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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 10/01/2024
cve: DSCD-15-PL-16
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parte 1
parte 2
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 16
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 15
(extraordinaria)
celebrada el miércoles,
10 de enero de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de la Presidencia ... (Página7)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página8)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y
mecenazgo. (BOE núm. 303, de 20 de diciembre de 2023). (Número de expediente 130/000001) ... (Página8)
- Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de
la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. (BOE núm. 303, de 20
de diciembre de 2023). (Corrección de errores en BOE núm. 3, de 3 de enero de 2024). (Número de expediente 130/000002) ... (Página22)
- Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. (BOE
núm. 310, de 28 de diciembre de 2023). (Número de expediente 130/000003) ... (Página42)
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:
- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2024. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 58, de 27 de diciembre de 2023. (Número de expediente 430/000002) ... (Página62)
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
- Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 58, de 27 de diciembre de 2023. (Número de expediente 430/000001) ... (Página62)
Palabras de la Presidencia ... (Página76)
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Continuación):
- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2024. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 58, de 27 de diciembre de 2023. (Número de expediente 430/000002) ... (Página77)
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Continuación):
- Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 58, de 27 de diciembre de 2023. (Número de expediente 430/000001) ... (Página77)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 32-1, de 24 de noviembre de 2023. (Número de expediente 122/000019) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página110)
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página111)
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación) ... (Página112)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página112)
Palabras de la Presidencia ... (Página120)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación). (Continuación) ... (Página120)
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación). (Continuación) ... (Página128)
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación). (Continuación) ... (Página135)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Palabras de la Presidencia ... (Página7)
La Presidencia agradece al presidente del Senado, a la Mesa y a los servicios técnicos del Senado su amabilidad y trabajo para que sea posible la celebración del Pleno en dicha Cámara.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página8)
La señora doña María Torres Tejada y el señor don Josep Paré Aregall adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página8)
Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y
mecenazgo ... (Página8)
El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Valluguera Balaña, del Grupo
Parlamentario Republicano, y Rivera Arias, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores Del Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX; Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Huguet Tous, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de
la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo ...
La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzatabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Matute García
de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Lois González, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX; Peña Camarero,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Garrido Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía ...
El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienene el señor Rego Candamil y la señora Verstrynge Revuelta, del Grupo parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzatabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Aizpurua Arzallus,
del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y Lois González, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores
Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; Casares Hontañón, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página62)
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2024 ... (Página62)
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página62)
Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página62)
La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) informa a la Cámara sobre los puntos de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y Martín Urriza, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y la
señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano.
Palabras de la Presidencia ... (Página76)
La Presidencia informa de que, debido a una sobrecarga, se va a alargar el periodo de votación hasta las tres y media de la tarde, y el horario para los votos telemáticos se alargará hasta las cuatro y media.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Continuación) ... (Página77)
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2024 ... (Página77)
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Continuación) ... (Página77)
Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ... (Página77)
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal
Unzatabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Sánchez Serna y Rego Candamil, la señora Valido García y el señor Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página89)
Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña ... (Página89)
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen las señoras Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario VOX, y Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
Replican las señoras Rodríguez de Millán Parro y Gamarra Ruiz-Clavijo, y duplica el señor Rufián Romero.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto.
Hace uso de la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Continuando con el turno de portavoces intervienen la señora Valido García, el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Iñarritu
García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página110)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, se aprueba por 172 votos a favor y 171 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 205 votos a favor y 138 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la
protección por desempleo, se rechaza por 167 votos a favor y 176 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para
paliar los efectos de la sequía, dio el siguiente resultado: 171 votos a favor y 171 en contra.
La Presidencia informa de que, al haber un empate, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.1 del Reglamento, se realizará una segunda votación. Dado que en la presente sesión plenaria las votaciones son íntegramente telemáticas, se
procederá a la apertura de un nuevo plazo de votación telemática del que se informará al acabar las votaciones.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página111)
Sometido a votación el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el
límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024, dio el siguiente resultado: 171 votos a favor y 171 en contra.
La Presidencia informa de que al haberse producido un empate en la votación, se procederá a la apertura de un nuevo plazo de votación telemática, del que se informará al finalizar las votaciones.
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación) ... (Página112)
Sometido a votación el Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dio el siguiente
resultado: 171 votos a favor y 171 en contra.
La Presidencia informa de que al haberse producido un empate en la votación, se procederá a la apertura de un nuevo plazo de votación telemática, del que se informará al finalizar las votaciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página112)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se rechaza por 33
votos a favor y 309 en contra.
Sometida a votación pública por llamamiento la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional,
política y social en Cataluña, se rechaza por 171 votos a favor y 178 en contra.
Hacen uso de la palabra los señores Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y Tellado Filgueira, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso solicitando la votación por llamamiento para las votaciones en las que ha habido
empate.
Palabras de la Presidencia ... (Página120)
La Presidencia informa de que se habilita la votación por vía telemática, de siete a siete y media, a quienes la tenían concedida, y a las siete y media empezarán las votaciones por llamamiento de los tres puntos del orden del día en los que
ha habido empate.
Se suspende la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación). (Continuación) ... (Página120)
Sometida a votación por llamamiento la convalidación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente
Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, se aprueba por 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación). (Continuación) ... (Página128)
Sometido a votación por llamamiento el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo
2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024, se aprueba por 179 votos a favor y 171 en contra.
Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Votación). (Continuación) ... (Página135)
Sometido a votación por llamamiento el Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
aprueba por 179 votos a favor y 171 en contra.
Se levanta la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas.
Dejen que mis primeras palabras sean para agradecer al presidente del Senado, a la Mesa y a todos los servicios técnicos del Senado la amabilidad que han tenido de trabajar para hacer posible la celebración de este Pleno en el día de hoy
aquí en el Senado. Les pido disculpas si hay alguna incomodidad -no sé si la habrá o no-, pero les puedo asegurar que todo el mundo ha trabajado intensamente -por eso lo quiero agradecer- para hacer posible que podamos tener la sesión de este Pleno
aquí en el Senado.
También querría desearles un feliz 2024. Espero que hayan descansado y podido coger fuerzas para este 2024 intenso que nos espera.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar esta sesión tomando juramento o promesa a los nuevos diputados y diputadas. Pido a la Mesa que se ponga en pie.
En sustitución de doña María Luisa del Moral Leal, pregunto a doña María Torres Tejada si jura o promete acatar la Constitución.
La señora TORRES TEJADA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Raquel Sánchez Jiménez, pregunto a don Josep Paré Aregall si jura o promete acatar la Constitución.
El señor PARÉ AREGALL: Sí, ho prometo.
La señora PRESIDENTA: María Torres Tejada y don Josep Paré Aregall han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 6/2023, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN MATERIA DE SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA, FUNCIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN LOCAL Y
MECENAZGO. (Número de expediente 130/000001).
La señora PRESIDENTA: Damos comienzo con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de los reales decretos leyes.
En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en
materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el señor Félix Bolaños.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Buenos días, señorías. Buenos días a todos.
Tenemos por delante una sesión parlamentaria larga, intensa y especialmente importante para el futuro de la ciudadanía, de las familias y de las empresas de nuestro país.
Hoy debatimos y votamos la convalidación de tres reales decretos leyes que son imprescindibles para que España tenga acceso a 10 000 millones de euros de fondos europeos, para seguir reforzando nuestro Estado del bienestar, para impedir la
escalada de precios, para mejorar las prestaciones por desempleo, para continuar incrementando las pensiones, para asegurar las bonificaciones o la gratuidad del transporte público o para prohibir los desahucios en los casos de las personas más
vulnerables. Eso nos estamos jugando hoy. Todas y cada una de las medidas que incluyen estos tres reales decretos leyes benefician a millones de ciudadanos, de familias y de empresas y eso es lo que hoy votamos en esta sesión. No votamos solo
unos decretos. Hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron el 23 de julio en las urnas están aquí para facilitarles la vida o para dañarles si con ello creen que también dañan al Gobierno. Cada persona que nos está
viendo o escuchando se está jugando mucho en esta votación y, por, tanto, espera mucho de nosotros y espera mucho de ustedes, señorías. Cada persona que nos ve y que nos escucha hoy sabe que si hoy fallamos, si ustedes fallan hoy, señorías, mañana
sube la factura de la luz, baja su pensión... (Rumores.-Protestas.-Aplausos). Así es, señorías, cada persona que hoy nos escucha y nos ve sabe que, si hoy fallamos y si ustedes hoy fallan, mañana sube la factura de la luz, mañana su pensión baja,
deja de acceder gratuitamente al transporte público y tiene que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro. Por favor, señores diputados, les ruego silencio. Aquí hay una sonoridad más complicada y somos muchos en la sala. Por tanto, intentemos guardar silencio y respetar los turnos de los
oradores, de todos los oradores.
Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Por tanto, ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto que van a emitir hoy para millones de ciudadanos, de familias y de
empresas que esperan que sus representantes les hagan la vida más fácil y no más difícil. Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Hagamos política útil y
política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias. (Aplausos).
El primero de los tres reales decretos leyes que hoy sometemos a consideración de esta Cámara es el 6/2023, por el que se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de
justicia, en materia de función pública, en materia de régimen local y en materia de mecenazgo. Es una norma extensa y ambiciosa cuya aprobación es urgente. Como ustedes conocen, sobre todo los que ya estaban en esta Cámara en la legislatura
anterior, las medidas y las reformas que contempla este real decreto ley se estaban tramitando ya en la legislatura anterior y decayeron al disolverse las Cortes. Son reformas que tenemos que aprobar porque forman parte de objetivos y de hitos, de
compromisos con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sin cuyo cumplimiento en plazo, antes del 31 de diciembre de 2023, no se podía producir la solicitud del cuarto desembolso de 10 000 millones de
euros para nuestro país. Por eso la propia Comisión Europea nos pidió que presentáramos la solicitud del desembolso de los 10 000 millones de euros al día siguiente de aprobarse el real decreto ley en Consejo de Ministros. Por tanto, no hay duda
sobre el cumplimiento del requisito de la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para aprobar un real decreto. También es innegable que los 10 000 millones de euros, como todos los fondos europeos, están teniendo un impacto
muy positivo en la economía de nuestro país y, por tanto, en la ciudadanía, las familias y las empresas.
No hablamos en abstracto, hablamos de miles de millones de euros que están consiguiendo convertir España en un país más moderno, más avanzado y más justo. Esos fondos europeos han sido claves para superar las dificultades a que nos
enfrentamos con la pandemia o con la guerra en Ucrania; están produciendo un paso de gigante en la transformación de todo nuestro modelo productivo, energético, industrial, educativo, administrativo y social y, sobre todo, esos 10 000 millones de
euros que hoy están en juego con su voto, con la convalidación de este decreto ley, son millones de euros que benefician a los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, decir no a este real decreto ley es decir no a 10 000 millones de euros que
mejorarían la vida de nuestra ciudadanía.
Podemos estar orgullosos del papel que ha tenido nuestro país tanto en la gestación y en el nacimiento como en la ejecución del plan de recuperación y de los fondos europeos. Hemos recibido felicitaciones de la Comisión Europea por la
ejecución de fondos y también por la transparencia en su distribución. España fue el primer país que solicitó y consiguió los tres primeros desembolsos de fondos europeos y ahora, con la aprobación de estas medidas, las que contiene este real
decreto ley, antes de finalizar el año 2023 -se aprobó, como recuerdan, el día 19-, desbloquearemos el cuarto desembolso de fondos europeos, y así hasta obtener los 164 000 millones de euros que están asignados en el periodo 2021-2026. Esto es,
señorías, lo que nos jugamos con la convalidación de este real decreto.
Les doy cuenta de manera muy sucinta de cuál es el contenido del real decreto ley. Saben ustedes que tiene cuatro libros: el primero sobre justicia; el segundo sobre función pública; el tercero sobre régimen local y el cuarto sobre
mecenazgo. Sobre el primero de ellos, transformación de la justicia, se regula en el libro primero, da cumplimiento al componente undécimo del plan de recuperación y básicamente contiene dos normas que estaban en tramitación parlamentaria en la
legislatura anterior: la ley de medidas de eficiencia digital y, en parte, también la ley de eficiencia procesal. Estas normas persiguen un objetivo muy claro, que es conseguir una justicia más moderna, más ágil, más digital y mucho más cercana a
la ciudadanía. Se introducen reformas dirigidas a adaptar el servicio público de la justicia al marco tecnológico y digital actual. Pretendemos consolidar el derecho de los ciudadanos y de los profesionales a relacionarse por medios electrónicos
con la justicia, como ya sucede en la Administración General del Estado y en otras administraciones territoriales. Esto incluye, por ejemplo, la celebración preferente de vistas a través de vías telemáticas, la creación de la carpeta justicia para
que ciudadanos y profesionales puedan, de manera muy sencilla y fácil, consultar los expedientes judiciales y realizar trámites a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, y también el impulso al expediente judicial electrónico que reúne
todos los documentos y todas las actuaciones que se incluyen en un procedimiento judicial. Fortalecemos, esto es importante también, la interoperabilidad entre operadores jurídicos, es decir, no solo entre administraciones de justicia y no solo
entre juzgados, sino también entre otros operadores como registros, notarios, etcétera,
que permitirá que ahora gestiones, que podían durar meses, se puedan hacer en horas, porque se van a hacer de manera digital. También hemos incluido, como les decía al principio, medidas de eficiencia procesal dirigidas a simplificar y
facilitar procedimientos, por supuesto sin afectar ninguna garantía procesal ni ningún derecho de las partes.
Esta segunda parte, la ley de eficiencia procesal, la parte pequeña que se ha incluido en el decreto ley, la parte cuya inclusión nos ha solicitado la Comisión Europea, permitirá de manera más ágil hacer frente a la litigiosidad existente en
nuestro país. Se impulsa la presencia telemática en el proceso penal, con excepciones en algunos casos que tienen que ver con las especiales garantías que han de tenerse en un ámbito como el penal. También diseñamos herramientas para agilizar la
tramitación y la resolución de procedimientos administrativos. Señorías, este libro, el libro primero, el que trata de la justicia, es un auténtico impulso reformista en el que se materializan consensos, trabajos de todos los operadores jurídicos
que han visto cómo con esta reforma se da un paso de gigante en la transformación digital de la justicia, por fin, en el año 2023-2024. Es una justicia, además, volcada en la ciudadanía, pudiéndose hacer en horas lo que antes podía tardar meses y,
por tanto, incorporando la inmediatez, los servicios veinticuatro horas de la sociedad digital, también al ámbito de la justicia. Por eso les digo que es la reforma más ambiciosa de la justicia en décadas y probablemente el mayor avance de la
historia en materia de digitalización, de agilidad y de modernización de nuestra justicia.
El libro segundo, señorías, trata de la reforma de la función pública, su régimen jurídico y los instrumentos de gestión del empleo público. Forma parte también del componente undécimo del plan de recuperación. Son iniciativas que ya se
contemplaban en el Estatuto Básico del Empleado Público que, como recuerdan ustedes, se aprobó en el año 2007, pero algunos aspectos necesitaban todavía una norma que pudiera desarrollarlos. Por ejemplo, este libro segundo del decreto ley del que
pedimos su convalidación regula la planificación estratégica en materia de recursos humanos de las administraciones públicas, vinculado a una planificación no solo plurianual de la Administración General del Estado. Se regula también la evaluación
del desempeño, vinculándola al complemento salarial y a provisiones de puestos para mejorar la productividad de los empleados y la calidad de los servicios públicos. También se establece un nuevo modelo de carrera horizontal, de tal manera que se
puede progresar en tramos sin cambiar de puesto de trabajo para los funcionarios y empleados públicos, y se regula la figura del directivo público empresarial, subdirectores y asimilados, regulando sus funciones, los requisitos para su nombramiento
y también para su evaluación.
El libro tercero del decreto ley regula las medidas en materia de Administración local, encaminadas básicamente a acelerar e implementar todos los servicios digitales en las pequeñas administraciones locales. Se apoyará a estos pequeños
municipios en la prestación de estos servicios para que se puedan adaptar a las tecnologías actuales. Por ejemplo, se actualizará y se mejorará el modelo de padrón municipal de habitantes, de tal manera que se actualizará en tiempo real, es decir,
el mismo día se podrá modificar el empadronamiento de una persona y tendrá reflejo inmediato en el padrón municipal de habitantes.
Este real decreto supone también una apuesta por la gestión colaborativa en los servicios con los municipios pequeños, con los de menos de 20 000 habitantes, garantizando la calidad de los servicios tanto si alguien vive en municipios con
menos habitantes como si vive en grandes ciudades. Por último, impulsa la participación ciudadana, en colaboración con otras administraciones, para ayudar a las entidades locales más pequeñas, obligando a que las entidades locales habiliten un
portal de Internet para que puedan elaborar planes y mecanismos digitales para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios públicos locales.
Y me refiero ahora, por último, al cuarto de los libros que regula este real decreto ley, que es el de los llamados incentivos fiscales al mecenazgo y que da cumplimiento al componente 24 del plan de recuperación, el que se refiere a la
revalorización de nuestra industria cultural. Incrementamos del 35 al 40 % los porcentajes de deducción aplicables a personas físicas o jurídicas que realicen donaciones con esta naturaleza, ampliamos también de 150 a 250 euros la cuantía del
micromecenazgo que fomenta las donaciones continuadas y actualizamos la relación de actividades económicas que pueden quedar exentas del impuesto de sociedades para las entidades sin ánimo de lucro.
Este es, señorías, el contenido muy sucinto en la explicación de este real decreto ley. Todas estas reformas son la expresión del compromiso de nuestro país con la Comisión Europea, con Europa y con sus ciudadanos. Como ya he señalado,
este real decreto responde a la necesidad de dar cumplimiento al plan de inversiones y reformas que hemos comprometido con la Unión Europea hace dos años y medio y que ya está teniendo efectos.
Los fondos europeos suponen que nuestro país sea cada día más verde, más digital, más justo y más igualitario, es decir, que sea un país mejor. Eso es lo que suponen los fondos europeos y por eso solicito el voto favorable no solo a este
real decreto ley, sino a los tres reales decretos leyes que hoy traemos a convalidación a esta Cámara. (Aplausos). No puede haber ninguna razón política ni ideológica que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias y a nuestras
empresas; no la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos tres reales decretos leyes hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y, por tanto, favorecen nuestras condiciones de vida.
Todas las personas que tenemos el honor de representar aquí al pueblo español tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos decretos leyes. Cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en las personas a las que estamos
representando y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Su elección de hoy es muy sencilla: su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana.
Por tanto, pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el Diario de Sesiones, sino que también se va a reflejar en la factura de la luz. Cada pensionista que les votó está hoy mirándoles porque con su voto deciden si se
actualiza, si sube su pensión o si se congela. Por tanto, les pido que continuemos en el camino de la protección social, el crecimiento económico y la justicia. Hoy no puede ser el día en el que el Congreso de los Diputados vuelva a aprobar
recortes sociales, como hace ya más de un lustro. No es lo que desea la sociedad y no es lo que necesita nuestro país. Tomen, por tanto, la decisión de voto de estos reales decretos leyes pensando en quienes les votaron, en sus intereses y en si
les hacen la vida más fácil.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Empezamos el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil, por un tiempo de tres minutos y medio.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, grazas, señora presidenta.
Nesta sesión extraordinaria sométense a validación tres reais decretos leis aprobados no mes de decembro polo Goberno, para alén do pecado orixinal de lexislar por real decreto, sen diálogo, sen negociación previa, insólito cando as maiorías
parlamentarias son tan axustadas. Todos os tres pecan tamén doutro problema: reunir asuntos tan dispares que dificultan unha avaliación e unha toma de posición coherente en relación con cada un deles.
Este primeiro, o seis vinte e tres, de facto, aborda cuestións como Función Pública, Administración electrónica na Xustiza, réxime local ou mecenado. Centrareime nos dous primeiros, onde chaman máis elementos de preocupación e de
discrepancia.
O primeiro bloque de reformas referidas á tramitación electrónica no ámbito da Administración de Xustiza vén xustificado para axilizar os procedementos xudiciais polo aumento da litixiosidade, tanto no ámbito penal, civil, como no
contencioso-administrativo, mediante a introdución de trámites telemáticos ou electrónicos.
É verdade que a adaptación da Administración de Xustiza a novas tecnoloxías é unha materia pendente, mais esta reforma exprés pola vía do decreto vai topar coa realidade da falta de medios humanos e de recursos materiais. Consideramos que a
única fórmula que aseguraría esa axilización que se pretende é a dotación adecuada de persoal e de medios materiais.
Aliás, cabe recordar que, no caso da Galiza, foi transferida a xestión dos medios materiais e de persoal. Están, por tanto, lexislando sobre aspectos que, sendo competencia autonómica, deberían como mínimo ser motivo de diálogo e
negociación entre Administracións para non caer na -infelizmente tan habitual- invasión competencial.
Iso si, constatamos que ao PP isto non lle preocupa en absoluto; están a outra cousa, a pesar de gobernar (até agora e por pouco tempo) na Galiza, mais non nos sorprende para o uso que lle dan -sería máis exacto 'que non lle dan'- como
estamos a ver agora coa crise dos pellets na costa galega; sóbranlles competencias, a pesar de non teren asumido nin unha soa: cero transferencias en quince anos de Goberno do Partido Popular do señor Feixóo e agora de Rueda.
Preocúpanos tamén unha cuestión aínda pendente e que a reforma nin prevé nin seguramente terá en conta: lograr a plena normalización do galego e do resto de linguas oficiais distintas do español na Administración de Xustiza. Como xa ten
acontecido noutros casos, é imposíbel facer normal a tramitación dun expediente en galego se o sistema electrónico non o prevé ou non o permite.
No segundo bloque, o decreto lei introduce modificacións na Administración, entre elas para a avaliación do desempeño, sen garantir a presenza sindical para asegurar transparencia, crea o concepto de áreas funcionais que facilitarán a
mobilidade xeográfica do persoal ou normaliza que directores xerais e subdirectores sexan persoal directivo que deixa fóra de calquera control e negociación sindical o seu réxime xurídico e condicións retributivas. Pola contra, unha vez que abordan
unha reforma, non incorporan cuestións que levan décadas reclamando os traballadores e traballadoras, tanto en condicións laborais como na mellora do servizo público: cláusula de revisión salarial, mecanismo de recuperación da perda do poder
adquisitivo, xornada de trinta e cinco horas, xubilación parcial ou xubilación aos sesenta e cinco anos. Iso si, aposta polos plans de pensións privados e contratos de seguro, considerando como retribucións diferidas as achegas aos plans de
pensións privados que computan como melloras salariais.
En conclusión, hai moitos aspectos do real decreto lei...
Gracias, señora presidenta.
En esta sesión extraordinaria se someten a convalidación tres reales decretos leyes aprobados en el mes de diciembre por el Gobierno. Más allá del pecado original de legislar por real decreto, sin diálogo ni negociación previa -insólito
cuando las mayorías parlamentarias son tan ajustadas-, los tres pecan también de otro problema: reunir asuntos tan dispares que dificultan la evaluación y toma de posición coherente en relación con cada uno de ellos.
Este primero, el 6/2023, aborda cuestiones como la Función pública, la administración electrónica en la Justicia, el régimen local o el mecenazgo. Me centraré en los dos primeros, donde encontramos más preocupación y discrepancia.
El primer bloque de reformas, referidas a la tramitación electrónica en la justicia, está justificado para agilizar los procedimientos judiciales por el aumento de la litigiosidad tanto en lo penal y civil como en lo contencioso
administrativo, mediante la introducción de trámites telemáticos y electrónicos. La verdad es que la adaptación de la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías es una materia pendiente que está encontrándose con dificultades por la falta
de medios humanos y materiales. Consideramos que la única fórmula que aseguraría esa agilización que se desea es la dotación adecuada de personal y medios materiales. Es más, hay que recordar que, en el caso de Galicia, se transfirió la gestión de
medios materiales y personales y se están legislando aspectos que, siendo de competencia autonómica, deberían ser, como mínimo, motivo de diálogo y negociación entre las administraciones para no caer en esa infeliz y habitual invasión competencial.
Constatamos que al PP no le preocupa esto en absoluto, a pesar de estar gobernando -hasta ahora y por poco tiempo- en Galicia. Pero no nos sorprende porque para el uso que le dan -sería más exacto decir que no le dan-, como estamos viendo
ahora y cómo ven ustedes con la crisis de los pelets en la costa gallega, le sobran competencias, a pesar de que no han asumido ninguna transferencia, cero, durante los últimos quince años.
También nos preocupa una cuestión pendiente, que es que la reforma no prevé, ni seguramente tendrá en cuenta, lograr la plena normalización del gallego en el resto de las lenguas oficiales distintas del español en la Administración de
Justicia. Como ya ha ocurrido en otros casos, es imposible hacer normal la tramitación de un expediente en gallego si el sistema electrónico no lo prevé o lo permite.
En el segundo bloque, el decreto ley introduce modificaciones en la Administración, entre ellas, para la evaluación del desempeño sin garantizar la presencia sindical para asegurar la transparencia. Esto crea el concepto de áreas
funcionales, que facilitarán la movilidad geográfica del personal, o normaliza que directores generales o subdirectores sean personal directivo, y deja fuera cualquier control y negociación sindical o su régimen jurídico y condiciones retributivas.
Por el contrario, una vez que abordan la reforma, no se incorporan cuestiones que llevan décadas reclamando los trabajadores y las trabajadoras, tanto en condiciones laborales como en la mejora del servicio público, cláusulas de revisión salarial,
mecanismos de recuperación de poder adquisitivo, jornada de 35 horas, jubilación parcial, jubilación a los 65 años. Esto apuesta por planes de pensiones privados y contratos de seguros que consideran como retribuciones diferidas a los aportes de
los planes de pensiones privatizados.
La señora PRESIDENTA: Señor Rego, tiene que ir terminando.
El señor REGO CANDAMIL: Finalizo: cos que non concordamos e que deberían ser modificados e, por iso, reclamamos, esperamos que efectivamente se tramite como proxecto de lei para poder presentar emendas e ter oportunidades de os corrixir.
En todo caso, votaremos a favor. Obrigado.
En definitiva, y termino, no estamos de acuerdo, consideramos que debería ser modificado y reclamamos que se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y tener la oportunidad de corregirlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra la diputada Velarde Gómez, también por un tiempo de tres minutos y medio.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, a nadie se le escapa la extensión, la complejidad y la variedad del contenido de este decreto. Recuerdo que muchas medidas ya se han estado trabajando en la última legislatura y no salieron adelante porque se adelantaron las
elecciones. No obstante, la importancia o la urgencia de estas medidas no puede suponer que el Gobierno obvie su obligación de diálogo parlamentario. Si bien es cierto que tuvimos una legislatura que fue asolada por una pandemia, por un volcán,
por una crisis, por una guerra, es verdad que con esa urgencia tuvimos que traer aquí varios decretos leyes y aprobarlos de manera urgente para solventar esa situación, pero eso no se puede convertir en una costumbre. La responsabilidad de este
Gobierno es recabar los apoyos necesarios, reunirse, dialogar y llegar a acuerdos, cosa que tengo que decir que no ha ocurrido. Y no lo digo solamente por este decreto, sino también por los otros dos decretos más que tienen que aprobarse, donde hay
un totum revolutum de muchísimas medidas y es evidente que, para eso, si se quieren aprobar una batería de medidas de manera conjunta, se tendrá también que negociar con todos los grupos de la mayoría parlamentaria de la investidura, desde nuestro
punto de vista.
Respecto al contenido de este decreto, más allá de que vayamos a votar a favor, quiero hacer algunas consideraciones sobre algunos elementos y cuestiones. En relación con la Administración de Justicia, si la justicia es lenta, no es
justicia, lo hemos dicho muchas veces las abogadas y los abogados. Por eso, durante la legislatura venimos trabajando en tres leyes para el desarrollo organizativo, procesal y digital de la justicia, de la transformación digital de la justicia,
pero es imprescindible para ese desarrollo que, como han pedido de manera insistente los sindicatos, se mantenga el diálogo con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia. Sobre la polémica por la incorporación de esa
directiva europea, como hemos hecho otras tantas veces, entendemos que paralizar una causa judicial cuando un magistrado plantea una cuestión prejudicial en el Tribunal de la Unión Europea, ya se hace. Por lo tanto, esa polémica no la entendemos y
no entendemos tampoco que afecte de manera directa a la amnistía.
En relación con la Función pública, hemos venido defendiendo que la Función pública no puede contemplarse como una gestión neoliberal de recursos humanos orientados exclusivamente a la mejora de la productividad o penalizaciones a
trabajadores y trabajadoras. En este decreto se tocan cuestiones que han sido espinosas en la última legislatura y nos da la sensación, y eso nos alegra, de que ahora se pretende matizar o mejorar lo ya trabajado. Eso sí, tiene una forma poco
clara o definida, y se plantea, por ejemplo, una mayor agilidad -eso sí nos parece importante- de los procesos de selección y su modernización, y se incluyen algunas correcciones con respecto al desempeño, que fue lo que más rechazo causó para
sindicatos y trabajadores en estos últimos tiempos.
Voy a ir terminando. Respecto a la Administración local, queremos destacar ese elemento positivo de eliminar las trabas burocráticas para llevar a cabo el empadronamiento, que permita agilizar ese trámite de forma directa, y se solventan
los perjuicios que se han venido dando a muchos administrados que tienen que trasladarse a trabajar, a estudiar...
La señora PRESIDENTA: Señora Velarde, tiene que ir terminando.
La señora VELARDE GÓMEZ: Respecto al mecenazgo, nos parece positivo. Es un elemento clave para que haya una fiscalidad acorde con la contribución de esa actividad social, pero queremos remarcar que nunca hay que confundir lo complementario
con lo esencial y tampoco el voluntarismo con las obligaciones, incluidas, por tanto, las tributarias.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte, por un tiempo de siete minutos.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaun-andreok.
Debatimos la convalidación del Decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España en materia, como se ha dicho, de servicio público de justicia, de
la Función pública en la Administración General del Estado, del régimen local y del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los instrumentos fiscales al mecenazgo. La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de España, en cuanto al cumplimiento de sus hitos y objetivos, se hace imprescindible para obtener el cuarto desembolso comunitario fijado para el último semestre del pasado 2023 y por un importe, como ustedes conocen, de 10 000 millones de euros.
Como les decía, sus señorías conocen que, si los compromisos alcanzados con la Unión no llegan a cumplirse en los plazos establecidos, ello comporta sucesivamente la suspensión del desembolso en los seis primeros meses; a partir de esa fecha, su
reducción proporcional y, definitivamente, la resolución de los acuerdos de financiación a partir de los 18 meses desde la decisión de ejecución de la Comisión.
Señorías, como ustedes también son conocedoras, entre los hitos y objetivos pendientes de cumplimiento por el Estado español se encontraban, entre otros, los contenidos en el Real Decreto ley 6/2023 que debatimos, tal y como les decía, la
mejora de la eficiencia de los procesos judiciales y la mejora en el avance de la digitalización del servicio público de la justicia, la mejora del empleo público en la Administración General del Estado y de los servicios públicos locales, y la
modificación de la ley del mecenazgo en cuanto a la actualización de su régimen de incentivos fiscales para promocionarla en todos los sectores económicos. Por ello, señorías, se hace y se hacía necesario que la entrada en vigor de esas reformas lo
fuera antes de finalizar el pasado año, si la llegada de esos 10 000 millones se quería sin dilaciones y sin riesgos de quitas o incluso de su misma resolución, cosa que consideramos que no hubiera sido posible a través de la tramitación legislativa
ordinaria en las Cámaras, una vez producidas las elecciones de julio pasado. Y es en este contexto en el que el Grupo Parlamentario Vasco dará su voto favorable a la convalidación del decreto ley, lo que no significa impedimento para su mejora a
través de su tramitación como proyecto de ley si así lo acordara la Cámara. Además, de ese modo, a efectos prácticos, se recuperaría el proceso legislativo que estaba ya muy avanzado, que se llevaba a cabo en la Cámara la pasada legislatura y que,
como conocen, quedó interrumpido por la convocatoria electoral anticipada, la disolución de las Cámaras y el decaimiento de los proyectos de ley de eficiencia digital y procesal de Función pública de la Administración General del Estado y de reforma
de la ley del mecenazgo, que contaban, además, con todos los informes preceptivos, al ser remitidos a la Cámara como proyectos de ley por el Gobierno.
Por lo expuesto, señoría -y voy finalizando, presidenta-, no entraremos en cuestiones particulares del contenido de este decreto ley. Alguna de ellas, también tenemos que decirlo, a nuestro juicio, totalmente contraproducente para la
finalidad que se dice perseguir. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Legarda. Por favor, ruego silencio para ayudar al orador a que tenga el uso de la palabra en condiciones.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Les decía que por lo expuesto, señorías -y voy finalizando, presidenta-, no entraremos en cuestiones particulares del contenido de este decreto ley, algunas de ellas -sí tenemos que decirlo-, a nuestro juicio, totalmente contraproducentes
para la finalidad que se dice perseguir por la norma. Aunque sí, señorías, quiero resaltar la rebaja de la población exigida para la creación de nuevos municipios a 4000 personas, siempre que sean finalmente sostenibles, cuenten con recursos
suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no superen la disminución en la calidad de los servicios públicos que se venían prestando. Esta era una demanda que formulamos al Gobierno en la pasada legislatura, singularmente
para la ciudadanía de Usánsolo, en Bizkaia, que la llevaba reclamando desde décadas y en tres ocasiones se había pronunciado de manera unánime. Señorías, las demandas ciudadanas, cuando están fundamentadas y sostenidas en el tiempo, deben ser
atendidas por los poderes públicos y hoy nos congratulamos de ello y de que la ciudadanía de Usánsolo cuente con su propio municipio ya registrado.
Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañá, por un tiempo también de siete minutos.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta.
Bon dia, diputats, bon dia, diputades. Aprofito per dir-vos en català 'bon any' per primera vegada i que sigui més lleu que el passat.
Seré breu, i lamentablement seré molt reiterativa. I això és així perquè tots els grups que en el seu moment vam donar suport a la investidura hem dit per activa i per passiva que el sistema de legislació a través de reials decrets llei no
ens convenç. I és cert que en aquest cas els dono el benefici de pensar que, efectivament, existeix el que és l'habilitació perquè sigui d'urgent necessitat. Malgrat això, el que sí que no cal, ministre, és posar-ho tot en un mateix reial decret,
perquè és cert que la disparitat de continguts fa molt difícil el posicionament només en un d'ells i porta en si mateix la resta. Per tant, al Govern sí que se'ls demana, si us plau, que siguin conscients que els grups parlamentaris no estem al seu
servei. En tot cas, de tant en tant coincidim i els donem suport.
I arran d'això, convé dir que s'ha demanat la tramitació com a projecte de llei, que és el que explica, en part, que donem suport a aquesta convalidació. I això és així per diverses raons. Entre elles, perquè no és cert que tota la
tramitació del que conté aquest reial decret s'hagués acabat la passada legislatura. Sí que ho és per a determinades normes però, per exemple, en funció pública va decaure la legislatura en el moment en què estàvem en el tràmit d'esmenes i, per
tant, no s'ha fet un debat. Cert que afecta bàsicament l'administració pública estatal i, per tant, diríem que a nosaltres no ens competeix. Però és cert també que és part de la legislació que afecta l'administració local, i volem parlar dels
habilitats estatals als ajuntaments, secretaris i interventors. Ja els ho hem dit diverses vegades. Volem que la situació retorni a la anterioritat de la modificació feta per l'LRSAL.
Per una altra banda, ho ha esmentat fa un moment el company Néstor Rego, i això és així. Molta digitalització, molta legislació, però si no hi posem fons no servirà absolutament per a res. Els jutjats estan completament col·lapsats. Les
competències en matèria de recursos humans i materials són de les comunitats autònomes que ho tenen transferit i, per tant, hem de parlar de com s'articula això. Ho tramitarem com a projecte de llei, però vostès saben que per a nosaltres és
imprescindible el requisit que es pugui tramitar en català, tant digitalment com com a requisit, perquè l'accés a la carrera de jutges i de treballadors al servei de l'administració de justícia permeti que la ciutadania del meu país pugui anar als
tribunals i parlar en el seu propi idioma sense que sigui un obstacle per a l'obtenció d'aquest bé públic, d'aquest servei públic que és l'administració de justícia.
I acabo. Tramitarem com a projecte de llei, la qual cosa no vol dir que necessàriament estiguem d'acord amb el que hi ha en aquest decret llei. El que sí que hi ha és la voluntat de parlar-ne. És la voluntat d'acabar pactant un espai que
beneficiï, efectivament, tota la ciutadania, també la de Catalunya i, per tant, ja vam fer el posicionament públic que era favorable a aquesta tramitació, fent èmfasi que en coses com la Llei 7/1985 de l'administració local és evident que ha
d'haver-hi un diàleg amb totes les administracions.
Agraeixo l'atenció dels diputats, no així la del ministre. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Aprovecho para decirles en catalán feliz año por primera vez, y que sea más ligero que el pasado.
Seré breve y, lamentablemente, reiterativa. Esto es así porque todos los grupos que en su momento apoyamos la investidura hemos dicho, por activa y por pasiva, que el sistema de legislación a través de reales decretos leyes no nos convence.
Es cierto que, en este caso, les doy el beneficio de pensar que existe la habilitación para que sea urgente necesidad. A pesar de eso, no hace falta, ministro, exponerlo todo en un mismo real decreto, porque es cierto que la disparidad de
contenidos hace muy difícil el posicionamiento solo de uno de ellos y lleva en sí mismo el resto. Por tanto, al Gobierno se le pide, por favor, que sean conscientes de que los grupos parlamentarios no estamos a su servicio. Intentamos dar apoyo.
A raíz de esto, hay que decir que se ha pedido la tramitación como proyecto de ley, que es lo que explica en parte que demos apoyo a esta convalidación. Es así por varios motivos. Entre ellos, porque no es cierto que toda la tramitación que
contiene este real decreto se acabara en la anterior. Sí que lo es para determinadas normas, pero, por ejemplo, en Función pública decayó la legislatura en el momento que estábamos en el trámite de enmiendas y no se ha hecho un debate. Afecta
básicamente a la Administración pública estatal, puede que no nos competa, pero es parte de la legislación que afecta a la Administración local y queremos hablar de los habilitados estatales en los ayuntamientos, secretarios e interventores. Les
hemos dicho varias veces que queremos que la situación vuelva antes de la modificación.
Por otra parte -lo ha dicho hace un momento el compañero Rego-, mucha digitalización, mucha legislación, pero si no ponemos fondo no servirá para nada. Los juzgados están colapsados, las
competencias en materia de recursos humanos y materiales son de las comunidades autónomas y hemos de hablar de cómo se articula esto. Lo tramitaremos como proyecto de ley, pero para nosotros es imprescindible el requisito de que se pueda
tramitar en catalán, tanto digitalmente, como requisito para que el acceso a la carrera de jueces y de trabajadores al servicio de la Administración de Justicia permita que la ciudadanía de mi país pueda ir a los tribunales y hablar en su propio
idioma, sin que sea un obstáculo para la obtención de este servicio público que es la Administración de Justicia.
Acabo. Lo tramitaremos como proyecto de ley, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hay en este decreto ley. Lo que hay es voluntad de hablar, pactando un espacio que afecta a toda la ciudadanía, también a la de Cataluña,
y ya hicimos el posicionamiento público que era favorable a esta tramitación, enfatizando que en cosas como la Ley 7/1985 de la Administración local, es evidente que tiene que haber un diálogo con todas las administraciones.
Agradezco la atención de los diputados. Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera Arias, por un tiempo también de siete minutos. (Rumores). Ruego, por favor, que haya silencio, porque si no, aquí la acústica es imposible para que el orador
pueda concentrarse en lo que está diciendo y para que los demás le podamos escuchar.
La señora RIVERA ARIAS: Muy buenos días.
Hoy venimos a convalidar un decreto ley, el 6/2023, conocido en la prensa como ómnibus por la variedad de temas que recoge. En este decreto ley, con el objetivo declarado de adaptar el derecho a la tutela judicial efectiva de las nuevas
realidades, se recogen un buen número de modificaciones y 259 millones de euros de presupuesto para modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Este es un buen paso, pero nos resulta insuficiente para poder satisfacer las reclamaciones de
las trabajadoras de la Administración de Justicia y nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar sus salarios, especialmente en la escala de servicios generales. También contiene la Ley de Función Pública, que decayó en la anterior
legislatura al disolverse las Cortes y convocarse elecciones. Igualmente, modificaciones de la ley de bases y también completa la legislación del Estatuto del Artista. ¿Y cuál es la principal motivación para traer a convalidar tal cantidad de
normas y tan variadas en un solo decreto ley? Pues que todas las normas incluidas en este decreto, supuestamente, garantizan el cumplimiento de los objetivos y los hitos comprometidos en el plan de recuperación. Eso permitirá acceder al cuarto
pago, que tiene un montante de 10 000 millones de euros. Si dicho decreto no se consolida, nuestro país perdería 10 000 millones de euros para dedicar a la reindustrialización estratégica de este país. Y hay grupos que han anunciado que votarán en
contra, como Junts, que diuen que no poden votar el decret llei perquè la modificació d'un article i el que diu la modificació ja és pràctica comú als tribunals. A nosaltres no ens sembla prou motiu per perdre 10 000 milions d'euros que
beneficiaran, sobretot, les comunitats autònomes. Des d'aquí els vull demanar que avui votin a favor i a la tramitació com a projecte de llei els donarem suport en allò que vostès considerin que pot ser millorable.
... que dicen que no pueden votar el decreto ley porque la modificación de un artículo y lo que dice la modificación ya es práctica común en los tribunales. A nosotros, no nos parece suficiente motivo para perder 10 000 millones de euros,
que beneficiarán, sobre todo, a las comunidades autónomas. Desde aquí les quiero pedir que hoy voten a favor. En la tramitación como proyecto de ley les apoyaremos en aquello que consideren que puede ser mejorable. (Aplausos).
Por otro lado, el señor Feijóo dice que, de acuerdo con sus barones, no van a salvar a Pedro Sánchez, como si esto se tratara de un juego de niños, olvidando que todos esos fondos que se perderían si no se convalida el decreto a quien tienen
que salvar no es al presidente del Gobierno, sino a la mayoría social de este país, la que no vive de rentas, la que necesita trabajar, la que necesita empleo y necesita una reindustrialización y un cambio de modelo productivo en este país.
(Aplausos). Hoy, señores del Partido Popular, tienen una oportunidad de oro para que comprobemos que han entendido lo que significa ser un partido de Estado que practica una oposición responsable, porque ya nos tienen acostumbrados a que no les
preocupe la mayoría social de este país. Y les voy a poner un ejemplo, que es una falta de responsabilidad enorme, además de discriminatoria, y aporofóbica. Yo soy diputada por la circunscripción de Sevilla y en la capital la alcaldía es del
Partido Popular. Pues esta semana pasada se hizo viral porque en la cabalgata
ha salido un empresario sevillano como Rey Mago, blackface, y vestido de torero, con faldas y sin montera. Ha generado muchísimos chascarrillos. ¿Pero saben qué se esconde detrás de los chistes y de los memes? Pues que las niñas y los
niños del Polígono Sur, el barrio más desfavorecido, ignorado y olvidado de toda España, que tiene 5816 euros de renta per cápita, tuvo la Cabalgata de Reyes el 2 de enero, no el 6, como el resto de distritos; y adujeron como motivo que no podían
cubrir determinados servicios. En lugar de preocuparse por quienes más atención y servicios públicos necesitan, el alcalde de Sevilla y su equipo discriminan a la infancia más vulnerable de la ciudad de Sevilla y de España. Y este hecho tan grave
queda opacado con la salida triunfal, como Rey Mago, de un empresario sevillano con la cara pintada de negro, vestido de torero y que aprovecha la cabalgata para repartir propaganda de su negocio. Este es el ejercicio de responsabilidad que sabe
hacer el Partido Popular con los más vulnerables de este país. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Rivera.
Por favor, ruego silencio; si no es que es imposible. Por favor, silencio. Señora diputada, continúe.
La señora RIVERA ARIAS: Gracias.
Pero, ¿saben algo? Nosotras sí sabemos lo que es la responsabilidad y por eso hoy vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley. Pero eso no quiere decir que no tengamos ciertas críticas, porque siempre todo es mejorable. La primera
es acerca de la forma de aprobación mediante decreto ley. No les podemos aceptar determinadas justificaciones que vienen en la documentación, como, por ejemplo, que la aprobación de decretos leyes para cumplir en plazo determinadas obligaciones sea
ya una costumbre. Esta figura legislativa es excepcional y no la pueden convertir en habitual. La Administración de Justicia de este país ciertamente necesita muchas inversiones y mucho talento para modernizarla, no solo por la mejora de los
servicios públicos, sino por la mejora de las condiciones de todo el personal que trabaja al servicio de la Administración o se relaciona profesionalmente con ella. De algunas de las modificaciones que vamos a convalidar surgen muchas incógnitas,
lo mismo que tampoco han conseguido mitigar la conflictividad laboral que vive desde hace un tiempo la Administración de Justicia. Nosotras queremos que sea una Administración sin papeles y moderna, pero con diálogo y con participación de quien
tiene que garantizar la calidad del servicio, que son las empleadas públicas, pero también con la participación de las diputadas de esta Cámara o de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, y eso solo podrá ocurrir si este
decreto ley, una vez convalidado, se tramita como proyecto de ley y se abre la posibilidad de mejorarlo con la aportación de las enmiendas que quedaron en el camino tras la disolución de las Cámaras.
Esto entronca con el siguiente bloque, el que contiene la Ley de Función pública. En la motivación ustedes repiten que hay que culminar un proyecto de Administración del siglo XXI, y es loable y es un objetivo compartido. Pero no será una
Administración moderna si las empleadas públicas no tienen el derecho a la negociación colectiva, y hoy este decreto ley demuestra que no lo tienen. En la motivación también hablan de que vamos a tener un sistema de Función pública coherente y
completo. A lo de coherente yo no les pongo pega, los sindicatos sí se la están poniendo porque no han negociado las normas de Función pública. Pero lo de completo sí se lo discuto, porque queda mucho que hacer en esta materia, y esperamos que en
esta legislatura se puedan dar debates serios sobre qué Función pública queremos en el futuro. Porque no se puede hablar de Administración del siglo XXI mientras haya colectivos de empleadas públicas precarizadas, como las auxiliares de ayuda a
domicilio, o colectivos injustamente tratados como los CCAE, y no sigo nombrando más, porque la lista de colectivos pendientes de solución podría ser eterna. Por eso no habrá un sistema de Función pública coherente y completo hasta que la
precariedad y las situaciones discriminatorias no sean desterradas de nuestra Administración pública.
Respecto a las medidas de las entidades locales, diré que son concretas y algunas inciden en la garantía de prestación de servicios públicos, pero este decreto no va a resolver los problemas estructurales que tiene nuestra Administración
local.
La señora PRESIDENTA: Señora Rivera, tiene que ir terminando.
La señora RIVERA ARIAS: Uno de los problemas fundamentales tiene nombre, y se llama infrafinanciación. Hasta que no alcancemos el 33 % de participación de los tributos del Estado para las entidades locales no podremos hablar de suficiencia
financiera de las entidades locales. Emplazamos a los señores del Partido Socialista a ese debate. A nuestro entender, aunque vamos a apoyar la convalidación
de este decreto ley, este puede ser mejorado a través de su tramitación como proyecto de ley, y aquí nos encontrarán para todo lo que signifique avances en derechos y en la mejora de los servicios públicos.
Muchas gracias a los que me han atendido. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Del Valle Rodríguez, también por un tiempo de siete minutos. (Aplausos).
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Señorías, el Gobierno nos presenta para su convalidación un nuevo real decreto ley, y ya van más de ciento cuarenta en cinco años, y eso que el señor presidente del Gobierno criticaba a presidentes anteriores -decía él- por el abuso de la
utilización de esta figura. Pues bien, ya ha batido todos los récords, ya es el presidente en la historia democrática de España que más reales decretos leyes ha aprobado; podríamos darle ya a este Gobierno el título de los reyes, no del rock and
roll, sino de los decretos leyes.
Este real decreto ley modifica numerosas normas, justifica las razones de extrema y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución en que se adoptan medidas que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia y en que, de no ser aprobadas, se perdería el abono, hablan aquí, de 10 000 millones de euros de fondos europeos. Decía hace unos momentos el señor ministro en su presentación que todas y cada una de las medidas -decía él, todas y cada
una de las medidas- que se recogen en estos reales decretos leyes afectan a millones de españoles. Pues bien, en este en concreto hay medidas que afectan a muy poquitos. En la parte final de ese real decreto ley se vuelven a colar cosas, como
acostumbra este Gobierno en todos los reales decretos leyes, que nada tienen que ver con la exposición de motivos, que nada tienen que ver con estas medidas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que nada tienen que ver con la
justificación de las razones de extraordinaria y urgente necesidad a que hace referencia, como dije antes, el artículo 86 de la Constitución. Así, en la disposición adicional segunda se vuelve a introducir la cuestión de los funcionarios de la
Administración local con habilitación de carácter nacional de las provincias vascas, sometiendo su regulación a la normativa autonómica. Esta cuestión ya se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y fue recurrida ante el
Tribunal Constitucional por mi grupo parlamentario. En consecuencia, reiteramos nuestra oposición frontal a esta disposición que, como pueden comprobar, no afecta a millones de españoles, afecta a un colectivo muy concreto y provoca una desigualdad
y un desequilibrio en el resto de territorios regionales de nuestro Estado español.
En línea con el punto anterior, se añade una disposición adicional cuya finalidad es invocar los derechos históricos de Cataluña y su posición singular en materia de sistema institucional, y sujeta la aplicación de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local en su conjunto al respeto, en todo caso, de esa posición singular. No nos cabe ninguna duda de que es una cesión a los separatistas catalanes y que la singularidad reclamada y lo que hay detrás de ese cambio tampoco puede
ser apoyado ni aceptado por nuestro grupo parlamentario.
Igualmente, en estas disposiciones adicionales se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, reduciendo el número de habitantes exigidos para que una localidad pueda constituirse en un municipio independiente. En concreto,
se rebaja a que al menos tenga 4000 habitantes, para así contentar a los nacionalistas vascos que han aplicado ya esta norma para la constitución del municipio vizcaíno de Usansolo. Es decir, el Gobierno ha aprovechado la aprobación del real
decreto ley para contentar a los nacionalistas y a los separatistas.
Además, en la redacción del real decreto ley se utiliza el lenguaje no sexista; bueno, ahora se llama lenguaje inclusivo. Utilizan el desdoblamiento innecesario, que estorba, molesta y dificulta la comprensión e incomoda la lectura. Y
como siempre que hacen esto, meten la pata. Se utilizan expresiones como juez y jueza, letrado y letrada, procurador y procuradora, ciudadanos y ciudadanas, abogados y abogadas, pero luego, por ejemplo, en el artículo 10, al regular los servicios
en las sedes judiciales electrónicas, se indica que tendrán obligatoriamente un ejemplar de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Y los derechos de las ciudadanas ante la justicia, ¿dónde están?, ¿dónde quedan? Claro, a mí me
entra la duda de si esto es un error o está hecho a conciencia, porque, dentro de estos mantras neofeministas de izquierda radical que asume este Gobierno, igual es que están pensando que las mujeres no precisan de una carta de derechos porque están
por encima de todo esto. Claro, como yo desconozco hasta dónde llega esa ideología tan extrema, puede ser que digan que la carta delimita los derechos de los varones ante la justicia pero las mujeres no tienen que tener delimitado por una carta sus
derechos
ante la justicia. Por, tanto, puede ser que no sea un error y que esté hecho a conciencia. También llama la atención la nueva redacción que se da al artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su punto 1 habla de procurador y
procuradora y en su punto 2 solo de procurador. Nos vuelve a entrar la duda de si es un error o es que el punto 2 no quiere aplicarse cuando se trata de procuradoras. O el 18 de la jurisdicción social, donde, dándole nueva redacción -insisto-, se
habla de abogado, procurador, graduado social pero en el mismo párrafo se habla de letrado o letrada de la Administración de Justicia. Y así podríamos seguir mencionando muchísimos artículos más.
Pero voy a concluir porque se me termina el tiempo. Una vez más, el Gobierno Frankestein utiliza la figura del real decreto ley para intentar colocar una serie de disposiciones que nada tienen que ver con las razones de extraordinaria y
urgente necesidad que pudieran justificar esta figura excepcional, a la que, como ya he dicho, hace referencia el artículo 86 de la Constitución, aunque a estas alturas todos somos conscientes de que a Sánchez le da igual la posible
inconstitucionalidad de sus actuaciones, sus decisiones y sus propuestas.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aceves Galindo también por un tiempo de siete minutos.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta. Señorías, buenos días y feliz año a todos y a todas.
En este debate, en el que el Real Decreto Ley 6/2023 viene a colación con cuatro asuntos, con cuatro libros muy importantes para nuestro país, como es el primero, relativo al servicio público de justicia; el segundo, sobre régimen de la
Función pública; el tercero, régimen local, y el último, mecenazgo, señorías, lo primero que tenemos que hacer hoy es hablar claro y con propiedad desde este hemiciclo del Senado pero en un pleno del Congreso.
Señorías, yo les pregunto: Cuando todos somos elegidos por los ciudadanos para formar parte de este hemiciclo, ¿qué venimos a hacer: política útil o a ponernos en contra de los intereses de los ciudadanos? Yo, al menos, cuando me he
presentado a unas listas, siempre he decidido hacer política útil para ayudar a los ciudadanos de nuestro país. (Aplausos). Siempre lo he tenido claro. Y yo les pregunto, señorías, ¿les importa que el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de nuestro país continúe por la senda de ayudar a los ciudadanos? ¿Les preocupa la llegada de los 10 000 millones de euros del cuarto desembolso? ¿Les preocupa hacer política que llegue a los ciudadanos desde mañana mismo, o no les
preocupa? ¿O les da exactamente igual y lo único que intenten es hacer desgaste al Gobierno, desgaste del presidente, sin ningún otro criterio y finalidad? (Rumores).
Yo les digo claramente: Vamos a hablar de cada uno de estos libros. Y en cuanto al primero, señorías, este Real Decreto ley incluye el mayor avance en transformación digital de la historia de la justicia en nuestro país, lo que se
traducirá, fundamentalmente, en un mejor servicio público a la ciudadanía. Además, adapta la realidad judicial española al marco tecnológico y digital. Y yo les pregunto, señorías de la derecha: ¿Niegan el objetivo de adaptar la realidad judicial
española al marco tecnológico y digital actual? ¿No están de acuerdo con la eficiencia procesal? ¿No están de acuerdo con ser más ágiles y hacer frente al incremento de la litigiosidad? ¿Rechazan el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y
de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos? ¿Se oponen a la Carpeta Justicia? ¿Rechazan el expediente judicial electrónico, que incluye todos los documentos importantes y las actuaciones que cada
procedimiento judicial tiene en paralelo? ¿No comparten el expediente electrónico entre órganos judiciales y otros órganos de la Administración? Señorías, centrémonos, de eso estamos hablando, de modernizar, de ser más eficaces, de ser más
eficientes, de dar un buen servicio a la ciudadanía desde este Parlamento haciendo política útil al apoyar lo que va a ser mejor para la gente. Además, señorías de la derecha, cuando uno niega que el avance supone un buen recorrido para la
ciudadanía se convierte en un partido antisistema, en un partido y unos diputados que van contra los intereses de la ciudadanía. Así que, señorías, creo que ahí es donde deberíamos centrar el debate. (Continúan los rumores).
Respecto al segundo libro, Función pública, tema del que soy portavoz, señorías, yo veo que al Partido Popular siempre le ha molestado lo público; siempre le molesta y siempre intenta atacarlo desde cualquier perspectiva, para ir en contra
de los intereses públicos. Y yo les digo hoy: Lo primero desde mi
grupo siempre, apoyo y afecto a los 2,7 millones de empleados públicos de nuestro país, a los más de medio millón de empleados públicos de la Administración General del Estado, que es de lo que van estas medidas. Pero, claro, después del
acuerdo con los sindicatos del sector, que llevó a la consideración de la llegada de un proyecto de ley en la pasada legislatura de Función pública de la Administración del Estado y de donde provienen estas medidas, yo pregunto, señorías: ¿No
comparten que en nuestro país el diálogo social funciona, que el diálogo social sirve para avanzar y que en este caso esto viene de la mano del acuerdo del diálogo social? ¿También niegan incluso eso en nuestro país las señorías de la derecha? La
verdad es que resulta increíble.
Yo les pregunto: ¿No comparten la transparencia y la agilidad en los procesos selectivos? ¿No comparten la evaluación del desempeño? (Continúan los rumores). ¿Cuántas veces el Partido Popular trajo al Congreso que había que tener en
nuestro país un estatuto...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aceves.
Ruego silencio a la sala, por favor. Si no, es muy complicado.
Continúe. Cuando quiera.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidenta.
¿Cuántas veces ha defendido en el Congreso de los Diputados el Partido Popular el estatuto del directivo público profesional? ¿Y hoy van a votar en contra? ¿Hoy se van a dirigir a todos ellos, cuando durante mucho tiempo ustedes les
dijeron que les iban a apoyar, y van a votar en contra? Realmente, no son coherentes. Y vuelvo a repetir que se convierten en un partido antisistema, porque van en contra de los intereses de los colectivos a los que dicen defender, y es todo lo
contrario. Así que, díganme a quién defienden. Si no defienden los intereses de lo público, si no defienden los intereses de colectivos que durante mucho tiempo decían que venían a defender, ¿a quién defienden ustedes en el sector público?
Señorías, los socialistas defendemos la atracción del talento, defendemos retener perfiles destacados y reforzar la profesionalización de la Administración pública.
Y yo les digo también: ¿Es que no comparten los cambios en la oferta de empleo público para que sea más ágil en nuestro país? ¿Es que no comparten ejecutarla en un tiempo tasado a fin de que sea más fácil para los opositores? ¿Es que no
comparten los concursos unitarios, abiertos y permanentes para el personal de la Administración pública? Entonces, ¿qué comparten? ¿Cuál es su modelo, señorías? No tienen modelo para lo público en nuestro país, ningún modelo, y eso queda
reflejado con su oposición. (Aplausos).
Y ya la del millón: ¿No comparten la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad en la Administración pública? ¿Hasta este límite han llegado, el de no compartir este avance? ¿No comparten que el Instituto Nacional de
la Administración Pública se convierta en una herramienta más eficaz para la selección del personal y sea una agencia de empleo público? ¿Hasta ese límite llegan, hasta ese límite antisistema e irresponsable? Realmente, se lo tienen que hacer
mirar.
Termino con los dos últimos libros, que no por ser los últimos son menos importantes, y pregunto: ¿De verdad, cuando salgan de aquí y vayan a sus provincias, van a decir que se oponen a que la Ley de régimen local de nuestro país cambie el
sistema y que el empadronamiento sea efectivo y que hoy, cuando es digitalmente posible, sea automático? ¿Hasta ese nivel de posicionarse en contra llegan, cuando es algo demandado por la ciudadanía, por todos los españoles? Antes decía algún
interviniente que a quién afectaba. Sin duda, afectan a todos los españoles estas medidas del padrón municipal, con datos obligatorios y la gestión colaborativa de los municipios de más de 20 000 habitantes. Por eso, ¿algún partido político que
vaya a votar hoy en contra va a decir luego que defiende el municipalismo, que defiende el medio rural, que defiende los municipios menores cuando se está poniendo en marcha un sistema de gestión colaborativa para los de menos de 20 000 habitantes?
Señorías, se les cae el discurso a quienes no apoyan este real decreto, se les cae porque es incoherente en todos los sentidos.
Finalmente, resulta curioso ver al Partido Popular ponerse en contra del mecenazgo, del micromecenazgo, del apoyo que pueden hacer las empresas para intentar colaborar en la cultura, para intentar avanzar en lo que ya en nuestro país hace
tiempo se puso en marcha y ahora con este real decreto se pone negro sobre blanco para seguir avanzando. Así que, señorías, política útil...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.
El señor ACEVES GALINDO: Termino, presidenta.
Con este real decreto se expone de forma muy clara la posición de cada uno: quién decide avanzar o quién decide retroceder porque no pone ningún modelo encima de la mesa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aceves.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Huguet también por un tiempo de siete minutos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).
El señor HUGUET TOUS: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
La primera sorpresa en este Pleno es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir, como debe ser, en la sede de la soberanía nacional. Parece ser que deben estar negociando en algún despacho oscuro. Y los españoles serán conscientes hoy
de quién, de verdad, gobierna en este país.
Esta mi primera intervención en este Pleno me ha servido para desempolvar mis apuntes de primero de Derecho, porque de lo que vamos a hablar hoy aquí es de primero de Derecho o, como a la vicepresidenta le gusta decir, de primero de
democracia. Estamos ante un real decreto ley que más que un real decreto ley es un código completo que usurpa las facultades legislativas a este Parlamento, eso es lo que es. (Muestra una copia del real decreto ley). Traen ustedes a convalidar un
real decreto ley de 170 páginas, 4 libros, 12 títulos y ni más ni menos que 27 capítulos. Eso es lo que nos traen ustedes a convalidar. Y repito: Eso usurpa la facultad legislativa de este Parlamento.
Y nos dicen ustedes que es para cumplir el compromiso número 11 de la reforma 2 que ustedes presentaron ante la Unión Europea. Señorías, la paradoja ya es extraordinaria. Ustedes, cuando lo presentaron a la Unión Europea, titularon ese
compromiso 11 como reforma para impulsar el Estado de derecho, y lo hacen mediante un real decreto que vulnera la separación de poderes, que precisamente lo que hace es vulnerar el Estado de derecho. Ese es el título que ustedes le dieron, y esa es
la paradoja que se produce en esta convalidación. Miren, no cumple los requisitos. Y no hace falta entrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los requisitos del real decreto ley y la urgente y extraordinaria necesidad, basta con
ir a la disposición final novena. Óiganme: ¡Establecen una vacatio legis en un real decreto ley! (Aplausos). ¿Dónde está la urgente y extraordinaria necesidad? Es una vacatio legis con la que aplazan la vigencia. Unas cosas entran en vigor al
día siguiente, otras a los veinte días, otras a los tres meses y otras en 2025. ¡Esa es la vacatio legis de un real decreto ley! La facultad legislativa del Gobierno se basa en la extraordinaria necesidad, pero ¿cómo vamos a ver extraordinaria
necesidad cuando se establece un aplazamiento de la entrada en vigor de ese propio real decreto ley? (Aplausos). Por tanto, no existe ni extraordinaria ni urgente necesidad en este real decreto ley.
Nos dicen ustedes que la urgencia está en los 10 000 millones de euros, y, además, dicen que seremos responsables si no votamos a favor, con la pérdida de esos 10 000 millones de euros. Tampoco sé qué urgente necesidad hay en el cambio del
censo de las poblaciones para poder segregar. Quizá la única extraordinaria y urgente necesidad es que estaba en el acuerdo con el PNV, esa es la única extraordinaria y urgente necesidad para cambiar el censo de las poblaciones que puedan
segregarse. (Aplausos). Si se pierden -que, además, no se pierden- o si se aplaza la entrega de esos 10 000 millones de euros, el único responsable será el Gobierno, el único. (Aplausos).
Ustedes firmaron el calendario con la Unión Europea el 8 de noviembre de 2021. Entonces, presentaron las tres leyes, de eficiencia procesal, digital y organizativa, en la anterior legislatura. La digital, que, prácticamente, es la que se
ha traspasado, ni siquiera superó el trámite de enmiendas; las otras llegaron a ponencia, pero estuvieron durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia porque ustedes no fueron capaces de llegar a acuerdos ni siquiera con sus propios
socios de legislatura. Señorías, no han hablado con nadie, no han hablado con los operadores jurídicos: abogados, procuradores, jueces, notarios. No han hablado con nadie para aprobar este real decreto, ni tampoco hablaron en la tramitación
parlamentaria.
Les voy a explicar la verdad -porque el ministro muchas veces miente- del compromiso 11 de la reforma 2 que presentaron ante la Unión Europea, que, incluso aprobando este real decreto, no lo cumple. Se lo leeré, Dice: El compromiso es, a
31 de diciembre de 2022, la ley de eficiencia procesal a fin de acortar la duración de los procedimientos -no está hecha, ahora han traspasado una pequeña parte aquí que no acorta ningún procedimiento-; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
con el fin de asignar la dirección judicial de la instrucción a los fiscales -¿dónde está?-; la ley de eficiencia digital, que es lo único
que han traspasado aquí, y la ley de eficiencia organizativa del servicio público, que no la han podido traspasar porque es orgánica y necesitan que sea el Parlamento el que la apruebe. Por lo tanto, nos están trayendo aquí un real decreto
ley que, incluso aprobándolo, no da cumplimiento al compromiso 11, al que ustedes se comprometieron con la Unión Europea. Así pues, estamos aquí ante una nueva chapuza jurídica.
Yo me he pasado treinta años ejerciendo en los juzgados. ¿Es que alguien que haya redactado esto ha ido a un juzgado a ver cómo funcionan las videoconferencias? Nos hemos pasado la vida luchando por la inmediación, y la justicia real, la
justicia material se consigue con la inmediación del juez. La videoconferencia tiene extraordinarios papeles en el juzgado, puede hacer muchísimas cosas, la audiencia previa obligatoria puede hacerse por videoconferencia, pero la inmediación en una
vista oral es imprescindible. Lo dice nuestro Tribunal Supremo, lo dice nuestro Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La inmediación en los procesos es absolutamente necesaria precisamente para alcanzar esa
justicia real.
Ustedes nos traen aquí una especie de refrito de los proyectos de ley que presentaron, pero lo que ese refrito pone de manifiesto es que ustedes no tienen un modelo de justicia. ¿Lo tienen? ¿Qué modelo es? Empezamos la casa por el tejado.
Pero nuestra justicia no puede aguantar una chapuza más. Hemos de ser conscientes de la situación que después de la pandemia y las diferentes huelgas se ha producido en la Administración de Justicia, y no puede aguantar una chapuza más y esto es
una verdadera chapuza. Ustedes lo proponen sin un modelo de justicia, sin conocer el tipo de implantación territorial, sin determinar si tendremos juzgados de primera instancia o tribunales de primera instancia, y las herramientas tecnológicas no
son las mismas si tenemos un juzgado de primera instancia o tribunales de primera instancia. Lo que hacen es implementar una serie de herramientas, que dicen que van a entrar en vigor, pero no sé si se acuerdan de que la Ley de 2011, sobre las
nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, aún no está implementada. No tenemos el expediente judicial ni siquiera en los juzgados, siguen tramitándose los procedimientos en papel. Por lo tanto, señorías, carecen ustedes de
modelo de justicia, y lo primero que hay que hacer es tener un modelo de justicia. Y respecto a las videoconferencias, pueden ustedes establecer diferentes criterios para ellas, pero nunca el carácter obligatorio, porque vulnera un derecho
fundamental, que es la inmediación para que el juez tenga relación directa con las partes. No puede ser lo habitual la videoconferencia y la excepción la no videoconferencia. Decía el ministro antes que con las excepciones...
La señora PRESIDENTA: Señor Huguet, tiene que ir terminando.
El señor HUGUET TOUS: Voy terminando, señoría.
Yo creo que la justicia española no se permite una chapuza más. Y lo mejor que le puede pasar a la justicia española es que no se convalide hoy este real decreto ley. Si, de verdad, quieren trabajar para una justicia eficaz, para una
justicia moderna, lo tienen muy fácil: no la semana que viene, mañana nos sentamos para elaborar entre todos ese gran pacto de Estado por la justicia que les propuso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, lo mejor
que nos puede pasar es que no se convalide este real decreto ley en esta sesión, porque la justicia española no soporta una chapuza más.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Huguet.
- REAL DECRETO-LEY 7/2023, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES, PARA COMPLETAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1158, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019, RELATIVA A LA CONCILIACIÓN
DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA PROFESIONAL DE LOS PROGENITORES Y LOS CUIDADORES, Y POR LA QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 2010/18/UE DEL CONSEJO, Y PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de
expediente 130/000002).
La señora PRESIDENTA: Vamos a debatir ahora la convalidación o derogación del Real Decreto ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva -ruego un poquito de
silencio, por favor, señores y señoras diputadas- 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la directiva 2010/18 del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, la señora Yolanda Díaz.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señorías, buenos días. Feliz año.
Comparezco ante esta tribuna del Congreso de los Diputados en el Senado para exponer el contenido del Real Decreto ley 7/2023, por el que se acomete la simplificación y la mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, así como
completar la transposición de la Directiva 2019/1158, de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.
En estos tiempos -permítanme decirles- de constitucionalismo impostado, voy a comenzar esta intervención leyendo, literalmente, el artículo 41 del texto constitucional. Dice así, señorías del Partido Popular: 'Los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente -dice este precepto- en caso de desempleo.' Este artículo,
señorías, se ocupa ni más ni menos que de la Seguridad Social, la columna vertebral de la protección social de nuestro país y, de manera singular, de la protección pública por el desempleo. Y aunque se encuadra en el capítulo de los principios
rectores económicos de nuestro país, no se trata de una referencia programática, genérica o sin contenido. Muy al contrario, el Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada en nuestro país... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora vicepresidenta.
Por favor, ruego silencio. Los que no quieran atender, por favor, salgan del hemiciclo. Creo que es interesante que el orador pueda expresarse con tranquilidad y que los que queremos escuchar podamos hacerlo. Y también piensen en los
ciudadanos que desean escuchar.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, presidenta.
Decía que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado en nuestro país que la Seguridad Social constituye una función del Estado. Dice más, el artículo 41 impone a los poderes públicos la obligación de mantener un sistema de
carácter público que proteja frente a situaciones de necesidad con un conjunto de prestaciones -y aquí la clave- que sean suficientes. Es una obligación que supone el correlativo derecho de la ciudadanía a obtener tales prestaciones mínimas. Y, a
pesar del importante papel de la ley en la definición de los contenidos concretos de dichos derechos, el Estado -insisto- ha de mantener unos niveles adecuados de protección para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales. Este precepto,
por otro lado, no puede ser interpretado aisladamente ni desconectado de sus antecedentes. El artículo 41 de nuestro texto constitucional bebe de las fuentes del mejor constitucionalismo, de aquella, por ejemplo, que incorporó un reconocimiento
amplio y expreso de los derechos sociales, y, como saben sus señorías, arranca en la Constitución de Weimar, del año 1919, continúa con la Constitución republicana del año 1931 y hoy se consagra en el conjunto del denominado constitucionalismo
social. Es una tradición constitucional que incorporó plenamente los ideales Beveridge, de cuyo informe hoy se cumplen ochentaiún años, cuando -recuerden ustedes- se reivindicaba la necesidad de un sistema de protección social público universal que
atendiese las situaciones de necesidad de la ciudadanía; ideas sobre las que a partir del año 1945 se comienzan a edificar en Europa los denominados Estados del bienestar, que, como pueden conocer ustedes, se ilustra bien, por ejemplo, en una gran
película, El espíritu del 45.
El reconocimiento constitucional de los derechos sociales supone y supuso, en primer lugar, una reacción y un antídoto contra la pobreza y la desocupación, que estuvieron en la base del gran malestar social de los primeros años del siglo
pasado. Estos influyeron tan negativamente en las crisis que desembocaron justamente en las dos terribles guerras mundiales. La incertidumbre e inseguridad derivadas de la pobreza y el paro debían ser eliminadas por instrumentos públicos y
universales de protección, en definitiva de Seguridad Social. En segundo lugar, se configura como una cuestión de justicia social. La reconstrucción de Europa tras las dos grandes guerras requería de esfuerzos de la ciudadanía y debería también
comportar, como saben ustedes, el reconocimiento de nuevos derechos sociales, entre ellos, la salud, la educación y, por supuesto, la protección social. Como se decía en la Gran Bretaña del 45, y cito literalmente, 'si hemos sido capaces de
trabajar juntos y orientar los recursos y la economía
del país para ganar la guerra al nazismo, ahora hay que trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra a la injusticia, la pobreza y la desigualdad'. (Aplausos).
En tercer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales ha supuesto un gran paso en la construcción y la consolidación de los propios sistemas democráticos, pues tales derechos fortalecen el principio de ciudadanía,
independientemente de la fortuna de cada una de las personas. Por cierto, señorías, no está de más recordar en este momento que el reconocimiento constitucional de tales derechos y el establecimiento de un Estado social y de derecho que homologara
España al resto de los países de nuestro entorno se demoró en nuestro país, lamentablemente, durante cuatro largas décadas como consecuencia de un golpe de Estado y una posterior dictadura. Pues bien, entre dichos derechos sociales ha ocupado y
ocupa un papel particular la protección por desempleo. Es el instrumento imprescindible para luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero es también una exigencia democrática. Por eso, señorías, no solamente hay que mantenerlo, sino que tenemos
la obligación de mejorarlo paulatinamente.
Como les he dicho, el artículo 41 señala que los poderes públicos tienen que garantizar la asistencia y las prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo. El cumplimiento de este mandato se aplicó inmediata y
decididamente -lo recordarán ustedes- con la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, que establece en España por primera vez un verdadero sistema de protección social en nuestro país. La protección por desempleo ha sido desde entonces
objeto de numerosas reformas, como ha pasado con las reformas laborales, y me van a permitir que les diga que esas sucesivas reformas generalmente se han dirigido, primero -y escuchemos bien-, al endurecimiento del acceso y la reducción de la
protección social en el nivel contributivo y, por otra parte, a la ampliación de manera aluvional y desordenada de los supuestos y los colectivos destinatarios de los subsidios del nivel asistencial con prestaciones mínimas. Por otro lado, no puede
ocultarse el hecho de que la protección pública por desempleo ha estado desde su propio nacimiento amenazada y en la permanente diana de las políticas neoliberales en nuestro país, entre las que han destacado particularmente, señorías, las que han
desplegado los gobiernos del Partido Popular.
Vamos a hacer memoria. Recuerden ustedes el decretazo del año 2002 del Gobierno presidido por el señor Aznar. Por cierto, señorías del Partido Popular, este decretazo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque
penalizaba nada más y nada menos que las condiciones de mantenimiento de las prestaciones por desempleo, promovía la desaparición del PER y también la desaparición de ciertos subsidios asistenciales. También ha sucedido más recientemente, señorías
del Partido Popular, en el año 2012, con la crisis financiera, en la que ustedes no solamente abarataron y facilitaron los despidos, alcanzando una cifra récord de parados en nuestro país, sino que el Partido Popular modificó la protección social
por desempleo para dificultar el acceso a la misma, para excluir colectivos y, sobre todo, para reducir drásticamente las cuantías de las prestaciones contributivas -recuérdenlo, señorías-, llegando a recortar 25 puntos la protección social en
nuestro país. Justamente cuando más y más gente lo necesitaba, el Partido Popular hizo una reforma que violentaba abiertamente el espíritu y el mandato constitucional en su artículo 41, una reforma que, como saben ya ustedes, afortunadamente ha
sido revertida por este Gobierno de coalición. Y, fíjense -recuérdenlo ustedes-, en la pasada Ley de Presupuestos Generales del Estado hemos derogado aquel recorte que ustedes incorporaron en el que redujeron la base reguladora para el cómputo de
la prestación pública por desempleo del 60 al 50 %. Hoy, los parados españoles perciben 100 euros más gracias a la eliminación de este recorte. (Aplausos).
Ahora, señorías, corresponde que hagamos lo mismo con el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, los conocidos como subsidios. Por ello, en el real decreto ley que hoy se somete a convalidación acometemos una profunda reforma,
que tiene por objeto de manera singular, en primer lugar, la simplificación tanto administrativa como de la propia estructura del sistema, pero también abordamos la mejora sustancial de los subsidios por desempleo tanto en sus cuantías -de las que
vamos a hablar- como de los colectivos afectados por ellas. Todo ello, como conocen sus señorías, en el marco de la reforma 10 del denominado Componente 23, remitido a la Comisión Europea.
Pero, señorías, como les decía, la protección por desempleo sigue estando en la diana de las posiciones neoliberales en su más amplia concepción y sigue alimentando con ocasión de esta reforma -lo habrán visto estos meses- todo tipo de
opiniones, comentarios, artículos doctrinales, todo tipo de elementos que tienen que ver con el cuestionamiento de la protección pública por desempleo y, además, se acompaña de un debate que ha estado plagado de confusiones y -permítanme decirles-
de medias verdades y algunas mentiras flagrantes. Recuerden ustedes que hay algún think tank que nos dice que estamos incentivando que la gente esté en desempleo. Esta es la lógica del debate en el que nos
encontramos hoy en día. Permítanme decirles, señorías, que son los mantras de siempre y algunos otros mantras o lugares comunes que son más modernos, pero que invocan el tiempo de Dickens. Alguna modernidad de lo que ustedes plantean evoca
los tiempos de Dickens y, por eso, esta reforma va en la dirección contraria.
Permítanme hablarles de algunos lugares comunes, de algunos mantras. El primero: dicen las señorías y los think tanks económicos de la ortodoxia neoliberal en nuestro país que las prestaciones y los subsidios por desempleo desincentivan la
búsqueda del empleo. ¿Me quieren decir ustedes que en mi comarca la gente está en paro porque les gusta? También dicen esos mantras y lugares comunes que las personas desempleadas tienen serios problemas de empleabilidad. Y también dicen esos
lugares comunes y esos mantras que el Estado gasta demasiado -y de esto les gusta hablar a algunas personas en nuestro país- en políticas pasivas -hablan de políticas pasivas cuando se refieren a las prestaciones públicas por desempleo- y que,
además, deberíamos dedicar más recursos públicos a las denominadas políticas activas de empleo. En definitiva, estos tópicos, señorías, consisten en una única cosa: culpabilizar del problema del desempleo, que es de la sociedad española, a las
propias personas desempleadas o a un sistema de protección social que -dicen algunos- es excesivamente generoso. (Aplausos).
Permítame, presidenta, hacer algún tipo de consideración a este respecto. En primer lugar, señorías, les rogaría que técnicamente nos expresásemos bien, porque es una enorme incorrección técnica hablar de políticas pasivas de empleo cuando
ustedes se refieren a las prestaciones públicas por desempleo e, insisto, en contraposición permanente al concepto de políticas activas de empleo. Señorías, la protección por desempleo no es una política de empleo. Dickens lo entendió muy bien,
señorías, y el informe Beveridge, más. La protección por desempleo no es una política de empleo, es un derecho constitucional reconocido en el artículo 41 y, por cierto, no tiene ni la misma función ni obedece competencial o financieramente a los
mismos criterios de la política pública de empleo de un país. (Rumores.-Pausa).
La señora PRESIDENTA: Continúe, señora vicepresidenta. (Continúan los rumores).
Por favor, señores diputados del Partido Popular, guarden silencio, por no decir los nombres concretos, pero creo que todos sabemos perfectamente de quién hablamos. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, presidenta.
La educación es clave; en esta Cámara, mucho más.
La prestación por desempleo no tiene por finalidad la incentivación del empleo... (El señor Floriano Corrales pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Floriano, por favor, silencio!
Continúe, señora vicepresidenta. (El señor Floriano Corrales pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Callaos ya!). Señor Floriano, no me haga llamarle al orden. Por favor, silencio. Guarde respeto a esta
Cámara y a los oradores que están en uso de la palabra. (Aplausos). Un poquito de respeto a la institución.
Señora vicepresidenta, tiene la palabra. (Continúan los rumores).
Se trata de que en los debates y en los plenos los diputados y las diputadas guarden el decoro en la Cámara y respetemos el turno de palabra, y se trata de que no interrumpamos y de que hagamos posible que los ciudadanos escuchen lo que les
hemos venido a explicar. En este momento, a quien estamos oyendo y queriendo oír es a la señora Díaz y no al señor Floriano, que no está en uso de la palabra. Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, presidenta.
Les decía que la prestación por desempleo no tiene por finalidad la incentivación del empleo, sino el cumplimiento de un mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante una situación de necesidad. Igual sucede con la prestación por
incapacidad temporal -ustedes lo sabrán-, que no tiene por objeto curar a las personas, sino que tiene por objeto protegerlas económicamente durante el periodo necesario para su curación.
Por ello, permítanme decirles que no puede contraponerse protección contra el desempleo con políticas de empleo, sin perjuicio de que puedan establecer mecanismos de coordinación y compatibilidad
que favorezcan o faciliten la coordinación entre las actuaciones de empleo y de desempleo con prestaciones. Ya se ha avanzado en esta dirección con la aprobación, gracias a la mayoría de esta Cámara, de la Ley de Empleo y la reforma
profunda de las políticas activas de empleo en nuestro país. En la norma que hoy se convalida o se deroga también se han introducido mecanismos de coordinación, de compatibilidad de la prestación del trabajo, como comentaré más adelante.
Permítanme decirles también que en las sociedades construidas a partir del Estado social constituye un dislate culpabilizar del desempleo a las personas que lo padecen por su falta de voluntad de mejorar su empleabilidad o directamente por su falta
de voluntad de trabajar, más aún cuando se refiere, en muchos casos, a muchas personas que ni siquiera reciben prestaciones, ni siquiera subsidios. Ya decíamos, con ocasión de la aprobación de la Ley de Empleo y de acuerdo con el pilar social
europeo, que hay que situar el epicentro de las políticas de empleo en lo que se denomina el apoyo activo al empleo. Las políticas de empleo han de girar sobre el derecho de las personas desempleadas a ser -esto es muy importante- evaluadas, a
recibir apoyo personalizado, continuo y constante para la búsqueda de empleo, de formación y de recualificación, insisto, tal y como ha aprobado esta Cámara en la Ley de Empleo.
En todo caso, hemos de reconocer que esto no es suficiente. El desempleo no es un problema personal ni individual de las personas desempleadas, ni mucho menos es su responsabilidad; es un problema social que deriva de la estructura
económica y productiva de nuestra sociedad contemporánea. Combatir el desempleo pasa por el impulso de la actividad económica y por un nuevo modelo productivo, que ha de ser verde, digital y con el trabajo decente en el centro; sobre todo, debe
dirigirse al establecimiento de una política industrial que ponga los recursos públicos y privados al servicio de la creación de más empleo, más riqueza y, lo más importante, su mejor distribución en nuestro país. Convendrán conmigo en que la
consecución de una sociedad de pleno empleo -que, por tanto, garantice el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 40- debe ser el objetivo de nuestro país en los próximos años y requiere de un importante conjunto de medidas
estructurales y estructuradas, públicas y privadas, económicas, productivas, educativas y sociales, que van mucho más allá de la cuantía de las prestaciones por desempleo.
Como pueden observar, señorías, se trata muchas veces de falacias repetidas que, por desgracia, hemos vuelto a escuchar estos días. Nos han dicho durante años que la garantía de los derechos laborales y la eliminación de la contratación
temporal iban a hundir el empleo, lo hemos escuchado en estos días. Nos han dicho también que la subida del salario mínimo iba a perjudicar el empleo, lo iba a destruir, y decían muchas señorías que incluso íbamos a maltratar a las mujeres y a los
jóvenes de nuestro país. Sin embargo, los datos son contundentes y de forma fehaciente nos dicen que tenemos una cifra récord de ocupación en España: 21 265 900 personas ocupadas en España, la cifra más alta de la democracia en nuestro país.
Por otra parte, la mejora de la protección por desempleo no es incompatible con la creación de empleo; muy al contrario: la mejora de la protección social es la que aumenta la empleabilidad de las personas. Cuanto más protegida está una
persona desempleada, cuanto más la formamos, más oportunidades tiene de encontrar un empleo. Y esto, señorías, ya está sucediendo, a pesar de haber recuperado las cuantías de las prestaciones a los niveles previos del recorte del Partido Popular.
Y vamos a seguir haciéndolo así, porque la mejora de la protección social es una cuestión de justicia, de solidaridad, de derechos, pero también es la mejor política de economía en nuestro país. Permítanme recordarles que nada le cuesta más a
nuestra sociedad que la desigualdad, es lo más caro que tenemos y es el gran reto que tenemos como país.
Voy a resumir de manera sucinta el contenido de este real decreto. Este real decreto avanza de manera crucial en los derechos de conciliación de las personas trabajadoras al reconocer de forma incondicional, como debe de ser un verdadero
derecho subjetivo, la acumulación del permiso de lactancia. Ya saben sus señorías que ya no será necesario depender de la negociación colectiva para que todas las personas trabajadoras, incluidas las que no están cubiertas por los convenios
colectivos, puedan disfrutar de la acumulación de este permiso. Este permiso va a permitir que tengamos hoy hasta un máximo de veintiocho días de permiso por lactancia. Es un gran avance para que los cuidados no reposen sobre la incertidumbre y la
angustia por la falta de tiempo, avance que también se extiende al empleo público con la modificación del artículo 47 del EBEP, que ahora incluye de manera expresa fórmulas flexibles de empleo que permitirán el ejercicio efectivo del derecho a la
conciliación de los y las empleadas públicas que ejerzan los cuidados.
En segundo lugar, el grueso del real decreto ley se dedica, como venía diciéndoles, a la mejora sin precedentes del nivel asistencial de protección por desempleo. Lo resumiré en pocas palabras: protegemos
a más gente con más intensidad y de forma más eficaz y sencilla. Déjenme que les desgrane las principales medidas que, por, cierto, se suman a avances muy significativos y que gracias a la mayoría de esta Cámara ya hemos consolidado, como
es, por ejemplo, la protección pública por desempleo de las trabajadoras del hogar o de los artistas en nuestro sistema público de desempleo. Ahora, señorías, damos un paso más, incorporamos al nivel asistencial de desempleo y de forma novedosa a
los jóvenes menores de 45 años sin responsabilidades familiares. Hacemos lo mismo con los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarias, poniendo remedio a una exclusión injustificada y que ha tardado más de una década en cumplirse. Incorporamos
-esto es muy importante- a las personas trabajadoras -voy a hablar en femenino-, a las mujeres trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, poniendo fin a una situación injusta en la que había que ver cómo las mujeres, las trabajadoras
marroquíes, venían diariamente a trabajar a España, cotizaban por el desempleo, pero eran excluidas de la protección del desempleo en nuestro país. Esto también lo vamos a aprobar hoy.
Pero, señorías, no solo ampliamos los colectivos que tendrán derecho a este subsidio, sino que ampliamos la cuantía del subsidio por desempleo, que se incrementa hasta los 570 euros en nuestro país, pasando de los 480 euros al mes. Por otra
parte, se simplifica notablemente la gestión de los subsidios en lo referido a la solicitud, al nacimiento y la dinámica de los mismos. Entre ellos, y muy importante, es que eliminamos aquella penalización que obligaba a las personas desempleadas a
estar un mes desprotegidas para poder acceder al subsidio. Una vez más, acabamos con la lógica de la estigmatización de aquellas personas que, queriendo trabajar, no podían hacerlo. No tenía sentido que las penalizáramos teniendo que estar un mes
sin ninguna protección social. Se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite optar durante ese periodo por la búsqueda de empleo sin necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios. Suprimimos en la mayoría de los subsidios
el doble requisito de carencia de rentas, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar. Además, tanto el
requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditará mediante una declaración responsable, estos días tan en boga, verificándose estos datos con posterioridad. El reconocimiento inicial y sus prórrogas no será mensual, como
hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes lo que suponía para un parado o una parada tener que renovar mensualmente, pasar por la oficina de desempleo como una especie de castigo? Pues esto también desaparece en el real decreto que tenemos hoy (aplausos),
por supuesto mejorando los derechos de los desempleados, pero permítanme también decirles que eliminando cargas burocráticas a los servicios públicos, a la Función pública de nuestro país.
La coordinación de los subsidios con el acceso al empleo es otro de los ámbitos más destacados de este real decreto ley. Por un lado, se generaliza la compatibilidad -y esto es muy importante- del subsidio con el trabajo por cuenta ajena
mediante la percepción de un complemento de apoyo al empleo, con un límite máximo de 180 días en una o varias relaciones laborales, con el objetivo, justamente, de facilitar la reincorporación al trabajo. Por otro lado, se refuerzan las medidas que
favorecen el acceso al empleo durante la percepción del subsidio: se intensifica durante dicho tiempo el seguimiento de los servicios de empleo competentes; como he dicho antes, se garantiza el acceso a un itinerario personalizado con un plan
formativo personalizado, y se prevé una evaluación específica de cada persona sobre los resultados alcanzados. Todas estas medidas serán objeto de las oportunas evaluaciones, como digo, para determinar su incidencia y para poder adoptar decisiones
o, si fuera necesario en su caso, eventuales reformas legales.
En definitiva, señorías, la reforma del desempleo a la que se dedica la mayoría de este real decreto ley constituye no solo el cumplimiento de un compromiso europeo, sino, lo más importante, la posibilidad de avanzar en una sociedad de
derechos constitucionales, de dar cumplimiento a nuestra norma fundamental para que quienes peor lo pasan puedan sentirse verdaderamente protegidos y acompañados sin depender de la beneficencia o la caridad, sino como personas cuya ciudadanía se
garantiza a través del reconocimiento de derechos, que es lo propio de un Estado social que no culpabiliza a nadie de su situación, sino que se consagra en satisfacer sus necesidades.
Este real decreto ley incorpora otras materias dignas de mención. Se modifica el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas,
asegurando siempre la aplicación -y esto es muy importante- de los acuerdos o convenios que sean más favorables para las personas trabajadoras. Además, se introduce en el Estatuto de los Trabajadores una ostensible mejora de la representación
laboral de las personas trabajadoras de la cultura en nuestro país -muestra, una vez más, del compromiso con el estatuto del
artista- que permita la creación con derechos. En definitiva, el compromiso ineludible de este Gobierno con quienes contribuyen a nuestro pensamiento, a nuestro entretenimiento o a conformar con nuestra más valiosa identidad. Por cierto,
un estatuto del artista que fue aprobado por unanimidad de esta Cámara y que hoy también tiene medidas que desarrollan esta cuestión.
Y, finalmente, señorías, la urgencia y la necesidad de esta norma que les acabo de presentar no ofrece dudas. El cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 86 de nuestro texto constitucional se satisface por la obligación de
dar cumplimiento a los perentorios compromisos que España ha asumido con la Unión Europea, referidos tanto a la trasposición de la normativa de la Unión como a los cambios imprescindibles para poder acceder a los fondos europeos.
Finalizo, señorías, señalando algo importante. Con su voto hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570
euros al mes, casi 100 euros más al mes; ustedes hoy van a votar a favor o en contra de si un eventual agrario tiene o no derecho a ser protegido cuando pierda su empleo; ustedes van a votar hoy a favor o en contra de si una trabajadora debe
esperar o no un mes para cobrar el paro; ustedes tienen en sus manos decidir si las personas trabajadoras de nuestro país tienen derecho o no a un permiso de lactancia acumulado de 28 días, por el que las mujeres y los hombres, padres y madres de
este país, vienen tanto tiempo luchando. Todo esto depende única y exclusivamente de que hagan una cosa: anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que, aunque son muy legítimos, no tienen nada que ver con ello.
Estamos hablando de la vida de la gente.
Si me permiten, quiero terminar dirigiéndome a las señorías del Partido Popular. Y, si me permiten también, voy a señalar directamente al señor Tellado.
Señor Tellado, usted y yo procedemos de una comarca, la comarca de Ferrolterra, víctima de la mal denominada reconversión industrial. Usted y yo, señor Tellado, tenemos amigos y amigas comunes que sí saben lo que es el subsidio por
desempleo, lo conocen bien. Yo sé que hay personas en nuestro país que no saben lo que es un subsidio por desempleo -los 480 euros al mes-, pero, señor Tellado, usted y yo tenemos amigos y amigas comunes que en la ciudad de Ferrol, en la comarca de
Ferrolterra, al igual que en Cádiz, en la comarca de todo Cádiz (rumores), perciben el subsidio por desempleo. Y hoy, cuando voten, han de tener en cuenta que el desempleo, señorías del Partido Popular, no entiende ni de izquierdas ni de derechas.
Entre sus votantes hay personas que hoy van a estar afectadas por la decisión que ustedes van a tomar. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? (Varias señoras y señores diputados: ¡Toda!). La diferencia entre ustedes y nosotros es
que ustedes van a anteponer sus siglas, las del Partido Popular, a los derechos de la ciudadanía, afectada hoy por un subsidio que incorpora a más colectivos, a más personas, a más mujeres y con una cuantía de cerca de 100 euros más al mes; esta es
la gran diferencia. Ustedes se quedan con sus siglas, señor Tellado -vamos a explicarlo en la comarca de Ferrolterra- y nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
Muchas gracias. Esta es la fuerza de la democracia. (Aplausos)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
En turno de fijación de posiciones, empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil, por un tiempo de tres minutos y medio.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
O contido deste real decreto lei está pensado para cumprir cunha das moitas esixencias impostas pola Unión Europea. Contén algúns aspectos positivos e outros negativos. Desa orixe derivan cuestións que valoramos de forma negativa, xunto a
algún outro que, como digo, entendemos que é positivo e que levaban moito tempo reclamando tanto o BNG como o sindicalismo nacionalista de clase da Galiza. Por exemplo, pois a prevalencia dos convenios sectoriais galegos sobre os convenios
estatais, porque sen dúbida isto favorecerá a capacidade de presión dos traballadores e traballadoras e redundarán na mellora das súas condicións laborais.
Porén, debemos lembrar que aínda existen materias non negociábeis no ámbito autonómico cando existe convenio estatal no sector, como o período de proba, a modalidade de contratación, a clasificación profesional, a xornada máxima anual de
traballo, réxime disciplinario ás normas mínimas en materia de prevención de riscos laborais e a mobilidade xeográfica. Continúa sendo un hándicap para establecer un marco galego de relacións laborais. En todo caso, esta é unha das cuestións que,
como dicía, nos parece
positiva, pois supón satisfacer -cando menos en parte- a demanda histórica do sindicalismo na Galiza e das nacións do Estado.
Tamén consideramos positiva a reforma que introduce o decreto lei no nivel asistencial de protección por desemprego, simplificando as modalidades de subsidio de desemprego que se reducen a dous supostos: por esgotamento e o subsidio por
cotizacións insuficientes, incrementando as contías até oitenta por cento do IPREM.
Porén, empeora a cotización á Seguridade Social para as persoas perceptoras do subsidio para maiores de cincuenta e dous anos, unha reforma que afectará negativamente as súas futuras pensións de xubilación, que serán máis baixas. Así, aínda
que se estableceu un período transitorio até 2028, na actual cotización equivalente a 125 %, a base mínima pasará a 100 %.
Ademais, apróbase tamén a suspensión do subsidio cando no SEPE consideren que se ten dereito a pensión contributiva de xubilación, empurrando as persoas traballadoras á xubilación, interrompendo a posibilidade de ter máis anos de cotización
e máis pensión. Con esta medida, o que se fai é legalizar unha práctica inxusta que o Estado leva moitos anos facendo contra moitas persoas traballadoras.
Botamos en falta que non se aproveitase para facer retribuído o permiso parental. De feito, chama a atención que, no preámbulo da norma, sabido o carácter complementario do permiso de lactación co permiso parental, artigo 48bis do Estatuto
dos Traballadores, introducindo mediante o Real decreto lei 5/2023 do 28 de xuño e non se aproveite para regular o seu carácter remunerado, que é un aspecto pendente de transposición e con data marcada para antes do 2 de agosto de 2024 pola norma
europea.
En definitiva, apoiamos os avances do decreto e. coa mesma convicción. rexeitamos as medidas regresivas. Valoramos a disposición, aínda que sexa froito da necesidade de asegurar maiorías parlamentares para a convalidación a que este real
decreto sexa tramitado como proxecto de lei, o que debe acontecer, por outro lado, sen demora, sen a demora habitual e o compromiso de negociar mudanzas naqueles aspectos como a cotización para as persoas perceptoras de subsidio de máis de 52 anos
que poden e deben ser modificados. Mais a verdade é que non chega co compromiso a debater esas mudanzas e gustaríanos que houbese un compromiso claro de que isto se vai modificar -insisto- para que non haxa ningún tipo de recorte. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
El contenido de este real decreto ley está pensado para cumplir con una de las muchas exigencias impuestas por la Unión Europea. Contiene algunos aspectos positivos y otros negativos, y de él se derivan cuestiones que valoramos
negativamente, junto con otros aspectos que entendemos que son positivos y que llevábamos mucho tiempo reclamando, tanto el BNG como el sindicalismo nacionalista de clase de Galicia. Por ejemplo, la prevalencia de los convenios sectoriales gallegos
sobre los convenios estatales, porque sin duda esto favorecerá la capacidad de presión de los trabajadores y las trabajadoras y redundará en la mejora de sus condiciones laborales. Sin embargo, tenemos que recordar que aún existen materias no
negociables en el ámbito económico cuando existe convenio estatal en el sector, como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas
mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica, que son un hándicap para establecer un marco gallego de relaciones laborales. En todo caso, es una de las cuestiones que, como decíamos, parece positiva, pues supone
satisfacer, al menos en parte, demandas históricas del sindicalismo en Galicia y en las naciones del Estado.
También consideramos positiva la reforma que introduce el decreto ley en el nivel asistencial de protección por desempleo simplificando las modalidades de subsidio de desempleo, que se reducen a dos supuestos: por agotamiento y por
cotizaciones insuficientes, incrementando las cuantías hasta el 80 % del Iprem. Sin embargo, empeora la cotización a la Seguridad Social para las personas perceptoras del subsidio para mayores de 52 años, una reforma que va a afectar negativamente
a sus futuras pensiones de jubilación, que serán más bajas. Así, a pesar de que se ha establecido un periodo transitorio hasta 2028, la actual cotización, equivalente a 125 % de la base mínima, pasará al 100 %. Además, se aprueba también la
suspensión del subsidio cuando el SEPE considere que se tiene derecho a pensión contributiva de jubilación, lo que empujará a las personas trabajadoras a la jubilación, interrumpiendo la posibilidad de tener más años de cotización y más pensión.
Con esta medida se legaliza una práctica injusta que el Estado lleva muchos años realizando contra muchas personas trabajadoras. Echamos en falta que no se haya aprovechado para retribuir el permiso parental. De hecho, llama la atención que en el
preámbulo de la norma se aluda al carácter complementario del permiso de lactancia con el permiso parental del artículo
48 bis del Estatuto de los Trabajadores, introducido mediante el Real Decreto Ley 5/2023, y no se aproveche para regular su carácter remunerado, un aspecto pendiente de trasposición y con fecha marcada para antes del 2 de agosto de 2024 por
la norma europea.
En definitiva, apoyamos los avances del decreto y con la misma convicción rechazamos las medidas regresivas. Valoramos la disposición, aunque sea fruto de la necesidad de asegurar mayorías parlamentarias para la convalidación, a que este
real decreto sea tramitado como proyecto de ley, lo que debe suceder, por otro lado, sin la demora habitual, y el compromiso de negociar cambios en aquellos aspectos como la cotización de las personas de más de 52 años perceptoras de subsidios, que
tienen que ser modificados, pero no llega con el compromiso de debatir estos cambios. Nos gustaría que hubiese un compromiso claro de que esto se va a modificar, insisto, para que no haya ningún tipo de recorte.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera, también por un tiempo de tres minutos y medio.
La señora SANTANA PERERA: Buenos días.
Este real decreto ley nos parece muy positivo en ciertos sentidos. No obstante, creemos que es mejorable. Nos preocupan muchos aspectos, especialmente aquellos recortes que afectan a las personas mayores de 52 años y que son perceptoras
del subsidio de desempleo.
Ustedes, señores del Gobierno, nos piden que, en aras de esas mejoras, votemos a favor del decreto y traguemos. Traguemos dejando en la estacada a un colectivo de especial vulnerabilidad y que tiene difícil inserción laboral. Ustedes
pretenden, si este decreto ley no sale adelante, poner la carga de culpa en nosotras. Pero lo cierto es que este Gobierno no ha tenido voluntad de negociar, no ha tenido voluntad de sentarse para cambiar aquello que puede ser muy mejorable. Son un
gobierno en minoría que no escucha. Y no es que no nos escuchen a nosotras, tampoco están escuchando a sindicatos ni pensionistas, que también les han advertido del empeoramiento de las condiciones de estos mayores de 52 años que perciben el
subsidio. Ustedes lo podrán envolver en papel de regalo y ponerle un lazo enorme, pero lo cierto es que el recorte existe. Existe, y esto lo puede comprender hasta mi hijo que tiene cuatro años: 125 es una cantidad mayor que 100. Por lo tanto,
esa disminución en la cotización va a ser una disminución en las percepciones futuras de estos pensionistas.
Voy a ponerles un ejemplo. Una persona que haya trabajado durante quince años con un salario medio podría ver disminuido en unos 1900 euros lo que percibe en un año. Por lo tanto, el recorte es claro. Ustedes mismos lo reconocen en la
memoria que acompaña al decreto. Reconocen que hay un ahorro de 93,6 millones de euros.
Nosotras pedimos que reconozcan el error, que reviertan ese recorte que contiene el decreto ley, que no intenten justificar lo injustificable llegando a decir cosas como que estas personas que obtienen o que perciben el subsidio son unas
privilegiadas porque están cotizando al 125, mientras que trabajadores en activo están cotizando al 100 % porque, de verdad, esto parece una tomadura de pelo. Nadie en su sano juicio entendería dejar un trabajo, un empleo estable, con unas
condiciones laborales, por cobrar un subsidio de 480 euros al mes entre 10 y 15 años hasta que llegue su pensión. O dejar caer que hemos ido muy lejos con la subida o el incremento del salario mínimo interprofesional y que, por, tanto, debemos
repensarnos esta sobrevaloración en la cotización de las pensiones.
De verdad, señores del Gobierno, en Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que pedimos es que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo de siete minutos.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Hoy nos traen un decreto en materia de empleo cuyas medidas vienen a modificar básicamente lo que ya se ha dicho: el régimen de lactancia, la prestación y el subsidio por desempleo. Sin embargo, vicepresidenta, no ha mencionado nada acerca
de los convenios colectivos. (La señora vicepresidenta
segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, hace gestos afirmativos). Una vez más, estamos ante un decreto que se tramita vía de urgencia, básicamente porque la reforma del subsidio de desempleo, que debía
haber estado aprobada a finales de 2022, forma parte de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos.
Dicho esto, me voy a centrar en una cuestión de forma y voy a hablar de dos medidas concretas. En cuanto a la forma, porque, una vez más, nos presentan un decreto con menos de 24 horas para su aprobación, al haber llegado a un acuerdo entre
los grupos del Gobierno, una vez mostradas, eso sí, públicamente sus discrepancias, y parece que aún no se han dado cuenta de que la aritmética parlamentaria no es la de la legislatura anterior. Ahora necesitan al menos del acuerdo con el resto de
los grupos que hemos votado a favor de la investidura para que un texto se apruebe. Esto, desde luego, les debiera hacer pensar que se necesita más tiempo para la negociación y el acuerdo, para pactar discrepancias o mejoras de cualquier texto y
poder aprobar leyes con garantías sin estar pendientes siempre de un hilo.
Gauza bat da Ministroen Kontseiluan zeozer onartzea eta beste gauza bat da Parlamentuaren onarpena. Oraindik ez zarie konturatu ez dozuela gehiengorik Kamara honetan eta parlamentu zenbakia aldatu egin dala. Denbora eta elkarrizketa
gehiago behar dira aurrera legeak aurrera ateratzeko. Hogeitalau ordu ez dira nahikoak.
Una cosa es aprobar algo en el Consejo de Ministros y otra cosa es la aprobación en el Parlamento. Aún no se han dado cuenta de que no tienen la mayoría absoluta en este Parlamento y de que ha cambiado el reparto en el Parlamento. Se
necesita más tiempo y más diálogo para aprobar leyes. Es decir, 24 horas no son suficientes.
Dicho esto, me voy a centrar en dos de las medidas que se recogen en el texto. Este decreto incorpora una de las medidas acordadas en el acuerdo de investidura entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco que hoy no ha mencionado, a pesar
de que el texto fue acordado con su ministerio punto por punto allá por la reforma laboral. Hablamos de la primacía de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, siempre que resulten más favorables para las y los trabajadores. Es
una medida que no es baladí, porque los convenios colectivos regulan cuestiones fundamentales para el desarrollo económico de un país, tales como salarios, jornada laboral, horas extras, vacaciones, y más en el caso de Euskadi, donde sus sindicatos
más representativos no tienen representación en el Estado español. Y es que la realidad sindical, las mayorías de Euskadi, nada tienen que ver con las que se dan en el conjunto del Estado.
Eusko Alderdi Jeltzaleak lortutako akordioei esker, dekretu honetan jasota geratzen da hitzarmen kolektibo autonimokoen nagusitasuna Estatukoen gainetik, baldin eta langileentzat aldekoagoa bada. Zuzenketa hau autogobernua zabaltzeko modu
bat ere bada. Izan ere, hitzarmen kolektiboek herrialde baten garapen ekonomikorako funtsezkoa diren gaiak arautzen dabezaleko: soldatak, lanaldiak, aparteko orduak, oporrak eta abar.
EAJ-PNVren eta baita langileen eta sindikatuen aldarrikapen bat txertatzen da, negoziazioaren garapen autonomikoa eta langileen eskubideak sustatzen dabena. Estatu deszentralizatu batean, eta Euskadiren eta Nafarroaren kasuan araubide
fiskal propioa eta beste arlo batzuetan eskumenak zabalak izanik, errezetak ezin dira izan orokorrak, baizik eta eremu geografiko eta sektorial bakoitzaren errealitatera eta ezaugarrietara egokitu behar dira. Horrek bihurtzen baititu eraginkor.
Sartutako zuzenketa, horren adibidea da, negoziazio kolektiboaren berezitasunen adibide. Izan be, Euskadiko gehiengo sindikalaren eta patronalaren errealitatea eta Estatu osoarena oso desberdinak dirazelako.
El Partido Nacionalista Vasco ha logrado unos acuerdos que ya se reflejan en este acuerdo, y es la primacía de los sindicatos vascos. Esta enmienda es también una forma de ampliar el autogobierno, porque los convenios colectivos son
fundamentales para el desarrollo de un pueblo, para tener en cuenta los salarios, las horas extras, etcétera. Esta es una reivindicación del PNV y también de los sindicatos, y esto se ve reflejado en este acuerdo. La negociación recoge los
derechos del colectivo. Teniendo en cuenta que las competencias son amplias, las recetas no pueden ser generales, sino que tienen que tener en cuenta los sectores determinados y sus características, y esto las hace efectivas. La enmienda
presentada es ejemplo de ello. Es ejemplo de la negociación colectiva, porque la mayoría sindical vasca y la patronal vasca son muy distintas con respecto al Estado.
Es una incógnita si esta medida mañana seguirá en vigor, pero estamos seguros de que el acuerdo alcanzado con el Gobierno español para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales formará parte de la legislación, en
cualquier caso, a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, y en cuanto a la reforma del subsidio por desempleo, hay que reconocer que su diseño actual está desfasado. No incentiva la búsqueda de empleo, es incompatible con otros empleos y su supervisión es bastante mejorable, lo que,
desde luego, hace imprescindible su rediseño para adaptarlo a un mercado laboral que ha sufrido grandes cambios y para convertir estos subsidios en verdaderas ayudas al empleo, para acompañar a las personas en su vuelta al mercado de trabajo e
incluso para ayudar a aflorar esa economía sumergida.
Alcanzar el pleno empleo implica hacer crecer el número de afiliados a la Seguridad Social y reducir la tasa del paro, y para avanzar en ese camino también es necesario que el subsidio por desempleo incentive la búsqueda de empleo, ya que de
lo contrario estaríamos hablando de una ayuda asistencial. Hay quien dice que hay que limitar al máximo esta prestación, endurecer las exigencias de búsqueda y las sanciones por rechazar ofertas, y me gustaría realizar un par de matizaciones al
respecto. Limitar el derecho al subsidio puede aumentar la incorporación al empleo, pero también hay que ver y analizar la otra cara de la moneda de esta limitación. Se deben tener en cuenta los efectos que se pueden derivar cuando la cuantía de
los salarios de otros empleos es inferior a la del subsidio o los efectos para aquellas personas a las que se reduce la prestación pero no encuentran un trabajo.
El problema no es solo que el subsidio pueda desincentivar la búsqueda de empleo, al tener que elegir entre la prestación y el salario cuando este es inferior -es lógico que se valore el coste de oportunidad-, sino también la existencia de
una discriminación hacia los candidatos y candidatas de más edad, ya que, según un estudio del ISEAK, la probabilidad de recibir una invitación por parte de las empresas es un 50 % menor para las personas mayores. Y, por otro lado, cuando algunos
hablan de endurecer las exigencias de la búsqueda, o incluso de sanciones por rechazar ofertas, me gustaría que se hicieran las siguientes preguntas: ¿Está el Servicio Público de Empleo Estatal preparado para formar y orientar a estas personas?
¿Los servicios públicos ofertan un número importante de vacantes o hay ausencia de ofertas de trabajo y formación por parte de ellos? ¿Las empresas trasladan sus ofertas de empleo a los servicios públicos? ¿Los planes de formación que ofertan
dotan a los desempleados de las habilidades que el mercado laboral necesita? ¿Es el servicio público quien toma la decisión de lo que es una oferta adecuada? La respuesta es no, y aún menos cuando se trata de colectivos de más edad, que son
quienes tienen un acceso mucho más limitado a las vacantes de empleo. Por consiguiente, en tanto en cuanto no se aborde un profundo cambio o modernización del funcionamiento de los servicios públicos de empleo, de poco servirán tales
endurecimientos. Así, si el objetivo de esta prestación es reducir el tiempo en el desempleo y aumentar las tasas de ocupación, también las de aquellas personas de más edad, que tienen más dificultades, habrá que desarrollar políticas activas de
empleo eficaces. Y esto pasa, como he dicho, por modernizar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, modificando, entre otras, las estrategias de formación, orientación y mediación que ofrecen para que estas se ajusten a las
necesidades del tejido productivo. Además, en un contexto con dos grandes retos, el envejecimiento de la población y la transformación digital, en un mercado laboral con una gran paradoja, un mercado laboral con niveles altos de desempleo y con un
importante porcentaje de vacantes de empleo sin cubrir.
Dicho esto, entendemos que el diseño propuesto del decreto va en la dirección correcta al plantear una alternativa al diseño existente, donde el subsidio es temporalmente compatible con un contrato de trabajo que conlleva un aumento de la
cuantía, pero se va haciendo decreciente, acotado en el tiempo y con el compromiso de actividad y vinculación a un itinerario personalizado de activación para el empleo, entre otras cuestiones.
Por todo lo anterior, votaremos a favor de la convalidación de este real decreto ley.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón, por un tiempo de siete minutos.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta andrea, diputatuok, egun on.
Euskal Herria Bilduren botoa azalduz hasi nahi dut gaurko hitz hartzea. Dekretu honen alde bozkatuko dugu, gabeziak dituela eta hobetu daitekeela uste dugun arren. Zintzotasunaz, arduraz eta pazientzia estrategikoz jokatuko dugu beste
behin herritarren ongizateak soilik gidatzen gaituelako, ahaztu barik dekretu honekin herritarren bizitza apur bat hobea izan daitekeela. Hobea, langabezia laguntza jasotzen
dutenentzat. Hobea, langabezian denbora luzea daramaten pertsonentzat. Eta hobea, haien eskubideak murriztuak ikusiko ez dituzten langileentzat.
Buenos días.
Quiero empezar mi intervención explicando el voto de Euskal Herria Bildu. Vamos a votar a favor de este decreto, a pesar de que creemos que puede ser modificado. Actuaremos con honestidad, porque nos guía el bienestar de la población, sin
olvidar que con este decreto podemos mejorar la vida de la ciudadanía, de aquellos que reciben el subsidio del desempleo, de aquellos que están en desempleo y de aquellas personas trabajadoras que verán reducidos sus derechos laborales.
Decía que vamos a votar a favor de este real decreto por diferentes motivos que pasaré a explicar, pero fundamentalmente por una cuestión de principios, de honestidad, de responsabilidad y con toda la paciencia estratégica; y atendiendo al
principio de realidad, porque no creemos que las circunstancias hayan variado significativamente desde el 16 de noviembre, en el que fuimos capaces, una mayoría plurinacional, de concitar y conciliar nuestras aspiraciones para proyectar un gobierno
que fuera la alternativa a eso que vemos en Ferraz o a aquellos que nos desean un año entrante que se parezca al de 1936.
Esa es la realidad y ese es el principio de realidad con el que actuamos, también en el sentido de este voto. Y lo hacemos fundamentalmente para defender los derechos de los y las trabajadoras, para defender los derechos de la clase
trabajadora. Porque es verdad que son medidas parciales y es verdad que algunas son manifiestamente mejorables cuando no suponen una involución. Pero no es menos cierto que todo eso lo podamos resolver porque tenemos las mayorías suficientes en el
trámite de su tramitación como proyecto de ley, en ese periplo, en ese tiempo, sin lesionar todos los avances que también contiene este real decreto. Porque el propio real decreto dice algo que nos parece importante, quizás lo más importante, más
incluso que las medidas que recoge, y es que nos enfrentamos a un problema de carácter estructural, que viene medido por la desigualdad en el Estado español, a la que en muchas ocasiones hemos hecho mención, rozando el 20 % de la población; tiene
que ver con la pobreza, que también roza el 20 % del nivel de pobreza en los ciudadanos y ciudadanas; tiene que ver también con los parados de larga duración, y tiene que ver con el desempleo y la destrucción de puestos de trabajo. No puedo sino
lamentar que haya fondos buitre, que haya empresas y corporaciones que se benefician de ayudas de fondos europeos para luego cerrar sus plantas de producción en nuestro territorio, ya sea Glavista en Laudio o Mecaner en Urduliz.
Pero, como digo, nos enfrentamos a un problema de carácter estructural y baste un dato para afirmar o para certificar esto que estoy señalando: en el Estado español hay 838 400 personas paradas con más de 50 años, equivalente al 30 % del
conjunto de parados y de paradas. En 2013, las personas mayores de 50 años solo pesaban el 18 % del total de desempleados, y eso con unos datos de desempleo equivalentes. Eso es lo que se viene en llamar en algunos lugares el efecto fregadero,
gente que no se incorpora al mercado laboral. Y, por desgracia, también aquí, quienes lideran este triste ranking son mujeres.
Por eso, creemos que urgen medidas transformadoras para un problema estructural, y hay medidas positivas en este decreto. Se ha hablado ya del artículo 84. Lo ha hecho la ministra y lo ha hecho alguna de las personas que me ha precedido en
esta tribuna. Es importante que se respete aquello que los y las trabajadoras consiguen en sus marcos de negociación, porque es ahí donde se garantizan más y mejores derechos para los y las trabajadoras. Es importante que, por fin, en el Estado
también se acepte que la lucha que viene desarrollando el sindicalismo vasco es una lucha que garantiza, blinda y dignifica los derechos de la clase trabajadora vasca y que, por tanto, esta no pueda ser saltada ni saboteada por marcos
supraautonómicos que se lleven por delante las conquistas que hayan podido conseguir. Es importante también que se garanticen los permisos de lactancia y que se cifre en los veintiocho días. Es importante que a los artistas se les deje de tener en
el alambre para que puedan tener también representación sindical y puedan tener derechos. Es importante que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a conocer las condiciones de contratación, como supongo que cualquiera de sus señorías
querría tener, para que no sean manejados al antojo de los empresarios. Es importante que se amplíen los colectivos beneficiarios de los subsidios de desempleo, que hablemos de los trabajadores transfronterizos, que hablemos de los eventuales
agrarios o que hablemos de los menores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora no podían beneficiarse y ahora sí lo van a hacer. Es importante que suba la cuantía de la prestación. Y es importante también que se eliminen trabas y que se
suprima ese mes de castigo sin remuneración al que estaban sometidos en la actualidad.
También, claro que sí, es importante que la gente que percibe ese subsidio tenga derecho a una cotización para una ulterior o posterior jubilación. Y yo estoy de acuerdo en que 125 es más que 100. De la misma manera se podrá estar de
acuerdo en que 570 es más que 480 (aplausos) y que la voluntad y el deseo justo de tener una pensión digna de esa gente pesará tanto como la necesidad de tener un ingreso mensual de esa gente y que esa pensión digna que se merecen, quizás -Euskal
Herria Bildu llevamos tiempo exigiéndolo-, en consonancia con el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, puede tener más que ver con una pensión mínima de 1080 euros para todos y para todas y, a partir de ahí, cualquier pensión a la que tengan
derecho.
Finalizo con una cita que ya he utilizado alguna vez en esta tribuna y que en días como hoy, con independencia de cuál sea el resultado de la votación de este real decreto o los siguientes, tiene cierto sentido. Me dirijo fundamentalmente a
las fuerzas que conforman eso que llaman el bloque plurinacional. Un pensador francés, un filósofo, activista del Mayo del 68 francés, en su autobiografía, Una lenta impaciencia -hablo de Daniel Bensaïd-, dijo una cosa que estaría bien que
tuviéramos en la memoria hoy y los días que vengan de esta legislatura, que esperemos sea larga: Nos hemos equivocado a veces, incluso a menudo, y sobre bastantes cosas, pero al menos no nos hemos equivocado ni de trinchera ni de enemigos.
Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch, por un tiempo también de siete minutos.
El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia i bon any a tothom.
Buenos días y feliz año a todos.
Buena referencia al espíritu del 45. Espero que este espíritu del 45 -¡ojalá!- fuera el espíritu de la socialdemocracia europea. Ahora me parece que no es exactamente así, pero buena referencia. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez
de Celis, ocupa la Presidencia).
Dit això, avui venim a parlar, venim a debatre sobre un seguit de modificacions dins de l'àmbit de subsidis, de prestacions d'atur i de la Seguretat Social. No es tracta de cap canvi revolucionari, però sí que trobem aspectes molt
importants. I ho són perquè qualsevol canvi, quan afecta el més bàsic, les persones, que és el seu salari, es converteix en important. Estem parlant de condicions de vida de les persones que pitjor ho estan passant en la nostra societat. Estem
parlant del seu accés al menjar, a l'habitatge, a la llum. Per tant, no podem frivolitzar com fa la dreta, com fa moltíssima gent, com fan alguns que menyspreen els ajuts i parlen de 'paguetes'. És insultar la intel·ligència, és insultar aquesta
gent afirmar que cobrar per malviure desincentiva la gent per anar a treballar. És insultar i és ridícul dir que cobrar 500 euros desincentiva anar a treballar. Si us plau, estem parlant de 500 euros. 500 euros no treuen ningú de la pobresa ni de
la misèria. Estem davant d'un Estat on el preu mitjà del lloguer sobrepassa, si parlem de molts llocs, els 1000 euros -en molts llocs no arriba, però quasi 1000 euros, i en molts els sobrepassa. Estem parlant del mateix amb les hipoteques, que són
hipoteques que van a vegades 1000 euros o més, o quasi s'acosten als 1000 euros. És a dir, no estem parlant aquí de cap caprici ni de cap cosa. En tot cas, diríem que és una quantitat insuficient per viure. Doncs bé, en aquest Estat si et quedes
a l'atur i no tens cap prestació contributiva resulta que trobes que et toca sobreviure amb 480 euros al mes. 480 euros. I amb aquests diners no es pot pagar un pis, com tots sabem, fins i tot potser a vegades costa pagar una habitació. Parlem,
doncs, d'un reial decret llei per a nosaltres insuficient, malgrat ser necessari, per diferents raons, i un exemple podria ser, per exemple, que la durada del permís de lactància depèn del nombre de pares o mares que tingui el nen. Si en té dos
tenen més drets que si en té un. Coses a millorar. Podem afirmar, doncs, que malgrat la importància d'aquest reial decret crec que es pot anar una mica més enllà i esperem fer-ho en la tramitació parlamentària.
Ara bé, la realitat és que alguns dels que cobraven 480 euros passen a cobrar entre 60 i 90 euros al mes, i això és molt important en quantitats tan baixes. Això és molt important. No es pot frivolitzar amb aquest tema aquí. I també és
important que alguns que no tenien dret perquè tenien menys de 45 anys, ara puguin accedir a aquest subsidi. Com també és molt important, i està molt bé, que alguns que perdien el subsidi, ara quan troben una petita feineta puguin seguir
compaginant el subsidi amb aquesta petita feineta temporal i parcial. Això està bé. Però no ens enganyem, continuen sent unes quantitats insuficients
per viure i no és un reial decret revolucionari però no es pot negar que és molt important. A vegades la vida pot dependre d'aquests 90 euros. A vegades la vida pot dependre d'aquests 90 euros de pujada, malauradament és així. No és una
misèria per a la gent de la qual estem parlant. Una cosa similar passa amb els permisos de lactància. No se soluciona el greuge comparatiu que pateixen els infants de famílies monoparentals, però almenys es garanteix per llei la possibilitat
d'acumular els permisos de lactància. Això també està molt bé i, a més, ja no depèn de la negociació col·lectiva, com deia la ministra.
Malgrat tot, i els aspectes positius ja els ha dit clarament la gent que m'ha precedit, però un molt important, que m'oblidava, és l'aspecte de la prioritat del conveni autonòmic. Per a nosaltres no seria el conveni autonòmic, seria el
convenient nacional. El fet de potenciar la negociació col·lectiva i, a més, si és a millor, això fa que tot pugi a l'alça. Entrem en una espiral cap amunt, no cap avall. Això és molt interessant i molt valorat per l'esquerra independentista del
nostre país. És a dir, els sindicats catalans si ara poden arrabassar més i millors condicions, doncs seran incorporades immediatament malgrat el que es faci a la resta de l'Estat. I això és una espiral, com deia abans, que va cap amunt.
En conclusió, donarem suport a aquest text perquè hi ha millores que no podem deixar escapar. Però com passa molt sovint, aquesta iniciativa del Govern ens deixa també algunes coses en el tinter. I en primer lloc ha quedat, per exemple,
fora la remuneració del permís parental. Clama al cel que es creï un dret i, en canvi aquest dret no estigui pagat, perquè llavors aquest dret és difícil que es pugui exercir per a segons quines persones. I potser la cosa més inacceptable i que
combatrem més fortament en la tramitació parlamentària és la cotització a efectes de jubilació dels qui perceben el subsidi majors de 52 anys. Jo no sé si és Calviño, si és Brussel·les, o qui sigui, però és clar que els qui no tenen feina passats
els 52 anys i cobren 480 euros al mes si passen a cotitzar de 125 a 100 és un empitjorament de les condicions laborals. És a dir, igual que apujar 90 euros és una millora, jo crec que abaixar la cotització de cara al futur amb salaris baixos no és
una millora en tot cas, és una retallada. I la part bona que té que aquesta vegada és que es pot intentar canviar, i ho intentem canviar, i ho combatrem a la tramitació parlamentària.
Perquè aquest cop, i aquí deixin-me fer una crítica, ja saben que tinc una espina clavada, aquest cop a diferència del que va succeir amb la reforma laboral hi ha tramitació parlamentària, podem fer esmenes. Hi ha un canvi que tant de bo
sigui així tota la legislatura, i això crec que és bo. Així que valorem molt positivament el canvi de tarannà d'aquest Govern en els reials decrets llei que siguin també de tramitació parlamentària. L'únic que sí que demanarem és més temps, perquè
sempre anem a corre-cuita, i sempre quan arriba Nadal jo ja tremolo perquè un 20 de desembre o un 19 de desembre comencen a venir reials decrets lleis que tens molt poc temps per poder fer un estudi, i a més quan són òmnibus.
Dit això, com deia abans, votarem a favor d'aquest reial decret llei. I això no vol dir que les coses que no estem d'acord, que penso que en el fons no estem d'acord, intentem millorar-les entre tots plegats. Moltes gràcies i bon any a
tothom.
Dicho esto, hoy venimos a debatir sobre una serie de modificaciones dentro del ámbito de los subsidios, de prestaciones de paro y de la seguridad social. No se trata de ningún cambio revolucionario, pero sí que encontramos aspectos muy
importantes. Y lo son porque cualquier cambio, cuando afecta a lo más básico, a las personas, que es su salario, se convierte en importante. Estamos hablando de condiciones de vida de las personas que peor lo están pasando en nuestra sociedad.
Estamos hablando de su acceso a la comida, a la vivienda, a la luz. Por lo tanto, no podemos frivolizar como hace la derecha, como hace muchísima gente, como hacen algunos que menosprecian las ayudas y hablan de 'paguitas'. Es insultar a la
inteligencia, insultar a esta gente, afirmar que cobrar para malvivir desincentiva a la gente para ir a trabajar. Es insultar y es ridículo decir que cobrar 500 euros desincentiva ir a trabajar. Por favor, estamos hablando de 500 euros; 500 euros
no sacan a nadie de la pobreza ni de la miseria. Estamos ante un Estado donde el precio medio del alquiler sobrepasa, hablamos de muchos lugares, los 1000 euros. En muchos lugares casi no llega, son casi 1000 euros y en muchos los sobrepasa.
Estamos hablando de lo mismo en las hipotecas, que son hipotecas que van de los 1000 euros o más, o casi se acercan a los 1000 euros. No estamos hablando aquí de ninguna crisis, en todo caso diríamos que es una cantidad insuficiente para vivir.
Bien, en este Estado si te quedas en paro y no tienes ninguna prestación contributiva, resulta que te toca sobrevivir con 480 euros al mes, 480 euros, y con este dinero no se puede pagar un piso, como todos sabemos, incluso cuesta pagar una
habitación. Hablamos, pues, de un real decreto ley para nosotros insuficiente, pero necesario, por diferentes motivos. Un ejemplo podría ser que la duración del permiso de
lactancia depende del número de padres o madres que tenga el niño. Si tiene dos, tiene más derechos que si tiene uno. Cosas a mejorar. Podemos afirmar, pues, que a pesar de la importancia de este real decreto, se puede ir un poco más allá
y esperamos hacerlo en la tramitación parlamentaria.
Ahora bien, la realidad es que algunos que cobraban 480 euros pasan a cobrar entre 60 y 90 euros al mes, y eso es muy importante en cantidades tan bajas, eso es muy importante. No se puede frivolizar con este tema. Y también es importante
que algunos que no tenían derecho, porque tenían menos de 45 años, ahora puedan acceder a este subsidio, como también es muy importante, y está muy bien, que algunos que perdían el subsidio, ahora, cuando encuentren un pequeño trabajo, pueden seguir
compaginando el subsidio con este trabajo parcial. Está bien, pero no nos engañemos, continúan siendo cantidades insuficientes para vivir. Es un real decreto que no es ni revolucionario ni ideal, pero es muy importante. A veces la vida puede
depender de estos 90 euros de subida, no es una miseria para la gente de la que estamos hablando.
Algo similar pasa con los permisos de lactancia. No se soluciona el agravio comparativo que padecen los niños de familias monoparentales, pero se garantiza por ley la posibilidad de acumular los permisos de lactancia. Y está muy bien,
porque no depende de la negociación colectiva. A pesar de todo, como decíamos, hay aspectos positivos, como ya ha dicho alguna gente que me ha precedido. Uno muy importante es el aspecto de la prioridad del convenio nacional, el hecho de potenciar
la negociación colectiva, pero hace que todo suba al alza, entramos en una espiral hacia arriba. Es muy interesante y muy valorado por el espíritu independentista de nuestro país. Los sindicatos catalanes, si pueden conseguir las mejores
condiciones, serán incorporadas inmediatamente, a pesar de lo que se haga en el resto del Estado. Y es una espiral que va hacia arriba.
En conclusión, daremos apoyo a este texto porque hay mejoras que no podemos dejar escapar, pero, como pasa muy a menudo, esta iniciativa del Gobierno se deja algunas cosas en el tintero. En primer lugar, ha quedado fuera la remuneración del
permiso parental. Clama al cielo que se cree un nuevo derecho, pero que este derecho no sea pagado. Es difícil que se pueda ejercer por algunas personas. Y lo más inaceptable, y que combatiremos más fuertemente en la tramitación parlamentaria, es
la cotización que afecta a los efectos de jubilación que perciben el subsidio de mayores de 52 años. No sé si es Calviño, Bruselas o quién sea, pero está claro que quien no tiene trabajo pasados los 52 años y cobra 480 euros al mes, y pasa a
cotizar del 125 al 100, es un empeoramiento de las condiciones laborales. Creo que subir 90 euros es una mejora y bajar la cotización no es una mejora, es un recorte. Lo bueno que tiene esta vez es que se puede intentar cambiar, y lo haremos en la
tramitación parlamentaria. Porque esta vez -y hacemos una crítica porque tengo una espina clavada de lo que pasó con la reforma laboral- habrá tramitación parlamentaria y podremos hacer enmiendas. Es un cambio, ojalá sea así toda la legislatura, y
eso creo que es bueno. Así que valoramos muy positivamente el cambio de este Gobierno en estos reales decretos leyes, que sigan la tramitación parlamentaria, pero lo que sí que pediremos es más tiempo, porque siempre vamos a correprisa. Cuando
llega la Navidad yo tiemblo, porque empiezan a venir reales decretos leyes y se tiene muy poco tiempo para hacer un estudio.
Dicho esto, como he dicho antes, votaremos a favor de este decreto ley y las cosas que no estamos de acuerdo, las mejoraremos entre todos juntos.
Muchas gracias y feliz año a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Lois González.
La señora LOIS GONZÁLEZ: Bos días, buenos días, señorías.
Los tres decretos que hoy debatimos en esta Cámara tienen dos cosas en común: suponen grandes avances y mejoras para el conjunto de las españolas y de los españoles. En concreto, este decreto del subsidio de desempleo supone avances en
tres aspectos muy importantes. En primer lugar, aumenta la protección de las personas desempleadas al ampliar, por un lado, la cuantía del subsidio y, por otro lado, la cobertura. Con esta reforma, el subsidio de desempleo llegará todavía a muchas
más personas. En este momento hay 800 000 personas que lo necesitan, hay un 56 % de mujeres y la mayoría son personas mayores de 55 años. Con la aprobación de este decreto, por lo tanto, se aprueba la ampliación todavía de más cobertura para las
personas que lo necesitan.
En SUMAR lo hemos dicho, lo hemos repetido una y otra vez y no dejaremos de repetirlo: el subsidio de desempleo es un derecho de las personas trabajadoras. Es un derecho que tiene que ver con su propio esfuerzo, con el esfuerzo y el
trabajo de las personas. Tiene que ver con sus cotizaciones sociales. Frente
a quienes sospechan, frente al bloque reaccionario que siempre sospecha de las trabajadoras y de los trabajadores, que siempre les criminaliza, nosotras lo tenemos claro: derechos y más derechos.
En segundo lugar, este decreto supone avances en otro ámbito muy importante, como es el de la negociación colectiva. Se mejora la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas. Se va a asegurar la
prevalencia de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras. Y, en tercer lugar, este decreto también amplía otro derecho muy importante, que es el permiso de la lactancia. Con la aprobación de este decreto, la
posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas completas es para el conjunto total de las trabajadoras. Estamos hablando de poner la vida en el centro. Estamos hablando de poner los cuidados en el centro. Estamos hablando del derecho
a cuidar.
Por estos tres elementos, por estos tres motivos, SUMAR va a votar, sin ninguna duda, a favor de este decreto. Pero es que, además, me gustaría retomar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el primer aspecto, que tiene que ver
con la ampliación del subsidio de desempleo, con las mejoras y su cobertura. Porque son medidas muy positivas, porque son medidas concretas, porque son medidas que apoyan a las personas trabajadoras de este país; son medidas que no las dejan
tiradas, son medidas que las acompañan para que puedan reincorporarse al mercado laboral. Medidas importantes como las que se han señalado hoy aquí, que tienen que ver con la subida de la cuantía del subsidio, que pasa de los 480 euros a los 570
euros los primeros seis meses; que pasa a 540 euros en los siguientes seis meses y que se mantiene en 480 el resto de la duración de la prestación. Con este decreto también se asegura la protección a las personas menores de cuarenta y cinco años
que no tienen responsabilidades familiares. Con este decreto también se protege a las personas desempleadas del ámbito agrario, los eventuales agrarios. Con este decreto también se defiende, mayormente, a las mujeres trabajadoras transfronterizas
en Ceuta y Melilla. Con este decreto también se elimina el mes injusto, el mes cruel que se exigía esperar para poder solicitar el subsidio de desempleo. Y la posibilidad de compatibilizar el subsidio de desempleo y tener un empleo hasta 180 días
también es otra medida que está en este decreto. Por lo tanto, las personas trabajadoras -lo decimos siempre en SUMAR- merecen respeto, merecen derechos y nunca, nunca sospechas.
¿Saben ustedes que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, el 80 % de las personas que se benefician del subsidio de desempleo no lo agotan? La gente trabajadora de nuestro país necesita esta ayuda pública y confianza para
volver a encontrar trabajo. Con este decreto, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno responden también a las obligaciones contraídas con la Unión Europea, pero demostrando que sí que hay alternativas y diciendo que no al marco de los recortes,
diciendo que sí a la defensa y a la ampliación de los derechos. Como decía hace un momento, esto no es nuevo. Esta es una apuesta continuada en el tiempo por mayores niveles de protección y derechos. Es una constante de la coalición de este
Gobierno. Es el compromiso del Ministerio de Trabajo, es el compromiso de SUMAR. Las políticas de empleo que más empleo han creado en España son las que se han implementado desde este Gobierno de coalición. Son las políticas de la protección
social, son las políticas de la subida del salario mínimo, son las políticas de la mejora del subsidio por desempleo. Estas políticas son la vanguardia en Europa. En los últimos cinco años, el salario mínimo ha aumentado casi un 50 % y va a seguir
subiendo. (Aplausos). No es una promesa, es un hecho; no son palabras, son hechos, y lo vamos a ver una vez más en breve.
Pese a los agoreros del Partido Popular, pese a los agoreros como el señor Feijóo, que pregonaban que la reforma laboral y que la subida del salario mínimo traerían consigo el cierre de empresas, la destrucción masiva del empleo y otras
plagas, este Gobierno, pero sobre todo este país, en el año que acabamos de comenzar, en 2024, acaba de celebrar la consolidación de una tendencia de los buenos datos en el mercado laboral. Tenemos la cifra de paro más baja desde 2007, antes de la
crisis económica. Además, el paro de las mujeres, el paro femenino, ha sido el más bajo: 28 000 mujeres paradas menos este mes. Es el nivel más bajo de los últimos quince años. Y también otro motivo de orgullo tiene que ver con los datos del
paro juvenil. Está en el valor más bajo de toda la serie histórica. Las y los jóvenes menores de treinta años registraron 2,5 millones de contratos indefinidos, cuatro veces menos que en el año 2019. Por lo tanto, la solidez económica española se
ha conseguido, precisamente, abandonando por fin los mantras neoliberales, abandonando por fin el dogma de fe de políticas laborales equivocadas que, por cierto, se han mantenido en nuestro país durante mucho tiempo y hasta hace bien poco, pese a
sus pésimos resultados. Hoy, afortunadamente, hemos conseguido revertir una tendencia histórica de la economía española: su alto paro estructural, un paro estructural que genera grandes injusticias sociales, grandes desigualdades.
Además de reducir el paro estructural, este Gobierno, con el Ministerio de Trabajo al frente, también está logrando arrinconar la temporalidad abusiva e injustificada en la contratación laboral. Esto, señorías -lo decimos siempre-, no es
magia. Esto es la reforma laboral, esto es el incremento del salario mínimo, esto es el control de los horarios...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora LOIS GONZÁLEZ: Esto es, en definitiva, las políticas públicas de impacto positivo que vamos a votar hoy.
Termino aquí mi intervención diciendo alto y claro que este es un decreto que debería salir por unanimidad. Votar en contra implica negar un apoyo a las mujeres y hombres que más lo necesitan. Ningún partido político debería colocarse por
encima de este principio. Hay que dejar de pensar en cuestiones tacticistas y partidarias, y pensar en lo importante: en las políticas para mejorar la vida de la gente. Y de esto es de lo que estamos hablando hoy aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros en VOX no nos vamos a acostumbrar a esta nueva normalidad y menos a sus modos. Y lo estamos viendo hoy. Ustedes son los campeones de los decretazos y los campeones de mezclar cosas inconexas dentro de los decretazos. Señorías,
además, lo harán como siempre. Pondrán un título bonito y todo el que vote en contra habrá votado en contra de algo aparentemente bonito con un título bonito. Pero la realidad es muy diferente. Y la realidad es que ustedes, al final, están
renunciando a la soberanía que representamos. Están renunciando a que aquí se debe dar el debate que se merecen los españoles y no legislar a modo de decretazo en los despachos en los que ustedes se meten para negociar los síes y los noes.
(Aplausos). Es un chantaje y ustedes no hacen políticas sociales. No tienen legitimidad para decir que hacen políticas sociales; es más, la base de sus políticas es absolutamente antisocial, es una política contra la gente. Porque no olvidamos
lo que ustedes quieren normalizar. Nosotros no olvidamos que ustedes dan privilegios a políticos a cambio de favores para mantenerse en sus sillones. Y esto no es política para la gente. (Aplausos). Nosotros no olvidamos que ustedes pactan y
negocian condonar hasta 15 000 millones de euros de deuda a la mafia que tiene secuestrados a los catalanes, y lo hacen con el dinero de todos los españoles.
Señora ministra, le voy a dar un dato, señora Díaz. En España hay 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y ustedes utilizan sus recursos, utilizan su dinero para pactar condonaciones multimillonarias a una serie
de privilegiados. Señoría, 15 000 millones de euros es lo equivalente a cinco presupuestos del Ministerio de Sanidad. Los españoles, y sobre todo los españoles más vulnerables, no se merecen que ustedes negocien con sus recursos. En España hay
más de dos millones de personas en pobreza severa, el doble que en el año 2019 -insisto-, y ustedes se permiten el lujo de utilizar sus recursos, su patrimonio, para comprar favores a políticos corruptos a cambio de privilegios. (Aplausos). Y lo
que es más grave de todo -muchísimo más grave- es que ustedes negocian con el patrimonio y con la herencia colectiva de los españoles, con su soberanía, tanto en instancias internacionales como con las minorías separatistas. Y eso es lo más
antisocial que hacen, porque ustedes rompen lo común, rompen lo que es de todos.
Señorías, todos los días nos levantamos con titulares de a ver qué se han ofrecido entre ustedes en sus despachos cerrados para venir aquí a hacer su teatrillo. Porque la realidad, aunque este real decreto se llame de conciliación, es que a
ustedes no les importa la conciliación, nunca les ha importado. Los problemas que tiene la conciliación en nuestro país son estructurales. La conciliación no existe, es imposible. En nuestro país, siete de cada diez mujeres declaran querer tener
más hijos y no poder hacerlo porque no existen políticas de conciliación en nuestro país.
Señoría, ¿se acuerda de su primer real decreto del año pasado, el Real Decreto 1/2023, de hace exactamente un año, del 10 de enero del año pasado? Usted lo llamó de medidas urgentes en materia de incentivos de contratación laboral. ¿Se
acuerda qué hizo en ese Real Decreto 1/2023? Entre otras cosas, lo que usted hizo fue limitar la bonificación para sustituir a las mujeres que estaban en baja maternal en las empresas. Y encima se permitió el lujo de llamar al real decreto de
incentivos en la contratación
laboral, cuando lo que usted estaba provocando con ese real decreto era, precisamente, que se echara a las mujeres de nuestro país por estar embarazadas y por querer tener hijos. (Aplausos). Esa es la legitimidad que ustedes tienen para
hablar de políticas sociales.
Señora Díaz, usted y ustedes en conjunto son el mejor aliado de los poderes económicos y de los poderes financieros. Usted considera a las mujeres como un factor económico en lo laboral en nuestro país y su sistema, señora Díaz, es
profundamente individualista, porque el sistema feminista, en definitiva, es profundamente individualista. Nos bombardean con películas, con series, con anuncios, con tertulias donde se ensalza la vida individual, independiente, sin ataduras,
mientras se ridiculiza a todas aquellas ilusas que deciden formar una familia a pesar de todas sus trabas. Por eso, ustedes son el mejor aliado de esos poderes económicos que quieren a las mujeres sin hijos, sin ataduras y que puedan entregarse en
cuerpo y alma al trabajo, a las horas extra, a la productividad y a sus jefes. Y las mujeres, señoría, no son números. Las mujeres tenemos proyectos de vida, y las mujeres de este país quieren respeto y quieren bajas decentes. (Aplausos).
Quieren bajas decentes, no quieren parches, señora ministra; y quieren que el Gobierno se responsabilice con las empresas porque si no es imposible, porque las mujeres saben muy bien en sus carnes que esta conciliación que ustedes nos venden todos
los días que no existe. Pero no esperamos que lo cambien ustedes, que han demostrado que están dispuestos a mercadear con lo más importante que tienen los trabajadores de España, que es su patria.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenos días.
Terminamos un buen año en términos de empleo: récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social, con casi veinte millones de afiliados; los mejores datos de la historia en contratación indefinida, ya no es una rara avis que la mitad de
los menores de treinta años vayan con un contrato indefinido debajo del brazo; la creación de empleo supera a todos los países europeos: más empleo, más calidad, más jóvenes, más mujeres, más cualificados y con menor temporalidad. Pero es verdad
que no hay varitas mágicas. El mercado laboral español tiene todavía problemas estructurales tremendos y dramas personales y profesionales que hay que atajar, pero cuando las cosas se hacen bien, se dicen, y hay que reconocer que este Gobierno y
este ministerio están trabajando duro. Lo reconocen también las redes sociales, que el otro día cantaban que hasta el malvado (haciendo el signo de comillas con los dedos) Sánchez iba a poner a trabajar al señor Abascal, cosa harto difícil,
¿verdad? (Aplausos). Y seguimos hacia adelante, claro que sí, arreglando el estropeado ascensor social que nos dejó el Partido Popular y creando horizontes ciertos para crecer, pese al ruido catastrofista, triste y cenizo -tan PP y tan VOX- que
también hemos escuchado aquí esta mañana.
Los socialistas queremos y vamos a ser útiles en la vida cotidiana. Por eso, traemos aquí estos decretos. En este caso, un decreto con claro ADN socialista: proteger al más débil con la ampliación y mejora del subsidio por desempleo,
fortalecer a las clases medias y trabajadoras con nuevos avances para el cuidado de nuestros hijos e hijas y dar derechos y bienestar a la mayoría de la población. Y también está en su ADN, señorías del Partido Popular, estar siempre a la contra.
¿Los diputados que pretenden votar hoy no a ampliar el subsidio de desempleo son conscientes de que van a sustraer cerca de 900 euros al año a las personas que más dificultades tienen, que de poder cobrar 570 euros al mes van a recortarles hasta los
480? ¿Cómo van a explicar, cuando vuelvan hoy a sus provincias, que dejan sin subsidio a los trabajadores eventuales mientras siguen manteniendo el privilegio -este sí- del vicepresidente de VOX de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, que
cobra más de 80 000 euros sin una labor reconocida? (Aplausos). ¿Diputados y diputadas del Partido Popular, cuándo han dejado de sentir la calle, la empatía con todas esas personas, miles en nuestro país, que van a tener que quedarse un mes en
blanco, un mes sin cobrar, sin ingresos, solo porque a ustedes no les gusta Pedro Sánchez?
Pero es que, además, este debate nos permite explicar cuestiones que han podido despertar inquietud en personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años, porque algunos hablan de un posible recorte. Despreocúpense, no lo hay, no lo
hay. No lo hay, porque, más allá de los focos, hay verdades como puños: primera, que el subsidio para mayores de 52 años lo eliminó el Partido Popular en 2012; segunda, que lo recuperó el Gobierno de Pedro Sánchez, en sus primeras medidas, nada
más llegar; y tercera, que gracias a que el salario mínimo va a subir hasta un 50 %, con los socialistas en el Gobierno,
la base de cotización para la jubilación de los mayores de 52 se ha duplicado, y de ese modo no tendrán que recibir parches de sobrecotización para tener una pensión digna. De hecho, para que nadie pueda volver a tocar los derechos de los
mayores de 52 años hasta su jubilación, lo capital es que el salario mínimo interprofesional se garantice por ley, como quiere hacer este Gobierno en esta legislatura. (Aplausos). Por tanto, ningún grupo hoy puede fundamentar un voto en contra en
un recorte que no existe en este decreto. (Aplausos).
Además, hablamos también de derechos -como les decía- para las clases medias y trabajadoras de nuestro país. La sorpresa es que, para el señor Feijóo, que las mujeres podamos ejercer el derecho a la lactancia en el trabajo es salvar a Pedro
Sánchez. Pura obsesión. Nuestra obsesión, en cambio, es crear nuevos derechos para promover el mantenimiento de las carreras profesionales de las mujeres, la garantía de la corresponsabilidad y la igualdad. Está claro, señorías de la derecha de
este país, que vivimos en mundos diferentes. ¿En nuestro mundo qué hay? En nuestro mundo hay una ampliación de la baja por nacimiento a veinte semanas; en nuestro mundo se retribuirán los permisos de ocho semanas por cuidados ya en este año 2024,
reconociendo el derecho a cuidar de los hijos e hijas y que este sea remunerado; en nuestro mundo, hoy queremos aprobar la extensión del permiso de lactancia hasta veintiocho días como derecho. Y les recuerdo a todos los que hoy no quieren apoyar
esta norma que la conciliación es un derecho, no un favor; además, no es un capricho, es cumplir con la legislación europea. Por cierto, hay diez millones de mujeres cotizando a la Seguridad Social, más que nunca. Esto sí que es agenda feminista.
(Aplausos).
Permítanme compartirles una reflexión: hacer política para que las madres trabajadoras puedan conciliar es un orgullo. Lo es también mejorar la vida de los que tienen más miedos e incertidumbres para poder acabar el mes y mantener a sus
familias. Y es un orgullo también hacer política con respeto y educación, respeto y educación que han demostrado todos los cargos socialistas, trabajadores de nuestras sedes, militantes y simpatizantes durante estas semanas de asedio, de acoso, de
odio desesperado de las derechas de este país. (Aplausos). Sus mentiras no ayudan a llegar a fin de mes, sus memes y sus vídeos incendiarios no crean puestos de trabajo. Inocular malestar y agravio no atrae inversiones. Señorías, la alegría es
un arma superior al odio; las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Lo decía la señora Grandes. Aplíquense el cuento.
Para terminar, quiero decir que decir que no a mejorar la vida de españoles y españolas es el mayor indicativo de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene alternativa. Antes, en la política de antes, un partido prometía llegar hasta los
veinte millones de trabajadores y el otro decía: pues yo más, yo hasta los veintiuno. Cosa cierta, recuerdo que Rajoy lo soñaba, pero es Pedro Sánchez el que lo ha conseguido. (Aplausos). Pero ahora no, la política ha cambiado. Ahora, esta
oposición que sufrimos los españoles y las españolas está en desprestigiar lo que otros hacen. No hay nuevas propuestas. Ni una, no. Solo buscan agraviar, cabrear al personal y, si hay que mentirles, se les miente. Si hay que dejar hoy a miles
de pensionistas sin subirles la pensión, ahí está el Partido Popular para decir que no. Si hay que dejar a más de setecientos mil trabajadores españoles sin subsidio, ahí está el Partido Popular para decir que no, para hacer la vida más difícil a
pensionistas, a trabajadores, a mujeres, a jóvenes, a familias y a empresarios. Así que ahí estamos nosotros, al otro lado. El Partido Socialista Obrero Español seguirá dando estabilidad en el trabajo para que los españoles y españolas puedan
seguir viviendo con tranquilidad, sin miedo y sin ansiedad en el mercado laboral de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Garrido Valenzuela.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.
Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, fijar posición en torno al Real Decreto ley 7/2023, que completa la trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 19, relativa a la conciliación
de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores, abordando una modificación del permiso por el cuidado del lactante. Para ello, se modifica el artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
eliminando restricciones anteriores y convirtiendo todas las posibilidades de disfrute en un derecho para todas las personas trabajadoras. Y para hacerlo, se hace uso del real decreto para legislar, fórmula utilizada por el actual Gobierno de forma
abusiva.
Pedro Sánchez es el presidente que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas sin el debate previo en las Cortes, un uso abusivo del decreto ley que no puede convertirse en un modo ordinario de legislar. Además,
utiliza el decreto ley para modificar decenas de leyes de cualquier tipo y condición, entre otras cosas para satisfacer las peticiones de sus socios de investidura, como es el caso. En la legislatura anterior, utilizó esta técnica legislativa
espuria nada más y nada menos que para aprobar 142 reales decretos, de los cuales solo se tramitaron veinte como leyes. Y entre los casos más llamativos de uso indebido del decreto ley, se encuentra el de su utilización habitual para la
trasposición de directivas de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, como es tan habitual, en este real decreto viene a hacer lo mismo, haciendo uso de una extensísima exposición de motivos -más de trece páginas-, en la que se
justifican las causas que explican la acumulación de los retrasos en la trasposición de esta y de todas las directivas europeas. Excusas que no pueden servir para justificar tanta negligencia en el respeto de los plazos dados, que normalmente son
muy amplios, como es el caso de esta directiva, que en su artículo 20 daba tres años para hacerlo.
Y se mencionan diferentes sentencias en esta exposición de motivos. Me voy a detener, si me lo permiten, en una sentencia del Tribunal Constitucional, la 1/2012, la cual señala que se puede recurrir al procedimiento del real decreto de
trasposición de directivas cuando existe un patente retraso en la trasposición -así figura en la exposición de motivos- y un procedimiento de incumplimiento contra nuestro país como consecuencia de aquel. Lo que se obvia aquí es que la propia
sentencia 1/2012 puntualizaba lo siguiente: a propósito de una utilización indebida del derecho de enmienda en el procedimiento legislativo -y cito textualmente-, desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no
deja de ser una lesión constitucional, por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. (Aplausos). Una buena política legislativa -continúa esta sentencia- puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible, debe asumir el coste
democrático que pueda tener, pero no forzar la Constitución.
Este real decreto continúa, a partir de la trasposición de la directiva europea, con la reforma de los subsidios por desempleo y reduce las prestaciones para los desempleados de ocho a tres tipos a partir de junio de 2004. Con esta
simplificación de catálogo, solo habrá dos modalidades con tres tipos de subsidio. Una, ordinaria, para el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva y otra, el subsidio por cotizaciones insuficientes. La segunda modalidad está
representada por el subsidio para mayores de 52 años. No hay mejor política social -así lo opinamos en el Grupo Parlamentario Popular- que el empleo. Y en este decreto ley observamos, igual que en la intervención que ha hecho la ministra, que son
el ejemplo claro de que se potencia el subsidio en lugar de la política de formación y del empleo.
Este real decreto ley modifica también el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que los convenios sectoriales autonómicos tendrán prevalencia sobre los de ámbito nacional, siempre que se aprueben por la patronal y los
sindicatos más representativos. Este fue un motivo por el que el PNV votó en contra cuando se convalidó el Real Decreto 32/2021, en el Pleno de febrero. Y, señora ministra, si escuchara usted de nuevo, como he hecho yo, su intervención de ese día,
se avergonzaría de que hoy se modifique (aplausos) este artículo de forma literal a lo solicitado entonces por el PNV y ahora exigido por el mismo partido, una petición que en su día usted argumentó que no podía concederse. Me pregunto qué ha
cambiado desde entonces y la respuesta, como ha dicho la portavoz del PNV, la encontramos en el punto 4.2 del acuerdo PSOE-PNV para la investidura de Pedro Sánchez. Y lo han hecho ustedes a tiempo, porque les habían dado un plazo de seis meses.
Como también le dieron un plazo de seis meses a la modificación de la ley de bases de régimen local a la que se refirió el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el anterior decreto, bajando el número de habitantes necesarios para
poder acceder a la segregación. Y también les han dado un plazo de seis meses para que impulsen que la persona titular del Departamento de Seguridad pública del Gobierno vasco participe en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (aplausos),
que es, señores diputados -me imagino que lo saben-, el que está formado por ministros de Justicia y de Interior de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y aquí nuestra duda es: ¿ya la han impulsado, señores del Gobierno, en el que tuvo
lugar el 4 de diciembre? ¿La van a impulsar en el del 24 de enero? ¿Quizá en el del 4 de marzo? Porque para el de junio ya están fuera de los seis meses de plazo que les han dado.
Señora ministra, ha terminado su intervención con un mensaje para nuestro portavoz de la comarca de Ferrolterra. Quiero decirle que la comarca de Ferrolterra está formada por personas inteligentes y están orgullosas de tener un vecino que
pertenezca al Grupo Parlamentario Popular, porque cumplimos
nuestra obligación política, ética e institucional, denunciamos este mercadeo en cada ataque a nuestro Estado de derecho y ofrecemos alternativa a cada uno de los desmanes del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Tal y como decía ayer nuestro presidente, defenderemos España incluso ante el propio Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señoría.
- REAL DECRETO-LEY 8/2023, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DERIVADAS DE LOS CONFLICTOS EN UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO, ASÍ COMO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA.
(Número de expediente 130/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a la convalidación o derogación del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de
los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Buenos días de nuevo, señorías.
Intervengo ahora en esta Cámara para solicitar formalmente la convalidación del Real Decreto Ley 8/2023, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania, y ahora
también en Oriente Próximo, y para paliar los efectos de la sequía. Como se pueden imaginar, es una norma absolutamente necesaria que establecemos y promulgamos porque sigue siendo necesario que protejamos a las familias y a los ciudadanos de
nuestro país. Es el octavo paquete de medidas que traemos como Gobierno para hacer frente a los efectos sociales y económicos que está generando la crisis de Ucrania y ahora también el conflicto en Gaza, con la posibilidad -lamentable posibilidad-
de que las tensiones geopolíticas y estos conflictos se puedan cronificar.
Un Gobierno no se caracteriza por las crisis a las que se enfrenta, porque no puede elegirlas, pero sí se caracteriza por cómo elige afrontar las crisis que aborda. Lo vimos hace casi una década, cuando en aquel momento gobiernos
conservadores acudían a los recortes y acudían a intentar debilitar el Estado del bienestar para salir de las crisis. Ahora estamos demostrando que hay un modelo diferente y que hay un camino diferente, que es el que desde el Gobierno estamos
implementando: crecimiento económico sostenido, mantener y aumentar el empleo, que sea con mayores derechos, con mayor dignidad y, en definitiva, ampliar el Estado del bienestar. Por tanto, no solo estamos sometiendo a convalidación de esta Cámara
un real decreto ley, sino que estamos sometiendo a esta Cámara también una política que hace posible y compatible un crecimiento económico con empleo, con bienestar y con refuerzo de nuestra calidad de vida.
La economía española, señorías, ha resistido y no es casualidad ni es magia, es fruto del trabajo de un Gobierno que, de la mano de la Comisión Europea, adopta medidas para que nuestra economía siga creciendo. Los datos avalan nuestra
gestión y, por el contrario, los datos contradicen algunas afirmaciones que se han hecho. Ustedes recordarán algunas afirmaciones de personas que intentaban crear alarma y de pesimistas que decían que España entraría en recesión económica y que
habría una crisis profundísima en la economía española; igualmente, los datos han contradicho de manera absoluta esas afirmaciones que se hacían desde alguna bancada.
En el año 2023 hemos crecido el doble de lo previsto, un 2,5 %, cuatro veces más que la media de la Unión Europea; cuatro veces más crece España económicamente que la media de la eurozona. Hemos reducido también la deuda sobre el producto
interior bruto en un 10 % en solo año y medio y hemos cerrado el año -escúchenlo bien- con una caída del paro del 4,6 % respecto al año 2022, con más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, con 536 000 empleos nuevos en el último año y
con 3,1 millones de contratos indefinidos, más que antes de la reforma laboral. Esto no es casualidad, son políticas que aciertan y políticas exitosas y es el trabajo de este Gobierno y también de esta Cámara convalidando
decretos como el de hoy. (Aplausos). Por tanto, empezamos el año como terminamos el anterior, trabajando para mejorar y trabajando para seguir avanzando.
Este paquete que traemos, y sometemos a su convalidación, supone la movilización de 3800 millones de euros adicionales entre reducciones de impuestos, ayudas directas y bonificaciones. Hemos movilizado ya, con motivo del conflicto en
Ucrania, un total de 47 000 millones de euros. En este decreto ley, además de esas medidas, también se abordan otras situaciones que justifican -otra vez sobradamente- la convalidación de este decreto. En concreto, aprobamos disposiciones para
revalorizar las pensiones contributivas y las no contributivas en 2024, apoyamos a los trabajadores, a las familias y a las empresas de la isla de La Palma que siguen sufriendo las consecuencias del volcán y también continuamos adoptando medidas
para hacer frente a la sequía y a la escasez de recursos hídricos, teniendo en cuenta la grave situación en esta materia con la que cerramos 2023. Es decir, protegemos a quien lo necesita por el tiempo que lo necesita y con las medidas que hagan
falta.
Paso ahora a explicarles de manera muy breve el contenido del decreto ley. Extendemos la mayoría de las medidas adoptadas en 2022 y 2023 para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. Son medidas que se agrupan en cinco grandes bloques:
el fiscal y económico es el primero, el energético y medioambiental es el segundo, el transporte es el tercero, la protección a consumidores y empresas es el cuarto y el empleo y la vivienda el quinto.
Primer bloque, medidas en materia fiscal y económica. En materia fiscal, mantenemos de manera indefinida los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y de las empresas energéticas, así como a las grandes fortunas. Se ha
cumplido con eficacia el mandato que consagra la Constitución, que no es otro que un sistema fiscal progresivo, justo y redistributivo donde quien más aporta es quien más tiene. Para garantizar el control de los precios en productos básicos y que
los precios no aumenten, ampliamos hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA al 5 % en alimentos básicos como la pasta y al 0 % en los de primera necesidad como el pan, los huevos, la fruta y la verdura. Esto va a suponer, según cálculos de
nuestro Gobierno, un ahorro de 1320 millones de euros para las familias y para los hogares de nuestro país. Y también, para controlar el precio de la factura de la luz, prorrogamos la bajada de impuestos del año pasado con nuevos porcentajes para
seguir protegiendo a los colectivos más vulnerables y sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas ni el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda.
En materia económica, prorrogamos hasta el 31 de diciembre la suspensión de las comisiones o compensaciones por amortización anticipada de los préstamos hipotecarios. Como novedad, este real decreto ley incluye que los proveedores de
servicios de pago no podrán cobrar comisiones por la prestación del servicio de retirada de dinero efectivo en ventanilla a colectivos vulnerables. Es decir, básicamente no se pueden cobrar comisiones en las entidades bancarias a las personas
mayores de sesenta y cinco años por retirar efectivo. Esto también se convalida hoy en este real decreto ley. (Aplausos). Y creamos un fondo de coinversión, dotado inicialmente con 2000 millones de euros, para atraer inversiones extranjeras que
contribuyan al fortalecimiento de nuestra economía.
El segundo bloque contiene medidas en materia energética, medioambiental y de hidrocarburos. Hay cuatro nuevas medidas: ampliamos los plazos para obtener autorización para determinadas instalaciones alineadas con la transición ecológica;
fomentamos el autoconsumo mediante la liberación de la capacidad de la red de transporte; contribuimos al cierre ordenado del parque nuclear y de las instalaciones de carbón y, por último, evitamos prácticas fraudulentas que hemos detectado en el
sector de los hidrocarburos líquidos que afectan tanto a la competencia en el sector como también al consumidor final en el precio de las facturas que paga.
El tercer bloque contiene medidas en materia de transporte. Prorrogamos hasta el 31 de diciembre las medidas ya adoptadas, los descuentos del 50 % en abonos nominativos de transporte colectivo urbano e interurbano y servicios ferroviarios
Avant, los descuentos del cien por cien para Canarias y para Baleares, así como para usuarios recurrentes de Rodalies, de Cercanías, de Media Distancia y de ciertas líneas de Avant y, por último, la subvención extraordinaria y temporal de las
tarifas y peajes en las autopistas de titularidad estatal.
El cuarto bloque contiene medidas para proteger a consumidores y empresas. Prorrogamos hasta el 30 de junio la flexibilización de los contratos de suministro de energía y gas natural; reducimos al 80 % los peajes eléctricos para la
industria electrointensiva, con lo que esto supone también de mantenimiento del empleo en el sector -nos lo pide el sector electrointensivo-; mantenemos los
descuentos del bono social de electricidad y su aplicación a los hogares con bajos ingresos y, por último, garantizamos el suministro de agua y de energía a consumidores vulnerables.
El quinto bloque contiene medidas en materia de empleo y de vivienda. En materia de empleo, prorrogamos hasta el 30 de junio la prohibición de que las empresas beneficiarias de ayudas directas puedan justificar despidos objetivos basados en
el aumento de los costes energéticos y prorrogamos el actual importe del salario mínimo interprofesional hasta que terminemos de acordar con los agentes sociales un nuevo acuerdo en esta materia. En materia de vivienda, hasta el 30 de diciembre se
prorroga la suspensión de los procedimientos de desahucio para familias y hogares vulnerables sin alternativa habitacional y creamos una nueva línea de avales con 4000 millones de euros de dotación, que se puede complementar con 2000 más para
incrementar el parque de vivienda social.
Básicamente, de manera muy rápida, muy sucinta y muy breve les he resumido todo lo que he podido el real decreto ley que contiene estas medidas fundamentales. Además, quiero también hacer referencia a cuestiones que incluye el real decreto
y que, como van ustedes a comprobar inmediatamente, son muy importantes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Siguiendo la línea de ejercicios anteriores con este Gobierno, revalorizamos las pensiones contributivas y su cuantía mínima al
3,8 % y actualizamos las pensiones no contributivas como la invalidez, la jubilación y la orfandad causada por violencia contra la mujer. Por eso la convalidación de este real decreto ley supone subir las pensiones un 3,8 % y no convalidar este
real decreto-ley supone bajar un 3,8 % las pensiones. (Aplausos). Así de simple. Prorrogamos también, como les decía, las medidas de apoyo a ciudadanos, autónomos y familias en la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán. Aprobamos
nuevas medidas urgentes específicas para hacer frente a la sequía, en concreto la autorización a la Comisión Permanente de la Sequía para proponer la modificación temporal de las condiciones de uso del dominio público hidráulico y la simplificación
de trámites para la modificación de las condiciones de la utilización de ese dominio y reforzamos el régimen sancionador para infracciones que estamos detectando y que están siendo cometidas en relación con estas medidas extraordinarias. Por
último, también importante, cedemos la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas de régimen común que consideren que es positivo para sus autonomías.
Por ello, señorías, señoras y señores diputados, si nuestra economía ha resistido, a la vista está con los datos comparativos que tenemos con el resto de Europa, ha sido gracias al esfuerzo de nuestra sociedad y gracias también a las
políticas públicas que hemos puesto en marcha desde este Congreso. Sean conscientes, señorías, de lo que implica su voto en la convalidación de este decreto ley. Su voto tiene consecuencias importantes en la convalidación de este decreto ley.
Votar sí es votar que las pensiones suban casi un 4 % y votar no es volver a la bajada de las pensiones. Votar sí es hacer más barata la factura de la luz y la cesta de la compra y votar no es hacerlas más caras y que en algunas casas en nuestro
país tengan que mirar la cartera para ver si pueden llenar el frigorífico. (Aplausos). Votar sí a este real decreto ley es seguir disfrutando de transporte público gratuito o bonificado y de abonos urbanos e interurbanos para usuarios frecuentes
que lo disfruten y votar no es subir mañana el precio del transporte público en nuestro país. En definitiva, votar sí es ayudar a nuestros conciudadanos, votar sí es apostar por el bienestar, votar sí es hacer el bien a las personas que nos
votaron, y votar no es optar por el regreso a los recortes sociales que protagonizaron otra época, pero no la nuestra, no con nuestro Gobierno. Por eso España ha demostrado que la protección social y la ampliación de derechos no solo reducen la
desigualdad, que ya solo por eso merecería la pena, sino que son el mejor antídoto contra el populismo, el autoritarismo y todas esas políticas que pretenden, con soluciones simples, abordar problemas complejos, cuando lo que hacen es agravarlos.
Por eso, señorías, les pido que apostemos por esta manera de hacer política, que apostemos por políticas públicas, que apostemos por reforzar el Estado del bienestar y que, con nuestro voto hoy, aumentemos las pensiones, protejamos a las empresas y
a las familias, garanticemos un transporte público gratuito y bonificado y garanticemos, en definitiva, que nuestro país sea un país mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Empezamos el turno de fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de tres minutos y medio.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Neste Real decreto son prorrogadas a maior parte das medidas adoptadas para paliar os efectos da crise: a inflación nas economías domésticas.
Así, por exemplo, queremos destacar positivamente a prórroga durante o primeiro semestre de 2024 da aplicación do tipo de 0 % do IVE nos produtos básicos de alimentación e do 5 % nos aceites e pastas. Porén, o Goberno séguese a negar a
aplicar, nin sequera temporalmente, tamén ese IVE de 0 % ao peixe e aos produtos do mar, medida que seguiremos a reclamar, ao igual que o fai o conxunto do sector pesqueiro como favorecedor do incremento do consumo necesario para unha dieta saudábel
e tamén para favorecer a dinamización do conxunto do sector mar e industria, moi importante no conxunto do Estado español, especialmente no noso país, na Galiza.
Tamén se mantén unha rebaixa do IVE aplicábel á factura do gas, mais neste caso subindo a 10 %. Non concordamos coa análise que fai o Real decreto, que considera que a mellora da economía permite subir os recibos e, moito menos, sen ter
abordado unha reforma estrutural do sistema eléctrico, introducindo un tope, medida que sempre reclamou o Bloque Nacionalista Galego dos prezos ao consumo final, eliminando o mercado maximalista ou establecendo unha tarifa eléctrica galega,
favorecendo a creación de empresas públicas de enerxía e asegurando a retirada dos cargos e peaxes que non teñen unha relación directa coa produción ou a distribución da enerxía eléctrica da factura da luz.
O BNG continuará a reclamar todas estas cuestións. En todo caso, valoramos como adecuado o mantemento das accións protectoras dos consumidores máis vulnerábeis como os descontos do bono social eléctrico, a garantía de subministración de
auga e enerxía, así como a limitación do prezo máximo para as botellas de butano e propano. En relación co fechamento da instalación da enerxía térmica de carbón que, segundo se establece na disposición adicional 22.ª da Lei do sector eléctrico,
Ministerio para a Transición Ecolóxica, poderá regular procedementos para a concesión da capacidade de acceso de evacuación dos nós das redes afectadas por estes pechamentos que foron determinados no listado de nós de transición xusta, fálase de
flexibilizar e axilizar ese procedemento, para o que se habilita o Consello de Ministros a modificar esa listaxe.
Queremos recordar a situación do nó da evacuación das Pontes, que tiña recoñecidos 1400 megavatios de capacidade, mentres a central estaba en funcionamento, e que de repente desapareceron: pasaron de 1400 a 0, o que impide a posibilidade
dun concurso de transición xusta que aseguraría a instalación de novos proxectos empresariais e industriais alternativos e a creación de novos postos de traballo.
Sorprendentemente, o Goberno do PSOE castiga un concello como o das Pontes, gobernado polo secretario xeral do PSOE na Galiza, Valentín Formoso, e deixa ao pé dos cabalos o seu candidato á presidencia da Xunta, o señor Gómez Besteiro, pero
ao que BNG realmente lle preocupa é que deixa tamén desamparada toda unha comarca e a súa xente, que ve no ar o futuro, o seu futuro económico, o seu futuro de emprego, como é a comarca das Pontes. Rectifiquen porque están aínda a tempo de facelo.
Tamén consideramos relevante -e vou finalizando- o mantemento das axudas ao transporte para facilitar a mobilidade diaria, especialmente no caso dos descontos para usuarios recorrentes en servizo de media distancia e Avant, que quedan
prorrogados para todo o ano 2024, tal e como está recollido, por certo, no acordo de investidura subscrito co Bloque Nacionalista Galego.
E, por último, consideramos necesaria e imprescindíbel a revalorización das pensións, pero recordamos a necesidade de avanzar na suba das pensións mínimas até equiparalas co salario mínimo, que debe tamén equipararse a 60 % do salario medio
calculado segundo os criterios de interpretación fixados polo Comité Europeo de Dereitos Sociais, para así dar cumprimento á Carta Social Europea.
Esperamos a tramitación cun proxecto de lei para poder introducir mudanzas e, con esa marxe, votaremos a favor. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
En este real decreto se prorroga la mayor parte de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis o de la inflación en las economías domésticas. Queremos destacar positivamente la prórroga durante el primer semestre de 2024 de
la aplicación del tipo del 0 % del IVA en los productos básicos de alimentación y del 5 % en los aceites y pastas. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a aplicar, ni siquiera temporalmente, ese IVA del 0 % también al pescado y a los productos
del mar, medida que seguiremos reclamando, al igual que hace el conjunto del sector pesquero gallego, como favorecedora del incremento del consumo necesario para una dieta saludable, y favorecer la dinamización del conjunto del sector mar-industria,
muy importante en el conjunto del Estado español y especialmente en nuestro país, en Galicia. También se mantiene una rebaja del IVA aplicable a la factura de luz y gas, en este caso subiendo al 10 %. No coincidimos en el análisis que hace el real
decreto, que considera que la mejora de la economía permite subir los recibos, y mucho menos sin haber abordado una reforma estructural del
sistema eléctrico, introduciendo un tope, medida que siempre reclamó el Bloque Nacionalista Gallego, a los precios del consumo final, eliminando el mercado más finalista, estableciendo una tarifa eléctrica gallega, favoreciendo la creación
de empresas públicas de energía o asegurando la retirada de los cargos y peajes, que no tiene una relación directa con la producción o la distribución de energía eléctrica de la factura de la luz. El BNG continuará reclamando todas estas
cuestiones.
En todo caso, valoramos como adecuado el mantenimiento de las acciones protectoras de los consumidores vulnerables como los descuentos del bono social eléctrico o la garantía del suministro de agua, así como la limitación del precio máximo
para las botellas de butano y propano. En relación con el cierre de instalaciones de energía térmica de carbón, que, según se establece en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley del Sector Eléctrico del Ministerio para la Transición
Ecológica, podrá regular procedimientos para la concesión de capacidad de acceso, de evacuación de los nudos de las redes afectadas por estos cierres, que fueron determinados en el listado de nudos de transición justa, se habla de flexibilizar y
agilizar ese procedimiento para lo que se habilita al Consejo de Ministros para modificar esa lista. Queremos recordar la situación del nudo de evacuación de As Pontes, que tenía reconocidos 1400 megavatios de capacidad mientras la central estaba
en funcionamiento y que de repente desaparecieron, pasaron de 1400 a cero, lo que impide la posibilidad de un concurso de transición justa que aseguraría la instalación de nuevos proyectos empresariales e industriales alternativos y la creación de
nuevos puestos de trabajo. Sorprendentemente, el Gobierno del PSOE castiga a un ayuntamiento como el de As Pontes, gobernado por el secretario general del PSOE en Galicia, Valentín Formoso, y deja a los pies de los caballos a su candidato a la
Xunta, el señor Gómez Besteiro. Pero lo que preocupa realmente al BNG es que también deja desamparada a toda una comarca y a su gente, que ve en el aire su futuro económico de empleo, como la comarca de As Pontes. Rectifiquen, porque todavía está
a tiempo de hacerlo.
También consideramos relevante -y voy finalizando- el mantenimiento de las ayudas al transporte para facilitar la movilidad viaria, especialmente en el caso de descuentos para usuarios recurrentes en servicios de media distancia y Avant, que
quedan prorrogados para todo 2024, tal y como está recogido, por cierto, en el acuerdo de investidura suscrito con el BNG.
Por último, consideramos necesaria e imprescindible la revalorización de las pensiones, pero también recordamos la necesidad de avanzar en la subida de estas para que se equiparen al 60 % del salario medio, según los criterios de
interpretación fijados por el Comité Europeo de Derechos Sociales, para así dar cumplimiento a lo recogido en la Carta Social Europea.
Esperamos la tramitación como proyecto de ley para poder introducir modificaciones. Con ese margen, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Verstrynge Revuelta, por un tiempo de tres minutos y medio.
La señora VERSTRYNGE REVUELTA: Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas.
Creo que para empezar conviene tener claro que lo que debatimos hoy sobre el escudo social son medidas que ya ha quedado demostrado que funcionan para garantizar los derechos de la gente en nuestro país. Funciona el tope al gas para bajar
la factura de la luz, y por ello muchas casas han podido llegar a final de mes; funciona el tope del 2 % a los alquileres, y gracias a ello mucha gente ha podido hacer frente a los pagos del alquiler y también funciona la gratuidad del transporte
público, y por eso ha supuesto un empujón para la movilidad sostenible en nuestro país. Nos costó mucho arrancar estas medidas al Partido Socialista cuando estábamos en el Gobierno. Tuvimos que sortear muchas, muchísimas excusas, muchos
'técnicamente no es posible', 'Europa diría que es problemático' o 'bastantes avances plantea ya el texto, no querrán ustedes plantear algo que vaya demasiado lejos', pero hoy la realidad es que ya no valen las excusas. Sabemos que el escudo social
funciona para proteger a la gente y también para dinamizar la economía. La cuestión, señorías, es que, si algo funciona, creo -digo yo- que la cuestión debería ser no solamente mantenerlo, sino también y, sobre todo, mejorarlo.
Ministro Bolaños, le pedimos también en Podemos que se ciña a la verdad. Mañana mismo podrían ustedes, en caso de urgencia, convocar un Consejo de Ministros extraordinario, solucionarlo, hacer su trabajo e incluso armar una mayoría.
Señorías del Gobierno, traen ustedes aquí la octava prórroga del escudo social. ¿De verdad tiene que seguir la gente pendiente de que renovemos este real decreto ley para saber si le van a subir el alquiler o
no, para saber si le van a subir el precio del abono transporte o para saber si le van a subir el precio, por ejemplo, de la factura de la luz? Podemos lleva tiempo insistiendo en que todas y cada una de estas medidas que incorpora este
real decreto ley deberían aprobarse de manera definitiva, con carácter permanente y estructural. Son muchas las familias que viven con la inquietud y la incertidumbre de que estas medidas decaigan cada vez que se votan aquí, en este Parlamento, en
este Senado. Nos hubiese gustado, señorías del Gobierno, que el objetivo hoy no fuese desmantelar poco a poco este escudo social, sino que fuese para ir a más y, sobre todo, para asegurar que se quedase.
Creo que todos los presentes sabemos que este real decreto ley no se hace cargo de las necesidades totales de la gente de nuestro país, y es triste ver la falta de ambición. Claro que creemos que necesitamos mantener el escudo social, pero
un escudo social que esté reforzado y, desgraciadamente, lo que traen ustedes aquí hoy es un escudo social que está recortado. De lo que deberíamos estar hablando es de cómo ensancharlo, precisamente. Y, por si a alguien se le olvida, señorías, la
situación de la vivienda en nuestro país sigue siendo insostenible, lo saben ustedes y lo sabe el conjunto de la ciudadanía. Cada vez son más las familias que tienen problemas para afrontar los gastos derivados de la vivienda y los precios de los
alquileres siguen subiendo tanto que han subido un 70 % en los últimos diez años. Y son también muchas las familias que han modificado los hábitos alimentarios por el incremento de los precios. No podemos consentir que las familias coman menos
fruta o consuman peores aceites porque no tienen el dinero suficiente para poder comprar productos de mejor calidad y que, mientras tanto, los beneficios de las grandes multinacionales no dejan de crecer y crecer.
Les pedimos que modifiquen este real decreto, que refuercen el escudo social, que establezcan un tope del 2 % a las subidas del alquiler o que congelen los alquileres, porque la situación es de total emergencia ya. Les pedimos también que
establezcan un tope de beneficios máximo del 2 % de los alimentos a las grandes superficies, porque son medidas, señorías, que funcionan.
Señorías del Gobierno, arranca su legislatura y tienen ustedes que elegir entre proteger a los especuladores o proteger a los inquilinos, proteger a las eléctricas o proteger a los consumidores y proteger a los bancos o proteger a las
familias españolas. La clave es que este Gobierno decida en favor de qué y de quiénes quiere que funcionen sus políticas.
Señorías, si se trata de proteger a la gente, ampliar el escudo social siempre ha funcionado y lo que siempre ha fallado son los recortes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Verstrynge.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo de siete minutos.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Gaur Gobernuak neurri sorta bat ekarri digu, heterogeneoak euren artean, batzuk Ukrainaren krisiaren ondoriozkoak eta beste batzuk zerikusirik ez dutenak. Inozoa ez den gaien nahasketa bat. Honen helburua, alde batetik, dekretu hau ez
balioztatzea zailtzea da eta, bestetik, talde parlamentarioak denaren edo ezerezaren dilemaren pean kokatu behar izatea. Gehiengo osoa izango bazenute bezala jokatzen duzue. Neurri horiek onartzeko edo ez onartzeko erantzukizuna legebiltzar
taldeei helarazi saiatuz. Zuek zerikusirik ez bazenute bezala. Eta, hala ere, zerikusia handia duzue, Gobernuari baitagokio beharrezko botoak lortzea proposatzen dituen neurriak aurrera ateratzeko.
El Gobierno nos ha traído un paquete de medidas heterogéneas por su diversidad, unas sobre las consecuencias derivadas de la crisis de Ucrania y otras sobre otros temas que no tienen nada que ver; una mezcla de asuntos que no es en absoluto
inocente.
El objetivo, por una parte, es dificultar la no convalidación de este decreto y, por otra, someter a los grupos parlamentarios al dilema del todo o nada. Actúan ustedes como si tuvieran mayoría absoluta, intentando lanzar la responsabilidad
de la aprobación o no aprobación de estas medidas a los grupos parlamentarios, como si ustedes no tuvieran nada que ver y, sin embargo, tienen mucho que ver, porque es al Gobierno a quien corresponde obtener los votos necesarios para llevar adelante
las medidas que propone.
Estamos en un contexto de incertidumbre que nada tiene que ver con los años pasados. La inflación se está moderando -también la subyacente-, la economía está creciendo y el euríbor tiende a la baja.
Es un escenario más positivo, aunque aún de incertidumbre, en el que entendemos que hay que seguir apostando por medidas extraordinarias, pero en el que ya no vale el café para todas, sin distinguir a quienes más lo necesitan de quienes no,
porque entran en juego las reglas fiscales que van a obligar a algún tipo de ajuste, ya que España tiene un déficit superior al marcado por la Unión Europea. Sin embargo, siguen con medidas generalistas, con rebajas lineales de efectos imperfectos
desde el punto de vista redistributivo, cuya retirada es difícil de gestionar una vez que la sociedad las ha hecho suyas, que tienden a convertirse en estructurales y que siguen suponiendo un importante coste fiscal.
Creemos que es el momento de medidas más progresivas, porque el IVA no lo es, y podrían haber planteado transferencias o ayudas directas y accesibles para los hogares -eso sí, más expuestos- o medidas focalizadas y, por tanto, con mayor
ambición redistributiva.
Dekretu horretan hainbat arlotako neurrien luzapenak jasotzen dira. Eta legebiltzar talde bakoitza beharrezko hobekuntza sartzen saiatu da, Gobernuak emandako epe labur horretan. Hau esanda, eusko taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, dekretu
honetan Espainiako Gobernuarekin adostu dituen neurriak aipatuko ditut. Errelebo kontratuaren luzapena, bankuen eta enpresa energetikoen gaineko zergak ituntzea eta trantsizio ekologikoan inbertsio estrategikoan hobariak(?). Ez dakigu neurri hauek
bihar indarrean jarraituko duten. Baina ziur gaude Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak legediaren parte izango direla ahalik eta azkarren.
En este decreto se recogen las prórrogas de las medidas de distintas áreas y cada grupo parlamentario debe intentar introducir sus mejoras en el plazo exprés concedido por el Gobierno.
Dicho esto, paso a mencionar las medidas acordadas por el Grupo Nacionalista Vasco con el Gobierno de España en este decreto: prórroga de los contratos de relevo, prestaciones al sector energético y a los bancos, convenio con los Gobiernos
autonómicos y navarro, bonificaciones de las inversiones estratégicas y transición ecológica. No sabemos si estas medidas se van a poner en marcha mañana, pero estamos seguros de que, con el acuerdo logrado con el Gobierno de España, formarán parte
de esta legislatura.
Prórroga del contrato de relevo para el sector de la industria, lo que va a seguir permitiendo el rejuvenecimiento de las plantillas en el sector industrial a la vez que se asegura el relevo generacional, y facilitar la formación en un
sector que está en profunda transformación de sus procesos productivos.
En cuanto a la concertación de gravámenes, me cuesta creer que ninguna de sus señorías, representantes de los territorios forales, no haya puesto encima de la mesa esta medida cuando el concierto económico y el convenio -y, por tanto, la
gestión y recaudación de impuestos- son pilares básicos de nuestro autogobierno. No entiendo que partidos que aspiran a gobernar en Euskadi estén dispuestos a renunciar a esta fuente de ingresos y a negociar la concertación de los impuestos
basándose en la justicia fiscal para luego no poder recaudarlos ni gestionarlos y no poder utilizarlos precisamente para redistribuir esa justicia fiscal que dicen defender. Y me explico: por mucho que algunos vendieran en su día la concertación
de estos gravámenes, lo cierto es que no ha habido tal concertación porque no son impuestos, sino prestaciones patrimoniales que no se pueden concertar porque ni el concierto ni el convenio lo permiten. En definitiva, son prestaciones que ni se
pueden recaudar ni gestionar, y para no perder esa recaudación se tuvo que negociar en la comisión mixta y en la comisión negociadora una determinada compensación económica sujeta, eso sí, a la voluntad de las partes. Es una voluntad que hoy ha
sido posible con este Gobierno, pero si esta anomalía no se solventa y cambia el Gobierno, este no tendría deber ni obligación alguna de acordar ninguna cantidad porque no son impuestos y, por tanto, podríamos perder esa recaudación, una recaudación
que supone disponer en Euskadi de más y mejores servicios públicos y de las prestaciones sociales más avanzadas, que fueron desarrolladas a finales de los años ochenta y que han desplegado, entre otras, la RGI o las ayudas a la emergencia social y
que permiten, precisamente, el pago de alquiler, de hipotecas o de IBI a muchos hogares. Y esto es lo que hemos pactado, que estas dos prestaciones se conviertan en impuestos y se concierten para disponer de toda la recaudación que nos corresponde
para atender a los gastos e inversiones propias.
Por último, crear un incentivo en el sector energético por las inversiones estratégicas verdes. Lo propusimos vía enmienda cuando se tramitaron los gravámenes y ahora el Gobierno lo comparte. Somos conscientes de que, para abordar la
transición ecológica y transformar el sistema energético, es necesaria una inversión verde masiva en un contexto, además, en el que la inversión no ha recuperado los niveles de 2019 y ha disminuido, a pesar de los fondos europeos, según los datos
del INE del último trimestre de 2023. Además, los datos de contabilidad nacional muestran que los márgenes de beneficios se han reducido a lo largo del 2023 y, como consecuencia, las empresas han disminuido la inversión precisamente
para ajustarla a esos márgenes. Se trata de estimular la inversión en proyectos importantes que nos coloquen en una buena posición para abordar la transición energética, generar puestos de trabajo y tener una buena recaudación, un incentivo
para evitar la ralentización de las inversiones que precisamente no afectan a los grandes operadores, sino a los proveedores de aquellos y que son pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de cualquier inversión, sino de aquellas que
supongan un esfuerzo inversor extra y, además, con limitaciones. No se trata de barra libre. No comparto las palabras de la vicepresidenta Díaz de que esta deducción es un regalo fiscal, porque desconocemos su diseño y porque, por extensión,
podríamos tildar también de regalo fiscal otras medidas. ¿Es acaso también un regalo fiscal las deducciones existentes en I+D+i de las que se benefician también estas empresas? ¿No es un regalo fiscal que haya otros sectores que también han
obtenido beneficios extraordinarios y no se les aplica gravamen alguno? ¿No es un regalo fiscal rebajas de IVA y bonificaciones generalizadas que no tienen en cuenta las rentas de las personas y que favorecen por igual a las familias con rentas más
altas y a las familias con rentas bajas? ¿No es un regalo fiscal el que, por ejemplo, la señora Díaz y yo nos vayamos a beneficiar de IVA reducidos y de descuentos en el transporte con el salario que tenemos? Pero fíjese, lo que sí comparto es que
se es necesaria una reforma estructural en materia tributaria que sea justa y mi grupo añadiría también estable ante los nuevos retos y escenarios económicos surgidos por la crisis de la COVID y la crisis energética, algo que requiere de una
reflexión profunda, donde hay que analizar qué políticas públicas se quieren y cómo se van a financiar. No se puede legislar a golpe de marketing o de acción y reacción. Y si entendemos que la fiscalidad existente no es suficiente, lo que se debe
hacer es propiciar un debate serio y en profundidad.
Finalizo. Nuestro voto es un sí por las personas, un sí por las empresas, un sí por la industria, un sí para no perjudicarles, pero un sí también crítico, porque el Partido Nacionalista Vasco entiende que, en un contexto político en el
Estado extremadamente polarizado y en un contexto todavía complejo, resulta necesario aportar certezas y seguridad jurídica. Y esto, como dice acertadamente el profesor Juanjo Álvarez, es complicado hacerlo cuando la política vive presa de la
cronocompetencia, y todo ha de materializarse rápido y la urgencia atrapa al presente. Nuestro grupo propone que saquemos tiempo para la reflexión y para el debate sereno, y aquí es el Gobierno quien más responsabilidad tiene en dotar de ese tiempo
necesario para el acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus, también por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Egun on. Buenos días.
Hoy debatimos y esperamos poder aprobar este decreto con medidas sociales y económicas de protección social para la ciudadanía que consideramos necesarias y positivas para continuar protegiendo a las personas y a las familias que siguen con
importantes dificultades para hacer frente a la crisis económica y social; un decreto que lleva por título: medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Un título erróneo,
falso diría yo, porque el conflicto en Oriente Próximo no es más que un eufemismo para referirse al genocidio israelí contra el pueblo palestino, y así debemos llamarlo. Y, en segundo lugar, las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente
Próximo no es más que otro eufemismo, otra perífrasis para referirse a la crisis cíclica del sistema neoliberal que golpea a la mayoría social una y otra vez, empobreciendo cada vez a más capas populares de la sociedad. Porque sí, señorías, no nos
vamos a cansar de repetirlo: es el propio sistema el que falla, un sistema que nos inocula mediante datos y relatos la recuperación y el avance de la economía, el crecimiento de la economía, pero la cruda realidad es que hoy estamos nuevamente aquí
debatiendo medidas para paliar el golpe que mucha gente sigue soportando. No hay crecimiento económico posible si este supuesto crecimiento se produce a costa de la pérdida de derechos y el empoderamiento de las condiciones de vida de la gente.
Porque dicen que la economía avanza y mejora, pero lo que mejoran son las grandes empresas y corporaciones a costa de los trabajadores y trabajadoras. Unos crecen y otros se empobrecen. Unos ganan y otros pierden. Esta es la injusta y falaz rueda
neoliberal, esta que defienden a capa y espada todas las derechas en este Estado y en Europa, se envuelvan en la bandera en que se envuelvan porque, en esto, todas ellas comparten el mismo objetivo: trabajar en beneficio de las élites
empresariales, financieras y económicas. Todas las derechas intentarán utilizar su influencia en beneficio de unos pocos, y nosotras, las gentes de izquierda y soberanistas, seguiremos
utilizando el nuestro para beneficiar a las mayorías trabajadoras de nuestros países y también del resto del Estado, que nadie lo dude. Así lo hemos hecho también con este decreto: utilizar nuestra capacidad para negociar, acordar e
incluir medidas de protección para la ciudadanía, para la mayoría social; mantener hasta 2025 la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional; extender la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz
y gas para personas vulnerables y prorrogar también la tarifa rebajada y regulada TUR 4 para calderas comunitarias. Estas son las tres medidas que hemos acordado incluir en ese escudo social. Tres medidas que, junto al tope al alquiler que
incluimos en la ley de vivienda y que ya está en vigor también para este año, suponen reforzar el escudo que tantas y tantas personas aún necesitan. Son medidas que se suman a otras, también importantes, que contiene el decreto para mejorar las
vidas de la ciudadanía, desde las rebajas y gratuidad del transporte público, tal y como se ha dicho, al aumento de las pensiones; desde el bono social eléctrico a los impuestos a las energéticas y a la banca. Todas ellas son medidas
imprescindibles y positivas para la mayoría social trabajadora. Son medidas que aportarán un poco más de estabilidad y seguridad a miles de personas.
Pertsona zaurgarrien etxegabetzea 2025era arte debekatzea, oinarrizko horniduren mozketak etetea eta galdara komunitarioen tarifa arautua mantentzea adostu dugu Espainiako Gobernuarekin. Urtea amaitzearekin arriskuan zeuden neurri horiek
txertatzea lortu dugu dekretuan eta, horregatik, babestuko dugu gaurko bozketan. Hori bai, jakin badakigu neurriak ez direla nahikoak. Eta neurri sakonagoak onartzeko konpromiso sendoa dugu. Hori da euskal herritarrek eskatzen digutena eta hori
da Gobernuari exijitzen dioguna: ezinbestekoak diren erabaki sozial eta ekonomiko guztiak ausardiaz hartzea, herritarren bizi baldintzak modu iraunkorrean hobetzeko. Amaitu da adabakiak jartzeko ordua.
Esan dudan bezala, dekretu honek neurri egokiak eta beharrezkoak jasotzen ditu gehiengo sozialarentzat. Baina badira hori uste ez duten ahotsak. Bai, azken asteotan kexu entzun ditugu elite enpresarialak, patronala, Repsol, Iberdrola eta
Santanderren administrazio kontseiluak... Mehatxuak eta abisuak ere egin dituzte bankuei eta indar enpresei ezarritako zergak mantenduko direlako. Sentitzen dugu haien gustukoak ez badira neurri hauek. Guk, aldiz, ospatu eta txalotu egiten
ditugu.
Hemos acordado con el Gobierno español prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, suspender los cortes de suministros básicos y mantener la tarifa regulada de las calderas comunitarias. Y con el fin del año hemos conseguido
incorporar a este decreto esas medidas que estaban en riesgo y por eso lo apoyaremos. Apoyaremos el decreto en la votación de hoy, pero eso sí, somos conscientes de que las medidas son insuficientes y estamos comprometidas con aprobar medidas más
profundas. Eso es lo que nos pide la ciudadanía vasca y eso es precisamente lo que nosotros exigimos a este Gobierno, que adopte con valentía todas las decisiones sociales y económicas imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos y hacerlo de una forma sostenible. Se acabaron los parches. Ya lo he dicho, este decreto recoge una serie de medidas que son adecuadas y además necesarias para una gran mayoría social, pero hay muchas voces que no están de acuerdo con
ello. Hemos escuchado quejas de las élites empresariales, de la patronal, de los consejos de administración de Repsol, Iberdrola y Santander, y también han lanzado amenazas y avisos por el hecho de que se van a mantener los impuestos a la banca y a
las eléctricas, y lo sentimos. Sentimos que esas medidas no sean de su agrado. Sin, embargo, nosotras las celebramos y las aplaudimos.
Las advertencias y amenazas de las energéticas y bancos a lo largo de estas semanas han encontrado depositarios y defensores. Mientras unos trabajamos y usamos nuestra capacidad para mejorar las medidas sociales para la mayoría social
trabajadora, otros han intentado beneficiar a las multinacionales energéticas suavizando el impuesto a las eléctricas mediante supuestas bonificaciones por supuestos proyectos renovables. Cada cual tiene y defiende sus intereses, sí, y es legítimo,
pero nuestro deber público es, en nuestro caso, responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía vasca, no ser el lobby político de los consejos de administración de las grandes corporaciones energéticas.
Voy terminando. Hoy, votaremos a favor de este decreto, no solo por responsabilidad política, sino por respeto y apoyo a la mayoría social trabajadora y sus derechos. Porque, como he dicho, contiene medidas para aliviar la difícil
situación por la que pasan miles de familias vascas y del resto de pueblos y naciones del Estado. Son medidas que pretenden ofrecer un poco más de estabilidad, protección y certidumbre frente a la convulsa situación actual. Pero el Gobierno debe
tomar nota de lo ocurrido estas semanas. El Gobierno debe entender que no tiene mayoría y que debe dialogar y negociar con seriedad y tiempo suficiente. Debe entender que somos fuerzas diferentes las que debemos ser parte de las decisiones y
políticas que se toman, y todos somos imprescindibles. En Euskal Herria Bildu hemos tenido y tenemos
grandes diferencias con este Gobierno, es una obviedad. Por eso, trabajaremos siempre por reorientar todas las políticas que consideremos erróneas o dañinas para la mayoría social. Este Gobierno se ha equivocado muchas veces y,
lamentablemente, se volverá a equivocar. Lo sabemos. Pero tenemos muy claro que no puede ser la ciudadanía la que pague por esos errores. Esperamos que hoy, todos, seamos conscientes de la importancia que estas medidas tienen para la vida de
miles de personas, que seamos conscientes de la necesidad de estas medidas para sostener a miles y miles de familias. Esperamos que todos y todas estemos a la altura del momento.
Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero per un temps de set minuts.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta. Ministros.
L'estabilitat de la legislatura està subjecta als avenços i compliments dels acords. Aquest és un dels punts que inclou l'acord que les dues formacions vam signar, Junts i PSOE. Nosaltres estem complint la nostra part, i crec que hem estat
molt clars des del primer moment. No veníem amb l'estabilitat compromesa i aquesta aventura la vam iniciar les dues formacions coneixent els riscos. Crec que tots estem d'acord que vostès no ho han fet bé. I quan s'hi han posat a fer-ho bé,
segurament ja era tard. S'ha hagut d'arribar a una situació límit, com la que ens trobem avui, perquè alguns hagin entès que quan a Junts dèiem que no donaríem els nostres vots a canvi de res volíem dir que no donaríem els nostres vots a canvi de
res. Des de Junts no els podem acompanyar en aquest error seu, però són a temps de rectificar. Si el que volen és resoldre les necessitats dels ciutadans, facin el reial decret de mesures socials sense trampes i tindran els vots de Junts.
Ahir fins molt tard vàrem estar negociant. Aquesta és la manera. I seguim, però ha de ser abans de l'aprovació dels reials decrets, no pot ser a posteriori. I ha estat una irresponsabilitat no haver-ho fet abans perquè vostès no tenen
majoria. Tota la pressió que ens estan posant a nosaltres avui, ara, és una pressió que vostès s'haurien d'haver posat abans d'entrar al Consell de Ministres i aprovar aquests reials decrets sense tenir un acord tancat amb Junts. És aleshores quan
vostès haurien d'haver pensat en els ciutadans. Vostès diuen que si aquests reials decrets decauen, demà puja la llum. Però el que aquests reials decrets preveuen és que precisament hi haurà una pujada de les factures de la llum i del gas d'aquí a
dos mesos. Facin un reial decret de mesures socials sense trampes i tindran els vots de Junts. Facin un reial decret de mesures socials sense trampes i pactant amb Junts, i tindran els vots de Junts.
'No hi ha cap raó per votar que no a aquests reials decrets', ha dit vostè, senyor ministre. Li donaré algunes de les raons que vostès tenen des de fa setmanes a sobre de la taula per sí, esmenar els reials decrets i demanar que la feina es
faci amb rigor i que es faci de manera consensuada perquè vostès no tenen majoria. Amb aquests reials decrets es recula quant a finançament a Catalunya i es consolida el 'café para todos'. I no sembla que vostès estiguin disposats a negociar
millores per a Catalunya sense haver de fer-les sempre extensives a les altres comunitats autònomes, obviant així la singularitat de Catalunya i també les necessitats específiques de Catalunya. Som aquí per canviar la relació entre Catalunya i
Espanya, no per perpetuar-la. I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del Reino.
Segueixo. El que no poden fer vostès és vendre als ciutadans que presenten un reial decret amb mesures socials i amagar les trampes. Per exemple, quan segueixen compensant per darrere les grans elèctriques espanyoles. Aquest cop, i
condicionat als Pressupostos Generals de l'Estat espanyol, amb una partida de 100 milions d'euros.
Des de Junts algunes de les propostes que els hem fet, per exemple, és no apujar la factura de la llum i la factura del gas, perquè no es pot seguir collant ni les famílies ni les pimes. També hem proposat que la patronal catalana, per
tant, el teixit empresarial i productiu de Catalunya, estigui representada en la presa de decisions que ens afecten, com per exemple les mesures del Reial decret 7/2023 que ha defensat fa una estona la vicepresidenta. Avui no hi és prevista la
representació catalana, en canvi, sí que hi han representades altres comunitats autònomes. Des de Junts hem proposat també que no s'incrementi l'impost especial sobre l'electricitat perquè tots aquests increments qui els acaba pagant són les
famílies i les pimes.
El 2017 el Partit Popular va intentar un altre cop perjudicar l'economia catalana amb un reial decret i amb l'ajuda del rei. Van marxar poques empreses, és cert, però cal deixar constància que allò que es va
fer de mala fe el 2017 ara es reverteix, ara es repara. Per tant, cal reforçar l'article 9 i l'article 10 de la Llei de societats de capital que diu que les empreses han de tenir la seva seu allà on tenen l'activitat majoritària. Cal
garantir que es compleixi la llei. Aquelles empreses catalanes que compleixin la llei han de poder tenir incentius fiscals, perquè ja toca que es dediquin fons a les petites i mitjanes empreses catalanes que fins ara han estat colladíssimes.
Junts també ha posat sobre la taula que si el transport públic ha de continuar sent bonificat qui ho ha de pagar no és Catalunya i l'Estat espanyol, ho ha d'assumir de manera íntegra l'Estat espanyol. I s'ha de pagar. Perquè malgrat mesos
de grans titulars, a dia d'avui vostès encara no han pagat la bonificació del 2023. Això no pot continuar fent-se així.
Continuo amb més esmenes. En matèria de justícia, els fons s'han distribuït de manera no equitativa i, per tant, això ha de poder canviar-se. Hem proposat incrementar l'assignació dels recursos imposats a la Conferència Sectorial del 27 de
maig del 2022.
I ho demanem tot això per tocar els nassos? No. Tot això ho demanem perquè és el que li correspon a Catalunya. Perquè Catalunya representa més del 16 % i perquè Catalunya tenim competències pròpies que no tenen altres comunitats
autònomes, com per exemple els serveis penitenciaris i els Mossos d'Esquadra. I aquesta singularitat no es té en compte en els repartiments i s'ha de tenir en compte en els repartiments. I no poden dir-nos que nosaltres deixem perdre 10 000
milions d'euros perquè aquesta és la seva responsabilitat, i perquè a nosaltres, a Catalunya, cada any ens furten 20 000 milions d'euros i no els importa en absolut. Si vostès no compten amb Catalunya per prendre decisions que afecten Catalunya,
vostès no poden pensar que compten amb els vots de Junts.
Les propostes de Junts han estat modestes i raonables. Respectin les competències de la Generalitat de Catalunya i tindran els vots de Junts per Catalunya. Respectin també i paguin allò que li correspon a Catalunya, i tindran els vots de
Junts per Catalunya. Facin la feina ben feta, assumeixin que no tenen una majoria, pactin amb Junts i tindran els vots de Junts. Si no estan disposats a això, tenen un problema, o tenen a la dreta agafada de la mà de la ultradreta. Recordin que
nosaltres som aquí per Catalunya, no som aquí per vostès o pel Reino.
I acabo. Vostès han complicat molt una negociació que era molt senzilla. Només calia parlar, negociar i pactar, i alguns han confós dialogar amb negociar i pactar, o potser els tenien molt ben acostumats però les coses, com vam dir el
primer dia, no tornaran a ser com havien estat fins ara. Les polítiques espanyoles dels darrers anys que s'han fet d'esquenes a Catalunya, polítiques que defensa el PSOE, el PSC, Comuns i Sumar, estan matant el nostre país, i ens sorprèn el silenci
i conformitat d'alguns. Catalunya no està més forta amb les seves propostes. Si volen els vots de Junts hi ha de guanyar Catalunya. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta. Buenos días, ministros.
La estabilidad de la legislatura está sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos. Este es uno de los puntos que incluye el acuerdo que las dos formaciones firmamos, Junts y PSOE. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte y creo
que hemos sido muy claros desde el primer momento. No veníamos con la estabilidad comprometida y esta aventura la iniciamos las dos formaciones conociendo los riesgos. Creo que todos estamos de acuerdo en que ustedes no lo han hecho bien y, cuando
se han puesto a hacerlo bien, seguramente, ya era demasiado tarde. Hemos tenido que llegar a una situación límite, como en la que nos encontramos hoy, para que algunos hayan entendido que cuando en Junts decíamos que no daríamos nuestros votos a
cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada. En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el
real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Ayer, estuvimos negociando hasta muy tarde. Esta es la manera y seguimos, pero debe ser antes de la aprobación de los reales decretos. No puede ser a posteriori y ha sido
una irresponsabilidad no haberlo hecho antes, porque ustedes no tienen mayoría. Toda la presión que nos están haciendo hoy, ahora, es una presión que ustedes deberían haber puesto antes de entrar al Consejo de Ministros y aprobar estos reales
decretos sin tener un acuerdo cerrado con Junts. Entonces, es cuando ustedes deberían haber pensado en los ciudadanos. Ustedes dicen que, si estos reales decretos decaen, mañana sube la luz. Pero lo que contemplan es que precisamente habrá una
subida de la luz y del gas dentro de dos meses. Hagan un real decreto con medidas sociales sin trampas y tendrán nuestros votos. Hagan un real decreto sobre medidas sociales sin trampas y pactando con Junts, y tendrán los votos de Junts. No hay
ninguna razón para votar que no a estos reales decretos -ha dicho usted, señor ministro-.
Les daremos algunas de las razones que ustedes tienen desde hace semanas encima de la mesa, porque hay que enmendar los reales decretos y hacer que el trabajo se haga de manera consensuada, porque ustedes no tienen mayoría. Con estos reales
decretos se retrocede a nivel de financiación y se consolida el café para todos. Y no parece que ustedes estén dispuestos a negociar mejoras para Catalunya sin haberlas hecho extensivas al resto de las comunidades autónomas, obviando así la
singularidad y las necesidades específicas de Catalunya. Estamos aquí para cambiar la relación entre Catalunya y España, no para perpetuarla, y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Catalunya y al
servicio del progreso de nuestro país. No están ni a su servicio ni al servicio del reino.
Sigo. Lo que no pueden hacer ustedes es vender a los ciudadanos que presentan un real decreto con medidas sociales y esconder las trampas, por ejemplo, cuando siguen compensando por detrás a las grandes eléctricas españolas y condicionado
los presupuestos generales del Estado con una partida de 100 millones de euros. Algunas de las propuestas que les hemos hecho en Junts, por ejemplo, es no subir la factura de la luz ni del gas, porque no se puede seguir apretando ni a las familias
ni a las pymes. También hemos propuesto que la patronal catalana, por tanto, el tejido empresarial y productivo de Catalunya, esté representada en la toma de decisiones que nos afectan, como, por ejemplo, las medidas del Real Decreto 7/2023, que
acaba de defender la vicepresidenta. Hoy, no se contempla la representación catalana. En cambio, sí que están representadas otras comunidades autónomas. Junts hemos propuesto también que no se incremente el impuesto especial sobre la
electricidad, porque todos estos incrementos quienes los acaban pagando son las familias y las pymes. En 2017, el Partido Popular intentó, otra vez, perjudicar la economía catalana con un real decreto y con la ayuda del rey. Fueron pocas empresas,
es cierto, pero hay que dejar constancia de que lo que se hizo de mala fe en 2017, ahora se revierte, ahora se repara. Por lo tanto, hay que reforzar los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital, que dicen que las empresas han de tener
su sede allí donde tienen la actividad mayoritaria. Hay que garantizar que se cumpla la ley. Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley deben poder tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas
empresas catalanas que, hasta ahora, han estado muy apretadas. Junts también ha puesto sobre la mesa que, si el transporte público tiene que continuar siendo bonificado, quien lo tiene que pagar no es Catalunya y el Estado español, sino que lo
tiene que asumir de manera íntegra el Estado español. Y se tiene que pagar porque, a pesar de meses de grandes titulares, hoy en día ustedes no han pagado la bonificación de 2023, y eso no puede continuar haciéndose así.
Continúo con más enmiendas. En materia de justicia, los fondos están distribuidos de manera no equitativa y, por lo tanto, esto tiene que poder cambiarse. Hemos propuesto incrementar la asignación de los recursos impuestos a la conferencia
sectorial del 27 de mayo de 2022. ¿Pedimos todo esto para tocar las narices? Pues no. Todo esto lo pedimos porque es lo que le corresponde a Catalunya, porque Catalunya representa más del 16 % y porque en Catalunya tenemos competencias propias
que no tienen otras comunidades autónomas, como son, por ejemplo, los servicios penitenciarios y los Mossos d'Esquadra, y esta singularidad no se tiene en cuenta en los repartos y se ha de tener en cuenta en los repartos.
Y no pueden decirnos que nosotros dejamos perder 10 000 millones de euros, porque esta es su responsabilidad y porque a nosotros, en Catalunya, todos los años, nos quitan 20 000 millones de euros, y no les importa en absoluto. Si ustedes no
cuentan con Catalunya para tomar decisiones que afectan a Catalunya, ustedes no pueden pensar que cuentan con los votos de Junts. Las propuestas de Junts han sido modestas y razonables. Respeten las competencias de la Generalitat de Catalunya y
tendrán los votos de Junts per Catalunya. Respeten también y paguen lo que le corresponde a Catalunya y tendrán nuestros votos. Hagan el trabajo bien hecho. Asuman que no tienen una mayoría, pacten con Junts y tendrán los votos de Junts. Si no
están dispuestos a ello, tienen un problema, tienen a la derecha cogida de la mano de la ultraderecha. Recuerden que nosotros estamos aquí por Catalunya, no estamos aquí por ustedes ni por el Reino.
Y acabo. Ustedes han complicado mucho una negociación que era muy sencilla. Solo hacía falta hablar, negociar y pactar, y algunos han confundido dialogar con negociar y pactar, o quizás los teníamos muy bien acostumbrados. Pero, como
dijimos el primer día, las cosas no volverán a ser como habían sido hasta ahora. Las políticas españolas de los últimos años, que se han hecho de espaldas a Catalunya, políticas que defienden el PSOE, el PSC, Comuns y SUMAR, están matando a nuestro
país, y nos sorprende el silencio y la conformidad de algunos. Catalunya no es más fuerte con sus propuestas. Si quieren los votos de Junts tiene que ganar Catalunya. ¡Visca Catalunya lliure!
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera també per un temps de set minuts.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades.
Avui debatem...
Gracias, presidenta.
Buenos días, diputados y diputadas. Hoy debatiremos... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un poco de silencio. Gracias.
Señora Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Avui debatem, tal com dèiem, el reial decret del Govern espanyol de mesures anticrisi. Novament ens trobem davant d'un reial decret òmnibus, tal com ja ens tenen acostumats. Un reial decret amb mesures
diverses que no deixa de ser pròrrogues de mesures de caràcter social i econòmic dels diversos reials decrets aprovats la legislatura passada. Tot i que són mesures molt necessàries, trobem a faltar equitat social, però sobretot trobem a faltar
equitat territorial.
I estem totalment d'acord amb la prohibició de cobrar comissions per les retirades d'efectiu, però ens agradaria més que també s'eliminessin les clàusules abusives de la banca, com per exemple el cobrament per quedar en descobert, que afecta
les persones més vulnerables. Després, molt important per no haver de cobrar per treure diners en efectiu, i és que hi hagi oficines bancàries...
Ministre, si us plau, crec que és suficientment important perquè m'estigués escoltant.
En fi, que també hi hagués l'obligació d'haver-hi oficines a tots els municipis. De què ens serveix que no ens cobrin comissió si no hi ha cap oficina per anar a treure els diners? Com ho fem perquè ens passi això? Ara mateix a Catalunya
hi ha 503 municipis que no disposen de servei d'oficines bancàries, tot i que al nostre país la Generalitat de Catalunya ja garantirà oficines mòbils per a aquests municipis és a la banca a qui s'ha d'imposar l'obligatorietat de garantir aquest
servei i la gratuïtat de fer la retirada amb efectiu, però no només a les entitats on tenen un compte, sinó a altres entitats, perquè ja que no hi ha tots els bancs a tots els municipis, que les persones grans puguin anar a qualsevol lloc a retirar
diners sense que això els costi diners. Per això esperem que el Congrés de Diputats doni llum verda a la proposició de llei sobre exclusió financera que ha enviat el Parlament de Catalunya aquí i que es troba pendent de la presa en consideració.
També ens agradaria veure mesures per frenar la inflació, la crisi en el cistell alimentari. La rebaixa de l'IVA no regula el preu del mercat. No és normal, ministre Planas, que el nostre sector primari no es pugui guanyar la vida
dignament pels baixos preus que han de vendre i a la mateixa hora el consumidor no es pugui permetre els aliments més bàsics i de quilòmetre zero. Què passa entremig del productor i del consumidor? Crec que és el moment de reconèixer que la Llei
de la cadena alimentària ha resultat totalment ineficient i que és hora de modificar-la.
I pel que fa a mesures del sector energètic, és molt important que els consums no elèctrics, com el gas i el petroli, paguin també la descarbonització. Com? Hi havia l'eina, l'executiu espanyol tenia aprovada pel mateix Consell de
Ministres el juny del 2021 l'eina, es deia el proyecto de ley por el cual se crea el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, però com moltes altres mesures amb capacitat realment transformadora, la van deixar morir. En canvi,
ens trobem mesures tan poc transformadores com continuar dotant d'ajudes les grans empreses energètiques. Quan Nadia Calviño anunciava que s'ajustaria els impostos a la banca i a les energètiques no feia cap pas en fals. I és que enmig d'aquest
reial decret que conté mesures molt positives, ens trobem una vegada més un cop de mà a les grans empreses energètiques. L'aplicació d'un incentiu a les empreses que facin inversions estratègiques en renovables es tradueix en una subvenció perquè
les empreses amb domini de mercat juguin amb avantatge davant de les empreses que volen invertir en el sector energètic però que no tenen control del mercat. Des d'Esquerra creiem que aquest és un plantejament totalment erroni, que el que es
necessita és que entrin més agents i que les grans energètiques perdin poder.
També trobem a faltar més mesures per impulsar les comunitats energètiques d'autoconsum, com per exemple ampliar el radi per compartir l'energia i passar dels dos quilòmetres als vint quilòmetres, com han acordat a França.
I respecte a les ajudes al transport, ens semblen molt necessàries però ara mateix en el transport de passatgers per carretera vostès conviden però qui paga és un altre. S'ha de fer el pagament a les comunitats autònomes en el període que
toca, perquè així les comunitats autònomes poden fer les bestretes a les empreses de transport i no són elles les que han d'assumir la gratuïtat o la bonificació. L'Estat realitza una política que condiciona la política tarifària, que és
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Actualment, sense comptar les bonificacions, per cada euro que posa l'Estat en el transport públic metropolità de Barcelona, la Generalitat n'ha de posar tres. L'Estat, si vol ser seriós amb
polítiques de foment del transport públic, l'ha de finançar com cal, respectant el repartiment competencial, perquè sols així farem polítiques de transport efectives. De totes maneres, ens complau veure que en aquest reial decret es materialitza
l'acord al qual va arribar Esquerra amb el PSOE la passada tramitació pel qual la Generalitat de Catalunya podrà invertir i executar les infraestructures ferroviàries que l'Estat, tot i tenir-ho pressupostat, no executa.
També molt important parlar de la pròrroga de la moratòria dels desnonaments que preveu aquest reial decret. Però és que ens passa el mateix que amb el transport, per molt que sigui a través dels plans d'habitatge que es pagarà als
propietaris dels habitatges, vostès no tenen competència en aquesta matèria i, per tant, no poden traspassar fons finalistes a aquesta matèria. Passa el mateix que amb el transport, vostès conviden i una altre paga.
Esquerra ha aconseguit que en el marc de la revalorització de pensions no contributives s'introdueixi una novetat més respecte a l'ingrés mínim vital. Així, a més d'incrementar-ne les quantitats d'acord amb la inflació, es creen les bases
per fer possible l'acord del traspàs total de la seva gestió a la Generalitat de Catalunya. I això suposa una doble bona notícia per a l'autogovern de Catalunya, que amplia la seva capacitat política, i per a la mateixa ciutadania, que veurà
millorat el seu servei quan passi a estar en mans de qui té la competència i també l'experiència i la capacitat de fer-ho.
I per acabar, aquesta norma prorroga el sou mínim interprofessional corresponent a l'any 2023, mentre es continua negociant l'increment corresponent al 2024. Evidentment estarem a favor de qualsevol pujada, però és que ens cal molt més que
això. Cal permetre a comunitats i municipis la fixació de salaris mínims propis per elevar la retribució mínima en aquells llocs on el cost de la vida és molt major que en altres. Necessitem un salari mínim català que permeti viure amb dignitat a
totes les persones treballadores.
Amb tot, entenem que el contingut del reial decret respon a una situació extraordinària i que el vot en contra implicaria donar l'esquena a la ciutadania. Per tant, per sentit de responsabilitat el votarem a favor. El votarem a favor
perquè la gent tingui més facilitats a l'hora d'anar a comprar. El votem a favor perquè la gent pugui continuar viatjant gratuïtament als seus llocs de treball. Però els demanem que hagin escoltat i pres nota de les nostres reivindicacions perquè
no deixarem d'exigir-les fins que siguin una realitat. Gràcies.
Hoy debatiremos, tal como decíamos, el real decreto del Gobierno español de medidas anticrisis. Nuevamente nos encontramos ante un real decreto ómnibus, tal como ya nos tienen acostumbrados; un real decreto con medidas diversas que no
dejan de ser prórrogas de medidas de carácter social y económico de los diversos reales decretos aprobados en la legislatura pasada. Aunque son medidas muy necesarias, echamos en falta equidad social, pero sobre todo echamos en falta equidad
territorial. Estamos totalmente de acuerdo en la prohibición de cobrar comisiones por las retiradas de efectivo, pero nos gustaría más que también se eliminaran las cláusulas abusivas de la banca, como, por ejemplo, el cobro por quedar en
descubierto, que afecta a las personas más vulnerables. Después, muy importante para sacar dinero en efectivo es que haya oficinas bancarias -ministro, por favor, creo que es suficientemente importante como para que me esté escuchando-. En fin,
que también hubiese la obligación de que haya oficinas en todos los municipios. ¿De qué nos sirve que no nos cobren comisiones si no hay ninguna oficina para sacar el dinero? ¿Cómo lo hacemos? Ahora mismo en Catalunya hay 503 municipios que no
disponen de servicio de oficinas bancarias. Aunque en nuestro país la Generalitat de Catalunya ya garantizara oficinas móviles para estos municipios, es a la banca a quien se tiene que imponer la obligatoriedad de garantizar este servicio y la
gratuidad de hacer la retirada de efectivo, pero no solo a las entidades donde tiene uno una cuenta, sino en otras entidades, porque no se puede tener todos los bancos en todos los municipios, para que las personas mayores puedan ir a retirar dinero
sin que eso les cueste dinero. Por eso esperamos que el Congreso de Diputados dé luz verde a la proposición de ley sobre exclusión financiera que ha enviado el Parlamento de Catalunya y que se encuentra pendiente de la toma en consideración.
También nos gustaría ver medidas para frenar la crisis en la cesta alimentaria. La rebaja del IVA no regula el precio del mercado. No es normal que nuestro sector primario no se pueda ganar la vida dignamente por los bajos precios de venta
y al mismo tiempo el consumidor no se pueda permitir los alimentos más básicos y de kilómetro cero. ¿Qué pasa entre medio del productor y del consumidor? Creo que es el momento de reconocer que la ley de la cadena alimentaria ha resultado
totalmente ineficiente y que es hora de modificarla.
En cuanto a las medidas del sector energético, es muy importante que los consumos no eléctricos como el gas y el petróleo paguen también la descarbonización. ¿Cómo? El Ejecutivo español tenía la herramienta aprobada por el propio Consejo
de Ministros en junio de 2025, el Proyecto de ley por el que se crea el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, pero, como muchas otras medidas con capacidad realmente transformadora, la dejaron morir. En cambio, nos
encontramos medidas tan poco transformadoras como continuar dotando de ayudas a las grandes empresas energéticas. Cuando Nadia Calviño anunció que ajustaría los impuestos a la banca y a las energéticas no daba ningún paso en falso. Y es que, en
medio de este decreto, que tiene medidas muy positivas, nos encontramos una vez más esa ayuda a las grandes empresas energéticas. La aplicación de un incentivo a las empresas que hagan inversiones en energías renovables se traduce en una subvención
para que las empresas con dominio de mercado jueguen con ventaja ante las empresas que quieren invertir en el sector energético, pero que no tienen control del mercado. En Esquerra creemos que este es un planteamiento totalmente erróneo, que lo que
se necesita es que entren más agentes y que las grandes energéticas pierdan poder. También echamos en falta más medidas para impulsar las comunidades energéticas de autoconsumo, como, por ejemplo, ampliar el radio para compartir la energía y pasar
de los 2 kilómetros a los 20 kilómetros, como han acordado en Francia.
Respecto a las ayudas del transporte, estas nos parecen muy necesarias, pero ahora mismo, en el transporte por carretera, ustedes invitan, pero quien paga es otro. Hay que hacer los pagos a las comunidades autónomas en el período que toca,
para que así las comunidades autónomas puedan hacer los adelantos a las empresas de transporte y no sean ellas las que tienen que asumir la gratuidad o la bonificación. El Estado realiza una política que condiciona la política tarifaria, que es
competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Actualmente, sin contar las bonificaciones, por cada euro que pone el Estado en el transporte público metropolitano de Barcelona, la Generalitat tiene que poner tres. El Estado, si quiere ser
serio con políticas de fomento del transporte público, tiene que financiarlo como es debido, respetando el reparto competencial, porque solo así haremos políticas de transporte efectivas. De todas maneras, nos complace ver que en este real decreto
se materializa el acuerdo al que llegó Esquerra con el PSOE en la pasada tramitación, para el cual la Generalitat de Catalunya podrá invertir y ejecutar las infraestructuras ferroviarias que el Estado, a pesar de tenerlo presupuestado, no ejecuta.
También es muy importante hablar de la prórroga de la moratoria de los desahucios que contempla el real decreto. Nos pasa lo mismo que en el transporte, por mucho que sea a través de los planes de vivienda que se pagará a los propietarios de las
viviendas, ustedes no tienen competencia en esta materia y, por lo tanto, no pueden traspasar funciones finalistas en esta materia. Pasa lo mismo que en el transporte: ustedes invitan y otro paga.
Esquerra ha conseguido que, en el marco de las revalorizaciones de pensiones no contributivas, se introduzca una novedad más respecto al ingreso mínimo vital. Así, además de incrementar las cantidades de acuerdo con la inflación se crean
las bases para hacer posible el acuerdo del traspaso total de su gestión a la Generalitat de Catalunya. Y eso supone una doble buena noticia para el autogobierno de Catalunya, que amplía su capacidad política, y para la propia ciudadanía, que verá
mejorado su servicio cuando pase a estar en manos de quien tiene la competencia y también la experiencia y la capacidad de hacerlo.
Para terminar, esta norma prorroga el salario mínimo interprofesional correspondiente al año 2023, mientras continúan negociando el incremento de 2024. Estaremos a favor de cualquier aumento, pero hay que hacer mucho más que eso. Hay que
permitir a las comunidades y a los municipios la fijación de salarios mínimos propios para elevar la retribución mínima en aquellos lugares donde el coste de la vida es mucho mayor. Necesitamos un salario mínimo catalán que permita vivir con
dignidad a todas las personas trabajadoras.
Con todo, entendemos que el contenido del real decreto responde a una situación extraordinaria y que el voto en contra implicaría dar la espalda a la ciudadanía. Por lo tanto, por sentido de responsabilidad, votaremos a favor de él, para
que la gente tenga más facilidades a la hora de ir a comprar, para que la
gente pueda continuar viajando gratuitamente a sus lugares de trabajo. Pero les pedimos que hayan escuchado y tomado nota de nuestras reivindicaciones, porque no dejaremos de exigirlas hasta que sean una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Granollers.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR tiene la palabra la señora Lois González también por un tiempo de siete minutos.
La señora LOIS GONZÁLEZ: Presidenta do Congreso, señorías, bos días de novo.
Sumar vai votar tamén a favor deste decreto. Defendemos protexer as familias. Defendemos protexer as maiorías sociais. Defendemos protexer as persoas traballadoras. Por iso, dicimos si. Dicimos si a manter as rebaixas e a gratuidade do
transporte público. Dicimos si a seguir prohibindo os desafiuzamentos sen alternativa habitacional. Dicimos si a que permanezan as limitacións ao prezo da luz e o butano. Dicimos si a que as empresas que se benefician de axudas directas non
poidan despedir as traballadoras e os traballadores. Dicimos si a manter os impostos da banca, a manter os impostos ás grandes enerxéticas. Dicimos si a incrementar o ingreso mínimo vital. Dicimos si a aumentar as pensións non contributivas un 7
% no ano 2024.
Presidenta del Congreso, señorías, buenos días de nuevo.
SUMAR va a votar también en favor de este decreto porque defendemos proteger a las familias y a las mayorías sociales. Defendemos también proteger a las personas trabajadoras, y por eso decimos sí. Decimos sí a mantener las rebajas en la
gratuidad del transporte público. Decimos sí a seguir prohibiendo los desahucios sin alternativa habitacional. Decimos sí a que permanezcan las limitaciones al precio de la luz y el butano. (Aplausos). Decimos sí a que las empresas que se
benefician de ayudas directas no puedan despedir a las trabajadoras y a los trabajadores. Decimos sí a mantener los impuestos a la banca, a mantener los impuestos a las grandes energéticas. Decimos sí a incrementar el ingreso mínimo vital.
Decimos sí a aumentar las pensiones no contributivas un 7 % en el año 2024.
Por todo esto, SUMAR defiende hoy la aprobación también de este decreto. Y lo hacemos -voy a serles sincera- pese a que nos hubiese gustado ir más allá en algunos otros momentos, porque en SUMAR defendemos que hay que seguir manteniendo el
impuesto a las grandes energéticas. (Aplausos). Debería haberse mantenido. No podemos compartir que se hagan rebajas fiscales a las grandes compañías energéticas, y menos aún en un momento en el que están teniendo beneficios récord, menos en un
momento en el que hay 4,5 millones de personas que padecen pobreza energética en nuestro país. Pero, por encima de todas estas cosas, hay una que no se nos va a olvidar, que es la responsabilidad con la ciudadanía. La política tiene que dejar de
ser un problema para la gente. La política tiene que dejar de ser ruido. La política no puede ser politiqueo, porque esa es la puerta a la extrema derecha.
Quiero aprovechar esta intervención también para plantear una cuestión abordada en la negociación de este decreto y que tiene que ver con la reforma del sistema de ayudas. En España tenemos que superar el actual modelo hiperburocratizado,
en el que muchísimas personas que se encuentran en situación vulnerable tienen que presentar infinitos papeles, tienen que llevar a cabo infinitos procesos y obstáculos para solicitar una ayuda. Hay que avanzar hacia un modelo sin solicitud, sin
papeleo, donde la burocracia funcione de dentro hacia fuera y no se imponga ninguna barrera infranqueable para miles de personas y hogares vulnerables. Un país que aspira a no dejar a nadie fuera, a no dejar a nadie atrás no puede permitirse que el
ingreso mínimo vital sea percibido solamente por el 35 % de los 800 000 hogares que podrían beneficiarse, no puede permitirse que el sistema de protección esté aún basado en una tremenda desconfianza y sospecha hacia las personas que peor lo están
pasando.
Y ahora permítame dirigirme a aquellos grupos parlamentarios que han anunciado su voto en contra a este decreto. He de decir que asistimos a la conformación de un nuevo bloque un tanto curioso, porque en este bloque hay fuerzas políticas
que votaron a favor de la investidura y fuerzas que votaron en contra, pero hoy, al parecer, se presentan todos unidos contra la protección de las clases trabajadoras y el avance de los derechos. (Aplausos). Hay quienes no están, que ni están ni
se les espera. El problema del Partido Popular y VOX es que, queriendo hacer daño al Gobierno, en realidad a quienes hacen daño es a los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Hay quienes recurren a razones que resultan cuando menos forzadas y
exageradas para tumbar este u otros decretos, razones que están supuestamente vinculadas
a la amnistía pero que no se sostienen. Hay quienes han decidido cometer el error de decir que no a todo simplemente porque viene del Gobierno o simplemente porque viene de SUMAR. Hay quienes hablan de propuestas y negociaciones, pero, en
realidad, se escudan en eso solo para justificar su no, y entre esas propuestas siempre incluyen una única receta, su único mantra, la bajada fiscal, una medida que se ha demostrado fracasada, una medida que no apuesta por un Estado de bienestar
fuerte. Pero la realidad es que estos diputados y estas diputadas del Partido Popular y VOX a quien admiran es al señor Milei y su motosierra, es decir, admiran la privatización total de la sanidad, la privatización total de la educación pública,
la privatización de las pensiones, el recorte de cualquier derecho social y laboral. (Aplausos). Como se puede ver, se esgrimen razones diferentes, pero tienen algo en común: se unen en un solo bloque, el de quienes se oponen a la protección de
las clases trabajadoras y al avance de los derechos.
Para terminar, solo quiero decirles a los integrantes del grupo del no, a los que se oponen a los derechos de las clases trabajadoras, a los que se oponen a estos decretos que espero que, al menos, sinceramente, estén abiertos a la
posibilidad de convalidarlos a cambio de que luego se tramiten como proyectos de ley para poder incorporar cambios. Si es así, tendrán el voto a favor de nuestro grupo SUMAR y, como siempre, nuestro compromiso con el diálogo. Si no están ustedes
abiertos a esa posibilidad, tal vez es que, en realidad, no buscan supuestas mejoras. Tal vez es que lo que único que quieren es tumbar estos decretos para presentarse ante su electorado como si fuesen las posiciones más puristas, más
esencialistas, las opciones con el valor supuestamente más radical. Les pido que recapaciten y valoren esta opción sobre la posibilidad de convalidarlos a cambio de tramitarlos como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Louis.
Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala por un tiempo de siete minutos.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señora Lois, quienes hacen daño a los españoles son ustedes: SUMAR, Podemos y el PSOE. Son ustedes quienes hacen daño a los españoles, porque hoy traen aquí tres reales decretos leyes paquetizados, como aquellas malas prácticas de la banca
que a usted tanto les gusta repetir, en los que meten medidas más o menos positivas, todas ellas insuficientes, mezcladas con auténtico veneno para los españoles y la economía española. (Aplausos). Y ustedes pretenden que nosotros, en una especie
de coacción, aceptemos e inyectemos el veneno en España, los españoles y nuestra economía a cambio de aprobar esas pequeñitas migajas que sueltan ustedes (el señor Errejón Galván: Sí, ¡pequeñitas migajas!), cuando en realidad el grueso de estos
tres reales decretos leyes no es más que el pago por esos asientos azules en los que están ustedes sentados (aplausos), porque estos tres reales decretos leyes lo único que traen es un pago a los separatistas, que les han apoyado a ustedes para
mantenerse en el Gobierno. No son ningún favor a los españoles. No van a beneficiar más que en auténticas minucias, que son de todo punto inaceptables, a los españoles. Y a quienes sí van a beneficiar va a ser a los grupos separatistas, en este
caso y sobre todo a los separatistas vascos, a los herederos de ETA, al PNV. Estos son los que hoy van a recoger la principal cosecha.
Y tiene gracia, porque hoy hemos visto cuál es la consecuencia de pactar con quienes quieren destruir España. Ustedes han pactado con cuervos y hoy vemos cómo un primer cuervo ha empezado a sacarles los ojos. Llega aquí la señora de Junts,
y recuerden todos, por favor, que Junts es el partido del 3 per cent, el partido de la corrupción en Cataluña, el partido que sacaba billetes en maletas en dirección a Andorra, y ese partido viene a ustedes y les dice que o establecen multas para
las empresas que vuelvan a España o que no les aprueban, que establecen beneficios solo para Cataluña y que en ningún caso alcancen a otras regiones de España o que no les votan. Esa es una de las cosas muy interesantes que ha dicho la señora
Nogueras. Dice que la singularidad catalana exige que sigan teniendo diferencias con respecto al resto de comunidades. No les valen los beneficios para ellos si alcanzan también a otros. Eso es lo que ha dicho hoy Junts.
Y también ha dicho algunos disparates, les ha espetado a ustedes algunos disparates. Dicen que las empresas salieron de Cataluña porque el rey redactó un real decreto. Señores de Junts, quien redactó el real decreto ley, que luego aprobó
el Gobierno del Partido Popular, para permitir que no hiciese falta un acuerdo del consejo de administración en las sociedades para poder mover su domicilio fue Miquel Roca. Son ustedes mismos, su germen, su núcleo más duro el que, en realidad,
está traicionando a las empresas en Cataluña. ¿Y luego vienen aquí, como en sepulcros blanqueados, a rasgarse las vestiduras y lloriquear,
mintiendo, sin vergüenza de ningún tipo? En fin, señores del Partido Socialista, esta es su coalición, este es su Gobierno del progreso. Españoles que nos escuchen: esto es lo que el Partido Socialista está haciendo a España.
La señora Lois, por cierto, habla de las privatizaciones y se rasga las vestiduras. El campeón de las privatizaciones en España es el Partido Socialista, que, por cierto, es el que arranca todo el proceso privatizador en España.
(Aplausos). Si Alcoa está en Galicia hoy en la situación en que está es por culpa del Gobierno socialista. Si Alcoa está hoy en la situación en que está es por culpa del Ministerio de Hacienda, que prometió un rescate y cambios que jamás llegaron.
Y quienes padecen al Partido Socialista y esas medidas del Partido Socialista que ustedes apoyan son los trabajadores españoles, en este caso los del sector del aluminio.
Pero, entrando ya en detalles de este real decreto ley que nos ponen encima de la mesa, hablan ustedes de una serie de medidas como si fuesen históricas. Se sube aquí el señor Bolaños y hace un anuncio como si fuese un artista de rock, como
si estuviese trayendo aquí grandísimas novedades. Nos dice que suben las pensiones. Señor Bolaños, con su subida... (El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños García, está hablando con el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Planas Puchades). Señor Bolaños, entiendo que a usted no le importa nada lo que se dice en este Parlamento, pero a los españoles sí les interesa que usted se entere de la voluntad popular. (Aplausos). Con sus
medidas, con su magnífica subida, la pensión mínima en España se queda en 837 euros al mes. ¿Esto es histórico? ¿Qué nos está usted contando? ¿Un pensionista en España puede vivir con 837 euros al mes? ¿De verdad? Insisto, ¿de verdad? Suban
las pensiones como es debido. Abran un debate real para la subida de las pensiones. Abran un debate legislativo. Traigan también la estrategia para la sostenibilidad del sistema de las pensiones, de la cual ustedes no quieren ni hablar.
(Aplausos). Si por este real decreto, magnífico para usted, a las familias con ingresos inferiores a 14 000 euros al año -una familia que gana 14 000 euros al año en España hoy en día lo pasa muy mal-, ustedes las dan por hijo seiscientos euros al
año, es decir, cincuenta euros al mes por hijo para una familia que ingresa menos de 14 000 euros al año, de verdad, ¿esto es para usted histórico? De verdad, ¿esto es algún tipo de revolución? (Aplausos).
Señor Bolaños, son ustedes un auténtico fraude. Bajan ustedes los impuestos a los alimentos: bien, pero suben ustedes los impuestos a la luz y al gas; de hecho, los duplican. Nos hablan ustedes de los españoles que más sufren: bueno, lo
que meten en este real decreto es la creación de un fondo de inversión gestionado por ustedes al que van a transferir de forma automática dos mil millones para que hagan y deshagan, sacándolos de la gestión pública que se va a controlar aquí, en el
Parlamento. Ustedes van a ceder al Banco Europeo de Inversiones 19 500 millones de euros de todos los españoles para que sea el BEI el que los gestione, por cuenta y riesgo de España, extrayendo, de nuevo, al escrutinio de los españoles, aquí, en
el Parlamento, la gestión de -Chiqui, eso no es nada- 19 500 millones de euros. Y eso lo hacen ustedes en este real decreto ley, que, según usted, es histórico. ¡Es una vergüenza! (Aplausos).
El ingreso mínimo vital se lo ceden a las comunidades autónomas. Debe ser que se trataba de una grandísima necesidad de los españoles, que debe tramitarse de forma urgente.
La señora PRESIDENTA: Señor Figaredo, tiene usted que terminar.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Hablan ustedes del agua. Si ustedes, de verdad, quieren utilizar los embalses como fuente de almacenamiento del agua mediante el bombeo, podrían haber votado a favor de las tres iniciativas que presentó VOX
en noviembre de 2022, enero de 2023 y febrero del 2023. (El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños García, abandona el hemiciclo).
Entiendo, señor Bolaños, que no le guste a usted escuchar lo que dicen los españoles, pero, como mínimo, debería quedarse usted aquí sentado mientras discuten su real decreto. (Aplausos). En fin, esto es lo que hay.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Figaredo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Casares Hontañón por un tiempo también de siete minutos.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, vicepresidenta, ministro.
Señorías de Vox, ¿dónde estaban ustedes cuando este Gobierno aprobaba la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC que ha permitido subir un 8,5 % las pensiones en 2023, frente al 0,25 % del Partido Popular? ¿Dónde estaban, señorías
de VOX? (Aplausos).
Y, señorías, dos previas más. Este Gobierno ha demostrado que, entre la gente y los especuladores y las grandes empresas energéticas y financieras, siempre vamos a elegir a la gente; entre proteger y recortar, siempre vamos a elegir
proteger, señorías de esta Cámara.
Y una segunda consideración. Hasta el último momento, el Gobierno de España y este grupo parlamentario van a seguir negociando para sacar adelante estas importantes medidas para la ciudadanía. (Aplausos).
Y ahora sí, señorías del Partido Popular, primer Pleno de este 2024 y ustedes siguen en la oposición y nosotros en el Gobierno de España, mejorando cada día la vida de la gente. Siento decirles que los cinco años de su estrategia del ruido,
la mentira, los bulos, la confrontación y ahora incluso el ataque a nuestras sedes del Partido Socialista no les ha servido para nada. No hay ruido capaz de tapar el progreso de este país, señorías de VOX y del Partido Popular. (Aplausos).
Y, señorías de la derecha, solo en estos diez primeros días de este 2024 este Gobierno ha hecho más por España que el Partido Popular en los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy. Y vamos a ello, se lo voy a explicar. Desde el 1 de
enero las pensiones han subido un 3,8 % y también se han revalorizado las pensiones no contributivas y el salario mínimo interprofesional lo hará próximamente. También ha subido el ingreso mínimo vital, y -lo hemos visto- también el subsidio por
desempleo hasta los 570 euros. Desde este mes cotizan a la Seguridad Social las prácticas no remuneradas para beneficiar a más de un millón de becarios en España. Y 2023 ha cerrado con la mayor cifra de personas trabajando en la historia de
nuestro país, 20,8 millones de trabajadores. Y no solo eso: el año pasado hemos creado 540 000 puestos de trabajo, cifra récord en la contratación indefinida, y tenemos la menor cifra de desempleo en los últimos diecisiete años, desde el año 2007.
Además, tenemos el mayor número de mujeres trabajando y el menor desempleo juvenil de toda la serie histórica. (Aplausos). Esa es la política del Gobierno de España.
Señorías del Partido Popular, ustedes decían que revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo o recuperando derechos para la clase trabajadora con la reforma laboral España iba a la bancarrota. Hoy, una vez más, el tiempo ha
demostrado que mintieron, señorías del Partido Popular. España hoy crece más que la media de la Unión Europea, tenemos una de las inflaciones más bajas y creamos más empleo que nunca, y todo ello con rigor y responsabilidad fiscal, reduciendo el
déficit y la deuda pública. Esta es la realidad. Y, señorías, sí, estamos hoy aquí para ayudar a millones de personas en este país, para convalidar un importante real decreto que prorrogue, señor ministro, el escudo social. Vamos a votar en favor
de proteger a la ciudadanía. Y hoy votar no significará dar la espalda a millones de españoles. Votar no, señorías del Partido Popular, implica decir no a la reducción del IVA en tipos reducidos para los alimentos básicos o el 5 % en el IVA de la
pasta o los aceites, no a las rebajas fiscales en la factura de la luz y el gas, no a la gratuidad del transporte público de Cercanías y media distancia y a las bonificaciones del transporte urbano e interurbano; será decir no a la prohibición de
los desahucios para familias y personas vulnerables, será decir no a mantener la prohibición del corte de suministros básicos, será decir no a medidas con las que estamos ayudando a muchísima gente. Eso será lo que van a hacer ustedes hoy en este
Pleno del Congreso de los Diputados. Y, además, estarán también diciendo que no a la gente de Canarias, porque este real decreto también protege a los afectados por el volcán de La Palma. Y estarán diciendo no a la revalorización de las pensiones,
un 3,8 %. Y estarán diciendo también no a mantener el impuesto a las grandes fortunas y a los bancos y las energéticas, que han cerrado 2023 con los mayores beneficios de su historia. Eso es lo que están diciendo.
Pero, de verdad, ¿van a decir que no y van a votar contra los intereses de la mayoría de la ciudadanía? Señorías del Partido Popular, esto no va de salvar a ningún Gobierno, como dicen Feijóo y la señora Ayuso. Esto va de salvar y proteger
a millones de españoles, de eso va este real decreto. Por eso estamos hoy aquí, y esto es lo que va a votar hoy esta Cámara: seguir avanzando en justicia social, como nunca antes lo había hecho este país. Y en ese camino nos encontrarán. A pesar
de la incertidumbre y el difícil contexto, España en 2024 va a seguir creciendo más que los países de nuestro entorno, va a seguir creando más empleo que los países de la Unión Europea, va a seguir protegiendo el poder adquisitivo de los hogares y
las familias, y, sí, va a seguir avanzando en conquistas sociales. Así que ustedes sigan a lo
suyo, señorías, que nosotros seguiremos a lo de todos, a lo que en España hace que hoy sea un ejemplo en el mundo y un orgullo el Gobierno de Pedro Sánchez para millones de españoles y españolas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Casares.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Olano Vela también por un tiempo de siete minutos.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Señor Casares, ha estado usted a dos insultos de convencernos de que había que apoyar a Pedro Sánchez. (Aplausos).
Señor Bolaños, bienvenido a la realidad. Esta es la realidad que ha dibujado Pedro Sánchez. Esta, la de hoy y la de estos días, es la realidad que Pedro Sánchez quiere para España. En estos días y muy especialmente hoy se han dado cuenta
ustedes de quien gobierna realmente España, por desgracia. No es Pedro Sánchez. No es usted, señor Bolaños. Usted hace lo que le dicen que tiene que hacer; lo que le dice no Pedro Sánchez, lo que le dice un señor, un prófugo de la justicia que
vive en Waterloo y no puede pisar suelo español porque está acusado de graves delitos. (Aplausos).
Señorías, esto no es lo que votaron los españoles. No, los españoles no votaron tener un Gobierno secuestrado porque únicamente representa el 1,6 % de los votos. No es verdad, no mientan en eso también, señor Bolaños. Esto es la decisión
de un temerario como Pedro Sánchez, capaz de todo por el poder, capaz de poner a España de rodillas ante un señor que, como digo, no puede pisar España porque está huido de la justicia.
Y a lo largo de estos días, señorías, hemos vivido un espectáculo francamente bochornoso. Y ya nos ha dicho la señora Nogueras que va a haber muchos espectáculos bochornosos como este, señor Bolaños. Los socios de Gobierno se han acusado
unos a otros de intentar engañarse: SUMAR con el PSOE, Podemos con Yolanda Díaz, Puigdemont con Sánchez, y así hasta convertir algo tan serio en una sátira del Café de Rick de Casablanca, en la que todos los socios del Gobierno se escandalizan de
que en esta cueva de trileros se mienta y se engañe, mientras todos ellos intentan engañar a quien tienen a su lado. Esto es lo que ha diseñado Pedro Sánchez. Este es el Gobierno de coalición progresista del Partido Socialista y veinticinco
partidos más, señor Bolaños. (Aplausos).
Señorías, España no merece este espectáculo deplorable. Ya se lo advirtió el pasado 15 de noviembre el señor Núñez Feijóo al señor Sánchez: Cuando el independentismo le falle, cuando la legislatura le supere, no me busque, yo me quedo con
la mayoría de españoles, a los que usted considera de segunda. Y la señora Nogueras se lo ha recordado, le ha dado la orden de que considere de segunda a todos los españoles que no sean catalanes. (Aplausos). Y el Partido Popular estará con los
catalanes y el resto de españoles, como ha hecho siempre.
Vienen ustedes hoy, señor Bolaños, a pedir a mi grupo parlamentario que cambiemos de opinión, que mintamos, en definitiva, por hablar claramente y que nos entienda todo el mundo, y que votemos en contra de los intereses del conjunto de los
españoles simplemente para salvarle la cara a usted y al señor Sánchez. Pero yo le digo: No se confunda, en esa bancada de ahí no va a encontrar usted a ningún socialista, en esa bancada de ahí tenemos más dignidad y palabra que toda esa bancada
que tiene usted detrás, señor Bolaños. (Aplausos).
Y no, señor Casares, no se perjudica a los españoles no aprobando estos reales decretos. No mientan, por favor; no se les perjudica. Aquí los únicos perjudicados son ustedes, que descubren que son el Gobierno más débil de la democracia.
Por mucha chulería con la que suban a la tribuna, por mucho desprecio que tengan a los partidos de la oposición, en el fondo, y ustedes lo saben, son el Gobierno más débil de la democracia. Y hoy hemos podido ver aquí cómo ustedes, lejos de pedir
el voto a sus socios, se han dedicado durante toda la mañana a insultar en esta tribuna a esos leales defensores del conjunto de los españoles.
Claro, decir que ustedes no se fían de sus socios es algo evidente. Tampoco ellos de ustedes, por lo visto, porque hay que ver las intervenciones que hemos escuchado hoy aquí. Por cierto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? No lo han
dicho, negocian en despachos oscuros. No han dicho hasta dónde están dispuestos a llegar, señor Bolaños, señora Montero, para complacer a la señora Nogueras, para establecer eso que ellos buscan tan insistentemente, que es que haya españoles de
primera y españoles de segunda.
Si quieren no perjudicar a la gente, lo que tienen que hacer es retirar este real decreto de la votación de hoy, negociar con el primer partido de España, que es el Partido Popular, y, en, definitiva, gobernar
para todos, y no para unos pocos, señor Bolaños. Decía usted que los datos avalan su gestión, y, hombre, hay que tener mucho cuajo, señor Bolaños. Verá, le voy a dar una serie de datos. Dicen ustedes que vamos como una moto, pero traen un
decreto anticrisis; ya me contará cómo es posible cuadrar ir como una moto con los decretos anticrisis. Tenemos más déficit que en el año 2018, más deuda: 200 millones de euros diarios. Así se endeudan ustedes. Nosotros no crecemos; crecemos a
base de deudas, y le pasamos el pago de este crecimiento a las generaciones futuras, a las que ustedes han abandonado. Hemos tenido la mayor caída de renta per cápita de la Unión Europea desde 2020. Volvemos a estar entre los países pobres de
Europa, con derecho a solicitar fondos de cohesión, señor Bolaños. ¿De esto vienen ustedes a presumir aquí, de que volvamos a estar en el club de los pobres de la Unión Europea? Tenemos un 32 % de niños en riesgo de pobreza y 12 millones de
españoles, en su conjunto, están en riesgo de pobreza, y la pobreza extrema está en el punto más alto desde el año 2008. No, señor Bolaños, sus políticas no funcionan, sus políticas empobrecen a los españoles.
En el Partido Popular vamos a votar que no a este real decreto. Claro que sí, vamos a votar que no. Vamos a votar que no a que el Gobierno menosprecie al Parlamento convirtiendo los reales decreto leyes en la forma ordinaria de legislar,
hurtando a los diputados y a los senadores sus funciones constitucionales. Votaremos no a que gran parte de la subida de las pensiones y del sueldo de los trabajadores, en lugar de servir para que las familias lleguen a fin de mes, vaya a parar a
las arcas del Estado por negarse ustedes a deflactar el IRPF. Diremos no a que el Gobierno haya dejado fuera la subida de sueldo ya pactada con los funcionarios. Diremos no a la subida de impuestos a la electricidad y al gas de las familias, sobre
todo a las rentas más bajas, mientras ustedes les pagan el tren a los ricos. Nos oponemos a que el Gobierno pueda intervenir arbitrariamente empresas. Hay que tener mucho cuajo para quedarse con 2000 millones de euros para maniobrar en empresas
privadas y, sin embargo, rechazar una ley del ELA que solo cuesta 38 millones de euros. En definitiva, nos oponemos, como siempre, a que haya españoles de primera y españoles de segunda, que eso es exactamente lo que le estuvo exigiendo hoy durante
toda su intervención la señora Nogueras y aquí el señor Casares no ha salido a desmentirlo. A eso es a lo que está dispuesto el señor Sánchez, a vender a más del 80 % de los españoles simplemente para mantenerse en el poder. Nosotros nos oponemos
a esos peajes políticos.
Señor Bolaños, le exigimos que retire este real decreto de la votación y negocie uno nuevo con las exigencias que ya conoce del Partido Popular: la no subida del IVA en la luz; la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios,
pero a la vez también ajustando el IRPF a las rentas de menos de 40 000 euros al año; apoyar también la bajada del IVA en alimentos esenciales, añadiendo la carne, los pescados y las conservas. Lo repito: traigan un nuevo real decreto ley con
nuestras propuestas, incluyan aquellas medidas en las que estamos de acuerdo -las conocen ustedes de sobra-, y al día siguiente lo podremos aprobar aquí. Hay tiempo de sobra, no engañen a los españoles.
Finalmente, le diré simplemente una cosa: nosotros no somos lo que ustedes denominan progresistas; nosotros somos de fiar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Olano.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2024-2026 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024. (Número de expediente 430/000002).
DEBATE RELATIVO AL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE REMITE A LAS CORTES GENERALES EL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000001).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con los puntos del orden del día relativos al acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto
de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 20242026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024, y el acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el
plan de reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se debatirán de forma acumulada conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces.
Para presentar los acuerdos, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuando quieran. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, buenos días a todos y todas. Tenía previsto, cómo no, comenzar con la cortesía parlamentaria de desearles a sus señorías un buen año 2024, porque esta es la primera sesión en la que hemos tenido ocasión de poder saludarnos desde la
entrada del año nuevo. Pero después de escuchar algunas de las intervenciones que se han producido aquí, en la tribuna, yo diría que mi deseo más importante es que ojalá dejemos atrás unas dinámicas que, en mi opinión, están siendo muy negativas
para el debate político. Los insultos, las descalificaciones, las mentiras y las amenazas no solo incrementan el hartazgo y la desafección de la ciudadanía, sino que socavan los mismos pilares de la convivencia democrática. Por eso les hago un
llamamiento sincero para que podamos plantear la dialéctica parlamentaria desde la educación y el respeto al contrario, desde el rigor y la honestidad intelectual, que nunca pueden estar reñidas con una firme defensa de la posición ideológica de
cada grupo. Creo que esta forma constructiva de debatir nos permitirá alcanzar los consensos necesarios, favorables para el país, en algo que la ciudadanía nos reivindica permanentemente: que pongamos el interés general de los españoles y de las
españolas por encima y por delante de los intereses partidistas. De eso se trata, de lograr que las Cámaras respondan al interés general y que, por tanto, el debate circule, se desarrolle en el entorno de lo que beneficia a la ciudadanía, no por lo
que se saca de rentabilidad política o no por parte de tal o cual grupo.
Dicho esto, me parece también importante hacer constar que comparezco en la Cámara para presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de cada uno de los subsectores de la Administración pública para el periodo
20242026. Igualmente, voy a informar sobre el plan de reequilibrio y el límite de gasto no financiero del Estado para el año 2024 que aprobamos en el Consejo de Ministros el pasado día 12 de diciembre. Como siempre, insisto, porque me gusta que
quede claro, en que el techo de gasto no se somete a votación. Lo digo porque a veces confundimos esta cuestión y es importante que nos atengamos a lo dispuesto en la ley. Lo que hacemos es dar cumplimiento a los trámites que están previstos en la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para avanzar en la tramitación de los presupuestos para el año próximo, una cuestión que es absolutamente prioritaria para el Gobierno y que tendremos ocasión de debatir en el
momento oportuno, porque desde la conformación del Gobierno en esta legislatura hemos trabajado de forma muy intensa para formular lo antes posible las cuentas públicas y que vengan a esta Cámara; unas cuentas que sin duda continuarán en la senda
de progreso y de modernización del país, de apoyo al tejido productivo, a las pymes y a los autónomos y que también apuestan por la reindustrialización inteligente que nos permita anticiparnos y liderar los retos que afrontan las grandes economías.
En definitiva, en el día de hoy hemos discutido en los decretos que hemos traído algunos aperitivos respecto a esta cuestión. Ya tendremos ocasión de marcar las líneas de medio plazo a partir de los presupuestos generales del Estado. Pero, sobre
todo, vamos a continuar, por mucho que le pese a algún grupo político, mejorando la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las clases medias, de los trabajadores, de nuestros jóvenes y de la persona que son más vulnerables. (Aplausos).
Vamos a seguir, porque para eso estamos ampliando derechos y ampliando libertades, blindando todo aquello que hace posible un Estado del bienestar robusto, que vela por la cohesión social y también por la cohesión territorial.
Antes me permitirán una breve alusión a la novedad, que también contextualiza esta propuesta que traemos, que es todo el debate que se ha producido en la Unión Europea con respecto a la renovación, a la reedición de las reglas fiscales, unas
normas que, como recuerdan, fueron suspendidas por la Comisión en 2020 al activar la cláusula de salvaguarda con motivo de la pandemia. Posteriormente, las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania -para algunos grupos
políticos parece que esto no ha ocurrido en el mundo internacional y hasta tuvieron que suspenderse las reglas fiscales- aconsejaron esta prórroga de la suspensión de estas reglas fiscales, justamente debido al alza de los precios de la energía,
alzas de los precios que hoy proponemos seguir bajando durante el año 2024 del 21 %, en que
el Partido Popular la situó cuando estuvo gobernando en Moncloa, al 10 %, como se plantea en este decreto ley. De subidas fiscales, ninguna; bajada fiscal respecto a lo que planteaba el Partido Popular. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, vicepresidenta.
Ruego silencio, por favor, porque es complicado para el orador. Por favor, ruego silencio.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Esta vuelta a las reglas fiscales, señorías, significa volver a detallar cuáles son los parámetros que van a medir también esa sostenibilidad de las cuentas
públicas en el medio plazo. Aquí quiero reconocer públicamente que durante este tiempo de suspensión de las reglas fiscales el Gobierno de España y el resto de administraciones territoriales -que aquí parece que el Partido Popular no gobierna en
comunidades autónomas o en ayuntamientos, pero aquí estamos hablando de la senda de estabilidad de todos, también de comunidades autónomas y de ayuntamientos- hemos tenido muy en cuenta la consolidación fiscal, como tendré oportunidad de detallar
más adelante. Hemos contenido las cuentas públicas y hemos logrado que durante este año 2023 vayamos a estar en el entorno pactado con Bruselas del 3,9 % del déficit. Después de un volcán, después de Filomena, después de una pandemia, después de
la guerra de Ucrania, del despliegue del escudo social, de la bajada fiscal, este Gobierno ha demostrado que se puede proteger a la gente y atender los criterios de consolidación fiscal que marca Bruselas.
En este punto tengo que decir que esas nuevas reglas fiscales todavía tienen que ser debatidas en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en el Consejo. Por tanto, estaremos en los próximos meses pendientes de si estas instituciones
incorporan algún tipo de enmienda respecto a lo que salió del consenso entre los Estados miembros. Es importante decir que este consenso ha sido posible por la solvencia y el excelente trabajo del equipo español liderado por la exvicepresidenta
Nadia Calviño, que han propiciado un pacto histórico, diría yo, por la complejidad que supone poner de acuerdo a todos los Estados miembros, un acuerdo político que nos va a permitir contar con unas reglas más claras, más creíbles y que nos ayuden a
seguir avanzando en esta senda, protegiendo inversiones en los ámbitos verdes, digital, social o de la defensa, todos ellos sectores estratégicos para el futuro de la Unión. Creo que es de justicia reconocer el papel que España ha jugado en Europa
en esta ocasión liderando los debates, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis financiera, cuando se impuso la austeridad a ultranza y se dejó en la cuneta a miles y miles de ciudadanos, lastrando las oportunidades de los jóvenes y
perjudicando el envejecimiento en bienestar de nuestras personas mayores.
Les decía que el Gobierno de España ha mantenido todo este tiempo el compromiso firme con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad, y lo ha plasmado en una estrategia fiscal prudente, a pesar del complejo contexto que hemos vivido.
Hemos aplicado tasas de referencia que han garantizado este proceso a medio plazo y -lo más importante- lo hemos hecho compatible con el crecimiento, también apoyándonos en los fondos que vienen de Europa, en el Next Generation y en otros fondos
europeos, por cierto, Next Generation que también se vota en el día de hoy, 10 000 millones de euros imprescindibles para las empresas, para que los ciudadanos tengan oportunidad para el empleo, para que podamos abordar todas las reformas
estructurales que permitan que España sea más competitiva.
Cuando se vota en contra de los reales decretos, no se vota en contra del Gobierno ni del PSOE; se vota en contra del interés del país y del interés de los ciudadanos. (Aplausos). Hemos demostrado que hay una política económica y
presupuestaria compatible con la reducción de ese déficit a la vez que reforzamos el Estado del bienestar.
Son datos, señorías. Algunos quieren negar las estadísticas o las cifras oficiales. Son los datos que rinden el conjunto de los organismos encargados de hacerlo y también la Unión Europea. Porque, a pesar de la complejidad de la
situación, en dos años -escuchen, señorías, en dos años- hemos logrado reducir el déficit a la mitad, pasando del 10,1, provocado en el año 2020 por la pandemia, al 4,7 certificado por Europa en el año 2022. El ejercicio 2023 esperamos cerrarlo en
el 3,9; en definitiva, rebajar más de 50 000 millones en apenas tres ejercicios, para que venga el Partido Popular a dar lecciones a este Gobierno de control de las cuentas públicas, del déficit o de la deuda. (Aplausos). Y lo hemos logrado sin
aplicar recortes en los servicios públicos. Todo lo contrario: hemos hecho la mayor inversión en gasto social de nuestra historia. Ya sé que algunos, de hecho, no lo quieren escuchar, les resulta imposible encajarlo ni entenderlo, porque solo
tienen el dogma del austericidio. Pero, créanme, merece la pena profundizar en las políticas económicas que este Gobierno ha practicado en estos últimos tres años, porque ha demostrado que las políticas de recortes, además de ser injustas
socialmente, son ineficientes
desde el punto de vista económico. O, dicho de otra manera: la igualdad de oportunidades, la igualdad de los ciudadanos es una condición indispensable para el crecimiento económico. Cuantas más personas estén incorporadas al crecimiento
económico, más rápido y más alto llegaremos en el desarrollo de nuestro producto interior bruto. De hecho, de cara a este año, nuestro objetivo es que el conjunto de las administraciones públicas -esta es la propuesta que traemos- registren un
déficit del 3 % del PIB, para bajar al 2,7 en 2025 y al 2,5 en 2026. Nunca estos datos de déficit los ha conseguido un gobierno de la derecha. (Aplausos). Nunca hemos tenido en nuestro país la posibilidad de plantear sostenibilidad en este medio
plazo, porque de esta manera estamos cumpliendo de forma holgada con los objetivos que se recogieron en la última actualización del programa de estabilidad, también del plan presupuestario que hemos remitido a la Comisión Europea.
Este objetivo del 3 % para el conjunto de administraciones públicas se alcanzaría, según nuestra propuesta, gracias al mayor esfuerzo que va a realizar la Administración Central para flexibilizar la senda de comunidades autónomas y de
entidades locales. Dicho de otra manera: la Administración Central va a ser quien asuma el mayor esfuerzo en la reducción del déficit, como ocurrió con la pandemia o con la invasión de Ucrania, porque vamos a pasar de un objetivo de déficit del 3
%, que se recogió en el plan de estabilidad del mes de abril, a un objetivo del 2,7 % en esta nueva senda, 3 décimas que vamos a otorgar a comunidades autónomas y entidades locales para que se las puedan repartir de manera que podamos tener también
en las administraciones territoriales una mayor capacidad de gasto y, por tanto, una mayor protección del Estado del bienestar.
Señorías, como acordamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades autónomas tendrían un objetivo de déficit del 0,1 % para 2024, dejando atrás el equilibrio presupuestario que se recogía en el programa de estabilidad
que se remitió en el mes de abril. Repito, pasarían, si se aprueba la propuesta que traemos hoy, de una posición de equilibrio que se planteaba en abril a un margen de una décima de PIB que se plantea en la propuesta que sometemos a votación. Esto
se une también al incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación, que va a alcanzar el año próximo cifras récord. Los recursos del sistema para comunidades autónomas crecerán el próximo año un 14,9 % más de lo que tuvieron en el
año 2023. Este Gobierno siempre ha sido leal a las comunidades autónomas y siempre ha pretendido que estén bien financiadas, de forma que puedan proveer los servicios más importantes que los ciudadanos reciben -sanidad, educación, dependencia,
pensiones-, que son los que configuran su colchón de seguridad. (Aplausos). Es, decir, 20 000 millones más de euros para las comunidades autónomas sobre lo que recibieron en 2023, que ya fue cifra récord. Por tanto, un mayor margen para este
subsector que lo podrá utilizar para mejorar los servicios públicos, si así lo decide. Para 2025 y 2026, las comunidades autónomas buscarán ese equilibrio presupuestario frente al superávit que se planteaba en el programa de estabilidad, es decir,
van a disfrutar también de mayor margen fiscal para 2025 y 2026.
Y lo mismo ocurre con las entidades locales. En la Comisión Nacional de Administración Local se acordó que en 2024 ya no tendrán que alcanzar el superávit del 0,2 %, sino que irán al 0,0 % y, por tanto, a equilibrio presupuestario. Los
alcaldes y alcaldesas saben bien de lo que hablamos cuando planteamos un objetivo de equilibrio en vez de un objetivo de superávit: 2 décimas más para las entidades locales para el año que viene. También para 2025 y 2026 se flexibilizan estos
objetivos, pasando al equilibrio presupuestario. Es importante destacar que el año que viene las entidades locales van a disponer también de los mayores recursos de su historia procedentes del sistema de financiación. Fíjense, en concreto, 27 885
millones, que suponen un 29,3 % más de lo que recibieron las entidades locales en el año 2023.
Por último, señorías, la Seguridad Social, que mantiene la senda prevista con el objetivo del 0,2 % en 2004, del 0,1 % en 2025 y de equilibrio en 2026. Por tanto, señorías, con los datos que acabo de darles, creo que es muy difícil
justificar un voto en contra de aquellas formaciones políticas que no quieren aprobar estos objetivos de estabilidad, porque que estas formaciones se posicionen en contra de esta senda significa menor capacidad de gasto en los territorios, significa
que tienen que explicar por qué someten a comunidades autónomas y entidades locales a una mayor asfixia económica de la que propone el Gobierno de España, que puede pactar con Bruselas, y, por tanto, por qué rechazan ser más flexibles de lo que
teníamos previsto inicialmente, por qué votan en contra de prestar mejor servicio en sanidad, en educación, en dependencia o en políticas de vivienda, o por qué votan en contra -y esta es la paradoja a la que estamos asistiendo en el día de hoy- de
los propios objetivos que han fijado la comunidades autónomas en su proyecto de presupuestos. Les explico la paradoja. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora vicepresidenta. Por favor, les ruego silencio. Es imposible que el orador se pueda concentrar, que le podamos escuchar y que el debate funcione como debe.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta.
Explico la paradoja. El Partido Popular dice que va a votar en contra de un objetivo de déficit del 0,1 % para las comunidades autónomas. ¿Saben con qué objetivo de déficit se han formulado, por ejemplo, las cuentas públicas en Andalucía?
Con el 0,1 %. ¿Saben con qué objetivo de déficit se están fijando las cuentas públicas en las comunidades autónomas que han iniciado el proceso de elaboración presupuestaria a través también del techo de gasto? Con el 0,1 %. Están haciéndose una
autoenmienda a los territorios donde gobierna el Partido Popular, diciendo que no al 0,1 % y obligándoles al 0,0 %. Esto es lo que votamos hoy y esto es lo que votan algunas formaciones políticas, y lo tendrán que explicar en aquellos territorios
donde ya se han formulado estas cuentas públicas. O están apostando también, señorías, por aplicar recortes de forma sibilina, o van en contra de ese interés general. Por tanto, yo confío en que impere el sentido común, porque si no los objetivos
que se fijarán serán los que están vigentes y que ya cuentan con el aval de las instituciones europeas, es decir, los del mes de abril, que son más desfavorables para ayuntamientos y comunidades autónomas.
Con respecto a la deuda pública, saben sus señorías que hemos adelantado a 2023 el objetivo de reducción por debajo del 110 % del PIB, un avance notable teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia nos situó en una deuda por encima del
120 %. Pues bien, de cara al próximo año, vamos a continuar esta reducción paulatina de la deuda, del porcentaje de la ratio deuda/PIB, que es como se mide el grado de endeudamiento. Esto parece que a alguna formación política no le interesa.
Proponemos 2 puntos menos de los que se comprometieron en la actualización del programa de estabilidad de abril de 2023. Es decir, lo que pretendemos con estos nuevos objetivos de deuda es justamente acelerar ese proceso de consolidación fiscal y
reducir la deuda a mayor velocidad. A pesar de eso, hay formaciones políticas que votan que no reduzcamos la deuda a mayor velocidad de lo que teníamos previsto con Europa. Por subsectores, la deuda de las comunidades autónomas son 21,7 % en 2024,
21 % en 2025 y 20,3 % en 2026, y para entidades locales, 1,4 % en 2024, 1,3 % en 2025 y 1,3 en 2026. En definitiva, unos objetivos claramente favorables al resto de subsectores, mucho más favorables que aquellos de que disfrutaría el Gobierno de
España, que se aprieta el cinturón para que realmente los servicios públicos estén garantizados por parte del resto de administraciones públicas.
Esta es la senda fiscal creíble, prudente, que se incluye también dentro de este plan de reequilibrio que hemos remitido a esta Cámara. Es un plan que también ustedes han conocido por esta iniciativa del Gobierno, que se sustenta en un
crecimiento económico robusto, uno de los mayores de la zona euro, con una creación de empleo que se mantiene en cifras récord y que nos está aportando una base fiscal más ancha, un despliegue intensivo de fondos europeos por todos los territorios y
una gestión eficiente de los recursos públicos. Yo diría que es la primera vez que se aprueba en este país un plan de reequilibrio sin recurrir a los mantras o a las políticas neoliberales fracasadas que hicieron que se profundizara más en la
crisis económica, de la que tardamos más tiempo en salir por esas políticas neoliberales dictadas a ultranza de los intereses económicos que sufrimos -iba a decir vivimos- durante el Gobierno del Partido Popular. Porque, frente a ese apocalipsis
económico que siempre augura esta formación política, les doy un dato para que valoren el impacto que hemos tenido que afrontar y la rigurosidad con la que nos hemos conducido. En apenas dos años hemos reducido a la mitad el déficit generado con
motivo de la pandemia, y esto, señorías, no es algo casual, no es algo que se consiga con un gobierno que tachan de derrochador, que no tiene en cuenta la sostenibilidad o que no tiene en cuenta el interés. Esto se hace con un gobierno responsable,
responsable del interés general de los ciudadanos, responsable de la generaciones futuras y responsable del bienestar de nuestros jóvenes y de las oportunidades para que cada uno pueda vivir su proyecto vital. Y, por tanto, señoría, esta buena
conducción de las cuentas públicas, siendo reconocida por Bruselas, por las autoridades europeas, se plasmó en nuestro programa de estabilidad, que se evaluó positivamente por el Consejo de la Unión Europea. Por tanto, señorías, proyecciones
fiscales realistas y una senda de gasto realista compatible con esta capacidad de reducción del déficit y de la deuda.
Termino refiriéndome de forma breve al denominado techo de gasto -insisto en que no se vota-, el límite de gasto no financiero. En concreto, este techo de gasto, incluyendo el plan de recuperación, va a alcanzar en 2024 la cantidad de 199
120 millones, un incremento del 0,5 % respecto al aprobado en 2023.
Sin la aportación de esos fondos europeos, el techo, con presupuesto nacional, se situaría en 189 215, lo que da muestra, señorías, de nuestra apuesta por el crecimiento económico al margen de las ayudas europeas. Es un límite de gasto
realista, prudente, consistente con este proceso de consolidación fiscal y que, además, nos posibilita un margen de actuación posterior en caso de que fuera necesario.
Señorías, este Gobierno siempre ha defendido la importancia de adecuar la política de estabilidad presupuestaria al ciclo económico. Siempre hemos defendido adecuar esa política de estabilidad a las necesidades de las empresas, pero
también, y muy especialmente, de la mayoría social de nuestro país. Siempre hemos dicho que en circunstancias excepcionales, como fueron la pandemia o la invasión en Ucrania, había que utilizar la política fiscal como herramienta para proteger a
los trabajadores, a las empresas, a las familias y, especialmente, a las personas más vulnerables. En esto consiste, no en otra cosa, este proyecto colectivo que nos hemos dado entre todos; en esto consiste la grandeza de este Estado social. Y
ahora que recuperamos la normalidad, que hemos superado claramente los niveles de PIB real y de empleo previos a la pandemia, necesitamos seguir impulsando la modernización del país, porque no nos conformamos con lo que teníamos. Podemos y queremos
liderar algunas transformaciones, como la digital o la verde, que van a cambiar la vida de todos los ciudadanos. Queremos y tenemos que seguir reforzando los servicios públicos, su calidad, su cercanía, porque son la garantía de igualdad para todos
los españoles. Vamos a seguir apostando por la capacitación de nuestros jóvenes, para que puedan desarrollar todo su talento. Porque vamos a dar estabilidad y seguridad a los jóvenes, a pesar de que algunos grupos políticos pretenden votar en
contra de la revalorización de las pensiones adecuándola al IPC y al nivel de vida. (Aplausos). De esto hablamos cuando estamos abordando las reglas fiscales y los objetivos de estabilidad, de construir una mejor España para todas y para todos. Y
es por ello, señorías, que les pido que con su voto favorable aprueben unos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y para cada uno de los subsectores que acabo de presentarles.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Marí Bosó, por un tiempo de diez minutos.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora Montero, si me permite la broma, usted, que se quería cargar el debate de los objetivos de estabilidad aquí, en el Senado, hicimos el último en marzo de 2020 y hoy volvemos a estar aquí, en el Senado, y seguramente le tocará venir más
días. (Aplausos).
Señora Montero, lo que nos ha contado está muy bien, pero hoy la primera pregunta que usted tiene que responder a la Cámara es si todo esto que nos ha contado es verdad. (Risas). Sí, si es verdad, y si en la última reunión mensual le han
dado el beneplácito los verificadores internacionales. Claro, esta es la primera pregunta que usted tiene que responder hoy. Porque sus políticas, señora Montero, sus afirmaciones y su Gobierno están sometidos a doble verificación cada mes, y si
los verificadores internacionales no le han dado el beneplácito, pues ya me contará de qué estamos hablando hoy aquí. Reconocerá conmigo que el hecho de que lo que diga la vicepresidenta del Gobierno de España, el hecho de que lo que diga usted,
que ya es historia -en palabras de la señora Calviño-, esté sometido a verificación, sea verdad o no, y tengamos que comprobar si es verdad o no en el extranjero, es curioso y, si me permite decirlo, es humillante para todos. (Aplausos).
Señora Montero, hoy su Gobierno o es derrotado o es humillado. Está sometido a verificación internacional porque han aceptado el relato de las dos soberanías para mantenerse en la silla. Hoy y cada mes deben someter sus políticas y
decisiones a verificación internacional porque sus socios no se fían de ustedes. Sus socios no se fían de que no les engañen, porque ya les conocen, señora Montero, ya les conocen. Además, lo que hoy nos ha contado está muy bien, pero dependerá de
lo que quiera el señor Puigdemont, fugado de la justicia; de lo que quiera el señor Junqueras, condenado por asaltar la Constitución; de lo que quiera el señor Otegi, condenado por secuestro; o también dependerá de lo que quiera la señora Díaz,
que ya le digo yo que querrá, que la señora Díaz querrá; pero también de lo que quiera la señora Belarra o el señor Ortuzar. Es decir, todo lo que nos ha dicho está sujeto a verificación internacional y está sujeto a las condiciones que le
impongan todos estos que le acabo de nombrar. La decisión de sus socios, señoría, ya la sabemos, nada tiene que ver con el interés general de los españoles. Le van a apoyar o no, porque lo han dicho, dependiendo de que usted obstaculice o no la
amnistía, de que obstaculice o no el referéndum de independencia. Por cierto, señoría, que se hayan avenido a negociar un referéndum de independencia... ¡Qué vergüenza, señora Montero! (Un señor diputado: ¡Muy bien!). En esas estamos,
señorías. Esta es la extrema debilidad de este Gobierno, la extrema debilidad de su política presupuestaria y económica, señora Montero. Que hoy se levante el país sin saber si mañana sube el IVA de la luz o no, sin saber si el transporte es
gratuito o no por culpa de sus tejemanejes, demuestra la extrema debilidad del señor Sánchez, señoría, eso es lo que demuestra. En esas estamos. Y trae usted la senda de estabilidad presupuestaria que pretende perpetuar el estancamiento al que nos
han traído, y el plan de reequilibrio que incumple la ley y que no reequilibra nada. Se lo ha dicho con palabras más educadas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y un techo de gasto que lo incrementan ustedes ni más ni menos que
el 9,3 % y no cuadra con el incremento del gasto primario del 2,5 %. Es decir, señoría, usted, fiel a su tradición, lo que nos trae aquí adolece de lo mismo que adolece la política del Gobierno, la política económica del Gobierno, una política
económica que no es creíble y que no funciona, señoría. (Aplausos).
Los resultados de su política económica se resumen en el hecho de que España fue la que más riqueza perdió en la pandemia. Fuimos los peores, señorías, los últimos. Su incapacidad supuso un gran perjuicio para el conjunto de los españoles
y hemos sido también de los últimos en la recuperación. Y en la crisis energética, nuevamente, hemos sido los que peor desempeño hemos tenido. Se dijo: la inflación será transitoria, no se preocupen. Oiga, dos años y medio después aún tenemos la
inflación por encima de la media europea. Y se dirá que ha habido pandemia, que ha habido un volcán -usted ha citado ni más ni menos que a Filomena también-, que ha habido también una crisis energética e incluso que el núcleo de la tierra... En
fin, ahí lo dejo, en palabras del señor Sánchez. (Risas). Se dirá que ha habido todo eso, pero, excepto lo del volcán, señoría, la pandemia ha pasado en todo el mundo, la crisis energética y el núcleo de la tierra están ahí para todos y, sin,
embargo, nosotros hemos sido los peores. ¿Y sabe cuál es la diferencia, señoría? Que han estado al mando usted y el señor Sánchez con sus políticas equivocadas. (Aplausos). Esa ha sido la diferencia. Ustedes no han hecho una política económica
para la mayoría social. Ustedes han asfixiado y han empobrecido a los españoles. Somos los únicos de la Unión a veintisiete que hemos perdido renta per cápita desde 2019 -un -1,1-, frente al incremento del 3,2 del resto de países. Han frito a
impuestos a los españoles, señoría. Ha subido la presión fiscal 3,4 puntos del PIB, nueve veces más que la media de países de la Unión Europea. Ha cargado todo su descontrol sobre las espaldas de los españoles y encima no ha tenido la dignidad de
deflactar la tarifa del IRPF y bajar el IVA del pescado, de las conservas y de la carne, como le ha pedido reiteradamente el presidente Alberto Núñez Feijóo.
Han procedido a una auténtica devaluación salarial de los españoles vía inflación. Tras perder el 5,3 % de salario real en 2022, sus políticas han impedido recuperar poder adquisitivo en 2023. Sí, señoría, no me mire así. (La señora
vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¿Yo?). Han desaparecido 82 000 empresas y hoy en nuestro país el empleo es mucho más precario. Oiga, hoy nuestros jóvenes tienen que encadenar varios contratos de días o semanas y
su Gobierno les dice que son contratos indefinidos. Hoy hay que pluriemplearse con varios contratos parciales para poder conseguir un sueldo que ni siquiera va a ser digno a final de mes, y los ministros desfilan por los telediarios sonriendo.
Tenemos la peor tasa de paro de la Unión Europea, la peor tasa de paro juvenil y la peor tasa de paro femenino. ¿De qué sirve la mayoría social de la que nos habla, señora Montero? ¿Por qué nos engaña? Ustedes no gobiernan para la mayoría social
de este país. Ustedes, señora Montero, nos empobrecen.
Los españoles, se ha dicho otras veces, no merecen un gobierno que les engañe. No merecen un gobierno que les hable de la senda de estabilidad presupuestaria, mientras nos instala en la inestabilidad de los pactos Frankestein. Los
españoles no merecen un gobierno que les hable de la senda de estabilidad, cuando resulta que, por la puerta de atrás y de tapadillo, su Gobierno se aleja de la senda constitucional. Los españoles, señorías, necesitan y merecen una política
económica viable, plausible, y la hay. Hay una alternativa de política económica, que es la que proponemos, señora Montero, para, en primer lugar, hacer un análisis ajustado de la realidad y saber que estamos en estancamiento; y, en segundo lugar,
hacer las reformas estructurales de nuestra economía para mejorar. Hay una alternativa mejor de política económica y presupuestaria, y es la que proponemos, señorías. Debemos mejorar nuestro mercado de trabajo, desmaquillarlo, para poder afrontar
la precariedad, la temporalidad y la parcialidad. Hay una alternativa mejor: que afronten los desequilibrios de nuestro sistema de pensiones en el acuerdo y en el consenso del Pacto de Toledo. Hay una alternativa que propone reformar a la baja
nuestro sistema tributario para estimular las rentas medias y bajas en este país. En fin, señorías, proponemos una política
económica que apueste por el estímulo, en lugar de por la asfixia; por la modernización, en lugar de por la subsidiación permanente. Proponemos liberar potencialidades de nuestra economía, de nuestra sociedad, para no intervenirlo todo
hasta la extenuación. Proponemos una política económica que no desconozca la realidad y que se arremangue para transformarla, en lugar de maquillarla.
Estas son nuestras razones, señorías, esta es la responsabilidad del Grupo Popular, como partido mayoritario que tiene la confianza de los españoles y como alternativa de Gobierno. Y nosotros, el Grupo Popular, estamos seguros de que para
los españoles no hay nada escrito, que lo que ocurra en los próximos meses depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Solo hace falta un Gobierno que no les defraude.
Muchas gracias, señora presidenta. (Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marí.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer, por un tiempo, también, de diez minutos.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos toca debatir ahora sobre algo que desconoce este Gobierno, como es la estabilidad presupuestaria; sobre algo en lo que es experto, como es la deuda pública y el aumento del gasto; sobre algo en lo que no cree, como es un plan
de reequilibrio de las cuentas públicas. Un gobierno para el que la estabilidad presupuestaria consiste en gastar más de lo que ingresa. Y así lo ha demostrado, acumulando déficits continuados en las cuentas públicas, que ascienden a 314 000
millones de euros entre junio de 2018 y septiembre del año 2023. Son déficits que han provocado un aumento de la deuda de todos los españoles, deuda que tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y es que en esto consiste la famosa
solidaridad intergeneracional de los socialistas. Son déficits que este Gobierno propone mantener en los años 2024, 2025 y 2026, y que supondrán un continuo aumento de la deuda pública para poder financiarlos.
Mencionaba que en este Gobierno son expertos en deuda, lo son y lo demuestran. Datos: la deuda se ha incrementado, desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, en más de 374 000 millones de euros, lo que supone una verdadera
irresponsabilidad. Un crecimiento de la deuda que ha supuesto que cada español debamos 6750 euros más que cuando llegaron ustedes al Gobierno. Una deuda cada vez más alta que, combinada con un aumento de los tipos de interés, supondrá pagar una
cifra estimada de 41 000 millones de euros en intereses en el año 2026. Para que se hagan una idea, el presupuesto del año 2023 para el pago de pensiones de viudedad asciende a 28 394 millones de euros. Una gestión irresponsable que pretenden
mantener hasta el año 2026, año en el que la deuda seguirá por encima del producto interior bruto. Es decir, seguiremos debiendo más de lo que producimos.
A la irresponsabilidad se le une la incompetencia. Porque incompetencia es que, a 31 de diciembre de 2022, tan solo seis países de la Unión Europea, entre ellos España, mantenían un nivel de deuda por encima del producto interior bruto.
Entre ese pelotón de cola, Francia y España son los países que registran peor comportamiento de la ratio respecto del año 2019. Porque incompetencia es que, desde finales del año 2019 hasta el tercer trimestre del año 2023, por cada euro de deuda
emitido, tan solo se han generado 0,53 euros de PIB nominal. Porque incompetencia es comprobar que, en la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, hemos pasado de estar a 9 puntos de la media de los países de la Unión Europea, en
2018, a estar a 14 puntos de la media de los países de la Unión Europea en el año 2022. Es decir, el poder de compra de los españoles ha empeorado respecto a la media de la Unión Europea.
Una incompetencia que ha puesto de manifiesto el informe de la OCDE del pasado mes de diciembre. Un informe que nos recuerda que España lleva más de dos décadas presentando un crecimiento del PIB per cápita real prácticamente nulo, que la
baja productividad impide que los españoles disfruten de una mayor prosperidad económica y que España perderá once puestos en la clasificación global de países en PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Nos adelantarán Portugal, Polonia,
Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Estonia, Grecia o Letonia.
Pese a demostrar una incompetencia manifiesta en la gestión, este Gobierno nos propone aumentar el límite de gasto en un 9,3 %, porcentaje que se obtiene descontando los fondos del plan de recuperación de la Unión Europea. Un aumento del
gasto que servirá para seguir manteniendo el Estado de bienestar de los políticos y para pagar el apoyo de los golpistas a la investidura. Un aumento del gasto que servirá para seguir manteniendo el Gobierno más caro de la democracia, el que cuenta
con más ministros, más
secretarios de Estado, más directores generales y más asesores. Y un aumento del gasto que hay que financiar y, para financiarlo, se subirá la presión fiscal a todos los españoles, con medidas tales como reducciones en las bonificaciones de
impuestos y aumentando los costes del trabajo. Señorías, aumentar los costes del trabajo en el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, en el país cuya tasa de paro duplica la media de la Unión Europea, en el país con una tasa de paro
juvenil que casi duplica la media de la Unión Europea, es una completa irresponsabilidad.
Debemos recordar que desde el año 2017 los españoles han sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7 %. Puro modelo socialista. Una elevada presión fiscal que pone de manifiesto el Instituto de Estudios Económicos, que demuestra
que España registró en el año 2022 el mayor esfuerzo fiscal entre las economías avanzadas. Sitúa este esfuerzo fiscal un 52,8 % por encima del promedio de la Unión Europea. Y no nos puede extrañar comprobar cómo en el año 2022 retrocedimos nueve
posiciones en el índice internacional de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation para situarnos en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal de la OCDE. Señorías, estar en la quinta peor posición en competitividad fiscal
no favorece que lleguen la inversión y el talento a nuestra nación, sino todo lo contrario. No favorece tampoco la inversión la existencia de un gobierno débil, un gobierno que toma decisiones políticas que suponen un golpe al Estado de derecho, a
la separación de poderes, a la seguridad jurídica y a la unidad de nuestra patria.
En este escenario, el Gobierno nos presenta un plan de reequilibrio. Un plan de reequilibrio que el Grupo Parlamentario VOX reclamó en numerosas ocasiones en la anterior legislatura. Un plan de reequilibrio muy poco trabajado y que se
dedica a hablar del pasado y no del futuro. Un plan de reequilibrio sobre el que la propia AIReF advierte, entre otras cosas, que no incluye la información prevista en la ley de estabilidad, que no recoge explícitamente el cuadro macroeconómico que
subyace a la senda fiscal planteada, y que no contiene medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. No nos pilla por sorpresa, ya que la única estrategia de este Gobierno es mantenerse en el poder realizando concesiones a
cambio de los votos de quienes protagonizaron un golpe de Estado y malversaron caudales públicos. (Aplausos).
El Grupo Parlamentario VOX votaremos en contra, y lo haremos por varias razones. Primera: votaremos en contra por la demostrada irresponsabilidad en materia fiscal de este Gobierno. Segunda: votaremos en contra porque el plan de
reequilibrio adolece de credibilidad al no contener medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. Tercera: votaremos en contra porque estos acuerdos son la excusa para seguir con el despilfarro político, porque olvidan que
responsabilidad en la gestión significa gastar bien, no gastar mucho. Cuarta: votaremos en contra porque no se plantean medidas para eliminar gasto político superfluo e improductivo y lograr no solo reducir el déficit público por debajo del 3 %,
sino equilibrar las cuentas públicas y comenzar una verdadera reducción del montante de la deuda pública. Quinta: votaremos en contra porque estos acuerdos son la base para justificar el aumento de la presión fiscal; un aumento que perjudicará a
las familias, a las pymes, a los comerciantes, a los autónomos; un aumento que, sumado al efecto de la inflación y a su decisión de no deflactar las tarifas del IRPF, supondrá una menor renta disponible para todos los españoles. Señorías, reducir
la renta disponible en el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza es un completo despropósito. Sexta: votaremos en contra porque tenemos serias dudas de la capacidad de gestión de un gobierno sometido al chantaje continuo de los
golpistas, de los independentistas y de los herederos de la ETA.
Votaremos en contra por las anteriores razones y porque la única condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín Urriza, también por un tiempo de diez minutos.
El señor MARTÍN URRIZA: Buenas tardes.
Voy a empezar por una cuestión metodológica, aunque sé que no son muy habituales en la Cámara, y menos a estas horas, cuando muchas de sus señorías deben de estar al borde de la hipoglucemia, pero el tema es suficientemente importante como
para traerlo a colación.
Seguimos con un producto interior bruto infraestimado y esto, obviamente, está muy relacionado con la senda de acomodación del déficit y de la deuda pública. Si tenemos un producto interior bruto
infraestimado, obviamente el déficit público y la deuda pública van a pesar más de lo que tendrían que pesar y la contribución fiscal que estamos haciendo va a parecer más alta de lo que en realidad es. Como ustedes saben, el Instituto
Nacional de Estadística recientemente resolvió parte de este problema y elevó el PIB porque revisó la remuneración de asalariados; una remuneración de asalariados que estimaba el INE y que estaba por debajo de la masa salarial que los empresarios
declaraban a la Agencia Tributaria y, obviamente, los empresarios no pagan impuestos por salarios que no abonan. Esta parte se ha resuelto y la parte que queda por resolver es la de revisar los beneficios empresariales.
En cuanto a los beneficios empresariales, también según las fuentes tributarias -que son los datos duros, pues los del INE son solo estimaciones-, a través del Observatorio de Márgenes Empresariales recientemente creado, sabemos que las
sociedades no financieras han aumentado su resultado bruto un 26 % desde 2019. En cambio, si ese mismo dato lo checamos en la contabilidad nacional, el crecimiento del excedente bruto de explotación de las sociedades no financieras es solo del 6 %.
Tenemos aquí un problema que el recién nombrado ministro de Economía tendrá que resolver lo antes posible. No toda la herencia que ha recibido es un activo.
Independientemente de este problema de estimación, que es muy relevante, a España no le va a costar, como ha dicho la ministra de Hacienda y vicepresidenta, salir del procedimiento de déficit excesivo. Ya este año vamos a conseguir, y esta
es una gran noticia, colocar el déficit público en el 3 % del producto interior bruto. Esto es plausible y posible por varios márgenes. En primer lugar, porque, como ustedes saben -lo hemos discutido aquí esta mañana-, se está acomodando el escudo
social porque la inflación se ha moderado. No obstante, es verdad que todavía el gap entre salarios y nivel de precios es grande, aunque ya el año pasado hemos conseguido que haya ganancia de poder de compra, unas décimas de los salarios, y hemos
cambiado la tendencia. Lo esperable este año es que los salarios ganen todavía más poder de compra. Pero, además, sabemos que a lo largo del año bajarán los tipos de interés, y esto nuevamente abre márgenes en el presupuesto y también animará más
la actividad. Hay que decir que son unos tipos de interés que nunca tendrían que haber subido. De hecho, no han ayudado a reducir la inflación, como no podía ser de otra manera, porque se trata de una inflación de origen en la oferta. Para lo
único que ha servido la subida de tipos de interés, señorías, ha sido para aumentar los beneficios de la banca a costa de los presupuestos familiares, de las familias hipotecadas y de las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos).
Además, España cuenta con un mayor margen fiscal cuando comparamos el nivel de contribución fiscal con la media europea. Esa, señora ministra, es una de las reformas pendientes que tenemos para este año: llevar a cabo, dentro del Gobierno
de coalición SUMAR y el Partido Socialista, una profunda reforma fiscal que aumente la suficiencia de los recursos para el sector público y que nos lleve a un sistema tributario más justo y progresivo. Esos recursos, además, los necesitamos para
reequilibrar el sistema de financiación, sobre todo en aquellas comunidades que están infrafinanciadas, como Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Además de reequilibrar el sistema de financiación, necesitamos reforzar el
sistema sanitario, porque sabemos que va a estar sometido de ahora en adelante cada vez a más presión como consecuencia del envejecimiento de la población. Pero nuevamente aquí tenemos un margen importante que podemos aprovechar: aproximarnos e
igualarnos a la media de contribución fiscal de la Unión Europea.
Otro margen adicional que tenemos es que nuestra actividad económica está funcionando, está creciendo. Estamos creciendo más que el resto de países de la Unión Europea, que los grandes países de la Unión Europea. Nos ha ocurrido el año
pasado y nos va a ocurrir también este. Y esto, nuevamente, abre márgenes para conseguir acomodar el déficit dentro del producto interior bruto. De hecho, el año pasado nos ocurrió algo extraordinario, señorías, y fue que la economía alemana se
resfrió y entró en recesión y nosotros no enfermamos de pulmonía. Y esto es algo completamente extraordinario y algo nuevo. Y detrás de esto, está un importante cambio en la política económica, tres puntos fundamentales que yo les voy a
referenciar y que explican este significativo cambio con respecto al motor de la Unión Europea. El primero de ellos es que, gracias a las políticas económicas del Gobierno de coalición, España se ha convertido en vanguardia de la transición verde
energética. Somos uno de los países europeos con más seguridad de abastecimiento energético y, al mismo tiempo, somos uno de los países europeos con una energía cada vez más limpia y barata. Esto nos está convirtiendo, señorías, en un polo de
atracción de inversiones extranjeras y nos está empujando la economía hacia arriba.
El segundo elemento, el segundo cambio en la dirección de la política económica se ha llevado a cabo por parte de la ministra de Trabajo y ha sido la elevación de los estándares laborales: un salario mínimo
normalizado con el 60 % del salario medio, una contratación temporal abusiva que se ha restringido en el sector privado y un control horario de la jornada laboral. Esto está consiguiendo elevar los estándares laborales e impedir que el
capital se rentabilice de manera extractiva. Estamos consiguiendo sacar el capital de actividades de bajo valor añadido, rentabilizándose a través de las malas condiciones de trabajo, y lo estamos movilizando hacia actividades más productivas. A
esto nos está ayudando el tercer elemento de innovación de la política monetaria, que además es muy novedoso porque es la combinación de políticas de estabilización y, al mismo tiempo, de políticas de desarrollo gracias al Next Generation EU. Nunca
habíamos tenido ambas combinaciones de políticas de estabilización y, a continuación, en las políticas de bonanza, políticas desarrollistas. Y como la economía española es muy agradecida, gracias a eso -ya les digo-, estamos consiguiendo
transformar capital extractivo en capital productivo y estamos alcanzando récords históricos en niveles de empleo, en calidad del empleo y reduciendo nuestra tasa de paro.
Hemos hecho, señorías del Partido Popular, exactamente lo contrario a lo que hicieron ustedes en el año 2012. No hemos hecho políticas austericidas -como hicieron ustedes desde el presupuesto-, que hundieron todavía más una economía que ya
estaba en caída libre, y no hemos hecho una reforma laboral como la de 2012, que precarizó aún más unas condiciones de trabajo y un mercado de trabajo que ya de por sí era muy precario. Así es, vamos a conseguir fácilmente salir del procedimiento
de desequilibrios macroeconómicos del déficit excesivo. Pero a partir de aquí es donde empiezan las dudas de mi grupo, de SUMAR, sobre todo después del acuerdo que se ha alcanzado a nivel europeo y que ha estado, en la última etapa, impulsado por
el ordoliberalismo alemán. Saben ustedes que con las nuevas normas fiscales -al menos las que ha acordado el Consejo Europeo-, la economía española tendría que recortar todo su déficit público e incluso tener superávit en un momento dado. Ya les
digo yo que cualquier economista convencional -y yo lo soy a veces muy poco- les diría que esto es un error. (Aplausos). En una economía que todavía no ha alcanzado el pleno empleo, cualquier economista convencional les diría que, durante la etapa
de bonanza, lo que tiene que seguir haciendo es gastando e invirtiendo para generar más empleo y más actividad. Porque ese es el mejor colchón fiscal que se puede generar desde una economía que todavía no ha alcanzado el pleno empleo. Por eso,
nosotros como país, tenemos el interés colectivo de sustituir el concepto de estabilidad presupuestaria por el de déficits públicos productivos, que son aquellos que amplían el músculo y el tejido empresarial del país a través de la inversión,
aumentan el empleo y, de esa manera, reducen el peso de la deuda sobre el producto interior bruto. De hecho, sin normas fiscales, esto es precisamente lo que hemos estado haciendo. Lo refería antes la ministra de Hacienda.
Desde 2020 hemos recortado en 14 puntos la deuda pública del país, porque hemos aumentado el músculo industrial del país, el músculo empresarial del país y el empleo, que ha alcanzado niveles récord. Nuestro nivel de endeudamiento, de
hecho, se sitúa por debajo del de Francia, Italia o Bélgica. Ya les digo: las nuevas normas fiscales acordadas por el Consejo Europeo son contrarias a los intereses de nuestro país, pero no solo de nuestro país, también para los intereses de
Europa.
La señora PRESIDENTA: Señor Martín, tiene que ir terminando.
El señor MARTÍN URRIZA: Concluyo enseguida.
Europa tiene que invertir más y generar bienes públicos europeos en el clima, la economía verde, defensa y alimentación para ganar autonomía estratégica. Si no hacemos esto, si no ganamos autonomía estratégica y seguimos el planteamiento
ordoliberal, terminaremos, efectivamente, con unas cuentas públicas inmaculadas, pero descolgados del progreso y siendo dependientes de otros. Otros decidirán nuestro futuro. En SUMAR nos oponemos al acuerdo alcanzado por el Consejo de Europa
sobre nuevas normas fiscales y nos alineamos con el Parlamento Europeo, que también se ha opuesto. El Parlamento Europeo le ha dicho al Consejo, con el que tiene que negociar ahora, que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestaria tienen que
ir acompañadas de creación de empleo, de reducción de pobreza y de desarrollo del pilar de derechos sociales. Esperamos que la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo termine con el sinsentido económico al que nos quiere llevar el
ordoliberalismo alemán, que quiere llevarnos de vuelta a la austeridad 2.0 y comprometer nuestro progreso y nuestro futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura por un tiempo també de deu minuts.
La señora JORDÀ I ROURA: Diputades i diputats, afortunats i afortunades les que heu pogut dinar.
Molt bon any a totes i a tots.
D'entrada deixi'm dir que aquest any que acabem d'encetar val a dir que segueix com els anys que deixem enrere, amb deslleialtats, certs desequilibris també, amb més d'un greuge, i també amb abusos. De fet, aquests són només alguns dels
mots que defineixen -i, al meu entendre, ho defineixen bastant acuradament, bastant a la perfecció- la relació de l'Estat amb Catalunya, també amb el País Valencià i, òbviament, amb les Illes Balears, sobretot quan parlem del repartiment de
recursos.
I alerto, perquè abans he escoltat alguna temptació i allò que uns i els altres es van assenyalant. Cap de les dues bancades hauria de mirar de reüll a l'altra. El bipartidisme espanyol sempre, absolutament sempre, hagi tingut les claus de
la caixa qui les hagi tingut, ja sigui el PSOE o ja sigui el PP, ha compartit un denominador comú absolutament inqüestionable, que és un desequilibri vertical entre l'Estat i els Països Catalans. De fet, des de l'any 2009, quan es va posar en marxa
l'actual sistema de finançament, l'Estat ha anat acaparant recursos del sistema i ho ha fet en detriment. -i és així, vicepresidenta- de les comunitats autònomes que any rere any han anat perdent pes justament en el repartiment d'aquests recursos
que avui ens ocupen.
Deixi'm que posi un exemple d'aquest desequilibri i ho faci en el temps. Entre l'any 2012 i l'any 2022 els ingressos de l'Estat i els ingressos de les comunitats autònomes, òbviament, no han crescut en la mateixa proporció, de fet, en
absolut. Els de l'Estat han crescut un 90 % i els de les comunitats autònomes només un 40 %. I ara deixi'm també que contextualitzi aquesta xifra, perquè hem de tenir present que el període al qual m'he referit ha estat una època difícil, una
època de crisi social i de crisi sanitària, i que qui concentra les competències de benestar i serveis socials, però no només de benestar i serveis socials sinó també d'inversió social i d'atenció sanitària, són les comunitats autònomes, per si algú
no ho sabia, i en cap cas és l'Estat. Com s'explica, doncs, aquesta deslleialtat de l'Estat respecte a les comunitats? Doncs jo entenc que només d'una manera. S'explica perquè Espanya no creu en l'estat descentralitzat, ni més ni menys. Espanya
només es pot concebre des d'una òptica centralista, i això, evidentment, ho fa tot molt difícil. De fet, això ho fa insostenible tot econòmicament i socialment. A més a més, a això hem de sumar-hi que Catalunya, també la resta dels Països
Catalans, suporta un dèficit fiscal sostingut en el temps que no ve d'avui. De fet, un dèficit que ha arribat a duplicar-se. De fet, és més, en alguns moments fins i tot s'ha triplicat, fins i tot ha triplicat els àmbits que en l'experiència
comparada -val a dir-ho- constitueixen la norma de solidaritat entre els territoris que formen part d'un mateix estat.
El més important de tot això és que aquest dèficit fiscal té un impacte no només negatiu, sinó directe sobre el més important, que són les persones, sobre el benestar també dels i les catalanes. Aquesta és la realitat. Una realitat
carregada, com deia, de greuges, una realitat carregada de deslleialtats institucionals per part del Govern central. Un Govern que no només és central, sinó que és centralista, a banda d'extremadament centrifugador. Greuges com els incompliments
reiterats en el temps o, per exemple, de disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya del període 2009 al període 2013, o el finançament estatal de la Llei de dependència, o els deutes del Fons de Cohesió Sanitària i dels Fons de Garantia
Assistencial, o el personal dels nous tribunals de justícia, entre molts altres greuges. Deslleialtats, doncs també, tals com els canvis normatius, per exemple, en l'IRPF, a la disminució dels tipus o a l'impost de l'electricitat. Els també canvis
normatius en l'impost sobre les transmissions patrimonials i, per exemple, també els actes jurídics documentats. Canvis normatius a la resta de tributs cedits. Deslleialtats en la cartera de serveis, com diem al meu poble, per parar un carro. En
definitiva, un autèntic despropòsit.
I atenció, perquè tot plegat no acaba aquí. El que es va acabant és el temps, però no acaba aquí. Més greuges, greuges extremadament flagrants. El primer, el repartiment extremadament injust dels objectius de dèficit. Les comunitats
autònomes assumim -ho he dit- un terç de la despesa, però l'Estat ens assigna un 0 % del marge de dèficit. Les comunitats autònomes gestionem més d'un terç de la despesa que es fa al conjunt de l'Estat i en matèries tan importants i rellevants com
salut, com educació o com atenció social. No comptem amb un marge de dèficit proporcional, òbviament, a aquesta despesa. I tenint present que aquesta despesa és en inversió social, no només és un problema de lleialtat institucional, que també -i
val a dir, també, si em permeten, de violació del principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea-, sinó que a més a més genera un greu problema de benestar i un greu problema de cohesió social. I també els he de dir que tot plegat el que
fa és abonar el brou de cultiu del creixent -estan tots dinant- feixisme. I pitjor encara, perquè mentre retallen en la inversió social que fan les comunitats autònomes, els marges de dèficit, en aquest cas de l'Estat, són destinats únicament i
exclusivament, per exemple, o en una gran part, a l'increment de la despesa
militar i armamentista, com ha demostrat any rere any el Govern espanyol, també en aquest cas, governi qui governi.
Mirin, nosaltres estem plenament compromesos amb la sostenibilitat de les finances públiques, però nosaltres també defensem que el retorn de les regles d'estabilitat es faci de manera coherent, i això vol dir que l'esforç que faci cada
administració ha de ser proporcional a la despesa que fan els estats i les seves administracions. És que no és tan complicat.
Un altre greuge abans d'acabar, aquest molt flagrant: el dèficit en inversions. El dèficit que patim a Catalunya és, a banda de crònic, també sistemàtic i, val a dir, injustificable. Temps tindrem, espero, a parlar-ne i, òbviament, a
posar-hi remei.
Dit això, l'acord que avui el Gobierno sotmet a debat i a votació recull, doncs, aquests objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic, així com el límit de despesa no financera de l'Estat, el sostre de despesa, encara que com de
manera reiterada ens ha dit la vicepresidenta avui no s'aprova com a tal. I també un altre punt acumulat en aquest, que és el pla de reequilibri. És cert que els objectius s'han flexibilitzat lleugerament respecte al programa d'estabilitat enviat
el passat mes d'abril a Brussel·les. Però també és cert que vostès presenten un pla de reequilibri extremadament exigent, una vegada més, amb la resta d'administracions i absolutament laxa amb l'administració estatal. És que, és clar, governar
així, dirigir així és com no només fàcil, sinó extremadament descarat. Si parlen de comunitats autònomes i ajuntaments els hem de recordar que són precisament aquests, aquests territoris, els pobles, les ciutats, els micropobles, les autèntiques
víctimes de la seva llei d'estabilitat, les autèntiques víctimes. Una llei que algú devia pensar, no sé si molt hàbilment o no, en el seu dia per sanejar les administracions que tenien problemes, en aquest cas financers, però també una llei que
alhora ha suposat un llast i val a dir també un fre absolut a les grans transformacions, totes elles dignes i necessàries a ple segle XXI. És vital, doncs, que l'administració estatal reflexioni, al nostre entendre, És vital que repensi també el
marc d'estabilitat pressupostària. L'han de simplificar. Han d'eliminar, sens dubte, la càrrega burocràtica. És imprescindible desburocratitzar els nostres ajuntaments. I sobretot, és cabdal poder facilitar la inversió pública tant a les
comunitats autònomes com a les corporacions locals, sobretot en àmbits estratègics com el de la reindustrialització.
I ara sí que vaig acabant. Els republicans independentistes treballem sempre, sempre, sempre, per la defensa de Catalunya, per la defensa dels interessos dels i les catalanes. I aquest fet ens aporta sempre coherència i ens aporta sempre
molta força. Dos elements clau a l'hora d'aconseguir els nostres objectius polítics. Per això avui els tornem a repetir -ja ho vàrem fer fa setmanes en el Consell de Política Fiscal i Financera- que no ens agrada el que avui ens presenten, perquè
una vegada més vostès concentren el 90 % del marge de dèficit per a aquest any 2024. Però nosaltres també som molt conscients que només la consecució d'un estat propi podria garantir que Catalunya disposés de tots els recursos que genera per
revertir-los a la ciutadania. Però també som els qui aprofitem, vicepresidenta, totes les finestres d'oportunitats que tinguem per millorar el finançament del nostre país, perquè això vol dir millorar també la vida dels nostres ciutadans i
ciutadanes. Per això vull recordar -acabo, presidenta-, perquè és important aquest punt, que els acords assolits en el marc de les negociacions per a la formació de Govern de l'Estat espanyol recullen aspectes clau, aspectes clau sobretot en
matèria de finançament i d'execució d'inversions i requereixen també el desplegament corresponent mitjançant diferents comissions de treball entre governs per impulsar, òbviament, un finançament singular per a Catalunya i altres actuacions
estratègiques de caràcter financer i també patrimonial.
Així doncs, avui farem un sí als objectius d'estabilitat pressupostària però un sí absolutament condicionat, condicionat a l'espera que l'executiu de Sánchez presenti el projecte de pressupostos. Uns comptes que exigim que prevegin tot allò
subscrit en l'acord d'investidura, uns comptes que siguin bons i útils per a la ciutadania i el seu benestar, i també uns comptes -important- que aportin com a mínim un 19 % de les inversions a Catalunya a favor dels catalans i les catalanes. Els
acords són per complir. Nosaltres en tenim un amb Catalunya. Vostès en tenen un amb nosaltres. I això no va de fer soroll. Això va de negociar, això va de dialogar, això va d'avançar i de complir. Tinc un amic, un bon amic, que sempre diu que
un arbre que cau fa més soroll que cent arbres que creixen. Però que creixin arbres, senyories, i que gestionin bé els boscos és vital, vital per a totes i tots, també per a Catalunya. Moltes gràcies.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Afortunados los que habéis podido comer. Muy buen año a todas y a todos.
De entrada, déjenme decir que este año que acabamos de empezar sigue como los años que dejamos atrás; es decir, con deslealtades, ciertos desequilibrios, también con más de un agravio y también con abusos. De hecho, estas son solo algunas
de las palabras que definen -y a mi entender lo definen bastante a la perfección- la relación del Estado con Cataluña, también con el País Valenciano y las Illes Balears, sobre todo cuando hablamos del reparto de recursos. Y alerto -alerto-, porque
antes he escuchado alguna tentación, ya que unos y otros se van señalando. Ninguna de las dos bancadas debería mirar de reojo a la otra. El bipartidismo español siempre, siempre, haya tenido las claves de la caja quien las haya tenido -ya sea PSOE
o PP-, ha compartido un denominador común absolutamente incuestionable, que es un desequilibrio vertical entre el Estado y los países catalanes. Desde el año 2009, cuando se puso en marcha el actual sistema de financiación, el Estado ha ido
acaparando recursos del sistema y lo ha hecho en detrimento -y es así, vicepresidente- de las comunidades autónomas, que año tras año han ido perdiendo peso, justamente, en el reparto de estos recursos que hoy nos ocupan. Déjenme que ponga un
ejemplo de este desequilibrio. Entre el año 2012 y el año 2022 los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, obviamente, no han crecido con la misma proporción. De hecho, en absoluto; los del Estado han crecido el 90 % y los de las
comunidades autónomas solo un 40 %.
Y ahora déjenme también contextualizar esta cifra, porque debemos tener presente que el periodo al que me he referido ha sido una época difícil, una época de crisis social y sanitaria, y quien concentra las competencias de bienestar y
servicios sociales -pero no solo de esto, sino también de inversiones sociales y de inversión sanitaria- son las comunidades autónomas, por si alguien no lo sabía, y en ningún caso es el Estado. ¿Cómo se explica, pues, esta deslealtad del Estado
con respecto a las comunidades? Entiendo que solo de una manera, se explica porque España no cree en el Estado descentralizado, ni más ni menos. España solo se puede concebir desde una óptica centralista y esto, evidentemente, lo hace todo muy
difícil; de hecho, lo hace todo insostenible, económica y socialmente.
Aparte, a esto hemos de sumar que Cataluña -también el resto de los países catalanes- soporta un déficit fiscal sostenido en el tiempo, que no viene de hoy. De hecho, es un déficit que ha llegado a duplicarse y en algunos momentos incluso
se ha triplicado e incluso ha triplicado los niveles que en la experiencia comparada constituyen la norma de solidaridad entre los territorios que forman parte de un mismo Estado. Lo más importante de todo esto es que este déficit fiscal tiene un
impacto negativo -no solo negativo, sino directo- sobre lo más importante, que son las personas, sobre el bienestar también de los y las catalanas.
Esta es la realidad, una realidad cargada de agravios, de deslealtades institucionales por parte del Gobierno central, un Gobierno que no solo es central, sino centralista, aparte de muy centrifugador. Agravios como los incumplimientos
reiterados en el tiempo de la disposición adicional tercera del estatuto de Cataluña, del periodo 2009 a 2013, la financiación estatal de la ley de dependencia, las deudas del Fondo de Cohesión Sanitaria y los fondos de garantía asistencial o el
personal de los nuevos tribunales de Justicia, entre muchos otros agravios. Deslealtades también, tales como los cambios normativos en el IRPF, la disminución de los tipos o el impuesto de la electricidad. También los cambios normativos en el
impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y, por ejemplo, también en los actos jurídicos documentados. Cambios normativos al resto de tributos cedidos en las deslealtades en la cartera de servicios, como decimos en mi pueblo, para parar un
carro. En definitiva, es un auténtico despropósito.
Y atención, porque esto no acaba aquí; lo que se acaba es el tiempo. Hay más agravios, extremadamente flagrantes. El primero, el reparto extremadamente injusto de los objetivos de déficit. Las comunidades autónomas asumimos un tercio del
gasto, pero el Estado nos asigna un 0 % al margen del déficit. Las comunidades autónomas gestionamos más de un tercio del gasto que se hace en el conjunto del Estado en materias tan importantes y relevantes como salud, educación o atención social.
No contamos con un margen de déficit proporcional, obviamente, a este gasto. Y teniendo presente que este gasto es por inversión social, no solo es un problema de deslealtad institucional, que también -y si me permiten, también de violación del
principio de subsidiariedad establecido por la Unión Europea-, sino que además genera un grave problema de bienestar y de cohesión social. También he de decirles que todo ello lo que hace es abonar el caldo de cultivo del creciente fascismo -están
todos comiendo- (risas); peor todavía, porque mientras recortan la inversión social que hacen las comunidades autónomas, los márgenes de déficit, en este caso del Estado, están destinados única y exclusivamente, por ejemplo, o en una gran parte, al
incremento del gasto militar y armamentista, como ha demostrado año tras año el Gobierno español, también en este caso gobierne quien gobierne. Nosotros estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también
defendemos que el retorno de las reglas de
estabilidad se haga de una manera coherente. Esto significa que el esfuerzo que haga cada Administración tiene que ser proporcional al gasto que hacen los Estados y sus administraciones. No es tan complicado. Y otro agravio antes de
acabar, este muy flagrante: el déficit en inversiones. El déficit que sufrimos en Cataluña es, aparte de crónico, también sistemático e injustificable. Tendremos tiempo -espero- de hablar de ello y, obviamente, de ponerle remedio.
Dicho esto, el acuerdo que hoy el Gobierno somete a debate y votación somete estos objetivos de estabilidad presupuestaria: deuda pública, el límite de gasto, la financiación del Estado, el techo de gasto, así como ha dicho la
vicepresidenta hoy de manera reiterada no se aprueba como tal, y también otro punto acumulado a este, que es el plan de reequilibrio. Es cierto que los equilibrios se han flexibilizado ligeramente respecto al programa de estabilidad enviado el
pasado mes de abril a Bruselas, pero también es cierto que ustedes presentan un plan de reequilibrio extremadamente exigente una vez más con el resto de administraciones, y absolutamente laxo con la Administración estatal. Claro, gobernar así,
dirigir así no solo es fácil, sino extremadamente descarado.
Si me hablan de comunidades autónomas y ayuntamientos, les recuerdo que son precisamente estos territorios -los pueblos, las ciudades, los micropueblos- las auténticas víctimas de su ley de estabilidad, las auténticas víctimas. Es una ley
que alguien debió pensar -no sé si muy hábilmente o no- para sanear las administraciones que tenían problemas, en este caso financieros, pero también en una ley que a la vez ha supuesto un lastre y también un freno absoluto a las grandes
transformaciones, todas ellas dignas y necesarias en pleno siglo XXI. Es vital, pues, que la Administración estatal reflexione. A nuestro entender, es vital que vuelva a pensar el marco de estabilidad presupuestaria. Lo tienen que simplificar,
tienen que eliminar, sin duda, la carga burocrática. Es imprescindible desburocratizar a nuestros ayuntamientos, y sobre todo es caudal poder facilitar la inversión pública tanto en las comunidades autónomas como en las corporaciones locales, sobre
todo en ámbitos estratégicos como la reindustrialización.
Y ahora acabo. Los republicanos independentistas trabajamos siempre, siempre, siempre por la defensa de Cataluña, de los intereses de los y las catalanas, y esto nos aporta siempre coherencia y mucha fuerza, dos elementos claves a la hora
de conseguir nuestros objetivos políticos. Por eso, hoy les repetimos -ya lo hicimos hace semanas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera- que no nos gusta lo que hoy nos presentan, porque una vez más ustedes conciertan el 90 % del margen de
déficit para este año 2024. Somos muy conscientes de que solo la consecución de un Estado propio podría garantizar que Cataluña dispusiera de todos los recursos que genera para revertirlos a la ciudadanía, pero también somos los que aprovechamos,
vicepresidenta, todas las ventanas y oportunidades que tengamos para mejorar la financiación de nuestro país, porque eso significa mejorar también la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso, quiero recordar que los acuerdos a los que
hemos llegado en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno del Estado español recogen aspectos claves, sobre todo en materia de financiación y ejecución de inversiones; requieren también el despliegue correspondiente, por medio
de diferentes comisiones de trabajo entre gobiernos, para impulsar, obviamente, una financiación singular para Cataluña y otras actuaciones estratégicas de carácter financiero y también patrimonial.
Así pues, hoy daremos un sí a los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero absolutamente condicionado a la espera de que el ejecutivo de Sánchez presente en el proyecto de presupuestos unas cuentas que exigimos que contemplen todo
aquello suscrito en el acuerdo de investidura, unas cuentas que sean buenas y útiles para la ciudadanía y su bienestar, y también unas cuentas que lleven, como mínimo, un 19 % de las inversiones a Cataluña, a favor de los catalanes y catalanas. Los
acuerdos son para cumplirlos. Nosotros tenemos uno con Cataluña y ustedes tienen uno con nosotros. Y esto no es para hacer ruido, esto va de negociar, de dialogar, de avanzar y de cumplir. Tengo un buen amigo que siempre dice que un árbol que cae
hace más ruido que cien árboles que crecen. Pero que crezcan árboles, señorías, y que gestionen los bosques es vital para todos y todas, también para Cataluña.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Antes de continuar con el debate, quería advertir a todos los diputados y diputadas, y a todos los grupos parlamentarios, que, como por el tema de la sobrecarga se ha ralentizado durante unos minutos el sistema de
votación telemática, se va a alargar el periodo de votación hasta las
tres y media para que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto. En cuanto a los votos telemáticos que tenían los diputados y diputadas por toda la sesión, se mantiene el horario hasta las cuatro y media.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (CONTINUACIÓN):
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2024-2026 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024. (Número de expediente 430/000002).
DEBATE RELATIVO AL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (CONTINUACIÓN):
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE REMITE A LAS CORTES GENERALES EL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000001).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech por un tiempo de diez minutos.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Diputats, molt bon dia a tothom, molt bon migdia a tothom ja.
Ens trobem de nou davant del que podríem denominar una proposta típica del Govern de l'Estat a aquesta cambra. Típica en tres aspectes fonamentals, tant pel que fa al contingut de la proposta, pel que fa al seu efecte respecte a Catalunya
i, finalment, pel que fa a la forma en què aquesta proposta s'ha portat a aprovació en aquesta cambra per part del Govern de l'Estat.
I començaré, precisament, per aquest darrer aspecte, perquè no deixa de ser sorprenent que l'actual Govern de l'Estat s'entesti en no entendre que aquesta legislatura no serà com l'anterior. El seu plantejament dels darrers anys de reclamar
suports als altres grups a canvi de res no pot formar part de la seva relació, de la relació del Govern amb el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Aquesta estratègia amb el nostre partit, senyora ministra, no els funcionarà. Els hem advertit
des del primer dia. Hem sigut sincers des del primer dia advertint-los que aquesta estratègia no funcionaria. Pretendre fer veure que dialogar és negociar en aquest mandat no els servirà. I voler obtenir els suports necessaris aplicant
constantment una política de fets consumats i traslladar-nos així la pressió a nosaltres, amb nosaltres això no donarà resultat. I mentre vulguin fer ho així, vostès estan abocats al contingut del que ha passat aquests dies: viure en la incertesa
fins al darrer moment -que no ens equivoquem, rima amb feblesa-, ser castigats permanentment per la dreta i l'extrema dreta, i passar per la vergonya d'haver-los de demanar auxili a ells -precisament a ells- per aprovar les seves mesures i, en
conseqüència, reforçar el paper d'aquella dreta que, paradoxalment, vostès sempre presumeixen de voler aturar.
I és que vostès han d'entendre que la nova realitat en què ens trobem és diferent a tot allò que hem viscut aquí en les anteriors legislatures. Ja no és vàlid allò que funcionava anteriorment i que podem entendre que tant els agradés,
perquè òbviament obtenien grans suports a canvi de ben poca cosa. Però ara no s'hi entestin, no ho provin més. A dia d'avui, aquesta manera de fer política no és vàlida. Li ben asseguro, però, que l'alternativa a aquesta manera de fer política
que vostès tenen des del Govern és ben fàcil de canviar i que doni resultats. Escoltar el que se'ls planteja des del principi i sense presses i negociar en positiu. No es tracta, com li deia, de dialogar, es tracta de negociar i fer-ho de veritat,
perquè vostès han d'entendre que fer política sense voler perjudicar sempre Catalunya és possible i li ben asseguro que els donaria molts millors resultats.
I parlant d'anar contra Catalunya, entro en el fons d'aquest punt d'avui del Ple. Vostès porten a aprovació unes propostes sota l'empara que són un mandat europeu. I és cert. Europa fixa com a objectiu d'estabilitat pressupostària el 3 %
de dèficit per a aquest any, un 2,7 % per a l'any vinent, i un 2,5 % per al 2026. Fins aquí absolutament cap problema. Però Europa no estableix com s'ha de distribuir aquest dèficit. Europa no estableix com s'ha de distribuir aquest dèficit entre
les diferents administracions públiques espanyoles. I aquí és on vostès, com sempre, aprofiten i van a la contra de Catalunya. Els successius governs de l'Estat, els de vostès i els de vostès, han fet la reducció del dèficit sempre, absolutament
sempre, carregant l'esforç a les esquenes de les administracions autonòmiques i locals. I
paradoxalment, aquestes són les administracions més pròximes als ciutadans i que tenen més càrrega en matèries de polítiques públiques, especialment en polítiques socials com ara educació, sanitat i serveis socials. I aquesta realitat, en
una Catalunya mal finançada i víctima d'un dèficit fiscal absolutament desbocat, genera una situació perversa que és una llosa que ens ofega com a país i ens escanya com a ciutadans. Potser si entenguessin això que ara els explico, que és possible
fer una política que no vagi en contra de Catalunya, entendrien el perquè del nostre posicionament en defensa dels ciutadans de Catalunya i per què no ens serveix que ens apliquin el que tant els ha funcionat en els darrers mandats.
I això que li explico és senzill, perquè de vegades de tan fàcil que és una situació alguns, a vostès concretament, potser no la saben llegir bé i erren en l'estratègia que han de tenir quan parlin, negociïn amb Junts per Catalunya. I per
tant, m'explicaré una mica més a fons d'això que jo li explico. Com deia, a Catalunya ens apliquen un dèficit fiscal de 20 000 milions d'euros. Està aviat dit. Equival, però, al 8 % anual del PIB de Catalunya i, en conseqüència, per tant, tenim
una Generalitat de Catalunya amb un finançament clarament insuficient per atendre les necessitats dels ciutadans. A més a més, vostès ens agreugen aquest infrafinançament centrifugant-nos els costos de les decisions que han adoptat des d'aquí, des
del Govern de l'Estat. Però a més a més, incompleixen aquells compromisos de finançament que anteriorment havien aprovat, com serien els casos de la disposició addicional tercera o de la Llei de dependència, que perjudica un dels col·lectius més
desafavorits de la nostra societat. Però si això fos poc, quan vostès elaboren els pressupostos per a Catalunya només assignen un 9 % del total de recursos econòmics dels Pressupostos Generals de l'Estat, quan a Catalunya hi viu un 16 % de la
població de l'Estat i s'hi genera un producte interior brut del 19 % del PIB de l'Estat. Un 9 % de recursos quan haurien de ser un 16 o un 19 %. Però si a més a més ens mirem quina part del que s'ha previst inicialment en els pressupostos després
s'executa, només s'acaba materialitzant un ridícul 35 % del que s'ha pressupostat. I algú ens podria dir: 'Home, això deu passar a tot arreu. Deuen ser les dificultats d'execució dels pressupostos, de la Llei de contractació i del procediment
administratiu.' Doncs no. Sense anar més lluny, aquí, en aquestes terres, a Madrid s'executa un 184 % d'allò que es pressuposta, el que implica que a Catalunya es destinen 94 euros dels Pressupostos Generals de l'Estat per a cada ciutadà, quan aquí
a Madrid es dediquen 307 euros per a cada ciutadà de Madrid. 94 euros enfront 307, any rere any, pressupost rere pressupost, castigant els ciutadans de Catalunya.
Però això encara no és tot. La situació és més complexa. Quan hi ha mecanismes extraordinaris de finançament, com poden ser el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vostès davant d'aquests mecanismes resulta que es queden
tota la capacitat de gestió d'aquests mecanismes de decisió i només transfereixen a la Generalitat de Catalunya la feina administrativa, convertint-la en una mera gestoria d'aquests fons sense possibilitats d'intervenció real i de millora real sobre
els ciutadans de Catalunya. I finalment, tota aquesta situació que li dibuixo encara la compliquen més quan vostès permeten i faciliten el dumping fiscal d'altres determinats territoris de l'Estat respecte a Catalunya aprofitant els nostres
recursos que es queda l'Estat i, per tant, dificultant encara més el desenvolupament econòmic i social del nostre país.
I en tot aquest context, vostès ens venen sense entrar ni tan sols a negociar i pretenen que votem a favor de les seves propostes de complir una distribució interna dels objectius d'estabilitat pressupostària que, a més a més, penalitza
totalment la Generalitat de Catalunya i les administracions locals. I m'explicaré amb dades en aquest últim punt. L'any 2014 l'objectiu d'estabilitat pressupostària fixat per la Unió Europea era del 5,8 % per a Espanya. Aquell any l'Estat es va
quedar un 63 % d'aquell objectiu d'estabilitat pressupostària. A les comunitats autònomes aquell 2014 se'ls va permetre fins a un 17 % d'aquell objectiu de dèficit. Doncs ara per a aquest 2024, deu anys després, vostès proposen quedar-se el 90 %
dels recursos provinents del dèficit autoritzat i assignar a les comunitats autònomes no un 33 % com fa deu anys, un ridícul 3,3 %. I de debò que amb tot això que jo els explico, aquest dibuix generalitzat, no entenen el nostre posicionament? De
debò se sorprenen que no ens sentim part d'aquest Estat i que vulguem ser un país lliure i independent? De debò que no entenen en quin moment polític ens trobem i que per obtenir el nostre suport les coses s'han de fer diferents, les han de fer
diferents des del Govern de l'Estat?
Aquest punt d'avui potser només és el primer tràmit per debatre d'aquí unes setmanes els Pressupostos Generals de l'Estat, però és evident, amb tot el que els he explicat, que si no fan les coses diferents el nostre vot per als pressupostos
no l'obtindran. Nosaltres no formem part de cap bloc espanyol. Com deia abans, hem estat sincers i els ho hem explicat des del primer dia. A diferència d'altres, el nostre vot no el tenen captiu i a la seva disposició, només està a disposició
dels ciutadans de Catalunya. Per tant, facin
política, negociïn de veritat, facin política sense voler perjudicar sempre d'una manera o altra Catalunya, perquè si ho fan d'aquesta manera, en positiu, ens hi trobaran. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya.
Muchas gracias, presidenta.
Diputadas, diputados, muy buenos días a todos, muy buen mediodía a todos. Nos encontramos de nuevo ante lo que podríamos denominar una propuesta típica del Gobierno del Estado en esta Cámara. Típica en tres aspectos fundamentales: en lo
que respecta al contenido de la propuesta, en cuanto a su efecto respecto a Cataluña y, finalmente, en lo que se refiere a la forma en que esta propuesta se ha llevado a aprobación en esta Cámara por parte del Gobierno del Estado. Y empezaré
precisamente por este último aspecto, porque no deja de ser sorprendente que el actual Gobierno del Estado se empeñe en no entender que esta legislatura no será como la anterior. Su planteamiento de los últimos años de reclamar apoyos a los otros
grupos a cambio de nada no puede formar parte de la relación del Gobierno con el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Esta estrategia con nuestro partido, señora ministra, no les funcionará. Les hemos advertido desde el primer día. Hemos sido
sinceros desde el primer día advirtiéndoles de que esta estrategia no funcionaría. Pretender hacer ver que dialogar es negociar en este mandato no les servirá. Y querer obtener los apoyos necesarios aplicando constantemente una política de hechos
consumados y trasladarnos así la presión a nosotros, con nosotros eso no dará resultado. Mientras quieran hacerlo así, ustedes están abocados a lo que ha pasado estos días. Vivir en la incertidumbre hasta el último momento, no nos equivoquemos,
rima con la palabra en catalán feblesa, o sea, debilidad, ser castigados permanentemente por la derecha y pasar la vergüenza de tener que pedirles auxilio a ellos, precisamente por aprobar sus medidas y, en consecuencia, reforzar el papel de aquella
derecha que, paradójicamente, ustedes siempre presumen querer detener.
Ustedes tienen que entender que la nueva realidad en la que nos encontramos es diferente a todo aquello que hemos vivido aquí en las anteriores legislaturas. Ya no vale lo que funcionaba anteriormente y que entendemos que tanto les gustaba
porque obtenían grandes apoyos a cambio de poco. Ahora no se empeñen en ello, no prueben más, no lo intenten más. Hoy en día esta manera de hacer política no es válida, pero les aseguro que la alternativa a esta manera de hacer política que
ustedes tienen desde el Gobierno es bien fácil de cambiar y de que dé resultados: escuchar lo que se les plantea, desde el principio y sin prisas, y negociar en positivo. No se trata, como les decía, de dialogar; se trata de negociar y hacerlo de
verdad, porque ustedes tienen que entender que hacer política sin querer perjudicar siempre a Cataluña es posible y les aseguro que les daría muchos mejores resultados.
Y hablando de ir contra Cataluña, entro en el fondo de este punto de hoy del Pleno. Ustedes llevan a aprobación unas propuestas bajo el amparo de que son un mandato europeo. Y es cierto, Europa fija como objetivo de estabilidad
presupuestaria el 3 % de déficit para este año, un 2,7 para el año que viene y un 2,5 para 2026. Hasta aquí, absolutamente ningún problema, pero Europa no establece cómo tiene que distribuirse este déficit. En Europa no se establece cómo se tiene
que distribuir este déficit entre las diferentes administraciones públicas españolas. Y aquí es donde ustedes, como siempre, aprovechan y van en contra de Cataluña. Sucesivos gobiernos del Estado, los de ustedes (señalando los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) y los de ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), han hecho la reducción del déficit siempre, absolutamente siempre, cargando el esfuerzo a las espaldas de las administraciones
autonómicas y locales y, paradójicamente, estas son las administraciones más próximas a los ciudadanos y que tienen más carga en materia de políticas públicas, especialmente en políticas sociales, como, por ejemplo, educación, sanidad y servicios
sociales. Esta realidad, en una Cataluña mal financiada y víctima de un déficit fiscal absolutamente desbocado, genera una situación perversa. Es una losa que nos ahoga como país y como sus ciudadanos.
Quizá si entendiesen eso que ahora les explico, sería posible hacer una política que no fuera en contra de Cataluña, entenderían el porqué de nuestro posicionamiento en defensa de los ciudadanos de Cataluña y por qué no nos sirve que nos
apliquen lo que tanto les ha funcionado en los últimos mandatos. Eso que les explico es sencillo, pero a veces, de tan fácil que es una situación, algunos, ustedes concretamente (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), quizá no
lo saben leer bien y se equivocan en la estrategia cuando hablan y negocian con Junts. Por lo tanto, me explicaré un poco más a fondo.
Como decía, en Cataluña nos aplican un déficit fiscal de 20 000 millones de euros, pero que equivale al 8 % anual del PIB de Cataluña. En consecuencia, tenemos una Generalitat de Catalunya con una financiación claramente insuficiente para
atender las necesidades de los ciudadanos. Además, ustedes nos agravian esta infrafinanciación centrifugándonos los costes de las decisiones que han adoptado
desde aquí, desde el Estado. Y además, incumplen estos compromisos de financiación que anteriormente habían aprobado, como serían los casos de la disposición adicional tercera o de la ley de dependencia, que perjudica a uno de los
colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y por si eso fuese poco, cuando ustedes elaboran los presupuestos para Cataluña, solo le asignan un 9 % del total de los recursos económicos de los presupuestos generales del Estado cuando en
Cataluña vive un 16 % de la población del Estado y se genera un producto interior bruto del 19 % del PIB del Estado; un 9 % de recursos, cuando debería ser un 16 o un 19 %. Si además miramos qué parte prevista inicialmente es la que después se
ejecuta, solo se acaba materializando un ridículo 35 % de lo que se presupuesta. Y alguno nos podría decir: hombre, esto debe pasar en todas partes, deben ser las dificultades de los presupuestos, del procedimiento administrativo. Pues no. Sin
ir más lejos, aquí, en esta tierra, en Madrid, se ejecuta un 184 % de lo que se presupuesta, que implica que en Cataluña se destinen 94 euros de los presupuestos generales del Estado para cada ciudadano cuando en Madrid se dedican 307 euros para
cada ciudadano: 94 euros frente a 307, año tras año, presupuesto tras presupuesto, castigando a los ciudadanos de Cataluña.
Pero eso no es todo. La situación es más compleja. Cuando hay mecanismos extraordinarios de financiación, como puede ser el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ustedes, ante estos mecanismos, se quedan con toda la capacidad
de gestión de estos mecanismos de decisión y solo transfieren a la Generalitat de Catalunya la tarea administrativa, convirtiéndola en una mera gestoría de estos fondos, sin posibilidad de intervención real y de mejora real sobre los ciudadanos de
Cataluña. Y, finalmente, toda esta cuestión que les dibujo aún la complican más cuando ustedes permiten y facilitan el dumping fiscal de determinados territorios del Estado respecto a Cataluña, dificultando todavía más el desarrollo económico y
social de nuestro país.
En todo este contexto, ustedes vienen y, sin entrar siquiera a negociar, pretenden que votemos a favor de sus propuestas de cumplir una distribución interna de los objetivos de estabilidad presupuestaria que, además, penaliza totalmente a la
Generalitat de Catalunya y a las administraciones locales. Y me explicaré con datos en este último punto. En el año 2014, el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por la Unión Europea era del 5,8 % para España. Aquel año, el Estado se
quedó un 63 % de aquel objetivo de estabilidad presupuestaria. A las comunidades autónomas, aquel 2014 se les permitió hasta un 17 % de aquel objetivo de déficit. Pues ahora, para este 2024, diez años después, ustedes proponen quedarse el 90 % de
los recursos provenientes del déficit autorizado y asignar a las comunidades autónomas no un 33 %, como hace diez años, sino un ridículo 3,3 %. ¿De verdad que con todo esto que yo les cuento -este dibujo generalizado- no entienden nuestro
posicionamiento? ¿De verdad se sorprenden de que no nos sintamos parte de este Estado y que queramos ser un país libre e independiente? ¿De verdad que no entienden en qué momento nos encontramos y que, para obtener nuestro apoyo, las cosas tienen
que hacerse de forma diferente en política desde el Gobierno del Estado? Este punto de hoy quizá solo es el primer trámite para debatir dentro de unas semanas los presupuestos generales del Estado, pero con todo lo que les he contado es evidente
que, si no hacen las cosas diferentes, nuestro voto para los presupuestos no lo obtendrán. Nosotros no formamos parte de ningún bloque español. Hemos sido sinceros y se lo hemos dicho desde el primer día: a diferencia de otros, no nos tienen
cautivos y nuestro voto no está a su disposición, solo está a disposición de los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, hagan política y negocien de verdad; hagan política sin querer perjudicar siempre de un modo u otro a Cataluña. Si lo hacen de
esta manera, en positivo, nos encontrarán ahí.
Muchas gracias y visca Catalunya!
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, señor presidente. Señorías, eguerdi on.
Nosotros vamos a votar probablemente a favor de estas reglas fiscales y de estos objetivos fiscales o de estabilidad, pero también queremos ser sinceros: lo hacemos porque no son sino la puerta que abre el camino a unos presupuestos
generales del Estado que queremos acordar, que queremos negociar y que queremos pactar, y no porque nos gusten ni las reglas fiscales, ni los objetivos de estabilidad que derivan de eso que no se vota hoy, como bien ha recordado la vicepresidenta,
pero que es el techo de gasto. Y lo hacemos desde la experiencia vivida en Europa y desde la experiencia vivida en otras latitudes. Desde que empezaron las lógicas de los techos de gasto y las reglas fiscales armonizadas a esos techos de gasto -y
se puede ver en Argentina desde la década de los noventa- no han hecho sino percutir de manera negativa sobre las clases populares, sobre la clase trabajadora
fundamentalmente, en detrimento de sus derechos, en detrimento de su dignidad y, sobre todo, en la mercantilización de sus propias vidas. Por tanto, como digo, votaremos a favor de esto en tanto en cuanto es la puerta que posibilita, que
abre la posibilidad de una negociación de los presupuestos generales del Estado y no tanto del mecanismo en sí.
Y ya entrando a la casuística concreta que se nos plantea, sí quiero señalar una cuestión. Se habla del objetivo de déficit en un 3 %, se señala que un 2,9 % corre a cargo o lo asume el propio Estado, un 0,1 % las comunidades autónomas y un
0 % los ayuntamientos. Es verdad, es cierto que es mucho mejor que lo que se trajo en abril para con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, pero aun con todo seguimos pensando que en una realidad tan descentralizada como es el actual Estado
español quizás no sea el nivel compensatorio más adecuado este 2,9 % y 0,1 %, porque hay comunidades autónomas que asumen un gran coste y un gran gasto por la gestión y el ejercicio de sus propias competencias, incluso desarrollando derechos más
allá de los que el propio Estado piensa o dimensiona. Por poner un ejemplo -y es de hace ya bastante tiempo-, la propia renta de garantía de ingresos de la Comunidad Autónoma vasca. Cuando aquí no existía, la Comunidad Autónoma vasca decidió
ponerla en pie, y cuando la puso en pie no solo la puso en pie a modo teórico, sino que la llevó a efecto en lo práctico soportando con su gasto, con sus recursos, la prestación a la que estoy haciendo mención. Ese tipo de cosas, como digo, con
este 0,1, no es tan concreto, pero sí cualquier otra puede quedar de alguna manera un poco tergiversada. Creemos que el porcentaje pudiera ser más adecuado.
En cualquier caso, como le decía, no nos gustan estos mecanismos financieros porque la experiencia nos demuestra -y es verdad que en los últimos años se han podido hacer otras cosas- que la propia existencia de este mecanismo es un asidero,
es una manilla a la que se agarran con relativa frecuencia las derechas y el neoliberalismo para, como señalaba antes, castigar los derechos de las clases populares: para más recortes y para más privatizaciones. Y si antes he hablado de Argentina,
podría hablar de Grecia, podría hablar incluso de la denominación que el Estado español, junto con otros, tuvo que compartir durante esos años aciagos del austericidio, los PIGS, países desde luego pobres. Nosotros creemos que lo que pueden hacer
es utilizar el incremento citado, el del 0,5 con respecto al año pasado, es decir, los 199 120 millones de euros, para fortalecer la inversión pública y para ensanchar los derechos de la ciudadanía. Y no siempre puede ser negativo recortar algo;
hay gasto superfluo que quizás pueda ser recortado, hay realidades inservibles o incluso alguien diría que inútiles por anacrónicas que podrían ser recortadas. Sé que no es el horizonte ni el deseo de este Gobierno, pero a nosotros no nos
preocuparía nada que se recortaran los gastos de la Casa Real o del propio ejército, aunque a la ministra de Defensa esto no le gustará. Pero, como le digo, vamos a apoyar la viabilidad, el desarrollo y que este decreto o esta votación no caiga por
lo que supone para poder negociar los presupuestos generales del Estado.
Y voy terminando. Nosotros les pedimos una única cuestión: que sean valientes y que avancen en la protección social para los sectores más desfavorecidos. Nosotros vamos a ser exigentes pero a la par constructivos. Y lo que nosotros
creemos es que a este Gobierno, al Gobierno que actualmente preside el Estado español, le toca dar certidumbre, protección y más derechos a la ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar por darle eso mismo a la ciudadanía de Euskal Herria: certidumbre,
protección y más derechos. Y somos conscientes de que, en la medida en que compartimos un marco legislativo común en muchos casos, en muchas cuestiones, aquello que consigamos para la ciudadanía de Euskal Herria, para la mayoría social de Euskal
Herria, serán mejoras que consigamos también para las clases trabajadoras o para las mayorías populares del Estado español. En la legislatura anterior se dieron pasos positivos y no los hemos negado, lo que les pedimos es que no los desanden,
porque esa es la mejor campaña que pueden hacer frente al catastrofismo y a la involución en derechos que nos ofrecen las derechas.
Hori dela eta, aro erabakigarria hasten dugu orain, bai Gobernuarentzat eta baita herritarren eskubideentzat ere. Gaur, onartuko ditugun neurrien ostean, aurrekontuen eztabaidari ekingo diogu. Eta ozen diogu aurrekontua onartzeko baldintza
argi bat dagoela: eskubide eta askatasunetan sakontzea, jendearen babesa handitzea eta langileen lan baldintzak hobetzea. Horiek izango dira gure lehentasunak aurrekontuen negoziazioan, iazko aurrekontuetan bezala. Beraz, hitz egiteko eta
guztiekin ados jartzeko ordua da. Ez ahaztu, determinazioz eta ausardiaz lan egitea dagokigu orain, ondoren ez damutzeko.
Besterik ez. Mila esker.
Por ello, empezamos ahora una fase decisiva tanto para el Gobierno como para los derechos de la ciudadanía. Hoy vamos a aprobar estas medidas y después trataremos los presupuestos. Y queremos dejar constancia de que hay una condición para
aprobar los presupuestos: profundizar en los derechos,
proteger a la ciudadanía y también mejorar las condiciones de los y las trabajadoras. Esas van a ser nuestras prioridades en las negociaciones del presupuesto, al igual que hicimos el año pasado en la aprobación del presupuesto. Por lo
tanto, es el momento de poder pactar y de ponernos de acuerdo, pero para ello hay que trabajar con determinación y con valentía. Es lo que nos toca ahora para no arrepentirnos después.
Sin más, gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Según conocemos, las nuevas reglas fiscales acordadas en Europa buscan equilibrar flexibilidad con responsabilidad fiscal y adoptar por tanto enfoques más flexibles por país en función de su situación de partida, pero es verdad también que
obligarán a realizar un mayor esfuerzo de consolidación presupuestaria a los países que se encuentren lejos de los límites planteados, entre los que se encuentra España. Mi grupo siempre ha defendido la necesidad de tener en cuenta la realidad
territorial, económica y fiscal a la hora de establecer estos objetivos, específicamente en el caso de las comunidades forales, que disponen de una autonomía fiscal que les permite adoptar decisiones de gasto financiadas por aumentos de tributos que
ellas mismas regulan. Además, en el caso de los territorios forales, los objetivos de estabilidad han de ser pactados y negociados en la Comisión mixta de concierto y convenio, que aún no ha tenido lugar y hoy, por tanto, no se debaten en este
hemiciclo. El Gobierno, sin embargo, presenta una distribución de los objetivos de déficit entre subsectores que sigue siendo simétrica, no tiene en cuenta la posición fiscal de partida de las comunidades autónomas y de las entidades locales, por
lo que algunas administraciones podrán cumplir estos objetivos holgadamente, mientras que otras no lo harán. Si Europa establece sendas más flexibles, diferenciadas por país, entendemos que el Gobierno debiera también aterrizar esas sendas fiscales
diferenciadas al esquema descentralizado y competencial del Estado, atendiendo a la situación subyacente y de partida de las finanzas públicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, de forma que se asegure su capacidad de inversión y de gasto
en políticas públicas de su competencia. Es algo que siempre hemos venido defendiendo desde el Grupo Vasco, y más si cabe una vez que entren en vigor las reglas fiscales.
Horregatik, oraindik ere beharrezkoa da aurrekontu egonkortasunari eta finantza egonkortasunari buruzko legea aldatzea, egonkortasun zor eta defizit helburua eraginkortasunez eta errealitatera egokituta aplikatzeko, Estatuaren erakunde
arkitekturaren arabera, eta gastu arauaren definizioa eta aplikazioa aldatzeko. Hori guztia zertarako? Doikuntza fiskala eta autonomia erkidegoen eta toki erakundeen gaitasunak ez itotzeko eta trantsizioa ekologikoan erronka demografikoan eta
digitalean inbertitzeko premiekin bateragarria izan dadin. Eta zerga doikuntza, zerbitzu publikoak eta ongizate estatua bermatzeko beharrezko neurriak indartu ditzan, gizarte zerbitzuetan, osasunaren, hezkuntzaren eta etxebizitzaren arloko
eskumenak kaltetu edo murriztu gabe. Autonomia erkidegoen eta toki erakundeenak diren eskumenak.
Por ello, sigue siendo más necesario que nunca aplicar y cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Hay que adaptarla a la realidad y de acuerdo a la arquitectura institucional del Estado y hay que modificar
también la definición y aplicación de la regla de gasto.¿Y todo ello para qué? Para que los ajustes fiscales no ahoguen las capacidades de las comunidades autónomas y entidades locales y sean compatibles con las necesidades de inversión en los
retos demográfico y digital y en la transición ecológica, en lo que hay que avanzar a corto y medio plazo, y que el ajuste fiscal refuerce las medidas necesarias para garantizar los servicios públicos y el Estado del bienestar, sin menoscabo o merma
de las competencias en materia de servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
En cuanto al déficit, lo que nos presenta es un objetivo del 3 % para el conjunto de las administraciones. Decía usted, señora Montero, que se alcanzará con un mayor esfuerzo de la Administración central a cambio de flexibilizar la senda
para las comunidades autónomas y entidades locales, según sus palabras, para permitirles desarrollar sus políticas de bienestar, dejando atrás los objetivos recogidos en el programa de estabilidad de abril, que eran mucho más restrictivos. Sin
embargo, permítame que difiera de esta afirmación. No compartimos que el mayor esfuerzo en los objetivos de déficit lo haga la Administración;
según se lean los datos, el esfuerzo difiere. La Administración central y la Seguridad Social consumen prácticamente un 97 % de todo el objetivo de déficit, dejando para las comunidades autónomas y las entidades locales un 3 %. Y si
miramos esto con perspectiva temporal el esfuerzo en la reducción de déficit, por ejemplo, desde el año 2020, vemos que las comunidades autónomas estaban consumiendo en torno a un 11 % de déficit y ahora están consumiendo un 3 %; en cambio, la
Seguridad Social y la Administración central, que estaban consumiendo un porcentaje de en torno al 89 %, en estos momentos van a consumir un 97 %. Y todo ello en tiempos de recaudación fiscal récord y, además, con ingresos extraordinarios
provenientes de los fondos europeos.
En cuanto a la deuda, algo parecido: el objetivo de deuda lo sitúan en el 106,3 % en 2024. En este caso, también quien menos esfuerzo realiza es la Administración General del Estado. De hecho, su participación porcentual en la deuda no
disminuye, sino que aumenta. Así, entendemos que el reto al que deben atender las nuevas reglas fiscales es no solo disminuir esa deuda, sino, a su vez, ser capaces de invertir en los retos que conllevan la transformación digital, la transición
ecológica y el reto demográfico, con las nuevas limitaciones presupuestarias derivadas de las reglas fiscales. Y es aquí donde entra una de las preocupaciones que ya hemos citado, porque tanto comunidades autónomas como entidades locales van a
estar nuevamente limitadas, además de por el déficit y la deuda, por la famosa regla de gasto y el destino obligatorio del superávit presupuestario, una limitación -la de la regla de gasto-, si cabe, más relevante en aquellas situaciones en las que
hay un aumento importante de ingresos, como la que se prevé en 2024. Dado que el crecimiento del gasto tendrá que respetar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía, parece razonable que en una situación de ingresos
crecientes se generarán superávits presupuestarios. Y aquí surge de un problema, porque la ley orgánica de estabilidad establece que ese superávit debe destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto y la única excepción es la realización de
inversiones financieramente sostenibles. Esto es lo que estaría en vigor, salvo que nos diga que se prevé una modificación a la mayor brevedad posible.
Beraz, zerga arauak kritikatzen jarraitzen dugu, nire taldeak eta beste erakunde batzuk aspaldidanik egin izan dugun bezala. Bereziki, gastu araua kritikatzen dugu, honek ez lukeelako mugatu behar autonomia erkidegoek eta toki erakundeek
beren herritarren mesederako politika publiko eta sozialetan gasturik edo inbertsiorik egiteko duten autonomia eta ahalmena, baita horiek superabita dutenean eta helburua betetzen dituztenean.
Por tanto, seguimos criticando las normas tributarias, como hemos venido haciendo desde hace años mi grupo y otras instituciones. Especialmente, criticamos la regla de gasto, porque no debería limitar la autonomía y la capacidad de las
comunidades autónomas y entidades locales para realizar gastos o inversiones en políticas públicas y sociales que redunden en beneficio de su ciudadanía, incluso cuando estos estén saneados, es decir, cuando tienen superávit y cumplen sus objetivos.
El Gobierno también nos informa del techo de gasto. Permítame también que muestre mis dudas frente a los que hablan de gasto récord, histórico, cuando lo cierto es que este gasto aumenta un 0,5 % respecto del año pasado, pero si lo ponemos
en perspectiva, cuando lo comparamos con lo que crecerá el PIB, resulta que tenemos una reducción del techo de gasto. Y si además lo comparamos con la inflación media, que se sitúa en torno al 3,6 %, podemos decir que se gasta menos en términos
reales. De todas formas, el cuadro macro no deja de ser una foto finish de un momento determinado, que ofrece referencias útiles para la toma de decisiones y que, de no materializarse en políticas presupuestarias concretas, de nada vale.
Por último, hay que decir que hay dos hechos que también nos preocupan: que desconocemos el informe de la Abogacía del Estado que establece que si los objetivos que hoy debatimos no son aprobados por ambas Cámaras los objetivos de déficit
serán los comunicados a Bruselas en ese programa de estabilidad, con una sendas, desde luego, mucho más restrictivas para comunidades autónomas y entidades locales y que obligarían a ajustar presupuestos autonómicos y municipales, y, de otro lado,
las manifestaciones de la AIReF, que se ha mostrado muy crítica con el plan de reequilibrio porque dice que no se ajusta a la ley y duda de sus previsiones. A nuestro juicio, el plan planteado debiera servir para la reconstrucción de los márgenes
de actuación fiscal ante futuras crisis, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y para ser, a su vez, compatible con el diseño de una política presupuestaria que mantenga su tono expansivo para mantener y mejorar el estado de
bienestar, pero también valorando con rigor cualquier decisión que suponga un aumento estructural del gasto público. En este sentido, también mostramos nuestras dudas, porque lo presentado es un plan genérico que hace un repaso a la planificación
de los últimos tres años y una previsión para el trienio 20242026, pero no establece nada acerca de las nuevas medidas de gasto que va a asumir el Gobierno ni tampoco de las medidas a adoptar para reducir el déficit y la deuda para lograr
los objetivos que ellos mismos han planteado. Un plan que, a pesar de la falta de precisión, entendemos que puede ser un punto de partida; un plan vivo que se tendrá que ir ajustando a la medida de la evolución del crecimiento económico para ir
adoptando, desde luego, las decisiones de política fiscal, gasto e inversión pertinentes para ir reequilibrando esas cuentas, porque también es cierto que todas las previsiones económicas de todos los años anteriores se han visto superadas, y es que
la economía no es una ciencia exacta.
Somos conscientes de las limitaciones de la gobernanza europea, del contexto geopolítico y geoeconómico aún incierto a nivel mundial, y de las tensiones políticas internas en el Estado, y por ello entendemos que es necesaria una estabilidad
económica y política y que, junto a la oportunidad que nos ha brindado Europa con los fondos Next, se pueda avanzar hacia la transformación de la economía. Usted dispone de la mejor herramienta para lograrlo, que es la política presupuestaria, y
hoy, a pesar de las críticas expresadas por nuestro grupo, entendemos que es mucho mejor continuar con la tramitación de estos objetivos que quedarnos en otros peores, ya que estos, de aprobarse, son una mejor antesala al proyecto de presupuestos
generales del Estado.
Edozelan ere, berriz diot eztabaida honetan honako hauek falta dirazela: itun eta hitzarmen batzorde mistoen aldebiko akordioa, epe laburrean finantza aldetik iraunkorrak diren inbertsioak baino figura zabalago bati heltzea, autonomia
erkidegoen eta toki erakundeen inbertsio ahalmena eta gizarte politikoen erapena ez mugatzeko, eta, epe ertainera, egonkortasunari buruzko lege organikoaren aldaketa, egonkortasun helburuak banatzeko modu berriak eta gastu arauaren diseinu eta
aplikazio berria jasotzen dituena.
Eskerrik asko.
En cualquier caso, insisto, en este debate echamos en falta lo siguiente: acuerdo bilateral de las comisiones mixtas de concierto y convenio; a corto plazo, abordar una figura más amplia que las inversiones financieramente sostenibles para
no limitar la capacidad inversora de las comunidades autónomas y entidades locales, y el despliegue de las políticas sociales; y, a medio plazo, la modificación de la ley orgánica de estabilidad, que recoge las nuevas formas de distribución de los
objetivos de estabilidad y el nuevo diseño y aplicación de la regla de gasto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Señora ministra, la aprobación del techo de gasto por parte de este hemiciclo es una derivada de la reforma del artículo 135 de la Constitución que pactaron Partido Popular y Partido Socialista. En el verano de 2011, efectivamente, se
impuso el mandato de unas élites europeas que nos recetaron austeridad y recortes para salir de la crisis, incluyendo medidas arbitrarias, por no decir mágicas, como los objetivos de déficit. Esas políticas económicas fueron un fracaso sin
paliativos, retrasando la recuperación económica y condenando a buena parte de la población española a niveles de pobreza y desigualdad francamente insoportables. Esta política presupuestaria cambió sustancialmente en el año 2020, con la entrada de
Unidas Podemos en el Gobierno y, sobre, todo, con la respuesta contracíclica que se les dio a las crisis de la COVID y de la guerra de Ucrania.
El techo de gasto que aprobamos hoy continúa en buena medida esa lógica expansiva de la anterior legislatura, pero ya se ven en el horizonte esas lógicas de la Unión Europea, que quiere la austeridad de vuelta. Podemos nació con la idea de
que las políticas austericidas impuestas desde instituciones sin control democrático suponían un error que solo beneficiaba al 1 % más rico. Por eso, vamos a votar a favor de un presupuesto expansivo y vamos a votar en contra de futuros recortes
que cercenen los derechos sociales y económicos de la mayoría social. Ya sabemos que reducir el déficit y la deuda pública se puede hacer fundamentalmente por dos vías: una es la vía de los recortes y otra es la vía del aumento de los impuestos a
las grandes fortunas. Y también sabemos lo que pasa cuando un Gobierno, teóricamente de izquierdas, aplica el programa de los mercados, y sirva de ejemplo el caso de Grecia. Por eso pensamos que nuestro país todavía no ha acometido la reforma
fiscal que requiere. Según datos de Eurostat, en 2022 España se situaba en ingresos públicos sobre el PIB por debajo de la media de los países de la Unión
Europea. Y si bien el Gobierno asume que los ingresos públicos en este ejercicio pueden subir un 9 %, los expertos sostienen que también con ese aumento de la reforma fiscal podríamos elevarnos a un 12 % de la recaudación. ¿Cómo? Por
ejemplo, eliminando las deducciones del IRPF a las pensiones privadas, que minan las arcas públicas a favor de los más ricos, como está señalando la AIReF. Por ejemplo, subiendo la tributación mínima del impuesto de sociedades para las grandes
empresas, que siguen pagando cantidades ridículas frente a lo que pagan las pymes. O, por ejemplo, aumentando el IRPF para las rentas del capital y del trabajo del 1 % más rico, que es donde se concentra la mayor brecha de la desigualdad.
Por, último, quería aprovechar esta breve intervención para mostrar nuestro profundo rechazo al acuerdo de reglas fiscales europeas que ha acabado liderando este Gobierno. Yo creo que resulta contradictorio que la ministra Montero critique
las políticas austericidas y que, a la vez, alabe el acuerdo de las reglas fiscales al que ha llegado su compañera, la señora Calviño. Consideramos que no se ha reforzado a los países del sur de Europa y que finalmente ha claudicado ante las
posiciones austericidas de las élites económicas del norte de Europa. En vez de conseguir un acuerdo basado en la progresiva abolición de reglas arbitrarias de reducción de déficit y deuda y avanzar hacia proyectos presupuestarios acordes con la
realidad de cada país, creemos que se han reforzado estas reglas y que se nos podría llegar a imponer tener un déficit del 1,5 %, sin tener en cuenta las necesidades sociales y económicas del país.
Volver a la austeridad, como decíamos, sería un enorme error, un error que nos haría retroceder una década y cuyos efectos ya estamos pudiendo ver en otras latitudes, como Alemania, con una economía en recesión, un fuerte malestar social y
más gasolina para la extrema derecha. Desde Podemos esperamos que en esta legislatura haya margen fiscal para hacer políticas sociales avanzadas e inversión en el tejido productivo. Allí nos podemos encontrar siempre con el Gobierno; en las
recetas de los hombres de negro y en los recortes, ustedes ya saben que no será posible.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
A Comisión Europea vén de impor voltar ás regras de estabilidade macroeconómica e financeira, voltar ao control de déficit, redución da débeda e o seu mantemento, magnitudes que consideran sustentábeis a longo prazo, unhas normas que foran
suspendidas ou flexibilizadas para poder enfrontar o gasto público preciso para facer fronte á crise económica e social destes anos.
Dentro deste marco xeral co cal o BNG non concorda, é de destacar as graves consecuencias que os obxectivos de déficit van ter para as comunidades autónomas para as que a proposta fixa un obxectivo de 0,1. Isto é absolutamente inxusto, se
tomamos en conta que a capacidade de déficit para o conxunto das Administracións, xa limitado, que nós rexeitamos, é de 3 %. O Estado reserva, por tanto, para si 2,7 + 0,2, 2,9, 97 % da capacidade total. E máis, para os seguintes exercicios de
2025 e de 2026, desaparece o déficit para as comunidades autónomas, atentando contra a súa autonomía financeira e limitando a súa capacidade de gasto. Lembramos: son as que soportan o peso do gasto do investimento correspondente a servizos
públicos fundamentais como sanidade, educación e servizos sociais. Isto é un argumento máis para lembrar a necesidade dun sistema de financiamento xusto que garanta que a totalidade dos impostos pagados na Galiza repercuta no financiamento dos
nosos servizos públicos, así como da reclamación ao Estado que compense a débeda histórica en investimentos no noso país. O mesmo acontece para os obxectivos da débeda pública sobre o PIB para o período 2024-2026. Prímase a capacidade de
mandamento á Administración Xeral do Estado en detrimento das comunidades autónomas e entidades locais.
En canto ao límite de gasto non financeiro para os Orzamentos Xerais do Estado de 2024, consideramos dubidoso que poida ser suficiente para atender os investimentos necesarios e para dotarse de flexibilidade para facer fronte ás emerxencias
imprevistas e preocúpanos que isto poida derivar en recortes. Nós consideramos necesario continuar unha política económica e fiscal expansiva para reforzar os servizos públicos e potenciar a recuperación de emprego e cremos que isto vai xustamente
na dirección contraria.
En todo caso, como un xesto de confianza e de inicio dun proceso de negociación duns orzamentos, a pesar das nosas discrepancias con esta proposta duns orzamentos que teñen que cumprir con Galiza, non impediremos que saia adiante. Votaremos
favorabelmente, a pesar, insisto, de que somos enormemente críticos co que hoxe aquí se propón. Moitísimas grazas.
Gracias, señor presidente.
La Comisión Europea acaba de imponer volver a las reglas de estabilidad macroeconómica y financiera; volver al control del déficit, a la reducción de la deuda y su mantenimiento en magnitudes que se consideran sostenibles a largo plazo.
Unas normas que habían sido suspendidas o flexibilizadas para poder hacer frente al gasto público necesario para hacer frente a la crisis económica y social de estos años. Dentro de este marco general, con el cual el BNG no está de acuerdo, cabe
destacar las graves consecuencias que los objetivos de déficit van a tener para las comunidades autónomas, para las que la propuesta fija un objetivo del 0,1. Esto es absolutamente injusto si tenemos en cuenta que la capacidad de déficit para el
conjunto de las administraciones, ya limitado y que rechazamos, es del 3 %. El Estado, por tanto, se reserva para sí un 2,7 más 0,2, el 2,9; es decir, el 97 % de la capacidad total. Es más, para los siguientes ejercicios de 2025 y 2026 desaparece
el déficit para las comunidades autónomas, atentando contra su autonomía financiera y limitando su capacidad de gasto. Y recordamos, ellas son las que soportan el peso del gasto y la inversión correspondiente a servicios públicos fundamentales como
sanidad, educación y servicios sociales. Y esto es un argumento más para recordar la necesidad de un sistema de financiación justa que garantice que la totalidad de los impuestos pagados en Galiza repercuta en la financiación de nuestros servicios
públicos, así como la reclamación al Estado para que compense la deuda histórica en inversiones en nuestro país. Y lo mismo sucede con los objetivos de deuda pública sobre el PIB para el periodo 20242026. Se prima la capacidad de endeudamiento de
la Administración General del Estado en detrimento de las comunidades autónomas y entidades locales. En cuanto al límite del gasto no financiero para los objetivos generales del Estado de 2024, consideramos dudoso que pueda ser suficiente para
atender las inversiones necesarias para el desarrollo económico y dotarse de flexibilidad para hacer frente a las emergencias imprevistas. Nos preocupa que esto pueda derivar en un recorte. Consideramos necesario continuar con una política
económica y fiscal expansiva para reforzar los servicios públicos y potenciar la recuperación y el potencial de empleo, y creemos que esto va justamente en la dirección contraria.
En todo caso, como un gesto de confianza y de inicio de un proceso de negociación de los presupuestos, a pesar de nuestras discrepancias con esta propuesta y de solicitar unos presupuestos que cumplan con Galicia, a pesar de esto, como digo,
no impediremos que esto salga adelante y votaremos favorablemente. A pesar, insisto, de que somos enormemente críticos con lo que estos objetivos proponen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, buenas tardes.
Para empezar, advertiré que mi voto va a ser positivo. Nosotros cumplimos si se cumple con nosotros y, por tanto, no vamos a estar regateando ni peleando hasta el último minuto cositas, a ver si arañamos algo más. De momento, tranquilidad.
Cumplimos si ustedes cumplen. Dicho eso, no nos parece que sea mucho pedir recordar que Canarias está esperando una respuesta respecto de la flexibilidad de la regla de gasto, respuesta que esperamos poder tener y que el presidente canario pueda
contar con esa posibilidad.
¿Y por qué no nos parece una excepción exagerada, una excepción injusta? Porque acudimos aquí, en cada Pleno, a excepciones, y a excepciones muchísimo más caras de lo que estamos planteando, porque Canarias cumplió a rajatabla y cumplió
tanto en época de recortes y de ajustes con la regla de gasto, con el techo de gasto, que nuestra ciudadanía sufrió en exceso la detención de obras, la caída de convenios; fueron unos años tremendamente duros en los que, además, aquellos que
estaban en la oposición, hoy en el Gobierno del Estado, nos acusaban de ser prácticamente los protagonistas de aquel caos y de aquella situación tan dramática.
Hoy se ha dicho aquí -lo voy a utilizar- que a veces hay que apelar al principio de realidad, y el principio de realidad dice que Canarias tiene hoy la deuda más baja por ciudadano, por ciudadana, por habitante. El principio de realidad
dice hoy que la deuda canaria está muy por debajo de la media. Por tanto, necesitamos volver a invertir, mejorar la situación y que nos permita salir de esas listas de espera y de esos datos tan tremendos de pobreza que tenemos que encauzar entre
todos. Si cumplimos, si nos sacrificamos, pedimos también excepciones que ahora nos permitan mejorar nuestros servicios públicos. Creemos que es de justicia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, evidentemente la propuesta que hoy se somete a debate es un ejemplo más del trilerismo económico y político que viene caracterizando a este Gobierno, un Gobierno que no tiene ninguna credibilidad. Desde el punto de vista
económico, todo le sirve a la hora de ajustar su política de ingresos y de gastos, sin tener en cuenta que el descuadre es la cuestión permanente. Se plantean una serie de situaciones económicas, financieras, que han sido incluso cuestionadas por
la propia AIReF y el Banco de España. Por otro lado, es incomprensible que no se tenga en cuenta la incertidumbre económica que estamos padeciendo, ni la deuda y el déficit, también desbocado. El Gobierno, cada día, gasta más fondos públicos y los
ciudadanos, cada día más, reciben peores servicios. Podríamos hablar de la situación de la sanidad en nuestro país, con unas listas de espera desesperantes; o de la educación, bastaría repasar el último informe de PISA para comprobar que vamos a
peor. Por lo, tanto, señorías, ¿dónde queda la eficacia y la eficiencia en el gasto público? Además, los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores cada día pagan más impuestos. La propuesta que hoy debatimos, señorías, tampoco afronta el día
a día de los ciudadanos. Está planteando una España irreal. Se está consolidando una España más pobre, en la que las familias tienen más dificultad para cubrir sus necesidades vitales y las diferencias son mayores.
Por otro lado, desde el punto de vista político, estamos en la mentira permanente, en la falsedad y en el trilerismo en su máxima expresión; un Gobierno sumiso y obediente al independentismo y a la ignominia; un Gobierno entregado al
secesionismo catalán y vasco, que paga constantemente la compra de votos para la investidura del señor Sánchez, como se ha podido comprobar y se comprobará en este salón de Plenos en el día de hoy. Señorías, lamentablemente, lamentablemente, la
debilidad moral de este Gobierno es la fortaleza del secesionismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno nos propone unos objetivos de déficit y de deuda, así como un plan de reequilibrio para asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la deuda española, y los socialistas votaremos a favor por
tres razones fundamentales. En primer lugar, porque está avalado por la Comisión Europea. España es uno de los siete países de la eurozona que cumple con todas las exigencias fiscales para el 2024. (Un señor diputado: Ya, ya). Por, tanto, una
excelente verificación. En segundo lugar, porque, a la vez que apuesta por avanzar en la consolidación fiscal, es compatible con la recuperación y el crecimiento económico. Todos los organismos nacionales e internacionales coinciden en que España
continuará creciendo en 2024 y en que, además, crecerá por encima de la media. Y, en tercer lugar, porque los objetivos de déficit y de deuda propuestos son razonables, son factibles y dan confianza ante un escenario de permanente incertidumbre
internacional.
Señorías, no hay tiempo que perder. Déjense ya de excusas. Los objetivos propuestos son razonables; y, a efectos reales, lo único que se conseguiría no aprobándolos, como pretende la derecha, sería retrasar y, con ello, perjudicar el
interés general del país y, en particular, perjudicar a los gobiernos autonómicos, a los alcaldes y alcaldesas, que podrían contar con menos margen fiscal. Lo ha explicado la vicepresidenta primera, lo han explicado muchos grupos. Si ustedes lo
que pretenden es retrasar y retrasar, lo único que conseguirán es condicionar los presupuestos de los ayuntamientos y de las comunidades al plantear unos objetivos de déficit mucho más restrictivos.
¿De verdad, señorías del Partido Popular, van a votar en contra y a retrasar en el Senado la aprobación de esta senda y perjudicar con ello a sus gobiernos, a sus municipios y comunidades, con el único objetivo de dañar al Gobierno de
España? (Aplausos). ¿De verdad? ¡Aquí no se trata de salvar al presidente del Gobierno; no se trata de salvar al Gobierno! Aquí de lo que se trata es de salvar a los ciudadanos; y, cuanto antes, todas las administraciones, todas:
ayuntamientos, comunidades, Administración central, todos, todos necesitamos un presupuesto ya. Y ahí es donde se hace el debate. ¿O es que este Congreso no tiene 350 diputados? ¿Es que ustedes no van a hacer propuestas? ¿Es que ustedes no
tienen proyecto político? Miren, esta capacidad de bloqueo que ustedes manifiestan, lo único que evidencia, lo único, es que no tienen proyecto político; ¡ninguno, ninguno! (Aplausos). Los ciudadanos y ciudadanas nos votan
para que hagamos propuestas, no para que bloqueemos. Así que su actitud, llena de reproches y de excusas, es absurda, es incoherente y es contraproducente.
A mí me hace gracia; son totalmente incoherentes. ¿Cuál es su alternativa? Porque no han dicho cuál es su alternativa de objetivos de déficit. Sí sabemos que en Andalucía, el señor presidente de la Comunidad de Andalucía está fijando un
menos 0,1 en sus presupuestos. Es, decir, que al PP Moreno Bonilla le va bien, pero al PP de Feijóo no le va. ¿Es esto de lo que va el Partido Popular, que en un sitio dice una cosa y en otro sitio dice otra? Como les digo, esta capacidad de
bloqueo que manifiesta el Partido Popular es evidencia palpable de que carece de un proyecto político de país. Y, además, yo creo que, incluso, lo que ocurre aquí es que no ha asumido la derrota electoral y no asume no haber podido conformar
Gobierno, y eso lo mantiene en un pataleo infantil permanente.
Los socialistas, cuando estuvimos en la oposición, por ejemplo, en 2016 y 2017, no bloqueamos la aprobación de los objetivos de déficit y la deuda del Gobierno. Lo pudimos haber hecho, sí, sí; lo podíamos haber hecho y no lo hicimos. Y no
lo hicimos, ¿saben por qué? Porque es una cuestión de Estado, porque es una cuestión que supone cumplir con un compromiso europeo. ¿Ustedes, señorías del Partido Popular, no quieren cumplir los compromisos con Europa? ¿No les parece que la
Comisión Europea es un magnífico verificador de lo que se está presentando hoy aquí en el Congreso de los Diputados? ¿Piensan que no? Y, oigan, tengan bien claro que los socialistas siempre siempre pondremos por delante dar soluciones a la gente.
Desde la oposición lo hicimos, forzamos mejoras para la ciudadanía y, desde el Gobierno, lo que estamos haciendo es impulsarlas, con o sin su ayuda. (Rumores).
Miren, he tenido la oportunidad de oírlos y la verdad es que lo único que he podido escuchar es que la derecha española desde hace años...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Blanquer, un momento, por favor. (Pausa).
Continúe.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Como decía, la derecha española, desde hace años, se empeña sin éxito en desprestigiar al Gobierno de España. Con Casado, intentaron impedir que los fondos europeos llegaran a España. Afortunadamente, no lo
consiguieron. Llevan años sin acertar en la crítica; los hechos los contradicen. Pero, una y otra vez, veo que insisten. Críticas de siempre que nunca acertaron en el pasado y que no tienen ya ninguna credibilidad en el presente, porque llevan
años anunciando un apocalipsis económico que no ha llegado. (Aplausos).
El año pasado, solo el Gobierno preveía un crecimiento superior al 2 % para 2023; un crecimiento que tanto PP como VOX tildaron de irreal, de inconsistente e irracional. ¿Les suena? Hoy también lo han dicho, ¿no? Pues, en el mes de
diciembre, la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, por no decir todos, coincidieron en que el crecimiento de 2023 fue del 2,4 %. Por, tanto, son unos datos que atestiguan que el Gobierno de España es creíble; actúa con
diligencia, prudencia y responsabilidad, mal que a ustedes les pese. Y el único Gobierno que fue multado por ocultar déficit y por manipular las cifras de deuda durante más de veinte años fue el del Partido Popular. Esa fue la herencia que dejó el
Partido Popular (aplausos), ¡esa fue!
Algunos centran sus críticas en las cifras de deuda y de déficit, obviando el hecho de la pandemia y el mayor coste que habría supuesto no poner en marcha políticas de protección de rentas y de empleo. Miren, menos gasto social no implica
siempre menos déficit ni menos deuda, y a los hechos me remito. Fue el Gobierno del Partido Popular quien incrementó la deuda exponencialmente y la situó por encima del cien por cien del PIB con una política de recortes continuada que llevó a
mínimos el gasto social; en 2012, aplicaron la mayor subida de impuestos conocida en nuestro país, y hoy vienen a hablar de que la bajada de IVA no la quieren aprobar. Claro, ustedes no quieren bajar el IVA de los alimentos ni de la energía porque
ya lo hicieron. ¡En el 2012, en plena crisis, les subieron el IVA a todos los españoles y a las españolas, así que no pongan excusas! (Aplausos). Ustedes, allá donde gobiernan, hacen la política de siempre, la política de los recortes. Si no, que
se lo digan al señor Marí, que hoy ha intervenido. ¿Se acuerda usted cuando fue consejero en aquella época? ¡Explique lo que hizo! Una política de recortes que lo que hizo fue despedir a más de 1000 profesores y a más de 1200 profesionales de la
sanidad, eso es lo que hizo usted, aprovechándose de la crisis. (Aplausos).
Por tanto, con la pandemia tuvimos un mayor impacto sobre el PIB que en la crisis financiera, pero también la mayor movilización de recursos públicos. A pesar de ello, la estabilización de las cuentas públicas está siendo más rápida que
durante el Gobierno del Partido Popular. Lo ha dicho la vicepresidenta.
Se ha conseguido reducir el déficit a la mitad en apenas dos años y, además, sin recortes, impulsando un escudo de protección para empresas, trabajadores y familias. La recuperación de la estabilidad de las cuentas públicas, bajar al 3 % de
déficit será posible en cuatro años si aprobamos esta senda. Desde luego, ustedes en el Gobierno no lo consiguieron.
España ha logrado sobreponerse a una caída del PIB tres veces mayor que la de la crisis financiera en la mitad de tiempo. Se ha conseguido un crecimiento de empleo con cifras récord de afiliación; más y mejor empleo. Pero, además, el
índice de Gini sobre la renta, que indica el nivel de desigualdad en ingresos de la población, en el dato más reciente disponible de 2022, alcanza su cifra más baja en una década, lo que demuestra que, a pesar de los elevados niveles de
incertidumbre, de los efectos de la pandemia y de los conflictos bélicos, focalizar la recuperación desde la justicia social y la equidad no solo ha permitido una mejor y más rápida recuperación, sino también que esta sea más equitativa. El
Gobierno progresista y liderado por Pedro Sánchez ha demostrado, a lo largo de estos años, rigor en las cuentas públicas, prudencia a la hora de presupuestar, liderazgo para conseguir recursos con los que afrontar las dificultades y compromiso con
la consolidación fiscal, autoimponiéndose tasas de referencia de déficit, que cumplió y mejoró año tras año. Los hechos lo corroboran y lo avalan.
Con esto termino, señorías. Para los años 2024, 2025 y 2026 se plantea una senda de reducción gradual del déficit y la deuda compatible con la dinamización económica. La incertidumbre internacional continúa siendo elevada, no hay previsión
a corto plazo de la finalización de los conflictos bélicos y no estamos exentos de contar con nuevos escenarios...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Por eso, señorías, termino animándoles a aprobar unos objetivos y un plan que nos permiten establecer un marco de sostenibilidad que da señales de seguridad a la ciudadanía, a los inversores y a los organismos
internacionales. Les animo a votar con responsabilidad, a apostar por la política útil y constructiva. Los españoles y las españolas nos lo merecemos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE AMNISTÍA PARA LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y SOCIAL EN CATALUÑA. (Número de expediente 122/000019).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debate de totalidad de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. A esta proposición de ley se han presentado dos
enmiendas a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Rodríguez de Millán Parro.
La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Muchas gracias.
El Partido Socialista ha traído una ley que ha bautizado con un eufemismo propio de un régimen orwelliano. (Una señora diputada: ¡Madre mía!). La llaman ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en
Cataluña. Nosotros pensamos que hubiera sido mejor que la llamase ley orgánica para hacer presidente a Sánchez a cambio de siete votos, y así, por lo menos, hubieran dicho la verdad alguna vez en su vida. Se trata de la misma amnistía que negaban
enérgicamente el pasado mes de julio y que ahora, presos de su propia ambición y de la necesidad de seguir atornillados al poder, traen al Pleno. Y como el señor Sánchez no puede cambiar la realidad de sus mentiras, mentiras que ellos mismos se han
acabado creyendo, han puesto a sus propagandistas a cambiar denominaciones a ver si así conseguían mentir una vez más a los españoles. La realidad es que lo normal es que haya una ley que garantice la convivencia y se cumpla, y lo anormal es
premiar desde el Gobierno a los que se la saltan, y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista, lo mismo que llevan haciendo durante cinco años: beneficiar a los criminales que les han llevado al Gobierno, a los separatistas, que les
dictan los artículos del Código Penal y ustedes, muy obedientes, escriben.
Con esta ley, el Partido Socialista pasa por encima del criterio de los tribunales, invalidando sus sentencias; pasa por encima de la labor de jueces y policía; pasa por encima del criterio del mismo letrado del Congreso que removieron
para poner a otro; ustedes utilizan su poder para pasar por encima de las
instituciones que tienen que representar a todos los españoles. Pero eso, por otro lado, es algo normal para aquellos que creen que estas y la sede del Partido Socialista son lo mismo, y ni pueden ni deben ser lo mismo. Pasan incluso por
encima de su propio criterio. 'El referéndum y la amnistía no son posibles', Pedro Sánchez. La señora María Jesús Montero también expresó su opinión: 'Es inconcebible, no se puede explicar con mayor claridad'. (La señora vicepresidenta primera
del Gobierno y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, se ausenta del hemiciclo). No se vaya, que la voy a parafrasear. 'No va a haber referéndum, no es constitucional; le voy a decir más, es que no cabe en la Constitución'. Esto lo dijo María
Jesús Montero. 'No va a haber amnistía', 'con nosotros se cumple la ley en todo el territorio. Con nosotros España no corre peligro'. Es cierto que aquí no voy a imitar el ímpetu con el que el señor Iceta replicó a estas palabras. El mismo Iceta
que ahora hemos sabido que le dio casi un millón de euros al tesorero de Tsunami Democrático después de que el propio ministro del Interior asegurase que estaban investigando sus acciones y que terminarían sabiendo quién estaba detrás. Bueno, pues
ahora ya están más cerca de saberlo.
En el texto de la propia ley que ha presentado el Partido Socialista llegan incluso a declarar su constitucionalidad. ¿Desde cuándo se han convertido ustedes en el Tribunal Constitucional? Quizá desde que lo asaltaron, y por eso se
permiten ahora el lujo de ejercer como magistrados. Y con una exposición de motivos que se prolonga hasta doce páginas, cuando el fundamento último de esta ley puede expresarse con solo seis palabras: necesitamos los votos de los separatistas. La
desesperación adopta muchas formas, pero en los últimos años ha tenido un único rostro, el de Pedro Sánchez.
Parten además de una premisa absolutamente falsa, porque afirman que en Cataluña hay dos bandos, y por eso dicen en su ley que quieren devolver el conflicto político a los cauces de la discusión política. Pero resulta que cuando alguien se
salta la ley, ya no es un conflicto, es un proceso judicial. Y aquí no hay dos bandos, esto no es un conflicto entre iguales. Aquí lo que hay es una mayoría de catalanes que respeta la ley y una minoría golpista y privilegiada, y ustedes han
convertido a los primeros en ciudadanos de segunda para traer con honores a los segundos de vuelta. (Aplausos). ¿Ustedes se acuerdan de cuando Pedro Sánchez decía en televisión que se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont y a sentarlo delante
de un juez? (Aplausos). ¿Ustedes se acuerdan de cuando el señor Patxi López, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le decía a Pedro Sánchez: Pedro, tú sabes lo que es una nación? Pues no han traído de vuelta a Puigdemont y siguen sin
saber lo que es una nación, por mucho que se envuelvan en la bandera de España, la misma que se quitan cada vez que habla el presidente separatista de la Generalidad.
¿Y saben? La situación lamentable a la que hemos llegado no es por culpa únicamente de esta ley, sino porque el Partido Socialista en realidad se ha convertido en el principal valedor del separatismo, y así lo demuestran sus hechos. Corría
el año 2014 y entonces no necesitaban sus votos para gobernar, pero ya eliminaban las partidas presupuestarias destinadas a la escolarización en castellano de los niños en Cataluña. Y abierta la veda, decidieron otorgarles un poder inmerecido a los
partidos separatistas, hasta el punto de que es un prófugo de la justicia el que va a decidir si se suben o se bajan los impuestos, si las familias van a tener más o menos conciliación o si van a tener más o menos poder adquisitivo, incluso van a
decidir si Pedro Sánchez va a seguir siendo o no el presidente del Gobierno. Decidieron suprimir el delito de sedición porque sus ilustres socios así se lo pidieron; reformaron el de malversación para, de camino, beneficiar a los suyos;
decidieron indultar a los golpistas. En definitiva, ustedes han dejado que los separatistas redacten las normas de todos los españoles. Y decidieron colocar a todos sus amigos al frente de las instituciones y de los puestos clave para que pudieran
validar todas esas tropelías que, de otro modo, no serían capaces de aprobar.
De manera que ustedes, el Partido Socialista es el autor del desgaste de nuestra democracia, los culpables de la erosión de las instituciones y los colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir de Cataluña a una
mayoría de catalanes que defienden su españolidad; catalanes que, al ver que ustedes no les defendían, muchos hicieron las maletas y abandonaron su tierra, llevándose consigo también las empresas, esas a las que ahora sus socios quieren multar,
porque solo saben practicar la extorsión como forma de hacer política. Ocho mil setecientas empresas, ¿ustedes saben lo que es eso? Una quinta parte del PIB de toda Cataluña. Pero ni ustedes ni sus socios hablan de eso porque, en realidad, no les
preocupa la prosperidad de los españoles, simplemente el relato del odio a España. Esta marcha de catalanes se asemeja bastante a la de otros territorios, como la región vasca o navarra, que hoy regalan a los herederos de ETA. Ustedes están
mandando un mensaje muy claro e improcedente en un Estado democrático y de derecho, y es que la violencia funciona y que a través de la violencia se obtienen réditos.
Nosotros, desde luego, no vamos a contemporizar en modo alguno con los autores de todo esto ni estamos dispuestos a normalizar las consecuencias de lo que no es otra cosa más que derrumbar con una sola ley el sistema democrático y de derecho
en España y hacer como si esto fuera un episodio político más. Por eso, nuestra enmienda a la totalidad es una reprobación a la actuación de este Gobierno en su conjunto, donde no solamente rechazamos la amnistía, sino que pretendemos dotar al
ordenamiento jurídico de las herramientas necesarias para que esto no vuelva a pasar. En consecuencia, proponemos la recuperación del delito de sedición, aumentando las penas de privación de libertad aparejadas a su comisión. Proponemos que en el
Código Penal se prevea castigar a quienes negocien los asuntos tramitados en las Cortes Generales con personas condenadas, procesadas o sustraídas a la acción de la justicia por alguno de los delitos sancionados contra la Constitución, el orden
público o la traición, porque el devenir de nuestro país no se negocia con prófugos ni con delincuentes. Esto, que debiera ser evidente en cualquier democracia, hay que repetirlo en esta Cámara ante un presidente que hoy duerme en la Moncloa por
haber pactado con una persona que tuvo que huir de nuestro país para no afrontar las consecuencias legales de sus actos.
Y, evidentemente, queda fuera de toda lógica que existan partidos cuyo fin último es la disgregación del país en el que practican su actividad. Celebramos, en este sentido, que el Partido Popular apostara en un principio por la disolución
de los partidos separatistas, aunque, finalmente, parece que matizaron sus palabras. Señorías del Partido Popular, es una lástima que cada vez que ustedes aciertan, miren a la izquierda para que les den el visto bueno. Ustedes no les deben nada o,
por lo menos, no deberían. (Aplausos). Nosotros lo tenemos muy claro, es hora de ejercer una oposición firme. Estas cuestiones no admiten ambigüedades, o se está con el separatismo o se está en contra de él. Es hora de revertir todo el daño que
el separatismo ha causado a este país, especialmente a los catalanes que se han mantenido leales a España. Es momento de volver a hablar de lo importante y de dejar atrás la extorsión y el chantaje que el Partido Socialista ampara y favorece.
Sánchez no es rehén de los separatistas, es un colaborador necesario dispuesto a entregarlo todo a una minoría sobrerrepresentada. Los verdaderos rehenes somos todos los españoles, que no podemos escapar al daño que están haciendo a nuestra
sociedad.
Pese a todo esto, España no puede caer en el fatalismo de pensar que no podemos deshacernos de este Gobierno. Lo primero que hay que hacer para lograr deshacerse de este Gobierno es no socorrerlo, para socorrer así a los españoles. Que
nadie piense que va a lograr traerse a su terreno a este Gobierno, por muy buenas intenciones que tenga, porque ellos no las tienen desde el momento en el que han elegido a sus compañeros de viaje: los separatistas y el brazo político de ETA.
(Aplausos). Si hay algo que hace muy bien este Gobierno es revestir de causas nobles sus tropelías. Dijeron que levantarían un muro contra la oposición sin saber que, en realidad, lo estaban levantando contra millones de españoles, que han
demostrado ser mil veces mejores que ustedes. VOX va a estar defendiéndoles en el mismo sitio del que nunca nos hemos movido y del que esperamos que tampoco se muevan todos aquellos que dicen creer en la unidad nacional y en la igualdad de todos
los españoles ante la ley, para devolverles la prosperidad y la España que merecen.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidente.
Señorías, las prisas del Gobierno habilitan el mes de enero para acelerar la tramitación de esta corrosiva ley, que lo que hace es disolver una parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero caprichos del destino hacen que este debate se
lleve a cabo en el Senado, donde, además, como todos ustedes conocen, se aprobó el 155, en un inconsciente nuevo desembolso a quienes hace seis años fueron derrotados por la ley, pero también fueron derrotados por la determinación de la sociedad
española.
El Partido Popular presenta hoy la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía; una ley que ha sido el pago político para una investidura cuyo precio es la deslegitimación de nuestro Estado de derecho, la humillación de todos esos
servidores públicos que han venido defendiendo la legalidad constitucional, también el engaño masivo a todos esos españoles que creyeron que en el Partido Socialista de Pedro Sánchez todavía quedaba alguna línea roja que no se llegaría a cruzar y
también, cómo no, el hundimiento de la credibilidad de un Partido Socialista que con Pedro Sánchez ya no tiene ni palabra ni principios. (Aplausos). Porque la amnistía, señorías, no ha sido por convivencia o por convencimiento de su bondad,
eso lo saben todos los españoles a estas alturas. De haber sido así, hubiera estado incluida en el programa electoral del Partido Socialista; es que ha sido, exclusivamente, por siete votos. Y todo ha sido tan humillante que, como ni sus
propios socios se fían de ustedes, señores socialistas, les obligan a arrastrarse a Ginebra. Porque no olviden nunca que en la maleta de Santos Cerdán van todos ustedes incluidos para que, periódicamente, un huido de la justicia les exija, delante
de un verificador internacional experto en diálogo con guerrillas terroristas, ver si están cumpliendo o no los acuerdos con sus socios. Sin duda alguna, causa bochorno lo que ustedes han aceptado. Y no tengan tampoco ninguna duda de que esto lo
arrastrarán durante décadas.
Ahora, la indignidad de un político abre las puertas a que todos aquellos que quieran romper nuestro orden constitucional sean los que condicionen el futuro de nuestro país y que traten, además, de derrotar a los demócratas. Pero pierdan
toda esperanza, porque esto no lo conseguirán. (Aplausos). Son muchos más los momentos estelares de compromiso cívico los que jalonan nuestra historia, como todas esas manifestaciones pacíficas que se están produciendo en los últimos meses en toda
España, reclamando una cosa: la igualdad de todos los españoles, defendiendo que España es un país de 48 millones de españoles libres e iguales. (Aplausos). Esto es curioso, porque todavía quedan en su bancada, en la del Partido Socialista,
diputados que, con el Partido Popular, abarrotaron el 8 de octubre de 2017 las calles de Barcelona en un ejemplo de resistencia cívica. Ustedes, el Partido Socialista, los socialistas, han abandonado esa calle, pero la resistencia se sigue
manteniendo firme, esa resistencia que sí tiene principios y que sí defiende la igualdad entre todos los españoles.
Señorías, la ley de amnistía, cuya enmienda a la totalidad presento hoy, es inconstitucional, y es inconstitucional porque una ley de amnistía, muy especialmente esta, no cabe en la Constitución de 1978. Esto es lo que hasta el 23 de julio
decían el propio presidente del Gobierno, una vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Justicia, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y tantos y tantos otros. Hasta el
23 de julio no había ninguna duda jurídica.
Además, es perfectamente sabido por todos los que estamos aquí que durante la tramitación de la Constitución se desecharon dos enmiendas que proponían introducir en un artículo la posibilidad de que el Parlamento aprobase amnistías; se
rechazaron. Por tanto, el Parlamento no tiene la legitimidad constitucional ni legal para proponer amnistías, como tampoco la tiene el pueblo español. El artículo 87.3 excluye de la iniciativa popular el derecho de gracia, es decir, ni los
titulares de la soberanía pueden pedirlo ni los representantes de la soberanía, que somos nosotros, lo podemos otorgar. La única excepción que permite la Constitución corresponde exclusivamente al Gobierno, y lo hace en los términos establecidos en
su artículo 62. Me refiero al derecho de gracia de una manera tasada y referido solo a los indultos, en los cuales quedan excluidos expresamente los indultos generales. Como señalan los artículos 117 y 118, la justicia emana del pueblo,
corresponde a los jueces y tribunales la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y, sí, es obligatorio el cumplimiento de las sentencias. También nosotros, los políticos, debemos cumplirlas y no buscar excepciones para quedar al margen del
cumplimiento de la ley. Por tanto, la amnistía es una excepción diferente al indulto, y si la Constitución no nos habilita para ello, no podemos inventarnos esta posibilidad, y todavía menos inventárnosla en beneficio propio. Si ustedes querían
introducir la posibilidad de que el Parlamento pudiera aprobar amnistías, lo que deberían haber hecho era haber traído aquí una reforma de la Constitución y no tratar de hacer que diga lo que no dice y que luego el Tribunal Constitucional interprete
lo que nunca contemplaron ni admitieron los constituyentes.
Es cierto que hay algunos ordenamientos jurídicos en Europa que sí contemplan la posibilidad de leyes de amnistía, en la mayor parte de los casos porque sus constituciones lo permiten de manera expresa, pero no es el caso de la Constitución
española. Aquí no está en la Constitución, y traen una ley que además -y ustedes lo saben perfectamente- ha sido redactada de puño y letra por todos aquellos que van a ser beneficiarios de ella, por mucho que sus proponentes sean los miembros del
Partido Socialista. (Aplausos). No solo ampara el golpismo político, sino que también ampara los actos terroristas, los estragos en Barcelona que la hicieron arder el otoño del 2019, la malversación y todos los actos de corrupción, desde los Pujol
hasta la señora Borrás, porque como todo se robó en nombre de la patria catalana, aquí cabe absolutamente todo. (Aplausos). Pero les diré más, a ver si ahora lo que sucede es que era todo por la pasta y no era todo por la patria.
¿No les parece a ustedes que esto es un absoluto despropósito? Si hasta ustedes mismos, los socialistas, están absolutamente enredados con enmiendas para tratar de salvar situaciones cuyos beneficiarios tienen nombres y apellidos y que son
públicamente conocidos por todos los que estamos
aquí. La ley presenta referencias al derecho comparado, pero como todo lo que envuelve esta ley es absolutamente falso, ni tan siquiera los corta y pega se refieren a aquello a lo que ese derecho comparado refiere.
Señorías, en el año que acaba de concluir se ha cumplido el 45.º aniversario de la aprobación, por abrumadora mayoría del pueblo español, de la Constitución española, una Constitución que fue un punto final; fue un punto final a las
constituciones de partidos; fue un punto final a las leyes de unos contra otros, en definitiva, fue el acta de paz. Por eso cupimos todos, porque había heridas que se arrastraban desde hacía más de un siglo. Fue un punto final y fue un nuevo
comienzo de nuestra historia común. Para llegar a ese punto final se aprobaron varias leyes de amnistía, sí, algunas de ellas extremadamente dolorosas, pero era absolutamente necesario. Era absolutamente necesario porque el pacto constitucional
significaba también la aceptación por parte de todos de las reglas del juego con todas sus consecuencias, y una de ellas era la legitimidad de nuestras instituciones judiciales y su independencia. Eran amnistías como las propias de la transición de
una dictadura a una democracia.
Yo lo que les pregunto a todos aquellos que son proponentes de esta iniciativa, a los miembros del Partido Socialista, es cuál es la etapa histórica a la que ustedes formulan sus reproches con esta ley. ¿A la democracia constitucional?
¿Qué leyes son las que ustedes consideran ilegítimas con esta propuesta? ¿Las que han sido aprobadas por estas mismas Cortes Generales legitimadas democráticamente? ¿Es eso de lo que estamos hablando? Porque esto es lo que está detrás de esta
amnistía que ustedes promueven. (Aplausos).
Señorías, la llegada de la democracia supuso un nuevo comienzo de las instituciones judiciales, que además están vinculadas al ordenamiento y a la jurisprudencia en el ámbito europeo; es decir, Estrasburgo y Luxemburgo son las torres que
rematan nuestro edificio constitucional. Señorías, una ley de amnistía como la que el Partido Socialista está impulsando da un paso a asumir un lawfare con todas sus letras. Viene además acompañada de las muletas de diversas comisiones de
investigación sin más objetivo que amenazar y socavar la independencia de jueces y fiscales.
A todo esto ¿por qué se ha llegado? A todo esto han llegado ustedes única y exclusivamente para estirar la agónica presidencia de Pedro Sánchez, y si alguien tenía alguna duda de esa agónica presidencia sin duda hoy la están viendo todos
los españoles. A esto se ha llegado. Se ha llegado a la senda del desmontaje del Estado de derecho, primero, con unos indultos en contra del tribunal sentenciador; después, con la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la pena de
malversación, y ahora con esta amnistía. Seguro que ustedes defenderán que estamos ante una desjudicialización de la política, pero ¿qué es lo que está detrás de esa desjudicialización de la política? Miren, se lo explicaré de una manera rápida y
simple: desjudicializar la política significa claramente crear una casta política, una casta por encima de la ley, una casta que lo que hará será usar la ley para otorgarse privilegios a sí misma al tiempo que exige sacrificios a los demás.
(Aplausos). Desjudicializar la política es, metafóricamente, quitarle la venda a la justicia y amordazarla con ella; es crear un coto privado en el que ciertos políticos pueden campar a sus anchas sin tener que sentarse ante el control de los
jueces, y única y exclusivamente se otorga este coto porque el Partido Socialista, tras perder las elecciones, quiere mantenerse en el poder. Señorías, por eso la enmienda de mi grupo es también propositiva; propositiva en el fortalecimiento del
Estado de derecho, al que no le puede quedar el artículo 155 como el único recurso ante las amenazas de quienes quieren volver a intentar ponerlo en jaque. En toda Europa lo que están haciendo las democracias es comenzar a tomar medidas, porque
toda democracia que se precie ha de ser firme en la defensa de los valores que proclama.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando. (Rumores).
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Voy terminando, presidente.
Por tanto, es necesaria la protección del orden constitucional, algo que la propia Constitución, en el artículo 22, establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito sean ilegales; es decir,
el Código Penal, como ustedes bien conocen o debieran conocer, desde hace años desarrolla esta previsión constitucional y prevé -sí, prevé- la disolución de una persona jurídica si es responsable de la comisión de determinados delitos. Por lo
tanto, no parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional, también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces. También es oportuna la recuperación del delito de convocatoria de referéndum ilegal. Además, les diré
algo, señores del Partido Socialista: Si no existe esa amenaza por parte de sus socios, ¿cuál es el temor a aprobar todo esto, si además lo prometió el propio Pedro Sánchez en el año 2019? (Aplausos).
También es oportuno que tenga un reproche penal que cargos políticos y de la Administración promuevan...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Sí, señoría, voy terminando.
... la inobservancia de las leyes y decisiones judiciales que puedan... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor. (Pausa).
Continúe, por favor.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias presidente.
Como les decía, aunque no quieran escucharme, también es necesario recuperar un reproche penal cuando cargos públicos o de la Administración promuevan la inobservancia de leyes y decisiones judiciales que puedan llevar a la independencia de
parte del territorio nacional. Y les vuelvo a decir: Si esto no está en la hoja de ruta de nadie, ¿cuál es el problema para que se incorpore al Código Penal?
En definitiva, estamos ante una enmienda que tiene oportunidad política y solidez jurídica para tipificar los delitos de deslealtad constitucional; lo que hacen las democracias modernas cuando están en peligro. Señorías, es una enmienda
que no dice nada que el Partido Socialista y el Gobierno no defendiesen hasta el 23 de julio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, ha terminado su tiempo con creces. Por favor, finalice de una vez por todas.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Señorías, esa es la grandeza de la democracia española, una democracia en la que cabemos todos y por la que este grupo va a seguir trabajando, para defenderla y fortalecerla; una democracia de españoles
libres e iguales, también ante la ley.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Republicano.
Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Buenas tardes.
Cada vez que ustedes montan una historia de estas siempre lo decimos: Muchísimas gracias por invitarnos a esta terapia de grupo que la derecha y la ultraderecha montan de vez en cuando. Siempre es un placer.
A partir de aquí, tenemos que hacerles tres preguntas, principalmente al Partido Popular. La primera -esta es su enmienda a la totalidad (muestra un documento)-, ¿no les da vergüenza andar en estas, mientras tienen a la gente recogiendo
plástico en las costas de Galicia? (Rumores.-Aplausos). ¿No? ¿Ninguna vergüenza? Ergo, no tienen vergüenza.
La segunda pregunta que tengo que hacer... (Rumores). Cálmense, acabo de empezar. La segunda pregunta que tengo que hacerles es: ¿Qué ha cambiado en un año, señora Gamarra?, porque usted ha defendido esta maravilla. ¿Qué ha cambiado?
Ustedes votaron en contra de una iniciativa muy similar a esta hace un año. ¿Qué ha pasado para que ustedes, en un año, se parezcan más al señor Ortega Smith que al señor Bermúdez de Castro, que defendió el no a esta iniciativa que en definitiva
pedía ilegalizarnos a algunos de nosotros y de nosotras? ¿Qué ha pasado? Es una muy buena pregunta.
Y la tercera pregunta que les tenemos que hacer es: ¿Cuándo, de una vez por todas, aceptarán su derrota? Que han perdido. (Rumores). Sí, ya me lo sé, han ganado las elecciones, pero es que esto no es Roland Garros, esto no es la liga,
esto no es la Champions; aquí gana quien sabe pactar (rumores), quien sabe negociar, quien sabe conformar un gobierno, y ustedes solamente saben pactar con la ultraderecha. Esa es la verdad. (Aplausos).
A partir d'aquí, tres o quatre coses que jo crec que són importants. La primera, el text, de veritat, aquesta esmena, el redactat és lamentable. Lamentable. He llegit tuits del Rafa Hernando molt millor redactats que això que han fet
aquí. Sí, Rafa, imagina't. Això és lamentable. Jo no els demano, com a oposició d'aquest Govern, responsabilitat, els demano professionalitat i crec que protesten i riuen quan jo
dic que aquest text és lamentable i que hi ha tuits del Rafa Hernando molt millor redactats, que jo crec que tothom riu perquè m'entén. Però un exemple, vostès diuen, per exemple, que l'amnistia és inconstitucional i dos paràgrafs més enllà
diuen que la Constitució no parla de l'amnistia. Com és possible? Com és possible que una llei sigui inconstitucional si la Constitució no parla d'aquesta llei? Com és possible?
Però, dit això, la pregunta que jo faig, la pregunta que jo faig a tothom és: això és la llei d'amnistia, això és l'esmena del PP i això és l'esmena de Vox. Què és més perillós? Què afecta més a la gent? Què afecta més el dia a dia de la
gent? És a dir, l'amnistia,...
A partir de aquí, tres o cuatro cosas que creo que son importantes. La primera, el redactado de esta enmienda verdaderamente es lamentable. He leído tuits de Rafa Hernando mucho mejor redactados que esto que han hecho aquí. (El señor
Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, Rafa, imagínate. Esto es lamentable. Yo no les pido responsabilidad como oposición de este Gobierno, les pido profesionalidad, y veo que protestan, ríen cuando digo que este texto es
lamentable, hay tuits de Rafa Hernando mucho mejor redactados. (Risas). Creo que todo el mundo ríe porque me entiende. Por ejemplo, ustedes dicen que la amnistía es inconstitucional y dos párrafos más allá dicen que la Constitución no habla de la
amnistía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una ley sea inconstitucional si la Constitución no habla de esta ley? ¿Cómo es posible?
Dicho esto, la pregunta que yo me hago, la pregunta que le hago a todo el mundo, es: Esto es la ley de amnistía (muestra un documento), esto es la enmienda del PP (muestra un documento) y esto es la enmienda de VOX (muestra un documento).
¿Qué es más peligroso? ¿Qué afecta más a la gente? ¿Qué afecta más al día a día de las personas? ¿La amnistía?
¿El hecho de que personas que convocaron un referéndum sean amnistiadas afecta a alguien de la Alpujarra? Sí, por aquello de que todos los españoles son iguales delante de la ley, ¿no? (Protestas.-Aplausos). ¡Ah! Vale. Sí, sí, aplaudan,
de acuerdo. Señorías, pues hace cuarenta años que los españoles no son iguales frente a la ley porque hay una familia en Zarzuela que vive en un palacio simplemente por su apellido. (Protestas.-Aplausos). Así que no todo el mundo es igual frente
a la ley. Pero, repito, la pregunta es:
La pregunta és: Quina és la iniciativa que afecta més la gent, l'amnistia o les seves esmenes mal redactades? Quina? Ho dic jo, les seves esmenes. Saben per què? Perquè atempten contra centenars de milers de persones que, segons vostès,
no tindran representació política, no tindran l'oportunitat de votar els seus partits polítics simplement perquè les seves idees no els agraden. Ja està.
¿Cuál es la iniciativa que afecta más a la gente, la amnistía o sus enmiendas mal redactadas? ¿Cuál? ¿Lo digo yo? Sus enmiendas. ¿Y saben por qué? Porque atentan contra centenares de miles de personas que, según ustedes, no tendrán
representación política, no tendrán la oportunidad de votar a sus partidos políticos simplemente porque sus ideas no les gustan. (Aplausos). Ya está.
Es mucho más peligroso dejar sin representación política, sin representación parlamentaria, a centenares de miles de personas que una amnistía por un referéndum.
Por cierto, señorías, ustedes dicen que hay que ilegalizar los referéndums, ¿sí o no? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Pero no eran ilegales ya? ¿No eran ilegales? (Rumores). Porque ha habido ocho personas que han estado cuatro años en la trena por
un referéndum. Entonces, ¿no eran ilegales? ¡Ah! Sí, pero no, no pero sí. Vale, vale.
En qualsevol cas, això, senyories, és la culminació d'un camí. És la culminació d'un camí. Principalment aquí em dirigeixo a les senyories de Vox,...
En cualquier caso, esto, señorías, es la culminación de un camino. Principalmente me dirijo aquí a las señorías de VOX...
¿En qué momento sus juventudes, algunos de ustedes y también algunos de los militantes, votantes y representantes del Partido Popular prefieren en Nochevieja (rumores) apalear una piñata que supuestamente se parece a Pedro Sánchez, pasando
frío en Ferraz, antes... (Continúan los rumores.-El señor Palencia Rubio pronuncia palabras que no se perciben). Cálmense.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.
Señor Palencia Rubio, le llamo al orden por primera vez y le advierto de que si le llamo dos veces más, le tendré que expulsar de la sala, así que conténgase, por favor, conténgase.
Continúe, por favor.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señorías, ¿en qué momento ustedes prefieren, en Nochevieja, ir a pasar frío a Ferraz y apalear una piñata que supuestamente se parece a Pedro Sánchez antes que comerse las uvas con su familia? ¿En qué momento?
Pero dicho esto, el odio, la avaricia, la gula y la envidia no son ilegales, no son ilegales. Que ustedes odien a Pedro Sánchez, que ustedes odien a según qué partidos políticos o que ustedes nos odien a algunos de nosotros no es ilegal.
Es raro querer gobernar un país queriendo odiar a parte de su país, pero, bueno, es cosa suya, no es ilegal. Lo que a mí sí que me preocupa son las amenazas de muerte. (Rumores). Sí, sí, se amenazó de muerte al presidente del Gobierno en esas
calles y ustedes dicen que 'les gusta la fruta', pero también el plástico, ¿eh?, ahora también el plástico en Galicia. Me parece lamentable que el principal partido de la oposición y el partido del after de la oposición se rían de eso.
Tres. La seva tesi és que el Govern, el Govern d'aquest estat, el Govern de l'Estat espanyol, és il·legítim, és il·legítim perquè l'amnistia no estava en el programa electoral del PSOE. Aquesta és la tesi, que tot el que està en un
programa electoral és obligat i que si no està en un programa electoral no serveix. Jo ho he entès així, és això. Quanta governs, quantes legislatures en aquests quaranta anys serien impugnades envers aquesta tesi? Quantes lleis s'han aprovat en
aquest hemicicle i a l'altre hemicicle després d'un pacte postelectoral? Per exemple, l'amnistia, que no estava en un programa electoral.
Tres. Su tesis es que el Gobierno, el Gobierno de este Estado, el Gobierno del Estado español es ilegítimo; es ilegítimo porque la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE. Esta es la tesis, ¿no? Es esta, que todo lo que está
en un programa electoral es obligado y que si no está en el programa electoral, no sirve. Yo lo he entendido así. Es así, ¿no? ¿Pues cuantos gobiernos, cuantas legislaturas en estos cuarenta años serían impugnadas guiándonos de esta tesis?
¿Cuántas leyes se han aprobado en este hemiciclo y en el otro después de un pacto poselectoral? Por ejemplo, la amnistía, que no estaba en el programa electoral.
Pero dicho esto, si todo lo que está en un programa electoral es ley y si no nos sirve... Oiga, nosotros tenemos un programa electoral que habla de referéndum. Estamos obligados a aplicarlo, ¿no? Y si no lo aplicamos, ¿por qué han metido
en la cárcel durante cuatro años a gente que quería montar un referéndum, si estaba en el programa electoral? Si el programa electoral obliga... Así de absurda es la tesis.
Quatre. Vostès demanen, entre altres coses, que per cert, demanen la il·legalització d'Esquerra Republicana, de Junts, per extensió també de Bildu, potser també del PNB, també del BNG. Té sort vostè, senyor Tellado, que no l'ha agafat al
BNG.
Cuatro. Ustedes piden, entre otras cosas, la ilegalización de Esquerra Republicana, de Junts y, por extensión, también de Bildu y quizás del PNV o del BNG. Usted tiene suerte, señor Tellado, de que no le ha cogido en el BNG.
Tiene suerte, señor Tellado, de que no le ha pillado en el BNG, porque igual usted también iba para adelante -por su pasado, me refiero-. Pero la cuestión es que ustedes piden la ilegalización de según qué partidos, principalmente de Junts.
Les voy a decir algo. Estoy convencido, señorías del Partido Popular, de que si ustedes no hubieran necesitado a VOX para gobernar -que es su desgracia-, habrían llegado a un pacto con Junts. Ustedes le hubieran dado todo a Junts. (Rumores). Sí,
y tanto que sí. Y habrían salido aquí con una barretina a anunciarlo y habrían hecho un grupo de wasap con Puigdemont para anunciarlo. Estoy absolutamente convencido. Ergo, su desgracia es VOX; háganselo mirar.
Acabo con un mensaje para el Gobierno, que creo que es importante. Tienen razón, no queda nadie del Gobierno, o casi nadie. Es cierto, y es muy bueno, que trabaja más gente que nunca, que hay más empleo que casi nunca en este país. Los
datos de empleo son muy buenos, son para felicitarnos porque mucha gente tiene empleo. También mucha gente es pobre, pero mucha gente tiene empleo. Y también es cierto, aunque yo nunca lo conocí y creo que la inmensa mayoría de la gente tampoco lo
ha conocido, que el aceite lleva alarma en el súper, repito, el aceite lleva alarma en el súper.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Rodríguez de Millán Parro.
La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Muchas gracias.
Señor Rufián, usted dice que no viene aquí a hacer terapia de grupo, pero lo primero que ha hecho ha sido ponerse a llorar por un muñeco y por unas uvas. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa: Ustedes no son
los dueños de Cataluña, no tienen la exclusividad de ser catalán. (Aplausos). Hay una inmensa mayoría de catalanes que defienden su españolidad y que llevan décadas sufriendo hostilidad por parte de ustedes, porque ustedes son los de
Tsunami Democrático, los de las agresiones a policías, los del terrorismo callejero; ustedes son esos a los que les van a perdonar 15 000 millones de euros para hacérnoslos pagar a todos los españoles. ¿Ustedes de qué se quejan exactamente?
(Aplausos). También han causado la muerte civil de muchos catalanes a los que reprimen su libertad. Y, créanme, no es nada personal, pero nosotros pensamos que aquellos partidos que atentan contra el patrimonio común de todos los españoles no
pueden tener cabida en la sede de la soberanía nacional. (Aplausos).
Y me quiero dirigir también al Gobierno, porque sin este Gobierno ustedes no serían nada. Es un gobierno con el que ustedes se entienden muy bien porque comparten con el Partido Socialista un pasado también criminal, señor Rufián. (Varios
señores diputados: ¡Oye, oye!). Ustedes tienen antepasados que huían por las alcantarillas; ahora sus semejantes se han modernizado y huyen en el maletero de un coche, pero ustedes comparten los mismos objetivos que el PSOE. (Aplausos).
En Cataluña no hay un conflicto. Esto no va de un conflicto entre dos partes iguales, aquí lo que hay son catalanes honrados que cumplen la ley y una casta privilegiada, separatista, que son ustedes. (Aplausos). Y son ustedes los que nos
traen, junto con el Gobierno, un engendro legal que no tiene cabida en ningún ordenamiento jurídico ni en ninguna democracia de Europa, porque su propia naturaleza desacredita el sistema que tiene que garantizar el orden y la ley. Ustedes no están
legitimados para pedir a los demás absolutamente nada. Ustedes son los del terrorismo callejero que van a amnistiar, y ahora vienen a tergiversar nuestro mensaje, a tacharnos de conspiracionistas y a señalarse como víctimas no sabemos muy bien de
qué. Esto también lo hace el Partido Socialista, y todas estas cosas no se nos olvidan ni a nosotros ni a los españoles, que siguen trabajando todos los días para sacar adelante la economía de sus familias pese a ustedes y pese a que intenten hoy
traernos un batiburrillo de ocurrencias que tratan de disimular con sus propias polémicas y que ni siquiera pueden aprobar. ¿Y saben por qué? Porque cuando ustedes decidieron formar gobierno estaban pensando únicamente en sentarse en estos
sillones azules -vacíos, por cierto- y no estaban pensando en los españoles. Y ahora se encuentran con que su esperanza de vida es a siete días vista, porque cada semana nos van a someter a los españoles al chantaje de sus socios separatistas. De
manera que cuídense mucho, porque cualquiera de estas semanas sus socios les borran esas sonrisas que cada vez les cuesta más esbozar.
Señores de Esquerra, ustedes han renunciado a que Cataluña sea el motor de España porque la han ahogado en sus complejos personales. Señor Rufián, no se avergüence de tener antepasados andaluces. Como bien ha dicho usted, no estamos aquí
para hacer terapia de grupo (aplausos), pero nosotros sí pensamos que puede serlo. Nosotros lo que queremos es una Cataluña próspera, que sea bastión de España, algo que desde luego no cabe en la visión corta de quienes solo se miran a sí mismos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidente.
La verdad es que lo que se hubiera esperado en el día de hoy es que la defensa de la ley y, por tanto, la posición en contra de las enmiendas a la totalidad la hubieran llevado a cabo los proponentes de esta ley de amnistía. Curiosamente,
el Partido Socialista, todos los ustedes aquí presentes son los firmantes, pero evidentemente la vergüenza les ha impedido salir a defender su propia ley. (Aplausos). Pero no solo estamos hablando de la vergüenza. La realidad es que ustedes, en
un ejercicio más de humillación, que voluntariamente han decidido aceptar con tal de seguir en el poder, son los firmantes de una ley que ha sido escrita de puño y letra por aquel que ha defendido esta ley. A mí se me caería la cara de vergüenza
por no salir a defender una proposición de ley que firma mi partido, porque delataría que no la he escrito yo. (Aplausos). Me piden la firma, me piden que me humille, me piden que engañe a mis votantes, y ahí pongo mi firma.
Pero hay algo más detrás de todo esto. Aquí no estamos hablando de debatir una ley, aquí realmente estamos debatiendo un precio. Esta es la realidad. Debatimos una transacción, y quien ha salido a defender esta ley, evidentemente, ha sido
el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Rufián, que hoy ha ejercido aquí de cobrador del frac. (Aplausos). Ha venido a cobrar, sí, el precio que le ha puesto al Partido Socialista para que Pedro Sánchez pueda estar en la
Moncloa, ni más ni menos. Esto
es lo que tenemos encima de la mesa. Pedro Sánchez compró una investidura el año pasado, y ahora de lo que estamos hablando y sobre lo que estamos debatiendo es sobre el precio. Esto es lo que hay detrás de esta ley. Evidentemente, parte
del precio es tumbar estas enmiendas a la totalidad y parte del precio serán esas enmiendas parciales para que todavía entren más personas, para que más políticos consigan formar parte de esa casta política que se sitúa por encima de la ley. Por
supuesto, señor Rufián, de esto es de lo que estamos hablando.
Aquí, en esta ley, lo que defiende el Partido Popular con esta enmienda a la totalidad son dos grandes principios, señores socialistas. En primer lugar, el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, por supuesto que sí, vivan donde
vivan, sean políticos o no lo sean. Esta es la clave de esta democracia. En segundo lugar, lo que defendemos, sí, es la separación de poderes. Este es el marco constitucional con el que tenemos que convivir y que queremos defender, porque un
Estado sin justicia no es un Estado, es pura corrupción. Aquí, en esta ley, lo que hay es la compra de los votos para mantenerse en el poder. Este es el ejercicio que se ha llevado hoy aquí.
Pero, señorías, no solo estamos hablando de esto. Yo les he hecho unas preguntas, y espero que hoy el Partido Socialista responda. ¿Cuál es la etapa histórica a la que ustedes, que son los proponentes, formulan sus reproches con esta ley?
¿Es a la democracia constitucional que nos dimos todos en el año 1978? Pues es justo a esa a la que nosotros estamos y vamos a seguir defendiendo. Señorías, esta ley llega aquí para estirar la agonía de la presidencia de Pedro Sánchez, y hoy hemos
podido ver y estamos viendo el ejercicio de esa agonía. Hoy Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, sí, pero no tiene ni preside un gobierno que pueda gobernar para los españoles. Este es el gran problema que tiene España, y este
partido está para plantear propuestas y alternativas que nos lleven adonde hay que llegar, a una solidez democrática que también defienda los valores constitucionales, y no solo los defienda, sino que los proteja a través de su Código Penal.
Se ha hablado aquí de la ilegalización de partidos por sus ideas. No se equivoquen, no se equivoquen, no es lo que plantea el Partido Popular. En este país, España, y en el proyecto político del Partido Popular a nadie, a nadie, se le
persigue por sus ideas. Pero, señores políticos, ningún político por el hecho de serlo puede situarse por encima de la ley ni sus actos pueden ser impunes si atentan contra el orden constitucional. (Aplausos). Esto es de lo que estamos hablando,
esto es lo que siempre hemos defendido y esto es lo que está detrás del espíritu de la enmienda a la totalidad que hemos promovido y promovemos desde el convencimiento de que hace falta protección del orden constitucional. Las democracias modernas
se protegen, no caen en el chantaje de debilitar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: ... sus principios y sus valores constitucionales.
Como les decía en la presentación de esta enmienda a la totalidad, un Estado de derecho es un Estado en el que la ley obliga a todos y, en particular, a los poderes públicos, y esta ley que se está tramitando es una ley de impunidad para
ciertos políticos, de cuyos votos depende un presidente del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señorías, señora Millán, señora Gamarra, he apuntado algunas de las cosas que han dicho, porque creo que el parlamentarismo va de eso, de escucharnos y, sobre todo en la réplica, de no venir con un guion y leerlo,
sino responder.
La señora Millán criticaba la quita de la deuda negociada por Esquerra Republicana. Es una quita general, es una quita que también se puede aplicar en otras comunidades autónomas. (Rumores). Sí, lo saben, lo saben, se ha publicado. De
hecho, les he hecho unos números por si no los habían hecho, porque ustedes son un poco perezosos o perezosas a la hora de hacer esto. (Rumores). En Valencia serían 9000 millones de euros. ¿Tienen algo que ver? ¿Tienen alguna responsabilidad en
Valencia? En Andalucía serían 5000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Andalucía? En Murcia serían 2000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Murcia? Y en Galicia serían 600 millones de euros. ¿Quieren tener
alguna responsabilidad en Galicia? Esta es la quita que se podría aplicar de deuda según Esquerra Republicana o según lo pactado por Esquerra Republicana.
Y señora Millán, aquí sí que me pondré serio. Lo he dicho ya un millón de veces y lo vuelvo a decir: yo no me avergüenzo de ser hijo y nieto de andaluces, pero para nada. Y lo vuelvo a decir: yo soy un orgulloso charnego, orgullosísimo.
(Rumores). Me siento muy orgulloso de que mis abuelos huyeran de Jaén y de Granada, respectivamente, hace cincuenta o sesenta años, para ir a Cataluña a un barrio de Santa Coloma de Gramenet -podrían haber ido a un barrio de Madrid o de Bilbao, me
da igual- para vivir, para subsistir. ¿Sabe de qué huían mis abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy les votan a ustedes, sus descendientes. (Rumores.-Aplausos). Así que me siento muy orgulloso. Y como hablan ustedes de
conflicto, si quieren hablo de Ortega Smith y de Abascal. A ver qué conflicto hay ahí, ¿eh? (Rumores). A ver qué conflicto hay ahí.
Señora Gamarra, me lo ha puesto superfácil. Cobrador del frac. (Risas). Me apellido Rufián y me han dicho un montón de cosas en mi vida, pero cobrador del frac todavía no. El cobrador del frac cobraba a morosos (un señor diputado: ¡En
la sede del PP!), y yo le acepto sobres. Ya que soy cobrador, si quieren, sobres; ya que ustedes tienen un poco de experiencia, yo se los acepto. (Rumores). Pero dicho esto, lo que les digo es que me parece grave, me parece mal y creo que es una
mala noticia para este país que el principal partido de la oposición se deje presionar y se parezca mucho más -repito- a lo que dijo Bermúdez de Castro, que es un señor con el cual yo tengo muy poco que ver, pero es un extraordinario parlamentario,
y hace un año defendió un no a ilegalizar (rumores.-Aplausos), sí, a según qué partidos por sus ideas. (Rumores). Ya, ya. Bueno, tengan cuidado, que esto lo está viendo Ayuso y se apunta sus nombres. (Risas y aplausos). Es que yo llevo aquí
ocho años y he visto aquí en su grupo parlamentario más baile que en una discoteca. (Risas y aplausos). Aquí quien manda es quien manda, ¿eh?
Ustedes aquí piden la ilegalización de según qué partidos por sus ideas (varios señores diputados: ¡Nooo!), sí, por sus ideas (rumores), y yo les pregunto: ¿esto es digno de un partido de centro derecha democrático europeo o es más digno
de un partido de ultraderecha, de un partido que prefiere gobernar su país en contra de parte de su país, antes que gobernar su país pactando con el diferente? (Rumores). Si se siguen dejando presionar y guiar por Ayuso y por VOX, y se lo digo
directamente, señora Gamarra, que creo que lo sospecha, pero también al señor Tellado, les quedan dos telediarios. (Varios señores diputados: ¡Nooo!-Rumores.-Risas.-El señor Tellado Filgueira señala al señor Rufián Romero). Bueno, a mí igual sí,
me da bastante igual. Quizá, a una por tiempo y al otro por incapacidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Rumores). Señorías, silencio.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Unión del Pueblo Navarro no apoyará una ley de amnistía porque, como dijo y reconoció el propio Partido Socialista y el Gobierno de España, es ilegal e inconstitucional. Unión del Pueblo Navarro rechaza la compra de votos para una
investidura, como es esta ley de amnistía y lo fue también la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. (Aplausos).
Ante tanta ignominia y esa defensa vehemente que hace el Partido Socialista de sus socios independentistas, bastaría recordar una vez más las palabras premonitorias de la madre de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA, dirigidas al señor
López: 'Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros
muertos, Patxi! ¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!'
Señorías, fue el presidente Sánchez el que se comprometió a traer a España y poner bajo la justicia al prófugo expresidente de la Generalitat. Hoy borra sus delitos y le rinde pleitesía. Fueron el Partido Socialista, Sánchez y Chivite los
que dijeron que no iban a pactar con Bildu. La presidenta Chivite dijo que Bildu era una línea roja. La candidata al Ayuntamiento de Pamplona, hoy ministra, y ausente, dijo que los socialistas jamás harían a Asiron alcalde.
Señorías, la mentira, la falsedad y el engaño como forma de hacer política, y todo por mantenerse en el poder a cualquier precio. Como diría el que fuera secretario general del Partido Socialista, el señor Nicolás Redondo Terreros, la
formación de ningún gobierno, y menos la pretensión de ninguna persona, merece el sacrificio de la dignidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Lamentablemente, este Partido Socialista, con Sánchez a la cabeza, hace tiempo que la perdió.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra). Sí.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: En relación con el artículo 31.
El señor Rufián en su intervención me ha aludido en dos ocasiones, intentando confrontar un debate que hubo en el Congreso de los Diputados en la legislatura pasada con la iniciativa y la enmienda de totalidad que presenta mi grupo.
Yo quería decirle, señor Rufián, porque preguntaba usted qué diferencia había entre entonces y ahora, que entonces la iniciativa pretendía ilegalizar los partidos por ideas y nuestra enmienda de totalidad lo que pretende es disolver partidos
por conductas delictivas. (Aplausos). Si usted no sabe distinguir...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (El señor Bermúdez de Castro Fernández sigue hablando con el micrófono apagado). Ha quedado claro, señoría. Muchas gracias. Ha finalizado la intervención, señoría, ha
quedado claro. (El señor Bermúdez de Castro Fernández sigue hablando con el micrófono apagado). Señoría, ha terminado ya.
Gracias. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, buenas tardes.
¿Hay algún premio a la diputada o al diputado más hiriente o violento hablando y yo no me he enterado? Porque hoy tengo la sensación de que concurrimos a una competición y ver quién es capaz de dar más duro al contrincante. Se han
pronunciado frases que, francamente, me parece que están fuera de lugar y que la ciudadanía no merece.
Señorías, nosotros votamos no a la amnistía. No estamos de acuerdo con las causas por las que viene esta amnistía, no estamos de acuerdo con los modos con los que se ha hecho y no estamos de acuerdo con esas prisas por sacarla adelante, que
han generado más disenso que consenso.
Contemplo con pena y tristeza la poca fe en el Tribunal Constitucional que tiene esta Cámara, la poca fe que tienen en la ley de partidos que ustedes se dieron y la poca fe que tienen en el Código Penal. Si no sirve, lo podemos cambiar.
Modifiquemos la ley de partidos, vamos a trabajar en ello, pero estas dos enmiendas nos parecen un despropósito, nos parecen desproporcionadas, y no lo dice Coalición Canaria, lo dicen importantes expertos en derecho penal.
Votaremos no a ambas, porque, aunque se diga que no es cierto, rozan peligrosamente la condena de las ideas y no resuelven el problema que tenemos delante, que está dividiendo a la ciudadanía del Estado español. ¿Qué es deslealtad
institucional? ¿Podemos ilegalizar a aquellos gobiernos que invaden las competencias de otros gobiernos?
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
La señora VALIDO GARCÍA: ¿Podemos ilegalizar a quienes invaden nuestras competencias? ¿Qué es la deslealtad institucional por la que se puede ilegalizar a un partido?
Si los medios de los que nos hemos dotado, las leyes y el Tribunal Constitucional no sirven, les están diciendo ustedes a la ciudadanía que la separación de poderes en el Estado español no existe. Nosotros no se lo vamos a decir; sí
creemos en ella, en el Tribunal Constitucional y en la ley de partidos. Es ahí donde deben decidirse las diferencias de las izquierdas y de las derechas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: A dereita ultra e a ultradereita veñen aquí facer o que mellor saben: oporse a calquera medida de democratización, a calquera avance en dereitos e optar pola involución democrática. Vexamos, senón, unha emenda do
Partido Popular que, confirmando o seguidismo da ultradereita de Vox, defende ilegalizar aquelas formacións políticas que traballen e avancen para a
soberanía das súas nacións. Vox quere ilegalizarnos, ao conxunto das forzas nacionalistas, soberanistas, independentistas da nación do Estado; xa o sabemos, xa o defenderon aquí. Agora, o PP, aperta na competición para o radicalismo ultra
de dereita. E faino da única maneira que sabe facelo: usando a mentira e a manipulación, da que ten feito realmente o seu modo de operar. Miren, a principal preocupación da dereita e da ultradereita sei que é tombar a Lei de Amnistía. A
principal preocupación da maioría da poboación da Galiza hoxe mesmo é unha grave crise ambiental que afecta as nosas costas, inundadas de millóns de boliñas, de pellets de plástico, até onde sabemos, 27 toneladas, mais tamén está alarmada de
comprobar como, diante desa catástrofe, os concellos e a cidadanía galega está soa diante da ausencia da actuación dos Gobernos, especialmente dun Goberno galego do Partido Popular, aínda en mans do Partido Popular, que tentou ocultar a situación e
enganar os galegos e galegas negando que tivesen coñecemento dunha situación que os concellos costeiros coñecen desde o 13 de decembro.
Repiten paso a paso o modus operandi do Prestige, mestura de incompetencia, mentira e manipulación. Daquela tivemos unha marea negra de chapapote; agora temos unha marea branca, de plástico.
Gracias, señor presidente.
Una vez más, la derecha y la ultraderecha vienen aquí a hacer lo que mejor saben, a oponerse a cualquier medida de democratización o a cualquier avance en derechos y a optar por la involución democrática. Veamos, si no, una enmienda del
Partido Popular que, confirmando el seguidismo de la ultraderecha de VOX, defiende ilegalizar las formaciones políticas que avanzan y trabajan para la soberanía de sus naciones. VOX quiere ilegalizar al conjunto de las fuerzas nacionalistas,
soberanistas e independentistas en el Estado. Lo ha defendido aquí, ahora, el PP. Aprietan la competición para el radicalismo ultra de la derecha, y lo hacen del único modo que lo saben hacer: utilizando la mentira y la manipulación, de la que
han hecho realmente su modo de operar.
Fíjense, la principal preocupación de la derecha y la ultraderecha es, parece ser, tumbar la ley de amnistía. La mayoría de la población de Galicia hoy mismo sufre una grave crisis ambiental que afecta a nuestras costas, inundadas de
millones de bolitas de pélets de plástico, que, hasta donde sabemos, son 27 toneladas. Pero también está alarmada al comprobar cómo, ante esa catástrofe, la ciudadanía gallega está sola ante la ausencia de actuación de los Gobiernos, especialmente
de un Gobierno gallego del Partido Popular, aún en manos del Partido Popular, que ha tratado de ocultar la situación y engañar a los gallegos y las gallegas negando conocer esa situación que los ayuntamientos costeros conocen desde el día 13 de
diciembre. Repiten paso a paso el modus operandi del Prestige. Es una mezcla de incompetencia, mentira y manipulación. Entonces tuvimos una marea negra de chapapote y ahora tenemos una marea blanca de plástico.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe ir finalizando, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: En ambos os casos, temos unha marea de mentira, de manipulación, vergoñenta por parte do PP de Feixóo e de Rueda. E fronte a isto, tamén máis unha vez, temos a dignidade do pobo galego que, coas súas mans, suple o
que os Gobernos non fan e deberían ter feito. Esa mesma dignidade, señoras e señores do Partido Popular, vai facer que en febreiro deixemos atrás definitivamente os Gobernos do PP, que foron desastrosos para a Galiza... Porque, se algo ten claro
hoxe a maioría da sociedade galega...
En ambos casos tenemos una marea de mentira y de manipulación vergonzosa por parte del PP de Feijóo y de Rueda. Frente a eso, una vez más, tenemos la dignidad del pueblo gallego, que con sus manos suple lo que los Gobiernos no hacen y
deberían haber hecho. Esa misma dignidad, señoras y señores del Partido Popular, hará que en febrero dejemos atrás definitivamente los Gobiernos del PP, que fueron desastrosos para Galicia, porque si algo tiene claro hoy la ciudadanía gallega...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: ... é que non quere máis desleixo nin máis retroceso. Incompetencia, manipulación e mentira.
... es que no quiere más retrocesos, más inercia, incompetencia, manipulación y mentiras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señorías, a estas alturas del debate es evidente que el Partido Popular y VOX no se oponen al qué, es decir, no están en contra de la amnistía como legítima herramienta constitucional al servicio del Poder Legislativo para atender
determinadas situaciones históricas y políticas del país. Su problema no es con la amnistía como tal. De hecho, sin la amnistía del 77 muchos representantes de los partidos de los que son ustedes herederos ni siquiera se hubiesen podido presentar
a las primeras elecciones democráticas, después de la dictadura franquista. Su problema es quién propone y por qué se propone en esta Cámara soberana este debate y se pide la aprobación de esta ley.
Las derechas no pierden ocasión de demostrar que están en contra de todo lo que sirva para avanzar como país y para mejorar la convivencia entre los pueblos. Lo demuestran cada día, porque quieren un país donde lo normal sea el
enfrentamiento, el conflicto territorial, el constante choque institucional, y eso lo persiguen todas las semanas y todos los días por tierra, mar y aire, en todos los niveles y utilizando sin pudor, además, todas las instituciones que, directa o
indirectamente, controlan ustedes. Se les llena la boca con la Constitución, pero no tienen el menor reparo en pisotearla e incumplirla si le es útil para mantener el control de organismos que atienden a intereses del Partido Popular o de VOX y no
de la ciudadanía y del conjunto de la gente a la que representamos en esta Cámara. Y sobran los ejemplos; sobran ejemplos, señorías. La realidad es que las derechas se oponen a la amnistía, en este caso, porque no les viene bien la
desjudicialización del conflicto en Cataluña por la vía política y por la vía democrática. Es terrible la miopía política, señorías del Partido Popular y de VOX, que les hace, por ejemplo, recurrir a ETA, aunque ya no exista, porque no se alegran
de que ya no exista; la tienen siempre en la boca, siempre los mismos marcos: ETA, separatismo, se rompe España y enfrentamiento. Se alimentan del caos, porque creen que eso los va a llevar al poder, les va a devolver el poder.
Termino. Su problema no es con la amnistía, señorías, su problema es con la España que avanza más cuando ustedes no ostentan el poder. Su problema no es con la Constitución cuando no les conviene cumplirla, su problema es con el debate
democrático de esta Cámara, como el que estamos teniendo hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, tiene que finalizar.
La señora VELARDE GÓMEZ: Pero somos más las demócratas en esta Cámara, señorías del Partido Popular y de VOX. Recapaciten.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente. Arratsalde on jaunandreok.
Señorías, volvemos a debatir sobre la cuestión territorial, una de las cuestiones de fondo irresueltas del sistema político español, una cuestión que ha sido históricamente divisiva. Volvemos a debatir sobre cuál es la mejor forma de
abordar las crisis constitucionales en torno a los distintos sentimientos de pertenencia nacionales. Los grupos parlamentarios autores de las enmiendas de totalidad niegan la existencia de las realidades nacionales distintas a la española y, en su
caso, proponen tratarlas como un problema de orden público con la justicia penal, con la ilegalización de partidos políticos independentistas y con la ilegalización de partidos nacionalistas no españolistas.
El Grupo Parlamentario Vasco considera que esta es una cuestión que ha de tratarse a través de procesos políticos de diálogo y negociación para encontrar la convivencia política, buscando el equilibrio entre la perspectiva política y la
democrática, entre el principio de legalidad y el principio democrático, porque una democracia avanzada no se entiende, obviamente, sin el principio de legalidad, pero tampoco sin el consentimiento ciudadano. Y ejemplos cercanos de esto los tenemos
en Canadá respecto a Quebec y en el Reino Unido respecto a Escocia. Cuando un conflicto social se enquista suele deberse al desajuste entre las instituciones y la realidad social. Señorías, el llamado procés catalán es un ejemplo destacado de
esto, respecto al que creemos procede reconocer que quizá las cosas no se hicieron bien, que por todos se cometieron errores básicos, generando situaciones que no debieran haberse producido nunca. Por ello, se hacía y se hace necesario, a nuestro
criterio, cerrar un ciclo político traumático y volver a recuperar el diálogo y la negociación como instrumentos del funcionamiento político, que es lo propio de
las democracias parlamentarias, como modelo de racionalidad y de integración de conflictos sobre la base de la transacción, evitando la dialéctica del odio y del amigo-enemigo.
En definitiva, ahora se trata de afrontar con un nuevo punto de vista, con una mirada diferente, un conflicto constitucional irresuelto que hizo crisis en 2017, y no, como reclaman el Partido Popular y VOX, definiéndolo como un golpe de
Estado. Es un nuevo punto de vista que se constituye en una operación política de largo alcance y que dio comienzo con la concesión de los indultos, sobre los que nos pronunciamos a favor, a pesar de producirse tardíamente y de forma incompleta.
También dimos nuestro apoyo a la desaparición del delito de sedición y correspondiente reforma de los de orden público. En esta legislatura también nos hemos pronunciado a favor de la tramitación de una ley de amnistía para las personas de primer y
otros niveles de responsabilidad del procés catalán, lo que ya directamente, como ustedes comprenderán, nos lleva a oponernos a las enmiendas de totalidad que debatimos, y no solo por no compartir los argumentos jurídicos que contra la concesión de
la amnistía se vierten. Tal y como expusimos en su toma en consideración, además de tener, a nuestro juicio, cabida constitucional, la concreta que se propone conceder no pone en riesgo ni al Estado de derecho, ni a la separación de poderes, ni a
la democracia, ni a los derechos fundamentales. También nos oponemos a estas enmiendas de totalidad por su mismo contenido político, porque cierran las puertas, a nuestro juicio, a una oportunidad para reiniciar un proyecto de convivencia y
normalización por medios democráticos, que nos permita abordar el fondo y a fondo un problema político, abriendo la puerta al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad y al reconocimiento de realidades nacionales diversas mediante el diálogo y
la negociación. Y, por eso mismo, señorías, nos opusimos en su día, hace veinte años, en 2003, a la tipificación de la convocatoria de referéndum sin autorización. La calificamos en aquel momento como una torpeza penal, desde el principio de
intervención mínima, desde la última ratio del derecho penal y desde el principio de idoneidad; y también la calificamos como una torpeza política.
Suscribimos la iniciativa para su derogación, finalmente alcanzada en 2005; y, sistemáticamente, nos hemos opuesto a los intentos de reintroducirla en el Código Penal por parte del Partido Popular y por VOX. Porque, señorías, nos
preguntamos: ¿debe ir a la cárcel un dirigente que, sin autorización, se ve compelido a preguntar a la ciudadanía sobre un asunto candente en el debate político? ¿Preguntar a la ciudadanía es fortalecer o degradar a la democracia? Porque, a
nuestro juicio, de esto es de lo que estamos hablando en esta reforma del Código Penal que se propone.
Y, por las mismas razones penalógicas y políticas, nos oponemos a la tipificación e ilegalización de los partidos políticos de esos dirigentes que convoquen referéndums consultivos sin autorización o que declaren, simbólicamente, la
independencia de parte del territorio del Estado; que incluso se quiere llevar al extremo para aquellos partidos políticos con ideología soberanista, no españolista, que no comparten una idea monolítica de España, lo que significa, a nuestro
juicio, el desconocimiento de uno de los valores superiores que propugna en su ordenamiento jurídico, el artículo 1 de la Constitución, cual es el pluralismo político. Aparte de que, a nuestro juicio, también debe comprender la pluralidad de
identidades nacionales, además de ignorar que la Constitución no es una Constitución militante y que no hay parte alguna de la Constitución inalterable o modificable.
Finalizo, presidente. Propuestas como la que ahora debatimos, consideramos que agravan más la situación de los conflictos constitucionales vividos y que los agravará aún más en el futuro. Señorías, no nos alejemos del camino de la política
que ahora transitamos, volviendo al de la política criminal del pasado reciente ilegalizando, además, a partidos políticos incómodos para la concepción de España que sostienen los proponentes.
Eskerrik asko. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asko.
Lehenengo eta behin, urte berri on guztioi.
Lokatza. Lokatza gordina. Hori da proposatzen duzuena gatazka politiko bati aurre egiteko. Kontua da hau ez dela lehenengo aldia, hau da normalenean erabiltzen duzuena, zuen ohiko bidea, gatazka politikoak, tratatzeko. Bai, bai, gaur
entzungailua behar duzue, ezta?
Señor presidente, señorías, en primer lugar, feliz año nuevo a todas y a todos.
Barro, barro hasta el cuello; eso es lo que ustedes proponen para hacer frente a un conflicto político. La cuestión es que esta no es la primera vez. Esta es la vía habitual que utilizan ustedes para tratar los conflictos políticos.
Sí, sí, hoy van a necesitar el auricular; este es el problema de tomar compromisos cuando luego no se pueden cumplir del todo. ¡Qué faena!
Bada, begitu. Zuen proposamenak, bai ukazioa, zigorra, errepresioa, mehatxua, gaur bezala, zuek badakizue, gainera, horrela gatazkak ez direla konpontzen, baina, lehenengo plenoan aipatu genuen bezala, hau erabiltzen duzue markoa aldatzeko,
ez tratatzeko gatazka politikoa, baizik eta bihurtzeko gatazka hori beste gaztaka mota batean. Eta zer gertatzen da? Ba, gaurko emendakinarekin argi geratzen denez, zuek ez zaretela konponbidearen parte, baizik eta arazoarena. Argi eta garbi
geratzen da zuen emendakinarekin. Eta, begitu, guk aipatu genuen eta gaur berriz aipatzen dugu. Uste dugu amnistia legea ona dela, justua dela, eta ez bakarrik Kataluniako herriarentzako, baizik eta baita Estatuarentzako. Eta berriro politikara
itzultzen du bide judizialetara sekula iritsi behar ez zena. Horregatik, uste dugu neurri ona dela.
Pues miren sus propuestas, la negación, el castigo, la represión, la amenaza, tal y como ha mostrado hoy, esa es su propuesta. Además, ustedes saben que los conflictos no se resuelven así. Pero, tal y como mencionamos en el primer Pleno,
utilizan esas herramientas para cambiar el marco, para no tratar el conflicto político, sino para convertir ese conflicto en otro tipo de conflicto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, con las enmiendas presentadas hoy, queda claro qué ocurre, que
ustedes no son parte de la solución, sino del problema. Eso se ve claramente; se ve muy claro con su enmienda.
Miren, ya lo dijimos y lo reiteramos hoy; creemos que la ley de amnistía es buena, es justa, y no solo para el pueblo de Cataluña, sino también para el Estado; y devuelve de nuevo a la vía política lo que no tuvo que haber llegado nunca a
la vía judicial. Por eso, creemos que es una medida buena.
Las señorías del Partido Popular y también las señorías de VOX han mencionado -lo han mencionado en numerosas ocasiones y hoy lo han hecho también- que el presidente Sánchez miente, engaña, no tiene principios, no tiene palabra, que él suele
definir como un cambio de opinión. Y yo les recomiendo una entrevista que le hicieron al expresidente Rodríguez Zapatero, hace apenas tres meses, en el diario La Vanguardia, en la cual traía a colación un libro escrito por Martin Wolf, del
Financial Times, donde decía que lo importante en esta vida no era cambiar de opinión, que él lo había hecho en numerosas ocasiones, y que quien no cambia de opinión no piensa, que lo importante era no cambiar de valores. Y el señor Zapatero decía:
Quién ataca a otro en política por cambiar de opinión está a cinco minutos de cambiar de opinión él mismo. ¿Y qué ocurre? ¿A dónde quiero llegar? ¡Es que ustedes también cambian de opinión! Se lo comentaba otro portavoz; hace un año, con una
propuesta un poco marciana de VOX, salía un parlamentario del Partido Popular que, con brillantez, defendió que sería inconstitucional esa medida, que sería vulnerar la Constitución, y ponía en valor el principio de pluralidad, y que no se podría
llevar nunca por esa vía. Pero, es más, hoy decía: No, no, son las ideas, son las ideas las que no se pueden ilegalizar. Hay que ilegalizar los hechos delictivos. Si consideran que es así ¿por qué no lo hicieron cuando tenían una mayoría
absoluta y podían hacerlo? ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque han cambiado de opinión.
¿Saben qué ocurre? Que el presidente Sánchez cambia de opinión. El señor Feijóo cambia de opinión. ¿Saben cuál es la diferencia? Que, desde nuestro punto de vista, el señor Sánchez ha cambiado de opinión en la buena vía (risas), en esa
de ir por los caminos democráticos y de resolución de conflictos, y ustedes siguen en lo mismo, en el barro, barro y barro. Y con eso, ¿qué consiguen?
Escuchaba a la señora Gamarra haciendo mención con orgullo que se aprobó en esta Cámara el 155. ¿Están orgullosos de aquella medida? Yo estaba en aquel Pleno. Veo a la señora Esther también que hace gestos. Estábamos en aquel Pleno;
aplaudieron, hicieron una fiesta, incluso compraron billetes de lotería acabados en 155, y tuvieron suerte que les tocó ¿no? Pues ese debe ser el único orgullo y satisfacción, porque ¿qué ocurrió? Aplicaron el 155 como les vino en gana y
convocaron unas elecciones en Cataluña. ¿Y qué? Las perdieron, las perdieron. ¿Y qué consiguieron con ello? ¿Solucionaron algo del conflicto político que seguía y sigue encima de la mesa? Nada, nada, porque no han conseguido nada. Quieren
cambiar el marco y pasar a un conflicto policial o a un conflicto violento, cuando lo que tienen que resolver es un conflicto político, como tantísimos hay en el mundo. ¿Qué ocurre? Que esos conflictos se solucionan con diálogo, negociación y
acuerdo. Y eso es a lo que no quieren llegar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
¿Recuerdan ustedes -porque también cambian mucho de opinión, el otrora señor Feijóo lo recordará- al señor Aznar, que no era conocido por ser un progresista, solía decir que la independencia en Euskal Herria, en el País Vasco, era legítima
siempre que no se impusiera por la fuerza? Decía que se podía defender la independencia cuando no fuera por la fuerza. ¿Qué ocurrió? Que cuando desapareció
la violencia, ustedes cambiaron el concepto y empezaron a calificar como sedición, rebelión, terrorismo, cualquier cosa que no les gustaba o que no encajaba con su modelo de constitucionalidad, el suyo. Ya sé que se erigen como miembros del
Tribunal Constitucional, olvidando que hasta que ese tribunal dé su opinión, hay presunción de constitucionalidad. Y en este momento nos dicen: no, las ideas no, claro. Pero es que ustedes a las ideas les van añadiendo terrorismo, sedición,
rebelión, lo que sea cuando no les guste.
Miren, con esta propuesta, ¿saben lo que ocurre además? Que se parecería su Estado mucho más a Turquía, se parecerían ustedes más al AKP de Erdogan. Y cuando el Consejo de Europa hace dos años hizo un informe que hacía símiles entre
Turquía y España por la situación en Cataluña, ustedes se rasgaron las vestiduras, les pareció mal. Con esta propuesta lo único que hacen es ir más hacia esa vía. Si están orgullosos y les parece bien, será su problema, pero yo creo que no les
hace ningún favor.
Voy acabando, señora presidenta. Miren, hay un juez -bueno, un militante suyo que controlan por la puerta de atrás- que ahora está haciendo elucubraciones sobre ese movimiento llamado Tsunami Democràtic. De ese movimiento pacífico hay que
recordar que tenía una reivindicación que era 'sit and talk', ese era su mensaje revolucionario, que, además, es coincidente con lo que decía el presidente del Consejo de la Unión Europea después de la represión del 1 de octubre, dirigiéndose al
Gobierno español en el que estaban ustedes, cuando les decía: Non violence and dialogue. Lo mismo les decían los del Tsunami Democràtic y el Consejo de la Unión Europea: que estos conflictos se solucionan con diálogo y negociación. Por eso, ante
esta propuesta que traen hoy de barro y más barro, votaremos no, porque se abre un camino a la esperanza, como es la ley de amnistía, que creemos que es positiva, es justa y que abrirá un espacio en el que el diálogo para solucionar los conflictos
políticos y meramente políticos, como el de Cataluña, el de Euskal Herria, el de Galicia y otros, se resuelvan negociando, dialogando y pactando.
Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene ahora la palabra el señor Cervera Pinart por un tiempo también de siete minutos.
El señor CERVERA PINART: Debatem les esmenes a la totalitat presentades per Vox i el Grup Popular a la proposició de l'amnistia del Grup Socialista presa en consideració el passat 13 de desembre. De fet, parlar d'esmenes a la totalitat és
un dir, perquè uns i altres el que fan és utilitzar aquest mecanisme per proposar una reforma legal que poc té a veure amb el que hauríem d'estar fent avui aquí. Així, la dreta i l'extrema dreta abusen de l'esmena a la totalitat com abusa el Govern
dels reials decrets llei trampa.
Des de Junts entenem perfectament que no els agradi la llei d'amnistia. És legítim que no en comparteixin ni l'oportunitat, ni els motius, ni la finalitat. Però utilitzar l'esmena a la totalitat per transformar la llei en una reforma penal
és fer exactament el contrari del que l'amnistia proposa. Vostès, que tan bé coneixen l'aplicació del reglament del Congreso, segur que saben que el seu article 110.3 estableix quina ha de ser la forma de les esmenes a la totalitat, però tot i així
vostès fan una cosa diferent pervertint el sistema parlamentari i el mandat constitucional només pel seu interès. No presenten un text alternatiu a la llei, sinó una modificació del Codi Penal per poder-hi encabir tot allò pel que, com deia el
diputat Rufián, els independentistes ja hem estat condemnats. Una modificació del Codi Penal per blindar, ara sí, la criminalització de l'activitat de l'independentisme. Una modificació també per sustentar l'actuació de la cúpula judicial
fonamentada en el fang. En definitiva, una evidència més del mal fer d'aquesta cúpula judicial.
Mirin, respecte a l'esmena de Vox, només afegiré que és tan infumable i allunyada del marc democràtic com el mateix partit. Res més. Nosaltres no els abonarem el terreny perquè continuïn sembrant més odi.
I respecte al Grup Popular, doncs aquest continua amb les dosis d'incoherència dels grans partits espanyols. Mentre qüestionen el canvi de criteri dels socialistes respecte a l'amnistia, vostès no són més honestos i ara volen legislar per
acusar-nos de deslleials amb la Constitució i així il·legalitzar aquells que fa uns mesos érem -en paraules seves- un partit cuya tradición y legalidad no está en duda. Senyor González Pons, en què quedem? En què quedem, senyories del PP? Són
vostès els garants de la seva sacrosanta Constitució o no? Perquè la seva proposta dinamita el pluralisme polític previst a l'article 1 de la seva Constitució i és contrari a la jurisprudència del seu Tribunal Constitucional, que avala que la
democràcia espanyola no és militant i que dona cobertura a les expressions polítiques no violentes, encara que siguin contràries a la mateixa Constitució.
La veritat és que amb el que hem sentit avui i amb el que va matisar ahir el senyor Feijóo els independentistes podem estar una mica més tranquils. Però saben quins haurien de ser els primers acusats per deslleialtat constitucional? Ho
saben? Haurien de ser vostès, els que es van carregar el pacte constitucional, aquell pacte imposat del 78, aquell pacte que vostès van dinamitar recollint firmes contra l'Estatut de Catalunya.
Ens diu el PP que l'amnistia proposada constitueix una esmena a la independència de la totalitat del poder judicial. I jo els dic que la totalitat del poder judicial no, en cap cas. Junts som ben conscients que hi ha centenars de jutges i
jutgesses que exerceixen amb absoluta professionalitat. En tot cas, l'amnistia vol ser una esmena a l'extrema parcialitat i politització de les cúpules judicials, perquè quan vostès parlen de garantir la independència del poder judicial realment
estan parlant de no perdre la capacitat d'incidir en la política de forma parcial i interessada, com han fet els darrers quaranta anys i molt especialment els últims deu. I el que realment cal és garantir la imparcialitat judicial, perquè sense
imparcialitat les garanties previstes en el 117.1 de la seva Constitució perden tot el seu sentit. Així que ara que estan disposats a modificar-la per ajustar-ne l'article 49, aprofitin, exerceixin de demòcrates i reformin també el 117 per
afegir-hi la garantia d'imparcialitat. Perquè un poder judicial ja pot ser molt independent, tan independent com vostès el pregonen, però això no serveix de res si la seva anacrònica ideologia afecta cada vegada la seva imparcialitat.
Finalment, també resulta significatiu que en el text que ens presenten facin referència o acompanyin tot plegat de l'amenaça d'un procediment d'incompliment. Ho fan agafant de referència una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea del 15 de juliol del 2021, talment com si això fos Polònia. Segurament no és casualitat que s'hagin fixat amb aquesta sentència. Segurament Espanya i Polònia comencen a ser perillosament semblants.
Junts no donarà suport a cap de les dues esmenes a la totalitat. Per a nosaltres, com per a tots els demòcrates, el Codi Penal mai serà el camí per resoldre el conflicte polític i històric entre Catalunya i Espanya. El nostre terreny de
joc, senyories, són els parlaments, no els tribunals. La nostra via és la negociació política i no la submissió judicial. I la nostra solució per al nostre futur, per al futur de Catalunya, sempre serà la independència. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Debatimos las enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular a la proposición de amnistía del Grupo Socialista, tomada en consideración el pasado 13 de diciembre. De hecho, hablar de enmiendas a la
totalidad es un decir, porque unos y otros lo que hacen es utilizar este mecanismo para proponer una reforma legal que poco tiene que ver con lo que hoy tendríamos que estar haciendo aquí. Así, la derecha y la extrema derecha abusan de la enmienda
a la totalidad como abusa el Gobierno de los reales decretos leyes trampa.
Junts entiende perfectamente que no les guste la ley de amnistía; es legítimo que no compartan ni la oportunidad, ni los motivos, ni la finalidad, pero utilizar la enmienda a la totalidad para transformar la ley en una reforma penal es
hacer exactamente lo contrario de lo que la amnistía propone. Ustedes, que tan bien conocen la aplicación del Reglamento del Congreso, seguro que saben que su artículo 110.3 establece cuál ha de ser la forma de las enmiendas a la totalidad, pero,
todo y con ello, ustedes hacen algo diferente, pervirtiendo el sistema parlamentario y el mandato constitucional solo por su interés. No presentan un texto alternativo a la ley, sino a una modificación del Código Penal para poder encajar todo
aquello que, como decía el diputado Rufián, los independentistas ya hemos sido condenados. Una modificación del Código Penal para blindar, ahora sí, la criminalización de la actividad del independentismo. Una modificación también para sustentar la
actuación de la cúpula judicial fundamentada en el fango. En definitiva, una evidencia más de la mala praxis de esta cúpula judicial.
Con respecto a la enmienda de VOX, solo añadiré que es tan infumable y alejada del marco democrático como el mismo partido, nada más. Nosotros no les abonaremos el terreno para que continúen sembrando más odio. Respecto al Grupo Popular,
este continúa con las dosis de incoherencia de los grandes partidos españoles. Mientras cuestionan el cambio de criterio de los socialistas con respecto a la amnistía, ustedes no son más honestos. Y ahora quieren legislar para acusarnos de
desleales con la Constitución, y así ilegalizar a aquellos que hace unos meses éramos, en palabras suyas, un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Señor González Pons, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, señorías del PP?, ¿son
ustedes los garantes de su sacrosanta Constitución o no? Su propuesta dinamita el pluralismo político contemplado en el artículo 1 de su Constitución y es contrario a la jurisprudencia de su Tribunal
Constitucional, que avala que la democracia española no es militante y que da cobertura a las expresiones políticas no violentas, aunque sean contrarias a la propia Constitución.
La verdad es que, con lo que hemos escuchado y en lo que matizó ayer el señor Feijóo, los independentistas podemos estar un poco más tranquilos. ¿Saben cuáles tendrían que ser los primeros acusados por deslealtad constitucional?, ¿lo
saben? (Señala a la parte derecha del hemiciclo). Tendrían que ser ustedes, los que se cargaron el pacto constitucional, aquel pacto impuesto del 78, aquel pacto que ustedes dinamitaron recogiendo firmas contra el Estatuto de Cataluña.
Nos dice el PP que la amnistía propuesta constituye una enmienda a la independencia de la totalidad del Poder Judicial. Y yo les digo que la totalidad del Poder Judicial no, en ningún caso. Junts es muy consciente de que hay centenares de
jueces y juezas que ejercen con absoluta profesionalidad. En todo caso, la amnistía quiere ser una enmienda a la extrema parcialidad y politización de las cúpulas judiciales. Cuando ustedes hablan de garantizar la independencia del Poder Judicial,
realmente están hablando de no perder la capacidad de incidir en la política de forma parcial e interesada, como han hecho los últimos cuarenta años y muy especialmente los últimos diez.
Lo que realmente es necesario es garantizar la imparcialidad judicial, porque sin imparcialidad, las garantías previstas en el 117.1 de su Constitución pierden todo su sentido. Así que, ahora que están dispuestos a modificarla para ajustar
el artículo 49, aprovechen y ejerzan de demócratas y reformen también el 117 para añadir la garantía de imparcialidad, porque un Poder Judicial ya puede ser muy independiente, tan independiente como ustedes lo pregonan, pero eso no sirve de nada si
su anacrónica ideología afecta cada vez a su imparcialidad.
Finalmente, también resulta significativo que en el texto que nos presentan se refieran o lo acompañen todo con la amenaza de un procedimiento de incumplimiento. Lo hacen cogiendo como referencia una sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea del 15 de julio de 2021, talmente como si esto fuera Polonia. Seguramente no es casual que se hayan fijado en esta sentencia. Seguramente, España y Polonia empiezan a ser peligrosamente parecidas.
Junts no apoyará ninguna de estas dos enmiendas a la totalidad. Para nosotros, como para todos los demócratas, el Código Penal nunca será el camino para resolver el conflicto político histórico entre Cataluña y España. Nuestro terreno de
juego, señorías, son los parlamentos, no los tribunales; nuestra vía es la negociación política y no la sumisión judicial, y nuestra solución para nuestro futuro, el futuro de Cataluña, siempre será la independencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR tiene la palabra el señor Santiago Romero, también por un tiempo de siete minutos.
El señor SANTIAGO ROMERO: Señora presidenta, señorías, con estas enmiendas el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos políticos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría
para gobernar. Al PP y a VOX les interesa poco la ley de amnistía que apenas alcanzará a quinientas personas. Aznar, en un día, indultaba a más de mil cuatrocientos condenados... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor SANTIAGO ROMERO: Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces.
Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la
ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y,
según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente.
Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político
democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución -Consejo General del Poder Judicial-, del insulto
y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este
Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la
coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts
para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.
El PP ha politizado la justicia hasta límites inaceptables en democracia. Querían controlar el Tribunal Supremo por detrás y han presumido de que los jueces apoyaban al Partido Popular. Ahora, con esta enmienda, excusatio non petita,
intentan justificar que la justicia no la han politizado. También convierten en delito la propuesta o la realización de consultas ciudadanas contrarias a los requisitos constitucionales del referéndum. Dicen, literalmente, que una consulta directa
a los ciudadanos realizada por un ayuntamiento sería para ustedes motivo para imponer hasta cinco años de cárcel. El portal de consultas públicas del Ayuntamiento de Madrid indica que, en cuatro años, ese ayuntamiento ha realizado cincuenta y
cuatro consultas públicas; ninguna convocada con los requisitos constitucionales de referéndum. Nosotros nos oponemos a que el señor Martínez Almeida pueda ir a prisión por convocar consultas ciudadanas y, según la enmienda que proponen al
artículo 547 del Código Penal, estos nuevos delitos llevarían aparejada la disolución del partido político impulsor de estas consultas. En este caso del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular.
SUMAR se opone a la ilegalización de partidos por la adopción de acuerdos políticos que ni provocan, por ejemplo, muertes masivas en residencias de mayores ni han roto España (rumores), como se comprueba. Son enmiendas contrarias al derecho
constitucional de participación política; enmiendas que vulneran el derecho al voto de millones de españoles y deberían ser prudentes en materia de ilegalización de partidos, porque el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales.
(Aplausos.-Rumores). La primera fue por la trama Gürtel. La Audiencia Nacional sentenció que el Partido Popular se benefició, con más de 245 000 euros, por corrupción. La segunda condena, también de la Audiencia Nacional, fue por la caja B del
Partido Popular. Fueron condenados como responsables civiles subsidiarios por 123 000 euros. La tercera condena, firme, como partícipe a título lucrativo, fue impuesta también por la Audiencia Nacional a su partido, por beneficiarse de 200 000
euros de la corrupción de la Gürtel en Boadilla del Monte. Y, en un cuarto proceso, el Partido Popular fue el primer partido político sentado en un banquillo de acusados. Se salvó de ser condenado por falta de pruebas, ya que ustedes mismos
destrozaron a martillazos los ordenadores del señor Bárcenas. (Aplausos.-Rumores). Si hubiera sido condenado su partido entonces o si la reforma del artículo 31bis hubiera sido aplicada retroactivamente en cualquiera de esas sentencias, su partido
habría sido disuelto como consecuencia de actividades corruptas realizadas por el Albondiguilla, la ministra Mato o Bárcenas. Eso es lo que ustedes proponen, pero para otros partidos.
El Supremo acaba de rechazar las querellas de VOX contra Pedro Sánchez por negociar la investidura con partidos nacionalistas catalanes, lo mismo que intentó Feijoo. El Supremo ha reprochado a VOX que pida a los jueces interferir en una
investidura para impedir actuaciones consustanciales a una democracia, dice el Supremo.
Ahora VOX, con estas enmiendas, pretende prohibir las negociaciones entre partidos y lo justifica porque la influencia de lo que llaman separatistas es absolutamente desproporcionada con relación a su representatividad. Esto ha provocado
gravísimas consecuencias desvirtuando el sentido de las instituciones, atribuyendo un injustificable poder decisorio a minorías. Convierten en delito acuerdos alcanzados con partidos que consideran minorías, pero solo si se trata de minorías
nacionalistas. Si la minoría que impone sus acuerdos es la ultraderecha, entonces no sería delito. Miren, VOX, con 4 de 35 diputados, ha impuesto que la Asamblea de Cantabria derogue la Ley de Memoria Democrática. En la Asamblea de Madrid, VOX,
con 11 de 135 diputados, ha conseguido iniciar la derogación de derechos del colectivo LGTBI y trans. En Orihuela, VOX, con 4 de 25 concejales, ha eliminado el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández. VOX no va a parar hasta acabar con la
democracia y con sus reglas. No pararán hasta arrebatarnos todos los derechos que hemos conquistado y proponen que sea delito negociar asuntos tramitados en las Cortes con personas condenadas judicialmente. Ustedes, que han tenido dos diputados en
la anterior legislatura, el señor Coello de Portugal y el señor Espinosa de los Monteros, condenados negociando constantemente enmiendas; es decir, asuntos tramitados en las Cortes. ¿Y qué
ocurriría si ahora se aprobara esa enmienda? Que sería delito, por ejemplo, que cualquier diputado o diputada se sentara con su actual diputado, Carlos Flores, condenado por violencia de género en el año 2002, porque cometerían un delito si
se sentaran a hablar de una enmienda. (Aplausos). Eso es lo que ustedes están proponiendo.
Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra
la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan
una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de
derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia.
Votaremos que no. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte, también por un tiempo de siete minutos.
El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señora presidenta.
Señora Gamarra, atiéndame un momentito, por favor. Ustedes pretenden tipificar la deslealtad constitucional. Yo le voy a poner un ejemplo de deslealtad constitucional, un ejemplo irrefutable de deslealtad constitucional: 1863 días,
señorías, cinco años, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial; 1863 días. ¡Verdadera deslealtad constitucional, grosera y obscena! Y le ruego que le recuerde al señor Feijóo, que hace año y medio vino a esta Cámara y prometió acatar la
Constitución, que lleva año y medio sin cumplirla. Y hace apenas cinco meses hizo lo propio en el salón del Congreso de los Diputados y lleva cinco meses sin cumplirla, señorías. Usando sus propias palabras, señora Gamarra, ¿no se les cae la cara
de vergüenza, señorías? ¿No se les cae la cara de vergüenza? (Aplausos).
Señora presidenta, durante meses hemos oído a las derechas proclamar que la ley de amnistía es ilegítima e inconstitucional. Nosotros hoy aquí afirmamos lo contrario, y añadimos que es oportuna y necesaria. La ley de amnistía es
proporcional, idónea y necesaria para salvar el conflicto de Cataluña, para mejorar la convivencia; en definitiva, para satisfacer el interés general.
Señorías, toda ley de este Parlamento goza de una legitimidad democrática inapelable. Hoy el pacto parlamentario no es solo una necesidad, es virtud; es virtud constitucional, y no saber leerlo les deja fuera de la realidad y de la
política útil, señorías. Y que nadie olvide que la Constitución es un marco de convivencia en libertad y pluralismo y que las leyes gozan de presunción de constitucionalidad, que solo puede quebrar una clara e inequívoca colisión con la
Constitución, lo que no ocurre con esta ley de amnistía. La inconstitucionalidad de esta amnistía ha encontrado muchos adoradores de la Constitución, afectos a un constitucionalismo excluyente ajeno a su vocación verdadera, integradora. Espero que
a esta legión de constitucionalistas les conmueva que el mismísimo Kelsen expresara una versión del principio democrático en la que no dudó en afirmar que todo lo no prohibido explícitamente en la Constitución está permitido. Pero seguro que a
ustedes no les basta esa cita de autoridad, porque, frente a tanto converso al constitucionalismo que pontifica infaliblemente el pecado de la amnistía, ni yo ni mi grupo ni este Gobierno van a proclamar irrefutablemente su constitucionalidad hoy,
ahora y aquí. Sobran motivos para creer en su constitucionalidad, pero le reconocemos al Tribunal Constitucional la competencia exclusiva para enjuiciarla. Y nosotros nos preguntamos: ¿aceptará el Partido Popular ese veredicto si el Tribunal
Constitucional proclama la constitucionalidad de la ley de amnistía? ¿Acatarán la Constitución o seguirán en rebeldía, desobedeciendo la Constitución? (Aplausos). Eso nos preguntamos.
Señorías, quisiera dirigirle una pregunta al señor Feijóo, que no nos honra con su presencia en este debate. Señoría, ¿cuál es la alternativa del Partido Popular al conflicto catalán? Repito, ¿cuál es la alternativa del Partido Popular al
conflicto catalán? ¿Un artículo 155 que incendie Cataluña, como proponía su aspirante a vicepresidente? Todo es posible a estas alturas. Al paso que llevan, antes de que acabe el mes o la semana igual hacen suya esa propuesta. No nos extrañaría
porque acaban de comprarle a VOX, ni más ni menos, que la propuesta de ilegalizar partidos, ¡ilegalizar partidos políticos nacionalistas! ¿De verdad van a ilegalizar a millones de catalanes mientras se reúnen -¿verdad, señor González Pons?-
a escondidas con ellos para pactar investiduras? ¿Ilegalizar a Junts? Pero si es un partido -¿verdad, señor González Pons?- de tradición y legalidad intachable. A ver si lo entendemos, señorías. Por la mañana el señor González Pons se
toma un cafetito con ellos, por la tarde el señor Tellado los disuelve y por la noche llega al señor Feijóo y los suspende temporal o definitivamente, todavía no lo saben. Pero ¿de verdad no hay nadie en Génova con más luces, señorías? ¿No hay
nadie en Génova que dé más de sí, señorías? ¿De verdad? ¿De verdad su solución es más Código Penal? ¡Pero si con el Código Penal de la rebelión y la sedición, con penas de hasta quince y veinticinco años de cárcel les convocaron dos referéndums
ilegales y les proclamaron una declaración unilateral de independencia, señorías! ¡Pero qué broma de mal gusto es esta y a quién pretenden engañar! ¿Hasta dónde piensan llegar en este delirante pulso con la extrema derecha, señorías? ¿Hasta dónde?
Por cierto, cuidado con VOX. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rallo.
Por favor, un poco de silencio.
El señor RALLO LOMBARTE: Fíense lo justito de sus socios de Gobierno de Valencia, Aragón, Castilla y León, Extremadura o Baleares, porque hemos leído que quieren meter en la cárcel a quienes negocien investiduras con procesados o
condenados, señorías, y me temo que esa lista, a estas alturas, la encabeza el señor González Pons. (Muestra un recorte de prensa). González Pons fue el elegido por Feijóo para hablar con Junts y ha habido varias reuniones. ¿Es usted consciente,
señor González Pons, de que le piden hasta casi diez años de cárcel, de que quieren verlo en Alcalá Meco sus socios de Gobierno en Valencia? ¿Es consciente? Porque aquí dice que Esteban González Pons se reunió con Jordi Turull -quince años de
condena- en casa de un empresario, señorías. (Vuelve a mostrar el anterior recorte de prensa). Esta es la realidad. Señora Gamarra, permítanme que recurra a su expresión anterior, ¿no se les cae la cara de vergüenza? Y no se preocupe, señor
González Pons, porque creo que en esa lista no va a estar solo, que le pueden acompañar, por ejemplo, el propio señor Feijóo, al que a título de cómplice, cooperador o encubridor de reuniones clandestinas en oscuros reservados de hoteles, como la
reunión de agosto, tal vez también le pidan que vaya a la cárcel. (Muestra otro recorte de prensa.-Aplausos). Reuniones, por cierto, a principios de agosto. ¡Pero qué prisa, qué ansias! No esperaron ni a la constitución de las Cortes el día 17 de
agosto, ni a que los propusiera al Rey. Desde luego, menuda desesperación. Señor Feijóo, allí donde esté, ha habido muchas más reuniones que estas, ¿verdad? Reconózcanlo, señorías del Partido Popular, porque acabará sabiéndose. (Rumores). Se
acabará sabiendo que habrían pactado la amnistía con Junts y, si hiciera falta, habrían desfilado felices y dichosos por las ramblas gritando -por supuesto, en catalán- 'llibertat, amnistia i estatut d'autonomia'. (Aplausos.-Protestas). El
problema, señorías, es que les faltaban treinta y tres votos, los de VOX. Ese es su drama. Esa es, señora Gamarra, su agonía.
Señorías, basta de hipocresía, de dobleces, de cinismo, sean honestos con los españoles. Apuesten por el diálogo, por el acuerdo, por el pacto, como hace el Partido Socialista, les irá mejor a ustedes y a España.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rallo.
Suspendemos ahora el Pleno durante diez minutos y luego procedemos a las votaciones. Muchas gracias. (Pausa).
Señoras y señores diputados, ocupen sus escaños y reanudamos la sesión.
Habiendo finalizado el plazo para la emisión del voto por el procedimiento telemático, procedo a enunciar el resultado de las diferentes votaciones. Un poco de silencio, por favor.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO LEY 6/2023, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN MATERIA DE SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA, FUNCIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN LOCAL Y
MECENAZGO. (Número de expediente 130/000001).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, Función pública,
régimen local y mecenazgo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 172; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto ley.
Solicitud de tramitación del real decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 205; abstenciones, 138.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO LEY 7/2023, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA COMPLETAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1158, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019, RELATIVA A LA CONCILIACIÓN DE
LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA PROFESIONAL DE LOS PROGENITORES Y LOS CUIDADORES, Y POR LA QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 2010/18/UE DEL CONSEJO, Y PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente
130/000002).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto Ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 167; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda derogado el real decreto ley.
- REAL DECRETO-LEY 8/2023, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DERIVADAS DE LOS CONFLICTOS EN UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO, ASÍ COMO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA.
(Número de expediente 130/000003).
La señora PRESIDENTA: Real Decreto Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los
efectos de la sequía.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 171; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido un empate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.1 del Reglamento se realizará una segunda votación y, si persistiese aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable
la Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate.
Dado que en la presente sesión plenaria las votaciones son íntegramente telemáticas, en el marco del apartado quinto de la Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de junio de 2022, para el desarrollo del procedimiento de
votación telemática, procede abrir un nuevo plazo de votación y, si tras la misma persistiera el empate, procedería una nueva repetición. En consecuencia, se procederá a la apertura de un nuevo plazo de votación telemática del que se les informará
al acabar la votación por llamamiento que tenemos seguidamente.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN):
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2024-2026 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2024. (Número de expediente 430/000002).
La señora PRESIDENTA: El segundo punto es el debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el año 2024.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 171; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido de nuevo un empate en la votación, se procederá a la apertura de un nuevo plazo de votación telemática, del que se informará igualmente al finalizar la votación por llamamiento.
DEBATE RELATIVO AL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (VOTACIÓN):
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE REMITE A LAS CORTES GENERALES EL PLAN DE REEQUILIBRIO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 430/000001).
La señora PRESIDENTA: Tercer punto. Debate relativo al plan de reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las
Cortes Generales el plan de reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 171; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: De nuevo, al haberse producido un empate en la votación, se repetirá la votación por vía telemática.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE AMNISTÍA PARA LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y SOCIAL EN CATALUÑA. (Número de expediente 122/000019).
La señora PRESIDENTA: Cuarto punto: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Enmiendas a la totalidad de texto alternativo.
En primer lugar, votamos la presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 33; en contra, 309.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX.
Por último, procedemos a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Popular en el Congreso. Se ha solicitado la votación pública por llamamiento. El artículo 86 del Reglamento prevé que en la votación
pública por llamamiento sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los
señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte, que ha sido
el del señor don Íñigo Errejón Galván. El Gobierno y la Mesa votarán al final.
Ruego al señor secretario primero que dé comienzo a la votación. Pido, por favor, escrupuloso silencio. Gracias.
Por los secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, que van manifestando el sentido de su voto.
Señoras y señores diputados que dijeron 'sí':
Fabra Part, Alberto
Fernández González, María Mercedes
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Flores Juberías, Carlos
Floriano Corrales, Carlos Javier
Folch Blanc, Javier José
Franco González, Silvia
Fúnez de Gregorio, Carmen
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
García Adanero, Carlos
García Félix, Manuel
García Gomis, David
Garre Murcia, Cristóbal
Garrido Valenzuela, Irene
Gil Lázaro, Ignacio
Gil Santiago, Carlos
González Bella, María del Mar
González Pons, Esteban
González-Robatto Perote, Jacobo
Guardiola Salmerón, Mirian
Hernández Quero, Carlos
Hernando Fraile, Rafael Antonio
Herrero Bono, José Alberto
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Hoces Íñiguez, Ignacio
Huguet Tous, Pedro Luis
Ibáñez Hernando, Ángel
Jiménez Linuesa, Beatriz
Lima García, Laura María
Llamazares Domingo, Esther
López Maraver, Ángel
Lorente Anaya, Macarena
Macías Gata, Alfonso Carlos
Madrid Olmo, Bartolomé
Marcos Ortega, Milagros
Marí Bosó, José Vicente
Mariscal Zabala, Manuel
Martín Blanco, Nacho
Martín García, Pedro Samuel
Martínez Gómez, Antonio
Martínez Labella, Ana
Mejías Sánchez, Carina
Melgarejo Moreno, Joaquín
Méndez Monasterio, Lourdes
Merino Martínez, Javier
Mesquida Mayans, Joan
Moneo Díez, María Sandra
Montesinos de Miguel, Macarena
Moraleja Gómez, Tristana María
Moro Almaraz, María Jesús
Muñoz Abrines, Pedro
Muñoz de la Iglesia, Ester
Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Navarro López, Pedro
Noriega Gómez, Javier
Núñez Feijóo, Alberto
Núñez González, Noelia
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Palencia Rubio, Héctor
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Parra Aparicio, Julia
Parra Gallego, Agustín
Pascual Rocamora, Sandra
Pastor Julián, Ana María
Pedreño Molina, Juan Luis
Pérez Coronado, Pablo
Pérez López, Álvaro
Pérez Osma, Daniel
Pérez Recuerda, Isabel Gema
Prieto Serrano, María Isabel
Puy Fraga, Pedro
Quintana Carballo, Rosa
Quintanilla Navarro, Miguel Ángel
Ramajo Prada, Óscar
Ramírez del Río, José
Ramírez Martín, María Lourdes
Requena Ruiz, Juan Diego
Reynal Reillo, Esperanza
Rivera de la Cruz, Marta María
Robles López, Joaquín
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Rodríguez Calleja, Patricia
Rodríguez de Millán Parro, María José
Rodríguez Serra, Santi
Rojas García, Carlos
Rojas Manrique, Juan Antonio
Román Jasanada, Antonio
Romaní Cantera, José Ignacio
Romero Vilches, María de los Reyes
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Sánchez García, José María
Sánchez Ojeda, Carlos Alberto
Sánchez Pérez, César
Sánchez Sierra, María del Mar
Sánchez Torregrosa, Maribel
Sastre Uyá, Miguel Ángel
Sayas López, Sergio
Sémper Pascual, Borja
Tarno Blanco, Ricardo
Tellado Filgueira, Miguel
Teniente Sánchez, Cristina
Tomás Olivares, Violante
Torres Tejada, María
Toscano de Balbín, Carla
Varela Pazos, Marta
Vázquez Blanco, Ana Belén
Vázquez Jiménez, María del Mar
Vázquez Vega, Pablo
Velasco Morillo, Elvira
Velasco Retamosa, José Manuel
Verano Domínguez, Bella
Abades Martínez, Cristina
Abascal Conde, Santiago
Acedo Reyes, Sofía
Agüera Gago, Cristina
Aizcorbe Torra, Juan José
Alcaraz Martos, Francisco José
Alfonso Silvestre, Alma
Alía Aguado, María Pilar
Alós López, Ana Isabel
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Álvarez Fanjul, Beatriz
Antona Gómez, Asier
Aragonés Mendiguchía, Carlos
Argüelles García, Silverio
Armario González, Blanca
Asarta Cuevas, Alberto
Beamonte Mesa, Luis María
Belda Pérez-Pedrero, Enrique
Belmonte Gómez, Rafael Benigno
Bendodo Benasayag, Elías
Borrego Cortés, Isabel María
Bravo Baena, Juan
Cabezón Casas, Tomás
Campos Asensi, Jorge
Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes
Carazo Hermoso, Eduardo
Carballedo Berlanga, María Eugenia
Catalán Higueras, Alberto
Cavacasillas Rodríguez, Antonio
Celaya Brey, Javier
Chamorro Delmo, Ricardo
Clavell López, Óscar
Clemente Muñoz, Raquel
Cobo Vega, Manuel
Conde Bajén, Agustín
Conde López, Francisco José
Cortés Carballo, Mario
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Cuesta Rodríguez, María del Socorro
De Andrés Guerra, Javier
De las Cuevas Cortés, Félix
De los Santos González, Jaime Miguel
De Luna Tobarra, Llanos
De Meer Méndez, Rocío
De Rosa Torner, Fernando
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Delgado Arce, Celso Luis
Delgado-Taramona Hernández, Jimena
Señoras y señores diputados que dijeron 'no':
Errejón Galván, Íñigo
Esteban Bravo, Aitor
Fagúndez Campo, Antidio
Faneca López, María Luisa
Fernández Benéitez, Andrea
Fullaondo la Cruz, Marije
García Gurrutxaga, María Luisa
García López, Maribel
García Morís, Roberto
Garrido Jiménez, Elisa
Gavin i Valls, Isidre
Gómez Besteiro, José Ramón
González Fernández, Mercedes
González Gracia, Juan Antonio
González López, Nahuel
Granollers Cunillera, Inés
Guerra López, Sonia
Guijarro Ceballos, María
Guijarro García, Txema
Guinart Moreno, Lídia
Gutiérrez Prieto, Sergio
Gutiérrez Santiago, Víctor
Herrera García, Milena
Ibáñez Mezquita, Alberto
Iniesta Egido, Isabel
Iñarritu García, Jon
Jalloul Muro, Hana
Jerez Antequera, Juan Carlos
Jordà i Roura, Teresa
Lamuà Estañol, Marc
Legarda Uriarte, Mikel
Llorens Carbonell, Teresa
Lois González, Marta
López Álvarez, Patxi
López Cano, Ignacio
López Zamora, Cristina
Lorenzo Cazorla, Juan Antonio
Losada Fernández, José
Lucas Ayala, Francisco
Madrenas i Mir, Marta
Maldonado López, Adriana
Marqués Atés, Amador
Martín Martínez, Andreu
Martín Rodríguez, Margarita
Martín Urriza, Carlos
Martínez Barbero, Verónica
Martínez Hierro, Lander
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Salmerón, Joaquín
Martínez Seijo, María Luz
Matos Castro, Sergio Carlos
Matute García de Jalón, Oskar
Mayoral de Lamo, Alberto
Mayoral Pérez, Jesús
Mellado Sierra, Valle
Mercadal Baquero, Pepe
Micó Micó, Àgueda
Mínguez García, Montse
Miñones Conde, José
Morales Álvarez, Álvaro
Moreno Fernández, Mª Isabel
Narbona Ruiz, Cristina
Nasarre Oliva, Begoña
Nogueras i Camero, Míriam
Paré Aregall, Josep
Peña Camarero, Esther
Perea i Conillas, María Mercè
Pérez Ortiz, Isabel María
Pin Ferrando, Gala
Plaza García, Inés
Poblador Pacheco, María Araceli
Pose Mesura, Modesto
Pozueta Fernández, Isabel
Pueyo Sanz, Jorge
Pujol Bonell, Eduard
Rallo Lombarte, Artemi
Ramírez Carner, Arnau
Ramírez Moreno, María de las Nieves
Ramos Esteban, César Joaquín
Redondo Cárdenas, Gonzalo
Regades Fernández, David
Rego Candamil, Néstor
Rey de las Heras, Luis Alfonso
Rivera Arias, Engracia
Rives Arcayna, Caridad
Rodríguez Palacios, Javier
Rodríguez Salas, José Antonio
Rodríguez Suárez, Esther
Rojo Blas, Alberto
Romero Pozo, Rafaela
Ros Martínez, Susana
Rufián Romero, Gabriel
Ruiz Boix, Juan Carlos
Ruiz de Diego, Víctor Javier
Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki
Sáez Cruz, Emilio
Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Idoia
Sahuquillo García, Luis Carlos
Salvador i Duch, Jordi
Sánchez Díaz, María Carmen
Sánchez Serna, Javier
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino
Santana Aguilera, Ada
Santana Perera, Noemí
Santiago Romero, Enrique Fernando
Santos Maraver, Agustín
Sanz Martínez, Luisa
Sarrià Morell, Vicent Manuel
Senderos Oraá, Daniel
Serrada Pariente, David
Serrano Martínez, Juan Francisco
Sierra Caballero, Francisco
Simancas Simancas, Rafael
Soldevilla Novials, Alba
Soler Mur, Alejandro
Sumelzo Jordán, Susana
Taboadela Álvarez, Obdulia
Trenzano Rubio, Marta
Valero Morales, Juan Antonio
Valido García, Cristina
Vallugera Balañà, Pilar
Vaquero Montero, Maribel
Velarde Gómez, Martina
Verdejo Vicente, Ferran
Verstrynge Revuelta, Lilith
Vidal Matas, Vicenç
Zaragoza Alonso, José
Ábalos Meco, José Luis
Aceves Galindo, José Luis
Adrio Taracido, María
Agirretxea Urresti, Joseba Andoni
Aizpurua Arzallus, Mertxe
Alfonso Cendón, Javier
Almodóvar Sánchez, Emilia
Alonso Cantorné, Fèlix
Álvarez González, Alicia
Álvaro Vidal, Francesc-Marc
Andala Ubbi, Teslem
Andrés Añón, Carmen
Aranda Vargas, Francisco
Argota Castro, Trinidad Carmen
Arribas Maroto, Manuel
Azorín Salar, Lázaro
Badia Casas, Eloi
Bassa Coll, Montserrat
Belarra Urteaga, Ione
Blanquer Alcaraz, Patricia
Boada Danés, Júlia
Calvo Gómez, Pilar
Calvo Poyato, Carmen
Camino Miñana, Víctor
Cantera de Castro, Zaida
Casares Hontañón, Pedro
Castilla Álvarez, María Carmen
Cercas Mena, Blanca
Cerdán León, Santos
Cervera Pinart, Josep Maria
Cobo Carmona, Ana
Cobo Pérez, Noelia
Cofiño Fernández, Rafael
Conesa Coma, Ignasi
Corujo Berriel, María Dolores
Crespín Rubio, Rafaela
Cruset Domènech, Josep Maria
Cruz Santana, Gabriel
Díaz Marín, Raúl
Diouf Dioh, Luc Andre
Señoras y señores diputados que votaron 'sí' telemáticamente:
Fernández Herranz, Sandra
Hoyo Juliá, Belén
Señoras y señores diputados que votaron 'no' telemáticamente:
Lastra Fernández, Adriana
Vidal Sáez, Aina
Miembros del Gobierno que dijeron 'no':
Montero Cuadrado, María Jesús
Díaz Pérez, Yolanda
Bolaños García, Félix
Puente Santiago, Óscar
Miembros del Gobierno ausentes:
Sánchez Pérez-Castejón, Pedro
Miembros de la Mesa que dijeron 'sí':
Navarro Lacoba, Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
González Vázquez, Marta
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Miembros de la Mesa que dijeron 'no':
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso
Leal Fernández, Isaura
Pisarello Prados, Gerardo
Gil de Reboleño Lastortres, Esther
Armengol Socias, Francina
La señora PRESIDENTA: (El señor Figaredo Álvarez-Sala pide la palabra). Daremos el resultado y después le daré la palabra. (El señor Figaredo Álvarez-Sala: Solo para que conste que el artículo 85.1...). Un momento, señor Figaredo, no
tiene la palabra. Ahora voy a dar el resultado de la votación y luego ya me pedirá la palabra, pero vamos a dar el resultado de la votación.
El resultado de la votación de la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular ha sido el siguiente: votos emitidos, 349; votos sí, 171; votos no, 178; abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a
la totalidad de texto alternativo.
Y ahora, señor Figaredo, si quiere, tiene la palabra. Encienda el micro, por favor.
El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Por el artículo 85.1 del Reglamento de la Cámara, dos grupos solicitan la votación por llamamiento para todas aquellas votaciones en las que se ha producido empate. (Risas y aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muy bien, señor Figaredo. (El señor Tellado Filgueira pide la palabra). Encienda el micro.
El señor TELLADO FILGUEIRA: Gracias, presidenta.
Como sabe, en la Junta de Portavoces de esta semana, desde el Partido Popular llamamos la atención sobre el error que suponía someter los puntos del orden del día de esta sesión al método del voto telemático porque, como sabe, el artículo
que regula el voto telemático no contemplaba ninguna de las circunstancias para que se llevase a cabo. Solicitamos en esa Junta de Portavoces que se votase de forma ordinaria, es decir, presencial, tal y como recoge el artículo 84 del Reglamento de
esta Cámara, pero, lamentablemente, la Mesa no accedió a nuestra petición.
Visto lo que ha sucedido -porque hemos visto cómo a lo largo del mediodía ha habido serios problemas en el proceso de votación telemática, que han provocado que incluso la franja horaria prevista para la votación se tuviese que ampliar- y
visto que, desde luego, el sistema no agiliza absolutamente nada -que fue el argumento que la Cámara sugirió en aquel momento-, nosotros, en aras de proceder a la repetición de estas dos votaciones de forma garantista, queremos acudir al artículo
85, donde se señala que un grupo que tiene más de un quinto de los diputados de esta Cámara puede pedir el voto por llamamiento. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, como somos el grupo que tiene más de un quinto de diputados de esta
Cámara, pedimos que esa repetición de las dos votaciones se haga por llamamiento público en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Tellado.
Si les parece, suspenderemos cinco minutos el Pleno, porque tenemos que organizar... (Protestas). Sí, sí. Por favor, un poco de silencio. Enseguida continuaremos con la sesión, porque se tiene que organizar también el voto telemático de
las personas que tenían el voto telemático organizado. (Protestas).. Por tanto, en cinco minutos, reanudaremos la sesión. (Varios señores diputados: ¡No, no!). Un poco de orden, por favor. (El señor Tellado Filgueira pide la palabra). Señor
Tellado, le he escuchado. He entendido perfectamente que han pedido, por el artículo 85, la votación por llamamiento y yo no les digo ni que no ni que sí, les digo que ahora voy a suspender la sesión para empezar a trabajar en el tema del voto
telemático concedido y que se reanudará en cinco minutos. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Tongo, tongo! ¡Presidenta, presidenta!).
Muchas gracias. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Presidenta, le ha pedido la palabra!-Continúan las protestas.-Pausa).
Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Vamos a habilitar la votación por vía telemática a las personas que tenían el voto telemático concedido y votarán de siete a siete y media, como hemos hecho siempre, por lo que a las siete y media empezaremos las
votaciones por llamamiento de los tres puntos que han pedido el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario VOX. (Rumores).
Por favor, señoras y señores diputados, un poco de tranquilidad. Vamos a hacerlo con los medios que tenemos y con la garantía que dan las votaciones telemáticas que están concedidas, y luego vamos a hacer la votación por llamamiento, tal y
como han pedido los dos grupos parlamentarios. Por tanto, asumimos lo que marca nuestro Reglamento.
La hora de votación por llamamiento será a las siete y media.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN). (CONTINUACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 8/2023, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DERIVADAS DE LOS CONFLICTOS EN UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO, ASÍ COMO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA.
(Número de expediente 130/000003).
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Se reanuda la sesión.
Vamos a empezar las votaciones por llamamiento.
La primera votación es de convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en
Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
Se ha solicitado, como saben ustedes, la votación pública por llamamiento. El artículo 86 del Reglamento prevé que en la votación pública por llamamiento sus señorías responderán sí, no o abstención
desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Yo les ruego que estén en silencio y que contesten al llamamiento con una voz clara y audible, aunque los señores
secretarios que les llaman, como ya saben, repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte, que ha
sido don Ignasi Conesa Coma. El Gobierno y la Mesa votarán al final. (El señor Tellado Filgueira pide la palabra).
Ahora estamos empezando a una votación, señor Tellado. ¿Es sobre la votación? (Asentimiento). Diga.
El señor TELLADO FILGUEIRA: Gracias, presidenta.
Yo quiero agradecer a la Presidencia de la Cámara que haya aceptado la petición del Partido Popular para que finalmente esta votación se pueda hacer por el método de llamamiento. (Rumores.-Un señor diputado: Pelota). Creo que para
clarificar exactamente qué es lo que votamos y dado que el presidente del Gobierno está presente, me gustaría que nos explicase, y creo que es una ocasión para hacerlo, qué es lo que ha pactado a lo largo del día de hoy con el independentismo.
(Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). Los españoles y los diputados tienen derecho a saberlo... (Protestas.-Aplausos.-El señor Tellado Filgueira continúa hablando con el micrófono cerrado).
La señora PRESIDENTA: Para eso no tiene la palabra, señor Tellado.
Continuamos con la votación. El Gobierno y la Mesa votarán al final. Ruego al señor secretario primero que dé comienzo a la votación.
Por las señoras y los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van manifestando el sentido de su voto.
Señoras y señores diputados que dijeron 'sí':
Conesa Coma, Ignasi
Corujo Berriel, María Dolores
Crespín Rubio, Rafaela
Cruz Santana, Gabriel
Díaz Marín, Raúl
Diouf Dioh, Luc Andre
Errejón Galván, Íñigo
Esteban Bravo, Aitor
Fagúndez Campo, Antidio
Faneca López, María Luisa
Fernández Benéitez, Andrea
Fullaondo la Cruz, Marije
García Gurrutxaga, María Luisa
García López, Maribel
García Morís, Roberto
Garrido Jiménez, Elisa
Gómez Besteiro, José Ramón
González Fernández, Mercedes
González Gracia, Juan Antonio
González López, Nahuel
Granollers Cunillera, Inés
Guerra López, Sonia
Guijarro Ceballos, María
Guijarro García, Txema
Guinart Moreno, Lídia
Gutiérrez Prieto, Sergio
Gutiérrez Santiago, Víctor
Herrera García, Milena
Ibáñez Mezquita, Alberto
Iniesta Egido, Isabel
Iñarritu García, Jon
Jalloul Muro, Hana
Jerez Antequera, Juan Carlos
Jordà i Roura, Teresa
Lamuà Estañol, Marc
Legarda Uriarte, Mikel
Llorens Carbonell, Teresa
Lois González, Marta
López Álvarez, Patxi
López Cano, Ignacio
López Zamora, Cristina
Lorenzo Cazorla, Juan Antonio
Losada Fernández, José
Lucas Ayala, Francisco
Maldonado López, Adriana
Marqués Atés, Amador
Martín Martínez, Andreu
Martín Rodríguez, Margarita
Martín Urriza, Carlos
Martínez Barbero, Verónica
Martínez Hierro, Lander
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Salmerón, Joaquín
Martínez Seijo, María Luz
Matos Castro, Sergio Carlos
Matute García de Jalón, Oskar
Mayoral de Lamo, Alberto
Mayoral Pérez, Jesús
Mellado Sierra, Valle
Mercadal Baquero, Pepe
Micó Micó, Àgueda
Mínguez García, Montse
Miñones Conde, José
Morales Álvarez, Álvaro
Moreno Fernández, M.ª Isabel
Narbona Ruiz, Cristina
Nasarre Oliva, Begoña
Paré Aregall, Josep
Peña Camarero, Esther
Perea i Conillas, María Mercè
Pérez Ortiz, Isabel María
Pin Ferrando, Gala
Plaza García, Inés
Poblador Pacheco, María Araceli
Pose Mesura, Modesto
Pozueta Fernández, Isabel
Pueyo Sanz, Jorge
Rallo Lombarte, Artemi
Ramírez Carner, Arnau
Ramírez Moreno, María de las Nieves
Ramos Esteban, César Joaquín
Redondo Cárdenas, Gonzalo
Regades Fernández, David
Rego Candamil, Néstor
Rey de las Heras, Luis Alfonso
Rivera Arias, Engracia
Rives Arcayna, Caridad
Rodríguez Palacios, Javier
Rodríguez Salas, José Antonio
Rodríguez Suárez, Esther
Rojo Blas, Alberto
Romero Pozo, Rafaela
Ros Martínez, Susana
Rufián Romero, Gabriel
Ruiz Boix, Juan Carlos
Ruiz de Diego, Víctor Javier
Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki
Sáez Cruz, Emilio
Sagastizabal Unzetabarrenetxea, Idoia
Sahuquillo García, Luis Carlos
Salvador i Duch, Jordi
Sánchez Díaz, María Carmen
Sánchez Serna, Javier
Sancho Íñiguez, Herminio Rufino
Santana Aguilera, Ada
Santana Perera, Noemí
Santiago Romero, Enrique Fernando
Santos Maraver, Agustín
Sanz Martínez, Luisa
Sarrià Morell, Vicent Manuel
Senderos Oraá, Daniel
Serrada Pariente, David
Serrano Martínez, Juan Francisco
Sierra Caballero, Francisco
Simancas Simancas, Rafael
Soldevilla Novials, Alba
Soler Mur, Alejandro
Sumelzo Jordán, Susana
Taboadela Álvarez, Obdulia
Trenzano Rubio, Marta
Valero Morales, Juan Antonio
Valido García, Cristina
Vallugera Balañà, Pilar
Vaquero Montero, Maribel
Velarde Gómez, Martina
Verdejo Vicente, Ferran
Verstrynge Revuelta, Lilith
Vidal Matas, Vicenç
Zaragoza Alonso, José
Ábalos Meco, José Luis
Aceves Galindo, José Luis
Adrio Taracido, María
Agirretxea Urresti, Joseba Andoni
Aizpurua Arzallus, Mertxe
Alfonso Cendón, Javier
Almodóvar Sánchez, Emilia
Alonso Cantorné, Fèlix
Álvarez González, Alicia
Álvaro Vidal, Francesc-Marc
Andala Ubbi, Teslem
Andrés Añón, Carmen
Aranda Vargas, Francisco
Argota Castro, Trinidad Carmen
Arribas Maroto, Manuel
Azorín Salar, Lázaro
Badia Casas, Eloi
Bassa Coll, Montserrat
Belarra Urteaga, Ione
Blanquer Alcaraz, Patricia
Boada Danés, Júlia
Calvo Poyato, Carmen
Camino Miñana, Víctor
Cantera de Castro, Zaida
Casares Hontañón, Pedro
Castilla Álvarez, María Carmen
Cercas Mena, Blanca
Cerdán León, Santos
Cobo Carmona, Ana
Cobo Pérez, Noelia
Cofiño Fernández, Rafael
Señoras y señores diputados que dijeron 'no':
Cortés Carballo, Mario
Cruz-Guzmán García, María Soledad
Cuesta Rodríguez, María del Socorro
De Andrés Guerra, Javier
De las Cuevas Cortés, Félix
De los Santos González, Jaime Miguel
De Luna Tobarra, Llanos
De Meer Méndez, Rocío
De Rosa Torner, Fernando
Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús
Delgado Arce, Celso Luis
Delgado-Taramona Hernández, Jimena
Fabra Part, Alberto
Fernández González, María Mercedes
Fernández Hernández, Pedro
Fernández Ríos, Tomás
Figaredo Álvarez-Sala, José María
Flores Juberías, Carlos
Floriano Corrales, Carlos Javier
Folch Blanc, Javier José
Franco González, Silvia
Fúnez de Gregorio, Carmen
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio
Gamarra Ruiz-Clavijo, Concepción
García Adanero, Carlos
García Félix, Manuel
García Gomis, David
Garre Murcia, Cristóbal
Garrido Valenzuela, Irene
Gil Lázaro, Ignacio
Gil Santiago, Carlos
González Bella, María del Mar
González Pons, Esteban
González-Robatto Perote, Jacobo
Guardiola Salmerón, Mirian
Hernández Quero, Carlos
Hernando Fraile, Rafael Antonio
Herrero Bono, José Alberto
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo
Hoces Íñiguez, Ignacio
Huguet Tous, Pedro Luis
Ibáñez Hernando, Ángel
Jiménez Linuesa, Beatriz
Lima García, Laura María
Llamazares Domingo, Esther
López Maraver, Ángel
Lorente Anaya, Macarena
Macías Gata, Alfonso Carlos
Madrid Olmo, Bartolomé
Marcos Ortega, Milagros
Marí Bosó, José Vicente
Mariscal Zabala, Manuel
Martín Blanco, Nacho
Martín García, Pedro Samuel
Martínez Gómez, Antonio
Martínez Labella, Ana
Mejías Sánchez, Carina
Melgarejo Moreno, Joaquín
Méndez Monasterio, Lourdes
Merino Martínez, Javier
Mesquida Mayans, Joan
Moneo Díez, María Sandra
Montesinos de Miguel, Macarena
Moraleja Gómez, Tristana María
Moro Almaraz, María Jesús
Muñoz Abrines, Pedro
Muñoz de la Iglesia, Ester
Nacarino-Brabo Jiménez, Aurora
Navarro López, Pedro
Noriega Gómez, Javier
Núñez Feijóo, Alberto
Núñez González, Noelia
Olano Vela, Jaime Eduardo de
Ortega Smith-Molina, Francisco Javier
Palencia Rubio, Héctor
Paniagua Núñez, Miguel Ángel
Parra Aparicio, Julia
Parra Gallego, Agustín
Pascual Rocamora, Sandra
Pastor Julián, Ana María
Pedreño Molina, Juan Luis
Pérez Coronado, Pablo
Pérez López, Álvaro
Pérez Osma, Daniel
Pérez Recuerda, Isabel Gema
Prieto Serrano, María Isabel
Puy Fraga, Pedro
Quintana Carballo, Rosa
Quintanilla Navarro, Miguel Ángel
Ramajo Prada, Óscar
Ramírez del Río, José
Ramírez Martín, María Lourdes
Requena Ruiz, Juan Diego
Reynal Reillo, Esperanza
Rivera de la Cruz, Marta María
Robles López, Joaquín
Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
Rodríguez Calleja, Patricia
Rodríguez de Millán Parro, María José
Rodríguez Serra, Santi
Rojas García, Carlos
Rojas Manrique, Juan Antonio
Román Jasanada, Antonio
Romaní Cantera, José Ignacio
Romero Vilches, María de los Reyes
Rueda Perelló, Patricia
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Sáez Alonso-Muñumer, Pablo
Sánchez García, José María
Sánchez Ojeda, Carlos Alberto
Sánchez Pérez, César
Sánchez Sierra, María del Mar
Sánchez Torregrosa, Maribel
Sastre Uyá, Miguel Ángel
Sayas López, Sergio
Sémper Pascual, Borja
Tarno Blanco, Ricardo
Tellado Filgueira, Miguel
Teniente Sánchez, Cristina
Tomás Olivares, Violante
Torres Tejada, María
Toscano de Balbín, Carla
Varela Pazos, Marta
Vázquez Blanco, Ana Belén
Vázquez Jiménez, María del Mar
Vázquez Vega, Pablo
Velasco Morillo, Elvira
Velasco Retamosa, José Manuel
Verano Domínguez, Bella
Abades Martínez, Cristina
Abascal Conde, Santiago
Acedo Reyes, Sofía
Agüera Gago, Cristina
Aizcorbe Torra, Juan José
Alcaraz Martos, Francisco José
Alfonso Silvestre, Alma
Alía Aguado, María Pilar
Alós López, Ana Isabel
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana
Álvarez Fanjul, Beatriz
Antona Gómez, Asier
Aragonés Mendiguchía, Carlos
Argüelles García, Silverio
Armario González, Blanca
Asarta Cuevas, Alberto
Beamonte Mesa, Luis María
Belda Pérez-Pedrero, Enrique
Belmonte Gómez, Rafael Benigno
Bendodo Benasayag, Elías
Borrego Cortés, Isabel María
Bravo Baena, Juan
Cabezón Casas, Tomás
Campos Asensi, Jorge
Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes
Carazo Hermoso, Eduardo
Carballedo Berlanga, María Eugenia
Catalán Higueras, Alberto
Cavacasillas Rodríguez, Antonio
Celaya Brey, Javier
Chamorro Delmo, Ricardo
Clavell López, Óscar
Clemente Muñoz, Raquel
Cobo Vega, Manuel
Conde Bajén, Agustín
Conde López, Francisco José
Señoras y señores diputados que dijeron 'abstención':
Cruset Domènech, Josep Maria
Gavin i Valls, Isidre
Madrenas i Mir, Marta
Nogueras i Camero, Míriam
Pujol Bonell, Eduard
Calvo Gómez, Pilar
Cervera Pinart, Josep Maria
Señoras y señores diputados que votaron 'sí' telemáticamente:
Lastra Fernández, Adriana
Vidal Sáez, Aina
Señoras y señores diputados que votaron 'no' telemáticamente:
Fernández Herranz, Sandra
Hoyo Juliá, Belén
Miembros del Gobierno que dijeron 'sí':
Sánchez Pérez-Castejón, Pedro
Montero Cuadrado, María Jesús
Díaz Pérez, Yolanda
Bolaños García, Félix
Puente Santiago, Óscar
Miembros de la Mesa que dijeron 'sí':
Leal Fernández, Isaura
Pisarello Prados, Gerardo
Gil de Reboleño Lastortres, Esther
Rodríguez Gómez de Celis, Alfonso
Armengol Socias, Francina
Miembros de la Mesa que dijeron 'no':
Navarro Lacoba, Carmen
Mariscal Anaya, Guillermo
González Vázquez, Marta
Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
parte 1
parte 2