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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 110, de 10/04/2025
cve: DSCD-15-PL-110
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 110
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 106
celebrada el jueves,
10 de abril de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Palabras de la Presidencia ... (Página6)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes:
- Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) para el año 2025. (BOE núm. 79, de 1 de abril de 2025). (Número de expediente 130/000017) ...
- Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. (BOE núm. 67, de 19 de
marzo de 2025). (Número de expediente 130/000016) ... (Página24)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 141-1, de 13 de septiembre de 2024. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 141-7, de 4 de abril de 2025. (Número de expediente 122/000126) ... (Página50)
- Votación ... (Página66)
Palabras de la Presidencia ... (Página67)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 51-1, de 21 de marzo de 2025.
(Número de expediente 121/000051) ... (Página67)
Avocación de iniciativas legislativas.
- Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y
facturas de electricidad y gas en relación a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 147-1, de 11 de octubre de 2024. (Número de expediente 122/000130) ...
Declaración institucional.
- Declaración Institucional con motivo del 600.º aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica. (Número de expediente 140/000007) ... (Página79)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página80)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página80)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página81)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)
- Votación de conjunto ... (Página82)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)
- Votación de conjunto ... (Página82)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página83)
SUMARIO
Palabras de la Presidencia ... (Página6)
La Presidencia informa de que la sesión plenaria de hoy incluye el debate y aprobación del dictamen de la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final y, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, anuncia que dicha votación no se producirá antes de las 13:30 horas del día de hoy.
Asimismo, informa de que finalizado el debate de dicho punto se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página6)
Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) para el año 2025 ... (Página6)
La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Aagesen Muñoz) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu, y Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; las señoras Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y Boada Danés, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; el señor Rodríguez Almeida, del
Grupo Parlamentario VOX; la señora García Chavarría, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Conde López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias ...
El señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática (Torres Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene la señora Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno a favor de la convalidación interviene el señor Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Catalán Higueras y las señoras Valido García y Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de réplica intervienen la señora Rodríguez de Millán Parro y el señor Vidal Matas.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Cervera Pinart, del Grupo
Parlamentario Junts per Catalunya; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y Diouf Dioh, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Alós López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página50)
Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación ... (Página50)
En defensa de las enmiendas intervienen los señores Catalán Higueras y Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto, que utiliza este turno también para fijación de posición; y el señor Puy Fraga, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Hace uso de la palabra el señor Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen el señor Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano; González López, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votación ... (Página66)
Se someten a votación las enmiendas a la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, siendo rechazadas todas.
Palabras de la Presidencia ... (Página67)
La Presidencia informa de que desde las 14:20 hasta las 14:50 horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al final de esta sesión.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página67)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página67)
La señora ministra de Hacienda y Función Pública (Montero Cuadrado) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Martínez Hierro, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; la señora García Gurrutxaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Barrio Baroja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación de iniciativas legislativas ... (Página79)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, para armonizar la información a incluir en las páginas web, contratos y facturas
de electricidad y gas en relación a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo ... (Página79)
La Presidencia informa de que esta propuesta se someterá a votación electrónica a continuación junto con el resto de los asuntos.
Declaración institucional ... (Página79)
El señor secretario (Pisarello Prados) da lectura a la declaración institucional con motivo del 600.º aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página80)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, se aprueba por 139 votos a favor,
51 en contra y 159 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento y apoyo al pueblo gitano, se aprueba por 312 votos a favor y 33 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página80)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Valido García), sobre el impacto en la economía canaria de la intención de imponer el empaquetado genérico de los productos del tabaco
y relacionados, se aprueba por 317 votos a favor y 33 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para que los españoles que trabajan en el extranjero vuelvan a España, se rechaza por 33
votos a favor, 180 en contra y 137 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación informe de sus planes para defender al sistema alimentario español
frente a las amenazas del actual contexto geoestratégico internacional, se aprueba por 151 votos a favor, 5 en contra y 194 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página81)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) para el año 2025, se aprueba por 180 votos a favor, 33 en contra
y 137 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 349 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias
extraordinarias, se aprueba por 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 349 votos a favor.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)
Sometido a votación el dictamen de la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, se aprueba por 179 votos a favor, 34 en contra y 136 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página82)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter Orgánico, se aprueba por 178 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página82)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada al Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
rechaza por 33 votos a favor y 316 en contra.
Votación de conjunto ... (Página82)
Sometido a votación de conjunto el texto de dicha iniciativa por tramitarse en lectura única y teniendo en cuenta las observaciones técnicas que se han distribuido, se aprueba por 312 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página83)
Sometida a votación la solicitud de avocación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos para armonizar la información a
incluir en las páginas web, contratos y facturas de electricidad y gas en relación a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se aprueba por 349 votos a favor.
Se levanta la sesión a las tres y treinta y cuatro minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y tres minutos de la mañana.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Se reanuda la sesión.
La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta
disposición, anuncio que dicha votación no se producirá antes de las 13:30 horas del día de hoy.
Asimismo, les informo de que finalizado el debate correspondiente a este punto se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:
- REAL DECRETO LEY 3/2025, DE 1 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA (MOVES III) PARA EL AÑO 2025. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 130/000017).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos leyes.
Empezamos con la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, el MOVES III, para el año 2025.
Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Cuando quiera, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Aagesen Muñoz): Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Me dirijo a ustedes para presentar la convalidación del real decreto ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se prorroga el programa de incentivos a la movilidad, el programa MOVES III, para este año 2025. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Aagesen Muñoz): Es un decreto ley en el que seguimos avanzando en nuestra apuesta por el ecosistema del vehículo, de la automoción en España,
tan importante, en el que seguimos apostando por la descarbonización de la movilidad. Es una medida que si bien -como ustedes saben, señorías- intentamos convalidar el pasado mes de enero, cobra ahora especial relevancia en un contexto de tensiones
comerciales que son globales y que tienen impactos negativos en todo el mundo, con decisiones unilaterales, decisiones injustificadas que cambian dinámicas geopolíticas y estratégicas y que nos conducen a un mundo más fragmentado, volátil e
incierto. Creo que es relevante en este contexto hablar de la historia y de la teoría económica, donde se nos dice alto y claro que el progreso y el desarrollo van precisamente de la mano de lo contrario, de la mano de la cooperación, de la
apertura, del acuerdo y del multilateralismo.
En España y en la Unión Europea apostamos por la negociación siempre, pero también apostamos por prepararnos para responder con proporcionalidad, con unidad y con fortaleza, dado que hablamos de Europa, el primer bloque comercial del mundo.
Hemos actuado y seguiremos actuando. Hemos actuado en tiempo récord frente a la incertidumbre: en apenas doce horas el Gobierno ha puesto en marcha ese Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, pero incluso antes -diría- hemos trabajado para
llevar a cabo actuaciones de protección de nuestra industria del automóvil, de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas. ¿Con qué? Con la aprobación del MOVES III, ese mecanismo de ayuda, de protección, de incentivo a la adquisición de un
vehículo eléctrico y, también, de infraestructura de recarga. Esta semana, como saben, hemos aprobado en el Consejo de Ministros -el martes- un nuevo real decreto ley de medidas urgentes para dar respuesta a la amenaza arancelaria y para el
relanzamiento comercial, que responde a ese plan y a esas palancas financieras que ya anunció el presidente del Gobierno.
La norma que hoy sometemos a convalidación por sus señorías cobra especial relevancia en este contexto, tanto para la industria como para los consumidores, para dar certidumbre. Son medidas para incentivar desde el punto de vista económico,
pero también desde el punto de vista fiscal. Se trata de dos medidas principales. La primera es la recuperación del MOVES, la prórroga del MOVES III, donde destacaría cuatro elementos con novedades fundamentales para dotar de esa certidumbre. El
primero: el carácter retroactivo. Todos aquellos consumidores, ciudadanos, hogares que hayan apostado por la movilidad eléctrica desde el 1 de enero de este año 2025 pueden tener la certidumbre de que van a poder acceder a estas ayudas. El
segundo: ampliar el presupuesto hasta 400 millones de euros. Esa dotación presupuestaria se suma a los más de 1300 millones de euros que ya han sido transferidos a las comunidades autónomas. Por tanto, con esta nueva ampliación, hablamos de una
dotación presupuestaria nunca vista para incentivar la movilidad eléctrica y el despliegue de la infraestructura de recarga. Hablamos de más de 1700 millones de euros movilizados. El tercer elemento: una prórroga que va hasta el 31 de diciembre
del año 2025. Y el cuarto elemento, fundamental: mejoras y simplificaciones administrativas, tal y como nos habían solicitado las comunidades autónomas, para conseguir una respuesta ágil, para facilitar la adquisición de este vehículo por los
ciudadanos y por las empresas, presentando una documentación simplificada, con la exención de la obligación de aportar determinada documentación y la reducción de los plazos. Por ejemplo, para aquellas subvenciones con límite inferior a 100 000
euros -es decir, prácticamente todas las subvenciones que llegan a los ciudadanos- podrá entregarse una cuenta justificativa simplificada. Animamos a todas las comunidades autónomas a que se sumen, como lo llevan haciendo todo este tiempo de
aplicación del MOVES III, a que fijen las mejores prácticas y tramiten de forma ágil. De hecho, lo que podemos ver es que algunas comunidades van rápido, muy rápido en las solicitudes y en la resolución de las mismas -más del 80 % en una parte de
las comunidades autónomas-, mientras que hay otras que permanecen más rezagadas. Seguimos trabajando de manera constante con todas las comunidades autónomas para hacer más eficientes estos procesos. Un ejemplo muy claro son los mecanismos de apoyo
que hemos puesto al servicio de las comunidades autónomas con dotación de la utilización del 5 % del programa de ayuda asignado para los costes indirectos precisamente para facilitar esa tramitación.
La segunda medida que incluye este real decreto ley es una medida de deducción fiscal, la deducción fiscal del 15 % del IRPF para el año 2025 en la compra o adquisición de vehículo eléctrico o de infraestructura de recarga. Por dar un
ejemplo, con una base máxima de 20 000 euros para adquisición de un vehículo, supondría hasta 3000 euros por vehículo, y en el caso de la infraestructura de recarga, con una base máxima de hasta 4000 euros, supondría hasta 600 euros por
infraestructura de recarga. Estas medidas son muy valoradas y necesitadas por el sector en nuestro país, en España.
Señorías, la transición ecológica, la transición energética nos lleva también a una movilidad eléctrica, que es sinónimo de industria, de tejido productivo; es sinónimo de descarbonización y también de calidad de vida. Junto con otras
medidas imprescindibles, como son los cambios modales o las zonas de bajas emisiones, la movilidad eléctrica es clave en la lucha contra el cambio climático, en la calidad del aire de nuestras ciudades y en la salud de nuestros ciudadanos y es una
oportunidad -insisto, una gran oportunidad- para reforzar la industria de la automoción y de la infraestructura de recarga. El sector de la automoción está en España en un proceso de modernización por la electrificación, pero también por la
digitalización. Las tensiones comerciales que estamos viendo y la competencia internacional exigen actuar con determinación. Necesitamos medidas que garanticen la estabilidad de nuestras empresas, que atraigan nuevas inversiones y que refuercen el
liderazgo industrial europeo, esto es, reforzar la apuesta que está haciendo ya el sector de la automoción en España. Precisamente esta medida, el MOVES III y las deducciones, contiene medidas claras y conocidas; conocidas por el sector y
conocidas por la ciudadanía. Por eso dijimos que, por difícil que fuera, este Gobierno iba a cumplir con su compromiso e iba a traer el MOVES III cumpliendo con la palabra dada. La ciudadanía confía en esa palabra dada, como se refleja en los
datos de matriculaciones que hemos visto los tres primeros meses del año, que está en máximos. Vemos en el año 2025 una tendencia ascendente en enero, febrero y marzo; subidas del 48,4 % en enero, del 60,6 % en febrero y del 85,4 % en marzo
respecto a los mismos meses del año anterior. Esperamos que con este impulso del MOVES III estas cifras sigan asentándose en nuestro país.
Tenemos que estar a la altura de los consumidores, pero también de las empresas y de la industria. Entendemos que esta medida es imprescindible y es urgente en un país como España, que es el segundo país europeo en fabricación de
automóviles, el noveno a nivel mundial; un país que cuenta con dieciocho fábricas y que produce veinticinco modelos de vehículos eléctricos y electrificados; un país líder en fabricación de motocicletas, líder y referente mundial en equipos de
infraestructura de recarga. Por eso, a un sector que moviliza 2 millones de empleos y el 10 % del PIB no lo podíamos dejar atrás. Fabricantes de vehículos y de infraestructuras, concesionarios, vendedores, reparadores, fabricantes de componentes e
instaladores de infraestructuras de recarga, todo ese ecosistema comprometido, un único sistema imprescindible que desde el 22 de enero tenía incertidumbre -con más fuerza ahora con esa situación de la política comercial, las tensiones
geopolíticas-, nos ha interpelado a todos y a todas para reactivar estas medidas. Es un ecosistema industrial que hemos tenido en mente en el Gobierno desde el año 2018, cuando arrancamos con determinación para fomentar esa movilidad sostenible.
Es fundamental la descarbonización de un transporte que produce el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hablamos de autonomía; autonomía para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, fundamental
para la seguridad europea en tiempos como los actuales. También hablamos de competitividad de nuestra industria, de nuestro tejido productivo. Desde el primer día hemos trazado un mapa, un plan de actuaciones, con el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima, apostando por la oportunidad de tejido productivo e industrial, con medidas regulatorias y con un paquete de medidas de incentivos -como decía, ese MOVES III- con más de 1700 millones de euros. Además, lo hemos hecho con diálogo,
activando un grupo de trabajo, conocido como GTIRVE, de infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico. Precisamente esta semana nos hemos reunido por quinta vez. Es un grupo de trabajo en el que están representados comunidades autónomas,
asociaciones de la sociedad civil... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora vicepresidenta.
Por favor, ruego a los diputados y diputadas un poquito de silencio.
La señora VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Aagesen Muñoz): ... entidades locales y distintos ministerios competentes en la materia.
Hay una piedra angular que conocen perfectamente, señorías, la Ley de cambio Climático y Transición Energética; una ley que también aboga por la movilidad eléctrica, obligando a que las estaciones de servicio
con mayores ventas tengan infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida. Hemos puesto en marcha numerosas medidas regulatorias para facilitar el despliegue de esta movilidad y un programa de incentivos sin precedentes. No solo hablamos
del MOVES III, sino que en total hemos activado más de 2700 millones de euros de ayudas en distintos programas para fomentar la adquisición de vehículo o la infraestructura, a lo que también se suma algo tan importante para el tejido productivo e
industrial como es el PERTE VEC, dotado con 5500 millones de euros, asociados a fabricación, a cadena de valor y a la industria de los componentes. Esto es, como decía, traccionar economía y empleo de calidad en nuestro país.
Hoy vivimos un hito importante en esta Cámara: el programa MOVES III, con este presupuesto adicional de 400 millones -como decía-, que hasta la fecha tiene resultados palpables, como es la adquisición de más de 142 000 vehículos, más de 113
000 puntos de recarga. España, a pesar de lo que se oye, de ese ruido, cuenta con más de 46 000 puntos de recarga públicos, según los datos publicados la pasada semana por el sector. Somos el sexto país de Europa con más infraestructura de recarga
y contamos con 1100 nuevos puntos de recarga al mes; eso, en nuestro país. Al MOVES III, de adquisición de vehículos e infraestructura, se le suman otros programas como el MOVES Flotas para grandes flotas de vehículos o el MOVES Singulares para
fomentar la innovación, los nuevos modelos de negocio y nuevos prototipos en nuestro país. Esta misma semana hemos presentado también un mapa público de infraestructuras de recarga, el mapa REVE, accesible, con información dinámica, automática y en
tiempo real, fundamental para que todos los consumidores conozcan dónde pueden ir a recargar su vehículo eléctrico. Insisto, hay numerosas actuaciones.
El MOVES III, que hoy traemos a convalidación aquí, en esta Cámara, ha sido una herramienta clave, muy bien valorada por el sector; una palanca para nuestra industria, y una palanca de apoyo también para nuestra ciudadanía. Estoy
convencida de que tenemos que seguir intensificando esos esfuerzos, esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y esfuerzos en dar oportunidades y mejorar nuestro tejido productivo e industrial. Movilizar inversiones, adquirir vehículos y
acelerar la implantación de la infraestructura de recarga: ese es el resultado del MOVES III. De hecho, prácticamente la mitad del presupuesto del MOVES ha sido para esa infraestructura. De esa inversión, para dar resultados claros, la mitad, el
42 %, ha sido para carga ultrarrápida y el 12 % para carga rápida. Es un programa en el que, insisto, desde el primer día hemos trabajado junto con las comunidades autónomas, con nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento, con interlocución
constante, con la posibilidad de recoger métodos o sistemas alternativos para gestión ágil, con ese 5 % de dotación para la gestión de los fondos, con medidas que han permitido que comunidades autónomas den respuesta a la ciudadanía en un plazo de
dos meses de la adquisición del vehículo o de la infraestructura de recarga; hay alguna comunidad autónoma que llega a una ejecución del 90 %. Ese apoyo y ese acompañamiento continuo seguirán estando. Precisamente, mañana se ha convocado la
comisión consultiva del IDAE para seguir ampliando cualquier duda que tengan las comunidades autónomas.
Confío en que hoy, en esta Cámara, seremos capaces de darle el respaldo que nos piden, con responsabilidad, la ciudadanía y también nuestro tejido productivo e industrial. Hay que apostar por ellos, por los ciudadanos y por la industria.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sánchez Serna, por un tiempo de siete minutos.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
El Gobierno nos trae hoy un decreto para renovar el Plan MOVES III, de apoyo a la movilidad eléctrica, con una dotación adicional de 400 millones de euros, principalmente provenientes de fondos europeos. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Lo primero que tendríamos que decir es que resulta curioso, muy curioso, que la renovación del MOVES III, que ya estaba prevista, y esos 400 millones aparecieran el martes por arte de magia dentro del plan de respuesta a los aranceles de
Donald Trump. El Gobierno vende un plan de ayudas por valor de 14 000 millones, pero, si uno mira de cerca la letra pequeña del plan de respuesta, la verdad es que la mayor parte son créditos del ICO por importe de 5000 millones, es decir, deuda, y
luego hay otras partidas que ya existían y que se incluyen en ese cajón de sastre. Eso es lo que pasa con los 400 millones del plan MOVES III. Señorías, más que ayudar a nuestras pymes y a nuestros trabajadores, esto es un ejercicio de malabarismo
contable; por cierto, qué diferencia con el escudo social que levantamos hace cinco años, que arrancó Unidas Podemos, para responder a la pandemia.
En cuanto a la renovación del plan MOVES III en sí misma, nos parece positiva. Sin embargo, consideramos que se ha perdido una oportunidad para resolver algunos problemas que se les presentaban a muchos solicitantes de estas ayudas de
compra de coches eléctricos. Como ustedes saben, las comunidades autónomas son las que gestionan esas partidas, y el panorama es muy preocupante en algunas de ellas. Quizás la más preocupante sea mi región, la Región de Murcia, donde miles de
afectados llevan tres años esperando que les paguen esas ayudas. De los 27,3 millones de euros que el Gobierno ha dado al señor López Miras para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos, hasta la fecha solo se han concedido el 23 %, el
porcentaje más bajo de todas las comunidades autónomas. Pero conceder una ayuda no significa lo mismo que pagarla. Si el porcentaje de las personas que tienen una notificación de resolución positiva y a las que se le ha concedido ya es bajo, como
he dicho, un 23 %, desde luego el porcentaje de los que han cobrado es mucho menor. Los afortunados se pueden contar con los dedos de una mano. A esto hay que sumarle un problema parecido con los 53 millones recibidos para la adquisición de placas
solares de autoconsumo. En total, son más de 81 millones de euros que algunos presidentes de autonomía del Partido Popular, como López Miras, no están pagando a las personas a las que esas ayudas les corresponden. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué
no pagan las ayudas? Porque utilizan esos fondos para financiarse a coste cero. Les sale más barato retener ese dinero a la ciudadanía que pedírselo a un banco. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular y, por eso, en Murcia hay un grito de
moda, que se está diciendo mucho: ¡López Miras, paga ya!
Además, desde esta tribuna quiero mandar todo mi apoyo a ACMEIS, la asociación de afectados por el impago de estas ayudas, que llevan meses movilizándose en la Región de Murcia. Señorías del Grupo Socialista y del Gobierno, hay que hacer
algo para solucionar este problema, no solo en la Región de Murcia, sino en todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde está habiendo muchas dificultades para cobrar estas ayudas. (La señora Moraleja Gómez: Mentira). Verdad,
verdad; se lo pueden preguntar a mucha gente.
Decía que esta renovación del plan MOVES III es una oportunidad perdida, aunque también lo digo en otro sentido: es una oportunidad perdida para marcar distancias de verdad con Trump y sus aranceles. Cuando uno entra en la página del IDAE
y consulta el listado de vehículos elegibles para este plan MOVES III, siguen estando muchos vehículos norteamericanos de marcas como Tesla, la compañía de vehículos eléctricos propiedad del señor Elon Musk, uno de los principales asesores de Donald
Trump, aunque ahora sabemos que se quiere separar. Es decir que desde ayer los vehículos producidos en la Unión Europea ya pagan un 25 % de aranceles en Estados Unidos, pero mientras tanto el Gobierno de España bonifica la compra de un Tesla con
hasta 10 000 euros. A nosotros nos parece algo incomprensible. Señorías, nosotros pensamos que es el momento de pagar a Donald Trump y a su Gobierno con la misma moneda.
Es también el momento de abrirse a nuevos mercados, pero hacerlo de verdad. Se habla mucho de diversificación, y hemos visto que el presidente Sánchez ha ido estos días a China a reunirse con el presidente Xi Jinping, buscando estrechar las
relaciones comerciales de nuestros países. Sin embargo, hace solo tres años ese mismo Pedro Sánchez hacía de anfitrión en Madrid de la cumbre de la OTAN que definía por primera vez a China como adversario sistémico de la Alianza Atlántica. Cómo
cambian los tiempos, ¿verdad, señorías del Grupo Socialista? En Podemos nos parece estupendo que el presidente del Gobierno viaje ahora a Pekín y negocie para aumentar nuestros vínculos con la República Popular China, pero a la hora de la verdad lo
único cierto es que la Unión Europea y, por tanto, España mantienen los aranceles del 45,3 % a los coches eléctricos procedentes de China que se implantaron en julio de 2024. A nosotros nos parece que es el momento de levantar estas medidas
antichinas y profundizar en la confianza mutua entre nuestros países. En definitiva, es el momento de apartarse de la deriva suicida de Donald Trump y, sobre todo, del seguidismo a los Estados Unidos. Los aranceles solo van a acelerar la caída de
la hegemonía americana; o nos apartamos a tiempo o también acabaremos cubiertos de escombros.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Egun on.
El plan MOVES III se reguló en 2024 para dar ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos con el objetivo de promover un sistema de movilidad sostenible y menos contaminante en el Estado. Este plan, previsto para el año 2025, como
ustedes saben, se incluyó en el decreto ómnibus publicado en
diciembre de 2024 que finalmente no se aprobó. Este plan tampoco se incluyó en el nuevo decreto del 28 de enero, de medidas económicas y sociales, que fue aprobado en el Congreso en febrero de 2025; una situación que hizo saltar todas las
alarmas en el sector del automóvil, no solo por las ventas y la repercusión que esta medida podía tener en la producción de vehículos y en el empleo, sino también porque había un número elevado de personas que habían solicitado ayuda en el mes de
enero y se quedaban en el limbo. Hemos visto cómo se cancelaban operaciones de venta cerradas desde el 1 de enero por la imposibilidad de recibir las ayudas. Además, muchos clientes solicitaron que no se matriculase el coche hasta que hubiese
noticias sobre las futuras ayudas e incluso algunos cancelaron pedidos.
Lo cierto es que hoy en día sigue siendo imprescindible contar con un marco de ayudas, porque, sin estas, las ventas de coches eléctricos se resienten y mucho. Precisamente, aquí no podemos sacar pecho todavía, porque el coche eléctrico no
acaba de despegar, pues solo el 5,6 % de los coches que se vendieron en 2024 fueron eléctricos. Hoy se revierte esta situación porque se prorroga este programa hasta el 31 de diciembre de 2025, con una dotación de 400 millones más, y además se hace
con efectos retroactivos, algo que veníamos pidiendo todos los grupos parlamentarios, lo que significa no dejar atrás a ningún comprador que haya adquirido su coche eléctrico en 2025. Además, como bien ha dicho la vicepresidenta, se contempla una
desgravación del 15 % en la declaración de la renta por la compra de un coche eléctrico, con un máximo de 3000 euros.
Entendemos que este decreto, al ser una prórroga del plan MOVES III, tiene que seguir con las bases y condiciones que había anteriormente, pero quizá, llegados a este punto, se podía haber aprovechado este trámite u otro para simplificar o
modificar este proceso, reducir la burocracia y hacerlo más eficiente, para que no solo las clases de renta alta puedan comprar o adquirir estos vehículos, sino también aquellas personas u hogares con rentas medias o incluso algo más bajas. Además,
el proceso de tramitación fue criticado tanto por fabricantes como por compradores porque la entrega de las ayudas se retrasa considerablemente, también dependiendo de la comunidad autónoma. El comprador ha de adelantar el dinero y quizá lo lógico
hubiera sido entregar la ayuda como un descuento a la hora de comprar el coche para facilitar toda esa tramitación.
Además, tal y como ha dicho la vicepresidenta, con el actual contexto global, complejo e incierto, con las políticas proteccionistas de Estados Unidos para el sector de la automoción, creo que tanto en el Estado como en Europa debemos
consolidar ya la apuesta por la movilidad eléctrica, reforzando tanto la demanda interna nacional como la europea, así como la infraestructura que la hace posible, porque el sector de automoción es fundamental en el tejido productivo y porque el
impulso a la movilidad eléctrica contribuirá, desde luego, de manera decisiva a avanzar en la descarbonización del transporte y cumplir los objetivos en el horizonte de 2030. Además, no hay que olvidar que la descarbonización del transporte
generará nuevas oportunidades para crear valor añadido y nuevas capacidades industriales.
Azkenik, burokraziari dagokionez, plan babes hori hobetu zitekeen arren, gaur egun ere beharrezkoa da mugikortasun jasangarria bultzatzea, eta ildo horretan, beharrezkoa da ibilgailuak elektrikoak eta hibridoak erosteko laguntza plan bat
izaten jarraitzea. Izan ere, laguntzarik gabe eta elektrizitate merke merkerik gabe, eredu elektriko bat erostea ez da kontsumitzaileen lehen aukera, eta, beraz, lege dekretu honen alde bozkatuko dugu.
Y, por último, en cuanto a la burocracia, es verdad que podría mejorarse el plan, pero este plan es necesario para fomentar la movilidad sostenible, En ese sentido, es necesario que los vehículos sean eléctricos, híbridos, y que para
adquirir esos vehículos siga habiendo un plan de ayuda, porque sin ayudas y sin electricidad asequible, comprar un modelo eléctrico no es prioritario para los consumidores.
Por lo tanto, vamos a votar a favor de este real decreto ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu Jauna.
Hasi behar dut esaten alde bozkatuko dugula uste dugulako, hobe dela hau izatea ezer ez esatea baino. Baina ez gaude ados gauzak horrela egitearekin, berriro Errege Dekretu Lege baten bitartez zuzenketak egiteko aukerarik gabe eta berriro
asko hobetu zitekeen dekretu bat dator. Eta, hori horrela, dekretuarekiko irakurketa kritiko bat ere egin behar dela uste dugu, eta esango dut auto elektrikoaren aldekoak garela, noski. Zer hobe isuriak jaisteko duen gaitasunagatik. Baina, aldi
berean, uste dugu egungo parke mobilaren erabateko ordezkapena egitea ez dela ez komenigarria, ezta ez desiragarria.
Kontutan izan behar dugu garraio sektorearen eskutik datozela, ia 88 milioi tona CO2, gehien isurtzen duen sektorea da guztiaren heren bat, eta garraioaren baitan % 95a errepide garraiotik dator, hau da, 30 milioi tona CO2 inguru isurtzen
dira. Testuinguru honetan, mugikortasunaren elektrifikazioak modalitate guztietan onura klimatiko argia ekarriko luke, ezta? Baina kontutan izan behar da sarean dagoen elektrizitate berriztagarrien kopurua oso handia dela guztiaren % 60a edo. Eta
mix elektriko horrekin fosilekin ibiltzen diren autoetatik, auto elektrikoetara joateak suposatzen du auto bakoitzeko gutxi gorabehera isurien hiru laurdenak edo jaistea. Beraz, egungo mix elektrikoarekin auto elektriko batek hogei gramo CO2 isuri
inguru ditu kilometro bakoitzeko, eta gasolinarekin eta gasolioarekin dabiltzan kotxeek, 100 g-tik gora bataz beste, ezta?
Muchas gracias.
Voy a empezar diciendo que vamos a votar a favor, porque creemos que es mejor esto que nada. Pero no estamos de acuerdo con hacer las cosas así, otra vez mediante un decreto ley, sin derecho a plantear ninguna enmienda y otra vez con un
decreto que se podía mejorar muchísimo. Y siendo esto así, vamos a hacer una lectura crítica de este decreto.
He de decir que estamos a favor del coche eléctrico, cómo no, por la capacidad que tiene para bajar las emisiones de CO2. Pero, al mismo tiempo, creemos que hacer una sustitución total del parque móvil actual no es conveniente ni deseable.
Debemos tener en cuenta que casi 88 millones de toneladas de CO2 provienen del sector del transporte, es el sector que más emisiones tiene, un tercio del total. Y dentro del transporte, el 95 % de las emisiones proviene del transporte por
carretera, 30 millones de toneladas de CO2. En este contexto, la electrificación de la modalidad en todas sus modalidades supondría un beneficio climático claro. Aun y todo, hay que tener en cuenta que la cantidad de electricidad renovable
existente en la red es muy elevada, un 60 % del total. Y con ese mix eléctrico, de los coches que circulan con combustibles fósiles a coches eléctricos supondría bajar las emisiones por coche en torno a un 75 %. Por tanto, con el mix eléctrico
actual, un coche emite 20 gramos de CO2 por kilómetro y con la gasolina y con el gasoil serían más de 100 de media.
Siendo todo esto verdad, entendemos que algo está fallando, ¿no? Porque, si miramos las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos, vemos que solo el 11,4 % de los vehículos vendidos en 2014 eran enchufables y
solamente el 5,6 % de estos vehículos eran eléctricos puros. Esto coloca al Estado español en el puesto veinticuatro en Europa, claramente en el vagón de cola, por mucho que -como usted ha dicho- haya un liderazgo en producción y haya todo un
ecosistema. Habrá quien después diga seguramente que esto tiene que ver con que los coches eléctricos son cosas de ricos, etcétera. Yo creo que las estadísticas nos están diciendo otra cosa. Están diciendo que hay países que están acertando en
las medidas para impulsar el vehículo eléctrico, y no hay que irse muy lejos, porque Portugal está liderando, está a la cabeza de Europa: a día de hoy, el 20 % de los vehículos que se venden allí son eléctricos puros y el 33 % son vehículos
enchufables, triplica en porcentaje a España, que tiene el 11 %. Yo creo que al diseñar este tipo de medidas estaría bien pensar en la estructura fiscal vinculada a los vehículos que tiene Portugal y acercarse un poco a esto. Y no es cuestión de
Portugal, sino que también otros países con mucho menor poder adquisitivo que España, como Rumanía, Hungría, Grecia, están por delante. Yo diría que es evidente con estos datos que las subvenciones no son suficientes y que faltan otras cosas.
Usted ha hablado de la red de carga, de lo que está creciendo, pero según los datos que manejamos nosotros y nosotras, ahora mismo puede haber alrededor de 7000 megavatios de potencia pedidos, sobre todo para la instalación de puntos de
recarga rápida, que no tiene una respuesta, porque falta capacidad en la red. Así que, aunque de esto hablaremos más en otro momento, entendemos que hay que hacer algo.
Y sobre la parte fiscal, que yo creo que usted ha pasado un poco de puntillas, nosotros entendemos que las deducciones fiscales que se proponen ni son suficientes ni responden al principio europeo de quien contamina paga ni son progresivas,
y me explico. Se propone un 15 % lineal de deducción para todo lo subvencionado, pero no todo es lo mismo en términos climáticos y en términos de contaminación. Si lo que se pretende es reducir emisiones, entendemos que había que afinar un poco
más ese tiro, y se lo ilustro un poco. Hay muchos estudios por ahí sobre análisis de ciclo de vida, de emisiones de vehículos, yo he cogido uno que hizo no hace demasiado tiempo el Gobierno vasco a través del Centro Vasco de Ecodiseño, en el que se
decía que un híbrido enchufable emite solamente un 25 % de emisiones menos que un gasolina en un análisis de ciclo de vida completo; sin embargo, un eléctrico puede emitir hasta un 70 % menos. Si aplicamos el principio de que quien contamina paga,
evidentemente no es lo mismo
tener un eléctrico puro que un híbrido enchufable; con lo cual, entendemos que las deducciones no debieran ser las mismas. (Rumores). En este sentido, les invitaría a que para las siguientes ocasiones miren lo que realmente está
funcionando y además está funcionando en algún Gobierno suyo, y estoy hablando concretamente de Nafarroa. El liderazgo de Nafarroa en la venta de vehículos eléctricos en el Estado es evidente, porque Nafarroa sí que está en un 20 % de venta de
vehículo eléctrico. Pero claro, aquí las deducciones son de un 30 %. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría. (Pausa).
Cuando quiera.
El señor OTERO GABIRONDO: Gracias.
Decía que las deducciones en Nafarroa son de un 30 %, pero no solo eso, sino que además son progresivas, porque para las rentas más bajas, hay un 35 % de deducciones. Y, sin embargo, los híbridos enchufables tienen unas deducciones muy
diferentes y mucho más bajas, acordes también con ese principio de quien contamina paga, que son de un 5 y de un 10 % para las rentas bajas. También las deducciones por instalación de puntos de recarga llegan hasta un 20 %. Todo esto está
funcionando y no todo se ha aplicado en este real decreto.
En definitiva -no me quiero extender-, entendemos que todo es muy mejorable, porque es verdad que con este formato en el que llegan las cosas se está impidiendo que esto se haga mejor. En cualquier caso, también le diré que, aunque no
estemos del todo de acuerdo en cómo ha venido, preferimos estar teniendo este debate que no aquel al que se nos está obligando en la Comunidad Autónoma vasca, donde se está empezando a volver a subvencionar vehículos alimentados por gasolina y
gasoil después de seis años de haberse declarado la emergencia climática.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.
77 dies. Han hagut de passar 77 dies des que vostè va veure no convalidat el reial decret òmnibus fins que avui el torna a portar aquí. 77 dies per tornar a portar una proposta que bàsicament no canvia en res substancial del text anterior.
77 dies, per tant, per res, i per tant, si no fos perquè ho estem vivint en primera persona, semblaria impossible que el govern hagi perdut tants mesos per tornar a portar el mateix reial decret. Però de fet, això serveix molt bé per il·lustrar
perfectament el seu govern.
Primer, un govern feble que perd votacions clau, que ha de retirar punts de l'ordre del dia o ha de tornar a portar a votació temes per no negociar, com ha de negociar qui no té majoria absoluta.
Segon, un govern insensible, insensible amb el patiment de la gent. Vostès són capaços, com a govern, de prioritzar ingressar el màxim possible a través dels impostos quedant-se bona part dels augments salarials i de les pensions de la gent
per culpa de no flectar l'IRPF. Insensible a més a més, fins a extrems inimaginables. El seu és un govern que pas d'impedir, per exemple, que es destinin els recursos necessaris per la llei ELA quan saben que aquests recursos són essencials per a
tot un col·lectiu pel qual cada dia, cada hora, cada minut, compta. Com s'atreveixen com a govern a regatejar vilment amb els diners que fan falta per desplegar la llei ELA que va aprovar aquest hemicicle gràcies, entre d'altres, de Junts?
I tercer, un govern empresofòbic que no és capaç d'entendre com impacten les seves decisions, com aquesta d'avui, de les ajudes a la mobilitat elèctrica en els diferents sectors empresarials i, de retruc, en els propis ciutadans.
Agafem aquest reial decret que avui es convalida. Al perdre quatre mesos amb aquest reial decret, vostès han posat en risc el sector de l'automoció i totes les empreses que desenvolupen la seva activitat en aquest àmbit. Durant mesos, els
dubtes i les incerteses s'han estès. Milers de ciutadans han decidit no comprar un cotxe perquè no hi havia cap garantia que pogués després accedir a les ajudes. I vostè em dirà que això està resolt amb el reial decret actual. I és cert. Les
ajudes són retroactives i de la mateixa quantitat que abans. Però el temps és irreversible i les pèrdues econòmiques i d'oportunitat, de seguretat i de prestigi del producte pels concessionaris i pels fabricants de vehicles, en bona part són
irrecuperables.
Però el despropòsit de la gestió del govern va molt més enllà. Avui hauríem d'estar aprovant el MOVES IV. El MOVES III havia d'estar vigent només fins a finals del 2024, moment en que s'havia
d'entrar en vigor al Pla MOVES IV, el qual havia de millorar significativament l'actual. Però com en moltes altres coses que vostès gestionen, va arribar el desembre i ningú en sabia res del MOVES IV. Així que van utilitzar el desafortunat
reial decret òmnibus per prorrogar el pla anterior fins a mitjans del 2025. Perquè llavors sí que tindríem el pla MOVES IV. Què ha acabat passant? Doncs que en la línia de la debilitat del seu govern que li deia abans, avui, en lloc de portar a
aprovació el Pla MOVES IV, ens acabem trobant una nova pròrroga de l'antic fins a final d'any. Tot plegat, un veritable despropòsit.
Un despropòsit que es va repetint en diferents aspectes d'aquest reial decret, senyora ministra. Fixin-se: un despropòsit des del punt de vista de la tramitació. Els papers, les gestions a realitzar, els tràmits a superar són tant
complicats i carregosos que sovint semblen més dissenyats per fer abandonar al ciutadà que no pas per incentivar-lo a aconseguir l'ajut. Per què no miren el que fan altres països? Per què no permeten, com ells, que la gestió de les ajudes les
puguin fer els mateixos concessionaris? Un despropòsit també des del punt de vista del cobrament. Tu paga pel davant el cost del vehicle, assumeix primer el preu de l'ajuda i espera després el temps amb una mica de fortuna: només 18 mesos per
recuperar aquest cost de l'ajuda. A Catalunya hi ha 30 000 persones esperant la resolució dels ajuts. A Catalunya només han cobrat el 20 % dels cotxes comprats i el 23 % dels punts de recàrrega instal·lats. De veritat que no ho podien fer millor?
De nou, per què no miren el que fan els altres països? Per què no fan com ells i permeten que el preu ja estigui descomptat en la venda del cotxe i el concessionari recuperi l'ajut directament i en poc temps des del govern?
I finalment, un despropòsit des del punt de vista ètic. I m'explico. Aquestes ajudes es financen amb fons europeus per agilitzar la transició cap a una mobilitat més sostenible. Fins aquí cap problema. Però atenció: quan un ciutadà rep
l'ajuda per la compra d'un vehicle o col·locar un punt de recàrrega, ha de declarar aquesta ajuda com un ingrés en la declaració de l'IRPF, que a més a més, li cotitzaran el tram marginal, el que paga el percentatge més alt i per tant, vostès es
queden una part dels diners de l'ajuda mitjançant l'IRPF, una part important d'un percentatge molt alt. Vostès es queden una part dels fons europeus que haurien de ser ajudes pels ciutadans. Un cop més, vostès quedant-se injustament els diners
dels ciutadans fent negoci, fent caixa amb les ajudes europees aprofitant guanyar diners, senyora ministra amb la transició ecològica. És tal el despropòsit que faria riure si no fos que la situació és per plorar.
I podríem seguir allargant la llista de despropòsits parlant del retard en el desplegament dels punts de recàrrega, on només s'han instal·lat un 10 % dels punts que han d'estar operatius el 2030. Només 34 000 punts enfront dels 340 000 que
fan falta. O bé, parlant també de que els vehicles elèctrics a Espanya són un 10 %, quan l'objectiu fixava un 25 %. Una pèssima xifra enfront del 25,4 % de França, el 28,2 % del Regne Unit, el 33,4 % Portugal o el 91 % de Noruega. Tot plegat,
t'ho agafis per on t'ho agafis, un despropòsit. I no ho diem només nosaltres, que tot plegat és un despropòsit. El mateix president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions i llavors president de la Seat, dimitia fa uns mesos
per, cito literalment, 'la inacció del govern de l'Estat en favor de l'electrificació'. Com deia abans, tot plegat del començament al final, un despropòsit.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Setenta y siete días, han tenido que pasar setenta y siete días desde que usted asistió a la no convalidación del real decreto ómnibus hasta que hoy lo ha vuelto a traer aquí. Setenta y siete días para volver a traer una propuesta que
básicamente no cambia en nada sustancial el texto anterior. Setenta y siete días, por lo tanto, para nada. Y si no fuera porque lo estamos viendo en primera persona, parecería imposible que el Gobierno haya perdido tantos meses para volver a traer
el mismo real decreto. Pero, de hecho, esto sirve muy bien para ilustrar perfectamente su Gobierno.
En primer lugar, es un Gobierno débil, que pierde votaciones clave, que tiene que retirar puntos del orden del día o que tiene que volver a traer a votación temas por no negociar como tiene que negociar el que no tiene mayoría absoluta.
En segundo lugar, es un Gobierno insensible, insensible con el sufrimiento de las personas. Ustedes son capaces como Gobierno de priorizar al máximo posible los ingresos a través de los impuestos, quedándose buena parte de los aumentos
salariales y de las pensiones de la gente por culpa de no deflactar el IRPF. Insensible, además, hasta extremos inimaginables. Su Gobierno es un gobierno capaz de impedir, por ejemplo, que se destinen los recursos necesarios para la ley ELA cuando
saben que esos recursos son esenciales para todo un colectivo para el cual cada día, cada hora, cada minuto cuenta.
¿Cómo se atreven como Gobierno a regatear vilmente con el dinero que hace falta para desplegar la ley ELA que aprobó este hemiciclo gracias, entre otros, a Junts?
Y, tercero, es un Gobierno con fobia a las empresas, que no es capaz de entender cómo impactan sus decisiones, como esta de hoy de las ayudas a la movilidad eléctrica, en los diferentes sectores empresariales y, de rebote, en los propios
ciudadanos.
Tomemos el real decreto que hoy se convalida. Al perder cuatro meses en este real decreto, ustedes han puesto en riesgo al sector de la automoción y a todas las empresas que desarrollan su actividad en este sector. Durante meses, las dudas
y las incertidumbres se han extendido. Miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche, porque no había ninguna garantía de que después pudieran acceder a las ayudas. Usted me dirá que eso se resuelve en el real decreto actual, y es cierto,
las ayudas son retroactivas y de la misma cantidad que antes, pero el tiempo es irreversible. Y las pérdidas económicas de oportunidad, de seguridad y de prestigio del producto para los concesionarios y fabricantes de vehículos en buena parte son
irrecuperables.
Pero el despropósito de la gestión del Gobierno va mucho más allá. Hoy tendríamos que estar aprobando el MOVES IV. El MOVES III tenía que estar vigente solo hasta finales de 2024, momento en el que tenía que entrar en vigor el plan MOVES
IV, plan que debería mejorar significativamente el actual. Pero, como en otras cosas que ustedes gestionan, llegó diciembre y nadie sabía nada del MOVES IV. Así que utilizaron el desafortunado real decreto ómnibus para prorrogar el plan anterior
hasta mediados de 2025, porque entonces sí que tendrían a punto el plan MOVES IV. ¿Qué ha terminado por pasar? Pues que en la línea de la debilidad de su Gobierno, como decía antes, hoy, en lugar de traer el plan MOVES IV para aprobarlo, nos
encontramos con una nueva prórroga del antiguo hasta finales de año. En definitiva, un auténtico despropósito.
Y es un despropósito que se va repitiendo en diferentes aspectos del real decreto, señora ministra: un despropósito desde el punto de vista de la tramitación, los papeles, las gestiones a realizar, los trámites a superar. Son todos tan
complicados y farragosos que muchas veces parecen más bien diseñados para que el ciudadano abandone que para incentivarle a conseguir la ayuda. ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no permiten, como ellos, que la gestión de las
ayudas la puedan hacer los mismos concesionarios? Un despropósito también desde el punto de vista del cobro: tú paga por delante el coste del vehículo, asume primero el precio de la ayuda y espera después el tiempo, con un poco de suerte solo
serán dieciocho meses para recuperar ese coste de la ayuda. En Cataluña, hay 30 000 personas que están esperando la resolución de las ayudas. En Cataluña solo han cobrado el 20 % de los coches comprados y el 23 % de los puntos de recarga
instalados. ¿De verdad que no lo podían hacer mejor? ¿Por qué no miran lo que hacen otros países? ¿Por qué no hacen como ellos y permiten que el precio ya se vea descontado en la venta del coche y el concesionario pueda recuperar la ayuda del
Gobierno directamente y en poco tiempo?
Y, finalmente, es un despropósito desde el punto de vista ético, me explico. Estas ayudas se financian con fondos europeos para agilizar la transición hacia una movilidad más sostenible. Hasta aquí, ningún problema. Pero atención, cuando
un ciudadano recibe la ayuda por la compra de un vehículo o para colocar un punto de recarga, tiene que declarar esa ayuda como un ingreso en su declaración del IRPF, que además le va a cotizar en el tramo marginal, el que paga el porcentaje más
alto. Por lo tanto, ustedes se quedan una parte del dinero de la ayuda a través del IRPF, una parte importante, un porcentaje muy alto. Ustedes se quedan una parte de los fondos europeos que tendrían que ser ayudas para los ciudadanos. Una vez
más, ustedes se quedan injustamente el dinero de los ciudadanos, haciendo negocio, haciendo caja con las ayudas europeas, aprovechando para ganar dinero con la transición ecológica, señora ministra. Es tal el despropósito que daría risa si no fuera
porque la situación es para llorar.
Y podríamos seguir alargando la lista de despropósitos, hablando del retraso en el despliegue de puntos de recarga, donde solo se han instalado un 10 % de los puntos que tendrían que estar operativos en 2030, 34 000 frente a los 340 000 que
faltan. O bien, hablando también de los vehículos eléctricos en España, que son un 10 %, cuando el objetivo fijaba un 25 %. Una cifra pésima frente al 25,4 % de Francia, el 28,2 % del Reino Unido, el 33,4 % de Portugal o el 91 % de Noruega. Todo
eso, lo cojas por donde lo cojas, es un despropósito. Y no decimos solo nosotros que todo eso es un despropósito; el propio presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, y entonces presidente de SEAT, dimitía hace
unos meses, por -cito literalmente- la inacción del Gobierno del Estado en favor de la electrificación. Como decía antes, todo ello, desde el principio hasta el final, un despropósito.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Bon dia.
Gràcies, president, ministra.
Aquest reial decret era urgent. Fins ara, molta gent que volia fer el pas cap al vehicle elèctric es trobava en una situació d'inseguretat jurídica. No sabien si podrien accedir a les ajudes, si les ajudes es prorrogarien i això ha generat
molta incertesa. I en aquest sentit celebrem que l'article 1 i 2 fixin la vigència, tal i com hem demanat Esquerra Republicana, que sigui a partir de l'1 de gener de 2025, perquè és una mesura molt positiva que dóna seguretat i claredat. Ara bé,
siguem clars, perquè això no és un nou pla, és una ampliació del MOVES III i la realitat ens exigeix un MOVES IV amb cara i ulls pensat en el moment actual. Un pla que revisi les bases, que ampliï les quantitats i que posi el focus en el pla verd
europeu i en la fabricació local, prioritzant els vehicles produïts a Europa per generar ocupació i valor afegit.
També cal revisar el model de gestió. Ara mateix no veiem clar com s'assignaran els recursos per comunitats autònomes i això, generalment el que fa és generar colls d'ampolla. Són les comunitats qui han de justificar les ajudes, sovint amb
poc personal i amb tràmits molt feixucs. Cal estudiar un model més àgil, per exemple, que siguin els mateixos concessionaris els que puguin gestionar directament les ajudes. Això ja s'ha fet i crec que donava bons resultats perquè simplifica molt
el procés, sobretot a la ciutadania.
Pel que fa a la disposició final primera, quan es defineixen els vehicles elegibles per a deduccions fiscals, insistim, senyora ministra, és hora de deixar enrere els híbrids endollables i les piles de combustible. Són tecnologies de
transició i avui en dia ja no ens ofereixen una reducció real d'emissions en circulació urbana o autopista. Cal prioritzar els vehicles elèctrics purs perquè sí que són coherents amb els objectius climàtics i ambientals.
I parlem clar sobre les ajudes. El Pla MOVES inclou dues línies. Unes ajudes directes a la compra de vehicles i punts de càrrega amb 400 milions transferits a les comunitats i una nova reducció de l'IRPF del 15 % per a particulars.
Aquesta deducció, però, no és una solució real per a la majoria de famílies. Estem subvencionant un vehicle a qui realment se'l pot pagar i, en canvi, qui no es pot pagar un vehicle no hi pot accedir perquè un vehicle de 20 000 euros la diferència
amb un de gasolina pot ser de 7000 a 10 000 euros, i hi ha famílies que no es poden permetre aquestes despeses. Això no es compensa amb una deducció fiscal, sobretot per a les rendes mitjanes i baixes. Reclamem més ajudes directes i més ràpides
que no obliguin a esperar un any a la declaració de renda i que també incloguin els autònoms i petites empreses del sector del transport que són responsables d'una part rellevant d'aquestes emissions.
I aquí, ministra, sí que li voldria posar el focus en les furgonetes dúltima milla. Si volem ciutats netes, pacificades, saludables, cal ajudar econòmicament a substituir les furgonetes dièsel que fan aquest repartiment urbà. Aquestes
furgonetes recorren centenars de quilòmetres setmanals en entorns urbans densos i emeten molt més del que sembla. És aquí on hem de prioritzar les ajudes perquè els transportistes d'aquestes furgonetes, generalment tenen una feina molt precària que
amb prou feines arriben a final de mes i no es podran canviar una furgoneta si des de l'Estat no se'ls hi dona unes ajudes. I també cal incidir en la renovació de la flota més contaminant. Vehicles molt antics sense etiqueta ambiental que són
altament ineficients i contaminants. Ningú vol tenir un vehicle antic contaminant. El qui en té és perquè no es pot permetre un altre vehicle.
Doncs si volem una transició verda i justa, hem de posar els recursos allà on tenen més impacte ambiental i també aquest impacte social. El volum global de recursos, aquests 400 milions, no és suficient. No ho és en el context
internacional que vivim. Els Estats Units imposaran aranzels del 45 % als cotxes europeus. Només al 2024 la Unió Europea va exportar vehicles gairebé per valor de 40 000 milions als Estats Units. Això genera un excés de producció a Europa que pot
tenir conseqüències molt greus per al nostre teixit industrial si no hi ha una demanda interna forta. Hi ha milers de llocs de treball en joc, com per exemple el grup Volkswagen, que està en plena crisi.
En aquest context, necessitem un MOVES IV amb ambició, amb visió industrial, amb múscul pressupostari que connecti consumidors i productors europeus de vehicles sostenibles. Fins a dia d'avui, els diferents plans mòbils només han contribuït
a la compra de 140 000 vehicles, i això és una part molt petita del parc automobilístic d'uns trenta milions de vehicles a l'Estat. Per tant, aquestes compres són mínimes. L'Estat està lluny dels estàndards europeus. El 12 % dels vehicles venuts
són elèctrics o híbrids endollables, molt per sota del 22 % de la mitjana europea o del 32 % que ara mateix tenen els nostres
veïns de Portugal. I això no és només una qüestió de renta, és una qüestió de decisió política i de posar els recursos allà on cal. El senyor Sánchez diu que aquest pla és part de la resposta als aranzels, però és que no n'hi ha prou. No
n'hi haurà prou amb aquest pla. No n'hi ha prou per al clima. No n'hi ha prou per a la indústria i no n'hi ha prou per a aquesta ciutadania que vol fer el pas cap a un vehicle elèctric, cap a una mobilitat neta. I ara mateix no se la pot permetre
perquè aquestes ajudes no estan pensades per a les persones més vulnerables. Pensem que cal molt més i ens trobaran al seu costat per poder negociar aquest pla MOVES IV que pugui arribar ben bé a tota la ciutadania.
Gràcies.
Buenos días.
Gracias, presidente.
Ministra, este real decreto era urgente. Hasta ahora, muchas personas que querían dar el paso hacia el vehículo eléctrico se hallaban en una situación de inseguridad jurídica; no sabían si podrían acceder a las ayudas o si las ayudas se
iban a prorrogar. Eso ha generado mucha incertidumbre y, en este sentido, celebramos que el artículo 1 y el 2 fijen esa evidencia, como habíamos pedido en Esquerra Republicana, y para que sea desde el 1 de enero de 2025, porque es una medida muy
positiva que da seguridad y claridad. Ahora bien, seamos claros, porque esto no es un nuevo plan, es una ampliación del MOVES III, y la realidad nos exige un MOVES IV con cara y ojos pensado para el momento actual. Un plan que revise las bases,
que amplíe las cantidades y que ponga el foco en el plan verde europeo y en la fabricación local, priorizando los vehículos producidos en Europa para generar empleo y valor añadido.
También hay que revisar el modelo de gestión. Ahora mismo no vemos muy claro cómo se van a asignar los recursos por comunidades autónomas y esto generalmente lo que hace es generar cuellos de botella. Son las comunidades las que deben
justificar las ayudas, muchas veces con poco personal y con unos trámites muy farragosos. Hay que buscar un modelo más ágil, por ejemplo, para que sean los propios concesionarios los que puedan gestionar directamente las ayudas. Eso ya se ha hecho
y creo que dio buenos resultados, porque simplifica muchísimo el proceso, sobre todo de cara a la ciudadanía.
En cuanto a la disposición final primera, cuando se habla de los vehículos elegibles para las deducciones fiscales, insistimos, señora ministra, ya es hora de dejar atrás los híbridos enchufables y las pilas de combustible. Son tecnologías
de transición, y hoy en día ya no nos ofrecen una reducción real de emisiones en circulación urbana o autopista. Hay que priorizar los vehículos eléctricos puros, porque sí que son coherentes con los objetivos climáticos y ambientales.
Y hablemos claro de las ayudas. El plan MOVES incluye dos líneas: unas ayudas directas a la compra de vehículos y puntos de recarga, con 400 millones transferidos a las comunidades, y una nueva reducción del IRPF del 15 % a particulares.
Esta deducción, sin embargo, no es una solución real para la mayoría de las familias, porque estamos subvencionando un vehículo a quien realmente se lo puede pagar y el que no se lo puede pagar no puede acceder, porque la diferencia de un vehículo
de 20 000 euros con uno de gasolina puede suponer 7000 euros, más o menos, y hay muchas familias que no se pueden permitir esto. Eso no se compensa con una deducción fiscal, sobre todo para las rentas medias y bajas. Pedimos más ayudas directas y
más rápidas, que no obliguen a esperar un año la declaración de la renta y que sirva para todos los ciudadanos, para los que son responsables de una parte relevante de las emisiones.
Aquí, ministra, le quería poner el foco en las furgonetas de última milla. Si queremos que sean limpias, pacíficas y saludables, tenemos que ayudar a sustituir las furgonetas diésel de gasoil que hacen reparto urbano. Estas furgonetas
recorren cientos de kilómetros semanales en entornos urbanos densos y emiten mucho más de lo que parece. Y es aquí donde tenemos que priorizar las ayudas, porque los transportistas de estas furgonetas generalmente tienen un trabajo muy precario y
llegan a final de mes con mucha dificultad. No van a poder cambiar la furgoneta sin más si el Estado no les da unas ayudas. También hay que incidir en la renovación de la flota más contaminante: vehículos muy antiguos, sin etiqueta ambiental, que
son altamente ineficientes y contaminantes. Nadie quiere tener un vehículo antiguo y contaminante, el que lo tiene es porque no se puede permitir comprar otro.
Entonces, si queremos una transición verde y justa, tenemos que poner los recursos allí donde tengan más impacto ambiental y también donde tengan ese impacto social. El volumen global de recursos, esos 400 millones, no es suficiente, no lo
es en el contexto internacional en que vivimos. Los Estados Unidos van a imponer aranceles del 45 % a los coches europeos. Solo en 2024 la Unión Europea exportó vehículos por valor de 40 000 millones a Estados Unidos. Esto puede generar un exceso
de producción en Europa que puede
tener consecuencias muy graves para nuestro tejido industrial si no hay una demanda interna fuerte. Hay miles de puestos de trabajo en juego, como, por ejemplo, en el grupo Volkswagen, que está en plena crisis.
En ese contexto necesitamos un MOVES IV con visión industrial, con músculo presupuestario, que pueda conectar a los consumidores y a los productores europeos de vehículos sostenibles. Hasta la fecha de hoy, los planes MOVES solo han
contribuido a la compra de 140 000 vehículos y esto es una parte muy pequeña del parque automovilístico, que es de unos 30 millones de vehículos en el Estado. Por tanto, estas compras son mínimas. El Estado está muy lejos de los estándares
europeos. El 12 % de los vehículos vendidos son eléctricos o híbridos enchufables, muy por debajo del 22 % de la media europea o del 32 % que ahora mismo tienen nuestros vecinos de Portugal. Y no solo es una cuestión de renta, es una cuestión
también de decisión política y de poner los recursos allá donde hacen falta. El señor Sánchez dice que este plan es parte de la respuesta a los aranceles, pero es que no hay bastante, no es suficiente con este plan, no hay bastante para el clima,
para la industria, ni tampoco hay suficiente para esa ciudadanía que quiere dar el paso hacia un vehículo eléctrico, hacia una movilidad que sea limpia, que no se puede costear, porque estas ayudas no están pensadas para aquellas personas que son
más vulnerables. Pensamos que hace falta mucho más, y nos encontrará a su lado para poder negociar el plan MOVES IV que pueda llegar realmente a toda la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada Danés. (Rumores).
Silencio, por favor. Un momento, señoría. (Pausa).
Cuando quiera.
La señora BOADA DANÉS: Gracias, presidente.
Señorías, hoy convalidamos un real decreto imprescindible para seguir la senda de la descarbonización de la economía y conseguir así la neutralidad climática para 2050, objetivo central del Pacto Verde Europeo y objetivo vital para la
humanidad para hacer frente a la emergencia climática. Tal y como recoge el real decreto, el sector del transporte representa el 32,5 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, y, en concreto, el transporte por carretera
supone por sí solo un 30 % del total de estas emisiones. Las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera junto con el incremento del nivel del mar producen alteraciones en el clima, fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos adversos,
como las olas de calor, sequías e inundaciones, que a su vez impactan en los cultivos y en la biodiversidad, pero también en la economía y en otros aspectos sociales.
Y hay un elemento del cambio climático que la extrema derecha tiende a ignorar, y es que el cambio climático afecta a la salud de la población. Hace pocos días, el director general de la Organización Mundial de la Salud calificaba la
contaminación del aire como una de las mayores amenazas a la salud y al medio ambiente de nuestro tiempo. La contaminación atmosférica está vinculada aproximadamente a 62 000 ingresos hospitalarios urgentes cada año en España, lo que además
representa un coste de más de 850 millones de euros anuales. La contaminación mata y la contaminación nos cuesta mucho dinero. De hecho, otro dato: gastamos 40 000 millones de dólares anualmente en comprar petróleo, 8000 de los cuales van a
comprar petróleo a Estados Unidos. Autonomía estratégica también es dejar de invertir todos estos millones en quemar combustibles fósiles. (Aplausos).
Por tanto, está claro, hay que acelerar la descarbonización del transporte y la electrificación de la movilidad, pero desde el Grupo Plurinacional SUMAR queremos ser claros. La sustitución de la flota de vehículos de combustión por
vehículos eléctricos no es la única solución. La solución pasa por potenciar un transporte público sostenible y asequible que llegue a todos los rincones del país, facilitar la intermodalidad, impulsar modelos de transporte compartido y, sí,
también la electrificación de la flota. El real decreto que debemos convalidar hoy es imprescindible para incentivar la sustitución de vehículos que queman combustibles fósiles y contaminan nuestros pueblos y ciudades. Por tanto, nuestro apoyo es
claro y rotundo.
Pero deberíamos mirar a nuestros vecinos lusitanos, como comentaba también el compañero de Bildu, que nos superan en número de venta de vehículos eléctricos, pese a tener menor renta. Portugal ha logrado que se produzca un cambio de
comportamiento en los consumidores con un modelo de apoyo muy robusto. Algunas de sus claves: la primera, inmediatez y automatismo en la aplicación de las ayudas. Este real decreto avanza, pero el efecto incentivador de una ayuda se pierde si se
percibe más de un año
después de adquirir el vehículo, y esta es una reclamación frecuente en España, que se tarda demasiado en otorgar estas ayudas; por tanto, hay que acelerar la percepción de las ayudas.
La segunda: hay que extender las ayudas a los vehículos de empresa y para alquiler. Las empresas en España siguen comprando mayoritariamente vehículos de combustión interna.
Tercera, aumentar la disponibilidad de instalaciones de recarga. Vamos avanzando, como indicaba la ministra, pero en España disponemos de cuatro puntos de recarga por cada 100 kilómetros de carretera, mientras que Portugal tiene nueve.
Otro dato, solo tres países de la Unión Europea: Países Bajos, Francia y Alemania, que cubren solamente el 20 % de la superficie de la Unión Europea, albergan casi dos tercios de todos los puntos de recarga de la Unión Europea. El otro tercio del
total de cargadores se distribuye en los otros veinticuatro Estados miembros, cubriendo casi el 80 % del resto del territorio. Por tanto, nos tenemos que poner las pilas.
Cuarto, incluso más importante que lo anterior: debemos impulsar la creación de un sistema de recarga unificado que reduzca la fragmentación de plataformas de interoperabilidad. La recarga pública en España es de las más caras de Europa,
hasta un 130 % más cara que en Portugal, lastrada en parte por la falta de interoperabilidad. De hecho, Portugal decidió desde el principio que solo habría un sistema de gestión de recarga, que sería llevado a cabo por una iniciativa pública
denominada Mobi.E. La presencia y la planificación por parte del Estado en este caso han sido el motor de éxito y, una vez demostrado su funcionamiento, se ha privatizado. Por tanto, la limitada disponibilidad de recarga y el sistema fragmentado
crean un mayor temor a la falta de autonomía que hay que atajar. Más posibilidades de recarga y un sistema unificado despejarían incertidumbres y trasladarían seguridad a la ciudadanía para incentivar su compra, y esta, a su vez, incentivaría la
producción. De hecho, incentivar el consumo facilitando las compras de vehículos de cero emisiones es clave para la descarbonización del sector.
Pero también debemos impulsar la producción, como señalaba la ministra, y atraer inversiones para la fabricación de baterías y de nuevos modelos de vehículos electrificados, y consolidar el sector de la automoción en esta transición
imprescindible y de una sola dirección (aplausos) -recordemos- hacia la transición verde justa, para un sector que en su conjunto representa el 10 % del PIB del país y da empleo a más de un millón de personas. Hay que impulsar la transformación del
sector y aumentar su competitividad no solamente acelerando el despliegue de la infraestructura de carga, como ya hemos mencionado, sino también optimizando las cadenas de suministro de materias primas y baterías, reduciendo las cargas
administrativas y abordando las necesidades de energía, así como las necesidades de formación en habilidades de los trabajadores y trabajadoras del sector.
La industria del vehículo eléctrico también intenta resolver el abastecimiento de los minerales necesarios para producir las baterías. De hecho, representan el 30 % del coste del vehículo eléctrico, siendo este uno de los grandes retos
precisamente en este contexto de inestabilidad geopolítica. Para conseguir mayor autonomía estratégica hay que reforzar las políticas de I+D y desarrollar soluciones tecnológicas alternativas que puedan reducir la dependencia de materiales, cuyas
perspectivas de suministro son inciertas. También hay que acompañar el desarrollo de las nuevas competencias profesionales relacionadas con el vehículo eléctrico, aprovechando las oportunidades que ofrece la nueva ley de Formación Profesional, y
para ello es fundamental que se diseñe en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social.
Termino. Los vehículos más viejos y que más emiten representan alrededor del 60 % del parque, mientras que los vehículos de emisiones cero apenas representan el 6 % del total. Estamos muy lejos de donde tenemos que llegar. Este real
decreto impulsa la sustitución y transformación del parque de automovilístico, pero también hay que destinar recursos para mejorar e impulsar la producción del sector eléctrico y articular un modelo de movilidad sostenible y asequible para toda la
población y que llegue a todos los rincones del país y a tiempo. Solamente así conseguiremos los objetivos climáticos de reducción de emisiones que nos permitan conseguir la neutralidad climática en 2050 y garantizar la supervivencia de la
humanidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. (Aplausos).
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ha dicho usted en su intervención que el plan MOVES III es una palanca para la industria. Parece, señora ministra, que conoce usted muy poco la industria del automóvil en España y en Europa, porque es exactamente lo
contrario.
No sé si le han pasado mal los datos, si es usted la única que no conoce la realidad de la industria del automóvil en España y en Europa, o quizás todo lo contrario, o si es usted del grupo de los que juegan a ser los más listos de la clase,
y me refiero a representantes socialistas y populares que están al servicio de los intereses de otros países. Señora ministra, ¿quién domina la industria del vehículo eléctrico a nivel mundial?, ¿qué país controla las materias primas necesarias
para las baterías del vehículo eléctrico? Parece que, por ahora, ese grupo de listillos y traidores a sus respectivos países pueden estar tranquilos, porque la semana pasada la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que es la tiene que
investigar estas causas de corrupción política, ha decidido no investigar a Huawei. Por tanto, por ahora, señorías, lamentablemente, parece que pueden estar muy tranquilos.
Señora ministra, la realidad es que el plan MOVES III incumple la neutralidad tecnológica que deberían tener las Administraciones públicas, ya que incentiva exclusivamente la adquisición de vehículos eléctricos y sus puntos de recarga. Esta
falta de neutralidad tecnológica es una de las críticas más significativas no de VOX -que también-, sino del informe Draghi sobre la competitividad de la Unión Europea con relación a la industria de la automoción, ya que ha provocado la pérdida de
liderazgo -no es palanca que la ha hecho crecer, señora ministra, sino pérdida del liderazgo- de la industria automotriz europea. Se trata de una falta de neutralidad tecnológica consecuencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
descarbonización de la Agenda 2030, tal y como se explicita en el artículo 1.2 del plan MOVES III cuya prórroga para el año 2025 se pretende convalidar con este real decreto.
Y sigo con el informe Draghi, señora ministra. El sector de la automoción es un ejemplo clave de la falta de planificación de la Unión Europea al aplicar una política climática sin una política industrial. El principio de neutralidad
tecnológica no siempre se ha aplicado en el sector de la automoción. El ambicioso objetivo de cero emisiones para 2035 conllevará, de facto, la eliminación gradual de las nuevas matriculaciones de vehículos con motores de combustión interna y la
rápida penetración en el mercado de los vehículos eléctricos. Sin embargo, la Unión Europea no ha impulsado estas ambiciones de forma coordinada para transformar la cadena de suministro. Por ejemplo, la Comisión no lanzó la Alianza Europea de
Baterías hasta 2017 para construir una cadena de valor de baterías en Europa, mientras que Europa, en su conjunto, está muy retrasada en la instalación de infraestructuras de carga. China, en cambio -insisto en que es el informe Draghi, no solo
VOX-, se ha centrado en toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos desde 2012 y, como resultado, ha avanzado con mayor rapidez y a mayor escala, y ahora está una generación por delante en tecnología de vehículos eléctricos en prácticamente
todos los ámbitos, a la vez que produce a un coste menor. Las empresas europeas ya están perdiendo cuota de mercado, señora ministra, y usted habla de palanca de la industria europea. Están perdiendo cuota de mercado, y esta tendencia podría ser
acelerarse a medida que se superen los cuellos de botella en los envíos. La cuota de mercado de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Europa aumentó del 5 % en 2015 a casi el 15 % en 2023, mientras que la cuota de los fabricantes
europeos en el mercado europeo de vehículos eléctricos se redujo del 80 al 60 %, señora ministra. Insisto en que está lejos de ser una palanca; es todo lo contrario. (Aplausos).
En este contexto -sigo leyendo parte del informe Draghi-, si la Unión Europea no logra adaptarse rápidamente a este nuevo entorno competitivo, el sector de la automoción podría perder terreno un ritmo aún más acelerado. Según algunos
expertos del sector, incluso más del 10 % de la producción local de la Unión Europea podría verse desplazado en los próximos cinco años. Supongo que sabrá hacia dónde se va a desplazar: precisamente a China, el país más contaminante del mundo.
Los planes de descarbonización acordados por el Partido Popular y el PSOE en el ámbito europeo solo han servido para que la poco contaminante industria europea haya cerrado fábricas que se han abierto en la muy contaminante República Popular China.
El secretario general de este Grupo Parlamentario VOX, el señor Figaredo, en la comparecencia del ministro de Economía de ayer recordó los casos de corrupción de parlamentarios socialistas y populares vendidos a los grupos de presión de China, Catar
y Marruecos. Esa prostitución de sus responsabilidades como parlamentario es la única explicación plausible para que populares y socialistas hayan firmado y defendido el Pacto Verde que tanto ha perjudicado al campo y a la industria española y que
tanto ha beneficiado al Partido Comunista chino, por cierto, aliado en España del Partido Popular desde abril de 2023 con la firma del memorándum de cooperación entre ambos partidos para, en palabras de la que era secretaria general del partido, la
señora De Cospedal, afianzar la relación de amistad.
Por otro lado, la norma que se pretende convalidar hoy incentiva fiscalmente al vehículo eléctrico, cuyo precio es inalcanzable para las clases más humildes. Por tanto, se ayuda a quienes menos ayudas
económicas necesitan. Señora ministra, ¿quién puede comprar un vehículo eléctrico?, ¿quién puede instalar un punto de recarga en el garaje de su casa? ¿Sabe lo difícil que es tener una casa y una casa con plaza de garaje? Señora
ministra, ¿a esto llaman Gobierno de progreso en favor de los más humildes? (Aplausos). Son un auténtico fraude, señora ministra.
Votaremos en contra de la convalidación de este real decreto ley. Si se convalidase y se tramitara como proyecto de ley, VOX presentaría enmiendas para ampliar las ayudas de vehículos que no sean eléctricos, ampliando este tipo de ayuda
para los españoles más humildes y para la industria del automóvil de España, una de las líderes mundiales. En VOX no queremos que nuestra industria se rinda a favor de la China comunista, queremos que nuestros fabricantes sigan siendo líderes
mundiales y que los españoles tengan acceso a los trabajos que solo la industria puede proporcionarles y que fijan población y retienen el talento de nuestros jóvenes.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Chavarría.
La señora GARCÍA CHAVARRÍA: Moitas grazas, presidente.
Bo día, señorías.
Yo quisiera empezar haciendo un ejercicio de memoria con ustedes, porque en este mundo tan cambiante, en el que vivimos llenos de bulos y desinformación, se nos olvida con demasiada rapidez y frecuencia lo que votan los distintos grupos
políticos en esta Cámara. Quiero hacer este ejercicio de memoria porque la hipocresía, la incoherencia y la mentira no deben quedar en el olvido. Los ciudadanos y las ciudadanas de este país tienen que ver con perspectiva cuáles son los
posicionamientos políticos que obedecen a intereses tácticos y partidistas y cuáles son aquellos que favorecen y velan por sus intereses. Por eso, hoy quiero remontarme al pasado 24 de enero de este mismo año. Ese día el Pleno de esta Cámara
recibía para su convalidación un real decreto lleno de importantes y protectoras medidas económicas y sociales y, una vez más, el Grupo Popular y VOX, en esta ocasión acunados por Junts, votaron en contra de los intereses de todos los ciudadanos y
las ciudadanas. Para colmo, el Grupo Popular, el mayor grupo de la oposición y que se dice a sí mismo ser un partido de Estado, intentó luego justificar ese voto de la manera más vergonzosa y marrullera: lo hicieron a base de bulos y
tergiversaciones. (Aplausos). Pero la realidad más dura, señorías, es que votaron en contra de las medidas económicas, industriales y sociales contempladas en ese real decreto por puro interés táctico y partidista. Y así ocurrió, precisamente,
con el MOVES III, un plan que se incluía en ese decreto: a ustedes no les temblaron las manos a la hora de votar en contra, aun sabiendo perfectamente que el impacto de su voto traería consecuencias nefastas al poner en riesgo proyectos
industriales, el futuro de las plantas de producción de vehículos y miles y miles de puestos de trabajo de la industria del automóvil en nuestro país. Ustedes, señorías, votaron en contra de la gente.
Afortunadamente, este Gobierno progresista, encabezado por el presidente Sánchez, no ha cejado en su empeño, porque ninguna persona, ninguna empresa y ninguna familia tiene que pagar las consecuencias de su tiranía política. A diferencia de
ustedes, este Gobierno cumple: cumple con sus obligaciones, cumple con los ciudadanos y cumple con su palabra. Por eso, hoy volvemos a traer a convalidación esta prórroga del MOVES III, que es clave para el presente y para el futuro de nuestro
país, la base para promover la movilidad eléctrica y el desarrollo de la infraestructura de recarga y fundamental para el sector y esencial para la transición energética. El programa se inició en el año 2021, como saben muy bien, dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -señorías del Partido Popular, ¿les suena?; es ese que ustedes intentaron boicotear en Europa-, y se ha ido ampliando en varias ocasiones en una clara apuesta del Gobierno por la movilidad sostenible y por
el apoyo a este sector tan importante de nuestra economía. El MOVES III ha contribuido a la compra de más de 142 000 vehículos y a la instalación de más de 113 000 puntos de recarga. Si a esto le añadimos el MOVES Flotas y el MOVES Singulares,
tenemos la instalación de 2800 puntos de recarga asociados a estas flotas y la renovación de más de 18 000 vehículos.
Como explicaba muy bien la señora ministra, este MOVES III incluye, como saben, una dotación económica de 400 millones de euros más, lo que supondrá alcanzar más de 1735 millones, y se extiende, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero
al 31 de diciembre, también en la deducción del 15 % del IRPF, cumpliendo así con el compromiso adquirido de retroactividad y sacando de la rueda el palo
colocado por el Grupo Popular, por VOX y por Junts el pasado mes de enero. De hecho, señor Cruset, la pérdida de tiempo la provocaron ustedes con todo este retraso, y eso sí que es un despropósito.
Como les decía, este Gobierno cumple y ha venido adoptando medidas regulatorias, incentivos económicos, y, sobre todo, un marco adecuado para que la movilidad eléctrica se desarrolle y genere seguridad en el sector. Sigamos haciendo ese
ejercicio de memoria para recordar que en el año 2018 se suprimía la figura del gestor de recarga, se establecía la obligatoriedad de puntos de carga en las estaciones de servicio de mayores ventas y también en los aparcamientos de acceso público.
Además, la Ley de Carreteras simplificó el proceso de instalación de puntos de recarga y se eliminaron las licencias previas municipales, precisamente para agilizar este proceso.
Y el Gobierno sigue dando pasos firmes para lograr la modernización y la descarbonización del parque de vehículos en nuestro país. En 2024, el número de puntos de recarga de acceso público creció un 32 % y, de hecho, se instalan más de mil
puntos de recarga pública al mes -es importante el dato-. Por ese motivo, el Ministerio de Transición Ecológica encargó al operador del sistema la realización de un mapa de puntos de recarga para que los usuarios dispongan de información
actualizada sobre su disponibilidad y ubicación -por cierto, ya está disponible desde este mismo lunes-.
Todo esto, junto con el PERTE del vehículo eléctrico, dotado con más de 5000 millones de euros, como saben, está promoviendo una nueva cadena de valor y generando empleo y nuevos proyectos industriales en nuestro país. De hecho, España ya
es líder en la fabricación de vehículos, con dieciocho fábricas que producen veinticinco modelos diferentes. Sin duda, la industria del vehículo eléctrico es uno de los sectores más dinámicos y con mayores perspectivas de futuro. Somos ya un país
referente a nivel europeo en muchos aspectos, también en este, señorías de VOX, mal que les pese a ustedes, incluso diría que a pesar de ustedes, de su apoyo y sumisión a las políticas arancelarias de Trump y también a pesar de su negacionismo
climático.
Señorías del Partido Popular, me dirijo a ustedes para decirles que seguiremos desmontando sus bulos y mentiras y sacando sus palos de la rueda de nuestra economía para seguir creciendo en bienestar social, para seguir creando empleo de
calidad, para continuar protegiendo a las personas, a la clase media y trabajadora de nuestro país, y para proporcionar seguridad y confianza a nuestro tejido empresarial y productivo.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Conde López.
El señor CONDE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, una vez más trae a esta Cámara la aprobación de un real decreto -el número 7- sin asumir la más mínima autocrítica, ni por el impacto real que está generando con los diferentes reales decretos, ni tampoco por la
ausencia de las mejoras que les está demandando el sector. Además, en su intervención no ha sido capaz de concretar ninguna medida para actuar en el contexto actual provocado por la subida arancelaria de los Estados Unidos, a la que el plan MOVES
-no lo olvide- pretende ser una respuesta. En definitiva, ni autocrítica ni rectificación ni tampoco propuestas de mejora de competitividad industrial desde el punto de vista energético.
Señora vicepresidenta, ha tenido usted un mal comienzo, se lo reconozco. Desde que ha asumido sus responsabilidades solo se la reconoce por su capacidad de generar inseguridad jurídica en los sectores regulados y en los sectores
productivos. Le recuerdo que usted es la vicepresidenta que tomó la decisión política de retirar del Congreso de los Diputados la ley de comercio de derecho de emisiones que se estaba tramitando y que había aprobado la eliminación del impuesto de
generación eléctrica. (Aplausos). Siento decírselo, señora vicepresidenta, pero, por mucho que sea legal, dice muy poco de su talante democrático y, sobre todo, ha generado una enorme inseguridad jurídica. Le recuerdo también que usted es la
vicepresidenta que no atendió la demanda reiterada del sector durante el año 2024 para ampliar el plan MOVES -ni plazos ni cuantías ni tampoco mejoras en la tramitación-. Le recuerdo la dimisión del presidente de ANFAC precisamente por el
incumplimiento de los compromisos de su Gobierno. Y le recuerdo que usted es la vicepresidenta que, cuando el real decreto ley ómnibus decayó en enero de este año, fue incapaz de dar una respuesta inmediata; ha tardado tres meses, en los cuales el
sector no sabía lo que iba a pasar; sencillamente no lo sabía. De nuevo, inseguridad jurídica. Dejen de lado la imposición y la censura y hablen de consenso y de diálogo.
Mire, por muy graves que sean las formas con las que actúan, lo más sorprendente es la indolencia con la que el Ministerio para la Transición Ecológica está tratando a la industria de la automoción en nuestro país y, por extensión, al resto
de sectores productivos. Siguen, señora vicepresidenta, anclados en el pasado; ni el señor Draghi ha conseguido despertarles de su sueño verde. Le recuerdo que ustedes no son solo transición, son también industria, y que los sectores productivos
están esperando a que despierten de su sueño y que actúen desde el realismo.
Señora vicepresidenta, sabe que el plan MOVES llega tarde, que es insuficiente y que, además, no responde a las necesidades industriales del sector. Por eso, le propongo un ejercicio teórico para imaginarnos entre todos cómo sería el plan
MOVES si realmente ustedes actuarán desde una visión industrial. En primer lugar, tendríamos un plan MOVES en el cual los consumidores recibirían las ayudas en el momento de la compra, que es lo que tendríamos que estar convalidando esta misma
mañana. (Aplausos). Sabe que las ayudas son insuficientes, y le doy un dato: la cuota de electrificación en España es del 14,3 %, 8 puntos por debajo de la media europea y muy lejos de países como Alemania, que la tienen en el 26 %. Pero,
además, tendríamos un plan MOVES en el que se garantizaría una red de recarga en el territorio que diera confianza y servicio a los usuarios. Usted nos ha dado aquí una parte del dato, señora vicepresidenta. Son 113 000 puntos de recarga, sí, pero
no ha dicho que solo el 44 %, 50 171, son de acceso público, y tampoco ha dicho que, de esos, 11 400 no están operativos. Por lo tanto, tienen ustedes 38 725, que suponen un 60 % de su objetivo para el año 2024. (Aplausos).
En segundo lugar, se darían cuenta de que el plan MOVES tiene una enorme relevancia para la política industrial de nuestro país. Todos los países están compitiendo por atraer la fabricación de vehículos automóviles y, mientras en China se
está incrementando un 21 % la producción de vehículos automóviles, en España, la caída, señora vicepresidenta, es del 16 %. Sin incentivos a la innovación y sin un coste eléctrico competitivo no será posible darle al sector de la automoción la
respuesta que necesita ni que seamos de verdad líderes en el conjunto de la Unión Europea y en el escenario internacional.
En tercer lugar, señora vicepresidenta, se darían cuenta, en este ejercicio, de que la neutralidad tecnológica tiene que ser un principio irrenunciable dentro de la transición energética. Lo es en Europa, pero, lamentablemente, por su
política no lo es en estos momentos en España. Si ustedes salieran de los despachos, se darían cuenta de las enormes dificultades que tienen los consumidores para adquirir un coche eléctrico, por precio, por autonomía y por la falta de una red
adecuada de infraestructuras de recarga en el territorio. (Aplausos). Por eso, señoría, nosotros, en el Partido Popular, pensamos que esta mañana tendríamos que estar convalidando en paralelo, señora vicepresidenta un programa renove que
permitiera, al margen de ideologías, fomentar la compra de vehículos eficientes de cualquier tecnología. Porque se acabó el tiempo de los buenos deseos y de las buenas intenciones pensando que la neutralidad tecnológica no es el principio adecuado.
Sabe que, además de luchar contra el cambio climático, que para ustedes todo lo justifica, también necesitamos reducir las emisiones, reducir la vida útil de nuestro parque -ustedes la han incrementado en dos años, desde el año 2019, del 12,5 al
14,5- y una mayor seguridad vial para los usuarios.
Concluyo. Señora vicepresidenta, la industria no conoce de ideologías. Hoy esperábamos que usted viniera aquí a hablar de industria, y no lo ha hecho. El plan MOVES es mucho más que un plan de reducción de emisiones, es un instrumento de
política industrial, y ustedes tienen la responsabilidad de adoptar medidas para dar certezas y competitividad al tejido productivo y al sector de la automoción. Sé que no es su campo, sé que no le gusta y sé que ustedes lo único que quieren es que
decrezcamos desde el punto de vista industrial. Señora vicepresidenta, necesitamos una industria de automoción que dé esa respuesta. España ha pagado, también el propio sector productivo, y se lo digo con conocimiento de causa, durante mucho
tiempo sus errores. Ahora su exvicepresidenta Ribera parece que ha renunciado a estos errores al asumir su cargo de comisaria. Seguramente deberían hacer una reflexión para ver si en España ustedes deberían dar también ese paso, porque ella ha
descubierto que sí, que la energía nuclear es limpia y competitiva y permitiría que no se incrementaran los precios energéticos en España. (Aplausos). Y la señora Ribera ha descubierto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor CONDE LÓPEZ: La señora Ribera ha descubierto que sí, que la neutralidad tecnológica tiene sentido en un contexto de transición energética.
Señora vicepresidenta -concluyo, gracias presidente-, el sueño sanchista es en realidad una ensoñación que está perjudicando enormemente al tejido productivo. Despierten de su sueño, porque el sector de la automoción y el sector industrial
se lo agradecerán.
Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, algunos puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- REAL DECRETO LEY 2/2025, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA GARANTÍA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA ANTE SITUACIONES DE CONTINGENCIAS MIGRATORIAS EXTRAORDINARIAS. (Número de expediente
130/000016).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la
adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Torres Pérez): Buenos días, presidente.
Saludo a todos los diputados y todas diputadas y les pido disculpas por el tono de voz. Arrastro una afonía desde hace unos días y espero que me permita defender este real decreto ley. También saludo a las autoridades que están presentes
en este salón plenario, al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, a la consejera de Derechos Sociales y al resto de autoridades, así como a oenegés como ACNUR y Unicef, que también asisten a esta
sesión plenaria.
Subo a esta tribuna para defender la convalidación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias
migratorias extraordinarias. Es un real decreto ley que, como acabo de decir, está en vigor tras publicarse en el BOE después de haber sido aprobado en el Consejo de Ministros y que hoy, dentro del plazo estipulado, incluso sin haberse agotado,
debe ser convalidado.
Permítanme, señorías, que antes viaje en el tiempo. El 3 de octubre del año 2006, el que fuera presidente de Canarias, Adán Martín, comparecía ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, del Parlamento Europeo.
En aquella intervención de hace casi veinte años terminaba haciendo alusión, precisamente, a los menores migrantes no acompañados. Decía el presidente canario, tristemente fallecido, que dejaba para el final de su intervención un asunto -y leo,
textualmente- 'especialmente sensible en lo que representa la defensa de los valores éticos y morales'. Y añadía -abro comillas-: 'Si la situación en Canarias ya es por sí dramática, cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida
cruzando el Atlántico'. Era yo en aquel momento alcalde de mi municipio, y el propio Adán Martín, presidente nacionalista, nos pidió que dispusiéramos recursos municipales para albergar a niños, niñas y adolescentes que llegaban a nuestras costas,
como lo siguen haciendo hoy, huyendo de la pobreza, la guerra y el hambre. Lo hicimos, dispusimos recursos en mi municipio, en mi barrio, reuní a los vecinos y a las vecinas y les expliqué que se trataba de una cuestión de justicia y de derechos
humanos. Al final, aquellos chiquillos, que eran de Mali, se convirtieron en parte de la vida del barrio, del municipio. Y cuando se fueron -iban derivados a otros lugares- quienes lloraban eran los niños, sí, pero eran los niños del pueblo: se
iban sus amigos. (Aplausos).
Les hablo, señorías, de un discurso pronunciado hace veinte años y de una situación dramática que ya se daba en mi tierra hace dos décadas. Pero las palabras del que fuera presidente de Canarias creo que podrían servir para homólogos en el
resto de las comunidades, por ejemplo, Andalucía, que en 2018, cuando casi el 50 % de los menores migrantes no acompañados llegaban a sus costas, pedía también soluciones. Y en ocasiones ha ocurrido en el levante, en Murcia, en la Comunidad
Valenciana, también en Baleares y en otros puntos del país. De estos más de treinta años de llegadas de inmigrantes en pateras y cayucos, la primera que llegó a España fue en el año 1994 y arribó a la isla de Fuerteventura. Eran dos jóvenes
saharauis, que fueron recibidos con voladores -fuegos artificiales, como se dice aquí- y bandas
de música con alborozo. Y, como digo, la llegada de pateras y cayucos -cómo ha cambiado la cosa- ha fluctuado de unos a otros territorios también porque han variado las rutas migratorias: en ocasiones han llegado por el Mediterráneo, pero
en otras ha sido por el Atlántico. Hoy esos flujos afectan en mayor medida a Ceuta, Melilla y Canarias; en el caso canario, reconocida como la ruta más peligrosa y mortífera del mundo.
Señorías, en los dos últimos años el aumento de la ruta atlántica ha provocado que estos territorios sean receptores de la mayor afluencia de migrantes que han tenido en su historia. Y, si hablamos de menores, también han sido dos años de
especial alza, porque se ha intensificado la llegada de niños y niñas migrantes desde el continente africano. Es decir, estos niños y jóvenes han llegado como nunca antes. Por eso, la medida que traemos hoy al Congreso de los Diputados para su
convalidación es una medida histórica para una demanda histórica, sobre la base de una competencia que es autonómica en su sentido estricto pero que entendemos desde el Gobierno de España que requiere de una modificación legislativa y un compromiso
firme por ser justa, al tratarse de población vulnerable, de menores. De ahí, señorías, que comience mi intervención pidiendo altura de miras.
Les aseguro que no ha sido fácil. El real decreto ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno de España ha adoptado esta medida utilizando como fundamento básico los acuerdos aprobados en la Conferencia Sectorial de
Infancia y Adolescencia y dando potestad y capacidad decisoria a las comunidades autónomas para dar una respuesta definitiva, estructural y equilibrada a esta crisis humanitaria y a las que puedan venir.
El fenómeno migratorio, señoras y señores diputados, es intrínseco a la condición humana. Hay pueblos que han sido durante décadas pueblos inmigrantes y que luego terminan siendo pueblos de recepción, o a la inversa. En los años cuarenta y
cincuenta del siglo pasado muchos canarios, antepasados nuestros, emigraron en busca de democracia, de futuro y prosperidad a países como Venezuela y allí pudieron desarrollar sus sueños. Contribuyeron con lo mejor de sí mismos a ese país y, a su
vez, ayudaron a sus familias, que se habían quedado en el archipiélago, con transferencias -con lo que se llamaba entonces giros- de carácter económico. Hoy la situación es al revés: son muchas las personas, también de Venezuela, que vienen a
nuestro país, a España, locomotora económica europea, en busca de futuro. Y la aportación de todos esos inmigrantes, que acaban integrándose en nuestro tejido social y productivo, al sostenimiento económico de nuestro país es capital y esencial,
forman parte de nuestro impulso económico. Ocurrió lo mismo con el resto de los españoles que en esas décadas de dictadura y pobreza del siglo pasado tuvieron que buscar su futuro en países de Europa, como Bélgica o Alemania. Nosotros, los
canarios, nos subíamos a un barco y nuestros destinos eran, como digo, Venezuela, Uruguay, Cuba, Argentina. Ahora, y frente a quienes niegan que la economía española avanza y crece, somos un territorio que recibe a personas migrantes que quieren
prosperar; un país de recepción.
En los últimos tres años, entre las personas migrantes, el número de niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país se ha incrementado notablemente, un 221,4 %, porque los perfiles han ido cambiando: ahora vienen más mujeres y
menores que hace veinte o treinta años. Esta situación, señorías, exigía de una respuesta de Estado y de las formaciones políticas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? A finales del año 2023 este Congreso celebró dos debates de investidura
distintos: el primero, que fue fallido, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno; el segundo, que obtuvo la mayoría parlamentaria, con Pedro Sánchez como candidato. Es muy relevante recordar que en ambos casos los
partidos que proponían a sus candidatos, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían acordado con Coalición Canaria -y lo firmó esta formación nacionalista canaria con los dos partidos para obtener su apoyo en la investidura- el
impulso a una solución para la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Creo que es importante que leamos textualmente el contenido de esos acuerdos. En el caso del Partido Popular, el punto número 9 decía, y abro comillas:
'Respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, se considerará un asunto prioritario en el Estado para lograr con cambios legislativos que todas las comunidades autónomas se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los
menores que llegan a Canarias'. En el caso del Partido Socialista, también en el punto 9, se especifica lo siguiente: 'Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores
extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan'. Estos acuerdos fueron firmados, en el caso del Partido Popular, por Cuca Gamarra, y, en el caso del Partido Socialista, por María Jesús Montero. Es
decir, señorías, si el presidente del Gobierno hubiese sido Alberto Núñez Feijóo, hubiese tenido -se supone- que cumplir lo que firmó. Pues bien, el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y lo que ha hecho ha
sido cumplir lo que firmó, su compromiso. (Aplausos). Y esto me lleva a apelar al voto favorable del Partido Popular para la iniciativa que hoy debatimos, porque nosotros no hemos hecho otra cosa, señorías, que hacer lo que ustedes
hubiesen tenido que hacer -se entiende- de haber estado gobernando este país, porque así lo firmaron, ni más ni menos.
Para llegar hasta el día de hoy el camino no ha sido fácil; ha sido todo lo contrario, largo y tortuoso. El 30 de enero de 2024 se constituye la Comisión Interministerial de Inmigración, de la que me designa presidente el Consejo de
Ministros. Se han celebrado muchísimas sesiones en este tiempo para abordar expresamente este asunto y tomar acuerdos al respecto sobre los mecanismos legislativos. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por Sira Rego, se
ha reunido en cinco ocasiones en el año 2024. Se han producido decenas de reuniones entre Presidencia del Gobierno de Canarias y quien les habla y otros ministros y ministras, y he mantenido además incontables contactos telefónicos -permanentes,
casi diarios- con Fernando Clavijo, a quien vuelvo a saludar. En junio del año 2024 se convoca una ronda de encuentros con todos los grupos políticos en el Congreso, a la que acudo, junto con el presidente del Gobierno de Canarias, con el objeto de
registrar una proposición de ley que recogiera las aportaciones de todos los grupos y así se hizo. A pesar de todo ello, el 23 de julio del año pasado no se admite a trámite la proposición de ley registrada. Pero no cejamos, porque luego hay
reuniones en el mes de agosto, encuentros en Bruselas con el comisario de Gestión de Crisis; con Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comité de las Regiones; incluso con Ylva Yohansson, comisaria europea. Enviamos una carta a la Presidencia de la
Comisión Europea, pues así se nos requería por parte del Partido Popular, en la que solicitamos -y leo, textualmente- 'toda la ayuda que fuera precisa'. Y hubo nuevas reuniones también con el Partido Popular, que concluyeron en diciembre del año
pasado con que no iban a apoyar la modificación del artículo 35.
Por ello y de manera inmediata, el Gobierno de Canarias propuso un mecanismo extraordinario y único: distribuir cuatro mil menores de Canarias y cuatrocientos de Ceuta y trabajamos sobre ello. Pero hoy lo que proponemos es convalidar una
propuesta que creemos que es mejor, distinta, con base en lo trabajado durante este año y medio pero más completa, pues, a diferencia de la proposición de ley del año pasado, que no se admitió a trámite y que era para Ceuta, Canarias y Melilla, el
real decreto ley que hoy convalidamos se extiende a todas las comunidades y ciudades autónomas, a todas las que alcancen en algún momento una situación de contingencia migratoria; una propuesta trabajada con el compromiso de los grupos políticos
que apoyaron la admisión a trámite de la proposición de ley, más en este caso Junts per Catalunya, que se suma al acuerdo, que, como digo, culmina en un real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo.
Ha sido más de un año de trabajo, señorías. Hoy se cumplen 261 día desde que no se admitiera a trámite la proposición de ley. ¡Qué camino hubiésemos ya recorrido de haberse admitido! Y llegamos a este real decreto, que viene a esta Cámara;
que no es la proposición de ley -repito- del verano. En esta ocasión se activa un instrumento para cualquier territorio que se encuentre en contingencia migratoria. ¿Qué es eso? La contingencia migratoria, de acuerdo con este real decreto,
significa que la capacidad ordinaria de cualquier territorio para acoger a personas menores migrantes no acompañadas se multiplique por tres. Cuando eso ocurre, cuando esa cifra se alcanza, ese territorio entra en contingencia migratoria. Ese
Gobierno autonómico en cinco días lo comunica al Gobierno de España y se activa el real decreto ley. Es una medida para todas las comunidades autónomas, sin excepción, sin diferencias, sin privilegios y sin señalamiento.
¿Cómo se establece la capacidad ordinaria de un territorio? De la siguiente manera. Las comunidades y ciudades autónomas han tenido un plazo para certificar el número de menores migrantes no acompañados que atienden. Con esos certificados
y respondiendo a lo que se requiere a las comunidades autónoma obtenemos el número total de menores no acompañados inmigrantes que hay en el conjunto del país, en España. Luego se procede, teniendo en cuenta la población de nuestro país, a dividir
esa población entre el número de menores no acompañados inmigrantes y eso da un resultado. Por último, dividimos la población de esa comunidad entre ese resultado y lo que da es la capacidad ordinaria. Y la contingencia migratoria se produce
cuando esa capacidad ordinaria alcanza tres veces más de esa cantidad.
Por tanto, es un criterio objetivo. Se trata, ni más ni menos, que del número de menores inmigrantes no acompañados por población. Y quiero dejar meridianamente claro, señorías, que la capacidad ordinaria no es el número de plazas que
tiene una comunidad autónoma, sino el número de plazas que debería tener una comunidad autónoma para responder solidariamente a los territorios frontera. Así, Canarias tiene cerca de seis mil menores, y ha tenido que arbitrar mecanismos, de la
noche a la mañana, para abrir recursos porque le llegaban decenas de menores, y también con ONG que los atienden y aulas que han de tener en los centros educativos. Todo eso también se resuelve para todas las comunidades en este real decreto ley.
La realidad es que la capacidad ordinaria de Canarias, si tuviésemos en nuestro país un total de veinte mil menores no acompañados, no llegaría a mil, pero en estos momentos tiene seis mil, es decir, seis veces más. Y hemos escuchado a
representantes autonómicos decir que están desbordados con seiscientos menores, teniendo sus comunidades cinco millones de habitantes. Si con seiscientos menores está desbordada una comunidad de cinco millones de habitantes, ¿qué adjetivo,
señorías, pondrían ustedes a una comunidad como Canarias, de dos millones de habitantes, que tutela a seis mil menores? (Aplausos). ¿O qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados, con una
población de 84 000 habitantes? ¿Qué dirían?
Por eso este decreto es justo, porque se basa en la capacidad ordinaria, porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio. Las rutas cambian y con este real decreto, que es renovable, cualquier
territorio estará amparado ante una contingencia migratoria. Y quiero también recalcar que este real decreto ley establece de manera específica un fondo económico necesario para hacer frente a la contingencia y que pone en valor el esfuerzo
realizado, así como algo que también es muy importante: preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas, porque se remite a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que pude modificar los criterios para la acogida
si se decide por unanimidad, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022.
Quiero detenerme también en el concepto de esfuerzo realizado. Indudablemente, este real decreto ley parte de una realidad, que es la de los menores que han atendido las comunidades en el año anterior. Eso significa que hay comunidades
que, por población, han ello más esfuerzo en atender a esos niños y a esas niñas que otras. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números
que surgen y salen son objetivos: se divide entre la población y, por tanto, cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo, o, dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación con su
población. Precisamente, este real decreto ley pretende corregir esos desequilibrios, porque, señorías, este es un conjunto de comunidades autónomas, este es un país y entendemos que al fenómeno migratorio hay que dar una respuesta de Estado, una
respuesta de país.
Además, el real decreto ley plantea pautas temporales razonables ante la respuesta que exigen menores que en estos momentos están hacinados en distintos territorios del país. Se establece un marco temporal de doce meses para los 4400
menores -Canarias y Ceuta-, con sus derechos preservados -audiencia al menor, informe de la fiscalía-, a la vez que, en tanto en cuanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en
condiciones dignas, en un plazo de quince días, tras la afiliación y las comprobaciones pertinentes. Eso es atender el interés superior del menor, que no se atiende cuando están hacinados, sin escolarizar, sin cubrirse con todas las garantías sus
necesidades personales.
Indudablemente, todo esto se desarrollará en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que, de acuerdo con el real decreto ley, debe ser convocada, como máximo, tres meses después de la aprobación del real decreto ley
por el Consejo de Ministros, es decir, antes del 20 de junio de este año, aunque les adelanto que no se va a agotar ese plazo al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del real decreto ley. Y vuelvo a repetir que en el seno de esa
conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, se pueden modificar los criterios que se establecen en este real decreto ley.
Señorías, debemos defender el interés superior del menor, deben estar defendidos y atendidos con dignidad. Conociendo su vulnerabilidad, creemos que ningún representante público debería poner pegas a recibirlos en igualdad de condiciones de
población, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, la dispersión, la renta y los criterios de la conferencia sectorial. Por eso entendemos que este es un muy buen real decreto ley. Y, teniendo en cuenta que estamos ante una convalidación y que
estamos abiertos a que pueda mejorarse con sus aportaciones o enmiendas en el trámite parlamentario como proyecto de ley, la propuesta también es absolutamente rigurosa.
Señorías, este real decreto ley fue aprobado por el Consejo de Ministros antes -creo que esto es importante- de que el Tribunal Supremo emitiera un auto por una denuncia del Gobierno de Canarias cuando estaba bloqueada la opción de la
modificación legislativa y parecía que nunca iba a ocurrir lo de hoy, convalidarse un real decreto ley o aprobarse un proyecto de ley. En este sentido, insistimos en que el Gobierno de España respeta y asume el auto del Tribunal Supremo, que
traslada que los menores no acompañados solicitantes de asilo que estén en situación de hacinamiento en Canarias, y lo están, sean incluidos en el sistema nacional de acogida como medida cautelar. De hecho, hemos aprobado, a través de una
resolución administrativa, en el seno de la Comisión Interministerial de
Inmigración, que este auto debe cumplirse, además, en colaboración con el Gobierno de Canarias, con cuya presidencia hemos mantenido reuniones tras el auto, y también ha habido otras de carácter técnico, y caminaremos para coordinar, en
sintonía, la fórmula de cooperación -protocolo, convenio, acuerdo, lo que proceda- entre las dos administraciones que mejor responda a la situación de los menores, porque ambos Gobiernos están de acuerdo en que esta medida ha de llevarse a cabo
teniendo en cuenta la situación personal de cada uno de los menores que sean solicitantes del derecho de asilo internacional, caso a caso.
Muchos de esos niños y esas niñas están -o todos debieran estar- escolarizados. Tienen actividades extracolares. Incluso están federados en distintos deportes. Les voy a dar un dato que igual les llama la atención. En Canarias, y solo
hablando del llamado deporte rey, el fútbol, hay cerca de quinientos menores inmigrantes no acompañados, niños y niñas, que están federados -insisto, cerca de quinientos-, que entrenan con sus amigos, con sus compañeros y compañeras de equipo y que
cada fin de semana compiten deportivamente. Y también los hay en otros deportes, chicos y chicas, como en baloncesto o, incluso, en lucha canaria. Se integran, participan de las costumbres del lugar donde viven, como digo, con deportes vernáculos,
como la lucha canaria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando regresan a los centros están hacinados. Por ello, hay que proporcionarles mejores condiciones en el conjunto del territorio. Tenemos que ir, sí, caso a caso. Estamos
hablando de una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria, pero también -esto lo tenía escrito desde el lunes- es una oportunidad. Esta mañana he leído en la portada de un medio de comunicación escrito que el cardenal arzobispo de Madrid,
José Cobo, dice lo siguiente: 'Los migrantes no son un problema, son una oportunidad'. No lo dice solo el Gobierno, señorías. Son una oportunidad porque estos pequeños el día de mañana formarán parte de nuestra estructura económica, de nuestro
potencial laboral, social y cultural. Invirtamos en su futuro, porque su futuro será el de todos, señorías.
El Gobierno de España lo tiene claro: seguiremos trabajando sin descanso. Esta misma semana, en la comisión interministerial hemos aprobado el grupo de trabajo que coordinará el contenido del real decreto que desarrolla este real decreto
ley, y, al mismo tiempo, solicitaremos a las comunidades autónomas que completen, trasladen o aclaren algunos datos que nos han trasladado al respecto. Y seguiremos la hoja de ruta tras la convalidación del real decreto ley que esperemos que se
produzca hoy para dar una respuesta humanitaria, histórica, reivindicada, justa y solidaria a los menores no acompañados. Señorías, no hay más que mirar a esos niños y a esas niñas a los ojos. Son negros, canelos, azules o verdes, pero son los
mismos ojos de los niños y las niñas que vienen de otros conflictos que a priori nos parecen más cercanos. La diferencia, sí, el color de la piel, pero esos niños lo que quieren es aprender, jugar, crecer seguros; en definitiva, esos niños lo que
quieren es vivir en paz.
Agradezco profundamente en nombre del Gobierno a todos los grupos de la Cámara que el pasado 23 de julio votaron a favor de que estos menores tuviesen una oportunidad a través de aquella proposición de ley: al Grupo Socialista, SUMAR,
Coalición Canaria, Grupo Vasco, Bildu, Esquerra, Podemos, BNG, incluso a los que se abstuvieron, como UPN, y agradezco su apoyo a Junts per Catalunya, que hoy se suma. Y quiero pedir a quienes se quedaron fuera aquel día que no lo hagan hoy. Se lo
pido a ustedes, señorías de VOX, y puedo parecer un iluso por esta petición. A un compañero suyo le dije, a una pregunta en este Congreso, que debían ir a los centros de Canarias, mirar a la cara a estos niños y decirles que no tienen derecho a ser
tratados con dignidad. Y se lo pido también a ustedes, al Partido Popular, cuyos presidentes en distintas comunidades autónomas anuncian la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional -no sé si eso también lo comparte la dirección del
Partido Popular-, porque, si la solución es parar este real decreto ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios frontera? ¿Que esos niños se queden en Ceuta o Melilla? ¿Que se queden en Canarias? Se los pido al Partido Popular, que conoce
la realidad de ese fenómeno, porque ustedes gobiernan o cogobiernan precisamente en Ceuta, Melilla y Canarias y tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa ante esta crisis humanitaria, que es histórica,
porque son de allí, viven allí y les votaron allí, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. A ellos me dirijo, a ustedes, para que voten hoy a favor, que actúen con responsabilidad, para que demuestren que ustedes son un partido de Estado. Me dirijo al
Partido Popular: creo que merece la pena.
Y, para terminar, quiero dar las gracias a todos los ministerios que han hecho posible que hayamos llegado hasta este día: a Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, que me ha acompañado en múltiples y complicadas reuniones para llegar
al día de hoy (aplausos); a María Jesús Montero, que también ha estado en esa coordinación como vicepresidenta y ministra de Hacienda; a Elma Saiz, ministra de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior y Asuntos Exteriores; en definitiva, a todos los ministros y ministras por sus aportaciones; al presidente del
Gobierno Pedro Sánchez, por su valentía y determinación. Este es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa una solución legislativa a los menores no acompañados, aun siendo competencia autonómica, porque esto supone una respuesta
sobre derechos humanos. Y también quiero dar las gracias a las presidencias de Canarias y Ceuta por el aliento, el esfuerzo y el compromiso mostrado durante todo este tiempo; a los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno de España y del
Gobierno de Canarias, que han dado luz en momentos de oscuridad y zozobra para lograr llegar a este día, y a todos los que han empujado -ONG, colectivos, individualidades- para acabar esta travesía, llegando al metafórico puerto de la verdadera
solidaridad.
Y culmino mi intervención. Hoy es un día importante, y no lo es para los territorios frontera per se, lo es para esos niños, niñas y adolescentes que nos están interpelando con su mirada. Es su derecho, se lo debemos y debemos estar a la
altura, señorías.
Antes de acabar y ya fuera este asunto, quiero decirles que esta es mi última intervención en sesión plenaria antes de someterme a una operación quirúrgica y quiero dar las gracias a los diputados de todas las fuerzas políticas, sin
excepción, por los mensajes de ánimo que me han trasladado en estos días. Muchísimas gracias, de verdad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y SUMAR y de los miembros del Gobierno, puestos en
pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Por ello, en su representación, tiene la palabra la señora Rodríguez de Millán. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias, presidente.
Buenos días.
España lleva demasiados años sufriendo una inmigración ilegal masiva sin precedentes por culpa de una izquierda que en España y en Bruselas se ha afanado en abrir las puertas de las naciones a la ilegalidad y a sus consecuencias nefastas no
por solidaridad, sino por interés. A mí me daría vergüenza repetir tantas veces la palabra solidaridad teniendo en cuenta por lo que están pasando los españoles hoy en España y siendo usted ministro de este Gobierno. (Aplausos). Una culpa
compartida con el Partido Popular, unos porque creen que ser solidario es hacer pagar a los españoles la manutención de miles de personas que vienen irregularmente y los otros por miedo a que negando lo primero se les acuse de racistas. En el año
2024 llegaron casi 64 000 inmigrantes ilegales, casi 47 000 de ellos solamente en Canarias, es decir, cinco veces la población de El Hierro llegó exclusivamente a Canarias. Esto es precisamente lo que, entre otras cosas, ustedes denuncian en las
primeras líneas de la exposición de motivos. Ya lo advertimos nosotros -y yo personalmente se lo advertí a usted, señor ministro, y al presidente de Canarias- que no iban a ser 300, que serían cada vez más y que, probablemente, dentro de unos meses
nos tendríamos que volver a reunir para hablar de lo mismo. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y no hay más culpables que ustedes. (Aplausos).
Señor ministro, usted mismo ha reconocido esta mañana en una entrevista que no tienen los datos oficiales del número de menores que hay en España. O sea, usted es ministro de Política Territorial y viene a presentar un decreto para el
reparto de menas por España ¿y no conoce el número oficial de menas que hay en España? Entonces, ¿usted para qué está? ¿Y la ministra de Infancia para qué está? Es decir, que la solución al colapso es repartirlos por toda España con medidas que
suponen un efecto llamada para que sigan llegando de la mano de las mafias y sigan saturando las islas del país, que son la puerta de entrada a Europa por el sur. ¿Cuándo piensan ustedes que va a terminar esto?
Usted ha hecho aquí unas burdas comparaciones. Ha dicho que los españoles en algún momento de la historia también emigramos a otros países. Claro que sí, pero lo que no hicimos fue violentar las leyes ni las fronteras. (Aplausos). Los
españoles que se fueron a otros países lo hicieron respetando un orden y unas condiciones jurídicas impuestas por el país en su legítimo ejercicio de su soberanía. No es comparable. Usted lo que ha hecho ha sido insultar a nuestros abuelos. Y
otra comparación burda que ha hecho ha sido compararlos con los que vienen huyendo de una guerra que sí existe, como en Ucrania, y que ustedes financian con la importación de gas ruso para blanquear la inmigración ilegal y las mafias que trafican
con personas. Una burda comparación donde insulta a los que huyen de una guerra de verdad y a los abuelos de los españoles que tuvieron que emigrar a otros países. (Aplausos).
La inmigración ilegal no es solamente un desafío humanitario, es una cuestión de orden, de capacidad de absorción, de respeto a nuestras leyes y fronteras. Al permitir la distribución de miles de inmigrantes españoles por toda la geografía
española -bueno, por toda la geografía no, ahora iremos con eso-, ustedes están lanzando un mensaje equivocado: que las leyes no tienen valor, que aquellos que vulneran nuestra soberanía son bienvenidos sin más, perjudicando a aquellos que sí
vienen cumpliendo los trámites y con voluntad de integración y de contribución y que una vez más los españoles somos los últimos en el escalafón de prioridades del Gobierno. No hay nada que perjudique más a la inmigración legal que la inmigración
ilegal, ni nada más destructivo para la integración que las regularizaciones masivas exprés. (Aplausos). Y es una irresponsabilidad el mensaje que ustedes lanzan al mundo. Primero prometiendo un futuro esperanzador a esas personas que llegan
ilegalmente cuando ni siquiera son capaces de garantizárselo a los españoles, y, segundo, a los españoles diciéndoles que esas personas vienen a arreglar la economía y a contribuir a las pensiones, cuando, además de no ser verdad, constituye la
principal coartada de las élites para nutrirse despiadadamente de mano de obra esclava. (Aplausos). Así que, frente al discurso moralista del mundo sin fronteras de la izquierda, el sentido común: los menores tienen que estar con sus padres y
cualquier persona que pretenda entrar ilegalmente en España debe ser repatriada de inmediato.
Nosotros rechazamos total y absolutamente esta medida, que es otro paso más en ese efecto llamada de la mano de las mafias que trafican con ellos y con las que colaboran de una forma u otra todos los que van a aplaudir esta medida. Así que,
contener la inmigración y trabajar para que estas personas puedan desarrollarse y vivir dignamente en sus países es infinitamente más humanitario que llamarles a que se jueguen la vida pagando mafias, traerles aquí prometiéndoles un futuro que no es
cierto y condenándoles a la marginalidad y a la delincuencia. (Aplausos). En lugar de frenar eso, lo incentivan en nombre de una solidaridad que es mentira. Su solidaridad se evapora en cuanto sus socios separatistas les dicen que a Cataluña ni
un inmigrante ilegal. Y ustedes acceden. Y como en Madrid o en Andalucía no hay ningún partido liderado por un prófugo de la justicia que sostenga al Gobierno, pues que se aguanten los madrileños y los andaluces, que van a tener a ochocientos
menas más en sus calles. (Aplausos). Y usted tiene el cuajo de decir que no se perjudica ni se beneficia a ninguna comunidad autónoma. Aquí el único criterio que ha regido para el reparto de menas ha sido el de Puigdemont y el interés de Sánchez
por mantenerse en el poder. Es que es muy fácil ser solidario desde un despacho asegurado y con el dinero de los demás. Así todos somos solidarios. (Aplausos). ¿Y quién es solidario con los españoles, que padecen las consecuencias? Ustedes no
van a sufrir las consecuencias de la inmigración ilegal porque viven en sus casas aseguradas y vienen escoltados a trabajar. Pero lo que no se puede hacer es imponer estas políticas irresponsables y que las consecuencias las padezcan otros,
mientras se está todo el día con el pueblo y la justicia social en la boca, porque eso es una hipocresía. Porque, claro, para ser progre uno no necesita pagar las consecuencias de sus consignas. Ustedes defienden la okupación, pero que no me
okupen mi casa; ustedes defienden que el relato de una víctima prevalezca sobre la presunción de inocencia, menos cuando les denuncian a ustedes, y ustedes defienden la inmigración ilegal, pero en mi barrio no. Son ustedes unos hipócritas.
(Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La explicación de que ustedes insistan en aprobar este decreto radica en la necesidad que tienen de crear una masa dependiente, configurando el mercado electoral y condenándoles a vivir en el asistencialismo a base de expoliar a las clases
medias, que son los que pagan su hipocresía en forma de facturas y de inseguridad en sus calles. Todos los países del mundo tienen una política migratoria. Lo que es escandaloso es que España sea el único que se dedica a blanquear la inmigración
ilegal.
Otra falsa premisa es que son menores. Según la Memoria de la Fiscalía de los años 2018 y 2022, de las más de 36 000 pruebas que se realizaron se concluyó que más de la mitad eran mayores de edad, en otros no se pudo concluir y a otros
sencillamente no se les pudo realizar la prueba porque huyeron de los centros, porque utilizan estos lugares como lugares de paso, valga la redundancia, para continuar con sus rutas por Europa. Es decir, que ustedes están abriendo consciente y
deliberadamente las puertas a varones, en edad militar en su mayoría, que no huyen de ninguna guerra, más bien todo lo contrario, porque no se corresponden con el perfil de refugiados, que son mujeres mayores y menores, y que, además, proceden de
culturas antagónicas. Porque del mismo modo que no se puede negar el drama humanitario que supone la inmigración ilegal, no se puede negar que existen culturas absolutamente incompatibles. Y como consecuencia de su política, en España y en
Occidente está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos (aplausos), que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y, en absoluto, la integración, sino la imposición en muchos
casos por medio de la violencia. Y estamos viendo delitos desconocidos hasta ahora en España, como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina. Y no he escuchado a ninguna de las feministas de boquilla que se sientan en el
Consejo de Ministros denunciar esto. (Aplausos). En el año 2024 hubo 81 detenidos por terrorismo de motivación yihadista. En menos de un mes se han desarticulado una célula de Hizbulá en pleno corazón de Barcelona y otra en Salamanca y se ha
detenido a otras diez personas el pasado 7 de marzo por actos terroristas.
En cuanto a la situación penitenciaria, únicamente el 13 % de la población asume el 31,2 % de las plazas en prisión. No hay que ser un erudito para concluir entonces que la tasa de delitos cometidos por extranjeros triplica la de los
nacionales. Pero para este Gobierno la estadística vulnera los derechos humanos y es de extrema derecha. Y la realidad en los centros de menores es la que es. El pasado 18 de septiembre un grupo de menores atacó con armas blancas a los
trabajadores de un centro a los que reclamaban dinero por el fin del Ramadán. La semana pasada hubo doce menas detenidos y siete trabajadores heridos en una pelea multitudinaria en un centro de menas de Fuenlabrada, un centro, por cierto, abierto
por el Partido Popular. Y esto es lo que explica que ninguno de los que dictan estas políticas quiera tener un centro de menas debajo de su casa, empezando por el alcalde socialista de este municipio. Porque son unos hipócritas. (Aplausos). Lo
que no se explica es que el Gobierno de España no se plante frente a Marruecos para exigir el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el fin del chantaje de lanzar a sus ciudadanos contra la valla. Hace unos días tuvo lugar en Marruecos el
indulto masivo de 1500 presos, y ya van 12 000 en poco más de un año, y con este Gobierno no tenemos ninguna garantía de que no acaben en nuestras calles.
Otro de los mantras que utiliza la izquierda para justificar la inmigración ilegal es que en ella se encuentra la solución al problema de las pensiones y la economía. Si esto fuese así, Francia sería una de las principales potencias del
mundo. Pero la realidad es otra. Incluso, aquí, ayer, un diputado del Partido Socialista en la comparecencia del ministro de Economía dijo que hemos ayudado a los canarios contra la inmigración, que les hemos protegido contra la inmigración masiva
en Canarias. Si tan buena es la inmigración ilegal, ¿de qué hay que protegerlos exactamente? (Aplausos).
¿Ustedes han visto alguna patronal oponerse a la inmigración ilegal? Cuando Merkel abrió las puertas de Alemania a un millón de sirios con el 'Refugees welcome', la reacción de la patronal alemana fue proponer la eliminación del salario
mínimo. ¿Qué creen que van a pensar los trabajadores que deban pagar esto con sus impuestos o reduciendo el acceso a los servicios públicos? La inmigración ilegal trae consigo competencia desleal porque aceptan salarios más bajos y condiciones más
precarias; fomento de la economía sumergida, perjudicando a todos los españoles que contribuyen a sus asfixiantes obligaciones fiscales, y desajustes en la protección social de los españoles porque estamos hablando de personas que son beneficiarios
netos de un sistema al que no contribuyen en la misma medida. (Aplausos).
Nosotros rechazamos esta medida, porque la inmigración ilegal no trae consigo riqueza. A lo mejor, le viene bien a alguna que otra patronal, pero no va a solucionar el problema de las pensiones. Y rechazamos esta medida, el reparto de la
inmigración, no porque invada competencias de las regiones, no porque haya recursos insuficientes, que es el raquítico caballo de batalla del Partido Popular contra la política migratoria del Gobierno. Porque no se trata del cómo, se trata del qué.
Y, si lo critican, señorías del Grupo Popular, esperamos que en las comunidades autónomas donde ustedes tengan competencias no den pábulo ni desarrollen de ningún modo la política migratoria del Partido Socialista. (Aplausos).
No se puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud que es la inmigración ilegal ni mucho menos con discursos hipócritas y lacrimógenos, como el que usted ha pronunciado aquí. Se trata de defender nuestras fronteras, nuestras leyes,
nuestra seguridad. Se trata de defender un modelo de sociedad que queremos que siga perteneciendo al mundo libre, que queremos que siga siendo próspero. Y, desde luego, esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece
sufrir ningún español.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán.
Ha solicitado la utilización del turno a favor el Grupo Parlamentario SUMAR.
Tiene la palabra, en representación de este grupo, el señor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.
Doce minutos de barbaridades, falsedades, demagogia. (Aplausos). Y lo ha dejado claro. Doce minutos de racismo. Y nos quedaremos con una frase que lo explica todo. El tema es el qué, el qué. Dígalo: el qué son niños. Repita conmigo:
niños. (Aplausos.-El señor Robles López: ¡No!).
Els nins i les nines, són nins i les nines. Si estan en situació de desemparament, estan en situació de desemparament. Si desgraciadament estan sols, estan sols. Siguin o no siguin immigrants, tenen el mateix dret, tenen els mateixos
drets. I avui debatem de drets. I això no és un eslògan de la gent d'esquerres, no, no és un eslògan, és el nostre marc jurídic. Perquè vostès, senyors de VOX i senyors del Partit Popular, tenen la Constitució com a sagrada a temps parcial. Ara
sagrada, ara no l'aplicam. En el cas dels menors dels nins, no l'aplicam la Constitució o no aplicam els nostres compromisos internacionals. Si és per comprar armes els hem d'aplicar. Si és per defensar els nins i les nines no els han d'aplicar.
O no han d'aplicar les lleis que aquí hem aprovat i les lleis que aquí s'han aprovat. Diuen que els menors que els nins i nines, siguin migrants o no siguin immigrants, són iguals a l'Estat espanyol. Tots tenim responsabilitat. Totes les
administracions han de participar de cuidar els nins i les nines i per això calen acords de col·laboració. Cal solidaritat, un principi que vostès pareix que no en tenen. Però hi ha un fet que és clau i per això és més necessari que mai aquest
principis perquè hi ha competències confluents. L'Estat és competent en migració de forma exclusiva i les comunitats autònomes en l'atenció als menors, i per això és clau que cooperem, que marquem acords, que agafem feina plegats per una cosa tan
bàsica que es diu l'interès superior dels menors. Això és el que ha de guiar l'acció política d'aquest estat.
Els nins i les nines sols, no acompanyats tenen drets, drets a l'educació, a la sanitat, a tenir un projecte de vida, a tenir i a ser inclosos en la nostra societat, pesi a qui pesi. Senyories de VOX tenen drets els nins, pesi a qui pesi.
Avui feim una passa endavant. Feim una passa endavant amb un sistema per fer front a un problema: que els sistemes d'acollida de menors alguns s'han vist sobrepassats i, per tant, cal actuar. Ara aquesta situació ha tornat a Ceuta, a
Melilla, a Canàries, però cal posar-hi solució. I volem una solució estructural. No volem una solució que cada vegada es tengui que parlar o acordar. Solucions estructurals a problemes que han vingut per quedar-se i, per tant, aquest és el repte
que afronta aquest decret: una solució estructural. Una solució estructural que estableixi, com es demana que tenim una situació de col·lapse dels sistemes d'acollida. Com tenim aquesta contingència migratòria de menors no acompanyats. Com es
demana? Com es declara? Com es respon? Quins són els criteris? I a més a més, ho fa des del respecte a les competències. Si es pot fer per acord, es faci amb acord. I si no, han de tenir un mecanisme de desbloqueig perquè els nins no
desapareixen. Els nins hi són i tenen drets.
Evidentment, els criteris poden ser discutits, però aquí hi ha criteris econòmics, de renda, d'atur, de població, criteris de territoris fronterers, criteris de comunitats que han fet més esforços que altres perquè territoris han estat més
solidaris que altres. I això s'ha de dir i s'ha d'acceptar. I a mi, especialment, em fa il·lusió un criteri. El criteri de la insularitat que s'ha tingut en compte en aquest decret, reconeixent la realitat de les Illes Balears i de les Illes
Canàries. És important que les normes reflecteixin la diversitat de la situació dels diferents territoris. Per això estan contents perquè els criteris reflexen la realitat d'aquest estat.
És lamentable que l'única excusa que ha posat el Partit Popular durant aquest temps és que no hi havia recursos. Que el problema són els diners. No, el problema són les seves actituds racistes, perquè doblers n'hi ha. Aquest decret posa
un fons extraordinari de 100 milions d'euros. Crea un fons de l'Estat per ajudar, per fer i complir les seves competències. Però, clar, i vostès? Poden baixar els milionaris l'impost de societats? Poden baixar els grans rics l'impost als
patrimonis? I després no hi ha doblers pel sistema d'acollida de menors? Podem baixar impostos a les elits i no podem acollir a menors? Això és una falsedat que ja està bé i que han d'abandonar perquè recursos n'hi ha. I expliquin, la senyora
Prohens haurà d'explicar a Formentera perquè no els ajuda monetàriament el Consell Insular i a la mateixa vegada està baixant els impostos als més rics, als que més tenen. Això es diu ser miserables.
I aquí en tenim molts que duen una polsera. Als pasillos, són bons didentificar la polsereta de la gran bandera i que això tot ho solventa. Aquests de la gran bandera sempre ens han dit a nosaltres que érem insolidaris. Doncs mirin:
avui els que tenim una visió plurinacional, els rojos, els comunistes, els verds, els separatistes, els nacionalistes, avui resolem. Avui resolem amb aquest decret un gran problema de la nostra societat. I resolem per l'interès superior dels
menors, per l'interès dels menors, els menors davant de tot.
Als senyors del Partit Popular: vostès van de ser un partit d'estat, un partit que governa i un partit que pot aspirar a governar l'Estat espanyol. Jo els he de dir que ara mateix vostès són un partit racista i ho són
objectivament. És un adjectiu. I ho són perquè han firmat el pacte de la vergonya amb la gran tríada Prohens, Azcón i Mazón. Vostès han venut els seus principis a aquesta gent de VOX. L'ultradreta mana en els territoris on vostès se
suposa que governen. Perquè, clar, Mazón, Azcón i Prohens han dit que volen acollir. 0 nins. Cap. Abandonen a Ceuta i a Canàries a la seva sort. Abandonen Ceuta i Canàries. Sort que vostès governen amb ells en aquells territoris. Imaginin si
són vostès mala gent. Ho hem de dir així perquè odien a la infància els racistes, perquè quan venien d'Ucraïna no hi havia cap problema. Però quan venen del sud, quan venen en patera, quan són negres, és quan vostès tenen problemes.
I, clar, jo venc d'un territori insular on té la via argelina que s'està activant i que desgraciadament s'activarà més en el temps. I la presidenta Prohens es troba amb una tessitura surrealista, bloquejant aquest mecanisme que avui volem
aprovar dient que ho dirà el Constitucional. I clar, jo em faig una pregunta quan les Illes Balears el sistema d'acollida col·lapsi, a qui demanarà ajuda? Clar, el seu portaveu, el senyor Sagreras, ha dit que les Illes Balears, el sistema
d'acollida de menors, ha col·lapsat i que se n'han d'anar d'Espanya. I, dò per què avui voten en contra? Avui s'aprova un mecanisme de solidaritat que és útil per Ceuta, per Canàries, però també pot ser per altres territoris en un futur com Múrcia
o les Illes Balears, que a lo millor haurem d'emplear-lo, per què voten en contra? Que ho expliquin. Perquè diuen que no, perquè diuen que no a solucions que poden ser útils. I clar, aquí demanaran ajuda. Ja me veig la telefonada: la senyora
Prohens 'Hola, Mazón. ¿Te puedo mandar tres ninos?' O, 'Hola, Azcón. Te mando unos cuantos'. O, 'Hola, Ayuso, ¿cómo estás amiga? Trapicheamos un poco los números, hacemos de trileras y te mando unos cuantos más'. En serio? S'oposen vostès a
una solució estructural, a un problema estructural que anirà a més en el temps? Clar, ens diuen que el sistema públic, que els serveis públics de les Illes Balears o d'altres comunitats, entraran en col·lapse si són solidaris i reben els menors que
actualment estan a Ceuta i a Canàries, que els nostres serveis públics no poden assumir-ho. Reflexió: no podem assumir a les Illes Balears, 50 nins i nines perquè col·lapsaran els nostres serveis públics. Enguany arribaran 20 milions de turistes;
aquests no ens col·lapsaran els serveis públics.
Miri, senyoria de VOX, els nins i les nines que estan sols no desapareixeran per art de màgia. Per tant, nosaltres, a diferència de vostès, feim una passa endavant. Una passa endavant i que es diu 'Solidaritat'. Ja sé que és un concepte
que vostès no entenen ni entendran mai.
I ara si em permeten. Com que avui tinc més temps de l'habitual, faré dues reflexions per acabar. La primera senyora de VOX: avui li hem comptat les vegades que ha dit 'mena'. Ens hem cansat de comptar. I li he dit que 'mena' és una
merda de paraula. Sí, he dit 'mena' és una merda de paraula. Perquè darrere la utilització d'aquesta merda de paraula, vostès lo que fan és deshumanitzar. Darrere d'aquesta merda de paraula lo que vostès fan és ser racistes, diguin i repetesquin
amb mi: són nins i nines que estan sols. Són nins i nines que estan sols. Que estan entre nosaltres i el que volen és jugar. El que volen és viure, treballar, estudiar. El que volen i es mereixen és un projecte de vida digna i entre tots ho
farem possible, pesi a qui pesi. I una segona reflexió per acabar: a l'ultradreta, senyors socialistes i de tot el bloc que avui aprovarem aquest decret, se'l guanya donant drets i fa més d'un any que vàrem admetre a tràmit l'ILP de
regularització. Posem-nos les piles. Donem drets perquè a aquesta gent se la combat donant drets als qui no en tenen. Lluitem-ho.
Moltes gràcies.
Los niños y las niñas son eso, niños y niñas. Si están en situación de desamparo, pues lo están. Si, por desgracia, están solos, pues están solos, sean o no sean inmigrantes. Tienen el mismo derecho, tienen los mismos derechos. Y hoy,
aquí, estamos hablando de derechos. (Aplausos). Y esto no es un eslogan de izquierdas, es nuestro marco jurídico. Porque ustedes, señores de VOX y del Partido Popular, tienen a la Constitución como algo sagrado a tiempo parcial: ahora la
aplicamos, ahora no. Cuando se trata de niños, menores, pues no la aplicamos, o no aplicamos nuestros compromisos internacionales. Ahora, para comprar armas, sí. Para defender a los niños y a las niñas, no.
Se trata de aplicar leyes que se han aprobado aquí y esas dicen que los menores, niños y niñas, sean o no sean migrantes, son iguales ante la ley en el Estado español. Todos tenemos responsabilidad. Todas las Administraciones deben
participar a la hora de cuidar a niños y niñas y, para ello, hacen falta acuerdos, colaboración, hace falta solidaridad, un principio que parece que ustedes no entienden. Pero hay un hecho clave, para ello es más necesario que haya principios. Hay
competencias confluyentes. El Estado es competente en materia de inmigración y las comunidades autónomas son competentes en cuanto a la atención a los menores. Y para eso tenemos que cooperar, trabajar juntos, en una cosa básica, que es el
interior superior de los menores. Esto es lo que debe guiar la acción política de este Estado.
Los niños y las niñas solos, no acompañados, tienen derecho a la educación, a la sanidad, a tener un proyecto de vida, a formar parte de nuestra sociedad y a estar incluidos, pese a quien pese. Los niños, señores de VOX, tienen derechos, le
pese a quien le pese. (Aplausos).
Hoy, damos un paso adelante, con un sistema que enfrenta un problema: los sistemas de acogida de menores en algunos lugares se han visto sobrepasados. Y ahora se ha hablado de Ceuta, de Melilla, de Canarias, que son los peores. Pero hay
que poner soluciones estructurales, no soluciones ad hoc, soluciones estructurales a problemas que han llegado y están aquí para quedarse y esto es lo que enfrenta este decreto, una solución estructural que establezca -es necesario, tenemos una
situación de colapso en los centros de acogida ante esta situación migratoria- cómo se solicita, cómo se responde, cuáles son los criterios. Y todo esto desde el respeto a las competencias. Si se puede, pues mediante acuerdo. Y, si no, tiene que
haber un mecanismo de desbloqueo, porque los niños están aquí, no van a desaparecer y tienen derechos.
Evidentemente, los criterios pueden distribuirse, pero aquí hay criterios económicos, de renta, comunidades que han hecho más esfuerzos que otras, porque algunas comunidades han sido más solidarias que otras, esto hay que decirlo. He visto
que el criterio de solidaridad se ha tenido en cuenta en este decreto, en la realidad de las Islas Baleares y las islas Canarias. El decreto tiene que reflejar la situación en los diferentes territorios, la realidad de este Estado.
Es lamentable que la única excusa del Partido Popular en este tiempo es que no había recursos, que el problema es el dinero. No, el problema son sus actitudes racistas, porque dinero hay. Este decreto habla de un fondo extraordinario de
100 millones de euros para que el Estado pueda cumplir con sus competencias. Pero ustedes pueden bajar a los millonarios el impuesto de sociedades, a los más ricos el impuesto de patrimonio y, luego, ¿no podemos acoger a los menores? Ya está bien,
porque recursos, repito, hay. Explíqueme, señora Prohens, ¿en Formentera, por qué no nos ayuda monetariamente el Consejo Insular? Y, a la vez, está bajando los impuestos a los que más tienen, a los más ricos. Esto es ser miserable.
Y aquí hay muchos que llevan una pulsera. Así, sirve para identificarles, la pulserita con la bandera, y creen que con esto lo arreglan todo. Ellos, los de la bandera, siempre nos han dicho que somos insolidarios. Pues, miren, hoy, los
que tenemos una visión plurinacional, los rojos, los comunistas, los verdes, los separatistas y los nacionalistas, resolvemos con este decreto un gran problema de nuestra sociedad y lo resolvemos por el interés superior de los menores; los menores,
ante todo. (Aplausos).
Señores del Partido Popular, ustedes van de ser un partido de Estado, un partido que gobierna, un partido que puede aspirar a gobernar el Estado español. Pues les he de decir que en este momento ustedes son un partido racista, y lo son
objetivamente, porque han firmado el pacto de la vergüenza en la gran tríada Prohens, Azcón y Mazón. Ustedes han vendido sus principios a estas personas de VOX, la ultraderecha manda en los territorios donde se supone que gobiernan ustedes
(aplausos), porque Mazón, Azcón y Prohens han dicho que quieren cero niños, ni un solo niño. Abandonan a Ceuta y a Canarias a su suerte. Menos mal que ustedes gobiernan con ellos en esos territorios, imagínense. Son malas personas, hay que
decirlo así, porque condenan a estos niños. Cuando vienen de Ucrania no pasa nada, pero cuando llegan aquí en patera, vienen del sur y son negros, es cuando ustedes tienen problemas. (Aplausos).
Yo vengo de un territorio insular donde cada vez este problema se va a dar más. La presidenta Prohens está en una tesitura surrealista, porque rechaza este mecanismo que hoy queremos aprobar, y yo me planteo una pregunta: cuando colapse el
sistema de acogida en las Islas Baleares, ¿a quién va a pedir ayuda? Porque su portavoz, señor Sagreras, ha dicho que el sistema de acogida de menores en las Islas Baleares está colapsado y tienen que irse a España estos niños. ¿Entonces por qué
votan en contra? Hoy se aprueba un mecanismo de solidaridad que es útil para Ceuta y para Canarias, pero también puede serlo para otros territorios, como Murcia o las Islas Baleares. ¿Por qué votan en contra? Explíquenlo. ¿Por qué dicen que no a
soluciones que pueden ser útiles? ¿Y a quién van a pedir ayuda entonces? Ya veo la llamada telefónica: Querido Mazón, ¿te puedo mandar diez niños? Hola, Azcón, te mando unos cuantos niños. Hola, Ayuso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Trapicheamos un
poco los niños y te mando cuatro niños más? ¿De verdad se oponen ustedes a una solución estructural ante un problema estructural que va a crecer con el tiempo? Nos dicen que los servicios públicos en las Islas Baleares van a entrar en colapso si
son solidarios y les llegan menores que ahora están en Ceuta o en Canarias, que los servicios públicos no lo pueden asumir. ¿No podemos asumir a cincuenta niños en las Islas Baleares
porque van a colapsar los servicios públicos? Hoy llegarán veinte millones de turistas. Estos no nos van a colapsar, ¿verdad? (Aplausos).
Señores de VOX, los niños y las niñas que están solos no van a desaparecer por arte de birlibirloque. Nosotros, a diferencia de ustedes, damos un paso adelante que se llama solidaridad. Ya sé que es un concepto que ustedes no comprenden ni
van a entender nunca.
Ahora, si me lo permiten -hoy tengo más tiempo de lo habitual-, dos reflexiones para terminar. La primera, señora de VOX, hoy han contado los casos de menas. Esta palabra, mena, es un desastre, es algo impresentable, porque con la
utilización de este tipo de términos lo que ustedes hacen es deshumanizar, lo que ustedes hacen es ser racistas. Digan y repitan conmigo: son niños y niñas que están solos (aplausos), que están entre nosotros y que lo que desean es poder jugar,
vivir, trabajar, estudiar; lo que quieren -y lo que merecen- es un proyecto de vida digno. Y entre todos haremos posible que eso se haga pese a quien pese. Segunda reflexión para terminar. A la ultraderecha, señores socialistas y todos los que
hoy aprobaremos este decreto, se la gana creando derechos, y hace poco que actuamos en el frente del IRPF. Démosles derechos, pongámonos las pilas. A esta gente se la combate dando derechos a estas personas, a los que no los tienen.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Vidal.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Catalán Higueras, por un tiempo de tres minutos.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.
Señor ministro, en lo personal mucho ánimo y muchísima fuerza. Por otro lado, solidaridad con Canarias, toda, evidentemente, que no les quepa ninguna duda; confianza en este Gobierno, ninguna. Señor ministro, ustedes han gobernado
Canarias y el Gobierno de España en la legislatura pasada. ¿Qué hicieron para solventar esta cuestión? Por otro lado, es evidente que solidaridad con los menores, también. Son seres humanos, no son ganado en ningún caso. Muchos de ellos huyen de
su país, del hambre, de la miseria, de la persecución, otros con la indiferencia y a veces con el beneplácito de sus propios países, como es el caso de Marruecos, país con el que, por cierto, este Gobierno tiene demasiada condescendencia. Pero es
evidente, señorías, que el único responsable de la política migratoria y de extranjería en nuestro país es el Gobierno central, y es el que lo tendría que hacer, pero no gestiona con realidad y con eficacia esta política y esta competencia. La
inutilidad del Ministerio de Infancia y Juventud es patética, como lamentable es también la falta de acción por parte de la Unión Europea, que ni está ni se la espera, y lo que es peor, ni el Gobierno reclama su ayuda. Un Gobierno que es incapaz de
llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y recurre en este caso concreto a la imposición -señor ministro, recurrir a la imposición a las comunidades autónomas-; un Gobierno que tampoco financia, por mucho que se diga, adecuadamente a las
comunidades autónomas para hacer frente a esta crisis migratoria de presente, pero -no tenga ninguna duda- también de futuro, que han generado el propio ministerio y el propio Gobierno de España, porque no aplican ni llevan a cabo una correcta
política de inmigración.
Y nosotros decimos: basta ya. Señor ministro, basta ya. Es evidente que ustedes están diciendo que la asignación de los menores va a ser por unos criterios objetivos. ¿Por qué estos criterios y no otros? ¿Por qué estas ponderaciones y
no otras? No conocemos todavía los datos, las cifras. Ustedes están diciendo que se ha acordado con un partido que está pidiendo, exigiendo una política migratoria exclusiva para ellos, al margen de los demás. ¿Le parece esto justo? ¿Le parece
justo pactar con aquellos partidos cuyas comunidades autónomas -según se dice o según han reconocido ellos- van a salir beneficiadas o van a recibir menos menores que el resto de las comunidades autónomas? ¿Es esto justo, señor ministro?
Nosotros no vamos a poner ninguna traba para que esto siga adelante. ¿Por qué, señorías? Porque estamos hablando de seres humanos, pero nos parece una auténtica vergüenza que se convierte en indecencia por eso mismo, porque estamos
hablando de menores y de seres humanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene la palabra ahora la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, tengo muy poco tiempo, así que, rápidamente, saludo a las autoridades canarias que nos acompañan en la tribuna de invitados, mi presidente, Fernando Clavijo, y otros responsables políticos canarios.
Quiero empezar agradeciendo a los grupos que hoy convalidan este decreto y que han entendido que los niños y niñas que llegan a Canarias, a la frontera sur del Estado son un asunto de Estado. No son ni un problema ni una responsabilidad de
Canarias, aunque Canarias ha dado la talla y los ha atendido bien durante ¡veinte años!, mientras muchos aquí hacían oídos sordos e ignoraban su realidad. Ningún menor solo en ninguna parte del mundo es ilegal (aplausos); ningún menor solo en
ninguna parte del mundo violenta las fronteras; ningún menor solo en ninguna parte del mundo es un delincuente en potencia. Tenemos delincuentes muy cerca, no han violentado ninguna frontera, nacidos aquí, con DNI español.
Señorías, la política de altura es la de aquellos que defienden las leyes por encima de todo y que protegen, también por encima de todo, a los más vulnerables, los que no hacen partidismo ni buscan rentabilidad política en la miseria, el
dolor, el hambre o la inmigración. Esta votación no habría existido si se cumpliera la Constitución, si se cumpliera la solidaridad interterritorial, pero no existió, no ha existido. Veinte años lleva Canarias hablándoles de la crisis humanitaria,
de la tragedia humanitaria y no le ha importado a nadie. Y es verdad, ha tenido que firmarse en una agenda canaria que tantos reprocharon para que hoy se vote, para que hoy se haga justicia, para que hoy se respeten los derechos de los menores
migrantes. Tuvimos que ponerlo negro sobre blanco a unos y a otros, y llevamos un año y medio luchando sin descanso, con un presidente canario reuniéndose con todos los grupos de la Cámara, ¿casi para que nos hicieran un favor? ¿Nos están haciendo
un favor hoy? ¿He oído por ahí que es para ayudar a Canarias? No, señores, no se olviden de que esto es responsabilidad de todos ustedes, porque si no lo entienden tampoco merecen estar ahí sentados.
Gracias a los responsables y a los justos, a quienes saben que en el regate corto no se gana nada; gracias a los medios de comunicación que no han dejado morir un segundo una situación que es escandalosa; gracias a todos los que hoy con su
voto van a apoyar que incluso el Estado español -fíjense- pueda ser ejemplo para otros territorios. Puede que algún día esas comunidades que están saturadas con 4 centritos -nosotros empezamos con 6 y tenemos 87 y en El Hierro hay 600 menores, lo
que en alguna comunidad autónoma llaman saturación-, algún día esas comunidades que hoy los rechazan los sacarán para pedir más dinero, para pedir ayuda, para pedir reparto, y, ¿saben lo que les digo? Que nosotros cumpliremos la ley y, si podemos,
les vamos a ayudar, como siempre lo hemos hecho en Canarias.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputadas, señor ministro, les voy a pedir que hoy pongamos el foco donde siempre debería estar, que es en esos niños y niñas que llegan a nuestras costas, especialmente a las costas de mi tierra, a Canarias, niños y niñas
que emprenden un viaje aterrador, cargado de traumas, pero también lleno de esperanza de un futuro mejor. Y, cuando llegan, lo que esperan no es rechazo, lo que esperan es aceptación, acogimiento, cariño y también, cómo no, acompañamiento.
Canarias está haciendo un esfuerzo enorme, pero está claro que no puede hacer frente al reto migratorio en solitario. Hablamos de niños y niñas, no hablamos de números, no hablamos de cuotas, no hablamos de mercancías que se han de repartir
por todo el territorio. Son personas con derechos, con nombres, con historias y con sueños detrás. Y lo digo claramente: no entiendo para nada a aquellos que esparcen su odio, la xenofobia. Nacer en un lugar u otro del mundo es una cuestión de
suerte, por tanto, no se puede elegir. Lo que sí podemos elegir es cómo tratamos a las personas, y el odio nunca es el camino. El mundo no tiene barreras. Ningún ser humano es ilegal y mucho menos, permítanme que lo diga, un niño o una niña. Lo
más doloroso es ver cómo muchas comunidades autónomas, en lugar de estar pensando en los derechos de esos seres humanos en lo que están pensando es en sus intereses partidistas. Lamentablemente, me da mucha pena que el Partido Popular tenga un
doble discurso en Canarias y en otras comunidades autónomas y que ahora estén poniendo todas las trabas y barreras para que esos niños puedan desarrollar sus vidas dignamente. Esperemos que esto cambie, espero ver un
gesto de verdad por parte de los diputados y diputadas del Grupo Popular en el día de hoy, por lo menos los que son canarios y canarias.
En Podemos Canarias sabemos bien qué es gestionar una crisis migratoria y también lo sabe bien el ministro Torres, al que además deseo una pronta recuperación. Nosotras tuvimos que hacer frente también a este reto la pasada legislatura y sí
que hicimos mucho. Se lo digo al portavoz del Grupo Mixto, de UPN, porque los primeros protocolos que se establecieron de la tutela de niños a otras comunidades autónomas se hicieron en la pasada legislatura en la sectorial con el Ministerio de
Derechos Sociales de Ione Belarra a la cabeza, nosotras como consejeras de Derechos Sociales en Canarias y con Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias.
Espero que en el día de hoy, por fin, salga esta modificación tan necesaria adelante y que nos podamos sentir orgullosos de tener un país que acoge, que acompaña y que trata a los chinijos y a las chinijas como lo que son: niños y niñas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Ha habido un error de interpretación y en el turno en contra y a favor no se ha dado la réplica. Se la daré ahora al Grupo Parlamentario VOX, pero tiene que centrarse en el debate del turno a favor y en contra, sin alusiones al Grupo Mixto.
Tiene la palabra, señora Rodríguez de Millán. (Aplausos).
La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Muchas gracias.
Nos hubiera gustado escuchar al señor ministro y saber qué es lo que tenía que decir ante lo que nosotros hemos expuesto hoy aquí, que no es más que la realidad, aunque usted la desconozca, que se vive en muchos barrios y lugares de España.
El pobre y monótono argumentario del que ha utilizado el turno a favor y también del ministro en su primera intervención no solamente evidencia su falta de razón, sino también el poco nivel con el que siempre nos descalifican. Sepan ustedes que ni
a mí ni a ninguno de los diputados de VOX que se sientan aquí les pueden ofender. En todo caso, ofenderán a millones de españoles para los que ustedes también tienen la responsabilidad de gobernar y que, sin embargo, sufren las políticas y las
consecuencias de sus medidas. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros no nos tienen que contar nada, porque nosotros conocemos la realidad de la calle, nosotros pisamos la calle; ustedes no porque no pueden, y ya ha quedado demostrado en numerosas
ocasiones. (Aplausos).
Nosotros hemos ido a esos centros de menas en Canarias y están hacinados, con denuncias de malos tratos de por medio y con falta de personal. ¿Esa es la solidaridad de la que ustedes presumen? He visto antes reírse a la ministra de
Infancia cuando he mencionado que en Europa y en España existe un proceso de islamización. Aquí no está, pero me hubiera gustado invitarla a que paseásemos juntas por algún barrio en Terrassa, a ver si podemos ir solas o si necesitamos la compañía
de un hombre para poder caminar seguras por aquellas calles. (Aplausos).
Ustedes dicen que la inmigración no es un problema y que magnificamos los números. La realidad es que en España se ha pasado de 1,2 millones de inmigrantes en el año 1998 a 9 millones el año pasado; es decir, un aumento de un 650 % en
menos de tres décadas. A ustedes les debe parecer poco. Dicen que nosotros criminalizamos a los extranjeros, pero la realidad es la que refleja el INE y es la que reflejan los órganos del Gobierno: en el año 2023 la tasa de menores y adultos
extranjeros condenados fue más del doble que la que tuvieron los nacionales españoles. De hecho, el 50 % de los condenados por homicidio catalogado como de violencia de género eran hombres nacidos fuera de España. Quiero subrayar este último dato
porque ustedes, que aprecian el machismo en cada rincón de nuestra existencia menos cuando se da en sus partidos, son los responsables de fomentar la llegada de personas procedentes de culturas que desprecian a las mujeres por el mero hecho de
serlo. (Aplausos). Ustedes islamizan nuestras calles y las hacen más inseguras mientras dan la espalda a una realidad incontestable.
Dicen que España necesita inmigrantes porque requerimos mano de obra. En ningún caso esta circunstancia puede justificar la colaboración con las mafias que trafican con personas, ni puede justificar el blanqueamiento de la inmigración
ilegal. Mucho menos cuando encabezamos la tasa de paro en la Unión Europea, de paro femenino y de paro juvenil. Pero es que, además, en torno al 30 % de los inmigrantes están en paro. ¡Es que sus afirmaciones no se sostienen por ninguna parte!
(Aplausos). Y mientras tanto, enviamos al extranjero a más de 3 millones de españoles, de manera que pagamos formación y expulsión de nuestros jóvenes. Ese es el saldo de su Gobierno: expulsión de los cualificados e importación de los no
cualificados. Pero el objetivo de todas estas políticas está muy claro: debilitar a la Unión Europea y a los países que forman parte de ella a través de la pérdida de soberanía y de riqueza y la disolución de la nación en beneficio
de terceros países, especialmente de Marruecos, en colaboración con las mafias, para atraer a miles de inmigrantes que dicen huir del Gobierno marroquí, a ese mismo Gobierno al que ustedes destinan partidas millonarias todos los años
mientras se las quitan a los españoles. (Aplausos). Ustedes creen que los españoles son sustituibles y, en contra de la solidaridad de la que alardean, tienen una visión sumamente despiadada, porque donde hay personas ustedes ven números, como si
se tratase de una cuenta de resultados. Por eso hablan erróneamente de la necesidad de una inmigración que pague nuestras pensiones. Una vez llegan los inmigrantes hasta aquí tampoco gestionan las consecuencias. El año pasado España registró 170
000 solicitudes de asilo. El 90 % de los solicitantes no cumplían con las condiciones y ustedes los mantienen en España. El año pasado llegaron 63 000 inmigrantes y ustedes solamente expulsaron a 3000; es decir, al 4,7 %. Por cierto, hemos
preguntado en reiteradas ocasiones -hablando de solidaridad, que es lo que ustedes repiten- en la Comisión de Vivienda dónde viven estas personas y ninguno de los miembros de este Gobierno ha sabido responder. Así que es muy solidario eso de llamar
a inmigrantes, traerlos aquí y luego ni siquiera saber dónde paran o dónde están.
De manera que ustedes le están diciendo a un licenciado en Medicina que se tiene que ir fuera porque van a homologar los títulos de Mauritania; al joven que no puede acceder a la vivienda, que hay que dársela antes al que viene de fuera, y
al autónomo le crujen porque hay que sustentar a todas estas personas.
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez de Millán, tiene que terminar.
La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Ustedes -y con esto finalizo- quedan en evidencia tratando de defender su indefendible argumentario sobre las bondades de la inmigración ilegal, no porque yo aquí esté descubriendo nada, sino porque da
igual lo que ustedes digan, sus políticas están fracasando y están perdiendo, porque no se dan cuenta de que la realidad de muchos barrios y calles de España la están padeciendo muchísimos españoles en primera persona, y no necesitan que ustedes
vengan aquí a contar esas bondades. Por eso, precisamente, ustedes están perdiendo, porque la distancia entre esa realidad de la calle y su argumentario, su vago argumentario, es infinita. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez de Millán.
Para cerrar el turno a favor, tiene la palabra el señor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Gràcies, presidenta.
Veig que la senyoria de VOX no ha escoltat el ministre, que deia que no tenia veu i que sols intervindria un torn. El primer que s'ha de fer un parlament, si es vol debatre, és escoltar, senyories de VOX. No saben ni escoltar. Escoltin i
aprendran una mica. Escoltin sabent debatre amb propietat. Escoltin i entendran que hi ha diferents punts de vistes i entendran que això va de democràcia.
En el primer punt de la meva intervenció no he donat les gràcies i he de donar gràcies. Gràcies a tots els que avui ens posam d'acord des de la diferència. Gràcies a tots els equips que han fet feina perquè això sigui possible. Gràcies a
totes les entitats i tots els governs que en pocs mitjans han fet front a aquesta situació de forma heroica durant tot aquest temps. Vagi per ells un reconeixement.
En el torn de la portaveu de VOX li he de dir que a ofès els meus avantpassats. Vostè ha criticat a les persones. Ho ha dit en referència als padrins que varen emigrar. Familiars meus van emigrar a Argentina i, per tant, jo estic molt
agraït sempre a Argentina i molt preocupat. I tenc moltíssima família, moltíssims de cosins ara mateix amb una situació de preocupació davant del desastre que suposa el seu amic Milei amb la seva motoserra, retallant drets, retallant en salut,
retallant en educació, perquè el camí que varen emprendre els avantpassats cap a Argentina, desgraciadament ells ara també l'han d'emprendre cap aquí. I els que emigren, les persones que emigren, com els meus familiars, no ho varen fer per voluntat
pròpia. Ho varen fer per pobresa, per la guerra, pel sofriment. Per això la gent no ho fa per voluntat abandonar la seva terra. I vostè ha estat incapaç de dir el que li repetesc: són nins i són nines no criminals. Deixi de dir mentides. Són
nins i són nines, no persones il·legals. Són nins i són nines que tenen drets. Vostès que sempre ens volen donar lliçons de primero de derecho, que sempre diuen vostès, doncs apunteu-s'ho a foc: un ambientòleg en sap ara més que vostès, de dret,
a força d'estudiar i de l'esforç.
I jo no els vull ofendre. Si li he dit racista i vostè s'ha ofès, jo li he descrit. És com si vostè em diu a mi barbut. Sóc barbut, tenc uns quilos de més. Això no m'ofèn. És la meva situació. Duc ulleres. Vostè és racista. És una
descripció. Si l'ofès és que encara hi ha una mica d'esperança.
I vostè ha dit molt preocupada per l'islam. Vostè s'ha preocupat per la islamització, l'Islam entre Terrassa. Vostè no ha estat mai a Terrassa. Jo sí he estat a Terrassa. No sé si vostè ha estat. Molt preocupat. Miri, jo no sóc
practicant religiós. No sóc de l'Islam, però sí que conec els valors de l'Islam. I li recomano que llegeixi un poc, s'informi i podrà opinar més amb més serenor de l'Islam. El convit a visitar la comunitat islàmica que tingui més propera i li
explicaran els valors de l'Islam. Però si conec més per cultura la catòlica. No sóc practicant, però si conec els seus valors. I vostès, que van de catòlics per la vida, apliquin-se els Deu Manaments, apliquin-se la Bíblia, el Nou Testament, tot
el que està escrit i on queden els seus valors cristians que tant volen defensar en aquesta España cristiana, quan diuen que nins són il·legals, quan diuen que nins han de ser deportats, quan diuen que nins han de morir a la mar. On queden els seus
valors cristians? Jo no els hi veig per enlloc. No hi són. Han desaparegut. Preferesc els valors d'una persona que creuen en l'Islam i creu en la democràcia i creu en la humanitat, que no els valors d'un fals cristià que no en té res de cristià,
que només pensa en ell. I avui li he de dir que hi ha una màxima que sempre explicam que és que vostès sempre fan el mateix davant un problema causat per les grans elits, pel model econòmic, diuen que el problema és del més dèbil, el més dèbil
contra el més dèbil. Sempre igual. És a dir, el pobre contra el pobre. Però és que avui ho han duit molt més enllà. Ara resulta que el problema de l'habitatge és culpa dels immigrants. No serà culpa dels fons voltor? No serà culpa dels
especuladors? No serà culpa de tots els que estan fent especulació urbanística? No serà culpa de que no s'estan aprovant les lleis que s'haurien d'aprovar aquí per defensar el dret a l'habitatge? I ara la culpa de l'habitatge i dels immigrants,
dels més dèbils, del que no es poden defensar. Crec que és poc seriós i vergonyós. Vergonyós. Vergonyós. Sempre fent dèbils contra els més dèbils.
Moltes gràcies a tots per avui per fer una passa endavant pel dret dels menors. Que els menors tenguin millors condicions de vida. Que tenguin un projecte de vida i que puguin aportar tot el millor a la nostra societat.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Veo que la señoría de VOX no ha escuchado al ministro y dijo que solo intervendría un turno. Lo primero que se tiene que hacer en un Parlamento, si se quiere debatir, es escuchar. Señorías de VOX, no saben ustedes ni escuchar. Escuchen y
aprenderán un poco. Escuchen y sabrán debatir con propiedad. Escuchen y entenderán que hay diferentes puntos de vista y entenderán que eso va de democracia.
En el primer punto de la primera intervención, no he dado las gracias. Quiero dar las gracias a todos los que nos ponemos de acuerdo hoy en la diferencia, a todos los equipos que han trabajado para que esto sea posible, gracias a todas las
entidades, a todos los Gobiernos que con pocos recursos han hecho frente a esta situación de forma heroica durante todo este tiempo. Vaya por ellos un reconocimiento.
En el turno anterior ha hablado de mis antepasados. Usted ha criticado a personas o ha hecho referencias a padrinos que emigraron. Los míos emigraron a Argentina, y yo estoy muy agradecido siempre a Argentina, y me preocupa mucho. Tengo
mucha familia, muchos primos allí en una situación de preocupación ante los desastres que supone su amigo Milei: recortando derechos, salud, educación... Porque el camino que emprendieron mis antepasados hacia Argentina, desgraciadamente, es un
camino que ellos ahora tienen que emprender desgraciadamente hacia aquí. Las personas que emigran, como mis familiares, no lo hicieron por voluntad propia, lo hicieron por pobreza, por la guerra, por el sufrimiento. Por eso emigra la gente. No lo
hacen por voluntad lo de abandonar su tierra. Y ustedes son incapaces de decir que, les repito, son niños y son niñas. No son delincuentes. Dejen de mentir. Son niños y son niñas. No son personas ilegales. Son niños y son niñas con derechos.
Ustedes, que siempre nos quieren dar lecciones de primero de Derecho, como dicen ustedes, pues apúntenselo. Un ambientólogo sabe más que ustedes de Derecho a fuerza de estudiar, con esfuerzo. (Aplausos).
Yo no quiero ofenderles. Si le he dicho racista y usted se ofende, yo lo he descrito. Es como si usted me dice a mí que soy barbudo, que tengo unos kilos de más... No me ofendo por eso. Es mi situación. Llevo gafas. Usted es racista.
Es una descripción. Si la he ofendido, es que todavía queda un poco de esperanza. (Aplausos).
Usted ha hablado muy preocupada del islam, se ha preocupado por el islam, el islam en Terrassa. No sé si usted ha estado en Terrassa. Mire, yo no soy practicante religioso, no soy del islam, pero conozco los valores del islam y le
recomiendo que se lo lea un poco, que se informe para que pueda opinar con más serenidad sobre el islam. Le invito a visitar la comunidad islámica que tenga más cercana para que le cuenten cosas del islam. Y luego tenemos esa cultura católica -no
soy practicante tampoco, pero
conozco sus valores-, y ustedes, que van de católicos por la vida, aplíquense esos diez mandamientos, lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito. ¿Dónde están sus valores cristianos, esos que tanto quieren defender
en esta España cristiana, cuando dicen que esos niños son ilegales, que hay que deportar a los niños, que los niños tienen que morir y que hay que dejarlos de lado? ¿Dónde están esos valores cristianos? Yo no los veo por ninguna parte; no están,
han desaparecido. Prefiero los valores de una persona que cree en el islam, en la democracia y en la humanidad que los valores de un falso cristiano que no tiene nada de cristiano, solo de boquilla. (Aplausos). Hoy debo decirle que hay una
máxima, de la que siempre hablamos, que es que ustedes siempre hacen lo mismo: ante un problema causado por las grandes élites, por el modelo económico, dicen que es del más débil ese problema. El más débil contra el más débil, siempre igual; el
pobre contra el pobre. Pero es que hoy lo han llevado mucho más allá. Ahora resulta que el problema de la vivienda es culpa de los inmigrantes. ¿No será culpa de los fondos buitre, de los especuladores? ¿No será culpa de todos los que están
haciendo especulación urbanística? ¿No será culpa de que no se están aprobando las leyes que deberían aprobarse aquí para defender el derecho a la vivienda? A los más débiles, a los inmigrantes, a los que no se pueden defender, e esos les echan la
culpa. Me parece que es una vergüenza. Es una vergüenza, siempre echando a los débiles contra los más débiles.
Muchas gracias a todos por dar un paso hacia adelante en los derechos de los menores para que tengan mejores condiciones de vida, un proyecto de vida y para que puedan aportar cosas mejores a nuestra sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Vidal.
Volvemos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Egun on, guztioi!
Ministro, ministra, eta egun on eta ongi etorria Kanariaseko presidenteari, Clavijo jaunari.
Buenos días a todas y a todos. Ministro, ministra, buenos días también.
Bienvenido, señor Clavijo, y bienvenidas todas las personas llegadas desde Canarias que nos acompañan en el debate de hoy.
Han pasado ya casi nueve meses y repetimos el objeto del debate que tuvimos el 23 de junio del año pasado. En aquella ocasión, se trataba de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista y SUMAR y por Coalición
Canaria y acordada con otros grupos políticos -entre ellos, el nuestro- que planteaba una modificación legal puntual de la ley de extranjería y que pretendía dar solución a una situación de emergencia que, agravada por la inacción del Gobierno, se
había convertido en una crisis humanitaria que afectaba y sigue afectando en mayor medida a Canarias. No pudo ser entonces, la proposición de ley no obtuvo el respaldo político suficiente, y no voy a entrar a valorar las posturas de los grupos que
no la apoyaron, que puedo entender o no, pero coincidiremos todos y todas en que, en este espacio de tiempo, la situación no ha mejorado. Los menores han seguido llegando, siguen sin tomarse medidas en las que se prime el interés superior del menor
por quien, en primer lugar, es responsable, y, si la situación no ha ido a más, ha sido porque el Gobierno canario, las asociaciones, el voluntariado y, en definitiva, el pueblo canario ha cumplido con gran esfuerzo y han atendido esta situación de
emergencia. El transcurso del tiempo también ha facilitado que la crispación aumente, también entre las comunidades autónomas, ya que las hay que no quieren asumir su parte de responsabilidad cuando otras ven cómo no pueden atender con garantías a
las personas menores que tutelan. También crispación entre los partidos políticos que han encontrado en este tema una oportunidad para el desacuerdo, y ha conllevado, y esto es muy peligroso, una mayor criminalización de los menores no acompañados,
que alguno utiliza para marcar su triste y no democrático ideario político, como hemos podido comprobar también en este Pleno con las intervenciones de la extrema derecha.
El Partido Nacionalista Vasco lleva tiempo reclamando un plan integral de migración, un plan de contingencia ante situaciones de crisis que abarque también a los menores. Y es que, desde el inicio de este siglo, la migración de personas
menores ha ido a más, y seguirá yendo a más. Todo ello hace necesaria una regulación, una planificación que no se puede simplificar en el control migratorio y que tiene que velar por el interés superior del menor. El de hoy es un debate y un
acuerdo que se deben dar aquí,
sí, pero también se tienen que dar en Europa. Mientras tanto, tendremos que llegar a un acuerdo, y el Estado debe asumir su responsabilidad. Un Estado que es competente en el control de fronteras, en materia de migración; sin embargo,
consideramos que, hasta ahora, no se ha sentido lo suficientemente interpelado para hacer frente, con un plan integral de migración, a una situación que ya comienza a desbordar a algunas Administraciones que ya no pueden más. Por ello, pedimos que,
más allá de los parches y las modificaciones puntuales que hoy debatimos, votaremos y apoyaremos, aporte soluciones duraderas, pactadas y acordadas. Sigue faltando argumentar y conceptualizar la necesidad de tomar otro tipo de medidas, un
planteamiento más integral con una visión más a largo plazo y de trabajo preventivo, y no estar en esta misma situación de excepcionalidad sin acuerdo y con un real decreto ley como medida para salir del paso. Por ello, insistimos en la necesidad
de anticipación de políticas estructurales en el futuro próximo y no quedarse únicamente en lo referente al reparto, que es lo único que se detalla en el real decreto ley, dejando el resto de las cuestiones, como el plan de respuesta y el modelo a
desarrollar, sin abordar. Unas cuestiones que, evidentemente, no son menores.
Por tanto, el objeto de esta modificación es introducir un nuevo artículo, el 35 bis, de manera que, a falta de un previsible acuerdo en la conferencia sectorial sobre los requisitos de la declaración de situación de contingencia migratoria
extraordinaria, del plan de respuesta a dicha situación y de los criterios para la aplicación de dicho plan, la Administración General del Estado pueda actuar. Es decir, que, a falta de unanimidad, en su defecto, la Administración General del
Estado intervenga mediante la modificación legal que se plantea en este decreto ley, que declarará la situación de contingencia cuando los recursos de una comunidad autónoma -de cualquier comunidad autónoma- excedan por tres veces su capacidad
ordinaria. Esa capacidad ordinaria se evalúa según los criterios de la disposición adicional undécima y es aprobada por real decreto en defecto de acuerdo unánime. Por ello, las comunidades autónomas tienen que certificar anualmente el número
máximo de personas menores extranjeras atendidas por su sistema de protección, una información necesaria para cuantificar el esfuerzo que estas comunidades autónomas están haciendo, aunque algunas comunidades autónomas ya empiezan a boicotear tal
obligación no facilitando los datos. Sin embargo, esta capacidad ordinaria solo puede prorrogarse un año, tras el cual se exige acuerdo unánime de la conferencia sectorial o, en su defecto, mayoría absoluta de esta Cámara. Por lo tanto, lo que
decidimos hoy es supletorio a la falta de acuerdo unánime y transitorio, que tendrá una duración aproximada de dos años.
Esta modificación plantea también la creación de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para compensar los costes ocasionados por la sobreocupación por menores trasladados desde otra comunidad o ciudad autónoma. Sin embargo,
echamos en falta que esto se acompañe, porque no ha sido así, de un plan que incluya medidas de previsión de gastos, indicadores de evaluación y una memoria económica que reclamamos. Asimismo, el real decreto tendrá un desarrollo reglamentario del
que hoy sabemos poco, pero sin él hay más preguntas que respuestas de cómo se va a actuar, por lo que es necesario también pactar este desarrollo, al igual que lo relativo al traslado. Este va unido al traspaso de su tutela; por tanto, es
necesaria la asunción de algún tipo de medida legal con respecto a la persona menor a trasladar previa a la tutela y guarda definitiva en la comunidad autónoma de destino. Es preciso regular un protocolo con las actuaciones con ocasión del
traslado; es decir, establecer medida de guardia y tutela en el periodo de transición. Y, como en el caso de menores dubitados, la modificación dice que se debe proceder a la reseña inmediata, haya o no dudas sobre su minoría de edad. Este
mandato, que debe llevarlo a cabo el Ministerio Fiscal, contraviene las dudas que puedan existir sobre la minoría de edad y aboca organizativamente a un traslado con esta duda fundada.
Amaitzen dut, presidenta.
Aldeko botoa emango diogu planteatzen den lege aldaketari, nahiz eta esan bezala, urgentziari eta denbora mugatu baterako neurriak planteatu soilik, eta ez plangintza orokor bat. Eta bestetik ere badira argitasun eta zehaztasun gehiago eta
egiteke gelditu diren zenbait gai ere, garrantzia handikoak direnak. Haur eta gazteen interes nagusiaren alde aritu nahi badugu behintzat.
Mila esker guztiei!
Voy finalizando. Votaremos a favor de esta modificación de la ley, que, como hemos dicho, se plantea como medida de urgencia y de tiempo limitado y no plantea una planificación general. Por otro lado, también hay algunos temas que quedan
pendientes. Son temas muy importantes si queremos, por lo menos, velar por el interés mayor de los menores.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene ahora la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, egun on, buenos días.
En primer lugar, quería dar la bienvenida al presidente Clavijo y al resto de las autoridades de Canarias; también al señor Torres y, al igual que han dicho otros portavoces, señor Torres, le deseo un pronto restablecimiento, mucho ánimo y
mucha fuerza.
Señorías, creo que es algo satisfactorio la más que posible convalidación de este real decreto hoy. Ahora bien, yo les reconozco que, al mismo tiempo, me indigna, me cabrea que hayamos tenido que esperar más de nueve meses para aprobar un
texto parecido ante una cuestión humanitaria que afecta a menores de edad. Cada vez que hablamos de migraciones, suelo repetir que es cierto que es un fenómeno poliédrico, con muchas vertientes, pero que, especialmente, es un asunto humanitario, y
cuando hablamos de un asunto que está afectando a menores en una situación vulnerable, lo es aún más. Ante esta situación urge una respuesta en la misma línea humanitaria, basada en un principio rector que se sigue en el resto de la Unión Europea,
que es el de solidaridad entre Estados. Por ello, es un sinsentido que no se aplique ese mismo principio de manera urgente, como un principio de solidaridad, entre territorios dentro del Estado. Si a esto le sumamos que el Partido Popular se opuso
hace ya unos meses con vagas excusas y que, al mismo tiempo, es uno de los partidos que cogobierna en las islas Canarias, así como en otros territorios que han estado en el pasado sujetos a estas situaciones y que podrían estarlo en el futuro por su
situación geográfica, ya sea Ceuta, Melilla... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Iñarritu.
Por favor, pido un poco de silencio a los diputados y diputadas y, sobre todo, por favor, que no hagan corrillos en el hemiciclo. Señores diputados y diputadas, por favor, no hagan corrillos en el hemiciclo.
Tiene la palabra, señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Señores diputados y diputadas, tienen el bar si quieren ir a charlar. (Rumores).
Miren, ante esta situación de emergencia humanitaria hubo quienes prefirieron el cálculo político. Ahondaré más tarde en ello, pero me gustaría centrarme en tres ideas que quería compartir con ustedes. Muchas de ellas ya se han dicho.
Miren, la protección de la infancia en un Estado democrático es un deber, más allá de la situación administrativa o de la nacionalidad de esos menores. Si además tenemos en cuenta -lo decía antes- que esos menores han llegado de situaciones
dramáticas, tras un viaje por la vía más mortífera que existe, como es la canaria, y que se encuentran en unas situaciones traumáticas, es una necesidad y un deber atenderlos y protegerlos con la máxima dignidad. Muchos de los compañeros de este
Congreso han estado en las islas Canarias y han visto cuál es la situación a día de hoy de desbordamiento de esas instituciones de acogida y que hay una urgencia por atenderlos. Otros portavoces han repetido antes también que el interés superior
del menor es un principio de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño y de la niña que forma parte del ordenamiento jurídico de este Estado desde hace ya décadas. Por lo tanto, más allá de los discursos, hay que aplicarlo; su
aplicación es un deber. No se trata de caridad, se trata de justicia.
En segundo lugar -lo comentaba antes el señor Torres-, hay en muchas ocasiones una doble vara de medir. Yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión como sociedad. Aquella acogida que se produjo en el año 2022, que movilizó a la
sociedad, a organizaciones civiles, a instituciones, a medios de comunicación con aquellos menores que llegaban de Ucrania estuvo bien. Se hizo lo correcto, pero nos debe llevar a la reflexión: ¿por qué no se aplica el mismo criterio?, ¿por qué
no se despierta el mismo espíritu de acogida cuando se trata de menores que llegan de África? Ya sea por tener un color diferente, por tener una cultura o una religión diferentes... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se convierte a esas menores y a
esos menores en el foco del señalamiento y de los discursos de odio, como veíamos hacer a la portavoz de VOX? ¿Por qué se repiten mensajes de colapso, de miedo por la presión migratoria? Es obvio que hay una doble vara de medir. Los menores son
menores independientemente de cuál sea su situación administrativa, pero también de cuál sea su origen. Por tanto, no solamente es incoherente, sino que, además, es peligroso y nos desliza hacia el racismo. Por eso, este decreto yo creo que es
positivo, porque avanza en esa línea de asumir una mirada unificada hacia la infancia, venga de donde venga.
Dicho esto, señor ministro, sí me gustaría señalarle que no hemos entendido la oposición inicial del Gobierno a cumplir con ese mandato de acogida de los más de mil menores solicitantes de asilo. Esto no tenía que haber llegado al Tribunal
Supremo. Es cierto que ahora han retirado el recurso, pero también han presentado alegaciones, y esto va a suponer un retraso. Yo le pediría, señor ministro, un compromiso para que se actúe de manera urgente en esta vía.
Por último, y lo decía en un inicio: es un sinsentido lo que se ha producido durante estos meses. Hay partidos que han preferido el cálculo político, el desgaste del Gobierno, y lo han puesto por delante de los derechos humanos pensando
que los derechos de esos menores podían esperar. Es cierto que ahora habrá partidos que se opondrán a este real decreto diciendo -ya hemos escuchado algún bulo- que hay comunidades que no quieren aceptar o que han pactado que no lleguen, cuando lo
que se está estableciendo son criterios objetivos en función de los ya acogidos y las ya acogidas. Esto no es más que una excusa que intenta disimular otro debate de fondo, ya sea una postura que denota racismo y xenofobia, ya sea una voluntad de
desgaste al Gobierno.
Acabo señalando que yo creo que es un paso en la buena vía. Quedan asuntos pendientes -le repito, señor ministro, que estaría bien un compromiso con esos solicitantes de asilo que están en Canarias-, pero yo creo, como decía, que es un paso
en la buena línea.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bon dia, ministre Torres. Bon dia, ministra Rego. Bon dia, president Clavijo. Bon dia als representants de les diferents entitats.
En tomem en aquest punt la convalidació del reial decret llei 22/2025. Amb aquest reial decret, el govern vol donar resposta a l'impacte generat per l'arribada sostinguda de persones menors estrangeres que venen soles, especialment a les
Canàries i a Ceuta, però amb l'objectiu principal d'assegurar-ne arreu de l'Estat la seva adequada atenció en l'àmbit social, en l'educatiu, en el de la salut, entre d'altres. I això es fa modificant la llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats
dels estrangers i la seva integració social. Així, la norma introdueix un nou marc jurídic per a situacions de contingència migratòria extraordinària mitjançant uns criteris i uns procediments objectius, corresponsabilitzar a totes les comunitats
autònomes en l'acollida d'aquests nens i joves, fent efectiva la solidaritat interterritorial. Una solidaritat que des de Junts per Catalunya hem fet evident que ha estat i és desigual. I aquesta desigualtat no és casual, sinó fruit de les
polítiques d'estat i, sobretot, del desinterès volgut i poc compromís de moltes d'aquelles comunitats que recurrentment des d'aquí apel·len i reclamen com si no hi hagués demà igualtat territorial. I aquesta, certament, és una situació que cal
revertir. I precisament perquè a Catalunya durant molt de temps hem estat pioners en l'acolliment de menors, sabem que aquest no es pot fer bé si el sistema no està ben dimensionat i ben dotat. I davant el repte demogràfic, a Junts treballem també
perquè aquests menors puguin tenir una acollida en condicions, una acollida com cal. Una acollida que esdevingui una oportunitat. Una oportunitat pel mateix menor, però també pel nostre país. Però per a això és imprescindible no tensionar el
sistema i poder vetllar des del primer moment amb eines i amb recursos per a la integració plena i efectiva d'aquests nens i joves. Tutelant-los fins als 18 anys, sí, però també acompanyant-los quan deixen de ser menors dedat. Tal com fem amb els
nostres fills i com ja fem en moltes ocasions, amb la finalitat a Catalunya, que la seva integració al país i la seva inclusió a la nostra societat sigui un èxit per a tots.
La feina que s'ha fet a Catalunya des de la mateixa Generalitat, des de les administracions locals i en gran mesura des de les entitats, és considerable i reconeixible. D'aquí que el nombre de places estructurals d'acollida a Catalunya en
relació a la seva població estigui molt per sobre que la de la majoria de comunitats de l'Estat. I és evident que això dificulta fer la feina ben feta. Tensiona el sistema en alguns casos i també la mateixa societat d'acollida. Entenem que no té
cap sentit treure un menor d'un sistema col·lapsat per portar-lo a un sistema tensionat, molt menys quan n'hi ha d'altres que tenen molt camp per córrer. I és en aquest marc que vàrem arribar a un acord. Un acord que posava de relleu la
solidaritat, la defensa de drets i el compromís de Catalunya també en l'àmbit de l'acollida. Un acord per posar fi a un sistema de repartiment que no funcionava i que, per l'incompliment d'altres, posava innecessàriament més pressió a Catalunya.
Saben, senyories, que des de Junts fa temps que encarem sense por al debat del repte demogràfic a casa nostra, a Catalunya. Ho fem sense defugir cap aresta, per punxeguda que sigui, i a risc que alguns ens etiquetin gratuïtament. Ho fem
per revertir les situacions injustes que patim. Ho fem, en aquest cas per
respondre de la millor manera a les situacions complexes generades pel fet migratori en tots els àmbits de la nostra societat. D'aquí també l'acord per la delegació de competències en immigració i davant l'apàtic govern Illa i la inacció
dels 19 diputats socialistes catalans en aquesta cambra, ho fem de forma generosa i posant eines al servei del nostre país, al servei de Catalunya i del progrés i benestar de tota la seva gent.
I acabo presidenta, traslladant un missatge personal al ministre Torres, a qui li vull fer arribar l'escalf del nostre grup i desitjar-li que vagi bé l'operació i que tingui una bona i ràpida recuperació.
Moltes gràcies. Bon dia.
Gracias, presidenta.
Buenos días, ministro Torres. Buenos días, presidente Clavijo, y representantes de las diferentes entidades.
Abordamos en este punto la convalidación del Real Decreto Ley 2/2025. Con este real decreto el Gobierno quiere dar respuesta al impacto generado por la llegada constante e incesante de personas menores extranjeras solas, especialmente a
Canarias y a Ceuta, pero con el objetivo principal de asegurar en todo el Estado su adecuada atención en los ámbitos social, educativo y sanitario, entre otros. Y esto se hace modificando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los
extranjeros y su integración social. De esta manera, la norma introduce un nuevo marco jurídico para que, en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y mediante unos criterios y procedimientos objetivos, se corresponsabilice a todas
las comunidades autónomas en la acogida de estos jóvenes y niños, haciendo así efectiva la solidaridad interterritorial, una solidaridad que desde Junts per Catalunya hemos demostrado que ha sido y es desigual. Esta desigualdad no es casual, sino
que es fruto de las políticas de Estado y, sobre todo, del claro desinterés y poco compromiso de muchas de esas comunidades que, de manera constante, desde aquí, apelan y reclaman la igualdad territorial como si no hubiera un mañana. Y esta, desde
luego, es una situación que hay que revertir. Precisamente porque en Cataluña durante mucho tiempo hemos sido pioneros en la acogida de menores no acompañados, sabemos que no se puede hacer bien si el sistema no está bien dotado, bien dimensionado.
Ante el reto demográfico, en Junts también trabajamos para que estos menores puedan tener una acogida en condiciones, una acogida como Dios manda y una acogida que se convierta en una oportunidad no solo para el menor, sino también para nuestro
país. Pero para ello es imprescindible que no se tensione el sistema y que se pueda velar desde el primer momento por que se haga eso contando con herramientas necesarias para la integración plena y efectiva de estos jóvenes y niños, tutelándolos
hasta los 18 años, pero también acompañándolos cuando dejen de ser menores de edad, como hacemos con nuestros propios hijos y como ya hacemos en muchas ocasiones en Cataluña, con el fin de que se integren bien en el país y su inclusión en nuestra
sociedad sea un éxito para todos.
El trabajo que se ha hecho en Cataluña desde la misma Generalitat, desde las Administraciones locales y, hasta cierto punto, desde las entidades es considerable y se puede ver claramente. Por tanto, el número de plazas estructurales de
acogida en Cataluña en relación con su población está muy por encima del de la mayoría de las comunidades del Estado y es evidente que esto dificulta hacer bien el trabajo, tensiona el sistema y, en algunos casos, tensiona la propia sociedad de
acogida. Entendemos que no tiene el menor sentido sacar a un menor de un sistema colapsado para llevarlo a otro que está tensionado, y mucho menos cuando hay otros que tienen mucho camino por recorrer. Es en este marco en el que llegamos a un
acuerdo, un acuerdo que ponía de relieve la solidaridad, la defensa de derechos y el compromiso de Cataluña también en el ámbito de acogida; un acuerdo para poner fin a un sistema de reparto que no funcionaba y que, por el incumplimiento de otros,
presionaba innecesariamente a Cataluña.
Saben, señorías, que desde Junts hace tiempo que abordamos sin ningún miedo el debate del reto demográfico en nuestro país, Cataluña, y lo hacemos sin esquivar ninguna arista, por muy afilada que sea, y a riesgo de que algunos nos pongan
etiquetas gratuitas. Lo hacemos para responder de la mejor manera a las situaciones complejas generadas por el hecho migratorio en todos los ámbitos de nuestra sociedad. De ahí también el acuerdo para la delegación de competencias en materia de
inmigración. Ante este Gobierno apático de Illa y por inacción de los diecinueve diputados socialistas catalanes en esta Cámara, lo hacemos de manera generosa, poniendo herramientas al servicio de nuestro país, al servicio de Cataluña y del
progreso y bienestar de todos sus ciudadanos.
Termino, presidenta, transmitiendo un mensaje personal al ministro Torres, a quien quiero hacer llegar el calor de nuestro grupo, deseándole que esta operación llegue a buen puerto.
Muchísimas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
Quan vulgui.
El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia.
Gràcies, presidenta.
Senyor ministro, molta sort. Molta sort i molta sort.
Tenia un discurs, però quiero empezar con otro.
Buenos días.
Gracias, presidenta.
Señor ministro, mucha suerte, muchísima suerte.
Tenía un discurso preparado, pero quiero empezar por otro lado.
Hablaré en español porque a mí me lo enseñaron en español. Hay unos que se sientan en esta bancada de por aquí, que van siempre con cruces, con pegatinas, con la bandera del Sagrado Corazón, muy católicos ellos, y les voy a decir que son
una pandilla de hipócritas y de pecadores; además, pecadores. (Aplausos). Dicen ser muy cristianos, muy católicos, pero quizá deberían releer ese libro que tienen ustedes muy olvidado, que se llama el Evangelio, porque si Jesús volviera hoy, tal
vez lo confundirían con un menor extranjero y querrían deportarlo. Dice Mateo: Fui forastero y me acogieron. ¡Cuidado!: Fui forastero y me acogieron. Pero ustedes, señorías, cuando el forastero llama a la puerta, le pegan un porrazo, le ponen
concertinas y, si es menor, lo señalan, lo estigmatizan y lo meten en un centro, etcétera, etcétera. (Risas). ¡Menudos católicos! Dice el Evangelio: Dejad que los niños se acerquen a mí. Si tienen papeles; si tienen la piel oscura, no. Dice el
Evangelio, ese libro que tienen tan olvidado: Todo lo que hicisteis a uno de estos más pequeños me lo hicisteis a mí. ¡Ya! ¡Cuidado! Así que, cuando esparcen odio contra los menores migrantes, según su propia fe, están esparciendo odio contra
Jesús. Al final, quizás su cristianismo no sea más que un disfraz electoral, porque si Jesús volviera hoy y viera cómo tratan a los pobres -porque solo es a los pobres, a los otros no les dicen nada-, a los migrantes y a los niños, quizás entraría
en el templo, cogería sus pancartas, los apalizaría y los echaría fuera del tempo a patadas por fariseos. (Aplausos).
Han pecado, señores, han pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, repito, de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, porque criminalizan al diferente; de obra, porque promueven leyes inhumanas, y de omisión, porque
cuando un menor sufre, ustedes miran hacia otro lado. Yo que ustedes iría rápidamente a confesarme, a confesarme corriendo, ya que su religión se lo permite. Eso sí, luego van a misa con sus pegatinas con el Sagrado Corazón y la bandera de España
y se pegan golpes fuertes en el pecho con mucha devoción. (Aplausos). Me dan vergüenza, por no decir otra cosa.
Pero vayamos a lo serio, señores.
El Grup Republicà votarà a favor aquest reial decret llei, com no pot ser d'una altra manera; protegir els drets dels infants i els adolescents per damunt de qualsevol altra consideració forma part de ser ben nascut. I ho fem des de la
coherència, que falta en alguns, i ho fem des del compromís històric d'Esquerra Republicana amb els drets humans, amb la infància i amb l'acollida. Ho hem fet sempre i ho fem allà on hem governat, sense excuses, sense demagògia i amb dignitat.
I faré una mica de treure pit del meu país i de les polítiques del meu partit. Catalunya no és territori d'entrada, però sí terra d'arribada i esperança. I això no és una frase bonica, és una realitat. I donaré dades. Entre el 2017 i el
2025, Catalunya ha acollit més de 15 000 joves migrats sols, i avui 6435 infants i joves viuen sota la protecció de la Generalitat. És per nosaltres un orgull. Infants, adolescents, nens i nenes que arriben sols, sense ningú, sense papers, sense
diners, sense suport, només amb una maleta buida i un cor ple d'esperança. Aquesta és la realitat. Que hi ha problemes? Sí que hi ha problemes, com a tot arreu. I si hi ha problemes, hi ha solucions. I els problemes que això impliqui es busquen
solucions. És tan senzill com això, com qualsevol altre menor, com qualsevol altra persona. Si hi ha problemes, es busquen solucions. Nosaltres a Catalunya vam decidir no fallar-los. Fins i tot vam anar més enllà. Acompanyem fins als 21 anys.
Oferim habitatge, formació i inserció laboral, escolarització i cultura cap a la llengua. Per això diem que el nostre sistema està compromès i amb orgull, i així ens ho ha reconegut més d'una vegada el propi ministeri. Tenim una petita diferència,
però crec que aquest decret ho soluciona.
Celebrem que aquest decret reconegui l'excepcionalitat de la situació i habiliti un fons de 100 milions d'euros. Però siguem clars, aquests recursos han d'arribar a qui veritablement acull, encara que no li
toquin trasllats. A qui fa l'esforç que ja acompanya, que ja fa la feina com ho fa el meu país, sobretot quan teníem aquesta conselleria. I avui ho reclamem. No és ni caritat ni és excusa. Justícia. I sabem que per a fer justícia calen
dades. Dades reals. I aquí també diem que les dades les coneixem a la Generalitat perquè els tenim als centres, els tenim comptabilitzats, estem finançats i tenim unes dades que estan més actualitzades que altres. No es poden fer polítiques
serioses amb xifres irreals.
Però escolti, més enllà de les dades, parlem clar. Estem parlant de criatures i de criatures, infants i adolescents que han viscut el que cap infant hauria de viure mai. No són un problema, són una responsabilitat, no són una amenaça, no
són una càrrega, no són una causa i així ho denunciem. Nosaltres defensem una societat que protegeixi, eduqui i acompanyi. Una societat que no deixi ningú enrere, vingui d'on vingui. Una societat que entén els drets de la infància com a drets
universals i drets humans no negociables, no condicionats, no tractats com a mercaderia. Per això celebrem aquesta llei. Seria difícil que algú votés en contra I per als qui voten en contra, ben a prop hi ha un confessionari.
Moltes gràcies.
El Grupo Republicano votará a favor de este decreto ley porque proteger los derechos de los niños y adolescentes por encima de cualquier otra consideración, independientemente de dónde hayan nacido, es muy importante. Lo hacemos desde la
coherencia y el compromiso histórico de Esquerra Republicana con los derechos humanos, la infancia y la acogida. Lo hemos hecho siempre y lo hacemos allí donde gobernamos sin excusas ni demagogias y con dignidad.
Aquí voy a sacar un poco pecho de mi país y las políticas de mi partido. Cataluña no es un territorio de entrada, pero sí que lo es de llegada y de esperanza. Esto no es una frase bonita, es una realidad. Daré datos. Entre 2017 y 2025
Cataluña acogió a más de 15 000 jóvenes emigrados solos, y hoy 6435 niños están bajo la protección de la Generalitat, un orgullo; niños y adolescentes, niños y niñas que llegan solos, sin nadie, sin papeles, sin dinero, sin apoyo, solo con una
maleta vacía y un corazón lleno de esperanza. Esta es la realidad. ¿Que hay problemas? Desde luego que los hay, como en todas partes, pero también hay soluciones. Los problemas hacen que se busquen soluciones en esto como en cualquier otro tema
y con cualquier otra persona. En Cataluña decidimos no fallarles. Incluso fuimos más allá: acompañamos hasta los veintiún años; ofrecemos vivienda, inserción laboral, cultura e inserción a través de la lengua. Por eso, pensamos que nuestro
sistema está muy bien y lo decimos con orgullo, y lo ha reconocido el ministerio. Tenemos una pequeña diferencia, pero creo que este decreto lo soluciona.
Celebramos que este decreto reconozca la excepcionalidad y habilite un fondo de 100 millones de euros, pero seamos claros: estos recursos deben llegar a quienes realmente acogen, a quienes de verdad acogen aunque no les toquen traslados, a
quien hace el esfuerzo, a quien ya acompaña y hace el trabajo como lo hace mi país, sobre todo cuando teníamos esta consejería en Esquerra. Y hoy lo reclamamos. No es caridad ni excusa, es justicia, y sabemos que, para hacer justicia, hacen falta
datos reales. En la Generalitat los conocemos porque los tenemos en centros, contabilizados, financiados, y son datos más actualizados que en otras comunidades autónomas. No se puede hacer política exterior sin tener cifras reales.
Pero más allá de los datos, estamos hablando de criaturas, niños y adolescentes, que han vivido lo que ningún niño debería vivir nunca. No son una carga, una amenaza ni un problema; es nuestra responsabilidad. Y lo decimos muy claro:
defendemos una sociedad que proteja, eduque y acompañe; una sociedad que no deje a nadie atrás, venga de donde venga; una sociedad que entienda los derechos de la infancia como derechos universales y humanos, no negociables, no condicionados, no
tratados como mercancía. Por eso, celebramos esta ley. Sería difícil que alguien votara en contra, y para aquellos que lo hagan, muy cerca tenemos un confesionario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Diouf Dioh, por un tiempo de siete minutos también.
El señor DIOUF DIOH: Me sumo a los saludos y agradecimientos que ha trasladado el ministro Ángel Víctor a todas las autoridades y organizaciones no gubernamentales que están ahí arriba, en la tribuna; también a los compañeros senadores y
senadoras que nos acompañan hoy en la tramitación de este real decreto.
Presidenta, señorías, subo hoy a esta tribuna por segunda vez en esta legislatura para hablar sobre los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan solos a nuestro país. No son números -cuatro mil, mil o seis mil-, tienen nombre,
apellidos e historia. (Aplausos). Hay que ser claros: han dejado sus países en busca de un presente y un futuro mejor y más seguro en España y en la Unión Europea y lo que quieren, señorías de VOX, es estudiar, trabajar y cumplir con su sueño, al
igual que sus hijos. Son un colectivo de personas vulnerables que tienen menos de dieciocho años. Señorías, como poderes públicos, tenemos el deber de protegerlos y de garantizar de manera efectiva los derechos que nuestra legislación nacional y
la internacional reconocen a la infancia, venga de donde venga, rigiendo en todos los casos el interés superior del menor.
Señorías, son niños y jóvenes que se han convertido en estos años en la diana del odio y la xenofobia -lo hemos visto esta mañana-, y desde esta Cámara algunos y algunas lo han ido alimentando. Y no me cansaré de decir claramente que se
hace desde posiciones racistas, que inoculan el odio hacia la diversidad como arma política para afianzar el miedo hacia el otro en una estrategia política ultra que estamos viendo en todo el mundo y que estos menores sufren diariamente aquí, en
España. Lo digo porque el color de la piel, como han comentado también los compañeros, tiene mucho que ver con todo eso. Señorías, no hemos visto el mismo revuelo ni las mismas preocupaciones cuando hablamos de otros menores, en este caso
procedentes de Ucrania. Según el MISSM, hay más de 1633 menores no acompañados y 3355 menores en riesgo activo, es decir, menores registrados en España que no han llegado acompañados por sus progenitores.
También intervengo para hablar con rigor de la situación que viven los territorios de llegada, como frontera de la Unión Europea, como mi comunidad, Canarias, o Ceuta y, en algunos momentos, Melilla. Digo lo de rigor, señorías de VOX,
porque hoy también han venido para cumplir con sus redes sociales. Tenéis tendencia a alarmar a la ciudadanía y a hablar en términos de una crisis migratoria que no se corresponden con la realidad. Sí hay que hablar de que nos encontramos en una
situación de crisis de acogida y, por extensión, humanitaria; una acogida que se debe hacer desde el respeto y la promoción de los derechos humanos y los derechos de la infancia y la adolescencia.
El real decreto que debatimos sirve precisamente para dar una solución solidaria, estable, estructural y dialogada a la acogida de estos menores que son declarados en situación de desamparo. Se está demostrando que nuestro sistema de
protección tiene que mejorar, tiene que adaptarse y tiene que dimensionarse de acuerdo con la realidad actual. Por ello, introduce una serie de artículos nuevos en la ley de extranjería: el artículo 35 bis, que va a permitir activar una
contingencia si se supera tres veces la capacidad de acogida; el 35 ter, que va a establecer unos criterios objetivos para distribuir a los menores de edad entre las comunidades autónomas; el 35 quáter, que fijará un plan de respuesta solidaria y
va a obligar al Estado a proponer el traslado en un máximo de quince días, como ha explicado el ministro, y el 35 quinquies, que regulará la reasignación territorial y la custodia. Para ello, se va a asignar al Ministerio de Juventud e Infancia un
fondo de 100 millones de euros; qué no nos hablen de dinero después. Para optar a él, las comunidades autónomas habrán tenido que aportar los datos necesarios.
Señorías, esta norma es fruto del diálogo entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Canarias y cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos que forman parte del Pacto Canario por la Migración, incluido el PP canario.
Desde aquí, quiero reconocer el magnífico trabajo de los compañeros diputados del Parlamento de Canarias. También, como se dice en Canarias: Ángel, salud; recupérate. Sabemos que lo vas a hacer. (Aplausos).
Me pregunto cuál va a ser el sentido del voto de los diputados y las diputadas canarias del Grupo Popular en esta Cámara. ¿Dejarán tirados a los canarios? Espero que no sea así. Les tendemos la mano. Ese es nuestro compromiso, señorías.
Apelamos al sentido de Estado de los grupos que conforman esta Cámara, a la necesidad de cooperación y de solidaridad para la gestión de la acogida de estos menores con el mismo espíritu que recoge el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, que
plantea medidas para mejorar la ubicación de los grupos más vulnerables entre los países de la UE. Cuando llegan los inmigrantes de forma continuada, siempre decimos que desde Europa se tiene que entender que Canarias, Ceuta y Melilla son fronteras
que forman parte de la Unión Europea, lo mismo pedimos para estos menores.
Con esta norma, el Gobierno asume el desarrollo de una medida adicional en el ejercicio de su competencia, tal y como ya planteaba la proposición de ley que fue rechazada. Es decir, no estamos diciendo nada que no dijéramos antes en julio.
Y es que la Administración General del Estado debe aportar una solución con carácter estructural a la acogida y atención de la infancia migrante sola. Más allá de las soluciones temporales que ha ido aportando el Gobierno estos años, con recursos
destinados a
Canarias, Ceuta y Melilla, el año pasado, a través de la Conferencia Sectorial de Infancia, cedieron 15 millones a estos territorios, y también se puede ver.
Señorías, los racistas ya no se esconden y ofrecen apoyo -lo hemos visto ahora- a los presupuestos de las comunidades donde está gobernando el Partido Popular, y les piden que no acojan a los niños, sobre todo, a los africanos. Hacemos un
llamamiento y esperamos de verdad que no se dejen llevar, que no se arrodillen frente a los racistas. Vuelvan al espíritu de un partido de Estado, a la Constitución; vuelvan al principio de igualdad, de libertad y justicia, y de solidaridad
también. Lo necesitamos en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Como partido líder de la oposición, únanse al consenso hoy, por favor, y únanse al frente antirracista contra los que están rompiendo España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Diouf.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alós López.
La señora ALÓS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Doy la bienvenida al presidente de Canarias, el señor Clavijo.
Ministros, señorías, Canarias, Ceuta y también en los últimos meses las islas Baleares, como bien sabemos, están siendo los principales puntos de llegada de inmigrantes irregulares en condiciones dramáticas y de desesperación, pero también
llegan a otras comunidades. Estas comunidades autónomas han llegado al punto de saturación, sus infraestructuras están colapsadas, ya no hay recursos y, lo más importante, las personas que están en el terreno sienten que la respuesta del Estado no
es proporcional a la magnitud del problema. Por ello, desde nuestro partido, desde hace ya muchos meses, venimos reclamando al Gobierno una verdadera política migratoria que dé respuesta a este extraordinario desafío al que nos enfrentamos. La
crisis migratoria en nuestro país, lamentablemente, se ha convertido en crónica por su inacción y, por ello, este parche no va a ser una solución tampoco para Canarias. El dramático aumento de llegadas demuestra el fracaso de sus políticas.
En el Partido Popular hemos trabajado durante meses de la mano con las comunidades autónomas donde gobernamos y de forma muy especial con Canarias. Este trabajo tuvo como resultado un plan para afrontar la crisis migratoria actual. Quería
dar respuesta de forma eficaz a las causas de esta crisis: por un lado, frenar el tráfico de personas por las mafias que operan desde los países de origen; y, por otro, dar respuesta a la situación de colapso que viven Canarias y Ceuta y acordar
de forma adecuada y viable el reparto de los menores no acompañados. Un acuerdo que fue firmado por nuestro presidente Feijóo y el presidente Clavijo y avalado por todos los presidentes autonómicos de los Gobiernos del Partido Popular. Pero,
lamentablemente, esta propuesta, que obligaba también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al señor Sánchez a responsabilizarse ante esta crisis y a poner los recursos necesarios, fue rechazada por ustedes desde el primer momento.
Señor ministro, señora ministra, mientras, en su Gobierno han estado actuando con mucha hipocresía, tachando a las comunidades autónomas -por cierto, solo a las del PP- de insolidarias, mientras rechazaban hacerse cargo de los menores que
les correspondían. Ha tenido que obligarles el Tribunal Supremo a responsabilizarse de los menores solicitantes de asilo (aplausos), más de 1200, que deberían haber estado desde el principio en su sistema de protección internacional y no bajo la
tutela de Canarias. Y, por si fuera poco, al recibir el auto han puesto todas las excusas posibles para no cumplir con lo que les imponía el Tribunal Supremo. Primero dijeron que el auto quedaba ya superado por este real decreto ley, lo ha dicho
hoy el ministro de nuevo, y que los menores serían repartidos como los demás. Luego dijeron que ya verían, pero que debería verse caso a caso, uno a uno, y al final llegaron a presentar hasta un recurso. Es cierto que luego se vieron obligados a
retirarlo, porque quedaban demasiado en evidencia ante el Gobierno canario y porque tenían, díganlo también, dividido de nuevo al Gobierno. Señores ministros, ¿qué van a hacer al final con los menores? Porque no están para dar lecciones y pedir
altura de miras a los demás.
Por cierto, y hablando de hipocresía, el señor portavoz de SUMAR, el señor de Más Mallorca (el señor Vidal Matas: Més per Mallorca), nos ha llamado malas personas y ha insultado a la presidenta Prohens. Mire, yo le voy a decir que en 2018
el Gobierno de Melilla tuvo una crisis de 2000 menores para una población que no llega a 90 000 habitantes, y pidió ayuda a todas las comunidades autónomas -por cierto, casi todas gobernadas por el Partido Socialista, y Baleares gobernada también
por usted (señala al señor Vidal Matas)-, ¿y sabe qué le respondieron? Pues muy buenas palabras, como hoy, pero se llevaron cero menores a Baleares. (Hace el signo del cero uniendo los dedos índice y pulgar.-
Aplausos). ¡Cero menores a Baleares! Por eso, cuando ustedes hoy vienen a darnos lecciones a todos nosotros, aplíquense al cuento.
Igual que el señor de Esquerra Republicana. Mire, no hace falta ir al Evangelio. ¡Si ustedes directamente discriminan a los menores en Cataluña por hablar español! (Aplausos.-Protestas de la señora Jordà i Roura y el señor Salvador i Duch,
el cual mueve su dedo índice sobre la sien indicando el gesto de locura). Eso es lo que ustedes hacen. La realidad... (Rumores.-El señor Álvaro Vidal y la señora Vallugera Balañá hacen signos negativos) ... la realidad es que el objetivo de su
Gobierno nunca ha sido resolver el problema que están viviendo Canarias y Ceuta, lo hemos visto claramente con la lentitud en los recursos que les han llegado a las dos comunidades, sino utilizar de forma partidista esta crisis, como ya nos tienen
acostumbrados, por otra parte. Por eso nunca han estado interesados en llegar a acuerdos con el Partido Popular. Y ustedes lo saben, porque hemos estado varias veces sentados en una mesa. Y de la propuesta que les presentamos nunca quisieron ni
hablar. Es más, es que casi no me dejaron ni terminar de relatarla. Han preferido una vez más aprobar este real decreto ley, cediendo al chantaje de los independentistas, concediéndoles la transferencia de las competencias de extranjería y control
de fronteras y permitiendo que en el reparto de este real decreto ley quede excluida de facto Cataluña. Es lamentable, porque han utilizado esta vez a los menores, a los que dicen proteger, como moneda de cambio para obtener sus votos. Y también
han actuado con una falta de transparencia y lealtad institucional máxima, ocultando el contenido de este decreto a los propios consejeros autonómicos reunidos en la Conferencia Sectorial de Inmigración apenas unas horas antes de su aprobación.
Este es su respeto institucional.
Señores ministros, este real decreto ley va en contra de todos los principios que habíamos recogido en el acuerdo con Canarias. En primer lugar, establece un mecanismo unilateral e impuesto por el Gobierno para el traslado de los menores,
sin la asunción de ninguna responsabilidad por su parte, tampoco la económica. Este texto vulnera flagrantemente las competencias autonómicas en materia de protección de menores, invadiendo su autonomía y convirtiendo la necesaria coordinación en
una imposición y sin los recursos para ello. Los criterios de reparto que imponen son injustos y arbitrarios, sin tener en cuenta la realidad de cada territorio. Eso sí, bien diseñados para que a Cataluña, como ya confirmó Junts, no lleguen nada
más que veinte menores, mientras que a la Comunidad de Madrid y Andalucía más de ochocientos. ¡Y lo que es peor, quieren enviar más menores a Melilla de nuevo que a Cataluña! Esto no tiene un pase, ministros. (Aplausos.-La señora Montesinos de
Miguel: ¡Qué barbaridad!). Es la prueba de lo injusto y arbitrario de su reparto. De hecho, van a penalizar con sus criterios, con esas plazas teóricas según su baremo gubernamental, a aquellas comunidades que han llevado a cabo un mayor proceso
de desinstitucionalización que ustedes han impulsado, ministra. Se les llena la boca hablando, efectivamente, de desinstitucionalización, como la mejora de la atención de los menores, y estamos de acuerdo, pero ahora quieren llenar todas las
comunidades de grandes centros masificados de acogida. ¿En qué quedamos? ¿O como son menores inmigrantes ya les da igual cómo estén?
Hablemos de las graves deficiencias procedimentales, señorías. ¿Son conscientes de la irresponsabilidad que supone ordenar el traslado de personas antes de verificar su minoría de edad? Esto es una chapuza administrativa con gravísimas
consecuencias jurídicas y de seguridad, y supone un riesgo evidente mezclar adultos con menores en los recursos de acogida. ¿Y la financiación? Porque aquí el engaño alcanza cotas máximas. Nos hablan de un fondo de compensación de 100 millones de
euros que resulta ser una financiación fantasma, inexistente en la práctica. Porque está condicionada a una sobreocupación, pero no sobre la capacidad real actual, sino calculada sobre una capacidad ordinaria teórica definida por ustedes. ¿Y cuál
es el resultado? Las comunidades autónomas van a tener que financiar otra vez a través de sus presupuestos los nuevos recursos de acogida que será necesario crear y la atención a los menores que van a llegar de Canarias y Ceuta. O sea, coste cero
para Sánchez, 100 % del coste para las comunidades autónomas, volviendo a escaquearse el Gobierno de la competencia migratoria, que es suya.
Señorías, este real decreto ley es la constatación del fracaso absoluto de la política migratoria del Gobierno de Sánchez. Es un parche que se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas raíz: ni el control efectivo
de fronteras ni los acuerdos de retorno eficaces ni la lucha contra las mafias. El Gobierno se lava las manos, reconoce implícitamente la insuficiencia de los servicios autonómicos, pero no aporta soluciones ni recursos, solo impone cargas.
Señorías, frente a su imposición, el Partido Popular defiende el diálogo real y el consenso con las comunidades autónomas. (Una señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista: ¡El tiempo!). Exigimos respeto a la ley, a la Constitución
y a las competencias autonómicas.
La señora PRESIDENTA: Señora, Alós, tiene que terminar.
La señora ALÓS LÓPEZ: Demandamos una política migratoria integral y seria; que la solidaridad vaya acompañada de recursos suficientes y garantizados por parte del Estado, y exigimos que el Gobierno asuma sus responsabilidades en la
solución de esta crisis de los menores. Porque no hay una política migratoria más inhumana que la que no existe. Porque los menores que mueren en el mar, señores ministros y señorías, no se pueden repartir.
Finalizo. Nuestra posición se basa en los principios de acuerdo, legalidad, financiación garantizada y corresponsabilidad, principios que defendimos junto a Canarias y que este real decreto ley ignora por completo. Por todo ello, señorías,
nuestro grupo votará en contra de esta convalidación del real decreto ley.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!-Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alós.
Aprovecho para despedir al presidente de Canarias y a la delegación que le ha acompañado para seguir este debate aquí en el Congreso de los Diputados.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. (Número de expediente 122/000126).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo al dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. Les recuerdo
que, finalizado el debate correspondiente a este punto, se votarán las enmiendas correspondientes a esta iniciativa.
Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días de nuevo.
Señorías, que haya asociaciones que ensalcen el terrorismo y a los terroristas es una auténtica barbaridad, como es una vergüenza que las víctimas del terrorismo tengan que padecer, además de la pérdida de un ser querido, cómo se ensalza,
cómo se homenajea a sus asesinos. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han manifestado que este tipo de actos humillan, revictimizan y atacan la dignidad de las víctimas. Entonces, la pregunta es: ¿por qué se siguen sin sancionar los actos
de apoyo a los terroristas de ETA? ¿Por qué se persigue el enaltecimiento del franquismo y no del terrorismo?
El Grupo Socialista, en ponencia, para justificar su voto contrario a la enmienda de Unión de Pueblo Navarro, manifestó que no era objeto de su iniciativa, que emanaba a su vez de la Ley de Memoria Democrática, como si la lucha contra el
terrorismo en nuestro país no fuese memoria democrática. Pero, más aún, señorías, fue el propio Partido Socialista el que acordó con los herederos políticos de ETA la extensión de la memoria democrática no solo con la Dictadura de Franco, sino
también hasta el año 1983. Y, señorías, en la Dictadura de Franco, ETA asesinó a 47 personas. Y, de 1976 a 1983, a 407 personas. Pero lo más miserable, señorías, es decir que nuestra enmienda no guarda objeto con la iniciativa cuando es el propio
Grupo Socialista el que presenta una enmienda transaccional referida nada más y nada menos que a la okupación de viviendas. (La señora Álvarez de Toledo Peralta-Ramos: ¡Qué vergüenza!). Sí, señorías, se necesita tener poca vergüenza. (El señor
De Olano Vela: Muy poca).
Hoy quisiera recordar a Pilar Ruiz, la madre de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA, que falleció hace unas semanas y que escribió una carta al hoy portavoz del Grupo Socialista y le recordaba cómo había sido una niña represaliada de la
guerra, que había crecido miserablemente y que había crecido, además, como la hija de un rojo represaliado. Y ante las negociaciones con la banda terrorista
ETA, le reprochaba: 'Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos; dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre; a tus pasos les llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos, Patxi; qué solos nos
hemos quedado los que no hemos cerrado los ojos!'. ¡Qué razón tenía! ¡Descanse en paz! (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Catalán.
Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Moi bon día.
Antes de máis quero saudar ás representantes de Ceaqua e das asociacións memorialistas que hoxe nos acompañan neste debate.
Chegamos ao momento de aprobar esta lei para prohibir asociacións que realicen apoloxía do franquismo con decepción e, sinceramente, con escasas expectativas de que sirva para moito. Decepción por non teren os partidos do goberno, PSOE e
Sumar aceptando as nosas emendas fundamentais como a derrogación dos apartados e) e f) do artigo 2 da Lei de Amnistía ou a que prevía incorporar ao Código Penal o principio de legalidade dende unha perspectiva do dereito internacional dos Dereitos
Humanos.
Presentamos estas emendas que xa presentaramos tamén á Lei de Memoria Democrática, após constatarmos na práctica o que xa sabíamos previamente que esta lei sen a derrogación previa deses apartados da Lei de Amnistía non servía para xulgar os
crimes do franquismo. Infelizmente así foi: a primeira querela presentada ao amparo desa lei, a dos familiares do dirixente da Unión do Pobo Galego Moncho Reboiras, asasinado en 1975, foi rexeitada por un xulgado de Ferrol, amparándose
precisamente na Lei de Amnistía. Máis recentemente no mes de agosto de 2024 o recurso de amparo presentado diante do Tribunal Constitucional tamén foi rexeitado.
Por iso o BNG o ten absolutamente claro. Mentres non haxa soporte legal para xulgar os crimes do franquismo, non haberá verdadeiramente xustiza coas vítimas. Escasas expectativas, porque non só após 2 anos da Lei de Memoria Democrática, a
Fundación Francisco Franco continúa sendo legal e operando con normalidade, senón que, tal e como redactaron esta norma engadindo a causa fundamental da ilegalización, que é a realización de actividades que constitúan a apoloxía do franquismo, ben
ensalzando o golpe de estado de 1936 ou a ditadura posterior ou ben enaltecendo os seus dirixentes engadindo, digo, a condición de que concorra menosprezo e humillación da dignidade das vítimas xa lle están dando a escusa perfecta aos xuíces
reaccionarios para non actuaren, para non ilegalizar unha soa asociación.
Mais eu pregunto: é que a apoloxía do franquismo non é xa de por si suficiente humillación ás vítimas? Que máis habería que demostrar? Do que se trataría é de desterrar definitivamente o franquismo da sociedade e facer xustiza con todas
as vítimas. Logramos, iso si, que fose incorporada a nosa proposta, acho que moi importante, para ampliar a lexitimación activa e permitir que ademais do Ministerio Fiscal, a acción de disolución poida ser instada polas asociacións e entidades que
teñen como fin social a defensa da memoria democrática da vítima, do golpe de Estado e da ditadura. Votaremos a favor e, sinceramente, esperamos enganarnos sobre a eficacia futura desta lei.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Muy buenos días.
Quiero también saludar a los representantes de Ceaqua y de las asociaciones memorialistas que nos acompañan hoy en este debate.
Llegamos al momento de aprobar esta ley para prohibir a asociaciones que realicen apología del franquismo con decepción y, sinceramente, con escasas expectativas de que sirva para mucho. Decepción, porque los grupos del Gobierno, Socialista
y SUMAR, no aceptaron nuestras enmiendas fundamentales, como la derogación de los apartados e) y f) del artículo 2 de la ley de amnistía o la que preveía incorporar al Código Penal el principio de legalidad desde una perspectiva del derecho
internacional de los derechos humanos.
Presentamos estas enmiendas que ya habíamos presentado también a la Ley de Memoria Democrática tras haber constatado en la práctica lo que sabíamos ya: que esta ley sin la derogación previa de esos apartados de la ley de amnistía no servía
para juzgar los crímenes del franquismo. Lamentablemente, así
fue. La primera querella presentada al amparo de esa ley, la de los familiares del dirigente de la Unión do Povo Galego, Moncho Reboiras, que fue asesinado en 1975, fue rechazada por un juzgado de Ferrol, amparándose precisamente en la ley
de amnistía. Más recientemente, en el mes de agosto de 2024, el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional también fue rechazado. Por eso, el BNG lo tiene absolutamente claro: mientras no haya soporte legal para juzgar los
crímenes del franquismo, no habrá verdaderamente justicia con las víctimas.
Escasas expectativas, porque no solo tras dos años de la Ley de Memoria Democrática la Fundación Francisco Franco sigue siendo legal y funcionando con normalidad, sino que, además, tal y como redactaron esta norma, añadiendo a la causa
fundamental de la ilegalización la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936, o bien la Dictadura posterior o enalteciendo a sus dirigentes, añadiendo, digo, la condición de que
concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, esta redacción ya está dando la excusa perfecta a los jueces reaccionarios para no actuar. Pero yo pregunto: ¿es que la apología del franquismo no es ya por sí misma suficiente
humillación a las víctimas? ¿Qué más habría que demostrar? De lo que se trataría es de desterrar definitivamente el franquismo de la sociedad y hacer justicia con todas las víctimas.
Logramos, eso sí, que se incorporase nuestra propuesta, creo que muy importante, para ampliar la legitimación activa y permitir que, además del Ministerio Fiscal, la acción de disolución puedan instarla también asociaciones y entidades que
tienen como fin social la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado y de la Dictadura.
Votaremos a favor, y, sinceramente, esperamos engañarnos sobre la eficacia futura de esta ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, presentamos una enmienda originalmente para que dentro de esta ley se recogiese además de la apología del franquismo también al fascismo, y la seguimos manteniendo. Es verdad que llegamos a un acuerdo con el Gobierno para hacer
una transaccional, porque esta es una ley orgánica y el Gobierno se comprometió a que en la primera ley orgánica que viniese al Congreso íbamos a hacer una transaccional para revertir el cambio que se introdujo por parte del Grupo Parlamentario
Vasco en la ley de eficiencia organizativa de la justicia. Hoy el Grupo Popular ha bloqueado la tramitación de esta enmienda. Pero les decimos una cosa, señorías del Grupo Popular, vamos a presentarla una vez y otra vez y otra hasta que por fin se
revierta esa enmienda del Grupo Parlamentario Vasco que salió adelante; y también le vamos a decir al Gobierno que tiene que cumplir con su compromiso con Podemos para derogar ese cambio legal que se hizo con respecto a los desahucios.
Con respecto a la ley, quiero que oigan tanto los franquistas como los fascistas como los neonazis como los ultras que con esta ley se incluye como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que
ensalce el golpe de Estado, la Dictadura o enaltezca a sus dirigentes con menosprecio o humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o una incitación directa o indirecta al odio o violencia contra
las mismas por su condición de tales. Eso es lo que dice esta ley, pero no es suficiente en el contexto histórico y político en el que estamos, porque se ha normalizado, cuando no directamente se ha elogiado, un periodo de nuestra historia tan
oscuro como fue el franquismo, y tenemos todos y todas la responsabilidad, frente al avance dramático de la internacional reaccionaria, de defender la democracia, también con acciones como esta. El problema de la herencia franquista no se soluciona
solo con medidas cosméticas, eso sí se lo voy a decir, señorías del Grupo Socialista, sino con medidas contundentes que ayuden en el camino de la reparación de las víctimas.
El problema que tenemos es que en el año 2025 estamos asistiendo a cómo el régimen del 78 todavía no ha cerrado muchos capítulos de esta terrible fase histórica que vivimos y que ahora está volviendo, y eso tiene mucho que ver también con el
modelo constitucional que tenemos, con la persistencia de un aparato posfranquista en instituciones esenciales del Estado, donde aún tienen cabida posiciones abiertamente reaccionarias en nuestras Fuerzas Armadas, en los cuerpos de seguridad o en la
judicatura, sin que se haya hecho absolutamente nada. Por eso es imprescindible desarrollar la Ley de Memoria
Democrática vía reglamento, tal y como nos comprometimos en la legislatura pasada y en línea con lo que nos piden también las asociaciones memorialistas. No podemos consentir que la apología del franquismo campe a sus anchas por nuestras
instituciones, pero también por nuestras calles sin que eso tenga consecuencias. Por eso tenemos una deuda moral y las barbaries sufridas en el pasado tienen que ir acompañadas de medidas que impidan que la historia se repita en el presente y en el
futuro. No basta con censurar lo que fue, sino que tenemos la obligación de actuar y parar en seco los conatos autoritarios, neofranquistas y reaccionarios que estamos viviendo hoy.
Termino. No se puede entender que hoy haya grupos neonazis que amenazan a políticas y a políticos de esta misma Cámara; no se puede tolerar que en esta misma Cámara haya diputados de la ultraderecha que se refieran al franquismo como una
época dorada; no puede existir una organización paramilitar o parapolicial como Desokupa, que se permita el lujo de perseguir y acosar sobre todo a políticas mujeres de izquierdas simplemente por el hecho de defender la igualdad y la justicia
social. Por eso tenemos que tomarnos muy en serio la memoria democrática, aprender del pasado y evitar que se abra paso otra vez a la barbarie.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puy Fraga.
El señor PUY FRAGA: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos hoy, efectivamente, una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Socialista que trata de modificar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación para dar cumplimiento al mandato incorporado a la disposición
adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, en la que se daba un mandato claro para que en un año se modificase la ley del derecho de asociación, incorporando entre las causas de disolución de las asociaciones la apología pública del
franquismo, del golpe de Estado, la Dictadura o sus dirigentes, siempre con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o que incitasen directa o indirectamente al odio o la violencia contra ellas. En el debate inicial, como ustedes
saben, algún portavoz, concretamente el del Grupo Parlamentario Vasco, recordó que al ir por la vía de la proposición de ley se carecía de los informes preceptivos de los órganos consultivos, pese a estarse regulando un derecho fundamental, que
además había sido retirado del plan normativo del Gobierno que se incorporó en 2023 y no en 2024, y que además se estaba incumpliendo el plazo previsto en la propia ley de memoria histórica.
Pese a todo ello, el Grupo Parlamentario Popular apoyó con su sí la toma en consideración y hubo un resultado de 314 votos a favor y solo 33 en contra, si bien nuestro apoyo, como señaló nuestro portavoz en aquella ocasión, el señor De
Olano, era con la intención de enmendarla para hacer más inclusiva la posibilidad de disolver asociaciones. Presentamos tres enmiendas. Fuimos a la ponencia; en la ponencia, el representante socialista, señor Rallo, nos presentó ya un informe de
ponencia antes de hablar con el grupo mayoritario -que además había apoyado la tramitación de la proposición de ley-. Presentaron dos enmiendas transaccionales, una con el Bloque Nacionalista Galego y otra con el Grupo Parlamentario Vasco, que son
las que hoy se someten a votación, y presentaron una segunda enmienda transaccional con Podemos, que aprovechaba esta ley para contrarreformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la reciente reforma que permite juicios rápidos en
casos de okupación. Esta fue calificada como intrusa por el letrado de la comisión, fue retirada y no presentada en comisión, fue luego reaparecida ayer mismo en el Pleno, nuevamente calificada por la Secretaría General como intrusa y finalmente
vetada por nuestro grupo, porque claramente excedía el contenido de esta norma.
Nosotros tratamos de dialogar en ponencia y se nos dijo que el texto original no se podía tratar con la intención de incluir toda apología de regímenes totalitarios que menospreciasen a las víctimas, y en particular a las víctimas del
terrorismo, porque se nos dijo que no estaba incluida en el mandato de la Ley de Memoria Democrática. Nuestra enmienda, lógicamente, está inspirada, como dijo la portavoz María Jesús Moro en comisión, en la importancia que se le da desde el
Parlamento Europeo a la memoria histórica europea para el futuro de Europa y a que se condenen todos los crímenes cometidos por los regímenes nacionalsocialistas, fascistas y comunistas. Es congruente con la historiografía más moderna. Hay que
recordar, por ejemplo, el libro de los autores Fernández, Míguez y Vilavedra, que hicieron una reunión de historiadores y que recuerdan que el relato de un pasado incómodo como el que tienen los españoles debe hacerse siempre recordando cuestiones
como su contextualización en el tiempo transnacional del fascismo y los genocidios, recordando toda la violencia y todas las formas de violencia,
o recordando que una guerra como la española no solo fue civil y española, sino total y europea. Fue imposible dialogar; el señor Rallo nos dijo, al mismo tiempo que defendía la transaccional sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no
era apropiada para este debate. A mí me recordó la cara que puso el señor Rallo, con todo el cariño, a la del personaje de Daniel Gascón cuando decía aquello de: Sé que no te gustan mis explicaciones, pero al menos tú no tienes que pasar la
vergüenza de tener que darlas. Porque realmente el argumento era absolutamente pedestre. (Risas.-Aplausos).
En conclusión, la tramitación fue muy propia de lo que estamos viviendo, que es ausencia de informes preceptivos, nula disposición al diálogo con el grupo mayoritario, y esta es en parte la situación en la que estamos. Nosotros pensamos,
como los historiadores, que el relato de la memoria histórica y democrática tiene que construirse con políticas que, en vez de seguir haciendo política pacata, hagan política de verdad con la memoria. Ustedes están intentando hacer, como hay
bastante evidencia, una política de polarización. Luis Miller, un reconocido sociólogo que trabajó en Moncloa, al poco de salir del gabinete del presidente Sánchez escribió un libro muy interesante en el que dice que la polarización se hace y que
existen herramientas de polarización, temas y problemas sociales que utilizan los partidos para polarizar, como son la raza y la religión en Estados Unidos o la memoria histórica en España. (Aplausos). Cada vez que ustedes tienen un problema de
debilidad, lo que hacen es traernos cuestiones que tratan de polarizar.
En fin, nosotros hemos condenado claramente el franquismo -en el 2002 con una resolución explícita- siempre que se nos ha presentado, y no solo con declaraciones, sino con hechos. Les recuerdo lo que se hizo por unanimidad, respetando el
Estado de derecho y con el consenso de todo el mundo, en relación con el pazo de Meirás, en Galicia, quizás uno de los logros más importantes para las asociaciones memorialistas.
Siempre hemos tratado este tema con el único objetivo de reforzar la democracia y la convivencia, porque la polarización es un empobrecimiento y un deterioro institucional, y se vuelve a comprobar en este debate y en su trámite. La calidad
normativa deja que desear porque se carece de informes y la calidad del debate sigue la pauta típica en la que nos está metiendo el Gobierno. Ayer daba un poco de vergüenza ver a todos los ministros repetir el soniquete de esta falsa dicotomía: o
están conmigo o están con Trump. Pues miren, se puede estar con otro Gobierno que no sea el suyo o el de Trump, y es bastante evidente que son muy mejorables los dos (Aplausos). Sobre los ataques personales ya decía Schopenhauer -Dialéctica
erística o El Arte de tener razón, año 1831- lo siguiente: La descalificación personal del adversario, llegando si hace falta a la ofensa y la grosería, rebasa todos los límites de la argumentación y suele denotar, como es el caso, impotencia más
que habilidad dialéctica.
Señorías, esta norma no nos interpela a nosotros, les interpela a ustedes y a su actitud. Ustedes miran al pasado desde el presente para polarizar en el futuro. Nosotros miramos al pasado, por supuesto, con afán de conocer el presente,
pero para avanzar en la convivencia en el futuro. Les interpela a ustedes porque, si hay un consenso o una mayoría tan amplia como 314 votos en el trámite inicial de esta proposición de ley, ¿no es igual de amplia la condena de esta Cámara al
terrorismo y la defensa a sus víctimas y la crítica a la apología del terrorismo o a la humillación de las víctimas del terrorismo, no es igual de amplio el apoyo en esta Cámara que el apoyo a las víctimas del franquismo? El apoyo a la dignidad de
las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura es mayoritario. ¿No lo es también el apoyo a la dignidad de las víctimas de todos los regímenes totalitarios? Muchos conviven entre nosotros, como, por ejemplo, los refugiados venezolanos que huyen de
la dictadura venezolana.
La señora PRESIDENTA: Señor Puy, tiene que terminar.
El señor PUY FRAGA: ¿Lo es o no lo es? Ustedes lo sabrán y sabrán cuáles son las hipotecas que tienen en el presente, que, por desgracia, están marcando el futuro de forma divisiva.
Tendremos ocasión de volver a interpelarles en el Senado. Esperemos que caminen hacia posiciones inclusivas y no divisivas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puy.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Egun on, guztioi. Buenos días, señorías.
Con ocasión de la tramitación de la Ley de Memoria Democrática señalábamos en esta Cámara las distintas formas de abordar hechos colectivos trágicos del pasado, como los horrores de las guerras, singularmente las civiles, y sus
consecuencias: desde el olvido, la memoria o la historia. El olvido ante un pasado sombrío, señorías, no deja de ser una manifestación del poder del pasado sobre el presente. Como señala el Parlamento Europeo, tras las tragedias del siglo XX en
Europa no puede haber reconciliación ni futuro en la Unión sin verdad y sin memoria. Y la memoria y su construcción se realizan, principalmente, a través de las víctimas, que se convierten en transmisoras de los sufrimientos que padecieron a fin de
que sean tenidos en cuenta, y no solo como una interpelación reparadora para ellas, sino también como deber colectivo de memoria para evitar repeticiones, así como finalidad ética para diferenciar la humanidad de la inhumanidad y el bien del mal.
Por esto, señorías, señalábamos la importancia de la memoria y el papel propio y distinto que tiene a la hora de abordar hechos colectivos trágicos del pasado frente al papel científico de la historia, la cual, a partir de unos hechos del
pasado cruzados, entrelazados y compartidos aporta un conjunto explicativo del porqué de lo que pasó y por qué pasó, pero sin valoraciones -esto es importante- del bien o del mal, mientras que la memoria colectiva de las víctimas y los fenómenos
memorialistas reconstruyen socialmente el pasado con una finalidad, como les decía, reparadora, preventiva y ética.
Y, señorías, a la vez que enfatizábamos el valor propio de la memoria, destacábamos el riesgo de instrumentalizarla para, más allá de su finalidad como les decía, reparadora, evitar la reparación de errores del pasado y alcanzar una
conciencia ética más profunda. No hemos de desconocer que, al poder ser la memoria tan plural como la sociedad misma, no debe desviarse de sus finalidades esenciales para crear, en su caso, identidad de ideologías partidistas o también identidad de
Estado. Y en esto, en evitar el riesgo de caer en la instrumentalización ideológica de la memoria, creemos que ha sido especialmente cuidadosa la iniciativa que ahora debatimos para su aprobación, en coherencia, además, con el principio de
constitución no militante de la Constitución del 78, a diferencia de dos de sus modelos que sí lo son, como las constituciones italiana y alemana.
Señorías, lo que se protege con esta futura norma es, de manera singular, la dignidad de las víctimas, es decir, de todo aquello que implique desprecio, menosprecio o humillación de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del
franquismo o de sus familiares o de que se incite de manera directa o indirecta al odio o violencia contra ellas por su condición de tales, con ocasión, en su caso, de la realización pública por cualquier asociación de apología del franquismo o que
se ensalcen el golpe de Estado y la Dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, dando lugar en estos supuestos y cuando se produzcan esos efectos contra la dignidad de las personas a la disolución de estas sociedades.
Señorías, como ha manifestado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la libertad para la difusión de ideas o la libertad de expresión como derechos fundamentales valen tanto para difundir ideas y opiniones acogidas con favor o
consideradas inofensivas o indiferentes y también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población. Pero también tiene señalado el Alto Tribunal que ese amplio margen que los artículos 20 y 22 de
la Constitución ofrecen tanto a la difusión de ideas como la libertad de expresión encuentran límite en lo que suponga una lesión de derechos o bienes jurídicos de relevancia constitucional, como el respeto a la dignidad de las personas, recogido en
el artículo 10.1 de la Constitución. En este respeto a la dignidad de la persona se basa la sociedad democrática y pluralista. Esta exigencia es singularmente aplicable a la dignidad de las personas pertenecientes a grupos históricamente
discriminados y a las víctimas de hechos históricos dolorosos, como lo fueron las víctimas políticas, ideológicas e incluso de acciones delictivas del golpe de Estado, de la Guerra Civil o del franquismo.
Por todo ello, señorías -voy finalizando, presidenta-, frente a las vulneraciones a la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la Guerra Civil y del franquismo no cabe neutralidad institucional, sino deber colectivo de memoria a
través de políticas públicas de memoria, como la que se articula con esta proposición de ley orgánica de modificación del derecho de asociación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Mahaiburu andrea, eskerrik asko. Jaun-andreok.
Gaurkoa beste pauso bat da, bide onean. Egia da beranduegi heltzen dela, eta beranduegi zergatik? Guk sarritan esan dugu, ez? Hainbestetan goraipatzen den trantsizioarengatik. Estatu honetan,
azkenengo urteetan, demokrazia garaian, kakotx artean, frankismoa txertatua egon da estatuko hainbat erakundetan: koroan, botere judizialean, armadan, polizian, Guardia Zibilean eta alderdi batzuetan. Eta berrogeita hamar urte pasatu behar
izan dira, bada, elkarte eta fundazio frankistekin amaitzeko, legez kanpo uzteko. Bada nahikoa? Gure ustez ez, ez da nahikoa, baina, esan bezala, pauso bat da, bide onean gainera. Une honetan Estatuan fenomeno bitxi bat gertatzen ari da arrazoi
biologikoengatik, frankistak edo antzinako frankistak desagertzen ari direnean. Ba orain sortu dira beste gazte batzuk, beste belaunaldi bat, nostalgikoenak, eta gazte horiek, sare sozialak erabilita, zabaltzen dituzte buloak, faltsetate
historikoak. Baina, era berean, betiko mezu ultrak, xenofoboak, matxistak, arrazistak... Hauxe da neofrankismo hori berriro berpizten. Horregatik, hain garrantzitsua da elkarte hauen aurka tinko aritzea.
Señora presidenta, gracias.
Señorías, el de hoy es otro paso más en la buena dirección. Es verdad que llega demasiado tarde. ¿Y por qué llega demasiado tarde? Pues por algo que ya hemos dicho en múltiples ocasiones. Me refiero a la Transición, elogiada tantas
veces. En este Estado, en los últimos años, en época de democracia, entre comillas, el franquismo ha formado parte en una serie de instituciones del Estado, en la Corona, en el Poder Judicial, en el Ejército, en la Policía, en la Guardia Civil, y
también en algunos partidos políticos. Y han tenido que pasar cincuenta años para poder acabar con las asociaciones y las fundaciones franquistas, para ilegalizarlas. ¿Es suficiente? Pues a nuestro entender no, no es un paso suficiente, pero,
como hemos dicho, es un paso en la buena dirección.
Además, en estos momentos, en el Estado se está produciendo un fenómeno curioso. Por cuestiones biológicas, los franquistas están desapareciendo, pero surge una nueva generación de jóvenes nostálgicos. Esos jóvenes, a través de las redes
sociales, difunden bulos, falsedades históricas, pero no solo, difunden los mensajes ultras de siempre, xenófobos, machistas, racistas... Esto es, están resucitando ese neofranquismo. Por eso es tan importante luchar contra esas asociaciones y
luchar de una manera firme, además.
Señorías, decía que esta medida, que va en la buena vía, llega tarde. Han tenido que pasar cincuenta años y que desaparezcan los franquistas de entonces, o la mayoría de ellos, para que se pueda acabar con asociaciones de este tipo. ¿Y
cuál es la realidad? Pues que, debido a eso que se pone en valor tantas veces, la Transición, se permitió, se toleró, que muchos de esos gerifaltes del régimen anterior, de la Dictadura, siguieran insertados en instituciones del Estado, ya fuera en
el Poder Judicial, la alta Administración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército o la Corona.
En la toma en consideración en octubre comenté una anécdota: hasta el día de hoy, todos los JEMAD de las Fuerzas Armadas habían ingresado en la academia militar durante el periodo franquista. Seguramente esto pasará y ya no será así en el
próximo JEMAD. Pero hay otra anécdota. Como saben ustedes, este mes de enero se celebró un acto gubernamental para conmemorar los cincuenta años del fin de la Dictadura. Tuvimos un debate sobre si era preciso acudir a ese acto o no, teniendo en
cuenta que lo que se estaba haciendo era poner en valor una Transición que, a todas luces y desde nuestro punto de vista, había sido y es parte del problema. Pues quien no acudió a ese acto no fue otro que el jefe del Estado, el rey de España, con
la excusa baladí de que tenía un problema de agenda, una agenda que había puesto él. Cuando hubo un cambio de monarca, hace ya más de diez años, hubo un cambio simbólico: se cambió su escudo real. Se cambió el color, se pasó del azul de Falange,
que estaba así en el escudo anterior, a un rojo carmesí y se eliminó el símbolo de Falange del escudo de la Casa Real. Algo positivo. Ahora bien, ¿alguien de ustedes ha escuchado en alguna ocasión al actual jefe del Estado hacer una crítica, la
más leve crítica, a la Dictadura? Nunca. Qué casualidad, se dirán. No, saben perfectamente tanto él como el otro rey, el emérito, gracias a quién están hoy en día en ese cargo.
Vuelvo a la cuestión principal. Creemos que la prohibición de asociaciones profranquistas o proartífices del franquismo es una necesidad, ya que su existencia es una anormalidad en parámetros europeos, pero también en un Estado que se dice
democrático. Un régimen totalitario que acabó con la vida de decenas de miles de personas, que llevó al exilio a otras tantas y que acabó con las libertades y los derechos de la ciudadanía no tiene sentido que siga existiendo hoy en día. En
defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos deben desaparecer. Es de sentido común, aunque llegamos tarde. Y es que, además, esto está sustentado por la legislación y las recomendaciones de Naciones Unidas, de la Unión Europea y,
si nos atenemos -aquí muchas veces se habla de ella- a la Constitución española, por el artículo 21, que dice que las asociaciones que persigan fines contrarios a los derechos fundamentales
deben ser disueltas. No hay nada mayor que la apología de ese régimen totalitario para pedir que se acabe con esas asociaciones.
En segundo lugar, creo que es una cuestión de justicia -quedan miles y miles de víctimas todavía vivas y otras que buscan a sus familiares desaparecidos- que se acabe con esas asociaciones, que no hacen más que provocar un daño innecesario
en esas víctimas. Hoy el portavoz del franquismo político en Navarra intentaba enfrentar a unas víctimas con otras para negar el reconocimiento de las víctimas del franquismo. En cambio, el portavoz del Grupo Popular hablaba del reconocimiento de
todas las víctimas. Pues bien. Y entre ellas también las víctimas del franquismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pero es que, además, y lo decía al inicio, la prohibición de esas asociaciones puede ser una herramienta en la prevención del totalitarismo y el fascismo, y en un momento en el que esa ideología totalitaria -acabo, señora presidenta- está en
auge es más necesaria que nunca. Por ello, más allá de los diferentes posicionamientos, creemos que no puede haber espacio para la glorificación del régimen que destruyó las libertades y los derechos más básicos.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene... (El señor Catalán Higueras pide la palabra). No le he oído bien, señor Catalán.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Artículo 71, por la referencia que hace hacia mi persona el portavoz de EH Bildu.
Señora presidenta, sin más: no ofende quien quiere, sino quien puede, y lecciones de ética y de comportamiento de Bildu a UPN, ninguna. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès y Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Senyora, presidenta, senyories.
Junts per Catalunya no va avalar l'aprovació d'una llei de punt i final com és la Llei de Memòria Democràtica de 2022. No van voler que el nostre vot o la nostra abstenció servissin per engreixar el relat fals, mentider de la legitimitat
del règim del 78, un règim hereu del règim feixista com hereu del dictador, com ara recordava el diputat Iñarritu, un règim hereu que, com a hereu del dictador Francisco Franco, és l'actual rei d'Espanya, d'acord amb la Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado de 1969, que va entronitzar el seu pare. Saben quantes vegades diu la Llei de Memòria Democràtica que la dictadura va ser un règim feixista. Cap. Cap ni una. Per això, des de Junts per Catalunya no vam voler que amb el nostre
vot, ni tampoc amb una abstenció acomplexada, s'aprovés una llei de memòria que responia a l'únic objectiu de blanquejar la transició i el règim del 78. I així i tot, votarem sí a una de les seves poques derivades positives la reforma de la llei
orgànica reguladora del dret d'associació perquè es puguin dissoldre les associacions que fan apologia del franquisme amb les reserves sobre la seva efectivitat, que ha expressat el diputat Néstor Rego, votarem sí a la reforma que se'ns posa avui
sobre la taula. També hem de dir que estem d'acord amb la possibilitat que l'acció de dissolució la puguin exercir, a més de la fiscalia, les entitats memorialistes, tal com s'ha aprovat en ponència. Sobre la llei de memòria, crec que el temps ens
ha donat la raó. En els dos anys i mig des de la seva entrada en vigor. Hi ha hagut múltiples incompliments la reforma legal per dissoldre les associacions arriba tard. Arriba més d'un any tard. Com estem veient ara. No tenim notícia de la
restitució dels documents requisats als ajuntaments. No tenim notícia de la restitució dels dipòsits de paper moneda ni tampoc dels patrimonis confiscats. Tampoc se sap res de la compensació dels treballadors forçats. Però el pitjor de tot, el
pitjor de tot, és que la Llei de Memòria Democràtica ha consolidat un model d'impunitat que priva de tutela judicial efectiva i, per tant, deixa sense justícia les víctimes. Un model d'impunitat construït des d'una judicatura que no ha acabat mai
de tallar els seus vincles amb el franquisme. És cert que la llei preveu el dret a la investigació i és cert que preveu el nomenament de fiscals de memòria. En aquest sentit, celebrem que la Fiscalia de Barcelona hagi obert per primera vegada
diligències per investigar les tortures perpetrades per membres de la Brigada Político-Social a la Prefectura Superior de Via Laietana de la Policia Nacional, i ha obert aquestes diligències arran de la denúncia presentada per la lluitadora per la
llengua i la cultura catalanes, Blanca Serra. Una denúncia presentada en nom d'ella i de la seva germana Eva, ja difunta. Després de desenes, centenars d'intents és el primer cop que la Fiscalia investigarà per crims contra la humanitat, tortures
perpetrades a Via
Laietana. No dubtem de la voluntat de la Fiscalia de fer efectiu el dret de les víctimes a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. Però sí que sabem, i ho diem des d'ara, que quan aquesta investigació arribi
al jutge, per molt que s'hagi constatat quins són els crims comesos i qui són els criminals que els van cometre, el màxim que hi podrà haver és una simple declaració judicial civil de reconeixement dels fets sense efectes penals. En cap cas hi
haurà una condemna als torturadors i, per tant, no hi haurà justícia real. Això és així. Això és així perquè la Llei de Memòria Democràtica no va incloure la mesura clau per evitar que els jutges continuïn obstaculitzant les condemnes als
criminals franquistes. Què és la derogació de l'amnistia del 1977 per als crims de lesa humanitat i, per tant, els jutges poden continuar arxivant sistemàticament les denúncies fins que ja no quedi cap criminal franquista viu, com molt bé ha
explicat el diputat del BNG Néstor Rego. De fet, les Nacions Unides repetidament han recordat a l'Estat espanyol l'obligació de garantir la imprescriptibilitat dels crims de lesa humanitat i, per tant, de derogar l'amnistia del 1977. Un
recordatori que, per cert, ni tan sols hauria de ser necessari perquè els jutges espanyols ja tenen l'obligació d'aplicar l'amnistia als crims de lesa humanitat. I tenen aquesta obligació des del moment que Espanya va signar el Pacte Internacional
dels Drets Civils i Polítics i, des del moment que la Constitució espanyola estableix que els tractats ratificats per Espanya són dret intern i que les normes relatives als drets fonamentals i les llibertats públiques, s'han d'interpretar conforme
la Declaració dels Drets humans i els acords internacionals ratificats. Centenars de persones han estat torturades a Via Laietana, 43. Les germanes Eva i Blanca Serra, els germans Pepus i Maribel Ferràndiz, Carles Vallejo, Carles Castellanos,
Pilar Rebaque, Carles Miquel Jacobo, Xènia García i tants i tants d'altres. Demano disculpes als centenars de persones que han estat torturades en aquest pou de la vergonya que és Via Laietana, 43, per no poder dir els noms de totes elles. La
comissaria de Via Laietana és la demostració del fracàs de la memòria a l'Estat espanyol, com ens ho recorda cada setmana la Comissió de la Dignitat. El 2017 aquest congrés va aprovar una PNL perquè deixés de ser una comissaria activa i passés a
ser el que ha d'acabar sent un espai de memòria, exactament igual que els camps de concentració a Europa de la Segona Guerra Mundial. Exactament igual que els locals de l'ESMA de Buenos Aires i exactament igual que els locals de l'Stasi a Berlín.
El moment per aconseguir-ho era el 2022. No va ser així. Amb el vot d'uns i l'abstenció d'altres, es va aprovar una llei que ignorava Via Laietana, quan l'hauria pogut perfectament incloure, com va incloure la cessió del Palacio de la Cumbre a
l'Ajuntament de Donòstia. En la llei de memòria, qui va guanyar va ser el ministre Marlaska, avantposant els criteris operatius als drets humans. En paraules seves: 'No vemos motivos operativos para trasladar la Jefatura Superior de Policía, que
son los criterios que deben operar, que deben guiar nuestra actuación'. Los criterios operativos, per damunt dels drets humans, segons el ministre Marlaska, i amb la Llei de Memòria Democràtica, qui va posar els límits a la democràcia espanyola va
ser el secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, senyor Rafael Pérez Ruiz, quan l'octubre del 2021, en el mateix edifici de Via Laietana 43, on s'han torturat centenars de catalans i catalanes, va dir literalment: 'Esta Jefatura
de Via Laietana es un símbolo de servicio público desde el que varias generaciones de policías han contribuido y siguen contribuyendo a reforzar la democràcia'. Ho va dir on centenars i centenars i milers de catalans i catalanes van ser torturats.
Una frase pròpia d'un autèntic psicòpata. Moltes gràcies.
Señora presidenta, señorías, Junts per Catalunya no aprobó la ley de punto final, como fue la Ley de Memoria Democrática de 2022. No queríamos con nuestro voto contribuir a promulgar el falso relato, el relato mentiroso de la legitimidad
del régimen del 78, un régimen heredero del régimen fascista, como heredero del dictador Francisco Franco es el actual rey de España, de acuerdo con la ley de sucesión de la jefatura del Estado de 1969, que entronizó a su padre. Sin embargo,
¿cuántas veces se habla en esta ley de que el régimen de la Dictadura fue un régimen fascista? Ninguna, cero patatero.
Por eso, Junts per Catalunya no quería blanquear con su voto a este régimen del 78. Aun así, vamos a votar sí a una de las pocas derivadas positivas, la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, porque es para que se
puedan disolver las asociaciones que hacen apología del franquismo. Y también estamos de acuerdo con la posibilidad de acción de disolución, que la puedan ejercer, además, la Fiscalía y entidades de la memoria histórica, como se ha aprobado en
ponencia.
Sobre la ley de memoria, creemos que el tiempo nos ha dado la razón. En los dos años y medio desde su entrada en vigor, ha habido múltiples incumplimientos. La reforma legal para disolver asociaciones que nos ocupa llega con retraso. No
tenemos noticia de la restitución de los documentos requisados a los ayuntamientos, no tenemos noticia de la restitución de los depósitos en papel moneda ni tampoco de los patrimonios confiscados, y tampoco sabemos nada de la compensación a los
trabajadores forzados. Pero
lo peor de todo es que la Ley de Memoria Democrática ha consolidado un modelo de impunidad que priva de tutela judicial efectiva, y, por tanto, deja sin justicia, a las víctimas. Es un modelo de impunidad construido desde una judicatura que
no ha terminado de cortar sus vínculos con el franquismo. Es cierto que la ley prevé el derecho a la investigación y es cierto que prevé el nombramiento de fiscales de memoria.
En ese sentido, celebramos que la Fiscalía de Barcelona haya abierto, por primera vez, diligencias penales para investigar las torturas perpetradas por miembros de la Brigada Político-Social en la prefectura superior de Via Laietana a raíz
de la denuncia presentada por la defensora de la lengua y cultura catalanas, Blanca Serra, en su nombre y en el de su hermana, ya difunta, Eva. Tras centenares de intentos, es la primera vez que la Fiscalía va a investigar, por crímenes contra la
humanidad, torturas perpetradas por la Policía española en las dependencias de Via Laietana. No dudamos de la voluntad de la Fiscalía para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y a las garantías de no
repetición, pero sí que sabemos -y lo decimos desde ahora- que, cuando esta investigación llegue al juez, por mucho que se haya constatado cuáles son los crímenes y quiénes son los criminales que los cometieron, lo máximo que podrá haber es una
simple declaración judicial civil de reconocimiento de los hechos, sin efectos penales. Por lo tanto, habrá una condena, pero no habrá justicia. Esto es así porque la Ley de Memoria Democrática no incluyó la medida clave para evitar que los jueces
continúen obstaculizando las condenas a los criminales franquistas, que es la declaración de la amnistía de 1977 por crímenes de lesa humanidad. Por tanto, los jueces pueden continuar archivando sistemáticamente las denuncias hasta que ya no quede
ningún criminal franquista vivo. De hecho, como ya lo ha explicado el diputado del BNG, las Naciones Unidas han recordado repetidamente al Estado español la obligación de garantizar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y por eso hay
que derogar la amnistía de 1977. Es un recordatorio que, por cierto, no debería ser necesario, porque, si el Estado y los jueces españoles creyeran realmente en el derecho internacional, la obligación de no aplicar la amnistía a los crímenes de
lesa humanidad sería automática desde el momento en que España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y la Constitución española establece que los tratados ratificados por España son derecho interno y que las normas relativas
a los derechos fundamentales y las libertades públicas se interpretarán conforme a la Declaración de los Derechos Humanos y a los acuerdos internacionales ratificados.
Voy terminando. Algunas de los centenares de personas torturadas en la prefectura superior de Via Laietana de Barcelona son las hermanas Eva y Blanca Serra, los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz, Carles Vallejo, Carles Castellanos, Pilar
Rebaque, Miquel Jacobo, Xènia Garcia y muchos otros. Pido disculpas a los cientos de personas que han sido torturadas en este pozo de la vergüenza que es la Comisaría de Via Laietana de Barcelona por no poder decir el nombre de todas ellas. La
Comisaría de Via Laietana es la demostración del fracaso de la memoria en el Estado español, como nos recuerda cada semana la Comisión de la Dignidad. En 2017, este Congreso aprobó una PNL para que Via Laietana dejara de ser una comisaría activa y
pasara a ser un espacio de memoria, igual que los campos de concentración de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, igual que los locales de la ESMA de Buenos Aires o de la Stasi en Berlín. El momento para conseguirlo era en 2022, pero no fue
así: con el voto de unos y la abstención de otros, se aprobó una ley que ignoraba Via Laietana, cuando se hubiera podido incluir perfectamente, como se incluyó la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia.
Con la ley de memoria, quien ganó fue el ministro Marlaska, que impuso los criterios operativos a los criterios de derechos humanos.
En sus palabras: No vemos motivos operativos para trasladar la Jefatura Superior de Policía, que son los criterios que deben guiar nuestra actuación.
O sea, criterios operativos por encima de derechos humanos. Y, con la Ley de Memoria Democrática, quien puso los límites a la democracia española fue el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el señor Rafael Pérez
Ruiz, que, en el mismo edificio, en octubre de 2021, dijo literalmente lo siguiente: Esta jefatura de Via Laietana es un símbolo de servicio público desde el que varias generaciones de policías han contribuido y siguen contribuyendo a reforzar la
democracia. Lo dijo en un lugar donde fueron torturados miles de catalanes. En fin, esto es una frase propia de un auténtico psicópata.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicado, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Presidenta, senyories.
Donem compliment avui al que estableix la Llei de Memòria Democràtica. El nucli de tota la qüestió és l'apologia del franquisme. Però aquestes senyories és la història d'un fracàs, d'un enorme fracàs. Diguem-ho clarament. Un fracàs que
el resumiré en dues frases. Hem passat d'una cosa que es deia fa uns quants anys. Es deia: 'El franquismo tuvo sus cosas buenas y sus cosas males'. I ara diem, com s'ha dit en aquesta cambra, que 'el franquisme fue una etapa de reconstrucción,
de progreso i de reconciliación para lograr la unidad nacional'. Això s'ha dit en aquesta cambra i ho ha dit un diputat de VOX. Hem anat a pitjor, senyories. Hem anat a pitjor. Vivim en un fracàs i tenim un problema, un problema molt gran. I
posaré un exemple d'aquest terrible problema. L'anomenada Fundación Nacional Francisco Franco. La Fundación Nacional Francisco Franco és una anomalia escandalosa en el context europeu. Un escàndol democràtic continental. Una cosa inusual fins i
tot a la Itàlia de la senyora Meloni. És una vergonya per a qualsevol patriota espanyol, suposo. Descompto els patriotes amics de Trump, naturalment. I la pregunta que ens hem de fer avui aquí és: com es defensa la democràcia del feixisme? Com
es defensa un sistema de llibertats davant els feixistes? Perquè diguem-ho clar: l'apologia del franquisme és l'apologia del feixisme. És el mateix.
Presidenta, señorías, damos cumplimiento hoy a lo que establece la Ley de Memoria Democrática, que es el núcleo de toda la cuestión; es decir, la apología del franquismo. Pero esta, señorías, es la historia de un fracaso, de un gran
fracaso, digámoslo claro. Es un fracaso que voy a resumir en dos frases: hemos pasado de una cosa que se llamaba, hace unos años, que el franquismo tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, a decir ahora, como se ha dicho en esta Cámara, que el
franquismo fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Esto se ha dicho en esta Cámara, lo ha dicho un diputado de VOX. Hemos ido a peor, señorías.
Vivimos en un fracaso y tenemos un problema; un problema enorme. Voy a poner un ejemplo de ese problema: la nombrada Fundación Nacional Francisco Franco. Esta fundación es una anomalía escandalosa en el contexto europeo, un escándalo
democrático continental, algo totalmente inusual, incluso en la Italia de la señora Meloni. Es una vergüenza para cualquier patriota español, supongo -descuento a los patriotas amigos de Trump aquí-. Y la pregunta que debemos formularnos hoy es:
¿cómo se defiende la democracia del fascismo?, ¿cómo se defiende un sistema de libertad de la banda de los fascistas? Porque, digámoslo claro, la apología del franquismo es la apología del fascismo, que es lo mismo. (Aplausos).
Recordemos qué es el fascismo, señorías. Hay que ir a lecciones básicas en los tiempos que vivimos, hay que ir a lo básico. El fascismo es odio, exclusión, mentira sistemática, violencia y considerar como sospechoso y enemigo a cualquier
persona discrepante. Esto es el fascismo. Además, vamos a recordar otra cosa básica, y es que el fascismo busca la eliminación del adversario porque aspira a un cuerpo social sin discrepancias, como cualquier forma de totalitarismo. Esto es el
fascismo, esto fue el franquismo, esto es lo que quieren los nuevos franquistas.
Señorías del PP, no estamos hablando de ninguna abstracción. Me sorprende que ustedes envuelvan el debate sobre el franquismo con un debate muy interesante sobre el totalitarismo, en general, en Europa. Ahí les vamos a acompañar. Esquerra
Republicana es un partido que no ha sido connivente con ninguna dictadura, de ningún color, desde el año 1931; perseguidos por toda suerte de dictaduras, también por las dictaduras promovidas por Stalin. Por tanto, no nos busquen, tenemos más
autoridad que nadie aquí para discutir este tema. No hemos sido nunca conniventes con ninguna dictadura, y, por tanto, les digo: Se equivocan cuando envuelven el debate del franquismo huyendo a territorios de otras experiencias históricas. No
estamos hablando aquí de dictaduras comunistas, estamos hablando de la experiencia histórica del franquismo, ¡que es nuestra dictadura, por desgracia! (Aplausos).
El pasado del franquismo, señorías del PP, no es incómodo. Es algo peor, es una vergüenza. Es una vergüenza en términos patrióticos, que son los suyos. Y, por tanto, los miro y les pregunto, señorías del PP: ¿No les da vergüenza pactos
con los neofranquistas? No solo en Valencia, sino donde fuere. ¿No les avergüenza? Yo sé que ustedes son demócratas, pero tienen un mal momento, digámoslo así; un mal momento, que está durando mucho, pasando por Mazón. ¡Qué mal momento tienen,
señorías del PP! ¡Qué mal momento!
¿Y el contexto? El contexto es el que es. El problema es español, europeo y global. Como decía Thomas Mann -que se equivocó, pobre-, el fascismo siempre sobrevuela Estados Unidos y aterriza en Europa; bueno, ya Thomas Mann no tiene
razón, porque el fascismo ha aterrizado también en Estados Unidos. Y hay que recordar que sus socios de VOX, señorías del PP, son socios, a su vez, del señor
Trump. Y esto nos lleva a la teoría de que el amigo de mi enemigo es mi amigo y, por tanto, acabo al lado de Trump, porque, claro, VOX es un experimento interesante, es a la vez trumpismo y neofranquismo, un fránkenstein político que se va
a estudiar en las universidades.
Como dice el profesor italiano Luciano Canfora, estamos ante el reaccionarismo capilar de masas, esto es así. Y vuelvo a la pregunta de hoy: ¿Cómo se defiende la democracia de sus enemigos? Decía Voltaire, que no era precisamente Esquerra
Republicana, que no cabe ser tolerante con los fanáticos. Pues estamos en este problema, esta es la cuestión de esta reforma, esta es la cuestión de lo que tratamos hoy. Por cierto, no hablo en abstracto: hace pocas semanas en España se ha
presentado un manifiesto llamado Plataforma 2025, firmado por unos señores -supongo que por alguna señora también- que se autodenominan -atención- españoles agradecidos con Francisco Franco. ¡España, siglo XXI! ¡Felicitémonos, señores!
¡Felicitémonos!
Bé, com dèiem, aquesta és una proposició de llei que vol modificar la llei d'associació perquè la democràcia, atenció senyories, la democràcia ha de ser flexible però no pot ser fràgil. És una gran diferència. La democràcia, ho repeteixo,
i ho tradueixo per si algú no ho entén, la democracia debe ser flexible pero no fràgil, i aquesta és la qüestió.
I a més a més, vull recordar una cosa: la dissolució de qualsevol associació sospitosa de practicar l'apologia del franquisme es farà mitjançant resolució judicial que és justament el que diferencia una democràcia d'un regim autoritari o
totalitari. Perquè clar, nosaltres, els demòcrates, no podem utilitzar amb els feixistes el que els feixistes fan amb els demòcrates. Aquesta és la gran diferència. Però recordem també què volen les entitats que promouen el franquisme. Promouen
la destrucció, la reducció o la suspensió del sistema de llibertats. Diguem-ho clar: les associacions que volen el franquisme volen que tornem enrere. Ens volem morts, esclavitzats, detinguts.
I acabo, presidenta. El combat contra el feixisme només acaba de començar a Estats Units, a Europa a l'Estat espanyol. És una onada molt forta. I al menys els d'Esquerra, que tenim història aquí, no farem aquest combat amb els braços
creuats.
Gràcies.
Como decíamos, es esta una propuesta de ley que lo que quiere es modificar la ley de asociación, porque la democracia -atención, señorías- debe ser flexible, pero no puede ser frágil. Hay una gran diferencia: la democracia -lo repito y lo
traduzco, por si alguien no lo entiende- la democracia debe ser flexible, pero no frágil, y esta es la cuestión.
Además, quiero recordar que la disolución de cualquier asociación sospechosa de practicar la apología del franquismo se hará mediante resolución judicial, que justamente es lo que diferencia a una democracia de un régimen autoritario o
totalitario, porque, claro, nosotros los demócratas no podemos hacer con los fascistas lo que ellos hacen con los demócratas. Pero recordemos también qué quieren las entidades que promueven el franquismo: la destrucción y la reducción o suspensión
del sistema de libertades. Digámoslo claro: las asociaciones que quieren el franquismo quieren que volvamos atrás, a muchos de nosotros nos quieren esclavizados o detenidos.
Y termino. La lucha contra el fascismo no ha hecho más que empezar, en Estados Unidos, en Europa y en el Estado español. Es una ola muy fuerte, y, por lo menos, los de Esquerra, que tenemos historia aquí, no libraremos esta lucha con los
brazos cruzados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Álvaro.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Buenas tardes, presidenta.
Señorías, hoy venimos a lograr la disolución de algo que nunca tuvo que existir en democracia, las asociaciones franquistas. El derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, es un derecho fundamental de la sociedad
civil, clave para la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin embargo, este derecho pierde toda legitimidad y queda pervertido si es utilizado para glorificar el golpe de Estado fascista, la dictadura y el odio. Y
este camino se inició desde abajo, en las plazas y cementerios donde los familiares de las víctimas exigían, silenciados, que se acabara la impunidad, que alguien los escuchara. Y no podemos vivir en democracia si no se arregla lo más básico, la
reparación frente al dolor de quienes sufrieron la dictadura. Y después gracias a la Ley de Memoria Democrática, en la que nos pusimos de acuerdo para avanzar, cediendo mucho para que fuera efectiva,
y que no debe quedar en papel mojado. Y la ley que hoy venimos a cumplir, dando mandato a la disposición adicional séptima, que establece que en el plazo de un año hay que modificar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación. Y, por
último, gracias al Ministerio de Cultura, cuando el propio ministro Ernesto Urtasun sentenció, con valentía, que concurrirán en causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general. Y se considera contraria al interés
general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado, con menosprecio y humillación a las víctimas, iniciándose así, de forma histórica, el trámite de extinción de la Fundación Francisco Franco.
Ahora, con la aprobación de esta reforma de ley, daremos carpetazo a la posibilidad de que esta entidad se convierta en asociación y de que muchas otras utilicen el vacío legal para avergonzarnos a todos y a todas, porque, señorías, el 1 de
abril del 2018 la Fundación Francisco Franco recordaba en sus redes sociales la victoria fascista sobre el Gobierno democrático republicano. Lo hacía con un vídeo, acompañado de la siguiente frase: 'Hoy celebramos una victoria tan justa como
merecida', algo parecido a lo que hacían algunos cargos públicos de VOX en algunos ayuntamientos; una auténtica vergüenza y un ejemplo respecto a cómo durante casi cincuenta años se ha permitido que diferentes cuadrillas de fascistas humillen a los
cientos de miles de víctimas de la represión franquista. (Aplausos). Y no solo humillan a las víctimas ensalzando un régimen dictatorial y sanguinario, nos humillan a todos los demócratas, que queremos vivir en un país con libertades y derechos,
porque su propia existencia nos interpela a todos y a todas, daña nuestra democracia.
Y ahora permítanme aportar algo de contexto al debate. A nosotros y a nosotras nos gusta hablar de futuro, de un futuro de derechos, pero, para que entiendan lo que son derechos, a veces hay que recordar y los voy a citar: el sufragio
universal auténtico, con el voto de las mujeres; la laicidad del Estado y la libertad de culto; la educación pública gratuita y laica, que erradicaba el analfabetismo; las misiones pedagógicas, que llevaban la cultura por primera vez a los
rincones más olvidados; el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de las naciones del Estado español; la reforma agraria, que ofrecía tierra a los campesinos, los más olvidados de la historia; la ley de contratos de trabajo y el jurado
mixto, que protegían los derechos laborales; la jornada laboral de ocho horas, un tema de actualidad, y aquí me detengo; la negociación colectiva y la dignidad en el trabajo; el acceso a la salud pública; el concepto propio de la salud pública;
la modernización de un ejército, sometido por primera vez al poder civil; la independencia judicial y la protección de las libertades de expresión, reunión y asociación; el divorcio, que permitía a hombres y mujeres decidir sobre sus propias
vidas; el impulso cultural, la generación del 27, de creadores y creadoras que soñaron un país libre; la reforma financiera, que buscaba justicia social en la economía; el compromiso con la igualdad, la educación, la cultura, la dignidad; la
abolición de la pena de muerte, de la cadena perpetua y de los trabajos forzados; la elección democrática de la jefatura del Estado. Señorías, he citado uno de los periodos de progreso más grandes de nuestra historia. Y, sí, con orgullo, les
decimos a ustedes que nadie, absolutamente nadie va a arrancar del pensamiento colectivo que el 14 de abril se alzaron flores de esperanza y que el 1, el que ustedes celebran, fue la vuelta al gris y a la oscuridad del medievo. (Aplausos).
Por eso, mirando hacia el futuro y abrazando a todos y a todas las demócratas que respecto al año 1978 decimos que el franquismo fue la mayor tragedia de nuestra historia y que no vamos a permitir su glorificación, señorías, no se trata de
revanchismo, sino de verdad, justicia y reparación. No es nostalgia, es aprendizaje de todo lo luchado y conquistado. También es orgullo militante por aquellos que nos precedieron en la lucha por una sociedad más justa, a quienes no recordamos con
pena y tristeza, sino con valentía, esperanza y fuerza, porque cada héroe y heroína dejó su vida para que hoy aquí le recordemos como una ventana a la esperanza.
En fin, señorías de VOX y del Partido Popular -por decírselo en su idioma y para que lo entiendan-: Españoles, las asociaciones franquistas han muerto. Por mucho que el Partido Popular se ponga de perfil, como hizo Feijóo sobre el pazo de
Meirás cuando era presidente de la Xunta, y por mucho que pataleen en VOX los amigos de Luis Alfonso de Borbón, presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, humillar a las víctimas de la represión franquista desde asociaciones financiadas
por todos y todas no puede tener cabida en democracia, porque ya está bien de humillarnos a todos y a todas, ya está bien de tomar el pelo a la historia con sus ideas. Ustedes están obsesionados con un régimen jurásico, que no representa a nadie.
¡Ya está bien! Llevan más de medio siglo chapoteando en el dolor de las víctimas, que sufrieron en silencio y en el exilio.
Este no es nuestro país, porque son gente triste, que no asume que el mundo que defienden murió. Es más, nació muerto cuando levantaron la primera arma contra la palabra, contra los derechos. Miren, cuando en este país se pudo volver a
sindicarse, votar, abortar y hablar catalán, la ciudadanía lo celebró, pero
ustedes, tristemente, no participaron en esa proclamación. Cuando mi partido, el Partido Comunista de España, fue legalizado aquel 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa, ustedes no celebraron la democracia, lamentaron no poder volver a
reprimir, atacar y disolver. Nosotros y nosotras, con la cabeza bien alta, demostramos que, después de años de exilio, de cárcel y clandestinidad, desde la unidad, sumando compañeros, estamos en el lado bueno de la historia; estamos y estaremos,
porque, aunque les duela, en cada mejora social, laboral, cultural y educativa estaremos ahí; por cada derecho conquistado, por las mujeres, por las minorías, por la clase trabajadora, porque los demócratas nunca dimos un paso atrás, ni siquiera
cuando nos condenaban al silencio o al paredón, porque los demócratas no tuvimos miedo a la libertad ni a la igualdad ni a la justicia social, y, aunque ustedes se escondieran tras sotanas, uniformes o escaños, fuimos nosotras y nosotros quienes
empujamos esta democracia con las manos llenas de dignidad. Y aquí seguimos, porque no nos domesticaron, no nos borraron y no nos van a callar. (Aplausos).
Acabo, presidenta, con unos versos. Hace unas semanas nos dejó una vecina, María Medina Ros, vecina de Redován, un pueblo del sur del país valencià. Ella, que vivió la represión en sus carnes y la de sus seres queridos, guardó siempre en
la memoria unos versos que después sus nietos de La Raíz cantaron junto a miles de jóvenes. Estos versos decían: 'Sepan los que me oprimen/que solo mi vida arrastro/por escupirles en el rostro/las miserias de sus crímenes'.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el grupo parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy debatimos, tras el recorrido de la ponencia, una proposición de ley -no siendo un proyecto de ley- que tiene por objeto establecer que será causa de disolución toda asociación cuyas actividades constituyan apología del franquismo, bien
ensalzando lo que denominan el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes.
La redacción de esta norma, más propia de una comisión de censura que de un Parlamento democrático, es una coartada para justificar un atropello intolerable a nuestras libertades más básicas (aplausos), porque lo que realmente se persigue no
es sólo un revisionismo histórico, sino el control del pensamiento, la criminalización de la disidencia y la imposición de un único relato oficial desde el poder.
Esta iniciativa sustituye la responsabilidad basada en actos concretos por una responsabilidad objetiva. Las asociaciones serán juzgadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan. ¿Y qué será apología o enaltecimiento del franquismo?
¿Será apología no condenarlo con la vehemencia exigida? ¿Evitar recordar la construcción de pantanos, por si la nostalgia hidráulica resulta subversiva? ¿Reconocer que en este periodo histórico se forjó una gran clase media, hoy desaparecida?
(Aplausos).
Esta norma abre una espiral peligrosa. Lo que hoy se aplica obsesivamente contra el franquismo mañana se aplicará contra cualquier adversario político: aviso a navegantes (aplausos), porque ni esta Cámara es un tribunal ni es la Real
Academia de la Historia. Debatimos mucho más que una reforma, debatimos si el Estado de derecho se aplica solo a los afines, si las garantías desaparecen cuando incomoda una idea, si el Gobierno puede actuar como juez y verdugo de quienes no
comulgan con su dogma ideológico. Esta reforma arremete contra los pilares de cualquier democracia real: la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de asociación. (Aplausos).
Es una muestra más de la deriva despótica de un Gobierno que instrumentaliza la ley para silenciar a quienes no se arrodillan a sus postulados y pretende decidir qué asociaciones pueden existir y cuáles deben ser borradas. Con esta ley
convertirán a miles de jóvenes inquietos en simpatizantes del franquismo. Ya se ha dicho: obtendrán -no lo duden- el efecto contrario al que desean.
Dicen que no somos una democracia militante -lo ha dicho el señor Legarda-, pero en este caso lo aplican con fanatismo solo para perseguir a una parte, no para proteger a la nación de quienes sí quieren destruirla. Estamos ante una norma
arbitraria, incoherente e inconstitucional, que colisiona contra el derecho a la asociación del artículo 22 de la Constitución, confunde delitos individuales con responsabilidades colectivas, ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y convierte el derecho en un arma para castigar al disidente, no en una herramienta de protección ciudadana. (Aplausos).
Y todo ello lo hacen disfrazando esta infamia con apelaciones hipócritas a la paz, la tolerancia, la justicia y la memoria. Pero lo que buscan es sumisión, miedo y silencio. Necesitan reescribir la historia
porque desprecian la realidad. Quieren borrar al disidente sin juicio, sin condena, solo con la palabra de un fiscal obediente y una mayoría parlamentaria fanática. (Aplausos).
Chesterton ya lo advirtió: No se puede permitir que aquellos que destruyen nuestra historia escriban su futuro. ¿Es esto lo que los españoles votaron en 1978? ¿Es esta la democracia que prometieron construir? Este proyecto es la sombra
de un régimen tiránico que busca legitimarse desde el BOE, que no puede legitimarlo todo.
Y, por si fuera poco, trasladan esta persecución al ámbito civil, un terreno que no está preparado para consecuencias tan graves como la disolución de asociaciones, siendo el único marco válido en su caso el penal, con todas las garantías.
Lo que hacen es una transgresión política. No buscan justicia, buscan venganza. No quieren convivencia, quieren imposición. No, no vamos a permitir que instauren un régimen del miedo, un régimen en el que cada español deba medir sus
palabras y, por tanto, sus pensamientos por temor a represalias ideológicas. No, España no es ni será jamás una nación de esclavos ideológicos. No, no aceptamos que el Gobierno actúe como tribunal ideológico ni que convierta este Parlamento en una
cátedra de censura. Y advertimos que todo aquel que vote a favor de esta ley o mire hacia otro lado, como los tibios, deberá rendir cuentas ante la historia y ante el pueblo español. (Aplausos).
Y permítanme acabar con una imagen que, por las fechas, algunos comprenderán. En la tradición católica, durante la última semana de la cuaresma se cubren las imágenes sagradas para centrarnos en lo esencial, para no distraernos -ya sé que
algunos no lo entenderán-. Ustedes hacen lo contrario: construyen ídolos de barro, narrativas falsas para distraer al pueblo español de lo que verdaderamente importa.
Pero ya no engañan a nadie, porque esta patria nuestra, forjada en siglos de historia, fe y sacrificio, ha demostrado que la verdad prevalece sobre la mentira y que la libertad siempre resurge. Qué razón tenía el pensador: Cuando se deja
de creer en la verdad se acaba creyendo en cualquier mentira.
Y lo dijimos también en el debate de totalidad: España es un personaje excepcional, irrepetible, que hoy clama por un nuevo autor que no la humille ni la oculte, sino que la escuche, la represente con verdad y la defienda con coraje. Ojalá
encuentre en la concordia de una patria unida y libre, que ustedes nos quieren hurtar, el rumbo que merece.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy aprobaremos una nueva ley, una ley que se suma a las treinta leyes ya aprobadas durante esta supuesta legislatura fallida, durante toda esta legislatura -insisto,
treinta leyes- (aplausos); una nueva ley para reformar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación y posibilitar la disolución de las asociaciones franquistas, una ley que trae causa de la Ley de Memoria Democrática, que en 2022 dispuso,
como ya se ha dicho, la necesidad de reformar la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación para introducir una nueva causa de disolución, a saber, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo, ensalzando el golpe de
Estado, enalteciendo a sus dirigentes.
Señorías, la Ley de Memoria Democrática supuso un hito histórico para satisfacer un imperativo moral, para reparar el daño individual, para dignificar la historia de nuestro país, neutralizando el olvido y evitando la repetición; en
definitiva, señorías, para dignificar la democracia con verdad, justicia, reparación y memoria. Hoy damos un paso más. Con el expediente incoado por el Ministerio de Cultura, ya está en marcha la disolución de la Fundación Francisco Franco. Por
fin, señorías, pondremos fin a esa indignidad. (Aplausos). Pero no basta, señorías. No basta, hay asociaciones franquistas que campan a sus anchas, menospreciando y humillando a las víctimas de la represión franquista. Su disolución constituye
una exigencia democrática ineludible por la dignidad de las víctimas, por la dignidad de los represaliados, por nuestra moral colectiva, para hacer pedagogía social.
Señorías, como hace un siglo, un nuevo fascismo recorre el mundo y, particularmente, Europa; un fascismo que amenaza de nuevo los valores democráticos; un nuevo fascismo que tiene su versión española en treinta y tres escaños de este
hemiciclo (aplausos), una extrema derecha nostálgica del franquismo, desacomplejada, como ha demostrado la intervención de la señora diputada (sic) de VOX que acaba de intervenir (rumores.-Aplausos), una extrema derecha nostálgica, desacomplejada,
ofensiva,
hiriente, insensible, inhumana, envilecida, negacionista y revanchista. Sí, señorías, una extrema derecha fascista, que elogia la dictadura franquista como un régimen de progreso y reconciliación; una extrema derecha que exalta el 1 de
abril como una victoria. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor diputado.
Por favor, pido silencio a la Cámara. Si no, es imposible poder escuchar.
Señor Rallo, tiene la palabra.
El señor RALLO LOMBARTE: Señorías, una extrema derecha fascista, que elogia la dictadura, que exalta el 1 de abril, que honra al inefable dictador -liderada por el golpista Tejero-, que desprecia y humilla a las víctimas del franquismo;
los subcampeones del 39 -dicen-, repugnantes palabras pronunciadas recientemente por un infame exvicepresidente valenciano. ¿Cabe mayor ruindad y bajeza? (Aplausos).
Señorías, una extrema derecha que ha vuelto del agujero negro de la ignominia y la infamia, donde les había colocado la historia. Han vuelto, señorías, y nosotros debemos aprender de la historia para que las generaciones futuras no nos
reprochen que no estuvimos a la altura de este desafío histórico. Por ello, hay que afirmar alto y claro que, aunque la Constitución no sea militante, la democracia sí debe militar, sí debe militar contra sus enemigos, sí debe defenderse de sus
enemigos.
Se ha dicho que la Constitución es neutral, pero ni es ni puede ser indiferente ante la amenaza al orden constitucional y a los valores democráticos. Una democracia neutral no militante es ni puede ser una democracia desarmada, ni es ni
puede ser una democracia inerme. Tiene que ser una democracia resistente. Resistencia frente a los enemigos de las libertades y de los derechos; resistencia frente a la barbarie y la sinrazón; resistencia, señorías, frente a quienes asolaron
hace un siglo las democracias del siglo XX, los mismos que, si pudieran, harían lo propio hoy. (Rumores).
Señora presidenta, es bastante difícil seguir la intervención con el señor Tellado de espaldas y en corrillo constantemente. (Aplausos.-Protestas de varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso indicando
que la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, también está levantada fuera de su escaño y de espaldas a la tribuna hablando con un señor diputado.-Varios señores diputados: ¡Está la ministra
de Trabajo!).
La señora PRESIDENTA: Señor Rallo, un momento.
Por favor, señores y señoras diputadas y diputados. Yo entiendo que todo el mundo esté un poco cansado (varios señores diputados del Grupo parlamentario Popular en el Congreso: ¡Nooo!), pero cabe recordar lo que representamos cada uno de
nosotros. Por favor, un poco de silencio y un poco de respeto a la Cámara parlamentaria.
Señor Rallo, por favor, tiene la palabra usted.
El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.
¡Qué poco necesitan para la algarada!, ¿no?
Respeto, señorías, respeto escrupuloso a la Constitución, grandeza de la Constitución, que proclama la preeminencia de la libertad de expresión, pero que advierte de sus límites cuando entra en conflicto con otros derechos e intereses
constitucionales. Porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no puede amparar el discurso del odio, existe una incompatibilidad radical, lo dice el Tribunal Constitucional (el señor Flores Juberías: ¡Qué vergüenza!), los mensajes
de exclusión no son una manifestación ideológica, son intolerancia excluyente, sin cobertura en la libertad de expresión. El fascismo, la apología del franquismo, no puede ampararse ni excusarse ni en la libertad ideológica ni en la libertad de
expresión ni en la libertad de asociación ni en la libertad de manifestación. Todas estas libertades tienen límites en las leyes y especialmente en el Código Penal. (Aplausos). La Constitución, señorías, no les va a servir. No les puede servir
ni como burla ni como burladero.
Termino, presidenta. Me temo que hoy el Grupo Popular volverá a perder la oportunidad de estar en el lado decente de la historia. Acabamos de escuchar al portavoz del Grupo Popular, señor Fraga, creo -no podían haber elegido otro portavoz
más idóneo-, decir que esta norma... (Protestas.-La señora Fúnez de Gregorio: ¿Y qué pasa? ¡Es una falta de respeto!).
La señora PRESIDENTA: Señores diputados del Grupo Popular, por favor, guarden silencio. (Protestas). Guarden silencio, el señor Rallo está en el uso de la palabra.
Señor Rallo, tiene la palabra.
El señor RALLO LOMBARTE: Decía que acabamos de oír al portavoz del Grupo Popular decir que esta norma no les interpela. ¿Se esconderán ustedes de nuevo tras la abstención? ¿Es indiferencia o es connivencia, señorías? ¿Es indiferencia
frente al dolor, menosprecio, humillación hacia las víctimas del franquismo? ¿O más bien, señor Fraga, es connivencia nostálgica con sus propias raíces personales, familiares o como partido político? (Aplausos.-Protestas.-El señor Tellado
Filgueira: ¡Mamarracho! ¿Pero esto qué es? ¿Qué vergüenza es esta?).
Señorías, hoy ustedes cometerán la indignidad...
La señora PRESIDENTA: Señores diputados, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra el señor Rallo, por favor, termine su intervención. (El señor De Olano Vela: De señor nada).
El señor RALLO LOMBARTE: Termino, presidenta, si me dejan.
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, termino. (Protestas).
Hoy el Partido Popular cometerá de nuevo la indignidad de no amparar a quienes sufrieron represión y muerte y traicionarán un compromiso ineludible con la democracia y libertad frente a quienes han vuelto para combatirla. Afortunadamente,
la ley que hoy aprobamos impedirá la apología del franquismo, y con ella, España será un país más digno y decente y nuestra democracia más sólida y plena.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, algunos de ellos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Votamos en un minuto. (El señor Figaredo Álvarez-Sala pide la palabra).
No tiene la palabra, señor Figaredo.
VOTACIÓN.
La señora PRESIDENTA: Empezamos la votación.
Señor Figaredo, se puede sentar porque empezamos las votaciones. (Protestas.-El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¡Presidenta, no! ¡Por los artículos 71 y 72 pido la palabra! ¡Alusiones directas!).
Vamos a empezar las votaciones. Empezamos por la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica... (Protestas.-El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¡Presidenta, no! Artículos 71 y 72). ¡Estamos votando! Estamos empezando
la votación. Por favor. (Protestas).
Votamos la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. (El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¡Presidenta, por alusiones directas!). Enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto (el señor Figaredo Álvarez-Sala: ¡Por los artículos 71 y 72 pido la palabra!), por la señora Belarra Urteaga. Es la enmienda número 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 44; en contra, 305; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada
Pasamos ahora a votar la enmienda número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 171; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 52; en contra 298.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 52; en contra 298.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 52; en contra 298.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora conjuntamente las enmiendas 9 y 10.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio, el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 138; en contra, 178; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos ahora a votar la enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio, el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PALABRAS DE LA PRESIDENCIA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les informo de que desde las 14:20 hasta las 14:50 horas de hoy se podrán votar telemáticamente todos los asuntos pendientes del orden del día, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al
final de esta sesión.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 121/000051).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto
económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (El señor Figaredo Álvarez-Sala pide la palabra).
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. (Rumores.-El señor Figaredo Álvarez-Sala: Presidenta, presidenta, ¡presidenta! ¡Esto es el fascismo! ¡Presidenta, ha habido alusiones
directas!).
Ruego a los diputados y diputadas que van a salir que lo hagan rápido y en silencio y, a los otros, que se sienten en el escaño, por favor, para que empecemos el debate.
Cuando quiera, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Intervengo para defender el proyecto de ley por el que modificamos la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en concreto, para dar respuesta a la enmienda a la
totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX que, como saben, insta a la devolución de dicha iniciativa legislativa.
Si me permiten, quiero saludar a los miembros del Gobierno Vasco, también de las diputaciones forales, que asisten a esta sesión desde la tribuna de invitados, y agradecerles también todo el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años
para traer las diferentes enmiendas y modificaciones al proyecto de ley y así asegurar que el Concierto Económico cumple con todas las condiciones que se pactan por la
profusión legislativa que tiene este Congreso de los Diputados y, por tanto, la adaptación a la situación jurídica y económica que eso conlleva.
Voy a defender la necesidad de una iniciativa que queremos tramitar por el procedimiento de lectura única y luego entraré en todas las observaciones que ha planteado el Grupo Parlamentario VOX.
Señorías, no debería ser necesario, pero me van a permitir que les diga que el Concierto Económico tiene su encaje fundamental en la disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de la cual amparamos y se respetan los derechos
históricos de los territorios forales, a la vez que se ordena la actualización general de dicho régimen foral en el marco de la propia Constitución y del estatuto de autonomía. Por tanto, lo que hacemos hoy con este proyecto de ley es, ni más ni
menos, cumplir con la Constitución y con el estatuto de Gernika, que establece que las instituciones competentes de los territorios históricos pueden mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.
Señorías, el Concierto Económico prevé, en su disposición adicional segunda que, en el caso de que se produjese una reforma tributaria en el ordenamiento jurídico del Estado -algo que afectase evidentemente a la concertación de los
tributos-, se hiciese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afectan al ámbito de la imposición indirecta o si se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se producirá también por ambas Administraciones, de
común acuerdo y por el mismo procedimiento que ha instado a su aprobación, la adaptación del Concierto Económico a las modificaciones que ese referido ordenamiento hubiera mandado. Desde la última reforma del concierto, que se efectuó en abril de
2023, hemos realizado cambios en el ordenamiento tributario que exigen la adaptación de este, adaptación que debe efectuarse, como saben, de común acuerdo entre ambas Administraciones. Por eso, en las sesiones de la Comisión Mixta del Concierto
Económico con el País Vasco celebradas los días 13 de noviembre, 23 de diciembre y 6 de febrero de 2025 hemos alcanzado un acuerdo para la modificación del concierto. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Como recordarán sus señorías que estén escuchando, esta Cámara aprobó la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un impuesto complementario para garantizar el mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los
grupos nacionales de gran magnitud, un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, como consta
en el BOE. La creación de ese impuesto complementario para hacer efectiva esa imposición mínima y la del impuesto bancario hacen necesaria su incorporación al concierto y la fijación de los puntos de conexión que serían aplicables a ellos. En
cuanto al impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, resulta también necesario regular de manera concreta el método de ajuste a consumo aplicable a este impuesto, estableciendo una
disposición transitoria aplicable también a la exacción del impuesto que se devengue en el momento de la entrada en vigor.
Además de esta incorporación al concierto de nuevas figuras, se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en el actual modelo de concertación, ampliando el ámbito de competencias normativas de las que disponen las diputaciones
forales en determinados impuestos e igualmente introduciendo algunas mejoras técnicas en el texto del concierto. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.
Silencio, por favor.
Cuando quiera.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias.
De esta manera, se modifica la configuración del impuesto sobre la renta de personas no residentes, que pasará a ser un impuesto concertado de normativa autónoma, estableciéndose los puntos de conexión para determinar en cada caso la
aplicación de la normativa foral o estatal de este impuesto.
Por otra parte, se prevé que, en determinadas figuras impositivas, como el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el IVA y el impuesto sobre actividades de juego, se eleve a doce millones la cifra umbral de volumen de operaciones que
sirve de referencia para aplicar esos puntos de conexión en estos impuestos, modificación que va a ser ampliable a los periodos que se inicien a partir del 1 de enero de 2026.
Finalmente, en una nueva disposición adicional séptima, se habilita a las administraciones tributarias estatal y foral a acordar mecanismos que tengan por objeto facilitar la recaudación de las cuotas del IVA correspondientes al régimen de
diferimiento del IVA a la importación.
Dicho lo que se contempla como novedad en esta modificación del concierto, paso ahora a comentar la enmienda a la totalidad de devolución que presenta el Grupo Parlamentario VOX. Señorías, uno de los aspectos más llamativos del texto
registrado por su fuerza política es la ausencia total de argumentación jurídica para solicitar la devolución de la iniciativa legislativa. Apelan en términos genéricos a la igualdad y a la solidaridad, y citan el artículo 31 de la Constitución,
que establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, cuando justamente defienden cada día
todo lo contrario aquí, en esta Cámara. Porque ustedes, señorías de VOX, votan sistemáticamente en contra de la justicia fiscal y de la igualdad. Han votado en contra de la mayor rebaja del IRPF para rentas bajas y medias, de la mayor rebaja del
IVA de la energía y de los alimentos básicos y, al mismo tiempo, han votado también en contra de los impuestos a la banca y las energéticas para que contribuyan los que tengan más capacidad económica, es decir, tengan una mayor aportación al estado
del bienestar. Por tanto, señorías de VOX, lecciones de igualdad entre españoles de una fuerza política que se dedica constantemente a atacar los intereses de la mayoría social de este país, en concreto de los ciudadanos más vulnerables, no vamos a
aceptar ninguna desde el Gobierno. (Aplausos).
No ha sido una buena semana para VOX con los aranceles de la Administración estadounidense, porque ¿saben quién se está empobreciendo en Europa y en España justamente con la incertidumbre y la amenaza que plantea Estados Unidos con ese
permanente desafío de los aranceles? Ustedes pueden tomar nota de que es justamente el señor Trump el que está contribuyendo a que haya desasosiego e incertidumbre entre los trabajadores agrícolas, industriales y de todo el sector productivo de
nuestro país. Son ustedes -así dicho por su propio líder- los representantes en España de ese movimiento reaccionario que está provocando una guerra comercial absurda y disparatada que va a perjudicar a los ciudadanos más humildes, porque generará
inflación e inestabilidad. Por tanto, señorías, creo que no hay ningún tipo de currículum que acredite que esta formación política, cuando apela a la igualdad o apela a la constitucionalidad de determinados preceptos, haya tenido en el pasado y
ahora en el presente ningún tipo de razón a la hora de argumentar sus posiciones.
Por eso, señoría, creo que es buena cuestión que se replanteen cuál es la posición política que deben tener en relación con esta cuestión que se debate en el día de hoy, porque lo que les pasa no es que les incomode el contenido real de este
proyecto de ley, sino que ustedes ven a este territorio como un territorio en el que no tienen ningún tipo de expectativa electoral y en el que no tienen representación política que realmente les preocupe. Por ello, prefieren hacer política
confrontando -o intentando hacerlo- al resto de España con el País Vasco, al igual que ocurre con Cataluña. Y eso -ya se lo digo- no les permite sacar rédito político, porque creo que la ciudadanía española entiende mucho mejor el pacto
constitucional y el anclaje que el Concierto Económico tiene en nuestra Constitución y, por tanto, también la corresponsabilidad que tienen las diputaciones forales en relación con la mayoría de las figuras tributarias.
Señorías de VOX, si lo que pretenden es volver a esa concepción territorial caduca que a ustedes les caracteriza, a una España centralista que no corresponde con la pluralidad ni con la realidad de nuestro país, están absolutamente alejados
de lo que mayoritariamente opina, piensa y vota cada día esta Cámara. Por eso no me sorprende que buena parte de la enmienda reproduzca el argumentario de un nacionalismo español extremo, sobre la unidad de la nación, dándose golpes de pecho y
alardeando de patriotismo, pero atacando a los ciudadanos más vulnerables, como decía, por ejemplo, a través de ese apoyo a los aranceles, ante los que ustedes callan, siendo incapaces de responder a los poderosos.
Fíjense, su formación política ha propuesto ni más ni menos que se ilegalicen los partidos independentistas y que se supriman las policías autonómicas. Por eso no tiene que sorprendernos que la posición de este grupo en relación con el
Concierto Económico sea la que se expresa en esa enmienda a la totalidad. No es casual que sus señorías de VOX no hayan tenido ni un solo diputado en Álava, en Vizcaya o en Guipúzcoa, por ejemplo, en las pasadas elecciones generales. A la fuerza
política que ustedes representan, como digo, parece que no le importa nada lo que ocurra en el País Vasco, y la sensación que nos da a todos es que da igual los proyectos de ley que se presenten en esta Cámara, ya que de antemano ustedes tienen una
configuración de cómo se tiene que comportar España y de cómo tiene que ser esa vertebración territorial con la que no aportan nada nuevo ya que usan argumentos bastante trasnochados, sinceramente.
Por eso, para terminar, permítanme resumir las razones fundamentales para rechazar esa enmienda a la totalidad. La primera es la relevancia del proyecto que debatimos e, insisto, el pleno encaje tanto constitucional como autonómico. El
proyecto de ley modifica la Ley 12/2002, por la que se aprueba este
Concierto Económico, con el fin de proceder a esa actualización del régimen foral aplicable a los territorios históricos del País Vasco. El régimen tributario de esta peculiaridad de nuestra Constitución se asienta en lo determinado en la
disposición adicional primera, que establece el respeto a esos derechos históricos dentro del marco de la propia norma fundamental. La segunda razón -ya lo he explicado- es la necesidad de introducir los recientes cambios tributarios, en concreto
el impuesto complementario para el nivel mínimo de imposición de grandes grupos multinacionales y grupos nacionales, el impuesto sobre margen de intereses y comisión de entidades financieras y el impuesto sobre los líquidos para cigarrillos
electrónicos. Por tanto, el proyecto de ley da cumplimiento a lo previsto en la citada disposición adicional segunda de la ley del Concierto Económico, recogiendo en el mismo la concertación de las figuras tributarias de reciente creación. Creo,
señorías, que son razones suficientes para rechazar esta enmienda a la totalidad.
Termino, como modo de conclusión, apelando al sentido común de la Cámara y del conjunto de los grupos parlamentarios para rechazar esta enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Agradezco, sin embargo, a la mayoría
de los grupos el respaldo a la tramitación de este proyecto de ley, porque trata de realizar la adaptación necesaria del Concierto Económico, en permanente dinamismo porque la política, tanto a nivel fiscal como en otras materias, sigue teniendo una
actividad intensa en esta Cámara. Por tanto, traeremos de forma sucesiva cualquier modificación que afecte sustantivamente a las competencias que tienen tanto el Gobierno vasco como las diputaciones forales. Este es nuestro objetivo, esta ha sido
nuestra intencionalidad y, por tanto, señorías, apelo al voto positivo para que podamos tramitar sin ningún tipo de inconveniente adicional y en lectura única esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Se ha presentado, como sabemos, una enmienda a la totalidad. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta primera del Gobierno, señorías, el Grupo Parlamentario VOX presenta una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley por el que se modifica la Ley 12/2002 por la que se aprueba el Concierto Económico vasco. Es una
enmienda a la totalidad a la forma, a su contenido y al fondo.
En primer lugar, es una enmienda a la totalidad a la forma. Como mencioné en mi intervención del pasado martes, al ser un acuerdo de tramitación directa y en lectura única se limita el tiempo para el análisis de las propuestas y se reduce
el control político y la participación de los grupos parlamentarios. Es un procedimiento, por tanto, que adolece de la transparencia necesaria cuando hablamos de algo tan importante como concertar la fiscalidad de una parte del territorio español
con el todo; transparencia necesaria y exigible cuando hablamos de modificaciones normativas que tendrán un impacto claro en el reparto competencial, en la capacidad normativa, en la diferenciación entre regiones y en la recaudación. Recordemos
que las señorías del Grupo Socialista y del Grupo Popular votaron el martes a favor de ponerse de acuerdo en seguir las pautas y tiempos que marca el Partido Nacionalista Vasco.
En segundo lugar, es una enmienda a la totalidad a su contenido. La reforma del concierto que incluye este proyecto de ley es la más amplia y estructural de todas las realizadas hasta la fecha. Aunque algunas reformas previas introdujeron
más tributos concertados, como la de 2014, ninguna combinó modificaciones normativas, estructurales, competenciales y de gestión con un alcance tan amplio y coordinado como esta. En este proyecto de ley se conciertan tres nuevos tributos, entre
ellos, el impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco, un impuesto que, según la ministra y vicepresidenta primera del Gobierno, no se debe haber aprobado en este Congreso y que, según su
criterio, no afectará a la clase media y trabajadora, o sea, que solo utilizan cigarrillos electrónicos, según la señora Montero, los ricos. Presentamos una enmienda a la totalidad a su contenido porque se cede toda competencia en materia del
impuesto de la renta de los no residentes. Esto representa un cambio estructural en el concierto al atribuir a las diputaciones forales capacidad legislativa en un impuesto de naturaleza internacional. Esto convierte al País Vasco en la única
comunidad autónoma con capacidad normativa sobre fiscalidad internacional y abre la puerta a que el País Vasco ofrezca condiciones fiscales más ventajosas a los ciudadanos extranjeros que otras comunidades autónomas de España. Señorías del
Grupo Popular y del Grupo Socialista, si votan a favor estarán aprobando una nueva vuelta de tuerca a la desigualdad entre los españoles. (Aplausos).
Presentamos una enmienda a la totalidad a su contenido, porque las diputaciones forales podrán establecer sus propios modelos de declaración, plazos de presentación y diseño de los procedimientos de gestión en todos los tributos estatales
que no tienen cesión de normativa. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, si votan a favor estarán aprobando nuevas barreras al funcionamiento del mercado interior; estarán aprobando un aumento de los costes de las empresas derivados
de la necesidad de complementar diferentes modelos tributarios; estarán aprobando un nuevo paso en la cesión de soberanía fiscal; estarán aprobando un nuevo paso que facilita la desconexión de las haciendas forales. Presentamos una enmienda a la
totalidad a su contenido, porque más empresas medianas quedaran bajo normativa foral exclusiva al elevar el umbral de volumen de operaciones para tributar en el País Vasco, que pasa de 10 a 12 millones de euros en materia de impuesto sobre
sociedades, IVA e impuestos sobre las actividades del juego. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, si votan a favor estarán votando aumentar la capacidad recaudatoria de las instituciones vascas y debilitar la del resto de España.
En tercer lugar, es una enmienda a la totalidad al fondo, a lo que significa el concierto. Un Concierto Económico que nos afecta a todos los españoles, ya que es un sistema singular que regula las relaciones tributarias y financieras entre
el Estado y el País Vasco y, por tanto, debería estar basado en un compromiso de lealtad entre ambas partes. Me gustaría saber el concepto de lealtad de los señores del PNV, un concepto de lealtad que se refleja en las palabras que dijo Xabier
Arzalluz en 1980. En medio de la oleada de atentados terroristas, Xabier Arzalluz declaró que 'antes de hablar de paz hay que terminar la guerra pendiente, tienen que restituirnos antes los conciertos que nos quitaron'. Esto es memoria histórica.
(Aplausos). Un concepto de lealtad que demuestra el PNV cambiando sus apoyos del Partido Popular al Partido Socialista en tan solo unos días, como sucedió en el año 2018. Una lealtad inexistente, pero que el Gobierno socialista premia regalando al
PNV un palacete en París que pertenecía al Instituto Cervantes y dando compensaciones millonarias por inmuebles que no existen.
Presentamos una enmienda a la totalidad al fondo, ya que los ciudadanos vascos están recibiendo el doble de financiación media por habitante que el resto de los españoles. (Aplausos). No es una opinión, es la realidad que se desprende de
un documento elaborado y presentado a finales del año 2024 por Fedea y la Fundación Internacional Olof Palme, próxima al PSC. En este documento se menciona que la mayor financiación se debe fundamentalmente al régimen fiscal foral del que
disfrutan, gracias a un concierto al que se suman otras prebendas, entre transferencias, ajustes de IVA o ayuda directa para atajar el déficit a la Seguridad Social más elevado de las cuentas públicas después de Asturias. Una mayor financiación
que, sin embargo, no ha logrado evitar la pérdida de importancia de la economía vasca en el conjunto nacional, y es que la economía vasca ha pasado de suponer un 7,53 % del PIB nacional en el año 1981 a un 5,87 % en el año 2023. Una pérdida de
importancia que también se refleja en su población, una población que ha pasado de suponer un 5,69 % de la población española a principios de los años ochenta a un 4,56 % en el año 2024.
Presentamos una enmienda a la totalidad al fondo, ya que la existencia de un sistema fiscal privilegiado puede desincentivar la inversión y la creación de empleo en otras regiones de España. Señorías, el PNV ha utilizado y utiliza el
concierto como una herramienta para fomentar un nacionalismo excluyente que divide a los españoles en lugar de unirnos. El PNV ha seguido y sigue un modelo de gestión que divide en lugar de unir, que excluye en lugar de incluir, que presenta a
quienes critican el concierto como adversarios. El PNV ha alimentado y alimenta tensiones y resentimientos que solo sirven para debilitar nuestra convivencia. (Aplausos). Lo que no hace el PNV es informar a los ciudadanos vascos que, de acuerdo
con los datos de Fedea y la Seguridad Social, el País Vasco tiene un déficit en pensiones que en el año 2021 era de 3568 millones de euros y que ahora se acerca a 3800 millones de euros que, junto con Cataluña y Andalucía, representan el 40 % del
déficit de la Seguridad Social.
Señorías, en VOX creemos y defendemos que todos los españoles deben contribuir de manera equitativa al sostenimiento del Estado, que todos los españoles merecen tener acceso a los mismos derechos y beneficios sin que su lugar de residencia
determine su calidad de vida o sus oportunidades, que la cohesión social y el sentido de unidad en nuestro país dependen de que cada ciudadano aporte de manera justa y equitativa, independientemente de su lugar de residencia (aplausos), que la
existencia de un sistema fiscal que favorece a algunas comunidades sobre otras genera desigualdad y crea injusticias y que una política fiscal equitativa y redistributiva es fundamental para fomentar la cohesión social y construir una sociedad más
unida.
Señorías, señora vicepresidenta, en VOX solo apoyaremos, primero, un sistema que garantice la equidad, la transparencia y la unidad en toda España; segundo, un sistema que garantice la igualdad de todos los ciudadanos de España, sin
importar su lugar de residencia; tercero, un sistema que fomente las sinergias entre empresas y no cree barreras internas ni mayor burocracia; cuarto, un sistema más sencillo y comprensible que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales
y aumente la transparencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Voy terminando, señor presidente.
... quinto, un sistema que promueva la solidaridad y la cohesión entre todos los españoles.
Hoy, desde esta tribuna, el Grupo Parlamentario VOX proponemos una enmienda a la totalidad a la forma, al contenido y al fondo. Una enmienda a la totalidad de un proyecto de ley que supone un paso más en la consolidación de un sistema
insolidario y perjudicial para la unidad de España.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Presidente, presidenta, eguerdi on. Ongi etorria eman nahi diet gaur hemen gurekin dauden Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundietako ordezkaritza zabalari.
Buenas tardes. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a los representantes de las diputaciones forales y del Gobierno vasco. Ha sido una gran representación.
El Concierto Económico es un instrumento clave del autogobierno vasco. Un derecho histórico previo a la Constitución que esta ampara y respeta y que el Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido contra viento y marea, en situaciones de
crecimiento económico o en situaciones de crisis. Un modelo propio que ha demostrado ser eficiente en términos de recaudación, disciplina fiscal y responsabilidad y que, con más aciertos que errores, ha permitido y permite a Euskadi disponer de
recursos suficientes para desarrollar y financiar nuestras competencias y el estado de bienestar. Un modelo que ha hecho posible luchar contra las desigualdades, apoyar a la industria, políticas sociales, investigación, sanidad, seguridad,
educación, empleo, igualdad, cultura, euskera, entre otras materias, a lo largo de décadas y que permite que Euskadi sea una sociedad cada vez más avanzada y cohesionada.
El acuerdo que se somete a la Cámara ya ha sido explicado y solo voy a destacar dos aspectos: la modificación para que los contribuyentes vascos que realizan importaciones no tengan que adelantar en aduanas el pago del IVA, al igual que en
el resto del Estado, y la concertación con capacidad normativa de varios impuestos, entre el que quiero destacar el impuesto a las multinacionales. Efectivamente, esta concertación abre la puerta a que podamos regular y recaudar figuras fiscales
venideras desde Europa para dar una respuesta global, desde la fiscalidad, a los retos de un mundo globalizado e incierto.
Señor Sáez, usted, con su discurso, nos ha demostrado el poco conocimiento que tiene del Concierto Económico. Más que defender su enmienda, lo que ha hecho ha sido atacar al Partido Nacionalista Vasco. No ha podido aportar, más allá de su
afán recentralizador, de su matraca de la España única, grande y libre para uniformizar el Estado, acabar con nuestros derechos históricos y atacar al PNV, ningún argumento económico ni jurídico mínimamente solvente en contra del concierto. Pero la
verdad es que nada se puede esperar de alguien que lo único que busca es el enfrentamiento, la polémica, para rascar unos votos fuera de Euskadi. Señorías de VOX, desconocen los derechos históricos, el concierto y el procedimiento para su
actualización. No hacía falta presentar ninguna enmienda a la totalidad que lo único que hace es plasmar por escrito su ignorancia. Se la podían haber ahorrado, bastaba con pedir el turno en contra. Pero es que, además, presentan una enmienda que
ni tan siquiera se han molestado en modificar -es calcada a la presentada en el año 2023-, y copiar enmiendas sin revisarlas no es una buena práctica. Fíjense, nos vuelven a hablar del cálculo del cupo. Señor Sáez, si quiere escucharme, el
proyecto que hoy debatimos es la modificación del concierto. La ley quinquenal de cupo no se tramita, se debatió en 2023. Intentan dar lecciones cuando ni tan siquiera saben diferenciar el concierto del cupo.
Pero vayamos a sus argumentos. Ambigüedad. Nos dicen que la disposición adicional primera de la Constitución, en la que se amparan los derechos históricos y, por ende, el sistema del concierto, es ambigua y que no cabe esa interpretación
porque, según ustedes, esa cláusula es simbólica y va en contra de la unidad nacional. Sin embargo, ni la justicia ordinaria estatal, ni el Tribunal Constitucional, ni los tribunales de la Unión Europea han puesto nunca en duda su valor y
significado. Es más, han avalado su legitimidad y validez. Proponen la igualdad desde la centralización a través de la uniformidad, sin hablar de que si algo tiene el Concierto Económico es la responsabilidad crediticia, porque conjugamos la
responsabilidad fiscal con responsabilidad en el gasto y responsabilidad en el endeudamiento. Es decir, que con lo que recaudamos de los impuestos concertados tenemos que sufragar políticas de gasto de nuestras competencias, además de seguir
pagando las competencias exclusivas del Estado, y esto exige ser muy rigurosos con nuestra recaudación, con nuestras políticas públicas y endeudamiento. Esto demuestra, por lo tanto, que la centralización y la uniformidad no son per se sinónimos ni
de eficiencia, ni de responsabilidad, ni mucho menos de igualdad.
Insolidaridad y privilegio. ¿Es un privilegio asumir el riesgo de una menor recaudación o de mayor gasto y endeudamiento? ¿Es un privilegio afrontar situaciones de crisis con nuestro propio dinero? Porque si gastamos más o no gastamos
adecuadamente nuestras instituciones no pueden ser rescatadas o acudir a un fondo de liquidez. El riesgo unilateral nos obliga a ser rigurosos, asumiendo las consecuencias financieras de nuestras propias decisiones. Nada dicen ustedes acerca de
que el Gobierno central se endeuda para hacer frente a sus necesidades y que también lo hace para financiar a comunidades de régimen común para atender sus competencias en época de crisis. Sin embargo -igual algunos esto no lo saben-, pagamos la
amortización y los intereses de esa deuda del Estado que no decidimos. ¿Es esto también un privilegio? ¿Es esto insolidaridad? ¿Es insolidario también aportar al Fondo de Compensación Interterritorial por encima de la ratio población y riqueza?
¿Es un privilegio tener algunos de los impuestos más importantes, más altos que en el sistema fiscal de régimen común? En definitiva, ustedes se oponen al concierto basándose, como dicen, en la igualdad de los españoles y en la unidad de España.
Un argumento falaz. Lo que verdaderamente no aceptan es ni la pluralidad ni la diversidad. Por cierto, resulta paradójico que hablen de igualdad quienes son sus mayores negacionistas y, por tanto, quienes están fuera de ese mandato del artículo 14
de la Constitución Española que invocan.
Señorías, el sistema del concierto vasco y también del convenio navarro son sistemas que reflejan la realidad de la sociedad y de la economía. Una realidad diversa, plural y solidaria; valores también europeos. Unos sistemas que nos
permiten un mayor autogobierno. Un sistema mucho más cercano que pone a la Administración al servicio de la ciudadanía. La política fiscal es parte de ese mayor autogobierno. Y, aunque a usted no le guste, nosotros sí entendemos también a quienes
quieren pasar del modelo vigente a otro, llámenle singular o de cualquier otra manera, y también a quienes reivindican una actualización del sistema actual de financiación de régimen común porque, precisamente, eso refleja la pluralidad y la
diversidad del Estado. Algo en lo que ustedes no creen. Y, como no creen, eso se puede llamar fascismo.
Gaur kontzertu ekonomikoa berriztu egingo da Batzorde Mistoan hartutako akordioekin. Euskadiren autogobernu ekonomiko finantzarioa zabaldu eta indartzen duen akordioa. Amaitzeko, eskerrik asko gaur legea babestuko duten talde politiko
guztiei, akordio honetan lan egin duten teknikariei eta batez be, Ogasun Ministerioari eta Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundietako Ogasun sailei.
Eskerrik asko.
Hoy se va a renovar el Concierto Económico con los acuerdos adoptados por la comisión mixta. Un acuerdo que refuerza las competencias del País Vasco. Muchas gracias a todos los grupos políticos que hoy van a respaldar esta ley, a los
técnicos y técnicas que han trabajado en este acuerdo y, sobre todo, al Ministerio de Hacienda, al Gobierno vasco y a las diputaciones forales y su departamento de Hacienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsaldeon.
Bueno, gaur kontzertu ekonomikoaren eguneratzea eta aldaketa eztabaidatu eta onartuko dugu. Gure foru ogasunek zerga berriak kudeatzeko duten gaitasuna bertan txertatzeko. Laster gauza bera egingo dugu Nafarroako Hitzarmenarekin ere.
Neurri fiskal berriak ontzat jotzen ditugu, zerga politika propioa
diseinatzeko tresna gehiago eskaintzen dituelako. Baina, aldi berean, oraindik ere tresna fiskal eta ekonomiko guztiak izateko bide handia dagoela erakusten digute. Autogobernu integrala eta osoa eta burujabetza finantzario eta ekonomiko
osoa nahi baitugu ezkerreko independentistok. Euskal gehiengo soziala ere bat dator aldarrikapen horrekin, gure zerbitzu eta politika publikoak hobetzea ekarriko lukeelako. Gaitasun propioa izateak arlo guztietako tresna guztiak izateak, baita
ekonomikoak eta fiskalak ere, eragin positiboa izango duelako herritarren ongizatean. Horregatik, autogobernu osoa eta gai guztietaz erabakitzeko gaitasun osoa daukana lortu nahi dugu, mugarik gabe. Ez inoren aurka, eztabaida honetan entzuten den
bezala askotan, baizik eta euskal gizartearen alde. Horregatik, gaur kontzertu ekonomikoaren gaurkotzea babestu eta defendatuko dugu, esparru politiko, ekonomiko eta sozial berri baterantz aurrera egiteko beharra aldarrikatzen dugun bezala. Gure
herriak gaitasun eta tresna guztiak izan ditzan eskura, euskal herritarren beharrei behar bezala erantzuteko, anbiziozko politika publiko aurrerakoiekin. Are gehiago munduan ziurgabetasun ekonomikoa nagusi den une honetan, herritarren baldintza
materialak arriskuan dauden une konplexu honetan. Eta, hain justu, horregatik, ezinbestekoa da euskal erakundeek ahalik eta eskumen gehiago eta tresna guztiak edukitzea. Espainiako Gobernuak gaur dituen eskumenen parekoak, ez gehiago, baina ezta
gutxiago ere. Euskal erakundeek ere gaitasun propioak behar dituztelako gure herriaren testuinguruan, tokian tokiko baldintza, eta premiei behar bezala erantzuteko.
Buenas tardes. Hoy debatiremos y aprobaremos la actualización y modificación del Concierto Económico para incorporar la competencia de nuestras haciendas forales para gestionar los impuestos. En breve, haremos lo mismo con el Convenio
Económico de Navarra. Consideramos buenas las nuevas medidas fiscales porque nos ofrecen más herramientas para diseñar una política fiscal propia, pero, al mismo tiempo, nos muestran que todavía queda un largo camino por delante hasta tener todos
los instrumentos fiscales y económicos en nuestras manos, porque los independentistas de izquierdas queremos un autogobierno integral y completo y una soberanía financiera y económica plena. Una reivindicación que también comparte la mayoría de la
sociedad vasca porque supondría una mejora de nuestros servicios y políticas públicas. Tener competencias propias, contar con todos los instrumentos de todos los ámbitos, también económicos y fiscales, va a repercutir positivamente en el bienestar
de la ciudadanía, por eso queremos lograr un autogobierno pleno y con plena capacidad de decisión sobre todos los temas, sin límites. No es contra nadie, como escucharemos en este debate, sino a favor de la sociedad vasca. Por eso, hoy apoyaremos
y defenderemos la actualización del Concierto Económico, al igual que reivindicamos la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco político, económico y social para que nuestro pueblo tenga a su disposición todas las competencias e instrumentos para
responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía vasca con políticas públicas progresistas. Más aún, en un momento de incertidumbre económica mundial, en un momento complejo en el que las condiciones materiales de la ciudadanía se
tambalean y peligran, y precisamente por eso, es imprescindible que las instituciones vascas dispongan de todas las competencias e instrumentos posibles, equiparables a las competencias actuales del Gobierno de España: ni más, pero tampoco menos.
Porque las instituciones vascas también necesitan competencias propias para responder adecuadamente al contexto de nuestro país y a las condiciones y necesidades locales.
Por encima de la retahíla de ataques a nuestros sistemas de financiación que hemos escuchado hoy, al igual que sucedió el pasado martes, todo ello, en primer lugar, fruto de la ignorancia y del manifiesto desconocimiento y, en segundo lugar,
fruto del eterno afán recentralizador, que no persigue otra cosa que acabar con las competencias, pues, por encima de todo eso, hoy daremos un pequeño paso más para ampliar el autogobierno vasco. Lo digo una vez más -lo ha recordado también la
diputada Sagastizabal- y habrá que repetirlo muchas más veces, seguro, pero hay que decirlo: el concierto y el convenio suponen que nosotros recaudamos una parte de nuestros impuestos, solo una parte, y los invertimos en políticas y servicios que
dependen de nuestras competencias. Mientras, seguimos pagando esos servicios que España nos ofrece y que, como es público y notorio, en Euskal Herria son tan necesarios y tan queridos -entiéndase esto por la ironía- como la Casa Real, el Ejército o
la Guardia Civil. Lo acabamos de ver en estas últimas semanas y lo dije antes también desde esta tribuna: cuando lleguen quitas de deuda, nosotros, los vascos y las vascas, no tendremos ni un euro de quita, mientras que serán, fíjese, los
Gobiernos de las derechas españolas los más beneficiados de esa quita de deuda. Algunos critican mucho nuestro sistema económico y financiero cuando ven que las cosas van bien, pero, cuando la situación va mal, cuando la recaudación cae, nadie nos
rescata, nadie nos financia, nadie nos ofrece quita y nadie nos mantiene a flote, como ocurre ahora con ustedes.
Por cierto, hay que decirlo: valoramos positivamente que se haya cerrado hoy el compromiso que el Gobierno adquirió en una pregunta que hizo nuestra formación política para que la quita no afectara negativamente a nuestros sistemas de
financiación.
Hoy, así, incluiremos diferentes impuestos a nuestro marco con cuestiones especialmente relevantes como el impuesto a la banca, que logramos acordar en el paquete fiscal, y que ahora se recaudará en nuestras instituciones. Pero también
quiero advertir de lo que falta, porque hay una gran carencia en esta ley: sí, el impuesto a las energéticas. Un impuesto que, de haberse añadido, permitiría a las instituciones de la Comunidad Autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra
gestionar y recaudar más de 100 millones de euros; 100 millones de euros para reforzar nuestros servicios públicos, nuestro sistema social o nuestro tejido industrial. Y en este momento de incertidumbre en el que nuestro tejido productivo está
sufriendo, esta recaudación adicional de 100 millones que aportarían las grandes energéticas a las arcas públicas vascas sería de gran ayuda, sin duda alguna. Pero PNV y Junts decidieron que esto no fuese así. Tras sucesivas y variadas excusas, lo
que quedó claro es que para ellos era más importante obedecer a Josu Jon Imaz y proteger los intereses y las cuentas de resultados de Repsol que el hecho de que los vascos y las vascas contáramos con más recursos para nuestros servicios e
industrias. Craso error que pagará la ciudadanía. Y, si a esto unimos la fallida reforma fiscal en la Comunidad Autónoma vasca, que finalmente devino en un mero retoque fiscal acordado por PNV, Partido Socialista de Euskadi y Podemos, que ni
aumenta recursos ni reequilibra la balanza a favor de los trabajadores ni aumenta la aportación que las grandes rentas y empresas deberían hacer, la situación es que estamos ya ante un escenario con una necesidad imperiosa de inversiones y sin
capacidad de recursos.
En fin, hay quien parece creer que podemos permitirnos el lujo de prescindir de estos ingresos por mimar y cuidar a determinadas empresas, recursos que acaban engrosando las cuentas de resultados de los grandes en vez de utilizarlos para
proteger nuestro tejido productivo y los servicios públicos. Así pues, con nuestras reservas, apoyaremos estas modificaciones porque nos parece positivo que nuestras instituciones forales puedan contar con nuevas figuras fiscales, sí, pero seguirá
pendiente...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría debe finalizar, por favor.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Sí, termino ya.
Seguirá pendiente la necesidad de articular un modelo fiscal justo para la mayoría social que mire por el beneficio de la gente trabajadora y no por el de los ricos y el de los grandes poderes económicos y empresariales. Y esto es así tanto
en este Estado como en Euskal Herria.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez Hierro.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Gracias.
Arratsalde on ya.
Hoy debatimos una reforma del Concierto Económico que tiene una finalidad clara, que es adaptar esta herramienta al nuevo marco tributario, tanto estatal como europeo, para que siga siendo útil, operativo y eficaz. Lo que se hace en esta
ley es incorporar al concierto, concertar nuevos impuestos ya existentes en el Estado, como el impuesto a la banca o el de servicios digitales, y, además, actualizar las reglas de gestión, inspección y coordinación entre Administraciones. Es una
reforma pactada, una reforma trabajada entre instituciones y, sobre todo, una reforma que refuerza un modelo que funciona. Como ya dije el martes, estamos ante la expresión de un modelo de relación entre instituciones que parte del reconocimiento
mutuo, que parte de la bilateralidad y que parte también de la larga tradición de autogobierno en Euskadi. Porque el Concierto Económico no es solo una institución fiscal; es también una institución política, una herramienta viva de la
plurinacionalidad que existe, aunque algunos la quieran negar en el Estado. (Aplausos). Esta ley garantiza que los impuestos que ya se aplican en el Estado puedan también ser gestionados por las instituciones vascas con plena capacidad
recaudatoria. Es decir, que también en Euskadi podamos aplicar justicia fiscal frente a los sectores que más se han beneficiado de los ciclos de crisis y de acumulación. Estamos hablando de bancos, de grandes tecnológicas, de sectores con márgenes
millonarios que ahora también serán gravados en Euskadi, en el marco foral. Y eso es importante, porque gestionar implica también asumir responsabilidades, impulsar transformaciones de las competencias
propias y demostrar que estamos a la altura en la lucha contra la desigualdad. Por eso la importancia también de aplicar estas figuras impositivas en Euskadi. (Aplausos).
Pero no es solo una cuestión tributaria. Esta reforma es también una afirmación política. Afirma que el respeto institucional es posible, que el pacto entre Administraciones funciona, que la diversidad de modelos dentro del Estado puede
ser una fortaleza si se articula bien y, sobre todo, afirma algo que a veces se nos olvida, que la plurinacionalidad no es solo cultural o simbólica, sino que es también, y debe ser, política, fiscal, jurídica e institucional. Por eso vamos a
apoyar esta reforma, porque nace del acuerdo, porque mejora la justicia fiscal y porque es coherente con el país que queremos construir, un país donde nadie impone y donde nada se impone.
Ahora bien, también quiero aprovechar, como no puede ser de otra manera, que estamos discutiendo sobre fiscalidad para poder abrir un poco el mapa. Porque a mí me es muy difícil hablar de justicia fiscal sin hablar de la injusticia
financiera que sufren muchas comunidades en el régimen común. El país valencià, Aragón y Andalucía tienen un problema estructural de infrafinanciación y ese problema se resuelve con voluntad política, con una nueva negociación multilateral y con
reglas más justas. (Aplausos). Porque en SUMAR creemos que hace falta una reforma del sistema de financiación autonómica del régimen común que garantice autonomía, suficiencia financiera y equidad; una reforma que permita a todos los territorios
ejercer sus competencias sin ir siempre a la zaga, sin estar condicionados por el déficit estructural y sin depender de transferencias extraordinarias; una reforma que permita que quien quiera también ejercer sus competencias fiscales lo pueda
hacer. Esta reforma es urgente y debe abordarse partiendo del mismo principio que inspira el concierto: la corresponsabilidad, porque solo con corresponsabilidad fiscal se pueden desplegar políticas públicas valientes y transformadoras.
Y, señorías, no puedo dejar de mencionar, aunque sea brevemente, la enmienda a la totalidad presentada, una enmienda que no plantea ninguna alternativa, que no aporta nada al debate fiscal y que solo sirve para expresar una vez más una
visión profundamente recentralizadora, autoritaria y negacionista de la pluralidad del Estado. No vamos a perder mucho tiempo en responderla, porque no hay que discutir lo que ya está pactado, reconocido y avalado políticamente. El concierto se
ejerce, está en vigor y seguirá vigente porque responde a la realidad del país.
Señorías, esta reforma actualiza una herramienta fundamental del autogobierno vasco. Lo hace con rigor, con acuerdo institucional y con el objetivo de seguir avanzando en la construcción de un sistema fiscal más justo. Además, nos permite
enviar un mensaje más amplio: que construir una España plurinacional no es un problema, es una solución; que respetar y fomentar la diversidad institucional no divide, sino que fortalece; y que articular la fiscalidad con valentía, también en las
comunidades autónomas y especialmente en las que quieren ejercer competencias fiscales, es una condición necesaria para avanzar en cohesión y en justicia. Por eso en SUMAR vamos a votar a favor, porque creemos en el autogobierno, porque creemos en
el pacto y porque creemos en un país que se construye reconociéndose en su pluralidad y avanzando con todas sus voces.
Eskerrik asko. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Gurrutxaga. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora GARCÍA GURRUTXAGA: Presidenta.
Agurtu nahi ditut Eusko Jaurlaritzako eta Foru Aldundietako agintariak. Ongietorriak.
Quiero saludar desde aquí a las personas que han venido en representación del Gobierno vasco y de las diputaciones forales. Bienvenidos, bienvenidas.
Comienzo. Señorías de VOX, me voy a dirigir sobre todo a ustedes, ya que han presentado una enmienda a la totalidad y presumo que no van a apoyar esta iniciativa. Además, me voy a dirigir a ustedes en mi otra lengua, el castellano, porque
sé que si lo hago en euskera no se van a poner los pinganillos y quiero que me escuchen. (Aplausos). En dicha enmienda, ustedes dicen -y cito casi textualmente- que proponen un Estado al servicio de la unidad de España en el que no haya
diferencias entre españoles en función de donde vivan o trabajen. Pues bien, el modelo de Estado en el que más desigualdades -o sea, diferencias- entre españoles hubo fue exactamente el Estado centralizado y unívoco que ustedes reivindican: el
Estado franquista.
La España franquista, esa a la que huele su enmienda, no fue nunca, a pesar de la cantinela tan repetida, ni una -siempre fue diversa y multilingüe- ni grande -más bien empequeñecida- ni mucho menos libre. Menos nostalgia autoritaria y más
memoria democrática. Las provincias vascongadas -entonces así denominadas- fuimos declaradas traidoras en 1939 y yo me pregunto ¿traidoras a quién?, ya que la mayoría de los vascos nos mantuvimos fieles a un Gobierno democrático. En consecuencia,
y como represalia, se nos quitó un derecho histórico como es el Concierto Económico, derecho que no recuperamos hasta 1981, después de la aprobación de la Constitución y del estatuto de Gernika. (Aplausos).
Como dije el martes, hay que reivindicar el Concierto Económico como lo que es, un pacto suscrito en un marco de lealtad mutua y no una prebenda. El Concierto Económico vasco va camino de cumplir 150 años y sigue gozando de un enorme
consenso entre las fuerzas políticas vascas. Fue, además, bajo la Segunda República, en 1931, cuando un socialista, Indalecio Prieto, le dio rango de ley con el objeto de reforzarlo institucionalmente. El concierto, pues, es un sistema de
financiación acordado que también, como se ha dicho aquí, conlleva sus riesgos, entre ellos las responsabilidades financieras de las Administraciones vascas y el hecho de que cuando la recaudación no es la esperada, como pasó en la crisis financiera
de 2008, toca capear el temporal en soledad. E implica también una enorme responsabilidad en la fijación de impuestos, su recolección y su distribución.
Para terminar con la enmienda, constato que ustedes confunden la carta magna con la carta de un restaurante: elijo lo que me gusta, descarto lo que no me gusta. Reivindican el artículo 2, pero les sobra el título VIII enterito, y además
coronan su enmienda con la petición de supresión del concierto. ¿Qué legitimidad otorgada por el respaldo de la ciudadanía, incluida la vasca, tienen ustedes para ello? Así que, en lugar de plantear la reforma constitucional para la que no tienen
apoyo, presentan una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley que no viene más que a dar cumplimiento al mandato constitucional. ¿Se dan cuenta de su absurda contradicción? Los supuestos defensores de la Constitución rechazan que esta se
cumpla cuando no les gusta.
Su desconocimiento de lo que es el concierto resulta sonrojante. Al final, su base argumental se limita a asociar el concierto al nacionalismo y al independentismo, pero el apoyo de la ciudadanía vasca y de las fuerzas políticas al régimen
foral trasciende la cuestión identitaria y su jefe, el señor Santiago Abascal, debería habérselo explicado, ya que en una vida anterior fue procurador foral de Álava y parlamentario vasco. (Aplausos). Y déjenme decirles que no se le recuerda
intervención alguna en contra del concierto.
Pero volvamos al proyecto de ley. La última reforma fue efectuada en abril de 2023 y también tuve el privilegio de defenderla por parte de mi grupo, recién llegada como estaba a esta Cámara. Como prevé la ley, una vez se han producido
modificaciones tributarias, como es el caso, hay que proceder a su incorporación al concierto y a su aprobación en estas Cortes. Básicamente, se trata de la trasposición de una directiva europea relativa a garantizar un mínimo global de imposición
para los grupos de empresas multinacionales, que fue aprobada en estas Cortes el pasado 20 de diciembre. Y esta ley -recordarán- incorporaba a su vez un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, un
impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. Además, como ha dicho la vicepresidenta, de incluir las nuevas figuras tributarias, el proyecto de ley añade mejoras técnicas al texto del
concierto.
Quiero agradecer, como diputada socialista vasca, a todos los grupos que van a apoyar este proyecto de ley. Y concluyo, presidenta. La voluntad de la ciudadanía vasca, expresada en el Parlamento vasco y también en esta Cámara, no es otra
que ejercer los derechos que tenemos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Este es, junto con la defensa del euskera, un punto de encuentro entre vascos y no toleraremos que nadie, en nombre de falsas unidades o uniformidades y de falsas
igualdades, rompa la convivencia que en Euskadi tanto hemos sufrido por lograr.
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora García.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Barrio Baroja.
El señor BARRIO BAROJA: Gracias, señora presidenta.
Vicepresidenta, señorías, buenas tardes.
También quiero saludar a mi diputado general de Álava y a las personas que le acompañan en la delegación de las diputaciones forales. (Aplausos). Buenas tardes.
Continuamos con la tramitación de un proyecto de ley importante que se enmarca en la esfera constitucional y estatutaria, como se viene haciendo desde hace veintitrés años con la aprobación de la
Ley 12/2002, de Concierto Económico de la Comunidad Autónoma vasca, y con sus sucesivas modificaciones, y esta es la sexta. El Concierto Económico para Álava, Vizcaya y Guipúzcoa forma parte de un ecosistema jurídico, económico,
constitucional y estatutario que ha convivido dentro del entramado institucional español y también, de una manera reconocida, dentro de la realidad político-jurídica europea. Esta circunstancia ya de por sí es incompatible y está alejada del
planteamiento político que se formula en la enmienda de totalidad que se presenta a debate, pero quiero decir, como hice el martes en el primer trámite en Pleno de este proyecto, que el Partido Popular será coherente con su posición en relación con
las distintas modificaciones y con la propia elaboración de la Ley 12/2002. También recordaba un momento importante en la historia del referido texto legal que protagonizó el Partido Popular y su Gobierno. Fue el Gobierno de José María Aznar quien
negoció y promovió aquel proyecto de ley, llegando a un importante acuerdo constitucional e indefinido, facilitando un desarrollo efectivo de una realidad integrada en nuestra historia y en el desarrollo de esa parte de España que es el País Vasco,
que son sus territorios históricos. Y asimismo recordaba cómo ministros populares, en especial Cristóbal Montoro, fueron capaces de perfeccionar la norma y de adecuarla a las exigencias jurídicas europeas y fiscales, cómo Montoro explicaba como
nadie en esta Cámara y fuera ella su importancia al conjunto de los españoles. En palabras de Cristóbal Montoro, la foralidad vasca no es ningún agravio comparativo para nadie, no pierde nadie. El Partido Popular ha sabido entender este importante
instrumento de nuestra historia y eso, para un foralista como yo, es un gran orgullo.
Sin embargo, ¿dónde enmarcamos hoy esta realidad? Lo lamentable es que algo positivo como es el concierto se enmarca en el contexto de una anomalía constitucional, responsabilidad del Gobierno Sánchez, en forma de rebeldía al no tener un
marco presupuestario estable para toda España. (Aplausos). Una rebeldía constitucional. El Gobierno ha sido incapaz de presentar en esta legislatura los presupuestos generales del Estado y está claro que va a ser incapaz de hacerlo. La ministra
de Hacienda se ha dado prisa con esta modificación normativa -bien-, pero no ha sabido dar estabilidad económica al conjunto del Estado. También otras comunidades autónomas de España tienen urgencias presupuestarias, señora Montero. (Aplausos).
También tienen otras urgencias presupuestarias y usted no lo entiende. Y tenemos que decir que el Concierto Económico vasco, el convenio navarro, los presupuestos generales del Estado y las leyes fiscales son vasos comunicantes y requieren de
estabilidad y certezas para ser eficaces. Esas ahora no existen por la incapacidad económica y financiera de este Gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales establecidos en el artículo 134 de la Constitución, como ayer recordaba
desde esta tribuna mi compañera Ester Muñoz.
También hemos asistido a subidas de impuestos -muchas, sectarias, mal planteadas- que afectan negativamente a muchos españoles y a muchas empresas y en el marco, además, de grandes retos económicos europeos e internacionales que necesitan
estabilidad y certezas. El concierto tiene que convivir con un entorno de estabilidad y este Gobierno hoy eso no lo consigue.
En este orden de cosas, también afectan esos regalos políticos que enmarañan las normales relaciones políticas que surgen de la Constitución española y del estatuto en relación con el Concierto Económico. El asunto palacete de París no
transmite normalidad política a un debate que ha tenido detractores históricamente y aporta -el palacete- un fallo de sistema a la percepción económica que surge de la relación política foral. Eso sí, ha habido una relación bilateral Sánchez-PNV
que no ha entendido nadie en España, salvo esos beneficiarios particulares. Nadie lo ha entendido. (Aplausos). Es decir, sin presupuestos generales, sin marcos fiscales de estabilidad y con negociaciones de intereses privativos se perjudican
otras normativas de estas características, como el concierto, que tienen que convivir en armonía y con eficacia, con un PNV, además, empeñado en crear en el País Vasco un infierno fiscal para alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos (la señora Montesinos
de Miguel: ¡Muy bien!), en ese viraje de izquierda que está planteando constantemente el Partido Nacionalista Vasco.
Como he dicho antes, el Concierto Económico se enmarca en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en la ley orgánica del estatuto de Gernika y en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el Partido Popular seguirá actuando con
coherencia y con planteamientos constructivos y solidarios para toda España, y el concierto lo es: español y solidario. Español, aunque a la señora Aizpurua no le guste. El concierto es una institución española. (Aplausos).
No voy a leer la disposición adicional primera de la Constitución -todos la conocen-, en la que se basan los derechos históricos, pero sí tengo que decir que habrá que aclarar cuestiones que tienen que ver con la dificultad de entender lo
relativo al coeficiente del cupo. El señor Sáez no lo ha entendido. Ese será otro debate que se deberá abordar con realismo y actualización en otro momento, pero se deberá abordar.
En lo referido a la enmienda a la totalidad, debo decir que esta contradice planteamientos políticos realizados en el pasado por los miembros de VOX. Señor Sáez, ustedes no decían antes ni en forma ni en fondo lo que dicen ahora. Y le voy
a comentar unas cuestiones. Yo he sido compañero de Santiago Abascal en el País Vasco y soy amigo suyo, como lo fui de su padre, Santiago Abascal, que en paz descanse, que fue también diputado de esta Cámara por Álava. Señor Sáez, el señor
Abascal, su presidente, ha formado parte de las Juntas Generales de Álava, que es el sanctasanctórum de la foralidad y el concierto. También fue miembro del Parlamento Vasco, donde compartimos escaños integrados en el gran partido foralista vasco,
que es el Partido Popular del País Vasco. Les digo con convencimiento que fueron muchas las ocasiones en las que defendimos juntos el Concierto Económico. Lo defendimos juntos, ahí están las iniciativas que presentamos. En 2004, el Parlamento
Vasco reafirma la plena vigencia del Concierto Económico con especificidad vasca y de su autogobierno, presentado por el Partido Popular, con el señor Abascal en nuestras filas. En 2005, el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España y a las
instituciones vascas a que utilicen todos los medios necesarios para restablecer la plena capacidad normativa del Concierto Económico. Eso lo decía. Y en 2008 decía: El Parlamento Vasco...
La señora PRESIDENTA: Señor Barrio, tiene que ir terminando.
El señor BARRIO BAROJA: Acabo, señora presidenta.
... proclama el carácter de Concierto Económico como instrumento solidario -solidario- y de autogobierno, y se demuestra convencido del pleno encaje en la normativa europea. Eso decía el señor Abascal. Esto ya descalifica su enmienda a la
totalidad (aplausos), señor Sáez, dese cuenta.
Y para concluir, solo tengo que decir que el señor Sáez se ha referido a la mala gestión. La mala gestión no es un problema del Concierto Económico. La mala gestión del Concierto Económico es un problema del PNV.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrio.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO Y LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS PÁGINAS WEB, CONTRATOS Y FACTURAS
DE ELECTRICIDAD Y GAS EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. (Número de expediente 122/000130).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, del Sector
Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos. Esta propuesta se someterá a votación electrónica a continuación junto con el resto de los asuntos.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 600.º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DEL PUEBLO GITANO A LA PENÍNSULA IBÉRICA. (Número de expediente 140/000007).
La señora PRESIDENTA: A la Mesa nos ha llegado una declaración institucional acordada por todos los grupos parlamentarios a la que, si le parece bien al secretario primero, daríamos lectura.
El señor SECRETARIO (Pisarello Prados): Con motivo del 600.º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, el Congreso de los Diputados expresa el reconocimiento a las aportaciones culturales, sociales y lingüísticas
con las que ha contribuido el pueblo gitano a la diversidad de España. Por ello, los diputados de esta Cámara expresamos un firme mensaje de compromiso con la aportación que ha hecho a España el pueblo gitano y apelamos a que todos los sectores de
la sociedad trabajen de manera conjunta, desde las instituciones públicas hasta las organizaciones de la sociedad civil, para dicho reconocimiento.
En el 600.º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península, el Congreso de los Diputados reafirma su compromiso con el reconocimiento y la dignificación del pueblo gitano, con la erradicación de la discriminación y con la
construcción de una sociedad en la que todas las personas tengan la misma dignidad y respeto.
Madrid, Palacio del Congreso, a 10 de abril de 2025. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL NUEVO MAPA CONCESIONAL ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA. (Número de expediente 162/000350).
La señora PRESIDENTA: Empezamos ahora con las votaciones.
En primero lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 139; en contra, 51; abstenciones, 159.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RECONOCIMIENTO Y APOYO AL PUEBLO GITANO. (Número de expediente 162/000464).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reconocimiento y apoyo al pueblo gitano. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 312; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA VALIDO GARCÍA), SOBRE EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA CANARIA DE LA INTENCIÓN DE IMPONER EL EMPAQUETADO GENÉRICO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO Y RELACIONADOS. (Número de expediente 173/000091).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto en la economía canaria de la intención de imponer el empaquetado genérico de los productos del tabaco y
relacionados. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 317; en contra, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PRETENDE ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LOS ESPAÑOLES QUE TRABAJAN EN EL EXTRANJERO VUELVAN A ESPAÑA. (Número de expediente 173/000092).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno para que los españoles que trabajan en el extranjero vuelvan a
España. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 33; en contra, 180; abstenciones, 137.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN INFORME DE SUS PLANES PARA DEFENDER AL SISTEMA ALIMENTARIO ESPAÑOL FRENTE A LAS AMENAZAS DEL ACTUAL CONTEXTO GEOESTRATÉGICO
INTERNACIONAL. (Número de expediente 173/000093).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, para que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación informe de sus planes para defender el sistema
alimentario español frente a las amenazas del actual contexto geoestratégico internacional. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 151; en contra, 5; abstenciones, 194.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 3/2025, DE 1 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE INCENTIVOS LIGADOS A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA (MOVES III) PARA EL AÑO 2025. (Número de expediente 130/000017).
La señora PRESIDENTA: Vamos ahora a votar la convalidación o derogación de reales decretos leyes.
En primer lugar, Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 180; en contra, 33; abstenciones, 137.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Pasamos ahora a la votación de la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- REAL DECRETO-LEY 2/2025, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA GARANTÍA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA ANTE SITUACIONES DE CONTINGENCIAS MIGRATORIAS EXTRAORDINARIAS. (Número de expediente
130/000016).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias
migratorias extraordinarias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 179; en contra, 170; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie.-Aplausos de los miembros del Gobierno, la mayoría
puestos en pie).
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. (Número de expediente 122/000126).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 179; en contra, 34; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 178; en contra, 33; abstenciones, 137.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 121/000051).
La señora PRESIDENTA: Votamos la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que ha
presentado el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 33; en contra, 316.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación de conjunto del texto del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por
tramitarse en lectura única y teniendo en cuenta las observaciones técnicas que han sido distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 312; en contra, 34; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO Y LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS PARA ARMONIZAR LA INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS PÁGINAS WEB, CONTRATOS Y FACTURAS
DE ELECTRICIDAD Y GAS EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO. (Número de expediente 122/000130).
La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de las proposiciones de ley de modificación de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 349.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, les deseo feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cuatro minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.