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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 92, de 09/04/2024
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 92
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª RAFAELA CRESPÍN RUBIO
Sesión núm. 3
celebrada el martes,
9 de abril de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades reguladas en el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001) ...
Modificación del orden del día ... (Página3)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la transformación digital de los pequeños municipios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000408) ... (Página4)
- Para la aprobación de un estatuto básico de los municipios de menor población. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000361) ... (Página7)
- Relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
161/000102) ... (Página11)
- Relativa a la paralización del macroproyecto de la Cuna del Alma. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000395) ... (Página15)
- Relativa a la mejora de la colaboración administrativa y la reducción de la conflictividad con las Comunidades Autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000268) ...
- Para reivindicar la solidaridad interregional como valor constitucional. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000509) ... (Página21)
Votaciones ... (Página27)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LAS FACULTADES REGULADAS EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001).
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días.
Vamos a empezar después del incidente que os he comentado, porque ya tenemos aquí a un letrado sustituto; esperemos que Pedro no se haya hecho nada y se recupere pronto.
Empezamos la sesión con el punto 1.º del orden del día que, en este caso, es la delegación en la Mesa de la Comisión de las facultades reguladas en el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara
del 2 de noviembre de 1983. Como saben todos ustedes, la Mesa y portavoces van a proponer a esta Comisión la delegación incondicionada, en este caso, en la Mesa.
Como no está Pedro y nosotros no la hemos utilizado nunca, vamos a hacer una prueba con la votación electrónica. Si vemos que no sale como debe, lo haremos a mano alzada. Voy a explicarlo. Es como se hacía antes en el Pleno, pondremos el
reloj en marcha y os avisaremos cuando empiece la votación. Tenéis cuatro botones. Hay que dar al primero para constatar que estamos presentes. El primero es presente, el segundo es sí, el tercero es no y el cuarto es abstención. Si os parece,
vamos a hacer la prueba. (El señor Román Jasanada pide la palabra).
Sí, señoría.
El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señora presidenta.
Antes de hacer la votación quisiera dar una explicación del voto o de la propuesta del Grupo Popular. Como ya dije en la reunión de Mesa y portavoces, la posición del Grupo Popular es que nosotros estamos a favor de la delegación
condicionada y no de la delegación incondicionada. Parece ser que lo que se va a votar es una delegación incondicionada y nosotros no estamos de acuerdo con que la delegación se haga sin poner la condición de que haya unanimidad en la Mesa. Por
tanto, si la delegación es incondicionada, el voto de mi grupo será en contra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Antonio.
Vamos a hacer la prueba y comenzamos la votación. (Pausa).
Hay una persona que no ha votado. (La señora Vázquez Blanco: No ha votado. Aunque está sentado, no ha votado).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 16; en contra, 17; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
El señor ROMÁN JASANADA: Entonces, ¿la conclusión de la votación es que ha quedado rechazada la delegación incondicionada?
La señora PRESIDENTA: Eso es.
El señor ROMÁN JASANADA: ¿O ha quedado rechazada que no hay ningún tipo de delegación en la Mesa?
El señor LETRADO: No hay delegación.
El señor ROMÁN JASANADA: Entiendo que debería votarse la delegación condicionada, que era nuestra propuesta.
La señora PRESIDENTA: Me dice el letrado que esa es una decisión nuestra. Entiendo que, si sale rechazada la incondicionada, queda aprobada la condicionada.
El señor LETRADO: No, habría que aprobarla.
La señora PRESIDENTA: Hay que aprobarla. Entonces la aprobamos.
El señor LETRADO: Hay que votarla.
La señora PRESIDENTA: Podemos someter a votación la aprobación de la delegación condicionada. (La señora Vázquez Blanco: No).
Vamos a votar la delegación condicionada en la Mesa por lo que respecta al artículo 44 del Reglamento.
El señor LUCAS AYALA: Señora presidenta, nosotros entendemos que no está en el orden del día. En el orden del día consta la propuesta de la Mesa, ya se ha votado y ha sido rechazada. Por tanto, procede pasar al siguiente punto del orden
del día. No caben más votaciones.
La señora PRESIDENTA: Viendo que hay diferentes posiciones en los distintos grupos parlamentarios y que esta es una competencia que tiene la Mesa, los componentes de la Mesa -que estamos tres- decidimos que está votada la propuesta
incondicionada y que no seguimos con ninguna otra votación.
Me advierte el letrado de que no hay ninguna delegación aprobada, es decir, de esta sesión de la Comisión no sale ninguna delegación aprobada. Eso es lo correcto. Así ha quedado para que todas sus señorías lo tengan claro.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Ahora pasamos al debate y votación de las de las PNL, de las proposiciones no de ley. Comento a todas sus señorías que, por acuerdo con los distintos portavoces, vamos a cambiar el orden del día.
El señor ROMÁN JASANADA: Díganos el orden, por favor.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere conocer todo el orden? Lo sabe su portavoz, pero vuelvo a repetirlo aquí, porque lo he acordado con todos los portavoces de los grupos parlamentarios. La primera que se va a debatir es la relativa a la
transformación digital de los pequeños municipios, que era el punto 6.º del orden del día, pero es la quinta PNL, la número 161/000408, así no nos equivocamos. (El señor Pujol Bonell: ¿Puede volver a empezar?).
Decía que hemos modificado el orden de debate de las distintas proposiciones no de ley a demanda de distintos grupos parlamentarios. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios conocen el orden nuevo. Estoy repitiéndolo para que
todas sus señorías puedan saberlo. La primera PNL que vamos a debatir es la relativa a la transformación digital de los pequeños municipios, que es la número 161/000408; la segunda es para la aprobación de un Estatuto Básico de los Municipios de
Menor Población, que es la número 161/000361; la tercera es la relativa a garantizar el uso del español como lengua común de todos los españoles, que es la número 161/000102; la cuarta es la relativa a la paralización del macroproyecto de la Cuna
del Alma, que es la número 161/000395; la quinta es la relativa a la mejora de la colaboración administrativa y la reducción de la conflictividad con las comunidades autónomas, que es la número 161/000268, y la sexta es la relativa a reivindicar la
solidaridad interregional como valor constitucional, que es la número 161/000509.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000408).
La señora PRESIDENTA: Empezamos con la primera, la relativa a la transformación digital de los pequeños municipios, que tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, tomaría la palabra el portavoz o la portavoz del grupo parlamentario que vaya a defenderla, por un tiempo de cinco minutos. (Rumores.-Pausa).
Disculpad, porque lo había hablado con Pedro. Tiene la palabra el grupo proponente, en este caso, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ GRACIA: Gracias, presidenta.
La digitalización de las administraciones públicas es uno de los grandes retos que se marcó el Gobierno de Pedro Sánchez. Nunca en nuestra historia ningún Gobierno invirtió tanto en la digitalización de sus administraciones públicas como el
actual, y esto está dando sus resultados. En primer lugar, el reciente informe europeo de situación de la Administración pública digital, publicado en octubre del pasado año, sitúa a España liderando la media de resultados de los campos analizados.
En la mayoría de los indicadores España se sitúa por encima de la media europea. En Europa ocho de cada diez servicios de la Administración pública están disponibles online. España está por encima de la media europea. En nuestro país el 93 % de
los servicios de la Administración se pueden realizar de manera digital. Por tanto, España está 12 puntos por encima de la media europea en este aspecto.
En segundo lugar, la inversión que el Gobierno de España está realizando en la digitalización de nuestras administraciones también está provocando que en estos momentos los españoles realizan el 70 % de los trámites con la Administración
pública de manera online. La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista va enfocada a seguir invirtiendo en la digitalización de nuestras administraciones públicas, especialmente en nuestra Administración local, es
decir, en nuestros ayuntamientos. Desde el Grupo Socialista queremos que se haga mayor hincapié en aquellos municipios menores de 20 000 habitantes, que son los que tienen más dificultades para implementar la digitalización por múltiples factores,
como son la falta de presupuesto, de recursos humanos o de infraestructuras. Por ello, se hace necesario seguir invirtiendo y por eso es necesario el principio de igualdad entre ciudadanos. Ese principio que nos apela a que, si un ciudadano que
vive en una gran ciudad puede hacer sus trámites de manera digital, también tiene el mismo derecho aquel que vive en un pequeño municipio. Resulta que, en España, de los más de 8000 municipios existente, 7300 tienen menos de 10 000 habitantes y por
eso es necesario seguir invirtiendo para llegar a todos ellos.
En los últimos años se ha abierto una gran oportunidad al incluir la transición digital como uno de los pilares del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia y la inclusión de la política palanca IV, denominada: Una Administración
para el siglo XXI, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los 391 millones de euros que se van a ejecutar -y que se está ejecutando por el Gobierno a través del Ministerio de Política Territorial- ya se han lanzado -y ya se
están ejecutando- cuatro convocatorias: una se lanzó en el año 2021, dos en el año 2022 y otra en el pasado año 2023. Es necesario la ejecución de todos esos fondos y fundamentalmente para que lleguen a los municipios más pequeños. Por eso es
clave que muchas diputaciones provinciales, comunidades uniprovinciales, cabildos y consejos insulares hayan recibido ya esos fondos, porque todas estas instituciones son una palanca excepcional para llevar a cabo la digitalización de nuestros
municipios más pequeños.
Señorías, esta es una propuesta en la que cabemos todos, porque todos somos Administración local y porque todos los partidos políticos somos conscientes de las dificultades que tienen nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas. Les pido que,
desde la crítica constructiva, seamos capaces de llegar a un entendimiento y, por eso, este Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda transaccional a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Una enmienda
transaccional para intentar llegar a un entendimiento y para que se vean beneficiados fundamentalmente los alcaldes y las alcaldesas de este país. En esa enmienda transaccional que nosotros hemos presentado queremos que se siga avanzando en el Plan
nacional de formación en Administración Local de forma coordinada con las comunidades autónomas y con la FEMP; pedimos que se mantenga la dinámica que permita la cobertura de las plazas de funcionarios de habilitación nacional y de técnicos en
todos los municipios de menos de 5000 habitantes, convocando las ofertas de empleo públicos necesarias, y también incluimos que se
continúe dotando a los municipios de menos de 5000 habitantes de los medios técnicos necesarios que favorezcan la interoperabilidad. Presentamos esta transaccional para intentar llegar a un acuerdo sobre la enmienda que ha presentado el
Grupo Popular y que de esta proposición no de ley salga algo muy beneficioso para los alcaldes, para las alcaldesas y, en definitiva, para todos los ayuntamientos de este país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ahora toma la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora RAMÍREZ MARTÍN: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Todos sabemos que las entidades locales vertebran el conjunto del territorio nacional y dan respuesta inmediata a las necesidades de la ciudadanía, siendo determinantes para la transformación digital de las
administraciones públicas, pero, a la vez, son las que tienen mayores dificultades para desarrollar este proceso precisamente por la falta de recursos personales, técnicos, materiales y económicos. Esta falta de medios se agrava por la
circunstancia de que aún no tenemos presupuesto para el ejercicio 2024. La falta de presupuesto hace que España esté bloqueada. Por ello, exigimos a Pedro Sánchez que aplique sus propias palabras cuando, en el año 2018, pidió a Mariano Rajoy que
aprobara los presupuestos o convocara elecciones. Además, está incumpliendo, una vez más, la Constitución, porque solo cabe prórroga de los presupuestos cuando no se aprueban y Sánchez ni siquiera los ha presentado. Exigimos que el Gobierno se
centre en resolver los problemas de los españoles y no podemos permitir que dedique todos sus esfuerzos en resolver sus propios problemas con los golpistas, con los independentistas y con los prófugos. Tampoco podemos permitir que haya ministros
implicados en casos de corrupción, como el caso Koldo, ni que el Gobierno haya hecho contratos que favorezcan intereses personales. Este Gobierno debería de tomar nota del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía que está desarrollando un
proceso de transformación digital en los municipios andaluces donde su programa estrella es Vuela Guadalinfo, financiado por la Junta de Andalucía y por las diputaciones, aun siendo Andalucía la comunidad autónoma que menos dinero ha percibido por
habitantes de los fondos europeos junto con Baleares. Los andaluces volvemos a sentirnos agraviados por Sánchez, porque hemos recibido el 52 % menos de fondos que Cataluña pese a tener más población.
En relación con el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia hay 391,4 millones de euros desde que se elaboró el mismo. En 2021 se consignaron 92 millones, pero no se ejecutó ni una sola transferencia a los ayuntamientos; en 2022
se presupuestaron 149 millones y se ejecutaron 44 y en 2023 se presupuestaron 183 millones y tan solo se han ejecutado 83. Desde el Grupo Popular denunciamos la lentitud con que el Gobierno está ejecutando los fondos. Lo único que tiene que hacer
el Gobierno es transferir el dinero a los ayuntamientos a través de las correspondientes convocatorias de subvenciones. Un Gobierno debería de tener en cuenta las necesidades de los ayuntamientos y tener, al menos, la deferencia de escucharlos.
Lejos de la velocidad de crucero de la que presume el Gobierno, lo cierto es que cada año vamos a peor. Nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa planteada por el Grupo Socialista, porque claro que queremos que se ejecuten los 391 millones de
euros, pero presentamos una enmienda que la hace más ambiciosa y da mayor respuesta a los problemas y a las necesidades reales que se plantean en los municipios. En nuestra enmienda incluimos nuevas convocatorias de subvenciones para ejecutarlo al
100 %; pedimos formación para los empleados públicos de la Administración local; que se cubran las plazas de funcionarios habilitados nacionales para disponer de medios humanos necesarios y dotar a los municipios de los medios técnicos necesarios
para desarrollar estos fondos. Señorías, solicitamos que traten con cariño nuestra enmienda, que lo único que pretende es dar mayor cobertura a las carencias de las administraciones locales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted.
Toman la palabra ahora los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor. ¿No sé si por el Grupo Mixto hay alguien? (Pausa). No hay nadie. ¿Por el PNV? (Pausa). Tampoco hay nadie. ¿Por Bildu? (Pausa). Tampoco veo a nadie. ¿Por
Junts, va a tomar la palabra? (Denegación). El portavoz de Junts no va a tomar la palabra. ¿Por Esquerra? (Pausa). No. ¿Por el Grupo Republicano? (Pausa). Tampoco.
(Pausa.-El señor Pueyo Sanz hace gestos afirmativos). Toma la palabra. Tiene la palabra por un tiempo de tres minutos, señoría.
El señor PUEYO SANZ: Muitas grazias, presidenta.
En primer lugar, sí que queríamos manifestar que, con motivo del debate del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, vamos a proponer y a poner encima de la mesa todas las medidas administrativas que deben favorecer a los
ayuntamientos y a los pequeños municipios de menos de 5000 habitantes. Una de esas medidas imprescindibles es la digitalización para facilitar esa participación ciudadana, para simplificar la carga burocrática y para promover el crecimiento y el
desarrollo económico de las zonas amenazadas, de las que muchos venimos y que están en serio riesgo económico. Probablemente en estos años sí que estamos viendo avances y eso es algo positivo, pero seguimos observando cómo se producen cortes y cómo
las averías no se acaban de corregir. Sufríamos cortes en La Ribagorza, en los alrededores de Graus, en el Sobrarbe, en Saravillo, en Sin, en Serveto y en muchos sitios del Bajo Aragón que al final no se veían corregidos. La digitalización es
importante, pero previamente es más importante que todos estos municipios tengan Internet. Municipios que, para los que vivimos allí, sabemos lo que supone no tener fibra aún en muchos lugares y hemos sabido lo que es trabajar, por ejemplo, en el
mundo audiovisual y tener que descargarse un WeTransfer, que pesa dos gigas, y pegarse cinco horas. Es imposible desarrollar la vida en esos municipios hasta que la fibra no llegue hasta el último rincón de ese Estado español despoblado, de esa
España vaciada. No voy a abundar ni repetir argumentos, nosotros creemos que es positivo, pero también hace falta tener el mapa general de cómo está el Estado y ese mundo rural. No me extiendo más y anuncio el voto favorable de mi grupo a la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted.
Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que es sorprendente que el Grupo Socialista, que da soporte al Gobierno de España, presente una iniciativa en la que insta al Gobierno a ejecutar los 391,4 millones de euros previstos en el Componente 11 de inversión en el plazo
establecido. Es decir, es un reconocimiento manifiesto de la ineficacia del Gobierno de España en el cumplimiento de sus compromisos en un ámbito tan importante como el de los servicios digitalizados al mundo rural. Es cierto que la postpandemia
ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la digitalización de los servicios para facilitar el acceso a los servicios básicos de las personas que viven en el ámbito rural, la modernización de la Administración local, la cohesión
territorial. Es necesario establecer esa digitalización para poder acceder a citas previas, a servicios de transporte, a recursos académicos o educativos, y eso es mucho más difícil en los municipios pequeños donde la conectividad no llega, donde
las dificultades de acceso se hacen siempre más evidentes.
Naturalmente esto necesita de inversión y de recursos que vienen, además, establecidos por las inversiones que provienen de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, que han determinado su carácter finalista para invertir en
procesos de digitalización. Por lo tanto, es sorprendente esta propuesta del Grupo Socialista, partido de gobierno que ostenta el Poder Ejecutivo y que reconoce en sí mismo la incapacidad para poder cumplir con sus propios compromisos respecto a
las inversiones prometidas. Son 391 millones destinados a programas de inversión, que parece ser que están en el aire y que necesitan del acuerdo de todos los grupos de las comisiones para poder ser ejecutados. Sorprendente.
¿Desarrollar servicios que son de su competencia? Háganlo. ¿Planes de formación para los servicios administrativos y de seguridad de datos? Pónganlos en marcha. ¿Poner medidas para impulsar la transformación digital? Háganlas efectivas.
Es evidente que el mundo rural está padeciendo los problemas que están provocando sus políticas, dedicadas a satisfacer más a sus socios, a ceder a sus chantajes, a condonar sus deudas y a hacerse responsables de sus necesidades, dejando de lado al
mundo rural, al transporte, a la comunicación y a la digitalización. En lugar de presentar estas medidas estéticas sería más conveniente que ustedes cumplieran con sus compromisos y que el Poder Ejecutivo se dedicara a hacer política, a cumplir sus
compromisos y a ejecutar sus acuerdos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
No quedando claro -al menos a mí- por parte de las intervenciones si al final hay una transaccional o no, o es una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, solo quiero advertir una cosa a los dos grupos.
Si es una transaccional deben hacerla llegar a la Mesa apenas la tengáis, porque votaremos todas las PNL, como dijimos, al final de la sesión.
- PARA LA APROBACIÓN DE UN ESTATUTO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000361).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la siguiente proposición no de ley, en este caso para la aprobación de un estatuto básico de los municipios de menor población, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, toma la palabra su proponente.
La señora CLEMENTE MUÑOZ: Muchas gracias, presidenta.
Septiembre de 2020: Estamos trabajando 'en un estatuto de los pequeños municipios para crear un régimen diferenciado, porque no es lo mismo un municipio en la zona rural que en una gran ciudad'; Carolina Darias, ministra de Política
Territorial y Función Pública.
Noviembre de 2020: Las directrices generales de la estrategia frente al reto demográfico tendrán 'objetivos transversales [...] como el estatuto básico de los pequeños municipios'; Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de Reto
Demográfico. Ella misma presenta el anteproyecto de esta ley ante la Comisión Nacional de Administración Local, diciendo cumplir con el compromiso del Gobierno en este punto dentro del plan normativo anual de 2020.
Enero de 2022: El Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población 'garantizará la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan' para hacer de España 'un país integrado social y territorialmente'; Isabel
Rodríguez, ministra de Política Territorial.
Abril de 2024: el Grupo Popular trae a debate a esta Comisión de Política Territorial que, de una vez por todas, el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos para el desarrollo normativo de un estatuto básico del pequeño municipio.
Es evidente que el Gobierno de Sánchez ha incumplido su promesa formulada en sede parlamentaria. No se ha garantizado la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, no se han modernizado los gobiernos locales y no
se han aportado soluciones frente al reto demográfico. Se comprueba que estos compromisos no son una prioridad del Gobierno. Cuando se anuncian a bombo y platillo iniciativas, modificaciones, ventajas para el medio rural, este medio se ilusiona y
confía en que se hará realidad que se le pongan las cosas más fáciles de lo que lo tienen. Pero cuando pasa el tiempo y ve que los anuncios se diluyen y no llegan las reformas prometidas lo que se consigue es una mayor desconexión entre el medio
rural y la ciudad donde se redactan las normas que no llegan. Esta situación solo logra desanimar y pensar que las tan prometidas medidas contra la despoblación son solo anuncios del Gobierno de Sánchez, que saca de su agenda política todos
aquellos temas que no le garantizan un año más en la Moncloa.
Si este estatuto no ha salido en los últimos cuatro años en los que se lleva hablando de él es por falta de voluntad política, por falta de trabajo y por falta de querer llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, ya que todos
los grupos del arco parlamentario estamos de acuerdo en la necesidad de aprobar este estatuto que nos ocupa, porque no se puede tratar igual a lo que es diferente; no se le puede exigir la misma regulación a mi pueblo, Celadas, de apenas
cuatrocientos vecinos, que a Madrid, porque ni tenemos los mismos recursos ni tenemos las mismas necesidades. Pero habría que preguntar por qué el Gobierno se resiste a avanzar en este tema del que hizo gala en la pasada legislatura, cuando llegó a
encomendar a la FEMP un documento en el que analizaran los contenidos de este estatuto y que la comisión de despoblación trabajó y aprobó por unanimidad de todos los grupos participantes.
También habría que preguntarle al Gobierno por qué no avanza en el desarrollo del estatuto mientras que las comunidades autónomas, como la mía, Aragón, están ya trabajando en la flexibilización de la normativa al medio rural. Municipios que
comparten el secretario, el cual va un día a la semana, que cuentan con presupuestos de apenas 500 000 euros. Debe ser que allí no se pueden sacar comisiones millonarias, pero con muy pocos recursos y mucho trabajo desinteresado de sus concejales
sacan adelante el día a día de muchos municipios de España, siendo los guardianes del territorio que atesora la mayor riqueza de este país y no solo cultural, también paisajística, alimentaria y de un modo de calidad de vida al que todos aspiramos.
Un medio rural en el que hay alcaldes de todas las fuerzas políticas y en el que el consenso es la fórmula de llegar a acuerdos; donde los enfrentamientos partidistas de otras
administraciones se transforman en verdaderos esfuerzos por conseguir fondos para sacar adelante pequeños proyectos que doten de más infraestructuras y más servicios el día a día de los vecinos.
Señorías, esto no va de anunciar que se va a hacer algo y dejarlo dormir el sueño de los justos; esto va de actuar para facilitar las cosas a nuestros pueblos. Esto va de tener la altura política de tratar a la España rural con la
diferenciación positiva que nos demanda y que necesita para hacerla ágil y capaz de poder conectarse con la España urbana. Esto no va de más estudios ni de más estrategias; esto va de ponerse ya, porque cada día que pasa es una oportunidad perdida
para que haya esa igualdad de oportunidades entre españoles, vivan donde vivan. Esto no va de partidos, esto no va de ideas; esto va de necesidades y urgencias. Habría que recomendarle al Gobierno de Sánchez que hable con los concejales del
pueblo, que los escuche en lugar de menospreciarlos, porque en ellos encontrará el sentido común. Ellos son las personas que diariamente se dejan la piel por sus vecinos en todos y cada uno de los pueblos de España y que se merecen tener unas
reglas de juego adaptadas a sus necesidades.
Para terminar, repito las palabras de la entonces ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez: 'Invito a los grupos con representación en esta Cámara a presentar sugerencias en aras a alcanzar el consenso como una herramienta clave
para las entidades locales'.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se ha presentado una enmienda también a esta proposición no de ley, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista.
Toma la palabra su defensora, la señora Garrido.
La señora GARRIDO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta.
Nos toca dar la bienvenida al Grupo Popular a la defensa del estatuto de los pequeños municipios, porque sí que es verdad que la pasada legislatura sus alcaldes y alcaldesas en la Federación Española de Municipios defendían este estatuto,
pero cuando venía al Congreso y el Grupo Parlamentario Popular tenía que votar, se abstenía, no lo votaba a favor. Así que, enhorabuena y bienvenidos. También bienvenidos a defender el sanchismo, que les molesta tanto que llevan ustedes a los
alcaldes al Senado, no a buscar propuestas positivas para sus municipios sino para afear al presidente del Gobierno, pero que ahora vienen aquí a pedirnos que cumpla sus promesas. Yo pensaba que tendrían ustedes que venir a pedir que cumpliera las
promesas el señor Feijóo. Digo, no lo sé, porque tanto que no les gusta el señor Sánchez...
En cualquier caso, la verdad es que nosotros podemos estar de acuerdo en el fondo de su moción, porque lo que piden es que se cumpla lo que el Partido Socialista viene defendiendo desde hace mucho tiempo para los municipios. Que el Partido
Popular venga a defender las propuestas socialistas nos parece oportuno, pero si miramos realmente el texto de esa moción lo que nos dice es que lo hagamos en este periodo de sesiones, del que nos quedan apenas seis Plenos. Nosotros consideramos y
creemos que este tema es demasiado importante y trascendente para los municipios, y que además no solo depende de que hagamos un estatuto en el que se fijen competencias, sino que tenemos que abrir el melón de la financiación municipal. El Partido
Popular debería querer sentarse para hablar de financiación, pero no quieren.
¿Qué quieren que hagamos? ¿Que les demos competencias a los municipios y no les transfiramos fondos? Igual este es el modelo del señor Montoro. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel ministro que hizo quitar el sueldo a esos concejales de menos de
1000 habitantes, por ejemplo. Eso es lo que hacía el señor Montoro defendiendo a los pequeños municipios. O que tenía de financiación municipal 17 000 millones, cuando este Gobierno tiene 28 500 millones, un 55 % más. O que cuando esa Federación
Española de Municipios y Provincias era el seno del consenso -no como ahora- se defendía que los municipios obtuvieran al menos 1500 millones de fondos europeos, que era el porcentaje que corresponde de la participación de los municipios en el
Estado. Sin embargo, a pesar del Partido Popular, que votó, defendió y criticó los fondos europeos todo lo que pudo y más -mientras sus alcaldes querían tenerlos- y se iban a Bruselas a pedir que no hubiera fondos europeos, la federación pedía como
mínimo 1500 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánta financiación ha llegado a los municipios de esos fondos europeos? Pues 21 000 millones de euros.
Así que, cuando oigo a la portavoz del Partido Popular decir que no se ha hecho nada para ayudar a los municipios, la verdad es que deberían como mínimo sonrojarse y pensar si de verdad ustedes quieren traer una PNL solamente para tirar de
las orejas al Gobierno diciéndole hagan ustedes sus políticas -que
ya les digo que eso a mí me parece bien- o lo que quieren de verdad es que nos pongamos juntos a trabajar. Eso es lo que pretendía nuestra enmienda, es decir, darnos un tiempo, un margen, porque sería conveniente que una ley de tal calado
nos permitiera un consenso en el que todos los grupos pudiéramos estar de acuerdo y sacarla adelante, y no se transformara en algo partidista, que es lo que suele hacer el Partido Popular cuando llega a las instituciones, que las usa para confrontar
a otras instituciones si no son de su propio Gobierno.
Podríamos hablar mucho de lo que ha hecho el Partido Popular para los municipios. Por ejemplo, el señor Montoro nos robó un mes de IVA. ¿Se acuerdan ustedes? Hizo un cambio en el cálculo del IVA y, de pronto, nos robó un mes de IVA. Tuvo
que venir Pedro Sánchez para devolverlo. O cuando nos impidió usar nuestros remanentes, los dineros que nosotros conseguimos de fondos a través de lo que pagan nuestros ciudadanos, para darles servicios a esos ciudadanos. O, por ejemplo, como les
decía, el intentar eliminar municipios; el señor Montoro lo que quería era que se juntaran y eliminar municipios. La verdad es que durante este tiempo se ha hecho mucho en materia de fomento de los pequeños municipios. Por ejemplo, los municipios
de más de 5000 habitantes han ganado unas 300 000 personas desde 2018. Tan mal no estará cuando conseguimos que haya más gente que quiera vivir en esos municipios. El plan de reto demográfico tiene 130 medidas, con 13 000 millones de euros
asignados que llegan a esos pequeños municipios, el 75 % provienen de fondos europeos. O una aspiración de la que hemos hablado hace un momento que tiene que ver, por ejemplo, con la llegada de la fibra óptica. En 2018, cuando se llegó al
Gobierno, la fibra llegaba al 38 % de las áreas rurales; ahora llega al 90 %. Efectivamente, nos queda un 10 % y habría que trabajar para que llegue al 100 %, pero estarán conmigo que pasar del 38 al 90 % es un gran avance durante este tiempo.
Por todo ello, nosotros les planteábamos esta enmienda para sentarnos a trabajar y poder, por un lado, hablar de la financiación local -si el Partido Popular quiere sentarse a hablar sería lo primero- y, por otro, poder sacar una ley que
efectivamente sea útil para nuestros alcaldes y alcaldesas, para esos concejales que realmente lo que quieren no es un circo en el Senado sino medidas que les hagan traer políticas positivas para sus conciudadanos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ahora toman la palabra el resto de grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, ¿interviene alguien? (Denegación). El Grupo Vasco no está. Bildu no está. ¿Por Junts va a intervenir usted? (Denegación). Grupo Republicano tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, señor Pueyo.
El señor PUEYO SANZ: Muitas grazias, presidenta.
En el Estado español hay 6827 municipios de menos de 5000 habitantes -estamos hablando del 84 % de municipios- donde vive el 12 % de la población española. En Aragón -solo 25 municipios tienen más de 5000 habitantes- casi el 97 % de todos
los municipios. Imagínense ustedes, este es el drama territorial. Aquí, sin que sirva de precedente, tengo que decir que sí, que el PP es muy malo, que el PP ha hecho muchas cosas muy mal, pero que en esto la señora diputada portavoz del Partido
Popular en muchas cosas de las que ha dicho tiene razón. Desde 2019 se viene hablando de una ley de pequeños municipios para adaptar la normativa y las peculiaridades y dificultades de otros ayuntamientos. En el año 2020 el anterior Gobierno de
coalición incluyó en su plan anual normativo la Ley del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, con medidas que afectaban a estos municipios de menos de 5000 habitantes. No se aprobó en 2020; volvió a presentarse en 2022, pero
tampoco se cumplió. Ahora hay un nuevo Gobierno con nuevos socios y con un nuevo ministro responsable. Sin embargo, en el plan normativo de 2024, recién aprobado en el Consejo de Ministros, tampoco aparece este estatuto del municipio de menor
población. Y esta ausencia a nuestro grupo le preocupa mucho.
Hasta ahora se ha avanzado -es verdad- en la implementación de mecanismos digitales, como comentaba la diputada del Partido Socialista; en la modernización de los padrones, que son medidas muy importantes para el conjunto de las
administraciones locales; se ha mejorado también en la conectividad; se ha mejorado en cuestiones diferentes, que al final atacaban a la despoblación. Pero es necesario contar con un régimen específico para todas estas personas de los municipios
de menos de 5000 habitantes. Estamos hablando de estos municipios que cuentan con toda su autonomía local pero que deben afrontar el reto de la despoblación en primera línea de fuego y carecen de recursos humanos, materiales, económicos, etcétera.
Tienen que eliminar carga burocrática y hacen falta medidas para ello; tienen que paliar la falta de personal y hacen falta medidas para ello; hay que mitigar la elevada carga de
trabajo de los habilitados nacionales para simplificar o agilizar la contratación pública, la concesión de subvenciones, pero también medidas de financiación local, como comentaba, efectivamente, la diputada del Partido Socialista. Es
imprescindible hacer estos cambios, porque las leyes se están haciendo solo pensando en las grandes ciudades.
Por eso, de entrada, esta proposición no de ley del Partido Popular no nos suena mal. Sin embargo, entendemos que el plazo que proponen de dos meses no es realista. Yo creo que puede sorprender incluso que desde el Partido Popular se
reclame esta urgencia de Estado sin dar margen para que se pueda hacer partícipe a la sociedad civil, a los pequeños ayuntamientos, a la propia FEMP o incluso a las comunidades autónomas que cuentan con competencias locales, como es el caso de
Aragón, la comunidad de la diputada proponente. Por favor, vamos a buscar un consenso. Vamos a intentar llegar a un acuerdo. ¿Hace falta mediar? Mediemos en ello, por favor, subamos ese plazo de dos meses, pero es urgente que estas medidas se
aprueben. Que sea el más del ala izquierda quien tenga que mediar entre el Partido Popular y el Partido Socialista también han de hacérselo mirar. Por favor, lleguen a un acuerdo en beneficio de los pequeños municipios. No lo digo solo para el
caso de Aragón sino, por favor, para el caso de todas las personas que vivimos en pequeños municipios en todo el Estado.
Termino. Por favor, alcancen un acuerdo transaccional de la proposición no de ley del PP, que propone un plazo que no es realista, y la enmienda del PSOE, que no menciona el estatuto, que es clave en la iniciativa. Nos ofrecemos a mediar
si es necesario antes de la votación final; por favor, lleguemos a un acuerdo.
Muitas grazias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Toma la palabra ahora el Grupo Parlamentario de VOX, en este caso, el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Como ya se ha apuntado aquí, desde 2020 este Gobierno viene anunciando la aprobación de un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y también, como se ha apuntado, en enero de 2022 la entonces ministra de Política Territorial
anunció en el Senado que este estatuto garantizará la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y explicó que se integraban las prioridades del Gobierno frente al reto demográfico para hacer de España un país integrado
social y territorialmente. Pues bien, han transcurrido dos años desde este anuncio y no se ha hecho nada, y esto supone un engaño para los municipios menores y para sus vecinos, que reclaman medidas urgentes y eficaces ante la amenaza de
desaparición de población, de municipios, de las barreras en el acceso a los servicios públicos y del desequilibrio territorial y entre el medio rural y urbano. Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley.
Nos ha llamado la atención la enmienda que ha propuesto el Partido Socialista Obrero Español en la que instan a realizar un análisis y a iniciar contactos, es decir, que el PSOE reconoce que no ha hecho nada en seis años de gobierno en favor
de los municipios de menor población. Bueno, sí, declarar al lobo especie protegida, lo que ha ocasionado en mi provincia, en Cantabria, mayor abandono de la actividad rural, vaciamiento de pequeños núcleos, donde sus habitantes están hartos y ya
están tirando la toalla, y no aguantan más que día a día los lobos maten a sus terneros, a sus corderos o a sus potrillos. Esta es la triste realidad, Tienen al mundo rural abandonado, a los agricultores y ganaderos en pie de guerra con la
aplicación de las nefastas políticas derivadas de su Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. Eso es lo único que les preocupa. Son políticas que están pactadas por populares, socialistas y verdes en Europa; el señor Pons dijo que en Europa todas
estas medidas las tenían pactadas, y el señor Margallo que la Agenda 2030 es el Evangelio.
Todo esto repercute en el mundo rural de una forma nefasta y devastadora, y por eso se vacía. Hablan de la España vaciada, pero a mí me gusta más hablar de la España abandonada, porque realmente está abandonada. Nosotros tenemos un tren
que va de Santander a Bilbao por la zona rural y un día no sale; otro se estropea; otro el maquinista termina su jornada laboral, se baja y no continúa porque no hay maquinista que le sustituya. Un desastre. Toda la gente que vive en esas zonas
rurales, que necesita ir bien a Bilbao o bien a Santander para asistencia a un hospital o por cualquier gestión administrativa son totalmente abandonados. Esto el Gobierno lo sabe, se ha reivindicado, se ha dicho y en un Pleno lo debatimos y no se
ha hecho nada. Cada día está peor ese tren y el mantenimiento de la línea; ahora han puesto unas señales para que vaya a menor velocidad, porque está tan mal conservada la vía que es peligrosa la velocidad a la que podía ir hasta ahora.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Entiendo por las intervenciones que el Grupo Popular no acepta la enmienda.
La señora CLEMENTE MUÑOZ: No la aceptamos como viene, pero sí que estamos dispuestos a llegar a una transaccional con relación al plazo establecido. Por lo tanto, hablamos ahora.
La señora PRESIDENTA: Decimos lo mismo. Si llegan a acuerdo, la hacen llegar a la Mesa cuanto antes.
Gracias.
- RELATIVA A GARANTIZAR EL USO DEL ESPAÑOL, COMO LENGUA COMÚN DE TODOS LOS ESPAÑOLES, FRENTE A LOS ATAQUES DE ÍNDOLE SEPARATISTA PERPETRADOS EN CIERTAS REGIONES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente
161/000102).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones
españolas. En este caso, una iniciativa de VOX. Toma la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ASENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros, efectivamente, presentamos una proposición dirigida a garantizar el uso del español como lengua común de todos los españoles, que puede incluso parecer algo ridículo. De hecho, es ridículo en cualquier país del mundo, menos en
España, que haya que presentar iniciativas en diferentes Parlamentos autonómicos y también aquí, en la sede de la soberanía nacional, para que se pueda garantizar el uso de la lengua oficial del Estado. Porque lo que es algo inconcebible es que en
estos momentos haya alrededor de un tercio de la población española -los que viven en las comunidades autónomas bilingües- que no puede, por ejemplo, escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, el español, si esta es su lengua materna.
Esto es algo absolutamente aberrante; no solo es aberrante y antipedagógico, sino que es ilegal. Hay múltiples sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, que así lo establecen.
Eso en el ámbito escolar, pero si nos vamos al ámbito de la Administración pública en general, hay un problema gravísimo y es también el poner barreras dentro de nuestro propio país por temas lingüísticos. Es algo insólito también que un
español que vive aquí mismo, en Madrid, si quiere opositar a cualquier cuerpo de la Función pública, por ejemplo, en Cataluña, se le va a exigir un determinado certificado de la lengua catalana. En cambio, al revés, no se le va a exigir a ese
español residente en Cataluña ningún certificado de lengua española si quiere opositar en otro sitio, en Madrid o en otro territorio donde no tengo lengua cooficial. Es decir, se ha creado un sistema en estas comunidades autónomas donde la lengua
regional o la lengua autonómica se está utilizando como arma de separación entre los españoles, como barrera, y además con una clara intencionalidad política, que es esa: separarnos los unos de los otros cuando tenemos una lengua común.
Con esto no se pretende, ni muchísimo menos, el arrinconar ni apartar a esas lenguas autonómicas o regionales. Justo lo contrario, lo que se requiere es que se garanticen los derechos de los hablantes de todas las lenguas que se hablan en
España, pero en esos territorios bilingües. Es decir, lo que no puede ser es que los ciudadanos españoles que viven en Cataluña o en Galicia o en el País Vasco o en Baleares o en Valencia o en Navarra no tenga los mismos derechos que los que viven
en otras zonas de España, donde no hay esa presencia de lenguas regionales. Nosotros lo que pretendemos es acabar con la utilización política de separación de las lenguas regionales que utilizan los partidos separatistas y realmente crear una
concordia lingüística en aquellos territorios bilingües donde actualmente no se produce. No solo no se producen en los territorios bilingües, sino que lo que estamos viendo es que esa aberración de separación entre los ciudadanos también se intenta
o se ha trasladado a esta propia casa, a la sede de la soberanía nacional, al Congreso de los Diputados, donde todos los diputados que conocen perfectamente el uso del español. Algunos quieren utilizar -o de hecho utilizan- ya sea el catalán o el
vasco, y todos nos tenemos que poner un pinganillo, cuando todos conocemos la misma lengua.
Yo creo que es una situación absurda, insisto, que no se da en ningún país del mundo donde hay una lengua oficial del Estado, que es el español, y lo que se intenta por parte de esos partidos separatistas es dar el carácter de lengua
nacional a lo que son lenguas regionales, con esa idea de ir construyendo
naciones que no han existido nunca sobre la base de lenguas que son una riqueza para España y que se están utilizando como arma arrojadiza.
De hecho, lo podrán ver en los puntos de nuestra proposición no de ley, en la cual además hemos presentado una enmienda transaccional al Partido Popular que había presentado unas enmiendas. Ya me dirán ustedes cómo alguien puede votar en
contra, por ejemplo, del número 1, que así quedaría en esta enmienda transaccional, que indica cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en materia lingüística. Hacemos referencia al
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque hay una normativa allí que, gracias a un recurso de VOX en el País Vasco, se modificó para garantizar esos derechos lingüísticos, cosa que, por cierto, a fecha de hoy aún no se ha ejecutado. A ver
quién puede votar en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional en este primer punto. O en el segundo punto, que quedaría en instar a las comunidades autónomas a que garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos,
desarrollando los procedimientos legislativos oportunos, incluidos los que puedan implicar la derogación de la normativa discriminatoria y dando cumplimiento a las sentencias de los tribunales de justicia. Es de puro sentido común y de cumplir con
la legalidad vigente. O promover las actuaciones necesarias para evitar la discriminación lingüística y garantizar el derecho al uso del español en todas las comunidades autónomas de nuestro país. O eliminar cualquier tipo de discriminación por el
uso del español en todo el territorio nacional.
Es decir, quien esté votando en contra de esta propuesta está votando en contra de la concordia y de acabar con la discriminación lingüística que se está produciendo hoy en día en España, y quien niegue esta realidad está mintiendo
abiertamente. Aquí ya sé que los partidos separatistas saldrán con que se está reprimiendo las lenguas regionales y demás. Eso es absolutamente falso. A los que se está reprimiendo es a los hispanohablantes, a las personas que viven en Cataluña,
a las personas que viven en el País Vasco, ahora ya no tanto en Baleares y en Valencia, donde se están dando avances en la libertad lingüística. Se está discriminando a aquellas familias que tienen prohibido escolarizar a un niño en español o que
tienen prohibido acceder a la Administración pública si no tienen un certificado determinado de la lengua regional. Yo creo que si tiene que imperar el sentido común -que en esta casa tenía que imperar- y se tiene que cumplir con la legalidad
vigente, tendrían que votar a favor de esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.
Se ha presentado una enmienda a esta PNL, en este caso por el Grupo Popular.
Toma la palabra el señor Martín.
El señor MARTÍN BLANCO: Gracias, presidenta.
La verdad es que a la exposición que ha hecho el portavoz de VOX poco se puede añadir desde el punto de vista del respeto a los derechos lingüísticos del conjunto de los ciudadanos, sea cual sea su lengua materna. El concepto de lengua
materna es un concepto que, por desgracia, en nuestro país ha ido quedando arrumbado del debate público, precisamente por la hegemonía cultural de los partidos nacionalistas en las comunidades donde hay más de una lengua, donde hay una lengua
cooficial, y también por la hegemonía que comparten esos partidos nacionalistas, por desgracia, con una determinada interpretación de la izquierda. Desde nuestro punto de vista es evidente que todos los ciudadanos españoles deben tener los mismos
derechos, sea cual sea su lengua, y lo que se observa en los últimos años, por la dinámica que se ha ido produciendo con los gobiernos en diferentes comunidades autónomas de sesgo nacionalista, es que las familias castellanohablantes, los ciudadanos
castellanohablantes, están padeciendo una evidente discriminación en nuestro país, en nuestro Estado democrático de derecho.
Desde este punto de vista, nosotros suscribimos el planteamiento de la propuesta del Grupo Parlamentario VOX y, además, hemos presentado, como decía su portavoz, una serie de enmiendas y hemos llegado a un acuerdo para una enmienda
transaccional.
Yo creo que este es un debate mollar de nuestro discurso público general en el conjunto de España, y la verdad es que lamento que se plantee en unos términos abiertamente casi belicistas por los partidos de ámbito regional, en este caso,
partidos separatistas, porque las lenguas españolas son un patrimonio colectivo del que el conjunto de los ciudadanos españoles disfrutamos, y no puede o no debería ser aceptable que se utilicen como arma arrojadiza, que se utilicen como elemento de
confrontación, porque es evidente que en el caso de un ciudadano catalán -también catalanohablante, por cierto, por añadir algo a lo que decía el portavoz de VOX-, los primeros discriminados por esta política maximalista de los partidos
nacionalistas en diferentes comunidades autónomas son precisamente los hablantes de las
lenguas españolas diferentes del español. Un catalanohablante en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en cualquier otra comunidad autónoma de España, es evidente que se ve perjudicado por un sistema de la mal llamada
inmersión lingüística. No es inmersión lingüística, sino voluntad de excluir el español de nuestro espacio público, que al final es el objetivo último de los partidos nacionalistas, que lo que pretenden decir es que el conjunto de los ciudadanos
españoles no tenemos nada en común. Ese es el verdadero objetivo, por ejemplo, de medidas como la aprobada recientemente en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, para poder utilizar las diferentes lenguas españolas diferentes del español en
sede parlamentaria. El objetivo básicamente es decir que los españoles no compartimos nada, y eso es profundamente disolvente para una sociedad que pretende mayoritariamente seguir viviendo unida para, como decía Ortega, hacer algo juntos.
Creo sinceramente que el debate lingüístico está emponzoñado, está envenenado por una falta de respeto a la sensibilidad de los castellanohablantes en este caso. Quiero traer a colación las palabras de un ínclito representante del
nacionalismo catalán, un economista serio, el señor Ramón Trías Fargas, que en los años previos a la implantación en España de la democracia y del Estado autonómico decía cosas tan razonables como que privar a un niño de ser educado en su lengua
materna era un delito, que era un crimen, que era algo absolutamente execrable, y, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que decía Trías Fargas, tanto para cuando se hacía con la lengua catalana u otras lenguas españolas, como para cuando se
hace con la lengua española. Por tanto, quiero señalar aquí el fariseísmo, la falta de coherencia, la falta de consistencia de los grupos nacionalistas cuando representantes de su partido defendían el derecho a educar a un niño en su lengua
materna, cuando querían reivindicar el derecho a educar a un niño en catalán, y que inmediatamente hayan arrumbado, hayan despreciado el mismo término para impedir, para prohibir que un niño pueda ser educado en su lengua materna cuando esta sea el
español o el castellano.
Por tanto, quiero reivindicar desde el Grupo Parlamentario Popular la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sea cual sea su lengua materna, y la reivindicación derivada precisamente de un derecho constitucional, que es el
deber de todas las administraciones públicas de proteger y garantizar el uso de todas las lenguas españolas, incluida también la lengua que compartimos el conjunto de españoles, que es el español. Por tanto, nosotros, una vez acordada esta enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario VOX, votaremos a favor de su proposición no de ley.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
No haciendo uso de la palabra ni el Grupo Mixto ni Junts, por el Grupo SUMAR, tiene la palabra el señor Badia.
El señor BADIA CASAS: Doncs mira que han fet una PNL llarga i m'ha sobtat veure que de l'article 3 de la Constitució, que és ben curt, justament s'han deixat el tercer punt de l'article 3, que diu que la riquesa de les diferents llengües
d'Espanya és un patrimoni cultural, que serà objecte d'especial respecte i protecció. Quina casualitat que justament ens deixem aquest article o que justament no citem el preàmbul de la Constitució, que, per cert, també és ben curt, en el que diu:
protegir tots els pobles d'Espanya en l'exercici de les seves llengües. I jo em pregunto, on queda l'especial respecte i protecció de l'euskera, del galego, del català en aquesta PNL? Des de SUMAR creiem que les lleis que s'han citat són
perfectament constitucionals i ens representen. De fet, la visió que té VOX, i ara hem pogut sentir també el Partit Popular, de la Constitució, d'aquesta llei, del fet que puguem fer servir les llengües en aquesta Càmera, només dibuixa una Espanya
més petita, una Espanya en blanc i negre. De fet, no han entès ni el plurilingüisme ni la plurinacionalitat ni els models d'immersió lingüística, que són i han sigut un element de cohesió social, una riquesa cultural i un patrimoni compartit, i, el
que és més preocupant: quan equiparen a tothom que pensa diferent de separatistes, és d'una miopia preocupant. Són vostès, amb les seves intervencions de la Constitució, els que deixen a persones com jo fora de l'Estat espanyol. Crec que els
veritables separatistes són vostès, senyors de VOX i del Partit Popular; mai m'havia sentit tan poc espanyol com quan els sento parlar de Catalunya. Per tant, crec que si de debò volem treballar per la unitat d'Espanya, únicament el que fan és ser
separatistes i expulsar-se molta gent que es podia sentir perfectament espanyola amb moltes d'aquestes lleis que s'han impulsat.
Mira que han hecho una PNL larga, y me ha asombrado ver que se ha dejado el tercer punto del artículo 3 de la Constitución, que dice que la riqueza de las distintas lenguas de España es un patrimonio cultural, que será objeto de especial
respeto y protección. Qué casualidad que justo nos dejemos este
artículo o que justo no citemos el preámbulo de la Constitución, que, por cierto, también es muy corto, y que dice: proteger a todos los pueblos de España en el ejercicio de sus lenguas. Y yo me pregunto, ¿dónde queda el especial respeto y
protección al euskera, gallego o catalán en esta PNL? Desde Sumar creemos que las leyes que se han citado son perfectamente constitucionales y nos representan. De hecho, la visión que tiene VOX, y hemos podido oír también al Partido Popular, de la
Constitución sobre esta ley, de que podamos utilizar estas lenguas en esta Cámara, solo dibuja una España más pequeña, una España en blanco y negro. De hecho, no han entendido ni el plurilingüismo ni la plurinacionalidad ni los modelos de inmersión
lingüística, que son y han sido un elemento de cohesión social, una riqueza cultural y un patrimonio compartido, y, lo que es más preocupante, cuando equiparan a todos los que piensan diferente de separatistas, es de una miopía preocupante.
Ustedes, con sus intervenciones en la Constitución, dejan a personas como yo fuera del Estado español. Creo que los verdaderos separatistas son ustedes, señores de VOX y del Partido Popular; nunca me había sentido tan poco español que como cuando
les oigo hablar de Cataluña. Así pues, creo que, si realmente quieren trabajar en pro de la unidad de España, lo único que hacen es ser separatistas y expulsar a muchas personas que podrían sentirse españoles en estas leyes que se han mencionado.
La señora PRESIDENTA: Toma la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora GARCÍA GURRUTXAGA: Gracias, presidenta.
Antes de comenzar, quiero evocar la figura del lehendakari José Antonio Ardanza, que nos dejó ayer, como un hombre de paz y de consenso. Goian bego.
Señorías de VOX, las lenguas son instrumentos para la comunicación, la construcción de conocimiento y la regulación de emociones y comportamientos y, además, reflejan las experiencias y formas de ver el mundo que tienen sus hablantes y no
son solo elementos identitarios. El concepto de una nación con una sola lengua que se desprende de su proposición no de ley, además de ser falaz y trasnochado, simplemente no concuerda con la realidad. En Europa solo hay dos Estados monolingües:
Portugal e Islandia; además, hay naciones europeas que comparten alguna de sus lenguas, por ejemplo, Irlanda y Gran Bretaña, y también Bélgica, Suiza y Francia, entre otros. El hecho multilingüe, señorías, es, pues, la norma y no la excepción,
como ustedes falsamente quieren hacer ver. No es ninguna novedad el hecho de que ustedes intenten utilizar la Constitución de manera tramposa y parcial -en este caso lo hacen con el artículo tercero- y, señorías, es un aburrimiento tener que
explicarles siempre las mismas cosas. El artículo tercero de la Constitución española consagra el multilingüismo de nuestro país y, además, considera a las otras lenguas de España como un patrimonio cultural excepcional que, como se dice
literalmente, será objeto de especial respeto y protección. Esto último se lo han ahorrado ustedes en la justificación de su PNL, y es seguramente la parte más importante de dicho artículo y de donde se derivan las posteriores legislaciones que en
materia lingüística se han ido desarrollando en nuestro país.
La palabra respeto, señorías de VOX, es la clave. Quien no respeta las otras lenguas no respeta la suya, y ustedes no respetan la lengua castellana ni a sus hablantes cuando la utilizan como un arma arrojadiza para la discordia, que no para
la concordia, como nos quiere hacer creer cierta ley promulgada en cierta comunidad autónoma con sus socios del PP. Ustedes manipulan descaradamente a los hablantes de la lengua española que, por cierto, somos toda la ciudadanía de este país,
haciéndonos creer que su lengua está en peligro. Deberían ustedes ser capaces de explicarnos cómo una lengua prestigiosa y global como el español, hablado por casi seiscientos millones de hablantes, y con la fuerza mediática, literaria y social que
tiene, puede estar amenazada, por ejemplo, por una lengua minoritaria hablada por unos 750 000 hablantes en euskera. En Euskadi y Navarra, por mucho que se empeñen algunos medios de comunicación y corifeos de la derecha, no hay hablantes
monolingües de euskera, somos todos bilingües, pero sí hay monolingües en castellano, lo que ilustra perfectamente la situación minoritaria del euskera. Ya les conocemos y lo que persiguen es negar la existencia de una España plural, diversa, con
identidades múltiples, inclusiva, democrática y multilingüe, y además, es así reconocida por una gran mayoría de la ciudadanía. Pretenden imponer una España pequeña, excluyente, unívoca y monolingüe, y que los que ya vamos teniendo una edad
reconocemos inmediatamente como la España predemocrática, la España de la dictadura.
Euskadi ha consagrado el bilingüismo en su Estatuto de Guernica y en la Ley de normalización lingüística de 1982; una ley que ustedes deberían tomar como ejemplo, y donde se reconoce el derecho de la ciudadanía a expresarse en ambas lenguas
cooficiales. Esta formulación de su uso como un derecho es lo que ha garantizado, mal que les pese a ustedes, la convivencia entre ambas lenguas y sus hablantes,
convivencia que vienen ustedes a distorsionar y erosionar. La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, de la que España es signataria, es clara en su defensa de las lenguas como patrimonio cultural europeo, apelando a la
promoción de su uso, incluyendo la esfera pública, y es por eso precisamente que el Gobierno de España está liderando ese reconocimiento a su uso tanto en el Congreso de los Diputados como en las instituciones europeas.
Señorías de VOX, intervengo hoy en una de mis lenguas, la castellana, porque quiero que me entiendan perfectamente, sin la tentación de no escuchar la traducción si lo hubiera hecho en mi otra lengua, el euskera.
Quiero terminar con una cita del filósofo medieval inglés Roger Bacon, que ya en el siglo XIII dijo que el conocimiento de lenguas es la puerta a la sabiduría. Ustedes quieren cerrar esas puertas, pero nosotros nos aseguraremos de que sigan
abiertas de par en par.
Gracias. (Aplausos).
- RELATIVA A LA PARALIZACIÓN DEL MACROPROYECTO DE LA CUNA DEL ALMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000395).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, en este caso, la relativa a la paralización del macroproyecto de la Cuna del Alma. Es una iniciativa del Grupo Mixto.
Tiene la palabra la señora Santana.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.
El debate que hoy traemos a esta Cámara y a esta Comisión es un debate que en Canarias preocupa mucho, y es la problemática que genera el macroproyecto Cuna del Alma. Una simple consulta a hemerotecas canarias y nacionales permite conocer a
cualquier ciudadano o ciudadana el carácter de pelotazo urbanístico que define a esta iniciativa.
Hablar de Cuna del Alma implica abrir una discusión sobre el horizonte digno para Canarias de protección de su gente, de su historia y de su territorio frente a aquellos que conciben a nuestra tierra como un mero bien para el mercadeo.
Vamos a explicar por qué el macroproyecto de Cuna del Alma, que hoy nos ocupa aquí y que es promovido por capital extranjero, concretamente por capital belga, es quizás la representación más clara de lo que en Canarias se conoce popularmente como el
modelo del destrozo. Hablamos de un modelo perverso de gobernanza política y económica marcada por la convivencia entre los grandes intereses de empresarios de nuestra tierra y también de fuera de ella, la complicidad de los grandes partidos
políticos del archipiélago y una tremenda fractura social, ecológica y cultural, que soportan con sufrimiento las gentes trabajadoras y también el frágil territorio de nuestras islas, convirtiendo a este modelo en un simple objeto y sujeto de
mercadeo de los caprichos de los lobbies del ladrillo y del turismo de balconing. Este modelo de destrozo representa una realidad con consecuencias completamente desastrosas. Como decía, consultemos la hemeroteca; 21 de marzo de 2023, diario El
Día: 'Canarias perderá el verde de su paisaje a final de siglo por el cambio climático y escasez de lluvias'. La Provincia, 28 de marzo de 2023: Las 'kellys' denuncian que su modelo de precariedad se agudiza. El Día, 20 de julio de 2023:
Canarias vuelve a ser la comunidad autónoma con el sueldo más bajo. El Día, 10 de julio de 2022: 'Más del 80 % del suelo de Canarias está en riesgo de desertificación'.
El proyecto urbanístico de Cuna del Alma -que en Canarias conocemos popularmente como tumba del alma-, inicia su andadura en el año 2014. La construcción de cuatrocientas villas de lujo y hoteles pone en riesgo el poco litoral virgen que
aún queda en la isla de Tenerife y, además, es una zona de especial protección, donde está en riesgo la vida de cetáceos protegidos. Una idea, en definitiva, que solo es concebible para quienes ven en Canarias su tablero particular del Monopoly.
Ha habido fuertes luchas activistas para paralizar el proyecto de Cuna del Alma, y se ha realizado una acampada pacífica, en la que jóvenes y no tan jóvenes han resistido durante meses los agravios y las agresiones que les ha hecho la
empresa promotora. Los activistas se han enfrentado literalmente con su cuerpo para parar esas máquinas, que han amenazado, incluso gravemente, su integridad física, pero lograron y consiguieron que el anterior Gobierno autonómico los escuchara,
que la directora general de Patrimonio impusiera la sanción más alta a la promotora y también que se paralizaran las obras gracias a un informe de la anterior Consejería de Transición Ecológica. Pero el nuevo Gobierno de Canarias, formado por el
Partido Popular y Coalición Canaria, no lo ve igual y ha hecho un informe -además, por un órgano no competente, como es la Viceconsejería de Servicios Jurídicos- en el cual, a pesar de
destacar las irregularidades, levanta la sanción y levanta la paralización de las obras, por lo que entendemos que no les preocupa. Decía Ana Oramas, cuando se refería a los ecosistemas que había proteger, que allí solo había cuatro matas y
tres caracoles, pero nosotras sabemos que son especies protegidas por la Red Natura, que la viborina triste, que está en especial peligro, es una de las especies que está recogida desde hace veinte años en la Evaluación de ecosistemas del milenio de
Naciones Unidas y, por tanto, entendemos que hay que paralizar ya toda esta locura. Decía el Premio Nobel de Literatura José Saramago, ilustre vecino de nuestra tierra durante mucho tiempo, que hay que apostar por un nuevo modelo turístico, que el
turismo de calidad es aquel que visita los lugares que se respetan a sí mismos, y nosotras estamos empezando a alzar la voz y a respetarnos.
El pueblo canario se va a movilizar el próximo 20 de abril para decir que Canarias tiene un límite, que Canarias no se vende, que Canarias se ama y se defiende.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
El Grupo de Junts sigue sin tomar la palabra y por el Grupo SUMAR me dicen que tampoco, por lo que corresponde su uso al Grupo Parlamentario de VOX.
Tiene la palabra su portavoz.
El señor CAMPOS ASENSI: Gracias, señora presidenta.
Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa porque consideramos que todo lo que sean proyectos respetuosos con el entorno natural y con el patrimonio existente y, sobre todo, que cumplan los requisitos legales para llevarlos a cabo, son
proyectos que benefician a los isleños al suponer creación de empleo y generación de riqueza. Esta propuesta lo que pretende es paralizarlo todo y resarcir el daño, dicen. Pero ¿qué daño? Porque no existe ningún expediente al respecto, no hay
sanción alguna y tampoco hay procedimiento judicial alguno. Si hay infracción, por supuesto, que se denuncie, pero si se cumplen los requisitos legales, el proyecto debería seguir adelante porque, de lo contrario, lo que se produce es una
inseguridad jurídica que ahuyenta al inversor, siendo ese inversor el que genera empleo y riqueza. En el peor de los casos, si el arbitrio político decide paralizar proyectos que cumplen con la legalidad, lo que provoca es una posterior demanda del
inversor privado, que en la mayoría de ocasiones, además, acaba en indemnizaciones millonarias, como ha sucedido, por ejemplo, en Mallorca, donde, gracias a esas fuerzas progresistas y grupos ecologistas, como se indica así en esta proposición, se
han paralizado proyectos que han supuesto para las arcas públicas indemnizaciones de más de cuatrocientos millones de euros, que acaban pagando todos los ciudadanos.
Nosotros vemos que en esta proposición hay una clara intencionalidad turismofóbica: que si masificación turística, que si protestas de colectivos ecologistas y formaciones progresistas, como, por ejemplo, la que ya tienen convocada para
este próximo día 20... Los que vivimos en zonas turísticas, estamos bastante acostumbrados a la recurrente expresión de masificación turística, cuando realmente las puntuales sensaciones de masificación se dan por una falta de gestión de los flujos
turísticos. No sé si sabrán que el 90 % de la población canaria, al igual que la balear, vive directa e indirectamente del turismo. Estas propuestas, que están disfrazadas de falso ecologismo, lo que pretenden es arruinar el motor económico de las
islas. La naturaleza y nuestro patrimonio no se conservan gracias a esas fuerzas progresistas y grupos ecologistas, sino que estos grupos lo que conservan son sus subvenciones y lo que generan es miseria. Nosotros, desde VOX, apostamos por la
conservación del entorno natural y del patrimonio arqueológico, que es perfectamente compatible con los proyectos que generan riqueza, empleo y también calidad turística, proyectos que siempre, por supuesto, deben adaptarse a la legalidad vigente,
no al capricho ideológico del político de turno, habitualmente, como dicen ustedes, progresista.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.
Toma la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Camino.
El señor CAMINO MIÑANA: Buenas tardes.
Yo creo que estamos viviendo o asistiendo a una emergencia climática que afecta a todos los territorios, pero hay territorios más sensibles a esa cuestión, y por eso es necesario que haya legislación y que por parte de los gobiernos se
desarrolle una actuación que no haga que nos tengamos que mudar del planeta, porque precisamente no hay planeta B. Es una causa también generacional que nos implica como ciudadanos y ciudadanas a todos, porque al final en ese mundo que se va a legar
vamos a vivir en
las personas jóvenes mucho más tiempo. Por tanto, es importante que acertemos a la hora de proponer una legislación que proteja la biodiversidad y también el medio ambiente.
En Canarias, el anterior Gobierno, el Gobierno progresista, liderado por Ángel Víctor Torres, hizo una gran actuación para evitar las consecuencias del cambio climático. Hubo una gran apuesta para que Canarias se convirtiera en un
territorio neutro en emisiones en 2040 o que el 2 % del producto interior bruto fuera destinado a la lucha contra el cambio climático. También se puso en marcha el registro canario de la huella de carbono o la generación de una perspectiva
climática en los planes urbanísticos. Es decir, un conjunto de políticas que protegen el medio ambiente y, sobre todo también que ayudan a que se pueda evitar esa especulación que estamos viendo que, aparte de afectar al medio ambiente, también
afecta de vez en cuando al incremento de los precios de la vivienda y que hace que sea muy dificultoso emanciparse a un joven o una joven canaria o a un joven o una joven de la península. Por eso es fundamental que respondamos con rigor, sobre todo
atendiendo a todos los niveles competenciales, y que podamos también dar una respuesta de seguridad jurídica a aquellos inversores que plantean proyectos urbanísticos de este tipo. Por tanto, siendo también sensibles a esta causa o a esta cuestión,
creo que debemos respetar todos los niveles competenciales, ver cómo está residenciada la competencia para actuar en este caso y, sobre todo, mirar todo con rigor para evitar causar en algunas cuestiones inseguridad jurídica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Camino.
Tiene la palabra ahora por el Grupo Popular, la señora Lima.
La señora LIMA GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, estamos de acuerdo, en primer lugar, en que es un expediente sumamente complejo, dada la intervención de las tres administraciones: ayuntamiento, cabildo y Gobierno de Canarias. Y de verdad que he echado en falta que desde el
Grupo Socialista lo haya defendido un canario, sobre todo porque tendría más conocimiento del expediente.
En segundo lugar, porque todos coincidimos en que las cosas se hicieron mal, partiendo de que la competencia es local, es decir, del ayuntamiento de Adeje -por cierto, gobernado por el Partido Socialista desde hace más de cuarenta años-, que
en su planeamiento reflejaba que era suelo urbanizable y, por tanto, con posibilidad de desarrollarse y de construir edificaciones en esas parcelas. Por el Cabildo de Tenerife, donde también gobernaba el Partido Socialista -en la PNL lo dice muy
bien-, en el año 2022 se pone la primera piedra, por lo que entendemos que eran conocedores de la problemática, y siendo competentes en la zona especial de conservación, más aún, pero, claro, estaban en ese momento más preocupados y ocupados
haciéndole la guerra al municipio de Los Realejos, mi municipio, con un muro en la montaña; ahí sí buscó cualquier indicio para frenar una obra durante dos años sin justificación alguna.
Y, en cuanto al Gobierno de Canarias, sabiendo que no era su competencia, y poniendo en riesgo cualquier indicio de seguridad jurídica, ordena paralizar las obras, se supone que para hacer un análisis y estudio -esto fue a finales de 2022-,
pues, bien, como se acercaban las elecciones, lo que dijo que solicitaría no lo hizo y, por tanto, dejaron caducar el expediente. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de Canarias? Hemos reabierto el expediente porque queremos llegar hasta el final,
vista la situación creada por el Partido Socialista y por Podemos, que también estaba en el Gobierno, y se solicitó un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y actuamos según sus instrucciones, dando seguridad jurídica a la
tramitación que se seguía.
Lo que no podemos tolerar es que los partidos que gobernaban en Canarias en aquel momento vengan ahora con este tipo de PNL para que el Gobierno de Sánchez garantice cuestiones que el Gobierno del 'pacto de las flores' no fue capaz de hacer.
Y teniendo en cuenta que para Sánchez Canarias no existe, sus problemas, menos. Por tanto, no se preocupen ahora ustedes, porque el Partido Popular dará seguridad jurídica, demostrando que nuestra prioridad es la defensa del medio ambiente y la
biodiversidad de las islas, poniendo todos los medios técnicos, científicos y jurídicos para impedir que se produzca daño alguno. Hay que hacer las cosas bien.
Muchas gracias.
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA REDUCCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000268).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley relativa a la mejora de la colaboración administrativa y la reducción de la conflictividad en las comunidades autónomas.
Es una propuesta del Grupo Socialista y toma la palabra su portavoz, el señor Lucas.
El señor LUCAS AYALA: Gracias señora, presidenta.
Señorías, buenos días a todos y a todas. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado durante la última legislatura por la capacidad de diálogo y el trabajo coordinado con las diferentes comunidades autónomas para lograr una mejoría de
las políticas públicas para la ciudadanía. Como ejemplo de esto que acabo de decir, señorías, podemos citar los últimos tres acuerdos que se han alcanzado hace apenas un mes con Andalucía, Cataluña y Euskadi. Estos acuerdos se consiguieron en un
proceso de negociación impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en las comisiones bilaterales de cooperación, a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, instrumento jurídicamente
habilitado para la colaboración con las comunidades autónomas. En total, en lo que llevamos de legislatura -señorías, apenas seis meses-, este Gobierno ha conseguido veintiocho acuerdos finales que evitan recursos de inconstitucionalidad.
Durante los gobiernos de Pedro Sánchez, el número de impugnaciones del Estado a normas autonómicas se ha reducido significativamente, pasando de ciento seis a treinta y seis recursos en la actualidad. La media de acuerdos anuales con las
comunidades autónomas se sitúa en cincuenta y dos, casi el doble que los treinta acuerdos de media anual con gobiernos anteriores. Esto, señorías, es una prueba objetiva de la voluntad de este Gobierno de establecer un marco de diálogo y
entendimiento entre el Ejecutivo central y las diferentes comunidades autónomas sin mirar el color político, señorías. Prueba de ello, me reitero, son los últimos acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Política Territorial y las tres
comunidades autónomas citadas.
Esta, señorías, es la línea a seguir. Esto es lo que venimos a debatir esta mañana aquí y, me atrevo a decir, lo que venimos a aprobar con el apoyo a todos los grupos parlamentarios, puesto que es una necesidad que nos beneficia a todos y a
todas, y facilita el camino a todas las administraciones públicas para trabajar en lo realmente importante, que es mejorar la vida de las personas.
Señorías, aquí hay dos formas de trabajar, dos formas de entender la política: con la crítica a todo, con el enfrentamiento permanente y torpedeo a todo lo que este Gobierno propone, o con el diálogo y el entendimiento, que es para lo que
estamos aquí, señorías, para hacer día a día un país mejor.
Este no es un mensaje solo para el Gobierno de España, no, señorías, tienen el deber de trasladarlo como modo de trabajo. Sus comunidades autónomas lo tienen claro y quieren resolver sus conflictos de la mejor manera posible, pero hay que
dar un paso más para que la ciudadanía, en general, sepa del trabajo de entendimiento y de colaboración que estamos impulsando entre las administraciones, y que pone en práctica día a día el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por todo ello, pido que se sumen a esta iniciativa socialista, que sigamos avanzando en el entendimiento y que sigamos avanzando, señorías, en la colaboración administrativa para mantener la conflictividad con las comunidades autónomas por
debajo de la media de los últimos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lucas.
El Grupo Mixto no hará uso de la palabra y el Grupo de Junts, tampoco.
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, el señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Breument. Efectivament, baixar la judicialització dels conflictes territorials és anar en una bona direcció, i jo crec que efectivament parla bé de la capacitat d'arribar a consensos i acords per part del Govern d'Espanya. Ara bé, a mi em
preocupa que en dos anys tinguem una PNL contrària que apunte al fet que el govern d'Espanya no sap negociar ni acordar perquè té molts desacords, i és que a mi m'agradaria que el Govern d'Espanya, més enllà de la qüestió quantitativa, se centrara
en la qüestió qualitativa. Al País Valencià, fa unes setmanes es va conéixer que el Govern ultra de Carlos Mazón anava
a desplegar una bateria legislativa important, on entre les autèntiques barbaritats que disparaven en aquesta proposta s'encontra una llei de concòrdia, que més que una llei de concòrdia és una llei de blanqueig del feixisme i del cop
d'estat que va haver-hi al nostre país contra el Govern legítim de la República. És per això que he escoltat al ministre de Política Territorial que està valorant presentar un recurs d'inconstitucionalitat a aquesta norma i, per tant, si ha de
presentar molts recursos a lleis que són autèntiques barbaritats, tindran el nostre suport.
Per tant, està bé sobre el paper dir que es baixa la conflictivitat de les normes entre les diferents administracions que conformen l'Estat, però este vot afirmatiu no volem que es traduïsca en el fet que d'ací a un any o dos siga el
contrari. Els governs autonòmics de PP i VOX han posat la directa i el Partit Popular comença a fer allò que sempre ha desitjat, però que li feia vergonya. Ara amb l'excusa del seu soci xicotet, eixe cosí germà en qui han militat tants anys junts
i que ara militen en partits diferents, però en la mateixa causa, no volem que puguen dir que el Gobierno de España no sabe negociar ni llegar a acuerdos porque recurre muchas leyes que son auténticas barbaridades en algunos gobiernos autonómicos
como el valenciano. Per tant, votem que sí, però volem que quede palés en el diari de sessions que estarem d'acord que les lleis que són per blanquejar el feixisme o per atemptar contra drets fonamentals, siguen recorregudes per part del govern
d'Espanya.
Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve. Bajar la judicialización de los conflictos territoriales es ir en una buena dirección, y creo que habla bien de la capacidad de llegar a consensos y acuerdos por parte del Gobierno de España. Ahora bien, me preocupa que en dos
años tengamos una PNL contraria que apunte a que el Gobierno de España no sabe negociar ni acordar porque tiene muchos desacuerdos, y es que me gustaría que el Gobierno de España, más allá de la cuestión cuantitativa, se centrara en la cualitativa.
En el país valencià, hace unas semanas se supo que el Gobierno ultra de Carlos Mazón iba a desplegar una batería legislativa importante, y entre las auténticas barbaridades que proponían se encuentra una ley de concordia, que más que una ley de
concordia es una ley de blanqueamiento del fascismo y el golpe de Estado que hubo en nuestro país contra el Gobierno legítimo de la República. Es por este motivo que he oído al ministro de Política Territorial que está valorando presentar un
recurso de inconstitucionalidad a esta norma y, por lo tanto, si tiene que presentar muchos recursos a leyes que son verdaderas barbaridades, tendrán nuestro apoyo.
Así que, sobre el papel estaría que se baja la conflictividad de las normas entre distintas administraciones del Estado, pero este voto afirmativo no queremos que se traduzca en que dentro de un año nos pase lo contrario, porque los
gobiernos autonómicos de VOX y PP habrán puesto la directa. El Partido Popular empieza a hacer eso que siempre deseaba, pero le daba vergüenza, pero ahora con ayuda de ese socio, de ese primo hermano con el que ha militado tantos años juntos,
aunque ahora en partidos diferentes, pero por la misma causa, y va a decir que el Gobierno de España no sabe negociar acuerdos, porque recurren leyes en gobiernos autonómicos, como el valenciano. O sea, que votamos que sí, pero queremos que quede
evidente en el Diario de Sesiones que estaremos de acuerdo en que las leyes que son para blanquear el fascismo o derechos fundamentales se recurran por parte del Gobierno de España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.
Toma la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Mejías.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que es enternecedor escuchar al Partido Socialista hablar de acuerdo, entendimiento, colaboración y reducción de la conflictividad. La verdad es que, si analizamos el informe que habla sobre la reducción de la conflictividad,
elaborado anualmente por el Ministerio de Política Territorial, el balance es 4 a 0. Desistimientos producidos durante la XIV Legislatura: desistimientos del Estado, 4; desistimientos de las comunidades autónomas, 0. ¿Por qué? Porque ustedes
ceden a todos los chantajes que les proponen desde las diferentes comunidades autónomas. Analizamos ese informe y solo cabe recordar que el ministerio, en esa memoria anual, dice que son muchísimas más las iniciativas inconstitucionales
interpuestas por las comunidades autónomas, que las interpuestas por el Estado. Y ustedes dicen que todo esto se soluciona a través de acuerdos bilaterales. Ustedes lo que pretenden es extender las mesas de diálogo bilateral, que impulsaron en
Cataluña, a todo el territorio nacional, y dejar de trabajar la cohesión nacional y la cohesión territorial entre las diferentes comunidades autónomas.
Vamos a ir a los hechos. No nos sorprende que haya bajado la conflictividad, si este Gobierno cede a todos los chantajes. ¿Y promover el entendimiento y el acuerdo es hacer exactamente lo contrario de lo que se ha prometido en campaña?
¿Es reducir la conflictividad pactar con quienes intentaron subvertir el orden constitucional? ¿Es promover el entendimiento y el acuerdo iniciar la legislatura poniendo sobre la mesa una ley de amnistía, abiertamente inconstitucional, que perdona
graves delitos a quienes se enfrentaron a toda una sociedad, que jamás han pedido perdón y que aseguran que lo volverán a hacer? ¿Es promover el entendimiento y el acuerdo pactar con partidos, cuyos líderes fueron condenados por sedición, unas
comisiones de investigación para perseguir a los jueces y magistrados que los condenaron? ¿Eso es reducir la conflictividad o es debilitar la separación de poderes? ¿Es promover la concordia comprar votos a cambio de impunidad? ¿Es promover el
acuerdo y el entendimiento condonar deudas millonarias, de hasta 15 000 millones, a quienes han despilfarrado y malversado el dinero público y mantener las deudas del resto de comunidades autónomas, rompiendo el principio de solidaridad, igualdad y
equilibrio territorial? ¿Es promover el acuerdo entregar alcaldías a quienes llevan en sus listas a quienes justifican asesinatos? ¿Es promover el acuerdo y el entendimiento colonizar las instituciones públicas y todo organismo público con afines
para manejarlos desde el Gobierno?
Por último, y en atención a lo que decía ahora el señor Ibáñez, ¿es promover el acuerdo y el entendimiento demonizar a los adversarios políticos sistemáticamente y cualquier iniciativa política legislativa que lleve a cabo, anunciando que
todas serán recurridas en una aplicación permanente de un 155, denunciadas, además, ante organismos internacionales de 'dudoso prestigio', como la ONU? Pues no, esto no sirve para reducir la conflictividad, esto para lo que sirve es para generarla.
Ustedes provocan agravios y desigualdades en todo el territorio y en todo el ámbito institucional, y ahora presentan estas iniciativas únicamente para enjuagar su actitud y su conducta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mejías.
Toma la palabra, por el Grupo Popular, el señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ HERNANDO: Gracias, presidenta.
Señorías, la Real Academia de la Lengua define cinismo como la doctrina de los cínicos, que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales, y define a un cínico como aquel que actúa con falsedad o
desvergüenza descaradas. Por supuesto que, desde el respeto que me merece cualquier posicionamiento de un grupo político, como los aquí representados, lo que no podemos consentir desde el Grupo Popular es hacernos comulgar con ruedas de molino con
una proposición no de ley como la que estamos debatiendo aquí y que es el auténtico paradigma del cinismo. ¿Por qué decimos esto? Porque la petición que contiene la iniciativa dice literalmente: instar al Gobierno a promover el entendimiento y el
acuerdo, como las bases de la colaboración entre Estado y comunidades autónomas, y lo que lleva haciendo el Gobierno, desde su constitución, es completamente lo contrario a promover el entendimiento y el acuerdo con las comunidades autónomas.
Señorías, en política es bueno tener buenas intenciones, porque las buenas intenciones suelen ser base de las actuaciones adecuadas, pero lo malo es hacer lo contrario de lo que se dice, y en esta iniciativa las buenas intenciones chocan de
lleno con lo que está haciendo uno de los gobiernos, sin duda, más sectarios de los que se han conocido en democracia. Y se lo voy a demostrar. Por ejemplo, Sánchez ha sentado en el Consejo de Ministros a alguien que le hace el trabajo sucio y
que, lejos de buscar entendimientos y acuerdos, lleva meses insultando a todo lo que se mueve; un ministro que ha llamado sinvergüenza a una consejera de un Gobierno autonómico; que ha dicho de una alcaldesa que tiene más cara que un buey con
flemones; que ha dicho de su propia comunidad -que, por cierto, es la mía- que se trata de un geriátrico a cielo abierto; que ha dicho a una presidenta de comunidad que es incompetente, impresentable y de dudoso equilibrio mental. ¿Esto es el
ejemplo de lo que ustedes entienden por buscar entendimientos? Lo primero que deberían hacer es pedirles a sus ministros que dejen de insultar semanalmente a todas las comunidades autónomas.
Pero es que, más allá de esto, el Gobierno, desde su constitución, lleva haciendo exactamente lo contrario de lo que ustedes piden en esta proposición no de ley. Recordemos que el Gobierno nace y se mantiene en la Moncloa a cambio de siete
votos para una investidura y la aprobación de una ley, como la de amnistía, que es un puro ejercicio de corrupción política y que se sustenta, además, llegando a acuerdos con unas comunidades autónomas, generando una vergonzante desigualdad con el
resto de las comunidades, con las que no ha querido hablar y que, además, llevan meses esperando una Conferencia de Presidentes. Y a mayores, vemos, efectivamente, cómo se las gasta el Gobierno cuando alguna
comunidad impulsa alguna normativa porque, antes de conocer cómo va a quedar el texto, anuncian acudir al Constitucional, al Parlamento Europeo, al Consejo de Europa, incluso llegando a Naciones Unidas, lo cual acredita que la intención de
promover entendimiento y acuerdos es un brindis al sol, porque ni creen en el entendimiento con las comunidades autónomas ni, por supuesto, lo práctica.
Por eso, termino ya diciendo que, si ustedes consiguen, como grupo parlamentario, que el Gobierno deje de insultar, menospreciar y amenazar a las comunidades autónomas, entonces podrán volver a traer esta iniciativa, pero, mientras tanto, el
Grupo Popular no va a apoyarla. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.
- PARA REIVINDICAR LA SOLIDARIDAD INTERREGIONAL COMO VALOR CONSTITUCIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000509).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, en este caso, para reivindicar la solidaridad interregional como valor constitucional. Es una iniciativa del Grupo Popular.
Toma la palabra su portavoz, el señor Román.
El señor ROMÁN JASANADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley, porque consideramos que la debilidad del Gobierno de España y sus cesiones a fuerzas políticas minoritarias está poniendo en riesgo la solidaridad interregional consagrada en
nuestra Constitución y también un principio de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Tratado de la Unión Europea y, si se quiebra esta solidaridad, también se pone en riesgo la igualdad de todos los españoles. La solidaridad
interregional es fundamental para garantizar la equidad en la prestación de los servicios públicos. Es necesario fomentar la cooperación y el apoyo mutuo entre diferentes áreas geográficas para asegurar que los servicios públicos llegan de manera
eficiente y equitativa a toda la población. Es necesaria también una justa distribución de recursos para garantizar servicios públicos de calidad en toda España y para todos los españoles. Y no quiero enfocar el concepto de solidaridad desde un
punto de vista económica, porque podríamos extendernos, si hablamos de economía, en hablar de los fondos estructurales europeos que tanto han beneficiado a España, o de los fondos de compensación interregional para corregir desequilibrios, o de
fondos complementarios. No, la solidaridad no la quiero entender en términos económicos, sino como un principio ético, que es básico en un Estado descentralizado, como el que nos dimos en la Constitución española de 1978 y hemos desarrollado.
Señorías, si descentralizamos el Estado, como se hizo a partir del año 1978, en los últimos cuarenta y cinco años, y no aplicamos la solidaridad, caemos en la desigualdad entre las personas, fruto del egoísmo o de las ambiciones
territoriales. ¿Qué queremos una nación de personas o una nación de territorios? ¿Para qué estamos aquí, para servir a los territorios o a los ciudadanos? Yo entiendo que para atender y servir a los ciudadanos y que estos ciudadanos, entre todos,
libres e iguales en regiones y nacionalidades, constituimos la nación española.
Posiblemente, alguna de sus señorías pueda discrepar conceptual o ideológicamente de mi reflexión, pero la he tratado de hacer desde el punto de vista de un diputado de las Cortes Generales españolas, de toda España, y con la base de nuestra
Constitución española. Señorías, insisto, ¿queremos romper los principios de solidaridad e igualdad entre las personas solo por mercadear unos votos para ostentar el poder? Y hablo de ostentar el poder y no de detentarlo -detentarlo sería
ostentarlo de manera ilegítima-, por eso, digo ostentar el poder, aunque vemos que hay personas en el entorno del poder de la Moncloa y del presidente que se dedican a finalidades corruptas, en unos casos corrupciones políticas y, en otros,
presuntas corrupciones económicas, absolutamente reprobables.
Señorías, con la finalidad de alcanzar el poder, en los últimos tiempos se están produciendo desequilibrios y tensiones territoriales que ponen en riesgo la cohesión social, la territorial y la convivencia democrática. Las cesiones del
Gobierno a formaciones políticas que no respetan la Constitución española y sus principios y valores, y el chantaje al que estas fuerzas someten a las instituciones del Estado están agravando los desequilibrios económicos, sociales y territoriales,
evidenciando así desigualdades en la ejecución de políticas públicas, en la prestación de servicios públicos esenciales y hasta en los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante la ley. Si creemos de verdad en la igualdad, no podemos defender
privilegios de unos ciudadanos respecto a otros, ni de unas comunidades autónomas respecto a otras. La
Constitución española impide los privilegios de unos respecto a otros. Permítanme que cite al presidente de mi región, Emiliano García-Page, al que respeto, pero, como se pueden imaginar, nunca he votado, pero coincido en este aspecto con
él, cuando dice: lucharé por una España sin privilegios de unos pocos. Aquí tiene todo mi respaldo el presidente García-Page y espero que también el de los socialistas de estas Cortes Generales.
Finalizo. ¿Qué queremos impulsar con esta proposición no de ley? Queremos impulsar valores como la solidaridad interregional, como garante de la prestación en toda España de servicios públicos esenciales y como garante de la cohesión
social. Y queremos también reafirmar nuestro compromiso con el principio constitucional de la solidaridad, que contribuye a la igualdad de los españoles y a la equidad en el acceso a los servicios públicos. Con esta PNL también queremos impulsar
valores como el diálogo y la necesaria colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y de ambos con las corporaciones locales, desde el respeto competencial, la lealtad institucional y alejados de imposiciones arbitrarias o sectarias
como método para conseguir los objetivos. También queremos con esta proposición no de ley reclamar una financiación autonómica y local, negociada de manera simultánea, en paralelo, que garantice a todos los diferentes niveles de la Administración
el ejercicio de sus competencias y la prestación de los servicios consecuencia de estas competencias, servicios públicos, muchos de ellos esenciales, con calidad y con equidad para todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Román.
Hay una enmienda que presenta el Grupo Socialista. Toma la palabra la señora Guijarro.
La señora GUIJARRO CEBALLOS: Eskerrik asko, presidente andrea.
Ya que estamos en la Comisión de Política Territorial, antes de comenzar quería mandarle un abrazo a la familia y a los compañeros de partido del lehendakari Ardanza, porque aquí se habla mucho del diálogo entre diferentes y el lehendakari
Ardanza así era también. Así que, un abrazo cariñoso al Partido Nacionalista Vasco, en este caso.
Hoy, nos presenta el Grupo Popular una proposición no de ley que pretende hablar sobre solidaridad interregional como valor constitucional, pero cuando empiezas a leer la exposición de motivos y oyes algunas de las intervenciones que ha
habido hoy aquí, hablar de chantaje, de intolerable, de cinismo, pues precisamente diálogo constructivo y respeto no parece. Pero para que vean que nuestra intención es constructiva, pues nosotras sí hemos presentado una enmienda que esperemos que
nos la acepten. Y tengo que decir que es curioso, por no decir otra cosa, que la derecha de este país hable de recursos financieros suficientes para las administraciones territoriales. Lo digo por ese reciente voto en contra de que las comunidades
autónomas y los ayuntamientos tengan 4000 millones de euros más. Es esto de consejos vendo y para mí no tengo, porque quiero recordar que el Partido Popular votó en contra de la senda de estabilidad, y no votan en contra del Gobierno, votan en
contra de la ciudadanía, porque están impidiendo que comunidades y ayuntamientos puedan tener más de 4000 millones de euros para salud, para educación y para servicios sociales y, sinceramente, es una irresponsabilidad.
Dicen que vienen a hablar de solidaridad interregional, y lo dicen el Partido Popular y sus socios de Gobierno, de VOX, que sinceramente ni entienden ni aspiran a entender una España plural, que habla, sí, que dialoga, también, y que llega a
acuerdos entre diferentes, que eso es lo difícil, llegar a acuerdos entre diferentes. Pero pretenden darnos hoy aquí lecciones de solidaridad entre comunidades autónomas y votan ustedes en contra de una reforma laboral que afecta a ciudadanas y
ciudadanos de todas y cada una de nuestras diecisiete comunidades autónomas; votan en contra de subir pensiones a pensionistas de todas y cada una de nuestras diecisiete comunidades autónomas; votan en contra de los descuentos para ciudadanas y
ciudadanos que usan transporte público de todas y cada una de las diecisiete comunidades autónomas; votan en contra de rebajar el IVA en la factura del gas y de la luz para millones de familias de todas y cada una de nuestras diecisiete comunidades
autónomas, y tantas y tantas medidas que afectan a casi 48 millones de españolas y españoles que ustedes votan en contra, así que no son muy creíbles en esto de la solidaridad interregional.
Ustedes saben que existe un sistema para el diálogo y la colaboración entre comunidades autónomas, entre entidades locales, que se llegan a acuerdos con el Gobierno de España, conferencias de presidentes en las que está también la FEM,
conferencias sectoriales, conferencias mixtas, conferencias bilaterales, conferencias de traspasos y también, sí, hay que contrastar los conflictos ante el Tribunal Constitucional entre 2019 y 2024, con los datos que había de 2011 a 2015.
Miren, yo soy vasca, soy vizcaína -del Athletic, por cierto- (risas), no soy independentista, no soy nacionalista y estoy convencida de que la cuestión territorial no debe ser nunca el punto de partida del debate político. No creo en las
aventuras independentistas, pero mi modelo es el del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezquerra, es el que está basado en el escudo social, en los intereses de la clase trabajadora, en los servicios públicos, en una buena sanidad, en una
educación pública, en una vivienda asequible. También creemos en el trabajo interregional, también para paliar la sequía, también para las comisiones para los bancos, también para los efectos del tabaco, también para las crisis internacionales. No
creemos en el trabajo en temas identitarios, pero creemos en la política para todos y para todas y no para unos pocos. Y los socialistas vascos creo que lo hemos demostrado siempre, siendo además un dique de contención del independentismo y
aportando estabilidad y políticas de progreso en Euskadi, no como otros que han rechazado el escudo social para la gran mayoría de las ciudadanas y ciudadanos vascos, ni como otros tampoco, que plantean la política como un concurso de sokatira, con
el tira y afloja permanente, que mide conquistas competenciales a cada paso para sus réditos electorales y partidistas.
En Euskadi, los socialistas vascos hemos priorizado el Estado de bienestar y la gestión progresista por encima de cualquier otra cuestión. Así que, lecciones, ninguna. Pero también creemos en perfeccionar ese Estado de las autonomías, de
todas las autonomías. Que el poder se puede descentralizar, sí, con una cultura de lealtad, de compromiso y de respeto. Que los proyectos territoriales deben transformar cada territorio, que tienen que estar pegados al suelo, con instituciones
autonómicas fuertes, que tienen que estar centradas en resolver lo importante. Y creemos en la igualdad de territorios, cómo no, pero eso no está reñido con la diversidad, más bien al contrario, un fundamento de la igualdad es, precisamente,
reconocer legítimas diferencias y poner la cooperación como fundamento.
Sinceramente, creo que debemos aportar serenidad ante los diversos sentimientos de pertenencia. Lo que no vamos a hacer nunca es elevar una cuestión identitaria a categoría de derechos políticos. Pero los aspavientos viscerales de la
derecha lo que hacen es retroalimentar los nacionalismos. Los nacionalismos crecen cuando gobierna la derecha y no cuando gobierna el Partido Socialista. (Protestas.-Una señora diputada: Mira las encuestas). España es un Estado multinivel que
necesita menos alarmismo y más inteligencia emocional.
Termino con esto Yo creo que los socialistas y las socialistas, las vascas también, somos muy conscientes de la necesidad de asumir esa pluralidad política, esa diversidad territorial para poder llevar adelante una acción de gobierno que
pasa por convivir -convivir- todos y todas en este gran país que es España.
Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guijarro.
No toman la palabra el Grupo Mixto ni el señor Legarda.
Por el Grupo de Junts per Catalunya, el señor Pujol Bonell.
El señor PUJOL BONELL: Bé, bona tarda, presidenta. Gràcies.
Bona tarda a tots els diputats i diputades.
Hi ha faules que no caduquen mai, i el Partit Popular es posa diví -té una certa gràcia- i parla de la solidaritat interregional com a valor constitucional. Està bé. Avui, el llop s'ha decidit a vigilar les ovelles. És una novetat en la
faula. El llop, la dreta que no vol fer política, cuidarà el ramat d'ovelles i el protegirà de qualsevol amenaça. Vostès, la veritat, és que són genis. El PP té una proposta per Catalunya que està feta de resignació, de renúncia. Això ja ho
sabem. I aquesta resignació té una clara derivada econòmica. Vostès són uns genis. Parlin de solidaritat, si us plau, facin aquest favor, parlin de solidaritat i d'egoisme com han fet els usuaris de rodalies a Catalunya, parlin de ser generosos
en els milers de xofers que cada dia passen per la AP7 als Vallès, una artèria que hauria de generar riquesa i que matí, tarda i nit està col·lapsada. El PP que jo sàpiga, i em sembla que sé, no ha demanat mai a la vida que, per exemple, l'estat
executi euro a euro els pressupostos pactats amb Catalunya. Això sí que seria solidaritat, això sí que seria convivència. Veig que tampoc han tingut temps de parlar. De fet, han dit que la solidaritat no té un una vessant econòmica. He trobat
que és una nova definició de solidaritat extraordinària. En tot cas, veig que no han tingut temps de parlar dels 22 000 milions d'euros anuals -22 000 milions d'euros anuals- que marxen cada any de Catalunya i que no tornen. Saben quants són 22
000 milions d'euros en deu anys? Sí que ho saben, tots ho saben. Són 220 000 milions d'euros. És impossible entendre la magnitud d'aquestes xifres de robatori legal perquè són estratosfèriques. Vostès creuen que hi ha cap país del món, cap
societat, que pugui suportar aquest espoli de 200 000 milions d'euros cada deu anys? No, no
n'hi ha cap. I el PP és el partit que governa, per exemple, a la Comunitat de Madrid, on juguen amb la fiscalitat i els recursos, sabent que són capital d'Estat i que la casa és gran i que no ve d'aquí, el PP té els nassos de demanar
solidaritat en aquesta sala davant dels que representem Catalunya. És increïble. Vostès munyen Catalunya. Ens munyen sense cap precaució i sense gens de prudència.
Avui, per cert, i ve al cas, el diputat Martín Blanco, parlant de llengua -que té mèrit-, agafant el rave per les fulles i prescindint del context i de tota la trajectòria de sòlida catalanitat de Trias Fargas, -abans parlava de futbol, la
diputada de l'Athletic, doncs jo també- ha intentat marcar un gol amb una vaselina d'aquelles de dibuixos animats, que traçava Romario els primers 90. Però ara veurà, senyor Martín Blanco, que ha enviat la pilota als núvols. Ha citat l'exconseller
Ramon Trias Fargas i li ho agraeixo. No li agraïsc que l'hagi presentat com un defensor de la imposició de l'espanyol a Catalunya. És al·lucinant com vostès poden capgirar, no només la història col·lectiva, sinó també les trajectòries individuals.
Tant de bo el PP tingués un 1 % de l'actitud de defensa de Catalunya que mostrà el senyor liberal Trias Fargas autor, per exemple -ah, carai!-, de l'obra Narració d'una asfíxia premeditada. Les finances de la Generalitat de Catalunya. Trias
Fargas, igual que el doctor Trueta, es posarien les mans al cap escoltant el PP vestit de lingüista i veient com el PP parla de solidaritat a Espanya. Vaig acabant. Senyor Martín Blanco, ja ho veu, Trias Fargas, asfíxia premeditada. Espero que
incorpori Trias Fargas entre els seus referents. Asfíxia, asfíxia premeditada impulsada per l'estat. Avui, el senyor Ramon Trias Fargas el retrauria que vostès plantegin el món al revés. Si parlem de solidaritat, és solidari qui paga. A qui
paga, no se'l pot acusar mai de no ser solidari.
Moltes gràcies.
Buenas tardes, presidenta. Gracias.
Buenas tardes a todos los diputados y diputadas.
Hay fábulas que nunca caducan, y el Partido Popular se pone divino y habla de la solidaridad internacional como valor constitucional. Está bien. Hoy, el lobo se ha decidido a vigilar a las ovejas. Es una novedad en la fábula. El lobo, la
derecha, que no quiere hacer política, cuidará el rebaño de ovejas y lo protegerá de cualquier amenaza. Ustedes, la verdad, es que son unos genios. El PP tiene una propuesta para Cataluña que está hecha de resignación, de renuncia. Eso ya lo
sabemos. Y esa resignación tiene una clara derivada económica. Ustedes son genios. Hablen de solidaridad, por favor, hágannos ese favor, hablen de solidaridad, como han hecho con los usuarios de cercanías en Cataluña, hablen de ser generosos con
los miles de pilotos que cada día pasan por la AP7 en el Vallés, una arteria que debería generar riqueza y que mañana, tarde y noche está colapsada. El PP, que yo sepa, y creo que lo sé, nunca ha pedido que el Estado cumpla euro a euro los
presupuestos pactados con Cataluña. Eso sí sería solidaridad, eso sí que sería convivencia. Veo que tampoco han tenido tiempo de hablar. De hecho, han dicho que la solidaridad no tiene una vertiente económica, y me parece que es una nueva
definición de solidaridad extraordinaria. En cualquier caso, veo que no han tenido tiempo de hablar de los 22 000 millones de euros anuales -22 000 millones de euros anuales- que se van cada año de Cataluña y no vuelven. ¿Saben cuántos son 22 000
millones de euros en diez años? Sí que lo saben, claro, todos lo saben, son 220 000 millones de euros. Es imposible entender la magnitud de esas cifras de robo legal, porque son estratosféricas. ¿Ustedes creen que hay algún país o sociedad en el
mundo que pueda soportar este expolio de 200 000 millones de euros cada diez años? No, no lo hay. Y el PP es el partido que gobierna, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde juegan con la fiscalidad y los recursos, sabiendo que son capital
del Estado y que la casa es grande y que no viene de ahí, el PP tiene las narices de pedir solidaridad en esta sala frente a quienes representamos a Cataluña. Es increíble. Ustedes ordeñan a Cataluña, nos ordeñan sin ninguna precaución y sin
ninguna prudencia.
Hoy, por cierto, y viene bastante al caso, el diputado Martín Blanco, hablando de lengua -que tiene mérito-, tomando el rábano por las hojas y prescindiendo del contexto y de la sólida catalanidad de Trias Fargas -antes hablaba de fútbol la
diputada del Athletic, pues yo también- ha intentado marcar un gol con una vaselina de aquellas de dibujos animados, que trazaba Romario a principios de los noventa. Pero ahora verá el señor Martín Blanco que ha enviado la pelota a las nubes. Ha
citado al exconseller Ramón Trias Fargas, y se lo agradezco. No le agradezco que haya hablado para presentarlo como un defensor del espacio lingüístico en Cataluña. Es increíble cómo pueden darle la vuelta no solo a la historia colectiva, sino
también a las trayectorias individuales. Ojalá el PP tuvieran un 1 % de la actitud de defensa de Cataluña que mostró el liberal Trias Fargas, autor, por ejemplo -¡ay, caramba!-, de la obra Narración de una asfixia premeditada. Las finanzas de la
Generalitat de Catalunya. Trias Fargas, igual que el doctor
Trueta, se llevaría las manos a la cabeza escuchando al PP vestido de lingüista y viendo cómo el PP habla de solidaridad en España. Señor Martín Blanco, ya lo ve, Trias Fargas, asfixia premeditada. Espero que incorpore a Trias Fargas entre
sus referentes. Asfixia, asfixia premeditada, impulsada por el Estado. Hoy, el señor Ramón Trias Fargas le reprocharía que ustedes planteen el mundo al revés. Si hablamos de solidaridad, es solidario quien paga. A quien paga no se le puede
acusar nunca de no ser solidario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pujol.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Plurinacional SUMAR, el señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Bé, la veritat és que sorprén la proposta del Partit Popular per moltes raons, i és que el problema territorial d'Espanya no son los socios de Sánchez. El problema territorial d'Espanya és, per un costat, la imatge en blanc i negre de la
dreta espanyola i, per un altre, la covardia de no afrontar que el problema territorial d'Espanya és continuar permitent que Madrid siga una aspiradora de recursos per a tot l'Estat. I no ho dic jo, ho diu l'Institut d'Estudis Fiscals en un informe
recent que conclou: Madrid funciona como una aspiradora de grandes contribuyentes y su bajada fiscal merma los ingresos para la propia comunidad, que solo se ve mejorada por los sobreingresos que el Estado destina a Madrid en contra del resto de
las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que sorprende la propuesta del Partido Popular por muchos motivos, y es que el problema territorial de España no son los socios de Sánchez, el problema territorial de España es, por un lado, la imagen en blanco y negro de la
derecha española y, por otro, la cobardía de no afrontar que el problema territorial de España es seguir permitiendo que Madrid sea una aspiradora de recursos para todo el Estado. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto de Estudios Fiscales, en un
informe reciente, que concluye: Madrid funciona como una aspiradora de grandes contribuyentes y su bajada fiscal merma los ingresos para la propia comunidad, que solo se ve mejorada por los sobreingresos que el Estado destina a Madrid en contra del
resto de las comunidades autónomas.
Por tanto, es absurdo que el Gobierno más progresista de la historia haya de soportar cada día los ataques de que están vendidos a los socios minoritarios de Sánchez y en l'execució pressupostària continuen alimentant una mirada centralista
d'Espanya que empobrix a la resta de l'Estat. Perque, miren, l'execució i la inversió de l'Estat en el primer semestre del 2023 és flagrant, i és que mentre es destinen un 53 % a la Comunitat de Madrid, per exemple, al País Valencià destinen un 20
%. Este és el conflicte que té Espanya, perquè al País Valencià li dediquen un 20 %, a Catalunya li dediquen un 16,3 %. Per tant, la confrontació no la tenim en els catalans, la tenim en els madrilenys i les madrilenyes, no en els ciutadans i
ciutadanes, sinó en la concepció que té l'Estat de la villa y corte, i açò és el que cal afrontar. I després diuen: es que lo importante es hablar de personas y no de territorios, com si la gent que viu als territoris foren setes. És que, que un
valencià o una valenciana perceben 233 euros menys que la mitjana espanyola o 700 menys que qui viu a Cantàbria, el que suposa que las personas de carne y hueso que viuen al País Valencià tinguen menys recursos per a tindre una millor sanitat, una
millor educació, uns millors serveis públics, una millor cultura, més polítiques de dret a l'habitatge, etcètera.
I miren el Govern de Compromís en la Generalitat va fer la faena que tocava fer, que era una modificació de la política fiscal, perquè érem un país on la gent pobra pagava més i la gent rica pagava menys, i això vam revertir. Per tant, la
nostra responsabilitat fiscal la vam fer. La responsabilitat fiscal que li toca a l'Estat ara és no continuar castigant a les comunitats autònomes que som empobrides perquè no som pobres per res, perquè no som responsables de la nostra situació de
pobresa, som empobrides perquè l'Estat continua mirant-nos d'una manera diferent.
I acabe. Ens mira d'una manera diferent per una qüestió molt senzilla, i és perquè té terror a quan la villa y corte se li alça en contra dels governs, i ho estem veient. Si és que estem veient l'ocupació del Consell General del Poder
Judicial, si és que estem veient com a algú se li ocorre que, encara que no li toque, pot fer un informe envaint la competència i la sobirania nacional que resideix en aquesta Càmera. I, senyories del partit socialista i de la resta de membres que
sustenten la majoria parlamentària d'este govern, perguen la por a la villa y corte. No ens van a deixar respirar. Doncs ja que no es deixen respirar,
almenys en els propers pressupostos generals de l'Estat no continuen privilegiant a Madrid i comencem a cuidar a la resta de l'Estat.
Moltes gràcies.
...en la ejecución presupuestaria sigan alimentando una mirada centralista de España, que empobrece al resto del Estado. Porque, miren, la ejecución y la inversión del Estado en el primer semestre de 2023 es flagrante, y es que mientras
destinan un 53 % a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, al país valenciano le destinan un 20 %. Ese es el conflicto que tiene España, porque al país valenciano le dedican un 20 %; a Cataluña, un 16,3 %. Por tanto, la confrontación no la tenemos
con los catalanes, la tendremos con los madrileños y las madrileñas, no con los ciudadanos y ciudadanas, sino con la concepción que tiene el Estado de la villa y corte, y eso es lo que hay que afrontar. Y luego dicen: es que lo importante es
hablar de personas y no de territorios, como si la gente que viviera en los territorios fueran cosas o fueran tontos. Un ciudadano valenciano recibe 400 euros menos que la media española o 700 euros menos que los que viven en Cantabria, lo que
quiere decir que las personas de carne y hueso que viven en el país valenciano tienen menos recursos para tener una mejor sanidad, una mejor educación, mejores servicios públicos, más cultura, más políticas de derecho a la vivienda, etcétera.
Y miren, el Gobierno de Compromís en la Generalitat hizo el trabajo que había que hacer, que era en parte una modificación de la política fiscal, porque éramos un país donde la gente pobre pagaba más y la gente rica pagaba menos, y eso lo
revertimos. Por tanto, nuestra responsabilidad fiscal la asumimos, la hicimos. Lo que le toca al Estado ahora es no seguir castigando a las comunidades autónomas que estamos empobrecidas, porque no somos pobres por nada, no somos responsables de
nuestra situación de pobreza, somos empobrecidas, porque el Estado sigue mirándonos de una forma distinta.
Acabo. Nos mira de una forma distinta por una cuestión muy sencilla, y es porque tienen terror a cuando la villa y corte se alza en contra de los gobiernos, y es que lo estamos viendo en la ocupación del Consejo General del Poder Judicial.
O lo vemos como, cuando alguien no le corresponde, puede hacer un informe invadiendo la competencia y la soberanía nacional que reside en esta Cámara. Así que el Partido Socialista y los que tienen este Gobierno mayoría no nos van a dejar respirar
desde la villa y corte. Así que, ya que no nos dejan respirar, al menos en los próximos Presupuestos Generales del Estado no sigamos privilegiando a Madrid y continuemos apoyando al resto del Estado.
La señora PRESIDENTA: Toma la palabra ahora, por el Grupo VOX, el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia de la Presidencia.
Como se dice en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, es cierto que en los últimos tiempos se han producido desequilibrios y tensiones territoriales que han puesto en riesgo la cohesión social y la convivencia democráticas.
Las cesiones del Gobierno a formaciones políticas que no respetan la Constitución ni el resto de la legislación vigente y el chantaje de estas hacia las instituciones democráticas de nuestro país han acabado agravando los desequilibrios económicos,
territoriales y sociales, evidenciando así desigualdades en la ejecución de políticas públicas, en la prestación de servicios públicos esenciales y hasta en los derechos y deberes de los ciudadanos ante la ley. Pues bien, todo esto es consecuencia
del Estado de las autonomías que nos hemos dado. Por cierto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ya lo predijo don Manuel Fraga hace más de cuarenta años.
El Fondo Monetario Internacional, en un reciente informe, ha puesto de manifiesto que uno de los principales problemas estructurales de la economía española es una derivada del Estado autonómico. Afirma que España no es un mercado único.
Cito literalmente. 'Dentro del país hay requisitos regulatorios diferentes que crean obstáculos para que las empresas se muevan de región a región o se expandan. Así pues, España está en una situación paradójica. Por un lado, está en un mercado
único europeo [...]. Por otro, su mercado interior está compuesto de varios 'minimercados' que divergen entre sí, hasta el punto de que eso constituye un obstáculo a su crecimiento económico y, sobre todo, a la solución de su mayor problema [...]:
el desempleo'.
Pues bien, a ese informe nosotros añadiríamos también, desde nuestro punto de vista, el despilfarro y el descontrol en el gasto público que las autonomías generan. Todo esto, evidentemente, produce desequilibrios entre las regiones y
desigualdad entre los españoles dependiendo del territorio en el que residan. Como ustedes bien saben, VOX no es partidario del Estado de las autonomías tal y como lo conocemos, con ejecutivos y Parlamentos autonómicos con capacidad normativa y
financiera, y con competencias desmesuradas. Sabemos que es complicado modificar el Título VIII de la Constitución, que
es el que regula el Estado autonómico, por lo que como prioridad contemplamos la devolución de competencias como las de Sanidad y Educación a la Administración del Estado.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda donde dice que se insta al Gobierno a seguir reconociendo la solidaridad, continuar impulsando el diálogo, a seguir dotando de recursos, a continuar fomentando la participación. Realmente el
PSOE solo ha conseguido que haya más insolidaridad interregional y más desigualdades entre españoles, pues solo han favorecido a los golpistas, a los separatistas y a los proetarras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Hasta aquí el debate. Suspendemos ahora la sesión durante tres minutos para ordenar las votaciones. (Pausa).
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar según el orden del día, no según el orden de debate. No obstante, voy a nombrar cada una de ellas tal y como vienen en el orden del día. Como antes explicábamos también, vamos a hacerlo por la vía
electrónica; todas sus señorías ya saben cómo es, aunque lo repito por si alguna señoría se ha incorporado en el último momento. En los botones que tienen ustedes, el primero es para marcar la presencia; el segundo, sí; el tercero, no y el
cuarto, abstención. No se le da a presente hasta que no abramos el tiempo de votación, para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Queda claro? (Asentimiento).
Vamos a la votación de la primera PNL, en este caso la relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas. Se vota con una
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Como se da empate, hemos de hacer el voto ponderado. (Pausa).
El resultado es: votos a favor, 170; votos en contra, 159.
Por tanto, queda aprobada.
Pasamos a la votación de la PNL relativa a la mejora de la colaboración administrativa y la reducción de la conflictividad en las comunidades autónomas. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 17; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Mismo empate, hacemos voto ponderado. (Pausa).
El resultado es: votos a favor, 159; votos en contra, 170.
Por tanto, queda rechazada.
Proposición no de ley para la aprobación de un estatuto básico de los municipios de menor población. En este caso, con una transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 32; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votación relativa a la paralización del macroproyecto de la Cuna del Alma. En este caso, en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 4; en contra, 17; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la PNL relativa a la transformación digital de los pequeños municipios.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la última PNL, para reivindicar la solidaridad internacional como valor constitucional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 34; a favor, 14; en contra, 17; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Muchísimas gracias.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.