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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 34, de 23/01/2024
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 34
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO LUCAS AYALA
Sesión núm. 3 (extraordinaria)
celebrada el martes,
23 de enero de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Acuerdo sobre la solicitud de apertura de un plazo para que los distintos grupos parlamentarios puedan recabar, en virtud del artículo 44 del Reglamento del congreso, la comparecencia en la Comisión de Justicia de personas e instituciones
que consideren oportunas a fin de asesorar y escuchar sus aportaciones en relación con la tramitación de la Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Presentado por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 122/000019) ... (Página2)
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000019) ... (Página7)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000019) ... (Página7)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Iniciamos la sesión.
Señorías, antes de comenzar con la tramitación del orden del día previsto para la presente sesión, les informo de que los servicios de la Cámara me indican que en el informe de la ponencia enviado con la convocatoria y distribuido en la sala
hay una errata. Así, en el tercer párrafo del informe, donde dice 'enmienda número 22 del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya' debe decir 'enmienda número 32'. Les informo que dicha errata ya se ha corregido en el texto enviado a publicación.
Gracias.
ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE APERTURA DE UN PLAZO PARA QUE LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PUEDAN RECABAR, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, LA COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE PERSONAS E INSTITUCIONES
QUE CONSIDEREN OPORTUNAS A FIN DE ASESORAR Y ESCUCHAR SUS APORTACIONES EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE AMNISTÍA PARA LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y SOCIAL EN CATALUÑA: A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 122/000019).
El señor PRESIDENTE: Continuamos dando cumplimiento al primer punto del orden del día. Sometemos a votación la siguiente solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Popular: Acuerdo sobre la solicitud de apertura de un plazo para que
los distintos grupos parlamentarios puedan recabar, en virtud del artículo 44 del Reglamento del Congreso, la comparecencia en la Comisión de Justicia de personas e instituciones que consideren oportunas, a fin de asesorar y escuchar sus
aportaciones en relación con la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Con carácter previo, según ha acordado la presente Mesa, concedemos un turno general de intervenciones para exclusivamente la fijación de posiciones a los diferentes grupos parlamentarios de un minuto, en orden de menor a mayor. Tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Velarde. Gracias.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Nuestro voto va a ser en contra de esta solicitud. Creo que es un debate que se ha dado ampliamente tanto por parte de la sociedad como de los operadores jurídicos, los juristas, las asociaciones de jueces y también la parte académica.
Entendemos en nuestro grupo y también en Podemos que la Constitución formula el derecho de gracia, así que creo que en ese sentido hay poco debate. No prohíbe la amnistía y, por tanto, entendemos que la ley tiene que seguir su curso hoy en la
Comisión y después en el Pleno. Además, la Constitución permite que las leyes emanen justamente de aquí, del Parlamento, del Congreso, y de sus representantes públicos.
Vamos a votar que no. Creemos, además, que solamente es un intento de retrasar la tramitación de esta ley en la que ya estamos inmersos, ya que se ha aprobado el informe de ponencia. Por tanto, esta es nuestra postura.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velarde.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, y seré muy breve porque ya nos hemos pronunciado dos veces en Pleno y el otro día en Ponencia sobre esta proposición de ley.
Simplemente quiero manifestar que siempre hemos estado a favor de los procesos de normalización, concordia y convivencia. Por eso consideramos que esta proposición de ley es un paso en la buena dirección y por eso también la tomamos en
consideración y votamos el otro día el dictamen de Ponencia; lo mismo que haremos hoy con el de Comisión que esperemos que se llegue a producir.
Por esas mismas razones tengo que señalar que hace ya bastantes años, en otro contexto muy diferente al presente, también dimos nuestro voto a favor de la anterior ley de amnistía que se aprobó en esta Cámara en tiempos predemocráticos.
Por último, quiero manifestar que apoyaremos las distintas transaccionales que se han presentado con el ánimo de que se puedan ir introduciendo mejoras técnicas y de calado en la proposición de ley
hasta la llegada de esta al Pleno, que supongo que tendremos la semana que viene, para aprobarla definitivamente en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Legarda.
Es el turno del señor Iñarritu, por el Grupo Parlamentario Bildu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Creemos que está proposición de ley es necesaria, que es un paso en positivo para desembarrar la situación política en Cataluña. No resolverá el conflicto político, que está irresuelto, pero sí dará otro clima y procederá a dar justicia a
personas que fueron perseguidas por sus ideas políticas, repito, por sus ideas políticas. Por ello, y teniendo en cuenta que esta proposición ha sido quizás la que más debate académico y jurídico -acabo en breve- ha tenido en la sociedad...
El señor PRESIDENTE: Señoría, permítame que les recuerde que este turno es para fijación de posiciones.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Sí, sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Teniendo en cuenta, señor presidente, que este asunto ha sido el que más amplio debate académico y jurídico ha tenido a nivel social, que las aportaciones están ya hechas y los grupos políticos hemos hablado ya en
tres ocasiones en esta Cámara, hoy hablaremos una cuarta vez, creemos que es innecesaria la solicitud que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular.
Por ello, votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Junts per Catalunya, tiene la palabra su señoría, el señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bon dia, senyories.
Em centraré en la sol·licitud del Grup Popular i només anunciaré que nosaltres hi votarem en contra. No em falten ganes...
És difícil parlar sentint que et tradueixen.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Me voy a centrar en la solicitud del Grupo Popular y solo voy a anunciar que nosotras vamos a votar en contra. No me faltan ganas... (En la sala se escucha al intérprete).
Es difícil hablar oyendo lo que te traducen.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señorías. Un momento, por favor. (Pausa).
Puede continuar.
El señor CERVERA PINART: Anava a dir que no em falten ganes, com ha fet el diputat Iñarritu, de parlar del que tots aquests dies estem sabent, que no fa res més que confirmar que aquí a l'independentisme se l'ha perseguit no pel que ha fet,
sinó pel que pensa, i això és propi de règims dictatorials. I em sap greu que el Grup Popular no aprofiti aquesta amnistia per engegar, perquè no voldria dir acabar, aquesta transició que tots sabem que no s'ha fet mai. Moltes gràcies.
Iba a decir que no me faltan ganas, como ha dicho el diputado Iñarritu, de hablar de lo que todos sabemos desde hace días y que no hace más que confirmar que, aquí, al independentismo se le ha perseguido no por lo que ha hecho, sino por lo
que piensa, y eso es propio de regímenes dictatoriales. Siento mucho que el Grupo Popular no aproveche esta amnistía para poner en marcha, no quiero decir acabar, esa transición que todos sabemos que nunca se ha hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera.
Es el turno del Grupo Parlamentario Republicano. Tiene la palabra la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, una pregunta previa, ¿el sistema de traducción va a ser así? (Risas).
El señor PRESIDENTE: Señoría, estamos teniendo problemas.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: ¿Problemas? (Risas).
El señor PRESIDENTE: Pero confiamos en que muy pronto lo solucionen.
Gracias.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: De acuerdo, es para saber cómo irá.
Doncs bon dia. Respecte al punt que estem tractant ara -que, recordo, són les compareixences-, ho deia la diputada de Podemos, les compareixences serveixen -sirven- perquè els diputats puguem decidir amb coneixement suficient de causa. En
aquesta llei hi ha hagut suficients posicionaments públics per part de tots aquells que podrien ser objecte o subjecte de compareixença com perquè sigui bastant absurd plantejar-nos ara mateix una sessió amb compareixences. Han opinat -jo penso-
tots els juristes de l'Estat i part dels que no ho són, i han opinat també totes les persones que tenien alguna cosa a dir-hi o que creien que tenien alguna cosa a dir-hi, tots hem pogut sentir les opinions. Per tant, votarem en contra d'aquesta
proposició perquè se celebrin compareixences. Gràcies.
Buenos días. Respecto al punto que estamos tratando ahora -que, les recuerdo, son las comparecencias-, lo decía la diputada de Podemos, las comparecencias sirven para que los diputados podamos decidir con conocimiento de causa suficiente
que en esta ley ha habido suficientes posicionamientos públicos por parte de todos aquellos que podrían ser sujetos de comparecencia como para que resulte bastante absurdo que ahora se plantee una sesión con comparecencias.
Yo creo que han opinado todos los juristas del Estado y algunos que no lo son, han opinado también todas las personas que tenían alguna cosa que decir o las que creían que tenían algo que decir y todos hemos podido escuchar esas opiniones.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta proposición para que se celebren las comparecencias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra el señor Pisarello.
El señor PISARELLO PRADOS: Muchas gracias, presidente.
Como compartimos fundamentalmente las intervenciones que han incidido en el hecho de que ya se ha producido suficiente debate en la sociedad civil, en el mundo académico e institucional sobre este tema, vamos a votar en contra de la petición
de comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra su señoría, el señor Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia.
Yo comparto íntegramente las manifestaciones de la señora Velarde, del señor Iñarritu y de la señora Vallugera cuando señalan que ha habido un enorme debate social en el que ha intervenido una enorme pluralidad de asociaciones, de
individuos, académicos, políticos, jueces, y comparto también su posición de que las decisiones se toman aquí, en esta asamblea, en esta Cámara. Pero precisamente por eso, porque ha habido un debate fuera y porque las decisiones se toman dentro, es
por lo que este turno de comparecencias resulta absolutamente inaplazable. Los miembros de la Cámara queremos saber qué es lo que piensa la sociedad civil, qué es lo que piensan los juristas, qué es lo que piensan las asociaciones judiciales y no
queremos saberlo leyendo los periódicos o consultando en redes sociales. Queremos que vengan aquí y que nos lo expliquen. Queremos poder intercambiar opiniones con ellos y queremos poder conocer también esa diferencia de opiniones que el Gobierno
argumenta que existe cuando dice que dispone de multiplicidad de informes que avalan la constitucionalidad de la amnistía.
Así que, en efecto, por compartir las posiciones de la señora Velarde, del señor Iñarritu, de la señora Vallugera es por lo que apoyamos la apertura de este trámite de comparecencias en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Flores.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente, y buenos días.
Mi grupo va a votar en contra del enésimo intento extemporáneo y filibustero del PP.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para concluir este turno de intervenciones, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidente.
Para filibusterismo y fuera de plazo las actuaciones que está llevando a cabo el Grupo Socialista con sus socios en esta ley.
Se pone de manifiesto con las intervenciones de todos los grupos que, evidentemente, son necesarias, aunque ustedes no lo quieran, porque no quieren oír. Aquí se pone de manifiesto igualmente que la sociedad civil es más responsable que
ninguno de nosotros, y nosotros tenemos que rendir cuentas ante la sociedad civil, esa sociedad civil a la que no se la deja comparecer en esta Cámara. No es lo mismo que el debate, como ya se ha dicho, se haga fuera a que se haga dentro de la
Cámara, incida en el expediente de la tramitación de una proposición de ley que se ha hecho por trámite de urgencia y cuyas reuniones se hacen también de forma extraparlamentaria e incluso fuera del territorio nacional.
En consecuencia, es una petición temporánea, es una petición que entra dentro de lo que han sido siempre los precedentes de esta Comisión de Justicia, con lo cual desmiento al presidente que en la Ponencia habló de precedentes que en
absoluto son de la Comisión de Justicia, son de otras comisiones, y pertenecen a una legislatura donde se empezó a quebrar de manera grave un trámite parlamentario de calidad.
Lamentamos que esa sea la opinión de sus señorías, tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos. Nosotros nos reafirmamos en que esta es una de las leyes más discutidas, con más problemas, con más opacidad, con una autorredacción de los
beneficiados que son prófugos de la justicia o condenados por la justicia y, en consecuencia, suya será la responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.
Señorías, procedemos a la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 17; votos en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda desestimada la presente solicitud, señorías. (El señor Flores Juberías pide la palabra).
El señor FLORES JUBERÍAS: Para una cuestión de orden, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Sí, señoría.
El señor FLORES JUBERÍAS: En el informe de la Ponencia consta -en el primer folio, tercer párrafo- que el ponente del Grupo Parlamentario VOX, señor Aizcorbe, en relación con el informe sobre la iniciativa, etcétera, se adhiere a la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, etcétera, y, asimismo, solicita que, conforme al artículo 43.2 del Reglamento del Congreso, la Mesa de la Cámara acuerde que sobre la cuestión que nos ocupa en estos momentos informe previamente a la
Comisión Constitucional al tratarse de cuestiones de naturaleza constitucional. Les recuerdo que el artículo 43.2 del Reglamento estipula que, cuando las cuestiones de las que tiene que tratar una Comisión tengan relación con las cuestiones que
sean competencia de otra Comisión, se pueda solicitar informe de esa segunda Comisión. Toda vez que los letrados de la Cámara han suscitado reservas sobre la constitucionalidad de esta proposición de ley, parece oportuno -yo diría que ineludible-
solicitar también el dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso.
Lo solicitamos in voce y no me consta que haya ningún acuerdo a este respecto. Ignoro por qué no se ha incluido en el orden del día de esta reunión de la Comisión. En cualquier caso, la petición está cursada y recogida en el informe de la
Ponencia, por lo que solicito un posicionamiento de la Comisión al respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (Pausa).
Señorías, les pido un momento, porque la Mesa tiene que tomar la decisión.
Gracias. (Pausa).
Señorías, reanudamos la sesión.
Tenemos encima de la mesa una cuestión incidental y la Mesa ha decidido, previa consulta a todos los letrados y en virtud del artículo 43 del Reglamento, someter a votación la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
La propuesta es la siguiente: Elevar a la Mesa del Congreso que acuerde sobre la cuestión e informe previamente a la Comisión Constitucional, al tratarse de cuestiones de naturaleza constitucional.
De todas formas, esta solicitud está perfectamente redactada en el informe de Ponencia. Y si bien ha sido una interpretación por parte de la Mesa y esta Presidencia más favorable, no debe constituir precedente.
El señor FLORES JUBERÍAS: Señor presidente, una cuestión de orden. No está en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Por eso mismo, le acabo de decir, señoría, que, como no está en el orden del día, en virtud del artículo 43 y una vez escuchados todos los letrados, la Mesa ha decidido someterlo a votación. Es la interpretación más
favorable a su propuesta.
El señor FLORES JUBERÍAS: Pero no se puede someter a votación si no está en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señoría, se puede votar perfectamente como cuestión incidental, como claramente he especificado.
El señor FLORES JUBERÍAS: Si estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Señoría, resulta curioso que sea a propuesta de ustedes y ahora, haciendo esta Mesa la interpretación más favorable, no quieran que se vote.
El señor FLORES JUBERÍAS: Pregunte usted a todos los grupos parlamentarios si están de acuerdo en alterar el orden del día para incluir esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: En sesión extraordinaria, le reitero de nuevo que es una cuestión incidental, porque en sesión extraordinaria, como bien sabe usted, no se puede modificar el orden del día. A propuesta de usted y haciendo esta
Presidencia una interpretación favorable a sus intereses, se ha tomado la decisión de proceder a la votación. La sorpresa de esta Presidencia, de esta Mesa y de toda la Comisión de Justicia, si me lo permite, ha sido que usted no quiere proceder a
la misma. Por tanto, no hay mayor inconveniente si no se vota. Gracias, señoría.
Continuamos con el orden del día.
El señor FLORES JUBERÍAS: Si me permite que me explique, lo que no quiero es que se proceda a la modificación unilateral del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señoría, continuamos con el orden del día. Gracias. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Si en el orden del día no está!).
La señora MORO ALMARAZ: Señor presidente, una cuestión de orden.
Estamos conociendo por los teletipos que se van a presentar unas transacciones a las que han llegado distintos grupos de esta Comisión. No sé si a los diputados del PSOE les interesa en esta ocasión saber qué se va a votar, pero a los
diputados del Grupo Parlamentario Popular nos interesa tener las transacciones, si existen -y creemos a la prensa que sí existen-, para poder tomar posición sobre las mismas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Moro, se procederá a su distribución cuando corresponde, en el punto tercero, como es habitual.
El señor FLORES JUBERÍAS: Disculpe, ¿hay votación entonces o no?
El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señoría.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE AMNISTÍA PARA LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y SOCIAL EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000019).
El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, como segundo punto, procedemos a la ratificación de la Ponencia designada para informar de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y
social en Cataluña.
Lo que les propongo en este punto, señorías, como es habitual, es la ratificación de la Ponencia designada por asentimiento. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento).
Queda, por tanto, ratificada la Ponencia. Gracias.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE AMNISTÍA PARA LA NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL, POLÍTICA Y SOCIAL EN CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000019).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, relativo al dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Se abrirá un único turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, ya sea para la defensa de enmiendas como para la fijación de posiciones, de doce minutos cada uno, en orden de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Velarde. Gracias.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Ya se ha ratificado el informe de Ponencia, estamos en esta Comisión para debatir las enmiendas y, por fin, se tramitará en Pleno. Es una ley que se configura en dieciséis artículos, tres títulos, dos disposiciones adicionales y una
disposición final, y, como he referido antes, ha habido un debate por parte de la sociedad, de los operadores jurídicos, académicos, juristas, abogados y abogadas, y también hay asociaciones de jueces que se han mostrado favorables a esta ley, en
contraposición a la mayoría conservadora, y si hay algo que sabemos es que la figura jurídica de la amnistía, como tal, no se recoge en la Constitución, pero el artículo 62 dice que se podrá ejercer el derecho de gracia, con arreglo a la ley. El
derecho de gracia significa, y lo tendríamos que recordar, indulto y amnistía, y para ello se delega la potestad de la amnistía a lo que decida el Parlamento mediante las leyes que emanan del mismo. Solo se hace una prohibición, y es que no se
podrán autorizar indultos generales, lo que, evidentemente, no es lo mismo que la amnistía, habiéndose pretendido igualar una figura con otra. Tengo que recordar que el indulto es una decisión del Gobierno y que, además, hay que hacerlo de manera
individualizada, respecto a los delitos y las penas. Sin embargo, la amnistía es una figura jurídica que decide el Parlamento, incluso aunque no se hayan impuesto penas, y así lo diferenciaba ya la Constitución de 1931.
Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional hasta ahora parten de que la figura jurídica de la amnistía es constitucional, y creo que eso es algo muy simple, pero hay que remarcarlo. Por tanto, es de suponer que el Tribunal
Constitucional en un momento dado, si esta ley llegase allí, validaría la constitucionalidad de la figura de la amnistía. Desde nuestro punto de vista, esta ley está suficientemente motivada, además se basa en un interés general, también de
convivencia, y una vez más también quiero recordar en esta Comisión que los conflictos políticos siempre se deberían solucionar por los cauces políticos, y no por los cauces judiciales.
También hay una diferencia enorme -y esto lo he dicho en alguna ocasión- con la amnistía de 1977. Ahora, el fin de esta proposición de ley de amnistía es que se normalicen las relaciones con Cataluña, que haya un interés general de
convivencia, resolver también esta situación política, después de varios años, y que las transformaciones se hagan a través de procedimientos que son legales, lo cual es un avance
enorme, en términos políticos, y así lo tenemos que celebrar. Sin embargo, tengo que recordar que con la Ley de Amnistía de 1977 se amnistiaron delitos muy muy graves, que jamás debieron ser amnistiados. Los crímenes contra la humanidad no
pueden ser amnistiados, y así lo expresa el derecho internacional, y en España se hizo -voy a recordarlo-, y se permitió perdonar delitos que son contrarios al derecho internacional, que van en contra de los derechos humanos más fundamentales. En
definitiva, se amnistiaron el golpismo y las torturas, delitos que son indescriptibles, porque, como digo, vulneran los derechos humanos. Por tanto, hay una diferencia en que hoy son las Cortes Generales, expresión de la voluntad democrática y de
la soberanía popular, las que actúan acorde al derecho internacional y sin vulnerar ningún derecho humano, y, legítimamente, podemos adoptar cualquier decisión que no esté limitada en la Constitución española, y, en este caso -repito- no lo está.
Señorías de la derecha, de la ultraderecha, de la derecha ultra, debatan el contenido de esta ley, que es lo que tendrían que haber hecho desde un principio, pero no intenten negar a este Parlamento, a este Congreso que, democráticamente,
pueda aprobar las leyes o tomar las decisiones que considere oportunas por mayoría. Las derechas no pusieron nunca en duda esa legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977, que, como he dicho, lo que trajo fue el perdón para torturadores y golpistas.
Pero, claro, es que ustedes -también lo he dicho más veces- son herederos de quienes se beneficiaron de ella, y, para empezar, los siete ministros franquistas que fundaron Alianza Popular. Son cínicos, porque, desde luego, eso no lo recuerdan. Les
parece bien que las víctimas del franquismo, las víctimas de la Transición se hayan tenido que ir fuera de nuestro país a buscar justicia y reparación durante muchos años, y, sin embargo, lo que vienen a decir aquí es que no les gusta el derecho de
gracia, aunque se hayan beneficiado de él. Pues propongan ustedes una reforma de la Constitución, pero hoy sí existe ese derecho en la Constitución y aquí lo estamos ejerciendo.
Para nosotras lo más importante es que hoy la posición de Podemos sea de sentido común para la mayoría de este Congreso y del país y que la igualdad consista en tratar igual las situaciones que son iguales y de forma desigual las situaciones
que son desiguales. Ese, justamente, es el principio de igualdad. Y nunca vamos a compartir una respuesta violenta y represiva en Cataluña. Por eso no votamos el 155, y sí lo hicieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero España hoy
está mucho más lejos de romperse que cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy. Ya lo he dicho también otras veces: el PP y VOX agitan banderas mientras desprecian nuestro país y su plurinacionalidad, un país que es multilingüe, y,
desde luego, su España se queda muy pequeñita y reducida. Cuando ustedes han gobernado sí se ha roto España, y así lo hemos visto.
Esta ley va a discutirse, se va a debatir, y, por supuesto, se podrá mejorar en los trámites que quedan, pero voy a terminar diciendo que los problemas políticos los tiene que solucionar la política -por supuesto, no los jueces- y, desde
luego, Podemos ha venido aquí a ejercer la política y a ejercer la democracia, en contraposición con quienes solo quieren represión y quienes no entienden que el Estado español tiene diferentes formas en sus distintas comunidades autónomas y
lenguas. Pero esto no se ha respetado nunca por parte de la derecha, solo les gusta el 155 y la represión. Por eso nosotros vamos a votar hoy, como en Ponencia, sí a las transaccionales que se han presentado, que tienen que ver con las números 36
y 37, de Esquerra Republicana, así como respecto a las enmiendas 23, 24, 28, 33 y 34, de Junts, al igual que votamos sí a las enmiendas conjuntas de los grupos del Gobierno, y, evidentemente, vamos a votar en contra de las enmiendas del Partido
Popular, que lo que quiere hacer con esta ley es, primero, que no se tramite y, luego, que este Congreso no pueda tomar sus propias decisiones de manera soberana y democrática, como hacemos siempre.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Velarde.
Es el turno del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Legarda. Cuando quiera.
El señor LEGARDA URIARTE: Intervendré de forma muy breve, presidente.
Simplemente, nos remitimos a lo que ya hemos ido señalando a lo largo de los Plenos que hemos tenido sobre esta cuestión y a lo señalado también en mi primera intervención en esta sesión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Bildu. Tiene la palabra el señor Iñarritu. Cuando quiera.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on, presidente jauna.
Jaun-andreok, lege proposamen honen prozedura jarraituz, berriz bildu gara gaur, eta, egia esanda, argudio eta arrazoi gutxi dago amnistia lege honi gure babesa emateko. Hori bai, egon badaude arrazoiak lege proposamen hau hobetzeko.
Kontuan izanda zeintzuk izan diren azkenengo egunetako Auzitegi Nazionalean emandako pausuak tsunami demokratikoaren aurka, eta irakurrita ere azkenengo egunetan egunkarietan zeintzuk izan ziren alderdi popularraren gobernuaren trikimailuak eta
teknikak independentismoaren aurka, argi dago lege hau ahalik eta zabalen izan behar dela. Hauxe da, ideia independentistengatik; ideiak bai, lehen aipatzen nuen, zigortuak izan direnak ala izan daitezkeenak babestu behar ditugu, hutsune
guzti-guztiak aurreikusi behar ditugu. Bestela, lege honek ez luke zentzurik edukiko. Ausartak, trebeak eta zehatzak izateko momentua da. Horregatik, babestu ditugu gaur aurkeztu diren trantsakzionalak, gobernuaren alderdien artean eta
Kataluniako alderdi independentiston artean, eta era berean babestuko ditugu alderdi katalanen artean sinatutako trantsakzionalak.
Buenos días, señor presidente, señorías.
Siguiendo el procedimiento de esta proposición de ley, nos hemos reunido hoy de nuevo aquí, y la verdad es que hay pocos argumentos nuevos que aportar para apoyar esta ley de amnistía, aunque sí sigue habiendo argumentos para la mejora de
esta propuesta.
Teniendo en cuenta cuáles son los pasos que se han dado por parte de la Audiencia Nacional durante estos últimos días respecto al caso Tsunami Democràtic y habiendo leído cuáles fueron las artimañas utilizadas por parte del Partido Popular
artimañas y técnicas contra el independentismo, habiendo leído todo eso en la prensa, es evidente que esta ley debe ser lo más amplia posible, es decir, si, por las ideas independentistas -sí, por ideas, como he dicho antes-, por esas ideas, se va a
castigar, debemos proteger a todos los que puedan ser castigados por las ideas y debemos prever todas las lagunas posibles; si no, esta ley no tendría ningún sentido. Es el momento de ser valientes y precisos.
Por tanto, apoyamos las transaccionales que se han presentado hoy aquí por parte de los partidos que conforman el Gobierno y los partidos independentistas catalanes y también apoyaremos las enmiendas transaccionales firmadas por los grupos
catalanes.
Señorías, hoy damos un paso más en el procedimiento legislativo para aprobar una ley importantísima -clave, diría yo-, que devuelve a la política lo que nunca debió salir de ella. Es cierto -y lo señalaba antes- que esto no resuelve el
fondo del asunto, no resolverá el conflicto político existente en Cataluña, eso que se llama la cuestión territorial y que afecta también a otras naciones en el Estado. Ahora bien, creará otro clima y permitirá que sean el diálogo, la negociación y
el acuerdo los instrumentos por los que deba resolverse ese conflicto.
Estos días observamos cómo un magistrado -no se puede negar- cercano, próximo al Partido Popular está utilizando toda la ingeniería jurídica a su alcance, llegando a límites del ridículo, para investigar por terrorismo asuntos que, a todas
luces -no hace falta ser jurista-, nada, absolutamente nada tienen que ver con ese grave delito, pero es que, además, lo banaliza en extremo. Y creemos que el objeto de ese procedimiento no busca solamente la venganza, sabotear, hacer una guerra
judicial contra el independentismo catalán; no, nos engañemos, el objetivo principal que tiene es intentar acabar con este Gobierno. Por eso creemos que es positivo y, además, necesario que se haya alcanzado un acuerdo que intente acabar con esas
lagunas que permitirían a ese señor u otros sabotear esta ley.
Durante estos días hemos conocido también cuáles han sido las estrategias de guerra sucia utilizadas por el Gobierno del Partido Popular contra el independentismo catalán. Curiosamente, ahora vemos al Partido Popular erigiéndose en el
Tribunal Constitucional, saltándose la presunción de constitucionalidad y diciendo que esto es inconstitucional. Bueno, para eso está el Tribunal Constitucional, y no ustedes.
Pero, es más, ahora tienen un argumento nuevo, más chistoso, que es el de la igualdad de los españoles. Claro, cuando es el partido que más ha aplicado la gracia, vía indultos, en las últimas décadas, yo les pediría que, al menos, sean
coherentes y busquen algún argumento que no haga tanta gracia, porque, si son los que más lo han aplicado utilizando otra medida, como es el indulto, ¿qué ocurre, que eso no iba contra la igualdad? ¿Es solamente cuando no gobiernan ustedes que va
contra la igualdad?
Hemos señalado en otras ocasiones que la amnistía es una medida excepcional pero que no es ajena ni al contexto europeo ni a la reciente historia de España y que benefició sobremanera a varios de los fundadores de su partido, como señalaba
otra portavoz. No es algo ajeno. Pero ¿es excepcional? Sí. ¿Es extraordinario? Sí. Pero creemos que es más necesaria que nunca esta medida por haberse utilizado la guerra judicial, el lawfare, contra independentistas únicamente por ser
independentistas, acusándoles
de los delitos más graves, ya fuera rebelión o sedición, o ahora, incluso, terrorismo, para hacer el ridículo. La medida de la amnistía será beneficiosa incluso para ese magistrado, para otros magistrados y otros tribunales, ya que se verán
beneficiados, aunque parece que no lo sepan. Y como decíamos el otro día, es que además será beneficiosa esta medida incluso para el Estado español, porque hará de él un Estado mucho más tolerante, más maduro democráticamente y acabará con una
terrible injusticia, esto es, incluso la imagen del Estado a nivel internacional mejorará, porque se comportaron como Turquía, aunque algunos estén orgullosos de ello.
Dicho esto, ahora, que debatíamos sobre la necesidad o no de tener comparecientes, con el que ha sido el proyecto de ley que más debate tanto académico como jurídico ha tenido, recientemente se publicaba una encuesta del CIS que decía que
únicamente el 0,6 % de los españoles creía que era un problema grave el asunto de la amnistía. Pero ¿saben qué ocurre? Que para la inmensa mayoría de la sociedad catalana es positivo y así lo requiere, como de igual forma sucede respecto a esta
Cámara. Por eso, como señalaba antes en euskera, es el momento de ser precisos, valientes y contundentes, para abordar el mayor número de casuísticas y evitar sorpresas en un futuro, porque ya hay quienes están intentando generar escenarios de
sabotaje de esa ley. Y, como decía, por todo ello, hemos apoyado las dos transaccionales firmadas entre los partidos independentistas catalanes y los partidos del Gobierno, ya que creemos que lo sitúan en un escenario mejor y abordan unas
casuísticas que, de otra manera, podrían suponer una laguna en la propia ley. Y, de igual forma, apoyaremos las transaccionales firmadas por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y tiene la palabra su señoría, el señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies de nou, president.
Hem tingut l'oportunitat de manifestar-nos tant en la presa en consideració com en el debat de les esmenes a la totalitat sobre el marc general, sobre l'oportunitat, sobre l'objectiu d'aquesta amnistia.
Avui, tal com vaig expressar en la ponència de la setmana passada, des de Junts per Catalunya el que volem fer és ratificar que pensàvem i continuem pensant que el text de la llei d'amnistia era millorable, és millorable. Per això mateix,
en el seu moment vàrem presentar 12 esmenes, d'aquestes saben bé que la 32 va quedar incorporada al dictamen, era idèntica a la 46 que havia presentat el Grup Socialista amb els altres quatre grups parlamentaris. I per a aquesta comissió hem
mantingut les nostres 11 esmenes restants amb la finalitat que puguin tornar a ser objecte de debat i/o que serveixin per sustentar transaccionals que aconsegueixin prou suports per prosperar. Perquè la voluntat de Junts és seguir millorant la llei
durant la tramitació fins a la seva votació definitiva.
Com saben, les nostres esmenes són tècniques, són esmenes per blindar aquesta llei amb un doble objectiu: que la Llei d'Amnistia inclogui tots els casos de persecució contra l'independentisme sense excepcions. Per a Junts l'amnistia ha
d'incloure tots els perseguits: Tsunami, Operació Judes, etcètera. I que la llei d'amnistia tingui efectes immediats en la seva aplicació. Mirin, una amnistia diferida no és amnistia. Per això, amb les esmenes volem cobrir tots els supòsits d'un
ús fraudulent dels mecanismes jurídics per impedir una efectiva, eficaç i ràpida aplicació d'aquesta llei.
Les nostres esmenes entenem que proporcionen una norma àmplia, garantista i basada en el dret europeu i internacional. Garanteixen, al nostre entendre, una amnistia integral. I en aquest sentit, val la pena destacar que, igual que tothom
sap que durant el procés no hi ha hagut cap acte de terrorisme, tampoc hi ha cap instrument jurídic en el marc de la Unió que impedeixi amnistiar-lo, que impedeixi amnistiar el terrorisme. I aquesta insistència nostra per incorporar les nostres
esmenes respon a la necessitat de superar, com diu l'advocat Gonzalo Boye, la imaginació d'alguns magistrats que volen incardinar alguns fets en uns tipus penals, quan tothom sap que de cap manera ho són. Tractar l'independentisme català com
terrorisme és una aberració jurídica i una politització de la justícia que aquesta llei també ha de revertir.
Finalment, les nostres esmenes pretenen ampliar el termini de l'amnistia perquè comenci el novembre de 2011 amb la finalitat que s'incloguin les actuacions que el Tribunal de Cuentas inclou en el seu informe de fiscalització.
Dono amb aquesta explicació les nostres 11 esmenes per defensades en el terme que van ser presentades, i que de no prosperar continuarem mantenint vives fins al ple. I farem el mateix amb les
transaccionals que hem signat, una amb Esquerra, tres amb el Partit Nacionalista Basc, també hem signat les que hem presentat amb el Grup Socialista i altres cinc grups. I ho fem perquè no volem renunciar a res, no ens volem tancar cap
porta. Ho fem perquè pensem que entre l'amnistia integral que nosaltres volem, i que ens proporcionarien les nostres esmenes, i el text actual hi ha l'espai que recullen les transaccionals, que fan això mateix amb diferent grau, s'acosten més al
text que nosaltres voldríem que no l'actual. I que versen sobre el mateix que dèiem, que no en quedi ningú fora i que l'aplicació sigui immediata.
I també volem deixar la porta oberta a continuar negociant mentre no s'acabi aquest tràmit. Volem continuar negociant per millorar la llei d'amnistia, perquè quan alguns jutges s'han dedicat a elaborar un manual de com combatre aquesta
llei, nosaltres el que estem obligats a fer és reforçar-la. I ho hem de fer més quan el senyor Bolaños compra en algunes ocasions el relat, un relat per fer-nos trampa però que també l'enganya a ell. Reforçar aquesta llei d'amnistia és garantir la
separació de poders. Nosaltres, el legislatiu, no podem estar submisos al judicial, ni ells a nosaltres. Aquesta és la veritable separació de poders. Moltes gràcies.
Gracias, de nuevo, presidente.
Hemos tenido la oportunidad de manifestarnos tanto en la toma en consideración como en el debate de las enmiendas a la totalidad sobre el marco general, la oportunidad y el objetivo de esta amnistía. Hoy, como ya expresé en Ponencia de la
semana pasada, desde Junts per Catalunya lo que queremos hacer es ratificar que pensábamos y seguimos pensando que el texto de la ley de amnistía era mejorable, es mejorable.
Por esta misma razón, en su momento presentamos doce enmiendas, de las que saben ustedes que la 32 se incorporó en el dictamen y era idéntica a la 46, que había presentado el Grupo Socialista con los otros grupos parlamentarios, y para esta
Comisión hemos mantenido nuestras once enmiendas restantes, con la finalidad de que puedan ser objeto de debate una vez más o bien sirvan para sustentar transaccionales que consigan suficientes apoyos para prosperar, porque la voluntad de Junts es
mejorar la ley durante la tramitación, hasta su votación definitiva. Como saben, nuestras enmiendas son técnicas. Son enmiendas para blindar esta ley, con un doble objetivo: que la ley de amnistía incluya todos los casos de persecución contra el
independentismo, sin excepciones -para Junts la amnistía debe incluir a todos los perseguidos: Tsunami, Operación Judas, etcétera-, y que la ley de amnistía tenga efectos inmediatos en su aplicación.
Miren, una amnistía diferida no es amnistía. Por eso, con las enmiendas queremos cubrir todos los supuestos de uso fraudulento de los mecanismos jurídicos para impedir una efectiva, eficaz y rápida aplicación de esta ley. Nuestras
enmiendas entendemos que proporcionan una norma amplia, garantista y basada en el derecho europeo internacional; garantizan, a nuestro entender, una amnistía integral. Y en este sentido, hay que destacar que, igual que todos sabemos que durante el
proceso no hubo pacto de terrorismo, tampoco hay ningún instrumento jurídico en el marco de la Unión que impida amnistiar al terrorismo. Y esta insistencia nuestra para incorporar nuestras enmiendas responde a la necesidad de superar, como dice
Gonzalo Boye, la imaginación de algunos magistrados, que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales, cuando todos sabemos que de ninguna manera lo son. Tratar el independentismo catalán como terrorismo es una aberración política y una
politización de la justica, que esta ley también tiene que revertir.
Finalmente, nuestras enmiendas pretenden ampliar el plazo de la amnistía, para que empiece en noviembre de 2011, con la finalidad de que se incluyan las actuaciones que el Tribunal de Cuentas incluye en su informe de fiscalización.
Con esta explicación doy por defendidas nuestras once enmiendas en los términos en los que ya las presentamos, y, si no prosperan, las seguiremos manteniendo vivas hasta el Pleno. Y haremos lo mismo con las transaccionales que hemos
firmado: una con Esquerra, tres con el Partido Nacionalista Vasco y también las que hemos presentado con el Grupo Socialista y otros cinco grupos, y lo hacemos porque no queremos renunciar a nada y no nos queremos cerrar ninguna puerta. Lo hacemos
porque pensamos que entre la amnistía integral que nosotros queremos y que nos proporcionarían nuestras enmiendas y el texto actual está el espacio que recogen las transaccionales, que se acercan más al texto que nosotros quisiéramos, y no al texto
actual, y que versan sobre lo mismo que decíamos, es decir, que nadie quede fuera y que la aplicación sea inmediata.
Y también queremos abrir la puerta a seguir negociando mientras no termine este trámite. Queremos seguir negociando para mejorar la ley de amnistía, porque, cuando algunos jueces se han dedicado a
elaborar un manual de cómo combatir esta ley, nosotros estamos obligados a reforzarlo. Y lo tenemos que hacer todavía más cuando el señor Bolaños en algunas ocasiones compra el relato, un relato para hacernos trampa pero que también le
engaña a él mismo. Reforzar esta ley de amnistía es garantizar la separación de poderes. Nosotros, el Legislativo, no podemos estar sometidos al Judicial, ni ellos a nosotros. Esta es la verdadera separación de poderes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera.
Antes de dar la palabra al siguiente orador, solicito a los grupos parlamentarios que aporten a la Mesa cualquier solicitud de votación separada que tengan. Gracias.
Es el turno del Grupo Parlamentario Republicano. Tiene la palabra la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, president.
Deixin-me fer una petita prèvia. I és que el posicionament polític que comporta una llei tan important com aquesta el seu lloc de fer és al plenari, i així ho farem. Però algunes pinzellades, no només tècniques en clau de transaccions o
d'acords, sinó en clau més genèric.
Tot això parteix d'un error, i l'error criminal va ser l'actuació de l'Estat a l'entorn dels fets de l'any 2017. L'any 2017 a Catalunya no es va produir un delicte, es va produir un acte de radicalitat democràtica de la societat catalana.
Des d'aquesta perspectiva, doncs, avui estem pactant una llei d'amnistia que dona minsa solució perquè els costos personals per a la gent que ha estat represaliada no seran ja mai reparats del tot. Deia que dona solució a una situació absolutament
delirant en clau jurídica. És per això que nosaltres també estem durant tot aquest procés intentant millorar la llei en el sentit que afecti totes les víctimes de la repressió que hem tingut durant aquests anys, i que l'afecti per tots aquells
comportaments que creiem que tenien una clau democràtica al darrere.
Tots som conscients que el relat que es va fer per una gran part de la premsa i que el relat que es va instaurar a la societat espanyola interessadament és fals. No hi va haver violència, no hi ha hagut terrorisme. I ho deia el company
Iñarritu, és que fins i tot vostès estan banalitzant a través de l'actuació dels seus jutjats què és el terrorisme, que es va veure amb molta claredat a Madrid el 2004. Allò és terrorisme. I, per tant, equiparar-ho insulta la intel·ligència de
qualsevol dels diputats d'aquesta cambra, però el que és més, insulta la intel·ligència de qualsevol dels ciutadans de qualsevol país democràtic.
Per tant, per què han de servir les modificacions que estem introduint a la llei d'amnistia? Efectivament, per ampliar i per donar justícia a tots aquells que han vist la seva vida parada per una repressió durant els sis anys, set anys que
portem ja amb això; per retornar el conflicte allà d'on no hauria hagut de sortir mai, que és la clau política; i també per fer entendre a tota la ciutadania de l'Estat, a tots els polítics de l'Estat, que aquest conflicte només es resol amb
diàleg i amb la capacitat de poder exercir el dret de l'autodeterminació. Estem així des de fa més de cent anys. Se suposa que les societats han anat evolucionant cap a la incorporació dels principis, dels drets fonamentals de les persones i dels
pobles en les seves legislacions, però també en la consciència de tots els seus dirigents, diputats, senadors i ciutadans. I per tant, el que convé és veure com desencallem el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya d'una manera
democràtica, d'una manera negociada, d'una manera finalment diríem moderna, del segle XXI.
Les nostres esmenes van en aquest sentit, i creiem que l'acord a què hem arribat amb els cinc grups que hem firmat les esmenes conjuntes és un gran pas per millorar i per fer aquests projectes que estava comentant, és a dir, per fer aquestes
finalitats possibles. Però no ens oblidem -no ens oblidem, si us plau- que no podem dir, i m'encantaria poder-ho dir però no podem dir que cap llei d'amnistia garantirà al cent per cent que el poder judicial i altres poders espanyols no la
torpedinin, perquè ho estem veient cada dia a cada moment, amb articles de premsa, amb manifestacions de jutges que haurien de ser immediatament recusats per qualsevol element vinculat a això, i amb tota la premsa, els opinadors, els cunyats, i tot
el que tenim com a entorn mediàtic.
És interessant veure el resultat, efectivament, de l'enquesta, en què és un 0,6 el que es mostra de preocupació de la ciutadania espanyola. Jo crec que haurien de prendre nota, perquè al final afecta poc la seva qualitat de vida i la seva
capacitat per portar una vida digna en aquest Estat. Però això és un element, diríem, a banda.
Deia, no hi ha text jurídic possible que surti d'aquesta cambra que es pugui dir que blinda la possibilitat que algun tribunal estrafent la voluntat i la lletra del que el legislador decideixi, no hi ha cap manera d'escriure-ho que ens
permeti garantir que la llei d'amnistia serà aplicada amb la voluntat del legislador.
I permetin-me que els digui que això és una de les coses més greus que està passant, i és una de les coses que més por fa de cara a la consideració de democràtic de l'Estat espanyol. Les lleis tenen una exposició de motius, tenen una
tramitació parlamentària i tenen una explicació dels diputats per explicar per què el legislador fa els articles com els fa. I la voluntat del legislador i de la majoria que ara mateix hi ha és acabar amb aquest conflicte judicial, permetre la
llibertat i la retirada dels càrrecs a tots els que van actuar per un principi democràtic l'octubre del 2017, i reparar la part que es pugui del que s'hagi causat. Quan un tribunal deliberadament estrafà la llei per poder aplicar el que ell creu
que hauria de ser la llei, permetin-me, però qui jutja el jutjador? Qui jutja el jutge? El Consell General del Poder Judicial gràcies a aquest seguiment que fan vostès de la Constitució està encara per renovar. Qui jutja el jutjador? Qui ens
garanteix que els nostres drets no siguin sistemàticament conculcats per les opinions polítiques que no jurídiques d'un jutge? Doncs aquest és el drama del seu Estat, i és un dels elements per als quals hem de marxar a tota velocitat.
Dit tot això, donem suport a les esmenes que hem transaccionat, òbviament, les votarem a favor. Mantindrem vives la 35, que fa referència al llindar mínim de gravetat respecte al que pot ser amnistiat en l'article, si no recordo malament, 1
o 2. I també la que requereix la retirada de les multes que s'han fet per sancions administratives vinculades amb la repressió política. Ens abstindrem en moltes altres. En tot cas, com que farem la votació, entenc, esmena per esmena ja ens
posicionarem sistemàticament. I derivem el contingut més polític de la defensa d'aquesta llei al ple. Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
En primer lugar, una pequeña previa, y es que el posicionamiento político que comporta una ley importante, como esta, se tiene que hacer en el plenario, y así lo haremos, pero también daré algunas pinceladas no solo técnicas, en clave de
transacciones o acuerdos, sino en clave más genérica.
Todo esto parte de un error, y el error criminal fue la actuación del Estado en los hechos de 2017. En el año 2017 en Cataluña no se produjo un delito, se produjo un acto de radicalidad democrática de la sociedad catalana. Desde esta
perspectiva, hoy estamos pactando una ley de amnistía que aporta solución poca solución, porque los costes personales para la gente represaliada ya nunca serán reparados del todo a una situación delirante, en clave jurídica. Por esta razón, durante
todo este proceso nosotros también estamos intentando mejorar la ley, en el sentido de que afecte a todas las víctimas de la represión que hemos tenido durante estos años y afecte a todos esos comportamientos que creemos que tenían una clave
democrática detrás. Todos somos conscientes de que el relato que hizo una parte importante de la prensa instalada en la sociedad española es falso. No hubo violencia, no hubo terrorismo, lo decía el compañero Iñarritu, incluso ustedes están
banalizando, a través de la actuación de sus jueces, lo que es el terrorismo. Se vio muy claramente en Madrid en el año 2004. Aquello fue terrorismo. ¿Por qué ahora equipararlo? Insultan a la inteligencia de cualquiera de los diputados de esta
Cámara, pero todavía más a la inteligencia de cualquiera de los ciudadanos de cualquier país democrático. ¿Para qué tienen que servir las modificaciones que introducimos en la ley de amnistía? Para ampliar y dar justicia a aquellos que han visto
su vida parada por una represión durante los seis o siete años que llevamos con esto, para retornar el conflicto allí de donde no tendría que haber salido nunca, que es la clave política, y también para hacer entender a toda la ciudadanía del
Estado, a todos los políticos del Estado, que este conflicto solo se resuelve con el diálogo y con la capacidad de poder ejercer el derecho de autodeterminación. Estamos así desde hace más de cien años. Se supone que las sociedades han ido
evolucionando hacia la incorporación de los principios, de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos en sus legislaciones, pero también en la conciencia de todos sus dirigentes, diputados, senadores y ciudadanos, con lo cual lo que
es necesario es ver cómo ahora avanzamos hacia mejorar este conflicto político de forma democrática, negociada y al final moderna, del siglo XXI.
Nuestras enmiendas van en este sentido y creemos que el acuerdo que hemos alcanzado con los cinco grupos que han firmado las enmiendas conjuntas es un paso para mejorar estos proyectos que estaba comentando, para hacer que estas finalidades
sean posibles. Pero no olvidemos, por favor, que no podemos decir -me gustaría mucho poderlo decir, pero no podemos- que ninguna ley de amnistía puede garantizar al cien por cien que el Poder Judicial y otros poderes españoles no la vayan a
torpedear, porque lo estamos viendo cada día en artículos en la prensa, manifestaciones de jueces que deberían ser recusados por cualquier elemento vinculado con esto en la prensa, los opinadores y todo lo que tenemos como entorno mediático. Es
interesante ver el resultado de la encuesta, que es un 0,6 % de la ciudadanía española el que se muestra preocupado por esto. Tendrían que tomar nota, porque
afecta poco a su calidad de vida y a su capacidad para poder llevar una vida digna en este Estado. Esto es un elemento aparte.
Decía que no hay texto jurídico posible que salga de esta Cámara que blinde la posibilidad de que algún tribunal distorsione la voluntad y la ética del legislador, no hay ninguna forma de escribirlo que nos permita garantizar que la ley de
amnistía se va a aplicar con la voluntad del legislador. Permítanme que les diga que esta es una de las cosas más graves que están sucediendo y es lo que nos da más miedo de cara a la conciliación democrática del Estado español. Las leyes tienen
una exposición de motivos, una tramitación parlamentaria y una explicación de los diputados de por qué el legislador hace los artículos como los hace, y la voluntad del legislador y de la mayoría que ahora tenemos es acabar con este conflicto
judicial, permitir la libertad y la retirada de los cargos a todos los que actuaron por un principio democrático en octubre de 2017 y reparar la parte que se pueda. Cuando un tribunal deliberadamente va más allá de la ley para poder aplicar lo que
cree que tendría que ser la ley, ¿quién juzga al juzgador, al Consejo General del Poder Judicial, gracias a este seguimiento que hacen ustedes de la Constitución? Está todavía por renovar. ¿Quién juzga al juzgador? ¿Quién nos garantiza que
nuestros derechos no son conculcados por las opiniones jurídicas de un juez? Pues este es el drama de su Estado, este es uno de los elementos por los cuales nos tenemos que ir a toda velocidad.
Dicho todo esto, apoyamos las enmiendas que hemos transaccionado, obviamente vamos a votar a favor. Mantendremos viva la 35, que se refiere al umbral mínimo de gravedad respecto a lo que se puede amnistiar en el artículo 1.2, si no recuerdo
mal, y también la que requiere la retirada de las multas que se han impuesto por sanciones administrativas vinculadas a la represión política. Nos vamos a abstener en muchas otras. En todo caso, como haremos votación enmienda por enmienda, ya nos
iremos posicionando sistemáticamente, y derivamos el contenido más político de la defensa de esta ley al Pleno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra su señoría el señor Pisarello.
El señor PISARELLO PRADOS: Gracias, presidente.
La verdad es que llevamos meses ya ofreciendo razones jurídicas y políticas en favor de la amnistía. Hoy esa proposición de ley tiene una mayoría política clara en este Parlamento y hay una parte importantísima de la sociedad que coincide
en la necesidad de pasar página, también para atender a sus necesidades más urgentes, como llegar a fin de mes, poder pagar el alquiler y los alimentos o tener una salud pública de calidad. Y si hay algo que se opone a esto es la voracidad
represiva y punitiva de sectores muy poderosos de las derechas políticas, judiciales y mediáticas, que no quieren pasar página por una razón fundamental, que es para ocultar, por un lado, su responsabilidad, la responsabilidad de su nacionalismo
autoritario en la situación de confrontación generada en estos años, y, por otro lado, que lo que de verdad está rompiendo España en este momento o puede romper España son las políticas económicas que implementan allí donde gobiernan.
Por desgracia, el espionaje, la mentira, el lawfare no son cosas nuevas, se aplicaron contra el independentismo vasco cuando existía ETA y se siguen aplicando bajo la forma de ilegalizaciones, de torturas, de prohibición de publicaciones
cuando ETA dejó de existir. Luego, se aplicó en Cataluña contra el independentismo catalán, se aplicó luego contra Podemos, se aplicó en Barcelona contra la alcaldesa Ada Colau, se aplicó contra centenares de activistas sociales con dosieres
prefabricados en los medios y acogidos por ciertos juzgados, y hoy sabemos que las prácticas corruptas que marcaron casos probados, como el caso Gürtel, no solamente llenaron de manera vergonzosa los bolsillos de dirigentes del Partido Popular, sino
que también llevaron la corrupción a estructuras policiales y judiciales con el objetivo de destrozar con pruebas falsas, con espionajes y con acusaciones infundadas a los adversarios políticos. Hoy sabemos, señorías, que Mariano Rajoy, Jorge
Fernández Díaz y otros dirigentes del PP no solo se cerraron de manera irresponsable a cualquier solución dialogada del conflicto en Cataluña, hoy sabemos que ordenaron espiar y crear acusaciones falsas contra sus adversarios, fueran
independentistas, fueran de izquierdas o fueran incluso miembros del propio Partido Popular. Hoy sabemos que con figuras como su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, buscaron controlar el Tribunal Supremo, buscaron bloquear la renovación del
Tribunal Constitucional y buscaron bloquear -aún lo vienen haciendo así- la del Consejo General del Poder Judicial.
Esta instrumentalización, indecente a nuestra manera de ver, no nos ha retrotraído al sistema judicial de la Dictadura, obviamente, pero ha dañado de manera muy severa el principio de separación de poderes y de independencia judicial.
Naturalmente, hay que hablar del caso del juez GarcíaCastellón. El juez GarcíaCastellón sacó de la cárcel a Ignacio González, del Partido Popular, cubrió a Dolores de Cospedal en la trama Kitchen y salvó a Esperanza Aguirre de la trama Púnica; no
vio ningún indicio delictivo en las actuaciones de Rajoy, archivó una causa contra el rey, pero, en cambio, fabricó dosieres contra Podemos, incluido el caso Dina, contra Pablo Iglesias. Y ahora, para dinamitar la amnistía y, como se ha dicho aquí,
para hacer descarrilar al Gobierno de coalición, pretende imputar por terrorismo a personas por su vínculo con manifestaciones por desórdenes públicos. ¡Cómo no se va a cuestionar su imparcialidad y su cercanía al Partido Popular! Si el juez
GarcíaCastellón pretende acusar de terrorismo a Marta Rovira o a Carles Puigdemont por una manifestación o a activistas como el periodista Jesús Rodríguez, de la Directa, por verificar datos en una mensajería móvil, ¿cómo no se va a decir que actúa
como si la Audiencia Nacional fuera el viejo Tribunal de Orden Público de tiempos del franquismo?
Desde Montesquieu y Condorcet sabemos que el poder de los jueces, sobre todo en materia penal, es el más terrible y el más odioso de todos, básicamente porque es el poder que una persona tiene sobre otras para incidir en su libertad, en su
reputación y en su propia vida. Por eso, Beccaria, que fue uno de los padres del garantismo penal, decía que el juez penal probo debe ser indiferente en la búsqueda de la verdad. Y lo que hay que decir es que hay una parte de las decisiones
adoptadas por determinados jueces vinculados al Partido Popular que han hecho todo lo contrario, han actuado en sus decisiones como si fueran auténticos inquisidores, utilizando el derecho penal del enemigo contra quienes consideran adversarios. Y,
precisamente porque es así, criticar esas decisiones es legítimo y es necesario, y no equivale a criticar al Poder Judicial, porque es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y lo que en más de una ocasión ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Nosotros aquí tenemos unas derechas políticas, judiciales y mediáticas que cuando se critican las sentencias de estos jueces ponen el grito en el cielo. Pero, luego, cuando el Tribunal Constitucional, por razones garantistas, cuestiona el
lawfare perpetrado contra Alberto Rodríguez o contra la izquierda vasca, como en el caso Bateragune, con el concurso del Tribunal Supremo, no dudan en llamar, por ejemplo, al presidente del Tribunal Constitucional 'Golpe-Pumpido' o afirmaciones
similares. Esta semana, señorías, hemos visto incluso a un puñado de seguidores de VOX convocar, frente al Teatro de La Abadía, una manifestación para boicotear sin éxito, por fortuna, la obra Altsasu, de Juan Mayorga. Allí se corearon consignas
contra las izquierdas terroristas e insultos contra el presidente Pedro Sánchez. ¿Por qué? Entre otras razones, porque el objetivo de esa presión en la calle era evitar que pudieran cuestionarse sentencias excesivamente punitivistas, algo que es
totalmente legítimo y necesario en un Estado de derecho, incluso las que se dictaron en un caso como el de Altsasu. Y hay que decirlo claro, quienes cantaban eso en Madrid son los mismos que luego lincharon en las redes, de manera ignominiosa, a la
actriz vasca Itziar Ituño por defender derechos penitenciarios reconocidos por la ley, y son los mismos o muy parecidos a los que ya vimos hace tiempo defendiendo la necesidad de ilegalizar a partidos republicanos o independentistas, e incluso a
suprimir la vida de millones de españoles, de catalanes, de vascos, de feministas y de migrantes por no coincidir con sus ideas. Y son los mismos -también hay que decirlo- o muy parecidos a los que llevan meses rasgándose las vestiduras por la
amnistía en Cataluña, pero que no han tenido problema alguno con las amnistías fiscales a grandes millonarios y amigos de estos partidos, o incluso a torturadores franquistas.
Por todo eso, señorías, hoy la amnistía no solo debe servir para pasar página y entrar en un nuevo tiempo político en Cataluña y en España. Para nosotros debe ser una oportunidad para que nunca más se utilicen las cloacas del Estado para
destrozar la reputación de las personas o para dirimir discrepancias políticas. La amnistía tiene que ser una oportunidad para que nunca más se utilicen jueces afines para perseguir a adversarios en procesos sin garantías suficientes. Y debe ser
una oportunidad para entender que la democratización de la economía debe ser hoy inescindible de la democratización del Poder Judicial y del Estado. Para nosotros, señorías, aumentar el salario mínimo y mejorar la participación de las trabajadoras
y trabajadores en las empresas es hoy tan importante como poner fin de una vez al Código Penal y a la ley mordaza del Partido Popular. Hoy, actuar fiscalmente contra los grandes rentistas y los fondos especulativos nos parece tan prioritario como
democratizar el acceso a la carrera judicial y acabar con su innegable sesgo clasista y conservador. Hoy, asegurar la rebaja en el precio de los alquileres o de los alimentos nos parece tan fundamental como cortar por lo sano el nudo gordiano del
secuestro inconstitucional del Consejo General del Poder Judicial por parte de la derecha. Hoy, luchar contra la
precarización de la sanidad o de la educación pública, nos parece tan central como impedir la impunidad de los responsables del watergate de Rajoy y de Fernández Díaz.
Per dir-ho en català, o desarmem les trames corruptes entre estaments policials, judicials i mediàtics per destruir adversaris, o aquestes acabaran destruint la democràcia. No som a la República de Weimar ni estem condemnats a assistir a un
nou avenç de la ultradreta reaccionària a Europa. La majoria plurinacional i democràtica que avui sosté el Govern té una oportunitat única per impedir-ho. Mai més clavegueres de l'Esta. Mai més mentides. Mai més lawfare, ni contra el Govern de
la Generalitat ni contra l'alcaldessa de Barcelona, ni contra cap activista ni moviment social. Que l'amnistia i els obstacles ferotges que s'ha trobat pel camí ens facin obrir els ulls. Cal actuar i no tenim temps a perdre.
O bien desarmamos las tramas corruptas para destruir a los adversarios o bien acabarán destruyendo la democracia. No somos la República de Weimar ni estamos condenados a hacer frente a la ultraderecha en Europa. La mayoría democrática del
Gobierno de hoy tiene una oportunidad única para impedirlo. Nunca más lawfare ni mentiras contra el Gobierno de la Generalitat ni contra la alcaldesa de Barcelona ni contra movimientos sociales. Que la amnistía y los obstáculos feroces que se ha
encontrado por el camino nos hagan abrir los ojos. No tenemos tiempo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra su señoría, el señor Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia.
Yo reconozco que seguir con la novela de misterio o con el cuento fantástico que nos estaba contando el señor Pisarello resultaría mucho más interesante que volver a hablar de aspectos jurídicos relacionados con la ley de amnistía, pero me
temo que es a esto a los que nos tenemos que dedicar esta mañana. Hemos escuchado en varias ocasiones durante el debate de hoy -lo escuchamos también durante la semana pasada con ocasión del debate de la Ponencia- el argumento de que las Cámaras,
de que el Congreso está llamado a legislar y está legitimado para legislar de conformidad con las orientaciones políticas de sus integrantes y de conformidad con los intereses de quienes los eligieron. Yo estoy completamente de acuerdo con esa
afirmación siempre y cuando de eso no se colija que eso libera a los miembros de esta Cámara de cualquier obligación de tener en cuenta el marco normativo -y ya que estamos en el Legislativo, ese marco normativo no es otro que la Constitución- a la
hora de ejercer sus tareas como legisladores. Porque el artículo 9.1 de la Constitución afirma que no solamente los ciudadanos, sino también los poderes públicos -y eso incluye a esta Cámara, a este Congreso- están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico, lo que supone que corresponde también a esta Cámara, también a los diputados y también a los grupos, la tarea de preocuparse por que las normas que vayan a aprobar sean compatibles con la Constitución, y no procede
pensar que eso es una tarea exclusiva del Tribunal Constitucional. Hacerlo sería tan absurdo como coger el coche, ponerse por el carril izquierdo, saltarse los semáforos en rojo o doblar el límite de velocidad argumentando que corresponde a la
Guardia Urbana velar por las normas de seguridad. No, nos corresponde a todos y cada uno y, si no lo hacemos, lo más probable es que no lleguemos a nuestro destino.
Hay motivos más que sobrados para argumentar que la institución de la amnistía es contraria a nuestro orden constitucional -voy a hablar primero de la institución de la amnistía y luego voy a hablar de esta proposición de ley de amnistía-.
El primero de esos motivos y el más evidente es que no está recogido en la Constitución. Ya he escuchado a algún diputado, como al señor Santiago, la semana pasada, que haciendo profesión de liberalismo -lo cual está muy bien teniendo en cuenta que
es un comunista-, dijo aquello de que lo que no está prohibido por las leyes está permitido por las leyes. Sí, solo que eso no se aplica a las instituciones y a los poderes públicos, se aplica a los ciudadanos y a sus derechos. Los ciudadanos
disponen de derechos que no están limitados por las leyes, pero las instituciones solamente disponen de aquellas facultades que les atribuyen de manera específica la Constitución y las leyes. Lo diré en palabras de Manuel Aragón, expresidente del
Tribunal Constitucional -por cierto, a propuesta del Partido Socialista y una de las personas a las que ustedes se han negado a escuchar en esta Cámara-: A diferencia de la posición de los ciudadanos frente al ordenamiento jurídico en cuanto que,
al gozar del principio general de libertad, pueden hacer todo menos lo que el ordenamiento les prohíbe, los órganos públicos que respecto del derecho no parten de una situación de libertad sino de sujeción, solo pueden hacer aquello que el
ordenamiento jurídico les permite. Las Cortes Generales no
escapan de ese principio y lo único que sucede es que a la hora de legislar su sujeción lo es respecto a la Constitución y no respecto de la ley, que pueden modificar o derogar. Tal sujeción significa que solo pueden hacer como legisladores
aquello que la Constitución les permite, y la Constitución no nos permite conceder amnistías. No nos lo permite, en primer lugar, porque el constituyente no quiso. Durante la elaboración del texto constitucional se presentaron dos enmiendas en el
Congreso, ninguna en el Senado, proponiendo la inclusión de la amnistía. Una de ellas, que pretendía modificar el artículo 58, ahora el 66, tenía como objeto especificar, entre las competencias de las Cortes Generales que representan al pueblo
español, la potestad legislativa, otorgar amnistías, controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que le atribuyen la Constitución. La enmienda fue desestimada por la Ponencia y ningún grupo parlamentario se obstinó en volver a
plantearla. El constituyente excluyó la competencia de la amnistía a la hora de enumerar las competencias de nuestras Cortes.
Hay precedentes en nuestro derecho histórico, por supuesto que los hay, pero siempre ese precedente ha quedado especificado en la Constitución. La de 1869 regulaba, en el artículo 74.5, la posibilidad de amnistías y también lo hacía la de
1931. Si cuando ha habido amnistías es porque las constituciones lo han permitido, ahora que la Constitución no lo contempla, parece más que razonable argumentar que tampoco lo debería permitir. Y es que el Tribunal Constitucional tampoco la ha
avalado, tampoco la ha avalado. Sentencia del Tribunal Constitucional 147/1986, de 25 de noviembre: La amnistía es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la
aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. ¿Estamos creando un nuevo orden político a partir de mañana, a partir del momento en que la ley de amnistía esté en
el Boletín Oficial del Estado? ¿Estaremos en un nuevo orden político? ¿Piensa eso el Partido Socialista? Sentencia 76/1986, de 9 de junio: La amnistía operará extinguiendo la responsabilidad para hacer desaparecer, con fundamento en una idea de
justicia, las consecuencias de un derecho anterior, que se repudia al constituirse un orden político nuevo basado en principios opuestos a los que motivaron la tacha de ilicitud de aquellas actividades. ¿Repudiamos en esta Cámara el orden político
anterior a la fecha de hoy? ¿Va a abjurar el Partido Socialista de todo lo que se ha hecho en nuestro país desde 1978 hasta acá? Y, por cierto, ¿poniendo como piedra angular, como punto de partida de nuestro nuevo orden político, una norma emanada
del franquismo: el Real Decreto de 1976?
La Constitución no menciona la amnistía y la Constitución permite entender que está excluida de nuestro ordenamiento constitucional a partir del momento en que permite los indultos pero prohíbe los indultos generales. Es el artículo 62 i)
el que dispone que el rey no podrá autorizar indultos generales, fórmula que, con mínimas variaciones, hemos tenido presente en nuestro derecho histórico desde 1812, desde la Constitución de Cádiz. Es una prohibición constitucional a partir de una
interpretación analógica de la que cabe concluir la inviabilidad de la amnistía, ya que si se introdujo una prohibición genérica y absoluta de los indultos generales, no es necesario hacer otra sobre la amnistía. Si no se puede lo menos, que es un
indulto general, no se puede lo más, que es la amnistía.
Adicionalmente, la amnistía es inconstitucional, el instituto de la amnistía, la amnistía como figura jurídica, porque atenta contra el principio de división de poderes. La Constitución otorga a los jueces y a los tribunales la facultad
exclusiva de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Nuevamente, en palabras de Aragón: El principio constitucional de división de poderes, entre otras manifestaciones, se refleja en la regla constitucional de la exclusividad del Poder Judicial
para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aplicando el Derecho vigente en cada momento. El legislador no puede suplantar esa función al Poder Judicial, y menos aún considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de
Justicia, borrando con carácter retroactivo un delito que estaba vigente en aquel momento. Finalmente, el instituto de la amnistía es inconstitucional porque atenta contra los principios de justicia y de seguridad jurídica.
Pero es que, por si todo eso no bastase, la concreta regulación del instituto de la amnistía que se deriva de la proposición de ley que se nos ha hecho llegar, aporta a esas cuatro razones de inconstitucionalidad otra media docena más; seis
más cuatro hacen diez, que es un número redondo. Atenta contra el principio de no discriminación por razón ideológica. ¿Por qué se amnistían los actos llevados a cabo en el marco del proceso independentista impulsado por las fuerzas políticas al
frente de las instituciones de la Generalitat de Catalunya -president, Parlament y Govern- y no otros procesos independentistas? Yo ya sé que los señores de Bildu están, de un tiempo a esta parte, muy interesados en lavar su imagen. Están mucho
más preocupados por caer bien a la sociedad; se preocupan de las tasas de basura, se ocupan de las aguas potables, fecales y pluviales, y no sé si siguen reivindicando la
licitud del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. No sé, por lo tanto, lo que pensarán de que, después de tantos años de lucha contra el Estado, ahora vengan otros desde Cataluña y arranquen una amnistía en donde ellos no van a tener
arte ni parte, y encima lo hagan con sus votos. ¿Por qué se amnistían los delitos perpetrados en el marco del procés en Cataluña y no se amnistían los delitos perpetrados en el marco del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco? ¿No es una
discriminación por razón ideológica? Evidentemente, preferiría que no se amnistiasen ni a los unos ni a los otros, pero los señores de Bildu tendrán que dar una buena explicación a su electorado de por qué su voto es el voto más barato de todo el
hemiciclo a día de hoy.
Atenta contra el principio de igualdad. Lo ha señalado el informe de los letrados de la Cámara cuando han especificado que la indeterminación del ámbito de aplicación de la ley, al exceder el concepto de singularidad trazado por el Tribunal
Constitucional, podría suponer una delimitación arbitraria de dicho ámbito de aplicación. No sabemos por qué se aplicará a unos casos y por qué no se aplicará a otros casos. ¿Por qué se amnistiará a quien quemó un contenedor luchando por la
independencia de Cataluña y no se amnistiará a quien quemó un contenedor luchando, qué sé yo, contra la subida de los precios? ¿Por qué se amnistiará al que le rompió la nariz a un policía nacional en Barcelona en 2017 y no a quien pudo hacerlo en
Ferraz en 2023?
Quiebra el principio de seguridad jurídica. Nuevamente lo han dicho los letrados en sus observaciones técnicas; la enumeración de los actos determinantes de responsabilidad penal administrativo-contable que quedan amnistiados, que realiza
el artículo 1, se lleva a cabo a través de varios literales, pero en todos los casos se cierra con una cláusula abierta, así como cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados por idéntica intención. Señores, estamos hablando de una
amnistía, estamos hablando de la exoneración de responsabilidad penal. No se puede hacer una exoneración de responsabilidad penal diciendo que se exoneran determinados delitos y cualesquiera otros que vengan por aquí, nos vengan a la memoria o se
parezcan remotamente a los que acabamos de mencionar. Una cláusula abierta, que resulta de una indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía, que quiebra el principio de seguridad jurídica. No sabemos, nadie sabe, lo que se está
amnistiando.
Violenta el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Antes ha mencionado alguno de mis compañeros las encuestas que decían que la amnistía era la primera preocupación para el 0,6 % de los españoles. Les podía
dejar los nombres y apellidos de los españoles que integran ese 0,6 %: el señor Puigdemont, el señor Junqueras, etcétera, etcétera. Para el resto de los españoles, incluyendo para mí, hay otras preocupaciones más importantes -evidentemente,
faltaría más-, pero esta lo es. Y cuando a los españoles les preguntan por qué creen que tenemos una ley de amnistía, la respuesta es -encuesta de El País, diciembre de este año- en el 85 % de los casos para poder gobernar, en el 70 % de los casos
para evitar que la extrema derecha llegue al Gobierno y en el 37 % de los casos para mejorar la convivencia dentro de Cataluña. El 85 % de los españoles han calado a este Gobierno y las intenciones que hay detrás de esta proposición de ley. El 70
% de los españoles ven una intencionalidad política en esta ley, y eso es lo que prohíbe el principio de interdicción de la arbitrariedad. No se puede utilizar una ley de amnistía para conseguir llegar a la Moncloa, para conseguir mantenerse en la
Moncloa.
Y, por último, esta proposición de ley incumple los compromisos internacionales contraídos por España. Incumple los compromisos internacionales contraídos por España en materia de lucha contra la malversación. La extinción de
responsabilidad que la proposición pretende a través de la amnistía podrá comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole perseguidas por el Derecho de la Unión Europea. Así, la Directiva
17/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio del 2017, sobre lucha contra el fraude, que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, establece en su artículo 4.3 que los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que la malversación, cuando se cometa intencionadamente, constituya una infracción penal. Pero mucho más grave...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor FLORES JUBERÍAS: Termino.
Las obligaciones de España, contraídas por España, en materia de lucha contra el terrorismo. La enmienda transaccional que nos acaban de entregar hace tres cuartos de hora no hace más que agravar ese incumplimiento. Se modifica el apartado
d) del artículo 2: los actos tipificados como delitos de terrorismo quedarán excluidos de la amnistía, siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en
el artículo 2
-muerte- y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Es decir, hay delitos de terrorismo que sí y hay delitos de terrorismo que no quedan excluidos. Hay delitos de terrorismo que quedan y delitos de terrorismo que
no quedan incluidos. Corolario. ¿Hay delitos de terrorismo que se van a amnistiar? Sí, se van a amnistiar delitos de terrorismo. ¿Los más graves? No, los que terminen con la muerte, los que terminen con la tortura, no. Todos los demás, sí:
terrorismo callejero, kale borroka, you name it. ¿Se van a amnistiar delitos de terrorismo? Sí. ¿Puede España, en el marco de sus obligaciones internacionales, amnistiar delitos de terrorismo? Rotundamente, no.
Esta ley es inconstitucional, incumple nuestras obligaciones internacionales y constituye una vergüenza para nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Flores.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Aranda, cuando quiera.
El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señor presidente.
Empiezo por el final. Mi grupo votará a favor de las dos transaccionales que hemos presentado y firmado así como del dictamen. En consecuencia, votará en contra de todas las demás enmiendas o transacciones que queden vivas en este debate.
Señorías, damos hoy cumplido trámite a un paso más en la aprobación de esta llamada ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, un paso necesario, reglamentario y legal, a la par que
respetuoso con nuestra Constitución, tal y como se ha venido haciendo desde la presentación por mi grupo de esta proposición de ley. Mucho hemos escuchado a los grupos de la derecha y la ultraderecha sobre las maldades de esta ley y de su proceso,
empeñados como están desde hace tiempo en sembrar dudas, poner zancadillas y embarrar el terreno político. Tanto es así que, imbuidos de este mesianismo jurídico-parlamentario -para muestra, un botón, hace un momento- han llevado a ese barro a los
servicios jurídicos de esta Cámara, de esta Comisión, sembrando dudas sobre el mecanismo de redacción y entrega a los ponentes de las tradicionales observaciones técnicas a una ley. Así que, señorías, su atrevimiento va a la par que su ignorancia
parlamentaria, de tal manera que de forma recurrente viene a nuestra mente aquello de si lo harán por desconocimiento o por malicia.
Además, viendo cómo sus señorías del PP tienen la piel tan fina cuando se les menciona, mientras ellos campan en mítines con camisetas frutales, en clara alusión a un gravísimo insulto al presidente del Gobierno (rumores), no me extraña que
se hagan los indignados cuando se les señala su filibusterismo parlamentario. Y es que el Partido Popular, el PP, bajo cuyos gobiernos de Aznar y Rajoy el independentismo llegó a sus cotas sociales y electorales más altas, solo tiene una manera de
hacer política, y esta no la definí yo, la definió un destacado dirigente y ministro de sus gobiernos, que es la de 'que caigan España y Cataluña, que ya las levantaremos nosotros'. Esa es su manera de hacer política. Y en ese 'que caiga España'
está representada toda la mala política que representa el actual Partido Popular: la política del uso de medios gubernamentales para el espionaje político; la política del uso de medios gubernamentales para evitar investigaciones judiciales; la
política de la corrupción -establecida por sentencia firme- y de los sobresueldos; la política de la mentira y la confusión. Una política que les ha llevado -no a nosotros, a ustedes- a defenestrar a su propio líder por decir en una emisora de
radio que había que investigar los tejemanejes, en medio de una pandemia, de cierto hermano de cierta presidenta autonómica. Una política que les ha llevado -y lo diré otra vez hoy- a abandonar por inanición la política de Estado en la justicia,
con un Consejo General del Poder Judicial sin renovar por culpa de su pertinaz negativa. Una política, señorías, que les ha llevado a usar Cataluña para sus intereses electorales.
Señorías del PP, uno, a estas alturas, de VOX casi ya solo espera que no le tiren botellas de agua cuando habla. ¡Fíjense si tenemos ya bajo el nivel de lo que esperamos! VOX es un partido de ultraderecha que no merece más que nuestra
posición firme como demócratas y el uso de toda nuestra capacidad política y democrática para que continúe en su declive electoral y parlamentario. Seremos un país mejor sin ultraderecha, señorías del PP. Por cierto, esta lucha democrática contra
la ultraderecha, en la que estamos huérfanos de su ayuda, es una lucha común de todos los españoles, de todos los demócratas, pero también de todos los europeos, porque esta liga de la injusticia, compuesta por los partidos de la ultraderecha
europea hermanos de VOX, no está dejando cuestión social o política sin impugnar. Hago mías las palabras del entrenador del líder de la Bundesliga, Xabi Alonso: Debemos ser claros y defender nuestros valores con un posicionamiento democrático;
tenemos que ser realmente firmes en esas posiciones y no aceptar exigencias intolerantes. Pero de ustedes, señorías del PP, uno espera siempre
algo más. De ustedes uno espera esa línea que, reconozco, han transitado de acuerdos con honestidad política, con respeto parlamentario, como cuando algunos de sus diputados y diputadas, tras un arduo trabajo, han llegado a acordar con
nosotros reformas legales necesarias para nuestra ciudadanía. Por eso, de corazón -ustedes no me creerán, pero lo digo de verdad-, me entristece ver en qué se ha convertido su partido, donde el mayor mérito es el boicot; un partido dispuesto a
traspasar todas las líneas que quedan y que nos separan de la buena política.
Esta ley, que hoy espero que aprobemos en Comisión para llevar al Pleno del Congreso, es una apuesta decidida, valiente y democrática para seguir avanzando en Cataluña -de donde yo vengo- en la senda del reencuentro, de la convivencia y de
la resolución política de nuestros desencuentros; es decir, devolver al carril de la política lo que nunca tenía que haber descarrilado. Es una ley que, desde la Constitución, trabaja por el fortalecimiento de los lazos que nos unen a ella, porque
solo desde la Constitución puede entenderse la normalización institucional, política y social, que es el título que lleva la proposición de ley. Solo desde la Constitución y dentro de la Constitución, de espíritu y de letra, podemos aceptar las
discrepancias que nos separan y aceptar que somos una comunidad integrada por diferentes, incluso por aquellos que no se sienten interpelados ni ligados a nuestro Estado. Solo reconociendo que puede haber quien no se sienta uno más de la
colectividad se puede trabajar para reforzar los lazos, los afectos, las relaciones y las normas comunes.
Señorías, la Constitución no está en riesgo cuando trabajamos por la convivencia, no es verdad. La Constitución no está en riesgo cuando es la política la vía de resolución de diferencias, no es verdad. La Constitución, el mejor regalo
democrático que nos legaron los constituyentes y todos cuantos hicieron la Transición, es hoy más fuerte que nunca, y lo es porque está vigente en un país más abierto, más tolerante y más avanzado que nunca. La Constitución ha estado siempre ahí, a
nuestro lado, en estos cuarenta y cinco años de fortalecimiento democrático, de progreso, de europeísmo y de mejoras sociales, con la reparación de una injusticia histórica: la supresión hace unas semanas del término disminuido. Señorías, la
Constitución sufre cuando algunos se la apropian tanto que la patrimonializan, porque la Constitución no es militante, no es de parte, es de todos; la Constitución sufre cuando algunos la abrazan tanto que la asfixian; la Constitución sufre cuando
solo leen una parte, y sufre, en definitiva, cuando se la saltan.
Señorías, esta reforma es consecuencia de una política que ha conseguido que hoy Cataluña no sea la del 2017. Algunos quieren volver ahí de manera persistente, a ese año y anteriores, cuando ni la propia ciudadanía catalana lo desea. Pero
es que, señorías, el PP hace tiempo que olvidó Cataluña. La olvidó, en el mejor de los casos, cuando no la utilizó para encender un sentimiento contrario que les diera réditos electorales. Aún recordamos sus mesas petitorias de firmas contra
nuestro estatut.
Así que, señorías del PP, aún están a tiempo; a tiempo de entender la realidad plural y diversa de este país llamado España; a tiempo de reconocer que en esta diversidad reside buena parte de nuestra fortaleza; también están a tiempo de
rectificar con Cataluña, de dejar de verla como una pieza en su tablero político y verla como lo que es, un lugar maravilloso, con una magnífica lengua, el catalán, con una cultura propia y también fruto de la mezcla y acogida; una tierra de
progreso, con impulso económico e industrial; un lugar maravilloso para vivir, para trabajar, para viajar y para visitar. Estoy seguro de que lo entienden y comparten. Solo espero que algún día actúen en consecuencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aranda.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Gracias, presidente.
Señor Aranda, es muy preocupante: unas simpáticas camisetas les molestan, pero el terrorismo, no. (el señor Aranda Vargas: ¡Simpáticas, dice!). Tomemos nota.
Señorías, con esta ley, cuyo dictamen hoy debatimos, la Constitución está siendo atacada de forma despiadada e irracional. Y no son mías las palabras; como saben, lo afirma un peligroso político de ultraderecha, el expresidente socialista
Felipe González. Esta, señoría, no es una nueva chiquillada de un intrépido presidente del Gobierno; es una ley que pone bajo amenaza los valores que han construido nuestra democracia y nuestra convivencia. A diferencia de lo que quieren
blanquear con un título teñido de ingenuo en el laboratorio de las ideas y una muy maquillada exposición de motivos una y otra vez, hoy más con las transaccionales, la proposición de ley que tramitamos es una ley singular, redactada e impuesta por
los que pretenden ser amnistiados de sus delitos, que rompe el principio de igualdad de los españoles, ataca la independencia del Poder Judicial y pone en tela de juicio nuestro sistema
democrático, sus normas, instituciones y poderes, los mismos que son rechazados por la fuerzas políticas que la han exigido.
El Código Penal, los tribunales, la Fiscalía y las resoluciones judiciales no son para nosotros, les dicen los independentistas catalanes, a los que vincularon su destino el día 16 de noviembre, previo pago del precio que más les convenga en
cada momento. Y ustedes, señores socialistas, van y se lo dan todo, pidan lo que pidan, sin proporción ni medida. Lo malo es que arrastran en ese chantaje a los españoles, a los que humillan. Y no, no es por el interés general, es por
conveniencia, por el interés particular de unos pocos, por la pataleta de algunos que, sin tener fuerza para promover su proyecto con la necesaria reforma constitucional -esas son las reglas del juego en democracia-, someten a una mayoría
minoritaria y al conjunto de españoles, que es peor, a seguir su hoja de ruta. Y cuando los jueces, en estricto cumplimiento de su función, les paran los pies, se convierten en un obstáculo a batir desde la filosofía de -abro comillas- 'a nosotros
no nos obliga, nosotros podemos hacer todo lo que queramos. ¡Qué atrevimiento!, cometemos delitos y encima nos investigan con garantías jueces sin escrúpulos. Pero eso no va con nosotros. A nosotros nos condenan por malversación, prevaricación y
desobediencia, pero es porque somos perseguidos por puro capricho de los jueces' -cierro comillas-. Y hoy han llegado al sumun del cinismo diciendo que sus transacciones mejoran la separación de poderes. No, esto hay que traducirlo no del catalán
ni del euskera ni del gallego, hay que traducirlo jurídicamente, hay que traducirlo a lo que de verdad quieren hacer, que es eliminar y someter al Poder Judicial, eliminar el Poder Judicial, que es el garante de los derechos y libertades de todos
los ciudadanos. (Aplausos). Es, por tanto, señorías, el interés de políticos sin ataduras, sin límites, sin ley, y controlando, eso sí, la fuerza contra el ciudadano al que quieren someter. Busquen y encontrarán. Todo esto tiene un nombre y no
es democracia.
Como ya dijera en Pleno mi secretaria general, la señora Gamarra, el Gobierno queda deslegitimado para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos y abre la puerta a que borre arbitrariamente en el futuro cualquier delito de
cualquier naturaleza, siempre que se aleguen razones políticas al cometerlo. ¿No les parece gravísimo, señorías?
No, esta no es una ley cualquiera, no es una ley más, no es una norma torpe, confusa, con mala técnica -incluso aunque lo fuera-, que admite retoques, mejor redacción o una técnica más depurada para corregirla en el trámite parlamentario;
es una iniciativa que conlleva romper en añicos los cimientos de nuestra democracia. Por tanto, este texto tuvo que haberse bloqueado en el momento de su calificación parlamentaria, por mucha literatura de encargo que le pongan en la exposición de
motivos y con el nulo valor normativo que saben que tiene un preámbulo en nuestro derecho. Eso no deja de ser más que la articulación de una gran mentira, un gran artificio que no puede engañar a quienes han de analizar con objetividad este ataque
a nuestro Estado de derecho. Como dijo el presidente Núñez Feijóo, es una vergüenza nacional y un bochorno internacional. Y si lo era cuando la registró el Grupo Socialista, al que dejaron solo ante esta hazaña, empeora a cada enmienda que
incorpora y que pende como una amenaza en cada trámite parlamentario. Todos aquellos que la negaron tres veces, o más, ahora se están autoconvenciendo, incluso mediante una convención sanadora en Galicia, de que es un instrumento jurídico más que
puede ser desplegado por el mero hecho de tener los votos y ser legisladores.
Cada artículo o cada enmienda, las transacciones de hoy, señorías, puede rubricarse perfectamente con los nombres de los beneficiados o de aquellos a los que quieren someter y amedrentar para que la pongan en práctica. Esta ley no superaría
la cata ciega de democracia de un jurado de expertos que nada conociera del contexto español. Las rúbricas de los preceptos podrían decir lo siguiente, porque están en marca de agua: blindaje de Puigdemont; blindaje de los indultados de ERC;
nueva vuelta de tuerca para blindar a Puigdemont; blindamos también los trapicheos del 3 % de la familia Pujol o los de Mas -en el contexto, claro-, para que pueda seguir contratando con y como quiera la señora Borràs; impunidad para terroristas y
corruptos; reconocimiento del supuesto lawfare para maniatar a los jueces; ni un euro en sanciones o indemnizaciones; neutralización total de tribunales españoles y europeos; nueva vuelta de tuerca para encapsular la aplicación del derecho
europeo; que el juez desconozca el derecho y no pueda interpretar, porque tiene que ejecutar lo que diga esta ley sí o sí, aunque sea contrario al ordenamiento jurídico al que están sometidos.
Desde aquí, señorías, nuestro reconocimiento y respeto a todos y cada uno de los jueces y magistrados españoles. Y pido que se retiren del Diario de Sesiones las múltiples, vergonzosas e intolerables acusaciones, incluso nominativas, que se
han hecho en el día de hoy en esta Comisión.
Estos dieciséis artículos, señorías, son corrupción en estado puro. ¿Por qué, si no, la mayoría de los españoles tiene que cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales y un puñado más o menos grande
de personas acotadas en esta norma no? Y los independentistas presionan y chantajean en cada trámite un poco más. Eso sí, lo explican profusamente a cara descubierta, no esconden sus motivos y justificaciones, no dejan nada a la
imaginación de los malpensados. En el Grupo Socialista no, ni defienden su ley y además se colocan tras la máscara de un supuesto interés general para la convivencia. ¿Pero, vamos a ver, señorías, dónde está, cuál es ese interés general, en qué
beneficia esta ley al resto de españoles? Veamos. Si el delincuente es castellano, andaluz, gallego o leonés, ¡se siente!, tiene que cumplir la ley, las sentencias y fastidiarse, aunque no le gusten. Si se trata de ciertos políticos catalanes, es
irrelevante, pura libertad de expresión y actuación; conceptos no jurídicos indeterminados por doquier. Si el ciudadano no habla catalán, se le despide, señala y acosa, aunque su trabajo le obligue a comunicarse en el lenguaje universal de la
música. Si en Galicia, Cantabria, Rioja, Madrid, Aragón o Valencia no hay dinero para la justicia, tendrán que buscarse la vida y cumplir sin rechistar los decretazos. Si es Cataluña y se lo pide Junts, le aceptan una nueva ley de desconexión,
traspasan una competencia exclusiva del Estado, como es la inmigración, y comprometen unos cuantos de cientos de millones extras para la digitalización de la justicia. Eso sí, una justicia propia, en la que no haya jueces independientes que cumplan
la ley y que les persigan cuando cometan delitos, sin interventores, sin fiscales, para que los puedan gastar a su aire. La ley de contratos, los rigores de los fondos Next, para otros.
Todo esto y mucho más es esta ley, señorías, es la antiley, desmonta los instrumentos de defensa del Estado, implanta la impunidad y privilegios para ciertos políticos que se saltan la ley que todos nos hemos dado -estos sí que son castas,
señorías-, y entrega la dignidad de los españoles a cambio de más días en el poder. No hay que explicar mucho más la posición del Partido Popular, no hay que argumentar mucho más nuestras enmiendas y por qué consideramos que nunca tuvo que
registrarse esta propuesta, nunca tuvo que calificarse favorablemente, nunca debió iniciar el trámite en esta Comisión, nunca debió seguir adelante esta tramitación.
Solo nos cabe reclamar que se suspenda su tramitación. Sí, lo reiteramos una vez más, porque a eso es a lo que estamos obligados como representantes del pueblo español, porque más votos no supone más razón ni legitimidad. En su defecto,
demandamos que se supriman sus preceptos y votaremos en contra si no nos dejan otra alternativa. Más tarde, seguiremos recurriendo a todos los instrumentos que nos da el Estado de derecho. Y dejen de hablar ya de que ustedes son el progresismo
como última ratio. Aquí no hay progreso posible; solo hay regresión, pago y sometimiento. ¿Cómo se puede hablar de progreso desde posiciones que son la búsqueda del privilegio, la ruptura de lo común, el fomento de la desigualdad? Dice Manuel
Aragón, y sigue diciendo: 'Se compran los votos con la libertad, dignidad e igualdad de los españoles' -cierro comillas-. Solo la fuerza de los votos basados en la sinrazón, la conveniencia disfrazada de diálogo y un procedimiento legislativo
fraudulento permiten continuar hoy una tramitación parlamentaria que, aunque no quieran, está sometida a la ley y que ustedes han pervertido.
Y la responsabilidad tiene un nombre: Pedro Sánchez y Partido Socialista. Los demás son chantajistas o cooperadores necesarios -claro, con su propia responsabilidad-. Pensábamos en la legislatura pasada que ya lo habíamos visto todo, pero
solo nos estaban marcando un camino peor. El legislador puede hacer lo que quiera, dijo el señor Santiago en Ponencia. En absoluto, el legislador no puede hacer lo que quiera en democracia, como tampoco los integrantes del resto de poderes,
instituciones y administraciones. Estamos sujetos al cumplimiento de la ley y de los principios constitucionales. No estamos aquí, señorías, para beneficiar a unos cuantos haciendo realidad sus deseos.
Se ha afirmado por la doctrina que las leyes singulares -como esta- no son garantía democrática, sino, por el contrario, una limitación de las garantías a los derechos e intereses legítimos que se asocian al control jurisdiccional. Esta ley
es un ejemplo clarísimo. No sé cómo van a poder explicar que, como bien dicen los letrados de esta Comisión -nuestro reconocimiento a su rigor jurídico y a su profesionalidad-, la proposición y las enmiendas que van aceptando paulatinamente
contravienen, además de la Constitución, el derecho europeo, los compromisos de país adquiridos para formar parte de un club de democracias avanzadas y exigentes, al tiempo que reclaman fondos a ese club. Bueno, sí lo sé, insultado con mucho
desparpajo y culpando de todo y siempre al Partido Popular. No podrán explicar ni engañar permanentemente. Reclaman el dinero a Europa para impulsar el Estado de derecho, cuando en realidad lo están desmontando piedra a piedra y, con esta ley,
acordando una norma que tiene entre sus objetivos dejar en papel mojado el derecho europeo para los candidatos de la amnistía, es evidente. Otra cosa es que puedan conseguirlo.
Y no vengan luego a hablarnos de aprobar más normas de transparencia y de control de lobbies. Con esta propuesta han rebasado todos los principios éticos posibles, pactando con quienes fueron
condenados o están investigados para que redacten ellos mismos esta ley, que tiene nombres y apellidos concretos en sus destinatarios. Es una autoamnistía. No hay injerencia mayor en la función de legisladores que nos ha sido encomendada.
La trazabilidad, la huella legislativa de esta proposición de ley es el culmen de la ignominia. No lo olviden, señorías, porque los españoles no lo olvidarán. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moro.
Señorías, concluye el turno de intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Señorías, si algún grupo parlamentario quiere retirar enmiendas, por favor, comuníquenlo de manera inmediata a esta mesa. (La señora Vallugera Balañà
pide la palabra).
Señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÁ: Retirem les esmenes sobre les quals pengen les transaccionals. És a dir, a saber, de la transaccional, la 37, la nostra 37. I la 36.
Sí, retiramos las enmiendas de las que cuelgan las transaccionales, nuestras enmiendas 37 y 36.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, vamos a realizar un breve receso para ordenar la votación. Gracias, señorías. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión y comenzamos la votación.
En primer lugar, de las enmiendas del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Enmienda número 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 29; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmienda número 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmienda número 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmienda número 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 29; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmiendas números 33 y 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, quedan rechazadas.
Procedemos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, quedan rechazadas.
Seguimos con la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Republicano. Les recuerdo, señorías, que las enmiendas números 36 y 37 han sido retiradas.
Enmienda número 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 30; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmienda número 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Procedemos a la votación de todas las enmiendas en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas transaccionales presentadas. Comenzamos con la enmienda transaccional de siete grupos parlamentarios sobre la enmienda número 36 de Esquerra al artículo 2 d).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda aprobada.
Enmienda transaccional de siete grupos parlamentarios sobre las enmiendas 37 de Esquerra; 23, 24, 28, 33 y 34 de Junts al artículo 4 y a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional de los grupos Junts y Republicano sobre la enmienda 29, de Junts, al artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda de los grupos Junts y Vasco sobre la enmienda 26 de Junts al artículo 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 29; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.
Enmienda transaccional de los grupos Junts y Vasco sobre la enmienda 28 de Junts al artículo 4 y a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.
Enmienda transaccional de los grupos Junts y Vasco sobre la enmienda 29 de Junts al artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 29; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos, señorías, a la votación del texto del informe con las enmiendas transaccionales aprobadas en Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Señorías, les recuerdo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 del Reglamente y al ser la tramitación de la presente iniciativa por la vía de urgencia, el plazo para la presentación de escritos de mantenimiento de enmiendas,
enmiendas transaccionales y votos particulares es de veinticuatro horas desde este mismo momento. Dichos escritos deben presentarse, como es habitual, en el Registro de Comisiones.
Se levanta la sesión. Gracias.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas, facilitadas por los servicios de interpretación y transcripción.