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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 70, de 15/10/2024
cve: DSCD-15-PL-70
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 70
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 67
celebrada el martes,
15 de octubre de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las causas de inelegibilidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 123-1, de 7 de junio de 2024. (Número de expediente 122/000110) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario VOX, orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 63-1, de 9 de febrero de 2024. (Número de expediente 122/000054) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 25-1, de 21 de
junio de 2024. (Número de expediente 121/000025) ... (Página30)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 146, de 24 de mayo
de 2024. (Número de expediente 162/000242) ... (Página40)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre lucha contra la violencia de género en el ámbito digital. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 142, de 17 de mayo de 2024. (Número de expediente 162/000236) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para combatir el empobrecimiento de los españoles. (Número de expediente 173/000052) ... (Página58)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la disposición del Gobierno de proceder de forma inmediata al rescate de la AP-9 a la vista del reciente informe realizado por profesores de la Universidad de A Coruña que
fija en 904,7 millones de euros el coste de esta operación. (Número de expediente 173/000053) ... (Página64)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página73)
SUMARIO
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las causas de inelegibilidad ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu; los señores Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano.
Hace uso de la palabra el señor Sémper Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Hierro, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Romero Pozo, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Hace uso de la palabra la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario VOX, orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad ... (Página21)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Hoces Íñiguez, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; Pisarello Prados, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR;
Diouf Dioh, del Grupo Parlamentario Socialista, y Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página30)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ... (Página30)
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Boada Danés, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR, y Ramírez Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página40)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada ... (Página40)
Defiende la proposición no de ley la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Catalán Higueras y la señora Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y la señora Canelo Matito, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre lucha contra la violencia de género en el ámbito digital ... (Página45)
Defiende la proposición no de ley la señora Herrera García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Aguirre Gil de Biedma, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Valido García, el señor Rego Candamil y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Andala Ubbi, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Núñez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página58)
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para combatir el empobrecimiento de los españoles ... (Página58)
Defiende la moción el señor Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; Martín Urriza, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y González Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala.
Concluye el turno de fijación de posición con la intervención del señor Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la disposición del Gobierno de proceder de forma inmediata al rescate de la AP-9 a la vista del reciente informe realizado por profesores de la Universidad de A Coruña que fija
en 904,7 millones de euros el coste de esta operación ... (Página64)
Defiende la moción el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada el señor Puy Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Martínez Barbero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; el señor Sánchez García, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Taboadela Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página72)
Sometida a votación la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las causas de
inelegibilidad, se rechaza por 169 votos a favor y 174 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad, se rechaza por 33 votos a favor, 175 en contra y 135
abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página73)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, al Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, se rechaza por 33 votos a favor, 174 en contra y 136 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, RELATIVA A LAS CAUSAS DE INELEGIBILIDAD. (Número de expediente 122/000110).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el debate de toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las causas de
inelegibilidad.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández por un tiempo de doce minutos.
Cuando quiera.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias.
Señorías, los españoles sabemos muy bien lo que representa la acción salvaje y criminal del terrorismo, y lo sabemos muy bien porque hemos padecido en nuestras carnes el terrorismo yihadista y soportado durante muchos años a la organización
terrorista ETA, que expulsó de su tierra a miles de familias y que dejó a su paso un reguero de sangre y de víctimas inocentes que nosotros nunca vamos a olvidar y a las que siempre vamos a honrar y recordar; siempre. (Aplausos). Y el paso
decisivo en la lucha contra ETA lo dimos cuando fuimos conscientes de que, además de los comandos asesinos, existía un entramado social y político que les daba cobertura, lo que nos llevó a aprobar la ley de partidos y, con ella, a ilegalizar a
Batasuna por formar parte de la propia organización criminal.
Y es verdad, ETA ya no mata, pero quedan quienes en su día la apoyaron, jalearon y justificaron; ETA ya no mata, pero quedan muchos de sus crímenes sin resolver y, sobre todo, quedan sus víctimas, que serán siempre un referente ético y de
libertad para todos. (Aplausos). Y nosotros estaremos siempre al lado de las víctimas. Como humanos, nos podremos saber equivocado en alguna ocasión y, si lo hacemos, rectificamos, pero no vamos a permitir que nadie pueda poner en duda dónde está
el partido de Miguel Ángel Blanco, de tantos compañeros asesinados o de mi compañero Pedro Samuel Martín, que fue víctima de un atentado, que salvó la vida de milagro y que es un ejemplo para todos nosotros. (Aplausos).
Son ustedes los que están pactando con los amigos de los verdugos con tal de mantenerse en el poder. Así que, si quieren, pregúntese a quién le han dado el mando de su partido. Han tenido la oportunidad de retirar el proyecto de ley que
garantizaba a todos los etarras más sanguinarios las rebajas de sus condenas, medida que introdujeron de manera consciente a través de una enmienda trampa, y ahora pretenden impedir que se debata en esta Cámara el veto que aprobó ayer el Senado por
mayoría absoluta contra esta medida. (Aplausos). ¿Y saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? Lo hacen porque esa medida forma parte del pacto encapuchado que tienen ustedes con Bildu. Esa es la realidad, que una vez más, entre la
dignidad y el deshonor, han vuelto a optar por esto último en una traición más a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a la propia trayectoria de su partido (aplausos), y eso pesará siempre sobre sus conciencias.
Y es verdad, ETA ya no mata, pero queda el relato, y no podemos permitir que lo que ocurrió se olvide o se distorsione. Un compañero suyo, a quien siempre admiré por su sentido de Estado y por su lucha por la libertad, Txiki Benegas, dijo
hace años desde esta tribuna: A veces no somos plenamente conscientes del drama que hemos vivido como consecuencia del terrorismo. Por eso la lucha contra el olvido debe ser permanente; no se puede pasar sin más una página tan amarga. Lo que ha
ocurrido no se puede olvidar, porque una cultura de paz y libertad solo se puede construir manteniendo viva la memoria de lo ocurrido para que nunca más vuelva a suceder. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas afirmaciones, y ustedes también,
claro, el Gobierno también, porque miren lo que se decía en la página 44 del Informe Anual de Seguridad Nacional de hace dos años (muestra un documento): 'No obstante, las consecuencias de la actividad de ETA se mantienen, con numerosos atentados
sin esclarecer, la existencia de miembros de la organización terrorista con causas pendientes con la Justicia española que residen en otros países [...]. Sus organizaciones satélites...' -las de ETA- '... canalizan su estrategia en lo que
denominan 'batalla por el relato', tratando de imponer su versión sobre la violencia y deslegitimar el Estado de Derecho'. Página 44 del Informe Anual de Seguridad Nacional elaborado por Presidencia del Gobierno. ¿Y ahora qué pretenden ustedes,
que pasemos página y miremos para otro lado? ¿De verdad van a permitir que se fabrique un relato y una historia a conveniencia de unos matones?
Miren, no sé todo lo que han podido ustedes pactar con Bildu, pero les aseguro que eso nosotros no lo vamos a permitir; no lo vamos a permitir. (Aplausos). Y es que no podemos mirar para otro lado mientras sigan existiendo actuaciones que
atentan contra la dignidad de las víctimas y contra nuestra propia convivencia. Como han denunciado diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, se siguen celebrando cada año cientos de actos de apoyo a ETA y de homenajes y manifestaciones
en favor de la liberación de presos etarras ante la pasividad del Gobierno. Y desde hace años Bildu presenta como candidatos en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo, algunos con gravísimos delitos de sangre a sus espaldas que
no se han arrepentido de nada, lo que ha generado un clima de indignación generalizada en la sociedad española; una formación cuyos líderes siguen utilizando un
lenguaje ambiguo y calculado para no condenar de forma clara el terrorismo. Incluso en las pasadas elecciones al Parlamento Vasco se llegó a calificar a ETA como banda terrorista y el candidato de Bildu lo redujo a un grupo armado sobre el
que se pueden tener diferentes consideraciones. ¡Y luego les molesta a ustedes que les llamemos herederos de ETA Batasuna! (Aplausos).
Pues bien, ¿saben lo que dijeron ustedes ante esta infamia? Dijeron que esas declaraciones eran un acto de cobardía y totalmente incompatibles con la democracia. Eso lo dijo la ministra Alegría, y nosotros estamos de acuerdo con la
ministra Alegría. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que esos cobardes son sus socios, el problema es que a esos a los que ustedes llaman cobardes es a los que han encargado escribir la memoria democrática de España, a los que han
entregado la Alcaldía de Pamplona y con los que han acordado pactar la reforma de la ley de seguridad ciudadana, en una afrenta a nuestras fuerzas de seguridad; ese es el problema, que esos a los que llaman cobardes son sus socios. (Aplausos).
Por eso esta iniciativa es tan necesaria, porque no puede haber nadie en las instituciones democráticas que pretenda mantener viva la memoria de una banda terrorista y justificar su actuación violenta y criminal. Y por eso traemos a esta
Cámara una propuesta de reforma de la ley electoral, un nuevo instrumento de protección y fortalecimiento de nuestro Estado de derecho, para que quienes en su día ejercieron la violencia y el terror contra personas inocentes y fueron condenados por
ello no puedan formar parte de ninguna candidatura electoral sin que antes hayan acreditado de manera fehaciente su rechazo al terrorismo, a sus fines y a sus medios; su arrepentimiento por los actos terroristas realizados y justificados; su
solicitud de perdón a las víctimas; su compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de crímenes sin resolver; y, por supuesto, que acrediten el cumplimiento íntegro de las penas accesorias, así como el pago de la
responsabilidad civil a las víctimas derivadas de la sentencia condenatoria. (Aplausos).
Señorías, estas condiciones representan el mínimo recorrido moral que debemos exigir, en nombre de la democracia, a quienes en el pasado hayan sido condenados por delitos terroristas. Quien no sea capaz de cumplirlas podrá estar en la calle
si ha cumplido su condena, pero no puede estar en ningún ayuntamiento ni en ningún parlamento, porque no se tiene derecho a representar ni a ser representado para legitimar la violencia y el terror. (Aplausos).
Esta medida es plenamente constitucional, porque ya tiene un precedente en el año 2011, cuando reformamos, de acuerdo con ustedes, la ley electoral e introdujimos la incompatibilidad sobrevenida, que consistía en que, cuando una formación
fuese declarada judicialmente continuadora de Batasuna con posterioridad a las elecciones, todos sus cargos electos incurrían en incompatibilidad y venían obligados a realizar una declaración de rechazo al daño causado y de renuncia expresa e
indubitada a la violencia y al terrorismo si querían permanecer en sus cargos. Declaración que además debía ser coherente con todos sus actos y manifestaciones a lo largo de su mandato; de lo contrario, perderían el acta. Pues bien, esta
iniciativa persigue lo mismo respecto a candidatos que hayan sido condenados por terrorismo.
Una cosa, señores de Bildu: la votación que se va a producir esta tarde tiene mucha más trascendencia de la que ustedes puedan imaginar, mucha más. A lo mejor sí lo saben; probablemente lo sepan. Hoy, con su voto, demostrarán si
engañaron al Tribunal Constitucional en 2011 o fueron sinceros en el alegato principal que su partido aportó a dicho Tribunal para no ser ilegalizados. Fueron ustedes, señores de Bildu, los que entonces aportaron como prueba y contraindicio ante el
Tribunal Constitucional que todos sus candidatos -todos- en aquellas elecciones municipales del año 2011 habían firmado un documento en el que se comprometían a actuar por vías pacíficas y democráticas, y condenaban -repito, condenaban- con todos
los medios a su alcance el terrorismo y cualquier acto que supusiera la violación de los derechos humanos. Y el Tribunal Constitucional les creyó; por un solo voto, pero les creyó. Pues bien, señorías, nuestra propuesta de hoy pretende lo mismo,
porque no es tolerable que quien ejerció el terrorismo pueda introducirse en las instituciones democráticas sin arrepentimiento y sin condenar la violencia, que es totalmente incompatible con la democracia. Por eso esta votación es tan importante,
porque, repito, se demostrará con ella si esa prueba a modo de contraindicio que ustedes presentaron fue sincera o fue una artimaña más para engañar al Tribunal Constitucional y, con él, a todos los españoles. No sé cuál será la consecuencia
jurídica que ello tenga, pero lo que sí les garantizo es una cosa: cuando el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno, ustedes no van a condicionar nada y no van a tener ningún protagonismo en la vida política nacional, ninguno.
(Aplausos). Eso se lo garantizo.
Y una cosa más, para terminar. Señores de Bildu, hubo víctimas, miles, que también pesarán sobre sus conciencias, pero también hubo verdugos. Decir, como ustedes dicen, que todos fueron víctimas de un mismo conflicto es una indecencia. La
democracia no les debe nada a esos asesinos. La democracia
no tiene ninguna deuda con la paz ni con la libertad. La única deuda que tiene la democracia es una deuda moral con todas las víctimas del terrorismo, una deuda eterna, impagable, como homenaje y respeto a tanto dolor y tanto sufrimiento.
Un sufrimiento que la inmensa mayoría de los españoles hemos compartido y sobre el que algunos miserables de forma infame llegaron a brindar. Un sufrimiento asumido siempre con entereza, sin atisbo de rencor, desde la mayor rectitud, integridad y
decoro, que solo ha reclamado memoria, verdad, dignidad y justicia. Por eso el presente y futuro de nuestra democracia debe cimentarse sobre su memoria.
Señores socialistas, les debemos que se apruebe esta iniciativa, les debemos que no se olvide lo que ocurrió, que el relato preserve la verdad, una verdad con buenos y malos y con vencedores y vencidos, para que la historia recuerde que por
la libertad y los derechos de los vascos y de todos los españoles no lucharon los que mataban, sino que lucharon los que murieron. Y esa verdad no se puede cambiar por seis votos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes.
Ayer el Senado la rechazaba, pero hoy, lamentablemente, la Mesa de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, ha ratificado una de las mayores ignominias que se han podido cometer en la democracia española. Los autores de esta ignominia
eran conocedores de ello, pues lo hacían con conciencia y sabían lo que votaban. Es evidente que durante estos días los españoles han vivido con indignación y con angustia la situación, sobre todo teniendo en cuenta que se podía dar el caso -y que
lamentablemente se puede dar al final- de que los terroristas de ETA y sus acólitos iban a poder brindar una vez más con champán. No se ha querido echar marcha atrás y, en este caso, no se ha querido reconocer el dolor y el sufrimiento de las
víctimas. Y, como dijimos en el anterior Pleno, si se produce alguna modificación y liberación anticipada de los terroristas de ETA, el único y último responsable será el gran ausente en la tarde de hoy, el presidente del Gobierno, no les quepa
ninguna duda, y con él todos aquellos que se han mostrado sumisos y obedientes, sin ningún tipo de rechazo a sus planteamientos.
Señorías, ayer el Senado lo rechazaba, pero hoy, lamentablemente, la Mesa del Congreso ha ratificado el pago al chantaje más obsceno e inmoral de los herederos políticos de ETA, y se ha demostrado la entrega y claudicación del Gobierno y del
Partido Socialista: presos por presupuestos. No cabe mayor infamia ni cabe mayor indignidad. Pero es que además, señorías, el Partido Socialista ha hecho este pago cruel e inmoral única y exclusivamente por seguir en el poder, por mantenerse en
el poder a cualquier precio. Esa es la triste realidad que estamos padeciendo en nuestro país, que el Gobierno es capaz de cualquier cosa por continuar en el sillón de la Moncloa. Pero es que además, señorías, ¿para qué tanto sufrimiento, para qué
tanto dolor de las víctimas del terrorismo si al final pasa lo que pasa? ¿Por qué, señorías, por qué? Esa es la pregunta que nos debiéramos hacer todos, si hemos sabido y si sabemos estar a la altura de las circunstancias y de lo que nos demandan
la justicia, la memoria, la verdad de las víctimas del terrorismo. Algunos creemos que sí, otros estoy seguro de que no.
Por eso, hoy deberían retumbar en la conciencia de algunos esas palabras que escribiera la madre de Joseba Pagazaurtundúa, y que no me voy a cansar de repetir, en una carta dirigida al señor López -sí, señor López, dirigida a usted-y que
decía nada más y nada menos que la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la dignidad es mucho más importante que el poder o el interés del Partido Socialista. Y finalizaba con unas palabras premonitorias de todo lo que ha
acontecido a continuación: Ya no me extraña que cierres más veces los ojos, dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre. A tus palabras las llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos, Patxi! ¡Qué solos nos hemos
quedado los que no hemos cerrado los ojos! (Aplausos). Esa es la cruda realidad, el pensamiento que en este momento embarga a las víctimas del terrorismo: ¿tanto dolor y tanto sufrimiento para nada?
Señorías, hoy desde Unión del Pueblo Navarro, con la cabeza bien alta, sin bajar la mirada ante nadie ni ante nada, vamos a apoyar esta iniciativa para que los terroristas que no se hayan arrepentido no vayan en las candidaturas electorales,
para que los terroristas de ETA que no se hayan arrepentido no se sienten en los ayuntamientos y en los parlamentos, en los escaños de aquellas personas a las que asesinaron. Decía el presidente Sánchez en las últimas elecciones, y con él otros
líderes políticos de otras formaciones
políticas: Es una indecencia que vayan terroristas en las candidaturas de Bildu. Nosotros lo dijimos entonces y desde Unión del Pueblo Navarro lo volvemos a mantener, y por eso votaremos hoy la iniciativa del Partido Popular; como es una
indecencia que ostenten cargos públicos, que formen parte de las direcciones de partidos políticos y que sigan sin colaborar en el esclarecimiento de los más de trescientos asesinatos de ETA sin aclarar; como es una indecencia, señorías, que haya
formaciones políticas que siguen organizando actos de enaltecimiento del terrorismo, que haya actos de enaltecimiento de los propios terroristas y que se siga sin condenar los atentados de ETA. Y mientras esto sucede, el Gobierno no hace nada y
mira para otro lado.
Señorías, el relato del dolor, de la injusticia del terrorismo de ETA, no lo pueden escribir los verdugos, lo tienen que hacer las víctimas, no les quepa ninguna duda. No cabe la complicidad, el blanqueamiento de los terroristas ni tampoco
de aquellos que los amparan o los defienden, esa es la realidad. Por tanto, la única pregunta que cabe finalmente, señora presidenta, es: señores del Partido Socialista, ¿de verdad merece la pena traicionar la memoria de las víctimas? ¿De verdad?
Yo hoy espero y deseo que su voto sea favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Arratsalde on, jaunandreak.
El terrorismo de ETA ha golpeado a la sociedad desde su aparición en 1958 hasta el cese definitivo de sus atentados en 2011 y la disolución definitiva en mayo de 2018. En todo el tiempo de su existencia el ordenamiento jurídico fue
perfeccionándose y dotándose de instrumentos para la defensa de la democracia, tanto desde la legislación orgánica de partidos políticos como de la orgánica electoral, ilegalizando y disolviendo judicialmente partidos por su vinculación con ETA y
proscribiendo la continuidad entre los partidos disueltos y un partido no ilegalizado que pretendiera sucederle o unas candidaturas electorales vinculadas que persiguiesen asegurar su presencia en las instituciones, basándose a tal fin en la
concurrencia de indicios o similitudes sustanciales tales como, entre otras, las personas que compusieran el nuevo partido o candidatura sospechosas de ser continuidad de otras ilegalizadas por su vinculación con la organización terrorista. Se
trataba con ello, señorías, según palabras del Tribunal Constitucional, de impedir el designio defraudatorio de la disolución judicial de un partido a través de la instrumentalización de nuevos partidos o candidaturas electorales ideadas para
asegurar la presencia fáctica del partido disuelto en las instituciones públicas.
Las últimas reformas en este sentido se produjeron en 2011. En ellas se incorporó la exigencia de rechazo al terrorismo de los condenados por esos delitos si figuraban en los órganos directivos de nuevos partidos o en sus candidaturas
electorales o si se quisiera mantener el acta de electo si su candidatura fue presentada por un partido o agrupación declarada ilegal con posterioridad a las elecciones, tratándolo como un caso de incompatibilidad sobrevenida. Sin embargo,
señorías, la virtualidad de esas manifestaciones de rechazo a la violencia terrorista durante la existencia de ETA fue modulada por el alto tribunal exigiendo extremar el rigor a la hora de tener por probado el fraude a una sentencia de disolución
de un partido o agrupación electoral por su vinculación con la organización terrorista, en atención, decía, a la relevancia de los derechos fundamentales en juego y al grave perjuicio para el derecho de participación política y con el pluralismo
político sobre el que se fundamenta el ordenamiento constitucional democrático, llegando a cuestionar el alto tribunal que la negativa a condenar expresamente el terrorismo fuera un indicio bastante para acreditar per se una voluntad defraudatoria y
señalando que más bien sucedía lo contrario, es decir, que la condena inequívoca constituía un contraindicio capaz de desacreditar la realidad de una voluntad defraudatoria deducida a partir de indicios suficientes, llegando a concluir que, si no
había indicios suficientes de afán defraudatorio, no cabía apelar al contraindicio. Ahora bien, si este se producía, la alegada conversión al bien público de separación y rechazo de la criminalidad terrorista requería una prueba contundente,
especialmente si ETA seguía existiendo, al ser la continuidad de la banda terrorista como actor político a través de instrumentalizaciones el problema abordado y a resolver.
Es decir, señorías, el presupuesto de toda la normativa señalada y de la exigencia de manifestación de rechazo a la violencia terrorista era finalmente la existencia de la organización terrorista ETA, que trataba de proyectarse políticamente
en la sociedad a través de instrumentaciones fraudulentas.
En este momento, señorías, trece años después del cese de los atentados de ETA y seis años y medio desde su disolución, se nos presenta la toma en consideración de una iniciativa de modificación de la legislación electoral para declarar la
inelegibilidad de aquellas personas que, habiendo sido condenadas y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo, no acreditaran su rechazo al mismo, iniciativa que tenemos que decir que ya de plano nos enfrenta a la paradoja de que
se pretenda proteger a la sociedad de las consecuencias de la violencia terrorista más ahora, cuando ETA afortunadamente ya no existe desde hace bastantes años, que cuando era presente. Incluso, y a efectos dialécticos, si finalmente llegara a
aprobarse lo que se propone, podría llegar a producirse la paradoja, bastante probable, a resolver también jurídicamente en el futuro, de que se incluyera a personas que hubieran cumplido condena por delitos de terrorismo etarra, pero que no lo
hubieran condenado expresamente, en candidaturas de partidos que en sus estatutos incluyen el rechazo explícito a la violencia al terrorismo de ETA, que consideran motivo de expulsión a sus afiliados que incurran en cualquiera de las conductas que
la ley de partidos considera indicios de apoyo al terrorismo y que para ser incluido en sus candidaturas electorales han de asumir las bases ideológicas y compromisos de actuación política de rechazo a la violencia, incluida la de la organización
terrorista ETA.
En definitiva, señorías -y voy finalizando, presidenta-, estando en juego la efectividad de un derecho fundamental, como es el de participación política y representación y el valor del pluralismo, ponderando los derechos individuales que se
pretenden sacrificar y el interés general del ordenamiento, y en un contexto de afortunada desaparición definitiva de la organización terrorista ETA, no creemos, desde nuestro punto de vista, que debamos dotarnos de instrumentos jurídicos como los
que se contienen en la iniciativa a debate de toma en consideración, sin perjuicio del rechazo moral y ciudadano que pudiera suscitarnos, que nos suscita, quien excarcelado, tras haber cumplido condena, no muestre rechazo al terrorismo y
arrepentimiento por los crímenes terroristas cometidos, máxime cuando aspira a la representación institucional de la ciudadanía a través de un proceso electoral.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora AIZPURUA ARZALLUZ: Arratsalde on. Buenas tardes, señorías del PP.
Debo reconocerles que son ustedes ingeniosos, pero poco originales. Tras un año sin asumir que son ustedes oposición, han encontrado, ahora sí, la fórmula infalible para gobernar: impedir que partidos vascos y catalanes podamos
presentarnos a las elecciones. Y es que, una vez más, pretenden ustedes ganar mediante ilegalizaciones lo que no consiguieron por las urnas. Una vez más, intentan ustedes retorcer la ley electoral para establecer nuevos requisitos, con el objetivo
de impedir el poder concurrir de forma libre a las elecciones, y lo hacen invocando esa ley, aquella ley de partidos hecha ad hoc para impedir durante años la participación política y electoral de cientos de miles de vascos y vascas. Dicho en otras
palabras, pretenden ser ustedes, en función de su parecer, quienes decidan quiénes pueden y quiénes no pueden presentarse a unas elecciones. ¿Saben cómo se llaman los regímenes que hacen esto, señorías? Exacto, lo que están pensando. Y es que
ustedes, señorías del PP, se quejan muy alto, se quejan mucho y muy fuerte por vivir en una malvada dictadura socialcomunista, pero a la hora de la verdad los únicos que pretenden imponer leyes propias de una dictadura son ustedes. Tampoco es que
nos sorprenda, porque el autoritarismo va en su ADN. Su problema no es con las fuerzas políticas vascas o catalanas, su problema, su gran problema es con la democracia: ni la aceptan ni la respetan ni la comparten.
Faltan botatzen dituzue inposizio garaiak, faltan botatzen dituzue zuen epaileek nor bozkatu eta nor ez erabakitzen zituzten garaiak. Baina zuen zoritxarrerako, sentitzen dut esatea garai horiek pasa direla. Gu, behin eta berriz, nekez
kanporatzen saiatu arren, ez dituzuela zuen helburuak lortu. Ez duzue lortuko ilegalizazioen bidez irabaztea hauteskundeetan lortu ez zenutena. Geroz eta hauteskunde gehiago irabazten ditugu Euskal Herriaren luze-zabaleran eta geroz eta
erabakigarriagoak gara kongresu honetan ere. Horregatik, ekartzen duzue gaur proposamen atzerakoi hau eztabaidara. Gu geu legez kanporatzea delako zuek gobernatzen iristeko daukazuten modu bakarra. Gurekin badakizute jai duzuela eta gure esku
dagoen bitartean ez duzuela Estatu hau inoiz, inoiz ere gobernatuko. Eta Euskal Herritarrek aspaldi utzi zioten zuen gezurrak sinisteari. Aspaldi erabaki zuten iraganean iltzatutako zuen asmoak bazter batean uztea, etorkizunera begiratzeko eta
aurrera egiteko. Eta aspaldi hasi ziren, gainera, Euskal Herria Bilduri
babes politikoa eta elektorala ematen, herritarren ongizatea bermatu eta bizi-baldintzak hobetzearen alde editen dugulako. Herritarren eskubide eta askatasunak defendatzeko eta Euskal Herritarrak errespetatzeko lan egiten dugulako. Zuek
ezin duzue gauza bera esan, egia esan.
Mila esker, besterik ez.
Ustedes añoran los tiempos de imposición, añoran los tiempos en que sus jueces decidían a quién votar y a quién no, pero, para su desgracia, lamento decirles que esos tiempos ya han pasado. Por mucho que ustedes intenten expulsarnos
mediante leyes una y otra vez, no han conseguido sus objetivos. No podrán obtener mediante ilegalizaciones lo que no consiguieron en las elecciones. Cada vez estamos ganando más elecciones a lo largo de toda Euskal Herria y cada vez somos más
decisivas y decisivos en este Congreso. Por ello, hoy traen a debate esta retrógrada propuesta, porque ilegalizarnos es la única manera que ustedes tienen para poder llegar a gobernar. Con nosotras y nosotros no les servirá para nada, ya lo saben,
y saben que, mientras esté en nuestras manos, no gobernarán este Estado bajo ningún concepto.
Los vascos y las vascas dejaron de creer en sus mentiras hace mucho. Hace tiempo que decidieron dejar atrás sus pretensiones; unas pretensiones ancladas en el pasado para mirar al futuro y poder avanzar. Y hace tiempo que comenzaron,
además, a dar apoyo político y electoral a Euskal Herria Bildu, porque apostamos por garantizar el bienestar de la ciudadanía y mejorar las condiciones de vida, porque trabajamos para defender los derechos y libertades de las y los ciudadanos y
respetar a la ciudadanía vasca. Y, la verdad, es que ustedes no pueden decir lo mismo.
Por eso ustedes, cada vez tienen menos apoyo en Euskal Herria y nosotras más, por eso ustedes son pasado y nosotras futuro. Miren, cada paso que Euskal Herria Bildu ha dado, cada aportación que hemos hecho en términos de memoria y de
convivencia lo hemos hecho pensando en la sociedad vasca y en todas las víctimas que la violencia ha generado en nuestro país. Lo hemos hecho con memoria y respeto por lo ocurrido y también con el compromiso de avanzar y tejer la normalización y la
convivencia. Ustedes, señorías del PP, no han aportado nada, absolutamente nada y, como vemos, sus únicas propuestas son para retroceder, para volver a un escenario de vulneración de derechos y libertades. No nos encontrarán ahí, y ninguna de sus
provocaciones nos hará movernos un ápice del camino emprendido conjuntamente con la sociedad vasca.
Señorías del PP, invocan ustedes la ley de partidos para sustentar su propuesta de ilegalización encubierta. Pues voy a leerles la primera de las razones que esta ley contempla para una posible ilegalización: Un partido político será
declarado ilegal cuando su actividad vulnere sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por
razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. ¿Saben quiénes son los únicos partidos de esta Cámara que encajan en esta descripción? Efectivamente, ustedes (señala a los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso), el Partido Popular, y sus socios de VOX. (Protestas.-Aplausos).
Acabo, señorías del PP, y lo voy a hacer con un consejo que les doy gratis: yo que ustedes no traería tan a la ligera este tipo de propuestas (protestas)...
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, silencio, por favor.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Escúchenme. Les decía que yo que ustedes no traería tan a la ligera este tipo de propuestas, no vaya a ser que al resto nos dé por plantear, por ejemplo, que ningún partido declarado organización criminal, como
es su caso, pueda presentarse a las elecciones (protestas.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Falso!); o que ningún partido condenado por corrupción, como es su caso (aplausos), pueda presentarse a las
elecciones (varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señalan los escaños del Grupo Parlamentario Socialista mientras pronuncian palabras que no se perciben); o que ningún partido con imputados y condenados por robar,
como es su caso, pueda presentarse a las elecciones. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Tellado Filgueira señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, silencio.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Porque si nos diese por ahí, ustedes tardarían dos generaciones en volver a presentar unas listas. Así que no tienten a la suerte porque a esto podemos jugar todos.
Mila esker. Besterik ez. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua.
Señores diputados del Grupo Popular, les pido silencio. (Protestas). Cuando ha intervenido el portavoz del Grupo Popular, todo el mundo ha escuchado. Todos los diputados y diputadas tienen el mismo derecho en esta Cámara parlamentaria.
(Protestas).
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra... (Rumores). Silencio, un poco de decoro a la Cámara, un poco de educación, por favor. (Protestas.-Varios diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
pronuncian palabras que no se perciben). A ver si somos capaces de estar a la altura de lo que espera la ciudadanía de nosotros y de lo que se merece la ciudadanía, por favor. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Señor Hernando, le llamo al orden
por primera vez.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Bona tarda, senyories. Senyories del PP, crec que necessiten una pausa, un retir, uns exercicis espirituals, reflexionar sobre el que estan fent. Potser no en tindríem prou amb els cinc dies que es va agafar el
senyor Sánchez. Per cert, no cal que ens regalin la carta nyonya de vergonya aliena que ens va dedicar el senyor Sánchez, però sí que els recomano de veritat que s'agafin aquests cinc dies de reflexió perquè realment ho necessiten.
Dic que ho necessiten perquè els veig molt perduts. Mirin, no fa ni un mes, ni un mes, vostès van votar a favor d'una modificació legal en compliment d'una decisió marc europea que acosta l'ordenament jurídic espanyol a l'estat de dret
europeu. I ara, avui, amb la seva proposta, ens proposen una reforma en direcció exactament contrària, més pròpia de la Veneçuela chavista que tant els obsessiona que d'una democràcia europea.
Vostès saben que la convalidació a l'estat espanyol de les condemnes de presó complertes en altres països d'Europa, la reforma legal aprovada per unanimitat en ponència, en comissió i en aquest mateix Ple, acaba amb una ignomínia jurídica
com és la doble imposició de pena per uns mateixos fets delictius. És de primer de seguretat jurídica en qualsevol estat democràtic i de dret, i encara més si pretén ser part de l'ordenament jurídic europeu, que no es poden imposar dues penes per
uns sols fets.
Eliminar la doble pena és imprescindible per molta demagògia que vostès facin, amb els efectes que aquesta mesura generarà en els presos d'ETA. De fet, vostès no tenen ni tan sols voluntat de venjança. És únicament soroll, pur teatre,
perquè vostès saben perfectament que no és possible imposar dues penes per uns mateixos fets delictius. Encara avui no he sentit ni un sol argument jurídic que justifiqui aquesta doble imposició de penes, ni un.
Doncs bé, quan vostès van votar a favor -per cert, juntament amb VOX- ni que fos per equivocació, van votar a favor d'aquesta reforma, es van acostar als principis bàsics del dret penal i democràtic de l'Estat de dret europeu, que parteix de
la raó en lloc de l'estómac i que aspira a la pau social i no a la venjança. Van votar, ni que fos per equivocació, d'acord amb els principis democràtics que parteixen de la dignitat de la persona que prohibeix les penes inhumans o degradants. Res
més que el que diu l'article 15 de la Constitució espanyola. Res més que això.
Sense voler-ho, ho van fer bé i ara, en canvi, tornen a proposar una reforma contrària als drets i les llibertats dels ciutadans i que l'únic que busca és reforçar la judicialització de la política, el govern de les togues, en aquest cas el
govern de la Junta Electoral, per la via d'impedir, mitjançant una institució inacceptable democràticament com és la inelegibilitat per motius ideològics, el dret a la participació política. Una mesura contrària a la llibertat ideològica i al
pluralisme polític. Quin és el proper pas? La il·legalització dels partits independentistes o de qualsevol partit la ideologia del qual no els agradi?
La seva proposta és una empanada de democràcia militant, és a dir, antidemocràtica, sense cap ni peus, començant per l'exposició de motius muntada a base de sentències nefastes dictades per un Tribunal Constitucional ultraideologitzat, el
mateix que va dictar la sentència de l'Estatut, que es creia més defensor de la Constitució que no Tribunal Constitucional. Començant per la part, deia, de l'exposició de motius i acabant per la part dispositiva, tot plegat és una proposta que no
té cap sentit.
Jo el que entenc és que se senten molt culpables per haver votat a favor de la convalidació de les penes i ara han de recuperar terreny repressiu i per això branden l'espantall d'ETA per enèsima vegada.
Ara, amb una iniciativa de règim electoral radicalment antidemocràtica, com és la de supeditar el dret de sufragi passiu, el dret a l'elegibilitat, a una inèdita declaració dels candidats de refús del terrorisme, de penediment, de
sol·licitud de perdó i de compliment de penes accessòries i responsabilitat civil.
I es queden curts. Es queden molt curts. Per què no obliguen a besar la rojigualda i a cridar 'Viva España y viva el Rey'? Potser seria un pas més. Afegeixin aquesta mesura també. Ara també els hi dic si canvien de bandera i agafen la
de Veneçuela, els hi quedaria una democràcia chavista al 100 %, això que tant vostès denuncien. Vostès s'omplen la boca amb el chavisme que hi ha al darrere de la intervenció dels mitjans de regeneració democràtica que proposa el senyor Sánchez i
tenen raó. I tenen raó. Però és que amb tota aquesta parafernàlia de democràcia militant que avui ens presenten, els aconseguirien superar.
Bé, parlant seriosament, si és que fos possible en aquest context, tot plegat és un despropòsit que saben que només té una voluntat estrictament retòrica. Ja els vaig dir fa cinc setmanes que, posats a reformar la LOREG, el que proposen...,
el que proposem des de Junts per Catalunya és just el contrari del que proposen vostès: Enlloc d'afegir requisits estúpids que no venen al cas des d'un punt de vista democràtic al 6.2 de la LOREG, el que proposem és derogar el seu apartat b sencer,
derogar una de les normes de l''a por ellos', que permet a la Junta Electoral Central -un òrgan de l''a por ellos'- declarar la elegibilitat sobrevinguda de persones no condemnades per sentència ferma. Per tant, una mesura que es passa directament
per l'engonal la presumpció d'innocència. I no només per delictes greus, com la rebel·lió o el terrorisme, com era inicialment aquesta mesura, sinó des del 2015 per simples delictes contra l'administració.
Derogar l'article..., l'apartat b), perdó, de l'article 6.2, que, per la via d'una interpretació judicial demencial, avantposa la decisió d'un òrgan administratiu com és la Junta Electoral a la sobirania popular, representada per un òrgan
constitucional, per un poder de l'Estat, com són aquestes Corts Generals. Això és el que els hi proposem. Un article aquest, el 6.2 apartat b), que ha passat a ser una arma de destrucció massiva de la presumpció d'innocència i dels drets polítics
en mans dels jutges. Un article que, en la seva redacció actual, respon ja a una plantilla basca contrària als principis bàsics de l'estat democràtic, que també es va aplicar als representants polítics catalans, per exemple, al president Joaquim
Torra, a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs o també el company diputat de les Corts Generals, d'aquest Congrés, Alberto Rodríguez.
En definitiva, senyors del PP, aclareixin-se. I ja que vostès tenen molta disponibilitat per presentar iniciatives, pensin una mica més en el que presenten. De fet, vostès saben i nosaltres també sabem que de feina n'hi ha molta. I
l'últim que interessa per millorar el règim electoral és dificultar l'exercici del sufragi passiu i imposar el dret electoral a la sobirania parlamentària i al dret parlamentari.
Moltes gràcies.
Buenas tardes, señorías.
Señorías del PP, creo que necesitan una pausa, un retiro, unos ejercicios espirituales, reflexionar sobre lo que están haciendo. Quizás no bastaran los cinco días que ha pedido el señor Sánchez -por cierto, no hace falta que nos regalen la
carta ñoña que nos dedicó el señor Sánchez-, pero les recomiendo de verdad que tengan estos cinco días de reflexión, que son muy necesarios. Digo que son necesarios porque los veo muy perdidos. Miren, no hace ni un mes que ustedes votaron a favor
de una modificación legal en cumplimiento de una decisión marco europea que acerca el ordenamiento jurídico español al Estado de derecho europeo, y, ahora, hoy con su propuesta nos proponen una reforma en la dirección totalmente contraria, más
propia de la Venezuela chavista, que tanto les obsesiona, que de una democracia europea.
Ustedes saben que la convalidación en el Estado español de las condenas de prisión hechas en otros países de Europa -la reforma legal aprobada por unanimidad en ponencia, en comisión y en este mismo Pleno- acaba con una ignominia jurídica
como la doble imposición de pena por unos mismos hechos delictivos. En cualquier Estado democrático de derecho es una disposición jurídica, sobre todo si se quiere formar parte del ordenamiento jurídico europeo. Se sabe que no se pueden imponer
dos penas por un solo hecho. Eliminar la doble pena es indispensable, por mucha demagogia que hagan con los efectos que esta medida generará en los presos de ETA. De hecho, ustedes no tienen ni la voluntad de venganza, es solo ruido, puro teatro,
porque ustedes saben perfectamente que no es posible imponer dos penas por unos mismos hechos delictivos.
Hoy en día no he oído ni un solo argumento jurídico que justifique esta doble imposición de penas, ni uno. Por lo tanto, cuando ustedes votaron con VOX, por cierto, aunque fuera por equivocación, a favor de esta reforma, se acercaron a los
principios básicos del derecho penal y democrático del Estado de derecho
europeo, que parte de la razón y no del estómago, que aspira a la paz social y no a la venganza. Votaron quizás por equivocación, pero los principios democráticos parten de la dignidad de la persona y prohíben las penas inhumanas o
degradantes, nada más que lo que dice el artículo 15 de la Constitución española; solamente esto.
Sin quererlo, lo hicieron bien, y ahora, en cambio, vuelven a proponer una reforma contra los derechos y las libertades de los ciudadanos, y lo único que quieren es reforzar la judicialización de la política, el gobierno de las togas, en
este caso el gobierno de la Junta Electoral, a fin de impedir, a través de una institución inaceptable democráticamente como es la inelegibilidad por motivos ideológicos, el derecho a la participación política, una vía contraria a la libertad
ideológica y al pluralismo político.
¿Cuál es el paso siguiente, la ilegalización de los partidos independentistas o de cualquier partido de una ideología que no nos guste? Su propuesta es una empanada de democracia militante, es decir, antidemocrática, sin pies ni cabeza,
empezando por la exposición de motivos, montada a base de sentencias nefastas dictadas por un Tribunal Constitucional ultraideologizado, el mismo que dictó la sentencia del estatuto, que se creía más defensor de la Constitución que el Tribunal
Constitucional, empezando por la parte de la exposición de motivos y acabando por la parte dispositiva.
Todo en su conjunto es una propuesta que no tiene ningún sentido, y lo que entiendo es que se sienten culpables por haber votado a favor de la convalidación de las penas y ahora tienen que recuperar terreno represivo, y por eso presentan
este espanto por enésima vez; ahora, con una iniciativa antidemocrática como la de supeditar el derecho de sufragio pasivo, el derecho a la elegibilidad, a una inédita declaración de los candidatos del rechazo del terrorismo y de cumplimiento de
penas accesorias. Se quedan cortos, muy cortos. ¿Por qué no obligan a besar la roja y amarilla y a gritar 'viva España y viva el rey'? Quizás sería un paso más, podrían añadir esta medida. También les digo que si cambian de bandera y cogen la de
Venezuela, les quedaría una democracia chavista al cien por cien, esto que tanto denuncian ustedes. Ustedes se llenan la boca con chavismo, un chavismo que está detrás de la intervención de los medios de regeneración democrática que propone el
señor Sánchez, y tienen razón, pero es que en toda esta parafernalia de democracia militante que nos presentan hoy, los podían superar.
Hablando seriamente, si es posible en este contexto, todo esto es un despropósito. Saben que solo tiene una voluntad retórica. Ya les dije hace cinco semanas que, puestos a reformar la ley, lo que propone Junts per Catalunya es lo
contrario de lo que proponen ustedes: en vez de añadir requisitos estúpidos que no vienen al caso desde el punto de vista democrático del 6.2 de la LOREG, proponemos derogar su apartado b) entero, derogar una de las normas de 'a por ellos' que
permiten a la Junta Electoral Central -un órgano del 'a por ellos'- declarar la inelegibilidad sobrevenida a personas no condenadas; por lo tanto, una medida que pasa directamente de la presunción de inocencia no solo por delitos graves, como
rebelión y terrorismo, como planteaba inicialmente esta medida, sino, desde 2015, por simples delitos contra la Administración. Derogar el apartado b) del artículo 6.2 que, por la vía de la interpretación judicial demencial, antepone la decisión de
un órgano administrativo, como es la Junta Electoral, a la soberanía popular representada por un órgano constitucional, por un poder del Estado, como son estas Cortes Generales. Esto es lo que proponemos. Un artículo 6.2 apartado b) que ha pasado
a ser un arma de destrucción masiva de la presunción de inocencia y de los derechos políticos en manos de los jueces. Un artículo que en su redacción actual responde a una plantilla vasta contraria a los principios básicos del Estado democrático,
que también se aplicó a los representantes políticos catalanes como al presidente Joaquim Torra, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, o al compañero de este diputado del Congreso, Alberto Rodríguez.
En definitiva, señores del PP, aclárense y, ya que tienen mucha disponibilidad para presentar iniciativas, piensen un poquito más en lo que presentan; de hecho, ustedes saben -y nosotros también sabemos- que hay mucho trabajo, y lo último
que interesa para mejorar el régimen electoral es hacer todavía más difícil el ejercicio del sufragio pasivo imponiendo el derecho electoral a la soberanía parlamentaria y al derecho parlamentario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gràcies, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal, por un tiempo de siete minutos.
El señor ÁLVARO VIDAL: Bona tarda, presidenta. Senyories, som davant un nou tomb de cargol d'una estratègia que el PP està portant fins la nàusea. fins l'exhauriment. He rellegit, he llegit i rellegit,
senyories del PP, la seva proposició i la conclusió que trec és com si ETA encara existís. Vostès funcionen com si ETA encara existís. Quins grans estrategues, senyories del PP! Quan els historiadors del futur analitzin aquesta època
quedaran totalment, en fi, fliparan, fliparan.
He arribat a la conclusió que vostès practiquen una política que podem anomenar la política de la 'síndrome del membre fantasma'. Tradueixo: Practican ustedes la política basada en el síndrome del miembro fantasma, que és una cosa molt
coneguda a la medicina. Al PP li falta alguna cosa sempre. Sempre es troba a faltar allò que es va resumir com el 'todo es ETA'. Vostès es palpen, es toquen i sempre falta el 'todo es ETA'. I aleshores invoquen això, tenen aquesta necessitat.
Són presoners i presoneres vostès d'això.
Per tant, podem dir que, malgrat que afortunadament ETA ja no existeix, vostès han convertit aquest membre fantasma en el centre de la política. I això diu molt de vostès com a oposició. Diu tristament que no saben fer res més. Diàriament
han de fer això. A persones que han estat condemnades per terrorisme i han complert la pena, el PP els vol exigir una cosa que, com s'ha dit, és inconcebible en una democràcia homologada. El PP vol que aquestes persones facin una cosa semblant a
un auto de fe de la Inquisició. Sí, sí, una mena d'auto de fe en què, si no diuen que practiquen la ortodòxia constitucional, seran exclosos del joc democràtic. És una cosa moderníssima, una cosa tremenda. Vigilin que no vinguin d'Aràbia Saudita
i els imitin.
Saben vostès, senyories del PP, que moltíssims catalans i bascos, etcètera, no podrien ser elegits aplicant això? Però no necessàriament persones que han complert pena. Simplement jo mateix, que no he estat inculpat mai de terrorisme, no
podria ser diputat d'aquesta cambra perquè no compleixo l'ortodòxia que vostès demanen. Fixin-se quants pecats tinc: Soc independentista, soc republicà. Em considero català i europeu i no em calen fases intermèdies. No podria ser mai diputat
d'aquesta cambra. És una cosa terrible. (Aplausos).
Però lamento molt dir a les senyories del PP que soc aquí perquè m'han votat dones i homes de Catalunya, com ens han votat a representants de partits bascos, catalans, gallecs, per dir justament el que estem dient aquí: Que la Constitució
espanyola no és un llibre sagrat, encara que vostès a conveniència vulguin i que, una cosa important, no tenim l'obligació de pensar el mateix que vostès. No, això és una conquesta de la democràcia, de l'estat, de dret, de la modernitat. No sé si
els sona.
Senyories, el PP només a efectes tècnics: Quan comença la cacera de bruixes? Quan comença la cacera de bruixes? Ho dic per estar preparat, clar, perquè quan vindrà la policia del pensament a casa meva a saber si jo tinc la bandera
espanyola o una foto del rei? Que potser la tinc del revés, potser la tinc del revés, és clar. Senyories del PP, els advertiré d'una cosa: Vigilin que això que demanen avui no els ho apliquin a vostès altres que estan a la seva dreta; vigilin
que aquells que estan alimentant, com VOX, un dia no els apliquin a vostès això. Perquè, és clar, sempre hi ha algú més ortodox que altre i no es trobin atrapats.
Buenas tardes, presidenta.
Señorías, estamos delante de una nueva estrategia que el PP está llevando hasta la náusea, hasta el agotamiento. He leído y he vuelto a leer, señorías del PP, su propuesta. La conclusión que saco es como si ETA existiera todavía. Ustedes
funcionan como si ETA existiera todavía. ¡Qué grandes estrategas, señorías del PP! Cuando los historiadores del futuro analicen esta época, se quedarán totalmente... fliparán.
He llegado a la conclusión de que ustedes practican una política que podemos llamar la política del síndrome del miembro fantasma. Traduzco: practican ustedes la política basada en el síndrome del miembro fantasma, que es una cosa muy
conocida en medicina. Al PP le falta algo, siempre le falta algo, siempre le falta lo que se resumió como 'todo es ETA'; se palpan, se tocan y siempre falta el 'todo es ETA' y, entonces, invocan esto. Tienen esta necesidad, son prisioneros y
prisioneras de esto. Por lo tanto, podemos decir que, a pesar de que afortunadamente ETA ya no existe, ustedes han convertido este miembro fantasma en el centro de la política, y esto dice mucho de ustedes como oposición. Tristemente, dice que no
saben hacer nada más. Diariamente tenemos que hacer esto.
A personas que han sido condenadas por terrorismo y han cumplido la pena, el PP les quiere exigir una cosa que, como decía, es inconcebible en una democracia homologada. El PP quiere que estas personas hagan una cosa similar a un auto de fe
de la inquisición. Sí, sí, una especie de auto de fe en el que, si no se dice que practican la ortodoxia constitucional, serán excluidos del juego democrático, una cosa muy moderna, una cosa tremenda. Cuidado, que no vengan de Arabia Saudí y los
imiten.
¿Ustedes saben, señorías del PP, que muchísimos catalanes, vascos, etcétera, no podrían ser elegidos si se aplicara esto? Pero no necesariamente personas que han cumplido penas; simplemente yo mismo, que no he estado nunca inculpado por
terrorismo, no podría ser diputado de esta Cámara, porque no cumplo la ortodoxia que ustedes piden. Fíjense cuántos pecados tengo: soy independentista, soy republicano, me considero catalán y europeo; nunca podría ser diputado de esta Cámara. Es
una cosa terrible. (Aplausos).
Pero lamento decir, señores del PP, que estoy aquí porque me han votado hombres y mujeres de Cataluña, como nos han votado a los representantes de los partidos vascos, catalanes y gallegos para decir justamente lo que estamos diciendo aquí:
que la Constitución española no es un libro sagrado, aunque ustedes lo quieran. Y, quizás una cosa importante, no tenemos la obligación de pensar lo mismo que ustedes; no, esto es una conquista de la democracia, del Estado de derecho, de la
modernidad. No sé si os suena.
Señorías del PP, solo a efectos técnicos, ¿cuándo empieza esta caza de brujas? Lo digo para estar preparado. Porque, claro, ¿cuándo vendrá la policía del pensamiento a mi casa para saber si tengo la bandera española o una foto del rey en
casa, que quizás la haya puesto al revés, quizás sí?
Señorías del PP, les avisaré de una cosa: vigilen que esto que están pidiendo hoy no se lo apliquen a ustedes otros que están a su derecha; cuidado, que aquellos que están alimentando, como VOX, un día no les apliquen a ustedes esto mismo,
porque, claro, siempre hay alguien más ortodoxo que uno, y no se encuentren en este caso aterrados.
Señorías del PP, les voy a leer un texto y espero que lo escuchen atentamente -abro comillas-: 'Bildu no es ETA; es una coalición formada por EA, Aralar y Alternatiba, donde el mayor peso político lo tiene la izquierda abertzale. Que todo
sea ETA no es cierto, pero quien controla Bildu es quien decía hasta anteayer 'ETA, mátalos' o justificaba un atentado. Aun así, este diagnóstico objetivo no debe condicionar el futuro. El futuro de la sociedad vasca, guste o no en determinados
sitios, se tiene que construir también con Bildu. Un político tiene que ser capaz de trascender de sus tripas para proyectar un futuro mejor de lo que ha sido el pasado'. ¿Saben quién ha dicho esto? Uno al que le podrían aplicar ustedes esto.
¿Saben quién? El señor don Borja Sémper, que no me está escuchando. ¡Cuidado, que tienen el enemigo en casa! El señor Sémper, muy amable y simpático, dijo esto en enero de 2013, revista Jot Down; cuidadín, cuidadín.
Senyories del PP, quant de temps ens costarà el seu error sobre les convalidacions de les penes? Quant de circ i contorsió haurem d'aguantar per aquest error? Quantes fotos haurem de veure del senyor Tellado? Quant malabarisme dialèctic i
absurd haurem d'aguantar pel seu terrible error? És clar, entenc que és més fàcil fer tota aquesta comèdia que tallar caps al partit. Ja ho entenc, ja ho entenc, però és bastant lamentable. Si us plau, si vostès s'equivoquen, no ens ho facin
pagar a tots.
Qui farà, per cert, la llista de bons i de mals espanyols? El señor Borja Sémper, persona molt amable i cordial, estarà a la llista dels mals espanyols o dels bons? Diguin, diguin, si us plau. La reforma que proposa el PP, senyories, ens
col·loca en una democràcia excloent i liberal. Fins i tot en el concret concepte d'una democràcia militant, el que fan vostès és aberrant. Fins i tot en el concepte de democràcia militant és aberrant.
Per cert, els recordo que el meu partit, Esquerra Republicana, va ser un partit exclòs de les primeres eleccions del 15 de juny del 1977. Per tant, nosaltres estem absolutament acostumats. Si ens han d'excloure, ens trobaran preparats.
I abans d'acabar, senyora presidenta, vull recordar una figura històrica que no només va ser exclosa, sinó que va ser assassinada pel franquisme fa 85..., 84 anys. Parlo del president Lluís Companys, president de Catalunya, que fou lliurat
per la Gestapo a Franco i que Franco ordenà la seva condemna i la seva mort en un judici farsa. Som fills de Companys i de Macià, de moltes lluites i exilis, sempre per la llibertat de Catalunya i la justícia social.
Gràcies.
Señorías del PP, ¿cuánto tiempo nos costará su error sobre las convalidaciones de las penas? ¿Cuánto circo tenemos que aguantar por este error? ¿Cuántas fotos tendremos que ver del señor Tellado? ¿Cuántos malabarismos dialécticos y
absurdos tendremos que aguantar por su terrible error? Claro, entiendo que es mucho más fácil hacer toda esta comedia que cortar cabezas del partido. Lo entiendo, pero es bastante lamentable. Por favor, si ustedes se equivocan, no nos lo hagan
pagar a todos. ¿Y estará en la lista de los malos españoles el señor don Borja Sémper o estará en la de los buenos? Díganmelo.
La reforma que propone el PP, señorías, nos coloca en una democracia excluyente y liberal, incluso en el concepto de una democracia militante, lo que hacen ustedes es aberrante. Por cierto, recuerdo que mi partido, Esquerra Republicana, fue
un partido excluido en las primeras elecciones del 15 de junio de 1977. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente acostumbrados. Si nos han de excluir, nos encontrarán preparados.
Y, antes de acabar, señora presidenta, quisiera recordar una figura histórica, que no solo fue excluida, sino que fue asesinada por el franquismo hace 84 años. Hablo del presidente de Cataluña Lluís Companys, que fue liberado por la Gestapo
a Franco, y Franco ordenó su condenación y su muerte en un juicio farsa. Son hijos de Companys y de Macià, de muchas luchas y exilios, siempre por la libertad de Cataluña y la justicia social.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Republicano, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gràcies, señor Álvaro. (El señor Sémper Pascual pide la palabra).
Señor, Sémper, ¿por qué pide la palabra?
El señor SÉMPER PASCUAL: En aplicación de los artículos 72.1 y 71.1 quería tomar la palabra para aclararle una cuestión, que es quizás moral y, por lo tanto, lejana al portavoz del Grupo Republicano, que frivoliza con el terrorismo y que
frivoliza con la historia de este país y 'pelillos a la mar'. Solo quería explicarle una cosa.
La señora PRESIDENTA: Tiene dos minutos, señor Sémper.
El señor SÉMPER PASCUAL: La cuestión fundamental -insisto, haré un esfuerzo didáctico porque moralmente usted está lejos de estos principios y lo entiendo, pero me parece necesario hacer este esfuerzo- es que la señora Aizpurua todavía cree
que asesinar a guardias civiles, a policías nacionales, a concejales del Partido Socialista y del Partido Popular tuvo una razón de ser. Y hasta que no cambie, y hasta que no renuncie a ese pasado, y hasta que moralmente no haya una enmienda a la
totalidad de la historia de Bildu, no se pueden homologar al resto de partidos políticos y, por eso, es una inmoralidad pactar con ellos. Se podrán sentar aquí y podrán ser legales, pero no son moralmente aceptables, algo que ustedes, como no
tienen límite moral, sí aceptan. (Aplausos).
Esto es lo que quería aclarar. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez Hierro, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Arratsalde on.
He de decir, señorías del PP, que cada día son ustedes más originales en sus formas de traer a ETA al debate, porque nos traen aquí una ley que es una descarada restricción de derechos fundamentales. Yo sé que en sus filas no está muy de
moda, pero yo sí que me he leído lo que vamos a debatir y ¡vaya joya! En todo caso, vamos a ello.
En su exposición, primero, hablan ustedes de definir con rigor los requisitos para ejercer las altas funciones de representación. Pareciera que ustedes quieren volver a una especie de sufragio censitario, o algo así. Nosotros, cuando
leemos en el artículo 68.5 de la Constitución que son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de los derechos políticos, damos por hecho que, salvo contadas excepciones, cumplen este requisito todas las personas españolas
mayores de 18 años. No menciono esto por pura anécdota, sino porque lo han escrito ustedes en su proposición de ley y porque el Grupo Parlamentario Popular ha traído hoy a esta Cámara una proposición que, más allá de la literalidad, desvela una muy
peligrosa tendencia: la de utilizar la legislación para poner límites arbitrarios a los derechos políticos, y lo hace además bajo el pretexto de que es necesario proteger la democracia.
Señorías, aquí lo que estamos viendo es un intento claro de restringir la participación política mediante criterios ideológicos. En SUMAR creemos firmemente que las ideas se combaten con ideas, es la esencia misma de la democracia. No
podemos caer en la tentación de excluir a aquellos cuyas ideas no nos gustan o incluso nos parecen despreciables, que es lo que puedo pensar yo de alguien que no condena el terrorismo o la violencia. ¡Si es que lo ha dicho el señor Sémper ahora
mismo! Puedes estar moralmente en desacuerdo, moralmente lejos de lo que supone condenar la violencia del terrorismo para hacer política, pero tienen derecho a estar aquí y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a condenar políticamente
lo que hacen. Como decía, las personas, por muy despreciables que puedan parecernos sus ideas, tienen derecho a presentarse a las elecciones y a ser elegidas si así lo decide la ciudadanía. Y si esas ideas son erróneas, si esas ideas son
peligrosas, nos corresponde a nosotros entrar de lleno al combate político ideológico para ponerles coto, como hacemos nosotros cada vez que aquí, en esta tribuna, hay gente que se sube a expandir ideas racistas, fascistas o machistas. Les
combatimos con nuestras ideas y con nuestras palabras. (Aplausos). Porque nosotros no tenemos miedo al debate, lo valoramos, lo defendemos, porque la democracia no se construye desde la exclusión, se construye desde la participación.
Lo que hoy nos propone el Grupo Popular no es un debate, es una limitación preventiva, es un filtro ideológico y eso, señores, es profundamente antidemocrático. De hecho, la convención internacional sobre derechos civiles y políticos
subraya, y lo deja muy claro, que las restricciones a los derechos de participación política deben ser proporcionales y no discriminatorios. Esta propuesta impone una restricción preventiva que no se basa en la comisión de un delito, se basa en la
falta de condena de un acto específico, que es el terrorismo. Esto, señorías, es una restricción arbitraria de los derechos políticos que no responde ni a criterios objetivos ni a criterios proporcionales, que es lo que pide la convención
internacional de derechos civiles y políticos. Lo que plantean ustedes es una medida que sienta un precedente peligroso en lo que a los derechos fundamentales se refiere. Se condicionan a la adhesión a ciertas posturas políticas y, lo que es aún
más grave, supone una violación de la libertad de conciencia, un derecho que deberíamos proteger por encima de todo, por mucho que no nos gusten las ideas, por mucho que repudiemos moralmente las ideas que representan muchas personas, porque esto no
es indisociable.
Por otro lado, hablan ustedes en su propuesta, citando la Ley de Partidos Políticos -que lo de la Ley de Partidos daría para otro debate, pero no hoy-, sobre las restricciones que se deben imponer a quienes puedan amenazar la democracia o
justificar cualquier forma de discriminación. Y yo les pregunto: según su criterio, ¿qué ocurre con quienes niegan la violencia machista? ¿Qué pasa con quienes promueven políticas racistas y con quienes elaboran leyes como la ley mordaza, una ley
que claramente restringe derechos fundamentales como la libertad de expresión? ¿Acaso no supone eso también una amenaza para la democracia? ¿Acaso no justifica eso también la discriminación? Para ustedes las amenazas a la democracia solo se
consideran serias cuando sirven a sus intereses. Cuando tienen que gobernar con los racistas no ven ninguna amenaza para la democracia. Pero lo peor de todo es que el verdadero trasfondo de esta propuesta no es proteger nuestra democracia ni
garantizar los derechos de las víctimas del terrorismo, no nos engañemos. Lo que el Grupo Popular busca con esta ley es volver a traer a ETA al centro del debate político trece años después de que la banda terrorista haya dejado de matar y, sobre
todo, una semana después de su metida de zanca, un recurso más para mantener la ficción de que su líder está en plena forma política, cuando la realidad es que apenas tiene ideas para afrontar los problemas del presente; una excusa más para atacar
a un Gobierno que sigue adelante. Se lo hemos dicho en más de una ocasión y se lo repetiremos las veces que haga falta: es legítimo que ustedes se opongan a este Gobierno y a sus alianzas para salir adelante, eso es política, es el juego
democrático, pero lo que no es legítimo, lo que es éticamente inaceptable es usar el dolor de las víctimas del terrorismo para obtener rédito político. No lo hagan, no caigan en esa tentación, las víctimas del terrorismo merecen respeto, apoyo,
reparación y no ser utilizadas como arma política para atacar a este Gobierno o para volver a un debate que, afortunadamente, la sociedad ha dejado atrás. Voy a repetir algo que ya he dicho en esta Cámara, porque creo que es la cuarta o la quinta
vez que salgo a hablar del mismo tema. Afortunadamente, la sociedad vasca ha avanzado, y mucho, y para seguir avanzando no necesitamos restricciones de derechos fundamentales. Lo que necesitamos es seguir profundizando en el proceso de memoria, en
el proceso de reparación y en el proceso de convivencia con el que muchos llevamos muchos años comprometidos. Necesitamos seguir construyendo un relato compartido. Y le digo al señor Catalán: el relato compartido lo construimos todos, toda la
sociedad, no solo unas personas; tiene muchas aristas y lo construimos de manera colectiva, porque eso es lo que hace que los relatos sean compartidos en una sociedad, es lo que hace que consigamos deslegitimar la violencia y garantizar la no
repetición de esta, porque necesitamos seguir reconociendo y apoyando a todas las víctimas sin distinciones. Esto, además, me permite hoy recordar a Lasa y Zabala en el 40.º aniversario de su desaparición, de su posterior tortura y asesinato.
(Aplausos).
Voy terminando. Señorías, este es el verdadero camino para consolidar la democracia. No es a través de las restricciones arbitrarias ni de las imposiciones ideológicas. No es desde la exclusión ni la restricción de derechos, es
confrontando ideas, por muy despreciables que sean, y con respeto a los derechos fundamentales. Por eso, en SUMAR rechazamos y vamos a votar en contra de esta proposición de ley;
no porque minimicemos el dolor de las víctimas del terrorismo, sino precisamente porque lo respetamos, porque creemos que esta cuestión se debe tratar con la sensibilidad y con la atención que merece y no ser utilizada para obtener rédito
político. Votaremos en contra de esta proposición de ley porque creemos en una democracia sólida, abierta y participativa en la que los derechos no se condicionan ni se limitan por intereses partidistas.
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García, por un tiempo de siete minutos.
Cuando quiera. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
La reforma que propone el Grupo Popular de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General consiste esencialmente en añadir una letra c) al apartado 2 del artículo sexto de tal ley, al efecto de que no puedan participar en listas electorales
aquellos que, habiendo sido condenados, incluso habiendo cumplido su condena, no acrediten de manera fehaciente ni su arrepentimiento, ni el dolor causado, ni su disposición a colaborar con la justicia, ni el cumplimiento de las penas accesorias o
de la satisfacción de la totalidad de la responsabilidad civil a la que fueron condenados. Así expuesto, nosotros no podemos sino adherirnos a esta proposición, por lo que anuncio que votaremos a favor de esta.
Ahora bien, este debate ha sido muy oportuno para que los diversos grupos aclaren sus posturas sobre el particular y también para que el Grupo Popular -espero que de una vez por todas- comprenda que llega tarde y mal por insuficiente a
aquello que pretende, y que además incurre en contradicciones con decisiones y posturas suyas del pasado, no más allá de la anterior legislatura, como veremos inmediatamente. Es muy tarde como resulta de la propia exposición de motivos de esta
proposición, que cita la muy conocida sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003, que declaró ilegales los partidos de Batasuna, Herri Batasuna y un tercero, otras sentencias de ilegalización entre 2003 y 2011 y dos sentencias del
Tribunal Constitucional, una de ellas de 2011 y otra de 2012. Además, la propia exposición de motivos reconoce que a partir de 2011 -entrecomillo-'han vuelto más de un centenar de condenados por delitos de terrorismo a ser incluidos en candidaturas
por distintos procesos electorales'. Año 2011, estamos en 2024, ¿trece años han precisado ustedes para reflexionar y proponer lo que hoy traen a esta Cámara a debate, y con mayor motivo habiendo sido partido gobernante en España precisamente desde
2011 hasta 2018 y habiendo estado ininterrumpidamente presentes en este Congreso desde entonces? Pues perdonen ustedes, pero verdaderamente incurren en aquello que en el tema de nuestro tiempo Ortega llamó el vulgo retardatario, por muchos motivos
que luego ampliaré. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. En primer lugar, nosotros ya presentamos en marzo de este año -está pendiente de ser debatida aquí- una proposición de ley para que también sean inelegibles, es decir, que no puedan
concurrir a procesos electorales cualesquiera que estos sean, aquellos que sean sujetos de un auto de detención, que no consientan en ser detenidos o entregarse a autoridades españolas, que no comparezcan ante los tribunales de justicia cuando son
llamados a declarar en condición de imputados por delitos contra la Administración pública, las instituciones del Estado, la Constitución o delitos de sedición o terrorismo, siempre y cuando no comparezcan por causa injustificada. Me parece que es
algo más ambicioso de lo que plantea el Grupo Popular y plenamente legítimo, habida cuenta de las circunstancias en que vivimos, siquiera sea por esto.
¿Y qué decir, señores diputados del Grupo Popular, de la ilegalización de los partidos políticos que actúen no por su ideología, sino que realicen actuaciones contrarias a la unidad nacional y con mayor motivo cuando estas hayan sido
constitutivas de delitos por los que hayan sido condenados miembros de tales partidos? (Aplausos). ¿Por qué se opusieron ustedes a la ilegalización en la legislatura anterior? Yo solo voy a recordar al señor Bermúdez de Castro. Usted aquí,
errónea e indebidamente asesorado, invocó que España no era un sistema político de democracia militante -como lo es la República Federal de Alemania- sino que es de democracia no militante con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español. Bueno, ya le explicamos a usted que eso era erróneo, era incongruente, porque nuestra proposición, insisto, no hablaba de ilegalización por razones ideológicas ¡sino de ilegalización por actuaciones constitutivas de delito! Me parece
evidente que con arreglo a esto, si hubiera prosperado, hoy podrían ser ilegales en España por ejemplo ERC y Junts, porque los dos colaboraron en el golpe de Estado de 2017. Pero a ustedes esto no les pareció bien, de nuevo de una forma un poco
pretenciosa
intelectualmente pero errada, invocando una doctrina que no resultaba de aplicación al caso y que era claramente incongruente con lo propuesto. ¿Pero qué queda de esta doctrina famosa de la democracia no militante? ¿Qué queda si leemos la
exposición de motivos de esta proposición en la que se invoca la sentencia del Tribunal Constitucional 138/2012, que menciona una serie de conductas que por su manifiesta oposición al principio democrático y al pluralismo político pueden dar lugar a
la ilegalización de un partido político y por extensión anular sus candidaturas? El Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 15 de esa sentencia que ustedes citan torpemente -porque no coadyuva al razonamiento que ustedes hacen aquí- dice
lo siguiente refiriéndose a la equiparación de violencia terrorista y coacción legítima por parte del Estado: 'En una democracia como la implantada por la Constitución de 1978 tal equiparación pugna con el hecho de que en ella pueda defenderse
cualquier opción política, siempre que se haga por procedimientos genuinamente democráticos, es decir, sin incurrir en conductas que, tipificadas como delitos, determinan la actuación de las fuerzas de orden público'. ¡Exactamente lo que sucedió en
octubre de 2017 en Cataluña protagonizado por los partidos antes mencionados! (Aplausos). ¡Y exactamente en lo que quedaría incurso un partido como Bildu, más acá del terrorismo, más acá del terrorismo! Sería suficiente una proposición como aquella
que formulamos para ilegalizar a Bildu. ¿Y entonces, a cuento de qué vienen ustedes con esto hoy? Llegan ustedes tarde y mal. Y la prueba de que llegan tarde y mal es lo que hemos escuchado hoy en este debate. Usted ha dicho: Las víctimas del
terrorismo son un referente ético y de libertad para todos. ¿Y no son también para todos un referente ético y de libertad todos los catalanes no independentistas, que constituyen la mayoría, maltratados? (Aplausos). Si lo son también, actúen
ustedes en consecuencia. ¿Y no lo son todos los menores escolarizados en Cataluña a quiénes se les prohíbe que esa escolaridad se imparta al menos el 25 % del tiempo en lengua castellana? Pues si lo son, actúen en consecuencia y en contra de un
Gobierno y un partido como el socialista que ha pactado con Esquerra Republicana de Catalunya impedir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo ha pactado por escrito, está publicado en la web de Moncloa y se
ha comprometido a apoyar la ley del Parlamento de Cataluña de junio de 2022. ¿Y entonces? Bueno, pues entonces aparece aquí el señor Semper o Sémper y dice que toma el turno de palabra por alusiones -sí, sí, no se sorprenda usted, estoy hablando
de usted, no de su abuela-. Dice: No son partidos homologables partidos como Bildu. ¿Y entonces, si no son homologables por qué ustedes no postulan su ilegalización? ¿Me lo puede usted explicar?
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: El PP de nuevo, como dijo Ortega, está en la retaguarda de la ideología establecida. Nosotros somos la vanguardia, que tenemos que luchar contra su hostilidad, característica del vulgo retardatario! ¡Pónganse
ustedes al día de la realidad, actúen con inteligencia, con competencia y un poco más de energía!
Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero Pozo, por un tiempo de siete minutos.
Cuando quiera.
La señora ROMERO POZO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes a todos y a todas.
El Grupo Popular sigue en la misma onda, con igual tono, haciendo una proposición de ley orgánica de las malas artes de la semana pasada, lo que fue un espectáculo de risas y baile sobre las imágenes de las víctimas del terrorismo, volviendo
hoy también a traernos a ETA para contribuir a la desmemoria, cosificándolas, usándolas de la manera más interesada para agredir políticamente al adversario. (Aplausos). Para ustedes la memoria solo tiene interés electoral para insultar al otro y
para deslegitimar al contrario. Ese es el objetivo de esta proposición que solo es una excusa. Porque la razón y los fines son otros: usar a las víctimas contra el presidente y el Partido Socialista porque no soportan que estén en el Gobierno.
Lo ha dicho Bermúdez de Castro, cuando llegue Feijóo a la Moncloa... Ese es el objetivo: ¡manosear la memoria de las víctimas de ETA en un uso partidario de su dolor! ¡Eso es lo que han hecho! (Aplausos.-El señor Bermúdez de Castro Fernández
señala los escaños del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu.-Un señor diputado: ¡Tú, tú, tú!). Y frente a la institucionalización de la indecencia, nosotros les planteamos una enmienda a la totalidad reivindicando la unidad y la contribución imprescindible de las víctimas en la
consecución de la paz y de las libertades, volviendo a pedirles otra vez más su colaboración para la construcción de una memoria limpia, digna. Porque son las víctimas el mejor ejemplo de dignidad de este país; todas las víctimas, todas
diferentes, ninguna igual a otra, aunque todas comparten ejemplaridad, todas las víctimas del terrorismo de ETA. Nunca eligieron ser víctimas, por eso no quieren ser más, solo quieren verdad, justicia, reparación y reconocimiento. Nunca quisieron
que hablaran por ellas, siempre quisieron tener voz propia. Nunca tuvieron leyes preferidas, nunca quisieron leyes a medida, solo quisieron justicia y no quisieron venganza ni revancha, solo quisieron justicia. Todas, sin excepciones, se alegraron
del fin de ETA, todas, lo han dicho esta semana, y ninguna desea que ustedes ni nadie como ustedes les devuelva a sus vidas trece años después esa organización terrorista. Quédensela para ustedes. La unión frente al terrorismo fue la que hizo del
Pacto de Ajuria Enea la herramienta más útil para hacer una buena política frente a ETA, y fue también la unión la que garantizó la eficacia del Pacto Antiterrorista, sí, ese que firmó desde la oposición Rodríguez Zapatero; una unidad y un apoyo
que también dimos al mismo presidente Aznar cuando negoció con ETA, aquel que llamaba el Movimiento Nacional de Liberación del Pueblo Vasco, que es como al señor Aznar le gusta llamar a una banda terrorista; sí, cuando se sentaron a hablar con ETA,
a quien le apoyamos, como hicimos siempre en una unidad frente al terrorismo. Un año y dos meses después de matar a Miguel Ángel Blanco se sentaron con ETA y con un jefe de ETA, Txapote, Txapote era el que estaba de jefe en ETA cuando se sentaron,
pero les apoyamos, porque creíamos que era nuestra labor apoyar al Gobierno de España en la lucha contra el terrorismo. (Aplausos). Creíamos que era la labor apoyar al Gobierno de España en la lucha contra el terrorismo, con todas las risas que
provoca ahora el terrorismo y las víctimas del terrorismo. Y hablando también de régimen electoral, fue igualmente la unidad frente al terrorismo la que aseguró que el Partido Socialista aprobara y diera los votos al PP para aprobar la Ley de
Partidos Políticos, dejando fuera, por fin, la política, las pistolas, las bombas, el acoso y la persecución, lo recordamos todos: 'o bombas o votos', lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba -y no está mal recordarle hoy también-. Lo conseguimos, Alfredo,
¡lo conseguimos! (Aplausos). Tras muchos años de política de justificación del terrorismo, los que le habían legitimado rechazaron la violencia para la acción política. Bombas o votos, querido Alfredo, hoy te recuerdo desde esta tribuna en la que
tantas veces has hecho historia en la política española. Quiero ensalzar tu papel también en el fin de ETA, igual que toda la resistencia democrática a la que contribuyeron de forma imprescindible las víctimas. Decía Bismarck que cuando más se
miente es cuando se está de caza, en guerra o en campaña electoral, y el Partido Popular está hoy como siempre cuando no tiene el poder, a la caza del socialista, en guerra contra el Gobierno progresista y en espera permanente de una convocatoria
electoral. Por eso mienten, mienten y vuelven a mentir, y por eso sacan al fantasma de ETA para agredirnos al Partido Socialista. Dejen de enseñar las fotos de nuestros muertos y los féretros de nuestros muertos (aplausos), ¡dejen su memoria en
paz! A los socialistas nadie nos da lecciones de lucha contra el terrorismo, nos hemos ganado a pulso el respeto, porque nunca dejamos que ETA nos ganara en esa lucha ni nos robara nuestros principios democráticos. Le pido, por toda esa lucha
conjunta que apoyó el Partido Socialista, que retiren la proposición de ley y se sumen a la unidad por una memoria limpia.
Quiero acabar esta intervención dirigiéndome a mis compañeros socialistas, porque vosotros también lo hicisteis posible. Compañeros, podemos caminar con la frente bien alta y con dignidad, sabiendo que estuvimos ahí, junto a Vicente Gajate,
Germán González, Enrique Casas, Maite Torrano, Félix Peña, Ernest Lluch, Fernando Buesa, Froilán Elespe, Fernando Múgica, Joseba Pagazaurtundua, Juan Mari Jáuregui, Juan Priede y mi amigo Isaías Carrasco (aplausos), acompañando a sus familias y a
sus amigos, apoyando a los compañeros en Navarra y en Euskadi; señor Catalá, qué pronto se le ha olvidado, no perdimos la vida, pero una inmensa mayoría perdimos la salud, la libertad y, a veces, hasta la razón. Mirad a las víctimas a la cara
porque si miráis os miraréis en el espejo, es la dignidad de los socialistas la que tenemos que seguir defendiendo cuando construyamos la memoria limpia. (Aplausos).
Compañeros -acabo ya, señora presidenta-, lo voy a decir bien alto, con orgullo: Somos parte del fin de ETA, somos una parte imprescindible de la victoria democrática, y si en algo -de verdad, compañeros- hemos podido contribuir a ese final
de ETA, podemos dar por buena toda nuestra vida política.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.-La señora Montesinos de Miguel pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.
Señora Montesinos, ¿por qué artículo me pide la palabra?
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Por alusiones al Grupo Parlamentario Popular, según el artículo 72.1 y 71.3.
Nadie puede dudar... (Rumores y protestas).
La señora PRESIDENTA: Señora Montesinos, no le han hecho alusiones.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: ¿Cómo? (Una señora diputada: ¡Basta ya!).
La señora PRESIDENTA: No habido ninguna alusión.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Es que no la escucho. No la puedo oír. (Una señora diputada: No te hagas la tímida.-Rumores y protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. No ha habido alusiones en esta intervención de la diputada.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: ¿Cómo que no ha habido? Ha habido alusiones al grupo, al Grupo Parlamentario Popular sobre unos gestos... (Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: No, señora Montesinos, no ha habido alusiones. No podemos hacer el planteamiento así de alusiones porque si no, sería en todos los debates y en todas las intervenciones.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000054).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de nacionalidad.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Hoces Íñiguez, por un tiempo de doce minutos.
Cuando quiera. (Aplausos).
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El Grupo Parlamentario VOX planteamos una proposición de ley orgánica para modificar el Código Civil y así robustecer e incrementar las condiciones y requisitos para acceder a la nacionalidad española y también para modificar el Código Civil
y el Código Penal para establecer una serie de causas para perder la nacionalidad española de todos aquellos extranjeros que hayan sido nacionalizados españoles. En efecto, en VOX entendemos que es un alto honor ser español, que conceder la
nacionalidad a los extranjeros es un asunto crucial para la nación, y por eso traigo al recuerdo de esta Cámara el pasaje de Cervantes en La gran sultana, cuando escribió aquello de: 'Yo sé quién soy'. '¡Español sois, sin duda! Y lo soy, lo he
sido y lo seré mientras que viva, incluso después de muerto ochenta siglos'. (Aplausos). Sí, señorías, nos sentimos muy orgullosos de España, orgullosos de ser españoles y también de que el pueblo español fuera el protagonista de la mayor gesta
civilizadora y también de hermandad de toda la historia de la humanidad.
Decía el insigne jurista Federico de Castro que la nacionalidad es la cualidad personal de pertenecer a la comunidad nacional organizada en forma de Estado, pero el concepto de nacionalidad es muchísimo más que un simple concepto jurídico,
es un concepto político, sociológico y también moral en cuanto que te identifica con el soberano allí donde existe soberanía nacional y también te identifica con una patria, con una nación, con unos valores, con una historia y con una tradición.
(Aplausos). Por eso es lógico, señorías, que Aristóteles en su Política dijera que la ciudadanía te identificaba con una comunidad política o polis, o que Horacio dijera aquello de dulce et decorum est pro patria mori. Es el artículo 11 de nuestro
texto constitucional en el que se dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de
acuerdo con lo establecido por la ley. En el apartado 2 de este mismo artículo 11 se dice que ningún español de origen podrá ser privado de la nacionalidad, y en el apartado 3 se dice que el Estado podrá concertar tratados de doble
nacionalidad con los países iberoamericanos o con todos aquellos con los que haya tenido España una especial vinculación. Señorías, también el artículo 141.2 del texto constitucional señala que es competencia exclusiva del Estado la nacionalidad,
la inmigración, la emigración, la extranjería y el derecho al asilo; y, además, también sabemos que la incorporación de España a la Unión Europea no ha variado en esta competencia del Estado absolutamente nada, como ha dejado claro la Gran Sala del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 2 de marzo del año 2010.
En el año 2023, España concedió la nacionalidad por residencia a 243 481 personas -repito: 243 481 personas-, que, de acuerdo con la legislación vigente, ya son todas ellas españolas. No sé si saben sus señorías que solo hay quince
capitales de provincia en España de las cincuenta y dos, incluyendo a Ceuta y Melilla, que tienen más población que esas 243 481 personas. De esas, sabemos que más de 54 000 eran marroquíes, 2500 de Argelia, 2500 de Nigeria y 600 de Mauritania.
Sí, señorías, de Mauritania, del Estado de Mauritania, con el que el presidente del Gobierno acaba de llegar a un acuerdo para traer a más de 250 000 inmigrantes. Yo no sé si saben sus señorías del Grupo Socialista que, en Mauritania, en la
República Islámica de Mauritania, el 70 % de las niñas y mujeres sufren la ablación, es decir, la mutilación genital femenina. Esa es la cultura feminista que quiere importar a España el presidente del Gobierno (aplausos), y ninguno de ustedes,
señorías del Grupo Socialista, dice nada al presidente del Gobierno, como tampoco le dicen nada del pozo de corrupción en el que han vuelto a convertir su partido.
Permítanme un ejemplo, señorías. Todos los años se hacen españoles entre 50 000 y 55 000 marroquíes. Pues de acuerdo con la legislación de Marruecos, que esos marroquíes renuncien a la nacionalidad marroquí ante autoridades españolas, tal
y como exige el artículo 23 del Código Civil, no tiene ningún reflejo para Marruecos, no sirve. Por tanto, hay un verdadero fraude de ley. Además, España no reconoce el tratado de doble nacionalidad con Marruecos y ese fraude de ley hay que
denunciarlo, de ahí nuestra proposición de ley. Por tanto, es normal que la inmensa mayoría de los españoles se planteen si esas personas van a ser leales a España o a Marruecos, a Felipe VI o a Mohamed VI. Señorías del Grupo Socialista, pero
también del Grupo Popular, este fraude de ley existía cuando ustedes gobernaban y tampoco le pusieron remedio.
No veo al señor Sémper, que ahora le quería dedicar unas palabras, toda vez que él pronunció unas palabras que política y moralmente son inaceptables. Dijo -hoy debe ser que no se acuerda-: El Futuro del País Vasco hay que construirlo con
Bildu. Menuda insensatez y menudo atropello también a todas las víctimas del terrorismo. (Aplausos).
La nacionalidad española, señorías, no se puede regalar; no se puede mercadear con la soberanía del pueblo español y no nos podemos permitir hacer españoles a los que no tengamos la absoluta seguridad de que van a ser leales y solidarios
con España y con el conjunto de los españoles, es decir, que van a cumplir con todos sus deberes y con todas sus obligaciones como españoles. En España, señorías, hay más de setecientas mil personas en situación de ilegalidad, esas que quiere
regularizar la izquierda, y, de esas, medio millón de personas que también quiere regularizar el Partido Popular; tenemos seis millones y medio de extranjeros, de los que sabemos que más de tres millones tienen permiso de residencia en régimen de
extranjería. Pero todos los españoles nos hemos dado cuenta de por qué ustedes quieren regularizar a ese medio millón o a esos setecientos mil inmigrantes ilegales: básicamente porque ustedes quieren que empiecen a computar los plazos para que
luego puedan adquirir la nacionalidad y que todos aquellos extranjeros que se han nacionalizado españoles puedan votar. Ustedes quieren intercambiar el DNI por un voto, y eso es también un verdadero fraude que nosotros venimos a denunciar aquí.
(Aplausos).
Parece lógico y evidente, señorías, que una nación establezca para conceder la nacionalidad española una serie de requisitos que acrediten y justifiquen de forma clara, evidente y sin fisuras la plena adaptación de esos extranjeros a nuestra
realidad política, a nuestra identidad, que conozcan nuestra historia, nuestras costumbres y, por supuesto, que cumplan nuestras normas cívicas. Por eso no queremos que pueda adquirir la nacionalidad española ningún extranjero que tenga
antecedentes penales en su país de origen o en España. Es más, queremos que se expulse a cualquier extranjero que cometa un delito en España, aunque todavía no sea español, evidentemente. Eso es básicamente lo que nosotros traemos en esta
proposición de ley.
En fin, es el Código Civil la norma que nosotros proponemos modificar para adquirir la nacionalidad española. En primer lugar, queremos que se modifique el Código Civil para la adquisición de la nacionalidad española en lo que se refiere a
la carta de naturaleza, es decir, cuando la nacionalidad la entrega el
Gobierno mediante real decreto a quien le da la gana. Nosotros queremos que esto deje de ser así y que básicamente se tenga que motivar de acuerdo con un interés público, previo informe del Consejo de Estado como órgano consultivo del
Gobierno, y siempre y cuando, por supuesto, esa persona que solicita la nacionalidad española no haya cometido delito alguno en España ni tampoco tenga antecedentes penales en su país de origen.
Pero el mayor cambio legislativo lo queremos en el modo de adquirir la nacionalidad española mediante residencia, es decir, cuando se otorga mediante la residencia legal y continuada inmediatamente anterior a la solicitud de adquirir la
nacionalidad. Y lo que nosotros proponemos aquí, en primer lugar, es que el plazo de residencia legal y continuada pase de diez a quince años con carácter general, y lo dejamos exactamente igual en el resto de casos, es decir, para las personas de
países iberoamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal, Filipinas y también los sefardíes originarios de España.
También consideramos que es evidente la necesidad de estar en posesión de un certificado oficial de conocimiento de la lengua española. Señorías, estamos otorgando la nacionalidad española a personas que no hablan correctamente el español;
al igual que también se la estamos concediendo a personas que no conocen nuestra historia, nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones, ni tampoco, por supuesto, el ordenamiento jurídico. Por eso esto tiene que cambiar. Y evidentemente
también necesitamos que se acredite fehacientemente la renuncia de su anterior nacionalidad, es decir, el adquiriente debe presentar documento público expedido por las autoridades de su país de origen que acredite la renuncia a esa nacionalidad, y
así nos evitaremos el problema del fraude de ley que antes he comentado.
Señorías, creemos que también es necesario establecer una serie de causas para perder la nacionalidad española para todas aquellas personas que la hayan adquirido de forma derivada, es decir, que no sean españoles de origen. Porque
entendemos que cuando España concede la nacionalidad y, por tanto, entrega su confianza a un extranjero para hacerle nacional español, si vulnera una serie de principios y comete una serie de delitos, evidentemente estará traicionando esa lealtad
que a priori le ha dado España. Entonces, cuando existan causas de deslealtad o de traición al pueblo español o de insolidaridad con el conjunto de los españoles, ese extranjero que adquirió la nacionalidad española deberá perder esa misma
nacionalidad. Por eso creemos que hay que modificar los artículos 24, 25 y 26 del Código Civil y los respectivos del Código Penal. Entre otros delitos, entendemos que deberían perder la nacionalidad española aquellos que cometieran, por ejemplo:
delitos contra la Constitución, contra el orden público, de traición, contra la paz e independencia del Estado o los relativos a la defensa nacional. Además, señorías, les digo que esa deslealtad y esa traición es causa de despojo de la
nacionalidad en más de una quincena de Estados de la Unión Europea. Es más, en Francia, donde se puede privar de la nacionalidad a aquellos franceses que la hayan adquirido de forma derivada, el socialista Hollande y Manuel Valls propusieron en el
año 2015 también quitar la nacionalidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Me quedan dos minutos. ¿Puede ser? (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Le queda mucho menos.
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: En definitiva, señorías... (Rumores). ¿Puedo continuar?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, sí, claro, digo que vaya finalizando, por favor.
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Porque hay ya franceses de segunda, tercera y cuarta generación -es decir, aquellos franceses que ya han adquirido nacionalidad de forma originaria- que cometen delitos absolutamente incompatibles con la ley, el
orden y la seguridad de Francia. Eso está denunciado absolutamente por toda la sociología francesa y también por el historiador recientemente fallecido Patrick Buisson.
Termino, señor presidente. Señorías, no se les olvide que es un deber y una obligación de todos los españoles, sin distinción de si son españoles de origen o de forma derivada, defender a España. Por nuestra historia y nuestro futuro,
defendemos la grandeza y la supervivencia de España. Y el futuro de España depende de la determinación, el coraje, la fuerza y la fortaleza con la que protejamos lo que somos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Muy brevemente. La iniciativa para el endurecimiento de los requisitos civiles para la adquisición originaria de la nacionalidad y el correlativo incremento de los supuestos para su pérdida en el Código Penal que hoy nos traen ya fue
presentada en sus mismos términos ante este Pleno en la legislatura pasada. Nuestro grupo parlamentario en aquel momento votó en contra de su toma en consideración por no considerar oportuna ni necesaria la reforma que se nos proponía, por no
compartir su justificación ideológica y por no considerar congruentes ciertos cambios propuestos con la finalidad que decía perseguirse. Ahora, ante la misma iniciativa, no vemos motivos para que nuestra posición cambie de sentido respecto de lo
que ya sostuvimos en ese Pleno del 13 de febrero de 2022.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom. Gràcies, president. Immigrants de primera, immigrants de segona, tercera o quarta generació, és a dir, hi ha gent que està..., que té l'estigma de l'immigrant per a tota la vida i no se'l pot
treure. Mai serà un dels nostres perquè ho diu un senyor. Vaja excrement de proposició de llei i vaja excrement de discurs, la veritat.
Avui ens trobem debatent una proposició de llei que en essència no és més que un atac als drets humans, a la igualtat i a la mateixa democràcia. Aquesta proposició de llei de VOX no només és xenòfoba, sinó que també denota una visió de la
nacionalitat espanyola que sembla treta directament del passat més autoritari i excloent del Regne d'Espanya. VOX ens presenta aquesta llei amb un llenguatge alarmista i despectiu. Ens parla d'acabar amb les pràctiques fraudulentes d'adquisició de
la nacionalitat i de preservar una puresa d'una Espanya idealitzada. Ens volen fer creure que concedir la nacionalitat espanyola als immigrants suposa una contaminació de l'espanyolitat. ¡Cuidado! Com si la ciutadania fos un club exclusiu on només
uns quants en tenen dret.
Aquesta retòrica no busca altra cosa que fomentar el rebuig i la desconfiança cap a aquelles persones que han decidit guanyar-se la vida i contribuir amb el seu treball i amb la seva cultura al lloc d'acollida. Però no només això. VOX va
més enllà i demana que la nacionalitat sigui una mena de privilegi reservat a uns pocs, gairebé com un títol de noblesa o un pacte de sang. És una visió elitista, on l'accés a la ciutadania es converteix en un procés carregat de requisits i
obstacles, com si es tractés d'un honor sagrat i exclusiu. Ho hem escoltat fa una estona.
VOX parla de reforçar la condició de ser espanyol. Ho han dit aquí, una cosa com si fos el poble escollit, no?, i d'exigir una lleialtat i un compromís i una atenció literal, diu una lleialtat amb el passat, el present i el futur de la
nació espanyola. Aquest llenguatge enllaça directament amb la retòrica de la Falange d'Espanya, dels falangistes, que deien allò de 'unidad de destino en lo universal'. Aquesta idea de nacionalitat no busca integrar, sinó assimilar i sotmetre. És
aquesta la seva mentalitat, assimilar i sotmetre.
El que realment somien és una Espanya monolítica, construïda sobre la submissió i la fidelitat a una visió única d'Espanya. Una Espanya sense espai per a les diferents nacionalitats que integren l'Estat, ni cap espai per a les persones que
aporten noves perspectives, noves llengües i noves cultures. I com si tot això no fos suficient, la llei proposa un examen de puresa ideològica i cultural, un examen de puresa ideològica i cultural. Cuidado no t'equivoquis, potser algú no el
passaria. De fet, potser ser del Barça ja començaria dient. 'Ui, ui, ui, que no vamos bien con el examen, que no vamos bien con el examen'. Realment és que fa riure. I com si tot això no fos diferent el que deia, un examen de puresa ideològica.
Així, a qui vulgui adquirir la nacionalitat espanyola, se li demanen coneixements com la llengua, evidentment l'espanyola. Les altres no són espanyoles. Ja m'agrada a mi, això. Ja m'agrada que només hi hagi una llengua espanyola, ja m'agrada.
Així les coses queden clares. Però això no té res a veure amb res més que amb la seva manera d'entendre la vida i la política.
Per aquesta gent, només els qui acceptin una Espanya uniforme, construïda sobre els ideals de VOX, en poden formar part. La resta és la famosa anti-Espanya, Sí, allò de rojos separatistes i el virus d'aquesta gent i que el Vallejo Nájera
buscava quin era el gen que s'havia d'extirpar, etcètera, etcètera. Aquest
examen no deixa de ser un filtre inquisitorial, una eina de control per decidir qui és prou espanyol segons els seus estrets i rancis criteris. Aquest és l'examen que volen fer.
Des del grup republicà, ens oposem frontalment a aquesta visió. Ni volem formar part del Regne d'Espanya, ni una Catalunya on hi hagi ciutadans de primera i de segona. Cap d'aquests dos models ens agrada, on l'accés a la nacionalitat
depengui de demostrar una fidelitat ideològica a prova de bombes. No acceptem que la nacionalitat sigui una recompensa per una obediència cega a una visió estreta i reduccionista de l'Estat.
Nosaltres volem una societat on les persones migrades puguin participar en les eleccions, repeteixo, on puguin participar a les eleccions. Estem absolutament en contra que persones que fa dècades que viuen aquí, que treballen aquí i
contribueixen a l'economia d'aquí, no puguin triar el seu alcalde o decidir el seu futur del seu barri, per exemple. Dit això, potser les dretes anirien més en compte amb les seves paraules si tothom pogués votar. Però com sabem que la majoria
d'aquestes persones no tenen dret a votar, per això s'envalentonen i per això són tan valents, perquè els altres no es poden defensar, no tenen urnes per defensar-se.
Nosaltres defensem una ciutadania on tothom que resideixi aquí i contribueixi a la societat on viu tingui els mateixos drets i deures i no hagi de passar una prova de docilitat ideològica per ser considerat de la comunitat. Tan, tant... No
ho sé. La veritat és que sembla que hagin baixat d'un platillo volante a dir aquestes coses al segle XXI, que no volem ciutadans de primera i de segona. En fi, la seva llei és una peça més per a la seva fantasia d'una Espanya uniforme, on les
diferents nacionalitats que avui l'integren hi quedin subordinades.
Però recordem que la mateixa Constitució que vostès defensen com si fos la xària, ja que els agrada tant aquesta paraula, reconeix que Espanya és un estat format per diferents nacionalitats, no una sola nacionalitat. I com a grup republicà
i independentista, diem que ja és hora d'anar més enllà i parlar clarament del dret d'autodeterminació de les nacions que integren l'Estat. Un dret que no hauria de ser cap tabú en una democràcia moderna.
Nosaltres volem una república que sí que respecti la llibertat de pensament, la diversitat cultural i la dignitat de totes les persones. I també continuarem treballant per una Catalunya més justa, més plural i més inclusiva. Però també
cooperarem sempre i els nostres vots serviran sempre perquè tots els republicans d'aquest estat, perquè tots els espanyols d'aquest estat també puguin tenir una societat més justa, més incloent i, en definitiva, millor. Els nostres valors, els
nostres vots, mai restaran sobre aquesta idea. Sempre serem aliats d'aquesta causa perquè és la causa de la llibertat, la fraternitat i de la democràcia.
Moltes gràcies.
Buenas tardes a todos.
Gracias, presidente.
Hay inmigrantes de primera, de segunda, tercera y cuarta generación. Hay gente que tiene el estigma de emigrante desde siempre y no se lo puede quitar de encima, y nunca serán unos de los nuestros, porque lo dice un señor con una
proposición de ley.
Hoy nos encontramos debatiendo una proposición de ley que en esencia no es más que un ataque a los derechos humanos, la legalidad, la igualdad y la propia democracia. Esta propuesta es xenófoba y denota una visión de la nacionalidad
española que parece ser sacada del pasado autoritario y excluyente del Reino de España. VOX nos presenta esta ley con un lenguaje despectivo y alarmista. Habla de acabar con las prácticas fraudulentas de adquisición de la nacionalidad y preservar
la pureza de una España idealizada. Nos quieren hacer creer que conseguir la nacionalidad española de los migrantes supone una contaminación de la españolidad. Cuidado, como si la ciudadanía fuera un club exclusivo donde solo pueden entrar unos
cuantos. Esta retórica no busca nada más que fomentar el rechazo y la desconfianza hacia las personas que han decidido ganarse la vida y contribuir con su trabajo y con su cultura en el lugar de acogida.
Pero no solo esto, VOX va más allá y pide que la nacionalidad sea una especie de privilegio reservado a unos pocos, como un título de nobleza o como un pacto de sangre, y es una visión elitista. El acceso a la ciudadanía se convierte en un
proceso cargado de requisitos y obstáculos, como si se tratara de un honor sagrado y exclusivo. Lo hemos oído hace un instante. VOX habla de reforzar la condición de ser español -una cosa como como si fuera el pueblo elegido- y de exigir una
lealtad, un compromiso y una atención literal; una lealtad al pasado, al presente y al futuro de la nación española. Es un lenguaje que enlaza directamente con la retórica de la Falange de España, de los falangistas que creen en la unidad
universal. Esta idea de la nacionalidad no busca integrar, sino asimilar y someter [...] de lo que soñamos una España monolítica construida sobre la sumisión y una única visión de España, una España sin espacios para las diferentes
nacionalidades que integran el Estado ni espacios para las personas que aportan nuevas perspectivas, nuevas lenguas y nuevas culturas.
Y como si todo esto no bastara, la ley propone un examen de pureza ideológica y cultural. Un examen de pureza ideológica y cultural, ¡cuidado!, que muchos no lo pasarían quizás. Si yo soy del Barça, ya me dirían: Uy, uy, uy, que no vamos
bien con este examen. Realmente es gracioso, un examen de pureza ideológica. Por lo tanto, si quiero adquirir la nacionalidad española, me piden conocimientos como la lengua -por supuesto, el español, porque las otras no son españolas-. Vale, a
mí me gusta que solo haya una lengua española; sí, me gusta, así por lo menos las cosas están claras. Y esto no tiene que ver con nada más que con su única manera de entender la vida y la política. Para esta gente solo los que acepten una España
uniforme construida sobre los ideales de VOX pueden formar parte de esta España; el resto son los famosos anti-España, rojos separatistas y el virus de esta gente y que Vallejo Nájera [...] que hay que extirparlos, etcétera. Este examen no es más
que un filtro inquisitorial, un instrumento de control para decidir quién es bastante español según sus criterios rancios y estrechos. Esto es lo que quieren.
En el Grupo Republicano nos oponemos frontalmente a esta visión. No queremos formar parte de una España ni de una Cataluña donde haya ciudadanos de primera y de segunda; ninguno de estos modelos nos gusta; donde el acceso a la
nacionalidad dependa de mostrar una solidaridad ideológica a prueba de bromas. No aceptamos que la nacionalidad sea la recompensa por una obediencia ciega con una visión del Estado. Queremos una sociedad donde las personas migradas puedan
participar en las elecciones; lo repito: puedan participar en las elecciones. Estamos absolutamente en contra de que personas que están aquí desde hace décadas, que trabajan aquí, que viven aquí y que contribuyen a la economía de aquí no puedan
elegir a su alcalde o no puedan decidir el futuro de su barrio, por ejemplo.
Dicho esto, quizá las derechas estarían más en contra con sus palabras si todo el mundo pudiera votar, pero como sabemos que la mayoría de estas personas no tienen derecho a votar, por eso se envalentonan, porque los demás no se pueden
defender, no tienen urnas para defenderse. Nosotros defendemos una ciudadanía donde todos los que residen aquí y contribuyen a la ciudad donde viven tengan los mismos derechos y deberes, y no tengan que pasar una prueba de docilidad ideológica para
ser considerados de la comunidad.
Parece que hayan bajado de un platillo volante al decir estas cosas en el siglo XXI: que queremos ciudadanos de primera y de segunda. Esta ley es una prueba más de la fantasía de una España uniforme, donde las diferentes nacionalidades que
la integran estén subordinadas, pero hay que recordar que esta Constitución que defienden como la sharia -palabra que les gusta tanto- reconoce que España es un Estado formado por diferentes nacionalidades y no una única.
Como Grupo Republicano independentista, pensamos que es hora de hablar del derecho de autodeterminación de las naciones que integran el Estado. Es un diálogo que no tendría que ser tabú en una democracia moderna. Nosotros queremos una
república que respete la libertad de pensamiento, la diversidad cultural y la dignidad de todas las personas. Seguiremos trabajando para una Cataluña más justa, más plural y más inclusiva, pero también cooperaremos siempre y nuestros votos siempre
servirán para que todos los republicanos de este Estado y para que todos los españoles de este Estado también puedan tener una sociedad más justa, más inclusiva y mejor, en definitiva. Nuestros votos nunca restarán sobre esta idea y siempre
estaremos aliados a la causa de la libertad, de la fraternidad y de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Pisarello Prados.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.
Como ya es costumbre, la ultraderecha de VOX vuelve a lanzar su enésimo zarpazo a las clases populares, autóctonas y migrantes para dividirlas, para poder explotarlas mejor y para complacer así a los más ricos. Porque esta propuesta para
otorgar y privar de la nacionalidad a personas nacidas fuera de España no es más que eso: una amenaza hoy dirigida a los y las migrantes marroquíes, pero que al final del día no hará distingos, porque esto también va contra las trabajadoras y los
trabajadores latinoamericanos, va contra los trabajadores madrileños, andaluces, vascos o catalanes que no hinquen la rodilla ante su concepción trasnochada de la hispanidad. Por eso, las amenazas de VOX con la ilegalización o con la
pérdida de la nacionalidad no son una pieza aislada, son el complemento necesario de su apoyo a las mafias de Desokupa, de la patronal agraria o de los grandes especuladores. (Aplausos). La idea de fondo no es nueva, señorías, conseguir
que las familias trabajadoras migrantes o autóctonas se dividan y se dejen explotar por los señoritos de turno con la amenaza de ser castigadas si se resisten, y es a esa causa a la que sirve el argumentario reaccionario de la islamofobia, del
antisemitismo o de lo que haga falta, atribuirse la función del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para decidir quién es incluido si se somete y quién, en cambio, va a la hoguera.
Obviamente, todos los argumentos utilizados por VOX son un compendio de clasismo y de racismo, pero sobre todo son falaces y son hipócritas, porque si la migración musulmana, señores de VOX, es peligrosa porque no respeta a las mujeres, los
primeros en ilegalizarse deberían ser ustedes, que pusieron de cabeza de lista por Valencia a un condenado por maltrato y por violencia de género (aplausos). Porque si la migración musulmana debe ser vigilada porque, según VOX, representa un
regreso a la Edad de Piedra, deberían ser ustedes los primeros en pedir perdón, porque entre sus filas tienen a un diputado que durante la pandemia aseguró que combatiría el virus chino con sus anticuerpos españoles y casi acaba con una trombosis.
No quiero imaginarme lo que hubieran dicho grandes médicos y científicos musulmanes como Avicena o como el cordobés Averroes ante una actitud tan primitiva.
Y es que, si fuera cierto que la hispanidad se tambalea por una aviesa amenaza islámica, lo primero que habría que hacer es ilegalizar y quitarle la capitalidad a Madrid, cuyo nombre proviene del impío árabe Mayrit (aplausos). O algo más
contundente: defenestrar públicamente al Cid Campeador por haber servido sin sonrojarse al matemático musulmán AlMu'tamin, uno de los gobernantes más cultos que tuvo Zaragoza. ¿Y los apellidos? ¿Y la fisonomía, señorías? ¿No ven peligroso los
señores de VOX mantener la nacionalidad española a un señor con un apellido sospechoso como es 'Ab-Ascal', y con una fisonomía que sugiere más de un parentesco genético con las gentes que están del otro lado del Estrecho?
En su máxima cobardía, VOX lleva años criminalizando a menores de edad migrantes diciendo que son quienes más delitos cometen, pero su desvergüenza es tan grande que en estos días el propio director de la Policía Nacional ha salido a
amonestarles y a decirles que eso es una mentira -cito literalmente- como la copa de un pino.
La paradoja aquí es que si hay alguien que debería revisar sus vínculos con el mundo islámico es precisamente VOX, ¡que no ha dudado en financiarse con una organización iraní en manos de islamistas! (Aplausos). Seguramente la ultraderecha
nos dirá que todo ese oscuro dinero iraní que está recibiendo, que también vemos ahora que es húngaro, todas esas donaciones millonarias no declaradas que van a la Fundación Disenso, presidida por el señor Abascal, son para construir españolidad.
El problema aquí es que su españolidad, por lo visto, coincide con la cartera del señor Abascal.
¿Qué hacemos, pues, con la propuesta de unos patriotas de pulsera a los que el propio Cristo que dicen venerar llamaría sepulcros blanqueados y raza de víboras como mínimo? A nosotros se nos ocurren varias cosas. La primera, conseguir un
amplio acuerdo para aprobar la iniciativa legislativa popular de regularización de unas trabajadoras y unos trabajadores migrantes (aplausos), que, a diferencia de los señoritos de VOX, llevan años levantando el país con su esfuerzo.
Una segunda, facilitar de inmediato la nacionalización de nuestros hermanos y hermanas saharauis, cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica con ellos y ellas. (Aplausos).
La tercera, quitarle a la ultraderecha neofranquista su base material de apoyo, que siguen siendo las oligarquías rentistas que esquilman los bolsillos de la ciudadanía. (Aplausos). Urge, pues, limitar la compra de vivienda con fines
especulativos, como en Holanda, y regular ya los alquileres abusivos, incluidos los de temporada.
La cuarta, conseguir un acuerdo amplio para enterrar para siempre la noción reaccionaria y excluyente de hispanidad con la que nos dan la turra cada 12 de octubre. Esto, entre otras cosas, señorías, nos obliga a hacer otra pedagogía sobre
los pueblos diversos que ya somos; dejar de dar lecciones de feminismo de la mano de don Pelayo y recuperar la memoria de sabios como Averroes, como Maimónides, como Al-Mu'tamin. Dejar de dar lecciones con Torquemada por bandera y mirar con más
respeto a grandes culturas precolombinas como la maya o la mexica; hablar menos de Carlos V de Gante y más de María Pacheco y de los comuneros de Castilla (aplausos); blanquear menos al colonialismo borbónico y recordar más a quienes lo
resistieron con dignidad: Túpac Amaru, Bartolina Sisa o la valiente antiesclavista gallega Concepción Arenal. Hablar menos de Primo de Rivera y más de Abd el-Krim, el culto líder republicano rifeño; y más de Unamuno, que se jugó la vida
defendiendo al patriota filipino José Rizal ante Millán-Astray, el carnicero al que admira el alcalde Martínez Almeida. Y, por supuesto, escuchar más a la presidenta Sheinbaum y al presidente Gustavo
Petro. Y conocer más y mejor a Maria Mercè Marçal, a Olga Rodríguez, a Nadia Otero, a Cristina Fallarás, a Irene Vallejo, a Karmele Jaio o a Gabriela Wiener. (Aplausos).
Recuperar este coro de memorias y voces plurales y convertirlo en políticas valientes a favor de las clases trabajadoras y de las gentes del común es el mejor antídoto que tenemos contra una ultraderecha clasista y racista a la que, hoy más
que nunca, cuando suba aquí hay que exigirle cuentas por los dineros que recibe, de dónde los recibe y al servicio de qué amos los coloca.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Diouf Dioh.
El señor DIOUF DIOH: Buenas tardes, presidente.
Señorías.
Señor Hoces, le ha costado hoy defender la proposición de ley, y ¿sabe por qué? Porque, señorías de VOX, volvemos a debatir la misma proposición que hace dos años -supongo que se habrán leído las intervenciones pasadas, aunque a lo mejor es
mucho suponer, ya que sabemos que a ustedes lo de trabajar les gusta poco- y esta iniciativa fue rechazada por todos los grupos parlamentarios.
En cuanto a sus pretensiones, mediante la presente iniciativa legislativa, plantean la modificación del régimen jurídico de nacionalidad, desde el artículo 17 al 25 del Código Civil desde una perspectiva ideológica y claramente xenófoba,
porque su iniciativa carece de valor normativo. Su proposición de ley desgrana un catálogo de desvaloraciones, menosprecio sobre el origen de personas que han adquirido la nacionalidad española por haber estado, vivido y residido durante años de
arraigo y cumpliendo con todos los requisitos y estándares de idoneidad en cuanto a la buena conducta cívica, integración y aportación al crecimiento del país con su trabajo y el pago de sus impuestos, entre otros valores.
Su propuesta de modificación del artículo 17 persigue claramente a los menores, sus víctimas preferidas, los más vulnerables, generando con su propuesta discriminación, ya que el aumento en un año les imposibilitaría el acceso a servicios
sociales.
¿No se les ha ocurrido que la propuesta del artículo 19 podría utilizar la adopción para generar un uso fraudulento de la ley?
Sigamos con el artículo 20, de nuevo una excusa para generar discriminación, estableciendo diferencias para aquellos que están bajo el régimen de tutela o adopción.
Continúo. Otro despropósito más: con su propuesta de adición del artículo 21.1, referente a la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza, abandonan el carácter de discrecionalidad, hablan de tiempo de guerra, concepto -como ha
dicho el compañero- obsoleto, vulnerando el Código Penal Militar, olvidándose, por ejemplo, de las razones humanitarias. Y en lo que se refiere al Defensor del Pueblo, establecen la obligatoriedad de emitir informe cuando no procede la imposición
al Gobierno de la consulta preceptiva. La propuesta de modificación del apartado 2 no aporta absolutamente nada y se nota que lo han trabajado poco.
Seguimos con el artículo 22. En cuanto a la propuesta de modificación del apartado 1, pasando de diez a quince años, le pregunto: ¿en qué país de la Unión Europea lo tenemos? En ninguno. En el apartado 2, de nuevo, lo que se pretende es
la persecución de los menores, creando situaciones de discriminación, al igual que en el apartado 5, donde se olvidan de los títulos oficiales de la ESO y de las personas con dificultades de aprendizaje, discriminando a las personas con
discapacidad.
En el artículo 23 ignoran que muchos países no aceptan la renuncia de la nacionalidad, y ha dado el ejemplo de Marruecos. Se nota la discriminación hacia los marroquíes, olvidándose, además, del Real Decreto 1004/2015. ¿Y qué sentido tiene
la propuesta del artículo 24? ¿Cuál es el propósito?
En relación con la propuesta del artículo 25, deberían saber que una mera resolución administrativa no conlleva la pérdida de derechos. Eso es un mínimo. Y para finalizar, tanto la propuesta del artículo 25 como la propuesta de la
disposición adicional única, de modificación y adición, ¿otra vez son otro olvido? ¿Qué pasa con la situación de los apátridas?
En definitiva, señorías de VOX, nuevamente queda en evidencia su falta de rigor y su torpeza a la hora de abordar modificaciones legislativas. Quizá es incapacidad de estudio y de trabajo, no lo sé. Considero que el espíritu de una ley es
servir al interés general -así se construye un Estado democrático de derecho- y sus eslóganes manifiestan su desprecio a la convivencia pacífica, su intolerancia religiosa y su odio al inmigrante. Son un verdadero atentado para esta democracia.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Conde Bajén.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando preparaba esta intervención para exponer el punto de vista del Grupo Popular respecto de la proposición de ley orgánica de VOX, les aseguro que lo hacía con la intención de polemizar lo menos posible con este partido
político, pero al escuchar al señor Hoces arremeter contra Borja Sémper, la verdad es que se me han quitado las ganas.
Señor Hoces, el señor Sémper, que es aproximadamente de su edad, fue concejal en Irún en el año 1995 y fue perseguido por ETA. ¿Usted con quién ha empatado en la lucha contra ETA para arremeter contra el señor Sémper? (Aplausos). ¿Usted
con quién ha empatado? ¿Con qué derecho se permite usted criticar las posiciones de don Borja Sémper en la defensa de España, de la libertad y de la democracia? ¿Qué ha hecho usted al respecto? Seguro que tendrá ocasión de contestarme.
Decía que no tenía intención de polemizar con VOX en este asunto, aunque solo sea por el hecho de que VOX, PP y UPN somos los únicos partidos políticos que no somos responsables de tener un Gobierno enfangado en la corrupción como tenemos en
este momento. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!-Aplausos). Como digo... (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Zaplana!). ¿Zaplana? Sí, mire, ¿sabe lo que pasa con el señor Zaplana?
(Rumores). Sí, sí, se lo voy a decir. A nosotros no nos enorgullece en absoluto esto, pero hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. (Protestas.-Una señora diputada y un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Todas, todas!).
La primera es que nosotros no nos enorgullecemos. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Cómo que no?); la segunda es que nosotros no hemos arremetido contra la audiencia que le ha juzgado y ustedes sí; la tercera es que
nosotros no hemos modificado el Código Penal para dejarle impune y ustedes sí (protestas.-Aplausos); la cuarta es que nosotros no hemos indultado a nadie y ustedes sí; y la quinta es que nosotros no hemos lanzado al Partido Popular a la defensa de
estas cosas y ustedes están en tromba defendiendo a Begoña, a Pedro Sánchez, a Aldama, a Ábalos y al resto de personas implicadas en la corrupción. (Aplausos). Esas son las diferencias entre nosotros, así que síganme hablando del tema, que
seguirán escuchando.
He consumido ya casi la mitad del tiempo relativo a esta proposición de ley orgánica, pero, en fin, señorías de VOX, hay una serie de cosas en las que ustedes y nosotros estamos de acuerdo en relación con la inmigración. Estamos de acuerdo
en que España no puede abrir indiscriminadamente las puertas a cualquiera que quiera venir aquí, estamos de acuerdo en que la inmigración tiene que ser legal, tiene que ser una inmigración vinculada al trabajo, pero nos separa una cosa esencial y es
que nosotros a los inmigrantes que vienen legalmente, que trabajan legalmente y que pagan sus impuestos los concebimos de una manera muy diferente a la suya: ustedes los miran con desconfianza y nosotros los miramos como seres humanos dignos, que
tienen todos los derechos, y si tienen los requisitos, tienen también la posibilidad de adquirir la nacionalidad española. (Aplausos).
Lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley es dificultar la adquisición de la nacionalidad española. Pretenden elevar de diez a quince años a la residencia legal y continuada para adquirir la nacionalidad española. Se asombran de
que haya habido en el pasado año 150 000 extranjeros que han adquirido la nacionalidad española, y yo me pregunto: ¿por qué? Son 150 000 personas que, si han adquirido la nacionalidad española, es porque han residido legal y continuadamente en
nuestro país. Han trabajado legalmente aquí, han pagado sus impuestos aquí, han acreditado su arraigo y han acreditado su buena conducta cívica. ¿Cuál es el problema en que sean españoles? A nosotros no nos genera ninguno. Y elevar de diez a
quince años el tiempo de residencia legal y continuada es una extravagancia en el ámbito jurídico de los países de nuestro entorno. Ni en Francia ni en Bélgica ni en Alemania ni en Inglaterra ni en Italia ni en Estados Unidos se exige semejante
plazo. España es ya el país de Europa que más tiempo de residencia legal y continuada exige para adquirir la nacionalidad, porque en todos los países que acabo de citar se exigen cinco años de residencia legal y continuada.
En el año 1889, cuando se promulga el Código Civil, que no regulaba esta materia en los términos en los que lo hace actualmente, se hacía referencia a la vecindad civil, que se ganaba en el siglo XIX con dos años de residencia si se hacía
una manifestación favorable a obtenerla y con diez años si no se hacía ninguna manifestación contraria. Pero es que la primera vez que el Código Civil regula la adquisición de la nacionalidad española en términos similares al actual es por una ley
del día 14 de julio del año 1954, pidiendo diez años de residencia legal y continuada. Les recuerdo que entonces gobernaba el general
Franco, que no creo que sea un representante del consenso progre precisamente. ¿Por qué quieren ustedes elevar a semejante cantidad de tiempo la residencia legal y continuada en España? Es incomprensible. Como es incomprensible que
pretendan ustedes ahora descubrir el Mediterráneo diciendo que es necesario probar la buena conducta cívica, carecer de antecedentes penales y demostrar conocimiento de la lengua española y de la Constitución, porque, señorías, eso ya existe. Eso
existe en la Ley del Registro Civil y en su reglamento; existe en el artículo 220 del reglamento del Registro Civil. El Instituto Cervantes imparte cursos de conocimiento de la lengua española como idioma extranjero e imparte cursos de
conocimiento constitucional y sociocultural de España. Todo eso está ya regulado donde tiene que estarlo, que es en la Ley del Registro Civil y no en el Código Civil; luego no hace falta que inventen ustedes el Mediterráneo.
Pretenden crear una nueva pena, la pena de pérdida de la nacionalidad española, y eso nos parece que puede ser bastante razonable, pero para determinados delitos muy en concreto. Ustedes pretenden nada más y nada menos, con un artículo 616
quinquies del Código Penal, que extenderlo a todos los delitos comprendidos en los títulos XXI a XXIV del Código Penal, que abarcan cuestiones tan absolutamente heterogéneas como el delito de genocidio o el de desobediencia a la autoridad. Es
decir, que el que extermine a un grupo nacional o el que discuta con un vigilante de seguridad en la estación de Atocha puede estar tratado penalmente de la misma manera, lo cual es absolutamente aberrante desde el punto de vista del derecho penal.
Que se pueda establecer la pena de pérdida de la nacionalidad española por un delito de pertenencia a banda armada o por delitos contra la Constitución o sedición nos puede parecer razonable, pero insisto en que es necesario afinar mucho más en
técnica jurídica cuando se pretende hacer una cosa así. Desde luego, lo que no es aceptable de ninguna manera es establecer la pérdida de la nacionalidad española por una sanción administrativa. Eso es una ocurrencia, señor Hoces. Para empezar,
porque ustedes no se han tomado la más mínima molestia...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor CONDE BAJÉN: Termino, señor presidente.
No se han tomado la más mínima molestia en decir en qué casos se va a poder imponer esa sanción y por qué autoridades, incumpliendo un principio esencial básico, como es el principio de legalidad, establecido en el artículo 25 de la
Constitución, o el principio de legalidad administrativa, establecido en el artículo 25 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿En qué casos y por qué autoridades? No lo dicen.
Dicho esto, por las razones que decía al principio, el Grupo Parlamentario Popular, que tiene muy serias y severas discrepancias con esta proposición de ley orgánica de VOX, va a abstenerse en la votación sobre la iniciativa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 121/000025).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el debate de totalidad del Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero. A este proyecto se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo.
Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchas gracias, señor presidente.
Tratamos hoy una enmienda de VOX en la que básicamente pedimos que se derogue una ley del año 2005, la ley de derechos de emisión de CO2. Mucha gente, sobre todo quienes nos escuchen en sus casas, es posible que no tengan prácticamente ni
idea de qué es esto; quienes lo hayan escuchado alguna vez, seguro que no saben cómo funciona; y, desde luego, no hay nadie, probablemente tampoco en esta Cámara, que entienda en profundidad cuáles son las implicaciones reales de esta ley, las
implicaciones terriblemente nocivas. Solo quien haya sido capaz de analizar la cuestión liberándose de los dogmas, sobre todo los de la Agenda 2030... Escucho risas en las bancadas del Grupo Popular y del Grupo Socialista y entiendo que la
cuestión les haga gracia, pero yo creo que más gracias les va a hacer a los españoles cuando entiendan la traición que ustedes están cometiendo.
Esta ley no es más que un impuesto encubierto -sí, un impuesto-, porque, básicamente, la Administración pública ha decidido que para emitir cada tonelada de CO2 a la atmósfera -esto es, cada vez que ustedes quemen gas en su caldera, cada vez
que una industria levante la persiana, cada vez que nuestro sector industrial empiece a funcionar- hay que pagar un impuesto especial al respecto y este impuesto especial se llama derecho de emisión de CO2, es decir, tú para quemar algo tienes que
pagar. ¿A quién? En principio, a la Administración pública, en una subasta pública en la que saca esos derechos a concurso, y a esas subastas pueden acudir quienes quieran. Tanto es así que, hoy en día, muchísimos fondos de inversión y
prácticamente todos los bancos acuden. Se ha habilitado un mercado secundario de derechos de emisión de CO2 y casi todos los bancos y los grandes fondos de inversión, en cuanto salen a subasta, compran un gran paquete y según se va incrementando el
precio a lo largo del año, porque ya las industrias van emitiendo lo que les corresponde, empiezan a venderlo, por supuesto, a mayor precio. De tal forma que vemos que en este sistema los principales beneficiarios son dos: el primero, la
Administración pública con un impuesto encubierto; y el segundo, los grandes traders, los bancos o las agencias financieras que obtienen beneficios especulando con estos derechos de emisión de CO2.
Cuando nacen estos derechos en el año 2005 en España -antes de esto con una directiva de la Unión Europea-, empiezan como las auténticas drogas. La primera parte de los derechos de emisión se regalan, de tal forma que los principales
consumidores, es decir, la principal industria de los países afectados, no protestan contra ellos. ¿Por qué? Porque en principio esto parecía gratuito; es más, esos derechos de emisión de CO2 que recibían de forma gratuita luego podían venderlos
en el mercado secundario. Lo que se ha conseguido con esto es que gran parte de nuestra industria sea ya adicta, esté enganchada a esos derechos de emisión de CO2, y ahora, como digo, entran en juego las subastas, siendo los beneficiarios el
Estado, con un impuesto encubierto, y los bancos, que ya tienen todos ellos sus mesas de trading de derechos de emisión de CO2.
¿Cuánto nos cuesta esto en concreto a los españoles? Según el último informe de la Administración pública, en el año 2023 nada más y nada menos que 2000 millones de euros. Un importe nada desdeñable que lo que ha hecho es directamente
engordar las arcas públicas y encarecer de forma indirecta todos los servicios sobre los cuales se ha ido repercutiendo, de tal manera que todo producto industrial que sale de España es hoy más caro por culpa de estos derechos de emisión de CO2.
(Aplausos). Todos los viajes, todos los billetes de avión -porque ahora esto repercute también en los viajes en avión- serán más caros; cada vez que compremos un coche, será más caro; cada vez que participemos en cualquier cuestión que la
Administración decida que ha emitido CO2, será más caro. Por lo tanto, ¿quiénes son los principales perjudicados? Los españoles. Los españoles, que con su esfuerzo irán cada día ¿a qué? A financiar la Administración pública.
¿Y para qué ha servido todo esto? Lo cierto es que España es uno de los países que menos emisiones de CO2 per cápita tiene del mundo, y desde luego de los países desarrollados. En España emitimos 5,4 toneladas de CO2 per cápita al año;
Alemania, 8, casi el doble; si nos vamos a Estados Unidos, 14; Rusia, 13; y China está también casi en el doble. Y si hablamos de emisiones netas, Estados Unidos emite 20 veces más que nosotros; Rusia 10; China, 60; y Alemania 3 veces más.
Lo que no se explica es por qué, si los españoles somos algunos de los que menos CO2 del mundo emitimos per cápita, tenemos que hacer semejante esfuerzo. Lo cierto es que España, con todos estos esfuerzos y con todas estas medidas, se encuentra
hoy, con los datos del año 2023, con unas emisiones de CO2 semejantes a las del año 2000. No hemos logrado una reducción significativa de nuestras emisiones de CO2. Sin embargo, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido, por un lado, esa
recaudación pública de la que ya les he hablado y hemos conseguido un gravísimo impacto para los españoles: el empleo industrial retrocede a su mínimo histórico. Esto lo dice el periódico El Mundo en abril de 2024. (Muestra un gráfico). España
se encuentra en niveles mínimos históricos de empleo industrial, entre otras causas por todos los palos en la rueda que se le pone a la industria, entre otros, este, el de los derechos de emisión de CO2.
La evolución del índice de producción industrial de España está hoy en niveles del año 1995 (mostrando un gráfico) y este es el resultado que ustedes han conseguido encareciendo y poniendo impuestos ocultos a nuestra industria y a nuestro
sector industrial. (Aplausos). Porque ustedes piensan en su bolsillo, ustedes piensan en la recaudación pública, ustedes piensan en esas agendas globalistas,
pero no piensan en los españoles. Porque mientras que los españoles se pegan un tiro en el pie y reducen su industria (mostrando un gráfico), las emisiones de CO2 mundiales continúan al alza. Porque con todo el perjuicio que los españoles
padecen y parecerán, el mundo no está sintiendo absolutamente nada, ningún efecto benéfico. Al contrario, las emisiones de CO2 mundiales continúan incrementándose, porque ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular -no olvidemos que todas
estas normas han sido pactadas y consensuadas por ambos partidos-, no piensan en el beneficio de los españoles. Ustedes están en esos dogmas ideológicos, en estas cuestiones supranacionales que en nada afectan ni benefician a los españoles, porque
al currante de Vallecas, cada día que abre la persiana y piensa en sus dos hijos y en los 1000 euros que gana al mes, no le importa una higa lo que ustedes están hablando y estos planes globalistas de reducciones de emisión de CO2. (Aplausos). Lo
que les importa a los españoles es poder llegar a fin de mes y es en lo que ustedes nunca, jamás, piensan; es lo que ustedes no dibujan ni diseñan con sus legislaciones socialistas. Ustedes jamás piensan en las cosas del comer. Ustedes no caen en
la cuenta de que todas estas legislaciones absurdas que están planteando para España el único impacto que tienen en nuestros trabajadores y en nuestra población es que hoy, entre otras cuestiones, la vivienda es inalcanzable, los salarios reales no
crecen y los trabajos cada día son más precarios. El empleo industrial, que antes era el futuro de los trabajadores españoles, está desapareciendo y los alimentos cada día son más inaccesibles. Tanto es así que los españoles cada vez consumen
menos carne, menos pescado y menos frutas frescas porque no se lo pueden permitir. Mientras tanto, ustedes siguen pensando en las musarañas, siguen endureciendo y encareciendo esta ley de derechos de emisión de CO2, que, como les digo, solamente
beneficia a esas agendas globalistas. (Muestra un gráfico). Ni siquiera beneficia al planeta, que cada día, incluso si aceptásemos sus dogmas ideológicos, ve que se emite más y más CO2. En definitiva, los únicos perjudicados son los trabajadores;
entre otros lugares, los trabajadores de España. Así que les rogamos que atiendan, por favor, esta enmienda que les presentamos y deroguen esta ley, que es absurda y que, desde luego, en nada beneficia a los trabajadores españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Moi boa tarde.
A aprobación dunha serie de directivas en 2023 relacionadas coa redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e o comercio de dereitos de emisión determinan que agora se deba proceder á súa transposición ao dereito español. Fronte
aos posicionamentos negacionistas e aos pronunciamentos sobre as discriminacións que sofren por culpa das políticas climáticas as grandes empresas, que teñen que pagar para seguir contaminando, que hoxe VOX na súa emenda á totalidade trae aquí,
temos que comezar por afirmar que a mudanza climática existe. É unha realidade que está afectando ao conxunto da sociedade, dos sectores produtivos e económicos, das persoas, do planeta, e que os Gobernos, por tanto, deben actuar para lle pór freo.
Así, anunciamos xa desde o comezo o noso rexeitamento da emenda á totalidade e o voto en contra do BNG.
Porén, tamén queremos aproveitar o debate de hoxe para insistir máis unha vez máis en que a loita contra a mudanza climática ou a chamada transición enerxética deben realizarse con xustiza social e nacional. Transición si, mais transición
xusta, e na realidade as políticas que está a promover o Goberno están a implicar para a Galiza moitos prexuízos e o tratamento como territorio de sacrificio, se quixeren, como colonia. Vímolo e estámolo a ver nesa suposta transición da produción
de enerxía. Non podemos partillar que se considere transición, e menos xusta, o fechamento de vez das térmicas sen alternativas industriais ou empresariais que garantan o futuro das comarcas en que se asentan. Para redondear o despropósito,
fixeron desaparecer, e aínda non explicaron por que, os 1200 megavatios de capacidade do nó de evacuación de As Pontes, que permitiría realizar un concurso de transición xusta, como se fixo, por exemplo, no caso da central térmica de Andorra, en
Teruel. Aquí non hai esa previsión. Ao tempo que promoven un auténtico espolio eólico na Galiza, primeiro en terra e agora no mar. En lugar de impulsar unha produción a menor escala e descentralizada, próxima dos centros de consumo, apostan por
grandes parques de produción de enerxía e o seu traslado a centos de quilómetros sen reparar no grande impacto social, natural, patrimonial e económico da instalación de aeroxeradores e das inmensas liñas de
evacuación, un proceso que propicia a destrución de sectores importantes e sustentábeis, como o da pesca ou o agroforestal, para implantar megaparques de produción de enerxía eólica; iso si: as grandes enerxéticas felices porque todo son
lucros.
Segundo os datos que deu a coñecer a Rede Eléctrica Española en relación á xeración e consumo eléctrico no primeiro cuadrimestre do 2024, a Galiza enviou para fóra 50,5 % da súa produción de enerxía total, sendo ademais 89,1 % desta de orixe
renovable, 89,1 % de orixe renovable, maioritariamente hidráulica. A electricidade renovábel xerada en Galicia entre xaneiro e abril de 2024 superou 46,2 % do consumo galego. De verdade con estes datos é preciso incrementar a produción de enerxías
renovables na Galiza? En beneficio de quen? E sobre todo a custa de quen? Lembremos que os parques eólicos terrestres en tramitación, se se executasen todos, duplicarían, cando menos, o número de aeroxeradores xa instalados. Por iso defendemos
que é preciso ordenar esta produción de forma racional e o Goberno debe permitir a creación de tarifas eléctricas diferenciadas para as zonas produtoras. Unha tarifa eléctrica galega permitiría, por exemplo, como mínimo, beneficiarse economicamente
do papel asignado historicamente ao noso país de produtor enerxético.
Outra preocupación é respecto dos sacrificios (sacrificios, [xesto de comiñas] enténdase ben), que para determinados sectores poden ter as facturas políticas derivadas deste paquete de medidas da Unión Europea denominado obxectivo 55,
particularmente sectores coma o pesqueiro ou o transporte por estrada. Na actualidade, a nosa frota pesqueira, a frota pesqueira galega, especialmente a de baixura e a artesanal, non ten aínda alternativas viábeis para a súa descarbonización e nin
sequera pode, como consecuencia da propia normativa europea, que lle impide ampliar espazo nos buques para instalación de novas tecnoloxías máis eficientes enerxeticamente. En consecuencia, a posta en marcha de medidas que encarezan os combustíbeis
ou que obriguen a pagar polas emisións de gases só suporía maior carga económica para a frota galega, xa castigada por outras decisións comunitarias, tax, cotas, zonas vedadas, eólica mariña, etc., que poñen en risco a súa viabilidade futura.
Débese, por tanto, promover unha efectiva transición enerxética na frota, atendendo non só á súa sustentabilidade ambiental, senón tamén á económica e social. O contrario, pretender que esa transición se faga sen alternativas, redunda máis unha vez
na inxustiza. No caso do transporte por estrada ou aéreo, especialmente por estrada, é preciso, antes de gravar ou incrementar os custos ou impor penalizacións, facilitar unha alternativa real de transporte sustentábel, como é o ferroviario. Nós
apostamos polo transporte ferroviario como modo de mobilidade do futuro, pero para iso ten que haber infraestruturas e servizos suficientes. Do contrario, impor medidas que penalicen o transporte sen asegurar alternativas sería absolutamente
destrutivo para países que, como a Galiza, padecen un enorme déficit tanto en infraestruturas como servizos ferroviarios, e especialmente de mercadorías. Polo tanto, como dicimos nós, non se pode pór o carro diante dos bois.
Antes de finalizar, dúas consideracións a respecto da reforma da lei que deben ser recollidas, ao noso xuízo, e que o BNG presentará como emendas, xunto con outras cuestións. En primeiro lugar, a necesidade de incorporar a reclamación, por
exemplo, dos traballadores e traballadoras de Alcoa: poder elevar ao máximo permitido pola Unión Europea as compensacións de emisión de gases, especialmente no caso das industrias electrointensivas. E en segundo lugar a creación deste consello do
clima, no que se di que participarán organizacións sindicais, empresariais, ambientais... Vistos os precedentes, preocúpanos como se vai escoller esa representación sindical e, por tanto, estaremos vixiantes para que a maioría que representa os
traballadores a traballadoras galegas, como é a CIG, estea presente.
Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes.
La aprobación de una serie de directivas de 2023 relacionadas con la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y comercio de derechos de emisión determinan que ahora se deba proceder a la trasposición al derecho español. Frente a
la posición negacionista y las propuestas sobre la discriminación que sufren por culpa de las políticas climáticas las grandes empresas, que tienen que pagar para poder seguir contaminando, que hoy nos trae VOX en su enmienda a la totalidad, tenemos
que empezar por afirmar que el cambio climático existe. Es una realidad que está afectando al conjunto de la sociedad, de los sectores productivos, económicos, de las personas del planeta, y los Gobiernos deben actuar para ponerle freno. Por eso
anunciamos desde el principio nuestro rechazo a la enmienda a la totalidad y el voto en contra del BNG.
Sin embargo, queremos aprovechar el debate de hoy para insistir una vez más en que la lucha contra el cambio climático o la llamada transición energética debe realizarse con justicia social y nacional.
Transición, sí, pero transición justa, y en realidad las políticas que está promoviendo el Gobierno implican para Galicia muchos perjuicios y el tratamiento de nuestro territorio como una colonia. Lo vimos y lo estamos viendo en la
transición de la producción de energía. No podemos compartir que se considere transición, y menos justa, el cierre al mismo tiempo de las térmicas y sin alternativas empresariales e industriales que garanticen el futuro. Y para redondear todo este
despropósito, han hecho desaparecer, y todavía no explicaron el porqué, los 1200 megavatios del nudo de As Pontes, que permitiría realizar un concurso de transición justa, como se hizo, por ejemplo, en la central de Andorra, en Teruel. Al mismo
tiempo, se promueve un auténtico expolio eólico en Galicia; primero, en tierra y ahora, en el mar. En lugar de promover una producción a menor escala, descentralizada, se traslada a cientos de kilómetros sin tener en cuenta el gran impacto social,
natural y económico de la instalación de aerogeneradores y de las grandes líneas de evacuación, un proceso que propicia la destrucción de sectores importantes, como la pesca y el agroforestal, para implantar megaparques; eso sí, en beneficio de las
energéticas.
Todo son lucros. Según los datos de la Red Eléctrica de España, Galicia envió fuera el 50,5 % de su producción eléctrica y el 89,1 % era de origen renovable, la mayoría hidráulica. La electricidad renovable generada en Galicia entre enero
y abril de 2024 ha superado el 46 % del consumo gallego. ¿De verdad es necesario incrementar la producción de energía renovable en Galicia? ¿En beneficio de quién? Recordemos que los parques eólicos en tramitación, si se ejecutan, duplicarían el
número de aerogeneradores instalados actualmente. Es necesario ordenar esta producción de forma racional y el Gobierno debe permitir la creación de tarifas eléctricas diferenciadas. Una tarifa eléctrica gallega permitiría beneficiarse
económicamente a Galicia de ese papel asignado históricamente de productor energético.
Otra preocupación de los, entre comillas, sacrificios para determinados sectores puede ser el denominado objetivo 55, en particular para el sector pesquero o para el de transporte por carretera. La flota pesquera de bajura y artesanal no
tiene todavía alternativas y no puede, a consecuencia de la propia normativa que le impide ampliar espacio en los buques, tener buques más eficientes enérgicamente. En consecuencia, la puesta en marcha de medidas que encarezcan los combustibles o
que obliguen a pagar por las emisiones supone una mayor carga económica a la flota gallega, que está ya castigada con tax, cuotas o zonas de veda. Por tanto, se debe promover una transición energética efectiva, teniendo en cuenta no solo la parte
ambiental, sino también la económica y la social. Entender que esa transición se realice sin alternativas redunda en la injusticia. En el caso del transporte por carretera o aéreo, es necesario antes de gravar o de incrementar los costes,
facilitar una alternativa real de transporte sostenible, como es el ferroviario. Nosotros apostamos por el transporte ferroviario como modalidad de transporte para el futuro, pero para eso tiene que haber infraestructuras ferroviarias suficientes e
imponer medidas que penalicen sería totalmente destructivo para países como Galicia que tiene un enorme déficit en infraestructuras ferroviarias, y especialmente en mercancías. Por lo tanto, no podemos empezar poniendo antes la solución sin buscar
una solución antes.
En primer lugar, debemos incorporar varias consideraciones, como una reclamación de los trabajadores y trabajadoras de Alcoa. En segundo lugar, la creación de ese consejo del clima, en el que se dice que van a participar organizaciones
sindicales, empresariales, etcétera. Nos preocupa, vistos los precedentes, cómo van a estar representados la mayoría de los trabajadores y trabajadores gallegos, la CIG.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Nós, en todo caso, votaremos en contra e presentaremos emendas para mejorarlo.
Muchas gracias.
Nosotros, en todo caso, votaremos en contra y presentaremos enmiendas para mejorarlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por VOX, como no puede ser de otra manera, ya que lo que propone es derogar la ley que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y
que es consecuencia, precisamente, de la trasposición de dos
directivas que forman parte del paquete Fit for 55, del Pacto Verde Europeo, una ley que, por tanto, se ajusta a las directivas comunitarias y cuya finalidad pasa por contribuir al proceso de descarbonización de la economía y al mismo tiempo
impulsar la competitividad de la industria, aunque ustedes digan lo contrario. Desde luego, nosotros no vamos a apoyar algo que va en contra de lo establecido y consensuado por Europa.
El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea se estructuró en varias fases, desde el año 2005 hasta el 2030, como instrumento de una política climática y supone un estímulo económico para reducir las emisiones
contaminantes, promover una transición hacia una economía baja en carbono y, en definitiva, combatir el cambio climático y el calentamiento global, que ustedes niegan una y otra vez. El régimen de comercio de derechos de emisión, a pesar de que ha
enfrentado desafíos como el riesgo de la fuga de carbono, lo cierto es que ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, ha ayudado a estimular la adopción de tecnologías más
limpias y ha proporcionado incentivos económicos para la reducción de emisiones. El mercado de emisiones, por tanto, está siendo efectivo y se ha convertido en la tendencia hacia donde se dirigen la mayoría de las economías mundiales, y es que
actualmente cada vez más están poniendo precio al CO2 a través de mecanismos de mercado, impuestos directos o combinando ambas cosas, un precio que ejerce de incentivo para aquellos que buscan precisamente afrontar un cambio tecnológico a favor
también de la lucha contra el cambio climático.
Por lo tanto, creemos que hacer culpable a la política climática, como hacen en su enmienda a la totalidad, de la falta de competitividad de la industria europea no tiene fundamento o base alguna y, por eso, debilitar o desmantelar estas
políticas no va a resolver los problemas estructurales que tiene la industria europea y que son consecuencia de diversos y múltiples factores que requieren, desde luego, políticas industriales y energéticas europeas ambiciosas basadas en la
inversión y en el apoyo a la innovación tecnológica. De hecho, esta mañana, y en ese sentido, también el señor Figaredo nos hablaba de la competitividad de la industria de automoción en China en detrimento de la europea, pero lo que se le ha
olvidado decir es que China tiene un decreto del Consejo de Estado por medio del cual se introducen nuevas regulaciones que rigen el comercio de emisiones de carbono y cuyo objetivo es, precisamente, proporcionar un marco jurídico para el
funcionamiento del mercado de dicho comercio en el país y garantizar así la eficacia de las políticas relacionadas con este. Es decir, que, como he dicho antes, el mercado de emisiones es hacia dónde van la mayoría de las economías mundiales,
también la China.
Esta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley va contra lo que vienen reclamando, además, la mayoría de comunidades autónomas -bueno, que a ustedes esto de las comunidades autónomas les importa bien poco- que componen el Grupo Técnico
de Comercio de Emisiones de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, ya que ofrece seguridad jurídica a las modificaciones de las citadas directivas, y es que no hay que olvidar que algunas de estas modificaciones se están
llevando a cabo de facto, sin el respaldo de esta trasposición, y otras deberían cumplirse de forma inminente. Desde luego nosotros, dado el calado de las modificaciones derivadas de las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo
de 2023, así como los plazos establecidos en las mismas, consideramos prioritaria la aprobación de esta ley en el menor plazo posible, por lo que, como he dicho anteriormente, votaremos en contra de la enmienda la totalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada Danés.
La señora BOADA DANÉS: Gràcies, president. Abans de començar, permetin-me que des d'aquesta tribuna recordi la figura del president Lluís Companys assassinat avui fa 84 anys, de fet afusellat pel règim feixista del general Franco.
(Aplausos).
Quiero recordar la figura de Lluís Companys, asesinado hoy hace ochenta y cuatro años, fusilado por el régimen fascista del general Franco. (Aplausos).
Empiezo, cómo no, hablando del protocolo de Kioto, seguramente esta agenda globalista que desprecian las señorías de VOX, pero que fue el primero en utilizar la idea del mercado como herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, poner un precio sobre el carbono para crear un estímulo económico para evitar tales emisiones y reducirlas allí donde es más eficiente con respecto al coste. Este protocolo fue un hito histórico y, con el fin de promover el desarrollo
sostenible, todas las
partes se comprometían a cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídas. Era el inicio de los mercados de carbono, instrumentos que se diseñaron para estimular los objetivos de reducción de
emisiones y que han devenido en un elemento clave de las políticas de mitigación del cambio climático. Siguiendo este compromiso, en 2003 la Unión Europea aprobó la directiva que establecía un régimen para el comercio de derechos de emisiones de
gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, trasladaba los objetivos climáticos de la Unión Europea a las 15 000 industrias más contaminantes, y dos años más tarde lo hacía España con la Ley 1/2005.
Hoy, casi veinte años más tarde, el Grupo Parlamentario VOX no solamente presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que actualiza esta última directiva en la materia y que, por lo tanto, nos equipararía con la legislación
europea, sino que también plantea derogar la ley de 2005, como ha argumentado con estas afirmaciones un poco marcianas. Esto es una irresponsabilidad, pero no una sorpresa, así que tampoco me detendré mucho en la sucesión de enunciados
negacionistas que presentan ustedes con este texto. La transición verde y justa será, y lo será a pesar de ustedes. (Aplausos).
Es un hecho que el mercado de créditos de carbono ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas se ven obligadas a comprar créditos para compensar sus emisiones a un precio regulado por el mercado y también así se
ven obligadas a seguir la senda de la descarbonización, a la par que garantizan su competitividad y contribuyen así a la lucha contra el cambio climático y a la promoción del desarrollo sostenible, como recogía el Protocolo de Kioto. Aun así, el
sistema no es lo bastante eficiente. Aunque la cantidad de créditos disponibles se va reduciendo con el tiempo para garantizar que también bajen las emisiones, el fuerte impulso que le ha dado la Unión Europea precisamente a las energías renovables
ha provocado un excedente de créditos, sobre todo por la parte del sector eléctrico, que es el que se está descarbonizando más rápido y esto, sumado a una menor demanda, ha hecho disminuir el precio del carbono en los últimos años. Hace falta
elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde a los objetivos para el 2030 y 2040. Hace falta más ambición y no quedarnos en la mera trasposición de estas directivas. Hace falta hacer todo lo contrario de lo
que plantea VOX en esta enmienda a la totalidad para garantizar que la Unión Europea continúe liderando y cumpliendo con los objetivos de reducción de CO2.
En el Grupo Plurinacional SUMAR tenemos clara la urgencia de la tramitación de este proyecto de ley, y no solamente por las multas millonarias a las que nos exponemos si no adaptamos nuestra legislación a la europea o por la inseguridad
jurídica que crea en los sectores afectados, sino porque esta ley es una oportunidad para que España lidere un sistema de comercio de emisiones más consistente y, por lo tanto, más ambicioso y más justo. Por esto, nos preocupan las exenciones
otorgadas a los biocombustibles, los cuales empiezan a competir con los cultivos destinados a la agricultura. Es una competición -alimentar a la población y al ganado o alimentar a los aviones- que no nos podemos permitir.
Otro reto que deberíamos abordar en esta legislación son las capturas de carbono y cómo podemos monitorizar estas fugas de CO2 que no se contabilizan en el registro, produciendo un claro desajuste en el sistema de derechos de emisión de
estas industrias. La principal novedad es la inclusión de los sectores de transporte por carretera y de la edificación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y esta puede tener un claro impacto social en los hogares
más vulnerables, las pymes más vulnerables y las personas que viven en zonas rurales y remotas sin acceso al transporte público. Por este motivo -y aunque no es objeto de esta norma-, es urgente también el desarrollo del Fondo Social para el Clima.
Para conseguir los objetivos climáticos presentes -reducir un 55 % las emisiones en 2030- y los futuros -conseguir la neutralidad climática- hace falta engrasar la maquinaria que nos permita afrontar este reto mayúsculo de la mejor manera posible.
Así, en el Grupo Plurinacional SUMAR entendemos que la trasposición de estas directivas es una oportunidad para empezar a diseñar instrumentos eficientes y eficaces, como un banco central de carbono cuya principal función sea la gestión y el
control del mercado de emisiones de gases de efecto invernadero. Este órgano gestionaría los límites de gases establecidos en los distintos niveles de la Administración recaudando y gestionando los fondos obtenidos, supervisaría el mercado
secundario de emisiones, generaría información sobre los precios mediante subastas inversas, sancionaría los incumplimientos, garantizaría la aplicación del impuesto del carbón en frontera y gestionaría los distintos fondos vinculados al sistema,
entre otras muchas funciones. (Aplausos). En definitiva, el banco central de carbono actuaría como intermediario entre la oferta y la demanda de derechos de emisión y centralizaría todos los mecanismos relacionados con el régimen de emisiones.
Este anteproyecto de ley es esencial para avanzar en la reducción de emisiones y en la descarbonización de la economía, pero también lo es para proteger
a los más vulnerables que son los que más sufrirán la transición verde si no se articula un reparto justo entre costes y beneficios. Y este nuevo régimen, precisamente, incluye el principio de quien contamina paga y aumenta los ingresos
para esta transición verde justa. (Aplausos).
Señorías de VOX, están ustedes haciendo un populismo de manual y están pasando ya del discurso negacionista al discurso retardista. La propuesta de salirnos del régimen del comercio de derechos de emisión al igual que intentar boicotear la
implementación de las zonas de bajas emisiones allí donde gobiernan no solo va en contra de la evidencia científica, sino que demuestra de nuevo su ignorancia, mala fe y su mal gobierno.
Termino. Lógicamente, vamos a votar en contra de su propuesta de regresar al pasado por una simple razón: porque nos va, precisamente, el futuro y la vida en ello. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramírez Moreno.
La señora RAMÍREZ MORENO: Gracias, presidente.
Señor Figaredo, para este viaje no hacían falta tantas alforjas ni tanta épica. Vaya enmienda a la totalidad han presentado hoy y vaya batiburrillo nos ha presentado en el día de hoy usted aquí. Es una enmienda que no solo pide retirar el
proyecto de ley actual, que es una reforma de la Ley 1/2005, reguladora del régimen del comercio de derechos de emisión en España, sino que quieren ir más allá: derogar la propia ley. ¿Saben ustedes lo que eso implica? ¿Saben ustedes las
consecuencias? ¿De verdad que a ustedes les da igual? ¿Sabe usted que desde 2005 se han ido reduciendo las emisiones en CO2? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que las renovables cada vez son más baratas? ¿Sabe usted que lo que les importa a los
españoles es que baje la factura de la luz gracias a las renovables? (Aplausos). ¿Lo sabe usted? ¡Porque usted nos ha acusado aquí de no saberlo, a mí lo que me preocupa es que usted no lo sepa! Es lo que me preocupa.
Y yo creo que el motivo -que hay que explicarlo- para presentar esta reforma de la ley es claro: adaptar la legislación de nuestro país a la legislación europea. (El señor Figaredo Álvarez-Sala muestra un documento). No me enseñe datos,
lo sé perfectamente. Por lo tanto, yo sé que lo que ustedes están proponiendo es dejar a España fuera de la legislación europea; es decir, que nos quedemos descolgados. Ustedes cada día siguen superándose. Entiendo que en esta Cámara no hay
ningún otro partido que esté en la misma radicalidad en la que está el Grupo VOX en este punto, porque ya nos tienen acostumbrados, pero yo creo que nadie en coherencia podría estarlo. También entenderé que el Partido Popular, que está últimamente
en una deriva bastante peligrosa, alarmante e incluso preocupante, al menos esta vez no esté con sus socios de VOX.
Las consecuencias de la propuesta que nos trae VOX son altamente lesivas para los intereses de los españoles, supondría una ruptura con nuestros socios europeos y nos expondría a multas millonarias para el Estado. El hecho de pretender
desmontar uno de los marcos más claros que tienen las empresas españolas para seguir la senda de descarbonización garantizando su competitividad y así poder cumplir con nuestros compromisos contra el cambio climático supone un descalabro para el
progreso verde y un arenal de tierras movedizas para la seguridad jurídica de todas nuestras empresas. Hay que dejar bien claro que la existencia de un marco normativo estable que dé señales claras es una petición de la propia industria. Por eso,
todos tenemos que estar a la altura.
Señorías de VOX, se nota que ustedes viven al margen de la sociedad, que no les importa absolutamente nada, nada más que el ruido. Los señores de VOX son como ese conductor kamikaze, siempre van a la contra. Como lo de pretender eliminar
de forma unilateral un régimen que es clave para las políticas del cambio climático, pero es que hablar con ustedes de cambio climático... Yo entiendo que ustedes no estén en esa línea. Las consecuencias sobre nuestras empresas, para las que la
participación sin barreras en el mercado interior es clave, serían nefastas si ahora España decidiera abolir de forma unilateral este régimen. ¿Cuál sería la reacción de los socios europeos? ¿Qué inversor querría invertir en la modernización de
nuestra industria en estas circunstancias?
Este debate es de hace veinte años. No nos extraña que ustedes lo saquen ahora porque ustedes viven en el pasado. Un retraso de al menos veinte años en las políticas ambientales -ya se lo digo- ni es posible ni lo vamos a permitir, porque
ese retraso de veinte años, además de suponer un grave retroceso en los términos de transición ecológica de nuestro país, supone un gran riesgo para nuestra economía, un gran riesgo para el tejido productivo, para nuestras empresas y, en definitiva,
para la industria española, la cual
necesita un marco previsible para la descarbonización como el que le otorga el sistema de comercio de emisiones.
Señorías, este proyecto responde a la necesidad de trasponer dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo que forman parte de ese paquete legislativo, objetivo 55 de la Unión Europea. ¿Saben cuáles son sus objetivos? Es fácil, el
objetivo es permitir a la Unión Europea cumplir con las metas en materia de energía y cambio climático, como es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos el 55 % hasta 2030 respecto a los niveles de 1990; también reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero mediante la imposición del precio del carbono emitido. Las premisas claves de este nuevo régimen son cuatro: uno, alcanzar una mayor reducción de las emisiones; dos, incluir nuevos sectores al principio de
quien contamina paga; tres, aumentar los ingresos públicos para la transición, y cuatro, por supuesto proteger a los más vulnerables.
España cuenta con novecientas instalaciones industriales y de energía, unos treinta operadores aéreos activos, del orden de seiscientas compañías navieras y unos mil distribuidores de combustible. Para ellos esta tramitación es tan
importante que debería seguir su trámite. Este es un expediente de carácter técnico y no debería generar ningún debate político. Por eso, espero que cuando se trate de acercar nuestra legislación a la legislación europea sus señorías del Grupo
Popular no tengan una posición blanda o cobarde. Entiendo que lo que querrán perseguir es debilitar al Gobierno, pero no lo van a conseguir, porque al final se debilitarán ustedes y su posicionamiento, y estarán dándole alas a la ultraderecha. Si
no aceptamos el marco europeo, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos? ¿Nos salimos del marco europeo? Yo creo que es un momento para recapacitar, tener coherencia y responsabilidad.
Voy terminando. Señoría, es necesario eliminar la inseguridad jurídica y los daños económicos que supondrían para nuestras empresas reducir esa competitividad frente a sus homólogos europeos. Es una reforma necesaria, es una reforma de
carácter técnico y que viene a seguir aportando al extenso trabajo que desde el Gobierno se está haciendo por descarbonizar sectores afectados. Y les insisto, este es el único camino que tenemos para preservar el futuro de nuestro país, pero, sobre
todo, el futuro de nuestros jóvenes. No hay caminos alternativos, no hay atajos, no hay soluciones fáciles, sencillas o mágicas, como algunos nos quieren mostrar aquí, y yo creo que lo que ustedes, señorías de VOX, tendrían que hacer es
replantearse su posición, aunque yo sé que ustedes van a seguir anclados en el pasado. Al Partido Popular le pido que dejen esa competición con sus socios ultras a ver quién gana. Y lo que sí tenemos claro es que este grupo parlamentario, este
Gobierno va a seguir trabajando, va a seguir velando por el bien de la industria, de la economía, de la transición justa y, sobre todo, del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de cualquier consideración, quiero dejar claro el posicionamiento del Partido Popular: la defensa y el compromiso con la lucha contra el cambio climático haciéndolo compatible con la economía (aplausos), con la economía de
todos los españoles y muy especialmente de las familias en nuestro país.
Señora Ramírez, el texto que nos plantea el Gobierno, lejos de ser una respuesta eficaz a los retos climáticos a los que nos enfrentamos, es una muestra más de la falta de realismo y pragmatismo del Gobierno socialista y, en particular, de
la señora Ribera, es una ley que tiene como objetivo reforzar el marco jurídico para cumplir con nuestros compromisos climáticos y caminar hacia una economía baja en carbono, que nosotros defendemos, pero debemos estar alerta, no se puede seguir
legislando sin analizar los impactos de nuestras decisiones en la vida de los españoles, porque la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se está haciendo esa transformación y esa transición en España y a costa de quién con el Gobierno socialista?
¿A costa de las familias, de los agricultores, de los ganaderos, de la industria del sector agroalimentario, de la distribución, de la industria de la automoción, de la España rural, de los jóvenes, de los autónomos? No se puede dejar a nadie por
el camino.
Este Gobierno ha fallado en hacer compatible la transición ecológica con la competitividad económica y la justicia social. Cada decisión que ha tomado ha tenido dos consecuencias: más inflación y más presión fiscal. Como resultado, hoy
hay más familias que nunca en situación de vulnerabilidad en nuestro país y esto ocurre al mismo tiempo que hay más sospechas de corrupción que nunca que afectan
precisamente a la titular del Ministerio de Transición Ecológica, la señora Ribera. (Aplausos). Cada día tenemos nuevas noticias, nuevos hechos, nuevos indicios de la implicación del ministerio que dirige Teresa Ribera en la trama corrupta
de Ferraz.
Pongámonos en escena: reunión del director de gabinete de la ministra de Industria con Koldo García, que no necesita presentación, y Claudio Rivas. Se reunieron y apenas poco tiempo después el ministerio que dirige la ausente Teresa
Ribera, que lleva más de tres meses sin aparecer por esta Cámara, otorgó una licencia a la empresa Villafuel para operar en el mercado de hidrocarburos, una empresa que pasó de facturar 36 millones de euros a facturar 815 millones de euros. Pues
bien, la UCO ha concluido que esta empresa de la trama de Ferraz con Aldama como conseguidor defraudó más de 180 millones de euros en el pago del IVA a Hacienda, más de 180 millones de fraude a todos los españoles. Se puede afirmar, por tanto, que
Teresa Ribera ha sido condición necesaria para los tejemanejes de la trama de corrupción de Ferraz. Por eso debe dar explicaciones en esta Cámara y hacerlo antes de someterse al hearing en Europa, porque todo esto ocurre mientras nuestro país baja
al puesto 40 de 67 en competitividad industrial. ¿No se dan cuenta, señores del Partido Socialista, que las únicas empresas que han sido competitivas de verdad en España durante estos últimos años han sido las empresas de las tramas corruptas del
Partido Socialista y de Ferraz? (Aplausos). Las únicas que han sido competitivas, las únicas que han mostrado beneficios.
Señorías, quien protege, quien ampara, quien silencia la corrupción también es cómplice de la corrupción. Y me gustaría hacer una reflexión para los socios de gobierno de Pedro Sánchez: ¿hasta cuándo van a estar tapando las vergüenzas de
Pedro Sánchez, de Koldo, de Aldama y compañía? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar en España para que ustedes abran los ojos?
La señora Ribera ha sido irresponsable durante su gestión, ha estado pensando más en su siguiente empleo, como se ha puesto de manifiesto, que en cumplir sus obligaciones como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico; ha
legislado sin contemplar en ningún caso en ninguna de las leyes que ha traído a esta Cámara impacto ambiental, económico o social; ha gobernado desde la prepotencia, desde la soberbia intelectual, no ha hablado con nadie, ni con comunidades
autónomas, ni con ayuntamientos, ni con la industria, ahí está, por ejemplo, la imposición del impuesto al plástico (aplausos); ha sumergido a la industria española en un mar de incertidumbre, nula armonización con Europa, falta de visión y ahora,
recientemente, sombra de corrupción.
Plan Nacional de Energía y Clima -no son palabras mías-, un ejercicio entre lo publicitario y la ciencia ficción, el cuento de la lechera. Son palabras del señor Jordi Sevilla, bien conocido por ustedes y al que bien podrían dedicarle al
menos un par de tardes, como hizo Zapatero, para saber algo de economía. Y si no quieren escucharle a él, por lo menos dediquen ese par de tardes a leerse el informe Draghi y darse cuenta de que por donde va el Gobierno socialista no es un buen
camino para la competitividad de la industria en nuestro país.
Hablemos del Tribunal de Cuentas Europeo en relación con los fondos europeos. Una gestión marcada por la ineficacia, la falta de transparencia y una creciente incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos comprometidos con Bruselas.
Fin de la cita. No hace falta decir nada más. Pero, señorías, si hablamos de la electrificación, seguimos siendo uno de los países en Europa con menos puntos de recarga, y, lo más grave, uno de los países de Europa con el parque móvil más viejo y
más contaminante. De verdad, teniendo un parque móvil actual de 800 000 vehículos eléctricos en España, que ustedes tengan el cuajo de decir en el Plan Nacional de Energía y Clima que en 2030 vamos a tener 5,5 millones de coches eléctricos es un
insulto a la inteligencia, ¡si se matriculan apenas 100 000 coches eléctricos al año!
Después de las visitas a China del presidente del Gobierno, creo que el único plan que tiene Pedro Sánchez es llenar nuestro país de coches eléctricos chinos, no españoles; por cierto, coches que vienen en barcos de diésel, señorías del
Grupo Socialista. La descarbonización no es una opción, es una obligación moral con nuestros hijos, con el lugar que vamos a dejar a las futuras generaciones y es una cuestión de responsabilidad. El Partido Popular defiende una agenda climática
sensata, que mitigue los impactos sociales de las políticas ambientales y que priorice la competitividad económica precisamente como ha indicado el informe Draghi recientemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice, por favor. Termine.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Voy terminando, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, finalice.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ: Europa no es el enemigo, es una oportunidad. Ahora bien, no se puede seguir pidiendo sacrificios sin ofrecer resultados, que es lo que hacen ustedes, pedir sacrificios a la sociedad española sin ofrecer resultados.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EQUIPARACIÓN SALARIAL REAL Y TOTAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL, ASÍ COMO SU JUBILACIÓN ANTICIPADA. (Número de expediente 162/000242).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre equiparación
salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras de bienvenida para esa tribuna tan solemne que está ahí arriba (aplausos): policías y guardias civiles que dais la cara cada día, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para nosotros sois un ejemplo.
Como digo yo, siempre hacemos oposición -en este caso- escuchándoos a vosotros, trayendo vuestros temas aquí. Hoy, la iniciativa que trae el Congreso de los Diputados es vuestra iniciativa, a la que yo únicamente voy a poner voz, nada más; aquello
que a vosotros os gustaría decir, hoy lo diré yo aquí.
Traemos nuevamente a debate una iniciativa que se aprobó en la Comisión de Interior en otros términos: una proposición no de ley para la equiparación salarial y la jubilación anticipada. Como saben, no pedimos más ni menos; no más que los
Mossos ni que la Ertzaintza, pedimos lo mismo. Pedimos cobrar lo mismo por el mismo trabajo; pedimos podernos jubilar en la misma fecha y con la misma cotización, no pedimos nada más; pedimos que las plazas que están en reserva de la Guardia
Civil, casi 19 000 compañeros, y las 4000 plazas que están en segunda actividad de la Policía se incorporen inmediatamente. (Aplausos). No es normal que los cuarteles estén vacíos mientras no se llama a 19 000 guardias civiles en reserva a
incorporarse. Pedimos una ley de retribuciones básicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no se vuelva a producir esta desigualdad y pedimos que de una vez por todas -porque hoy nos hemos vuelto a enterar de que el PSOE
nuevamente pide ampliar el plazo de enmiendas por octava vez consecutiva para no aprobar en el Congreso la ley que se aprobó en el Senado de jubilación anticipada y que podría entrar en vigor el 1 de enero de 2025- saquen esa ley del cajón y dejen
debatirla y aprobarla en el Congreso.
A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay que darles efectivamente recursos económicos, pero también hay que darles instrumentos jurídicos. No es normal lo que acaban de hacer. El mayor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado lo acaban de hacer ustedes con la ley de Bildu de inseguridad ciudadana (aplausos); una ley del caos, una ley de la kale borroka, una ley que está totalmente redactada por los herederos de quienes asesinaron a 210 guardias civiles, 150
policías nacionales y 41 policías locales. ¿Pero cómo se les ocurre a ustedes que ellos sean los que redacten la ley de seguridad ciudadana? Miren, esta ley no es para proteger a los policías y los guardias civiles, es para protegernos a nosotros.
Si a ellos no se les protege, a nosotros no nos pueden proteger las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (Aplausos). Llegaron y, lo primero, la amnistía; después los indultos; después el 'cuponazo' catalán y ahora desprotegen a las fuerzas
y cuerpos de seguridad, todo con tal de mantener en la poltrona al número uno; solo por eso, para seguir unos meses más arrastrándose en Moncloa, no por otra cosa. A ustedes no les importan para nada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En estos momentos, cuando las agresiones a los agentes han pasado de 32 al día en el año 2022 a 46 al día en el año 2023, ustedes quiebran más el principio de autoridad en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando habría que
reforzarlo, habría que modificar los artículos 550 y 556 del Código Penal para reforzar el principio de autoridad de los agentes y no debilitarlo, como están haciendo con esta ley de Bildu. Se van a arrepentir (aplausos), pero les doy mi palabra a
todos de que cuando lleguemos al Gobierno la vamos a derogar, no va a durar ni una semana, como ha prometido el presidente Feijóo.
Su desprecio, señorías socialistas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido absoluto. Hoy he estado haciendo hemeroteca: el día 24 de enero de 2020 cesaron al inspector José Nieto por escribir un e-mail alertando del COVID.
Mientras cesaban el 24 de enero a ese señor, un gran profesional que quería proteger a sus policías, ustedes utilizaban a la Policía y a la Guardia Civil en Barajas para tapar las maletas y el caso Delcy. (Aplausos). ¡La misma semana! ¡Es una
auténtica vergüenza! (Aplausos).
Pero no solo eso, cuando ustedes nombraron cinco directores de la Guardia Civil no fue por defender la institución de la Guardia Civil. Nombraron una directora para cesar al coronel Pérez de los Cobos por no filtrar un informe que
perjudicaba a su Gobierno en una investigación sobre el 8-M. Otro director de la Guardia Civil resulta que era el que daba el chivatazo a la trama de Koldo, PSOE, Sánchez, hermano de Sánchez, mujer de Sánchez, Ábalos, la novia de Ábalos; todos.
(Aplausos). El chivatazo de un director de la Guardia Civil al que premian con una embajada en Washington. Pero no se queda ahí la trama y la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, resulta que al hermano de Aldama, al
mismísimo hermano de Aldama, había también que callarlo y le dieron una embajada en Moscú. ¡En el año 2022 le dieron una medalla al mérito policial, mientras estaban robando y saqueando y cuando estábamos todos encerrados! (Aplausos). A ustedes no
les importaron para nada las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante estos años, solo las han utilizado. Ayer mismo un excomisario de la Policía, el excomisario 'Lenin', tuvo que comparecer ante un juzgado porque el Ministerio del
Interior compró la misma trama de Koldo -¡oh, qué casualidad!-. Y cuando le preguntaron: ¿Quién le ordenó comprar? Pues Koldo, el mismísimo Koldo. Sí, ese portero de puticlub que le hacía las respuestas a Marlaska cuando me respondía en el caso
Delcy. Pues el mismo es el que compraba en el Ministerio del Interior. (Aplausos). Y ahora -¡oh, qué casualidad!- en el Ministerio del Interior no aparecen las mascarillas, es decir, que encima se engañó a la Policía y a la Guardia Civil esos
días diciendo que había mascarillas cuando ahora sabemos que esas mascarillas nunca llegaron al Ministerio del Interior. Es una auténtica vergüenza que no protegieran a la Policía y la Guardia Civil en los peores años de la pandemia, que se
quejaban -yo cogí el teléfono de esa gente que está en la tribuna casi todos los días- de que no tenían material, de que no tenían nadie que les auxiliara. Y ustedes solo estaban pensando en robar, era lo único que les preocupaba en ese momento.
(Aplausos).
Así que, si les queda algo de dignidad, voten a favor para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, voten a favor para protegerles, den marcha atrás con esa reforma de Bildu, con esos que asesinaban y que quieren echar a la
Policía y a la Guardia Civil de Cataluña y del País Vasco. Levanten la voz de una vez y den la cara por ellos, que ellos la dan todos los días en cada uno de los rincones de España. (Aplausos).
Señorías, no vamos a cesar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, muchas gracias. (La señora Vázquez Blanco continúa hablando con el micrófono cerrado).
Ha finalizado su tiempo. (Protestas). Muchas gracias, señoría. (La señora Vázquez Blanco continúa hablando con el micrófono cerrado).
Muchas gracias, señoría. Abandone el atril. (La señora Vázquez Blanco, dirigiéndose a la tribuna de invitados: Muchas gracias por estar aquí. Seguiremos dando la cara.-Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, puestos en pie).
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias.
Es evidente el maltrato histórico que han sufrido la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a las policías autonómicas, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, con una brecha salarial verdaderamente
inaceptable. Esta situación, que podríamos calificar de utilización de nuestros funcionarios como auténtica mano de obra barata, se fue alargando a lo largo de los años y de las décadas, tanto con Gobiernos del Partido Socialista como con Gobiernos
del Partido Popular. La discriminación es evidentemente contraria al más elemental principio del artículo 14 de nuestra Constitución, que ciertamente proscribe cualquier tipo de discriminación por cualquier motivo y, por tanto, también las
discriminaciones laborales; por ese principio de que, a igual trabajo, igual responsabilidad, igual formación, debiera haber una igual retribución. (Aplausos).
Desde que VOX entró en política en el año 2014, quien les habla recorrió España junto con sus compañeros en decenas y decenas de manifestaciones, con el Gobierno del Partido Popular y con el
Gobierno del Partido Socialista, reclamando una equiparación real, una justicia retributiva que se les negaba desde ambos Gobiernos. El acuerdo de 2018 en modo alguno fue un acuerdo de equiparación, fue una subida salarial temporal que no
logró satisfacer las reivindicaciones legítimas de Policía Nacional y de Guardia Civil. Desgraciadamente, en España el principio de penalizar a quienes han sido leales con la nación, a quienes han sido fieles cumplidores del ordenamiento
constitucional es desgraciadamente una práctica habitual. Y lo vemos con las propias comunidades autónomas, pues se beneficia a aquellas que permanentemente están en un estado de deslealtad constitucional, de deslealtad nacional con el resto de
España; en cambio, aquellas comunidades que se mantienen fieles a ese principio de lealtad son discriminadas. Parece que aquí quienes no estamos por la discriminación somos los españoles, pero sí los Gobiernos, que han permitido que algunos, los
desleales, hayan sacado tajada de su deslealtad. Pensemos en el golpe de Estado del día 1 de octubre de 2017. ¡Qué diferencia! Los Mossos d'Esquadra, con órdenes políticas, colaboraron con el golpe de Estado; enfrente, los leales cumplidores
-servidores públicos- de la Policía Nacional y la Guardia Civil cumplieron las sentencias, respetaron la Constitución y fueron fieles al juramento que hicieron en su día. (Aplausos).
Es absolutamente indudable la necesidad de una urgente equiparación real de nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil con las policías autonómicas. Es absolutamente urgente una ley de retribuciones para que no vuelvan a estar al
albur de las negociaciones políticas con el Gobierno de turno que corresponda, sino que haya una ley que les garantice esa retribución por derecho propio. Y que se reconozca como profesión de riesgo, es decir, con una jubilación anticipada con los
coeficientes o los índices correctores necesarios. ¿Quién se atreve a negar el indiscutible derecho a ser considerada profesión de riesgo a nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil, con 150 asesinados del Cuerpo Nacional de Policía y 243 de
la Guardia Civil a manos del terrorismo, y cuyos agentes han tenido que sufrir 17 000 agresiones solo en el ejercicio 2023? Y, por supuesto, deben recuperar la segunda actividad o la reserva para el servicio activo de todos aquellos que así lo
deseen.
Hemos incorporado una enmienda a esta PNL del Grupo Popular para que también esa equiparación salarial cubra a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, porque ellos también son una evidente profesión de riesgo, pues también han perdido a 47
de sus miembros asesinados por la banda terrorista ETA y a 203 en acto de servicio solo desde el año 2011 al año 2023. Ellos son también profesión de riesgo y, tal y como se aprobó en la XIV Legislatura en esta Cámara, en una proposición no de ley
el 21 de septiembre de 2020, presentada por este mismo grupo, nuestros militares también tienen derecho a una equiparación salarial.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes.
Mis primeras palabras tienen que ser para agradecer y reconocer el trabajo y la labor que realizan tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. En nombre de Unión del Pueblo Navarro (dirigiéndose a la tribuna de invitados), les
estaremos eternamente agradecidos, porque, como dije con la persecución que hacía el Gobierno -el ministro Marlaska- al coronel Pérez de los Cobos, estuvieron en los momentos más duros y más críticos para esta formación política, y eso no lo
olvidaremos. Por lo tanto, muchísimas gracias por el trabajo que realizaron antes y por el que realizan ahora. (Aplausos).
Señorías, hoy, una vez más, en Unión del Pueblo Navarro debemos defender una causa que no solamente es justa, sino también necesaria: la equiparación real y efectiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil con relación a otros cuerpos de
seguridad autonómicos, forales y locales. Esta demanda no es nueva, ya se ha dicho y lo vimos también en la Comisión de Interior de esta Cámara. Y la injusticia de la realidad también es evidente. Estamos hablando de servidores públicos que
arriesgan su vida para defender nuestra seguridad y también la libertad y la democracia de nuestro país y que, sin embargo, se enfrentan a una desigualdad salarial y laboral incomprensible desde nuestro punto de vista. En 2018, como se ha dicho, se
firmó un acuerdo a la hora de establecer o iniciar esta equiparación y, aunque fue un paso importante, no se ha visto culminado; incluso también se planteó la posibilidad de una auditoría externa, que no ha sido establecida. Señorías, ¿por qué la
Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que pagar la desidia, la inacción del Ministerio del Interior con el ministro Marlaska a la cabeza? ¿Por qué tienen que pagar el desinterés del propio Gobierno de España?
No podemos olvidar que estos cuerpos policiales disfrutan de una situación laboral diferente a la de la Policía Foral, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y policías locales. Desde nuestro punto de vista, es una cuestión de justicia y de equidad.
En Unión del Pueblo Navarro exigimos que se complete de una vez por todas este proceso de equiparación. A igual trabajo, igual salario. No podemos dejar que la desidia política siga impidiendo que se haga justicia con los que más lo merecen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, (dirigiéndose a la tribuna de invitados), quiero saludar a los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que nos acompañan en el día de hoy. Canarias sabe bien de la labor de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional, pues a lo largo de los años siempre han estado presentes en los momentos más importantes. Podemos hablar de las erupciones del volcán, de 13 millones de turistas, de nuestros puertos, de nuestros aeropuertos y también de la inmigración,
donde juegan un papel fundamental, con plantillas deficitarias. Están absolutamente desbordados y extenuados en muchos puestos de las islas, donde los efectivos están por debajo de lo que es necesario, como puede ser el caso de Lanzarote o de
cualquiera de las islas a las que llegan los cayucos.
Pero además de la equiparación de las retribuciones, que siempre hemos defendido como justa, quiero hoy aquí aprovechar para recordar que el complemento de residencia que reciben aquellos profesionales que son destinados a Gran Canaria o a
Tenerife es de menos de 150 euros al mes. Ustedes me dirán cómo un profesional de este tipo puede vivir desplazado en Canarias con un complemento de residencia de 150 euros al mes, cómo puede alquilar una vivienda en unas islas en las que el precio
de la vivienda es de los más caros de todo el territorio del Estado. Imposible. Por eso, muchísimos efectivos se van, se marchan y no aguantan, porque resulta que casi están pagando para trabajar allí.
Siempre hemos reconocido su labor y las instituciones canarias han dado un paso al frente cuando ha sido necesario. En el año 2008, allá por la crisis, los cabildos insulares asumieron incluso el pago de la gasolina de los vehículos y algún
cabildo llegó a comprar vehículos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. ¿Cómo es posible, dice la gente que nos escucha, que estemos hablando de reconocerlos como profesión de riesgo? Esto no lo puede entender nadie. ¿Pero cómo es posible
que a estas alturas tampoco se haya reconocido la posibilidad de la jubilación anticipada? ¿Cómo es posible que les estemos mandando a la jubilación más pobre de entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad? Porque ellos tendrán pensiones más
bajas que otros cuerpos que cotizan y que tienen retribuciones mayores que las que ellos padecen en la actualidad.
Nosotros venimos pidiendo que se completen...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Valido, tiene que acabar, por favor.
La señora VALIDO GARCÍA: ... el catálogo y las plantillas en Canarias; lo hemos pedido hasta la extenuación. Tenemos más problemas, más población y un problema de inmigración que también hay que abordar. Necesitamos contar con las
plantillas completas y, por supuesto, que se haga justicia, porque no es solo dinero, es la dignidad de estos profesionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Rumores).
Señorías, ante la interviniente y portavoz del Grupo Popular, tenía dos opciones: hacerle un llamamiento para que atendiese al artículo 102 del Reglamento y, por tanto, no realizara digresiones extrañas, que fue lo que hice, y cortarla, o
darle el tiempo suficiente. El resto de los intervinientes, todos los intervinientes posteriormente, el cien por cien del tiempo han respetado la propuesta y están debatiendo sobre lo que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular.
(Aplausos.-Protestas).
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Señor presidente, la equiparación salarial de los cuerpos policiales es una justa reivindicación histórica. Policías y guardias civiles han reclamado mejoras sociolaborales, siendo la principal, sin duda, la
equiparación salarial entre cuerpos policiales. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida desde hace cuarenta años han abanderado esta reivindicación, y desde 2016 Unidas Podemos y ahora SUMAR apoyamos la equiparación salarial entre cuerpos
policiales y otras
medidas para mejorar la situación laboral del colectivo con las necesarias medidas presupuestarias. En 2018, la acción sindical de los trabajadores de la Policía y la Guardia Civil obligó al Partido Popular, tras años de negativas mientras
gobernaban, a aceptar la equiparación salarial, pero no tomaron ninguna medida para ello. Fue el Gobierno de izquierdas quien realizó la equiparación salarial. El Grupo Parlamentario Popular apoya las reivindicaciones salariales y laborales de la
Policía y la Guardia Civil solo cuando está en la oposición. Cuando gobiernan, desprecian a los empleados públicos y también a los de la Policía. (Aplausos).
En el año 2018, con el Gobierno de Rajoy, el presupuesto de la Policía eran 312 millones menos que en el año 2000, y el año pasado, 2023, gobernando el Gobierno de izquierdas, eran 930 millones más. Se necesitó desalojar al PP del Gobierno
para cumplir con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas. Desde 2018 a 2023, el incremento salarial en la Policía y la Guardia Civil ha sido de un 38 % de media, con una inversión de 850 millones y,
simultáneamente, ampliando la plantilla policial con una tasa de reposición del 120 %, 14 000 agentes más en cinco años. El Partido Popular, mucho ruido y pocas nueces.
Policías y guardias civiles, tengan cuidado con quienes los utilizan cuando están en la oposición, como acaba de hacer la señora Vázquez, que los instrumentaliza y habla más de Delcy, de Koldo, de la ley mordaza, de las embajadas o del COVID
que de sus problemas y de esta propuesta (aplausos), y que luego, cuando gobiernan, los ignoran. (Aplausos). Desconfíen de quienes les aseguran que la equiparación salarial se garantiza con una ley, porque ni el Estado tiene competencias para
legislar sobre los salarios de la Policía de Euskadi, de Cataluña o de Navarra ni la Hacienda pública puede estar al albur de criterios salariales de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, porque tendría cuantiosas implicaciones en el
presupuesto y restaría soberanía al Estado. Lograr la equiparación salarial y mantenerla solo es posible mediante la permanente negociación sindical, con un régimen legal que les permita la negociación colectiva y dé carácter imperativo a lo que
acuerdan sus sindicatos, con transparencia en los conceptos retributivos y en la forma de fijarlos en cada nómina y con sindicatos policiales con visión de clase y mecanismos efectivos para luchar por los derechos de los y las trabajadoras de la
seguridad del Estado (aplausos), peleando junto al resto de trabajadores públicos para, por ejemplo, acabar con la indigna dieta media diaria por todos los conceptos de 103,37 euros -la media, que las hay más bajas-.
Como siempre hemos defendido en esta Cámara, en democracia los sindicatos policiales deben tener capacidad de negociación colectiva. Cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución, la Guardia Civil tiene derecho a sindicarse y a
realizar actividad sindical, y pedimos a toda la Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular -al que le importan dos narices los derechos de estos señores y señoras, como hemos visto en la intervención de la señora Vázquez (aplausos)- pero
también al Grupo Parlamentario Socialista, que se comprometan a reconocer los derechos sindicales plenos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y a los y a las policías y guardias se lo decimos claramente: solo la actividad sindical y la
negociación colectiva habitual y continuada les va a permitir alcanzar y mantener la equiparación salarial respecto a otros cuerpos policiales del Estado, o igualar las cuantías de las pensiones de jubilación de las distintas policías, o aprobar los
imprescindibles coeficientes reductores de Seguridad Social para garantizar la jubilación anticipada a los trabajadores y trabajadoras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las mismas condiciones que al resto de los trabajadores de otros
cuerpos policiales. Por eso, en SUMAR apoyamos todas estas propuestas y trabajaremos para garantizarlas por ley.
No vamos a apoyar los puntos 1, 2 y 3 de esta PNL, que no sirven para nada y lo único que hacen es utilizar a los agentes de los cuerpos de seguridad y además alejan el reconocimiento de los derechos sindicales a la Policía y la Guardia
Civil, que es lo que necesitan.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Canelo Matito.
La señora CANELO MATITO: Muchas gracias, presidente, señorías. Sean bienvenidos a este plenario los diferentes sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Señora Vázquez, usted dice que sabe lo que lee; los suyos dicen que no, pero lo que está claro es que hoy usted no sabe lo que dice. (Aplausos). Después de escuchar atentamente sus intervenciones, la verdad es que no me extraña que a
algunos ciudadanos y ciudadanas de este país les cueste seguir el día a día de las intervenciones y de los debates que tenemos hoy aquí sobre las cuestiones que de verdad les importan, y lo digo no solo por el clima bronco y a menudo maleducado que
se aprecia en las
intervenciones, especialmente de las señorías que tengo a mi derecha, que por supuesto, ni tampoco lo digo solo por los gestos despreciables de los diputados del Grupo Parlamentario Popular que pudimos ver la semana pasada en la
comparecencia del presidente del Gobierno mientras sostenían en sus manos las imágenes de los compañeros socialistas asesinados (aplausos) a manos de los terroristas, que también, sino por traer hoy aquí de nuevo una proposición no de ley sobre la
equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil por enésima vez. Les voy a dar unos datos: es el Gobierno socialista quien ha subido el salario de la policía en 741 euros, cuando el Partido Popular lo congeló; es el Gobierno
socialista quien ha hecho crecer la plantilla de ambos cuerpos llevándolos a la cifra récord de 156 000 efectivos (aplausos), cuando el Partido Popular recortó la plantilla en 13 000; y es el Gobierno socialista quien ha realizado una inversión de
1000 millones y de 3000 millones de euros en la mejora de las condiciones laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando también el Partido Popular no puso ni un euro. Además, esta cuestión, como ustedes bien saben, se ha
discutido en la Comisión de Interior en varias ocasiones. El ministro del Interior ha comparecido hasta en dos ocasiones a petición propia, en enero y en marzo de 2024, el secretario de Estado otras dos veces también durante el mes de junio y el
tema se ha traído varias veces a este mismo plenario y al Senado.
Aprovecho la ocasión para recordar a sus señorías que esta cuestión fue objeto de debate mediante una iniciativa legislativa que fue claramente declarada inconstitucional, pero que, como ya estamos acostumbrados, sirvió a los grupos de la
derecha para que se les llenase la boca en la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, exactamente como han hecho hoy. Pues les voy a decir algo, señorías del Partido Popular, ustedes hacen referencia constantemente al acuerdo
histórico al que llegaron en 2018 entre el Ministerio del Interior, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, pero ¿saben qué? Que fue histórico porque no se cumplió nada, señorías, y porque
absolutamente todo fue ejecutado por este Gobierno socialista. (Aplausos). ¿Por qué no hablaron entonces de la equiparación salarial? ¿Por qué, cuando tuvieron la oportunidad de aumentar las retribuciones y el número de efectivos, optaron por
recortar y dejar a los cuerpos de seguridad en una situación más que crítica?
Miren, ha sido el ministro Grande-Marlaska quien ha llevado a cabo una subida histórica, ahora sí, histórica de verdad, de los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de más del 38 %, quien ha incrementado los efectivos de
la Policía Nacional y la Guardia Civil desde 2018 hasta ahora, llevándolos a la cifra récord de 156 000 agentes, la mayor de la historia de este país, consiguiendo revertir el recorte que han tenido los cuerpos de más de 13 000 efectivos producidos
precisamente cuando ustedes gobernaban. Ha sido este Gobierno y no otro el que ha ejecutado el plan de infraestructuras, con una inversión de 1000 millones de euros que han permitido la construcción de nuevas comisarías y acuartelamientos, con más
de cuatrocientas actuaciones en toda España, y el que ha invertido 3000 millones más que el Gobierno de Rajoy en la mejora de las condiciones laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías de la derecha y de la ultraderecha, así se protege a quienes nos protegen. Señora Vázquez y señorías de la derecha y la ultraderecha, así se cuida a quienes nos cuidan, y no haciendo discursos vacíos de palmadita en el pecho y de
corto recorrido, más allá de unos pocos segundos en las redes sociales o en la prensa. (Aplausos). El patriotismo es esto, señorías, dotar de recursos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que desempeñen su trabajo en mejores
condiciones, aumentar la plantilla para disponer de los efectivos necesarios y mejorar las infraestructuras necesarias para el desempeño de sus funciones. Y, no, el patriotismo, señorías, no es solo llevar banderas y gritar fuerte cuando no les
gusta lo que oyen. A ver si se van enterando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Canelo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DIGITAL. (Número de expediente 162/000236).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito digital.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Herrera García por un tiempo de siete minutos.
La señora HERRERA GARCÍA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Acabamos de saber que esta tarde ha sido asesinada de nuevo una mujer aquí, en la ciudad de Madrid. No lo olvidemos, no olvidemos que cada día convivimos con este tipo de violencia. (Aplausos).
En el Grupo Parlamentario Socialista queremos hoy poner el foco en la violencia digital de género, un problema creciente que afecta a diario a miles de mujeres y, de manera especial, a las jóvenes. Todos los estudios y todos los datos de
los que disponemos, tanto de ámbito nacional como europeo o mundial, lo corroboran. La violencia digital tiene sesgo de género porque el entorno virtual reproduce el mismo sistema de valores de nuestra sociedad, y con ello, lamentablemente, también
sus modelos de desigualdad.
La Asociación STOP! Violencia de Género Digital recoge en su informe del tercer trimestre de 2024 que el 75 % de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres y que solo el 23 % de los ataques son denunciados. Las mujeres, por el mero
hecho de serlo, sufren en la red una violencia específica que tiene por objeto la intimidación, el control y el castigo. Y las más vulnerables, la infancia y la juventud, se encuentran aún más expuestas y sufren en mayor proporción este tipo de
ataques. Hablamos, una vez más, de derechos, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, que no son menos derechos al trasladarlos al espacio virtual, al contrario. Las niñas y las mujeres deben tener la garantía de poder vivir libres de
miedo y de violencia. (Aplausos).
Las prácticas violentas a través de la tecnología son ya tan amplias y variadas que han dado lugar a una serie de nombres propios, como el doxing, la sextorsión, el grooming, el ataque de troles o la pornovenganza. Detrás de este
neolenguaje encontramos casos de revelación de imágenes íntimas o de información privada, de creación de perfiles falsos, de insultos masivos organizados, casos de acoso sexual, de incitación a la violación, coacciones, chantajes y amenazas de
muerte. Además, los agresores se amparan a menudo en el anonimato y sus conductas son altamente reiterativas, lo que acrecienta la sensación de inseguridad de las víctimas.
La relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas ya alertó en el año 2018 sobre el alto grado de daño psicológico que estas prácticas producen. También lo recoge así el informe de 2022 del Observatorio Nacional de
Tecnología y Sociedad, que desvela que el 54 % de las mujeres víctimas de acoso online ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés y que el 42 % de las niñas y jóvenes víctimas muestran estrés emocional, baja autoestima y pérdida de
confianza.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nos ofrece un marco de trabajo para afrontar este problema. También lo hace la reciente directiva europea contra la violencia contra las mujeres o la normativa
propia en la que ya han avanzado algunas comunidades autónomas, como la de Cataluña o Galicia. Pero tenemos que hacer más: tenemos que implicar a la industria, a las plataformas que ofrecen estos servicios y a la sociedad en su conjunto para
atajar estos comportamientos, castigarlos y atender de manera prioritaria a quienes los sufren. Para ello hay que afrontar la dificultad adicional de falta de percepción de estas conductas abusivas como agresiones, porque, como siempre, en la lucha
feminista es fundamental conceptualizar bien. Las y los jóvenes tienen que estar formados en el uso sano y crítico de Internet para que sepan protegerse y entender que ceder el control de las contraseñas a una pareja no es propio de una relación
sana, que no es normal que alguien controle nuestros mensajes, que revise nuestros contactos o que nos quiera permanentemente geolocalizadas.
Miren, la violencia digital es cada vez mayor y con su incremento se multiplican las formas específicas de ejercerla contra las mujeres. Sufrirla hace que muchas de ellas acaben pagando un alto precio, también reputacional y profesional.
Es habitual que se ejerza contra activistas, feministas, periodistas y políticas para atemorizarlas y que se retiren de la vida pública, se autocensuren o disminuyan sus apariciones y sus publicaciones. (Aplausos). Por ello, quisiera trasladar hoy
nuevamente el apoyo de mi grupo a las compañeras diputadas y senadoras del Partido Popular que recientemente han recibido insultos y amenazas en cartas anónimas manuscritas; también al resto de compañeras de otras formaciones políticas que lo
sufrieron en el pasado o puedan estar sufriéndolo en estos momentos. Permítanme que envíe un afectuoso recuerdo a mis compañeras diputadas de Baleares, Pilar Costa y Mercedes Garrido, que nuevamente han sido hoy expulsadas del Parlamento balear
(aplausos que continúan mientras la señora diputada está en el uso de la palabra) por la intolerancia de un presidente antidemocrático sustentado por un Gobierno que hace tiempo que debería haberlo echado.
Señorías, en las próximas semanas los grupos parlamentarios vamos a abordar en profundidad la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Muchas de las expertas que han participado en la reflexión conjunta de cómo
mejorar el pacto nos han señalado la necesidad de tener muy
presente este tipo de violencia. Nuestra propuesta hoy es comprometernos colectivamente para hacer frente a este nuevo intento de mantener desiguales las relaciones entre hombres y mujeres. Para ello habrá que trabajar para obtener más y
mejores datos, mejorar la normativa en aquellas lagunas que pueda tener nuestro sistema, educar a la juventud para hacer un uso adecuado de la tecnología y formar a los profesionales que se enfrenten a estos casos.
Me gustaría dar las gracias a las asociaciones feministas y a los colectivos en defensa de los derechos de las víctimas de la violencia digital por el trabajo que realizan de asesoramiento y acompañamiento a quienes se han visto agredidas,
especialmente por su valentía cuando ellas mismas son objeto de atroces campañas de acoso e intimidación, como nos relataron recientemente en la Federación de Mujeres Jóvenes. Gracias también a activistas como Yolanda Domínguez, que no se deja
intimidar cuando se le echa encima la 'machoesfera' por llamar machistas a los machistas y por combatir otra práctica violenta como es el SLAPP o la litigación abusiva, con la que se pretende silenciar la participación y la crítica social, muy
especialmente en el ámbito de la igualdad de género.
Como decía anteriormente, esta es una cuestión de derechos, de garantía de derechos, en definitiva, de calidad democrática, y como tal estamos todos y todas llamados a trabajar para ponerle solución. A ello nos comprometemos y les tendemos
la mano en el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Herrera.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya interviene la señora Calvo Gómez por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora CALVO GÓMEZ: Bé, moltes gràcies, presidenta. El Grup Socialista ens porta avui una iniciativa no vinculant per emprendre una sèrie d'accions que ja estan sent abordades dins del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere o que
poden ser directament desenvolupades des del Ministeri d'Igualtat o des del Ministeri de Transformació Digital, per posar un parell d'exemples.
Per tant, de nou presenten una PNL per instar-se a vostès mateixos. Això, a Catalunya, en diem marejar la perdiu. Seria molt més pràctic que fessin una reunió interna per posar-se d'acord entre el grup parlamentari i el Govern. Per
exemple, per ampliar les dades del portal estadístic de la Delegació del Govern contra la violència de gènere o l'àmbit d'estudi de l'Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, per no parlar de totes aquelles dades que també tenen provinents,
per exemple, del Ministeri de l'Interior o de la Fiscalia.
El que és una realitat és que no podem perdre el temps ni quan es tracta de fer front als perills d'internet entre els joves, ni quan es tracta de protegir les dones en l'àmbit digital. Per cert, una reflexió. Alguna de nosaltres és capaç
de viure fora d'ell, fora de l'àmbit digital? Vull dir que potser ja seria hora de deixar enrere aquesta separació presencial-virtual, especialment quan ha quedat més que demostrat que les lesions psicològiques que produeix l'online són a vegades
pitjors i més difícils de guarir que les que es produeixen offline.
La futbolista Jennifer Hermoso en seria un bon exemple. Des que Rubiales li va clavar el piquito no consentit ha patit una campanya d'assetjament a les xarxes socials increïble, amb missatges fastigosos, masclistes, contra el seu físic,
contra la seva orientació sexual; missatges que ella sovint ha compartit, segurament buscant la sororitat de totes nosaltres, probablement trobant encara més assetjadors indesitjables. Fins al febrer no hi haurà judici, però de moment la que
pateix l'autèntic calvari és ella.
I com ella, tantes dones, atacades en qualsevol moment per covards que s'amaguen darrere l'anonimat, sense que la persona agredida pugui ni tan sols saber des d'on dispara l'odi, la intolerància i el masclisme. La violència masclista, s'ha
dit moltes vegades, és..., la masclista digital és una expressió més de la violència estructural de la nostra societat. Una violència que sotmet a les dones, a les nenes, restringint el seu creixement personal i professional en llibertat. El
patriarcat ha demostrat una capacitat alarmant per adaptar-se als canvis de context i en l'era de la informació ha sabut, i tant ha sabut, infiltrar-se en les noves tecnologies i xarxes socials.
Però és fonamental entendre que les plataformes digitals no són masclistes per naturalesa, sinó que ho són aquelles persones que les utilitzen per assetjar, per sexualitzar les dones i les nenes. Aquestes persones són masclistes dins i fora
de l'àmbit digital. Per tant, és important no criminalitzar les xarxes en si mateixes. Les plataformes són eines i es poden utilitzar bé o malament. Per tant, cal conscienciar i educar per utilitzar-les.
Respecte dels punts que es reivindica activar, hem presentat esmenes. Ens sembla bé fomentar les polítiques d'autocontrol de les plataformes tecnològiques, però també desenvolupar mecanismes de denúncies efectives i, per això, demanem que
es desenvolupi de manera urgent el Reglament de Serveis Digitals. No entenem el perquè del retard en la seva aplicació ni per què el Govern no s'està coordinant amb les comunitats autònomes per desplegar tot el potencial d'aquest DSA, sabent que
malauradament no ho podrà resoldre tot.
Cal desenvolupar una estratègia global per prevenir aquest tipus de conductes i poder donar eines de defensa a les víctimes. Està claríssim, però deixem clar el repartiment de competències, és a dir, qui ha de tenir la capacitat inspectora
i sancionadora. També volem un marc de cooperació clar amb les comunitats autònomes, perquè sense elles no serà possible establir un sistema de control efectiu. Compartim la necessitat d'impulsar els canvis legislatius per protegir els menors. De
fet, la legislatura anterior vàrem presentar esmenes, que no van acceptar, per protegir els menors en l'ús problemàtic de la pornografia, per castigar penalment el deep fake o els responsables de les plataformes de continguts d'adults que no
respecten la llei, o per posar controls parentals de sèrie en els mòbils, en les tablets.
D'altra banda, en el seguiment i control de la violència digital han de treballar amb les comunitats autònomes, ja que tenen més informació sobre la situació de molts menors. Els canvis legislatius, per tant, s'han d'acordar en un grup de
treball Estat-grups parlamentaris-comunitats autònomes.
Afegiríem també la necessitat de demanar a l'Institut Nacional de Ciberseguretat que elabori un programa de formació per a adolescents, famílies i educadors perquè augmenti la conscienciació digital, la prevenció en ciberseguretat i expliqui
els mecanismes de denúncia. Perquè, un cop més, molta de la violència masclista la pateixen les nenes i els adolescents. Som, malauradament a molts clics de fer del ciberespai un espai més segur per a les nostres dones, per a les nostres nenes,
per a les nostres joves adolescents. I davant d'aquesta realitat on i offline no podem seguir perdent el temps.
Per tant, comptin amb el nostre suport, però els demanem, això sí, que acceptin les nostres esmenes. Gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
El Grupo Socialista nos trae hoy una iniciativa no vinculante para emprender una serie de acciones que ya están siendo abordadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o que pueden ser directamente desarrolladas por el
Ministerio de Igualdad o de Transformación Digital, por poner un par de ejemplos. Por lo tanto, de nuevo presentan una PNL para instarse a sí mismos. A esto en catalán le decimos marear la perdiz. Sería mucho más práctico hacer una reunión
interna para ponerse de acuerdo entre el grupo parlamentario y el Gobierno, por ejemplo, para ampliar los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género [...], por no hablar de todos esos datos que también
tienen procedentes, por ejemplo, del Ministerio del Interior o la Fiscalía.
Lo que es una realidad es que no podemos perder el tiempo, ni cuando se trata de hacer frente a los peligros de Internet entre los jóvenes ni cuando se trata de proteger a las mujeres en el ámbito registral. Por cierto, una reflexión:
¿alguna de ustedes es capaz de vivir fuera del ámbito digital? Quizá ya sería hora de dejar atrás la separación presencial y virtual, especialmente cuando ha quedado más que demostrado que las consecuencias psicológicas que se producen online a
veces son más difíciles de solucionar que las que se producen offline. La futbolista Jennifer Hermoso es un buen ejemplo. Desde [...] el piquito no consentido ha sufrido una campaña de asedio en las redes sociales increíble, con mensajes
repugnantes, machistas, contra su físico, contra su orientación sexual, mensajes que ella a menudo ha compartido, seguramente buscando nuestra solidaridad y encontrando probablemente más acosadores indeseables. Hasta febrero no habrá juicio, pero
de momento la que sufre el auténtico calvario es ella, y como ella, tantas mujeres atacadas en cualquier momento por cobardes que se esconden detrás del anonimato sin que la persona agredida pueda ni siquiera saber desde dónde dispara el odio, la
intolerancia y el machismo.
La violencia machista digital -se ha dicho muchas veces- es una expresión más de la violencia estructural de nuestra sociedad; una violencia que somete a las mujeres y a las niñas restringiendo su [...] en libertad. El patriarcado ha
demostrado una capacidad alarmante para adaptarse a los cambios de contexto y en la era de la información ha sabido muy bien infiltrarse en las nuevas tecnologías y redes sociales. Pero es fundamental entender que las plataformas digitales no son
machistas por naturaleza, sino que lo son esas personas que las utilizan para acosar, para sexualizar a mujeres y niñas. Estas personas son machistas dentro y fuera del ámbito digital. Por lo tanto, es importante no criminalizar las
redes en sí mismas; las plataformas son herramientas y pueden utilizarse bien o mal, por lo tanto, hay que concienciar y educar para utilizarlas.
En cuanto a los puntos que se reivindica activar, hemos presentado enmiendas. Me parece bien fomentar las políticas de autocontrol de las plataformas tecnológicas, pero también desarrollar mecanismos de denuncia efectivos, y por ello
pedimos que se desarrolle urgentemente el reglamento de servicios digitales. No entendemos el porqué del retraso en su aplicación ni por qué el Gobierno no se está coordinando con las comunidades autónomas para desplegar todo el potencial de este.
Saben que, desafortunadamente, no lo podrán solucionar todo, que hay que desarrollar una estrategia global para prevenir este tipo de conductas y poder dar herramientas de defensa a las víctimas, está claro. Pero dejemos claro el reparto de
competencias, quién debe tener la capacidad inspectora y sancionadora.
También queremos un marco de cooperación claro con las comunidades autónomas, porque sin ellas no será posible establecer un sistema de control efectivo. Compartimos la necesidad de impulsar los cambios legislativos para proteger a los
menores. En la legislatura anterior presentamos enmiendas que no se aceptaron para proteger a los menores en el uso problemático de la pornografía, [...] los deepfakes o los responsables de plataformas de contenidos de adultos que no respetan la
ley, o para poner controles parentales de serie en móviles y tabletas. En este control de violencia digital hay que trabajar con las comunidades autónomas porque tienen más información sobre los menores. Los cambios legislativos tienen que
acordarse en un grupo de trabajo Estado-grupos parlamentarios-comunidades autónomas.
También es necesario pedir al Instituto Nacional de Ciberseguridad que elabore un programa de formación para adolescentes, familias y educadores para que aumente la concienciación digital, la prevención en ciberseguridad y explique los
mecanismos de denuncia, porque una vez más gran parte de la violencia machista la sufren las niñas y los adolescentes.
Desafortunadamente, estamos a muchos clics de convertir el ciberespacio en un espacio más seguro para nuestras mujeres, nuestras niñas y nuestras jóvenes y adolescentes, y ante esta realidad on y offline no podemos seguir perdiendo el
tiempo. Por tanto, cuenten con nuestro apoyo, pero les pedimos que acepten nuestras enmiendas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gràcies, senyora Calvo.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Aguirre Gil de Biedma por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera. (Aplausos).
La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, nosotros, todo nuestro grupo parlamentario, a pesar de las barbaridades que dicen ustedes, estamos en contra de la violencia. Repito: estamos en contra de la violencia (aplausos), de toda la violencia sin ninguna excepción.
Ustedes dicen que están en contra de la violencia contra las mujeres, pero, claro, solo hacia un determinado tipo de mujeres, que son las de izquierdas y las de Gaza. Porque cuando nos tiran piedras a nosotras, las mujeres de VOX, yo creo que hasta
les gusta, no les importa a ustedes nada esa violencia. (Aplausos).
Se arrogan ustedes ser los que están en contra de la violencia y se permiten llamarnos negacionistas, machistas, todo eso que nos llaman todo el rato. Pero es que resulta que sus socios de EH Bildu no solo no están en contra de la
violencia, sino que han estado a favor de la violencia, a favor de asesinar, a favor de secuestrar, a favor de extorsionar a personas inocentes simplemente para conseguir sus fines. (Aplausos). Y sus socios de SUMAR, como son comunistas -lo dicen
ellos mismos, que son comunistas-, apoyan una ideología que ha dado lugar a los mayores crímenes y violencias de la historia y ha asesinado a millones y millones de personas. Sus ídolos son Lenin, Stalin, Mao, Ceausescu, Fidel Castro, Maduro...
Sí, sí, unas joyas; todos estos son sus ídolos. (Aplausos).
Pues bien, la violencia existe desde que el mundo es mundo, y para luchar contra la violencia se han dictado leyes, desde que el mundo es mundo, para prevenir los actos de violencia y castigar a los violentos. Pero a ustedes, desde 2004,
año en que hicieron la Ley Orgánica 1/2004, les ha dado por querer erradicar la violencia y acabar con ella. Y eso nos parece muy bien, está fenomenal, pero es que ya existen el Código Penal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para
hacerlo cumplir, a pesar de que cada vez se lo ponen más difícil y les dejan más indefensos frente a los violentos con su nueva ley de seguridad ciudadana.
En fin, hoy nos presenta el Grupo Socialista una PNL que se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como han dicho, van ustedes a renovar próximamente y que es el
claro ejemplo de cómo utilizan ustedes la violencia para crear nuevas PNL y pactos, y sobre todo la utilizan porque supone pingües beneficios para ustedes. Porque ustedes llevan gastados y repartidos miles de millones de euros en este pacto
de Estado, pero el resultado ha sido nulo, no han conseguido ustedes bajar ni un poco las agresiones sexuales a las mujeres. (Aplausos). Ustedes lo que han hecho es convertir la violencia en un negocio, sí, en un negocio, y cada día tenemos un
nuevo tipo de violencia con unos apellidos nuevos: violencia vicaria, violencia económica y ahora tenemos la violencia digital. Y con cada nuevo nombre ustedes consiguen millones de euros para repartirlos entre sus afines para que hagan folletos,
protocolos, cursos y todas esas cosas con las que dicen que van a erradicar la violencia. Pues no lo consiguen ustedes.
En la exposición de motivos de esta PNL copian una serie de datos que nos ha contado la compañera socialista, datos de unos informes en los que hablan de un 4 % de mujeres que han sufrido acosos reiterados, amenazas, un 15 % que ha sufrido
comentarios y, en fin, todo eso; pero no lo sabemos muy bien, porque en la exposición de motivos de la PNL se dice literalmente que se sabe muy poco del porcentaje real de víctimas. O sea, que ustedes van a hacer una PNL para luchar contra la
violencia, pero no tienen ni un solo dato, ni uno, y hacen unas peticiones vagas basadas en realizar campañas, controles y protocolos sin utilidad real alguna. También dicen que están muy preocupados con la violencia digital entre los jóvenes y la
pornografía infantil, pero es que es una gran incoherencia y una hipocresía, porque son ustedes mismos los que están creando una juventud hipersexualizada, hablando de sexo en los colegios a niños de tres años, con cursos que se titulan 'El placer
de una sexualidad saludable' (aplausos). O hacen talleres basados en cuentos de niños para enseñarles sexo a unas edades que no les corresponde, haciéndoles perder su inocencia y que no sepan ni lo que está bien ni lo que está mal.
Nosotros creemos que para luchar contra la violencia -repito, toda la violencia, no solo contra las mujeres- es fundamental una buena educación que pueda formar a las personas y a los usuarios de redes sociales con más conciencia y
responsabilidad. Porque una buena educación va más allá de aprender matemáticas y ciencias. Una buena educación incluye formar personas críticas, que sepan cuestionar, investigar, reflexionar y respetar, pero ustedes lo que quieren es una sociedad
inculta y adormecida, a la que puedan manipular y controlar.
En definitiva, señorías -ya termino-, nos parece que esta PNL no ofrece ninguna solución concreta, que incide en la desigualdad de los españoles queriendo proteger únicamente a las mujeres y nos parece que no es la manera de abordar este
tema tan preocupante. En consecuencia, votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aguirre.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Valido García por tiempo de un minuto y medio.
La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, estoy convencida de que cuando registraron esta proposición no de ley calibraron el riesgo de que algunos grupos se subieran aquí para decirles: ¿y qué están ustedes haciendo, que están en el Gobierno?
Yo hoy quiero agradecerles que la hayan traído. No sé dónde está la interviniente, Milena, pero quiero agradecerle que la haya traído porque una vez más nos da la oportunidad de que todo el mundo se retrate, de que la gente y los medios
puedan trasladar a la calle lo que opina cada cual, lo que piensan de la violencia de género. Esto es muy importante, porque la gente tiene que saber en qué sitio está cada uno.
Señorías, nueve de cada diez jóvenes de entre 18 y 35 años ha padecido violencia de género en el entorno de las redes. Estamos hablando de cifras tan altas como que más del 82 % de hombres han sido testigos o han visto o han conocido algún
tipo de actividad, videos o mensajes violentos, acosadores o amenazadores y han guardado silencio. Y también muchas de las mujeres que lo ven deciden bloquear y no denuncian.
Yo hoy quiero pedirles a todas que denuncien absolutamente todo. Al final los datos siempre están por debajo de la realidad, porque muchas, detrás del miedo a ser cuestionadas, guardan silencio. Denunciemos y pongamos nombre, porque me
cuesta mucho creer que en el mundo de la inteligencia artificial no haya una forma de detectar y de localizar a estos sinvergüenzas de manera inmediata. Nuestras jóvenes son muy vulnerables y tenemos que hacer todo lo necesario para que no se abran
las puertas de su casa, de su teléfono o de su intimidad y las acosen sin cuartel.
Está en nuestras manos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil también por un tiempo de un minuto y medio.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
O BNG coincide na necesidade de confrontar a violencia machista no ámbito dixital. Mágoa que, máis unha vez, traian aquí unha proposición non de lei en vez de incorporar medidas legais prescritivas, porque o que é realmente necesario é
lexislar para a detección e intervención ante violencias no entorno dixital.
O BNG considera fundamental que a gravación e difusión de imaxes de contido sexual denigrante para a muller, e for no ámbito público ou privado, tomadas con ou sen o seu consentimento, deba ser considerado tamén unha forma de violencia
sexual ou de violencia machista. Nese sentido, e grazas ás nosas achegas e impulso, a lei galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero recolle no seu artigo 3 o concepto de violencia de xénero dixital, ou violencia en liña
contra a muller, que inclúe todo acto ou conduta de violencia de xénero cometido, instigado ou gravado, en parte ou na súa totalidade, polo uso das novas tecnoloxías da comunicación. Porén, é o Estado quen ten competencias para regular ou incidir
en Internet e para que as plataformas ou páxinas web retiren contidos destas características. Somos conscientes da dificultade, mais é preciso dotarse de ferramentas adecuadas para poder actuar.
Nesta liña, o BNG propuxera durante a tramitación da lei de liberdade sexual da pasada lexislatura que se introducise este concepto plenamente na nova normativa, ao igual que xa se fixera na lei galega. Porén, a súa incorporación foi tímida
e non se apostou realmente pola súa plena regulación. Estamos a tempo de corrixir esta eiva, apoiaremos a PNL e sobre todo apoiaremos iniciativas lexislativas con valor, con verdadeiro contido normativo, que se promovan neste sentido.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
El BNG coincide en la necesidad de confrontar la violencia machista en el ámbito digital. Lástima que, una vez más, traigan aquí una proposición no de ley en vez de incorporar medidas legales prescriptivas, porque lo que es realmente
necesario es legislar para la detección e intervención ante las violencias en el entorno digital.
El BNG considera fundamental que la grabación y difusión de imágenes de contenido sexual contra la mujer, en el ámbito público o privado, tomadas con o sin su consentimiento, deben ser consideradas también como una forma de violencia sexual
o de violencia machista. En ese sentido, y gracias a nuestras contribuciones e impulsos, la ley gallega para el tratamiento de violencia de género recoge el concepto de violencia de género digital como violencia en línea contra mujer que incluye
todo acto instigado o cometido o grabado, en parte o en su totalidad, con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Así pues, es el Estado quien tiene competencias para regular o incidir en Internet y para que las plataformas o páginas web
retiren contenido de estas características. Somos conscientes de la dificultad para dotarse de herramientas adecuadas para poder actuar en este sentido.
En esta línea, el BNG había propuesto durante la tramitación de la ley de libertad sexual de la pasada legislatura que se introdujese este concepto plenamente en la nueva normativa, al igual que ya se hizo en la ley gallega. Así pues, su
incorporación fue tímida y no se apostó realmente por su plena incorporación. Estamos a tiempo de corregir esta falta y apoyaremos las iniciativas legislativas con verdadero contenido legislativo que se promuevan en este sentido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera, por un tiempo de dos minutos.
La señora SANTANA PERERA: Gracias, señora presidenta.
La violencia digital sexual es un tema que debemos abordar de forma urgente y precisa. Por eso, nosotras entendemos que utilizar términos como ciberacoso, que ya está en desuso y además resta gravedad al asunto, no es lo más adecuado.
Nosotras insistimos en hablar de violencia digital sexual porque se trata, sin duda, de un ataque directo contra la libertad sexual en entornos digitales, algo que ya ha sido reconocido legalmente por la ley del solo sí es sí. Esta ley establece
claramente qué violencias sexuales se incluyen, y son todas aquellas que se ejercen como actos no consentidos de naturaleza sexual que afecten al libre desarrollo de la vida sexual, tanto en el ámbito público como en el ámbito
privado, y eso, por supuesto, también incluye el espacio digital. Nosotras entendemos que este enfoque es fundamental porque, al fin y al cabo, hace responsables a los Gobiernos para establecer límites a las plataformas que permiten, y en
muchos casos también monetizan, estos actos de violencia contra las mujeres. Las redes sociales no pueden seguir siendo espacios impunes en los cuales se ejercen violencias sexuales, y creemos que, sin lugar a duda, es deber del Gobierno poner
freno, por ejemplo, a gigantes tecnológicos como Meta, garantizando la libertad sexual y protegiendo especialmente a los menores y a las menores.
La ley del solo sí es sí pone énfasis en esta prevención. En su artículo 7, por ejemplo, se habla de prevención y sensibilización en el ámbito educativo, lo cual nosotros entendemos que es clave. El artículo 10 se centra en las medidas de
prevención también en el ámbito digital, un punto que es crucial para que estas plataformas sean reguladas, porque solo así vamos a poder garantizar desde una perspectiva feminista una respuesta adecuada contra estas violencias sexuales en ámbitos
digitales.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo de cinco minutos.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista una PNL para la mejora en la lucha contra la violencia de género en el ámbito digital. En su exposición de motivos hacen referencia a varios informes en relación con la clasificación de los
tipos de violencia digital y también a informes que hablan de cómo la violencia machista en el ámbito digital está afectando especialmente a mujeres y niñas. Desde luego, compartimos la preocupación. De los análisis que venimos realizando en
Euskadi observamos con preocupación no solo que las formas de violencia machista son cada vez más frecuentes en el ámbito digital, también observamos un avance de los discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres,
así como una banalización de esta; una reacción antifeminista, un intento de convertir a los hombres en víctimas ante los cambios relacionados con la igualdad y la violencia machista; unos mensajes que, por cierto, están calando directamente entre
las y los más jóvenes, especialmente entre los chicos, a través de la llamada 'manosfera', un espacio digital cargado de mensajes misóginos, contrarios a la igualdad y al feminismo.
Está claro que la transformación digital genera oportunidades para mejorar la calidad de vida, pero también presenta desafíos, entre ellos los riesgos y efectos negativos cuando hablamos de violencia contra las mujeres, cuando hablamos de
garantizar su libertad sexual. Por ello, creemos necesario decir que la digitalización no es el problema, el problema es el machismo; que la ciberviolencia de género no es una nueva violencia, sino una extensión de la violencia de género, y que la
violencia contra las mujeres en el plano virtual reproduce las desigualdades del mundo físico, pero con características específicas como la difusión masiva, la inmediatez, el anonimato, la crisis de reputación, la sensación de impunidad debido a las
dificultades de localización o la permanencia de estos mensajes en diferentes plataformas en el tiempo. Para ello es importante, como dicen en su moción, contar con más datos para conocer más a fondo esta forma de violencia que se ejerce contra
mujeres y niñas en el ámbito digital, porque este conocimiento nos permitirá reforzar y adecuar las políticas públicas en materia de igualdad que permitan la planificación, la investigación, la sensibilización, la detección, la prevención, la
formación, la información, el asesoramiento, la atención integral, la coordinación institucional y la mejora de la legislación para la persecución del delito, sin olvidar que lo que conocemos de esta violencia en el plano digital tan solo es la
punta del iceberg. Dicho esto, nos proponen distintas acciones para desarrollar en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en colaboración con el resto de las Administraciones, comunidades autónomas y entidades locales en el
ámbito de sus competencias.
Dos observaciones. Es necesario recordar que si hablamos del pacto de Estado debemos tener en cuenta, primero, que estas medidas que hoy nos proponen ya se están debatiendo en esta Cámara dentro de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de
los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género, dentro de la subcomisión creada el efecto para la renovación y actualización del pacto, y no tengo dudas de que, desde luego, se harán distintas propuestas y recomendaciones con
previsiones expresas de medidas para la sensibilización, prevención, atención y persecución de la violencia machista en el ámbito digital; algo que ya se hizo la legislatura pasada en la Comisión para la Renovación y Actualización del Pacto de
Estado en el Senado, donde expresamente se hace una referencia a adecuar
la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en este tratado, con previsión expresa, entre otras, a la violencia en el ámbito
digital.
En segundo lugar, como ya apuntan, hablan de hacerlo en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, y hay que recordar que la mayor parte de las competencias de las propuestas que nos trasladan residen en las comunidades
autónomas, y yo les hablo de las más cercanas, de Euskadi, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, donde ambos Gobiernos ya han establecido como prioridad de legislatura las políticas públicas de igualdad para
erradicar la violencia machista contra las mujeres, con una especial atención a la que se da en el entorno digital. Para empezar, nuestras leyes autonómicas ya incluyen que constituye una violencia contra las mujeres la violencia digital y en redes
sociales. En ese mismo ámbito competencial, disponemos de planes de coeducación, donde priorizamos el papel de la educación en la conformación de un pensamiento crítico, incorporamos la concienciación sobre nuevas formas de violencia contra la
mujer por medios digitales o se refuerza la educación afectivosexual. O, como mandata la ley de igualdad de Euskadi, disponemos de protocolos que se encuadran en el III Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de
violencia machista, que se despliega luego en ayuntamientos, mancomunidades, cuadrillas, adaptándose a cada realidad territorial y donde, bajo la coordinación y el liderazgo de las técnicas de igualdad, participan las y los profesionales que
intervienen en cada caso en la atención integral que precisan las víctimas.
Desde luego, votaremos a favor de la moción que han presentado, pero insistiendo en que los trabajos a los que hacen referencia en el pacto de Estado están en elaboración, de alguna forma se anticipan y que esto siempre deberían tenerlo en
cuenta. Algunas Administraciones, además, ya estamos dando pasos firmes en esta nueva forma de violencia que se ejerce contra las mujeres.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández, por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Mila esker, presidente andrea.
Arratsalde on guztioi.
Las violencias machistas que ya conocemos se han trasladado a los espacios de relación digital, y al mismo tiempo que algunas se han intensificado, han surgido nuevas. Nos desvalorizan y minimizan nuestras capacidades por ser mujeres, por
ser personas LGTBIQ+ y también por ser personas racializadas. En repetidas ocasiones también se intenta controlar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, fomentando una cultura de la violación y de la masculinidad hegemónica. Según datos del
Economist Intelligence Unit de 2021, el 85 % de las mujeres a nivel mundial han experimentado abuso tecnológico en primera persona o han sido testigos de ello. Y otro dato más: el 58,2 % de las parlamentarias de Europa han sufrido violencia online
y un 46,9 % habían recibido amenazas de muerte, violación o agresión física contra ellas o sus hijas.
Señorías, las diputadas que nos encontramos en este hemiciclo sufrimos violencia machista digital específica por ser mujeres con relevancia pública. Estoy segura de que la mayoría hemos visto contenidos en las redes que atentan contra
nuestra reputación por parte de personas anónimas o con identidades falsas. Y una vez más, tenemos que poner en valor la pertinaz lucha del feminismo, en concreto de los ciberfeminismos, que han posibilitado que nuestras sociedades y Gobiernos
hayan tomado conciencia de la urgencia de tomar medidas que hoy por hoy todavía son insuficientes. Voy a hacer referencia a un artículo publicado en el número 29 de la Revista de Estudios Feministas: 'Un acercamiento a las violencias machistas
online y las formas de contrarrestarlas', en el que se constataban los pocos datos que hay sobre la prevalencia de la violencia machista online y el perfil de las personas que reciben estas agresiones. También los pocos datos que hay sobre los
principales perfiles de los agresores, así como las formas en que se ejercen estas violencias machistas online. Anotaban el escaso compromiso y la acción de nuestras instituciones y principales plataformas online para prevenir y combatir estas
violencias.
Por cierto, hablando de machismo digital, pienso que resulta obligatorio también mencionar los 'neomachismos' emergentes, un nuevo fenómeno reaccionario que cuestiona los recientes avances en materia de género y su legislación, con un
discurso totalmente antifeminista. Algunas de aquí sabemos qué es recibir su bilis, sus insultos y sus amenazas. Somos conscientes de la realidad que la PNL del
Grupo Socialista plantea, de que nos encontramos ante un gran retraso legal y de que también faltan medidas y servicios públicos que traten específicamente las violencias machistas online. Tenemos muy claro que hace falta regulación
específica, protocolos, formación, líneas de ayuda y seguimiento de las plataformas privadas, casos y agresores. Hacen falta medidas de prevención y empoderamiento para las víctimas, generar datos para poder estudiar y diagnosticar con precisión el
fenómeno de las violencias machistas online; en definitiva, poner fin a la impunidad existente en la actualidad.
Y quiero destacar la inacción de las plataformas. Deben asumir su responsabilidad y avanzar en la equidad de género y sus equipos y algoritmos, y priorizar la lucha contra las violencias machistas en su seno, ya que pueden contribuir a
revertir la tendencia actual, pues estas tienen suficientes conocimientos, recursos y capacidades de gobernanza y recursos algorítmicos para ello. Y no se trata de dejar de tener relaciones digitales, sino de tenerlas libres y seguras.
Por ello, señorías del Grupo Socialista, esta PNL está bien para recordar lo que nos queda por hacer, pero es el Pacto de Estado contra la Violencia del Género -en el que estamos trabajando, además- donde podemos dar un gran impulso a los
objetivos que se proponen, posibilitando herramientas y dotando de presupuesto para garantizar la implementación de las medidas del eje 2, por ejemplo, que recoge las líneas estratégicas en cuanto a la sensibilización, concienciación, prevención y
detención de distintas formas de violencia machista, incluyendo -cómo no- la violencia que se da en el entorno digital.
Para finalizar, quiero recordar que más allá de las medidas anteriormente mencionadas, todas necesarias, estamos ante unas nuevas expresiones y versiones del machismo estructural que está, por desgracia, muy anclado en esta sociedad en la
que vivimos. Y, por ello, sigue siendo crucial el fortalecimiento del feminismo en nuestra sociedad, y específicamente de los ciberfeminismos que actúan en red y en las redes, para plantearnos una alternativa liberadora.
Mila esker. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra señora Vallugera Balañà, por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bona tarda diputades, Bona tarda, diputats. Bona tarda, presidenta i gràcies.
Votarem afirmativament a aquesta PNL, la qual cosa no obsta perquè els hagi de fer almenys dues consideracions. Ho parlava amb el grup parlamentari aquest migdia i dèiem que treballar amb vostès és curiós, perquè o legislen a base de reials
decrets, amb la consegüent després forçamenta perquè es converteixin en projectes de llei i puguem pactar i no vagin vostès sols, que no tenen majoria absoluta, o ens fan PNLs. Podríem fer alguna cosa interessant, tipus portar lleis amb els seus
informes preceptius, amb els seus terminis d'esmenes. Ho dic perquè, bé, està bé la PNL. És obvi que no votarem que no. Però plantar-me en aquest faristol per dir que estic a favor de:
Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados.
Vamos a votar afirmativamente esta PNL. No obstante, quisiera hacer dos consideraciones, lo hablábamos en el grupo parlamentario este mediodía. Decíamos que trabajar con ustedes es curioso porque o legislan a base de reales decretos con lo
que viene después de que hay que forzar para que se conviertan en proyectos de ley y tengamos que pactar porque ustedes no tienen mayoría absoluta, o bien nos plantean PNL. ¿Y si hiciéramos algo más interesante como leyes con sus informes
preceptivos, los plazos para las enmiendas, etcétera? Lo digo porque, bueno la PNL está bien, es obvio que no votaremos que no, pero plantarme en este atril para decir que estoy a favor de -dos puntos-:
... seguir trabajando -hombre, solo faltaría-, seguir mejorando -no no, por favor, empeoren-, ofrecer información -es que vaya, es de P3-, seguir mejorando y continuar realizando.
Home, són verbs que no escauen a la força principal del govern. I què fan, tenint en compte el tema, que és una mica de sonrojo. Però, és clar, vostès tenen una gran sort sempre i és que després de vostès o abans, surt la gent de VOX i
t'agafen unes ganes de donar-los suport a vostès que ho deixa tot sense més capacitat analítica. Per tant, si no fos per això, jo m'ho estaria plantejant.
Tres comentaris a l'entorn del contingut. A, deia algú que les xarxes o els mitjans cibernètics són eines. No, no és veritat. Les xarxes no són neutres i que no són neutres ho sabem perquè des d'Elon Musk va agafar Twitter és un fangar
encara molt pitjor del que hi era. I no són neutres, perquè si vostès recorden
ara fa molt temps, quan va començar Facebook i quan va començar Instagram, si se veía un pezón, uy, si se veia un pezón, et retiraven el post i gairebé et retiraven la nacionalitat, que és el que s'ha parlat aquesta tarda.
Però en canvi hi poden haver comentaris com 'No te follaría ni mi perro', que me'l van fer a mi i ningú se'n va adonar. Escoltin, vaig estar molt contenta, aquell dia. Va ser un dels millors dies de la meva vida, sobretot quan no el vaig
veure jo. Qui ho va veure va ser la meva filla. Però, és clar, jo no volia situar aquí la conversa, perquè si els llegeixo el que m'han arribat a dir és que surto del faristol plorant i amb una assistència urgent d'un psiquiatra. Ens ha passat a
totes. No cal que els ho expliqui. Em va agradar molt aquella de 'No te tocaria ni con un palo'. Aquesta em va agradar especialment.
Però dit això, ens ha passat a totes, però és que ens passa a nosaltres, que al final ens ho hem buscat perquè ja ho sabem: Què fem posant-nos en política? Però els hi passa a les esportistes, els hi passa a les actrius, els hi passa a les
periodistes, els hi passa a les activistes, els hi passa a qualsevol dona que vulgui tenir alguna preeminència en l'àmbit públic i els hi passa via altres xarxes a gran part de les nostres noies i dones. Perquè aquí estem parlant de Twitter, però
sabem perfectament què passa amb el WhatsApp, què passa amb els vídeos robats de bullying i de violacions grupals a les escoles.
Sabem què passa amb aquest ús i vostès ho volen situar de veritat només en el programa de violència de gènere, en el pacte estatal contra la violència de gènere? Jo aquí crec sincerament i m'agradaria veure-ho reflectit aquí d'aquí a un
temps que l'Estat ha de ser molt més exigent. Els algoritmes hi són i les maneres d'intervenir a les xarxes hi són i l'Estat ha de decidir si vol que aquest espai de les xarxes sigui segur o no, per les seves dones, per les seves nenes, per les
seves dones grans i per totes les dones que conformen la societat. Perquè això, i em dol dir això, perquè d'alguna manera estic dient: Sí, quan ens envieu missatges d'aquest tipus, ens feriu. I m'agradaria poder dir: No, quan envieu missatges
d'aquest tipus, no ens afecten el més mínim. Però no és veritat. Perquè no parlem per nosaltres. Parlem per les nostres famílies. Parlem per les nostres amigues. Parlem per les nostres companyes. Parlem per totes les dones que són als nostres
entorns i potser nosaltres ho aguantarem bé, però elles pateixen i molt.
Per tant, no ens n'alegrem mai de que una dona rebi una pedrada, mai. Però la gran diferència és si la rep per dona o per feixista. Quan la rebi per dona, jo estaré al seu costat, com vaig estar al costat d'una diputada seva que va rebre
una agressió masclista en aquesta cambra i la vaig defensar. I més tard o més d'hora, les diputades de VOX vindran a les meves, perquè a poc a poc totes ho fan, perquè patiran la violència masclista. I li asseguro no és un desig. No és un desig,
és simplement una certesa.
Moltes gràcies.
Son verbos que no se adaptan, que no son idóneos para la fuerza principal del Gobierno y que provocan un poco de sonrojo. Pero ustedes tienen siempre una gran suerte, y es que después de ustedes, o antes, sale la gente de VOX y te pillan
unas ganas de ayudarles y de respaldarles a ustedes que queda todo sin mayor capacidad analítica. (Aplausos). Por lo tanto, si no fuera por eso, yo me lo estaría planteando.
Tres comentarios en relación con el contenido. Decía alguien que las redes o los medios cibernéticos son herramientas. No, no es cierto. Las redes no son neutras, y que no son neutras lo sabemos porque desde que Elon Musk tomó Twitter eso
es un lodazal todavía peor de lo que era ya antes. Y no son neutras porque si lo recuerdan, hace ya mucho tiempo cuando empezó Facebook o Instagram, te retiraban el póster si se veía un pezón y te retiraban la nacionalidad -y se ha tratado esta
tarde precisamente aquí-. Pero, en cambio, puede haber comentarios como: No te follaría ni mi perro. Un comentario que me dijeron a mí y nadie se inmutó. Ese fue uno de los mejores días de mi vida, estuve muy contenta, sobre todo porque no lo vi
yo, quien lo vio fue mi hija. Yo no quería situar aquí la conversación porque si les leo lo que me han llegado a decir, saldría de aquí llorando y con la asistencia urgente de un psiquiatra. Pero nos ha pasado a todas, huelga explicarlo; me gustó
especialmente la de: No te tocaría ni con un palo. Pero, como digo, nos ha pasado a todas y nos ocurre a nosotras, que al final nos lo hemos buscado, ya lo saben, ¿qué hacemos metiéndonos en política?
Pero también les ocurre a las deportistas, a las actrices, a las periodistas, les ocurre también a las activistas, le ocurre también a cualquier mujer que quiera tener alguna preeminencia en el ámbito público y les pasa también -vía otras
redes- a gran parte de nuestras chicas y mujeres, porque aquí estamos hablando de Twitter pero sabemos perfectamente qué ocurre con WhatsApp, qué ocurre con los vídeos robados de bullying y de violaciones grupales en los colegios. Sabemos qué
ocurre con estas cosas, ¿y ustedes quieren situarlo de verdad solo en el programa de violencia de género, en el Plan Estatal
Contra la Violencia de Género? Yo, sinceramente, y quisiera verlo reflejado dentro de un tiempo, creo que habría que ser muchísimo más exigente. Los algoritmos están ahí y las maneras de intervenir en la red están ahí, y el Estado debe
decidir si quiere que este espacio de la red sea seguro o no para sus mujeres, para sus niñas, para sus mujeres mayores y para todas las mujeres que conforman la sociedad. Y me duele decirlo, porque en cierto modo estoy diciendo: sí, cuando nos
mandáis mensajes de este tipo nos estáis hiriendo. Y ojalá pudiera decir: no, cuando enviáis mensajes de ese tipo no nos afectan lo más mínimo; pero no es cierto, porque no hablamos solo por nosotros, sino también por nuestras familias, nuestras
amigas, hablamos por nuestras compañeras y hablamos por todas las mujeres que están en nuestro entorno. Quizás nosotros lo aguantemos bien, pero ellas sufren y mucho. Por eso, nunca nos alegramos de que una mujer reciba una pedrada, nunca, pero la
gran diferencia está en si la recibe por mujer o por fascista. Cuando sea por mujer, estaré a su lado. Cuando una de sus diputadas recibió una agresión en esta sala, yo la defendí, todas acabaron haciéndolo porque sufrirán la violencia machista, y
no es un deseo, no es un deseo en absoluto, es simplemente la certeza de que así será.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentarios Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi, por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Yo recojo el cable de la compañera de Esquerra Republicana. Efectivamente, yo ayer hice un ejercicio de ingeniería de datos, de qué dicen sobre nosotras, sobre las políticas, los cuñados digitales en Twitter, en ese estercolero de red
social. Y cogí perfiles: desde la compañera Noelia Núñez, Pepa Millán, incluso Ada Santana -una diputada joven del Grupo Socialista-, hasta Cuca Gamarra, Mónica García, Irene Montero o Yolanda Díaz. Y las perlas de los hijos del patriarcado, las
perlas de los hijos sanos del patriarcado dicen así: Estás ahí por ser mona, rubia o estar buena; perra sarnosa; mema; portavoz de la generación mimada; cerda; golfa; roja de mierda; inepta; incapaz; cuida tu imagen y te tomaremos en
serio; unos llegan lejos hincando los codos y otras... Y esto no solo se lo dijeron a la Montero, también se lo dijeron a Pepa. A mí, por ejemplo, me llaman cuquiterrorista, porque, claro, cuando eres árabe entras en la categoría del terrorismo.
Estas perlas de los hijos sanos del patriarcado pretenden disciplinarnos, porque, al final, revisando el perfil de todas nosotras, políticas, tenemos en común no solamente la valía personal y profesional para estar aquí, tenemos la tenacidad
y, sobre todo, la valentía de exponernos día a día a la violencia política y a la violencia digital. (Aplausos). Pero pasa otra cosa: que si hacéis la prueba de denunciar uno de estos comentarios en Twitter, Elon Musk va a tardar más en
responderos a esa denuncia -ya sea por imágenes manipuladas, ya sea por imágenes sexualizadas, ya sea por imágenes de niñas- que a una denuncia por copyright, y os invito de verdad a que hagáis la prueba; va a tardar hasta treinta días y la
respuesta muchas veces -lo han hecho incluso periodistas- va a ser: no vemos ninguna amenaza en ese tipo de denuncias.
Volviendo al concepto inicial de los cuñados digitales, creo que son el perfecto ejemplo de violadores de la intimidad sexual de las personas. Se autoorganizan en canales de Telegram y, de hecho, tienen portavoces en el Parlamento Europeo.
Utilizan la inteligencia artificial para exponernos, para amenazarnos y para silenciarnos, y, al final, lo realmente peligroso que tiene la inteligencia artificial es que consigue maximizar un mensaje, pero, sobre todo, consigue miles y miles de
imágenes sin consentimiento, y esto tenemos la práctica de llamarlo porn revenge o venganza del porno, y ni es porno ni es venganza, porque si fuera venganza ponemos toda la responsabilidad sobre la víctima, y tampoco es porno porque en ningún
momento ninguna mujer de esta Cámara o una mujer de la calle ha dado su consentimiento para que Elon Musk entrene sus algoritmos con nuestras imágenes.
Y, como comentaba antes, el objetivo único y exclusivo es disciplinarnos, apartarnos de la vida pública, de que tengamos una voz propia en las redes sociales. Pero esto, como comentabais antes varias compañeras, no nos pasa a nosotras
solamente como políticas, les pasa a las niñas de Almendralejo, les pasa a las niñas en los institutos, le pasa a Juana la panadera, le pasa absolutamente a cualquiera que da de alta un perfil en redes sociales. Es la impunidad absoluta, porque
mientras nosotras intentamos ocupar espacios, intentamos legislar, intentamos batallar por los derechos de las mujeres de forma colectiva, el patriarcado, los hijos del patriarcado se reinventan gracias a la inteligencia artificial, se
reinventan a través de nuevas tecnologías para seguir echándonos el pulso para que abandonemos los espacios. (Aplausos).
Yo me sumo a los agradecimientos de traer esta proposición no de ley hoy al Congreso. Efectivamente, hay bastante legislación desde 2018, sobre todo con la ley del solo sí es sí, con las leyes autonómicas de Galicia y Cataluña, con la Ley
de Servicios Digitales de la Unión Europea, que pone en el centro a los creadores, dándoles la responsabilidad exclusiva del contenido que hacen. Pero, compañeros del Grupo Socialista, esto no solamente va de redes sociales, va de poder enseñar
educación para la información, va de financiación pública a los medios, va de los dueños de las imprentas, va de Elon Musk, va de Mark, va de Meta, va de grandes plataformas y va, sobre todo para todas nosotras y nosotros, de comprender que la vida
real no está separada de la vida digital, son absolutamente la misma vida y se reproducen y se multiplican las violencias en un entorno desgobernado como es el digital, pero, sobre todo, va de dejar de negar la violencia machista, compañeras del
Grupo VOX. (Aplausos).
No quisiera terminar esta intervención sin mi agradecimiento a todas las mujeres, a periodistas, a las mujeres de esta Cámara, del color político que sean, que cada día se exponen, que dan la cara, que están ocupando espacios, e invito a
toda mujer, en la parcela que esté, a que siga ocupando espacios, y no quiero decir una palabrota, pero que molesten y sigamos molestando.
Gracias. Buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andala.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Núñez González, por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora NÚÑEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora Armengol.
Hoy el Grupo Socialista nos trae una iniciativa respecto a una materia sobre la que consideramos imprescindible trabajar, pero que bien podríamos catalogar como trampa o como cortina de humo para tapar los múltiples escándalos que salpican a
su partido, pero que sobre todo salpican a su amo, a su jefe, al número uno, a Pedro Sánchez; una iniciativa que les adelanto que apoyaremos, no sin advertirles que la consideramos bastante vacía de contenido y sin autocrítica, con cinco de nueve
puntos instando, y sin ningún tipo de vinculación, a su propio Gobierno a continuar haciendo. ¿Continuar haciendo qué? Si el problema es que su Gobierno no está haciendo absolutamente nada (aplausos), porque su iniciativa viene a demostrar que no
hacen nada para prevenir ningún tipo de violencia digital; su iniciativa viene a demostrar que en el tiempo que llevan ustedes gobernando este país no han hecho nada por mejorar la vida de las mujeres, salvo cuando se trata de pagar el alquiler a
la supuesta novia de quien ha sido todo en el Partido Socialista o si hay que defender a la que ustedes llaman presidenta del Gobierno. Su Gobierno no hace nada para acabar con la violencia que sufren las mujeres, a no ser que puedan sacar rédito
económico de ello, como su ex directora del Instituto de las Mujeres con los escándalos de los puntos violeta. No hacen nada por cumplir con lo que se aprueba en esta Cámara, en este Parlamento, y que verdaderamente ayudaría a prevenir y a luchar
contra la violencia digital.
Hace ya cinco meses, mi Grupo Parlamentario trajo aquí una iniciativa que fue aprobada por la mayoría de esta Cámara, exigiendo cumplir el Reglamento de Servicios Digitales, y ustedes, su Gobierno, siguen sin cumplirlo. ¿A qué están
esperando? No han hecho nada para modificar los estatutos de la CNMC y que tenga la capacidad de inspeccionar y sancionar a quienes no respeten la normativa europea y, por tanto, española. ¿Por qué se niegan ustedes a cumplir? ¿Es por incapacidad
o por intencionalidad? Bien es cierto que, si observamos al ministro competente en la materia, más ocupado en defender a Sánchez y a su entorno que en cumplir con sus funciones, bien podríamos decir que concurren ambas circunstancias. Ustedes -su
Gobierno, señorías de la izquierda- ocupan su tiempo en mentar a Montesquieu y buscan transitar la legislatura sin principios ni rumbo fijo, solo por y para el poder; y esa falta de rumbo y principios la demuestran hoy aquí con esta iniciativa
puramente estética y sin ambición.
Escuchando a la señora Herrera, pareciera que ustedes no pueden hacer nada; les ha tocado gobernar, pero ustedes no tienen capacidad. Les recuerdo que llevan seis años gobernando este país -o bueno, es cierto que llevan ustedes seis años
utilizando la Moncloa como un espacio coworking-, pero el resumen que podemos extraer de su paso por aquí es que las cifras de violencia contra las mujeres, sea en el ámbito digital o en el analógico, cada vez son más alarmantes. Pese a ello,
ustedes se autodenominan el Gobierno feminista, pero lo cierto es que la posición de España en bienestar de las mujeres ha empeorado en veintidós puestos desde que llegaron al poder. Hicieron vicepresidente a quien mensajeaba frases tan feministas
como: azotaría a una mujer hasta que sangrase. ¿Es eso a lo que se refieren cuando
hablan de violencia digital? (Aplausos). ¿O se refieren a violencia contra la mujer al hecho de excarcelar a delincuentes sexuales antes de tiempo gracias a su ley del solo sí es sí, por la que hoy las señorías de la izquierda han sacado
pecho? Esa ley siempre será la impronta que deje su Gobierno en la vida de las mujeres.
Señorías, sinceramente, esta materia requiere de rigor y trabajo y mucha más ambición que nueve puntos tan vacíos, como vacía está su acción de gobierno. ¿Quieren proteger a las mujeres contra la violencia? Pues no desprotejan a nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (aplausos) pactando la modificación de la ley de seguridad ciudadana con quienes les insultan y les atacan permanentemente en esta tribuna y en las calles; doten de más medios y más recursos a nuestra
Policía para efectivamente proteger a las víctimas de violencia. ¿Quieren hablar de la violencia digital, que especialmente sufren las mujeres jóvenes? Hagan su trabajo y cumplan con lo aprobado; actúen contra nuevas formas de violencia, como el
stalkerware, y respeten el trabajo de los grupos en la subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que está abordando con contenidos y con criterio esta materia. ¿Quieren de verdad que les tomemos en serio
cuando hablan de respetar a las mujeres y su libertad? Pues dejen de meter a las mujeres en sus casos de corrupción, que siempre acaban con la prostitución de por medio (aplausos), y que las mujeres de la bancada socialista, en lugar de participar
en esas fiestas, alcen la voz ante las prácticas de sus compañeros de fila y que nos avergüenzan a todas las mujeres. Siempre contarán con el apoyo de este grupo parlamentario para luchar contra la violencia, el acoso y la extorsión digital que
sufren muchas mujeres en nuestro país, para abordar la ciberseguridad y la protección integral de todos los usuarios, pero les sugiero que no utilicen más este tema para tapar sus escándalos, porque evidencian su falta de competencia y compromiso en
esta materia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Núñez.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000052).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para combatir el empobrecimiento de los españoles.
Pon el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala, por un tiempo de siete minutos.
Cuando quiera. (Aplausos).
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
La situación de España y de los españoles pasa por un momento bastante crítico en el que vemos cómo el poder adquisitivo de los españoles y su renta real llevan básicamente estancados desde el año 2008, incluso con pérdidas. Vemos cómo
España está en posiciones récord de paro dentro de la Unión Europea, con la mayor tasa de paro y la mayor tasa de paro juvenil de la Unión. Vemos cómo hay regiones de España que son absolutamente líderes dentro de toda la OCDE en riesgo de
exclusión y riesgo de pobreza severa, hogares españoles que no llegan a fin de mes. Vemos incluso cómo los patrones de consumo están cambiando en España, cómo los españoles cada vez consumen menos carne, menos pescado, menos alimentos básicos
fundamentales, menos verduras y frutas frescas, porque básicamente no llegan a fin de mes y no son capaces de adquirir estos productos básicos. Por otro lado, vemos cómo el gasto del Gobierno va in crescendo, nunca jamás los Gobiernos de España
habían gastado tantísimo como se gasta hoy en día. Dentro de este gasto, vemos cómo una porción tremenda de él va dedicada a gasto absolutamente irrelevante, gasto que no tiene nada que ver con el bienestar de los españoles. Ya no solo hablamos de
los casos de corrupción sangrantes, un Gobierno que está absolutamente carcomido por la corrupción, que todos los ministerios del Gobierno están pringados de corrupción. El Ministerio de Transportes, aquel que cuenta con más presupuesto del
Gobierno de España, está absolutamente muerto por la corrupción, desde su cabeza -el exministro Ábalos- hasta sus ayudantes, todas las empresas públicas participadas por este ministerio. Vemos cómo el Gobierno está encubriendo a la mujer del
presidente, al hermano del presidente, a los amigos del presidente, a todo ese
entramado familiar de corrupción. Vemos incluso bolsas de efectivo en la sede del Partido Socialista. Así están los impuestos de los españoles (aplausos); impuestos que se pagan con un tremendo esfuerzo, impuestos que se pagan en un
momento de absoluta dificultad para los españoles. Y, frente a esto, el Gobierno nos trae algunos anuncios absolutamente vacíos. Vienen y dicen: Hemos bajado el IRPF, las rentas menores no pagan IRPF. ¡Mentira! Ustedes establecen letras pequeñas
para que solo en determinadísimas ocasiones puedan beneficiarse de algunas deducciones fiscales, pero lo cierto es que aquellos españoles que hayan cobrado un salario y el paro o un salario y alguna prestación social, un salario y a la vez sean
autónomos o incluso que compatibilicen dos trabajos, caen en la trampa de tener dos pagadores y, por lo tanto, rápidamente pierden cualquier beneficio respecto al IRPF. Vemos cómo los autónomos están absolutamente olvidados por un Gobierno que
viene y hace proclamas de Yolanda Díaz absolutamente vacías, pero que realmente nunca jamás llegan a los trabajadores y que ni siquiera van dirigidas a los autónomos. Vemos cómo respecto al IVA ofrecen parches temporales con los que solo pretenden
engañar a los españoles, medidas de marketing que no sirven absolutamente para nada.
Por eso, hoy VOX les trae una iniciativa que pueden votar, una iniciativa que se divide en varios puntos absolutamente claros con los que los partidos aquí presentes podrán retratarse y los españoles verán claro quién quiere legislar para
ellos y quién quiere legislar precisamente para el bienestar de los políticos. Respecto al IRPF, aquellos españoles que ganen menos de 22 000 euros -es decir, todas las rentas inferiores a 22 000 euros- tributarán al 0 % al IRPF (aplausos) -sin
letra pequeña, independientemente de que tengan dos pagadores o uno solo, independientemente de que se hayan beneficiado o no de algún subsidio-; desde los 22 000 euros hasta los 70,000 euros las rentas estarán gravadas únicamente al 15 %, y a
partir de los 70 000 euros, al 25 %. Además, todos los españoles, independientemente de cuál sea su trabajo, su situación, pareja o no pareja, se beneficiarán de una minoración del 4 % en el tipo aplicable a cada tramo por cada hijo que tengan.
(Aplausos). Es decir, si alguien tiene dos hijos, se beneficia de una minoración del 8 % en todos los tramos, sea en el tramo de los 22 000 a los 70 000 o en el tramo de los 70 000 en adelante. Para los autónomos, todos aquellos autónomos que
facturen menos del salario mínimo interprofesional podrán beneficiarse de una bonificación en la cuota de la Seguridad Social del 0 %. Se acabó pagar por trabajar; se acabó que autónomos que apenas facturan una fracción del salario mínimo
interprofesional tengan que pagar de forma sistemática esa cuota mínima de 300 euros a la Hacienda pública (aplausos), porque al final esa cotización a la Seguridad Social no es más que un impuesto encubierto. Además, proponemos que los plazos para
liquidar tanto el IRPF como el IVA se amplíen a seis meses, que sean exactamente los mismos que tiene Hacienda para devolverles a los autónomos los impuestos que les deben; en aquellas ocasiones que los autónomos obtienen una declaración a
devolver, que el plazo sea exactamente el mismo que cuando les toca pagar, que los autónomos no tengan que adelantar impuestos a Hacienda. (Aplausos). Respecto al IVA, frente a los parches meramente temporales del Gobierno, nosotros proponemos que
aquella subida del Partido Popular revierta y que el IVA del 21 % pase de nuevo al 18 % de forma sistemática, una bajada de un 3 % para el IVA general; que el IVA reducido del 10 % pase automáticamente al 8 %; que se establezca un IVA del 0 % para
los alimentos básicos y esenciales, entre otros el aceite de oliva; que se establezca ese IVA superreducido para los pañales y para todos los productos sanitarios de primera necesidad. (Aplausos). Además, hay impuestos especiales tan sangrantes
como el impuesto especial sobre la electricidad, un impuesto que, como ningún otro, devenga impuestos a su vez, porque usted paga el impuesto sobre la electricidad y, sobre ese importe, también paga el IVA; pues bien, proponemos que se elimine el
impuesto especial sobre la electricidad. Oigan, ¿no pagamos ya los derechos de emisión de CO2, que a su vez van repercutidos en todos los precios? ¿Qué sentido tiene que además paguemos ese impuesto especial sobre la electricidad? Y, por
supuesto, que se elimine el impuesto especial sobre los hidrocarburos.
Estas sí serían medidas que irían en favor de los españoles y que podrían fácilmente adoptarse si dejasen ustedes de gastar en tantísimas chorradas que en nada benefician a los españoles.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sánchez Serna, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Señorías de VOX, hoy vuelven ustedes con una nueva moción sobre las medidas para combatir el empobrecimiento de los españoles. Supongo que también para las españolas, aunque se les olvida.
He leído con atención su moción y todos agradecemos su sincera preocupación por la suerte de las clases trabajadoras, pero resulta que hay un pequeño problema, ustedes llegan dos años tarde a hablar de estos temas, porque la inflación ha
caído al 1,5 %. En julio de 2022, cuando llegó al 10,8 %, no les escuchamos decir nada; al contrario, ustedes criticaron todas las medidas que entonces proponía Unidas Podemos para proteger el consumo de las familias españolas. Se quejan ustedes
en su moción de que el aceite ha subido un 115 % respecto a 2018 y las patatas un 62 %. Esto es cierto, pero también es cierto que se podría haber evitado. Sin embargo, cuando Podemos propuso limitar el precio de los alimentos básicos, el señor
Espinosa de los Monteros -perdón por nombrarle, porque sé que ustedes andan revueltos- habló de ideas trasnochadas y comunistas, y el señor Abascal por su parte dijo que queríamos volver a las cartillas de racionamiento. ¿Pero saben quién sí topó
los precios del azúcar, la harina, el trigo, el aceite de girasol, la carne de cerdo o la leche? Su gran amigo, el señor Orbán, lo hizo en Hungría, pero de eso no hay nada en esta moción.
Ustedes pueden jugar en sus discursos al nacionalpopulismo o a hacer algún guiño obrerista, pero la realidad es que ustedes siempre han sido aquí los mayordomos de los grandes propietarios y del gran capital. Solo hay que ver su medida
estrella para hacer frente al coste de la vida, que son más rebajas del IVA. Señor Figaredo, ¿sabe usted cuánto cuesta un litro de aceite de oliva virgen normalito, de marca blanca del supermercado? ¿No lo sabe? Se lo digo yo, más de 8 euros.
Señor Figaredo, desde que entró en vigor la rebaja del IVA del aceite de oliva, su precio en el supermercado se ha triplicado respecto al precio de origen. Está demostrado, las rebajas de IVA que no van acompañadas de un control de precios no
sirven a las familias trabajadoras. ¿A quién les han servido entonces? Al señor Juan Roig y a las grandes cadenas de distribución. Las familias pagan más y el dinero que España no ingresa en concepto de IVA va directamente a los bolsillos de los
grandes propietarios. ¿Eso es lo que ustedes proponen, más favores a Juan Roig? Por cierto, señorías del Grupo Socialista, es curioso que VOX tenga la misma receta que ustedes para luchar contra la inflación: bajadas del IVA. Es para hacérselo
mirar o, al menos, para dejar de comprar las recetas que les susurran al oído banqueros y fondos de inversión.
Señorías, ¿quieren ustedes luchar contra el empobrecimiento de los españoles y españolas? Les daré algunas ideas, por si les sirvieran de algo. Entre 2015 y 2022, el precio de los alquileres ha subido una media del 30 %, mientras que los
salarios lo han hecho solo en un 17 %. Los trabajadores de este país trabajan hasta el día 15 para ellos y a partir del día 16 trabajan para darle el dinero al casero de turno, una especie de doble plusvalía. Solo un tercio de los jóvenes menores
de 35 años se pueden emancipar. Señorías de VOX, ustedes han gobernado hasta hace nada en cinco comunidades con el Partido Popular, ¿por qué no aplicaron la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas y poner tope a la subida de los alquileres?
¿Por qué en ningún Gobierno autonómico de VOX y del Partido Popular se ha construido una sola vivienda pública? Señorías de VOX, medidas para combatir el empobrecimiento de los españoles sería hacer una moratoria de los pisos turísticos que hinchan
artificialmente el mercado; obligar a los grandes tenedores de vivienda a poner la mitad de sus propiedades en alquiler social, y también bajar por ley los precios de los alquileres. En medio de una crisis habitacional como esta, combatir el
empobrecimiento de los trabajadores pasa por prohibir la compra de vivienda que no sea para uso residencial y limitar de este modo las compras especulativas que realizan los grandes tenedores y los fondos de inversión. Yo sé que ustedes no apoyarán
nada de esto, porque su única receta para la vivienda es la de Aznar: liberalizar más suelo, más pelotazos urbanísticos y vender el país a los grandes promotores inmobiliarios para que ellos decidan cómo tiene que ser el mercado. Ustedes, por
mucho que vengan aquí ahora con medidas sociales, no son una fuerza antiestablishment ni nada que se le parezca. Son el partido de Juan Roig, pero también son el partido de los rentistas, de los fondos buitres y de los especuladores.
Lamentablemente, tengo que decir que en esto no están solos, cuando los jóvenes de este país oyen a una ministra socialista pedir solidaridad a los rentistas, todos nos preguntamos en qué se diferencia un gobierno de la derecha de esta vergüenza.
(Aplausos).
Como les decía al principio de la intervención, señorías de VOX, ustedes no son los más indicados para hablar de medidas contra el empobrecimiento de las clases trabajadoras. Hace un mes, el señor Abascal, en una de las giras que hace para
no estar aquí en el Congreso, dijo que el presidente de Argentina, Javier Milei, se había convertido en un referente mundial y que 'mi visión es igual que la de Javier Milei'. Pues ya lo tenemos todo dicho: Argentina hoy tiene una tasa de pobreza
superior al 50 %,
con una subida de 11 puntos en el último año, y el consumo de carne ha caído a mínimos históricos. Ese es su modelo, la libertad de morirse de hambre, el fascismo de mercado.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín Urriza, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
El señor MARTÍN URRIZA: Señorías de VOX, está moción no hay por dónde cogerla, está llena de calumnias y de hipocresía. Dicen ustedes que este Gobierno ha empobrecido a la población, pero en realidad quienes han podido contribuir a no
empobrecerla y no han querido hacerlo han sido ustedes, porque han estado en contra de todas las propuestas que ha promovido este Gobierno, de todas las propuestas que ha promovido este Gobierno para reducir la pobreza o para mantener el poder de
compra de los hogares y de las familias. Por ejemplo, ustedes han estado en contra de todas las subidas del salario mínimo interprofesional, que beneficia actualmente a 2,4 millones de personas y que sobre todo beneficia a las mujeres y a los
jóvenes. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han dicho que esta medida es la que más ha contribuido en nuestro país a rebajar los niveles de pobreza y a mejorar la igualdad en el mercado de trabajo. (Aplausos). Igualmente,
ustedes, señores de VOX, votaron en contra de la reforma laboral, que ha contribuido a estabilizar la vida de jóvenes y mujeres en el mercado de trabajo, y han estado en contra de la ampliación del bono social eléctrico, que permitió a los hogares
vulnerables capear la crisis de inflación que estamos empezando a dejar atrás. Votaron igualmente en contra del tope al precio de la electricidad y del gas, que dejó 5000 millones de euros en el bolsillo de las familias que de otra manera hubieran
terminado en la cuenta de resultados de las grandes corporaciones energéticas, y también estuvieron en contra de evitar el corte de la electricidad y del gas a los hogares vulnerables, así como de la moratoria hipotecaria a aquellos hogares
hipotecados que no han podido hacer frente a la rápida subida de tipos de interés. Se abstuvieron igualmente en la introducción del ingreso mínimo vital. Señorías de VOX, predican una cosa, pero votan la contraria. Esto se llama hipocresía.
(Aplausos). Señor Figaredo, hablan en su moción del infierno fiscal, y en cambio votaron en contra en esta Cámara de rebajar el IRPF a los pensionistas y trabajadores que ganaban menos de 22 000 euros, y también votaron en contra de elevar el
mínimo exento al salario mínimo interprofesional en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dicen en la moción defender a los autónomos, pero han votado en contra de la ayuda extraordinaria para autónomos que aprobó este Gobierno y se
abstuvieron igualmente en aplazar el pago de cotizaciones a los autónomos en situación de dificultad. Defienden ustedes a los agricultores, pero luego votan en contra de la ley que impide que los agricultores se vean obligados a vender a pérdidas.
Dicen defender a los trabajadores, pero votaron en contra de derogar el despido cuando los trabajadores y trabajadoras están enfermos. En realidad, señorías de VOX, ustedes no defienden a los autónomos, a los agricultores, a los trabajadores o a
los españoles. Todo eso es una cortina de humo. Ustedes a los que defienden es a los poderosos, como su amigo Milei en Argentina (aplausos), donde la pobreza ha alcanzado niveles nunca antes vistos y la inflación sigue estando por encima de los
dos dígitos.
Ustedes son expertos, en cambio, en crear chivos expiatorios a través de su política del odio. Quieren convencer a los españoles de que quienes les quitan los derechos no son algunos empresarios que no les pagan las horas extras o que les
pagan salarios bajos cuando están registrando beneficios extras; que no son quienes les quitan los derechos los rentistas que les suben los alquileres a un ritmo superior al que suben los salarios, y que no son quienes les quitan los derechos los
ricos que se escaquean del pago de los impuestos y se llevan sus beneficios a paraísos fiscales. No, ustedes quieren convencer a los españoles de que son las niñas y niños africanos que huyen del hambre, de la guerra, de la falta de oportunidades
(aplausos), que tienen que coger un cayuco y jugarse la vida para llegar a las Canarias, los que les están quitando los derechos. Ese discurso, señorías de VOX, es el discurso de la infamia. Si de verdad quieren ustedes elevar los salarios,
mantener el poder de compra de la renta de los hogares, luchar contra la pobreza infantil, lo que tienen que hacer ustedes es votar a favor de la indemnización restaurativa, de la bajada de la jornada laboral manteniendo los salarios que defiende la
vicepresidenta segunda, o votar a favor de introducir una prestación universal para la crianza, como defienden la ministra Sira Rego y el ministro Pablo Bustinduy. Dense el gusto por una vez, señores de VOX, de hacer algo por sus compatriotas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Gracia, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
El señor GONZÁLEZ GRACIA: Gracias, presidenta.
Señor Figaredo, de VOX, usted y yo tenemos algo en común: los dos somos universitarios. Pero hay una gran diferencia entre usted y yo: mientras que el abuelo del señor Figaredo era empresario de minas en Asturias, es decir, era un patrón,
mi abuelo era jornalero en Extremadura. (Varios señores diputados: ¡Oooh!). A pesar de ello, hoy los dos somos universitarios, y desde aquí, con todo el respeto del mundo, el nieto de un jornalero extremeño le dice al nieto de un patrón que el
Partido Socialista va a defender los impuestos a capa y espada (aplausos) y que el Partido Socialista va a defender siempre la justicia fiscal, porque la verdadera gran revolución que se ha producido en este país es que los hijos de los trabajadores
podamos hablar hoy desde este atril precisamente para defender los derechos de las clases trabajadoras, y eso se llama impuestos y eso se llama justicia fiscal.
¿Saben las derechas de este país cuánto cuesta por estudiante una plaza universitaria cada curso escolar? Pues 14 000 euros, señorías. ¿Ustedes creen que las familias de las clases trabajadoras pueden pagar 14 000 euros cada año? No.
Pues eso, señor Figaredo, se paga con los impuestos de todos y de todas. ¿Saben las derechas cuánto cuesta un trasplante de corazón en nuestra sanidad pública? Pues un trasplante de corazón, señorías, cuesta alrededor de 115 000 euros. ¿Tienen
todos los españoles ese dinero en caso de que necesitaran ese trasplante? No lo tienen, señorías, y eso se paga con nuestros impuestos, porque pagar impuestos salva vidas. Repito, pagar impuestos salva vidas. (Aplausos). ¿Saben las derechas de
este país cuánto cuesta un tratamiento de cáncer de mama, señorías? Pues puede estar alrededor de los 40 000 euros. ¿Saben cuántas personas fueron diagnosticadas el año pasado de este cáncer? Pues 35 000 personas; la inmensa mayoría de ellas, a
pesar de que no dispongan de ese dinero, van a salvar sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque pagamos impuestos. Señorías, pagamos impuestos para tener una sanidad pública gratuita y universal que, a pesar de sus dificultades, hace el milagro de que
cualquier español pueda salvar su vida cueste lo que cueste una operación, independientemente de la cuenta corriente que tenga. No se fíen de quienes quieren bajar impuestos, porque lo que realmente quieren es desmantelar la sanidad pública.
(Aplausos). Pagamos impuestos para que nuestros jubilados tengan pensiones dignas y para que un Gobierno de Pedro Sánchez pueda subir esas pensiones, a pesar de que en las últimas cinco subidas de pensiones que ha realizado el Gobierno tanto el
Grupo Parlamentario Popular como VOX han votado en contra. Pagamos impuestos para que nuestros niños y nuestras niñas se formen gracias a la educación pública, para que puedan pensar y ser libres el día de mañana y, sobre todo, para que no tengan
el estigma que durante siglos hubo en este país, y es que, aunque el pobre fuera brillante e inteligentísimo, pobre e inculto se quedaría, mientras que el rico, aunque fuera un verdadero zoquete, formado estaría. (Aplausos).
Por eso, cuando escuchen a las derechas de VOX y del Partido Popular hablar de bajada de impuestos, sepan que eso debilitará nuestra educación pública, que eso debilitará nuestra sanidad pública, que eso hará que haya menos infraestructuras
en este país. En definitiva, cuando escuchen hablar al Partido Popular y a VOX de bajar los impuestos a las clases trabajadoras, desconfíen, porque quienes saldrán perdiendo siempre serán los trabajadores y las trabajadoras de este país, porque
para que haya justicia social debe haber justicia fiscal y las derechas no creen en la justicia fiscal. (Aplausos). Por eso, en las comunidades en las que gobiernan eliminan el impuesto al patrimonio, por eso les dan ventajas fiscales a quienes
tienen mayores recursos. Incluso el novio de la jefa del Partido Popular, la verdadera jefa, la señora Ayuso (rumores), defrauda impuestos con los que pagamos nuestros servicios. (Aplausos). Las derechas, señorías, no creen en la justicia fiscal,
y quienes pagan esto son los que necesitan justicia social, es decir, la clase trabajadora, para poder acceder a unos servicios dignos.
Por eso, cuando las derechas hablen de bajar impuestos siempre siempre habrá una clase que pierda, que somos la inmensa mayoría en este país, es decir, los trabajadores y las trabajadoras. Pero no se preocupen, señorías de la derecha, el
Partido Socialista, como ha hecho en todo lo que va de democracia, siempre estará a su lado para defenderles, para defender el estado del bienestar que tanto costó poner en pie en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua. (El señor Figaredo Álvarez-Sala pide la palabra). Perdone un momento, señor Paniagua.
Señor Figaredo, ¿por qué pide la palabra?
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Por el artículo 71.1, por unas alusiones personales que acaba de hacer el diputado socialista a mi familia, a quién era mi abuelo.
La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto, señor Figaredo.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Se lo agradezco, presidenta.
Me parece de malísimo gusto mencionar a la familia de un diputado. Yo no lo he hecho, no me he acordado de su familia. (Rumores). No sé si quien era mi abuelo influye o no, pero lo que yo he hecho ha sido cotizar todos los días desde que
he salido de la universidad. He trabajado horas incontables, al contrario de lo que ha hecho usted, que se ha dedicado a vivir de la política. (Rumores). Yo he sido autónomo, cotizo como autónomo y todavía lo soy. (Aplausos.-Protestas). ¡Y lo
que ha hecho el Partido Socialista es robar a los españoles a manos llenas; hundir la sanidad, que nunca jamás había estado peor; hundir la educación pública, que nunca jamás había estado peor; mentir a los españoles, prometiendo vivienda pública
que nunca jamás han construido! ¡Y así está el acceso a la vivienda...!
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene que referirse a las alusiones personales nada más.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: ... ¡a la que los españoles más humildes no podrán acceder jamás con sus políticas! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. Es necesaria cualquier moción o iniciativa para acabar con la pobreza. Nos gusta que se presenten iniciativas de este tipo y que podamos debatir en el Congreso sobre un problema creciente desde que gobierna el
señor Sánchez. Porque algunos de sus datos macro les salen muy chulos, como diría la vicepresidenta, pero los datos micro, señorías, es decir, la realidad de los españoles es bien distinta.
En primer lugar, la inflación. Hay que recordar que los precios han subido un 19,2 % y los alimentos un 34,3 % desde que gobierna el señor Sánchez; piensen ustedes en lo que supone ese ajuste presupuestario para todas las familias
españolas.
En segundo lugar, se sigue sin tomar medidas para controlar los precios de la vivienda, que han subido desde 2018 una media de alrededor del 35 % tanto en la compra como en el alquiler. Todos ustedes saben los problemas que tienen miles de
familias y las personas, que incluso tienen que compartir habitación -no casa, habitación-, o los jóvenes, que ven imposible emanciparse.
En tercer lugar, a pesar de esto, se siguen subiendo los impuestos. Solo no ajustar impuestos a la inflación ha supuesto más de 27 000 millones de euros, que hemos tenido que poner entre todos. Las diecinueve subidas de cotizaciones
sociales, más de 26 000 millones de euros; sesenta y dos subidas de otros impuestos, casi 10 000 millones de euros. Y lo único que han hecho ha sido implantar algunas de las medidas que planteaba el Partido Popular, sin reconocérselo lógicamente,
como las bajadas del IVA de los alimentos y los impuestos a la electricidad y el gas. Si sumamos y restamos todo, más de 41 000 millones han tenido que desembolsar los españoles, a mayores de lo que ya pagábamos. Desde que gobierna el señor
Sánchez, un nuevo impuesto cada año y una subida fiscal cada mes. (Aplausos).
En cuarto lugar, los salarios han subido una media de un 8,8 % desde que gobierna el señor Sánchez, frente a la inflación acumulada de más del 19 %. Y desde la pandemia, los salarios reales han caído un 2,5 %. Luego volveré sobre la
precariedad laboral.
Al final, los datos de la renta per cápita ofrecen una visión clara de la situación de los españoles. Cada vez estamos más lejos de la media europea en términos de renta real per cápita. Siendo la cuarta economía del euro, ocupamos el
puesto catorce de los veintisiete países de la Unión; hemos perdido 5 puntos de convergencia. Por eso, si sumamos inflación, salarios precarios, precios de la vivienda y alquiler disparados y subidas de impuestos, la consecuencia es obvia: los
datos de pobreza. Además, la inflación golpea más
a las rentas más bajas, porque destinan un porcentaje mayor de su presupuesto familiar a vivienda y alimentación que las rentas más altas: el 63,5 % frente al 39,4 %, justo las dos partidas que más han subido; es decir, que la subida de
precios es mayor para las rentas más bajas.
Señorías, los datos de familias que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días o mantener su vivienda a una temperatura adecuada son terribles, y, aunque no sea necesidad, un tercio de los hogares no pudo salir
de vacaciones al menos una semana; más del 37 % de los hogares no tiene capacidad para asumir gastos imprevistos. Hay más de 12 millones de personas en situación de desigualdad o pobreza, según la tasa AROPE, 300 000 más que en 2022. Estamos a la
cola de la Unión Europea, con más de 4 millones de personas en situación de carencia material y social severa, y la tasa de pobreza infantil es vergonzante para un país como España. Porque hemos llegado a un nivel en el que no solo tenemos que
ayudar a personas vulnerables o a las personas que no encuentran empleo, sino que a los que trabajan, a los que tienen un empleo debemos ayudarles, a millones de españoles que trabajan. Y si siguen sin tomar las medidas adecuadas, cada vez habrá
más personas a las que ayudar.
Esto no es justicia fiscal, señor González, pero si la gestión de los datos de pobreza es preocupante, aún lo es más que nos enteremos de tramas corruptas del mismo Gobierno de España en el mismo momento en el que la tasa de pobreza estaba
creciendo; o durante la pandemia, la peor pandemia que hemos sufrido en los últimos cien años. No hay derecho, señorías, y no hay derecho que los partidos que apoyan al Gobierno no hayan movido ni un músculo todavía. (Aplausos).
Pero aunque les decía que este debate era adecuado, tampoco estamos de acuerdo con muchas de las medidas que plantea la moción. No estamos de acuerdo con el infierno fiscal de este Gobierno ni el falso paraíso fiscal que plantea VOX, que no
es realista ni posible y, por tanto, es puro populismo.
Señorías del Gobierno, señorías del Grupo Socialista y del Grupo SUMAR, ya es hora de que empiecen a trabajar para luchar y para erradicar la pobreza en este país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Paniagua.
Les anuncio que veremos una única moción ya en el Pleno de esta tarde y dejaremos la tercera moción para el día de mañana.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR REGO CANDAMIL), RELATIVA A LA DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE PROCEDER DE FORMA INMEDIATA AL RESCATE DE LA AP-9 A LA VISTA DEL RECIENTE INFORME REALIZADO POR PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA QUE
FIJA EN 904,7 MILLONES DE EUROS EL COSTE DE ESTA OPERACIÓN. (Número de expediente 173/000053).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con esta moción urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la disposición del Gobierno de proceder de forma inmediata al rescate de la AP-9 a la vista del reciente informe realizado por
profesores de la Universidad de A Coruña, que fija en 904,7 millones de euros el coste de esta operación.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Moi boa tarde, moi boa noite xa. Déixenme resumir aquí algunhas das razóns que expuxen na pasada semana na interpelación ao ministro de Transportes para que se comprenda a importancia da AP-9 para a Galiza e, por tanto, tamén a necesidade
dun rescate que poña fin á concesión.
Primeiro, porque a AP-9 articula o eixo atlántico do noso país, arredor do cal se agrupa 70 % da poboación galega e a maior parte da actividade económica, así como infraestruturas relevantes, os tres aeroportos galegos e todos os portos de
interese xeral. Por tanto, continuar pagando portaxe durante vinte e catro anos máis por unha vía máis que amortizada é castigar todos os galegos e galegas, especialmente os traballadores e traballadoras que teñen que utilizar esa vía a diario e
tamén as empresas que a empregan para moveren os seus produtos; quer dicir, estafa para as persoas usuarias e perda de competitividade das empresas galegas fronte ás españolas, que si contan con vías de alta capacidade gratuítas e con transporte
ferroviario de mercadorías.
Segundo, porque representa unha discriminación evidente e inaceptábel para a Galiza que obriga a continuar pagando a unha empresa transnacional en canto no resto do Estado español as autoestradas
de pagamento finalizaron as concesións aos corenta anos. Lembraba o ministro a semana pasada que nos últimos anos foron nada máis e nada menos que 1000 quilómetros que foron liberados de peaxes.
Terceiro, porque a prórroga de vinte e cinco anos até 2048, aprobada por un goberno do Partido Popular do señor Aznar, para alén de inxusta tamén foi irregular. Isto é o que considera a Comisión Europea, que abriu un expediente de
infracción ao Estado español por esta prórroga, que entende non axustada a dereito por non respectar o criterio de concorrencia competitiva. Aliás, o goberno do PP de Aznar procedeu a privatizar a empresa que xestionaba a AP-9, Audasa, en 2003. A
propia Comisión Europea considerou que a prórroga foi unha manobra para aumentar o valor da venda.
Cuarto, porque existen precedentes na Unión Europea que serían aplicábeis neste caso. No concreto, unha sentenza do Tribunal de Xustiza da UE en 2019 en relación coa autoestrada italiana Livorno-Civitavecchia. Neste caso, a Comisión alegou
que a prórroga do prazo dunha concesión é unha modificación substancial que require unha nova licitación, o que foi avalado polo Tribunal.
Quinto, porque así as cousas a concesión da AP-9 está condenada a desaparecer pola vía xudicial moito antes da finalización prevista no ano 2048. Isto é evidente, sabémolo todas as forzas políticas, e por tanto non ten sentido demorar máis
unha situación irregular que é má para a cidadanía galega. O que debe ser feito é pór final á concesión canto antes e converter a AP-9 en libre de peaxe.
Sexto, porque alén de ser máis xusto para a Galiza o rescate, é a solución mellor tamén, a máis vantaxosa, para as arcas públicas. Un informe encargado polo BNG á Universidade da Coruña, realizado polos profesores Carlos Aymerich e José
Antonio Blanco, con rigor técnico e xurídico, dá como resultado que a cantidade que custaría acabar coa concesión é bastante menor que a que foi barallada en reiteradas ocasións polo ministro: exactamente 904,7 millóns de euros. Tendo en conta que
un ditame do Consello de Estado para a tramitación de bonificacións indicou que só por este concepto o Estado deberá reservar para o pagamento a Audasa, até 2048, 2394 millóns (que sería, ademais, bastante máis se incluírmos as portaxes na sombra),
resulta evidente que rescatar a autoestrada sae moito máis barato que non facelo, en concreto o Estado aforraría até 2048 aproximadamente 1489, case 1500 millóns de euros.
Comprendo ben que calquera forza política das que hoxe están aquí pode optar por non dar credibilidade ao informe da Universidade da Coruña, a pesar da solvencia e rigor dos seus autores, mais quero lembrar outros datos que avalan este
mesmo. Por un lado, en 2018 Globalvia adquiriu unha parte de Itínere, propietaria cen por cen de Audasa, valorando o total das accións de Itínere en 1300 millóns de euros. E nas mesmas datas o fondo neerlandés APG adquiriu unha porcentaxe tamén de
Itínere outorgándolle novamente unha valoración de 1300 millóns de euros. Mais, ¡atención!, Itínere é moito máis que Audasa; quer dicir, Audasa é só unha parte de Itínere, e por tanto o que debe valorarse é unha porcentaxe necesariamente inferior
a eses 1300 millóns de euros. Mesmo o estudo que encargou o Goberno galego, e a pesar de llo encargaren a Eptisa (unha consultora relacionada directamente con Audasa e, por tanto, que se tiver algún tipo de desvío pois sería para favorecer a
concesionaria), cifra o custo do rescate entre 1612 e 2355 millóns. Quer dicir, que mesmo este estudo os datos que dá indican que o rescate seguiría sendo vantaxoso para o Estado.
En todo caso, o BNG propón nesta modificación que o Ministerio de Transportes comece por realizar un estudo propio sobre a mellor formulación xurídica e o custo que tería o rescate. Non parece serio rexeitar esta proposta, unánime, por
certo, no Parlamento da Galiza, sen analizar primeiro como e canto vai custar. Nós temos a certeza de que o rescate será bo para os galegos e galegas e tamén para as arcas públicas. Mais tamén na interpelación abordamos outras dúas cuestións.
Primeiro: que en canto non se produza o rescate se apliquen xa as novas bonificacións previstas no acordo de investidura asinado polo BNG e o Partido Socialista en xaneiro do ano 2023 e que aumenta as que xa están en vigor como consecuencia do
acordo do ano 2020 para usuarios e usuarias superrecorrentes de 60 até 75 % das peaxes establecidas. Por tanto, son un alivio fundamental para todos os usuarios e usuarias. Cremos que isto se pode facer para despois aumentalo tamén, aplicalo como
está previsto no acordo á autoestrada AP-53 Santiago-Lalín.
E, por último, que se acelere e se axilice a tramitación da lei de transferencia da AP-9 que hai neste Congreso. Non ten sentido seguilo demorando. Quero lembrar que foi aprobada no Parlamento de Galiza cinco veces, que foi debatida e aquí
afectada a trámite catro veces. A diferenza é que unha vez o Partido Popular con maioría impediu mesmo o debate con Ana Pastor na Presidencia. Agora temos a oportunidade de sacala adiante.
E unha precisión final. Non metemos a cuestión das bonificacións na proposta de resolución, porque aquí houbo a semana pasada un compromiso do ministro que se ía facer este ano 2024 e de facto
o venres pasado xa foi aprobado o trámite de urxencia no Ministerio para poder facer realidade este compromiso. Por tanto, confiamos en que efectivamente así sexa.
Moito obrigado.
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, casi buenas noches. Déjeme resumir aquí algunas de las razones que expuse la semana pasada en la interpelación al ministro de Transportes para que se entienda la importancia de la AP-9 para Galicia y también la necesidad de
que se ponga fin al rescate de la concesión.
Primero, porque la AP-9 articula el eje atlántico de nuestro país y agrupa al 70 % de la población, los aeropuertos, los puertos. Por lo tanto, seguir pagando peajes durante veinticuatro años más supone castigar a los gallegos y gallegas
-especialmente a los trabajadores y trabajadoras que tienen que utilizar esa vía, y las empresas también la utilizan para mover sus productos; es decir, para las personas usuarias- y una pérdida de competitividad de las empresas gallegas frente a
las empresas españolas.
En segundo lugar, porque representa una discriminación muy evidente inaceptable para Galicia. Obligan a continuar pagando a una empresa trasnacional cuando el resto de las autopistas finalizaron las concesiones a los cuarenta años. La
semana pasada nos recordaba el ministro que habían sido nada más y nada menos que 1000 kilómetros los que habían sido liberados de peajes.
En tercer lugar, porque la prórroga de veinticinco años hasta 2048, aprobada por el PP del señor Aznar, fue injusta e irregular. Esto es lo que considera la Comisión Europea, que ha abierto un expediente de infracción al Estado español por
esa prórroga, por no ajustarse a derecho y no respetar el criterio de competencia competitiva. Además, el Gobierno del PP de Aznar privatizó la empresa que gestionaba la AP-9, Audasa, en 2003, una maniobra para aumentar el valor de la venta.
En cuarto lugar, porque existen precedentes en la Unión Europea: una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2019 en relación con la autopista de Livorno y Civitavecchia, en Italia. En este caso, la Comisión Europea alegó que la
prórroga del plazo de concesión era una modificación sustancial, lo cual fue avalado por el Tribunal.
En quinto lugar, porque teniendo en cuenta todo esto, la concesión de la AP-9 está condenada a desaparecer por vía judicial mucho antes de la finalización prevista en el 2048. Por lo tanto, no tiene sentido seguir con una situación
irregular que es mala para la ciudadanía gallega. [...] el que debe ser hecho final a la concesión lo antes posible y convertir la AP-9 en libre de peajes.
En sexto lugar, porque consideramos que sería una situación ventajosa para las arcas públicas. Un informe encargado por el BNG a la Universidade da Coruña, realizado por los profesores Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, da como
resultado que la cantidad sería bastante menor que la que ha sido barajada en varias ocasiones por el ministro: 904 millones de euros. Teniendo en cuenta que un dictamen del Consejo de Estado para la tramitación de las bonificaciones ha indicado
que solamente por ese concepto el Estado debería pagar a Audasa 2048 millones, que sería bastante más. Resulta evidente que rescatar la autopista del eje atlántico ahorraría dinero al Estado, ahorraría en concreto, hasta 2048, casi 1500 millones de
euros.
Entiendo que cualquier fuerza política de las que está aquí hoy puede optar por no dar credibilidad al informe de la Universidade da Coruña, a pesar de la solvencia y rigor de sus autores, pero quiero recordar que en 2018 se había utilizado
ese mismo criterio, porque en 2018 Globalvia, propietaria del cien por cien de Audasa, adquirió una parte.
En esas mismas fechas, el fondo de inversiones neerlandés APG también adquirió un porcentaje importante de participación de Itínere. Tengan en cuenta que Itínere es mucho más que Audasa; Audasa es solo una parte de Itínere; es lo que debe
valorarse, es un porcentaje inferior a esos 1300 millones de euros. Incluso el estudio encargado por el Gobierno gallego a una consultora relacionada directamente con Audasa [...], Eptisa, en caso de que tuviese algún tipo de favor relacionado
directamente con Audasa, podría favorecer a esa concesionaria; incluso ella indica que el rescate sería ventajoso para el Estado.
En todo caso, el BNG propone en esta moción que lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Transportes es empezar por realizar un estudio propio de planteamiento jurídico y de coste. No parece serio que se rechace esta propuesta que ha
sido unánime en el Parlamento gallego sin analizar primero cómo y cuánto va a costar. Nosotros tenemos la certeza de que este rescate será bueno para los gallegos y gallegas y también para las arcas públicas. También deberían aplicarse nuevas
bonificaciones del acuerdo de investidura para otras bonificaciones que están en vigor desde el año 2020, y supondrían el 75 %, que se apliquen también a la autopista de Santiago a Lalín. Creemos que esto se puede hacer y que también se puede
aplicar, como está previsto en el acuerdo, en la AP-53 de Santiago a Lalín.
Por último, pedimos que se agilice, se acelere esta ley de transferencia de la AP-9 en este Congreso. No tiene sentido retrasarlo más. Fue aprobada cinco veces en el Parlamento de Galicia y aceptada a trámite aquí cuatro veces. Una vez el
PP había impedido el debate incluso con Ana Pastor, pero ahora tenemos la oportunidad de sacarla adelante.
Y una puntualización final. Simplemente no incluimos la cuestión de las modificaciones en la propuesta de resolución, porque aquí el fin de semana pasado hubo un compromiso por parte del ministro y el viernes fue aprobado por trámite de
urgencia por parte del ministerio para hacer realidad esa bonificación. Por lo tanto, confiamos en ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puy Fraga por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor PUY FRAGA: Gracias.
Buenas tardes.
Señor Rego, supongo que le gustará que empiece con una cita de un autor cubano (risas), Pedro Juan Gutiérrez, que en Mecánica popular tiene una frase pertinente al debate: La vida no es un asunto de cronología, es un asunto de kilometraje.
Desde luego, si hay un asunto de kilometraje en esta vida es el de la AP-9.
Leyendo su iniciativa, perdone que se lo diga, sentí hasta un poco de nostalgia de los viejos tiempos en los que sus antecesores en el puesto que ocupa ahora se manifestaban contra la bajada para Galicia que iba a suponer la construcción de
esta autopista, que se ha convertido -y ahora dice con razón- en la principal arteria de comunicación en Galicia, que articula el territorio con más del 70 % de la población, los tres aeropuertos, todos los puertos de interés general y también la
mayor parte de la actividad económica y empresarial de nuestro país. Coincidimos, y precisamente por eso compartimos e impulsamos conjuntamente todas las fuerzas políticas del Parlamento de Galicia, en cuatro ocasiones de manera unánime, la
petición de una transferencia para conseguir una gestión de proximidad y mejorar la competitividad del territorio de Galicia, en un entorno en donde los peajes, como sabemos, se están cayendo.
Ciertamente, a lo largo de todo este kilometraje no han faltado giros también por parte del Bloque. Recuerdo que el acuerdo de investidura que ustedes suscribieron en el 2020 hablaba directamente de la firma de la transferencia y su líder
llegó a decir que se iba a hacer ya materialmente en el año 2020. Sin embargo, en el acuerdo de investidura del año 2023 se cae lo de la transferencia y simplemente se habla de rebaja de los peajes. El problema de fondo son las resistencias de la
Administración central para transferir esta infraestructura, pero, desde luego, nosotros creemos que eso no justifica las asimetrías. No se puede decir que el PP es el que ha traído esta situación cuando probablemente es el Gobierno de la nación el
que tiene esas resistencias. Pero en cuanto a asimetrías, ya estamos bastante acostumbrados al Bloque. No hay nada más que ver su rueda de prensa de hoy, en la que le preguntaron por la corrupción del Gobierno y lo que hizo fue cargar contra la
corrupción del PP, cuando usted no apoya a un Gobierno del PP y apoya a un Gobierno del PSOE, por el que le preguntan si van a seguir apoyándolo. (Aplausos). Desde luego, no lo apoyan a cambio de la transferencia de la AP-9, eso ya lo sabemos
desde el año 2020.
El caso es que los 60 000 usuarios de la AP-9 -un tercio, por cierto, aproximadamente, lo hacen al día entre Pontevedra y Vigo-, y después de treinta años, que fue lo que se tardó en construir esta infraestructura, empiezan a pensar que se
les está tomando el pelo. A principios de año, sufrieron la subida de peajes más alta de Europa, no ya de España, del 7 %, cuando en Francia por ejemplo, que fue el segundo país donde más subió, fue del 3,5 %. El Gobierno de España intentó
endosarle a la Xunta la bonificación a los peajes de Barcala, en Coruña, y de Vigo, y tuvimos que ir a los tribunales, y ha sido recientemente cuando el Tribunal Supremo ha reconocido que esas subvenciones o bonificaciones a los peajes las tiene que
pagar el Gobierno del Estado. Intentaron tumbar un acuerdo de dos gobiernos del Partido Popular que beneficiaban a la ciudadanía gallega. Por supuesto, en la AP-53 de Ourense la parte gallega sigue siendo gratis para el usuario; de esa forma solo
van 1500 vehículos diarios por la carretera nacional alternativa, y la parte estatal es la única que no tiene bonificaciones de todo el Estado, con lo cual la carretera nacional, que es una calle, tiene 10 000 vehículos al día.
Pero la última es la de la semana pasada. La semana pasada, el ministro Puente dijo exactamente desde esta tribuna -ya que habla de los compromisos del señor Puente referidos a la autopista de
Ourense-: Quiero anunciarle que el martes -por hoy- irá al Consejo de ministros la declaración de urgencia de procedimiento para cuanto antes tener disponibles esas cantidades -las cantidades que permitirían ampliar las bonificaciones-.
Hoy no ha pasado nada en el Consejo de Ministros, no se ha aprobado. Sí hay que felicitar a los usuarios de la autopista AP-66, Campomanes-León, porque se han levantado unos peajes que iban a durar hasta el año 2050, pero Galicia, nada. ¿De quién
son las responsabilidades según el Bloque? Ayer lo dijo la señora Pontón: el objetivo de tener una AP-9 gallega y libre de peajes es solo una cuestión de voluntad política. ¿Y a quién acusó de querer -cito literalmente- que Audasa siga haciendo
caja a costa de los gallegos? Al presidente Rueda. Yo realmente no entiendo mucho esto. Todos sabemos quién es el que lo tiene que transferir, y ustedes apoyan a un Gobierno que no transfiere la autopista, que era su acuerdo del 2020, y siguen
haciéndolo gratis. En fin, a ver si a la cuarta va.
Hemos planteado unas enmiendas. Apoyamos los puntos 1 y 2. En el punto 3 creemos que ese compromiso de avanzar se tiene que materializar en la finalización de las prórrogas y, por supuesto, creemos que debe informarse a la Xunta. En la
época del Gobierno popular había una comisión de coordinación entre los dos gobiernos. Desde que entró el Partido Socialista, no se volvió a convocar esa comisión y por el medio, se está contestando a la Unión Europea, que ha abierto un expediente
como consecuencia de la prórroga que usted menciona. Y añadimos un punto nuevo, por supuesto, para que las bonificaciones se extiendan también a la AP-53 entre Santiago y el Alto de Dozón. Esperemos que por fin a la cuarta, después de este largo
trayecto, lleguemos al final.
Como decía al principio, no será porque no hayamos recorrido mucho kilometraje, casi el de toda una vida.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puy.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Martínez Barbero, por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Moitas grazas, presidenta. Corría o ano mil novecentos oitenta e tres cando o Estado adquiriu todas as accións de Audasa propietaria da AP-9 e transferiu as á sociedade estatal en causa. Apenas se era así de
titularidade e xestión públicas. O goberno de José María Aznar entre 1999 e 2003 procedeu a desenvolver unha serie de accións de inicio contrarias ao dereito comunitario para ampliar a duración da concesión da AP-9 e posteriormente proceder á súa
privatización. E isto non o digo eu, dio a Comisión Europea e para iso baséase nun relato de feitos que, como pouco, é incontestable. En primeiro lugar, mediante o Real decreto 163/200, o goberno do PP modificou a data final da concesión para
ampliala vinte e cinco anos máis. En segundo lugar, tamén a través deste Real Decreto 163/2000 suprimiu a disposición que esixía que todo o capital de Enausa fose público e mencionaba incluso no preámbulo a posibilidade de que, nalgún momento, o
Estado deixase de ser accionista. A data deste Real Decreto é de 4 data de febreiro do ano 2000. Queden, queden con esta data.
A Comisión Europea afirma ademais que o goberno do PP, do señor José María Aznar, xa estaba a planear a venda da concesionaria oito meses antes de aprobar a prórroga da concesión da AP-9 e baséase en dous indicios: o primeiro, o informe de
actividade do Consello Consultivo de Privatizacións do ano 2003, na páxina noventa e oito, segundo o cal o procedemento de venda pública de Enausa comezou o 27 de maio de 1999, oito meses antes da ampliación da prórroga mediante unha licitación
destinada a contratar un asesor financeiro para estudar as alternativas á venda da sociedade e un segundo indicio, un intercambio de notas entre o Ministerio de Facenda e o Ministerio de Fomento de xullo de 1999 que demostran que ambos os dous
ministerios xa estaban a manter entón conversacións con vistas á venda. O procedemento seguido para a venda foi áxil, foi rápido. En 2001, todas as accións de Enausa, pasaron a estar baixo control da SEPI. En 2002, a SEPI aprobou o prego de
condicións para a venda de accións de Enausa e enviou unha carta informativa a cincuenta e dous destinatarios que manifestaban o seu interese na privatización e o 28 de maio de 2003 rematouse. Rematouse todo o plan. A SEPI decidiu vender as
accións a un consorcio liderado pola empresa Española SACYR e composto por varias entidades financeiras españolas.
En resumo, entre os anos 1999 e 2003, o goberno do PP, segundo o que era, de acordo co que insinúa ou se deduce do informe da Comisión Europea, un plan de conxunto, saltouse toda a normativa vixente en materia de publicidade, igualdade e
transparencia no ámbito dos bens de propiedade pública para
colocar unha autoestrada, daquela pública, en mans dunhas empresas privadas e enriquecer as devanditas empresas durante vinte e cinco anos a conta do peto dos cidadáns en forma de peaxes.
Coa cociente actual de beneficios sobre ingresos, Audasa vaise embolsar cinco mil millóns de euros de beneficio coas peaxes. O valor da compañía está, segundo o estudo da Universidade da Coruña, en 904 millóns. Nós en SUMAR, calculámoslle
menos valor de 800 millóns, pero en calquera caso é evidente que a concesión é un negocio moi rendible para a empresa privada Audasa e o rescate parece que tería un valor moi inferior.
O goberno do PP actuou fóra de toda legalidade. Unha vez máis, corrupción, ilegalidade de maneira moi evidente, non nos sorprenden, pero que fixeron o resto de organizacións políticas que gobernaron Galicia e España desde entón? Acordar e
aprobar bonificacións. Deste xeito, destes cinco mil millóns de euros de beneficios que se calcula que vai obter unha empresa privada, porque así o decidiu o señor Aznar, unha parte asúmena as persoas que transitan pola AP-9 a título individual,
pero, outra, nada menos que tres mil catrocentos millóns, ímosllos pagar a Audasa en bonificacións directamente desde os orzamentos das Administracións públicas.
Os delitos presuntos que orixinaron esta inxustiza están prescritos, por sorte, para vostedes, unha inxustiza histórica para a cidadanía galega, foron cometidos por un goberno do Partido Popular que amosa sen vergoña a maior hipocrisía cando
falamos da AP-9, pero o que non debería permitirse xa é que esta realidade se lexitime unha e outra vez mediante acordos curtopracistas. Dende SUMAR Galicia consideramos que a historia de abusos e ilegalidades que rodean a venda da prórroga da
concesión da AP-9 obríganos a deixar de lado o oportunismo político e actuar dunha vez por todas.
Falar exclusivamente de bonificacións, é elixir entre educación e sanidade públicas e de calidade ou de peaxes e continuar enriquecendo a unha empresa privada a costa das clases populares. Toca, señorías, actuar dunha vez por seriedade,
recuperando a AP-9 para o público libre de peaxes. Moitas grazas.
Moitas grazas, presidenta.
Corría el año 1983 cuando el Gobierno de José María Aznar, entre [...] y todo esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, y para esto hay una cantidad de hechos que son incontestables. En primer lugar, mediante el Real Decreto 173, por
el que el PP modificó para cuarenta años más la concesión y, en segundo lugar, ese Real Decreto 173 suprimió esa disposición para que fuese público, y mencionaba incluso en el preámbulo que en algún momento el Estado dejase de ser accionista, y la
fecha de ese real decreto es del 4 de febrero del año 2000. Quédense con esta fecha.
La Comisión Europea afirma que además el Gobierno del PP del señor Aznar ya estaba planeando la venta de la concesionaria antes de aprobar la venta, y se basa en dos indicios. El primero, el informe de actividad del año 2003, en la página
98, según el cual se empezó el 27 de mayo de 1999, es decir, ocho meses antes de la ampliación de la prórroga destinada a contratar un asesor financiero para ver las alternativas de venta de la empresa. Y el segundo, entre el Ministerio de Fomento
y el Ministerio de Hacienda en julio de 1999, demuestra que los dos ministerios estaban manteniendo conversaciones con vistas a la venta. El procedimiento fue ágil y rápido. En 2001 todas las acciones de [...] pasaron a estar en control de [...]
se aprobó la venta de acciones, en una carta informativa la A-52, y el 28 de mayo de 2003 finalizó todo el plan, se vendió por la empresa española Sacyr. Es decir, en resumen, entre los años 1999 y 2003 el Gobierno del PP, de acuerdo con lo que se
deduce del informe de la Comisión Europea, se saltó toda la normativa en vigor en materia de publicidad, igualdad y transparencia en propiedad pública para colocar una autopista en aquel momento pública en manos de unas empresas privadas y
enriquecer a esas empresas durante veinticinco años (aplausos) a cuenta del bolsillo de los ciudadanos, en forma de peajes.
Con el cociente actual de beneficios sobre ingresos, Audasa se va a embolsar 5000 millones de euros con esos peajes. El valor de la compañía está, según el estudio de la Universidade da Coruña, en 904 millones. Nosotros en SUMAR calculamos
que menos de 800, pero en todo caso es evidente que se trata de un negocio muy rentable para la empresa privada Audasa, y el rescate parece que tendría un valor muy inferior. El Gobierno del PP actuó fuera de toda legalidad, una vez más una
ilegalidad de manera muy evidente y que no nos sorprende. ¿Pero qué han hecho el resto de las organizaciones políticas que gobernaron Galicia y España desde entonces? Aprobar bonificaciones. De esos 5000 millones de euros de beneficio que se
calcula que la empresa privada va a conseguir, porque así lo ha decidido el señor Aznar, una parte la asumen las personas que transitan por la AP-9, pero otra -nada menos que 3400 millones- se la pagamos en bonificaciones directamente desde los
presupuestos de las Administraciones
públicas. Los delitos presuntos que originaron esta injusticia están prescritos, por suerte para ustedes, una injusticia histórica para la ciudadanía gallega, y fueron cometidos por un Gobierno del Partido Popular que muestra, sin ningún
tipo de pudor, la hipocresía cuando hablamos de la AP-9. Pero lo que no debería permitirse ya es que esa realidad se legitime una y otra vez con acuerdos.
En SUMAR Galicia consideramos que la historia de abusos e ilegalidades de esta prórroga de la concesión de la AP-9 nos obliga a dejar de lado el oportunismo político y a actuar de una vez por todas. Hablar exclusivamente de bonificaciones
es elegir entre educación o sanidad pública y peajes y no puede ser. No puede ser seguir así a costa de las clases populares y, por lo tanto, toca actuar, señorías, recuperando la AP-9 para el público libre de peajes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sánchez García por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera. (Aplausos).
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Aprovecho que intervengo por segunda vez para decir algo que olvidé en la intervención anterior, relativa a la proposición de ley de modificación de la ley electoral del Grupo Popular. Dije que no tenía mucho sentido esta falta de ambición
y de coherencia del Grupo Popular, porque era perfectamente posible una reforma de la ley de partidos y de la ley electoral en cuanto a la inelegibilidad en relación con los partidos separatistas e independentistas por sus actuaciones. Se me ha
olvidado hablar del Partido Socialista y de sus aliados, porque quienes colaboran con los partidos que cometen delitos que son actuaciones contra la unidad nacional a lo mejor también están incursos en causa de ilegalización. También podrían ser
ilegalizados por este motivo, llevando el razonamiento a sus últimas consecuencias, el Partido Socialista, Podemos, SUMAR y todos los que le apoyan, porque esas actuaciones son nada más y nada menos que indultar y amnistiar a quienes han cometido
delitos contra la unidad de España. (Aplausos).
Dicho esto, voy a pasar a la cuestión de esta moción. En primer lugar, este debate propicia que aquí se exhiba una lista de listos o listillos, que no de inteligentes. El primer listo o listillo es el señor Aznar, en relación con el
artículo 150.2 de la Constitución, que es probablemente el precepto más aberrante y contradictorio del texto constitucional, porque permite la transferencia mediante ley orgánica de competencias exclusivas del Estado. Si son exclusivas, no se
pueden transferir y si se pueden transferir, no son exclusivas. El señor Aznar gobernó ocho años y parece que no se dio cuenta, pero luego tomó posesión de su cargo de consejero de Estado en razón de ser expresidente del Gobierno y en el Consejo de
Estado dijo que él era partidario de la derogación de este artículo. ¡Pues a buenas horas mangas verdes! Y fue también el Gobierno presidido por el señor Aznar quien en el año 2000 aprobó el decreto por el que se prorrogó la concesión de la
autopista AP-9 hasta el año 2048. Nosotros nos oponemos, siquiera sea por esta razón de principio, una razón conceptual, a cualquier uso del artículo 150.2 y, por lo tanto, también a este. Y que no nos venga aquí el señor Puy Fraga a contar otra
vez el camelo este de la gestión de proximidad. ¿Usted me puede explicar en qué mejora la gestión de la autopista porque sea la titularidad de la Xunta y no del Estado y en qué recibe mejor servicio de la concesionaria el usuario por ser titular de
la autopista la Xunta y no el Estado? Esto de la gestión de proximidad cuéntelo usted en otro sitio, porque aquí no cuela, al menos no cuela con VOX.
El segundo listo es el señor Rego, promotor de iniciativas anteriores que ya se han mencionado esta Cámara, así como de las del Parlamento de Galicia para la transferencia de la autopista. El señor Rego viene ahora aquí, como listolistillo
segundo en esta galería de la que se hace exhibición en este Pleno, y nos dice que lo primero que hay que hacer es rescatar y el rescate, según él, lo tiene que pagar la Administración del Estado. Y luego dice que hay que transferir la titularidad
a la Xunta. ¿Y no cree usted que es más razonable el orden contrario? Que primero se transfiera y que pague la Xunta. Eso no le gusta, claro, es usted muy listo (risas), igual de listo que el Partido Popular, que pretende exactamente lo mismo.
(Aplausos). No hay más que leer su enmienda de hoy y conocer su postura anterior en iniciativas semejantes sobre esta delicada cuestión.
Además, habla usted de rescate. Perdóneme. Estando pendiente de una resolución de la Comisión Europea que declara la prórroga ilegal por contraria al derecho europeo -no voy a entrar ahora en detalle; se ha expuesto aquí bastante mal,
pero se ha expuesto-, si la concesión expira a su término, la Comisión Europea considera que se debe tener por extinguida la concesión tres años después de la reforma legal que la permitió, la reforma que hizo el Partido Popular, es decir, que debe
tenerse por extinguida la concesión
tres años después de la privatización de la autopista. Dígame usted entonces. Esto no es un rescate; esto es una reversión de la autopista -artículo 291 de la Ley de Contratos del Sector Público- y en la reversión, señor mío, no hay
indemnización que valga, salvo una que resulta del decreto de prórroga del PP. A saber, si acaso el concesionario, como quiera que no va a poder seguir explotando la concesión hasta 2048, y con arreglo a la prórroga, obligaba a construir el tramo
nuevo Fene-Ferrol -que se dice en aquel decreto que importa aproximadamente 23 000 millones, que me parece una barbaridad, no sé qué es ese tramo- y además se preveía una liberación de peajes, lo que daba lugar a un reequilibrio concesional mediante
prórroga de la concesión, lo que es normal en la práctica del derecho público, solamente habría lugar a indemnizar por aquello que no haya podido recuperar la concesionaria mediante la explotación de la inversión realizada por la concesionaria. Y
le recuerdo a usted que el Estado se obligaba a pagar 3000 millones en concepto de expropiaciones. Así que todo esto representa una caradura monumental, también del Partido Socialista, que ahora se pone de perfil y dice últimamente que ellos no
pretenden la transferencia de la titularidad, que pretenden simplemente la transferencia de la gestión. ¿Por qué? Yo lo he preguntado, nunca me han contestado y hoy tampoco han dado ninguna explicación de esta extravagante postura, y no se
entiende nada porque en el Parlamento de Galicia votaron lo contrario. Señor Rego, el dinero es el que es y si la concesionaria verdaderamente acometió a su cargo una inversión que no ha podido satisfacer con la explotación de la autopista -de la
concesión, entiéndase-, en ese caso...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... podrá ser indemnizado y habrá que calcular el quantum. Y no entiendo por qué usted dice que esto es más barato. ¿Más barato que qué? Usted dice: No, importaría 900 millones. Que los pague el Estado -ya lo
hemos explicado, claro- para que luego la autopista vaya a Galicia. ¿Pero más barato que qué? Si lo único que hay que pagar es esa diferencia, nada más. ¿Mas barato que qué? Usted no sabe muy bien lo que dice y el estudio ese que han hecho...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, tiene que ir terminando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... los profesores de la Universidad de Santiago probablemente han tergiversado el asunto, porque será un informe hecho a medida de quien lo pide.
Nada más. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Taboadela Álvarez por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
La señora TABOADELA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
De nuevo el BNG trae a esta Cámara una moción con la AP-9 como tema para el debate. Y de nuevo, tal como hemos hecho siempre, vamos a responder con argumentos, hechos y razones acerca de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez está mejorando la
vida de los gallegos y gallegas. No merece la pena que me detenga en los antecedentes. Por todos y todas es conocido que si hoy estamos aquí hablando otra vez sobre esta infraestructura vital es porque el Gobierno del Partido Popular utilizó la
infraestructura -primero privatizando y luego ampliando la concesión- para el único fin de favorecer a la concesionaria y no en beneficio de los gallegos. Tanto se le fue la mano -tanto, señores del Grupo Popular-, que hasta la Comisión Europea ha
tomado cartas en el asunto y está evaluando la legalidad de esta prórroga. Precisamente por eso, también le decimos al señor Rego que la moción adolece de una más que cierta contradicción. No tiene sentido pedir la anulación de la prórroga en el
punto uno y a continuación, en el punto dos, solicitar la realización de un estudio sobre las consecuencias de la anulación de dicha prórroga, y mucho menos pedírselo al Gobierno. El tema está en la Comisión Europea y, por tanto, dejemos que se
manifieste la Comisión Europea sobre la legalidad de la prórroga. Dejemos trabajar a la Comisión y esperemos a ver cuál es la decisión final para saber si finalmente la prórroga fue legal o no. A cada uno lo suyo.
En lo que concierne al Gobierno de la nación, que era actuar sobre los peajes, se ha actuado desde el año 2021 como nunca anteriormente. Más de 100 millones de euros hemos ahorrado a los gallegos y gallegas en peajes gracias al empeño de
este Gobierno (aplausos), bonificaciones que suponen un ahorro directo para los ciudadanos. Ni la titularidad ni la gestión directa garantizan por sí mismas ni la
gratuidad ni la bonificación; son las políticas del Gobierno las que deciden rebajar o no los costes asociados al uso de la infraestructura. Y aquí el saldo es muy simple: el Partido Popular no bonificó los peajes de la AP-9 y el Gobierno
de Pedro Sánchez lo ha hecho desde 2021. (Aplausos). Es así de claro y así de simple.
Pero déjenme que ahora interpele al Grupo Popular. Desde que gobierna Pedro Sánchez parece que les ha entrado prisa por el traspaso de la AP-9. Lástima que el señor Feijóo no pueda escucharse a sí mismo, pero se lo digo al señor Tellado y
al resto de la bancada popular. Voy a recordar una cita textual de su líder, el señor Feijóo, cuando era presidente e falaba en galego, alá por 2016. Decía el señor Feijóo: Non vai ser fácil esa transferencia. Hai moitas comunidades autónomas
que solicitaron transferencias das súas autoestradas e dende logo, señoría, non vou enganar os galegos: é extremadamente difícil levantar as peaxes das autoestradas. Eu reitero que non imos conseguir a transferencia da AP-9 en pouco tempo. Haberá
que negociarlo. Non imos conseguir de hoxe para mañá o que non foi capaz de conseguir ninguén. Haberá que negociarlo. Fin de la cita. Pois si, si foi posible, si foi posible rebaixar os peaxes, porque se trata, señor Tellado, de vontade política
e non de supuestas dificultades. O que fixo o Partido Popular: non foi capaz de baixar os peaxes; e si foi capaz de facelo o Partido Socialista.
... y hablaba en galego, allá por 2016. Decía el señor Feijóo: No va a ser fácil esa transferencia. Hay muchas comunidades autónomas que solicitaron transferencias de sus autopistas y desde luego, señoría, no voy a engañar a los gallegos:
es extremadamente difícil levantar los peajes de las autopistas. Yo reitero que no y hemos conseguido la transferencia de la AP-9 en poco tiempo. Habrá que negociarlo. No vamos a conseguir para mañana lo que no fue capaz de conseguir nadie.
Habrá que negociarlo. Fin de la cita. Pues sí, sí fue posible rebajar los peajes, porque se trata, señor Tellado, de voluntad política y no de supuestas dificultades. Lo que no hizo el Partido Popular -no fue capaz de bajar los peajes- sí fue
capaz de hacerlo el Partido Socialista.
Lo que tenemos enfrente es una absoluta falta de coherencia del Partido Popular. Los diarios de sesiones del Parlamento gallego y de las Cortes Generales son testigos de las votaciones del PP. Mírenlas ustedes. Votaron en contra de la
transferencia, en contra de las bonificaciones, en contra de las sanciones a Audasa, en contra de las rebajas de los peajes, en contra de levantar el veto que puso Mariano Rajoy a la transferencia, en contra de la auditoría a la concesionaria.
(Aplausos). Estamos muy hartos, señores del Grupo Popular, muy hartos de la falta de responsabilidad, de la falta de coherencia y de la falta de seriedad de esta oposición. Si tan a favor están ahora de la gratuidad, ¿por qué no empiezan haciendo
gratis sus autopistas, las que dependen directamente de la Xunta de Galicia? (Aplausos). ¿Por qué piden en la oposición lo que no conceden cuando gobiernan? Se lo voy a decir yo: porque no piensan en los ciudadanos. Si pensaran más en ellos y
menos en cómo hacer daño al Gobierno, quizá algún día podrían gobernar este país.
Les voy a recordar algo obvio. La ciudadanía no nos ha elegido para que se insulte al adversario, para que se hable mientras me dirijo a sus señorías o para reírnos desde el escaño, y ni mucho menos para sacar carteles indecentes; la gente
nos ha elegido para que trabajemos en mejorar su vida. En este lado del hemiciclo (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) estamos para eso y en eso vamos a seguir pese a su oposición inútil. Los gallegos y gallegas pagamos
peajes por culpa del Partido Popular, pero pagamos menos gracias al Partido Socialista. (Aplausos). Esa es la política en la que nosotros creemos. Y ahora reflexionen sobre qué hacen ustedes en esos escaños.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Taboadela.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, RELATIVA A LAS CAUSAS DE INELEGIBILIDAD. (Número de expediente 122/000110).
La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las causas
de inelegibilidad.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 169; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000054).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 33; en contra, 175; abstenciones, 135.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2005, DE 9 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. (Número de expediente 121/000025).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo al Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 33; en contra, 174; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Muchas gracias.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.