anterior debatimos dos enmiendas a la totalidad acerca de este proyecto, la que presentó Esquerra Republicana, por un lado, y la que presentó VOX, si bien con argumentos muy distintos. Fíjense, tampoco
ha pasado tanto tiempo y, hoy, sin embargo, ninguno de esos dos grupos ha presentado una enmienda a la totalidad y, en cambio, es el Grupo Popular el que nos la presenta, algo que sorprende ya que el proyecto que hoy se nos presenta es una mejora
del inicialmente aprobado en su día, al que se abstuvo el Grupo Popular en la votación del dictamen del proyecto de ley.


Mi grupo ya dijo en su día que la creación de esta autoridad supondrá la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y sus clientes a través de una única autoridad administrativa. Hasta
ahora es verdad que la resolución de las reclamaciones financieras se reparte entre tres organismos: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, como las entidades
financieras son entidades supervisadas por el Banco de España, sus decisiones pueden ser reclamadas ante el Banco de España que, junto con la CNMV, mantienen una función de prevención de buenas prácticas y uso financiero dentro de su cualidad de
entidades supervisoras. Si el cliente, además, no tiene satisfacción mediante estas vías, le queda abierta la vía jurisdiccional.


No podemos obviar tampoco los avances legislativos para la implementación de diferentes fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos, como son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, o el Real Decreto Ley 1/2017,
de 20 de enero, de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo.


Además, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, trasposición de la Directiva 2013/11, de 21 de mayo, prevé en su disposición adicional primera la creación por ley de una única entidad con competencias para la resolución, con carácter vinculante o
no, de litigios de consumo en el sector financiero y obliga a las entidades financieras a participar en los procedimientos de dicha entidad de resolución alternativa de litigios; pero no regula ni desarrolla dichos procedimientos, y solo se limita
a establecer los requisitos que buscan la armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los y las consumidores y los empresarios y empresarias para la resolución de sus litigios. Por lo tanto, la
citada directiva permite que los Estados miembros hagan uso de las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo ya existentes, pero no impide en ningún caso la creación de nuevas entidades que

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desarrollen la misma actividad; pero tanto unas como otras, las entidades ya creadas y las de nueva creación, deberán ajustarse por igual a las exigencias y procedimientos establecidos por los Estados miembros si desean ser acreditadas.


Por tanto, el proyecto de ley crea esa nueva autoridad, que integrará a los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores para resolver reclamaciones contra incumplimiento de las normas de conducta, buenas prácticas y
usos financieros sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. El instrumento de resolución extrajudicial que se regula en este proyecto de ley es voluntario y alternativo, tanto en la jurisdicción civil como en el acceso a cualquier
otro medio alternativo de resolución de controversias, como puede ser el sometimiento a los procedimientos arbitrales de consumo o a los establecidos por otras entidades acreditadas. No se sustituyen, sino que se refuerzan otros mecanismos que ya
están a disposición de los clientes financieros.


De esta autoridad y de este mecanismo se ha venido hablando en la Comisión de investigación sobre la Crisis Financiera, en la que, entre las conclusiones aprobadas en cuanto a los organismos reguladores, se manifestaba la necesidad de
disponer de un mecanismo eficaz de resolución de disputas entre clientes y entidades financieras, corroborando, por tanto, que el sistema no ha sido del todo eficaz, proponiendo, además, la valoración de la arquitectura institucional denominada twin
peaks. También se ha hablado de ella más recientemente, con motivo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que se precisaba que España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos
países de la Unión Europea con tres organismos supervisores cuyas competencias en ocasiones se solapan entre sí, y se hacía necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otros con dos organismos gestores centrados en
tareas específicas, modelo conocido como twin peaks. En esto se basa o se justifica la enmienda a la totalidad que hoy nos presenta el Grupo Popular.


En definitiva, el prelegislador podía haber optado por este sistema, por el sistema arbitral de consumo actual, pero nada impide la creación de esta nueva autoridad incardinada en el ámbito de la supervisión de las entidades financieras y
que responde a un modelo híbrido, que no responde ni al modelo sectorial ni al integrado en dos pilares.


Mi grupo entiende que es necesario establecer mecanismos para avanzar y mejorar en la protección a la ciudadanía en sus relaciones con el sistema y servicios financieros en un ámbito, además, donde hay una asimetría de información y en un
entorno en el que la complejidad de los servicios financieros es cada vez mayor. Por tanto, es necesario dar una respuesta eficaz a las reclamaciones de usuarios en el ámbito hipotecario, de tarjetas, condiciones del seguro, operaciones de valor,
transferencias, comisiones, en un escenario en el que aún hay miles de ciudadanos y ciudadanas que no han tenido una respuesta judicial frente a reclamaciones de operaciones firmadas con anterioridad al año 2014, cuando ya estamos en 2024. Llevan
demasiado tiempo esperando una solución y, por tanto, es el momento de actuar. Es fundamental que los clientes financieros dispongan cuanto antes de un instrumento que les permita sobrevivir en el cada vez más complejo mundo en el que los usuarios
de servicios financieros se encuentran, además, cada vez más indefensos frente a las técnicas, las tecnologías e incluso las estrategias comerciales de un sector en el que hasta hace muy poco un cliente gestionaba sus ahorros con una simple libreta
o cartilla de ahorros, pero que ahora, sobre todo para los clientes mayores y pensionistas, resulta una misión prácticamente imposible, y en la que además se sienten vulnerables y desprotegidos. Por tanto, creemos necesario tener un mecanismo y
procedimiento ágil y eficaz para potenciar la resolución extrajudicial de conflictos y reducir la judicialización en el ámbito financiero; un mecanismo que, además, fue mejorado en el trámite de enmiendas en cuanto a la definición de cliente
potencial, las reclamaciones sin contenido económico, el famoso tema de la tasa, la financiación de la autoridad, las resoluciones vinculantes, las revisiones judiciales, la cuenta básica de clientes, etcétera; todo ello, como he dicho, en aras de
conseguir un mecanismo ágil y eficaz para la ciudadanía.


Por eso, hoy no vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad. De todas formas, mi grupo trabajará para mejorar quizá un poco más este proyecto de ley a través de la interposición de enmiendas, que espero puedan contar con el apoyo
del Gobierno y del resto de grupos.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera, por un tiempo de siete minutos.

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La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta. Bona tarda, ja!


Des del nostre grup, votarem en contra d'aquesta esmena a la totalitat. El projecte de llei d'esmena, per nosaltres, és una eina legislativa necessària per construir una arquitectura de regulació financera que protegeixi els consumidors i,
alhora, els defensi davant de les pràctiques abusives de les entitats financeres. No oblidem d'on venim.


La crisi financera de l'any 2008 va portar al PSOE primer i al PP després a realitzar un rescat bancari. Amb la bandera capitalista que no ens podem permetre una fallida del sistema financer, els dos grans partits aviat es van posar d'acord
per realitzar una injecció massiva de diners públics a la banca espanyola. Resultat: una reestructuració bancària on es van transferir més de 120 000 milions d'euros de l'erari públic, en forma d'ajuts en recapitalització. Anys després, aquest
rescat bancari no ha estat retornat íntegrament a la ciutadania i, segons el Banc d'Espanya, hi ha més de 60 000 milions d'euros impossibles de recuperar.


Tot i això, la banca continua sense fer aquest retorn a la ciutadania. Encara hi ha milers de persones en mans de la seva usura. Per fer recordatori, mentre l'Estat espanyol salvava la banca regalant milions d'euros de l'erari públic dient
que no hi havia alternativa, desenes de milers de famílies perdien casa seva -eren expulsats de casa seva- i milers de petits empresaris no podien fer front a les seves despeses bancàries degut a l'esclat de la crisi financera.


Ells i elles, que en definitiva som nosaltres, érem els qui realment no teníem alternativa. Les entitats financeres tenen molt més poder que els clients individuals. Per tant, aquesta autoritat pot equilibrar aquesta situació oferint als
clients un recurs efectiu i accessible que no depengui exclusivament dels tribunals. L'autoritat ha de proporcionar un sistema gratuït, imparcial i ràpid, perquè els clients puguin veure ateses les seves reclamacions envers les entitats financeres.
Una autoritat com aquesta ha de contribuir a frenar males pràctiques i a sancionar aquelles entitats que no compleixin amb els estàndards mínims d'equitat.


També creiem imprescindible, en un context de concentració bancària com l'actual, la creació d'aquesta autoritat de defensa del client, perquè pot ajudar a frenar possibles abusos derivats de la manca de competència i a preservar la qualitat
del servei. Per Esquerra, és un dels punts importants d'aquesta llei acabar amb l'exclusió financera que pateixen moltíssimes persones. Com segurament poden imaginar, treballarem esmenes per aquesta llei amb l'objectiu d'assegurar que l'Autoritat
de defensa del client financer asseguri la inclusió de la ciutadania i l'accés als productes bàsics per operar en un món digital. Sobretot vetllarem especialment pels col·lectius en situació de vulnerabilitat, ja sigui per discapacitat, edat o
origen.


Els bancs, els últims anys, han retallat també en infraestructura i serveis. Per exemple, a la circumscripció de Lleida van passar de tenir 199 caixers automàtics a tenir-ne 49, una caiguda del 75 % en 15 anys. De fet, en el conjunt de
l'Estat, segons el Banc d'Espanya, en un sol any els caixers automàtics al conjunt de tot l'Estat han caigut un 7,2 %. I si fixem la mirada als municipis més petits, els de menys de 500 habitants, la caiguda ha estat de l'11 %, de 426 a 379
caixers. S'entén quina és la tendència de la banca, oi?


Per tant, prenguin d'exemple el projecte de llei enviat des del Parlament de Catalunya redactat pel govern republicà. Des d'Esquerra Republicana es van fer grans passes per avançar en la inclusió financera. Es va treballar i ja és una
realitat la posada a disposició de caixers automàtics als centenars de municipis, d'on els bancs n'han anat marxant les darreres dècades, tot i tenir grans beneficis. I és que el problema, quan una oficina tanca, no és només l'afectació als usuaris
que es queden sense serveis, sinó que també al darrere deixa reestructuració laboral, provocant acomiadaments col·lectius, baixades de sou i despoblament rural.


Una altra de les problemàtiques que detectem és que els productes financers han arribat a un gran nivell d'especialització. Aquesta problemàtica es veu incrementada per les noves tecnologies aplicades en productes fintech. Caldrà, doncs,
apoderar els consumidors i usuaris per conèixer els productes que ofereixen les entitats financeres, però no amb l'objectiu de encolomar productes com fa habitualment la banca, sinó amb la formació financera necessària que els garanteixi un alt
nivell de protecció.


Per tant, i per acabar, votarem negativament a aquesta totalitat. I senyor Casares, senyor ministre Cuerpo, vagin prenent apunts, perquè presentarem esmenes per facilitar l'acreditació de persones que han arribat recentment a l'Estat a
productes financers bàsics, per oferir eines presencials i telefòniques, a més de les virtuals, perquè tothom pugui accedir a l'autoritat, per garantir l'atenció als usuaris en ciutats de menys de 50 000 habitants, per millorar la protecció en cas
de clàusules abusives, ampliar el llindar de clàusules vinculants per dotar de pes efectiu aquesta autoritat, establir uns terminis d'admissió

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a tràmit i resolució adequats per assegurar que els consumidors no es trobin en una situació d'indefensió prolongada en el temps.


En definitiva, hem de reforçar aquesta autoritat per a que sigui una eina essencial per protegir els drets financers del conjunt de la població, però especialment en el conjunt de la població d'aquells més vulnerables, i posar en
evidència..., ai, sí, posar en evidència la necessitat de polítiques públiques fortes. És el moment d'enfortir el públic davant d'un sistema financer que hem vist que massa sovint prioritza el benefici a curt termini sobre el benestar comú, que és
la usura de la banca que hem anat repetint cada vegada que n'hem tingut oportunitat.


Gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes ya.


Desde nuestro grupo votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley. Para nosotros es una herramienta legislativa necesaria para construir una arquitectura de regulación financiera que proteja a los consumidores y, a
la vez, los defienda ante las prácticas abusivas de las entidades financieras. No olvidemos de dónde venimos. La crisis financiera de 2008 llevó al PSOE primero y al PP después a realizar un rescate bancario. Con la bandera capitalista de 'no nos
podemos permitir la quiebra del sistema financiero', los dos grandes partidos se pusieron pronto de acuerdo para realizar una inyección masiva de dinero público a la banca española, que tuvo como resultado una reestructuración bancaria, a la que se
transfirieron más de 120 000 millones de euros del erario público, en forma de ayudas en recapitalización. Años después, ese rescate bancario no ha sido devuelto íntegramente a la ciudadanía y, según el Banco de España, hay más de 60 000 millones
de euros imposibles de recuperar.


A todo esto, la banca sigue sin hacer este retorno a la ciudadanía, y hay miles de personas en manos de su usura. A modo de recordatorio, mientras el Estado español salvaba a la banca, regalando millones de euros del erario público y
diciendo que no había alternativa, decenas de miles de familias perdían su casa y eran expulsadas de su casa, y miles de pequeños empresarios no podían afrontar sus gastos bancarios debido al estallido de la crisis financiera. Ellas y ellos, que
somos nosotros, en definitiva, eran quienes realmente no tenían alternativa, pues las entidades financieras tienen mucho más poder que los clientes individuales. Por tanto, esta autoridad puede equilibrar esa situación, ofreciendo a los clientes un
recurso efectivo y accesible, que no dependa exclusivamente de los tribunales.


La autoridad ha de proporcionar un sistema gratuito, imparcial y rápido, para que los clientes puedan ver atendidas sus reclamaciones frente a las entidades financieras. Una autoridad como esta ha de contribuir a frenar malas prácticas y a
sancionar a aquellas entidades que no cumplan con los estándares mínimos de equidad. También creemos imprescindible, en un contexto de concentración bancaria como el actual, la creación de esta autoridad de defensa del cliente porque puede ayudar a
frenar posibles abusos derivados de la falta de competencias y a preservar la calidad del servicio.


Para Esquerra uno de los puntos importantes de esta ley acabar con la exclusión financiera que sufren muchísimas personas. Como seguramente pueden imaginar, trabajaremos en enmiendas para esta ley, con el objetivo de asegurar que la
autoridad de defensa del cliente financiero asegure la inclusión de la ciudadanía y el acceso a los productos básicos para operar en un mundo digital. Sobre todo, velaremos especialmente por los colectivos en situación de vulnerabilidad, sea por
discapacidad, edad u origen.


Los bancos en los últimos años han recortado también infraestructuras y servicios. Por ejemplo, en la circunscripción de Lleida, pasaron de tener 199 cajeros automáticos a tener 49, con una caída del 75 % en quince años. De hecho, según el
Banco de España, en un único año los cajeros automáticos en el conjunto del Estado cayeron en un porcentaje muy considerable; y, si nos fijamos en los municipios más pequeños, los de menos de 500 habitantes, la caída ha sido de un 11 %, de 426 a
379 cajeros. ¿Ya se entiende cuál es la tendencia de la banca, verdad? O sea, que tomemos como ejemplo el proyecto de ley enviado al Parlamento de Cataluña y redactado por el Gobierno republicano. Esquerra Republicana ha dado grandes pasos para
avanzar en la inclusión financiera, ha trabajado y ya es una realidad la puesta a disposición de cajeros automáticos en los centenares de municipios de donde los bancos se han ido marchando en las últimas décadas, a pesar de los grandes beneficios
que han tenido. Porque cuando una oficina cierra, el problema no es solo la afectación a los usuarios que se quedan sin servicios, sino que también detrás deja todo lo que es la reestructuración laboral, provocando despidos colectivos, bajadas de
sueldo y despoblamiento rural.

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Otra de las problemáticas que detectamos es que los productos financieros también han llegado a un gran nivel de especialización. Esta problemática se ve incrementada por las nuevas tecnologías aplicadas en productos fintech. Habrá, pues,
que empoderar a los consumidores y usuarios para conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, pero no con el objetivo de encolomarles productos, como hace la banca habitualmente, sino una información financiera necesaria que les
garantice un alto nivel de protección.


Por tanto, para terminar, votaremos negativamente a esta enmienda a la totalidad. Señor Casares y, también, señor ministro, vayan tomando apuntes, porque presentaremos enmiendas para facilitar la acreditación de personas que han llegado
recientemente a productos financieros básicos en el Estado, con herramientas presenciales y telefónicas, además de las virtuales, para que todo el mundo pueda acceder a la autoridad, para garantizar la atención a los usuarios en ciudades de menos de
50 000 habitantes, para mejorar la protección en casos de cláusulas abusivas, ampliar también el umbral de cláusulas vinculantes para que sea efectiva esta autoridad y establecer plazos de admisión a trámite y resolución adecuados para garantizar
que los consumidores no se encuentren en una situación de indefensión prolongada en el tiempo. En definitiva, hemos de reforzar esta autoridad, para que sea una herramienta esencial para proteger los derechos financieros del conjunto de la
población, pero especialmente en el conjunto de la población de los más vulnerables, y poner en evidencia -sí, poner en evidencia- la necesidad de políticas públicas fuertes. Es el momento de reforzar lo público ante un sistema financiero que hemos
visto que demasiado a menudo prioriza el beneficio a corto plazo sobre el bienestar común, que es la usura de la banca, que hemos ido repitiendo cada vez que hemos tenido oportunidad.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Granollers.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi, también por un tiempo de siete minutos.


La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.


Buenas tardes.


Señorías, como ha comentado ya el ministro, hoy debatimos una norma de gran trascendencia para la protección de los derechos de los clientes financieros en nuestro país; una norma que, como ya han comentado también el ministro y varios
compañeros, obtuvo una mayoría amplia en esta Cámara, pero en el último minuto, debido a la convocatoria de elecciones, pues no llegó terminar su trámite.


El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que lo que hace es desarrollar la disposición adicional primera de la Ley 7/2017. Y es algo bastante curioso porque en la legislatura pasada no la presentó.
Sí lo hizo VOX, aunque en esta legislatura no lo ha considerado, pero el Grupo Popular no presentó absolutamente ninguna enmienda. Y hoy nos propone una enmienda a la totalidad, con la justificación de que no hace falta esta autoridad para proteger
a los ciudadanos frente a la banca y los grandes capitales, aunque, como bien sabéis, un ciudadano normal no tiene capacidad de protegerse frente a una gran entidad, como es la banca.


Hoy os quería dar algunos datos. Entre 2017 y 2023 los tribunales dictaron 599 000 sentencias relacionadas con las cláusulas suelo, que incluso llegaron a los tribunales europeos. El cliente financiero ha ganado el 97 % de estas sentencias
frente a la banca, pero aún quedan 140 000 casos pendientes de reclamaciones relacionadas con otros abusos de la banca frente al ciudadano.


También, quiero contarles una anécdota que tuve con mi compañero Carlos Martín cuando empezamos esta legislatura. Los que me conocen saben que yo vengo del sector bancario, del sector financiero. Ante la subida de los tipos de interés, el
señor Martín y yo intentamos hablar con la banca para que las familias españolas pudieran cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo sin ninguna penalización. Obviamente, en ese momento la banca nos dijo que era imposible. Yo le recordé que,
cuando subieron los tipos de interés, muchos de mis compañeros de la banca no sabían ni siquiera que había un tipo variable, porque este venía siendo negativo en los últimos años, y eran la gran mayoría de la plantilla de la banca. A mí esto me
generó una alarma porque, si se nos pasaba por alto alguna cosa a nosotros, que trabajábamos en la banca -como le ha pasado algunas veces al Grupo Popular, incluso con alguna ley-, cómo no se le iba a pasar por alto a mi madre una cláusula frente a
la banca, sobre todo cuando estas vienen edulcoradas muchas veces y cuesta mucho que la ciudadanía las comprenda. (Aplausos). Sé que mi comentario no agradó a la banca, pero puso de manifiesto que el ciudadano está desprotegido frente al gran
capital, porque este obviamente va a proteger a sus empleados y sus intereses.

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Entonces, ante esta enmienda que nos presenta el Grupo Popular, en la que dice que es innecesaria esta autoridad porque es una entidad redundante, yo me pregunto a quién están defendiendo de verdad, porque me parece paradójico que no
presentaran enmiendas en la pasada legislatura, pero sí en esta. Creo que es por el mero hecho de hacer una oposición constante a este Gobierno. De hecho, la ley de esta legislatura es mucho más garantista que la anterior, y a la anterior no le
pusieron ningún problema. Me gustaría recordar que el Partido Popular es el partido que defiende a la banca, el del rescate de los 60 millones de euros de fondos públicos, el creador de la Sareb de 35 000 millones de euros de deuda, el que fomenta
la concentración en oligopolio de la banca y, por supuesto, el que rechaza el impuesto a la banca. Lo hemos podido comprobar hoy con este paquete fiscal.


Por eso, me gustaría traer la frase que dijo ayer el compañero del Grupo Popular, Bendodo. Comentó que el Partido Popular está gobernando desde la oposición. Muchos nos hemos reído, pero a mí no me gustaría pasar por alto esa frase porque,
efectivamente, el Partido Popular gobierna desde la oposición, del lado de la banca, del lado de los grandes fondos buitres (aplausos), del lado de los rentistas y del lado de las energéticas. Eso es gobernar desde la oposición, porque está del
lado del capital.


Nosotras, como formación integrada en este Gobierno, tenemos claro para quién estamos gobernando, y lo hemos demostrado hoy con este paquete fiscal. Gobernamos para una mayoría social y tenemos a nuestro alcance algo fundamental, que es el
BOE. Nosotros hemos sido elegidos por la mayoría social para transformar su vida, pero para transformar la vida de las personas debemos hacerlo a través de valentía, a través de consensos y a través de reformas progresivas y fiscales. Por eso, no
solamente es importante esta entidad que proteja a los ciudadanos frente a la banca, también es importante hablar de lo que hemos aprobado hoy, que no se pase por alto lo que hemos aprobado hoy, y me gustaría dejar reflejado que el Grupo Popular ha
votado en contra de un paquete fiscal que defiende a los y las españolas. Hoy, el Partido Popular está del lado de la banca, está del lado de un oligopolio con el que está gobernando hoy, pero, efectivamente, desde la oposición. (Aplausos).


Hoy hemos aprobado -bueno, esperemos que se apruebe- un impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales, algo que exige la propia Unión Europea; un incremento del IRPF a las rentas más altas; reducciones fiscales a las pymes, a las
micropymes y a los artistas; desgravaciones por recapitalización empresarial y cargas adicionales a productos tabaqueros y vapeadores; reforma del impuesto sobre sociedades para limitar las deducciones empresariales y prevenir el fraude de los
hidrocarburos y también equiparar el impuesto a la gasolina y al diésel sin olvidar -que siempre también nos lo tumbáis- subir el IVA a los pisos turísticos. (Aplausos).


Señorías, me gustaría finalizar esta intervención recordando esa frase porque, en efecto, aquí solamente hay dos modelos: el modelo de los acuerdos para la progresión fiscal, el modelo de la distribución de la riqueza, el modelo que protege
la ciudadanía -que es quien nos ha votado- y el modelo del Partido Popular que, efectivamente, busca estar siempre del lado del oligopolio, al lado de los rentistas, al lado de los grandes tenedores y jamás jamás van a votar a favor en esta
legislatura algo para los y las españolas.


Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andala.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra por un tiempo de siete minutos. (Aplausos).


El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, debatimos hoy una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno, que trae al Congreso para su aprobación, relativa a la creación de la autoridad administrativa independiente que, básicamente, resuelva los conflictos
de las entidades financieras, los bancos, con su clientela. En el texto el Gobierno manifiesta que dicha autoridad ha de estar sometida a los principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación.


Vaya por delante -con todo el afecto y respeto que sabe que le tengo, señora Garrido, del Grupo Popular, grupo autor de la enmienda- que a buenas horas, pues en ocasiones no hay quien entienda al Grupo Popular. Presenta una enmienda a la
totalidad sobre un proyecto de ley mejorado sobre el que hace unos meses y en términos similares VOX hizo lo propio y ustedes se abstuvieron. Con este Gobierno no se puede ir con paños calientes. No importa lo que nos digan, no importa lo que nos
llamen -al menos a VOX no le importa-, pues a todo lo que proponga este Gobierno tenemos la obligación de decir no, no y no. (Aplausos). No a un Gobierno que en vez de cumplir todo lo que promete, promete todo lo que no puede cumplir.

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Analizando su enmienda, ustedes denuncian -y VOX también- la ausencia de presupuestos generales del Estado de este ejercicio 2024 que languidece -cierto-, la incapacidad de aprobar la senda de déficit y deuda -cierto- y, con ello, la falta
de tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2025 -cierto-, que coincide con la entrada en vigor de la reforma del marco fiscal de la Unión Europea que establece y exige contención en las decisiones y en las políticas del
Gobierno -cierto-, sin olvidar que la obligación del Gobierno es buscar la mayor eficacia, pero también la mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Cierto también.


Todo lo anterior le da absolutamente igual al Gobierno. Lo sabemos todos los que estamos aquí, unos y otros. En todo lo anterior es evidente que también hay un interés público, incluso una necesidad emergente de crear un sistema que
resuelva los conflictos entre las entidades financieras y su clientela. La ausencia de un sistema que ofrezca un procedimiento de resolución alternativa de litigios que sea independiente y justo ha ocasionado que cientos de miles de consumidores
financieros, de clientes de bancos, hayan tenido que acudir a un procedimiento judicial para ejercitar sus derechos y reclamaciones, colapsando los juzgados y tribunales. Muchos de nosotros -bueno, algunos pocos- como letrados y abogados, a los que
también se ignora en este proyecto de ley, hemos tenido numerosos procedimientos relacionados con las controversias bancarias, ya sea en un lado o en otro. Sabemos lo que sucede con ese colapso que afecta, cómo no, a todo el sistema judicial.


Ustedes, señores del Grupo Popular, proponen el mantenimiento de la alternativa conocida como twin peaks, en el que el responsable de la supervisión de solvencia sea el Banco de España y el de conducta la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que la consideran técnicamente más sencilla y económicamente más eficiente. Pero dicha alternativa sigue siendo una buena solución para repartir el trabajo de los supervisores. No es una alternativa a la creación de una autoridad de
defensa del cliente por la sencilla razón de que esa autoridad no debería ser un supervisor financiero. Su función debería ser aplicar las normas de conducta para reparar al cliente cuando sus derechos hayan sido vulnerados, no vigilar su
cumplimiento. Así pues, la alternativa que proponen no cumple su finalidad, pero es que la propuesta del Gobierno tampoco. El régimen propuesto no distingue con claridad entre la organización de la autoridad independiente como parte del organismo
político en la organización del sistema de su resolución de litigios, que debería constituir su principal actividad. Si a eso añadimos que el Gobierno socialista ha demostrado ser incapaz de mantener la más mínima neutralidad e independencia en las
instituciones, debiendo pasar los nombramientos de presidente y vicepresidente por el Ministerio de Economía y por el Congreso con la mayoría absoluta, lo que se evidencia es que esa neutralidad no existirá y que la independencia de la autoridad
independiente es entonces una falacia.


La propuesta, tal y como se plantea, crea una autoridad frágil, señor ministro, como un apéndice de los supervisores carente de potestades para marcar y ejecutar sus propias políticas. Efectivamente, con ello el sistema dispone de garantías
de imparcialidad, pero la autoridad independiente, que entendemos puede ser útil, no lo es en los términos propuestos porque carece de independencia, con lo cual la hace inútil a su propósito. El diseño que se propone de autoridad de defensa del
cliente financiero debería asumir todas las potestades relacionadas con la defensa del cliente financiero, y no lo hace. De este modo, los supervisores podrían concentrar sus esfuerzos en garantizar la estabilidad del sistema financiero, la
solvencia de las entidades y la transparencia del mercado, que es su misión. Tan importante es impedir que la banca haga rehén o capture a la autoridad independiente como dejar claro a los clientes afectados por los bancos que la autoridad no es su
abogado. Dicha autoridad debería ser un organismo técnico que funcionase al margen de la política.


Para finalizar, es evidente que a nadie se le escapa, aunque sea alguien lego en la materia, pero no menos importante, que la creación de este organismo, tal y como está diseñado, es un paso más hacia la dilución de la actividad
jurisdiccional y el aumento del poder político vía control de organismos decisorios no jurisdiccionales. ¿Nada es nuevo? Nada es nuevo, salvo el ropaje, y el espíritu del problema persiste históricamente.


Y estando en el Barrio de las Letras, donde se encuentra este edificio, permítanme vuestras señorías, con la licencia de un momento tranquilo aquí, en familia, con el recuerdo escrito de aquellos tiempos del Siglo de Oro de tabernas con
jarras de caldos bastos, mozas lozanas y mozos de honores incólumes, de prestamistas y duelos, donde Quevedo escribió aquellos poemas cuyo estribillo rezaba 'poderoso caballero es don dinero', pues, eso mismo, para evitar abusos bueno es que se
defienda en justicia, incluso en equidad, a los clientes de los bancos, pero con una autoridad que realmente cumpla los

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principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación y que no cueste dinero a los españoles, no con el proyecto que presenta este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Hontañón por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Presidenta, señorías, ministro, permítanme que comience con una idea. Señorías del Partido Popular, para esperpento el señor Feijóo, que hoy da carta de naturaleza a un delincuente confeso que está en la cárcel
contra una persona inocente. Y nos lo dice un señor que afirma que no conocía a un narcotraficante con el que veraneaba. (Aplausos). ¡Venga ya! ¡Basta ya de manchar el nombre de gente inocente, señorías del Partido Popular! (Rumores.-La señora
Sánchez Torregrosa: ¡No levantes mucho la voz!). Tranquilícense.


Señorías del Partido Popular, están ustedes también para hablar de colonización de las instituciones, cuando pusieron a todo tipo de gente, mucha de ella con muy poca competencia, y, para máximo exponente de esa colonización de las
instituciones -lo recuerdan muy bien los madrileños-, en Bankia, en Caja Madrid, en el Fondo Monetario Internacional, un señor, Rodrigo Rato, que acabó en la cárcel. Esa es la colonización de las instituciones del Partido Popular.


Y déjenme también que les diga que hoy hay una buena noticia para España y una mala noticia para el Partido Popular. Teresa Ribera, señorías, será la mujer española que tenga la mayor responsabilidad en la historia de los 75 años de la
Unión Europea. (Aplausos). ¡Orgullo para España, señorías!


Y ahora sí, señor ministro, hoy traemos un proyecto que mejora y protege a la ciudadanía con la creación de una autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, sobre la que el Grupo Popular presenta una enmienda a
la totalidad. Y a partir de aquí todo es una incoherencia continua, señorías del Grupo Popular. ¿Por qué? Lo voy a repasar: en primer lugar, porque crear esta autoridad fue el mandato de una ley de 2017 que aprobaron ustedes; en segundo lugar,
porque fue un ministro del Partido Popular quien inició los trámites de esta ley; en tercer lugar, porque en la legislatura pasada no presentaron enmiendas y se abstuvieron en el dictamen tanto en Pleno como en comisión, y, en cuarto lugar, porque
durante la tramitación del proyecto se aprobaron muchas enmiendas que, según ustedes mismos, mejoraban el proyecto de ley. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido para que el Grupo Popular pase de la abstención a la enmienda a la totalidad y
a votar en contra? (Un señor diputado: Cambio de opinión). Permítanme que se lo diga: No se entiende nada. Aunque, en realidad, creo que se entiende todo: ustedes no quieren una mayor protección de los clientes financieros del sector de la
banca, los seguros y los valores, esa es la realidad, y esto se entiende mucho mejor en días como hoy, cuando ustedes han vuelto a decir que no al mantenimiento de un impuesto a las entidades financieras, y, además, lo hacen en el año de los mayores
beneficios de la historia de la banca, señorías del Grupo Popular.


En realidad, siempre que se trata de elegir entre la gente y los poderosos, siempre eligen a los de arriba. Cuando había que rescatar a las familias, ¿recuerdan?, prefirieron rescatar a los bancos, con un coste de dinero público de más de
60 000 millones de euros, a pesar de que nos engañaron y dijeron que no iba a costar nada. Pero ya hoy, señorías, no engañan a nadie, los españoles saben que lo único que han hecho en este Congreso es votar en contra de sus intereses, porque van en
contra de los españoles cuando votan en contra de subir las pensiones, de incrementar el salario mínimo o de una reforma laboral con la que estamos creando más empleo que nunca.


Y también les digo, señorías, que no hay bulo que tape las cosas buenas de este proyecto de ley, porque, no, señorías del Grupo Popular, esta ley no va a costar millones de euros a los españoles, como dicen ustedes, porque se va a financiar
a través de una tasa que van a abonar las entidades financieras. Y, no, señorías del Grupo Popular, esta autoridad no es un chiringuito, como también dicen, es un organismo para proteger a la gente de los abusos del sector financiero, como, por
cierto, tampoco era un chiringuito ni un gasto innecesario, como afirmaron, la Unidad Valenciana de Emergencias, que creó Ximo Puig y suprimió Carlos Mazón y el Partido Popular en su infame pacto con VOX. (Aplausos). ¿Saben lo que sí son
chiringuitos? La Oficina del Español que creó la señora Ayuso en Madrid para colocar a Toni Cantó o la fundación pública sin ningún tipo de actividad en la que trabajaba Abascal cobrando más de 80 000 euros al año. (Aplausos). ¡Esos sí que eran
chiringuitos, señorías del Grupo Popular!

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Y, miren, estamos ante un buen proyecto de ley, que es fruto, como bien recordaba el ministro, del trabajo de la legislatura pasada y del conjunto del esfuerzo del Ministerio de Economía, y además estoy seguro de que vamos a poder mejorarlo
en el trámite de enmiendas parlamentarias, porque esa es la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez y del conjunto del PSOE. Y, sobre todo, es una ley que va a responder frente a los problemas cotidianos de los españoles, para quienes ustedes miran
hacia otro lado. Hablamos de recurrir ante el cobro de una comisión que no obedece a ningún servicio solicitado o de la devolución por parte del banco de un recibo sin informar al cliente o de la imposición de una tasadora específica en la
contratación de una hipoteca o de la denegación de una cuenta de pago básica. Hablamos de todas estas cosas, señorías, que son las que preocupan a millones de españoles.


Por tanto, señorías, esta es una ley necesaria. Y solo por una cosa valdría la pena: sería valiosa por apoyar a nuestros mayores, porque esta ley viene a protegerles, a cuidarles y a darles tranquilidad, y también para las personas
vulnerables. En definitiva, señorías del Grupo Popular -sé que no lo entienden- esta es una ley justa y necesaria. Y, en definitiva, que sus bulos y sus mentiras no impidan a este país seguir avanzando con este Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Casares.


Tiene la palabra el señor ministro de Economía.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA (Cuerpo Caballero): Gracias.


Intentaré ser breve, todo lo que pueda.


Señora Garrido, le reconozco la dificultad y también el mérito de su intervención: la dificultad porque no es fácil justificar a estas alturas, como también han hecho muchos de nuestros compañeros hoy en el hemiciclo, el cambio de posición
de su partido, y también el mérito por intentar meter en su intervención todo tipo de consignas y argumentos que nada tienen que ver con lo que se discute aquí hoy, desde los presupuestos generales del Estado a la DANA o el propio Aldama. ¿En la
discusión sobre la autoridad administrativa de defensa del cliente financiero? Pues sí, lo ha conseguido usted, así que enhorabuena; no ha debido ser fácil. A cambio -creo que esa es la pena-, no ha tenido apenas tiempo para discutir los
argumentos que traían aquí hoy y que supuestamente debían justificar ese veto a la totalidad del proyecto. Sin embargo, aunque le haya dedicado usted poco tiempo, creo que ha sido suficiente para comprobar la ausencia de argumentos válidos, y,
precisamente, déjeme que vaya, uno a uno, repasando los tres argumentos que ha señalado usted.


El primero es el de la independencia efectiva de la autoridad. Me da la sensación de que no ha llegado o no ha tenido tiempo de mirar el detalle del texto. Si usted analiza el detalle del texto propuesto, puede ir al artículo 8, donde se
garantiza la autonomía y la plena independencia de la autoridad, pero también puede ir más allá, puede ir al artículo 12 -en este caso, el señor Aizcorbe sí se lo había leído-, que señala precisamente cómo va a ser el nombramiento de los titulares
de la Presidencia y la Vicepresidencia, y este nombramiento se efectuará tras consulta a los supervisores y, además, se efectuará una vez que la Comisión de Economía de este Congreso haya otorgado su conformidad por mayoría absoluta, es decir, hay
una garantía total de la participación y de la conformidad de esta Cámara a través de su Comisión de Economía en el nombramiento de los dos principales puestos de esta autoridad. Creo que es suficiente garantía como para ser conscientes de que la
autonomía y la independencia de esta autoridad serán plenas. Pero hay más elementos que lo garantizan: por supuesto, el carácter no renovable de sus mandatos, el hecho de que sean mandatos de seis años, es decir, que no coincidan con el ciclo
político, y también la limitación de los motivos de cese. Es una legislación que garantiza, si además sumamos esa independencia en materia de financiación, la total autonomía e independencia de la institución, y esto quiero que quede bien claro.


Su segundo argumento tiene que ver con una discusión más general, con la concepción acerca de cómo se realiza la supervisión en materia de solvencia y la supervisión en materia de conducta por parte de los supervisores; el elemento más
micro, podríamos decir, aludiendo a ese debate que hay sobre si es necesario o no separar estas dos competencias, ese modelo twin peaks. Pues bien, aquí de nuevo le ha respondido, ha hecho parte de mi trabajo el señor Aizcorbe. Este reparto de
competencias de supervisión y conducta no es nuevo. De hecho, tenemos un ejemplo clásico en este caso, que es el que se da en el Reino Unido -siempre se cita como un ejemplo tradicional de reparto de competencias-, donde hay un supervisor
prudencial, que es la autoridad de regulación prudencial, y un supervisor de conducta. Pues bien, justo en el Reino Unido, donde existe este reparto de competencias, ellos también

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tienen una institución independiente, que es el Ombudsman, que es la que se encarga de la resolución extrajudicial de las reclamaciones financieras. Tienen también una autoridad en la que se está mirando, en la que se mirará la nueva
Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, independientemente de que exista un modelo twin peaks o no. Es decir, estas son dos discusiones apartadas y no son ningún motivo para rechazar su creación; al contrario, incluso en
sistemas donde existe este modelo twin peaks también tenemos una entidad adicional, que es la que se encarga de la resolución extrajudicial de estas reclamaciones.


Además, aludía al elemento referente al coste o crecimiento de este tipo de entidades, y, como le decía, en este caso -creo recordar que usted también ha citado a esta autoridad del Reino Unido-, si vamos al tamaño de estas autoridades, lo
que tenemos es que en el Reino Unido es esta separación entre la entidad que se ocupa de la supervisión en materia de solvencia y la entidad que se ocupa de la conducta la que ha hecho que la entidad que se ocupa de la conducta haya crecido de
manera más exponencial, llegando a tener más de cuatro mil trabajadores, pero el Ombudsman, es decir, la autoridad a semejanza de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, apenas tiene trabajadores por encima de los cuatrocientos para todo el
Reino Unido. Por tanto, creo que debemos tener una exacta definición de las instituciones con la que sea lícito comparar la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero que queremos crear para que los ciudadanos que nos están
escuchando sean capaces de comprender hasta qué punto esta autoridad también está en línea con las mejores prácticas a nivel internacional.


Y su tercer argumento es el coste financiero. Lo ha dicho aquí el señor Casares, y la respuesta podría ser muy rápida: el coste presupuestario de la autoridad es cero. Esta autoridad se financia con una tasa a las entidades financieras.
Lo he citado en mi intervención, pero también lo he citado como un argumento adicional que garantiza la independencia de la autoridad. Y, de nuevo, aquí tengo que hacer referencia al elemento de responsabilidad presupuestaria, que ha sido citado en
varios momentos. Para este Gobierno la responsabilidad presupuestaria es un eje fundamental de nuestra política económica, y esto, por supuesto, se ve reflejado en la evolución de los indicadores fiscales. No es este el momento ni, por supuesto,
el debate para entrar a considerarlo, pero podemos hacerlo cuando quieran tanto con propia vicepresidenta primera del Gobierno como sin ella porque lo tenemos muy claro. Y esta visión de reducción de la deuda pública, esta visión de reducción del
déficit público hacia delante, haciéndolo compatible con la protección y la garantía de los derechos sociales y de nuestro estado de bienestar es parte del modelo de éxito de crecimiento de nuestra economía y es parte del crecimiento equilibrado que
nos mantiene líderes a nivel europeo y siendo el motor que garantiza el crecimiento de la zona euro.


Y termino ya. Creo que, habiendo desarmado ya los tres argumentos que usted citaba como imprescindibles para presentar hoy esta enmienda a la totalidad de la autoridad y señalando que lo que verdaderamente importa, lo que va a quedar para
los ciudadanos de la sesión de hoy es que estamos dando un paso más hacia la creación de una autoridad que va a equilibrar esa relación de fuerzas entre los clientes financieros y las entidades financieras, estamos dando un paso más hacia una
autoridad que va a completar el ámbito de protección de los clientes financieros para que puedan acudir a través de una ventanilla única a resolver los conflictos, la reclamaciones que tengan, y hacerlo de una manera vinculante, de una manera ágil y
de una manera gratuita, y todo ello además con un efecto secundario muy positivo, y es que se consigan desatascar los tribunales, ya que el 95 % de las reclamaciones actuales se verían atendidas por la propia autoridad, como he dicho, de una manera
ágil y gratuita.


Señorías, lo que creo que esperan los ciudadanos de nosotros, tanto del Gobierno como del Legislativo, es que solucionemos con nuestro trabajo sus preocupaciones, y en este caso creo que lo haremos y lo debemos hacer trabajando
conjuntamente, mejorando, si es que es necesario, el proyecto que tenemos sobre la mesa, pero haciéndolo rápido, todo lo ágil que podamos. Y para ello, por supuesto, nuestra mano está tendida y esperamos poder hacerlo también con su contribución.


Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Garrido Valenzuela pide la palabra).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


La señora Garrido me pide la palabra porque el ministro ha reabierto el debate y, por tanto, se la voy a dar y voy a preguntar si hay otros grupos que hayan participado en el debate si quieren intervenir. (Denegaciones).


Señora Garrido, tiene tres minutos.

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La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidenta.


Nos reafirmamos en los motivos que nos han llevado a plantear esta enmienda a la totalidad en el proyecto de ley de creación de Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, fundamentalmente por la colonización de
instituciones. No me consuela que diga que en la ley figuran los artículos 8 y 12, garantizando la autonomía de esta autoridad independiente, porque tendríamos que ver los estatutos de creación del Banco de España y mire dónde estamos.


Por otro lado, hacemos hincapié en que no se pueden apoyar en que el motivo de la creación de esta autoridad independiente está en que ya se reguló en 2017, cuando había un Gobierno del Partido Popular. En primer lugar, la directiva de 2013
lo que dice es que se cree una entidad que se ocupe de los litigios presentados por el cliente financiero.


Y la otra parte que nos obliga a ver que no está refrendado es la ley de 2017, que lo restringe y dice que sea una única autoridad independiente. En ningún momento ni en la directiva ni en el plan propuesto por Europa se dice que tenga que
ser una nueva autoridad; simplemente, una autoridad.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido.


VETO DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA, EN CUANTO A TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. (Número de
expediente 121/000030).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el veto aprobado por el Senado al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico, circulación
de vehículos de motor y seguridad vial.


Damos la bienvenida a la delegación institucional de Navarra que nos acompaña, liderada por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, el señor Taberna Monzón. Muchas gracias por acompañarnos a esta que es su casa.


Tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de siete minutos.


El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, muy buenas tardes.


Desde Unión del Pueblo Navarro hoy vamos a seguir votando la vigencia de la Constitución y del Amejoramiento del Fuero de Navarra, y más concretamente su artículo 3, de asunción de nuevas competencias, siempre compatibles con la unidad
constitucional. Quien diga hoy, o como se ha venido diciendo en los últimos meses, que la propuesta que se trajo a las Cortes Generales suponía votar que saliese la Guardia Civil de la Comunidad Foral de Navarra miente y lo sabe. Lo dijimos el día
10 de septiembre, y lo dijimos muy alto y claro desde Unión del Pueblo Navarro: La Guardia Civil forma parte de Navarra desde su fundación a través del navarro duque de Ahumada, forma parte de nuestras localidades, forma parte de nuestras vidas.
Queremos que permanezca en Navarra y que se cumplan y completen todas las plantillas. Les estamos eternamente agradecidos. Algunos estamos hoy aquí gracias a ellos. Por lo tanto, nosotros queremos ser coherentes con lo que hemos venido
defendiendo desde hace años, desde siempre.


Es evidente que nosotros rechazamos que se quiera utilizar a la Guardia Civil y también a Navarra como mero postulado electoral y partidista. Es evidente, y lo dijimos en septiembre, que en el periodo 2003-2004 se llegó a un preacuerdo con
el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra para que se llevasen a cabo las transferencias de la competencia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, contando con la presencia en las carreteras navarras tanto de la Guardia Civil como de la
Policía Foral, como se están prestando otro tipo de servicios. No fue posible. ¿Por qué? Porque hubo unas elecciones generales, porque se cambió de Gobierno, porque el nuevo ministro del Interior, entonces el señor Pérez Rubalcaba, era contrario
a este planteamiento. Es curioso observar cómo algunos, como, por ejemplo, Bildu, el 17 de octubre en el Parlamento de Navarra sacaban incluso unos correos electrónicos y unos mensajes de miembros de Unión del Pueblo Navarro presentes en el
Gobierno de Navarra queriendo manipular y cuestionar el postulado y la defensa que hace UPN de esta cuestión.

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Es evidente, y nosotros lo hemos dicho, que rechazamos la forma con que se llevó a cabo este acuerdo, en primer lugar, porque se hizo de espaldas al Gobierno; en segundo lugar, porque se negoció con un partido minoritario en Navarra, en un
mercadeo de un proceso de investidura, y, en tercer lugar, porque se cometió la ignominia de fijar la fecha para la entrada de esta competencia con los herederos políticos de ETA. También es cierto, señorías, que el pasado 10 de septiembre hubo
portavoces de formaciones políticas en esta Cámara que faltaron a la verdad. Es curioso observar cómo la propia portavoz del Grupo Socialista decía que ellos no habían cambiado nunca de opinión, que seguían defendiendo lo mismo desde que se
arrebatase a los Fueros de Navarra -decía- este derecho, y eso no es cierto, eso es falso. He recordado cómo con un Gobierno del Partido Socialista en España fue imposible transferir esta competencia; en la negativa era tajante.


Pero también podríamos recordar el debate y la votación del primer Plan Director de la Policía Foral de Navarra, llevado a cabo en junio de 1994 en la Comisión de Interior de la Cámara foral, donde este plan director salió adelante por los
votos de Unión del Pueblo Navarro, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida. Votaron en contra EH Bildu, Herri Batasuna entonces, y también los socialistas. Herri Batasuna lo rechazó porque decía que era una subordinación a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y porque, además no se había producido una manifestación expresa de su retirada de Navarra. El Partido Socialista criticó la coincidencia de votos de UPN, EA e IU y dijo que era un plan que no tenía viabilidad porque se iban a
necesitar 3000 policías más, que habría que sumar a los 15 000 funcionarios del Gobierno, y que se iba a dar la paradoja de que en todas las casas de una manera u otra algún miembro iba a estar vinculado con la Policía foral y que, por lo tanto, iba
a estar condicionada su autoridad. Esa es la realidad. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Ustedes ahora han cambiado de opinión. Ustedes no eran partidarios de una Policía integral en Navarra. Ahora cambian ustedes; son como las veletas, que cambian de dirección en función del viento y de los intereses que soplan en cada
momento, esa es la realidad. Pero también el 10 de septiembre llamó la atención cómo aquellos portavoces que más hablaban en defensa de esta cuestión y se referían a la profundización y la defensa del autogobierno de Navarra son los mismos que
ahora son partidarios de que Navarra desaparezca como Comunidad Foral, que son partidarios de que pierda su autogobierno y se integre en esa quimera secesionista que llaman Euskal Herria. Son los mismos que atacan y van en contra del Amejoramiento
y de su propio contenido, como su artículo 1, que establece que Navarra constituye una comunidad foral, con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. Son los mismos
que no respetan los símbolos oficiales de Navarra. Son los mismos que al final ponen en riesgo el autogobierno de nuestra comunidad, porque, señorías, el autogobierno de Navarra está recogido en el Amejoramiento del Fuero, está amparado por la
Constitución española. Atacar y despreciar el Amejoramiento y la Constitución española es despreciar y atacar el autogobierno de nuestra comunidad. La semana pasada en el debate del estado de la Comunidad Foral en el Parlamento de Navarra, Bildu y
Geroa Bai se quedaban solos -dieciséis de cincuenta parlamentarios- cuando defendían sus tesis secesionistas, cuando hablaban de la soberanía plena de Navarra. A ustedes también les tenemos que pedir y les debemos exigir que respeten la voluntad
mayoritaria de los navarros.


Señorías, desde una formación foralista como es Unión del Pueblo Navarro, un partido que nació para defender la identidad de Navarra, que nació para defender el régimen foral de Navarra, lo tenemos muy claro: hoy votamos la vigencia y el
contenido de Amejoramiento del Fuero y votamos también la vigencia y el contenido de la Constitución española, que ampara este régimen foral de Navarra. Hoy tenemos muy claro desde Unión del Pueblo Navarro que votamos y refrendamos, por mucho que
les duela a unos y a otros, la Navarra foral y española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Arratsalde on, jaun-andreok.


Creo que hasta el recurso de JUCIL y la sentencia 258/2024 de la Sala tercera del Supremo nadie había dudado de que la LORAFNA había enlazado la realidad del amejoramiento con los precedentes forales en la materia y no solo en la ordenación
del transporte por carretera y en la conservación de estas, sino también en todo lo relativo al control y vigilancia del tráfico, esto último específicamente a través de

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los artículos 49.3 y 51.3 de la LORAFNA, superando así la limitación que a estas últimas facultades histórico-forales impuso el Decreto Ley franquista 17/1961, que adaptó la Ley 47/1959 a las competencias que hasta el momento ejercía Navarra
y también Álava, cosa que no se hizo con Vizcaya y Guipúzcoa pues el franquismo -como todos ustedes recordarán- en 1937 suprimió su régimen foral tras declararlas provincias traidoras. Es decir, señorías, la LORAFNA enlazaba con las competencias
históricas que hasta entonces había ostentado la Policía foral navarra, cuyo cuerpo de carreteras fue creado en 1928. Y en esta lógica interpretativa se insertaban las sentencias del Supremo 219/2018 y 379/2018, cuando señalaban que Navarra había
tenido desde antiguo facultades administrativas integrales de policía proyectadas sobre las carreteras navarras que se mantuvieron en el siglo XIX con la Ley Paccionada de 1841, y aun cuando se vinieron a limitar tras la guerra civil de 1934, sin
embargo, las facultades, competencias y funciones de la LORAFNA no pueden valorarse en atención a la estricta literalidad de las normas estatales preconstitucionales inmediatamente anteriores a la aprobación de la LORAFNA.


Señorías, lo que el Tribunal Supremo hacía en estas sentencias es aplicar la institución de la garantía institucional en la interpretación de los derechos históricos actualizados en la LORAFNA, según la doctrina dispuesta por el Tribunal
Constitucional en la sentencia 140/1990, entre otras, al establecer que su reconocimiento no es algo fosilizado sino vivo y dinámico, lo que implica que el amejoramiento de un título competencial histórico que actualmente ostenta supone que se
incluya como competencia foral aquello que en cada momento haya de entenderse como comprendido dentro de ella, sin estar a la literalidad de su título competencial.


Señorías, nunca se dudó de la competencia foral exclusiva sobre el tráfico y circulación de vehículos a motor en el conjunto de las carreteras que discurren por Navarra, sino simplemente estaba pendiente de traspaso de funciones y servicios
desempeñados por la Administración del Estado en territorio navarro, para que Navarra pudiera ejercer plenamente sus competencias exclusivas en materia de tráfico. No lo puso nunca en duda el Partido Popular, como lo prueban las negociaciones del
Gobierno de Aznar con UPN para el oportuno decreto de traspasos que finalmente no se culminó, pero no porque se pusieran en duda las competencias exclusivas navarras. Y tampoco generó ruido mediático ni político alguno cuando el Partido Popular
aprobó con su mayoría una ley orgánica de transferencias, esta sí de competencias, a la Generalitat de Catalunya, la Ley Orgánica 6/1997, para sustituir a la Guardia Civil por los Mossos en el ejercicio de las funciones del control de tráfico en
carretera, como tampoco se puso en cuestión a través de la pasarela creada por la Ley Foral 23/2018, de las Policías de Navarra, y por la Ley Foral 35/2022, de presupuestos, para que los miembros de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra pudieran
integrarse en la Policía foral cuando esta asumiera el ejercicio de la competencia exclusiva y en exclusiva en las carreteras navarras.


Por eso, señorías, cuando finalmente se materializa el traspaso de funciones y servicios -que no de competencias, insisto- a la Comunidad Foral, a través del Real Decreto 252/2023, se dio por satisfecha una demanda histórica, compartida casi
unánimemente en la Comunidad Foral y a la que el Partido Nacionalista Vasco, tanto en Navarra como en esta Cámara, ha contribuido con su actividad. Sin embargo, y como todas sus señorías conocen, el Tribunal Supremo, en sus sentencias 258 y 281 de
este mismo año, anuló este real decreto de transferencias, de traspasos de servicios en algunos de sus contenidos, realizando una interpretación reduccionista de la foralidad, alejada de otras anteriores también de la Sala tercera del Supremo y
también, a nuestro juicio, de la jurisprudencia que les he citado del Tribunal Constitucional. Y decimos, señorías, nulidad en alguno de sus contenidos de este decreto de traspasos, ya que esta nulidad se limitaba a la facultad de detectar
infracciones de tráfico en carreteras que no sean carreteras locales, comarcales o de la Comunidad Foral y transportes de viajeros y mercancías que no excedan del ámbito de la comunidad, según el apartado 3 de los antecedentes de hecho de la
sentencia anulatoria; nulidad que tampoco afectaba -tengo que recordar- a la facultad de incoar e instruir, resolver y ejecutar expedientes administrativos sancionadores en materia de tráfico y cobrar las sanciones.


Señorías, este amejoramiento del fuero, del que hoy finalizaremos su tramitación, tras el incomprensible veto retardatario del Grupo Popular en el Senado, que no sabemos si interpretar -lo voy a decir en torno irónico- como otro de los
misteriosos acercamientos al Partido Nacionalista Vasco al que nos tienen acostumbrados, decía que este amejoramiento pondrá fin a una situación a la que nunca deberíamos haber llegado por el cuestionamiento a última hora por JUCIL y el Supremo de
una competencia foral navarra que históricamente ha sido suya. Es un mejoramiento del fuero que dará satisfacción a una demanda de complitud de sus derechos tanto en su reconocimiento como en su ejercicio, en uno de los derechos históricos más
reconocibles, como son las carreteras y todo lo que transcurre y sucede en ellas...

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Vaya finalizando, por favor.


El señor LEGARDA URIARTE:... y singularmente la función de detectar infracciones. Y también espero -y concluyo, presidente- que, tras la finalización de esta reforma, dejemos de oír sandeces patrioteras, ruido mediático, postureo de
algunos partidos y propuestas disparatadas de gestión administrativa de un servicio público, algo así como un convenio de encomienda de gestión a agentes de autoridad de otra Administración que como tales nunca podrán ejercer como agentes de
autoridad respecto a una competencia exclusiva ajena que por ser tal es irrenunciable y que a lo más a lo que puede llegar respecto a otra Administración es a la encomienda de actos administrativos de mera gestión o técnica.


Y, por último, quiero manifestar nuestra satisfacción tanto con el pueblo navarro como con nosotros mismos porque nosotros también, dentro de nuestras humildes capacidades, hemos contribuido a que esto llegue a buen término.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta Fernández.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Arratsalde on guztioi. Arratsalde on, señor Taberna. Ongi etorriak.


Hoy es un buen día para todas y todos los navarros. Señorías de la derecha española, fruto de su pataleta y con un trámite alargado estérilmente hoy vamos a dar el último paso para finalmente dar luz verde al trámite de la transferencia de
Tráfico de Navarra. Su veto va a ser hoy superado y esta reforma entrará en vigor. Como decía, es un buen día para todos los navarros y las navarras y malo para esta derecha española que apuesta por atacar e impedir el autogobierno de Navarra y
los derechos y el bienestar que de él emanan. Hoy gana la ciudadanía navarra y pierde la derecha española. Ahora, por fin, podemos decir que sí, que la transferencia de Tráfico de Navarra será una realidad gracias al acuerdo que desde Euskal
Herria Bildu alcanzamos con el Gobierno para una transferencia efectiva. En Euskal Herria Bildu nos alegramos de que esta competencia vaya a ser finalmente devuelta a Navarra. Sí, devuelta tras sernos arrebatada por el franquismo y negada por los
sucesivos Gobiernos españoles, con el beneplácito de los Gobiernos de UPN, señor Catalán. Hemos tenido que ser las fuerzas de izquierda navarras quienes hayamos logrado recuperar esta necesaria competencia. La recuperación de esta ley no solo
expresa el carácter del autogobierno navarro, sino que también expresa la existencia de unos derechos históricos previos a la Constitución, en tanto en cuanto la LORAFNA da continuidad a la Ley Paccionada de 1841. Una continuidad, por otra parte,
que debería ser refrendada directamente por la ciudadanía navarra, algo que no ocurrió en 1982. Esperamos que con esta asignatura pendiente sea superada en un breve plazo. Con esta reforma se trata de reintegrar -sí, reintegrar- al fondo de poder
navarro una competencia foral de larga tradición histórica. La Policía foral es y ha sido titular de la competencia de Tráfico desde antiguo que, como he dicho, fue retirada en pleno franquismo. Así pues, estamos reintegrado, devolviendo a Navarra
algo que Navarra jamás debió perder.


Por todo ello, señorías, Euskal Herria Bildu se compromete a seguir trabajando por la defensa de las competencias históricas de Navarra y por la consecución de su soberanía plena, porque este es el primer paso. Dijimos que veníamos aquí a
trabajar por el bienestar de todos los navarros y navarras y por reforzar y ampliar nuestra soberanía y autogobierno. Y vamos a seguir trabajando por ello, por lograr nuevos instrumentos al servicio de la sociedad navarra y de nuestra tierra.
Ahora deben venir más avances y nuevos logros. Por ello volvemos a pedir que la unidad que la mayoría de las fuerzas navarras hemos demostrado con esta transferencia de Tráfico y la receptividad que también el Gobierno español ha mostrado para
hacerla efectiva se traslade cuanto antes a nuevos acuerdos para las transferencias pendientes que nos conduzcan, primero, a culminar todas las competencias reconocidas en la LORAFNA para, después, recorrer el camino con nuevos instrumentos
sociales, económicos y políticos -propios y soberanos- que redunden en el bienestar social y la mejora de la vida de la mayoría social y trabajadora de Nafarroa; una soberanía que, en esta coyuntura histórica concreta -muy concreta-, deberá basarse
en el reconocimiento de nuestra singularidad y carácter político mediante una verdadera relación entre iguales con el Estado. Es hora de colocar el autogobierno navarro en el lugar que le corresponde, y ese lugar no es otro que el que la ciudadanía
navarra decida libre y democráticamente y sin más límite que el que las navarras y los navarros queramos.


Mila esker. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera. (Pausa.-El señor López Álvarez: Pasamos al siguiente). ¿No está la señora Cunillera? (El señor López Álvarez: No. Pasamos al siguiente).


Pasamos, por tanto, al siguiente, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra el señor Martínez Hierro. (El señor López Álvarez: Eso).


El señor MARTÍNEZ HIERRO: Gracias, vicepresidente.


Nos encontramos ante la votación definitiva de la reforma de la LORAFNA que transfiere a la Comunidad Foral de Navarra la competencia en materia de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Este paso no solo tiene un
profundo significado histórico, sino que reafirma, además, una herramienta esencial: el autogobierno como base para avanzar en la descentralización del país y en derechos sociales y democráticos. El autogobierno de Navarra, al que la derecha se va
a oponer hoy, no es una cuestión menor, no es un simple arreglo administrativo; es el fundamento que da a los navarros y navarras capacidad para decidir, para actuar y para construir un modelo de sociedad que responda a sus necesidades y,
especialmente, a las de la mayoría social trabajadora. En SUMAR siempre hemos defendido que el autogobierno no solo debe preservarse, sino que debe ser un medio para profundizar en justicia social y en democracia.


Hoy permítanme recordar que esta transferencia responde, además, a una reclamación histórica, porque en 1961 el régimen franquista, mediante un decreto unilateral, arrebató a Navarra unas competencias que ejercía plenamente, violando el
régimen paccionado. Desde entonces, recuperar estas funciones ha sido una reivindicación constante y transversal, avalada por Gobiernos de diferentes signos políticos. No se trata solo de corregir una injusticia histórica, sino de reafirmar el
derecho de Navarra a gestionar sus propios asuntos en el marco de su régimen foral. Lo que hoy votamos es, además, una respuesta al ruido interesado y al bloqueo al que ha sido sometida esta cuestión. La sentencia del Tribunal Supremo que anulaba
el real decreto que regulaba este traspaso no cuestionaba la transferencia en sí misma, cuestionaba su procedimiento; es decir, no había un problema de fondo, sino de forma. Ahora, al reformar la LORAFNA, garantizamos que esta transferencia se
realice con pleno respaldo legal, pleno respaldo democrático y respetando la voluntad del Parlamento de Navarra, que ya se expresó de forma clara. (Aplausos).


El autogobierno no es un concepto abstracto, tiene consecuencias reales en las vidas de las personas. La asunción de competencias en Tráfico permitirá consolidar un modelo integral de la Policía foral fortaleciendo, además, su capacidad
operativa y mejorando la seguridad vial en Navarra. Además, se garantiza que los agentes de la Guardia Civil que deseen seguir prestando servicio en la comunidad puedan hacerlo en el marco de la Policía foral, desmintiendo así cualquier intento de
generar confrontación entre cuerpos. Es importante destacar que este avance ha sido posible gracias a los Gobiernos progresistas que, tanto en Navarra como en el Estado, han priorizado el diálogo y la política útil frente al ruido y la
confrontación. Han sido dos Ejecutivos de coalición los que han hecho posible materializar esta demanda histórica, demostrando que cuando la izquierda gobierna con valentía y con determinación se avanza en derechos y se fortalecen las
instituciones.


Por otra parte, no deja de ser llamativo observar cómo la derecha, que en otros tiempos defendió el foralismo y la asunción de competencias por parte la Policía foral, ahora se dedica a entorpecer este proceso. Esta incoherencia no es más
que un intento de desgastar al progresismo en este país y de frenar un avance que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía navarra y de sus instituciones democráticas. Así que en SUMAR defendemos el autogobierno como una herramienta para
profundizar en derechos sociales y democráticos y como base para construir un futuro más justo y más solidario. Hoy, al votar esta reforma, no solo se recuperan competencias que pertenecen a Navarra por derecho, también reafirmamos nuestra apuesta
por un modelo de país federal y plurinacional, un modelo de sociedad donde las instituciones están al servicio de la mayoría social trabajadora y donde Navarra pueda seguir siendo un ejemplo de cómo el autogobierno impulsa la justicia social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos. (Aplausos).


El señor ALCARAZ MARTOS: Gracias, presidente.

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Antes de comenzar mi intervención, señorías del Grupo Popular les diría que tuvieran mucho cuidado con a quien aplauden, porque he visto que han estado aplaudiendo al señor Catalán en un discurso totalmente contrario a lo que ustedes van a
votar, y la verdad es que pueden correr el peligro de aplaudirme a mí por mi discurso, ya que sé que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a defender. (Aplausos). Créanme, es muy incoherente.


Señorías socialistas, comunistas, golpistas y separatistas, ustedes son unos negacionistas de ETA; como lo oyen, son unos negacionistas de ETA (aplausos), todos ustedes menos esos seis individuos que se sientan ahí. (Señala los escaños del
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu). Ellos no son negacionistas, ellos hacen alarde de lo que son; de hecho, su jefe es de ETA, su jefe es el terrorista Otegi y ellos no se esconden, pero ustedes encima lo intentan ocultar. Por eso, utilizan
esa estrategia, la de decir que ETA no existe, porque negando la existencia de ETA, usted puede sacarlo del debate político y decir que no es un pago político a ellos, a ETA; y esto es un pago político a ETA, ¡claro que sí! Ustedes visten esta
iniciativa de supuesta legalidad jurídica, con argumentos jurídicos como que las competencias se tienen que trasladar a las distintas comunidades autónomas, pero realmente lo que subyace en el fondo es que ustedes tienen que seguir manteniendo el
Gobierno más corrupto de España del brazo de los bilduetarras. (Aplausos).


Señorías, esto es una traición a las víctimas del terrorismo, es una clara traición a las víctimas del terrorismo, porque han sido muchas las víctimas del terrorismo, entre ellos guardiaciviles, que han sido asesinadas, heridas y expulsadas
de Vascongadas y Navarra, precisamente a raíz de la petición de los amigos de los que se sientan ahí, de sus socios. No vamos a ser cómplices ni en nombre de mi grupo, VOX, ni en el mío; no lo vamos a apoyar.


Señorías del Grupo Popular, con ustedes tengo una obligación moral -de verdad, se lo digo de corazón, y ustedes me conocen-, porque hay muchísimos votantes en sus filas, incluso representantes políticos, que en absoluto están de acuerdo con
lo que ustedes están haciendo. Este veto lo presentamos en el Senado, señorías -aquí está (muestra un documento)-, ¿y saben lo que hicieron ustedes? Votaron en contra; o sea, que este mismo veto, con el que ustedes están de acuerdo, lo presenta
VOX y ustedes votan en contra. (Aplausos). Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros votamos por convicción moral y ustedes por oportunismo político. (Aplausos). Después, ustedes presentaron el veto y nosotros les apoyamos,
como no podía ser de otra manera. Sin embargo, luego, llega aquí el representante de Bildu-ETA y les echa en cara a ustedes que van suplicándoles el voto para alguna iniciativa, que les van mendigando, y ustedes no han sido capaces de desmentirlo.
No son capaces de desmentirlo porque saben que es verdad, saben que es verdad. Y eso, obviamente, a las víctimas del terrorismo, estén en esas filas (señalando los escaños del Grupo Parlamentario VOX) o estén en las suyas, les indigna.


Voy terminando. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Si es mentira, hagan lo que ustedes prometieron en su legislatura con mayoría absoluta. Ustedes prometieron a las víctimas del terrorismo y a todos los
españoles hacer públicas las actas de negociación con ETA, pero no cumplieron, y ellos también las ocultan, y ahí es donde está la razón de todas las cesiones que de forma ininterrumpida desde el año 2004 han ido haciendo todos los Gobiernos,
incluidos el de ustedes. (Aplausos).


Como dice Platón -y se puede aplicar muy bien al Grupo Socialista y a sus socios-, la peor de las injusticias es la justicia simulada. Y, señorías del Grupo Popular, la peor de las oposiciones es la oposición simulada (el señor Muñoz
Abrines pronuncia palabras que no se perciben), porque en este país lo triste y lamentable es que durante décadas ETA decidía quién vivía y hoy ETA decide cómo tenemos que vivir.


Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cerdán León. (Varios señoras y señores diputados: ¿Y los sobres?).


El señor CERDÁN LEÓN: Buenas tardes, señorías.


Quiero empezar saludando al vicepresidente de Navarra, señor Taberna, y a los compañeros del Senado.

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Lo que vamos a votar hoy aquí, a pesar de las tonterías que escuchamos a estos señores de VOX (rumores), intentando mezclar una cosa con otra (aplausos), es la aplicación del autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra dentro de nuestra
Constitución, señorías de VOX. Es una ley fruto de la demanda social de Navarra y acordada entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España. Que la Comunidad Foral asuma parte de la competencia de Tráfico ha sido una reivindicación histórica
que Franco nos quitó -igual por eso se ponen así-, y ha sido demandada por parte de todos los Gobiernos de Navarra, independientemente del color político que tuvieran, ya que supone un compromiso con nuestro autogobierno reconocido por el propio
Tribunal Supremo en 2018.


Llegados a este punto, quiero decir que hay momentos, situaciones o cuestiones que no necesitan muchas explicaciones. Algunas veces porque el tema es muy manido y otras porque es muy sencillo de explicar, entender o comprender y este,
señorías, es uno de esos casos. Un derecho histórico reconocido a lo largo de los años por todos los mandatarios que ha tenido España y por la Constitución -que algunos dicen defender, pero le ponen zancadillas permanentemente, la manosean o
malinterpretan cuando no les gusta lo que dice-, una competencia reconocida en nuestra ley más importante y poco conocida por algunos como la LORAFNA, un derecho que han amparado, respetado y queridos todos está en entredicho por parte de la derecha
del Partido Popular y, cómo no, de la ultraderecha de VOX. Pero la cosa está muy clara, señorías: o se está con el autogobierno de Navarra o se está en contra, o se está a favor de respetar la ley más importante de Navarra o se está en contra, o
se está a favor de la Constitución o se está en contra, y no hay nada más, señorías de Grupo Popular y de VOX. (Aplausos). De esto va reconocer esta ley: de reconocer y respetar la ley navarra y la Constitución.


Tristemente, una vez más, el Grupo Popular ha preferido embarrar este debate con falsedades y calumnias sobre la intención de este Gobierno con una institución que mi partido respeta profundamente: la Guardia Civil. No, señorías del Grupo
Popular, es falso que este Gobierno vaya a echar a la Guardia Civil de Navarra; es falso, y dejen de mentir de una vez con esto. Solo es cuestión de tiempo que la verdad ponga en su sitio semejante infamia del Partido Popular, que nuevamente han
priorizado intentar sacar rédito político de la mentira antes que defender un derecho de la Comunidad Foral de Navarra. Fíjense en si es falsa, señores del Grupo Popular, que hoy hay más guardiaciviles en Navarra que cuando gobernaba el Partido
Popular en el año 2017. (Aplausos). Además, en la Ley de las Policías de Navarra, que se votó en el año 2018, se aprobó lo que antes se ha comentado, la famosa pasarela, que permite que los guardiaciviles adscritos a Tráfico que quieran quedarse
en Navarra se puedan integrar en la Policía foral. Ahora, lo que jamás hubiera imaginado es que quien en su día defendió y se atribuyó este logro, el señor Sayas, ahora en el Partido Popular, el mayor trásfuga del reino (rumores) se haya convertido
en el azote de esta competencia y hoy sea capaz de renegar de ella y de lo que él y UPN consiguieron, e incluso sea capaz de mostrar una pérdida de memoria y de dignidad política tan galopante. (Aplausos). Señor Sayas, una pérdida de memoria que
llega al límite de negar sus propias acciones. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.


Señor Argüelles, le llamo al orden por primera vez. Queda usted advertido de que le llamo al orden por primera vez por reiteración, y usted y yo sabemos por qué, así que pare, por favor, de mostrar una y otra vez elementos que no se deben
mostrar en el Congreso. Gracias.


Continúe.


El señor CERDÁN LEÓN: Decía que es una pérdida de memoria que le lleva al señor Sayas a renegar de sus propias acciones, como cuando dice que usted no negoció con Euskal Herria Bildu o niega haber firmado acuerdos con ellos. Le invito a
que haga un simple ejercicio: ponga en Google 'acuerdos firmados por Sergio Sayas con Euskal Herria Bildu', y le saldrán documentos como este, señor Sayas (muestra un documento), que es la ley de policías con su firma y la firma de Euskal Herria
Bildu aquí (señala el final del documento.-Aplausos). Es tan sencillo como eso, no tiene que hacer un ejercicio más complicado. Lo dicho, señorías, una pérdida de memoria tan galopante como la traición que le va a hacer a Navarra.


Decía la profesora Asun de la Iglesia que el amejoramiento es eso, mejorar, ampliar y dignificar nuestro fuero. El Partido Popular quiere empeorarlo, cuando no suprimirlo, con esa competición que tiene con VOX por mirar una España uniforme,
sin respeto a la pluralidad porque piensa diferente. Decía también que tiene que existir un equilibrio entre la esencia y su mejora y la adaptación a los nuevos tiempos. Esta modificación es justo eso. No se puede romper el espíritu integrador de
la LORAFNA. Debemos entender

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esta modificación como una oportunidad de mejorar nuestra ley para conectar con la sociedad, y no, como pretenden las derechas, para confrontar.


No hay atajos, señorías del Partido Popular: o están con Navarra o están contra Navarra. Nosotros no pasaremos a la historia por entorpecer, impedir o empeorar el amejoramiento de la ley más importante de Navarra, la LORAFNA; siempre
trabajaremos por defenderla y mejorarla respetando la pluralidad de nuestra tierra. Ahí estará siempre el Partido Socialista.


Ustedes hoy aquí votan en contra y, con ello, asestarán una puñalada a toda la sociedad navarra, a nuestra historia, a nuestro sentimiento como navarros y navarras, y será la mayor traición a nuestra tierra. Aunque ustedes, señorías del
Partido Popular, de esto saben bastante, de puñaladas, traiciones y mentiras, sobre todo de mentiras (rumores), nuestra tierra, nuestro país merece algo mejor que eso; merece ser un país en el que los delincuentes confesos, que mienten, no marquen
la agenda política. (Aplausos). Mancillar el buen nombre de personas a las que ni conocen no puede salir gratis; que haya políticos que usen esas declaraciones de ciertos sujetos para hacer política no puede salir gratis. No vamos a dejarnos
pisotear. Háganse a la idea: no van a vencernos con mentiras, calumnias y falsos testimonios. (Rumores). No va a ser así, ya se lo digo. Abandonen toda esperanza. Hoy van a ver cómo nos quedan tres años más de legislatura.


Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Varias señoras y señores diputados canturrean, con la entonación
utilizada en el sorteo de la Lotería de Navidad: ¡15 000 eeeuros!).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Sánchez Torregrosa, la llamo al orden por primera vez. (El señor Tellado Filgueira pronuncia palabras que no se perciben). Señor Tellado, le llamo al orden por primera vez.
(Protestas).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Sayas López. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).


El señor SAYAS LÓPEZ: Señor Cerdán, yo entiendo que después de lo que hemos leído de Aldama no tenga hoy su mejor día, pero es evidente que hay que tener cuajo para venir aquí y hablar de acuerdos con Bildu. (Aplausos.-Varias señoras y
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un momento.


Señorías, ruego por favor que nos calmemos. Es la última intervención del día y, por favor, vamos a intentar que el señor Sayas pueda realizarla convenientemente.


Cuando quiera.


El señor SAYAS LÓPEZ: El que ha hecho un acuerdo de investidura con Bildu es usted; el que ha presupuestado con Bildu es usted; el que se ha ido a Waterloo a sentarse con un prófugo de la justicia es usted (varias señoras y señores
diputados del Grupo Popular en el Congreso corean a la vez: Es usted); el que está iniciando los pasos para sacar de Navarra a la Guardia Civil es usted (varias señoras y señores diputados del Grupo Popular en el Congreso corean a la vez: Es
usted). ¿Y sabe por qué es usted? Porque todo lo que hace es un elenco de indecencia, una oda a la falta de escrúpulos. (Aplausos). Es usted el mejor embajador del sanchismo, porque la característica principal del sanchismo es la indecencia, y
usted la representa como pocos, señor Cerdán.


No disfracen de foralismo lo que no es otra cosa que un pago a los proetarras a cambio de los presupuestos del año 2023. (Aplausos). No ensucien el fuero con sus negocietes con Bildu. Bildu es una fuerza independentista, no es una fuerza
foralista; Bildu no quiere una Navarra con más autogobierno, quiere una Navarra menos española, y eso es lo que le está dando el Partido Socialista. (Aplausos). No hagan eso en nombre del fuero, y mucho menos en nombre de los navarros.


Los navarros estamos agradecidos a la Guardia Civil, muy agradecidos, porque la Guardia Civil nos da seguridad. A los que no les gusta la Guardia Civil es a los proetarras, a los antiespañoles y a los delincuentes. No me extraña que a
ustedes no les guste la Guardia Civil; los proetarras y los antiespañoles son sus socios de Gobierno, y de delincuentes empiezan a tener la bancada llena. (Aplausos).


Hoy, sin ir más lejos, señor Cerdán, el señor Aldama hablaba de usted y decía que le pagaba 15 000 euros billete tras billete en un bar al lado de Ferraz. Le hemos oído a usted decir cosas en el pasillo que nos han sonado bastante parecidas
a las que decía en su momento el señor Ábalos, que hoy va camino

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de la imputación y del suplicatorio. (Aplausos). Pero es que, mire, señor Cerdán, no es solo usted, también dice que le pagó 25 000 euros al jefe de gabinete de la señora Montero. Es una pena que no esté aquí y que no pueda salir, en
cualquier momento lo puede hacer, el Gobierno puede usar la palabra. El señor Torres, otro miembro del Gobierno, de ese dice que pidió 50 000 euros billete tras billete, y el señor Ábalos dicen que recibió 400 000, aparte, por supuesto, de haberle
pagado el chalecito, en el que además hubo que ponerle un piano para que su hija pudiera seguir estudiando. (La señora Mínguez García pronuncia palabras que no se perciben). Pero de todo lo que hemos sabido hoy del señor...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor, un momento. (Protestas).


Señoría, el punto que estamos tratando dice lo siguiente... (Continúan las protestas.-El señor Sayas López continúa hablando con el micrófono apagado).


No le estamos escuchando. Un segundo, señoría. Digo que el punto que estamos tratando es sobre el veto aprobado en el Senado para el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración
y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico y circulación de vehículos de motor, que usted conoce bien. Por tanto, por supuesto que le permito, en su libertad, decir lo que tenga que decir cuando quiera y como quiera. Ahora
bien, no puede usted gastar el tiempo de su intervención en temas, como bien dice el artículo 102 del Reglamento... (Protestas). No debe de hacerlo. Por tanto, señoría, le advierto... (El señor Sayas López se dirige al señor vicepresidente,
Rodríguez Gómez de Celis, con palabras que no se perciben). No pierda el tiempo conmigo también, le aconsejo. (Protestas.-El señor Tellado Filgueira: ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?-El señor De Olano Vela: ¡Qué vergüenza!). Le advierto
por primera vez, según el artículo 102, de que se atenga a lo que estamos debatiendo. (El señor Tellado Filgueira: ¡Está en el debate!).


Tiene usted la palabra, señoría.


El señor SAYAS LÓPEZ: Yo entiendo, señor presidente, que a usted la democracia le venga muy grande, pero yo estoy interviniendo y, en el uso de mi libertad, estoy contextualizando por qué a su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario
Socialista, le molesta la Guardia Civil y la quiere echar de Navarra. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Y la quiere echar de Navarra porque la Guardia Civil a quien molesta es a los delincuentes, de los que el Partido
Socialista empieza a tener las filas llenas. Eso es lo que, en mi libertad, estoy tratando de contextualizar. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en
pie).


Y, ahora, voy a seguir contextualizando. Les decía, señorías, que de todo lo que hemos conocido hoy del señor Aldama lo más preocupante es precisamente lo que señala al '1', al líder, al señor Sánchez, que sabía todo, lo tapó y ahora
sabemos que lo agradeció. (Aplausos). Sí, hay dos frases que le van a perseguir. Hasta ahora era la de 'si necesitan más recursos, que los pidan', pero hay una que va a suponer el final...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor. (Protestas). Señoría, un momento, por favor.


Le aplico de nuevo el artículo 102 del Reglamento. (Protestas.-El señor De Olano Vela: ¡Censura! ¡Censura!-El señor Tellado Filgueira: ¿Qué vergüenza es esta?). Le advierto, además, de que es la segunda vez que se lo tengo que aplicar y,
por tanto, si le hago una tercera advertencia tendrá que abandonar el atril. (El señor De Olano Vela: ¡Vergüenza! ¡Es una censura absoluta!). Así que, por favor, aténgase al contenido del punto que estamos tratando, que usted lo conoce
perfectamente. Le ruego que se atenga a él.


El señor SAYAS LÓPEZ: Mire, señor presidente, por mucho que presida usted ahora mismo esta sesión, hay una cosa que se llama libertad constitucional, la libertad de expresión, y este país todavía es democrático, por mucho que ustedes están
intentando que deje de serlo. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!). Por tanto, en esta tribuna me expresaré con mi libertad y contextualizaré conforme a mis argumentos, y si a usted no le gusta, pues lo siento, pero me
tendrá que escuchar porque estoy en mi derecho y en mi turno de intervención.

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Ahora voy a seguir contextualizando por qué el Partido Socialista quiere echar a la Guardia Civil de Navarra: porque tiene la fila llena de delincuentes y le molesta la Guardia Civil. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy
bien!).


Pero esto no es un problema solo del Partido Socialista, aquí hay muchos responsables. Si estos señores siguen en el Gobierno (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) es porque algunos se lo permiten. Ya sabíamos que SUMAR
había venido para tapar la corrupción del PSOE, ¿pero ustedes también, señor Aitor Esteban, también están dispuestos a tapar la corrupción del PSOE? ¿Y usted, señor Rufián, también? ¿Y usted, señora Belarra, también? ¿Señora Nogueras, también?
¿Van a tragar? Porque hoy el señor Feijóo les ha dicho que estamos dispuestos a negociar una moción de censura para sacar una corrupción que apesta del Gobierno de España. (Aplausos). ¿A ustedes la corrupción les da igual si es de izquierdas?
Porque cada minuto que este Gobierno siga ahí, ustedes serán cómplices de su corrupción.


Muchas gracias. (Fuertes aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Bravo!-El señor Tellado Filgueira: ¡Qué vergüenza la
Presidencia! ¡Una Presidencia de vergüenza. ¡Es lo que hay! ¡Es un fascista!-La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Varias señoras y señores diputados canturrean, con la entonación utilizada en el sorteo de la Lotería de Navidad: ¡15 000
eeeuros!).


La señora PRESIDENTA: Votamos en dos minutos. (Pausa.-El señor presidente del Gobierno, Sánchez Pérez-Castejón; la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montoro Cuadrado; el señor ministro de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes, Bolaños García; el señor ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Puente Santiago, y la señora ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Morant Ripoll, entran en el hemiciclo.-Aplausos de las señoras y los
señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-Varias señoras y señores diputados: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dimisión! ¡Dimisión!).


La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, si ocupan sus escaños, empezaremos las votaciones.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL COMPROMISO CON EL DERECHO A LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA GARANTÍA EN EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. (Número de expediente 162/000333).


La señora PRESIDENTA: Empezamos con las proposiciones no de ley. (Rumores). Ruego silencio.


Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y
reproductiva. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y el Grupo Parlamentario Republicano.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 178; en contra, 33; abstenciones, 138.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la proposición no de ley del Grupo Socialista.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO EN LOS BARRIOS QUE ESTÁN SUFRIENDO CORTES EN EL SUMINISTRO DE LA ELECTRICIDAD Y REFORMA INTEGRAL DE LOS BARRIOS CON MENOR
RENTA. (Número de expediente 162/000057).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético en los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la
electricidad y reforma integral de los barrios con menor

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renta. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 33; abstenciones, 144.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la proposición no de ley del Grupo SUMAR. (Aplausos).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BELARRA URTEAGA Y SEÑOR SÁNCHEZ SERNA), EN RELACIÓN CON LA DESCLASIFICACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DE 23 DE FEBRERO DE 1981. (Número de expediente
173/000060).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora las mociones.


En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Se vota en sus
términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 57; en contra, 291; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba la moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS ESPAÑOLES EN LOS SUPUESTOS DE GRAVE RIESGO, CATÁSTROFES Y NECESIDADES
PÚBLICAS. (Número de expediente 173/000061).


La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la política del Gobierno acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad y
el bienestar de los españoles en los supuestos de grave riesgo, catástrofes y necesidades públicas. Votamos separadamente por puntos.


Empezamos con el punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 33; en contra, 177; abstenciones, 138.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 176; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Suspendemos un momento, porque el dispositivo de la diputada señora Narbona vuelve a dejar de funcionar. (Pausa).


Parece que ya está arreglado. Muchas gracias a los servicios técnicos.


Votamos ahora el punto número 4 de la moción.

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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 169; en contra, 180.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000062).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno de España para garantizar los servicios ferroviarios. Votamos separadamente por
puntos.


Votamos el punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 170; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 33; en contra, 178; abstenciones, 138.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 170; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.

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Pasamos a votar el punto número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 171; en contra, 176.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 177.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 170; en contra, 178; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


Votamos el punto número 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 33; en contra, 178; abstenciones, 138.


La señora PRESIDENTA: No se aprueba.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CATALÁN HIGUERAS), SOBRE LOS TRÁMITES PENDIENTES, PLAZOS Y PREVISIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000063).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los trámites pendientes, plazos y previsiones para la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. Se vota en
sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 292; en contra, 44; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba la moción en sus términos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES Y ACTUACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DURANTE LA CRISIS PROVOCADA POR LA DANA. (Número de expediente 173/000064).


La señora PRESIDENTA: Votamos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, sobre las responsabilidades y actuaciones del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la DANA. Votamos
separadamente por puntos.


Empezamos con el punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba.

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Votamos el punto número 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 172; en contra, 37; abstenciones, 140.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba.


Votamos el punto número 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 170; en contra, 36; abstenciones, 140.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 139; en contra, 36; abstenciones, 172.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 169; en contra, 37; abstenciones, 142.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 10.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 36; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 171; en contra, 37; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto número 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 138; en contra, 70; abstenciones, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 6/2024, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE RESPUESTA ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA DEPRESIÓN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA) EN DIFERENTES MUNICIPIOS ENTRE EL 28 DE OCTUBRE Y EL 4 DE NOVIEMBRE DE
2024. (Número de expediente 130/000009).


La señora PRESIDENTA: Vamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la depresión aislada en niveles altos (DANA)
en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 314; en contra, 33; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).


Votamos la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.


La señora PRESIDENTA: El real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN. CONTINUACIÓN):


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN UN IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR UN NIVEL MÍNIMO GLOBAL DE IMPOSICIÓN PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD, UN IMPUESTO SOBRE EL MARGEN DE INTERESES Y
COMISIONES DE DETERMINADAS ENTIDADES FINANCIERAS Y UN IMPUESTO SOBRE LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL TABACO, Y SE MODIFICAN OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
ESTABLECE UN IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA GARANTIZAR UN NIVEL MÍNIMO GLOBAL DE IMPOSICIÓN PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD). (Número de expediente 121/000023).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el dictamen del proyecto de ley por la que se establecen un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran
magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas
tributarias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 178; en contra, 171.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTE DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS ENTRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y SUS CLIENTES. (Número de expediente
121/000018).


La señora PRESIDENTA: Votamos el Proyecto de ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.


Votamos la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 170; en contra, 178; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- AVOCACIÓN POR EL PLENO.


La señora PRESIDENTA: Del proyecto de ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes, votamos
ahora la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 342; en contra, 7.


La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.

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VETO DEL SENADO. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA, EN CUANTO A TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SEGURIDAD VIAL. (Número de
expediente 121/000030).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el veto aprobado por el Senado al Proyecto de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a
tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial.


Señorías, les recuerdo que, en este caso, votar a favor supone votar el texto inicialmente aprobado por el Congreso de los Diputados y vetado por el Senado, mientras que votar en contra supone votar en contra del texto aprobado inicialmente
por el Congreso y vetado por el Senado. El veto del Senado quedará, por tanto, levantado si se alcanza la mayoría absoluta, es decir, si se obtienen al menos 176 votos favorables al texto inicial del Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 179; en contra, 170.


La señora PRESIDENTA: Queda levantado el veto del Senado.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).


Eran las cinco y quince minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.