CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 169

ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO PUY FRAGA

Sesión núm. 10

celebrada el jueves,

19 de septiembre de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Fernández Vicién), para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, al amparo del artículo 39 de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por acuerdo de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. (Número de expediente 212/000280) ... (Página2)

Página 2

Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (FERNÁNDEZ VICIÉN), PARA EXPONER LAS LÍNEAS BÁSICAS DE SU ACTUACIÓN Y SUS PLANES Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY
3/2013, DE 4 DE JUNIO, DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. (Número de expediente 212/000280).


El señor PRESIDENTE: Buenos días.


Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión, si les parece, señorías.


Como saben, esta Comisión tiene un punto único en el orden del día, que es la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades
para el futuro, al amparo del artículo 39 de la Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como saben, porque creo que la hemos recibido todos los miembros de la Comisión, su memoria ha sido remitida a los
diputados, pero si alguno quiere una copia escrita, los servicios de la Cámara las han facilitado y hay varias copias en la mesa que está a la derecha de la mesa presidencial.


Sin más, señora presidenta, tiene usted la palabra.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Muy buenos días, señorías.


Es un honor comparecer ante esta Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para informarles de las actividades de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia -a la que me referiré por la CNMC por abreviar- en este
último año, así como para trasladarles los proyectos y los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses.


Déjenme empezar por agradecer a todo el equipo que conforma la CNMC su esfuerzo y su compromiso, porque esta comparecencia, en realidad, no hace sino trasladarles el trabajo de un equipo de 560 personas. Son 560, pero cuando yo tomé
posesión eran 508, y, en parte, el incremento se debe a su apoyo, así que muchísimas gracias de parte de todos ellos.


Quería empezar mi comparecencia este año haciendo referencia de manera muy breve a tres cuestiones muy relevantes que afectan a la CNMC desde el punto de vista institucional.


En primer lugar, quiero recordar que estamos a la espera de los nombramientos de cuatro nuevos consejeros y del titular de la vicepresidencia de la CNMC, tras el triste fallecimiento, el año pasado, de Ángel Torres, un excelente profesional
y un compañero muy querido. Únicamente quería trasladar hoy la importancia y la necesidad de que los nombramientos se hagan en tiempo y forma. Espero y deseo que pronto puedan comparecer ante esta Comisión los profesionales que sean propuestos.
Mientras tanto, seguimos firmes en nuestro compromiso, con más exigencias si cabe, para que las funciones se desarrollen con el rigor técnico de siempre, sin sobresaltos, sin retrasos, pero entendemos que la situación no debería prorrogarse mucho
más en el tiempo.


Por otro lado, como saben, hay sobre la mesa un proyecto para crear la Comisión Nacional de la Energía. Este proceso trasciende a nuestro ámbito de decisión. Nuestra posición y criterio se reflejó en el informe al proyecto normativo que
emitimos en marzo de 2024, con un enfoque eminentemente constructivo. Trabajaremos para que las funciones que actualmente desempeña la CNMC se sigan desarrollando con independencia y total normalidad tanto en lo que se refiere a las competencias
que deba asumir la CNE en materia de energía como en las demás que seguirá desempeñando la CNMC. Es importante que la transición sea un ejemplo de colaboración institucional. Animamos a esta Comisión a consultar nuestro informe y reitero que
estamos a su disposición para cualquier duda que pudieran tener al respecto.


Por último, simplemente voy a mencionar que, como hemos sabido esta misma semana, se ha planteado que la CNMC sea la responsable del registro de medios de comunicación. No conocemos todavía el alcance y contenido de la propuesta. Lo único
que puedo decirles en este momento, señorías, es que, si el Congreso de los Diputados nos da este mandato, con los consiguientes cambios en nuestra ley y en nuestra estructura, la CNMC ejercerá esta nueva función, como hace con el resto, con la
responsabilidad, el rigor técnico, la independencia y el compromiso que define a la institución que presido.

Página 3

Ahora sí, me gustaría abordar nuestro reto más estratégico: la supervisión de la economía digital. Estamos inmersos en un entorno que ya podemos definir como digital. Empresas, consumidores, usuarios y la propia Administración pública
llevamos a cabo nuestras interacciones utilizando cada vez más medios y espacios digitales. Estas nuevas tecnologías han venido para quedarse y para hacer nuestro día a día más fácil tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, todos
estos avances generan igualmente nuevos retos, riesgos tanto para las estructuras de los mercados como para los consumidores y usuarios. Hemos visto cómo en los últimos años el foco de los reguladores se ha dirigido a un ámbito digital dominado por
gigantes tecnológicos. El proceso de reflexión ha culminado en un nuevo marco regulatorio en la Unión Europea, con varios instrumentos clave de los que me gustaría destacar hoy dos: el Reglamento de Mercados Digitales -DMA, por sus siglas en
inglés, Digital Markets Act- y el Reglamento de Servicios Digitales -DSA, Digital Services Act-, que se complementan con la aplicación tradicional del derecho de la competencia que nos compete.


En síntesis, la DMA persigue que los mercados en los que están presentes estos gigantes tecnológicos, que son guardianes del acceso de muchas de sus relaciones económicas y con los consumidores, sean disputables, es decir, estén abiertos;
que todas las empresas puedan llevar a cabo su actividad económica sin estar sujetas a los abusos que puedan llevar a cabo los grandes actores digitales. Por su parte, la DSA se centra en vigilar el comportamiento de los intermediarios de servicios
digitales para proteger a los consumidores y usuarios en el entorno digital; en definitiva, vigilar que los prestadores de servicios digitales -de nuevo, las plataformas, pero también otros usuarios, como pueden ser los usuarios de especial
relevancia, los influencers, y cualquier servicio que se preste por medios digitales- asuman la responsabilidad por las ilegalidades en Internet, de manera que todo lo que es ilícito offline sea también ilícito y sancionable online. Estas dos
normas no solo son novedosas en cuanto a los objetivos que persigue ese nuevo entorno digital, sino que también son novedosas por su enfoque regulatorio, porque presentan un enfoque asimétrico y establecen obligaciones distintas en función del tipo
de operadores; establecen obligaciones para los gatekeepers, para los guardianes del acceso, para esas grandes plataformas, porque son ellos los que tienen la posibilidad de poner en riesgo el normal funcionamiento del mercado.


La DSA se establece por este enfoque asimétrico, pero, además, incorpora herramientas de vigilancia y supervisión a las que atrae también a muchos de los operadores que están vigentes en los mercados, muchos de ellos independientes, de
manera que puedan ser certificados para ayudar en la tarea de esa supervisión. No podemos llegar a todas partes. El mundo digital está ya en todas partes y no podemos estar vigilando absolutamente todo lo que pasa, así que hay alertadores fiables
-que pueden ser simplemente asociaciones que estén habituadas a detectar problemas, por ejemplo, en consumo o en temas médicos, etcétera-, que son los que van a servir para ayudar a los auténticos reguladores a estar totalmente en los mercados y
poder hacer su tarea.


En el ámbito de la DMA, en lo que se refiere a los mercados digitales en sí, la CNMC ya tiene un papel muy significativo. No solo estamos habilitados para poder actuar e inspeccionar en España por incumplimiento de esta normativa por parte
de los grandes gigantes tecnológicos, sino que, además, la CNMC tiene el honor de formar parte del grupo de alto nivel en el que se definen y avanzan las estrategias de la Comisión en este ámbito. Hemos concluido también un acuerdo de colaboración
con la Comisión Europea para la coordinación de las inspecciones y de las instrucciones que llevan aparejadas. Sin embargo, la posición de la CNMC es muy distinta en lo que se refiere a la DSA. Como saben, la CNMC fue designada por el Gobierno
como coordinadora de servicios digitales en España para la aplicación de la DSA en España, pero para poder ejercer todas las competencias derivadas de la DSA es imprescindible que las Cortes Generales nos habiliten con una modificación legal. El
papel de los coordinadores de servicios digitales en cada uno de los Estados miembros es fundamental para la aplicación eficaz de la DSA, porque solo una actuación coordinada y cohesionada entre todos los Estados miembros permite crear esa red de
contención contra los peligros de Internet y para la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Estamos hablando de la protección del ejercicio en el mundo digital de derechos tan relevantes como la libertad de expresión y
de información, la libertad de empresa, el derecho a la no discriminación, la protección de los consumidores en sus transacciones comerciales online y, muy especialmente, la protección de nuestros menores frente a abusos, contenido inadecuado,
acosos y estrategias de algunos servicios digitales que buscan generar en ellos adicción. No es solo un área regulatoria, es una estrategia europea de primer nivel para proteger nuestra forma de vivir y a las futuras generaciones.

Página 4

Los coordinadores de servicios digitales -la CNMC en España- tienen tres áreas específicas de actuación. La primera y más visible es la supervisión de los servicios digitales establecidos en nuestro país y la colaboración con todos los
demás coordinadores de servicios digitales, como la Comisión y los demás designados en cada Estado miembro, en la supervisión tanto de las grandes plataformas y de los grandes motores de búsqueda como de los intermediarios de servicios digitales
establecidos en otros Estados miembros. En el caso de las grandes plataformas, sus servicios digitales alcanzan prácticamente a la población mundial y, desde luego, a toda la europea. La malla de contención, supervisión y acción entre todos los
reguladores debe ser tupida, sin fisuras, si realmente queremos proteger a los usuarios. Por ejemplo, la CNMC pudo colaborar, aunque fuera de manera informal, al no tener todavía conferidos los poderes, con la Comisión Europea para frenar el
lanzamiento de TikTok Live, que es una nueva versión, un servicio digital de TikTok, con un potencial adictivo que no había sido evaluado adecuadamente y sin medidas eficaces para evitar el acceso de menores. Gracias a nuestra colaboración y a la
del DSC francés, junto con la Comisión Europea, se consiguió requerir a TikTok, quien después de un diálogo con la Comisión ha retirado ese producto de España y Francia y no va a lanzarlo en ningún otro país de la Unión Europea. Es un caso de
éxito.


La segunda de nuestras competencias como DSC, cuando estemos habilitados, es esencial. Me refería antes al papel que van a jugar muchos de los operadores que ya están en los mercados y que son unos vigías de primer nivel que nos pueden
ayudar en la aplicación de la DSA. Pues bien, nuestro papel es certificar. Los DSC certificaremos a los expertos que puedan colaborar con nosotros en esta supervisión, a los alertadores fiables, a los centros externos de resolución de conflictos,
para permitir a los usuarios una pronta resolución de los problemas con los que se encuentran en el mundo digital, y -muy interesante este último punto- a los investigadores que puedan desentrañar la tecnología que está detrás de las prácticas
potencialmente nocivas, los investigadores, expertos normalmente en inteligencia artificial, que pueden analizar si el diseño de un algoritmo, por ejemplo, en una plataforma tiene un riesgo sistémico, tiene un sesgo de forma que excluye o 'targetea'
y va perfilando específicamente a unos u otros usuarios. Sin esta colaboración, la supervisión sería posiblemente inabarcable. La CNMC, sin embargo, todavía no ha podido tomar ninguna decisión sobre estas cuestiones al carecer de habilitación
legal. Vemos con envidia y cierta desesperación cómo nuestros colegas de otros países, de otros Estados miembros, están ya viento en popa.


La tercera, también determinante, es colaborar y cooperar con todas las autoridades competentes, tanto dentro de España como fuera. La CNMC actúa como correa de transmisión entre, por ejemplo, la denuncia de la oferta de un medicamento
ilegal en un sitio web cuya sede está situada en Lituania, pongamos, por ejemplo, pero que dirige sus ventas a consumidores españoles. Si este hecho se pusiera en conocimiento de la CNMC por cualquier usuario, cualquier asociación de consumidores o
un alertador fiable, podríamos poner inmediatamente toda la maquinaria en marcha. Por un lado, pondríamos este hecho en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento, para que pudiera ordenar su retirada inmediata, y, por otro lado,
remitiríamos ese hecho al coordinador de servicios digitales en Lituania, para que verificara si la plataforma tiene los controles necesarios para evitar estas ventas fraudulentas y, si no, para que actuase contra ella. En última instancia, la
coordinación para que las autoridades competentes puedan sancionar a la empresa que está ofreciendo ese producto ilegal y que no pueda replicar esta práctica en otra plataforma depende de esa colaboración. Aquí tampoco hemos podido avanzar.


Señorías, la CNMC todavía no puede hacer todo lo que debería en el marco de la DSA. Nos falta la habilitación legal, nos faltan los medios y nos falta el personal. No podemos tomar las riendas del mayor reto regulatorio y supervisor de la
Unión Europea; no podemos proteger como podríamos y como nos gustaría a nuestros consumidores; no podemos actuar contra la desinformación; no podemos proteger como deberíamos a nuestros menores, y, desde luego, no podemos hacerlo como ya pueden
hacerlo otros DSC en otros países de la UE. Hemos creado un grupo de trabajo interno, robándole horas al sueño y a los fines de semana, y lo que estamos haciendo es trasladar todas las denuncias que nos vienen cuando se trata de plataformas o redes
que están establecidas en otros países de la Unión Europea -en Irlanda, por ejemplo, ha sido el caso con Temu y con alguna otra plataforma más-, pero en el momento en que nos llega una denuncia de alguna establecida en España, no tenemos poderes
para actuar. Somos plenamente conscientes de nuestro papel clave como garantes y supervisores del entorno digital en nuestro país en lo que se refiere a la protección de estructuras de mercado competitivas, donde ya estamos actuando. Después
podríamos hablar, si quieren, de algunas de nuestras multas más sonadas, como la de Booking, o de algunas de nuestras decisiones contra Apple o Amazon. Desde la perspectiva

Página 5

de competencia y también de la DMA hemos sido habilitados, pero nos falta todavía todo lo que se refiere a los derechos de la ciudadanía digital. Solo nos falta tener todos los instrumentos para asumirlo de forma plena, coherente y
determinada, y este es nuestro compromiso.


En todo caso, la CNMC no ha dejado de ejercer al máximo el resto de sus funciones, y a continuación pasaré a informar, señorías, de las principales actuaciones realizadas a lo largo del ejercicio 2023, y lo haré de forma muy resumida, dado
que tienen a su disposición la memoria de actividades de 2023 de la CNMC. Comienzo con los principales hitos en materia de defensa y promoción de la competencia.


Ha sido un año que ha destacado por haber alcanzado la cifra más alta de inspecciones desde 2019. El año 2023 culminó con multas por valor de 215 millones de euros en sanciones, si bien en lo que llevamos de 2024 ya hemos duplicado esta
cifra. Tan solo me gustaría detenerme unos momentos en expedientes con un gran impacto, como les mencionaba, porque es un gran impacto en los consumidores y en empresas españolas, muchas de ellas pymes. Son el expediente Amazon/Apple Brandgating
en 2023 y el expediente Booking en 2024. El primero consistía en un acuerdo restrictivo entre los dos gigantes tecnológicos, Amazon y Apple, para impedir la competencia en la venta de los productos Apple en Amazon en España. El resultado era un
mayor precio de estos productos para los consumidores españoles. Impusimos sanción y, además, órdenes de cesación, y observamos cómo vuelve a haber nueva competencia de estos productos en Amazon. En el caso de Booking, sancionamos prácticas de la
plataforma en sus relaciones con los hoteles situados en España, por las que abusaba de su posición de dominio. Tiene una cuota cercana al 90 % en algunos años y, teniendo en cuenta que la importancia del turismo y del sector hotelero en nuestro
país es esencial, junto con el gran número de pymes que lo componen -porque no debemos pensar solo en las cadenas hoteleras, sino en el pequeño hotel rural que necesita de Booking o de otra plataforma para existir-, Booking ha llevado a cabo efectos
de exclusión para poder colocar sus habitaciones. Creemos que esta resolución ha tenido un impacto positivo, sin duda, en nuestro tejido empresarial.


En lo que respecta al control de concentraciones, solo me gustaría recordar que, pese a la complejidad de algunas de las operaciones notificadas, la gran mayoría, el 88 %, fueron aprobadas en primera fase sin compromisos y con unos plazos
récord. Somos muy conscientes de la necesidad de los operadores, cuando deciden integrarse, de hacerlo de forma ágil y de la financiación que requieren para ello y, en fin, todos los elementos nos impelen a hacerlo de forma muy rápida.


Aunque siga en fase de análisis, no puedo dejar de mencionar aquí la operación corporativa más mediática de este año: la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. La operación, como cualquier otra que debe notificarse a la CNMC, está
siendo objeto del correspondiente análisis técnico. Fue notificada el 31 de mayo y, en la actualidad, sigue encontrándose en primera fase de análisis. Déjenme que les explique el porqué. Tenemos un primer mes de análisis de la operación -es la
primera fase- y ese mes se suspende cada vez que observamos que falta información. Si la notificación no se ha presentado completa, se suspende el plazo hasta que se obtiene toda la información necesaria para poder analizar la operación. Como
pueden imaginar, en el caso de una OPA hostil tenemos toda la información del notificante, es decir, del adquiriente, pero no tenemos la información del objeto de la OPA, del Sabadell. Hemos obtenido esa información a base de requerimientos de
información, que han sido reiterados en la medida de lo necesario. Además, hemos tenido que hacer ejercicios de comparabilidad de datos porque en muchas ocasiones la información no es compatible, a diferencia de lo que suele ocurrir con una
notificación de una operación que se hace de forma amigable y no hostil, donde se nos proporciona de entrada ya toda la información, después de un largo proceso de prenotificación que en este caso no ha existido. Por tanto, como digo cada vez que
los medios me interpelan o cada vez que alguien me pregunta, hay que tener la necesaria paciencia y el necesario respeto al trabajo de los técnicos, porque desde luego lo que no vamos a dejar de hacer es aplicar el rigor técnico que siempre hemos
aplicado en este tipo de operaciones.


Me preguntarán qué pasará después. Pues cuando termine ese primer plazo, esa primera fase del mes, una vez que, ya suspendidos y reactivados los plazos, lleguemos a ese plazo, decidiremos si la operación se aprueba, si se aprueba con
compromisos o si se pasa una segunda fase en función de la complejidad. La segunda fase durará tres meses y terminará de nuevo con una aprobación con compromisos o con compromisos y condiciones con una eventual proyección, en su caso, aunque debo
señalar que, en nuestro sistema, a diferencia de otros sistemas de otros reguladores del entorno, además de aceptar compromisos, tenemos la posibilidad de imponer condiciones. Esto es muy relevante, porque si los compromisos no fueron suficientes,
nosotros podríamos llegar a imponer condiciones para conseguir que el mercado posfusión no plantee problemas de competencia. Lo digo porque no es

Página 6

necesario prohibir una fusión en España para eliminar los posibles problemas de competencia que tenga, a diferencia de otros países del entorno.


En todo caso, las operaciones que en segunda fase se vayan a aprobar con compromisos o condiciones se elevarán de oficio, porque así lo establece nuestra ley, a una tercera fase; se elevarán al Ministerio de Economía, quien, a la luz de las
condiciones y compromisos establecidos, podrá elevarlo al Consejo de Ministros con una solicitud de modificación de estas condiciones o compromisos. En todo caso, como les decía, tenemos que respetar los tiempos y el análisis técnico que los
inspectores están realizando con absoluta independencia, basándonos en los criterios técnicos, con metodologías ya establecidas, porque hemos tenido varias operaciones de concentración en este sector, a menos desde que yo tomé posesión, y la
metodología es muy clara.


Los grandes retos del área de competencia ya llevan tiempo fraguándose, además de las concentraciones. Estamos viendo los resultados impactantes en estos 2023 y 2024. En definitiva, les voy a hablar de la unidad de inteligencia económica,
que es una de las joyas de la corona, de la que estamos especialmente orgullosos en la CNMC. Esta unidad emplea diversas herramientas informáticas y digitales que abarcan desde técnicas estadísticas y econométricas hasta el uso de algoritmos y de
inteligencia artificial, así como, en conjunción, canales de colaboración ciudadana e informantes que pueden acogerse al anonimato para proporcionar los indicios y hacer esa primera investigación que nos va a permitir avanzar en la detección y
descubrimiento de prácticas anticompetitivas. En particular, han diseñado una herramienta, a la que llamamos BRAVA porque, en el mundo internacional en el que estamos, tendemos a utilizar siempre nombres en inglés, esto es, bid rigging algorithm
for vigilance in antitrust. Es, en definitiva, un algoritmo de vigilancia de posibles comportamientos anticompetitivos en el mundo de la contratación pública, que sigue siendo uno de nuestros ámbitos prioritarios de actuación. En España,
dependiendo del año, podemos llegar hasta casi un 20 % de PIB que se genera directa o indirectamente por contratación pública. Es un factor desencadenante muy importante para la economía y queremos que todas las actuaciones que se lleven a cabo en
este mercado sean de naturaleza competitiva.


Este algoritmo, basándose en técnicas de aprendizaje automático, de machine learning, es capaz ya a estas alturas de clasificar de forma automatizada, con un rigor nunca por debajo del 90 %, y normalmente superior, si una oferta presentada a
la Administración, si una licitación que observamos es potencialmente colusoria o no lo es. Estamos avanzando cada vez más para que la detección sea de forma lo más automática y rápida posible, y esto, junto con los mecanismos que nos proporcionan
los artículos 130 y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establecen una interacción entre los órganos de contratación en la CNMC de forma temprana para poder detectar posibles elementos de colusión, nos está permitiendo llevar a cabo
una actuación preventiva en este sector, creemos que con muy buenos resultados. Por supuesto, seguimos investigando por técnicas tradicionales que se vienen a sumar a esta, pero esto nos coloca ya donde tenemos que estar en el mundo digital.


Como les decía, las técnicas de inteligencia artificial se complementan también con otras vías de colaboración para la detección de oficio, y ahí déjenme simplemente señalar que, en colaboración ciudadana, el año pasado tuvimos más de 200
entradas en el buzón de colaboración ciudadana de la CNMC, que nos ayudan a dar contexto a mucho de lo que nosotros encontramos de oficio. ¿Por qué esta capacidad de detección de oficio es clave? Lanzamos un mensaje al mercado muy potente y
disuasorio frente a la colusión. Ya no tenemos tantas solicitudes de clemencia. Es verdad que las reclamaciones de daños y perjuicios han hecho que muchas de las empresas que antes se plantearían venir a solicitar clemencia, a explicarnos lo que
han hecho con una reducción o una inmunidad frente a las sanciones, luego se ven enfrentadas a las reclamaciones de daños, y eso está llevando a cabo un desincentivo a esas solicitudes de clemencia. Por eso es tan importante que mandemos un mensaje
claro de que nuestra capacidad de actuación de oficio es firme y es potente, tanto la que ya existe como la que se pudiera estar diseñando. Es un buen mensaje a navegantes y creemos que es el camino a seguir. Las autoridades no podemos esperar a
que nos lleguen las denuncias porque en ocasiones ya es demasiado tarde.


En este mismo sentido, vuelvo a reiterar, como ya he hecho en años anteriores, la necesidad de modernizar tanto nuestra estructura orgánica -por ejemplo, la unidad de inteligencia económica no existe como tal, es simplemente un grupo que
hemos creado, pero que no figura en el organigrama, con la consiguiente imposibilidad de dotarla de los recursos necesarios- como alguno de los instrumentos de nuestra Ley de Defensa de la Competencia que siguen faltando, siendo ya prácticamente el
único país de la Unión Europea que no tiene, por ejemplo la posibilidad de terminar las investigaciones de carteles con acuerdos transaccionales o settlements, que es como se llama a nivel de la Unión Europea, lo cual

Página 7

nos permitiría ahorrar muchísimo tiempo, porque una vez que las partes ven que tenemos la evidencia, es mejor pactar una terminación negociada con una pequeña reducción de la multa o la que sea, pero sobre todo liberar nuestros recursos para
poder ir a investigar otro cuando ya está claro que se ha desmantelado lo anterior. Esto se nos quedó en el tintero antes de la actual legislatura y les pediría que, por favor, no lo echasen en saco roto.


Por último, no puedo concluir esta parte sobre la política de competencia sin recordarles que muy pronto, posiblemente ya a principios del 2025, la CNMC empezará a determinar directamente la duración y el alcance de las prohibiciones de
contratar que la ley prevé imponer a los infractores de normas de competencia. Será también uno de nuestros mayores retos. Hablamos de ello en la comparecencia anterior, pero, si quieren que les explique alguna cuestión adicional, en el turno de
preguntas podemos abordarlo.


La acción disuasoria y sancionadora que llevamos a cabo mediante esta aplicación de la normativa de competencia sancionadora se complementa también con la actuación del Departamento de Promoción de la Competencia, un gran desconocido, pero
que creo que es probablemente el arma más potente que tenemos en la CNMC. Además de emitir desde este departamento informes sobre proyectos normativos desde la óptica de la competencia y la regulación eficiente, para evitar, por ejemplo, que se
introduzcan restricciones innecesarias a la competencia o exceso de burocracia que frene la entrada de actividad económica, realiza estudios sobre mercados y sectores considerados estratégicos para analizar su estructura competitiva, identificar los
obstáculos que hay para que efectivamente la actividad económica florezca y la competencia surja y recomendar acciones de mejora desde la perspectiva de la competencia. Además, este departamento impulsa la concienciación y la divulgación de forma
efectiva sobre la importancia de la competencia y de la economía en la sociedad. En el ejercicio 2023 destacaría, por ejemplo, el estudio sobre la traslación de la reducción del IVA al sector alimentario, la guía sobre competencia frente a la
inflación, la guía sobre encargos a medios propios y convenios dentro de la actualización que estamos llevando a cabo en contratación pública, donde estamos intentando recomendar actuaciones para que toda la contratación pública se haga de acuerdo
con parámetros más competitivos, o, por ejemplo, la guía sobre cuantificación de daños por infracciones del derecho de la competencia, con la que esperamos poder guiar y ayudar a los jueces cuando tienen que aplicar precisamente normativa de
indemnización frente a estos daños de competencia.


Señorías, los animo, si no han tenido ocasión de hacerlo, a consultar todos estos textos -son todos ellos públicos y están en nuestra web- para que puedan valorar también nuestras observaciones y recomendaciones. De hecho, si en alguna
ocasión, vistos los estudios que hay, desearan que los técnicos de la casa les expusieran alguno de estos parámetros, quedamos totalmente a su disposición.


En la actualidad, el Departamento de Promoción de la Competencia está inmerso en los trabajos para abarcar ocho nuevos estudios, entre los que se encuentran, por ejemplo, el estudio sobre servicios en la nube, porque ya observamos que este
es un sector concentrado que puede plantear problemas de competencia y queremos adelantarnos a él; la recarga de vehículos eléctricos -qué obstáculos está habiendo, no solamente desde el ámbito sectorial energético, sino también licencias y
desarrollos de otro tipo-; el estudio sobre barreras -este es muy importante- de las pymes a su crecimiento, porque estamos observando que las pymes encuentran obstáculos para crecer, para ser más resilientes, para tener más músculo competitivo,
con especial atención también al acceso a la contratación pública, porque observamos que las pymes no concurren a la contratación pública, siendo este un gran motor de desarrollo económico. También estamos trabajando ya en el informe que pretende
dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 2 de la Ley 38/22, sobre la obligación de las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito sujetos al gravamen temporal de no repercutir directa o indirectamente la prestación
ni su pago anticipado, así como en el informe que busca analizar los factores que pueden estar afectando a los incentivos de las entidades para la remuneración de los depósitos.


Por su parte, ya de cara al 2025, prevemos comenzar trabajos relativos -si el pleno de mi casa me lo aprueba, que espero que sí- al mercado de la vivienda. Sabemos que esta es una preocupación expresada por sus señorías -en numerosas
ocasiones la hemos oído- y estamos dispuestos a analizar cuáles son los aspectos que pueden llevar a una contracción de la oferta en el mercado de la vivienda. Espero poder llevar a cabo el estudio y poderles dar cuenta una vez que esté terminado.


Paso ahora a detallar la actividad de las CNMC en relación con los sectores regulados: telecomunicaciones y audiovisual, energía, transporte y sector postal. Voy a ser muy breve. De nuevo, me remito a la memoria. Simplemente voy a dar
unas pinceladas esenciales de lo que en cada área hemos

Página 8

hecho o vamos a hacer. En el ámbito de las telecomunicaciones, seguimos avanzando en la revisión de la regulación para reducir la intervención regulatoria ex ante. Observamos suficientes elementos de competencia y, por lo tanto, para
garantizar la competitividad y fomentar la inversión eficiente en materia de infraestructuras e innovación, estamos avanzando en ese proceso de desregulación. Desde el punto de vista regulatorio, como se anticipó el año pasado, la CNMC en 2023 ha
comenzado a revisar la regulación de los mercados de comunicaciones electrónicas para levantar las obligaciones existentes una vez alcanzado ese nivel de competencia, que es el que estamos contrastando, para confirmar que efectivamente puede ser
así. Lo hemos hecho en el mercado mayorista de terminación de llamadas de voz en redes móviles, que fue desregulado en abril del 2023, o en los mercados de originación fija mayorista y de segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, que
ha sido ya liberalizado en julio de este año. De cara al futuro más próximo, a lo largo de lo que nos queda del 2024 y ya entrado el 2025, vamos a revisar los mercados mayoristas de acceso local y central a la banda ancha prestado desde una
ubicación fija con el objetivo de avanzar en su desregulación, si se confirma que se dan las circunstancias para ello. También vamos a evaluar de manera específica la situación de las obligaciones de acceso a infraestructura física, que es
fundamental para el desarrollo de los nuevos despliegues.


En audiovisual, el año 2023 ha sido el primer ejercicio completo de aplicación de la nueva Ley 13/2002, General de Comunicación Audiovisual, lo que implica, por ejemplo, el comienzo de la supervisión por parte de la CNMC de la actividad
audiovisual en los servicios de intercambio de vídeos, las plataformas de intercambio de vídeos, y también los usuarios de especial relevancia -con este nombre, UER, nos referimos a los bloggers o a los influencers, por ejemplo-, que tendrán que
empezar ya a identificar la publicidad que emiten y a velar por que se cumplan sus obligaciones en materia de protección de menores, como venían haciéndolo ya las cadenas de televisión, que eran el objeto de nuestra supervisión tradicional.


De todas las actuaciones que hemos llevado a cabo, me gustaría destacar las de supervisión y control de los contenidos audiovisuales, fundamentalmente en relación con la protección de menores. En el 2023 lanzamos una consulta pública para
analizar los distintos sistemas de verificación de edades existentes; en definitiva, sin un sistema de verificación de edad que actúe no podemos impedir que los menores accedan a contenido dañino. Por lo tanto, es fundamental establecer esos
sistemas de verificación de edad. Lanzamos la consulta pública para ver cuáles serían los requisitos que se deberían de cumplir para ser eficaces, siempre en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos. También nos adherimos en
2024 al pacto de Estado para proteger a los menores en internet y en las redes sociales y hemos avanzado también mucho en la lucha contra las páginas web con contenido para adultos, es decir, contenido esencialmente pornográfico, que no tenían
sistemas de verificación de edad y que, por tanto, eran fácilmente accesibles para los menores. Y cuando me refiero a que no tenían sistemas de verificación de edad incluyo aquí supuestos en los que se pregunta en la página de acceso si eres mayor
de edad y, simplemente, hay que darle un tic porque eso no es un sistema de verificación de edad. Por lo tanto, hemos habilitado los correspondientes expedientes para corregir estas situaciones. En los supuestos en los que estas páginas están
establecidas en España, hemos abierto los correspondientes expedientes sancionadores. En los supuestos en donde estas páginas están establecidas en otros Estados miembros, estamos en colaboración con las autoridades audiovisuales de origen, porque
rige el principio del país de origen, para que pongan freno a esa situación.


Por último, y no menos importante, en materia de corregulación hay un punto que es esencial. Tenemos sistemas de verificación de edad, pero sin un adecuado etiquetado de los contenidos que va a haber en esas plataformas, en esas cadenas,
etcétera. Por tanto, el sistema de verificación de edad no va a poder establecer esa conexión entre lo que sí se puede acceder y lo que no. En consecuencia, es fundamental que haya un etiquetado de contenidos. La Ley General de Comunicación
Audiovisual nueva establece un sistema de corregulación. Anteriormente, era la CNMC; teníamos nuestros etiquetados -de mayores de dieciséis, violencia-, que todavía siguen utilizando muchas de las cadenas de televisión de forma voluntaria, porque
la ley establece un sistema de corregulación, y tienen que ser precisamente los creadores de contenidos quienes establezcan en primer lugar un código de conducta de regulación que nosotros después aprobaríamos. La ley no estableció un plazo para
llevar a cabo esto y, por lo tanto, nosotros hemos ido impulsando la cuestión para que, de alguna manera, se agilizara, y ya podemos decir que hemos recibido un primer borrador y que vamos a empezar ya con esa negociación para llevar a cabo códigos
de regulación.


Energía. Lo fundamental es trasladarles que estamos inmersos en el proceso general de revisión de las circulares para el segundo periodo regulatorio eléctrico de seis años, que va a empezar en enero del 2026.

Página 9

Mientras tanto, continuamos trabajando en el reconocimiento de la adecuada retribución de las inversiones -transporte, distribución- y en el análisis de la capacidad económico-financiera de las empresas para abordar los retos de la
descarbonización. Estamos, además, a punto de aprobar la circular de acceso y conexión de la demanda, que es una pieza fundamental del nuevo enfoque que se tiene que dar, para que la demanda forme parte también de los mercados energéticos, no solo
como consumidores. Se establece el marco normativo que va a facilitar el cumplimiento de los retos de la electrificación, abordando supuestos como el vehículo eléctrico, el autoconsumo o el almacenamiento.


Mientras tanto, seguimos haciendo un esfuerzo de supervisión del mercado minorista de electricidad y de gas. Se trata de dotar al consumidor de herramientas para que tenga más información sobre su factura. Aquí destaco la nueva herramienta
que hemos aprobado recientemente 'Entiende tu factura', que permite que entendamos cómo son todos los parámetros de consumo que tenemos -potencia, etcétera-, para verificar si estamos a lo mejor pagando demasiada potencia que no usamos y poder
abaratar esa situación. Y luego, combinándolo con el comparador de ofertas de energía, nos va a permitir ver si en el mercado existen o no ofertas que sean más adecuadas a nuestro perfil de consumo y, por tanto, más baratas. Hemos supervisado la
información que proporcionan los comercializadores a sus clientes cuando les lanzan ofertas de energía y cómo realizan el cambio de comercializador, para que lo hagan de forma correcta. Y para la consecución de un mercado mayorista de gas y de
electricidad europeo y competitivo continuamos con la tarea de adaptar la regulación nacional a las exigencias del derecho de la Unión Europea.


Por último, me gustaría poner en valor el enorme esfuerzo también en el proceso de implantación de las renovables, porque nuestra tarea ahí es emitir los informes de capacidad legal técnica y financiera de cada uno de los proyectos que se
presentan. Hemos realizado más de 160 informes en menos de quince días, que es el plazo que nos recortó la ley, y sin que en ningún caso ocurra prácticamente silencio positivo. Además, resolvemos los conflictos que surgen relacionados con el
acceso, en particular de la nueva generación renovable.


Transporte y sector postal. Empiezo por el transporte ferroviario. Me gustaría destacar el impacto de la liberalización. Como apuntaba el balance de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril que aprobamos en mayo del
2024 -es público, está nuestra web- con los datos de 2023, se ha podido constatar un fuerte crecimiento de los corredores liberalizados en 2021, y destaco, en particular, el de Valencia, que ha duplicado su capacidad en el último ejercicio. Vamos
haciendo un seguimiento muy estrecho del mercado y lo reflejamos en informes trimestrales y anuales, porque tenemos que seguir acompañando la liberalización para que se consolide de alguna manera. Asimismo, ADIF ha anunciado hace algo más de un año
que iba a iniciar un proceso para ordenar la entrada de competencia en varios corredores en los que todavía no la hay. Como hemos dicho en nuestro balance de liberalización, consideramos que la competencia ha demostrado ser una palanca eficiente
para incrementar la demanda, con todo lo que implica incrementar el crecimiento económico en las zonas que están servidas por los corredores, y esperamos que pronto ADIF pueda culminar ese proceso.


En cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril, desgraciadamente la película es más negra. La situación es distinta y la liberalización no ha acabado de cuajar. Se produjo hace muchos años, pero no se ha visto reflejada en un
incremento del tráfico de mercancías en nuestro país. Obviamente, es una cuestión que nos importa sobremanera porque es, además, un clarísimo factor de descarbonización. En la actualidad, la cuota modal de ferrocarril en el transporte de
mercancías está por debajo del 5 %, es de las más bajas de Europa. Por ello, en la CNMC estamos trabajando en un estudio con dos objetivos, primero, entender por qué esa cuota modal es mucho más baja que en el resto de los Estados miembros -el
doble ancho de eje surge, pero queremos verificar que hay más factores que abordar-, y, segundo, atendiendo al plan Mercancías 30 del ministerio que busca lanzar el 10 % de cuota modal, es decir, duplicarlo, vamos a intentar conocer vías que puedan
permitirnos captar ese tráfico que ahora no utiliza este medio de transporte para ver si la capacidad existente es suficiente para asumir ese incremento buscado. Esperamos poder publicar este estudio a lo largo de 2025. Mientras tanto, seguimos
supervisando las condiciones de competencia en ambos mercados, el de viajeros y el de mercancías, y en esta tarea debemos destacar la comunicación sobre principios y criterios de supervisión de los cánones ferroviarios. Hemos llevado a cabo una
consulta pública entre octubre y diciembre de 2023 para permitir una mayor transparencia en el cálculo de esos cánones, que son los que pagan los operadores a ADIF. Hemos desarrollado un modelo econométrico para la correcta estimación de los costes
directos, que son los costes variables del tráfico, para intentar que nuestros cánones sean comparables a los de los países de

Página 10

nuestro entorno. En relación con los recargos, el reglamento de la Unión Europea establece que se puede añadir un recargo cuando el mercado puede aceptarlo, y este es un concepto muy difícil de definir. Por ello, en la comunicación hemos
intentado dar criterios de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que estos recargos que el mercado puede aceptar se justifiquen con análisis de mercado rigurosos.


En cuanto al sector postal, hemos conseguido adelantar la aprobación de nuestro informe anual sobre el sector, de modo que en el mes de julio hemos publicado el informe anual postal de 2023, en el que se destaca que los envíos de cartas
disminuyeron un 10 % en un año, lo cual implica un 62 % desde 2015; es claramente un sector en bajada. Por el contrario, el comercio electrónico impulsa la paquetería con más de mil millones de envíos, lo que significa un 15 % más que en 2022.
Tienen ustedes a su disposición las cifras en el informe. Al mismo tiempo, en 2023 hemos emitido la primera resolución sobre calidad de la prestación por parte de Correos del Servicio Postal Universal, una vez que por fin se estableció el Plan de
Prestación del Servicio Postal Universal con nuevos objetivos de calidad. En 2024 hemos emitido el segundo análisis correspondiente al ejercicio 2022. Por último, estamos trabajando, además, en una guía sobre los derechos de los usuarios postales
y las obligaciones de los operadores postales para con los usuarios. En un mundo en el que se está incrementando cada vez más la logística del comercio electrónico, creemos que es fundamental dotar de transparencia a los derechos y a las
obligaciones de unos y otros.


Tenemos, señorías, otras iniciativas y retos en marcha para la mejora tanto de nuestra eficiencia en el trabajo como de la transparencia en nuestra actuación, como, por ejemplo, la creación de un sitio web para recibir reclamaciones
relacionadas con la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual. Las personas que no pueden acceder a los contenidos de forma normal por falta de audición o visibilidad necesitan poder acceder igualmente a los medios de comunicación.
Hemos creado esa web para facilitar esas demandas o información. También estamos llevando a cabo un proyecto de utilización de inteligencia artificial para ganar eficiencia en el proceso de la información interna de la CNMC. Tenemos recursos
escasos y hay que aplicarlos de forma muy eficiente. Como les decía, somos pioneros en la utilización de la inteligencia artificial y, por cierto, no lo he mencionado, pero la Unidad de Inteligencia Económica ha recibido varios premios a nivel
internacional; concretamente, BRAVA recibió un premio recientemente y algunas de nuestras actuaciones han recibido premios del Banco Mundial y de la Red Internacional de Autoridades de Competencia, lo cual es un motivo de orgullo. Por ello,
queremos también aplicar los conocimientos adquiridos de forma transversal. La secretaría general está haciendo un esfuerzo por ser cada vez más eficiente, digital y moderna en las actuaciones internas de la casa. También hemos mejorado la
exposición de los datos de nuestro centro de datos públicos con el CNMC Data, que permite no solo extraer datos, sino también darles un formato de gráfico para que sea mucho más visual, de forma que cualquiera, con la cantidad ingente de datos que
tenemos en la CNMC de todos los sectores, pueda tener un acceso rápido a los mismos y así poder contrastar la actividad y la economía en nuestros mercados.


Por último, me parece interesante también resaltar, por su impacto en nuestra audiencia, la adhesión de la CNMC en 2024 a la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible promovida por la Real Academia Española de la Lengua. El objetivo
es mejorar la comunicación de nuestras decisiones y textos en general, que nuestro trabajo alcance un mayor número de personas y que sea lo más comprensible posible, de forma que el ciudadano pueda recurrir a nuestros servicios de la forma más fácil
posible.


Voy concluyendo, señorías. Esta es mi cuarta comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Desde que tomé posesión en junio de 2020 hemos transitado por situaciones y acontecimientos desafiantes: la pandemia, con los consecuentes
shocks de demanda y disrupción de las cadenas de suministro; en 2022 la invasión de Ucrania por Rusia y sus consecuencias, muy especialmente la crisis energética, y, por último, la crisis inflacionaria, de la que todavía nos estamos recuperando.
Seguimos la ruta marcada por nuestro Plan Estratégico 2021-2026, que presenté en la comparecencia correspondiente, y que es el que ha guiado todo mi mandato durante estos años en la comisión. Me gusta calificarlo como un plan resiliente ya que,
como decía en mi comparecencia de 2023, ha podido resistir los vaivenes con plena operatividad al fijar unas líneas principales de actuación que han permitido a la CNMC adaptarse a los cambios sin perder en ningún momento sus objetivos estratégicos.
Como solemos decir, que lo urgente no nos impida ocuparnos de lo importante.


En esta última parte de mi mandato la inteligencia artificial generativa y todo lo relacionado con el sector digital, que estaba también en nuestro plan estratégico -la digitalización, la transformación digital...- desde el punto de vista de
garantizar estructuras de mercado competitivas, pero, sobre todo, en relación con la supervisión de los entornos y contenidos digitales, es lo que va a marcar el rumbo de

Página 11

la CNMC, sobre todo en los dos años de mandato que me quedan. La estrategia regulatoria sobre nuestra vida digital ha cambiado vertiginosamente en estos cuatro años. Tenemos ahora la DMA para proteger la competencia a los mercados
digitales, la DSA para proteger a los consumidores y usuarios y a los menores, el reglamento de inteligencia artificial para supervisar lo que ya está aquí y lo que está por llegar con la nueva generación de algoritmos y el reglamento del dato.
Todo esto es el paquete de la Unión Europea y forma parte de la iniciativa integral para abordar los desafíos y liberar las oportunidades en la era digital, que es un aspecto muy concreto. El nuevo oro, como todo el mundo dice, son los datos. La
CNMC forma parte de esta estrategia y es parte fundamental de ella en el engranaje europeo, con una relevancia táctica muy significativa en lo que se refiere, además, al uso del castellano. Somos el portal dentro de la Unión Europea de todos los
contenidos y de todas las interacciones digitales en castellano. Me permito subrayar la importancia que todo este contexto tiene y el papel de la CNMC, en concreto, en esta estrategia nacional y europea.


Estamos, además, a las puertas de una nueva Comisión Europea que ya ha manifestado su preocupación por la pérdida de competitividad de Europa respecto a Estados Unidos y a China. Este es también el origen de informes recientes como el de
Mario Draghi, Radical change-is what is needed, o el de Enrico Letta, Much more than a market. En este debate sobre la pérdida de competitividad europea, la política de competencia está cobrando un papel central. Estamos en un momento de
incertidumbre en el que algunos piden más a las autoridades de competencia como, por ejemplo, ser más estrictos frente a las fusiones de plataformas digitales y, al contrario, otros consideran que, debido a la rígida o excesiva aplicación de las
reglas de competencia en Europa, las empresas no pueden crecer lo suficiente como para competir con los gigantes de otros países. Al hilo de este debate, lo que se está pidiendo a la política de competencia no solo es que vele por la efectiva
competencia en los mercados, sino también que tenga en cuenta otros objetivos, como la competitividad exterior, la sostenibilidad y transición energética o incluso la justicia social. Es, sin duda, un momento fascinante, y nos va a marcar la agenda
de la nueva Comisión.


Somos muy conscientes de la relevancia de nuestra actividad y de la necesidad de acompañar a los mercados y a la sociedad en los cambios que ya se están produciendo. Afrontaremos estos retos, como decía al inicio, con un equipo de
servidores públicos de enorme bagaje técnico, muy motivado, muy trabajador, responsable y comprometido. Pero no podemos hacerlo solos, señorías. Para hacer frente a todos estos desafíos necesitamos el apoyo y el compromiso de todo el sistema
institucional -también de todos ustedes-, de las instituciones europeas y, por supuesto, seguir contando con la colaboración de los consumidores, que agradezco sobremanera, con nuestro buzón, con nuestras interacciones en consultas públicas y, en
definitiva, con los eventos que organizamos en las distintas sedes de la CNMC, la de Barcelona y la de Madrid. También agradezco a las empresas y a los operadores; hemos estado en grupos de trabajo para las reformas de los mercados energéticos y
la respuesta ha sido muy satisfactoria. Queremos seguir contando con estas colaboraciones, igual que lo hemos hecho hasta ahora, también con los medios humanos y con los presupuestarios necesarios para cumplir nuestras funciones. En definitiva,
con la sociedad, para la que esta institución, que tengo el honor de presidir, trabaja de manera intensa y constante. Contamos con todos ellos y queremos que cuenten con nosotros.


Muchas gracias por su tiempo y su atención y quedo a su disposición para responder a cuantas preguntas tengan a bien formularme, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.


Como saben ya los portavoces, se abre un turno de intervenciones hasta un máximo de diez minutos. Después, contestará la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y, a continuación, si alguno de los portavoces quiere
hacer alguna puntualización o alguna pregunta adicional, tendrá un tiempo de uno o dos minutos.


Comenzamos con el portavoz del Grupo Mixto, el señor Rego.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señor presidente. Moito obrigado tamén, señora presidenta, pola súa comparecencia e por esta información. Eu quixera, en nome do BNG, facer algunhas preguntas que me parecen de interese.


En primeiro lugar, no informe recóllese que en 2023 ficaron constituídas 12 autoridades autonómicas de competencia, nove cos seus respectivos órganos de instrución e resolución, entre elas, a Galiza e, por tanto, gustaríame saber que asuntos
concretos resolve a autoridade de competencia de Galiza ou se houbo algúns asuntos de relevancia que fosen abordados neste tempo.

Página 12

En segundo lugar, para alén da explicación que vostede deu aquí, tamén se recollen no informe as actuacións en materia de enerxía. Indícase que foi necesaria a tramitación de 536 expedientes ligados a informes preceptivos ás correspondentes
propostas de resolución de autorización administrativa previa no caso de xeración a partir de fontes de enerxía renovábeis. Vostede saberá que ese despregamento rápido, acelerado, ten tamén as súas consecuencias negativas, especialmente en Galiza,
onde estamos lidando con máis de 300 proxectos de eólica terrestre e de eólica mariña.


E a cuestión, que creo que é relevante, é que se fai non por un procedemento de concorrencia competitiva, que sería o lóxico, non por un procedemento de concurso, senón por un procedemento de autorización administrativa, o que, ó noso xuízo,
favorece as empresas que teñen unha posición dominante no sector. E ese favorecemento aínda se ve agravado pola reforma que se fixo da normativa de aplicación no ano 2022, que rebaixou as exixencias tanto do punto de vista ambiental como da
participación cidadá e da posibilidade de alegacións. Como vostede sabe, foron directamente suprimidas e as declaracións de impacto ambiental substituídas por un informe das propias empresas. Tanto é así que o Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza no que vai de ano anulou xa cincuenta, algo máis de cincuenta concesións, cincuenta autorizacións que xa foran dadas pola Administración por considerar que non se axustaban a dereito. Parécenos, desde logo, unha cuestión importante, porque
entendemos que este procedemento o que fai é evitar que pequenas e medias empresas poidan acceder e, ademais, prexudicar o propio territorio de Galiza cunha actuación que non se para en impactos ambientais, sociais, económicos, patrimoniais,
etcétera, non?


No que ten a ver con transporte, recóllese no apartado de consulta a representantes e usuarios do servizo do transporte ferroviario da insatisfacción dos usuarios coa situación do transporte de mercadorías. No noso caso, como vostede fixo
referencia ó documento Mercancías 30, vostede sabe que nese documento non se recolle ningunha actuación relativa a Galiza. O uso do transporte ferroviario para mercadoría noso país é moi baixo, no Estado español no conxunto, en Galiza aínda moito
menor. E a resposta do Goberno sempre que preguntamos a isto é que ten que haber unha petición previa dos empresarios. A nós parécenos que é facer as cousas ó revés. Os empresarios, loxicamente, poderán acceder a ese modo de transporte sempre e
cando exista posibilidade real de facelo, se non, non haberá maneira.


En todo caso, para nós o problema do transporte ferroviario de pasaxeiros non é tanto que non exista competencia. Este é un dos corredores, tanto Madrid-Galiza como, por exemplo, o Eixo Atlántico, no que non existe competencia. Para nós,
ese non é o problema. O problema é que non hai un adecuado servizo, non hai prazas suficientes, prezos moi elevados, prezos, ademais, en función da demanda no AVE, porque non se considera OSP. Por tanto, con moitísimos problemas. Gustaríanos
saber se a CNMC ou a autoridade de Galiza fixo algún estudo específico sobre a insatisfacción dos usuarios e usuarias do tren en Galiza.


Hai unha cuestión que para nós é moi relevante: a autoestrada do Atlántico, que abre en 1979, que tiña que finalizar no ano 2013 a súa concesión, foi prorrogada primeiro por un Goberno do PSOE e despois por un Goberno do PP en 2003 até
2048. Hoxe hai un procedemento de infracción aberto pola Unión Europea precisamente porque non se cumpriu o criterio de concorrencia competitiva. O Goberno alegou a isto dicindo que, cando se fixo esa prórroga, tratábase dunha empresa pública,
Audasa, mais o propio comisario de mercado interior nesa altura, Thierry Breton, indicou que, pola documentación que eles posuían, estaba claro que cando o Goberno de Aznar en 2003 acordou esa prórroga xa tiña decidido desde 1999 que Audasa ía ser
privatizada. Por tanto, a prórroga foi un mecanismo para aumentar o valor dunha empresa pública que ía ser privatizada. Iso implica, entre outras cousas, que os usuarios e usuarias seguimos pagando por unha autoestrada que tiña que ser libre de
peaxe dende hai 11 anos e, se non o remediamos, pois de aquí ó 2048. Polo tanto, gustaríanos saber se a CNMC tivo algún coñecemento deste expediente de infracción ou desenvolveu algunha actuación, dado que aquí si, evidentemente, se vulnerou ese
criterio de concorrencia competitiva nas dúas prórrogas que se fixeron.


Outra cuestión, vostede fixo referencia a unha actuación en canto á economía dixital, unha actuación en relación con TikTok. Claro, espero que esa actuación en relación con TikTok non teña nada que ver coa guerra comercial, económica e
tecnolóxica, esperemos que non chegue a ser militar, que os Estados Unidos de América teñen lanzada contra a China con TikTok como, digamos, elemento simbólico e central, non? Dígoo porque vostede fai referencia precisamente a TikTok e non
especificou que actuacións puideron desenvolver, se é que as desenvolveron, en relación con aquelas empresas que si teñen unha posición de dominio no Estado español, que non é precisamente TikTok. Son, por exemplo, Meta, con

Página 13

produtos como Facebook, Instagram ou WhatsApp, ou Google. Houbo actuacións nesta materia ou consideran que aí non está en risco a competencia cando, ó noso xuízo, si que teñen unha posición realmente dominante?


E por último, falaba vostede, e con isto acabo, non lembro moi ben cales foron as súas palabras, pero da importancia do portal dixital do castellano. Ben, eu molesteime en buscar a web da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Ten unha
pestana na que se pode escoller a lingua, pero, realmente, eu escollín o galego e sabe vostede que foi o que mudou? Pois os nomes das seccións, nada máis, todo o resto mantense en castellano. Estaría ben que abrisen á competencia tamén a súa
páxina web, que respectase, digamos, o uso das linguas que son oficiais no Estado español, porque un organismo que é do conxunto do Estado español debería utilizar por igual todas as linguas que son oficiais no Estado español ó noso xuízo. Por
tanto, a pregunta é: van vostedes facer algunha actuación para garantir que os usuarios e usuarias que son, que somos, galegofalantes poidamos acceder á información da Comisión Nacional do Mercado da Competencia na nosa propia lingua? Moito
obrigado.


Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias también, señora presidenta, por su comparecencia, por esta presentación.


Me gustaría, en nombre del BNG, formular unas preguntas que me parecen interesantes, de interés. En primer lugar, se recoge que en 2023 se constituyeron entidades de interés autonómicas y órganos de resolución, en Galicia, entre ellas. Y
me gustaría saber qué es lo que resuelve la autoridad de competencia en Galicia y si hubo algún uso importante, de relevancia, durante este periodo, este tiempo. En segundo lugar, después de la explicación que nos ha dado del informe sobre las
actuaciones en materia de energía, se indica que ha sido necesaria la tramitación de 536 expedientes relacionados con informes preceptivos de proposiciones de resolución de tramitación previas, relacionados con las fuentes de energía renovables.
Usted sabrá que ese tipo de despliegue tan rápido y acelerado también trae consecuencias negativas, sobre todo en Galicia donde estamos luchando contra trescientos proyectos eólicos marinos. Yo creo que es importante y relevante porque no se
realiza por un procedimiento de competición o concurrencia competitiva, sino por concurso, por un procedimiento de autorización administrativa que, en nuestra opinión, favorece a las empresas que tienen una posición dominante en el sector. Esa
forma de favorecer se ve todavía ampliada con la reforma de la aplicación, la reforma de 2022, que redujo las exigencias tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de participación ciudadana y de la posibilidad de
relaciones -como usted sabe se eliminaron totalmente-, y la declaración de impacto ambiental se sustituyó por informes de las propias empresas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado ya en lo que va de año algo más de
cincuenta concesiones, bueno, autorizaciones que ya se habían otorgado por considerar que no se ajustaban al derecho. Nos parece una cuestión importante porque este procedimiento pretende evitar que pequeñas y medianas empresas puedan acceder.
Además, pensamos que perjudica al territorio de Galicia con una actuación que no tiene en cuenta el impacto ambiental, etcétera.


En cuanto a transporte, se recoge en el apartado de consultas representantes y usuarios del servicio de transporte ferroviario la insatisfacción. En nuestro caso, como ha hecho referencia al documento Mercancías 30, usted sabe que ahí no se
recoge ninguna actuación relativa a Galicia. La utilización del transporte ferroviario de mercancías es muy baja en Galicia y la respuesta del Gobierno siempre que preguntamos es que tiene que haber una petición previa de los empresarios. Nos
parece que es algo al revés, que los empresarios deberían acceder a ese modo de transporte, siempre y cuando existan posibilidades reales de utilizarlo. Para nosotros el problema del transporte ferroviario de pasajeros no es que no exista
competencia o corredores o el bajo atlántico o con Madrid, para nosotros no es ese el problema; el problema es no adecuar el servicio, no hay plazas suficientes, los precios son muy elevados, precios en función de la demanda, no se considera el OSP
y muchos otros problemas. Nos gustaría saber si la CNMC o la autoridad de Galicia realizó algún tipo de estudio específico sobre insatisfacción de los estudios de usuarios del tren en Galicia.


Hay también una cuestión muy importante, muy relevante, es la autopista del Atlántico, creada en 1979, que tenía que haber finalizado su concesión y fue prorrogada por un Gobierno y después por el Gobierno del PP en 2003 hasta el año 2048.
Actualmente, hay un procedimiento de infracción por parte de la Unión Europea por no haber respetado el criterio de competencia. El Gobierno alegó que cuando se realizó esa prueba se trataba de una empresa pública, Audasa, y el propio comisario de
Mercado Interior, Thierry Breton, informó que, por la documentación que incluía, el Gobierno de Aznar en 2003 decidió esa prórroga,

Página 14

pero había decidido desde 1999 que Audasa iba a ser privatizada. Por lo tanto, la prórroga fue un mecanismo para aumentar el valor de una empresa pública que iba a ser privatizada. Pensamos que los usuarios y usuarias seguimos pagando por
algo que hace once años que no tenía que tener peajes. Por eso, no sé si la CNMC tiene algo de información con respecto a ese expediente de infracción. Porque, evidentemente, ahí se vulneró el criterio de competencia en las dos prórrogas.


Otra cuestión sería que usted hizo referencia a una actuación en cuanto a economía digital, y me gustaría... Espero que esa actuación con TikTok no tenga nada que ver con la guerra comercial, económica, tecnológica -esperemos que no llegue
a ser militar- que los Estados Unidos ha lanzado contra China con TikTok como elemento simbólico y central. Porque usted hace referencia precisamente a TikTok sin especificar qué actuaciones se han desarrollado, si se han desarrollado, en relación
con aquellas empresas que sí tienen una posición de dominio, por ejemplo, Meta, con productos como Facebook, Instagram, WhatsApp o Google. No sé si hubo algún tipo de actuación o si consideran que ahí no hay ningún tipo de riesgo de competencia,
cuando a nuestro parecer sí lo hay por posición dominante.


Por último, hablaba usted, no recuerdo bien exactamente las palabras, del portal digital de castellano. Yo me molesté en buscar la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hay una pestaña en la que se puede elegir la lengua. Yo
elegí el gallego, ¿y sabe usted lo que ha cambiado? Pues simplemente los nombres de las secciones, nada más. (Muestra la pantalla de su dispositivo electrónico). Todo lo demás se mantiene en castellano. Igual estaría bien que se abriese la
competencia y se respetase el uso de las lenguas oficiales, que son oficiales en el Estado español, porque es un organismo del Estado español que debería utilizar por igual todas las lenguas que son oficiales. Por eso, la pregunta es: ¿Van ustedes
a hacer alguna actuación para que los usuarios que son gallegohablantes puedan acceder al sitio web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en nuestra propia lengua?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rego.


Tiene a continuación la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Gracias, señora Fernández, por su comparecencia y por la extensa memoria de actividades que nos ha remitido y que acaba de resumir, lo que indica un ingente trabajo por parte de la CNMC; actividades todas ellas, además, que creemos que
contribuyen de forma eficiente tanto al desarrollo de nuestra economía como a poner en orden esos sectores regulados. Quiero agradecerle, pues, a usted, a sus consejeros y al personal el trabajo realizado hasta ahora.


Siempre se ha dicho que la actual CNMC adolece de límites de independencia. Esos límites provienen de su ley de creación y usted los ha expuesto en diferentes ocasiones en esta Cámara. Hoy también lo ha hecho, sobre todo en cuanto a la
falta de habilitación para determinadas nuevas funciones que ahora han de realizar, falta de personal, etcétera. Aquí siempre hemos entendido que hay que trabajar para mejorar aquellos aspectos que afectan a esa eficacia de la CNMC, algo que
precisamente queríamos haber hecho en aquel real decreto del año 2021 de trasposición de directivas de la Unión Europea que se quedó en el limbo y posteriormente con el proyecto por el que se creaba la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
-que la CNMC avaló y en el que el Gobierno incorporó algunas enmiendas que contaron con su visto bueno- para precisamente reformar la Ley de Defensa de la Competencia, elevar la cuantía de las sanciones a directivos, modificar los procedimientos
sancionadores, un nuevo procedimiento de transacción, rebajar sanciones cuando la empresa investigada admitía su responsabilidad y colaboraba y dar facilidades para contratar; todo ello muy necesario si tenemos en cuenta que ustedes adquieren cada
vez más funciones y tareas, fruto del actual contexto económico y geopolítico.


Como usted ha dicho, esta semana hemos conocido que el registro de medios para garantizar la transparencia sobre la propiedad de los medios y la inversión publicitaria que reciben ha recaído en la CNMC, que en estos momentos -también usted
lo ha dicho- tiene un consejo pendiente de renovación, por lo que me gustaría conocer cómo se pueden abordar estas nuevas funciones y, además, si la CNMC cuenta con esa prohibición de contratar, ¿cómo afecta esto a sus funciones ordinarias? ¿Limita
su capacidad de actuación? ¿Cuál es el coste de oportunidad que se está asumiendo en este sentido? En definitiva, cómo cree que se pueden abordar estas cuestiones, si es suficiente con unas simples enmiendas en un proyecto de ley, si cree que se
podría abordar todo este tema desde el proyecto de creación de la CNE o si cree que se pueden abordar estas cuestiones sin necesidad de tantas modificaciones como consecuencia de que van a dejar de asumir aquellas funciones en el ámbito de la

Página 15

energía, precisamente porque va a haber un nuevo organismo regulador. O si ha hablado con el Gobierno en este sentido o si conoce los planes que tiene, en definitiva, me gustaría saber si conoce cómo se va a abordar todo este tema.


Usted ha dicho también que se han aprobado dos reglamentos en el ámbito de los servicios digitales, donde la CNMC tiene un papel importante supervisando su cumplimiento. Ha hablado de ello, pero me gustaría conocer un poco más la valoración
que hacen ustedes de esta normativa. Le iba a preguntar en qué fase se encuentra la CNMC para abordar esta cuestión, aunque ya ha hablado de esa falta de habilitación, lo cual desde luego sorprende en un ámbito que cambia con mucha rapidez y que va
por delante de cualquier normativa; por lo que me gustaría saber cómo podemos ayudarles desde el Legislativo en este sentido.


Usted ha hablado también de la preocupación en torno a los menores. Es verdad que en el ámbito de los servicios digitales hay una gran preocupación, un debate que creemos que está en el centro de todas las familias. Nos ha hablado de
TikTok, pero me gustaría saber cómo está trabajando la CNMC para lograr un entorno más seguro para los menores de edad, si podría profundizar un poco más en este tema. Como hablamos también de nuevas tecnologías, me gustaría conocer cómo se está
adaptando la CNMC a estas nuevas tecnologías y cómo desde la inteligencia artificial podría mejorar la regulación y supervisión de esos contenidos digitales.


Ha hablado del sector bancario. Es verdad que está en pleno proceso de transformación a un sistema más digitalizado y más internacional, y en ese sentido creemos que las operaciones de fusión y adquisición suceden generalmente por procesos
de cambio, crisis o innovación. Usted nos ha hablado de la fase en la que está la OPA, pero me gustaría conocer qué implicaciones puede tener para ustedes esta operación, sobre todo para la ciudadanía.


Está pendiente -usted ha hecho referencia a ello- la creación del nuevo regulador de energía. Entendemos que poder contar con un regulador y supervisor especializado es una oportunidad para la mejora del diseño regulatorio. Quizá pueda
permitir afrontar con mayores garantías los grandes y complejos desafíos de este sector. Me gustaría saber si todavía la regulación y supervisión en este ámbito está en manos de ustedes, si saben cómo se va a abordar esta transición, si se baraja
algún calendario en este sentido.


Por último, en España existe un sistema descentralizado de defensa de la competencia, con una red de autoridades compuesta por una autoridad nacional y siete autoridades autonómicas completas. Creemos que esta descentralización permite un
mayor control y conocimiento de los mercados. La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia establece el procedimiento para la asignación de casos
y se completa con un procedimiento de solución de conflictos mediante la junta consultiva en materia de conflictos. Pero lo cierto es que han pasado veintidós años desde la aprobación de esta ley, que es previa a la constitución de muchas
autoridades de competencia, y, teniendo en cuenta los cambios en los mercados y la globalización de estos, consideramos que sería fundamental tener una ley de coordinación mucho más acorde a los tiempos, que permita, eso sí, seguir colaborando entre
las instituciones de la manera más eficaz posible, con criterios de asignación, a nuestro juicio, más acordes a la realidad, para que esas autoridades autonómicas tengan más atribuciones cuando afectan en mayor medida a sus propias comunidades
autónomas. En este sentido ha hablado usted de las concentraciones y me gustaría saber su valoración y si cree que se debería abordar este tema.


Para finalizar y como siempre, la labor que realiza la CNMC para nosotros es muy importante en la detección y sanciones de prácticas anticompetitivas, por lo que me gustaría preguntarle -como creo que siempre he hecho- por su actividad
sancionadora y su efectividad en relación con los tribunales, porque muchas de las sanciones son recurridas por las empresas y se anulan. Por ello, me gustaría conocer lo que podríamos hacer desde el Legislativo para ayudarles en este sentido.


Sé que igual algunas preguntas no tienen que ver tanto con su comparecencia, pero teniéndola aquí es difícil no preguntar por cosas que creo que están en boca de la sociedad, que son interesantes y en las que creo que la CNMC tiene mucho que
decir.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Creo que no está en la sala el Grupo Euskal Herria Bildu, con lo cual le damos la palabra a la representante del Grupo Parlamentario Republicano, la señora Granollers.

Página 16

La señora CALVO GÓMEZ: Está Junts antes.


El señor PRESIDENTE: Simple fallo en el guion, que me diga el letrado.


La señora CALVO GÓMEZ: No se preocupe.


El señor PRESIDENTE: No me preocupo, pero lo arreglo enseguida.


Usted disculpe, hay un fallo en el guion. Entonces tiene la palabra a continuación la representante del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Calvo.


Gracias y disculpas.


La señora CALVO GÓMEZ: Moltes gràcies, president.


Moltes gràcies, presidenta de la Comissió Nacional de Mercats i Competència per aquesta exposició llarga i profusa que ha fet. Segur que no podrem tocar tots els temes. Jo començaré amb alguns temes que són més actualitat. Per exemple, ha
parlat vostè de regeneració democràtica. Ha explicat que la CNMC estarà fortament implicada en el pla de regeneració democràtica, que una de les mesures busca la transparència en els mitjans de comunicació per evitar, entre d'altres, les fake news.
La CNMC haurà de fer un registre de mitjans de comunicació on es disposi d'informació pública sobre la seva propietat, sobre la inversió publicitària que arriba a aquests mitjans, però ens ha dit que no pot facilitar més informació. Ens agradaria
saber per què, quin calendari té previst i també, i és molt important per nosaltres, li preguntem si afectaran les seves competències a organismes com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, aquestes competències que tindran vostès.


Després d'escoltar-la, imaginem que està d'acord que el progrés econòmic i social està condicionat pel nivell de competència dels mercats. Si els mercats no són competitius, no funcionen correctament, es perjudica el benestar dels
consumidors i de la societat en general. Està clar que hi ha moltes maneres d'influir en els mercats i en la competència.


Passo ja a preguntar-li per un altre tema que ens ocupa en aquests moments, que ens preocupa molt des de Catalunya, i és saber què passarà amb el Banc de Sabadell. Vostè n'ha fet menció. És el banc de les pimes per antonomàsia. I si
pensem en el client financer i en que, segons els experts, les petites i mitjanes empreses surten beneficiades de la no concentració bancària, de que hi hagi competència en el mercat a l'hora d'accedir als crèdits en les millors condicions i que
també, si tenim present que en els últims anys també des de Junts ens hem preocupat per l'impacte negatiu que té la concentració bancària en la gent gran, que s'han trobat amb la reducció d'oficines, la ràpida transformació digital per reduir
costos, això ha provocat que aquest col·lectiu se senti exclòs del sector bancari. Bé, arribats a aquesta situació, atenem les declaracions, per exemple, que va fer l'altre dia el conseller del Banc Sabadell, González-Bueno, que deia que l'oferta
del BBVA havia descarrilat i demanava transparència al BBVA, que expliqués quins serien els costos per l'entitat si prospera l'oferta pública d'adquisició i no hi ha fusió i quin serà l'impacte sobre el capital...


Resumeixo, perquè evidentment no tinc tot el temps. Li pregunto: atesa la complexitat de l'anàlisi d'aquesta OPA del BBVA al Banc Sabadell i la reiterada referència del ministre, en el sentit que l'assumpte presenta dificultat des de la
perspectiva de la competència en el mercat, li pregunto directament: té previst demanar que l'examen d'aquesta operació obri una fase dos del control de concentracions empresarials? En aquesta fase que recull la llei de la competència, la CNMC
-recordem-ho, per la gent que no ho sap-, pot analitzar més detalladament l'operació sobre un test de mercat, les organitzacions de consumidors i usuaris dels serveis financers poden expressar formalment la seva opinió, i aquesta opinió es fa
constar a l'expedient. Vostè ha dit que no és necessari prohibir una fusió a Espanya per impedir possibles problemes de competència. És aquesta una declaració d'intencions?


Respecte a l'estructura de la CNMC, porta molt de temps el consell amb dos membres amb el mandat caducat de fa un any i hi ha tres places vacants. Evidentment, això impedeix funcionar amb normalitat i el que és pitjor, impedeix funcionar
amb la pluralitat d'opinions que estableix la llei de creació de la CNMC. Quan tenen previst tancar els nous nomenaments que assegurin el funcionament correcte de l'entitat?


Ha confirmat l'escissió de les funcions d'energia que fins ara tenia assumides la CNMC per tornar a la fórmula de tenir una Comissió Nacional d'Energia. Semblaria que podrien haver estat pendents del nomenament de l'actual ministre de
Transició Ecològica, vicepresidenta del Govern, Teresa Ribera, com a vicepresidenta de Transició Neta Justa i de Competència de la Unió Europea. Li pregunto pels rumors que

Página 17

hi ha hagut. S'ha dit que podria ocupar aquesta presidència de la CNMC Mariano Bacigalupo, que és l'actual conseller de la CNMV i marit de la vicepresidenta del Govern. Pot confirmar això?


Respecte a competències autonòmiques, la política de competència de l'Estat espanyol es troba repartida -i això ja s'ha comentat per alguns companys- entre la CNMC i les autoritats autonòmiques de competència de les comunitats autònomes que
han decidit assumir competències en aquesta matèria. Com creu que es podria reforçar la cooperació i la col·laboració entre les autoritats administratives de competència tant estatal com autonòmiques per tal de constituir una autèntica xarxa
d'autoritats de competència a l'hora de supervisar el mercat en benefici de la ciutadania? Té previst proposar la reforma de la Llei 1/2002 que regula les relacions i distribueix competència entre la CNMC i les autoritats autonòmiques de
competència? Com s'ha recordat, és una llei amb més de vint anys que està desfasada.


Parlant també d'altres temes que podem considerar d'actualitat: llei de protecció d'infància en entorns digitals. Se'n va parlar el desembre passat i, de fet, es va presentar la creació d'una Cartera Digital Beta, -aquest és el nom amb el
qual s'hi refereixen- i la presentació d'una app que ha de servir per ajudar en el control de verificació de l'edat quan els menors tenen accés a les pàgines web de pornografia i de continguts per adults. Ens agradaria saber en quin punt està
aquesta app i també tenir opinió seva de quines són les seves limitacions perquè, evidentment, sembla ser que si està limitada a plataformes allotjades a Espanya, estarà molt limitada, tenint en compte que el món digital no té fronteres. També, com
podem millorar? Nosaltres vam demanar que la CNMC fos habilitada per poder tenir més eines jurídiques, cosa que vostès mateixos reclamaven en un informe, a l'hora de poder controlar aquest accés de menors, aquest ús problemàtic de la pornografia.
Quines novetats hi haurà al respecte? Vostès tindran un reforç a l'hora de poder fer aquesta competència?


Respecte a altres àrees de reestructuració de la CNMC ens trobem també tots els canvis normatius als quals ha fet front la direcció de telecomunicacions i serveis audiovisuals. Tal i com mencionen en el Pla d'Actuacions de la CNMC 2023,
aquesta direcció estava treballant en les modificacions normatives de la regulació sectorial de telecomunicacions i audiovisual, la DMA i la DSA. Entenem que mantenen el compromís de signar les competències de la DMA i la DSA a la Direcció de
telecomunicacions i serveis audiovisuals i que en breu es realitzaran els canvis necessaris. Quan calculen que hi haurà un nou estatut orgànic? Ens preocupa també que la CNMC, i especialment la Direcció de telecomunicacions i serveis audiovisuals
que té seu a Barcelona, pugui desenvolupar aquestes funcions amb els recursos necessaris. Quines millores té previstes des de la CNMC en aquest sentit? Si la CNMC ha de tenir noves competències, ha de tenir nous recursos per gestionar-les. Com ho
garantiran? Respecte a la DSA, col·laboraran amb la resta d'organismes autonòmics?


Ha parlat vostè també de contractació pública. Ha destacat que aquesta suposa el 20 % del PIB. Ha explicat que tenen previst modernitzar les línies de control per prevenir casos de mala contractació pública. Ens agradaria tenir una mica
més d'informació al respecte.


També li volia tocar un altre tema, el tema dels algoritmes que perjudiquen els consumidors. També vostè ha fet una mica de referència a aquesta utilització de la tecnologia que a vegades va en contra de l'interès dels consumidors. Li poso
un exemple. Algunes empreses estan utilitzant algoritmes de cerca que ajusten els resultats en funció del dia, de l'hora, de la IP des de la qual es connecta l'usuari. Tots ho hem pogut experimentar, per exemple, a l'hora de veure com es modifica
el preu d'un vol que volem comprar, que pot variar segons el moment en què fem la consulta a la web. Aquesta capacitat d'alterar els resultats de les cerques pot ser molt perjudicial pels consumidors, especialment si prové d'una posició dominant en
el mercat. Com pensen lluitar davant d'aquesta situació, davant d'aquest potencial que té la tecnologia? Com es reforçaran, tecnològicament parlant, per poder fer front a aquest problema?


Ho deixaré aquí perquè he consumit el meu temps. Espero el torn de rèplica. Gràcies.


Muchísimas gracias, presidente.


Gracias, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por esta larga y profusa exposición que ha hecho usted. Seguro que no podemos cubrir todos los temas, pero voy a empezar con algunos temas que me parecen de
actualidad. Por ejemplo, usted ha hablado de regeneración democrática, ha explicado que la CNMC estará muy implicada en el plan de regeneración democrática, que una de las medidas que busca la transparencia en los medios de comunicación quiere
evitar, entre otras cosas, las fake news. La CNMC deberá hacer un registro de los medios de comunicación en el cual se dispondrá de información pública sobre su propiedad, sobre la inversión publicitaria que llega a los medios, pero nos ha dicho
que no puede facilitar más información. Nos gustaría saber por qué, cuál es el

Página 18

calendario previsto y también, y eso es muy importante para nosotros, queremos preguntarle: ¿Aceptarán sus competencias a organismos como el Consejo Audiovisual de Cataluña? ¿Estas competencias que tendrán ustedes van a afectar a
organismos como estos?


Tras escucharla, imaginamos que estará de acuerdo con que el progreso económico y social está condicionado por el nivel de competencia de los mercados. Si los mercados no son competitivos, si no funcionan correctamente, se va a perjudicar
el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general, y está claro que hay muchas maneras de influir en los mercados y en la competencia.


Paso ya a preguntarle por otro tema que nos ocupa ahora mismo y que nos preocupa mucho también desde Cataluña, y es saber qué va a ocurrir con el Banco Sabadell -usted lo ha mencionado-, que es el banco de las pymes por antonomasia. Si
pensamos en el cliente financiero y en que, según los expertos, las pequeñas y medianas empresas salen beneficiadas de la no concentración bancaria, de que haya competencia en el mercado a la hora de acceder a los créditos para mejores condiciones,
y si tenemos presente que en los últimos años también desde Junts nos hemos preocupado por el impacto negativo que tiene la concentración bancaria en las personas mayores, que con la reducción de oficinas y la rápida transformación digital para
reducir costes han tenido mucha afectación, esto ha provocado que el colectivo se sienta excluido del sector bancario. Llegados a esta situación, y teniendo en cuenta las declaraciones que hizo, por ejemplo, el otro día el consejero del Banco
Sabadell, González-Bueno, que decía que la oferta del BBVA había descarrilado, pedía transparencia al BBVA y que explicara cuáles serían los costes para la entidad si prosperaba la oferta pública de adquisición y no había fusión y cuál sería el
impacto sobre el capital. Para ir resumiendo, porque evidentemente no dispongo de todo el tiempo del mundo, quiero preguntarle, teniendo en cuenta la complejidad del análisis de esta OPA del BBVA al Banco Sabadell, y teniendo en cuenta la reiterada
referencia del ministro, en el sentido de que el asunto reviste dificultad desde la perspectiva de la competencia del mercado, le pregunto directamente, ¿tiene previsto solicitar que el examen de esta operación abra una fase de control de
concentraciones empresariales? En esta fase, que recoge la ley de la competencia, recordémoslo, la CNMC puede analizar más detalladamente la operación sobre entes de mercado y las organizaciones de consumidores y usuarios de los servicios
financieros pueden expresar formalmente su opinión, y esta opinión se hace constar en el expediente. Usted ha dicho que no es necesario prohibir una fusión en España para impedir posibles problemas de competencia. ¿Es esta una declaración de
intenciones?


En lo que concierne a la estructura de la CNMC, hace mucho tiempo que en el consejo hay dos miembros con el mandato caducado desde hace un año y hay tres plazas vacantes. Evidentemente, esto impide funcionar con normalidad y, lo que es
peor, impide funcionar con la pluralidad de opiniones que establece la ley de creación de la CNMC. ¿Cuándo tienen previsto cerrar los nuevos nombramientos que aseguren el buen funcionamiento de la entidad?


Ha confirmado la escisión de las funciones de energía que hasta ahora tenía asumidas la CNMC, para volver a la fórmula de tener una Comisión Nacional de Energía. Parecería que podían estar pendientes del nombramiento de la actual ministra
de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como vicepresidenta de Transición y Competencia de la Unión Europea. Le pregunto, por los rumores que ha habido. Se ha dicho que podría ocupar esta Presidencia Mariano Bacigalupo, que es el actual consejero
de la CNMV, marido de la vicepresidenta del Gobierno, ¿puede usted, por favor, confirmarlo?


En cuanto a competencias autonómicas, la política de competencia en el Estado español está repartida, esto ya lo han comentado algunos compañeros, entre la CNMC y las autoridades autonómicas de competencia de las comunidades autónomas que
han decidido asumir competencias en esta materia. ¿Cómo cree que se podría reforzar la cooperación y la colaboración entre las autoridades administrativas de competencia, tanto en el ámbito estatal como autonómico, para constituir una verdadera red
de autoridades de competencia a la hora de supervisar el mercado, todo ello en beneficio de la ciudadanía? ¿Tiene previsto proponer la reforma de la Ley 1/2002, que regula las relaciones y distribuye competencia entre la CNMC y las autoridades
autonómicas de competencia? Como se ha recordado, es una ley de hace más de veinte años que está desfasada.


Hablando también de otros temas que podemos considerar de actualidad, la ley de protección de la infancia en entornos digitales, se habló en diciembre pasado y, de hecho, se presentó la creación de una Cartera Digital Beta -este es el nombre
con el cual nos referimos a ello- y la presentación de una app que debe servir para ayudar al control de verificación de la edad cuando los menores tienen acceso a las páginas web de pornografía y de contenidos para adultos. Nos gustaría saber en
qué punto está esta app y también tener su opinión sobre cuáles son las limitaciones de dicha app. Evidentemente, parece ser

Página 19

que, si está limitada a plataformas alojadas en España, estará muy limitada, teniendo en cuenta que el mundo digital no conoce de fronteras. Además, ¿cómo podemos mejorar? Nosotros solicitamos que la CNMC fuera habilitada para tener más
herramientas jurídicas, cosa que ustedes mismos reclamaban en un informe, a la hora de poder controlar este acceso de los menores y este uso problemático de la pornografía. ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Ustedes van a tener un refuerzo a la hora
de poder ejercer estas competencias?


En cuanto al resto de áreas de reestructuración de la CNMC, también nos encontramos con cambios normativos que debe afrontar la Dirección de telecomunicaciones y servicios audiovisuales. Como se menciona en el Plan de Actuaciones de la CNMC
2023, esta dirección estaba trabajando en las modificaciones normativas de la regulación sectorial en la DMA y la DSA, y entendemos que mantienen ustedes el compromiso de asignar las competencias de la DMA y DSA a la Dirección de telecomunicaciones
y servicios audiovisuales, ¿verdad?, y que en breve se van a realizar los cambios necesarios. ¿Cuándo calculan que va a haber un nuevo estatuto orgánico? Nos preocupa también que la CNMC y, especialmente, la Dirección de telecomunicaciones y
servicios audiovisuales, que tiene sede en Barcelona, pueda desarrollar dichas funciones con los recursos necesarios. ¿Qué mejoras tienen previsto desde la CNMC en este sentido? Si la CNMC debe tener nuevas competencias, debe tener también nuevos
recursos para gestionarlas. ¿Cómo lo van a garantizar? En cuanto a la DSA, ¿van a colaborar con el resto de organismos autonómicos?


Ha hablado usted también de contratación pública. Hay que destacar que esto supone el 20 % del PIB. Ha explicado que tienen previsto modernizar las líneas de control para prevenir casos de mala contratación pública. Nos gustaría tener un
poquito más de información al respecto.


También quisiera sacar a colación otro tema, que tiene que ver con los algoritmos que perjudican a los consumidores. Usted también ha aludido al uso de la tecnología, que a veces atenta en contra de los intereses de los consumidores.
Déjeme que le ponga un ejemplo. Algunas empresas utilizan algoritmos, que fijan y ajustan los resultados en función del día, la hora o la IP desde la cual se conecta el usuario. Todos lo hemos podido experimentar, por ejemplo, a la hora de ver
cómo se modifica el precio de un vuelo que estamos intentando comprar, que puede variar en función del momento en el que hacemos la consulta a la web. Esta capacidad de alterar los resultados de las búsquedas puede ser muy muy perjudicial para los
consumidores, especialmente si proviene de una posición dominante en el mercado. ¿Cómo van ustedes a luchar contra esta situación, con este potencial que tiene la tecnología? ¿Cómo se van a reforzar tecnológicamente ustedes para poder afrontar
dicho problema?


Voy a dejarlo aquí, porque he consumido mi tiempo asignado, pero espero el turno de réplica.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calvo.


Ahora sí, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Granollers.


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.


Gràcies, senyora Cani Fernández, per les seves explicacions. Ens han quedat alguns dubtes i ara sí que li faríem algunes preguntes, perquè nosaltres creiem que és imprescindible que un organisme com la CNMC vetlli per la protecció dels
drets dels consumidors i reguli en benefici de la majoria de la població. Es pot imaginar, com a representant d'una formació d'esquerres, que crec que la CNMC ha de jugar un paper clau en la construcció d'un mercat més just i igualitari, sobretot
pel que fa al poder econòmic, i que no s'ha de concentrar en aquells pocs de sempre. Ho ha dit, aquí em refereixo a posicions de domini, com poden ser Amazon, Booking, o com poden ser moltes posicions de domini davant d'aquelles persones que són
pimes o que són autònoms.


També, si volem construir aquest mercat més just i els hem de tenir en compte, hem de poder parlar del tema de morositat, perquè enfonsa també aquests sectors. La morositat és una de les principals xacres que pateixen les pimes i els
treballadors amb règim d'autònoms, que veuen com aquestes grans empreses es beneficien d'una posició dominant i que la manca d'un règim sancionador que desincentivi aquesta pràctica abusiva fa que cada vegada els pressionen més. Davant d'aquesta
realitat, voldria plantejar-li algunes preguntes. Opina que la morositat és una de les principals causes de patiment de la pime? La CNMC ho veu així? Si la seva resposta és afirmativa, que m'imagino que ho serà, què li semblaria que les empreses
que no paguin en temps i forma no puguin rebre ajudes econòmiques? Quines mesures pensa prendre la CNMC per garantir que aquests oligopolis no asfixien d'aquesta manera la competència? Quins mecanismes es poden implementar per evitar que les grans
corporacions siguin

Página 20

els únics beneficiaris d'un mercat que, teòricament, en diem lliure, però que sabem que no ho és? Com preveu la CNMC col·laborar amb altres institucions públiques per promoure una transició que sigui més ecològica i més justa? Com és
possible garantir que els consumidors, especialment els més vulnerables, no siguin els que paguin sempre els plats trencats, en aquest cas amb la inflació dels preus dels aliments? Li semblaria bé a la CNMC una intervenció dels preus dels productes
essencials que protegeixi les famílies amb menys recursos? El desenvolupament econòmic ha d'anar de la mà d'una justícia social més gran, creiem, i no podem permetre que els mercats deixin de servir el bé comú per convertir-se en eines que
perpetuïn les desigualtats. Per això, confiem que la CNMC reforci el compromís amb la defensa dels més vulnerables i amb la creació d'un sistema econòmic al servei d'una majoria i no d'una minoria. Els mercats, també pensem, han de contribuir a la
lluita del canvi climàtic, però vigilant que aquest preu de transició no caigui en rebaixes a la classe treballadora. En aquest sentit, ens preocupa que alguns sectors s'encarin amb una poca competència real, oligopolis que continuen augmentant els
preus, sigui a través d'una pràctica que està sorgint ara, que en diem reduflació, o bé apujant els preus i alhora retallant els drets dels usuaris. Això s'ha vist especialment en sectors claus per la ciutadania, com són el sector energètic, les
telecomunicacions i, de manera molt especial, sí que voldria fer esment al sector alimentari. Davant d'això, volia també plantejar algunes preguntes sobre els marges econòmics al sector productor de l'alimentació, en aquest cas. Perquè veiem com
els productors agrícoles i ramaders, que sovint són els més vulnerables de la cadena de valor, són els que pateixen més les pressions econòmiques, mentre que les grans cadenes distribuïdores obtenen grans beneficis. Quines mesures creu que
s'haurien d'aplicar per garantir que els marges es distribueixin més equitativament al llarg de la cadena alimentària, protegint especialment els petits productors? Estarà d'acord que la llei de la cadena alimentària ara mateix no resol aquest
problema. En aquest sentit, com es podria afavorir l'agricultura local i sostenible, que sovint queda relegada davant de l'agroindústria massiva? La CNMC pot jugar un paper per evitar que les grans empreses del sector segueixen oferint opcions més
sostenibles i de proximitat? Crec que és essencial promoure una economia agrícola que sigui justa, sostenible i que afavoreixi les petites i mitjanes explotacions. Preveu la CNMC col·laborar amb altres institucions públiques per promoure aquesta
transició ecològica i justa on el sector agrari tingui un paper clau? Els mercats han de contribuir, ho hem dit, a la lluita contra el canvi climàtic, i la protecció del nostre entorn és clau. Assegurant que no es deixin enrere les petites
explotacions agràries, guanyaríem moltíssim en aquests termes.


No acabaré tampoc la meva intervenció sense parlar d'un tema que ens preocupa molt a la ciutadania, que és l'OPA que el BBVA pretén fer al banc de Sabadell, i vagi per davant que el meu interès no és salvar el banc de Sabadell, sinó que el
meu interès és salvar la ciutadania i les petites i mitjanes empreses que patiran la competència aquesta. Històricament, el sector financer ha anat molt vinculat al progrés econòmic de Catalunya, precisament pel fet de comptar amb un sector
econòmic molt basat en les petites i mitjanes empreses. El procés de concentració bancària i també algunes decisions polítiques que van dirigides des de Madrid van fer que es desplacés aquest poder de decisió a altres comunitats autònomes, però la
major part d'aquestes entitats han mantingut l'activitat a Catalunya, perquè el sector financer vol ser allà on hi ha activitat econòmica, i Catalunya avui és una economia dinàmica que creix sis vegades més que la mitjana de les economies europees i
que ha generat gairebé 370 000 llocs de treball en els darrers tres anys. Amb tot, amb un sector financer ja molt concentrat en poques entitats, creiem que és preferible mantenir i incrementar la competència en lloc de reduir-la com ens passa ara.
Des d'una lògica purament de mercats, les nostres empreses trobaran millors condicions amb més entitats que no pas amb menys, i la concentració bancària, ho ha dit, és un mal que ve de molt lluny, des de la crisi del 2008, i és molt fàcil imaginar a
qui perjudica la falta de competència, perjudica els usuaris més vulnerables i les petites i mitjanes empreses. Quan els bancs no han de millorar els seus productes o les seves ofertes per aconseguir clientela, el resultat és el que tantes vegades
hem denunciat, que cada vegada ofereixen pitjors serveis. L'informe de l'ACCO també apuntava un problema com és l'exclusió financera que pateixen milers de municipis a tot l'Estat. Concretament, en el cas que vinc a parlar jo, que són els
municipis de Catalunya, 503 municipis no disposen avui d'oficina bancària, i en aquest sentit hem presentat una iniciativa, una llei imposada pel Parlament de Catalunya, per acabar amb aquesta exclusió financera. Estarà d'acord que no podem
permetre que les poblacions quedin sense un servei que ara mateix ja és un servei essencial. Què opina la CNMC del tancament d'oficines tenint en compte els grans beneficis de la banca? Què opina de les comissions abusives que reben les pimes i
també els usuaris més vulnerables? Quines eines es poden aplicar per fer més accessible el crèdit a les persones emprenedores? Es plantejaria la CNMC recomanar una banca pública, amb el benentès que no es pot viure, literalment, sense un número de
compte? També

Página 21

voldria fer una menció a la segregació de la CNMC a la CNA, i aquí sí que m'agradaria que es mantinguessin les mateixes dinàmiques que la CNMC amb aquest oligopoli, que està en contra dels petits productors, com són els oligopolis de
l'energia. Trobem dificultats a crear cooperatives i comunitats energètiques locals, dificultats en el moment en què necessites connectar-te a les xarxes i en què necessites aquests permisos, que els mateixos oligopolis no ho permeten. Aquí també
tenim dificultats a l'hora de posar carregadors elèctrics i, després, amb això, impedim que es venguin més cotxes elèctrics, quan sabem que seria una solució. Com abordaran també l'anomalia regulatòria amb els peatges de 25 i 30 quilowatts? Perquè
això també afecta moltíssim la competència de les empreses.


Acabo. Considerem que els mercats han de servir per al bé comú i no per perpetuar desigualtats, que és una mica el que en el món energètic encara passa avui. Per això confiem que la CNMC reforci aquest compromís amb la defensa dels més
vulnerables, tant en l'àmbit del consum energètic com en el de la producció.


Gràcies.


Muchas gracias, señora Cani Fernández, por sus explicaciones. Nos han quedado algunas dudas y hay algunas preguntas que quisiéramos formularle, porque creemos que es imprescindible que un organismo como la CNMC realmente proteja a los
consumidores y regule en beneficio de la mayoría de la población. Se puede imaginar usted, como representante de una formación de izquierdas, creo, que la CNMC debe desempeñar un papel clave en la construcción de un mercado más justo e igualitario,
especialmente en lo que concierne al poder económico, y que no se debe concentrar en los pocos de siempre. Lo ha dicho usted, posiciones de dominio, como pueden ser Amazon, Booking, o como son muchas posiciones de dominio frente a las personas,
como pymes o autónomos, por ejemplo.


También, si quieren construir un mercado más justo, tenemos que tener todos en cuenta y hablar de la morosidad, porque está hundiendo también a estos sectores. La morosidad es una de las principales problemáticas de las pymes y los
trabajadores autónomos y las trabajadoras autónomas, que ven cómo las grandes empresas se benefician de una posición dominante, mientras que la falta de un régimen sancionador que desincentive esta práctica abusiva hace que cada vez más se les
aprieten las tuercas a los autónomos y a las pymes. Ante esta realidad, quería formularle preguntas. ¿Opina que la morosidad es una de las principales causas de sufrimiento de las pymes? ¿La CNMC lo ve así? Si su respuesta es afirmativa, que
imagino que lo va a ser, ¿qué le parecería que las empresas que no pagan en tiempo y forma no pudieran recibir ayudas económicas? ¿Qué medidas piensa tomar la CNMC para garantizar que estos oligopolios no asfixien de esta forma a la competencia?
¿Qué mecanismos se pueden instaurar para evitar que las grandes corporaciones sean los únicos beneficiarios de un mercado que teóricamente es libre, pero que sabemos perfectamente bien que no lo es? ¿Cómo prevé la CNMC colaborar con las
instituciones públicas para promover una transición ecológica y más justa? ¿Y cómo es posible garantizar que los consumidores, especialmente los más vulnerables, no sean los que siempre paguen el pato, en este caso, con la inflación de los precios,
por ejemplo, de los alimentos? ¿Le parecería bien a la CNMC una intervención de los precios de los productos esenciales que proteja a las familias con menos recursos? El desarrollo económico debe ir acompañado de la justicia social, una mayor
justicia social, y no podemos permitir que los mercados dejen de servir al bien común para devenir en herramientas que perpetúen las desigualdades. Por eso, confiamos en que la CNMC refuerce el compromiso con la defensa de los más vulnerables y la
creación de un sistema económico al servicio de una mayoría y no al servicio de una minoría. Los mercados deben contribuir a la lucha contra el cambio climático, creemos, pero vigilando que el precio de transición tampoco implique rebajas para la
clase trabajadora. En ese sentido, nos preocupa que algunos sectores realmente acaben con poca competencia real, oligopolios que aumenten los precios y lo hagan a través de una práctica que está surgiendo ahora, la reduflación, o bien aumentando
los precios y, a la vez, recortando los derechos de los usuarios. Esto lo hemos visto especialmente en sectores clave para la ciudadanía, como el sector energético, las telecomunicaciones y, de forma muy especial, quisiera mencionar al sector
alimentario. Ante ello, también quisiera plantear algunas preguntas acerca de los márgenes económicos en el sector productor de la alimentación en este caso, porque vemos cómo los productores agrícolas y ganaderos, que a menudo son los más
vulnerables de la cadena de valor, son quienes más sufren las presiones económicas mientras que las grandes cadenas distribuidoras están obteniendo muy grandes beneficios. ¿Qué medidas deberían aplicarse para garantizar que los márgenes se
distribuyan de una forma más equitativa a lo largo de la cadena alimentaria y que protejan especialmente a los pequeños productores? Estará usted de acuerdo en que la ley de la cadena alimentaria ahora mismo

Página 22

no está resolviendo el problema. En este sentido, ¿cómo se podría favorecer la agricultura local sostenible, que a menudo queda relegada ante la agroindustria masiva? La CNMC puede desempeñar un papel para evitar que las grandes empresas
del sector sigan ofreciendo opciones sostenibles y de proximidad. Creo que es esencial promover una economía agrícola que sea justa, sostenible y que favorezca a las pequeñas y medianas explotaciones. ¿Prevé la CNMC colaborar con las instituciones
públicas para promover esta transición ecológica justa, donde el sector agrario desempeña un papel clave? Los mercados deben contribuir, ya lo hemos dicho, a la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestro entorno, por supuesto, y es
clave asegurar que no queden atrás las pequeñas explotaciones agrarias. De esta forma, ganaríamos mucho en estos términos.


No voy a terminar mi intervención sin mencionar un tema que nos preocupa muchísimo a los ciudadanos y ciudadanas, que es la OPA que el BBVA pretende hacer al Banco de Sabadell. Vaya por delante que mi interés no es salvar al Banco de
Sabadell, sino que mi interés es salvar a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas que van a sufrir por temas de competencia. Históricamente, el sector financiero ha estado muy vinculado al progreso económico de Cataluña; precisamente
contar con un sector económico basado en las pequeñas y medianas empresas así lo ha hecho. El proceso de concentración bancaria y también algunas decisiones políticas dirigidas desde Madrid provocaron que se desplazara el poder de decisión a otras
comunidades autónomas, pero la mayor parte de las entidades han mantenido la actividad en Cataluña, porque el sector financiero quiere estar allá donde hay actividad económica y Cataluña, hoy en día, es una economía dinámica, que crece seis veces
más que la media de las economías europeas y que ha generado casi 370 000 puestos de trabajo en los últimos tres años. Pese a todo, con un sector financiero concentrado en unas pocas entidades, creemos que es preferible mantener e incrementar la
competencia en lugar de reducirla como está pasando ahora. Desde una lógica puramente de mercado nuestras empresas van a encontrar mejores condiciones con más entidades que con menos. La concentración bancaria, lo ha dicho usted, es un mal que
viene de lejos, desde la crisis de 2008, y es muy fácil imaginar a quién va a perjudicar la falta de competencia. Perjudica a los usuarios y usuarias más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas. Cuando los bancos no mejoran sus productos,
no tienen que hacerlo, no tienen que mejorar sus ofertas para conseguir clientes, el resultado es el que tantas veces hemos denunciado, que cada vez ofrecen servicios peores. El informe también apuntaba a un problema, como es la expulsión
financiera que sufren muchos municipios en todo el Estado. Concretamente en el caso que traigo hoy a colación, los municipios de Cataluña, 503 municipios carecen hoy en día de oficina bancaria. En este sentido, hemos presentado una iniciativa, una
ley impulsada por el Parlamento de Cataluña, para terminar con esta exclusión financiera. Estará usted de acuerdo en que no podemos permitir que las poblaciones carezcan de un servicio que ahora mismo es un servicio esencial. ¿Qué opina la CNMC
del cierre de oficinas, considerando los grandes beneficios que está teniendo ahora mismo la banca? ¿Qué opina de las comisiones abusivas que sufren las pymes y también los usuarios más vulnerables? ¿Qué herramientas se pueden aplicar para hacer
más accesible el crédito a las personas emprendedoras? ¿Se plantearía la CNMC recomendar una banca pública, bien entendido que no se puede vivir, literalmente, sin un número de cuenta hoy en día? Además, quisiera mencionar también la segregación,
no de la CNMC sino a la CMA, y aquí sí que me gustaría mantener las mismas dinámicas que la CNMC con este oligopolio que está en contra de los pequeños productores, como son los oligopolios de la energía. Encontramos dificultades en crear
cooperativas y comunidades energéticas locales, dificultades en el momento en el que se necesita conectar a la red y se necesitan permisos que los oligopolios no están permitiendo. También tenemos dificultades con los cargadores eléctricos, y con
ello estamos impidiendo que se vendan coches eléctricos, cuando sabemos perfectamente que esa sería una buena solución. ¿Cómo van ustedes a abordar la anomalía regulatoria con los 25 y 30 kilovatios, porque esto también afecta mucho a la
competencia de las empresas?


Voy terminando. Consideramos que los mercados deben servir al bien común y que no deben perpetuar desigualdades. Es un poco lo que en el mundo energético todavía sigue ocurriendo. Por eso, confiamos en que la CNMC refuerce su compromiso
con la defensa de los más vulnerables en el ámbito del consumo energético, pero también en el ámbito de la producción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Granollers.


Tiene a continuación la palabra, en representación del Grupo Parlamentario SUMAR, el señor Martín.

Página 23

El señor MARTÍN URRIZA: Señora presidenta, muchas gracias por la prolija presentación.


Quería plantarle cinco cuestiones desde mi grupo. En primer lugar, coincidimos con usted en que, efectivamente, la economía, la nueva economía digital, es el gran reto, y es ahí donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
tiene que poner parte del nuevo foco, sobre todo porque otros mercados son maduros, ya se conocen mejor y es inteligente mover los magros recursos con los que cuenta la comisión para hacer tan ingente labor. No obstante, a mi grupo le surgen dudas
-en este ámbito de la economía digital- de que la comisión sea el órgano adecuado para tratar determinados asuntos que son básicos, como el tema de protección de menores o los temas relacionados con la libertad de expresión. Entendemos que
posiblemente otro organismo ad hoc especializado debería ser el que se encargase de estas cuestiones, porque al fin y al cabo solo el sector público -estos órganos de competencia, pero también estos otros que pueden supervisar los temas de
protección de menores o de libertad de expresión-es el que tiene dimensión suficiente para sedimentar un modelo tecnológico que haga frente a determinadas big tech con una dimensión muy importante. Ya digo, es el sector público el que puede plantar
cara y conformar un modelo competitivo y protector de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.


En segundo lugar, le pido reflexiones sobre dos inputs básicos que forman parte, por hacer un símil, del sistema circulatorio de nuestro sistema económico, que son el dinero, la banca y la energía. En el ámbito bancario ya tuvimos
oportunidad de hablar al respecto cuando la presidenta tuvo a bien invitarnos a la sede de la comisión. Están todos los temas de concentración, de falta de competencia que detectamos por remuneración del ahorro, pero también de acceso al crédito,
tanto de familias como de pequeña y mediana empresa. En concreto, esta Comisión aprobó una PNL presentada por nuestro grupo porque entendíamos que no hay facilidad para trasladar la hipoteca de una entidad a otra, y ahí querríamos tener la misma
portabilidad -obviamente, salvando las distancias- que tenemos, por ejemplo, en la telefonía móvil. Lo sedimentamos de la manera en que entendíamos que los bancos tienen que transparentar los perfiles de riesgo asociados a esos productos y, desde
luego, no retirar la posibilidad de novar o subrogar hipotecas que en mi grupo entendemos que es lo que han hecho durante la etapa de subida de tipos, impidiendo que algunas familias se pudieran defender de esas subidas de tipos trasladando su
hipoteca a una hipoteca de tipo fijo. En cuanto al sector energético, igualmente, mi grupo presentó ayer, en el Pleno, una PNL, esta vez es verdad que sin éxito, para avanzar en la desintegración vertical del sector energético, que es muy pobre.
Espero que coincida en esto conmigo; generación, distribución y comercialización siguen estando integradas alrededor de grandes operadores, aunque es verdad que la renovables están abriendo la posibilidad de que aparezcan nuevos operadores.
Nosotros propusimos ayer que los saltos de agua y las centrales eléctricas ad hoc a los mismos, según venzan las concesiones públicas, caigan a una empresa pública que evite comportamientos estratégicos, que detectamos por parte de empresas privadas
que hoy los operan, para conseguir, obviamente, vender al máximo precio posible los metros cúbicos que gestionan a través de esas centrales hidroeléctricas, provocando unos aumentos artificiales de la tarifa. Es verdad que lo que propusimos ayer
era algo light, porque van a terminar cayendo, aunque no lo van a hacer porque, finalmente, no tuvieron el respaldo de la Cámara para que se gestionasen públicamente a través de una empresa cuyo objetivo no sea la maximización del beneficio, sino
simplemente la maximización del bienestar social. Pero ¿qué le parecería a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que segregásemos, a través de mecanismos de mercado, esas centrales hidroeléctricas, subastándolos a
fondos, a inversores no conectados con las empresas de generación y que, obviamente, los resultados de esa subasta compensasen a las empresas actualmente propietarias?


En tercer lugar, como a algunas otras diputadas que me han precedido en el uso de la palabra, a nosotros también nos preocupa el precio de los alimentos, lo tratamos también cuando visitamos la sede de la comisión, cómo los precios de los
alimentos han subido como un cohete con la subida de costes y, cuando estos costes de la energía y la materia prima se han caído, en cambio, esos precios vemos -como dijo muy bien la presidenta- que caen como una pluma; es decir, que son rígidos a
la baja. Mi grupo, por ejemplo, ha propuesto un impuesto inteligente, que se adapte o que se reduzca en función de que las grandes empresas, a lo largo de la cadena alimentaria, adapten o no sus márgenes, entendidos como márgenes de beneficio sobre
ventas, a los que tenían antes de la pandemia, para intentar corregir un comportamiento que nosotros entendemos de rebaño. Hay grandes operadores que pueden competir, pero no hay ningún elemento que les esté obligando o que les introduzca dudas a
la hora de tener una estrategia competitiva diferente, desde el punto de vista

Página 24

de los precios. En cuanto consiguiésemos que un operador operase de manera distinta obligaría al resto a mover fichas.


En cuarto lugar, quería preguntarle sobre el tema de los altos precios de la vivienda. Desde nuestro punto de vista, el mercado no funciona de manera eficiente en este sector y genera viviendas muy caras, donde el margen es muy jugoso para
los operadores del sector. Vemos cómo se está acumulando un stock de viviendas nuevas muy caras, que no se venden, porque el sector solo opera con esos márgenes; y para operar en el resto del mercado exige al sector público una política de VPO,
que se traduzca en suelo gratis, suelo público a través de concesiones públicas, avales públicos para que la banca le dé crédito y desregulación de la ley del suelo. Obviamente, la manera de operar en todos estos bienes inelásticos, desde el punto
de vista de la demanda, por ser bienes básicos, es fundamentalmente a través de la iniciativa pública, como vemos en el sector sanitario o en el sector educativo. En aquellos países, que no es el nuestro, afortunadamente, en el sector sanitario y
educación, donde el sector público no tiene una presencia importante, vemos que se producen grandes bolsas de exclusión. Esto lo hemos arreglado nosotros en la sanidad y en la educación, pero todavía no lo hemos arreglado en el sector de la
vivienda, y quería preguntar a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia si ve usted que, efectivamente, aquí la iniciativa pública, a través de operadores públicos, tiene que ser la respuesta para conseguir algo que ya
hemos conseguido en otros ámbitos.


Por último, y para terminar, me sumo a la intervención previa de otra diputada, para recabar cuáles son las impresiones o las reflexiones de la presidenta de la comisión sobre el recorrido jurídico en los tribunales de las sanciones de la
comisión, sobre todo en el ámbito de la colusión frente a la licitación pública.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín.


A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario VOX, el señor Sáez.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora Fernández, por su comparecencia, por la memoria que nos han repartido y por sus explicaciones en esta Comisión.


Comenzó remarcando los objetivos de la CNMC, la importancia de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento de todos los mercados y sectores productivos, la transparencia y la competencia efectiva en beneficio de todos los
españoles. Compartimos esos objetivos y, por eso, nos preocupa cuando se producen quejas cuando la investigación de posibles prácticas anticompetitivas por parte de grandes compañías no se realiza con la agilidad necesaria; o cuando pymes,
start-ups españolas y autónomos denuncian una falta de acción para proteger a las pymes frente a prácticas anticompetitivas de grandes corporaciones y de abuso de posición dominante por parte de grandes plataformas de comercio electrónico; cuando
una entidad como la Confederación Española de Comercio pone de manifiesto que las trabas burocráticas frenan las inversiones, la creación de empleo y perjudican la competitividad; cuando una entidad como la asociación empresarial del comercio
textil, Acotex, menciona que los procedimientos administrativos lentos y complejos impiden la apertura de nuevos establecimientos y afectan a la expansión del sector y la competencia.


Mencionó la señora Fernández hace más de un año, en el IESE, la importancia de que existan reguladores independientes para que los mercados de energía sean competitivos. Completamente cierto y, por ello, nos preocupa que la creación de la
nueva Comisión Nacional de la Energía, o como la quieran llamar al final, suponga un nuevo acto de colonización de las instituciones y organismos públicos por parte del Partido Socialista. Nos preocupa porque el Partido Socialista ha demostrado que
su único interés es reforzar el control sobre las empresas del sector. Nos preocupa porque no existe ningún interés por parte del Partido Socialista en preservar el buen funcionamiento del mercado en interés de consumidores y usuarios. Nos
preocupa porque los auténticos ideólogos de este nuevo organismo son la señora Teresa Ribera y su marido, que fue consejero de la CNMC hasta su paso a la CNMV. Nos preocupa porque la señora Ribera ha sido ministra dañina para el sector primario
español, que ha conseguido que en España se queme más gas que nunca. Nos preocupa que se intente replicar el antiguo modelo de la CNE, donde el Partido Popular y el Partido Socialista se repartían los miembros del consejo y, además, se esforzaban
para que la cuota de independentistas vascos o catalanes estuviese representada. Por ello, nos gustaría saber si se ha escuchado a expertos, académicos, instituciones comunitarias, empresas y asociaciones vinculadas a la regulación de los mercados
y la competencia, para conocer su opinión sobre la creación de una CNE independiente. Mencionaba también la señora Fernández, en el IESE, que es la certidumbre

Página 25

jurídica lo que va a garantizar que tengamos las inversiones necesarias. Compartimos absolutamente esta afirmación y, por eso, nos preocupa observar el ataque a la independencia del Poder Judicial que se está llevando a cabo por parte de
este Gobierno; un ataque claro a la certidumbre jurídica, que, a la vista del desarrollo de las votaciones en el Congreso, certidumbre política tampoco existe. Supongo que usted estará de acuerdo con nosotros en que, si en un país no existe
certidumbre política ni certidumbre jurídica, la inversión buscará otros lugares y la economía y el empleo del país se verán afectados.


Ha comentado en su exposición el objetivo de supervisión de la economía digital de los gigantes digitales. En este marco, entiendo que podemos encuadrar la idea comentada por miembros del Gobierno de crear la comunidad autónoma número
dieciocho, una comunidad autónoma que sería un espacio virtual que sirva para simplificar trámites empresariales y reducir la burocracia; un espacio que busca resolver la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas. La verdad, es una
buena noticia que este Gobierno reconozca que en España existe un exceso de burocracia y una elevada complejidad de los trámites que tienen que llevar a cabo todas las empresas. De este tema saben mucho los autónomos. Quiero recordar que el 78,9 %
de los autónomos españoles aseguran que tiene contratados servicios de una gestoría o asesoría para que les lleve los temas más burocráticos y contables. Es también una buena noticia que el Gobierno admita el fracaso del modelo autonómico, un
modelo que provoca fragmentación regulatoria e inflación de normativas y supone un freno para el desarrollo de las empresas, un freno para su crecimiento y una barrera para la prosperidad de los españoles. Siempre es bueno recordar en esta casa la
necesidad de respetar lo mencionado por la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, y el artículo 139 de la Constitución, que menciona que no se debe obstaculizar 'la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre
circulación de bienes en todo el territorio español'.


Un último punto sobre el que queremos hacer mención es el relativo al plan de control de los medios que quiere llevar el Gobierno al más puro estilo totalitario. Parece que el Gobierno ha renunciado a crear un organismo específico con este
fin, que le señalaría en índices internacionales, y recurre a la CNMC para evitar el choque con la Comisión Europea. Volveremos a ver un nuevo caso de colonización de las instituciones que viene perpetrando el Ejecutivo y que en este caso trata a
los medios como un sector regulado y parece que lo camuflará bajo el paraguas de que lo hace en una división de la CNMC. En estos momentos, señora Fernández, es cuando se debe demostrar la independencia, y, sinceramente esperamos que la CNMC lo
demuestre.


Termino recordando sus palabras, con las que estamos totalmente de acuerdo: Es la certidumbre jurídica lo que va a garantizar que tengamos las inversiones necesarias, los mercados fuertes y trabajando en plena competencia son el mejor
instrumento en el medio y largo plazo y el papel de los reguladores independientes es clave.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez.


A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Redondo.


El señor REDONDO CÁRDENAS: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, queremos agradecer a la señora Fernández su comparecencia en esta Comisión y el trabajo que viene realizando al frente de la CNMC, agradecimiento que nos gustaría que diera traslado a los trabajadores de la casa, de su
organismo, por el importante e ingente trabajo que vienen desarrollando.


Una competencia efectiva es fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. La competencia es, además, una forma de favorecer la igualdad tanto de oportunidades como en beneficios. Es una forma de recompensar y
estimular el emprendimiento, el mérito, la innovación y el esfuerzo, pero esta competencia no surge ni se garantiza de manera espontánea ni los mercados se autorregulan. Requiere de un marco regulatorio y de instituciones públicas que lo protejan,
y de ahí la importancia de poner en valor el papel que desempeña la CNMC.


Respecto a la memoria del ejercicio 2023 que se nos ha presentado en el día de hoy, en el área de defensa de la competencia nos gustaría destacar los resultados, como ha dicho la presidenta, de la Unidad de Inteligencia Económica que se creó
en 2018, destinada a la detección de oficio de conductas anticompetitivas y, en especial, para la lucha contra los cárteles; una unidad pionera y referente para el conjunto de las autoridades de competencia en el mundo, que emplea diversas
herramientas informáticas, como nos ha explicado su presidenta. La utilidad de esta nueva vía de trabajo queda patente, habiéndose realizado numerosas inspecciones en el ejercicio 2023, como pueden ser las realizadas a las agencias de

Página 26

viaje. Dentro de los expedientes sancionadores, destaca el expediente de Amazon/Apple, con una multa de 194 millones de euros por restringir la competencia en el Marketplace de Amazon España.


En cuanto a la promoción de la competencia, quiero destacar que en 2023 la CNMC ha recibido el reconocimiento por parte de la Red Internacional de Autoridades de Competencia por el proyecto Municipios y Competencia, por contribuir a la
mejora de la comunicación entre autoridades locales, operantes económicos y ciudadanos, así como por incrementar el interés en la competencia en el ámbito local. También debemos destacar el estudio que han realizado sobre la traslación del IVA al
sector, a solicitud de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, para analizar el efecto sobre los precios de la reducción del IVA en los alimentos básicos, sobre la base del Real Decreto Ley 20/2022, que sirvió para contrastar que
en este caso no hubo problemas significativos en lo referente a la traslación de precios. Esperamos con expectación el informe que hoy se nos ha anunciado en materia de contratación pública por parte de las pymes y las limitaciones que
imposibilitan el acceso de estas a las licitaciones públicas.


En cuanto a los mercados regulados supervisados, quiero destacar que en 2023 la CNMC resolvió ocho expedientes administrativos, siete de ellos con una sanción superior a 205 000 euros. En este apartado destaca la fusión de dos grandes
operadores, como son MásMóvil y Orange, creando una gran empresa que ya es líder del mercado. Esta fusión plantea lógicas preocupaciones en materia de competencia, dado que pasa a controlar más de 30 millones de líneas móviles, 7,3 millones de
usuarios y 2,3 millones de clientes en su plataforma digital, lo que viene a desarrollar una cuota de mercado en fijo y móvil superior al 40 %. Es verdad, en todo caso, que respecto a las telecomunicaciones hablamos de un mercado cada vez más
global, más europeo, sobre todo después de la reducción de barreras, como ha sido la eliminación del roaming en la Unión Europea, pero no solo nos preocupa esta fusión en términos de competencia, sino también las posibles consecuencias en materia de
empleo. El ministro López anunció el pasado día 11 en sede parlamentaria su compromiso en el mantenimiento del empleo para los trabajadores de esta fusión. En definitiva, podría argumentarse que se agrandan las empresas porque a su vez también se
agrandan los mercados, pero esto no sucede en todos los sectores, como puede ser en el sector financiero, lo que hace que estemos vigilantes sobre la posible fusión del BBVA y el Sabadell, siempre atendiendo al rigor de los informes técnicos. En
este caso entendemos que la fusión de estas dos empresas sí incrementaría el tamaño de la empresa, pero no lo haría a su vez el tamaño del mercado.


En el mercado audiovisual, con la publicación y entrada en vigor del Reglamento de Mercados Digitales DMA y DSA de la Unión Europea y sus mercados miembros se ha dado un paso definitivo para la regulación ex ante de los mercados digitales.
La aplicación de la DMA en nuestro país sirve para proteger a los menores y a los consumidores en la red y permite que las autoridades nacionales de la competencia también puedan supervisar, vigilar y aplicar prohibiciones en la medida en que se
disponga de una habilitación legal para ello. Es una de las tareas pendientes en nuestro país modificar la ley para que la CNMC pueda desarrollar todas las competencias que le permite la DSA para aplicar las prohibiciones a las plataformas, que de
otro modo solo se podrían llevar a cabo por la Comisión Europea. Nosotros queríamos preguntarle si, además de esta modificación legal que permita desarrollar en plenitud la DSA en nuestro país, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
tiene alguna línea adicional para desarrollar y proteger a los consumidores en la red. Esta modificación legislativa se podría realizar conjuntamente con la futura ley de autoridad de defensa del cliente financiero o con la modificación que habrá
que llevar a cabo para dar cobertura a la CNMC para poder realizar las tareas de registro de los medios de comunicación dentro del Plan de Acción por la Democracia anunciado recientemente por el Gobierno de España, con el que se pretende reforzar la
limpieza de la democracia y dar mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación en nuestro país.


En materia de supervisión de la energía, como bien saben sus señorías, las turbulencias en el sector energético llevaron a un incremento extraordinario del nivel de precios de la energía y a una fortísima volatilidad en los mercados
organizados de la electricidad, gas y petróleo. En este entorno, la labor de la CNMC resultó clave para asegurar que las comercializadoras trasladaran de forma adecuada los costes, evitando abusos a los consumidores. En relación con el mecanismo
ibérico, mecanismo de ajuste o tope al gas -tiene muchos nombres, incluso algunos lo llamaron timo ibérico-, fue importantísima la labor de la CNMC y queremos destacar la labor y el esfuerzo realizado, entre otros, para supervisar la energía exenta
del mecanismo temporal para limitar el precio de la electricidad establecido por el Real Decreto Ley 10/2022, para supervisar la bonificación de los veinte céntimos en la gasolina sobre la base del Real Decreto Ley 6/2022 y para garantizar que las
comercializadoras comunicaran de forma clara y

Página 27

transparente el impacto de las modificaciones en la factura a los consumidores. Quiero destacar en esta línea, como ha hecho la presidenta, la herramienta puesta en marcha Entiende tu factura, con la que la CNMC explica claramente al
consumidor cuáles son los conceptos de su factura, cada uno de los componentes y qué tiene que hacer para poder ahorrar dinero.


En materia energética, en su plan de actuaciones para el 2024 la CNMC también contempla modificar la Circular 3/2020, con el objetivo de actualizar la señal de precios que se le quiere trasladar al consumidor, así como la entrada de nuevos
modelos de demanda. Al respecto, hemos leído en prensa recientemente que la CNMC está estudiando cambiar el horario de la tarifa de la luz para ajustarlo a la nueva era renovable. Queríamos saber si hay alguna previsión al respecto. Del propio
repaso de la actividad de la CNMC en materia de energía se deja entrever la complejidad técnica que conlleva este sector. La señora Teresa Ribera, nueva vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea -afortunadamente, en Europa la valoran mejor
que como lo ha hecho hoy el portavoz de VOX en esta Comisión-, llevará a cabo las labores de competencia y transición energética en la Comisión Europea y ya anunció la creación de la Comisión Nacional de la Energía, una comisión nacional específica
para la energía que creemos que permitirá una atención más concreta tanto para el sector energético como para la propia CNMC en sus funciones.


En materia de transporte, sin duda, la mayor novedad ha sido la liberalización del transporte ferroviario. Este incremento de la competencia ha supuesto una bajada de los precios en aquellos corredores abiertos a nuevos competidores.


Por otro lado, en el Grupo Parlamentario Socialista compartimos las líneas de trabajo marcadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en su Plan Estratégico 2021-2026, con retos compartidos, como son la digitalización, la
transición ecológica y el crecimiento sostenible. La CNMC es una institución clave para el desarrollo económico de nuestro país, su labor es muy importante como autoridad de competencia y de supervisión de los mercados regulados. Los objetivos que
tenemos como país tienen que ser compartidos y no son otros que mejorar las condiciones en las que se encuentran los consumidores y las empresas y mejorar la competitividad y la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras. En ello podrán
contar ustedes con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para concluir el turno de intervenciones de los grupos, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moraleja.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidente, señorías, buenos días.


Señora presidenta, nos volvemos a ver aquí otra vez, ahora en sede parlamentaria; bienvenida. Esta comparecencia y las preguntas que le vamos a hacer espero que sirvan para aclarar algunas de las cuestiones por las que mi grupo
parlamentario está preocupado y consideramos que no han sido suficientemente concretadas. Abordaré solo algunas porque el tiempo es el que es y los temas son muchos.


Empezaré, por supuesto, por el tema de la semana, el plan de censura de Sánchez. El señor Sánchez ha decidido ahora incluir a la CNMC en su estrategia de descrédito de todas las instituciones a las que con sus medidas intervencionistas y
deslegitimadoras arrastra por el fango. Pretende instaurar un modelo de sóviets, con la CNMC como órgano superior de censura y propaganda que vigile y controle a los medios de comunicación, porque no acepta que uno de los pilares de una democracia
es una prensa libre ni tampoco comprende el rol constitucional atribuido a los periodistas. El propio plan presentado por el Gobierno recoge la necesidad de la reforma de la CNMC e incluir competencias en materia de servicios digitales y medios, y,
por lo tanto, reconoce que no tiene esas funciones ni cuenta con los medios humanos y técnicos necesarios para desarrollarlas. Sánchez aspira a convertir la CNMC en el órgano fiscalizador de los medios y los periodistas. Y yo le pregunto, señora
presidenta, ¿podrá elevar esta comisión propuestas de sanción? ¿Cerrará esta comisión medios de comunicación? ¿O solo cerrará aquellos que hablen o informen sobre Begoña Gómez, por ejemplo? (Aplausos).


Dados los precedentes, ¿Sánchez aprovechará estas modificaciones para incorporar a socialistas con carné, al estilo empleado con la nueva presidenta de la Corporación de Radiotelevisión Española? Sería otro paso más de la colonización de
las instituciones, que va desde la Agencia EFE, el CIS, INE, Correos, Renfe, Indra, CNI, Paradores, Fiscalía General del Estado, Consejo de Estado, etcétera -la

Página 28

lista es infinita- hasta ahora ya el Banco de España. Decía Thomas Jefferson que prefería prensa sin Gobierno que Gobierno sin prensa. En su caso, el señor Sánchez prefiere Gobierno sin prensa, y ahora, sin Parlamento.


Señora Fernández, sabemos que usted preside un organismo independiente y tenga presente que nosotros le queremos animar a mantener esa independencia, porque estamos seguros de que su criterio será exclusivamente técnico, y no político, pero
lo mismo ocurre cuando hablamos de servicios digitales, y usted lo ha comentado aquí. La DSA establece la obligación a los Estados miembros de designar una autoridad competente coordinadora en materia de servicios digitales. En España, el 24 de
febrero de 2024, dos años después, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública designa a la CNMC como coordinadora nacional. Sin embargo, como usted también ha comentado, los estatutos de este organismo no disponen de las
competencias necesarias para poder hacer efectivas las actuaciones de cumplimiento y supervisión que establece la DSA ni tampoco le permiten establecer sanciones por infracciones, abusos que se puedan cometer por determinados agentes digitales.
Pues bien, desde esa fecha, en España no se ha producido ninguna modificación legislativa. Yo le pregunto: ¿Esta responsabilidad sobre quién recae directamente, sobre el Gobierno de España, que a través de su Ministerio para la Transformación
Digital tendría que hacerlo?


Como usted sabe, esto implica un problema respecto a los contenidos publicados por terceros en plataformas o redes sociales en las que se cometan actos de deepfakes, suplantación de identidad y delitos contra menores, los cuales no podrán
ser sancionados por la CNMC. De hecho, la Unión Europea ya ha planteado un apercibimiento de sanción al Gobierno por no haber realizado aún esta función, y por eso el Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno de manera urgente la modificación
legislativa para la reforma de los estatutos de la CNMC y que así ustedes puedan realizar su trabajo. Teniendo en cuenta las últimas leyes de digitalización aprobadas en España y las que vienen directamente del Parlamento Europeo, la Ley General de
Telecomunicaciones, la Ley General de Comunicación Audiovisual, las leyes de la IA, DSA, DMA y la ley de ciberseguridad 5G imponen responsabilidades nuevas para la CNMC. ¿Dispone la CNMC hoy día de recursos humanos y materiales que permitan hacer
frente a estas competencias? En caso de no presentarse los presupuestos generales del Estado este año o de no aprobarse por no tener los apoyos suficientes, ¿qué plan tiene usted para poder cumplir con las competencias que tiene atribuida esta
Comisión?


En cuanto a la protección de los menores en Internet, lo cual nos preocupa mucho -y a mí como madre, por supuesto-, la Ley de Comunicación Audiovisual, como usted comentaba, contempla la publicación de un código de corregulación con las
plataformas y los generadores de contenidos. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué efectividad pueden tener las medidas de limitación de acceso a páginas pornográficas, que fue anunciado por el anterior ministro, señor Escrivá, para la protección de menores en
España?


Para el caso de los despliegues de la banda ancha en España, la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que el Grupo Parlamentario Popular apoyó, imponía, por ejemplo, la publicación de un reglamento para desarrollar los procedimientos de
despliegue de redes de telecomunicaciones. Casi tres años después el Gobierno sigue sin publicarlo. ¿Cómo afecta esta ausencia de procedimiento a las actuaciones de la CNMC en esta área? Ya nos ha dicho cuál ha sido la situación de los
expedientes de Booking o Apple en España para las grandes tecnológicas en cumplimiento de la DMA. ¿Han pagado? Querríamos conocer este detalle.


Otro tema sobre el que me gustaría que nos pudiese ampliar y compartir su opinión -lo han dicho también mis compañeros- es el relativo a que la CNMC se desprenda de la parte de supervisión y regulación de la energía a través de la Comisión
Nacional de la Energía. ¿Cuál es el fin último de la creación de esta comisión? ¿Por qué sale de Economía y se va a Transición Ecológica? ¿Considera que el regulador y el regulado estén bajo el mismo paraguas organizativo y de dependencia? ¿Cree
usted que eso es bueno para ejercitar las competencias de control del sector? Se lo digo porque nos preocupa mucho el riesgo sobre asignación de recursos, como le decía antes, y la disponibilidad de personas como consecuencia de la escisión del
área de energía. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cree que la actividad de la CNMC se puede ver comprometida por una decisión arbitraria del Gobierno?


Usted siempre ha sido una firme defensora de la liberalización, frente al intervencionismo del Gobierno, que, por cierto, la nombró. ¿Qué piensa del hecho de que nos encontremos en el nivel más bajo de competitividad, según el ranking de
competitividad mundial que publica el IMD, como consecuencia del intervencionismo y la ineficiencia regulatoria del Gobierno? Lo digo porque en el factor de eficiencia

Página 29

del Gobierno hemos bajado hasta veinte puestos desde 2018 y este prestigioso instituto nos sitúa en niveles de eficiencia del Gobierno similares a los de Ghana, México o Sudáfrica.


En una comparecencia anterior nos dijo usted que recomendaba al Ejecutivo facilitar la competencia a la hora de diseñar las licitaciones públicas. Yo le digo que los datos del IGAE muestran que no le han debido hacer mucho caso en el
Gobierno del señor Sánchez, porque la ejecución de los fondos europeos ha ido empeorando año tras año, pero no en alguna fase, sino en todas las fases de ejecución. ¿A qué cree usted que se debe este mediocre desempeño en la ejecución de unos
fondos europeos que no llegan al tejido empresarial?


Se ha hablado aquí del sector ferroviario, y usted también defendió la liberalización de este sector por sus beneficios sobre todo para los usuarios, que, como se ha demostrado, ha supuesto diez millones de pasajeros más en alta velocidad
entre 2019 y 2023. ¿Qué piensa usted cuando un ministro como el señor Puente culpa del caos ferroviario y de la mala gestión de Renfe -por cierto, marca España- a las empresas que concurren en competencia con la empresa pública? Nos gustaría que
emitiese una opinión al respecto.


¿Nos puede dar información al respecto y qué valoración hace la CNMC sobre la idea de que Correos, otra marca España, recupere una licencia bancaria para intentar compensar las pérdidas que recurrentemente obtiene en su actividad de reparto?
Ha mencionado usted la resolución sobre el control de calidad de este servicio público universal. ¿Nos puede concretar un poco más su contenido?


Me queda algunas cuestiones, que dejaré para la siguiente intervención, y ahora solo me referiré a dos más.


Cuando se aprobaron los gravámenes extraordinarios a la banca y la energía, usted dijo que eran temporales por la obtención de unos beneficios extraordinarios, derivados de una subida de precios en el caso de la energía y de los tipos de
interés en el caso de la banca -ahora ya no se dan-, y que iban a ser destinados a fines concretos, a ayudar a los colectivos vulnerables ante el aumento del precio de electricidad y a las familias con hipotecas en el caso de la banca. ¿Le consta a
la CNMC que se hayan destinado los tres mil millones de euros recaudados por ambos impuestos en estos dos años a esos colectivos específicos?


Por último, en cuanto a la cadena alimentaria -entiendo que es de interés general-, nos gustaría preguntarle cómo está actuando y si consigue proteger a productores frente a intermediarios y grandes compradores, que imponen precios de
compra. Lo digo porque en nuestro caso, Galicia, nuestra comunidad autónoma, la leche es muy importante y nos interesaría saber cómo está actuando y qué resultados se están produciendo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moraleja.


A continuación, tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para dar contestación a las formulaciones realizadas por los diputados.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Muchas gracias. Voy a procurar contestar por su orden.


En primer lugar, muito obrigada. Entiendo perfectamente el gallego y el catalán y esa es la razón por la que no me puse los auriculares. Si hubiera sido euskera, señora Sagastizabal, habría sido distinto.


Respecto a las preguntas que me ha dirigido el señor Rego, siendo además una pregunta recurrente que me han hecho varias de sus señorías, en cuanto al diseño institucional que existe en España respecto a las autoridades de competencia
autonómicas y la autoridad de competencia de la CNMC, que es la central y sirve también como consejo para aquellas autoridades autonómicas que solamente tengan órgano instructor, y no órgano de decisión, como usted bien señalaba, les quiero dar unas
cifras para que vean que, en realidad, la coordinación funciona, y funciona muy bien, y que estamos trabajando en red de forma perfectamente integrada. De hecho, tenemos unas jornadas anuales sobre competencia -este año se desarrollarán en Bilbao
los días 16, 17 y 18 de octubre- y, previamente a ellas, los grupos de trabajo de instrucción, consejos y promoción de la competencia siempre se reúnen e intercambian experiencias, aunque también se trabaja en línea y tenemos un sistema con el que
de forma muy regular y fluida establecemos esa coordinación. Pero, por darles una idea sobre cómo funcionamos, en el año 2023, de un total de 87 expedientes sometidos a mecanismos de asignación, es decir, sea una autoridad autonómica o la CMC, por
denuncia o una investigación de oficio, por lo que sea, en un primer momento se analiza a quién corresponde o compete, y 76 expedientes han sido asignados a las respectivas comunidades

Página 30

autónomas y 11 han sido asignados a la CNMC. Es verdad que no se someten todos los expedientes a asignación: cuando no hay dudas, cada uno de los organismos lleva a cabo su actuación, pero aquellos en los que pueda haber un efecto que
supere el ámbito de la comunidad autónoma o en los que se nos denuncia a nosotros y observamos que los efectos quedan circunscritos al ámbito de una comunidad autónoma forman parte del mecanismo de asignación. Por lo tanto, las comunidades
autónomas se han llevado el 87 % de los de las asignaciones, y, desde el 2002, cuando empezó este mecanismo de asignación, son contados los casos en que ha habido conflicto de asignaciones. En general, los criterios van funcionando y se van
depurando de forma bastante clara. En los grupos de trabajo también se establecen mecanismos de ayuda entre unos y otros formularios, por los que se puede tener una idea clara de cuándo se debe hacer la asignación, y lo que les digo es que, de
verdad, hay un trabajo continuo y en línea. En 2023 no se inició ningún conflicto de atribución de competencias, y, aparte de estos expedientes en asignación, también hubo diecisiete colaboraciones no regladas. A esto nos referimos cuando hablamos
de intercambios de información sobre consultas o hechos de los que se pueda tener conocimiento, sin que tengan su origen en denuncias o indicios claros de infracción.


La estrecha colaboración que llevamos a cabo con las comunidades autónomas también se lleva a cabo en materia de formación o en materia de inspecciones conjuntas, que hemos desarrollado en varias ocasiones. Y en esos grupos de trabajo de
los que hablaba antes se plantean también cuestiones de aprendizaje entre unos y otros. Cuando tenemos alguna novedad en materia de inspección o en materia de análisis jurisprudencial, habitualmente mantenemos intercambios con las distintas
autoridades de las comunidades autónomas. Y hemos hecho seminarios de formación, por ejemplo, sobre aspectos procedimentales y legales en las inspecciones, el nuevo reglamento de exención por categorías para acuerdos verticales y nuevas directrices
verticales de ámbito europeo, donde hemos estado intercambiando esas visiones con las autoridades de competencia, que, si bien no aplican el derecho de la Unión Europea, aplican los equivalentes nacionales, que son prácticamente un calco, con lo
que, obviamente, están interesadas en conocer bien cuáles son esos mecanismos.


Me pregunta usted por alguno de los casos asignados que han podido ser relevantes. Por ejemplo, le puedo mencionar un caso remitido a Galicia, que fue el de la licitación de la urbanización del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por el
que se declaró acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1, que se remitió a la Comisión Galega en 2018 y se resolvió en 2023 y hubo una colaboración. Por otro lado, nosotros también estamos atentos respecto a ser llamados
en cualquier caso cuando, por dudas o la aplicación uniforme de la Ley de Defensa de la Competencia, se nos requiera para ello.


En cuanto a energía, las declaraciones de impacto ambiental entendemos que son de ámbito de las comunidades autónomas, y ahí tenemos poco que hacer, en la medida en que además la regulación es la que establece que el primero que llega a un
nudo es el que tiene el acceso -eso sería un cambio de regulación-. Como usted sabe, solo en los nudos de transición justa se saca a concurso, según es la regulación que tenemos a fecha de hoy.


En cuanto a transportes, señalaba usted que en el proyecto Mercancías 30 no hay nada para Galicia si no hay petición previa de los empresarios. Es la pescadilla que se muerde la cola: generamos demanda solo si realmente hay una posibilidad
de oferta, y creemos que el informe que vamos a llevar a cabo nos dará alguna luz sobre la posibilidad de generar demanda. Mencionaba esas posibles vías de atracción, ver dónde están esos posibles oferentes, que en la actualidad podrían ser
sustituidos por ferroviario, y eso lo estamos haciendo, obviamente, por el total del mercado.


Con respecto a los distintos corredores y los grados de satisfacción de los clientes en unos u otros, y en relación en particular con los corredores gallegos, que son de más reciente creación, es verdad que los corredores van alcanzando su
madurez y, a medida que vayan alcanzando su madurez, probablemente se mejore el servicio, se mejore la rapidez y se reduzcan los tiempos, pero es cierto que todo lleva una curva de implantación. Tenemos corredores muy maduros, como puede ser el de
Barcelona-Madrid, que lleva muchísimos años y, obviamente, todo lo que es la conexión con Galicia está todavía en pleno desarrollo, con lo cual esperamos que mejore. En todo caso, Adif tiene también aquí una gran labor que llevar a cabo y nosotros
estamos obviamente a disposición de ADIF para informar en las decisiones que tenga a bien adoptar y someternos.


El tema de la autoestrada del Atlántico y el tema de la prórroga de concesiones en general. Este es un caso en el que las autoridades de competencia insistimos mucho, y, de hecho, hemos llevado a cabo alguna actividad, concretamente con
distintas autoridades de las comunidades autónomas, en un ámbito

Página 31

que llamamos Municipios y Competencia, pero que en realidad pretende acercar a los servicios de primer nivel, sean concesiones o sean servicios al ciudadano, como sanidad -me refiero a limpieza pública-, etcétera, que compete a los
ayuntamientos. Observamos que hay una falta de mentalidad competitiva y hemos intentado con este proyecto de Municipios y Competencia mentalizar sobre esto. Precisamente hoy tengo que pedir disculpas a la ACCO, porque en estos momentos debería
haber inaugurado junto con la Autoritat Catalana de la Competència un evento de Municipios y Competencia en Barcelona, pero, al ser reclamada por sus señorías, estoy aquí. Ruego al señor Loppacher que me disculpe, porque inaugurábamos los dos uno
de estos proyectos de Municipios y Competencia donde, de la mano de las distintas autoridades autonómicas, lo que hemos estado haciendo es llevar a la última milla, a nivel de comunidad autónoma y de municipio, esa mentalidad de competencia.


En uno de estos eventos de Municipios y Competencia, uno de los proyectos que se trataron fue precisamente la prórroga de concesiones como un elemento de freno a la competencia -muchas veces por los motivos que sean, a veces simplemente
porque el poder adjudicador anda mal de tiempo y decide que en lugar de preparar todo un pliego lo va a prorrogar; puede haber otras razones, eso ya no lo discuto- porque la realidad es que cuando se produce una prórroga de una concesión
normalmente todos salimos perdiendo. Primero, porque evitamos que haya nuevos entrantes más innovadores que puedan proporcionar mejor los productos; segundo, porque ya de por sí adormecemos a los potenciales nuevos entrantes en la medida en que la
prórroga se extiende, y eso sin tener en cuenta que puede haber otros muchísimos problemas. Pero en particular, en el tema de prórrogas de concesiones sí que hemos alzado las voces las autoridades de competencia para recomendar, pedir que no se
lleven a cabo las prórrogas. Hay un sector muy claro, por ejemplo, el de las concesiones de transporte interurbano de autobuses, hay algunas concesiones que se han ido prorrogando y llevan cincuenta años, y ahí hemos hecho también un estudio. Es
decir, cualquier prórroga de concesión tiene que estar muy específicamente justificada para ser aceptada, porque en general una prórroga impide el momento de competencia único que tiene una concesión, por tanto, no puedo estar más de acuerdo con
usted.


En cuanto al tema de TikTok, la finalidad esencial de la actuación fue la protección del usuario de servicios digitales y, en particular, de los menores. El producto TikTok Lite consiste en que, para asegurar lo que se llama el infinite
scrolling, es decir, estar todo el día pegado a la pantalla, se interactúa con el usuario de forma que se le ofrecen premios por estar y participar, premios que luego son canjeables en algunos casos incluso con cheques que se puede utilizar en
Amazon o incluso criptos, etcétera. Es decir, el sistema es ya de tal adictividad que lo que hace es obligar al usuario a que esté permanentemente enganchado a la pantalla mientras le van colocando los contenidos que sean, las publicidades que
sean, etcétera. Por el grado de adictividad de este servicio, pudimos apoyar la idea de esa adictividad gracias a un montón de estudios que teníamos en el grupo de trabajo creado con la Agencia Española de Protección de Datos. Se lo suministramos
rápidamente a la Comisión Europea, los franceses hicieron algo parecido y, sobre la base de esos estudios de naturaleza más científica sobre cuáles eran los parámetros de adictividad, se pudo llevar a cabo esta actuación, pero fue estrictamente en
el marco de la protección del usuario y, en particular en este caso, de la protección de los menores.


Con relación a los temas de otros gigantes que puedan tener una posición de dominio en nuestro territorio, hablaba usted por ejemplo de Meta, cuando además están dominando WhatsApp o Instagram, tengo que decir que precisamente la autoridad
española de competencia, la CNMC, reenvió la operación de concentración de Facebook y WhatsApp a la Comisión Europea porque, gracias a nuestro umbral de cuota de mercado, nosotros capturamos operaciones de concentración no solo por volumen de
facturación, como tienen en la Unión Europea, sino también cuando las entidades que se concentran adquieren o incrementan una cuota superior al 30 %, y eso no se mide solo en dinero, se puede medir en clics, en dispositivos utilizados, etcétera, es
decir, que nos permite abordar bien los mercados de precio cero. Estamos mucho mejor preparados que otros, y hemos sido muy criticados siempre por este criterio de cuota de mercado. Se nos criticaba por falta de certidumbre, porque hay que hacer
primero el análisis de mercado para saber si se va a amplificar o no la operación, pero lo cierto es que en los mercados digitales esto nos ha permitido reenviar a la Comisión Europea un montón de operaciones de naturaleza digital, como Apple o
Shazam, que la reenviamos nosotros, por ejemplo. En estos casos, la Comisión Europea es la que tiene la competencia para analizarla porque, obviamente, excede de lo que es el ámbito nacional, pero fuimos nosotros los que capturamos esa operación,
es decir, sin nosotros la Comisión no la hubiera revisado. La revisó y la consecuencia de esa revisión fue su decisión, obviamente, porque ahí sí que ya tiene ella la decisión final, pero lo cierto es que con la nueva DMA, con la Digital Markets
Act, cualquier

Página 32

operación de compra ahora ya sí en cualquier Estado miembro que lleve a cabo cualquiera de estos guardianes del acceso tiene que ser notificada a la Comisión Europea para intentar evitar precisamente que generen todavía mayor índice de
concentración.


Respecto a las lenguas en nuestra web, cuando usted lo ha mencionado ha dicho CNMV, no sé si quizá de ahí el error (el señor Rego Candamil: No, no, no), es CNMC. He pedido que lo verifiquen, y los contenidos esenciales figuran en gallego y
se puede acceder a ellos. Figuran en todas las lenguas oficiales, no hasta el último detalle, pero sí los contenidos descriptivos esenciales. Y lo que es más importante, las denuncias se nos pueden hacer en cualquier lengua, por supuesto. En
cualquier caso, estamos a punto de preparar una nueva web mucho más interactiva y muchísimo más fácil de usar. Está prevista la traducción a las lenguas cooficiales, no sé si en el momento de la inauguración, porque va a llevar su proceso, pero
desde luego estamos comprometidos con ello.


Paso a las preguntas de la señora Sagastizabal. En cuanto a la modificación de la LDC, que se nos quedó en el tintero, efectivamente los plazos de nuestros expedientes pasaron de dieciocho a veinticuatro meses, por eso también en relación
con una de las preguntas del diputado de VOX, que nos señalaba que se preocupan cuando la reacción no es ágil, tengo que decir que España es el único país de la Unión Europea que tiene plazos cortos para la instrucción de nuestros expedientes.
Teníamos dieciocho hasta hace nada y hemos pasado a veinticuatro en los accionadores; eso se aprobó precisamente en esa reforma. Y tengo que decir que es todo un reto imponerle una sanción de 413 millones de euros a Booking con dieciocho meses de
instrucción, cuando lo que tiene Booking a su disposición es a los mejores abogados del mundo y todos los recursos del mundo, pero, aun así, hemos podido ser capaces, aunque con la lengua fuera. Agradecemos mucho a sus señorías que nos hayan dado
la posibilidad de ampliarlo a veinticuatro meses, que sigue siendo un plazo muy corto, sobre todo con las complejidades tecnológicas a las que nos enfrentamos, pero que nos va a permitir, por ejemplo, incrementar más el número de vistas ante el
Consejo, que era uno de los compromisos que yo asumí cuando tomé posesión, y que hemos podido tener solo en contadas ocasiones. Eso nos va a permitir tener quizá una mejor facilidad de instrucción o de decisión. Esa es la realidad de los plazos,
incluso la reducción, por ejemplo, de las operaciones de concentración más simplificadas, que son de quince días. Hemos pasado un mes de agosto muy divertido porque, claro, quince días para autorizar una operación de concentración cuando requiere
informe cruzado, es decir, cuando verse sobre cualquiera de los sectores de telecomunicaciones, energías, etcétera, requiere informe cruzado de la otra sala de la CNMC y tenemos que dar la autorización, incluido el informe cruzado, con quince días.
Y lo hemos cumplido en todos los plazos, o sea, que somos muy conscientes de la agilidad y más en este ámbito.


Lo que no se incluyó, lo que se quedó fuera, a pesar de que iba en el real decreto, fueron precisamente las multas, las sanciones a directivos y el tema de los settlements. En esto además creo que hay una opinión unánime por parte de toda
la comunidad: empresas, abogados, economistas, autoridades, de que las terminaciones transaccionales o los settlements en materia de cárteles es bueno para todo el mundo. Las empresas pagan su sanción, reconocen que han infringido y se dedican a
hacer lo que tienen que hacer, que es su actividad económica. Los directivos que tienen que estar en la defensa se dedican a crear, no a defender cosas que normalmente son indefendibles además, porque son cárteles, y nosotros podemos liberar
recursos para ir, cada vez de forma más eficiente, desmantelando cárteles. Eso se quedó colgado, es una pena, porque los demás países de la Unión Europea lo tienen y nos permitiría agilizar un poco más y abarcar más sectores, porque al final
tenemos que priorizar. Priorizamos en función de lo que dijimos en nuestro plan estratégico, donde, por cierto -no está la señora Granollers-, una de las prioridades son los consumidores más vulnerables. Lo digo porque también eso impregna la
actuación de toda la CNMC. En todo caso, quedan pendientes esas reformas.


En cuanto a cómo se va a abordar la reforma de la CNMC, la realidad es que no lo sé, no sé cómo se va a abordar. En la parte que nos compete más quizá porque es la que está más avanzada, que es la CNE, existe un grupo de trabajo interno
entre el ministerio y la CNMC precisamente para ir analizando de forma muy detallada los recursos materiales y humanos que formarán parte de la escisión, en su caso, con una premisa básica, y es que la CNE deberá cumplir sus funciones, pero la CNMC
en ningún caso puede dejar de cumplir bien las que tiene asignadas y seguirá teniendo asignadas. Así pues, en el momento en el que se vean cuáles son las necesidades presupuestarias de unas y otras, supongo que Hacienda será la que tenga la última
palabra. Pero de momento estamos trabajando para ir viendo desde todos los puntos de vista, todos, desde secretarias a técnicos a la gente de secretaría general, cuáles son los recursos necesarios de unos y otros, y tenemos esa comisión de trabajo
permanente.

Página 33

Está aquí el secretario general, que es el que lleva por parte de la CNMC la dirección de este grupo de trabajo y, como les decía, el informe que emitimos no puede ser más constructivo, porque para nosotros lo fundamental es que la función
de supervisión de los mercados energéticos no sufra de ninguna manera. La continuidad de la función es lo esencial, y también tenemos que darle mucha calma a nuestra gente porque, al final, los que van a ir a la CNE son los mismos que tenemos
nosotros ahora, y ellos tienen que seguir haciendo su trabajo y evitar el ruido. Entonces, estamos procurando hacerlo de la forma más tranquila posible.


Respecto al DSC y el hecho de ligarlo con el tema del registro de medios, por favor, no lo liguen. El DSC entró en vigor en febrero, la designación de la CNMC tuvo lugar en enero, pero la entrada en vigor de la DSA tuvo lugar en febrero.
Desde febrero estamos en falta, y en julio se inició un procedimiento de infracción contra España al respecto. El tema del registro de medios deriva del Reglamento EMFA, European Media Freedom Act, que entrará en vigor el año que viene. Se puede
estar preparando lo que haga falta, pero la situación no es la misma. Con respecto a lo que es el registro de medios, desconozco -y lo digo por responder ya a la pregunta de la diputada de Junts- el alcance, el contenido, qué es lo que está
previsto. Igualmente, a la pregunta del Grupo Popular, no soy consciente de qué va a abarcar, porque el anuncio nos sorprendió a nosotros igual que a todo el mundo el mismo martes, y lo que estamos haciendo ahora es esperar a analizarlo. Lo que sí
les puedo decir es que el mandato nos tiene que venir de este Congreso, el mandato con respecto a qué es lo que tenemos que hacer, cuáles eran nuestras funciones, cuál es la modificación de nuestra ley. Y, por lo tanto, si este Congreso decide
encomendarnos ese mandato lo cumpliremos con la responsabilidad, la independencia y la competencia que nos caracteriza, en la medida en que se nos dote de medios, eso se lo puedo decir. Pero estamos en una fase tan incipiente que realmente no les
puedo decir nada más.


A la señora Sagastizabal creo que le he respondido también sobre el tema del DSC, el tema de los medios. Sobre los menores, qué hemos hecho con los menores; con los menores estamos haciendo muchas cosas. Tenemos competencias que nos
vienen de bases jurídicas distintas, por un lado, las que tenemos ya conferidas por la Ley General de Comunicación Audiovisual son dos: uno, tenemos que garantizar que haya sistemas de verificación de edad que sean efectivos para proteger a los
menores de contenidos dañinos. Y esta segunda, contenidos dañinos, es la que enlaza con la necesidad de tener códigos de corregulación en los que los creadores de contenidos van a decidir qué es lo que se tiene que etiquetar en función de cada uno
de esos posibles riesgos. Estamos avanzando en paralelo en las dos. Con el sistema de verificación de edad ya tenemos -después de una consulta pública que lanzamos en su momento, a la que me he referido en la intervención inicial- los criterios y
los elementos que aplicaremos. Y aquí tengo que explicar que nosotros no somos una autoridad de certificación de verificadores de edad. Nosotros verificaremos que el sistema es efectivo en el marco de un procedimiento normalmente sancionador (la
señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea: Ya), es decir, como nos está pasando ahora. Incoamos un expediente ante una plataforma de contenido adulto, porque el sistema de verificación de edad era el que era, según ellos, débil; en nuestro caso era
inexistente; y en el marco de ese procedimiento sancionador es donde analizamos si el sistema en sí es eficaz, eficiente, etcétera, y ahí pedimos un informe a la Agencia Española de Protección de Datos, que lo complementará con las cuestiones de su
ámbito. Es decir, nosotros no nos tenemos que preocupar de si el sistema de verificación de edad protege o no los datos de quien sea. De lo que nos tenemos que preocupar es de que sea un sistema eficaz para proteger a los menores del acceso.
Pero, obviamente, con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos diciéndonos que el sistema puede ser eficaz pero que infringe lo que sea, le diremos al operador: oiga, su sistema puede ser eficaz, pero infringe lo que sea, y le voy a
dar noticia a la Agencia Española de Protección de Datos, que lo sepa, básicamente. Como autoridad de competencia que somos, obviamente, cualquier sistema de verificación de edad que sea eficiente será aceptable para nosotros. Puede ser el del
ministerio, puede ser la cartera digital, puede ser el que sea. Pero a nosotros nos compete verificar que es efectivo, eficiente y que protege a los menores respecto de esos contenidos, y ahí estamos ya.


Con respecto al tema de la corregulación. Aquí ha habido que pegar toques amables a los operadores porque, al no tener la ley un plazo para la presentación de esos códigos, lo que pasó es que los que ya estaban sujetos con el régimen
anterior a regulación de contenidos, porque nosotros la imponíamos, han seguido manteniendo esas etiquetas en sus contenidos. Lo verán ustedes en Netflix, que lo ha acogido de forma voluntaria, porque es una plataforma de intercambio de vídeos, o
una plataforma que no estaba en la supervisión original, no era una televisión al uso, pero ellos sí que están siguiendo con su

Página 34

etiquetado, pero no es obligatorio. Entonces, lo que hicimos fue ya empezar a requerir en conversaciones con UTECA y con otros operadores para que ya empezaran a perfilar ese incipiente código que iba a ser de corregulación, antes del
verano ya conseguimos que aceptaran que nos iban a enviar un documento, nos lo han enviado en septiembre y lo estamos analizando, y ahora se iniciará el diálogo para ir avanzando hacia allí.


Por otro lado, con respecto a los usuarios de especial relevancia, los Uber, influencers, bloggers, etcétera, se requería un desarrollo reglamentario para que se instaurara un registro en el que se tienen que incluir. A fecha de agosto, que
fue la última vez que lo verificamos, había 59 inscritos, cuando calculamos que aproximadamente hay más de 1600. La CNMC va a ejercer su función igualmente, estén o no inscritos, lo que pasa es que aquellos que se han inscrito muestran una
colaboración especial y son mucho más proclives después a que, por ejemplo, les recomendemos que adopten también un código de regulación para que sea corregulación. Pero ya estamos avanzando e iremos mandando las señales necesarias. Si tenemos que
abrir expedientes, obviamente los abriremos, pero digamos que los mimbres para empezar con lo que sería la supervisión de la Ley General de Comunicación Audiovisual están ya puestos. Donde no tenemos competencias es en la parte de DSA, que eso sí
que ya abarca cualquier cosa que sea intermediario de servicio digital, no solo el creador de contenidos digitales, sino aquel que los deja pasar, la red social, guardianes de acceso, etcétera, y ahí es donde necesitamos que se nos refuerce.


Les comentaba el caso de TikTok, fue una colaboración informal, porque en el caso de las grandes plataformas o de los grandes buscadores, la competente es la Comisión Europea. Por lo tanto, en el caso de TikTok, la competente es la
Comisión; nosotros lo que hicimos fue ir de observadores de campo, les proporcionamos la información que teníamos y fueron ellos los que tomaron la decisión. Cuando se nos plantea un problema de este tipo con alguien establecido en nuestro
territorio es donde vamos a tener el problema, porque ahí sí que no vamos a poder actuar. En los demás casos estamos dando traslado de las quejas que recibimos, les comentaba alguna de Temu, por ejemplo, de asociaciones de consumidores, y las
reenviamos al DSC de origen, que puede ser Irlanda, puede ser Lituania o puede ser el que sea con el que nos coordinamos. Una vez al mes nos reunimos todos los DSC junto con la Comisión Europea en la Junta Europea de Servicios Digitales -la próxima
es el día 25 en Bruselas, a la que tenemos que ir los presidentes de las autoridades, a la que asisto yo-, y ahí es donde intercambiamos conocimientos. Primero nos hacen el pase de lista para ver quién está ya habilitado y quién no -nos vamos
quedando solos, cada vez más- y después ya pasamos a otras cosas. Por ejemplo, estamos diseñando cuáles son las líneas directrices que tiene que cumplir una alertador fiable o un investigador para ser certificado, en definitiva, para que todo esté
armonizado a nivel europeo.


Me preguntaba la señora Sagastizabal cómo estábamos aplicando la inteligencia artificial y otras tecnologías para mejorar nuestra actuación. Primero, en eficiencia de los procesos; simplemente con aplicar técnicas de inteligencia
artificial a la búsqueda de precedentes se pueden ahorrar dos o tres días de trabajo. Luego, para detección de incumplimientos, por ejemplo, en el ámbito de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado -el diputado de VOX ha señalado un punto
esencial, que es el tema de la burocracia y cómo eso ahoga la actividad económica, no puedo estar más de acuerdo y luego le contestaré este punto, porque creo que es un punto fundamental-, una de las cosas que estamos haciendo para poder detectar
obstrucciones a esa actividad económica por parte tanto del Gobierno central como de comunidades autónomas, etcétera, es el seguimiento de los distintos boletines de las comunidades autónomas, que a veces, por ejemplo, imponen una licencia cuando no
es necesaria, y poderla impugnar con nuestras capacidades de impugnación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Estamos ya aplicando técnicas de inteligencia artificial para poder hacer el seguimiento, porque no es humanamente posible
seguir todos los boletines de todas las comunidades autónomas más lo que sale en el BOE de forma sistemática; entonces, estamos empezando ya a aplicar ese tipo de técnicas.


Luego, por supuesto, en el marco de la contratación pública -y aquí varias de sus señorías me han hecho la pregunta, así que la voy a agrupar-, qué estamos haciendo en contratación pública tanto desde el punto de vista tecnológico como para
reforzar nuestra supervisión allí. Esto es un proceso que ha sido largo. Como les decía al principio, somos punteros en Europa y muchas de las autoridades de competencia europea nos han pedido formación y la estamos haciendo. La CNMC empezó en
2014 pidiendo acceso al portal de contratos del sector público -empezando por el central- y limpiando la base de datos. En aquel momento los datos eran de muy mala calidad y además solamente había obligación de incluir de forma estructurada las
ofertas ganadoras en las licitaciones, pero las ofertas perdedoras se metían en bloque

Página 35

-se metían, por ejemplo, como PDF, como fotos, como fuera-, con lo cual solamente se podían buscar los datos de las ganadoras. Se fue limpiando esa base de datos y cuando se inaugura la Unidad de Inteligencia Económica en el 2018, uno de
los primeros retos que se pone es ver cómo consigue estructurar la información no estructurada, cómo convertirla y, entonces, utilizando técnicas de lenguaje natural, de web scraping y de otras técnicas consiguen diseñar una herramienta propia
nuestra que lo que hace es leer toda la información -sea en PDF, en fotos, etcétera- que es no estructurada y la estructura de forma que ya se puede leer toda.


Por el camino hemos ido firmando convenios con los distintos poderes adjudicadores de comunidades autónomas, etcétera para que nos den también acceso a su base de datos, la hemos incorporado a la nuestra y la hemos ido limpiando. A fecha de
hoy tenemos más de 3,5 millones de contratos en nuestra base de contratos con todos los datos que ello implica. Además, hemos firmado un convenio con el Colegio de Registradores, que nos permite tener acceso en tiempo real a todos los datos
registrales de todas las empresas, con lo cual, cursando esa base con la que ya tenemos de contratos del sector público tenemos a un montón de operadores, una gran parte de los operadores que concurren a las licitaciones, que además suelen ser
sospechosos habituales. Cuando ya por fin con esta herramienta propia -que la llamamos Guíeme, que es la que estructura la información- pudimos tener una base de datos limpia y tratable, pudimos empezar a apreciar patrones. Es decir, mientras
solamente sabíamos quién ganaba una vez, podíamos ver que esta empresa ganaba una vez y luego otra vez dentro de cuatro operaciones, ahora ya podemos saber que esta empresa gana, esta otra pierde, pierde, gana; pierde, pierde, gana; pierde,
pierde, gana (va trazando un dibujo con ambas manos); aquí hay un patrón. Eso nos permite ya empezar a investigar, pero no solamente en patrones de gana-pierde, sino también en territorios, también en tipos de precio, en tipos de clientes, con lo
cual, estamos entrenando a nuestras herramientas para que detecten tipos distintos de colusión, sea por reparto de mercado, sea por precio, sea por subcontratación, sea por lo que sea.


En la última de las actuaciones que hemos llevado a cabo, el algoritmo BRAVA -que ha recibido premio- analiza una operación, o sea, una licitación, un concurso público, ve las ofertas que se le han hecho y analizando eso nos da, con un grado
que cada vez se acerca más al 99 % de rigor, una primera visión de si la oferta, ese concurso tiene o no tiene elementos colusivos. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Lo que hicimos fue coger todas las decisiones que teníamos ya confirmadas por el
Tribunal Supremo, extraer los elementos propios, reservar un grupo de control del 25 %, entrenar a BRAVA con ese 75 % de lo que teníamos para que aprendiera cuáles eran los elementos que daban lugar a la infracción, y una vez hecho eso ya y
entrenada, le añadimos en la piscina global, total, el 25 % que habíamos reservado, y lo detectó entero, los detectó todos. Entonces, seguimos entrenándola obviamente, porque la sofisticación de los operadores cada vez va a más. Y la realidad es
que ahora, cuando en virtud del artículo 130 un poder adjudicador nos manda en un procedimiento acelerado -que las partes ni conocen-, porque así lo dice la ley, el concurso que tiene para que supervisemos y veamos si de entrada plantea problemas,
BRAVA nos es muy útil, la verdad, porque nos da una imagen de comparación muy asentada. Y creemos que con eso podemos ayudar a evitar que las licitaciones se otorguen de forma anticompetitiva, que luego ya es muy difícil, una vez que se han
otorgado, y la indemnización por equivalencia no cumple el mismo efecto.


Así que ahí es donde estamos en materia de inteligencia artificial, y seguimos. Seguimos, porque la persona que ahora asume la dirección de competencia, Susana Campuzano, es la persona que era la directora de la Unidad de Inteligencia
Económica, ahora va a ser la persona que supervise toda la instrucción de la dirección de competencia tras la marcha de Marisa Tierno, que era nuestra antigua directora de competencia de la Comisión Europea, porque era una funcionaria de la Comisión
Europea que teníamos prestada y que ya se ha vuelto a Bruselas. Con lo cual, tenemos la experiencia que nos aportó la antigua directora y ahora tenemos la siguiente fase con la directora actual, que es experta además en temas de inteligencia
artificial.


Calendario CNE. La verdad es que no tengo visibilidad del calendario, o sea, nosotros seguimos trabajando con nuestros grupos de trabajo internos, y lo que sea propiamente el proceso de gestación sus señorías serán quienes tengan primer
conocimiento de ello más que yo. Estamos a su disposición en todo caso, sea con el informe que ya tenemos publicado en la web o para cualquier duda que puedan tener.


Me había preguntado también por el tema de coordinación de las comunidades autónomas con la CNMC. En nuestra opinión funciona bien. Cuando hay concentraciones en segunda fase se les solicita informe a las comunidades autónomas
especialmente afectadas. En primera fase, la agilidad de los

Página 36

tiempos -y normalmente cuando no hay ningún tipo de problema- nos lleva a aceptar lo que nos dice la norma, que es que no se consulta, pero cuando hay realmente problemas sí que consultamos a las comunidades autónomas en la segunda fase que
corresponde.


En cuanto a las anulaciones de sanciones, me preguntaba la diputada Sagastizabal cómo ayudar, y esto también con respecto a la pregunta de si Booking ha pagado ya o no ha pagado. Booking tiene un plazo de dos meses para recurrir la
resolución. Mientras tenga plazo y veamos si solicita cautelares de suspensión o no, no reclamamos el importe de la multa, porque tiene derecho a pedir la suspensión. Por lo tanto, si esto fue en julio y tiene dos meses, pues estará al caer el
recurso -porque estoy convencida de que nos van a recurrir- y seguramente pedirán suspensión del pago de la multa, que, siendo el importe que es, veremos lo que dice la Audiencia Nacional. Respecto a las obligaciones de hacer que le impusimos estoy
relativamente tranquila, es decir, que deje de ejercer los abusos que tenía, porque la propia Booking reconoció motu proprio que los eliminaba a partir del 1 de julio, con lo cual suponemos que al menos la parte más dañina para nuestro sector
turístico sí que se ha repuesto como consecuencia de nuestra decisión. La cuestión es que en lo que es la confirmación propiamente de nuestras resoluciones en el ejercicio anterior el Tribunal Supremo confirmó el cien por cien de nuestras
resoluciones y la Audiencia Nacional el 71,4 %, vamos subiendo. Seguimos trabajando para hacer resoluciones más sólidas, pero yo creo que son buenas noticias.


Señora Calvo, el tema del registro de medios ya lo he contestado. ¿Qué pasará con el Banco de Sabadell? El consejo de la CNMC todavía no ha visto un primer análisis de los servicios, con lo cual no le puedo responder. También tengo que
decirle que, si tuviera una primera visión, tampoco se la daría, pero puedo decirle de forma abierta que no tenemos una primera visión, porque nuestros servicios todavía no han sido capaces de obtener toda la información necesaria para poder hacer
ese primer análisis. Lo que sí le puedo decir es que, como la metodología está muy establecida, le puedo garantizar que vamos a hacer el análisis código postal a código postal de todos los servicios y productos que tienen las entidades, con lo
cual, si en alguno de esos servicios, créditos a pyme o lo que sea, en algún lugar se produce un problema de competencia, obviamente, o las partes nos presentan compromisos o les impondremos condiciones, pero porque es ya la metodología habitual.
El que mencionara que no necesitamos prohibir no es en absoluto una declaración de intenciones, mucho menos sin haber visto ese primer análisis que le comento. En cuanto a fase dos, cuando el consejo de la CNMC tenga un primer análisis, decidirá
si, a la vista de la complejidad, pasamos a esa segunda fase. En cuanto a quién va a presidir o no la CNE, es algo que no me compete a mí y, como les decía, tampoco tengo visibilidad de tiempos.


En cuanto a lo de la cartera digital, como les he mencionado -y yo creo que el tema de los menores lo he tratado ya de forma abundante-, lo que nosotros tenemos que ver es que el sistema de verificación de edad sea efectivo y proteja a los
menores, sea el que sea; luego, eso sí, pediremos informe a la Agencia Española de Protección de Datos, que es preceptivo aunque no vinculante, para que nos indique si ese sistema de verificación de edad tiene o no problemas desde la óptica de
protección de datos.


En cuanto a qué más podemos hacer para los menores, le he contado lo que estamos haciendo ya con la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero lo que nos falta es la parte de DSA, que tiene que ver con todos los intermediarios de
servicios digitales que no sean creadores de contenidos en sí mismos. Por ejemplo, para poder verificar si una red social tiene un sistema de moderación de contenidos que pueda salir al paso cuando haya un caso, por ejemplo, de mobbing o de acoso
escolar o de lo que sea, y pueda frenar esos contenidos, nosotros no podemos hacer la supervisión. Se supone que las grandes redes sociales son competencia de la Comisión Europea, y ella sí puede, lo que pasa es que nosotros deberíamos poder estar
más atentos a lo que pasa en nuestro territorio, y eso con más poderes de supervisión y de sanción, obviamente, es más fácil de hacer.


¿Cuándo se nos va a modificar el estatuto orgánico? El Consejo de Ministros tendrá que decidirlo, porque nuestro estatuto orgánico se modifica por Consejo de Ministros, pero la realidad es que hace falta la modificación de la ley para tocar
nuestro organigrama, que es algo que hemos pedido también. Les comentaba antes, por ejemplo, que la unidad de inteligencia económica no está en el organigrama, cuando es una de nuestras banderas y somos punteros. La gente va a buscar la unidad en
el organigrama para ponerse en contacto con ellos y la verdad es que orgánicamente no existe, con lo que hace falta una actualización. También hace falta una actualización para el DSC, claramente. ¿Que luego vengan otras cosas? Pues, cuando se
vayan fraguando en su proceso legislativo y sus señorías decidan cuál tiene que ser ese contenido y ese mandato, lo iremos viendo, pero lo que ya sabemos a fecha de hoy, obviamente, sería bueno acelerarlo. Esta el tema de los algoritmos diseñados
para maximizar los precios, por ejemplo.

Página 37

¿Qué podemos hacer nosotros ahí? De momento, nada. Cuando tengamos los poderes de DSC para esas plataformas -imaginemos una plataforma española, me da igual que piensen ustedes en una de venta de pisos que en una de venta de productos de
primera necesidad, da igual-, si allí hubiera un diseño de un algoritmo que, en función del poder adquisitivo del cliente, según los datos previos, le subiera los precios a los productos que ponen, con la DSA, siendo DSC ya, podríamos hacer algo.
Para eso probablemente necesitaríamos apoyo tecnológico, porque nos tiene que ayudar alguien que sepa desentrañar algoritmos, y eso se puede hacer por varias vías. La propia DSA prevé que haya investigadores que puedan acceder para analizar si hay
un sesgo en el diseño del algoritmo, y esos investigadores son certificados, normalmente académicos, tienen que ser independientes -lo pone muy claramente en la DSA- y tienen que ser certificados por cualquier DSC. Es decir, lo puede certificar el
DSC de Francia, por ejemplo, y puede venir a España, pero debe tener la habilitación, obviamente. Se le puede certificar y abrir la posibilidad, y nosotros supervisamos que se le dé acceso a los datos de programación de ese algoritmo para que
concluya con un informe. También estoy pensando que si la AESIA, la Agencia Española de Inteligencia Artificial, echa a andar y tiene perfiles que pueden desentrañar esos algoritmos, a lo mejor puedo recurrir a una agencia estatal para que me dé el
expertise, me analice el algoritmo y, entonces, yo ya me encargaré de abrir el procedimiento sancionador y de lo que haga falta, pero no creo que ningún DSC vaya a cumplir propiamente la parte más tecnológica, porque requiere de unos perfiles que
son muy escasos, que son muy de mercado y que la Administración pública difícilmente puede afrontar, aunque nunca se sabe, porque yo tengo en mi unidad de inteligencia económica gente brillantísima que no se quiere ir a la empresa privada porque les
motiva el interés general, así que igual tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros. De momento, esas serían las vías.


Morosidad. Señora Granollers, paso a usted. Aunque ya he abordado algunas de las cuestiones, en las que crea que no, me meto, y, si no, ya se lo indico. Sobre el tema de morosidad, la óptica desde la que nosotros podemos analizar la
morosidad es fundamentalmente la promoción de la competencia, porque, salvo que hubiera un acuerdo explícito entre todos aquellos que llevan a cabo el retraso en los plazos para retrasarlos, nosotros no podríamos actuar. No es una práctica que este
prevista en nuestra ley, pero desde la óptica de promoción de la competencia, claro que sí podemos hacerlo. De hecho, en ese estudio que le estaba mencionando de obstáculos al crecimiento de las pymes, una de las preguntas que hacemos tiene que ver
con la morosidad. Cuando el estudio termine, lo hará con propuestas o recomendaciones de orden normativo, de orden administrativo, etcétera, pero sí, una de esas preguntas está precisamente enfocada hacia la morosidad. Creo que también la ley crea
y crece tenía algo en relación con este punto, pero la verdad es que no lo he seguido. Yo lo sigo más desde el ámbito de la promoción de la competencia y, desde luego, ahí estamos, y quienes nos preocupan en este punto son las pymes. Por tanto,
como está en el estudio de pymes, veremos cuál es el resultado del estudio.


En el tema de consumidores vulnerables, decía -usted ha salido un momento- que nuestro plan estratégico tiene, entre las líneas de actuación de toda la CNMC, una línea en favor de los consumidores más vulnerables. Quizá por evidente y
porque es lo primero que nos viene a todos a la cabeza, permítame hablar un momento del bono social eléctrico y térmico. Nosotros somos los que lo estamos, de alguna forma, gestionando y los que lo estamos supervisando. Para el año 2023, el bono
social ascendió a 475 millones de euros y ha beneficiado a un millón y medio de hogares. De ellos, 213 son para vulnerables y 262 para vulnerables severos. No obstante, aquí tenemos una sensación de frustración dentro de la CNMC, y me voy a
referir al jueves 12 de septiembre, cuando se publicó un informe de ESADE, en colaboración con Oxfam, diciendo que en España solo se benefician del bono social 1 600 000 hogares, que esta cifra debería superar los 5 millones si lo cobrara quien de
verdad lo necesita, que es una media del 24,5 %, que se reduce al 20 % para los deciles más bajos de renta, y que piensan que las causas de que no se acojan todos los que deberían son la burocracia y el desconocimiento. En cuanto al
desconocimiento, nosotros hacemos campañas recurrentes hablando del bono social y, cuando hacemos el análisis, publicamos los informes, pero o no se hacen eco los medios o lo hacen a un nivel que no les llega a los consumidores vulnerables, que
puede ser. Desde luego, vemos que tienen desconocimiento, tienen mayores dificultades para acceder y están desanimados por la burocracia que conlleva. Pero esto está ahí, y somos uno de los países que tiene más enfocado este tema. Al bono social
de electricidad se une de forma automática el térmico, que es el que tiene que ver con la calefacción de las viviendas de consumidores vulnerables. Básicamente, cuando se tiene derecho a uno, directamente se le incorpora el otro en su cuenta. Esto
con respecto a los consumidores vulnerables. En cada una de nuestras actuaciones, cuando observamos que puede haber consumidor vulnerable, prestamos especial atención.

Página 38

El tema de los alimentos nos ha preocupado porque también afecta, en primer lugar, a consumidores vulnerables. Es verdad que nosotros en este ámbito hemos trabajado sobre la base del informe que hicimos para verificar si había traslación o
no de la reducción del IVA en los alimentos. Hemos hecho una foto muy clara de mercado y la tenemos para cada vez que hay un anuncio en prensa de que Facua dice algo. Sobre la base de la información que tenemos, nosotros contrastamos. El hecho de
que no incoemos o no digamos que hemos incoado o no hayamos hecho nada no quiere decir ni que no lo estemos analizando ni que no lo hayamos analizado ni que no lo vayamos a incoar. Pero cada vez que nos surge una alerta, que las tenemos
programadas, de 'exceso de precio en', vamos haciendo un seguimiento para ver si, efectivamente, se produce un efecto pluma o si realmente puede haber un tema de colusión. Si es un efecto pluma, difícilmente podemos hacer nada, más allá de animar a
los nuevos entrantes a que compitan, y eso en la medida en que liberamos restricciones a la implantación de nuevos negocios, lo conseguimos de alguna manera.


Cómo ayudamos en el tema de transición verde. Desde el ámbito de energía, lo hacemos poniendo en funcionamiento todos los nuevos paquetes de transición del ámbito de la Unión Europea. Somos pioneros también en la incorporación, por
ejemplo, de los biogases o del biometano a la red de gas. Estamos haciendo algunas pruebas también en España en materia de hidrógeno, o sea que en la parte más difícil de transitar, que es la parte de los consumos energéticos intensos, estamos
explorando ya biogases y estamos adaptando nuestra normativa para que se pueda llevar a cabo cuanto antes. A pesar de que nosotros tanto en temas de comunidades energéticas como de autoconsumo somos bastante más pioneros que en otros Estados
miembros, es cierto que hay dificultades para el autoconsumo compartido. Nosotros hemos hecho nuestra labor de adoptar la circular y de hacer transparentes los requisitos para el autoconsumo. Hicimos una mesa de autoconsumo en nuestra casa para
oírlos y ver cuáles eran los problemas y observamos que los problemas no son tanto de ámbito regulatorio como de ámbito licencias, conexión, etcétera. Desde la óptica de competencia, hemos incoado algunos expedientes sancionadores cuando hemos
observado que la conexión del autoconsumo a la red de distribución no está siendo todo lo ágil que debería, con lo cual, estamos viéndolo desde el ámbito regulatorio, pero también desde el ámbito de competencia.


Márgenes empresariales. En una economía de mercado me temo que la única forma de intentar reducir los márgenes empresariales o de intervenir sobre ellos es generando más competencia. Fijar márgenes o poner tope a márgenes en una economía
de mercado no lo podemos hacer, pero sí podemos fomentar más competencia para que aquellos que están viendo que el margen es alto entren en los mercados. De nuevo, aquí tenemos que eliminar barreras.


Pasaré enseguida al tema de la burocracia, porque tiene mucho que ver con esto, pero toco antes el tema del sector bancario por ir en orden. ¿Que en el sector bancario hay cierta falta de competencia? Hay que analizar, primero, si esto es
verdad; segundo, si es verdad, de dónde viene, y, tercero, cuáles podrían ser las soluciones. Como autoridad de competencia, analizamos si la competencia que existe en el sector financiero plantea algunas cuestiones que son iguales antes o después
de una operación de concentración. Para que no hablemos de la que está siendo analizada, que todavía no conozco, hablemos de la de CaixaBank-Bankia o de la de Unicaja-Liberbank. Si el tema de remuneraciones de depósitos no varía sustancialmente
antes de esas concentraciones y después, a lo mejor el problema no lo tenemos tanto en la operación de los operadores, sino en la estructura propia del mercado. La cuestión del incremento de concentración hay que analizarla, pero si los bancos ya a
fecha de hoy, ayer o anteayer no necesitan ponerse de acuerdo -y esto lo he dicho en alguna ocasión- para no remunerar, a lo mejor es porque la transparencia en los mercados es la que es y resulta que hay otros factores que impiden la competencia.
Eso es lo que estamos intentando analizar en el estudio de traslación o no traslación con la rapidez necesaria de la remuneración de los depósitos. Puede haber otros factores, puede haber factores de compensación, porque no te remunero el depósito,
pero te bajo, a lo mejor, 1 punto, 0,5 puntos o 0,25 puntos la hipoteca. A lo mejor, eso para el banco, en términos generales, acaba compensando. No lo sabemos, lo tenemos que verificar. Puede ser, como apuntaba también el diputado, señor Martín,
que tenga que ver más con un tipo de negocio de los bancos -lo llaman crecimiento orgánico- donde crecen a base de incrementar el número de productos que tienen por cliente. Eso tiene como consecuencia -puede ser- un factor de vinculación excesiva
del cliente que le permite ser poco flexible a la hora de mutar a otro banco. Si es así, entonces los factores de competencia son más de orden estructural, y si es así, es un tema de regulación más que un tema de competencia. Espero que el informe
que

Página 39

estamos llevando a cabo nos arroje luces a todos para ver cuáles son las mejores medidas que tenemos que adoptar.


Segregación de posibles generadoras hidráulicas. Entra dentro de la planificación energética que compete el ministerio, con lo cual, me permitirá que no le dé opinión.


Precios de los alimentos. Estamos intentando seguirlos. En cuanto a su propuesta respecto a verificar antes o después de la pandemia de nuevo, si son observatorios, pueden dar una referencia, y las referencias a veces son buenas y otras
veces son malas; son malas cuando se alinea uno y son buenas cuando sirven para competir. Le puedo decir que nosotros estamos trabajando de cerca con el instituto asociado al Ministerio de Agricultura para ir viendo, más o menos, cuáles son las
evoluciones, porque si detectáramos algún problema de competencia, actuaríamos, pero siempre desde la óptica de competencia y no tanto desde la óptica de intervención.


En cuanto al precio de la vivienda, confiamos en que el estudio que esperamos poder iniciar nos permita verificar factores que hacen esa contracción de la oferta. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, pero algo, desde luego, está
pasando.


En cuanto a contratación pública, creo que ya les he ilustrado bastante sobre todo lo que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en investigación, pero en promoción de la competencia estamos haciendo más cosas. Hemos
revisado la guía de contratación pública por cada una de sus fases. Empezamos con diseño; luego, hicimos la parte correspondiente a convenios y medios propios, porque observamos que hay veces en las que la adjudicación de servicios a convenios y
medios propios detrae de la competencia efectiva de servicios que podrían estar prestando nuevos entrantes, nuevas compañías; ahora estamos en la fase de planificación y diseño de las licitaciones, donde, obviamente, tenemos que analizar si, por
ejemplo, reducir los lotes puede permitir una mejor entrada a las pymes en los sistemas de contratación, aunque entonces hay ver cuáles son las desventajas de reducir lotes, si genera mayor necesidad de coordinación. En definitiva, estamos haciendo
una actualización para dar guía a todos los poderes adjudicadores de cómo en cada una de esas fases llevar a cabo una licitación más competitiva. Al mismo tiempo, hemos formado en el ejercicio 2023 a mil empleados públicos, más los dos mil y pico
que ya teníamos, a los que damos formación en materia de contratación pública, sobre todo para ayudarles a detectar indicios de colusión, para que utilicen ágilmente después el procedimiento del artículo 130, que es el previo, o el del 150, que es
ya una vez adjudicado, para que cuando haya indicios de colusión también nos los pueden reenviar. En definitiva, estamos intentando alertar para que todo el mundo tenga ojos más de competencia.


Voy ahora con el señor Sáez. Él decía que tiene una gran preocupación cuando hay denuncias que no se analizan de forma ágil. Nosotros también. Ahora tenemos un sistema de priorización que nos permite ser mucho más ágiles, diciendo en un
momento determinado: Este es un tema en el que, probablemente, la jurisdicción mercantil está mejor ubicada. Pero por lo menos damos una respuesta o, simplemente, lo tramitamos de forma más ágil dentro de los plazos que tenemos. Hasta la última
reforma de la directiva ECN+ no teníamos la capacidad de priorizar, teníamos que dar traslado de todas y cada una de las denuncias que recibíamos, incluso aunque no tuvieran nada que ver con lo nuestro. Gracias a la priorización que viene impuesta
por una coordinación general en Bruselas, ahora tenemos la posibilidad de priorizar. Priorizamos en virtud de nuestros ejes estratégicos, pero también priorizamos en virtud de que la actuación que se precise esté mejor ubicada en un tribunal de lo
mercantil o en una autoridad de consumo -porque no somos autoridad de consumo, sino que somos autoridad de competencia- o de que los indicios que se nos presenten sean indicios que a primera vista son suficientemente concluyentes y con una labor de
investigación adecuada para podamos llevar a cabo un procedimiento con éxito o, todo lo contrario, si son cuatro cosas deslavazadas que realmente no tienen por dónde cogerlas.


Dentro del arco de los objetivos estratégicos, por ejemplo, la digitalización era uno, pero digitalización sobre todo para evitar abusos de grandes plataformas respecto del tejido industrial español; de ahí que hayamos estado tratando con
el caso Amazon/Apple o el caso Booking; tenemos ahora uno todavía en investigación contra Google y acabamos de incoar otro contra Apple, porque los desarrolladores de aplicaciones, de apps, denuncian que las condiciones de acceso a su tienda son
absolutamente abusivas. Estamos hablando, por ejemplo, de una pequeña startup española que ha tenido una idea genial para ponerla en la app y a la que le dan largas y se la copian, o cosas de ese tipo. Eso es lo que estamos investigando ahora.


Intentamos centrarnos en aquello que es más estratégico y hacerlo en los plazos que tenemos, pero gracias a nuestra actuación en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, estamos observando que hay

Página 40

una pérdida absoluta de agilidad económica y de actividad económica por un exceso de burocracia. Nuestras pymes están sometidas a un exceso brutal de burocracia. Ya no solamente es que tengan que cumplir la legislación de diecisiete
comunidades autónomas, es que además tienen que cumplir la de veintisiete Estados miembros. El problema no es ni siquiera solo a nivel de España, el problema lo tenemos a nivel de la Unión Europea. De hecho, los informes Letta y Draghi, los dos,
ponen el acento en un exceso de burocracia. A la señora Von der Leyen le pidieron que en la legislatura pasada eliminara sesenta mil normas que se considera que son redundantes en la Unión Europea, y no lo consiguió, lo tiene pendiente. Yo le
sugiero a la Unión Europea que utilice el equivalente a un chat GPT o lo que sea para que haga simplemente un cruzado de todas esas normas que se solapan entre ellas y son innecesarias y se eliminen directamente. Yo creo que lo podríamos hacer de
forma bastante fácil, porque si no competimos así y si no tenemos la posibilidad de competir en un mercado único, nunca vamos a llegar a la dimensión que necesitamos para competir de verdad en un mercado global. Lo que nosotros podemos hacer, y es
lo que hacemos, es impugnar cualquier norma de rango inferior a ley cuando crea un obstáculo para que una empresa pueda llevar a cabo su actuación.


Con respecto a la contratación pública, no son solamente los datos que me daba su señoría del Grupo Popular, no solamente es que en España podamos tener un problema, es que no concurren las pymes. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo ha
puesto de manifiesto que a más de la mitad de los contratos públicos en Europa solo concurre una empresa y que las pymes no están ni se las espera. Yo creo que eso es un problema de diseño de la normativa de contratación pública, y espero que la
nueva Comisión lo flexibilice. Hay un proyecto, que es crear un portal virtual en el que las pymes puedan presentarse de forma mucho más ágil, pero tenemos que avanzar muchísimo en ese ámbito. Estamos ahogando a base de burocracia a nuestras
empresas. En nuestro gorro de autoridad de promoción de la competencia y de la regulación eficiente, intentamos, en cada proyecto de ley que informamos, analizar si la restricción que se impone es necesaria y es proporcionada.


En cuanto al reglamento de protección de datos, por ejemplo, que públicamente he criticado -lo hago en el grupo de alto nivel, ese grupo en el que les decía que estamos representantes tanto de BEREC como de ERGA, para el cumplimiento de la
DSA y de la DMA-, una de las últimas críticas que yo vocalicé fue que, por ejemplo, tendríamos que revisar ya el Reglamento General de Protección de Datos para hacerlo, igual que la DSA y la DMA, asimétrico. No es normal que tenga que cumplir
obligaciones equivalentes una empresa de cinco trabajadores en temas de control interno que una empresa grande. Estoy convencida de que se puede llevar a cabo una adecuada protección de datos sin tener que aplicar exigencias que una pequeña empresa
no va a poder cumplir. En definitiva, yo creo que tenemos un exceso de burocracia que está frenando muchísimo, pero muchísimo la actividad económica, y ahí estamos. En promoción de la competencia, impugnamos cuando vemos que realmente podemos
hacerlo, con bastante éxito, por cierto.


Con respecto al plan de control de los medios, señor Sáez, de nuevo le digo que, si la CNMC recibe el mandato de este Congreso, haremos lo que tengamos que hacer con la independencia que nos caracteriza, pero hay que ver primero cómo se
desarrolla esto, porque yo creo que está todavía un poco incipiente.


Señor Redondo, muchísimas gracias. Trasladaré a todo el equipo de la CNMC su agradecimiento y el de todas sus señorías, porque es verdad que este es un trabajo de equipo. Le aseguro que vamos a seguir trabajando con la unidad de
inteligencia económica y vamos a ver dónde más podemos poner todas nuestras herramientas al servicio de las pymes, porque es un tema que nos preocupa, y nos preocupa mucho.


En el tema de las telecomunicaciones, es verdad que MásMóvil o MasOrange, como se llama ahora, ha incrementado su posición en el mercado, pero también es verdad que los remedios que, como consecuencia de esta operación, se han desinvertido
han generado un competidor muchísimo más fuerte, como es DIGI. España es un mercado en el que hay competencia en las telecomunicaciones y la portabilidad es un éxito rotundo. Cada mes hay portabilidades sin ningún tipo de problema y, además, con
una implantación de la fibra hasta el hogar que supera el 90 %; en las zonas rurales se están llevando a cabo ya concursos para su adjudicación, de forma que también tengamos fibra. La gran pregunta es cómo vamos a ir en la carrera del 5G, y eso,
como regulador de telecomunicaciones, es lo que en estos momentos me preocupa más, porque no nos podemos quedar atrás. Hemos sido muy punteros en la Unión Europea, pero ahora viene el momento del 5G real y hay que ver cómo lo hacemos, y ahí estamos
supervisando.

Página 41

Lo de DSA ya lo he mencionado. Señora Moraleja, del tema del registro de medios creo que ya he hablado, pero si tiene usted alguna pregunta, después lo completaría.


Con el tema del DSC, ¿de qué depende que se nos den poderes? De que se adopte una norma que modifique la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que tenemos vigente, para dotarnos de los procedimientos de investigación y sanción;
que se modifique la ley de creación de la CNMC, para incluir esa nueva dirección que tendrá que ser el DSC, y, por supuesto, el estatuto, que ese sí le compete al Consejo de Ministros, y que se nos dote de los medios, porque de momento vamos un poco
con la lengua fuera, y eso que no hemos empezado a cumplir todo lo que podremos y queremos cumplir, pero depende de eso. ¿En qué ley? En la primera que se tramite, por favor; me da igual cuál, pero la primera, porque cuanto antes mejor.


Para su tranquilidad, en el tema de delitos contra los menores estamos coordinados con la Fiscalía y con las distintas instituciones del Estado para alertar cuando nos llegue una denuncia de algún tipo. Incluso aunque nosotros no pudiéramos
imponerle una sanción, por ejemplo, a una plataforma establecida en España que dejara que se produjera un delito, sí podemos avisar a la Fiscalía, que es la que actúa. O sea, las cuestiones más graves, dentro de lo que cabe, están. Formamos parte
de una red, también dentro de España, en la que nos intercambiamos información. Pero, obviamente, no podemos desplegar todos nuestros poderes. Cuando podamos, llegaremos más lejos, será mucho más amplio y podremos detectar muchas más cosas.


¿Cómo está el tema de la corregulación? Me he referido ya antes a esto. Tenemos ya ese primer borrador en el que vamos a empezar ahora a trabajar, y la idea es que cada uno de los distintos usuarios tenga su propio código de corregulación.
Idealmente, nos encantaría que hubiera un único código de corregulación para todos los creadores de contenidos, pero no son lo mismo las actuaciones que puede llevar a cabo, por ejemplo, un influencer poniendo publicidad en display, que la
publicidad subliminal o lo que puedan hacer a lo mejor las televisiones proyectando en vivo y en directo escenas que puedan ser dañinas. En fin, vamos a verlo, pero el punto de partida, que era lo que nos preocupaba, que no se había iniciado, se ha
iniciado ya. Al menos se nos trasladó un documento que estamos viendo ahora y en el que vamos a seguir trabajando de forma conjunta con los operadores.


En cuanto al tema de las plataformas pornográficas, en las que están establecidas en España tenemos ya procedimientos de infracción abiertos. En algún caso estamos ya valorando algún sistema de verificación de edad nuevo que están poniendo
en funcionamiento. Ha habido alguna que ya ha aplicado un procedimiento de verificación de edad efectivo, con lo cual están dando también sus frutos. Cuando las plataformas de contenido adulto están establecidas en otros territorios -en Malta hay
unas cuantas, en Chipre hay unas cuantas y en República Checa hay unas cuantas-, ahí tenemos que depender de la autoridad audiovisual de origen. Si esta no reacciona, hay un procedimiento ante la Comisión Europea que claramente activaríamos, pero
estamos muy atentos.


Tema de contratación pública. Me he referido ya a él. Primero, a nosotros nos compete estar en el mercado, estar en las licitaciones, estar viendo qué es lo que pasa, estar viendo no solamente cuando infringen, sino cuando no se presentan,
qué pasa con las pymes. Ahí estamos muy implicados, pero creo, de verdad, que deberíamos flexibilizar mucho más la normativa de contratación pública; creo que es un corsé que va a requerir una flexibilización y espero que la nueva Comisión, que
está mucho más enfocada hacia las pymes, lleve esto a cabo.


Respecto a las declaraciones del señor Puente en relación con la liberalización, tenemos un informe sobre el balance de la liberalización ferroviaria que está publicado en nuestra web y que habla por sí solo, y pone de manifiesto que los
usuarios que se pueden beneficiar de esa liberalización tienen un alto grado de satisfacción. A los operadores les gustaría que los cánones tuvieran una configuración más ajustada, y estamos trabajando en ello, pero es lo que le puedo decir.


En cuanto a los gravámenes, tanto su diseño como el destino y la duración no nos competen, pero lo que sí que nos compete es analizar cómo han funcionado y si se han trasladado o no, y estamos haciendo ese análisis. Hemos tenido que pedir
colaboración -lo ponía ya en el decreto- al Banco de España, pero es verdad que los datos que maneja el Banco de España son datos de enorme confidencialidad, que ni siquiera le corresponden, pues son del Banco Central Europeo. Así, hemos partido de
un primer informe hecho por el Banco de España, agregado, y lo que estamos haciendo es desentrañarlo y hacer requerimientos a las distintas entidades, tanto a las que están sujetas como a las que no, por grupo de control, para ver realmente dónde
puede haber algún problema, si es que lo ha habido, en la traslación a los consumidores. Una parte derivada de esto es el tema de los depósitos, y

Página 42

estamos analizándolo. Todavía no lo ha visto el consejo, pero me consta que los servicios lo tienen más o menos avanzado.


En cuanto al tema de la leche, sé que me ha preguntado algo, pero...


El señor PRESIDENTE: No, era sobre la cadena alimentaria. (La señora Moraleja Gómez pide la palabra).


La señora MORALEJA GÓMEZ: Sí, ha sido sobre la cadena alimentaria. Y los fondos europeos, que no sé si lo he preguntado también.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): En el tema de la cadena alimentaria, la verdad es que, desde una perspectiva estrictamente de autoridad de competencia, tengo sentimientos
cruzados, porque cualquier cosa que tenga que ver con fijaciones de márgenes a lo largo de la cadena plantea, obviamente, problemas de competencia, ya que introduce elementos de rigidez que pueden ser buenos en un momento determinado para la
protección de unos operadores, pero que acaban siendo factores de fijación; es decir, si se puede ser más eficiente, no hay incentivo, y, si se es menos eficiente, se le expulsa, aunque no haya un tema de servicios que pueda compensar. Siempre y
cuando no haya obstáculos a la competencia, siempre y cuando no haya, por ejemplo, actuaciones abusivas por parte de los compradores de la leche, y ahí ha habido, obviamente, intervención de las autoridades de los operadores de competencia para
reponer la situación, porque había un poder de compra excesivo -ahora están ahí todas las reclamaciones de daños, que veremos qué pasa con ellas -, la realidad es que nosotros intentamos que las cuestiones funcionen de acuerdo con las normas del
mercado; eso es lo que nos gustaría más. Dicho esto, como indicaba antes, estamos trabajando en colaboración con los observatorios y con ese organismo del Ministerio de Agricultura, que es el que está encargado de velar por ello y dar alguna
orientación y guía, para ver si detectamos algo y, en el caso de que lo detectáramos, actuar, pero desde la óptica de competencia.


No sé si he respondido a su pregunta, si era esto o no. No sé si me he dejado alguna pregunta sin contestar.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Sí, sobre los fondos europeos.


El señor PRESIDENTE: No, por favor, ahora tendrá usted otro turno, no se preocupe.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Entonces, hasta aquí he contestado a lo que he entendido que me han preguntado, pero quedo a su disposición también.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Ha respondido amplia y exhaustivamente a todo lo que se ha planteado por los miembros de la Comisión. No obstante, como habíamos dicho, paso a preguntar si hay alguien más que quiera hacer alguna petición de aclaración o pregunta adicional
en un turno de un minuto o dos.


El portavoz del Grupo Mixto no está. (Pausa).


¿Señora Sagastizabal, por el Grupo Vasco?


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Simplemente, quiero agradecer las explicaciones, que desde luego han sido muy abundantes. Me he quedado sorprendida por el tema de la inteligencia artificial y por esa herramienta de la que disponen para la contratación pública, porque lo
desconocía -de hecho, lo he mirado en Internet-, y creo que, además, ha tenido un premio.


Solo diré alguna cosa de las autoridades autonómicas. Efectivamente, se trabaja conjunta y coordinadamente y sabemos que las relaciones son buenas y que hay unas reuniones periódicas fructíferas. Pero también es cierto que para nosotros
hay criterios de territorialidad para resolver un asunto si la conducta anticompetitiva se produce al cien por cien en la comunidad autónoma correspondiente. En Europa se utiliza el criterio de autoridad mejor posicionada, algo que quizá, desde
nuestro punto de vista, se podría abordar, porque lo cierto es que en un mundo global y digital es complicado que los efectos de un lícito de competencia se restrinjan a un territorio de forma tan

Página 43

delimitada, y eso también reconociendo que asuntos de economía digital siempre quedan en manos de la CNMC o, en su caso, de Europa, porque no se puede identificar claramente la frontera. Quizá se podrían establecer otro tipo de umbrales.
Lo mismo pasa en la promoción de la competencia, porque no está previsto en la Ley 1/2002, y esto podría traer también ineficiencias, y con las concentraciones, pues entendemos que es importante que tuvieran más competencias, porque, como usted ha
dicho, solo se contempla una intervención consultiva en esa segunda fase.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Junts, la señora Calvo.


La señora CALVO GÓMEZ: Sí, només volia comentar, primer de tot, que s'entengui que la meva intervenció no feia judicis de valor, sinó només preguntes. I li agraeixo molt la seva generositat a l'hora de contestar també profusament a totes
aquestes qüestions que hem preguntat tots els grups parlamentaris.


Només hi ha una cosa que a mi em preocupa molt especialment, i que és un tema que hem treballat des de fa anys: el tema de la protecció dels menors. Vostè ha tornat a queixar-se públicament, ha denunciat, de fet, la falta d'habilitació
legal -que nosaltres també, recordo, hem denunciat en el seu moment-, la falta de mitjans, la falta de personal per aplicar el reglament europeu en aquesta vigilància, en aquest seguiment, en aquest control, de les plataformes que fan
d'intermediàries i que posen a l'abast dels menors continguts que són perillosos, que tenen a veure amb els problemes de salut mental que tenen.


Per tant, li torno a preguntar per veure si la podem ajudar d'alguna manera a través de la seva resposta, perquè clar, aquesta falta d'habilitació es pot resoldre des de la voluntat del Govern. Es pot resoldre des de la voluntat dels
partits que conformen el Govern i que tenen representació àmplia en el Congrés dels Diputats, en el Legislatiu. Per tant, li pregunto: quina pot ser la raó que vostès estiguin any rere any queixant-se d'aquesta falta d'habilitació i que no es
trobi una solució de manera més immediata?


Per un altre costat, vostè ens ha donat una dada que recollia d'Oxfam. Deia que hi ha un milió de llars que estan reconegudes en el bo social i que, en canvi, hi ha cinc milions de llars de les quals parlava vostè de problemes de
desconeixement. Deia vostè que des de la CNMC es fan campanyes, però que hi havia un problema de burocràcia. També li pregunto, des de la col·laboració, què més es pot fer? És un problema de burocràcia? Vull dir, és de l'àmbit dels organismes
que han de fer d'intermediaris amb la gent que necessita aquestes ajudes? És un problema d'Administració? També per veure de quina manera es pot col·laborar. Gràcies.


Quisiera comentar, ante todo, que tiene que entender que en mi intervención no estaba emitiendo juicios de valor, sino solo preguntas. Estoy muy agradecida por su generosidad a la hora de responder de una forma tan profusa a todos estos
temas que hemos preguntado todos los grupos parlamentarios.


Solo hay algo que a mí me preocupa muy especialmente, y es un tema en el que hemos trabajado desde hace años, el tema -insisto- de la protección de los menores. Usted ha vuelto a quejarse públicamente y ha denunciado, de hecho, la falta de
habilitación legal. Nosotros también -lo recuerdo- hemos denunciado en su momento la falta de medios y la ausencia de personal para poder aplicar el reglamento europeo en esta vigilancia, este seguimiento y este control de las plataformas que
actúan como intermediarias y que ponen al alcance de los menores contenidos peligrosos, que tienen que ver con los problemas de salud mental que están sufriendo los menores.


Vuelvo a preguntar, para ver si la podemos ayudar a usted de alguna forma a través de su respuesta, porque, claro, esta falta de habilitación se puede resolver desde la voluntad del Gobierno y se puede resolver desde la voluntad de los
partidos que conforman el Gobierno y que tienen la participación amplia en el Congreso de los Diputados, en el Legislativo. Así que le pregunto cuál puede ser la razón de que ustedes, año tras año, se quejen de esta falta de habilitación y por qué
no se está encontrando una solución de una forma más inmediata.


Por otro lado, usted nos ha brindado datos que recogía de Oxfam. Dice que hay un millón de hogares -está reconocido- en el bono social y que, en cambio, hay cinco millones de hogares que avalaba usted con problemas de desconocimiento.
Decía usted que desde la CNMC hay campañas, pero que había un problema de burocracia. Se lo pregunto desde el espíritu colaborativo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Es un problema de burocracia? Es decir, ¿pasa con determinados aspectos desde el ámbito
de los organismos

Página 44

que deben ejercer de intermediarios con la gente que requiere estas ayudas? ¿Es un problema de la Administración? Y lo pregunto para ver cómo podemos colaborar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


¿Señora Granollers, por el Grupo Republicano? (Asentimiento).


La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gracias, presidente.


Presidenta, primer de tot volia demanar-li disculpes per estar entrant i sortint. És el problema que tenim els grups petits, que mentre estem en una comissió, en una altra es vota i s'hi ha d'anar.


Em referiré a una frase que ha dit, que crec que és molt real, que deia que com més competència, es regula el preu. Llavors, si amb més competència es regula el preu, és una resposta clarament al fet que la concentració bancària no ajudarà
les empreses ni ajudarà tampoc els usuaris. I, després, temes energètics. Si com més competència, regulem el preu, ajudem les comunitats energètiques locals a que puguin prosperar. I aquí sí que vull mencionar l'exdiputat d'Esquerra Republicana,
el senyor Joan Capdevila. En el seu ímpetu, la legislatura passada ha passat dels 500 metres de compartir l'energia en les comunitats energètiques locals als dos quilòmetres. Tot i això, sabem que no és suficient i que hauríem d'estar als vint
quilòmetres com estan alguns països de la Unió Europea.


Referent al bo social, em sembla molt bé, però el que hem d'evitar és que les famílies hagin de necessitar aquest bo social. És cert, hi ha burocràcia, hi ha desconeixement i moltes vegades hi ha una bretxa d'edat. Hi ha persones grans que
no saben que existeix aquest bo social, que no acudeixen als serveis socials que el mateix Ajuntament els proporciona i no hi ha recursos -ja sé que potser no és la seva competència, però sí que ens passa- per fer que els mateixos ajuntaments o que
els tècnics socials puguin trucar a aquesta gent o els puguin ajudar a tramitar aquest bo, i et trobes que aquestes persones passen fred a l'hivern, a sobre, gairebé no gosen obrir la llum, i ja no només el fred a l'hivern, sinó que hem de pensar en
el canvi climàtic i que les altes temperatures els provoquen passar també molta calor a l'estiu. Em refereixo a això, hauríem de trobar aquests mecanismes per poder regular els preus quan aquests mateixos oligopolis no permeten que hi hagi més
competència.


Gràcies.


Presidenta, ante todo, pedirle disculpas por entrar y salir. Es el problema que tenemos los grupos pequeños, que estamos en una comisión y también se está votando en otra comisión, y por eso he tenido que acudir.


Voy a aludir a una frase que usted ha mencionado, que me parece muy muy real, que cuanta más competencia, hay que regular el precio. Esta es una respuesta claramente a que la concentración bancaria no ayudará a las empresas ni ayudará
tampoco a los usuarios. Y luego tiene que ver con temas energéticos, es decir, cuanta más competencia regulamos en los precios. Ayudemos a las comunidades energéticas locales a que prosperen. Y aquí quiero mencionar al exdiputado de Esquerra
Republicana, el señor Joan Capdevila. En su ímpetu, en la legislatura pasada, pasó de los 500 metros de compartir la energía en las comunidades energéticas locales a los 2 kilómetros, y, pese a todo, sabemos que con eso no basta y que deberíamos
llegar a los 20 kilómetros, como sucede en algunos países de la Unión Europea.


En cuanto al bono social, nos parece muy bien, pero lo que hay que evitar es que las familias tengan que necesitar este bono social. Es cierto, hay burocracia, hay desconocimiento y, a menudo, también hay una brecha de edad, pues hay
personas mayores que desconocen que existe esta posibilidad del bono social, que no acuden a los servicios sociales que les brinda el ayuntamiento, y no hay recursos. Ya sé que tal vez no está en el ámbito de sus competencias, pero no hay recursos
a veces. Esto sucede para hacer que los propios ayuntamientos y que los técnicos sociales puedan llamar a estas personas y ofrecerles ayuda para tramitar estos bonos sociales, y ocurre que estas personas, por ejemplo, tienen frío en invierno y,
encima, no pueden usar la electricidad, y no solamente en el invierno, tenemos que pensar en el cambio climático, las altas temperaturas también hacen que sufran mucho por el calor del verano. Deberíamos pues encontrar mecanismos para regular los
precios cuando estos mismos oligopolios no permiten más competencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario SUMAR, señor Martín.

Página 45

El señor MARTÍN URRIZA: Le agradezco mucho todas las respuestas, y tan en detalle, que nos ha dado la señora Fernández.


Entiendo que lo que les preocupa a los ciudadanos son esos altos precios de la vivienda, esos altos precios de los alimentos en relación con sus salarios, esos precios a veces de la energía que suben, como he dicho, por comportamientos
estratégicos, los altos precios que tienen de las hipotecas o a veces la baja remuneración de sus ahorros. Estoy de acuerdo, aunque no siempre, en que la sanción que puede hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un
instrumento que puede ser una intervención puntual, pero a veces las intervenciones tienen que ser más estructurales.


Entiendo que de los trabajos que ha hecho antes y que nos ha anunciado la presidenta sobre el sector bancario, sobre el sector de la vivienda y ese observatorio conjunto con el Ministerio de Agricultura sobre los alimentos se derivan también
una serie de recomendaciones en términos de posibles cambios regulatorios o de reorganización del mercado, porque, desgraciadamente, la competencia no siempre es posible a través de la entrada de nuevos operadores. No es tan fácil, por lo menos si
miramos hacia el pasado, que aparezcan nuevos operadores en el sector bancario. Tenemos algún banco online, como ING, que es un operador con cierta dimensión, pero desde siempre ha sido muy difícil que aparezcan en el sector bancario nuevos
operadores, y esto, obviamente, tiene que ver con la regulación. Entiendo que la Comisión tiene que señalar algo a este respecto.


Lo mismo pasa a lo largo de la cadena alimentaria. Los operadores relevantes tienen una dimensión, de forma que es difícil encontrar nuevos operadores que puedan romper comportamientos estructurales, que son muy difíciles, como digo, de
romper simplemente con los mecanismos de sanción.


Mi pregunta sería si otras autoridades de competencia, a nivel europeo o en Occidente, tienen algún mecanismo o mecanismos adicionales a la hora de hacer planteamientos estructurales de reorganización de los mercados con recomendaciones en
términos regulatorios, en este caso para el Legislativo, para abordar problemas mucho más estructurales que una cartelización puntual que, a lo mejor, efectivamente, la política de sanción de la Comisión puede disolver y permitir que el mercado
opere como todos queremos que opere.


Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín.


Don Pablo Sáez, por el Grupo Parlamentario VOX, ¿quiere hacer alguna puntualización? (Asentimiento).


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Sí, muy rápido. Gracias a la señora Fernández por las explicaciones y me uno al agradecimiento del portavoz socialista dirigido a todo el personal de la CNMC por su trabajo.


Simplemente, quiero remarcar que ser independiente significa tener la valentía de cuestionar, de desafiar y de actuar en función de principios éticos y morales, en lugar de ceder a la presión o a las expectativas de quienes nos han otorgado
la autoridad. Esperamos y deseamos que la CNMC actúe y siga actuando siempre con independencia, y confiamos en ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Redondo.


El señor REDONDO CÁRDENAS: Muchas gracias, presidente.


Quiero agradecer las explicaciones de la señora Fernández con todo lujo de detalles. Creo que nos han ayudado a todos los miembros de esta Comisión a entender aún más, con un grado de detalle importante, el trabajo que realizan desde su
organismo, y en especial la explicación de la plataforma propia para realizar el seguimiento de las contrataciones en las licitaciones públicas y, a través de esa aplicación, poder elaborar un patrón que sirva para estudiar las repeticiones en las
adjudicaciones o las reiteraciones en las adjudicaciones.


Esperamos con mucha expectación -es importante reiterarlo- el estudio que están haciendo en cuanto a las dificultades que tienen las pymes de acceder a la contratación pública. Insistimos en nuestro compromiso de dotar de los recursos
legales y humanos necesarios para poder desarrollar la DMA y la DSA y tener un mayor poder de supervisión y de sanción en los entornos digitales.

Página 46

También quiero aprovechar esta intervención para intentar matizar alguna de las afirmaciones que han realizado el resto de portavoces. El señor Sáez nos dice, por un lado, que existe ausencia de regulación, que el Partido Socialista no
quiere regular y, por otro lado, nos dice que hay un exceso de regulación que impide el crecimiento económico en nuestro país. Quiero recordarle que nuestro país es actualmente el que más crece de la Unión Europea; de hecho, ayer el INE revisó el
crecimiento económico para las anualidades 2021, 2022 y 2023, y concretamente elevó el crecimiento económico en el año 2023 al 2,7 %, un 6,7 % del PIB en los últimos tres años. Asimismo, somos la economía que más empleo genera en el conjunto de la
Unión Europea (un señor diputado: ¡Un poco de rigor!), 21,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, y 2,7 millones de desempleados, que lógicamente son 2,7 millones de preocupaciones que tiene este Gobierno, pero compartirá que conmigo que 2,7
millones son menos que los 6 millones de preocupaciones que había en el año 2013 cuando gobernaba el Partido Popular en nuestro país. (Rumores). También nos ha manifestado el fracaso del Estado de las autonomías. Quiero recordarle que ustedes
gobiernan en coalición con el Partido Popular en cinco comunidades autónomas. Es verdad, lo compartimos con ustedes, que hay que flexibilizar el sistema de contratación pública para facilitar el acceso de las pymes a la misma.


A la señora Moraleja, portavoz del Grupo Popular, he de decirle que de su intervención se desprende la necesidad de tener que poner en marcha un plan de acción para reforzar la limpieza de la democracia en nuestro país. (Rumores).
Desconocemos si a ustedes les preocupa ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.


El señor REDONDO CÁRDENAS: ..., si lo que les preocupa -voy terminando, sí- es la rendición de cuentas obligatorias o si lo que les preocupa es la obligación de hacer debates electorales. Podríamos decir que es una medida antilumbalgia.


Reitero nuestro compromiso para fortalecer la competencia en nuestro país y, como he dicho anteriormente, señora Fernández, tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para desarrollar su cometido en la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Redondo.


Señora Moraleja, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora MORALEJA GÓMEZ: En primer lugar, quiero decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que aquí están los datos de los rankings. (Muestra un documento). Léaselos, porque todo lo que ha dicho no es veraz.


Presidenta, solo quiero pedirle que nos cuente un poco más sobre la ejecución mediocre que se ha hecho de los fondos europeos, en todas sus fases, que nos detalle un poco más las líneas de actuación que se han llevado a cabo -ha contado
alguna- y que nos diga qué valoración hace y cómo y en qué momento están para la promoción de la electromovilidad, y hablo tanto de infraestructuras de recarga como del proyecto de acceso y de conexión. Quisiera que nos explicara un poco cómo están
esas líneas.


Por otro lado, quería que hiciera un poco más de hincapié en el último informe de supervisión del mercado de minorista del gas. La pregunta es en relación con la excepción ibérica, a juicio de la CNMC. Se dice literalmente en el informe
que es difícil estimar el ahorro para el mercado libre; además, dicen que los pocos cálculos que se han hecho -ahora nos ha dado una serie de datos-han sido sobre estimaciones simplificadas. Eso viene en la página 57. Para nosotros es, cuando
menos, paradójico que ustedes, que son un organismo profesional e independiente, no sean capaces de saber el ahorro -si es que ha tenido algún incremento- que se ha tenido con la medida estrella del Gobierno del señor Sánchez y de ustedes. Solo
pregunto si considera que ha podido pesar esa falta de concreción, de respaldar fielmente las políticas de la señora Ribera, para que le quite a la CNMC la parte de energía. Dicho de otro modo, ¿usted cree que la señora Ribera le ha quitado la
parte de energía porque lo que se dice en la CNMC no le gusta a ella? Me gustaría que detallase un poquito más esto.


En cuanto a los principales retos para 2024 de IMD -señala varios-para mejorar en competitividad, el Partido Popular los comparte plenamente, y yo se los voy a comentar aquí para que usted me diga su opinión: reducir impuestos; mejorar el
marco regulatorio de las empresas; mejorar la eficiencia en la gestión de los fondos europeos; mejorar la productividad; favorecer la digitalización de las empresas;

Página 47

cerrar el gap entre la educación y lo que realmente demandan las empresas, y, finalmente, incrementar la inversión en I+D+i, mejorando la transmisión de conocimiento.


Sin más, quiero agradecerle todas las explicaciones que nos ha dado aquí y, si puede detallar alguna cosa más, más pormenorizadamente, se lo agradeceríamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja.


Tiene, a continuación, la palabra la señora Fernández, para contestar a las preguntas que le han formulado los diputados.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (Fernández Vicién): Muy bien.


En relación con la cooperación entre las autoridades autonómicas, en la medida del marco que tenemos, creo que está funcionando muy bien, y si el marco cambia estoy convencida de que seguirá funcionando muy bien, pero solo puedo hablar de lo
que ahora mismo conozco.


En cuanto al concepto de autoridad mejor posicionada, es un concepto que a mí no me hace muy feliz, porque yo era, en mi opinión, claro, la autoridad mejor posicionada para analizar la operación de MásMóvil Orange, porque soy reguladora de
telecomunicaciones y autoridad de competencia en España y la operación exclusivamente afectaba a España, y, sin embargo, se le quedó la Comisión Europea. Por tanto, hay veces que el concepto de autoridad mejor posicionada igual tampoco nos va a dar
ninguna garantía de lo que, en definitiva, creo que ya está funcionando, y está funcionando bien. Entonces, hay veces que cuando las cosas funcionan bien, quizá mejor no tocarlas, porque no sabes dónde te vas a ir metiendo.


En el tema de la protección de los menores yo creo que estamos todos de acuerdo. Es fundamental, es esencial, y animo a todo el mundo, con sus distintas responsabilidades, a que avancen lo antes posible y que yo lo único que tenga que hacer
es cumplir con mi trabajo en cuanto pueda.


En cuanto al bono social y cómo ayudar, aquí tenemos un problema claramente de llegar a aquel que no puede llegar. Si usted me dice que los servicios sociales, que son en quien yo confiaría, ni siquiera llegan, entonces es que tenemos un
grave problema, pero, creo que de alguna forma hay que lanzar campañas. Quizá, cuando nos acercamos a los momentos en los que hay más frío o más calor, a lo mejor, lo suyo es, en los centros de atención primaria, recordar que existen. La realidad
es que, tanto el 'Entiende tu factura' como el 'Comparador de ofertas de energía' son fáciles. Hemos obligado a las generadoras y a las comercializadoras a poner en la factura el código QR para no tener que ir ni a buscar los parámetros, porque son
complicados. Aun así, hay mucha gente que no lo conoce; lo hemos difundido, lo hemos divulgado, hemos salido en televisión, en radio, y, aun así, hay gente que no lo conoce. Yo hablo con mis amigos, que muchas veces se quejan de lo cara que está
la luz, y les digo: Pero ¿tú qué oferta tienes? ¿Estás en el mercado libre o en el mercado regulado? ¡No saben absolutamente nada! Entonces, ya no solamente son los más vulnerables, es que la información en general, por lo que sea... No sé, algo
estamos haciendo mal. Quizá, los que somos capaces de ver la factura y no lo vemos, ni siquiera somos conscientes de que nos podíamos ahorrar un montón. De alguna manera, los que podemos tenemos que ser más exigentes como consumidores y para los
que no pueden, porque son vulnerables y no les llega la información, a lo mejor habría que aprovechar esas campañas en los momentos de mayor necesidad para volver a recordar que eso existe y que funciona cuando la necesidad de uno es apremiante. No
lo sé, pero es cierto que es una pena. Por nuestra parte, estamos haciendo todo lo que podemos. Cuando hay compañías que no informan del bono social les hemos abierto expediente también. Es decir, en la medida de nuestras capacidades, creo que
estamos haciendo lo que podemos hacer. Pero, de nuevo, le lanzo la mano, si se le ocurre que la CNMC puede hacer algo más para que el bono social llegue más lejos, por favor, indíquenoslo y nos plantearíamos, porque es nuestro producto y estaremos
encantados de difundirlo.


Me voy directamente, señor Martín, a la pregunta. Usted me ha puesto de manifiesto una serie de preocupaciones que compartimos, como que los precios suben o que hay factores estructurales, etcétera. La pregunta era: ¿Tienen otras
autoridades mecanismos para abordar problemas mucho más estructurales? Sí, hay autoridades que tienen lo que se llama investigación de mercados, como, por ejemplo, la CNMA británica, Marketing Investigation, lo puede usted consultar en su web, en
virtud de la cual, ellos hacen, igual que nosotros, un estudio de mercado detectando los problemas. Si son problemas de naturaleza estructural, a diferencia de nosotros, que lo que hacemos es acabar con recomendaciones, ellos pueden imponer
remedios, pero, incluso, de orden estructural. Y lo han hecho en varias ocasiones;

Página 48

por ejemplo, observaron que había una altísima concentración en el mercado de hospitales y lo que hicieron fue imponer desconcentración; por ejemplo, en el mercado bancario fueron ellos los que impusieron también la condición de
portabilidad, para facilitar que hubiera una portabilidad y para dar entrada a las fintech, por ejemplo. Pero ellos sí que pueden imponer medidas estructurales. En nuestro caso, si al término de nuestros informes las recomendaciones se siguen, nos
da igual, no necesitamos ser nosotros, pero que se sigan.


Aquí llamo la atención sobre un estudio. La Comisión Europea tenía una línea de trabajo, en el marco de análisis de impacto de las actuaciones de las autoridades, a la que podíamos acogernos distintas autoridades. Nosotros nos acogimos en
2020 a una que medía el impacto de las actuaciones de promoción de la competencia -the advocacy- de nuestra autoridad. El informe se sacó a concurso, se lo adjudicaron a KPMG y a otra consultora conjuntamente, hicieron ese informe y lo que hicieron
fue medir si todas las recomendaciones que nosotros habíamos hecho... Bueno, primero, analizaban las recomendaciones que habíamos hecho en todos los los informes de propuestas normativas, en garantía de unidad de mercado, etcétera, para ver si se
habían trasladado a la realidad o no. Observaron que, aproximadamente, un 70 % de nuestras recomendaciones se habían trasladado, pero, curiosamente, de ese 70 %, más del 60 % eran comunidades autónomas y solo el 10 % Gobierno central. Lo que
estimaban es que, de haberse seguido el 100 % de nuestras recomendaciones, los ahorros anuales habrían sido del orden de los 2500 millones.


Esa metodología, después de que la aplicaron KPMG y la otra consultora, se presentó ante la Comisión Europea, o sea, que nos da toda la garantía de profesionalidad y de independencia. Nosotros la estamos aplicando también, hemos copiado esa
metodología con el permiso de KPMG, para aplicarla a nuestras actuaciones. Y, ahora mismo, vamos a llevar a cabo una. Lo utilizamos para ver si el despliegue de banda ancha se había hecho bien. Se hizo bien. Lo queremos utilizar también para el
despliegue del autoconsumo, por cierto, y nos estamos planteando utilizarlo ahora para ver qué pasaría si se hubieran seguido nuestras recomendaciones en la liberalización de los servicios de autobús interurbano, en esas concesiones que se van
prorrogando y prorrogando, y cuántos ahorros se podrían producir. A ver, simplemente es una cuestión de que, cuando esa recomendación se pone encima de la mesa, alguien la analice y la ejecute. Si lo va a hacer alguien, estupendo; si no lo va a
hacer nadie, que me la den a mí y, entonces, yo lo aplico. Pero sí, existen en otros Estados miembros.


Señor Sáez, seguiremos actuando con la independencia con la que venimos actuando, tiene mi palabra.


Señor Redondo, el estudio de pymes, cuando esté, me comprometo a venir a exponerlo a la Cámara si es del interés de sus señorías; será un placer.


Señora Moraleja, en cuanto a los fondos, tenemos asignada la tarea de revisión de las subvenciones que se conceden con un decalaje de dos años, porque es la Comisión Europea la que lo hace, pero nosotros emitimos un informe anual que cubre
dos años, porque ¿cómo va esto? Es la Comisión Europea la que nos tiene que dar toda la información de las ayudas adjudicadas y aplicadas. Nosotros lo que hacemos es, a la vista de las que se han dado -para eso tarda dos años, o sea, nos los dan
cuando nos los dan, pero nos los dan-, un análisis con todos esos datos de impacto en nuestro territorio de esas ayudas. Por lo tanto, los fondos, los que se hayan adjudicado, y las ayudas públicas que se hayan concedido formarán parte, los que
dieron en 2023, del informe de la CNMC de 2025. Así que, si queremos, nos emplazamos para verlo. Desgraciadamente, no tenemos competencia en materia de ayudas de Estado, la tiene la Comisión Europea. Nosotros solamente tenemos la del análisis de
impacto, pero no del seguimiento en los fondos, etcétera, que eso le compete a Bruselas.


En cuanto a electromovilidad, sí, la circular de acceso y conexión de la demanda ya ha tenido su segundo trámite de consulta pública y ha sido muy participativa. Creo que hemos sido lo suficientemente abiertos como para oír y entender bien
los problemas que hay. Estamos, obviamente, incluyendo nuevas formas, nuevas situaciones que no teníamos hasta ahora, como el vehículo eléctrico, pero, también el almacenamiento y los servicios de flexibilidad, que son muy importantes, sobre todo
en un ámbito en el que tenemos que optimizar lo más posible el uso de las redes. Y la circular estará lista antes de fin de año, o sea, este año seguro. Además, en promoción de la competencia estamos llevando a cabo un estudio sobre los obstáculos
al despliegue de puntos de recarga para vehículo eléctrico, porque no solamente observamos los obstáculos que puedan venir de una falta clara de especificaciones de naturaleza técnica, sino que también observamos problemas de licencias municipales,
problemas de designación clara de cuáles serían los puntos óptimos de recarga, problemas por parte de las conexiones de los distribuidores, etcétera. Entonces, en ese estudio lo que

Página 49

estamos intentando es detectar todos los demás obstáculos para que vayan en paralelo y no se nos retrase más.


Luego, en cuanto a los vectores para una nueva competitividad en Europa, los que son de naturaleza económica -como marco regulatorio, que hay que reformarlo y simplificarlo desde la óptica de promoción de la competencia, desde luego, y
digitalización y competitividad-, hay muchos y estoy de acuerdo con todos. De los que no me competen en el marco de mis funciones no voy a opinar. Pero sí hemos de tener muy clara una cuestión. Lo digo porque se nos pide mucho a las autoridades
de competencia que abracemos la sostenibilidad, que abracemos la justicia social..., pero todos esos no son objetivos propiamente de competencia. No me cabe ninguna duda de que, sin una política de competencia adecuada, ninguno de ellos va a
funcionar. Cuando rebajamos los precios, beneficiamos a los consumidores más vulnerables; cuando mejoramos en innovación, proporcionamos mayores productos, y cuando la innovación se hace en competencia, el precio de la innovación baja. Es decir,
sí hay muchos objetivos de naturaleza más social que, de alguna manera, nos afectan -claro que nos afectan-, pero los tenemos que integrar en la óptica de la política de competencia, porque es lo primero que tenemos que hacer, es nuestro primer
mandato y es lo que tenemos que hacer bien.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández, y muchas gracias también al secretario general y a la jefa de gabinete que le han acompañado en esta comparecencia.


Como saben, no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias a todos por su colaboración.


Levantamos la sesión.


Era la una y quince minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.