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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 79
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 76
celebrada el jueves,
14 de noviembre de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de la Presidencia ... (Página6)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 87, de 22 de octubre de 2024. (Número de expediente 250/000004) ... (Página6)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 8 de abril de 2024. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 76, de 13 de septiembre de 2024. (Número de expediente 110/000035)
... (Página12)
- Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional relativa a la Decimosexta Revisión General de Cuotas, adoptada el 15 de diciembre de 2023. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 77, de 13 de septiembre de
2024. (Número de expediente 110/000036) ... (Página12)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (antes denominado proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la
protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 16-1, de 22 de marzo de 2024. (Número de expediente 121/000016) ... (Página15)
- Votación ... (Página33)
Palabras de la Presidencia ... (Página37)
Avocación de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 25-1, de 21 de
junio de 2024. (Número de expediente 121/000025) ... (Página37)
Segunda votación para la elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:
- Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000010) ... (Página37)
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página38)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página39)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página39)
- Votación de conjunto ... (Página40)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página40)
Votación de las proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes pendientes de la sesión plenaria de 29/10/2024:
- Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, para defender al campo español. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 82, de 9 de febrero de 2024. (Número de expediente 162/000116) ... href='#(Página40)'>(Página40)
- Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, reclamando el cese del fiscal general del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 146, de 24 de mayo de 2024. (Número de expediente 162/000241) ...
(Página40)
- Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones. (Número de expediente 173/000058) ... href='#(Página40)'>(Página40)
- Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la responsabilidad del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en los múltiples casos de corrupción que involucran
al presidente Sánchez y a más de la mitad de su Gobierno. (Número de expediente 173/000059) ... (Página41)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Palabras de la Presidencia ... (Página6)
La Presidencia informa de que la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de un proyecto de ley orgánica que ha de ser sometida a una votación final y, de acuerdo con el artículo 131.2 del Reglamento, anuncia que
dicha votación no se producirá antes de las 14:30 horas.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado ... (Página6)
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión ... href='#(Página6)'>(Página6)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivera Arias, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; los señores Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y Paré Aregall, del Grupo Parlamentario Socialista; y la
señora Alía Aguado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página12)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 8 de abril de 2024 ... (Página12)
- Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional relativa a la Decimosexta Revisión General de Cuotas, adoptada el 15 de diciembre de 2023 ... (Página12)
Para fijar su posición sobre los convenios de referencia, intervienen la señora Recas Martín, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; Mercadal Baquero, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página15)
- Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (antes denominado proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la
protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios) ... (Página15)
En defensa de las enmiendas y, en su caso, de los votos particulares formulados, intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también utilizan el turno de fijación de
posición; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Santiago Romero, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Martínez Salmerón, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Hace uso de la palabra el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García).
- Votación ... (Página33)
Se someten a votación las enmiendas y votos particulares presentados al Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Palabras de la Presidencia ... (Página37)
La Presidencia informa de que desde las 13:15 hasta las 14:30 horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de la sesión.
Avocación de iniciativas legislativas ... (Página37)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ... (Página37)
La Presidencia informa de que el punto de referencia se someterá a votación electrónica junto con el resto de los asuntos al final de la sesión.
Se suspende la sesión a la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Segunda votación para la elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE ... (Página37)
- Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE ... (Página37)
La Presidencia informa de que se va a llevar a cabo la segunda votación para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española al no haberse obtenido en la primera votación, celebrada en la
sesión del martes, la mayoría de dos tercios requerida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
Asimismo, explica el procedimiento a seguir en la votación.
Sometida a votación la elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, resultan elegidos don Miquel Calçada i Olivella, doña Esther de la Mata Ahedo, doña Mercedes de Pablos Candón, doña Rosa León Conde, don José
Pablo López Sánchez, doña María Teresa Martín del Caz, don Mariano Muniesa de Caveda, doña Angélica Rubio Cerezales, doña María Roncesvalles Solana Arana, don Sergi Sol i Bros y doña Marta Ribas Frías por 179 votos a favor, sin ningún voto en blanco
ni ningún voto nulo.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Declaración sobre la Cuenta General del Estado. (Votación) ... (Página38)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022, así como la resolución adoptada por dicha Comisión, se
aprueba por 291 votos a favor, 39 en contra y 14 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página39)
Sometido a votación el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 8 de abril de 2024, se aprueba por 301 votos a favor y 45 abstenciones.
Sometida a votación la Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional relativa a la Decimosexta Revisión General de Cuotas, adoptada el 15 de diciembre de 2023, se aprueba por 262 votos a favor, 37 en contra y
48 abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página39)
Sometido a votación el dictamen del Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (antes denominado proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios), en lo relativo a la disposición final decimonovena nonies (nueva), se aprueba por 180 votos a favor y 167 en contra.
Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 180 votos a favor y 167 en contra.
- Votación de conjunto ... (Página40)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 179 votos a favor y 168 en contra.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página40)
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se aprueba por 343 votos a favor.
Votación de las proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes pendientes de la sesión plenaria de 29/10/2024 ... (Página40)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, para defender al campo español, en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 32 votos a favor, 179 en contra y 136
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, reclamando el cese del fiscal general del Estado, se rechaza por 168 votos a favor y 178 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones, se rechaza por 32 votos a favor, 179 en contra
y 136 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la responsabilidad del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en los múltiples casos de
corrupción que involucran al presidente Sánchez y a más de la mitad de su Gobierno, se rechaza por 167 votos a favor y 179 en contra.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen del Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser
sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, y en cumplimiento de esta disposición, anuncio que dicha votación no se producirá antes de las
14:30 horas. Asimismo, les informo de que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas y los votos particulares correspondientes a esta iniciativa.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2022, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000004).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio
2022, así como la resolución adoptada por dicha comisión. (Rumores).
Por favor, un poquito de silencio.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Rivera Arias por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora RIVERA ARIAS: Buenos días, señorías; buenos días, presidenta.
Según señala el propio Tribunal de Cuentas, la cuenta general del Estado del ejercicio 2022 refleja de manera fiel, con ciertas salvedades, la situación económica, financiera y patrimonial. Este, por supuesto, es un logro importante que
demuestra la transparencia y el compromiso político con la buena gestión de los fondos públicos; sin embargo, esto no es suficiente. La transparencia y el compromiso con la buena gestión de fondos no es suficiente si muchos de esos fondos no van
al lugar adecuado.
En el año 2022, la potenciación del escudo social y la puesta en marcha de tantísimas otras medidas fueron imprescindibles para dar un respiro a las familias y a la clase trabajadora de este país, que pudieron sentir al menos algo de apoyo y
alivio tras los efectos de la pandemia, que -recordemos- fue devastadora. En este periodo, una de las medidas más importantes fueron las ayudas al transporte. Un reciente estudio de Greenpeace y el Instituto de Movilidad observó incrementos en el
número de viajeros con respecto a 2021 en un 67,47 % en el ferrocarril de media distancia, en un 63,89 % en Avant y AVE, y en un 26,74 % en cercanías, así como incrementos en el autobús urbano y el metro. Estos incrementos significan un impulso a
las reducciones de emisiones de CO2 de vehículos privados y una apuesta por el fomento del transporte público.
A pesar de todo ello y de nuestra valoración positiva al respecto, hemos de mencionar que una buena parte de los fondos para estas y otras medidas, como el ingreso mínimo vital, el bono social, el bono
cultural, las ayudas para la dependencia o el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos, se quedaron sin gastar en su totalidad. Para saber qué pasa en cada una de ellas no vale con quedarnos con la cifra asignada en los
presupuestos, es necesario trabajar en su ejecución y observar lo que de verdad se está gastando y por qué; al fin y al cabo, los presupuestos son la expresión cifrada de un proyecto político, un proyecto que para nosotras tiene que estar al
servicio de las clases populares de nuestro país. (Aplausos). Por ejemplo, podemos ver que el bono cultural no ha cumplido sus fines del todo. De los 210 millones de euros presupuestados en 2022 solo se gastaron 114,2. Otro ejemplo lo vemos en
ciencia, donde de los cerca de 13 000 millones de euros presupuestados se quedaron sin ejecutar casi un 33 %. Al mismo tiempo, desde 2016 hasta 2022 los presupuestos generales del Estado destinados a defensa han aumentado de 5730 millones a 9780
millones de euros. En 2022, España dedicó el 3,14 % de su gasto público total a defensa, mientras que el año anterior había dedicado el 2,74 y cinco años antes, el 2,2. Aun así, al final de cada año lo que realmente se gasta en defensa supera en
varios cientos de millones el presupuesto inicial. Este es un tema que no debe escaparse de nuestra vista. Es una tarea pendiente que repensemos el valor que le damos a esa industria armamentística, los recursos que invertimos y la escasa
transparencia en la asignación de contratos y adjudicaciones militares. Los aprendizajes de los anteriores presupuestos, sus errores y aciertos, nos marcan el camino que debemos tomar al legislar para nuestra gente. Medidas como la
universalización de la educación de 0 a 3 años, la extensión de los permisos de nacimiento, la retribución del permiso parental, el aumento de la inversión en dependencia y las prestaciones universales por crianza son políticas verdaderamente útiles
para las familias y debemos hacer de ellas nuestra prioridad. (Aplausos).
Las cuentas generales son el campo de batalla en el que debe quedar reflejado el proyecto de país por el que trabajamos: la lucha contra los fondos buitre, los intereses empresariales y el pulso de clase que sostiene nuestra clase -la
trabajadora- cada día y en cada momento. Esa lucha se manifiesta desde que suena el despertador demasiado temprano y cogemos ese transporte público abarrotado para llegar a un trabajo con jornadas excesivamente largas y paga insuficiente hasta la
vuelta a casa; jornadas en las que, encima, las mujeres aún nos enfrentamos a una división sexual del trabajo invisibilizada en el interior de cada hogar. (Aplausos). La justicia social y la redistribución de la riqueza con el objetivo de que
genere cambios y mejore la vida de las personas debe pasar por unos presupuestos ambiciosos, valientes y que confronten con los poderes económicos del país. No hemos de olvidar de qué lado estamos. Por todo ello, es imprescindible evaluar las
políticas públicas poniendo en el centro las necesidades de la clase trabajadora más allá de una simple evaluación economicista y potenciando la coherencia de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno para ir alcanzando los hitos
marcados en nuestra Estrategia Española para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tenemos un horizonte de objetivos que garantizar y blindar frente a la voracidad de los que no quieren un Estado fuerte que
garantice esos derechos fundamentales para la mayoría social de nuestro país. Por ello, tenemos que trabajar para que las constantes e importantes medidas que se anuncian en esta Cámara, que se negocian en estas salas y que con muchas resistencias
políticas se incluyen en los presupuestos sean verdaderamente útiles para la clase trabajadora. Una medida solo es útil si demostramos que llega y ayuda a las personas. Este tema creemos que merece una reflexión mucho más pausada, pero vemos
fundamental resaltar esos déficits del sistema.
A pesar de todo, los presupuestos de 2022 fueron los más expansivos hasta el momento; incluyeron una gran cantidad de inversiones y esfuerzos que van en la dirección correcta y demostraron que las fuerzas de izquierda, cuando gobernamos, no
solo lo hacemos pensando en lo mejor para la ciudadanía, sino que lo hacemos con solvencia y mejor. (Aplausos). Esto no quita que no debamos escuchar al tribunal y que debería ser prioritario subsanar esas deficiencias crónicas que señala y que se
vienen repitiendo en cada ejercicio en las cuentas generales. Un año más tenemos que insistir en que arrastramos las consecuencias de la fórmula de conceder préstamos del Estado a la Seguridad Social, que no deja de ser una especie de argucia
contable que genera una deuda ficticia que podría comprometer la capacidad de maniobra financiera del sistema. La aportación de los recursos que haga el Estado a la Seguridad Social para asegurar la sostenibilidad del sistema debe realizarse como
transferencia a través de los presupuestos generales del Estado, siendo fundamental que Estado asuma los gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social y que las transferencias dejen de considerarse préstamos para no generar deuda. El
Gobierno debe reordenar todos esos gastos. No podemos darles munición a esos que no quieren un sistema público de pensiones, que cuestionan continuamente nuestro sistema y que prefieren que los grandes capitales hagan negocio con los planes de
pensiones. En las cuentas generales del
Estado de 2022 -y termino, presidenta-, evidentemente, no se solucionan todos los problemas de la ciudadanía, pero se demuestra el enorme potencial y el recorrido que tiene hacer políticas de cara al pueblo con una intención transformadora.
Subsanemos los errores, reflexionemos sobre la ejecución y, sobre todo, acordemos las medidas y las partidas que son verdaderamente importantes y urgentes para la clase trabajadora.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer por un tiempo de siete minutos.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mis primeras palabras quiero que sean para trasladar nuestro pésame a las familias de los fallecidos y nuestro apoyo a quienes han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones y la incompetencia de los
responsables políticos, incompetencia que hoy vemos también reflejada en la cuenta general del Estado del año 2022. Hablo de incompetencia e irresponsabilidad en la gestión de los fondos públicos, de este Gobierno y de Gobiernos anteriores, lo que
se refleja en un patrimonio neto negativo de 690 795 millones de euros. O sea, debemos 690 795 millones de euros más de lo que tenemos. Un patrimonio neto negativo que empeora año tras año como consecuencia de los déficits registrados en las
cuentas públicas, déficits resultantes de un gasto público ineficiente, desmesurado y sin control. Son cifras que deberían avergonzar a quienes han gestionado las cuentas públicas en los últimos años y que deberían preocupar a todos los españoles
con un mínimo sentido común. Y un patrimonio neto negativo que seguirá aumentando hasta el año 2031, según los datos reflejados en el Plan Fiscal y Estructural del Gobierno. A propósito, un plan que, según la AIReF, tiene numerosas deficiencias.
Entre ellas, no ofrece detalle suficiente para ser considerado una herramienta útil de planificación presupuestaria -crítica absolutamente demoledora-; no incorpora un cuadro económico detallado más allá de 2026; no explicita la vía en que se
prevé cumplir con el compromiso del gasto primario neto.
Estamos ante Gobierno incompetente e irresponsable que no ha aprovechado los incrementos en la recaudación tributaria de los últimos años para equilibrar o alcanzar el superávit de las cuentas públicas. Una incompetencia e irresponsabilidad
que se refleja también en los datos siguientes. Uno: sigue aumentando la deuda a largo plazo. Al cierre del año 2022, ascendía a casi 1,2 billones de euros, creciendo 50 000 millones de euros respecto al año 2021. Una deuda que actualmente
supera los 1,62 billones de euros y que seguirá aumentando a la vista de los déficits fiscales estimados. Una deuda que supera el cien por cien del PIB tan solo en seis países de la Unión Europea y uno de ellos es España. Una deuda per cápita que
desde que llegaron los socialistas al poder ha aumentado en más de 7500 euros, y es que las políticas socialistas tan solo producen pobreza y deuda. (Aplausos). Dos: un fondo de maniobra negativo por importe de 54 788 millones de euros. Tres:
una pérdida del ejercicio atribuible a la entidad dominante de 35 000 millones euros, pérdida que principalmente se debe a unos gastos financieros que ascienden a 29 000 millones de euros, casi 5000 millones de euros más que en el año 2021. Es una
cifra elevadísima, consecuencia de la irresponsabilidad política en el endeudamiento público llevado a cabo desde hace más de dos décadas. No olvidemos que la nueva deuda la estamos pagando de media un 2,63 % por encima de la que está venciendo.
Eso significa que seguirá creciendo el gasto público por intereses. No olvidemos que, mientras haya más gasto por intereses, menores serán los importes que se podrán dedicar a gastos tan necesarios como sanidad, pensiones o dependencia.
Vayamos ahora a la opinión del Tribunal de Cuentas. Llaman la atención los puntos siguientes. Uno, el elevado número de entidades del sector público estatal; se mantienen 444 entidades a pesar de la descentralización autonómica. Dos, el
elevado número de salvedades en la opinión; son 31 salvedades recogidas en quince puntos. Tres, que no se hayan integrado en la cuenta general del Estado 136 entidades, considerando también las entidades multigrupo y asociadas. Cuatro, que
existan entidades reincidentes en no enviar las cuentas aprobadas ni las formuladas. Cinco, que existan pagos pendientes de justificación o aprobación por importe de 1143 millones de euros, habiendo superado los plazos establecidos por la normativa
a tales efectos. Llama la atención que se haya incluido un párrafo de énfasis por el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, el cual se cifra en 88 759 millones de euros, y no porque no deba estar, que sí debe estar, llama la atención
porque esta cifra no es real. Es una cifra que se deriva de un artificio contable consistente en traspasar el déficit de unas administraciones a otras, artificio contable que va en contra de las normas de consolidación por las que deberían haberse
eliminado
las transferencias de la Administración central a la Seguridad Social, transferencias que tan solo en el año 2022 ascendieron a 36 500 millones de euros. Sorprende que en la opinión del Tribunal de Cuentas no se hayan incluido dos párrafos
de énfasis absolutamente objetivos. Primero, uno que haga referencia al patrimonio neto negativo de la cuenta general del Estado, que -recordemos de nuevo- asciende a 690 795 millones euros. Y un segundo párrafo que mencione la inexistencia de un
plan serio de reequilibrio financiero de las cuentas públicas. Indigna la falta de respeto a la Comisión del Tribunal de Cuentas, falta de respeto que se demuestra el comprobar el incumplimiento de todas y cada una de las resoluciones aprobadas
correspondientes a las cuentas generales de los años 2019 y 2020. Señorías, hablamos de unas cuentas que registran un importantísimo desequilibrio patrimonial. Hablamos de una opinión que adolece de importantes salvedades sobre la imagen fiel de
las cuentas públicas. Hablamos de un Gobierno que ignora año tras año las propuestas de resolución aprobadas en la Comisión del Tribunal de Cuentas. Señorías, el Grupo Parlamentario VOX no puede validar con su voto la irresponsabilidad ni la
incompetencia ni la ineficiencia en la gestión de las cuentas públicas. Lo único que puede validar con su voto el Grupo Parlamentario VOX es que ustedes se vayan.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Paré Aregall por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor PARÉ AREGALL: Muchas gracias, presidenta. Bon día. Egun on. Bos días. Buenos días.
Señorías, hoy venimos a hablar de la gestión de las cuentas públicas y, lamentablemente, lo hacemos en un contexto de desolación y tristeza por lo acontecido en Valencia. Como alcalde, como compañero de concejales y alcaldes y como
representante de un partido comprometido con los municipios y la política local quiero transmitir mi solidaridad y mi reconocimiento a la labor incansable de los consistorios, de los voluntarios, de los servidores públicos y, especialmente, de los
vecinos y las vecinas. A todos ellos y a todas ellas, un fuerte abrazo fraternal. (Aplausos). Pero no solo eso. Como veremos hoy con los datos de la cuenta general, el Gobierno prioriza a las personas en el gasto social y fomenta la
recuperación. El Gobierno prioriza gobernar precisamente para no dejar a nadie atrás, porque el Gobierno gobierna, y no con incompetencia, sino con prioridades que garantizan la recuperación económica y social.
Señorías, catástrofes naturales como esta DANA evidencian la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado con recursos, con capacidad de responder y proteger ante peligros que van a seguir ocurriendo. Y ante esta realidad, hay dos opciones:
la respuesta inmediata del Gobierno de España con dos paquetes de medidas de más de 14 000 millones de euros o -la segunda opción- el Partido Popular, con recortes y bajadas de impuestos a los más ricos. Aquí está su contradicción. El señor Carlos
Mazón, como es lógico, ha pedido al Estado recursos para la recuperación, y el Gobierno de España está y estará. (Aplausos). Pero -atentos a la hipocresía- hace cuatro meses la AIReF calculó que la Comunidad Valenciana dejará de ingresar este año
casi 500 millones de euros por la rebaja de impuestos del señor Mazón. Señorías del Grupo Popular, ¿esa es la libertad que ustedes defienden? La libertad es tener un Estado con recursos capaz de estar, reconstruir y proteger a todos y todas, a
diario y cuando sea necesario.
Hoy debatimos las cuentas del Estado de 2022, pero también tenemos que debatir las respuestas del futuro. Señorías de la derecha extrema y de la extrema derecha, hay que encarar ya el próximo año y actuar con responsabilidad. Necesitamos
unos presupuestos generales que protejan a la gente y que aporten más recursos públicos a los gobiernos autonómicos y locales. A ustedes, que recortan los derechos a la clase trabajadora, a los más vulnerables, que niegan los impuestos, señorías
del Grupo Popular y de VOX, les diré que así ni se protege ni se avanza. ¿Saben cómo se hace? Pues tienen el ejemplo de Salvador Illa. Por responsabilidad, en un momento complejo pactó unos presupuestos para Cataluña, la misma responsabilidad que
vemos en José Vélez, en Murcia, o en Diana Morant prometiendo apoyar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, porque ante emergencias no se debe entender otra cosa que no sea la unidad. Señorías del Grupo Popular, es evidente que cuanto más
confronten, peor; cuanto más griten, peor. ¿O no les dice nada el silencio de la señora Ayuso de estos últimos días? Por cierto, la Comunidad de Madrid es la que menos gastó en políticas sociales por habitante en el año 2022. Señorías del Grupo
Popular, colaboren con unos presupuestos que España necesita de manera urgente, que el Estado somos todos, que ya han votado junto con VOX en contra de la senda de estabilidad dejando a los pueblos y a las ciudades con menos recursos. (Aplausos).
I em fa il·lusió, novament, mostrar l'honor de ser alcalde de Centelles, el poble on visc, el poble on he nascut. Especial il·lusió enguany, perquè el pressupost de l'Ajuntament ha rebut una aportació extraordinària de l'Estat, precisament
en concepte de majors ingressos de l'any 2022. Per tant, és bo que els centellencs i centellenques sàpiguen que tots els pobles i ciutats, a través dels seus ajuntaments, hem rebut més recursos, recursos que els hem pogut destinar als serveis
d'atenció a la persona, com l'escola bressol, la residència municipal o als serveis públics que disposem a la vila. I com m'agrada dir en el Ple municipal, aprovar el compte general és un exercici de responsabilitat i transparència.
Me hace ilusión mostrar de nuevo el honor de ser alcalde de Centelles, el pueblo donde vivo, donde he nacido; especial ilusión este año porque el presupuesto del ayuntamiento ha recibido una aportación extraordinaria del Estado,
precisamente en concepto de mayores ingresos del año 2022. Por lo tanto, está muy bien que los habitantes de Centelles sepan que todos los pueblos y ciudades, a través de sus ayuntamientos, hemos recibido más recursos, recursos que hemos podido
destinar a los servicios de atención a las personas, como la guardería, la residencia municipal o los servicios públicos de la ciudad. Y, como me gusta decir en el pleno municipal, aprobar la cuenta general es un ejercicio de responsabilidad y
transparencia.
Señorías, los datos de la cuenta general son claros. Aunque se esfuercen en desprestigiar todo el trabajo hecho, España lidera el crecimiento entre las principales economías europeas y si avanza es gracias al gasto público. Podremos
aportar soluciones si tenemos presupuestos, y me adelanto a la portavoz del Partido Popular. Me gustaría pensar que tendrá una intervención responsable, y con todo el cariño se lo digo: si fuera honesta, reconocería hechos incontestables, porque
las previsiones económicas de 2022 se superaron, los ingresos del Estado aumentaron, a pesar de los malos augurios del Partido Popular. ¿Va a reconocer que se equivocaron? Hoy el escudo social es más fuerte; el Grupo Socialista fortalece el
Estado, el Partido Popular lo debilita. En datos, en el año 2017, último año del PP, el gasto social fue del 27 % del PIB, frente al 31 % del PIB al que llegamos en 2022, y lo que se redujo fue la deuda pública sobre el PIB, 5,2 puntos
porcentuales. Con M. Rajoy la deuda aumentó, en concreto, en un 50 %, así que, señorías del PP, menos ruido y más propuestas, menos recortes mientras piden y más gasto social, porque lo que necesita España en el próximo año pasa por unos nuevos
presupuestos, y lo saben.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Parè.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alía Aguado por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Quiero comenzar con mi cariño hacia las personas que lo están pasando mal en estos días en toda España a consecuencia de las lluvias, pero en especial con mi cariño hacia quienes sufren las consecuencias de la riada en la Comunidad
Valenciana. (Aplausos).
Le agradezco, señoría del Partido Socialista, que se haya dirigido a mí para decirme que actúe con responsabilidad, y así lo voy hacer porque me voy a centrar en hablar de la cuenta general del Estado de 2022; no voy a entrar a hablar de
Gobiernos autonómicos del Partido Popular, como ha hecho usted. A eso ha bajado usted aquí, a hacernos reproches reiterados. (Aplausos).
Entiendo que usted aquí no quiera hablar de la cuenta general del Estado de 2022, porque, lógicamente, es un documento muy valioso pero largo y difícil de entender. Por eso le voy a comentar que ustedes, su partido, el partido del Gobierno,
son quienes menos propuestas de resolución han hecho a la cuenta general del Estado de 2022, solo cinco, y un copia y pega, porque son las mismas del año 2021; solo cinco, como solo hicieron cinco, las mismas, a la del año 2021. (Aplausos). Hasta
SUMAR, sus socios de Gobierno, por primera vez en lo que llevamos de legislatura, ha presentado propuestas de resolución; seis, VOX nueve y mi grupo treinta y dos. (Aplausos). Presentamos treinta y dos porque nos preocupamos de la cuenta general
del Estado y analizamos los informes del Tribunal de Cuentas. Por cierto, se le ha olvidado a usted mencionar aquí que hay informes del Tribunal de Cuentas sobre procedimiento de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Usted aquí no los ha
nombrado. Se le ha olvidado. (Aplausos).
Comienzo analizando la cuenta general del Estado de 2022, y la resumo en tres puntos: incumplimiento del déficit pese al aumento de ingresos vía recaudación -ahora se lo contaré-, gasto desmedido y sin
control, como en el año 2021, y la deuda pública sigue aumentando. Si hablamos simplemente de ingresos menos gastos ordinarios, llegamos a un resultado negativo en 2022 de 34 768 millones de euros, y, efectivamente, es el año récord de
recaudación. ¡Qué vergüenza!, aumento de recaudación por subidas de impuestos y aumento de recaudación vía inflación. ¡Qué vergüenza! Y usted viene aquí a sacar pecho. Me parece vergonzoso que saquen pecho por eso. (Aplausos).
Y gasto público desmedido, sin control. De ahí que, a pesar de la recaudación, los resultados sigan siendo negativos. Y le voy a contar. En los cuadros del Tribunal de Cuentas, si usted los hubiera analizado vería que la recaudación en
2022 por tributos directos e indirectos se presupuesta en 292 000 millones, pero los ingresos reconocidos son de 320 219 millones. Es decir, tienen la cara de recaudar más de lo que presupuestan, y está escrito, y de eso no se puede sacar pecho.
(Aplausos).
Pero, además, el año 2022 finaliza con un IPC del 5,7 % y una inflación subyacente del 7 %, y hoy tampoco lo quiere contar usted aquí. Conocemos los datos de la inflación, y la inflación vuelve a subir un 1,8 %; hay una inflación
subyacente del 2,5 %, por encima de la Unión Europea, y usted aquí no la cuenta, usted aquí no ha bajado a contarlo. ¿Y por qué sube la inflación? Por el aumento de precios de carburantes, de alimentos, y ustedes, por cierto, en la Comisión de
Economía -si es que la llegamos a celebrar esta tarde, o también la cancelan y desconvocan- quieren volver a subir impuestos a todos los españoles. Eso no lo cuenta usted en esta tribuna. (Aplausos). Ustedes deberían plantearse que bajando
impuestos se recauda más. (Aplausos.-Algunos señores diputados hacen gestos negativos). Sí, señorías, se recauda más. No se lo han estudiado. Bajando impuestos se recauda más: aumentan las bases imponibles. Y hay que recaudar vía actividad:
hay que ser competitivos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señora Alía.
Por favor, pido un poco de silencio, porque, si no, es muy complicado.
La señora ALÍA AGUADO: Claro, es que las verdades les molestan. (Aplausos). Deberían plantearse que tienen problemas para recibir fondos europeos, tienen ustedes problemas con el quinto y el sexto desembolso porque son incapaces de
gestionar los fondos europeos, que tanta falta nos hacen en España en estos momentos.
Efectivamente, el Tribunal de Cuentas tiene varios párrafos de énfasis, dos, en concreto: uno dirigido a la deuda pública, una deuda pública que a finales de 2022 era de 1,53 billones de euros, un 6,1 % más que la de 2021; una deuda
pública que en 2022 hizo que hubiera que pagar más de 30 000 millones por intereses de gastos financieros. Eso tampoco lo nombra usted aquí. Ese presupuesto puede ser de varios ministerios juntos; 75 000 millones más de deuda pública en 2022 con
sus nefastas gestiones. ¿Y cómo van a amortizar esta deuda? Claro, con sus teorías, subiendo impuestos. La propia Administración General del Estado, en la cuenta general, analiza en un cuadro que se necesitarían cuarenta y siete años para
amortizar esa deuda, hasta 2071. Eso aquí no lo nombra usted, tampoco le interesa. Y, efectivamente, el patrimonio neto de la Seguridad Social es negativo -sí, negativo- en 88 759 millones. La Seguridad Social mantiene con el Estado una deuda de
116 000 millones, incluso por préstamos que ya están vencidos. Y el tribunal ha hecho recomendaciones, en concreto mediante resolución de 19 de mayo de 2022, y ustedes hacen caso omiso. No saben cómo resolver el problema de la Seguridad Social.
Hay muchos más errores y salvedades en la cuenta general del Estado. ¿Cómo van a resolver que un documento integrante de la cuenta general del Estado es el estado del presupuesto? No hay presupuestos para 2024, no sabemos nada del 2025.
¿Cómo resolverán el tema de una cuenta general del Estado incompleta? ¿Cómo lo van a resolver?
La señora PRESIDENTA: Señora Alía, tiene que ir terminando.
La señora ALÍA AGUADO: Termino, presidenta.
No pueden seguir engañando a los ciudadanos. Es inviable continuar así. Que Sánchez se mantenga en ese sillón depende de ustedes; un presidente escondido, sin dar explicaciones, de viaje por el extranjero... (Protestas.-Aplausos). Sí,
se va al extranjero para no dar la cara en sede parlamentaria, y tampoco tiene apoyos ya en el extranjero. (Rumores).
Ustedes son incapaces de hacerlo mejor. Ustedes son... (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Señora Alía, tiene que terminar. (Protestas).
Silencio, por favor, señores diputados.
Señora Alía, termine en dos segundos.
La señora ALÍA AGUADO: Termino.
Ustedes son incapaces de hacerlo mejor. Ya lo han demostrado: seis años de ruina, destrucción, desorden, desidia y mucha corrupción, mucha corrupción. (Protestas.-Aplausos).
Quiero terminar, pero no me dejan, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señora Alía, ya le he dado dos minutos y medio más. (Protestas).
La señora ALÍA AGUADO: Termino, presidenta. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: No, señora Alía, se le ha pasado el tiempo. (Protestas).
Señora Alía, lo siento. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL DE 2024. (Número de expediente 110/000035).
- RESOLUCIÓN 79-1 DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL RELATIVA A LA DECIMOSEXTA REVISIÓN GENERAL DE CUOTAS, ADOPTADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. (Número de expediente 110/000036).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar ahora los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000035 y 110/000036.
Ha pedido intervenir en este punto el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Tiene la palabra la señora Recas Martín por un tiempo de tres minutos. Cuando quiera.
La señora RECAS MARTÍN: Gracias, presidenta.
Señorías, cuando me propusieron estrenarme en esta Cámara con la justificación del voto sobre dos convenios internacionales no me pareció el mejor comienzo, la verdad. Sin embargo, este es el caso de dos convenios que pueden tener impacto
positivo o no en el orden internacional, en la vida cotidiana de mucha gente. Muchos de los que se encuentran aquí no quieren ver que en este mundo globalizado lo que afecta, por ejemplo, a un alemán en sus próximas elecciones o a una sudanesa en
una sequía o si una niña es asesinada en Gaza en un conflicto que no somos capaces de parar afecta y debe ser de la incumbencia de todos y de todas. Este convenio, el primero, puede parecer un tema burocrático, sin más. Sin embargo, hablamos de
regulaciones que dan esperanza y seguridad jurídica y, sobre todo, consolidan derechos. Eso sí es libertad. Se trata de un acuerdo bilateral entre España y Estados Unidos que regula las condiciones de prestaciones y derechos de las personas
trabajadoras con derecho a pensión. Respecto a España, el convenio afecta a la legislación relativa a las prestaciones contributivas del sistema español de Seguridad Social y a las del Régimen de Clases Pasivas del Estado en lo que se refiere a
incapacidad permanente por enfermedad común o accidente no laboral, jubilación o retiro, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral. Esta consolidación de derechos merece un sí, sobre todo porque los futuros acuerdos tras la
victoria de la sinrazón de Trump en un país como Estados Unidos dudamos de que se vayan a basar en consolidación de derechos para los más vulnerables, y dudamos de que se firmen acuerdos para luchar contra el cambio climático, dudamos de que se
hagan acuerdos para luchar contra las fake news. Si van a basar acuerdos en ayudar a sus amigotes, a sus empresas o para acabar con derechos, no cuenten con nosotros.
En el segundo votamos una resolución de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional que plantea una revisión de las cuotas por país. La propuesta supone un incremento sustancial de los derechos especiales de giro, y, en
principio, no tendríamos ninguna objeción. Pero estamos justo en un momento en el que Naciones Unidas está planteando, a partir de la Cumbre del Futuro, una nueva articulación del sistema financiero internacional. Es un momento importante, en el
que debemos debatir el trabajo del Fondo Monetario Internacional, el resultado de sus ayudas en la mejora de la población. Por lo tanto, en ausencia de ese contenido y ese debate sobre estos aspectos tan sustanciales, lo más sensato es la
abstención.
Tendremos y necesitamos más debates sobre temas internacionales. Nuestra vida cotidiana ya no es separable de las regulaciones e intervenciones. Por eso estos temas nos importan, y mucho.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Recas.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García también por un tiempo de tres minutos. Cuando quiera.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
VOX va a votar no a la autorización de la Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, sobre revisión general de cuotas, de 15 de diciembre de 2023. Con carácter general, dicha resolución propone que las
cuotas de los países miembros del Fondo se incrementen en un 50 %, lo que supone para España que su contribución actual de más de 9,5 millones de euros pasará a ser de más de 14,3 millones de euros. No somos grandes entusiastas, y, desde luego, no
incondicionales defensores del multilateralismo. Pero, además, cabe destacar que son Estados contribuyentes con cuota superior a la española solo Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China Popular, Estados Unidos, Rusia, Francia, India,
Italia, Japón y el Reino Unido, todos ellos con un PIB superior al español. Pero también tienen PIB superior al español y, sin embargo, su cuota es inferior a la española Australia, Indonesia, Corea del Sur y México. Además, no se observa la
debida proporción entre PIB y cuota por comparación de España, cuyo PIB es cercano al billón y medio de euros, con Estados cuyo PIB es superior al de España. Así es lo que sucede en el caso de Alemania, Brasil, Canadá, China Popular y Estados
Unidos. Por consiguiente, descubrimos de este modo que el Gobierno y sus ministros, además de ignorar y violar las leyes y la Constitución siempre que les place, y les place muchas veces y de modo recurrente, y además de ser ineptos en la acción
propia del Poder Ejecutivo, tampoco saben contar. ¿O es que acaso quieren regalar algo al Fondo Monetario Internacional y/o a otros Estados miembros, por complejo de naturaleza internacional del presidente del Gobierno y/o del miniministro de
Asuntos Exteriores, con efectos secundarios multilaterales? Finalmente, la propia resolución dispone que el aumento de la cuota de un país miembro propuesto solo entrará en vigor si el país miembro la acepta por escrito en una fecha determinada,
con arreglo a las normas del Fondo. Luego, España no debe consentir este aumento.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mercadal Baquero por un tiempo de tres minutos. Cuando quiera.
El señor MERCADAL BAQUERO: Gràcies, presidenta.
Disculpi'm. Sobre el conveni de Seguretat Social entre Espanya i els Estats Units, dir que el Govern en sol·licita l'autorització... ¿No se oye? Dir que el Govern ens sol·licita l'autorització per firmar aquest conveni, que és realment
una actualització del conveni del 1988. Una actualització que va sol·licitar Espanya fa uns anys que té molts anys de negociacions i que ara s'arriba a un acord i és un conveni necessari i molt positiu per als treballadors i les treballadores
espanyols, als quals la seva empresa espanyola ha destinat a treballar als Estats Units durant una temporada.
El conveni en vigor tenia unes mancances que provocava que alguns d'aquests treballadors tinguessin moltes dificultats a l'hora de garantir la integritat de les seves pensions. Al cap i a la fi, el sistema de pensions espanyol és un sistema
públic, mentre que el sistema de pensions dels Estats Units és privat i això fa que s'hagi de detallar molt bé, molt millor aquest conveni. I això és el que pretén l'actualització, establint un període de cinc anys prorrogable a set, en els quals
el treballador o la treballadora que hagi estat destinat als Estats Units continuarà cotitzant en el sistema públic espanyol.
Per tant, és un conveni evidentment positiu per a aquest col·lectiu. I per això jo animo a tots els grups a votar-hi a favor. I ho dic especialment per aquells grups que tenen un costum, una costum que respecto d'abstenir-se en els
tractats com són Esquerra o com són Bildu, perquè en aquest cas es tracta d'un conveni que realment facilita la vida a un grup concret de gent, entre els quals també hi ha, evidentment, catalans i bascos.
Respecte a la revisió de quotes del Fons Monetari Internacional, es tracta d'una revisió a l'alça -impulsada per Espanya, per cert- amb la qual s'augmenta en un 50 % les quotes que aporta cada
país a la institució. I per què això és positiu? És positiu perquè els recursos que provenen de les quotes són diners que el Fons Monetari Internacional pot utilitzar d'una forma més immediata, per finançar programes d'ajuda, mentre que
l'altra forma de finançar els programes, que són els acords de préstec, requereix sempre un vot per majoria qualificada.
I en el context global actual, pensam que és molt positiu que el Fons Monetari Internacional tingui més marge per actuar d'una forma més immediata, per atendre tots aquells països i països que necessitin una ajuda de forma urgent i no
supeditant sempre l'ajuda a un vot que de vegades la pot bloquejar o la pot retrassar. Per això també votarem a favor de la revisió de les quotes del Fons Monetari Internacional.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Sobre el Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos, el Gobierno nos solicita la autorización para su firma, y realmente es una actualización del Convenio de 1988, una actualización que solicitó España hace algún tiempo,
tras años de negociación, y ahora se llega a un acuerdo. Es un convenio necesario y muy positivo para los trabajadores y trabajadoras españolas a quienes su empresa española les ha mandado a trabajar a Estados Unidos durante una temporada. El
convenio en vigor tenía algunas carencias que provocaban que muchos de estos trabajadores tuvieran muchas dificultades a la hora de garantizar la integridad de sus pensiones. Al fin y al cabo, el sistema de pensiones español es un sistema público,
mientras que el sistema de pensiones de Estados Unidos es privado, y eso hace que se tenga que detallar muy bien y mejor este convenio, y eso es lo que pretende la actualización, estableciendo un periodo de cinco años, prorrogable a siete, en el que
el trabajador o la trabajadora que haya sido destinado a Estados Unidos continuará cotizando en el sistema público español. Por lo tanto, es un convenio positivo para este colectivo y, por eso animo a todos los grupos a que voten a favor, y lo digo
especialmente para esos grupos que tienen costumbre, y la respeto, de abstenerse en los tratados, como Esquerra o Bildu, porque en este caso se trata de un convenio que realmente facilita la vida a un grupo concreto de personas, entre los que se
encuentran catalanes y vascos.
Respecto a la revisión de cuotas del Fondo Monetario Internacional, se trata de una revisión al alza impulsada por España, por cierto, con la que se aumentan en un 50 % las cuotas que aporta cada país a la institución. ¿Por qué es positivo
esto? Es positivo porque los recursos que proceden de las cuotas son dinero que el Fondo Monetario Internacional puede utilizar de forma más inmediata para financiar programas de ayuda, mientras que la otra forma de financiación de los programas,
que son los acuerdos de préstamo, requieren siempre un voto por mayoría cualificada, y, en el contexto global actual, pensamos que es positivo que el Fondo Monetario Internacional tenga más margen para actuar de forma más inmediata para atender a
todos aquellos países que precisen de una ayuda urgente, y no supeditar siempre la ayuda a un voto que a veces puede ser bloqueado y retrasar. Por eso votaremos a favor de la revisión de cuotas del Fondo Monetario Internacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Mercadal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tarno Blanco también por un tiempo de tres minutos.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, quiero anunciar el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular a estos dos convenios. Al primero porque es un convenio que va a mejorar la vida de los ciudadanos españoles que residen en Estados Unidos. Es muy llamativo
cómo la interviniente del Grupo SUMAR ha utilizado esta intervención para los tópicos y típicos de esa izquierda cada día más rancia. Estoy seguro de que el Estado español ha tenido relaciones excepcionales con la Administración Biden, y las va a
seguir teniendo con la Administración Trump, porque es la obligación que tiene un país como el nuestro. Por otro lado, es sorprendente que el Gobierno o una parte del Gobierno se vaya a abstener en un convenio internacional. Hay una permanente
contradicción entre los socios del Gobierno no solamente en política nacional, a lo que nos tenía acostumbrados, sino en política internacional. Pero un Gobierno del que una parte importante que los socios que lo sustentan es incapaz de aprobar los
convenios internacionales, ¿qué tipo de Gobierno es? ¿Qué fiabilidad da al resto de socios, al resto de países del mundo? (Aplausos). Son incapaces de tener una postura común en asuntos tan livianos como los que se tratan hoy: imagínense en lo
importante. Por eso, de verdad, háganselo ver y si merece la pena seguir con una legislatura en la que
permanentemente se están contradiciendo los dos socios de Gobierno y el resto de las minorías que lo apoyan. Yo creo que por los españoles no merece la pena.
Siento mucho que al Grupo Parlamentario VOX no le guste el multilateralismo, pero organismos como el FMI son esenciales para garantizar la estabilidad del sistema financiero mundial. Por eso es bueno que nuestro país esté a la altura en el
pago de cuotas; y no solamente en el pago de cuotas, sino en mantener las políticas del FMI. Los partidos de Gobierno, los partidos rigurosos saben estar cuando hay que estar con el sí y con el rigor, gobierne quien gobierne, y nosotros somos un
partido que dentro de muy poco vamos a gobernar España y seguiremos teniendo convenios de este tipo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Tarno.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Y DE ACCIONES COLECTIVAS PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 121/000016).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto relativo al dictamen del proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Les recuerdo que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
Para defender las enmiendas y, en su caso, los votos particulados formulados a la iniciativa legislativa, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este punto también fijará posición, el señor Rego Candamil
por un tiempo de dos minutos. Cuando quiera.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Antes de entrar en materia, quero dar por defendidas todas as emendas do Grupo Mixto mantidas para a votación plenaria.
A respecto desta norma, como xa sinalabamos no debate da totalidade da Lei de eficiencia do Servizo Público de Xustiza, o BNG foi crítico co seu contido e obxectivos. Primeiro, por consolidar unha reforma xa iniciada nos xulgados de Paz e
Rexistro Civil que non demostrou ser útil para axilizar os procesos nin para descentralizar e achegar a xustiza á cidadanía. Neste sentido, mantemos para a votación as nosas emendas, que pretenden recoñecer ás comunidades autónomas maiores
competencias e implicación á hora de planificar e deseñar a organización xudicial no seu territorio, e tamén aquelas que van na liña de avanzar na descentralización do Poder Xudicial para lograr un sistema que, no mínimo, permita culminar os
procesos e recursos na Galiza.
Así mesmo, consideramos que esta norma podería ter sido utilizada para avanzar máis na normalización das linguas no ámbito da Xustiza, unha recomendación que mesmo ten trasladado reiteradamente o Consello de Europa en relación co
cumprimento, mellor dito co incumprimento, por parte do Estado español da Carta Europea das Linguas. Na Lei Orgánica de defensa logramos un tímido avance ao posibilitar o uso do galego tamén ante tribunais con xurisdición en todo o Estado. Porén,
continúa sen ser establecido o dereito a que sexan utilizadas como linguas do procedemento o galego, o euskera ou o catalán, a pesar de seren oficiais en determinados países. De aí a nosa emenda, que reclama que se aplique o mesmo criterio que se
recolle, cando menos legalmente, en relación co procedemento administrativo: que sexan as partes as que escollan a lingua de procedemento e poida ser tramitado integralmente nesa lingua. Se for incorporada, como esperamos, a nosa emenda 775,
haberá un importante avance na medida en que todas as aplicacións e sistemas permitirán as tramitacións en galego.
Eramos tamén moi críticos en relación coa incorporación da norma e, sobre todo, como se incorporaba en relación coas accións colectivas en materia de consumidores e usuarios. Finalmente, esta parte foi retirada, polo que tamén retiramos as
nosas emendas; alegrámonos de que así fose. E tampouco concordamos coa introdución da obrigatoriedade de acudir a medios de solución de conflitos ou conciliación como requisito de procedibilidade para poder acudir á vía xudicial civil, un
requisito que podería derivar nun atranco e nunha certa privatización indirecta, se non se garantir a existencia de mecanismos públicos
de solución de controversias. Nese sentido, consideramos importante a introdución da nosa emenda 776, que efectivamente garantirá que exista un sistema público de conciliación.
Mantemos tamén vivas unha serie de emendas referidas á organización administrativa e dereitos do persoal funcionario, trasladadas pola CIG-Administración, que consideramos que mellorarían o marco laboral do persoal desa Administración. En
todo caso, cabe destacar a emenda que garantirá que as persoas funcionarias da Administración de Xustiza terán os mesmos permisos e coa mesma extensión que os establecidos para os funcionarios e funcionarias da Administración Xeral do Estado.
Por último, destacar tamén o recoñecemento das organizacións sindicais dentro das persoas e entes lexitimados para o exercicio de accións colectivas, corrixindo así unha importante eiva na norma. Valoramos tamén o compromiso do ministerio
de axilizar a creación dos xulgados de Violencia sobre a Muller de Santiago de Compostela, Lugo e Ourense, previstos no acordo de investidura. E, pola contra, lamentamos que non se quixese, como propuñan o BNG e outras forzas, dar solución á
situación da avogacía e procuradoría en relación coas mutuas e a pasarela ao sistema público.
En conclusión, esta lei non nos satisfai enteiramente e segue a preocuparnos que poida servir de escusa para eliminar servizos nos partidos xudiciais máis pequenos. Porén, é evidente que mellorou a respecto do texto orixinal e consideramos
importantes os avances logrados. Por este motivo, o BNG, a pesar de todo, votará favorabelmente ao ditame.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Antes de entrar en materia, quiero dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto mantenidas para la votación plenaria.
Con respecto a esta norma, como ya señalábamos en el debate de la totalidad de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el BNG fue crítico con su contenido y objetivos, primero, por considerar una reforma ya iniciada en los
juzgados de Paz y Registro Civil que no demostró ser útil para agilizar los procesos ni para descentralizar y contribuir con la justicia a la ciudadanía. En este sentido, mantenemos para la votación nuestras enmiendas que pretenden reconocer a las
comunidades autónomas mayores competencias e implicación a la hora de planificar y diseñar la organización judicial en su territorio, y también aquellas que van en la línea de avanzar en la descentralización del Poder Judicial para lograr un sistema
que, al menos, permita culminar los procesos y recursos en Galicia.
Asimismo, consideramos que esta norma podría haber sido utilizada para avanzar más en la normalización de las lenguas en el ámbito de la Justicia, una recomendación que incluso ha trasladado reiteradamente el Consejo de Europa con relación
al cumplimiento o, mejor dicho, el incumplimiento por parte del Estado español de la Carta Europea de las Lenguas. En la Ley Orgánica de defensa logramos un tímido avance al posibilitar el uso del gallego también ante tribunales con jurisdicción en
todo el Estado. Sin embargo, sigue sin ser establecido el derecho a que sean utilizadas como lenguas del procedimiento el gallego, el euskera o el catalán, a pesar de ser oficiales en determinados países. De ahí nuestra enmienda, que reclama que
se aplique el mismo criterio que se recoge cuando menos legalmente con relación al procedimiento administrativo y sean las partes las que escojan la lengua de procedimiento y pueda ser tramitado íntegramente en esa lengua. Si, como esperamos, fuese
incorporada nuestra enmienda 775, habrá un importante avance en la medida en que todas las aplicaciones y sistemas permitirán las tramitaciones en gallego.
Éramos también muy críticos en relación con la incorporación en la norma y, sobre todo, cómo se incorporaba en relación con las acciones colectivas en materia de consumidores y usuarios. Finalmente, esta parte fue retirada, por lo que
también retiramos nuestras enmiendas; y me alegro de que fuese así. Y tampoco estamos de acuerdo con la introducción de la obligatoriedad de acudir a medios de solución de conflictos o conciliación, como requisito de procedibilidad para poder
acudir a la vía judicial civil, un requisito que podría derivar en un atranco y en una cierta privatización indirecta, si no se garantiza la existencia de mecanismos públicos de solución de controversias. En ese sentido, consideramos importante la
introducción de nuestra enmienda 776, que efectivamente garantizará que exista un sistema público de conciliación.
Mantenemos también vivas una serie de enmiendas referidas a la organización administrativa y derechos del personal funcionario, trasladadas por la CIG-Administración, que consideramos que mejorarían el marco laboral del personal de esta
Administración. En todo caso, cabe destacar la enmienda que garantizará que las personas funcionarias de la Administración de Justicia tendrán los mismos
permisos y con la misma extensión que los establecidos para los funcionarios y las funcionarias de la Administración General del Estado.
Por último, quiero destacar también el reconocimiento de las organizaciones sindicales dentro de las personas y entes legitimados para el ejercicio de acciones colectivas, corrigiendo así un importante defecto en la norma. Valoramos también
el compromiso del ministerio de agilizar la creación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santiago de Compostela, Lugo y Ourense, previstos en el acuerdo de investidura. Y, por el contrario, lamentamos que no se quisiera, como proponía el
BNG y otras fuerzas, dar solución a la situación de la abogacía y procuraduría en relación con las mutuas y la pasarela al sistema público.
En conclusión, esta ley no nos satisface enteramente y sigue preocupándonos que pueda servir de excusa para eliminar servicios en los partidos judiciales más pequeños. Sin embargo, es evidente que mejoró con respecto al texto original y
consideramos importantes los avances logrados. Por ese motivo, el BNG, a pesar de todo, votará favorablemente al dictamen.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, traemos hoy este proyecto de ley que viene además de la legislatura pasada, que se denomina Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y, como su nombre indica, es una ley que
tanto los operadores jurídicos como los administrados y administradas de justicia estaban esperando.
Como he dicho muchas veces, y como abogada, cuando la justicia no es eficaz, no es eficiente y es lenta, no es justicia. Por eso, es verdad que esta ley tiene algunos avances, pero desde luego también tengo que decir que no es nuestra ley.
Para nosotras, falta una pata muy importante, que estaba evidentemente en el proyecto de ley, que son las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Teníamos muchas enmiendas que
estaban relacionadas con esta pata de la ley y que, sin embargo, se ha retirado y ha quedado fuera, y para nosotros eso no es una buena noticia. Esperamos que podamos debatir y aprobar esa materia lo antes posible.
No podemos obviar que el sistema de justicia de nuestro país padece desde hace décadas y décadas unas insuficiencias estructurales y teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente y también justo, sobre
todo justo, para la ciudadanía. En este sentido, creo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que da un paso en esa dirección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Si queremos que las mujeres acudan a
la justicia y vean también en la justicia una puerta de entrada segura para salir de esa violencia machista y para dejarla atrás, la justicia tiene que estar especializada, tal y como recoge la ley solo sí es sí. Por eso, gracias a este acuerdo se
va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual y también nos hemos dado un plazo máximo de nueve meses para que, tanto los juzgados de Violencia sobre la Mujer como la Fiscalía de Violencia sobre la
Mujer, directamente asuman las competencias que tengan que ver con la violencia sexual. Por eso, creemos que es un paso importante que se incluya esta garantía en esta ley. Esta especialización judicial es un compromiso al que obligaba la ley del
solo sí es sí, pero un año después de su entrada en vigor el Estado ya acumula un año de retraso en la implementación de estas medidas, que son absolutamente imprescindibles para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.
Por otra parte, hemos dejado enmiendas vivas, que entendemos que son importantes para la mejora y la garantía de esta ley, por lo que pido el voto favorable del resto de los partidos políticos y también sobre todo a nuestra enmienda respecto
a mutualistas de la abogacía y de la procura. Se han hecho movilizaciones por todo el Estado y siguen movilizándose. Eso evidencia que se necesitan acciones y reformas legislativas que promuevan una auténtica protección social de la abogacía y de
la procura. No podemos olvidar que las estructuras actuales de organización de la abogacía y la procura han sido determinantes para llegar también a esta situación de desprotección social, también con respeto a los derechos y retribución justa del
turno de oficio, por lo que entendemos que tiene que darse una solución urgente -que esperamos que salga de aquí hoy- ante esta grave situación generada por la mutualidad, en la que se concreten las reivindicaciones comunes de los movimientos y de
la plataforma ante esta cuestión, además de proponer de cara a futuro las reformas institucionales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Votaremos a favor por
estas mejoras que tiene esta ley, aunque, como digo, no es nuestra ley. Entendemos que es un paso para la mejora de la eficiencia de la justicia, de la especialización de los juzgados, para un mejor funcionamiento de un servicio público
como es la justicia, que es un pilar fundamental para garantizar los derechos de todas y de todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Egun on, jaun-andreok.
Intervendré de manera breve para mostrar nuestra opinión favorable en general al dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin perjuicio de que
mantengamos algunas de nuestras enmiendas en un proyecto amplio y complejo y del que dan buena muestra las casi 1100 enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios.
Señorías, como ya manifestamos en esta Cámara, llevamos desde la legislatura pasada tramitando tres ámbitos del Servicio Público de Justicia para su mejor eficiencia: el digital, el organizativo y el procesal, que, como consecuencia de su
decaimiento por la convocatoria anticipada electoral, se han retomado en esta legislatura en dos textos: el Real Decreto Ley 6/2023, que ha recogido con carácter de urgencia, para no perder fondos europeos, la transformación digital y parte de la
procesal, y que esta Cámara convalidó y que se encuentra pendiente de tramitación como proyecto de ley una vez finalizado su periodo de enmiendas, y este proyecto de ley, cuyo dictamen de comisión hoy debatimos en esta sesión plenaria y que acoge lo
referido a la reforma organizativa y a aquella parte de la procesal no contenida en el decreto ley citado.
Señorías, más allá de este encuadre del proyecto que tramitamos, y entrando en algunas de sus cuestiones concretas, querría destacar en lo organizativo la implantación de los tribunales de Instancia, las oficinas de justicia municipales y la
no desaparición de los jueces de Paz, lo que en su conjunto supondrá, además de un acercamiento de la Administración de Justicia al justiciable, una mejora de la planta judicial, sobre todo en la primera instancia y los juzgados unipersonales con
previsión de comarcalización y una singular colegialidad a la que se apunta, pero sin privar a cada juez de su responsabilidad exclusiva, con mejor capacidad que la actual Primera Instancia para responder a las nuevas necesidades de la sociedad y
cuya implantación facilitará también la creación de nuevas plazas de juez sin necesidad de crear oficinas judiciales específicas para cada uno de ellos. También en este ámbito organizativo es destacable el compromiso de abordar, en tres meses desde
la publicación de la ley, la situación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, que representan el 20 % de la plantilla total de jueces y magistrados y se encuentran en una injustificable situación precaria e injusta cuando se les aplica la
misma disponibilidad e incompatibilidades que a jueces y magistrados. Sin embargo, señorías, y respecto a la adecuación de la organización de la Administración de Justicia a la estructura territorial del Estado, consideramos una oportunidad perdida
no haber sacado las debidas consecuencias a las cláusulas subrogatorias estatutarias en materia de justicia, adaptando al menos la Administración de Justicia a la cuestión territorial. Reconociendo que se da un paso relevante en la buena dirección
respecto a la lengua propia en la Comunidad Autónoma de Euskadi en los puestos de trabajo singularizados por razón de esta a través de una transaccional respecto a la enmienda 659 de nuestro grupo parlamentario y otras, todavía quedan cuestiones
pendientes, como el mismo rol de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas que siguen sin culminar en plenitud la organización judicial en el territorio de cada una de ellas a través de la resolución de los recursos de
naturaleza extraordinaria, y sin que ello deba poner en cuestión la posición del Supremo respecto a todos los órdenes jurisdiccionales en su función de unificación de doctrina, o las cuestiones planteadas también por enmiendas de nuestro grupo y que
mantenemos, como aquella respecto al carácter de determinados cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia, como la transferencia de los letrados de Administración de Justicia a comunidades autónomas como la de Euskadi, que
tiene competencias en esta materia a través de las cláusulas subrogatorias, o respecto a la negociación colectiva del personal al servicio de la Administración de Justicia.
En otro orden de cosas, y en lo relativo a las reformas procesales, no me extenderé por falta de tiempo en el establecimiento de la obligatoriedad como requisito de procedibilidad en los órdenes civil y mercantil
de los MASC, de los medios alternativos de solución de controversias, y con compromiso en el futuro de implantación modulada con respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Confiamos en que esta reforma facilite otra forma menos
contenciosa de solucionar los conflictos, pero no como algo que interpela a la ciudadanía para lograr una justicia más sostenible. También confiamos en que no acabe incurriendo en un ritualismo retardatario y costoso para el ciudadano.
Habría otros muchos aspectos en los que nos hubiera gustado detenernos, pero el tiempo de la intervención tiene reglas que respetar y, por ello, finalizaré, presidenta y señorías, con algunas referencias a las profesiones jurídicas
involucradas en el Servicio Público de Justicia. Consideramos que, aun dándose un paso en la buena dirección, el proyecto no aprovecha en plenitud la existencia y potencial de la procura como auténtico colaborador de la Administración de Justicia,
singularmente en la fase de ejecución. Una demora en esta, tal y como hoy acontece, especialmente en el orden civil, es una quiebra a la tutela judicial, que no olvidemos que arranca con la petición y acaba con la ejecución.
Por último, y respecto a la previsión social de abogacía y procura, fue esta una cuestión sobrevenida durante la tramitación del proyecto respecto de la que nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ha pedido y pide al
Gobierno que dialogue y llegue a un acuerdo razonablemente transversal respecto al futuro rol de las mutualidades como sistema complementario y a la situación de los mutualistas en sus prestaciones, especialmente la de su jubilación y su pasarela
hacia el RETA. Cuando llegue ese momento, cuando llegue ese acuerdo, no duden de que le daremos nuestro apoyo.
Finalmente, y respecto al resto de enmiendas de nuestro grupo, denlas por defendidas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó, por un tiempo de siete minutos. Quan vulgui.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Presidenta, senyories, representants del món judicial, lletrats consistorials que ens acompanyen avui.
La iniciativa que ens ocupa pretén millorar l'eficiència en l'àmbit de la justícia o, més ben dit, en el servei públic de justícia des del punt de vista organitzatiu de la planta judicial, complementant el Reial Decret 6/2023 de
digitalització del servei públic de Justícia. D'entrada, hem de deixar clar que aquest model de justícia espanyola no és el nostre, no és el que volem per Catalunya.
Per nosaltres, la justícia té unes altres prioritats. En primer lloc, evidentment, ser efectiva en resoldre els conflictes de la societat i, per això, creiem que sobra administració i falta justícia. Una justícia que hauria de ser més
propera als ciutadans. Just al contrari que creiem que s'encamina aquesta llei. Però per nosaltres és prioritari que la justícia, més enllà del servei en la resolució de conflictes, deixi de ser ostatge d'una cúpula que es posa on no s'ha de
posar, que és en la vida i les aspiracions polítiques dels ciutadans de Catalunya i que ho fa de forma arbitrària, amb dobles estàndards i vulnerant els nostres drets, que ens criminalitza, permet que se'ns espiï i ens acusa de terroristes. Una
justícia que quan s'esmena que és el que hem fet amb la llei d'amnistia, es rebel·la fins i tot contra les decisions de la sobirania popular expressades per aquesta cambra.
Per això les nostres prioritats, insistim, són unes altres en matèria de justícia, com ho són establir un sistema de responsabilitat penal per als jutges que faci que abans de prevaricar s'ho hagin de pensar almenys dues vegades, com obligar
que coneguin les llengües oficials on estan destinats, en compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, o com eliminar l'Audiència Nacional, un òrgan inacceptable en cap estat democràtic.
Tornant a la llei que ens ocupa, creiem que pot portar a una indesitjable administrativització de la justícia, és a dir, a una justícia formalista i allunyada dels ciutadans i de les seves necessitats. No volem una eficiència en el Servei
de Justícia... No volem una eficiència en la justícia corporativista en interès només dels jutges, dels LAJ i dels funcionaris, en lloc d'una eficiència en la justícia per als ciutadans. I per això hem intentat retornar la llei als ciutadans, a la
realitat social, a la realitat territorial, a la realitat lingüística.
Per això nosaltres creiem que no és menor haver aconseguit que la llei, en primer lloc, com ressaltava el diputat Mikel Legarda, no és menor que la llei reconegui les competències autonòmiques que incomprensiblement no apareixien enlloc en
l'escrit original. O haver aconseguit un primer pas en la desconcentració de part de les funcions de l'activitat judicial en els procuradors, que passen a ser cooperadors de l'administració de justícia i a realitzar diverses actuacions materials
per impulsar i agilitzar el procés judicial.
Tampoc és menor, ni molt menys, haver aconseguit el que hem aconseguit en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Perquè, com hem dit repetidament, la nostra línia vermella ha estat sempre mantenir la justícia de pau com a òrgans
jurisdiccionals i plenament integrats en el poder judicial. I ho hem aconseguit. La justícia de pau es manté. La competència de Catalunya en justícia de pau no es toca i els 898 jutges de pau catalans no es toquen. Per nosaltres no era objecte
de transacció l'eliminació dels jutges de pau com a òrgans jurisdiccionals. Per això, en aquesta i en la passada legislatura, Junts per Catalunya ha estat l'únic grup parlamentari que no ha signat mai una transaccional per suprimir la justícia de
pau a Catalunya. A canvi, se'ns oferia una figura de conciliador extern al poder judicial, nomenat pel ple del municipi i que mantenia el nom de Jutge de Pau. Ens donaven gat per llebre i en cap moment ho hem acceptat.
En primer lloc, perquè això buidava de competències, buidava de contingut l'article 108 de l'Estatut d'Autonomia, que estableix la competència de la Generalitat en justícia, de pau i de proximitat, en els termes que estableix la Llei
orgànica del Poder judicial. Si aquests termes que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial eren eliminar com a òrgan judicial com a òrgan jurisdiccional, el jutge de pau, quedava sense contingut la competència catalana en aquesta matèria, i
això no ho podíem acceptar.
I en segon lloc, a Catalunya hi ha 898 jutges i jutgesses de pau que fan efectiva la justícia de proximitat a milions de catalans. Una justícia connectada al territori i a la seva gent. Una justícia que es fa principalment en català i que
és imprescindible que es mantingui especialment als municipis en risc de despoblació i amb una població envellida, on aquesta justícia de pau és precisament una eina essencial per superar la barrera digital.
L'acord al que hem arribat preserva les atribucions actuals dels jutges de pau, les jurisdiccionals i les d'altres tipus i, naturalment, es preserva el suport administratiu, l'espai físic i el reconeixement en els espais físics dels jutges
de pau. També es preserva la potencialitat de la justícia de pau per a recuperar competències perdudes i fins i tot guanyar-ne de noves. Per exemple, hem aconseguit també, en coherència amb la naturalesa dels jutges de pau com a jutges de
proximitat que puguin participar en processos de conciliació fins a un límit de 10 000 euros.
Però no volem aturar-nos aquí. Creiem que la justícia de proximitat ha de recuperar competències en matèria civil i fins i tot en matèria de delictes lleus; també en matèria de registre civil i en temes de família, sempre que no hi hagi
implicats menors. I aquesta potencialitat, aquest poder tenir més competències que inicialment, es perdia, també l'hem mantingut. Tot el nostre esforç ha estat acostar la llei a un model de justícia més proper als ciutadans i més respectuós amb el
territori. Per nosaltres la justícia no és eficient si no és arrelada a la gent, al territori i a la llengua.
Finalment, i acabo, vaig acabant presidenta, mantenim una esmena que sol·licitem que sigui votada per ses senyories, on demanem que s'incorpori a la llei que ara es tramita, doncs la previsió de la justícia de proximitat a l'Ajuntament de
Barcelona. Per mi, com a lletrat consistorial de l'Ajuntament de Barcelona, és un orgull defensar aquesta esmena. I, en definitiva, es tracta simplement de desenvolupar d'una vegada la previsió, aprovada per la llei estatal de 2006, aprovada per
aquestes Corts, que regula el règim especial del municipi de Barcelona. Una previsió que preveu la implantació de la ciutat de Barcelona per la via de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que és el que estem fent, d'una justícia de
proximitat amb la corresponent a escala judicial. Una justícia que té com a principal atribució la resolució dels conflictes de convivència d'acord amb els sistemes de mediació i conciliació. Per tant, és una esmena totalment en la línia i en la
lògica de la llei que ara mateix s'està aprovant.
Crec que el tema és d'interès de tot l'arc parlamentari. En concret, recordo que la històrica diputada Elisenda Malaret va ser molt ferma a defensar la justícia de proximitat a Barcelona l'any 2006, quan es va aprovar la llei. I volem
veure què diuen els diputats del PSC no el 2006, sinó ara, any 2024. Si tenen aquest criteri i defensen les demandes de Catalunya i en aquest cas de la ciutat de Barcelona, o no.
Mirin, ara sí que acabo, senyora presidenta. Mirin, el senyor Hereu va dir ahir que els diputats socialistes són la majoria catalana. Que ens ho demostrin. Que ens ho demostrin, perquè l'únic que sabem és que una vegada i una altra, els
diputats del PSC es limiten a obeir les ordres que els hi donen aquí, aquí a Madrid. Obeir Madrid, senyories, no crec que sigui ser..., que sigui ser que... Obeir Madrid, senyories, no crec que se'n pugui dir..., no crec que se'n pugui dir ser la
majoria catalana. Obeir Madrid és ser una simple terminal del PSOE, sense criteri, ni voluntat ni consideració per al país que representen. Obeir Madrid no és en cap cas ser la majoria. Jo crec que el senyor Hereu hauria de fer-se'n càrrec i
també se n'hauria de fer càrrec els senyors i senyores del PSC.
Moltes gràcies.
Presidenta, señorías, representantes del mundo judicial, letrados consistoriales que nos acompañan hoy, la iniciativa que nos ocupa pretende mejorar la eficiencia en el ámbito de la justicia o, mejor dicho, en el Servicio Público de Justicia
desde el punto de vista organizativo de la planta judicial, complementando el Real Decreto 6/2023 de digitalización del Servicio Público de Justicia. De entrada, debemos dejar claro que este modelo de justicia española no es el nuestro, no es el
que queremos para Cataluña. Para nosotros la justicia tiene otras prioridades. En primer lugar, ser efectiva para resolver los conflictos de la sociedad y, por eso, creemos que sobra Administración y falta justicia, una justicia que debería ser
más cercana a los ciudadanos, lo contrario de lo que hace esta ley. Pero para nosotros es prioritario que la justicia, más allá del servicio para resolver conflictos, deje de ser rehén de una cúpula que se pone donde no debe ponerse, esto es, en la
vida y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña, y lo hace de forma arbitraria, con dobles varas de medir y vulnerando nuestros derechos, que nos criminaliza, permite que nos espíen y nos acusa de terrorismo. Una justicia que,
cuando esté la enmienda, que es lo que hemos hecho con la ley de amnistía, se revela incluso contra las decisiones de la soberanía popular expresada en esta Cámara. Por eso, nuestras prioridades, insistimos, son diferentes en materia de justicia.
Por ejemplo, establecer un sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces; por ejemplo, obligarles a que conozcan las leyes oficiales del lugar donde están destinados,
cumpliendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, o, por ejemplo, eliminar la Audiencia Nacional, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático.
Volvemos a la ley que nos ocupa. Creemos que puede llevar a una indeseable administrativización de la justicia, es decir a una justicia formalista y alejada de los ciudadanos y de sus necesidades. No queremos una eficiencia en el sentido
de justicia, no queremos eficiencia en la justicia de manera corporativista y en interés solo de los jueces, los LAJ y los funcionarios. En lugar de eso, queremos una mejora para los ciudadanos, y por ello hemos intentado devolver la ley a los
ciudadanos, a la realidad social, territorial y lingüística. Por ello, nosotros creemos que no es menor haber conseguido que la ley, en primer lugar, como resaltaba el diputado Mikel Legarda, reconozca las competencias autonómicas que,
incomprensiblemente, no aparecían en el escrito original; o haber conseguido un primer paso en la desconcentración de parte de las funciones de la actividad judicial en los procuradores, que pasan a ser cooperadores de la Administración de Justicia
y a realizar diversas actuaciones materiales para impulsar y agilizar el proceso judicial. Tampoco es menor, ni mucho menos, haber conseguido lo que hemos conseguido en materia de justicia, paz y proximidad, porque nuestra línea roja siempre ha
sido mantener la Justicia de Paz como órganos jurisdiccionales plenamente integrados en el Poder Judicial. Lo hemos conseguido; la Justicia de Paz se mantiene. La competencia de Cataluña en Justicia de Paz no se toca; y los 898 jueces de Paz
catalanes no se tocan. Para nosotros no era objeto de transacción la eliminación de los jueces de Paz como órganos jurisdiccionales. Por ello, en esta y en la pasada legislatura Junts per Catalunya ha sido el único grupo parlamentario que nunca ha
firmado una transaccional para suprimir la Justicia de Paz en Cataluña. A cambio, se nos ofrecía una figura de conciliador externo al Poder Judicial, nombrado por el Pleno del municipio y que mantenía el nombre de juez de Paz. Nos daban gato por
liebre y en ningún momento lo aceptamos. En primer lugar, porque esto vaciaba de competencias o de contenido, mejor dicho, el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece la competencia de la Generalitat en cuánto a Justicia de
Paz y proximidad, en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si estos términos eran eliminar como órgano jurisdiccional al juez de Paz, pues quedaba sin contenido la competencia catalana en esta materia, y esto no lo podíamos
aceptar. Y, en segundo lugar, en Cataluña hay 898 jueces y juezas de Paz que hacen efectiva la justicia de proximidad a millones de catalanes; una justicia conectada con el territorio y su gente; una justicia que se hace principalmente en catalán
y que es imprescindible que se mantenga, especialmente en los municipios con riesgo de despoblación y con una población envejecida. Esta Justicia de Paz es esencial para superar la barrera digital.
El acuerdo al que hemos llegado conserva las atribuciones actuales de los jueces de Paz, las jurisdiccionales y las de otro tipo, y naturalmente se conserva el apoyo administrativo, el espacio físico y el reconocimiento en los espacios
físicos de los jueces de Paz. También se conserva la potencialidad de la Justicia de Paz para recuperar competencias perdidas e incluso ganar nuevas. Por ejemplo, hemos conseguido, en coherencia con la naturaleza de los jueces de Paz como jueces
de proximidad, que puedan participar en procesos de conciliación de hasta 10 000 euros. Pero no queremos quedarnos aquí. Creemos que la justicia de proximidad tiene que recuperar competencias en materia civil y de delitos leves; también en temas
de Registro Civil y de familia, siempre que no haya menores implicados, y esta potencialidad de más competencias que inicialmente se perdían la hemos mantenido. Todo nuestro esfuerzo ha sido acercar
la ley a un modelo de justicia más cercano a los ciudadanos y más respetuoso con el territorio. Para nosotros, la justicia no es eficiente si no está arraigada en la gente, el territorio y la lengua.
Finalmente -y acabo señora presidenta-, mantenemos una enmienda, que esperamos que sus señorías voten favorablemente, en la que perdimos que se incorpore en la ley que ahora se tramita la previsión de la justicia de proximidad en el
Ayuntamiento de Barcelona. Para mí, como letrado consistorial de Barcelona, es un orgullo defender esta enmienda. En definitiva, se trata simplemente de desarrollar, de una vez por todas, la previsión aprobada por la ley estatal de 2006, aprobada
por estas Cortes, que regula el régimen especial del municipio de Barcelona; una previsión que previene la implantación en la ciudad de Barcelona, por la vía de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que estamos haciendo, de
una justicia de proximidad con la correspondiente escala judicial, que tiene como principal atribución la resolución de los conflictos de convivencia, de acuerdo con los sistemas de mediación y conciliación. Por lo tanto, es una enmienda que va en
línea y sigue la lógica de la ley que ahora mismo se está aprobando. Creo que el tema es de interés para todo el arco parlamentario. En concreto, recuerdo que la histórica diputada Elisenda Malaret, fue muy firme a la hora de defender la justicia
de proximidad en Barcelona en el año 2006 cuando se aprobó la ley, queremos saber qué dicen los diputados del PSC no en 2006, sino ahora, en el año 2024, a ver si tienen este criterio y defienden las demandas de Cataluña y, en este caso, de la
ciudad de Barcelona o no.
Miren -y ahora sí que acabo, señora presidenta-, el señor Hereu ayer dijo que los diputados socialistas son la mayoría catalana. Que nos lo demuestren; que nos lo demuestren, porque lo único que sabemos es que una y otra vez los diputados
del PSC se limitan a obedecer las órdenes que les dan aquí, en Madrid. Obedecer a Madrid, señorías, no creo que sea mayoría catalana. Obedecer a Madrid es ser una simple terminal del PSOE, sin criterio ni voluntad ni consideración por el país que
representan. Obedecer a Madrid en ningún caso significa ser la mayoría. Yo creo que el señor Hereu tendría que entenderlo y también las señoras y los señores del PSC.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà, por un tiempo de siete minutos. Quan vulgui.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats! Bon dia, diputades!
Costarà posar les coses al seu lloc. Tots, tots els diputats i diputades de la Comissió de Justícia que han estat en els diversos debats aquesta legislatura respecte de la llei que avui porten a aprovació saben perfectament que Esquerra
Republicana de Catalunya va plantejar unes quantes línies vermelles en l'aprovació..., en l'eventual aprovació d'aquest text. El primer, entenent que se subsumia una transposició de la directiva en un text on no tocava i que tenia a veure amb les
accions col·lectives de consumidors i usuaris, la sol·licitud que es desenganxés d'aquesta tramitació el que tenia a veure amb les accions col·lectives per fer una tramitació una mica més relaxada, una mica més tècnicament acurada i una mica més
debatuda entre els diputats i diputades d'aquesta cambra, perquè comença a ser massa habitual que haguem de debatre coses amb una transcendència en la vida quotidiana de la gent important en dos dies o tres dies, una ponència, una comissió i vinga,
aprovat, com si fos un paquetet amb un llaç. Hi ha coses que tenen una rellevància que mereixen una reflexió i una ajuda d'experts que un grup de set diputats és capaç de dir que necessita. Necessitem experts que ens donin un cop de mà, senyors
del govern.
Un cop tret això i de tota manera previ, hi havia la línia vermella dels jutjats de pau. Jo entenc que moltes vegades sortim aquí a fer un tall per la nostra gent, penjar-lo a Twitter i a córrer. Jo crec que la feina parlamentària té molt
a veure amb el que s'acaba de dir i amb rebatre o està d'acord que els parlamentaris anteriors diuen. Per tant, em permetran que no deixi passar que Junts per Catalunya és 'l'únic grup que va defensar els jutjats de pau', perquè arriba un moment
que has de dir això no és veritat.
Des del primer dia, Esquerra Republicana té claríssim que els jutjats de pau són l'element fonamental per determinar quin serà el nostre vot en aquesta llei. Sí, sí, no sé si ho he d'escriure, ho he de llegir, però en qualsevol cas, senyor
Pagès, està equivocat. I el que ha dit aquí en aquesta tribuna és mentida i ja en tinc prou. M'entendrà, ja en tinc prou. Ja en tinc prou d'haver de passar pel que diuen vostès i pel que diuen el PSC. Prou. S'ha acabat. Els seus set vots valen
el mateix que el nostre i no toleraré que la dreta catalana corregeixi el que al meu país està destrossant ara fent-se l'independentista aquí. Ja n'hi ha prou. Vostès volen guerra. Tindran guerra.
Seguim, per tant, jutjats de pau, juntament amb l'Associació de Jutges de Pau de Catalunya, hem estat treballant-ho. S'apropiaran dels 10 000 euros en els temes de conciliació en casos civils. Bé, doncs que s'apropiïn. Nosaltres també ho
hem negociat i va ser a demanda nostra. Vam pujar també des dels 90 euros que teníem fins al 150 -per cert, una mica rata tot plegat- però bé, anem incrementant la capacitat dels jutges de pau d'impartir funció jurisdiccional al territori català,
perquè saben vostès que és una figura històrica en el nostre territori i que, per tant, era de la màxima importància per nosaltres mantenir-la.
Què més ens ha preocupat? Perquè vivim al món real. Per exemple, que s'incorporés tots els temes vinculats a la Llei Orgànica de Garantia de la Llibertat Sexual pel que feia a planta. Què més ens ha mogut? La incorporació de tot el que
s'havia previst a la Llei Orgànica de Protecció de la Infància i de la Violència Infantil, també en seu d'aquesta llei, que era on efectivament tocava.
Per tant, malgrat que no tenim una coincidència del cent per cent i malgrat que el que sí que acceptaré és que la tramitació de tot el que tenia a veure amb els mitjans alternatius de resolució de conflictes venia ja molt treballat de la
legislatura anterior i, per tant, potser no va ser objecte de suficient debat en seu de la ponència, com que ja estava bastant treballat i la idea era intentar desjudicialitzar al màxim possible els processos que poden tenir una resolució sense que
hagin d'arribar als tribunals, la línia ens semblava correcta. La conversió de la planta de l'Estat espanyol en jutjats unipersonals, de jutjats unipersonals a tribunals amb tres magistrats, ens semblava també correcte.
Recupero el que ha comentat una diputada anteriorment. La justícia, quan és lenta, no és justícia, és injusta. I, per tant, malgrat que l'administrativització de la justícia pugui ser un problema, és també part de la seva capacitat
garantista. I tots veiem clar que hem de mantenir unes oficines judicials que, efectivament, serveixin per a la impartició d'aquesta justícia.
Elements una mica sobrevinguts en aquest debat, però que em sembla important posar en relleu. El primer, donarem suport a l'esmena respecte de les mutualitats d'advocats, que presenta Sumar. Perquè ho he dit quaranta vegades i estaria bé
que ens ho féssim tots plegats nostre: Quan algú presenta una esmena que és correcte, se li dona suport. Donarem suport a l'esmena que té a veure amb la justícia de proximitat a la ciutat de Barcelona. Entre altres coses perquè quan corria el
2006 i, després del comentari que s'ha fet al ministre Hereu, en aquell moment era l'alcalde de Barcelona i jo era regidora del govern. Per tant, part del disseny que es va fer de la justícia de proximitat a Barcelona prové d'Esquerra Republicana
de Catalunya, perquè és la idea de justícia que tenim, aquella que entén el territori, que està adherida al territori i que, per tant, pot impartir això que entenem per justícia.
No faré comentaris perquè, entre altres coses, no em queda temps, sobre l'opinió que el meu grup té respecte del poder judicial espanyol. Crec que en aquest moment no toca i que ja tindrem altres moments per dir el que nosaltres pensem
sobre ell, que a mi em sembla que és bastant..., que ho sap tota la cambra, perquè ho hem dit en diverses ocasions i segurament hi ha comissions on és més oportú dir-ho. Per tant, posicionament positiu respecte de la llei.
Posicionament respecte d'aquestes esmenes que els hi he comentat. Hem retirat totes les nostres esmenes. Ens semblava que el que havíem de garantir és que els articles de l'Estatut laminat, al qual nosaltres vam votar en contra perquè era
insuficient, també es va carregar tots els aspectes de justícia. Per tant, l'únic marc normatiu que realment ens vincula és el que es conté en els articles de 101 a 108 de l'Estatut de Catalunya, que és el que disposa també els mitjans materials i
personals.
I sobre aquest tema voldria fer un esment a la situació dels interins de l'Administració de Justícia, a la situació dels jutges substituts, que s'arregla una mica en aquesta llei, però no suficientment. I acabar dient que jo crec que tots
plegats estem laminant tant la credibilitat de les institucions, que estaria bé que alguna de les lleis que aprovéssim en aquesta cambra servís perquè algun dels poders, en el seu dia a dia, la quotidianitat de la gent recuperi una mica de la
credibilitat perduda. Quan et senyalen data per a un judici d'aquí a dos anys no és justícia, tant si és per elements civils com contenciosos com criminals. Això no és justícia, diputats.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenos días, diputados; buenos días, diputadas.
Costará poner las cosas en su sitio. Todos los diputados y las diputadas de la Comisión de Justicia que han participado en los distintos debates en esta legislatura respecto de la ley que hoy se trae a aprobación, saben perfectamente que
Esquerra Republicana de Catalunya planteó unas cuantas líneas rojas en la aprobación, en la eventual aprobación, de este texto. Primero, se subsumía una trasposición de directiva en
un texto donde no tocaba y que estaba relacionada con las acciones colectivas de consumidores y usuarios; la solicitud de que se desenganchara de esta tramitación lo relacionado con las acciones colectivas, para hacer una tramitación un
poco más relajada, un poco más técnicamente precisa y un poco más debatida entre los diputados y diputadas de esta Cámara. Porque empieza a ser demasiado habitual que haya que debatir cosas con trascendencia importante en la vida de la gente en dos
días: una ponencia, una comisión y, venga, aprobado, como si fuera un paquetito con un lazo. Hay cosas que tienen una relevancia que merecen una reflexión y una ayuda de expertos, que un grupo de siete diputados es capaz de decir que necesita.
Necesitamos expertos que nos echen una mano, señores del Gobierno.
Dicho esto, y previo a esto, había una línea roja de los jueces de Paz. Yo entiendo que muchas veces salgamos aquí a hacer un corte de voz para nuestra gente, para colgarlo en Twitter, y ya está, pero el trabajo parlamentario está muy
relacionado con lo que se acaba de decir y con rebatir o estar de acuerdo con lo que dicen los parlamentarios anteriores. Con lo cual, permítanme que no deje pasar que Junts per Catalunya es el único grupo que defendió los juzgados de Paz. Porque
llega un momento que tienes que decir: Esto no es verdad. Desde el primer día, Esquerra Republicana tiene clarísimo que los juzgados de Paz son el elemento fundamental para determinar cuál será nuestro voto en esta ley. (El señor Pagès i Massó
hace gestos desde el escaño). Sí, sí, no sé si lo he de describir o leer, pero, señor Pagès, en cualquier caso, está equivocado. Lo que ha dicho en esta tribuna es mentira y ya estoy harta, ya estoy harta. No puedo pasar por lo que dicen ustedes
y los del PSC. Se acabó. Siete votos valen lo mismo que el nuestro, y no toleraré que la derecha catalana corrija lo que está destrozando a mi país. ¿Ustedes quieren guerra? Tendrán guerra.
Seguimos. Por lo tanto, juzgados de Paz, juntamente con la Asociación de Jueces de Paz de Cataluña hemos estado trabajando en ello. ¿Se apropiarán de los 10 000 euros en los temas de conciliación en casos civiles? Pues que se apropien.
De hecho, nosotros también lo hemos negociado. Fue por nosotros. También subimos de los 90 euros a los 150. Un poquito escaso y mezquino. Vamos incrementando la capacidad de los jueces de Paz para impartir justicia jurisdiccional en el
territorio catalán. Saben que es una figura histórica en nuestro territorio y, por lo tanto, para nosotros era muy importante mantenerla.
¿Qué más nos ha preocupado? Porque vivimos en el mundo real. Por ejemplo, que se incorporaran todos los temas relacionados con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en cuanto a planta. ¿Qué otra cosa nos ha movido?
La incorporación de todo lo que se había previsto en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia también en sede de esta ley, que es donde efectivamente tocaba. Por lo tanto, pese a que no
coincidimos al cien por cien, lo que sí aceptaré es que la tramitación de todo lo relacionado con los medios alternativos de resolución de conflictos venía ya muy trabajado de la legislatura anterior y, por lo tanto, no va a estar sujeto a
suficiente debate en la ponencia. Como ya estaba bastante trabajado y la idea era intentar desjudicializar al máximo los procesos que pueden tener una resolución sin llegar a los tribunales, la línea nos parecía correcta. La conversión de la
planta del Estado español en juzgados unipersonales a tribunales con tres magistrados también nos parecía correcta. Recupero lo que ha comentado una diputada anteriormente: La justicia cuando es lenta no es justa, es injusta. Por lo tanto, pese a
que la administrativización de la justicia pueda ser un problema, también es parte de su capacidad garantista, y todos vemos claro que debemos mantener unas oficinas judiciales que efectivamente sirvan a la impartición de esta justicia.
Elementos un poco sobrevenidos a este debate, pero que me parece importante poner en relieve. En primer lugar, daremos apoyo a la enmienda en cuanto a las mutualidades de abogados, que presenta SUMAR. Lo he dicho cuarenta veces, y estaría
bien que lo hiciéramos nuestro: cuando alguien presenta una enmienda correcta, se apoya. Daremos apoyo también a la enmienda relacionada con la justicia de proximidad en la ciudad de Barcelona, entre otras cosas, porque en 2006, luego del
comentario que se ha hecho al ministro Hereu, en esa época él era alcalde de Barcelona y yo era concejala del Gobierno, así que parte del diseño que se hizo de la justicia de proximidad en Barcelona proviene de Esquerra Republicana de Catalunya,
porque es la idea de justicia que tenemos, aquella idea que entiende el territorio, que está adherida al territorio y que, por lo tanto, puede impartir lo que entendemos por justicia.
No haré comentarios porque, entre otras cosas, no me queda tiempo, sobre la opinión que tiene mi grupo respecto del Poder Judicial español. Creo que en este momento no corresponde y habrá otros momentos para decir lo que pensamos al
respecto, que creo que toda la Cámara lo sabe porque lo hemos dicho en varias ocasiones, y seguramente hay comisiones donde es más oportuno decirlo. Por lo tanto, posicionamiento positivo en cuanto a la ley, también en cuanto a estas enmiendas que
he comentado; hemos retirado todas nuestras enmiendas. Nos parecía que debíamos garantizar que los artículos de ese
estatuto laminado, que votamos en contra porque era insuficiente, también se cargó todos los aspectos de justicia. Por lo tanto, el único marco normativo que realmente nos vincula es el contenido en los artículos 101 a 108 del Estatuto de
Cataluña, que es lo que dispone también los medios materiales y personales. En cuanto a los interinos de la Administración de Justicia, la situación de jueces sustitutos se arregla un poco en esta ley, pero no lo suficiente.
Acabaré diciendo que creo que todos juntos estamos laminando tanto la credibilidad de las instituciones que estaría bien que alguna de las leyes que aprobáramos en esta Cámara sirviera para que alguno de los poderes -en su día a día, en la
cotidianidad de la gente- recupere un poco de la credibilidad perdida. Cuando te señalan fecha para un juicio de aquí a dos años, no es justicia, tanto si es por elementos civiles como contenciosos, como criminales; esto no es justicia, diputados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor SANTIAGO ROMERO: Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este
proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos
parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no
suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente.
Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales
de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial
importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.
También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el
ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las
vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas
que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público.
Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras
el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).
Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una
jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa
mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una
disposición
final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial.
Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por
fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con
funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna
otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que
el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.
La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso, estamos obligados a que la actividad de estos jueces y
juezas se desempeñe en la totalidad de los días laborables del año. La justicia europea ha ordenado acabar con este abuso de la temporalidad en España y esto nos obliga a acometer un proceso de consolidación en el empleo. Reduciendo la
temporalidad aumentaremos el número de jueces por habitante en España hasta los estándares de calidad europeos para que la justicia esté realmente al servicio de la gente y, sobre todo, fortalecemos la garantía de inamovilidad de los miembros de la
carrera judicial, porque eso sí que es un pilar fundamental de su independencia.
Se incorpora una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo para conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de
los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral. También se suprimen las golden visa de quienes especulan con la vivienda, como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda.
Pero queda pendiente la pasarela al RETA de las y los mutualistas de la abogacía y la procura que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha contado con apoyos suficientes para incluirse en esta ley. Por eso, mantenemos viva nuestra enmienda
144, dando ahora otra oportunidad a que, con la aprobación de este proyecto de ley, alcancemos una solución acorde con las justas demandas de las plataformas de abogados y abogadas, procuradores y procuradoras para establecer una pasarela al RETA,
porque es de justicia dar una solución a la precariedad y a la vejez de miseria a la que las mutuas han llevado a este importante colectivo, con la permisividad sucesiva de Gobiernos durante años. Los profesionales de la abogacía y la procura deben
tener coberturas y pensiones equiparables a las que corresponderían de haber cotizado a la Seguridad Social, integrando al 100 % en el RETA los años en que se cotizó a las mutualidades como régimen alternativo, uno por uno. (Aplausos).
Por eso, votaremos a favor del proyecto y pedimos que apoyen las tres enmiendas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Santiago.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidente, miembros de la comisión participantes en la ponencia, especialmente los que llevan la representación de la misma en este debate, permítanme vuestras señorías una intervención esquemática, simple,
insuficiente por la premura del tiempo asignado, siendo de obligada condición hoy y ahora aquí no huir de la vehemencia necesaria que requiere la actual y calamitosa situación en España con los últimos acontecimientos en momentos de rabia, de dolor,
de sentido de duelo con los hechos más trágicos y de estupefacción, indignación y reproche por tanta iniquidad política de este Gobierno y sus secuaces de turno. (Aplausos).
Ejemplo de ello es el trámite formal con el que despacha este importante proyecto de ley -que debe reformar, en teoría, la justicia- con rapidez inusitada en su fase final, con enmiendas a paladas, a martillazos deslavazados, retirando una
sección entera -tal como se advirtió-, incoherente y que apuntala el fallido Estado de las autonomías que han estado amamantando todos ustedes con fruición suicida, empeñados en matar las almas regionales para sustituirlas por hechos diferenciales a
través de
estructuras administrativas caras, inútiles y perversas como las comunidades autónomas, con todo el soporte artificioso y pesebres de favores que las hacen inútiles -como hemos visto, por desgracia-, que reafirman la desigualdad entre
españoles y que persisten -con esta reforma que afecta a la justicia- en trato diferente en según qué taifa. Proyecto de ley llamado de eficiencia del servicio público de justicia, justo en los momentos en que el fallido Estado de las autonomías ha
mostrado su auténtico y pavoroso rostro en un Estado ineficiente y fratricida, inexistente cuando más necesario era. (Aplausos).
Reforma de la justicia que se ha tramitado con absoluto desprecio a las mínimas normas legislativas -una vez más-, de forma precipitada e incompatible con un estudio verdaderamente profundo de una iniciativa tan trascendente -tal como se ha
recordado aquí- y, a pesar de ello, votan que sí.
Reforma de la justicia a conveniencia del Gobierno y con las exigencias a la carta de los socios de compañía y el separatismo pedigüeño, pero separatismo que no engaña, salvo a aquellos que finjan ser engañados y, como hemos visto aquí, con
ganas de gresca también entre ellos.
Reforma de la justicia y, como es habitual, norma repleta de consignas ideológicas, de un lenguaje inclusivo que pervierte y entorpece su significado, como se les advirtió también por los propios letrados de la comisión.
Reforma de la justicia que carece de un eficaz y eficiente desarrollo de la carrera del personal de justicia o que pierde la oportunidad de que se constituyan verdaderos juzgados de Familia e Infancia con carácter general y juez
especializado.
Una reforma de la justicia que entorpece la libertad de empresa con modificaciones que no vienen al caso, donde se atribuyen a la Inspección de Trabajo -en la que SUMAR se ha autoproclamado legítimo portavoz, señores inspectores de Trabajo-
funciones y actividades de conciliación, mediación y arbitraje en huelgas y conflictos, convirtiéndola en juez y parte.
Reforma con la que se pretendía, mediante amago, de tapadillo por los partidos políticos, modificar la Ley de Seguridad Social mediante enmiendas separadas, insuficientes y de simple postureo, para atender la necesidad e injusticia que
afecta a miles de profesionales a los que se niega el derecho a una pensión digna cuando se les obliga a permanecer únicamente en mutualidades o mal informados sin acceso a ser acogidos por la Seguridad Social. Procede la pasarela uno por uno en
tiempo cotizado y ustedes, señores del Gobierno y adláteres, son los responsables.
Es una reforma de la justicia que enaltece el espíritu confiscatorio del Gobierno y modifica la Ley Concursal, donde el privilegio de la Agencia Tributaria puede ser previo, incluso, a los gastos del propio concurso en una perversión
insoportable.
Reforma de la justicia que de nuevo, y en pago a los favores del separatismo vasco, modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local sin venir a cuento, por la que sobre los funcionarios de la Administración local con habilitación
de carácter general, que son los secretarios de ayuntamiento y los interventores municipales, acogidos a un proceso selectivo, concurso de traslado o adjudicación de destino único, a partir de ahora, en el ámbito de las provincias vascongadas, será
el Gobierno vasco quien tendrá todas las competencias que tiene ahora el Estado con respecto a esos funcionarios. Lógicamente, nos oponemos a esta ruptura y a esa desigualdad en un cuerpo de ámbito nacional. Esto supone, una vez más, la
destrucción de los elementos esenciales del Estado español para convertir España en un almacén de retales. (Aplausos).
Son tantas las patrañas y la mugre legislativa que modifica incluso normas de financiación de los partidos políticos o que, bajo el pretexto de una teórica respuesta a un procedimiento de infracción de trasposición, que tampoco viene a
cuento, modifica la Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea, un traje a medida hecho para los socios del PSOE, los separatistas y los herederos políticos de ETA, como hicieron recientemente con el cómputo de
penas para etarras -insisto en ello- abriendo la vía de 'salvemos a Puigdemont'. (Aplausos).
Es una reforma de la justicia con un régimen transitorio i-na-su-mi-ble, y lo saben muy bien, manteniendo las diferencias en las competencias de justicia entre las comunidades autónomas, que por mor de unas y otras van a distintas
velocidades; por ejemplo, aquellas donde todavía se deben presentar las copias en papel y aquellas que utilizan la dirección electrónica única. Es una justicia con falta de recursos y medios que señala juicios para el año 2029; un desastre y, tal
como se plantea la reforma, no se mitigará.
Saben que es una mala reforma, pilotada por un Gobierno sin escrúpulos e incapaz y que, con estos mimbres, la justicia española no será ni ágil ni útil, pero sí desigual para los ciudadanos en función de cada comunidad autónoma.
Es una reforma incompleta, sesgada, sin razón, sin ciencia que, como decíamos al principio, apuntala el fallido Estado de las autonomías. Esta no es la reforma que necesita la justicia en España ni los españoles. Es una oportunidad
perdida.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Salmerón por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor MARTÍNEZ SALMERÓN: Buenos días, presidenta, señorías.
Permítanme que empiece mi intervención trasladando desde esta tribuna mi más sentido pésame a las familias de las víctimas de la reciente DANA. Como murciano, sé bien los estragos que pueden causar las inundaciones, aunque se me hace
imposible asimilar la tragedia humana sucedida. Y, cómo no, reconocer y agradecer a los cuerpos de seguridad, a los militares, a las entidades del tercer sector y, sobre todo, a los miles de voluntarios y voluntarias, muchas de ellas de mi tierra,
su colaboración en las zonas afectadas.
Hoy defiendo con convicción este proyecto de ley, que apuesta por un modelo de justicia del siglo XXI; una justicia ágil, accesible y verdaderamente al servicio de las personas. Por eso, señorías, les pido que lo aprueben, como hará el
Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos haciendo historia; historia para conseguir una justicia que deje atrás las viejas estructuras y métodos que ya no responden a una sociedad moderna y dinámica. Señorías, una justicia eficaz y moderna
no es un lujo ni una aspiración ambiciosa, es un deber y una obligación que tenemos con los ciudadanos que nos eligen (aplausos), quienes esperan que sus derechos se protejan con rapidez, claridad y equidad. Nuestro sistema judicial necesita
avanzar al ritmo de la sociedad, no puede quedarse rezagado mientras los problemas de las personas avanzan sin solución.
Esta reforma consiste, como dije antes, en adaptar la justicia al siglo XXI, mejorar su organización, pero también sus procedimientos; una organización mediante la creación de tribunales de Instancia en cada partido judicial, sustituyendo
el viejo esquema de juzgados unipersonales creado en el siglo XIX. Estos tribunales reducirán la sobrecarga de los juzgados y agilizarán los procesos. Paralelamente, se crean las oficinas de justicia en los municipios y se establece un nuevo
modelo de oficina judicial vinculando a cada uno de estos tribunales. Y sus procedimientos, modificando las leyes procesales más importantes de este país -Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa y Ley de Enjuiciamiento Criminal- con un objetivo claro: garantizar una mayor agilidad y accesibilidad al proceso judicial. Apuesta de forma decidida por los medios alternativos de solución de controversias,
que aliviará la carga de los tribunales y fortalecerá la cultura del diálogo, ofreciendo a la ciudadanía respuestas más rápidas y satisfactorias.
Este proyecto de ley es el esfuerzo de un proceso de colaboración y esfuerzo continuado. Hace ya seis años, desde el Plan Justicia 2030, se está trabajando en esta reforma, que tuvo como primer paso la convalidación del Real Decreto 6/2023,
que aborda cuestiones procesales, así como de digitalización e innovación tecnológica. Quiero reconocer desde aquí el trabajo incansable del actual Ministerio de Justicia y de los que le han precedido que, junto con el ministro, hoy nos acompañan;
así como de los servicios de la Cámara, los letrados y las letradas de la Comisión de Justicia; de mis compañeros Mercè y Paco, que han dado el máximo compromiso para mejorar cada línea de este texto, sin olvidar a la infatigable asesora del
ministerio, Nuria, y a los asesores del grupo, Vicente y Sandra.
Agradezco también a los grupos parlamentarios que hayan aportado su apoyo y disposición. Se han presentado casi 1100 enmiendas, de las cuales se han aprobado 106 transaccionales, una gran mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos,
y las casi 200 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponden, señorías, con los acuerdos de la pasada legislatura con la mayoría de los grupos parlamentarios. (Aplausos).
Sinceramente, creo que aún quedan cuestiones por conseguir, pero se han logrado grandes transformaciones. Hemos adaptado la organización judicial a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y a la
Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Hemos mantenido a los jueces y juezas de Paz, que vertebran la Administración de Justicia, sobre todo en aquellas zonas de nuestro país menos pobladas. Hemos abierto el camino para
solucionar cuestiones crónicas como la relativa a los derechos laborales de los jueces y juezas sustitutos. Hemos efectuado un reconocimiento expreso al derecho colaborativo. Hemos atendido una reivindicación histórica como la
creación del partido judicial de Sant Cugat. Hemos eliminado las golden visa. Hemos reforzado la figura de la procura y se ha eliminado el bloque referido a las acciones colectivas, que se tramitará en un momento posterior. (Aplausos).
Señorías, hoy damos un paso importante, un cambio histórico, y lo damos juntos. Desde mi grupo esperamos contar con sus señorías para dar los siguientes pasos, para seguir aprobando las leyes que permitan transformar el Servicio Público de
Justicia que merecen nuestros ciudadanos.
Sin embargo, señorías, no puedo ignorar la decisión de bloqueo sistemático de algunos grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo a VOX y al Partido Popular, que han preferido la cómoda trinchera de la inacción a la responsabilidad de
colaborar en este proyecto de ley. Llama poderosamente la atención que el parlamentario de VOX suba a esta tribuna como si hubiesen trabajado en esta ley sin descanso: 11 enmiendas presentadas de 1100 y la mitad para cambiar el idioma de género.
(Aplausos). Esa es la aportación de VOX a la justicia de este país.
Quiero hacer una pregunta, como ya hizo mi compañero Víctor en el debate a la totalidad de la enmienda que ustedes presentaron a esta ley. Señorías del Partido Popular, ¿consideran necesaria una nueva organización de la Administración de
Justicia, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que el modelo tradicional del juzgado unipersonal se ha quedado obsoleto, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que se debe seguir avanzando en la especialización de los
órganos judiciales, sí o no? Pues, señorías, de esto va este proyecto de ley y de esto van las mejoras introducidas sobre la tramitación de esta ley (aplausos), algunas de ellas recogidas en sus propias enmiendas.
El Partido Popular, como nos tiene acostumbrados cuando se trata de los avances sociales que se han producido en este país, ha optado por un no sistemático, eludiendo el compromiso que merecen sus propios votantes, que, como el resto de los
ciudadanos, esperan una justicia cercana y eficiente. Creo, señorías del Partido Popular, que hubiese merecido la pena que sus jefes o su jefa les hubieran dejado que se implicaran en este trabajo. Ustedes han pensado que no, que era mejor
quedarse al margen. Señorías, nosotros seguiremos tendiéndoles la mano para encarar el resto de reformas de la justicia que estamos llamados a enfrentar en esta legislatura. Pero les digo una cosa: quedarse al margen en la mejora de la justicia
de este país no es neutralidad, es abandono y, sobre todo, señorías, es una irresponsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora MORO ALMARAZ: Presidenta, señorías, buenos días.
Antes de comenzar, quiero dejar constancia de mi pesar por tantas víctimas y de mi afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA, la consideración y el respeto por el inmenso trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios y la
preocupación por el temporal, que vuelve a golpear en las últimas horas. (Aplausos).
Señorías, vamos a hablar de verdad de la ley. Les informo: estamos ante la ley del sí o sí, ante una nueva modalidad de un real decreto ley ómnibus para leyes orgánicas. Vean: se registra un proyecto fake, se redacta otro mediante
enmiendas en el ministerio, que luego presentan los grupos de Gobierno y se impone. Eso es lo que entienden por negociar. Es la prueba inequívoca de que entró en esta Cámara el proyecto fake del que yo hablaba el 11 de julio, una nueva falta de
respeto a las Cortes Generales. Y se lo voy a explicar, porque no son frases para impactar.
¿Que no es posible la implantación de la ley en julio de 2025 -lo dice todo el mundo- sin riesgo de colapsar la justicia? No importa, sí o sí. ¿Que se carga a ayuntamientos y comunidades con el coste de la ley? No importa, sí o sí. ¿Que
la ley es más difícil de leer e interpretar que un jeroglífico? Sí o sí. ¿Que de las observaciones técnicas de los letrados, cincuenta y cuatro apretados folios, se aceptan cuatro comas y se desoye todo lo demás? No importa, sí o sí. Se aprueba
como sea, por encima de todo, sea cual sea el pago; la justicia es la que paga el precio. Esta ley del sí o sí es el late motiv real de un proyecto que debería haber sido lo que el portavoz socialista ha relatado, pero que no lo es. Hoy la
tenemos que aprobar sea como sea y está manchada de indignidad, porque, junto con el debate de Radiotelevisión Española, el día 30 de octubre se convocó una ponencia para incorporar todo lo que pasaba por allí, todo lo que querían, haciéndolo
rápidamente y con una comisión el día 4 para que no se notara mucho.
Este debería ser un texto para modernizar, agilizar y mejorar la justicia y hacerlo con acuerdo, claro que sí. Esto no es un hito, claro que no, señores del Partido Socialista, señor ministro, esto no es un hito, porque, si lo fuera, no
habrían contaminado esta ley con tantas cosas que nada tienen que ver con la justicia ni con la eficiencia. (Aplausos).
Trescientos cuarenta folios de dictamen dan para mucho, treinta y seis leyes modificadas dan para mucho, diecinueve modificadas en la última semana. No tengo tiempo, pero les voy a poner algunos ejemplos para que vean a qué nos enfrentamos.
Hasta el 30 de octubre se habían aprobado 53 enmiendas y 13 transacciones; en la ponencia del 30 de octubre se aprueban 67 transacciones y 121 enmiendas, prácticamente todas del PSOE; el lunes 4 de noviembre, 25 nuevas transacciones a punto de
votar en la comisión. Algunas de estas modificaban a su vez las del día 30, entre otras, la disposición transitoria cuarta. ¿Quizá para atar a la Conferencia Sectorial de Justicia? No lo sé. Otras iban en contra de la reforma organizativa que
ustedes proponen; otras modificaban una ley derogada hace doce años, reproducían términos antiguos, y en veinticuatro horas presentan un voto particular para modificar lo que habían modificado en la comisión y recuperar lo que habían hecho en la
ponencia. ¿Ustedes lo entienden? Entiendo que no. (Aplausos). A nosotros nos ha costado, pero es así. Sin embargo, es muy simple: prisas, oscurantismo, cambio de cromos, sí pero no, para conseguir la ley sí o sí.
¿Por qué, señor Bolaños? ¿Por los millones famosos del componente 11? ¿Por impulsar el Estado de derecho? Pero vamos a ver, si esta ley se preocupa de flexibilizar requisitos para hacer la vista gorda en el traspaso de fondos de grupos
municipales a partidos, cambia las normas sobre controles en la entrega de documentación el día electoral, vuelve a despreciar el principio de igualdad del Estado entregando los habilitados nacionales de las Corporaciones Locales a las
comunidades... ¡Ah, no, no, perdón: al País Vasco! ¿Esto es el impulso del Estado de derecho? ¿Esto es modernización de la justicia? ¿Esto es respeto a todas las comunidades autónomas? (Aplausos). No, no, no se respeta a las comunidades
autónomas, con las que no pactan, a las que no dan fondos. ¿Qué les va a decir la próxima semana en la conferencia sectorial? Que sí o sí, a tragar.
¿Y la justicia? Esta ley iba de justicia, ¿verdad? Regulan los medios adecuados de resolución de controversias, pero no hay prisas para que entren en vigor; reformas procesales parciales discutidas y discutibles -la LECrim- y otras que
modifican el Real Decreto Ley 6/2023, cuyo proyecto está congelado en esta Cámara. No es importante la justicia para el Gobierno, no se engañen. Esta ley, si no lo evitamos, tiene un efecto previsible, que es bloquear el funcionamiento de la
justicia. Y, señorías, 200 enmiendas avalan lo que nosotros pensamos; 200 enmiendas sobre las que se ha ejercido ingeniería inversa para no aprobar las del Partido Popular, pero utilizan 25 -que eso no lo dicen- para poner el mismo texto del
Partido Popular. ¿Eso es colaboración? En fin, ¡para qué les voy a hablar! (Aplausos).
En cuanto a la buena regulación, deberían hacer caso a los letrados. Y agradezco en este momento su trabajo, por las condiciones en las que les han hecho trabajar. Ustedes hacen el ridículo. El número 8.º de la exposición de motivos habla
de los principios de buena regulación del 129 de la ley de procedimiento administrativo. Con este ejemplo, que van a incorporar en su Oficina de Calidad Normativa, ministro, es imposible; es imposible que ninguno de ellos mantenga ni seguridad
jurídica ni eficiencia; nada.
Necesidad. ¡Ah, es que no lo han entendido! La ley de procedimiento administrativo habla de la necesidad objetiva de los ciudadanos, del interés público; pero esta es una amalgama de intereses particulares, es un contenedor de intereses
particulares. (Aplausos). Barullo, caos y mercadeo es lo que es esta ley. ¡Ah!, ministro, es Poder Judicial, son normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial.
¿Qué nos ha hecho con los reales decretos leyes 6 y 7 de la DANA? ¡Por Dios! Entran en competencias de ley orgánica, en funciones del Poder Judicial -ya no respetan nada- con el DAO y con el Poder Judicial, restándole las competencias que
solo tiene el consejo. De esto hablaremos en los próximos días.
Menos mal que han desaparecido las acciones colectivas. No sé por qué le gustan tanto al señor Santiago. Ahora resulta que le gustan los fondos de litigación y los fondos de inversión. Usted sabrá por qué, usted sabrá. Yo no lo sé.
(Aplausos).
Afortunadamente, hemos confluido en la razón con lo que alguno de sus socios de Gobierno hizo, señor ministro. Por tanto, esta ley podría tener 2000 enmiendas. Les da igual. Fíjense, el sectarismo llega a tal naturaleza, la imposición
llega a tal naturaleza que han incorporado enmiendas de grupos y de partidos políticos que ya no existen, porque solo en la ponencia de la legislatura pasada era así.
Estoy de acuerdo -y concluyo-. Es una oportunidad perdida, pero no ha habido nada de consenso.
Doy mi agradecimiento a mis compañeros, a la abogada del Estado y al magistrado Fernando Omar, a la asesoría y a todos mis compañeros de la Comisión de Justicia.
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que terminar.
La señora MORO ALMARAZ: Abogados con toga bregados en los juzgados no ven el consenso. Comisiones Obreras no ve el consenso. Los profesionales no ven el consenso. (Aplausos).
Termino, presidenta.
Va a salir algo tan mal que les anuncio que el Grupo Popular va a apelar al artículo 119 del Reglamento, porque este texto tiene tales erratas que han tratado de hacer con trampa, una vez más, en correcciones no técnicas...
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que terminar.
La señora MORO ALMARAZ: ... que creo que debe volver a la Comisión de Justicia. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on. Buenos días.
Muchas gracias, presidenta.
Hoy llega un dictamen a este Pleno que, como bien han señalado varios compañeros y compañeras, es complejo, es amplio. Es más, este dictamen recoge lo que va a ser una ley que podríamos calificar de tres en uno, tres normas que se recogerán
en una ley. Es cierto -y se señalaba también- que es compleja. En el proceso de ponencia se han presentado más de 1100 enmiendas de ámbitos diversos, razón por la que yo veía a la señora Moro muy agorera, y creo que es un motivo de satisfacción
que se haya podido consensuar un dictamen más allá de las diferencias y más allá de la aritmética que hay en esta Cámara.
Es cierto que se ha producido una presión para acabar cuanto antes que venía motivada por un calendario europeo; eso es cierto. Es cierto que a nosotros nos hubiera gustado trabajar con más tiempo y que nos hemos dejado pelos en la gatera,
es una obviedad; pero estamos satisfechos porque se han conseguido avances en eso que igual en un tono un poco grandilocuente se decía de que va a ser una ley para la justicia del siglo XXI; avances en materias que tienen que ver con la solución
de contenciosos. Euskal Herria Bildu ha llegado también a transaccionales con otros grupos en relación con el derecho colaborativo. Es cierto también que se ahonda en la protección integral de la infancia y de la adolescencia, que creo que es algo
positivo que será reconocido por todos. Se avanza también en la planta judicial y otros aspectos de la organización territorial.
Es cierto que nosotros teníamos enmiendas en las que no hemos podido llegar a un acuerdo y que esperamos que en el futuro se aborden, porque creemos que se podrá reconocer la realidad territorial y la situación de la justicia en nuestros
territorios de una manera más ágil. Pero, en un gesto de buena voluntad y conociendo la dificultad que entrañaba esta ley, hemos retirado esas enmiendas para poner en valor lo conseguido y poder avanzar.
Quiero recordar una transaccional -que ya se ha mencionado- que Euskal Herria Bildu ha alcanzado con nuestra enmienda 434, con otra enmienda del Grupo Nacionalista Vasco y otra del Partido Socialista para reducir la situación de temporalidad
que se da en el empleo público del servicio de Justicia y para dar mayor estabilidad a los profesionales, esto es, a los trabajadores y las trabajadoras. Al mismo tiempo, solicitamos un requisito para esas plazas singularizadas como es el
conocimiento del euskera, una lengua cooficial, y que con ello se reconozca el derecho de la ciudadanía a poder dirigirse, en este caso en la Administración de Justicia, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma vasca.
Decía el señor Aizcorbe 'de las provincias vascongadas'. Euskal Herria no existe, pero las provincias vascongadas, sí. Le ha quedado un poco flojo con ese tono del No-Do. Pero, más allá de esto -que pienso que se avanza en un derecho de la
ciudadanía-, creemos que el cómputo de medidas que se van a aprobar es positivo.
Es cierto también que se acaba con las golden visa, y se ha señalado que era un sinsentido esa norma por la que se podía acceder vía exprés a la residencia para aquellos y aquellas que tienen mucho
dinero, mientras se obstaculizaba el acceso a la residencia y a la ciudadanía de personas que han llegado a trabajar.
Creemos -y también se ha comentado- que hay una oportunidad en este momento, porque ha habido discursos favorables a acabar con la situación que están viviendo los mutualistas de la abogacía y de la procura, que han estado durante años en
esa estafa piramidal de la mutua que en Euskal Herria Bildu venimos señalando. Si hay voluntad política y teniendo en cuenta un principio de pensión mínima digna, hay que darle una solución a esta situación injusta cuanto antes, y no en un futuro o
cuando se negocie. Ahora hay una oportunidad para votar una enmienda y dar una solución a esa situación injusta que viven estas personas.
Voy acabando. Ayer, el compañero de Esquerra Marc Álvaro escribió un mensaje que decía que la densidad de cinismo que había tenido el Grupo Parlamentario Popular en el debate sobre los efectos de la DANA había sido superior al fango
acumulado en las calles de Valencia. Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿saben qué ocurre? Que ese cinismo, esa mentira se ha venido a instalar en el día a día de la política.
La señora Moro defendía muy indignada que esto había sido un caos, que no se había querido negociar con el Grupo Parlamentario Popular. Señora Moro, dígame si esto es cierto: hace un mes, ustedes simularon -simularon- después de dos meses
manteniendo una posición a favor de la reforma de la Ley 7/2014, y cambiaron de posición en un momento dado por una noticia en prensa diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista les había engañado. Ustedes, sobre una ley muy concreta, muy
escueta, dijeron que les habían engañado. ¿No es cierto que ustedes hasta ese momento estaban participando en la ponencia activamente, trabajando a favor de sus enmiendas -como habían hecho con la ley anterior, que habían votado favorablemente- y
que ese día usted se puso en contacto con partidos del Gobierno para señalarles que la cosa había cambiado y que, a partir de ahora, en esta ley iban a estar en contra? ¿No es eso cierto? Porque así se nos transmitió al resto de portavoces de la
ponencia. A partir de ese momento, ustedes transmitieron que las cosas habían cambiado y que ya no iban a participar en esta ley. Mire, me atrevo a más: si ustedes no llegan a simular ese cambio de posición en la norma anterior, que votaron
favorablemente -hay que recordarlo-, ustedes hoy no estarían tan enfadados, tan indignados, señalando que esto es el mal, que esto es el caos, porque tendrían otra disposición. ¿Esto es cierto sí o no, señora Moro? Usted sabe que sí lo es.
Dejen el cinismo y la mentira en casa, porque hace falta más transparencia y más seriedad a la hora de defender desde la legitimidad sus posiciones. Por favor, un poco de sinceridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Tiene ahora la palabra el señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando quiera.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra porque hoy, con la aprobación de esta ley -que así espero que se haga por parte de esta Cámara- vamos a dar un paso decisivo en la transformación y en la reforma de la Administración de Justicia; un paso que nos va a llevar
a poner una nueva construcción en esa gran transformación de la justicia, la mayor transformación de la justicia en décadas que estamos llevando a cabo en esta legislatura desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
No ha sido sencillo, y precisamente porque no ha sido sencillo quiero, sobre todo, mostrar mi agradecimiento. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los ministros de Justicia, al menos a los últimos siete, que han soñado con
reformas de la justicia que la hicieran más flexible, que la hicieran más ágil, que la dotaran con mayor capacidad para adaptarse a las cargas de trabajo que facilitaban los medios alternativos de solución de conflictos. Por eso me quiero referir a
esas reformas que el ministro Fran Caamaño, que el ministro Gallardón, que el ministro Rafael Catalá, que la ministra Lola Delgado, que el ministro Juan Carlos Campo y que la ministra Pilar Llop soñaron para hacer de nuestra justicia una justicia
del siglo XXI.
Hoy va a ser una realidad. Hoy, aprobando esta ley con su voto van a dar ustedes un paso de gigante en la transformación de la justicia en nuestro país. Y por eso quiero dar las gracias a mis antecesores en el ministerio en primer lugar.
También a los grupos parlamentarios. Ha sido un trabajo arduo. Ha habido más de mil enmiendas con las que trabajar en esta norma, una norma, una ley orgánica que tiene más de
trescientos artículos. Y, por cierto, ha sido un trabajo realizado en un tiempo récord. Agradezco a los grupos parlamentarios su apoyo y agradezco a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Justicia el esfuerzo que han hecho. No
tener en vigor esta ley el 1 de enero de 2025 costaba a las arcas públicas 2400 millones de euros de fondos europeos; 2400 millones de euros. Lo digo porque se ha dicho en el atril que era cero. Bueno, pues 2400 millones de euros es una cifra
algo diferente a cero.
También lamento -y quiero decirlo expresamente- que no se haya incorporado el Grupo Parlamentario Popular a este gran consenso que hemos logrado con esta ley, aunque por razones absolutamente ajenas al contenido de la ley que se acaban de
explicar en este atril.
La Comisión de Justicia tiene un trabajo complejo, difícil, y tanto letrados como asesores como diputados y diputadas son grandes profesionales que hacen un gran trabajo. Por eso yo quiero hoy felicitarles y quiero agradecerles el esfuerzo
que han hecho para que en unos meses hayamos sido capaces de aprobar una ley orgánica tan importante para la justicia como es esta. Y quiero también agradecer a los trabajadores del Ministerio de Justicia, a los servidores públicos que han estado
trabajando durante meses y años para que hoy la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia vea la luz. (Aplausos). Gracias a todos ellos y a todas ellas.
Con la aprobación de esta ley, señorías, damos un paso fundamental para la mayor transformación en décadas de la justicia. Vamos a conseguir una justicia del siglo XXI accesible, fácil, capaz de adaptarse a lo que nos pide la ciudadanía y a
lo que nos piden los profesionales del derecho. Los tribunales de Instancia son necesarios en la organización de nuestra justicia, igual que lo son los medios alternativos de solución de conflictos para evitar el colapso en nuestros juzgados.
Vamos a especializar a jueces, vamos a conseguir que las cargas de trabajo se repartan de manera más equitativa. En definitiva, vamos a conseguir que la justicia sea lo que siempre ha debido ser y que, sin embargo, estamos construyendo en esta
legislatura: una justicia del siglo XXI.
Por tanto -y termino ya, presidenta-, gracias a los grupos parlamentarios que lo van a hacer posible, gracias a los servidores públicos que lo han hecho posible, gracias a todos los profesionales de la justicia, que hoy están de enhorabuena.
La justicia del siglo XXI nace hoy.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Antes de que llamemos a la votación, quiero informarles de que, en cuanto a las correcciones técnicas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, se ha consultado a los servicios jurídicos de la Cámara en relación con si concurren o
no los requisitos para que las mismas sean consideradas como tales correcciones técnicas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 del Reglamento. Los servicios jurídicos han constatado que todas ellas, con excepción de la número 1, son
correcciones técnicas.
En consecuencia, esta Presidencia, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 118.3 del Reglamento, ha admitido a trámite todas las correcciones técnicas de la 2 a la 14 e inadmitido la corrección técnica número 1, que no
se someterá a votación.
Pasaremos a votar en cinco minutos. (Pausa).
- VOTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones.
Vamos a votar las enmiendas y los votos particulares presentados al Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En primer lugar, votamos en bloque las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Belarra Urteaga.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 18; en contra, 329.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Valido García, también en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 9; en contra, 337; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rego Candamil.
En primer lugar, enmiendas 740, 768, 775 y 776.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 177; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Rego Candamil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 18; en contra, 329.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Enmienda 539.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 160; en contra, 154; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda 675.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 142; en contra, 204; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 18; en contra, 329.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 389, presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 28; en contra, 317; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos en bloque todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 25; en contra, 322.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 144, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 46; en contra, 301.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 45; en contra, 302.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
En primer lugar, enmienda 706.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 168; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 710, 712 y 715.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 32; en contra, 315.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, enmiendas 871, 873, 875, 876, 883, 896, 901 a 906, 917, 920, 923, 926 a 929, 933, 935, 952, 1040, 1047 a 1050, 1058, 1067 y 1071.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 135; en contra, 211.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 886, 890, 892, 895, 899, 907, 908, 918, 924, 936 y 1053.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 168; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 136; en contra, 178; abstenciones, 32.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar los votos particulares.
En primer lugar, voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 228 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Voto particular número 8 del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 316 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 135; en contra, 180; abstenciones, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Resto de votos particulares del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 168; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Pasamos a votar las correcciones técnicas. Todas han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, enmienda de corrección técnica número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 167; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 315; en contra, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 315; en contra, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 178; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 313; en contra, 34.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 180; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 9.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda de corrección técnica número 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 315; en contra, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, enmienda de corrección técnica número 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 314; en contra, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les informo de que desde las 13:15 hasta las 14:30 horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al
final de la sesión.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 121/000025).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Esta propuesta se someterá a votación electrónica junto con el resto de los asuntos al final de la sesión.
Les recuerdo que en la sesión de hoy se procederá también a la votación de las proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes pendientes de la sesión plenaria del día 29 de octubre de 2024.
Se suspende la sesión ahora hasta las 13:50 horas.
Era la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
SEGUNDA VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE:
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000010).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Continuamos ahora con la segunda votación para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española al no haberse obtenido en la primera votación,
celebrada en la sesión del martes, la mayoría de dos tercios requerida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
La elección se hará por el sistema establecido en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la citada de la ley, resultando elegidos aquellos candidatos y candidatas que
obtengan la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, 176 votos. Les recuerdo que los candidatos son: Miquel Calçada i Olivella, Esther de la Mata Ahedo, Mercedes de Pablos Candón, Rosa León Conde, José Pablo López Sánchez, María
Teresa Martín del Caz, Mariano Muniesa de Caveda, Angélica Rubio Cerezales, María Roncesvalles Solana Arana, Sergi Sol i Bros y Marta Ribas Frías.
La votación se hará por el sistema de papeletas. Cada diputado o diputada podrá escribir en la papeleta, de entre los considerados idóneos por la Comisión, hasta un máximo de once nombres. En consecuencia, solo se considerarán votos
válidos los emitidos a favor de quien haya sido considerado idóneo por la Comisión Consultiva de Nombramientos. Cuando en la papeleta aparezca un número de nombres superior al de puestos a cubrir, la papeleta será declarada nula. Los votos en
blanco son válidos. Se considerará voto en blanco aquella papeleta en la que no figure nombre alguno. En caso de que alguna papeleta impresa contenga algún nombre tachado, se considerarán válidos los votos en favor de los candidatos no tachados.
En esta votación se han emitido seis votos telemáticos, que procederemos a introducir en la urna en primer lugar.
Ruego al señor secretario que proceda al llamamiento de las señoras y los señores diputados.
Por las señoras y los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.
Terminada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: ¿Hay alguna diputada o diputado que no haya sido llamado? (Pausa). Entonces, procedemos al escrutinio.
Efectuado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 179; a favor de los once candidatos, 179. No ha habido ningún voto en blanco ni ningún voto nulo. Por tanto, al haber obtenido el voto favorable de
la mayoría absoluta de la Cámara, los citados candidatos y candidatos han resultado elegidos como miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española. Enhorabuena a todos ellos y ellas. (Aplausos).
Ahora tenemos que suspender hasta las dos y media la votación de los asuntos pendientes, porque todavía estamos en plazo para el voto telemático. A las dos y media votamos el resto.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN):
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2022, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000004).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a empezar las votaciones.
Comenzamos con el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2022, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 291; en contra, 39; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados el dictamen y la resolución de la Comisión Mixta.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HECHO EN MADRID EL 8 DE ABRIL DE 2024. (Número de expediente 110/000035).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora, de los convenios internacionales, el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 8 de abril del 24.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 301; abstenciones, 45.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen el dictamen.
- RESOLUCIÓN 79-1 DE LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL RELATIVA A LA DECIMOSEXTA REVISIÓN GENERAL DE CUOTAS, ADOPTADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. (Número de expediente 110/000036).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la Resolución 79-1 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, relativa a la Decimosexta Revisión General de Cuotas, adoptada el 15 de diciembre de 2023.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 262; en contra, 37; abstenciones, 48.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS EN MATERIA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Y DE ACCIONES COLECTIVAS PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS). (Número de expediente 121/000016).
La señora PRESIDENTA: Del Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, votamos ahora el dictamen en lo relativo a la disposición final decimonovena nonies (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 180; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Pasamos ahora a votar el resto del dictamen de dicha proposición de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 180; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen del Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. (Aplausos).
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la votación de conjunto del Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, por tener el mismo carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 179; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Proyecto de ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. (Aplausos).
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 121/000025).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 343.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
VOTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES NO DE LEY Y MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES PENDIENTES DE LA SESIÓN PLENARIA DE 29/10/2024:
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, PARA DEFENDER AL CAMPO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000116).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar las proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones pendientes de la sesión plenaria del 29 de octubre.
Votamos en primer lugar la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario VOX, para defender al campo español. Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: No se aprueba esta proposición no de ley.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RECLAMANDO EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 162/000241).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, reclamando el cese del fiscal general del Estado. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 168; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: No se aprueba la proposición no de ley.
- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL PRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES. (Número de expediente 173/000058).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 32; en contra, 179; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES EN LOS MÚLTIPLES CASOS DE CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRAN
AL PRESIDENTE SÁNCHEZ Y A MÁS DE LA MITAD DE SU GOBIERNO. (Número de expediente 173/000059).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la última moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la responsabilidad del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en
los múltiples casos de corrupción que involucran al presidente Sánchez y a más de la mitad de su Gobierno. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 167; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos).
Muchas gracias a todos y a todas.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.