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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 100, de 23/04/2024
cve: DSCD-15-CO-100
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 100
TRABAJO, ECONOMÍA SOCIAL, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª AINA VIDAL SÁEZ
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
23 de abril de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en atención primaria y hospital. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000405) ... (Página2)
- Para dotar de más medios humanos y materiales a las oficinas para trámites de extranjería. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000523) ... (Página7)
- Relativa a la democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/000482) ... (Página11)
- Sobre políticas de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000502) ... (Página16)
- Relativa a la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular a la formación para el empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 161/000550) ...
- Relativa a mejorar el impacto social del ingreso mínimo vital en la prevención y reducción de los niveles de pobreza en nuestro país. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000564) ...
- Relativa a fomentar el empleo en el sector privado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000594) ... (Página28)
- Relativa a la defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000638) ... (Página31)
Votaciones ... (Página35)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todas y a todos y feliz sant Jordi. Hoy es un día difícil para estar por aquí en Madrid.
Quería comentar dos cuestiones previamente. La primera es que tenemos la opción en esta sala de poder votar de forma electrónica. Podemos votar como quieran ustedes, a mano alzada o hacerlo electrónicamente.
La señora PRIETO SERRANO: A mano alzada.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Votaremos a mano alzada.
La segunda es que un par de grupos nos piden si podemos adelantar la PNL número 4, relativa a dotar de más medios humanos y materiales a las oficinas para trámites de extranjería, para debatirla en segundo lugar, si no hay ningún problema.
La señora PRIETO SERRANO: El problema es que nuestra portavoz no ha llegado, pero está a punto de llegar.
La señora PRESIDENTA: Sí, está.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: La llevo yo.
La señora PRIETO SERRANO: Entonces no hay problema.
La señora PRESIDENTA: ¿No hay problema? (Pausa).
Perfecto. Debatiremos la PNL número 4 en segundo lugar.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000405).
La señora PRESIDENTA: Empezamos con la defensa de la proposición no de ley sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en atención primaria y hospitalaria, del Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, tiene la palabra el Grupo Socialista por un tiempo de cinco minutos
La señora CASTILLA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Muy buenos días, señorías, a todos y todas. Hay que contextualizar bien esta PNL, porque hablamos de la gestión de la incapacidad temporal siempre que se trate de una enfermedad común o de un accidente no laboral. Hay que ubicarlo ahí,
porque, si no, perdemos el debate y perdemos un poco la visión de lo que estamos hablando en esta PNL. Para hablar del contexto, se ha debatido en multitud de ocasiones en foros académicos, sindicales y de la Administración General del Estado que
uno de los principales
problemas que tiene la administración en la atención primaria es la excesiva burocratización, como reflejan multitud de artículos. Voy a resaltar uno que dice que uno de los factores que más malestar produce en los profesionales sanitarios
es la carga de trabajo burocrático inherente al puesto de trabajo. Este hecho es compartido por multitud de profesionales de otros países y además de otros modelos sanitarios y no en pocos casos está correlacionado con el llamado síndrome de
desmotivación profesional o también conocido con el nombre de burnout profesional.
Por ello, si queremos profesionales motivados y que elijan la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria debemos hacerles atractiva dicha especialidad. Uno de los principales pasos que podemos dar es quitar esta excesiva
burocratización y, por supuesto, mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios, incluidas las competencias y los roles. Un dato muy importante: no hace falta que les diga que hace poco conocimos que se han quedado sin
adjudicar 459 plazas en la oferta mir en la especialidad de Atención Primaria y Comunitaria, es decir, el doble que el año pasado. También redundaría en una mayor calidad asistencial para el propio paciente o su familia, porque así no tendría que
haber un alto índice de peregrinaje de un nivel asistencial a otro, pensemos en un paciente que está ingresado en un hospital. Otro dato: la gestión de la incapacidad temporal es fuente de continuos conflictos y no lo dice el Partido Socialista,
lo dice la Organización Médica Colegial, que es la principal causa de agresión a los médicos de atención primaria, siendo más del 50 % en el año 2021, y de todos son conocidas las consecuencias. Imaginemos un trabajador ingresado en un hospital por
una patología, o bien por una intervención quirúrgica, sea grave o sea leve, ¿qué ocurre? Normalmente, si tiene la suerte de tener un familiar, tiene que ir a su médico de atención primaria para que le dé ese parte de baja que es necesario para su
trabajo. En muchos de los casos el médico de atención primaria no tiene un informe clínico laboral, es decir, simplemente tiene un papel administrativo y no sabe exactamente cuánto tiempo van a durar las limitaciones que va a tener el trabajador o
la trabajadora y cuánto tiempo de baja puede tener, con lo cual son limitaciones que generan mayor ansiedad y mayor estrés en la familia y en el trabajador; máxime, cuando hasta hace poco, había un artículo en nuestro ordenamiento jurídico, en el
Estatuto de los Trabajadores, el 52.2, que permitía extinguir la relación laboral por ausencias del puesto de trabajo. Estas faltas podían ser injustificadas o justificadas. Por tanto, es importante resaltar que esta proposición no de ley constata
que cualquier médico competente que sea el que vea al paciente en su diagnóstico, tratamiento y evolución pueda emitir esa baja sin necesidad de ser el médico de atención primaria. Esto va en la línea del Foro de Médicos de Atención Primaria,
entidad que incluye a tres sociedades científicas -?SEMERGEN, SEMG y SemFYC-; a las vocalías de Atención Primaria Urbana y Rural de la OMC; al Sindicato Médico; a la Sociedad Científica de Pediatría de Atención Primaria y a los estudiantes de
medicina.
No obstante, hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el cual se regulan determinados aspectos que tienen que ver con la gestión de bajas y, para mayor abundamiento, en su
artículo 2.1, el tenor literal viene a decir: 'La emisión del parte médico de baja es el acto que origina la iniciación de las actuaciones conducentes al reconocimiento del derecho al subsidio por incapacidad temporal. La declaración de la baja
médica, en los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se formulará con el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del
trabajador afectado'. Aunque los médicos de familia han asumido históricamente todo el proceso de la incapacidad temporal, por motivos de posibilidad geográfica, es de justicia, según constata la Organización Médica Colegial, que sea el propio
médico que valore al paciente. Esto es un clamor en los profesionales de la primaria y muestra de ello es la disconformidad expresada en múltiples ocasiones para evitar que la norma deje ser de iure atractiva y se convierta de facto atractiva.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos el apoyo a esta proposición no de ley que va en la línea de promover una reforma normativa, dentro del marco del diálogo social, siempre teniendo en cuenta a los interlocutores,
a los representantes legítimos de la clase trabajadora y a la cogobernanza -?cuidado que esto es importante- con las comunidades autónomas, que son las que van a tener que implementar este modelo, que permita mejorar los trámites para la gestión de
baja médica por incapacidad transitoria, ya sea por enfermedad común o por accidente no laboral. En este marco hay que promover la implicación de otros especialistas médicos de los sistemas públicos de salud independientemente del nivel
asistencial. Les pido su apoyo.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, don Rafael Cofiño.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenos días.
La atención primaria define los sistemas autonómicos de salud y, si tuviéramos una buena red de hospitales, hablaríamos de un sistema nacional de hospitales, pero no de un Sistema Nacional de Salud. El concepto de salud lo aporta la
atención primaria en términos de que trabaja no solamente en atención clínica, sino también en promoción, en prevención, en atención y en trabajar en el desarrollo comunitario con otros recursos activos que tiene la comunidad. Necesitamos cuidar de
forma importante nuestra atención primaria fundamentalmente con dos elementos. El primero es cuidar y mejorar las condiciones laborales de nuestro personal sanitario -?cuidado con el tema de pensar que necesitamos más médicos cuando lo que
realmente se necesita en este país desde hace años es mejorar las condiciones laborales de los profesionales- y el segundo es mejorar ciertos procesos burocráticos para quitar valor innecesario al trabajo que están haciendo en atención primaria y se
puedan realizar una buena atención clínica o buenas actividades preventivas y de promoción. Una buena parte del trabajo de nuestros médicos y médicas de familia está destinado a tareas burocráticas y esto es una barbaridad, porque quita tiempo
valioso para poder realizar otras prácticas como atención domiciliaria, atención a personas en situación de enfermedad avanzada, cuidados a enfermos paliativos o el trabajo comunitario que antes mencionaba. Específicamente, la incapacidad laboral
temporal incluye una prestación sanitaria, una prestación económica y un permiso para ausentarse del trabajo, y el médico -?y cito textualmente- 'soporta, por motivos históricos, la mayor parte de las tareas derivadas de la IT durante los primeros
365 días, muchas de las cuales no aportan valor y deben ser revisadas'.
Existe un marco normativo, un real decreto del año 2014, que establece que el médico que reconoce al enfermo es quien debe emitir el parte de baja y una orden de 2015 que dispone que el parte médico de baja de incapacidad temporal,
cualquiera que sea contingencia determinante, se expedirá inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador por el facultativo que lo realice. Cuidado, porque no se trata de desburocratizar la atención primaria para burocratizar otro
nivel asistencial, es fundamental establecer medidas que desburocraticen ambos niveles asistenciales y existen medidas para poder desburocratizar. Uno es este cumplimiento normativo, que antes señalaba, para que otros profesionales sanitarios
emitan el parte de baja; otro es la flexibilidad en la periodicidad de la renovación de los partes de confirmación; la simplificación o reducción del número de datos que debe introducir el médico o la médico de familia y facilitar la
interoperabilidad entre sistemas del INSS y los servicios de salud. También quisiera mencionar expresamente una posibilidad de desburocratización que es la autojustificación de ausencias por enfermedad por el propio trabajador en ciertos casos y
con ciertos límites y también quisiera mencionar, como señalaba la portavoz del Grupo Socialista, que, aunque estamos hablando de accidentes no laborales y enfermedades comunes, cuidado con establecer otros sistemas de atención en la gestión de IT
por sistemas de mutuas que puedan generar un sistema de inequidad. El acceso a pruebas diagnósticas y a procedimientos terapéuticos tiene que ser el mismo, tanto en personas con derecho a IT como en personas que por trabajo reproductivo o por
trabajo de cuidados ahora mismo, desgraciadamente, no tienen acceso a la IT. Por tanto, una atención primaria que pueda trabajar con más comodidad, con más poder, con más prestigio, con más personal y con más presupuesto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Valido. (Denegación). ¿Por el Grupo Vasco? (Denegación). El Grupo Bildu tampoco.
¿Don Josep Maria Cervera? (El señor Cervera Pinart hace gestos afirmativos).
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
El señor CERVERA PINART: Sí, gràcies, presidenta.
Bon dia, senyories. Metges de Catalunya demana que cada facultatiu o cada facultativa, sigui d'atenció primària, d'atenció hospitalària o de serveis d'urgències, faci aquelles baixes que siguin pròpies del procés de diagnòstic i terapèutic.
I també demana que en patologies llargues i complexes o quirúrgiques, el control de les quals estigui fora de la consulta d'atenció primària, sigui el facultatiu de l'hospital que fa el seguiment qui emeti els comunicats d'altes i baixes. Nosaltres
entenem que aquestes demandes, que es
fan des de Catalunya, encaixen en el que disposa aquesta PNL. De totes formes, nosaltres sempre diem que la millor manera de solucionar les sobrecàrregues de les consultes d'atenció primària i les hospitalàries, en el cas de Catalunya, és
que s'executin completament els pressupostos i que es destini la inversió real que correspon a cada català i a cada catalana, que en aquests moments està molt lluny de ser ajustada. La Cambra de Comerç de Barcelona, a finals del 2022, xifrava el
dèficit de la sanitat pública i privada de Catalunya amb més de 5000 milions d'euros, l'equivalent al 2,2 % del PIB català. És evident que hi ha un decalatge en la inversió que es destina en aquest àmbit a cada català i nosaltres sabem que la
millor manera de solucionar-ho és continuar treballant per un Estat propi que destini a cada ciutadà del nostre país en funció del que genera i no en funció del que es decideix aquí a Madrid. De totes formes, votarem a favor d'aquesta proposta.
Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Médicos de Cataluña pide que cada facultativo y facultativa de la atención primaria, de la atención hospitalaria o de los servicios de urgencias puedan hacer las bajas que le son propias del proceso diagnóstico y
terapéutico. También pide que las patologías largas y complejas, quirúrgicas, cuyo control se pueda efectuar, estén fuera de la atención primaria y que sea el facultativo del hospital que hace el seguimiento quien emita las altas y las bajas.
Nosotros entendemos que estas demandas, que se efectúan desde Cataluña, encajan con lo que dispone esta proposición no de ley. De todos modos, nosotros siempre decimos que la mejor manera de solucionar las sobrecargas de las consultas de atención
primaria y hospitalarias, en el caso de Cataluña, es que se ejecuten totalmente los presupuestos y que se destine la inversión real que corresponde a cada catalán y catalana, que en estos momentos está muy lejos de ser la apropiada. La Cámara de
Comercio de Barcelona, a finales de 2022, cifraba el déficit de la sanidad pública y privada en Cataluña en más de 5000 millones de euros, lo que equivale al 2,2 % del PIB catalán. Está claro que existe un desfase entre la inversión que se destina
a este ámbito para cada catalán y nosotros sabemos que la mejor manera de resolverlo es seguir trabajando por tener un Estado propio que destine a cada ciudadano de nuestro país el dinero y los recursos en función de lo que genera y no de lo que se
decide aquí en Madrid. De todos modos, votaremos a favor de esta propuesta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, con la venia.
Los partidos que sustentan al Gobierno están acostumbrados a demostrarnos una derivada nefasta, con cruce de ideas, que no solucionan completamente los problemas que afectan a nuestro tejido productivo y a nuestra relación con los
trabajadores. No tienen un proyecto real para solucionar las decenas y decenas de problemas que arrastramos en nuestro tejido laboral y en nuestras relaciones laborales. No hablamos de las estadísticas, que simplemente ya son demoledoras, a las
que, a veces, ustedes tratan de quitar hierro mostrando una total falta de respeto a la inteligencia de los españoles y a la realidad de los datos. Aquí vuelven a la carga con una PNL de las que, a nuestro juicio, son para cumplir un poco el
expediente. Primero, porque desde los ministerios de Sanidad y de Trabajo se puede dar rápida solución a esta situación y no lo han hecho desde hace cinco años, parece ser que no ha sido una prioridad para ustedes. En la primera parte del petitum
se dan de bruces con la realidad del sistema autonómico, este tema no debería de venir aquí, sino que debería ir directamente a la mesa de diálogo con todas las autonomías, puesto que invade competencias autonómicas y dudo que sus socios etarras y
separatistas les vayan a permitir la más mínima invasión de competencias. (Risas del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR).
Ya que hemos entrado en harina vamos a ver la realidad, la realidad es que a ustedes los trabajadores realmente les importan bien poco, solamente se acuerdan de ellos para las campañas electorales y se lo digo por experiencia propia ya que
he sufrido sus mentiras y traiciones durante años con los sindicatos clasistas, vinculados a la izquierda, como cómplices. Actualmente ustedes gobiernan desde 2018 y es curioso ver cómo, desde que ustedes gobiernan, la salud de los trabajadores
españoles ha empeorado y las bajas laborales se han disparado. Si bien, entre 2017 y 2022, alrededor de un 2 % trabajadores faltaban a su puesto de trabajo por motivos de salud, el año pasado esa cifra se ha disparado a más del doble, alcanzando un
4,1 % en el ranking, pasando a ser España una de las que lideran el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa, cuando la media en Europa está en un 2,5 %. Una de dos o son ustedes dañinos para la salud de los españoles, que ya le digo
rotundamente que sí, o tenemos un problema
estructural de control de las bajas, de control de la salud de nuestros trabajadores y, sobre todo, tenemos una gran precariedad laboral. Una cosa está clara, los españoles pagan su mala gestión y su incapacidad con su salud. El problema
no solamente es poder conseguir una baja, sino conseguir que el Sistema Nacional de Salud pueda dar respuesta a nuestros trabajadores y a sus patologías. Estos sufren demoras para ser tratados en atención primaria y además hay que añadir que, a la
hora de ser vistos por los especialistas muchos de ellos les dan cita para más de dos meses, más de sesenta días. Es decir, no solamente tenemos que preocuparnos a la hora de que puedan acceder a coger la baja y facilitarles las cosas, también
tenemos que preocuparnos de curarles lo antes posible para que vuelvan a poder trabajar. Es necesario que vivan en unas condiciones óptimas, por supuesto, y hay que curarles cuanto antes, pero esto también va en detrimento de su bolsillo, porque
cada día que un trabajador español está de baja no cobra el 100 % de su salario. Esto también se les olvida y es muy importante, no solamente hay que conseguir facilitar el acceso a la baja, sino que hay que arreglar por completo el Sistema
Nacional de Salud para que nuestros trabajadores vuelvan cuanto antes a estar en condiciones de volver a trabajar por su salud, no solamente por su salud personal, sino también por la economía de las familias españolas que, desde 2018, ven cómo
ustedes han ido atacando todos los meses y todos los días su sanidad, su salud y el bolsillo de los trabajadores.
Termino. Desde que ustedes llegaron, las listas de espera para ver a un especialista han llegado a más de sesenta días, 12 puntos desde que ustedes llegaron en el año 2018, esa es la sanidad de Pedro Sánchez y ese es el tejido laboral de
Pedro Sánchez
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Garrido.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidenta.
La incapacidad temporal es un tema de gran relevancia que nos afecta a todos, pero esta iniciativa se plantea, a nuestro juicio, de forma ambigua, desactualizada y poco precisa. Se trata de una copia de la iniciativa presentada por este
mismo Grupo Socialista, en marzo del año 2023, que caducó y que la reproducen literalmente más de un año después. Es triste, porque es un partido que apoya al Gobierno, que tiene datos, información e informes para conformar una propuesta que
pudiéramos estar consensuando. En su exposición de motivos señalan que actualmente la emisión del parte de incapacidad temporal, así como el seguimiento y el alta médica, son trámites clínicos y administrativos que son realizados por los médicos de
atención primaria. Claramente esta iniciativa no contempla situaciones que actualmente sí se están dando, como lo que establece la base de la Orden 1187/2015, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, que, como ya han señalado otros
portavoces e incluso también la proponente, el parte médico de baja de incapacidad temporal se expedirá inmediatamente después del reconocimiento del trabajador por el facultativo del servicio público de salud. Este real decreto de 2014 es
modificado por otro de 2022 que señala que el grado de desarrollo actual de los sistemas informáticos permite prescindir de la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinado a la empresa, aspecto que en esta PNL no
consta como resuelto al señalar -?entrecomillo- que el paciente o familiar siempre tiene que acudir a consulta de atención primaria para solicitarlo.
Además, la gestión y el control de la incapacidad temporal la llevan los servicios públicos de salud autonómicos, a través de los convenios firmados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con cada comunidad autónoma. Galicia
propuso el año pasado realizar procesos de agilización a través de la concesión de la emisión de bajas en urgencias, en traumatología y urografía para cirugías programadas como un proyecto piloto. Al igual que otras comunidades que están con
proyectos de este tipo, en Madrid seleccionando procesos y especialidades; Cataluña y Andalucía ya han puesto en marcha proyectos para poder tramitar bajas en el hospital y siempre con el objetivo de reducir la carga en atención primaria, sobre
todo de la parte burocrática, por las incapacidades temporales.
El portavoz de SUMAR también ha comentado que, en este año 2024, el Ministerio de Seguridad Social ya está trabajando para impulsar una colaboración entre las mutuas de trabajo con los servicios públicos de salud, y ya que los dos partidos
están el Gobierno tendrían que llegar a acuerdos, porque se refiere a la atención médica de las bajas por incapacidad que tienen origen traumatológico.
Finalizo. Son temas en los que, de alguna manera, debemos llegar a acuerdos en aras de mejorar la vida de los ciudadanos, pero el problema es cuando, a tenor del contenido, no se sabe a qué acuerdo se quiere llegar.
Muchas gracias. (Aplausos del Grupo Parlamentario Popular).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Garrido.
Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, en este caso del Grupo Socialista, para decir si aceptan o no la enmienda.
La señora CASTILLA ÁLVAREZ: Estamos trabajando en una enmienda transaccional y la trasladaremos a la Mesa lo antes posible.
- PARA DOTAR DE MÁS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES A LAS OFICINAS PARA TRÁMITES DE EXTRANJERÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000523).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día, que se debate en segundo lugar, proposición no de ley para dotar de más medios humanos y materiales a las oficinas para trámites de extranjería, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra, la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Hoy traemos a debate al Congreso de los Diputados una iniciativa, que es muy similar a otra que se había aprobado a finales del año 2022 en la Comisión de Interior, porque durante este año y medio que ha transcurrido vemos cómo los datos en
vez de ir a mejor van a peor. Les comento que la realidad en cifras de la migración en España, que roza ya los 6 millones de residentes, poco tiene que ver con la que existía cuando se planearon y se dotaron las oficinas de extranjería. Casi 2
millones de personas extranjeras son ya titulares de una autorización de residencia de larga duración, es decir, han sido autorizadas a trabajar y a residir de manera indefinida en España en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, el
ejercicio de sus derechos como residentes de larga duración se encuentra condicionado a la renovación de su tarjeta de identidad cada cinco años. Las dificultades para la obtención de una cita previa para la renovación de sus tarjetas constituyen
un motivo constante de quejas en el Defensor del Pueblo. Hace unos meses se publicaba el último informe del año 2023 del Defensor del Pueblo, que decía: La Secretaría de Estado de Política Territorial volvió a informar a esta institución de las
medidas adoptadas en esas oficinas para la reducción de los plazos de tramitación. Sin embargo, a la vista de las quejas recibidas, no parece que las medidas adoptadas hayan obtenido el impacto deseado. El Defensor del Pueblo vuelve a hacer nuevas
recomendaciones. Otras 500 000 personas cuentan con una autorización temporal para residir, lo que indica que han de acreditar periódicamente, ante la Oficina de Extranjería, que cumplen los requisitos para la renovación. El número de residentes
con certificado de registro en régimen de libre circulación en la Unión Europea supera ya los 3 millones de personas. El sistema, como conocemos a través de sindicatos y de las ONG, no da abasto, porque el número de citas es realmente escaso,
apenas hay unas pocas decenas al día para realizar trámites vitales para cualquier extranjero. Les pongo un ejemplo. La Oficina de Girona ha cerrado desde hace quince días la atención al público ante el colapso que sufren y una empresa de trabajo
temporal está realizando esos expedientes. Por ejemplo, para obtener una cita para depositar las huellas dactilares para solicitar o renovar la tarjeta de identidad de extranjeros o simplemente para ir a recogerla -?ojo- se puede llegar a pagar
entre 150 y 300 euros, a la desesperada, para poder tener acceso a esa cita. Según denuncian los sindicatos hay alrededor de un 30 % de puestos administrativos vacantes en la Dirección General de la Policía. Hay unos 3100 trabajadores cuando
deberían de estar realizando estos trabajos 5025, y están pidiendo refuerzos continuamente.
Les pongo un ejemplo, un expediente tiene un plazo máximo de tres meses para su contestación y puede estar acumulando en estos momentos nueve meses de retraso. Los expedientes de reagrupación familiar, que extranjería debería culminar en un
máximo de 45 días, están llegando en muchos casos a más de 120 días. Esto supone un grave perjuicio para las personas migrantes, porque muchas de ellas tienen vinculado su permiso a la posibilidad de trabajar. El otro día contactaba con una
familia de venezolanos de Ourense que pueden ser expulsados simplemente porque llevan meses esperando una cita en la Oficina de Extranjería. No es que no tengan trabajo, lo tienen, tienen esa posibilidad, pero no tienen el documento para hacerlo.
Estos mismos días el periódico La Región (muestra una noticia de prensa), en mi provincia, en Ourense, decía: 'Los trámites de extranjería en Ourense, los más lentos de Galicia'. Les expongo los datos de los informes CORA: como se hacía mención,
en el año 2019, por ejemplo, en mi provincia, para una renovación en 2019 se esperaban 31 días y hoy se esperan 48 días; para los de larga duración, en el año 2019, se esperaban 23 días y hoy se esperan 64 días. Este es el informe CORA que realiza
el Ministerio de Migraciones. Por ejemplo, en los de larga duración, según el
ministerio, la media de los expedientes resueltos en plazo está en el 79,25 % y nosotros estamos incluso por debajo de esa media, en el 75 %, en una provincia pequeña como es Ourense; imagínense el resto de las provincias de España.
¿Por qué traemos esta iniciativa otra vez? Porque en los datos del informe CORA vemos cómo, a nivel nacional, los tiempos medios de tramitación de los procedimientos de extranjería, las renovaciones, en marzo de 2019, eran de 44 días y en
2024 son de 55 días, hemos ido a peor. Los tiempos medios de resolución de los expedientes de larga duración, en el 2019, eran de 39 y en el 2024 son de 62. Les pido que, por favor, la aprobemos otra vez. En el 2022 fue aprobada por unanimidad
una PNL, en la Comisión de Interior, para el refuerzo inminente de las oficinas de extranjería. Les pido, por favor, que hagamos un acto de conciencia y que podamos aprobarla otra vez por unanimidad para dar ya, de una manera clara, un impulso a
estas oficinas de extranjería. Como digo, esto no solo pasa en zonas que acumulan más inmigración, sino que, en Galicia, en mi provincia, Ourense, tenemos en este momento, como ustedes pueden comprender, una llegada muy grande de personas
venezolanas y de otras nacionalidades, también marroquíes y colombianos, y en estos momentos están impedidos para poder trabajar simplemente porque no les dan un papel que llevan esperando días y meses. Así pues, por favor, pido el voto a favor de
esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Al no haber se presentado enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Valido.
La señora VALIDO GARCÍA: Intervengo de forma breve solo para expresar que compartimos plenamente la exposición de la proposición que se va a votar. Solo haría una salvedad. En el primer punto, en el que se habla de aquellas ciudades que
tienen una peor situación, les pediría que incorporaran a Tenerife y a Gran Canaria, porque en el caso de las islas esto, como ya se ha dicho, es sangrante. Son muchísimas los miles de personas que llevan años con nosotros a las que obligamos a la
economía sumergida, porque somos incapaces de tramitar su documentación. Entre otras hay muchas personas venidas de Venezuela y de Cuba, algunos descendientes incluso de canarios, que no pueden trabajar o lo tienen que hacer, como digo, en la
economía sumergida para poder subsistir. Ya planteé en esta misma Comisión, en otra proposición que se trajo a votación, la necesidad urgente de mejorar la dotación de las oficinas de extranjería. Por tanto, no podemos estar más de acuerdo y
anunciamos nuestro voto a favor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (La señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea hace gestos afirmativos).
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Intervengo simplemente para decir que nosotros vamos a votar a favor, porque vemos que, desde luego, hay una necesidad de dotarlas de más medios humanos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, don Josep Maria Cervera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta, de nou.
Bé saben tots vostès que nosaltres en aquests moments estem treballant pel traspàs integral de les competències en immigració, que entenem que són les que ens han de permetre abordar de forma conjunta aquest fenomen tan complex i la situació
que en l'actualitat viu el nostre país. Però, dit això, nosaltres som ben coneixedors del col·lapse de les oficines d'estrangeria de Barcelona i de Girona, però també de les de Tarragona i Lleida, que no són res nou, que fa molts anys que duren i
que responen a una manca estructural de personal. I aquesta manca el que ha generat és la saturació de les actuals plantilles que no donen l'abast per atendre a tothom. Això no només genera i provoca dificultats a l'hora d'aconseguir una cita,
sinó que molts cops, com s'ha expressat aquí, un cop tens la cita i inicies els tràmits, la resolució dels expedients s'allarga molt més del que estableixen els terminis doblant-los i triplicant-los en els millors dels casos. També és cert que,
malgrat que és veritat que s'han engegat investigacions policials i que diuen que no s'ha pogut demostrar, és sabut i així s'explica, que el que comporta aquesta situació de manca de personal, també de sortida, és l'aparició de grups organitzats que
gestionen una cosa tan
senzilla com és la revenda d'unes cites que són gratuïtes i insuficients per això mateix, perquè manca el personal. Després, l'altra cosa que acaba passant és que per un tràmit que per llei es pot fer un mateix, com que es complica tant,
molts cops, els que ho necessiten, el que acaben fent és pagar a un gestor o a un advocat que, en alguns casos, el que fan és abusar de la situació cobrant uns preus desorbitats. Així que tinguem molt clar que al final tot això el que acaba
afectant, i de quina manera, és el futur de les persones que necessiten aquests tràmits. Nosaltres, mentre continuem avançant en aquest traspàs, considerem que cal posar fil a l'agulla i, per tant, recolzarem aquesta PNL.
Gràcies.
Gracias, presidenta, de nuevo.
Saben todos ustedes que nosotros en estos momentos estamos trabajando por el traspaso integral de las competencias en inmigración. Entendemos que son las que nos tienen que permitir abordar, de forma conjunta, este fenómeno tan complejo y
la situación que actualmente vive nuestro país. Dicho esto, nosotros somos conscientes del colapso de las oficinas de extranjería de Barcelona y de Girona, pero también de Tarragona y Lleida, que no es nada nuevo, porque hace muchos años que dura y
que responde a una falta estructural de personal. Esta falta lo que ha generado es la saturación de las actuales plantillas que no dan abasto para atender a todo el mundo. Esto no solo genera y provoca dificultades a la hora de conseguir una cita,
sino que, muchas veces, como se ha explicado aquí, una vez se tiene la cita y se inician los trámites la resolución de los expedientes se alarga muchísimo más de lo que establecen los plazos, duplicándolos y triplicándolos en el mejor de los casos.
También es cierto que, a pesar de que es verdad que se han empezado investigaciones policiales y que no se ha podido demostrar -?dicen-, se sabe y así se explica que lo que comporta esta situación de falta de personal de salida es la aparición de
grupos organizados que gestionan algo tan sencillo como es la reventa de unas citas que son gratuitas, unas citas que son insuficientes por eso mismo, porque falta personal. Y, después, otra cosa que acaba pasando es que, para un trámite que por
ley se lo puede hacer uno mismo, como se complica tanto muchas veces los que lo necesitan terminan pagando a un gestor o a un abogado que en algunos casos lo que hacen es abusar de la situación cobrando unos precios desorbitados. Tenemos muy claro
que esto acaba afectando ¡y de qué manera! al futuro de las personas que necesitan estos trámites. Nosotros, mientras sigamos avanzando en este traspaso, consideramos que hay que poner hilo en la aguja y por lo tanto ponerse manos a la obra.
Apoyaremos esta PNL.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario SUMAR, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, son muchas las razones por las que la gente trata de reconstruir su vida en otro país. Algunas personas dejan su hogar para encontrar trabajo o poder estudiar; otras se ven obligadas a huir de la persecución o de violaciones de
derechos humanos como la tortura. Son millones las que huyen de conflictos armados, de otras crisis o de la violencia. Algunas ya no se sienten seguras y puede que se las persiga por el mero hecho de ser quienes son, o por lo que hacen o por lo
que creen, por ejemplo, por su etnia, religión, sexualidad u opiniones políticas. Son por tanto razones humanitarias -?aunque no solo- las que exigen seguir dotando de recursos a las oficinas de extranjería y mejorando los procedimientos, algo que
ya está haciendo el Gobierno de coalición.
Ciertamente hemos vivido situaciones preocupantes en los últimos meses en relación con oficinas de extranjería, como la que se produjo en la Oficina de Asilo y Refugio, OAR, de Barajas, en la que nuestro país fue testigo de condiciones de
hacinamiento e insalubridad que no deberían repetirse, aunque las competencias están muy lejos de ser solo del ministerio. Ello no obsta que sea importante, como les digo, seguir dotando de recursos a nuestras oficinas de extranjería, recursos para
la tramitación efectiva y ágil de las solicitudes. Pero, además de las razones humanitarias, existen otras por las que debemos incidir en el refuerzo de las oficinas, así como a acelerar los trámites; la evidencia empírica muestra que la
inmigración es económicamente beneficiosa porque aumenta el consumo, la innovación, no reduce los salarios y puede contribuir a aumentar la productividad. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones citaba los estudios que
cifran la supervivencia de nuestro Estado del bienestar en la aportación que -?en términos de trabajo, consumo, aportación a la Seguridad Social, a la Hacienda pública e incluso a nuestra convivencia democrática- hacen y harán las personas
migrantes. Hay que celebrar por ello la iniciativa por parte del Gobierno de modificar el reglamento de la ley de extranjería, una
triple simplificación que aborda trámites, autorizaciones y plazos del reglamento con el objeto de continuar reforzando la eficacia del sistema.
Esta modificación abre una ventana de oportunidad que esperamos que contribuya decisivamente a cambiar algunas situaciones que son indeseadas, y celebramos que entidades como CEAR ya se hayan anticipado a presentar propuestas de mejora y
hayan valorado positivamente el inicio de la nueva modificación del reglamento. En este sentido, la agilización telemática de los trámites, la simplificación de las autorizaciones de estancia o residencia y trabajo, el desarrollo reglamentario de
la autorización de víctimas de violencia sexual, la mejora de los procedimientos de modificación del estatus migratorio para prevenir las irregularidades sobrevenidas, entre otras, son medidas positivas y además son urgentes.
Quería cerrar mi intervención recordando que hace poco se admitió la toma en consideración de la ILP Esenciales, una iniciativa legislativa popular para la regularización de manera extraordinaria de más de medio millón de migrantes que ya
son trabajadoras y trabajadores de nuestro país, que son ciudadanas y ciudadanos de España. Desde SUMAR, pedimos a todos los grupos que cuando llegue el momento crucial de su tramitación -?queremos reiterarlo hoy aquí otra vez- voten a favor de
que llegue al BOE esa iniciativa; les pedimos que se pongan en la piel miles de personas que han llegado a nuestro país huyendo de guerras, situaciones de violencia u otras situaciones extraordinarias. Y si sus señorías no son de las que presumen
de tener la virtud de la empatía, al menos háganlo porque esto será bueno y beneficioso también económicamente para nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Entendemos oportuna esta proposición no de ley del Grupo Popular, pero yo quisiera hacer una reflexión y me quiero remontar a la primera intervención que hizo nuestro presidente, Santiago Abascal, en la legislatura pasada -?en el año 2020-
en el debate de investidura, en el cual hablaba de un peligro inminente, de una situación que podía colapsar que era el tema de la inmigración y concretamente de la inmigración ilegal, dijo que desbordaría a nuestra nación en todos los trámites
administrativos. Esa intervención fue criticada por todos y sobre todo por parte de la prensa, de aquella prensa que ha crecido en la Transición española y que cree en una bonhomía que ya no existe. Asimismo, en la primera intervención -?y algún
miembro de esta Comisión también estaba en la Comisión de Trabajo-, yo hablé de dignificar los procesos de inmigración en España. Ahora nos encontramos con que efectivamente las oficinas de inmigración y de extranjería están absolutamente
colapsadas, y están colapsadas por falta de rigor y falta de una normativa que canalice de forma legal y regular la inmigración. ¿A quién está perjudicando todo esto? Se ha dicho, cuando hablábamos del tema de la mafia de las citas previas
imposibles de conseguir, que perjudica a personas que ya están arraigadas, que tienen la residencia de larga duración, que no pueden renovarla y que entran en un procedimiento de angustia sin tener por qué. Todo ello por el desbordamiento en las
oficinas de extranjería, consecuencia de los miles de expedientes, ya sean de expulsión o de aceptación.
Quiero también resaltar lo que sucede, por ejemplo, en mi región, en Cataluña, donde la Administración del Estado parece querer desaparecer de esas oficinas y el Estado desaparecerá por la inacción del propio Estado. Claro que hay que
reforzar esas oficinas de extranjería y hay que reforzar la presencia del Estado en todas las provincias de donde se le quiere expulsar.
Así pues, celebramos esta proposición, pero sobre todo la celebramos porque puede ayudar a la inmigración regular, a la inmigración legal para que pueda realizar los trámites, y hay que perseguir a todas las mafias de inicio de la
inmigración hasta el final, incluidas las mafias que están mercadeando con las citas previas para que finalice de una vez dicha irrupción en la gestión normal que debería suceder.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, Luc Andre Diouf.
El señor DIOUF DIOH: Buenos días, presidenta, señorías.
Señorías del PP, ustedes cuando gobiernan aplican políticas neoliberales que reducen a mínimos la Administración, pero cuando ustedes están en la oposición quieren aumentar las dotaciones que obviamente ustedes recortaron. Y nos
preguntamos, ¿ustedes van en contra de las políticas que aplica la señora Ayuso
en Madrid? Porque llegar a un millón de personas en lista de espera en la sanidad pública madrileña..., explíquenme cómo se consigue. Les propongo un trato, que lleven esta iniciativa a Madrid para que se refuercen las plantillas de
educación, de sanidad, para las residencias de mayores -?y voy a coger su última iniciativa-, para acometer las actuaciones necesarias para revertir la situación de insalubridad y pésimas condiciones en las que se encuentran las residencias de
mayores en la comunidad de Madrid, porque todos hemos visto las bandejas de comida con moho que ustedes les dan a los mayores y a los niños de Madrid. No hay por dónde coger esta iniciativa, señorías del Grupo Popular, nosotros vamos a votar en
contra.
Ustedes, señorías, dejaron la Administración pública en mínimos con sus políticas de recortes, y desde que estamos gobernando nuestra línea de actuación ha sido convertir la Administración pública en una administración útil y ágil para
todos, modernizándola para que cumpla sus objetivos de servicio público de acuerdo con los principios y fines. Hemos incrementado las dotaciones de personal en todas las unidades, con el plan de refuerzo durante el verano del 2023; hemos
contratado a 355 funcionarios interinos; hemos impulsado la tramitación electrónica y, a su vez, nos hemos comprometido con las personas que tienen dificultad para relacionarse con la Administración digitalmente. Asimismo, hemos eliminado trámites
-?se ha comentado- con la reforma del Reglamento de Extranjería -?que va a ser la tercera reforma-; hemos simplificado protocolos mediante la atención a colectivos vulnerables sin cita previa; hemos puesto en marcha la UTEX para realizar y
homogeneizar los trámites en extranjería.
Su desconocimiento de la Administración es tal que se olvidan de que, en el aeropuerto de Barajas, la Comisaría General cuenta con la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina para labores de refuerzo y apoyo a los funcionarios y a
los agentes. (La señora vicepresidenta, García Gurrutxaga, ocupa la Presidencia). Y también -?ya que se ha citado la Ley de Procedimiento Administrativo- en toda renovación de un permiso de residencia de trabajo -?ya sea el primero, el segundo,
el tercero o la tarjeta de residencia permanente-, pasados tres meses, el resguardo es la continuación de la residencia, lo que permite a este inmigrante poder seguir estando en una situación administrativa regular y poder ser dado de alta en la
Seguridad Social.
Gracias. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Tiene la palabra, señoría.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero decir que acepto la enmienda in voce que me presentó la diputada de Coalición Canaria porque, efectivamente, he comprobado los datos de Santa Cruz de Tenerife y de Canarias y son los peores con una media de resolución del
33 %. Pido disculpas y manifiesto que se incluirá.
Muchas gracias.
- RELATIVA A LA DEMOCRACIA EN EL TRABAJO Y LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/000482).
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Pasamos a la proposición no de ley número 2, relativa a la democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras, del Grupo Plurinacional SUMAR.
Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, desde SUMAR traemos una PNL para hablar de democracia en un contexto de pérdida de confianza en las instituciones y de pérdida de credibilidad de la política. Según la última encuesta del CIS, publicada en noviembre 2023, las
principales instituciones de nuestro sistema democrático suspenden en confianza de la ciudadanía, lo hace el Parlamento con una nota de 4,35; el Gobierno, con 3,99, y los partidos y sindicatos lo hacemos con un 3,82. Naturalmente, esto no
preocupará a los que han hecho de la deslegitimación de las instituciones su modus operandi en política. Para ellos cada punto de desafección con las instituciones democráticas es un éxito; para nosotras, no, y tampoco debería serlo para cualquier
demócrata, vote a quien vote.
Hablar de democracia en la empresa es intervenir en el debate sobre la reconstrucción de un contrato social que está muy tocado por décadas de neoliberalismo, desigualdad y precarización. En los últimos años se constató la correlación
existente entre el aumento de la precariedad y la inseguridad en el mundo del trabajo y el incremento del voto de las opciones de extrema derecha. Cuanto peor nos vayan las
relaciones laborales, más opciones habrá para las diferentes expresiones de autoritarismo político y, al revés, cuanto más estables y seguras sean las relaciones laborales, más participación de las personas trabajadoras en la empresa, mejor
remunerados los salarios, más oportunidades para que la democracia en términos globales salga ganando. Por eso, la participación en la empresa y la calidad democrática en la sociedad es una relación virtuosa e imprescindible.
Vivimos actualmente dos megaprocesos con un enorme impacto en todos los órdenes: la digitalización y la transición ecológica y energética. Ambos procesos y sus implicaciones serían razón suficiente para impulsar un debate colectivo, y este
imprescindible debate social empieza en primer lugar en el ámbito de la empresa. Las personas trabajadoras, sus organizaciones sindicales deben formar parte del proceso mismo de puesta en marcha de ambos desarrollos. Los sindicatos son
imprescindibles, son parte fundamental de los debates acerca de las regulaciones, los cambios, la formación y tantos otros extremos; son imprescindibles para que la transición digital y verde sean procesos ganadores en términos de sociedad. La
democracia, la participación es el modo de implicar, comprometer, corresponsabilizar y dar voz a los diferentes intereses en concurso, y la participación, el debate democrático, es también el modo de poner en su lugar a los negacionistas de casi
todo y cómplices de los de siempre.
Los argumentos contra la participación de las personas en las decisiones empresariales -?esto es, contra la democracia en la empresa- inciden básicamente en dos aspectos: la expertise técnica y los resultados económicos. En lo que se
refiere al primer grupo de argumentos hay que decir dos cosas. En primer lugar, no se trata de sustituir trabajos y desempeños que requieren un elevado grado de cualificación técnica, pero lo cierto es que las decisiones estratégicas que afectan al
futuro mismo de la empresa y por tanto a la vida de las personas trabajadoras serán de más calidad si en las mismas se hace oír la voz de estas últimas. Se me ocurren múltiples ejemplos de situaciones en las que la aportación de los sindicatos
hubiera determinado un resultado infinitamente mejor para miles de familias. Alcoa o Madera Fiber en Galicia son algunos de ellos. En segundo lugar, tampoco podemos negar que las personas expertas también se equivocan cuando adoptan decisiones y
que se equivocan en sus planteamientos, y lo hacen por sí solas además. La crisis de 2008 puso de manifiesto que el caos de la economía global y sus desastrosas consecuencias sociales eran resultado de la ambición, sí, pero es innegable que detrás
había cierto grado de error o incompetencia, con un resultado además extremadamente perverso. En el ámbito financiero los mismos responsables del desastre económico fueron recompensados con el dinero público que salió en defensa del sector
financiero. De nuevo, decisiones poco democráticas que derivaron en un descrédito de la democracia que a su vez se tradujo en desconfianza en las instituciones públicas.
En cuanto al argumento de que la democracia en la empresa puede afectar negativamente a los resultados económicos, este pone el énfasis en que el argumento deliberativo democrático no es oportuno o incluso es contraproducente para las
decisiones empresariales. Esto es un mito tan inconsistente como falso, por un lado, porque pareciera que las decisiones empresariales se reducen a la lógica del parque bursátil, cuando no es así; la mayoría de las decisiones estratégicas
significativas, especialmente en las grandes empresas tardan meses en ser tomadas, tiempo de sobra para oír la voz de las personas trabajadoras. Pero, por otro lado, son además muchos los estudios que demuestran una asociación virtuosa entre la
participación de las personas trabajadoras en las decisiones empresariales y los resultados económicos positivos.
Señorías, vivimos tiempos, como les digo, de reformulación del contrato social; nos toca interrogarnos sobre muchas cosas, y las que tienen que ver con la relación entre sociedad-Estado-empresa nos preocupan y nos ocupan, pero también nos
conciernen las cuestiones que afectan a la democratización en general y a la necesidad de mejorar la calidad de nuestros sistemas políticos y hacer más democrática la cultura política de nuestras sociedades. Y, dada la centralidad de las empresas
en nuestros Estados, la sociedad en su conjunto no puede seguir permitiéndose mantener a las grandes corporaciones como un espacio refractario, cuando no hostil, a las prácticas democráticas.
Con estas consideraciones he pretendido que entiendan que la democratización de la empresa no solo sería una ventaja competitiva para nuestro país, o incluso -?y así lo vemos algunas- la reparación de una injusticia de siglos, sino también
una oportunidad para ampliar la agenda de un cambio social imprescindible en el que se incluyen también cuestiones como la sostenibilidad medioambiental o la transición digital. Espero, en cualquier caso, si estos argumentos no han sido
suficientes, que la confianza en la clase trabajadora de nuestro país y en sus organizaciones sindicales sean razón bastante para que sus señorías voten a favor de esta PNL.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra para defender su enmienda el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
La legislación española ya contempla todo lo relativo a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la información y consulta de las personas trabajadoras en su lugar de trabajo y el derecho a la negociación y la acción colectivas.
Por lo tanto, no hace falta recurrir a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La parte expositiva, desde luego, no aporta nada nuevo sobre la normativa actual y esta PNL más que abogar por la mejora de las condiciones laborales de
los trabajadores, parece que aboga por la mejora de las condiciones de la representación sindical y por reforzar aún más si cabe sus prebendas. De ahí nuestra enmienda para solicitar que se deje sin subvenciones a los sindicatos, igual que a los
partidos políticos, pero, en este caso, a los sindicatos. Estos privilegios en la actualidad ya los hacen suficientemente fuertes y parece ser que les preocupa extender y mejorar su condición más que la de los representados, los trabajadores.
En cuanto a establecer un sistema que permita la participación sindical en los consejos de administración de las empresas y en los grupos de empresas, no es otra cosa que desarrollar el mandato constitucional recogido en el artículo 129.2 de
la Constitución. Vemos de forma positiva -?siempre lo hemos visto, obviamente- que los representantes de los trabajadores participen en las decisiones de los consejos de administración en lo relativo a la mejora de la productividad, a la eficacia
y la eficiencia de los procesos productivos, a la mejora de las condiciones laborales de los puestos de trabajo y especialmente en las decisiones estratégicas de la empresa en cuanto a las transiciones, como dice en la PNL, ya sea digital,
ecosostenible y toda la retahíla de la inocua Agenda 2030. Así, también es importante la opinión y la participación en la deslocalización o en los ERE masivos, obviamente. Si bien es cierto que hay dos tipos de empresas reconocibles -?todos los
conocemos: las empresas pequeñas y aquellas cuya legítima propiedad es de las grandes multinacionales donde es difícil reconocer a sus propietarios-, nosotros entendemos que en la pequeña empresa y en la pyme hay una concepción social de la misma y
hay una gran labor en cuanto a su función social, y en ella están comprometidos de forma sistemática la mayoría de los empresarios. También en las grandes empresas es conveniente fijar estos datos de atención para la participación. Es aquí donde
los trabajadores tienen la obligación y el deber de defender algo que por derecho les pertenece, que no es la empresa, sino su trabajo. Por lo tanto, en esto que afecta a su trabajo, en esas decisiones organizativas y de producción de la empresa,
entendemos que es bueno que aparezcan los trabajadores, pero insistimos en que es una proposición no de ley que va más a defender a los sindicatos ya mayoritarios y subvencionados que a los trabajadores.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Por el Grupo Mixto, señora Valido. (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UTZETABARRENTXEA: Nosotros somos partidarios de reforzar los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras para avanzar en la negociación colectiva e incluso de construir nuevos
instrumentos de información y participación de los trabajadores y los sindicatos para que, de verdad, se desarrollen propuestas de mejora en la organización, en la seguridad, en la formación y en la productividad, entre otras. Sin embargo, creemos
que en esta PNL no acaban de concretar absolutamente nada.
Por otro lado, ustedes quieren articular la participación de los sindicatos en los órganos de decisión de las empresas, como son los consejos de administración. Hablan del artículo 129.2, un artículo que no habla específicamente de los
órganos de administración, sino de todas las maneras posibles de participación en las cooperativas porque -?es verdad- estas aúnan capital y trabajo, pero no dicen cómo se articulará esta medida, máxime cuando aquí estamos hablando de un país en
que la mayoría de las empresas son pymes. Nos parece que falta cultura en este sentido y, además, desde nuestro punto de vista, no solo debe tratarse de tener voto en la toma de decisiones, sino que también debería haber responsabilidades y por
ello debería hacerse una reforma consensuada entre patronal y sindicatos, teniendo en cuenta asimismo que, en el caso de Euskadi, sus sindicatos más representativos no tienen representación en el Estado español, porque la realidad sindical o las
mayorías en Euskadi nada tienen que ver con las que se dan en el conjunto del Estado.
Habría que matizar y mucho esta propuesta pues todos sabemos que la experiencia de la entrada en los sindicatos en los consejos de administración de las empresas no ha sido precisamente buena. Ya lo vimos en la crisis financiera en algunas
cajas de ahorros en las que, a pesar de tener voz y voto, su presencia creemos que no cambió nada, no sirvió para mejorar las normas de gobierno corporativo. Es un tema, en definitiva, que para nosotros requiere mucha reflexión, porque creemos que
exige un modelo de corresponsabilidad distinto al actual. Es verdad que palabras como cogestión o democratizar la empresa suenan muy bien, pero la clave está en cómo se hace o cómo se articula esto en el día a día.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Por el Grupo Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies.
Bé, nosaltres aquí el que veiem és que un cop més, un partit de govern ens porta una PNL en aquesta Comissió mentre el ministeri ja està preparant la corresponent iniciativa legislativa. Si ho recorden, això no és cap novetat. Ja va passar
l'anterior legislatura abans d'aprovar la reforma laboral. El plan anual normativo de 2024 preveu l'aprovació de la ley de democracia en la empresa. El que s'evidencia avui és que es busca un aval parlamentari previ sobre un tema que s'està
treballant. Nosaltres esperem, com a grup parlamentari, tenir l'oportunitat de poder-lo tractar amb el Govern, paral·lelament del diàleg social que entenem que s'ha de produir. Un diàleg social del qual el grup proposant sempre se n'omple la boca,
però que sorprenentment en aquesta PNL no l'hem trobat nomenat enlloc. No sé si la tria d'aquesta moció respon al moment electoral i més sabent vostès la quantitat ingent de correus que rebem diàriament sobre els problemes del personal
investigador, dels antics becaris. A mi, veient que tenien una PNL en aquest sentit, m'ha sorprès que no la prioritzessin i que prioritzessin aquesta.
Mirin, incrementar la participació dels treballadors en les empreses, malgrat entendre que són els Estats els que tenen més garanties a través de l'Estatut del Treballador i d'altres mecanismes, nosaltres des de Junts entenem que poden
aportar beneficis a molts nivells. Però avalar com s'ha de fer aquesta PNL per donar al ministeri ales perquè tiri pel dret, nosaltres no ho farem.
Moltes gràcies.
Nosotros aquí lo que vemos es que una vez más un partido de gobierno nos trae una PNL a esta Comisión mientras el ministerio ya está preparando la iniciativa legislativa correspondiente. Si ustedes lo recuerdan, esto no es ninguna novedad
porque es algo que ya sucedió en la anterior legislatura antes de aprobar la reforma laboral. El plan anual normativo de 2024 prevé la aprobación de la ley de democracia en la empresa, y hoy se pone de manifiesto que se está buscando un aval
parlamentario previo -?sí, un aval parlamentario previo- sobre un tema en el que se está trabajando. Nosotros, como grupo parlamentario, esperamos poder tener la oportunidad de acordarlo con el Gobierno, junto con el diálogo social, que entendemos
que se tiene que producir. Un diálogo social del que se llena la boca el grupo que plantea la proposición, pero de forma sorprendente en esta PNL no hemos podido encontrarlo. No lo hemos visto mencionado en ningún sitio. No sé si la elección de
esta propuesta responde al momento electoral. ¿Ustedes saben la cantidad enorme de correos que recibimos cada día sobre sobre el problema del personal investigador, de los antiguos becarios? Por lo tanto, viendo que había una PNL en ese sentido me
ha extrañado que no se priorizara y que en cambio se priorizarse esta.
Incrementar la participación de los trabajadores en las empresas, a pesar de que entendemos que son los Estados los que tienen más garantías con el Estatuto de los Trabajadores y otros mecanismos, nosotros, desde Junts, entendemos que sí que
puede traer beneficios a muchos niveles. Pero avalar esta PNL para darle alas al ministerio para que vaya viento en popa, esto no lo vamos a hacer.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): ¿Por el Grupo Republicano? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cobo.
La señora COBO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días. La democracia en el trabajo a través del fomento del diálogo institucional, social, la negociación colectiva y la participación de los trabajadores a todos los niveles encuentra su fundamento en la Carta Social
Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hablamos de una cuestión que está alineada con los principios abordados en las conclusiones del Consejo sobre una
mayor democracia en el trabajo y una negociación colectiva verde para un trabajo digno y un crecimiento sostenible e innovador, promovidas por el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social durante la presidencia
española en el Consejo de la Unión Europea. En estas conclusiones el Consejo invita a los Estados miembros a fomentar un mayor desarrollo de la negociación colectiva verde y a nivel intersectorial, sectorial y empresarial, entendida como el
contenido de la negociación colectiva en cuestiones relacionadas con la transición ecológica, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y respetando a la vez su autonomía y el principio de la libertad y la voluntariedad de las
negociaciones.
En el ámbito de nuestra legislación, nuestra carta magna ya dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y este precepto ha tenido su desarrollo legislativo en el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores donde prevé la participación de los trabajadores en la empresa a través de órganos de representación como son los delegados de personal y los comités de empresa. No se trata de una regulación cerrada ni
plantea lugar a dudas en cuanto al carácter selectivo y no globalizador del modelo de participación que inspira al legislador y el derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación, por lo que no cabe pensar que la
regulación que contiene pudiera agotar las posibilidades de participación.
Y en cuanto a los derechos de información y consulta de los trabajadores a través de las competencias que ostenta su representación están recogidos en los propios artículos del Estatuto de los Trabajadores en los artículos 4 y 64, y
recientemente la Comisión Europea propuso revisar la Directiva sobre los comités de empresa europeos, todo ello con el fin de seguir intensificando el diálogo social en la Unión Europea, argumentando que la información y la consulta con los
trabajadores sobre decisiones clave de la empresa pueden ayudar, anticipar y gestionar cambios como la transición ecológica y digital, hacer frente por ejemplo a la escasez de la mano de obra o introducir a las nuevas tecnologías.
Refiriéndonos al segundo punto de la iniciativa donde habla de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encomienda a este servicio público la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de la normativa al
orden social, así como exigir todas las responsabilidades pertinentes en las diferentes materias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Esta vigilancia y control es tarea clave de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y una cuestión
que implica que de manera permanente se lleven a cabo actuaciones dirigidas a verificar el cumplimiento de la normativa actual, bien derivada de denuncia o a solicitud de otros organismos o bien en el seno de campañas planificadas de acuerdo con las
diferentes Comunidades Autónomas. Todos estos aspectos están recogidos en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021, 2022 y 2023, donde hacía referencia a unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables y cuyo
objetivo garantizaba el ejercicio pleno de los derechos laborales y sindicales. Por tanto, luchando con todo ello contra todo tipo de abusos y, sobre todo, contra ese fraude en materia laboral.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Belmonte.
El señor BELMONTE GÓMEZ: Con la venia. Muchas gracias.
Buenas tardes. El Grupo SUMAR nos presenta una PNL que viene con un prejuicio previo: viene con un prejuicio negativo a la actividad empresarial y viene con un prejuicio negativo a la gestión de esta, prejuicios que vienen desarrollando a
lo largo de toda su actividad legislativa y que no deberían existir, porque las empresas son una gran parte de la fuente de la riqueza. Por otro lado, no digamos que vienen con consenso para la iniciativa siquiera, tampoco les pedimos el consenso,
pero ¿el Grupo SUMAR lo ha hablado con los representantes empresariales? ¿Se lo ha expuesto, les ha expuesto esta iniciativa? Porque ellos se han manifestado claramente en contra de esta idea que traen aquí hoy. El Grupo SUMAR pide más
información cuando es un derecho ya reconocido por la Constitución y por la legislación vigente, con una conflictividad judicial mínima, y pide más participación de los trabajadores en la empresa. O sea, se carga las funciones del comité de empresa
y, encima, va en contra de un sistema de gestión como es el movimiento cooperativo, pero, repetimos, esa participación va en contra de la gestión del comité de empresa y habla de la inclusión de los sindicatos en el consejo.
Se acogen a una legislación europea que hemos intentado recopilar. En Francia, a partir de cincuenta trabajadores, los representantes tienen derecho a estar en el comité de empresa, y pone de empresa la legislación francesa; en Alemania, a
partir de doscientos trabajadores, los representantes tienen derecho a estar en el consejo de supervisión, no de administración, de supervisión, en lo que afecta a la propiedad
de la empresa, y nuestra Ley de Sociedades de Capital-y eso es importante referirlo- habla de dos cosas. Habla de que los miembros de la administración de la empresa tienen que velar por el interés de esta y de que cuando la empresa sube de
trabajadores y de facturación tiene que tener consejeros independientes en el consejo. Y digo yo, ¿no se pone en riesgo la independencia de los consejeros con esta iniciativa de SUMAR? ¿Dónde estaría la independencia de esos miembros del consejo
impuestos por los sindicatos? Pero es que, además, conllevaría una serie de riesgos: conllevaría riesgos en cuanto a los conflictos de intereses que se podrían desarrollar en el consejo de administración, conllevaría riesgos en cuanto a los
posibles bloqueos que se pudieran dar respecto a la mayoría de las decisiones y conllevaría riesgos en cuanto a que se podría ralentizar la decisión de administración de la empresa.
Voy a intentar traducir lo que yo he entendido de lo que nos propone aquí el Grupo SUMAR. Yo pienso que cuando ellos nos hablan de información, quieren fiscalizar; cuando ellos quieren aumentar la participación, lo que quieren es
controlar, y cuando quieren que los sindicatos estén en los consejos, lo que quieren es, como siempre, intervenir, seguir interviniendo a las empresas. Por tanto, les animo a que, si de verdad quieren fomentar la cuestión de la creación de riqueza
en las empresas, apuesten por desregularizar y quitar burocracia, apuesten por una fiscalidad atractiva que fomente la contratación, y, por supuesto, apuesten por dignificar el papel del empresario, porque gran parte de la riqueza que ustedes
administran, de momento, la crean las empresas. Gran parte de los empresarios de este país no tienen el afán de lucro como cuestión principal a la hora de desarrollar su labor, tienen el reto de tener un proyecto y, sobre todo, de tener y
desarrollar una iniciativa personal que beneficie a todos, pero, sobre todo, gran parte de los empresarios de este país, la mayoría, lo que tienen es el reto de crear una España mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
En turno de fijación de posición, ¿señora Martínez, quiere usted fijar posición respecto de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario VOX?
La señora MARTÍNEZ BARBERO: No vamos a aceptar la enmienda porque nosotros entendemos que las organizaciones sindicales tienen una legitimidad reconocida en la Constitución y en los casi 300 000 delegados y delegadas que tienen en toda
España, y que representan una capilaridad, la más absoluta, la más democrática que existe de una organización colectiva en nuestro ordenamiento jurídico.
Por tanto, no la vamos a aceptar.
- SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO INNOVADORAS INTERGENERACIONALES Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000502).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Vamos al punto número 3 del orden del día, que es la proposición no de ley sobre políticas de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género, del Grupo Parlamentario Socialista, que será defendida por la señora Guijarro.
La señora GUIJARRO CEBALLOS: Gracias, presidenta.
Egun on, señorías. Les presentamos hoy una proposición no de ley que habla de eso que decimos tanto que hay que hablar, de las cosas del comer, y de trabajar también. Hablamos de políticas de empleo innovadoras con perspectiva de edad y
con perspectiva de género. No es un título más o menos rimbombante, es una necesidad y, además, es una realidad que tenemos que afrontar como sociedad.
Nosotras pensamos que vivimos en sociedades y en realidades de cambio constante, y que la innovación, además de ser estratégica, es casi una cuestión que, además de pura lógica para adaptarnos a los nuevos tiempos, tiene que ser estratégica,
y las transiciones pueden y deben ser una oportunidad para una transformación social más justa y más inclusiva. Es muy importante un Estado social demócrata fuerte, con políticas públicas fuertes y valientes; hablamos de innovación, evaluación,
igualdad y diversidad para estos tiempos de incertidumbre. Está claro que las competencias que se van a requerir en el futuro son para una economía altamente automatizada, con la inclusión de la inteligencia artificial como una herramienta
productiva, con la necesidad de un sistema de fabricación y manufacturero mucho más ecológico y, cómo no, con una realidad demográfica que demanda sí o sí un sistema de cuidados profesionalizado y con un alto valor social que dignifique ese sistema
de cuidados. Tenemos la seguridad de que hay empleos que van a desaparecer, otros que van a requerir de nuevos conocimientos, y otros
van a ser nuevos y, además, van a estar ligados a esa triple transición ecológica, tecnológica y poblacional y, por supuesto, al relevo generacional con la mirada transversal de género.
Desde el Grupo Socialista pensamos que abordar la gestión de la edad y del género en el empleo con rigor y de manera, como decía, transversal, es una de esas variables innovadoras más importantes en esta transición, una idea integral que
sirva para mejorar programas de empleo juvenil, también para quienes superan los cuarenta y cinco o cincuenta años, e igualmente una idea integral para afrontar el paro femenino, que en la actualidad es mayor que el masculino y con peores
condiciones. Proponemos que tanto los gobiernos autonómicos como el Gobierno de España, que ya lo está haciendo, apuesten por este tipo de políticas integrales.
Hoy les traigo el ejemplo de Euskadi, que ha entrado en este 2024 con unas condiciones de empleo ciertamente favorables, con alrededor de un 7 % paro, que es la tasa más baja respecto del resto de España; por sexos, el paro femenino es
superior al masculino, pero, es verdad que la brecha que resulta menor que en el promedio estatal. Es verdad también que los buenos resultados no nos pueden llevar a un conformismo triunfalista, por lo que hacemos una apelación a continuar haciendo
frente a esa serie de retos pendientes. Les traigo algunos ejemplos de políticas innovadoras que miran hacia el futuro con esas gafas intergeneracionales y con esas gafas de género; por ejemplo, la remodelación del Servicio Vasco de Empleo,
Lanbide, de la mano de la vicelehendakari Idoia Mendia, que incorpora una mirada transversal con la implicación de políticas educativas, de políticas industriales y de políticas de inclusión, además de un nuevo modelo de atención mucho más
personalizado en ese Servicio Vasco de Empleo orientado a personas y a empresas. Se han ampliado, por ejemplo, programas orientados a favorecer contratación de jóvenes, a incentivar contratación de personas mayores de cuarenta y cinco años,
proyectos para promover la incorporación de mujeres en sectores masculinizados y de hombres en sectores feminizados, proyectos siempre desarrollados de una forma alineada por los distintos niveles institucionales y, además, con la implicación de
agentes sociales. Podemos hablar también de campañas de sensibilización en materia de igualdad salarial, el impulso de una línea de apoyo al aprendizaje y de liderazgos femeninos, así como la creación de una nueva vía de formación y de contratación
de mujeres en sectores masculinizados industriales como, por ejemplo, la siderurgia, todo el convenio del metal, pero también de la labor de profesionalización y dignificación de un trabajo con demasiado sesgo de género todavía, ese de los cuidados
que aún protagonizan fundamentalmente las mujeres y, sobre todo, las mujeres migradas.
En cuanto a los jóvenes, hay también un incremento en programas de fomento de su contratación, creándose nuevos, y sobre todo planes para mayores de cincuenta años, también acordados en la Mesa de Diálogo Social. Les voy a dar dos ejemplos
más -?y termino con esto- de políticas innovadoras de empleo también en Euskadi, de la mano de la socialista de la Diputación de Vizcaya, de Teresa Laespada: un programa que se llama Negozi-On, que lo que hace es intermediar, acompañar y
subvencionar procesos de transmisión de negocios pequeños, de locales rentables, que son sostenibles y viables, con los que los dueños no pueden o no quieren continuar, poniéndoles en contacto con posibles nuevos propietarios, a los que asesoran
para que mantengan esa esencia de negocios locales con clientela fiel y que funciona. También las lanzaderas de empleo, que no solo hay en Euskadi, sino en otros lugares del Estado, donde se orienta a personas desempleadas que quieren mejorar sus
competencias y su empleabilidad.
En definitiva -?y termino con esto-, hay que incorporar esa dinámica de evaluación rigurosa, eso que también se está haciendo en programas promovidos por el Ministerio de Inclusión y también en Euskadi. Tenemos que invertir en las personas
para afrontar estas transiciones, debemos salir de esas inercias y atrevernos a innovar, así como capacitar a las personas para que puedan adaptarse a todos los cambios económicos, a esas mujeres, a esas personas jóvenes y a las mayores de cincuenta
años, siempre con un empleo de calidad para no dejar a nadie atrás. Ahí debemos estar.
Esa es nuestra apuesta por la innovación, por la rigurosidad, y por eso les pedimos el apoyo para esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Es el turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
Tiene la palabra, por el Grupo VOX, Rocío de Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que a priori el hecho de que el propio Grupo Socialista presente una proposición no de ley sobre políticas de empleo para instarse a sí mismo cuando tiene el Boletín Oficial del Estado, es
bastante surrealista, pero cuando avanzamos en su título, vemos que se trata de proposición no de ley de políticas de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género, por lo que vamos a ver en qué consisten estas políticas
de empleo.
Al inicio de su petitum dicen que el empleo es el centro de las políticas públicas, y no podemos estar más en desacuerdo. El empleo nunca ha sido el centro de las políticas públicas de este Gobierno, y vamos a poner varios ejemplos. En
cuanto a las políticas activas de empleo, en el caso del SEPE acabamos de conocer que únicamente consiguió contratos de trabajo para menos del 2 % de sus inscritos como demandantes de empleo. Las políticas activas de empleo que está aplicando este
Gobierno no sirven para absolutamente nada, solo para subvencionar a los sindicatos amarillos del Ministerio de Trabajo, a los que llevan años financiando con los cursos correspondientes. Vamos a poner otro ejemplo, como es el caso de la figura de
los fijos discontinuos, que ha supuesto el maquillaje de la precariedad en nuestro país ya que, en definitiva, se ha institucionalizado la precariedad de todas aquellas personas vinculadas a empleos estacionales porque no constan como parados el
resto de los meses en los que efectivamente no están trabajando. Con este maquillaje laboral se ha institucionalizado la precarización y, desde luego, no se afronta la solución al mercado laboral de nuestro país. Evidentemente, para poder abordar
políticas públicas de empleo tenemos que ir a los generadores de empleo, tenemos que bajar las cotizaciones sociales, tenemos que ayudar a los autónomos y a las pymes. No estamos de acuerdo con cómo esta proposición no de ley dice que hay que
continuar en la senda de reforzar las políticas industriales, pero ¿qué políticas industriales? No existe la política industrial de este Gobierno. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido destruir el tejido industrial de nuestro país, una destrucción
y un desmantelamiento progresivo del tejido industrial de nuestro país, que es lo que ha sucedido con la central térmica de Carboneras, lo que ha sucedido en Alcoa, lo que ha sucedido en Melilla, lo que ha sucedido con el sector de la automoción,
pero no solo ahora, puesto que desde los años ochenta hemos visto cómo se ha vendido permanentemente nuestra soberanía estratégica, fundamentalmente en términos industriales, en el sector de la automoción y un largo etcétera.
España ha deslocalizado su industria, ha destruido -?insisto- su industria, y este es un problema estructural. No va a haber una política de empleo si no tenemos unos generadores de empleo fuertes y si no tenemos un sector secundario
decente. España ha pasado de tener un 30 % de potencial en su sector secundario a tener un 15 % y a deslocalizar absolutamente su industria, a construir el punto de la cola del avión de Airbus, lo que pensamos que es un fallo garrafal estratégico.
Por tanto, negamos la mayor porque este Gobierno no está haciendo políticas industriales, pero es que, además, afirma que quiere apoyar a las pequeñas empresas cuando un 70 % de las pymes denuncian trabas para abrir una empresa. El empleo no se
logra con las oficinas del SEPE ni con el SAES, sino, insisto, con generadores de empleo y quitando trabas a estos generadores de empleo.
Se habla también de relevo generacional cuando sus políticas son lo contrario al relevo generacional. Señorías, hay una sustitución generacional, y ustedes están empeñados en abrir las fronteras, en traer mano de obra barata y en cargarse
sectores como el sector primario que, desde luego, no tiene relevo generacional porque las pequeñas explotaciones familiares agrarias no pueden competir con las condiciones laborales de los países terceros con los que ustedes les están haciendo
competir permanentemente. Además -y ya termino, señora presidenta-, se enfocan permanentemente en eslóganes como la perspectiva de género. Para cuidar a las mujeres de este país en el mercado laboral lo que se tendría que haber hecho es no traer
el Real Decreto 1/2023, del año pasado, por el que se limitan las bonificaciones para la contratación de persona que sustituye a mujer embarazada. Las mujeres embarazadas de nuestro país quieren protección laboral, no quieren que se limiten las
bonificaciones, como se ha hecho, porque redunda directamente en su perjuicio.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, diputada.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya termino, señora presidenta.
Su propuesta no solo habla de estas políticas que, efectivamente, perjudican a las mujeres de nuestro país, sino que encima vienen con el cinismo de que lo que hay que hacer es feminizar los sectores masculinizados. (Rumores). Oiga, las
mujeres no quieren ir a la obra y al sector de transporte, las mujeres quieren que se proteja a las mujeres en sus trabajos.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, diputada.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Así pues, déjense de cinismos y de figuras vacías, y aborden las políticas reales que necesitan las mujeres de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO GARCÍA: Compartimos plenamente el fondo de la propuesta, y, además, quiero incidir en puntos que nos parecen muy importantes.
Desde Coalición Canaria creemos que es urgente esa monitorización y detección temprana de ocupaciones en declive. La digitalización y la robotización van mucho más rápido que las medidas políticas para resolver la exclusión de muchísimas
personas cuyas profesiones están quedando obsoletas, de personas que tienen dificultades para incorporarse a las nuevas oportunidades. Por tanto, la recualificación laboral e, insisto, la detección temprana de las ocupaciones en declive, nos
parecen muy importantes. Por otro lado, la discriminación en el acceso al empleo por razón de edad requiere de medidas valientes y contundentes. La población envejece, y todos y todas conocemos y sabemos de la exclusión por edad que se está
produciendo en el mercado. El trabajador joven es más rentable que el trabajador mayor en muchísimos espacios, y esto hay que corregirlo de alguna manera.
Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valido.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿señora Sagastizabal? (Pausa). No. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, ¿señor Cervera? (Pausa). Tampoco.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Egun on. Mi grupo parlamentario se va a posicionar a favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tomando como referencia el enfoque que planteaba el Grupo Socialista, nosotros compartimos que, pese
a los, en general, buenos datos de empleo que existen, en este caso en Euskadi -?muchos de ellos, gracias a la reforma laboral aprobada por el Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura-, no debemos dejarnos llevar por un conformismo
triunfalista ni por una autocomplacencia que nos lleve a no tomar medidas para abundar en una serie de sectores que necesitan de nuestra ayuda. Efectivamente, existen sectores de la población que hacen frente a mayores cuotas de desempleo y cuya
situación se cronifica, que son principalmente mujeres, jóvenes y personas mayores de cuarenta y cinco años. En este sentido, en SUMAR compartimos la necesidad de que las políticas públicas de empleo no han de ser políticas aisladas, sino que se
requiere de una mirada integral, de un enfoque innovador y de una dinámica de evaluación metódica y rigurosa que nos permita evaluar el impacto de estas políticas, así como modificar, redefinir o potenciar aquellos elementos que puedan no estar
obteniendo el objetivo esperado o viceversa; en definitiva, políticas públicas que nos sirvan precisamente para contribuir a estos sectores que tienen situaciones de cronicidad. Ahora bien, también nos corresponde subrayar una serie de cuestiones.
Como Grupo Plurinacional, nos gustaría destacar, por un lado, la importancia de respetar los ámbitos competenciales y, por otro, concretamente en el caso vasco, que tanto Gobierno vasco como diputaciones utilicen sus competencias de autogobierno
para impulsar ese tipo de soluciones.
También el Grupo Parlamentario SUMAR comparte la necesidad de promover programas de apoyo a las pequeñas empresas para gestionar este relevo generacional, ya que, como todas sabemos, en muchos lugares -?en Euskadi en concreto-, la mayoría
del sector empresarial y productivo responde a una serie de características. Uno, que su tamaño medio es de 5,8 trabajadores y trabajadoras, y que existe un problema de relevo generacional en muchas de estas empresas. Por eso, desde el Grupo
Parlamentario SUMAR nos mostramos también favorables a la propuesta de mejora realizada por el Ministerio de Igualdad para incluir en el apartado 3.a) la incorporación de la perspectiva de género.
Como ustedes saben, nuestro grupo está profundamente comprometido con el feminismo y con una visión feminista de las políticas públicas; un feminismo que, por tanto, se entiende como interseccional y que, por ello, atiende tanto al género
como a otros elementos como la clase, la edad, la condición migratoria o la racialización, por lo que necesitamos políticas públicas de empleo feministas.
Por último, como fuerza verde nos gustaría señalar que sería necesario introducir una mirada que contemple la vital y urgente transición ecológica justa que debe hacer la industria para adaptarse, mitigar
y revertir los efectos de la crisis climática que ya estamos viviendo. En SUMAR consideramos que esta transición ecológica justa supone una oportunidad vital para generar empleos, pero empleos de calidad y con buenos salarios, por lo que se
hace imprescindible incorporarla a las políticas públicas de empleo.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Teniente.
La señora TENIENTE SÁNCHEZ: Buenos días.
Solo en el contexto de la reciente campaña electoral en Euskadi se puede entender esta iniciativa. Ahora resulta que el Partido Socialista se inspira en las políticas del Partido Nacionalista Vasco y quiere exportarlas al resto del país.
Es decir, se insta a sí mismo a innovar en las políticas activas de empleo y, si esto es así, ¿han tardado seis años en darse cuenta? ¿Cómo encaja esto en un ministerio dirigido por SUMAR? Pero vamos al contenido de esta iniciativa, que entendemos
aporta muy poco respecto a lo ya regulado. Recordemos que su Ley de Empleo de 2022 ya puso de acuerdo a la CEOE, a Fedea y al Consejo Económico y Social en que era una chapuza legislativa, y estamos ante un parche más. Por eso consideramos en la
transaccional que hemos presentado -?y que defiendo in voce- que hay que avanzar hacia una reforma de las políticas activas de empleo de carácter estructural. Pero, permítanme también hacer algunas consideraciones sobre la parte expositiva de esta
iniciativa. Sobre el éxito del modelo vasco, olvidan que en la última legislatura Euskadi ha perdido más de doce mil empleos industriales y que es la comunidad con más empleo a tiempo parcial de España, y en tendencia ascendente. Olvidan también
que la política lingüística es un problema desde el punto de vista de la cualificación y del acceso al empleo. Olvidan que es imposible generar un crecimiento homogéneo del empleo sin fomentar la igualdad, y que no todos los territorios hemos
tenido la oportunidad, las infraestructuras y una financiación especial para un desarrollo industrial como el vasco -?ya nos gustaría-, y olvidan que los programas de formación y empleo no solo deben abordarse y prestar atención a la perspectiva de
género, sino que han de estar dirigidos a mejorar la calidad para facilitar el acceso a un empleo estable. Por último, olvidan toda referencia a las políticas dirigidas a incrementar la productividad de las empresas.
Los informes de expertos y organismos internacionales, el Banco de España, la AIReF y Funcas inciden en la ineficacia de las políticas activas de empleo en España, en la escasa tasa de colocación de los servicios públicos de empleo, en la
creciente escasez de profesionales en algunos sectores productivos y en la falta de transparencia en la utilización de fondos públicos. Lo advertimos: las políticas activas de empleo no van a funcionar con iniciativas cargadas de narrativa que no
abordan los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, y esta PNL es más de lo mismo, una reiteración de generalidades y de conformismo cuando no cabe conformismo con la tasa de paro más alto de la Unión Europea y con un número de fijos
discontinuos que distorsionan las estadísticas y que en nada ayuda a esa transparencia a la que apelan en su iniciativa. No obstante, en la parte dispositiva, por ser muy generalista, es difícil no estar de acuerdo, y hemos propuesto una
transacción que entendemos mejora técnicamente la propuesta. Las soluciones obligan a implicar a las comunidades autónomas en cualquier reforma, en una colaboración real y eficaz, y obligan a la concertación social.
La semana pasada, la patronal les ha vuelto a decir que hay una profusión de normas, que hay inseguridad jurídica, y les traslada una clara petición: por favor, volvamos a la Mesa de Diálogo Social para reconducir las propuestas del
Gobierno. Ese es el camino que deben transitar y al que deben dedicar esfuerzos, y por eso lo incluimos en nuestra transaccional, ya que las iniciativas que sean de mero postureo electoral no van a cambiar las cosas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Puede pronunciarse el Grupo Socialista sobre la aceptación o no de la enmienda presentada?
La señora GUIJARRO CEBALLOS: No la vamos a aceptar porque entendemos que desnaturaliza el propósito de la proposición no de ley al eliminar toda referencia a políticas de empleo públicas con perspectiva de género. También querría hacer una
aclaración: las políticas públicas de empleo en Euskadi desde hace cuatro años y medio las lleva la consejería, el Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra.
- RELATIVA A LA EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR A LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 161/000550).
La señora PRESIDENTA: Vamos directamente hacia el punto número 5 del orden del día, la proposición no de ley relativa a la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular a la formación para el empleo.
Por parte del Grupo de Euskal Herría Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, presidenta andrea.
Jaun-andreok, egun on. Como todos sabemos, en la aplicación del Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, se debe incluir en el sistema de la Seguridad Social al alumnado que realice prácticas formativas externas. Esta es sin ninguna duda una
medida positiva que mejora las condiciones de las personas que durante su periodo de prácticas cotizarán a la Seguridad Social, aunque las prácticas no sean remuneradas. Esta medida que, como he dicho, es, en general, muy positiva, causa un grave
perjuicio que no ha sido tenido en cuenta a las personas extranjeras en situación administrativa irregular, tanto en la Comunidad autónoma vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, la norma nos ha generado un problema que anteriormente
no existía, porque, tanto en la Comunidad autónoma vasca como en la navarra, las personas en situación administrativa irregular tienen acceso a cursos de formación para el empleo mediante sus respectivas oficinas públicas de empleo, Lanbide y
Lansare, mientras que en el resto del Estado no existe esta opción, lo que probablemente sea el origen del problema generado: el hecho de haber regulado por igual, una vez más, para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta nuestras
diferentes realidades.
El caso es que la formación para el empleo con acceso a certificado de profesionalidad exige la realización de prácticas laborales en empresas. Estas prácticas son gestionadas por los centros formativos una vez superada la fase teórica,
pero como estas personas están en situación irregular, no tienen permiso de residencia y no pueden cotizar a la Seguridad Social y, por tanto, la primera consecuencia es que dejan de poder acceder a la formación para el empleo. Además, la situación
resulta totalmente contradictoria con la reforma legislativa aprobada en el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por la que se abre una nueva vía para acceder a la regularización administrativa a través del arraigo por formación, una formación a
la que el Decreto ley de 2023 cierra el paso y hace inviable que las personas en situación irregular puedan acceder a esa regularización administrativa mediante el arraigo por formación.
La situación creada por esta norma y la gravedad de sus consecuencias se han puesto de manifiesto por organizaciones del tercer sector que trabajan con estos colectivos; se denuncia que han venido avisando de las consecuencias que genera la
norma, pero nadie ha hecho nada efectivo. También se ha generado una gran preocupación en los centros formativos, que pueden ver reducida de forma muy importante su actividad. Es, en realidad, una cuestión de derechos humanos, o sea, que, por un
lado, coloca en situación de aun mayor vulnerabilidad a este colectivo, cerrando el paso a cualquier acción que pueda mejorar su situación y, por otro, deja en papel mojado la vía reconocida por el propio régimen de extranjería para acceder a la
regularización administrativa a través del arraigo por formación.
En conclusión, la situación creada por la norma necesita ser resuelta pues está causando un perjuicio que ni siquiera fue previsto por la singularidad de que, al parecer, solo los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas
vasca y navarra ofrecen formación para el empleo a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Nos consta que al menos desde la Consejería de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco se ha intentado buscar soluciones al problema
creado, pero ninguna de las propuestas puede ser efectiva. Por ejemplo, la propuesta de que las prácticas se hagan en los propios centros de formación en lugar de hacerlas en las empresas es prácticamente imposible en la mayor parte de centros que
imparten formación para el empleo porque, entre otras cosas, no cuentan con las infraestructuras adecuadas y necesarias para ello. En algunas ramas formativas, esas prácticas en los centros de formación son directamente inviables. Estoy pensando,
por ejemplo, en la asistencia sociosanitaria, una rama de formación con muchísima demanda y muy buena salida para el empleo, pero ¿cómo se hacen esas prácticas si no es en instituciones como, por ejemplo, residencias?
Lo cierto es que el ámbito competencial autonómico impide que se pueda adoptar una solución efectiva desde los gobiernos de la Comunidad autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, puesto que se trata de la cotización a la Seguridad
Social, que no está transferida a nuestras comunidades autónomas. Por lo tanto, la única solución efectiva pasa por cambiar la norma que ha originado el perjuicio. Es por lo que solicitamos que se realicen las modificaciones necesarias en la norma
para evitar la
exclusión al acceso a la formación para el empleo de las personas extranjeras en situación irregular, restituyendo y garantizando así el derecho al acceso a esa formación que, además, resulta necesaria para que el arraigo por formación les
pueda ser reconocido.
En definitiva, como ya hemos dicho, es una cuestión básica de derechos humanos, por lo que esperamos que todos los grupos que dicen defenderlos apoyen esta proposición no de ley.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fullaondo.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta.
El Gobierno vasco siempre ha estado comprometido en garantizar los derechos de todas las personas que viven en Euskadi, tanto en la salud como en la educación o en la protección de los ingresos mínimos. Además, siendo conscientes de la
problemática explicada en esta PNL, también tengo que decirle, señora Fullaondo, que se ha abordado la solución parcial y temporal al problema sobrevenido generado para esas personas por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2023, que regula la
inclusión en el sistema de Seguridad Social del alumnado que realice prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en un programa de formación. En definitiva, es verdad que la cotización de becarios impide el certificado de
profesionalidad a inmigrantes en situación irregular. Esta nueva normativa, como se ha dicho, exige la cotización de prácticas no remuneradas que, aun siendo positiva, en este caso se ha convertido en un perjuicio para las personas en situación
irregular, tanto en el derecho a la inclusión laboral como en el derecho fundamental a la educación, lastrando además las expectativas del colectivo de hacer prácticas laborales.
Pero, además, se ha producido un efecto sobrevenido en los centros formativos que habían accedido a la financiación con la condición de realizar un módulo de prácticas en centros de trabajo, aunque les resultaba imposible de cumplir con la
nueva exigencia legal; como derivada, las empresas que buscan perfiles nuevos a incorporar se ven perjudicadas en sus perspectivas de contratación. Si bien, como he dicho, el Gobierno vasco, el Departamento de Educación y el Departamento de
Empleo, han arbitrado una solución, lo cierto es que es temporal, y es necesario también que este tema se solucione de forma definitiva modificando la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social
para facilitar la formación de alumnas y alumnos extranjeros en situación irregular.
Aquí, señora Fullaondo -?yo me acabo de dar cuenta también-, tenemos un problema, porque lo cierto es que yo creo que se han confundido en el petitum pues no se puede modificar la disposición adicional décima del Real Decreto Ley 2/2023
porque no existe; hay que modificar el artículo único treinta y cuatro que modifica la disposición adicional quincuagésima segunda. No sé si se puede rectificar o qué se puede hacer.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grup Parlamentari Junt per Catalunya? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Nosotras votaremos a favor de la PNL. Efectivamente -?como hemos estado comentando además la diputada de EH Bildu y yo-, hay un problema en el petitum porque la disposición adicional décima del Real Decreto Ley
2/2023 a la que se refiere no existe; lo que habría que modificar sería la disposición adicional quincuagésima segunda, en su caso, de la Ley General de Seguridad Social o la referencia que se ha hecho por la diputada del PNV. En todo caso,
votaremos a favor, también a expensas de que se haga una autoenmienda para que quede correctamente; es una cuestión técnica, no puede modificarse una norma que no existe. Entendemos que es una cuestión meramente técnica, pero animamos a una
autoenmienda para modificar la PNL en este sentido.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Las izquierdas no defienden a los trabajadores de España; yo creo que ha quedado claro y queda claro todos los días con las políticas que siguen alentando. Están empeñados no solo en abrir progresiva y masivamente las fronteras, sino en
incorporar a nuestro mercado de trabajo a cientos de miles de
personas de países de fuera de la OCDE. Al final las economías dependen del estado demográfico de los países, y Europa -?occidente en general- se enfrenta a una crisis y a un invierno demográfico sin precedentes. ¿Qué es lo que sucede?
Que para afrontar este invierno demográfico hay dos maneras: o se regeneran estos países, se apuesta por políticas de natalidad y se protege a los trabajadores autóctonos o, efectivamente, se tira de fronteras abiertas.
Las políticas por las que se lleva años apostando son, precisamente, las políticas de fronteras abiertas. Las izquierdas de este país al final, desde los azules hasta los rojos, lo que han hecho ha sido obedecer las órdenes del Banco
Mundial, del Foro de Davos y de los poderes económicos que están empeñados -?insisto- en que esta inmigración sea masiva para poder incorporar masivamente cientos de miles de personas a nuestro mercado laboral. Y están empeñados en hacerlo sin
ningún tipo de traba, y esta iniciativa precisamente va de eso: de precarizar las condiciones laborales de los españoles. ¿Por qué? Porque masificar los empleos de baja cualificación en lugar de dignificarlos para los de casa es tirar salarios,
es blanquear el neoesclavismo y es institucionalizar la precariedad laboral. Aparte de provocar que los barrios de los trabajadores más humildes de nuestro país sufran el caos, la inseguridad y la pérdida de identidad -?aparte de traicionar en ese
sentido lo que es su vida diaria, su rutina, sus casas, sus barrios, los lugares en los que viven- también se está condenando no solo a nuestras economías, no solo a nuestras culturas sino, en definitiva, a nuestras identidades. Insisto en que la
izquierda ha traicionado a los trabajadores de España y, además, consideramos que hay que decirlo más.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cercas.
La señora CERCAS MENA: Buenos días, señora presidenta.
Como explica muy bien la iniciativa que debatimos hoy, la modificación de la Ley de la Seguridad Social, operada después por el Real Decreto Ley 2/2023, ha supuesto un avance importante en el reconocimiento de las mejores condiciones de las
prácticas del alumnado de nuestro país. Lo que se pretendía con esta ley -?y lo que se está haciendo- es regular la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de aquellos jóvenes que están haciendo prácticas de formación, prácticas académicas
remuneradas o no, dentro de un programa de formación. La verdad es que esta medida es una extensión de derechos porque beneficia a los jóvenes, supondrá su inclusión dentro del sistema de la Seguridad Social -?y, por lo tanto, beneficiará a su
futura pensión- y a la vez supondrá su protección durante el periodo de prácticas. Pero no es solo eso sino que esta es una histórica reivindicación de los jóvenes, que en este momento, según los datos que tenemos, está beneficiando a 1 200 000
estudiantes en prácticas. Por lo tanto, no hay duda de que esta ley ha representado un verdadero triunfo.
Ahora bien, sí es cierto que la medida ha ocasionado efectos -digamos- no deseados en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la Comunidad Foral de Navarra. Es verdad, esto ha pasado así por el efecto de la incorporación de esta medida, de la
figura del arraigo por formación. También es cierto que las mismas comunidades autónomas están adoptando medidas extraordinarias para paliar esta situación y se está ofreciendo la misma formación a las personas que están en situación irregular. Es
verdad que, probablemente, esto no está resolviendo las cosas como en principio lo estaba haciendo. Por tanto, desde nuestro grupo no votaremos en contra porque entendemos que aquí hay un problema que resolver.
No obstante, quiero destacar que en la gestión migratoria el Gobierno ha trabajado por avanzar en un marco regulatorio que intensifique la inmigración ordenada, segura e incorporando nuevas figuras de arraigo. De aquí el arraigo por
formación. La verdad es que la medida está beneficiando en estos momentos a 32 000 personas. Creo que vale la pena que coincidamos en que el objetivo de la formación y el trabajo es un objetivo compartido con las comunidades autónomas y los grupos
que en estos momentos están adjetivando la proposición no de ley. Hay que decir que ...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, diputada.
La señora CERCAS MENA: Sí.
... la consecuencia de la ley de la cual hablamos está teniendo un doble matiz: obtener personas con la formación necesaria para cubrir puestos de trabajo que necesitan las empresas e incorporar al mercado laboral a personas que se
encuentren trabajando de manera precaria. Por lo tanto, desde el Gobierno queremos seguir fomentando la figura del arraigo y continuaremos trabajando en esta dirección.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Barrio.
El señor BARRIO BAROJA: Muchas gracias, presidenta.
Fullaondo andrea, egun on. Nos encontramos ante una iniciativa de EH Bildu sorprendente, porque está deficientemente planteada. La disposición adicional décima del Real Decreto Ley 2/2003, de 16 de marzo, a la que ustedes aluden en su
iniciativa no existe. No hay razón de peso bastante sólida para oponerse a la modificación de algo que no existe o por lo menos para decirles que retiren -?aún están a tiempo- la iniciativa y presenten una iniciativa en condiciones. Además, como
alguien ha referido, en un petitum no hay cuestiones técnicas; no es una cuestión técnica, es un error garrafal, es una falta de rigor en el planteamiento y eso no es una cuestión técnica. Está bien claro que donde más cuidado hay que tener en la
redacción de este tipo de iniciativas es en el petitum, porque eso nos plantea si enmendamos o no y cómo lo hacemos. Lógicamente no hay enmienda posible ante semejante falta de rigor, no es una cuestión técnica. Porque, ¿dónde está la disposición
adicional décima? No está porque no existe. Si partimos de esa base no puede haber un planteamiento de voto ni de abstención ni a favor sino, lógicamente, en contra.
Además, en cualquier caso, pasando un poco colateralmente ya porque la razón de la oposición está clara, la cuestión de fondo es que no se puede abordar a través de una PNL la cuestión que se plantea de una manera tan confusa, tan poco
entendible en la justificación de la proposición. Se trata de un voluntarismo mal planteado y de torpe confección jurídica. No es adecuada esta fórmula que ustedes plantean. O un proyecto de ley del Gobierno o una proposición de ley de algún
grupo de la Cámara estableciendo la regulación que se pretende de una manera justificada, necesaria, coherente además con el resto de la regulación que afecta a distintas materias: a formación, a empleo, a Seguridad Social, a la residencia, a
exigencias de la Unión Europea... Esto no puede ser despachado a través de una proposición no de ley de estas características.
Señora Fullaondo, ustedes apoyan al Gobierno, son socios del Gobierno, ¿lo han hablado con el ministerio? ¿Han llegado a algún acuerdo, a alguna conclusión? Parece que no por la intervención de la señora del Grupo Socialista. ¿O qué les
dicen? Esta cuestión requiere, para que sea rigurosa, un posicionamiento previo de la autoridad máxima en materia de Seguridad Social, ligada a la formación de las personas con derecho a la misma. Es decir, eso es una cuestión básica; conocer la
posición del Gobierno en esta cuestión será importante para saber qué respuestas se deben y se pueden dar a estas cuestiones.
Por otro lado, la situación administrativa irregular no puede ser irrelevante para la articulación del sistema, no se pueden torear así las cosas a través de PNL. La situación administrativa irregular no puede ser irrelevante para el
sistema jurídico político, y desde luego tampoco para el que se construye en torno al empleo. Hay que construir un sistema con garantías legales para la Seguridad Social, para la empleabilidad, para la residencia; aspectos todos que deben estar
unidos, que tienen que estar coordinados perfectamente en las leyes y no en una proposición no de ley de estas características. Lo que propone y pretende esta PNL necesita unos enfoques previos que, por supuesto, no pueden ser tratados en una
iniciativa de estas características y, además, mal hecha.
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.
El señor BARRIO BAROJA: Sí.
Recientemente se aprobó ya una iniciativa legislativa popular, por lo que probablemente va a haber tiempo de hablar de cuestiones de estas características. Señora Fullaondo, yo creo que lo mejor que puede hacer usted en este minuto que le
queda es retirar esta PNL y presentar otra iniciativa o una proposición de ley para hacer un planteamiento mejor formulado y que los demás podamos trabajar con seriedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
- RELATIVA A MEJORAR EL IMPACTO SOCIAL DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA EN NUESTRO PAÍS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000564).
La señora PRESIDENTA: Vamos al punto 6.º, proposición no de ley relativa a mejorar el impacto social del ingreso mínimo vital en la prevención y reducción de los niveles de pobreza en nuestro país, presentada por el Grupo Popular.
Tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ RECUERDA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. En junio de 2020 se puso en funcionamiento el ingreso mínimo vital, una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Fue aprobado sin ningún
voto en contra en la pasada legislatura, pero transcurridos cuatro años desde entonces los problemas a los que se sigue enfrentando la población son interminables. Por ejemplo, cuando se solicita, por la cantidad de extremos que hay que acreditar;
mientras se percibe, si las circunstancias personales o de empleo cambian, y cuando la Administración cruza los datos con Hacienda, porque en muchos casos resuelve en contra de los beneficiarios a los que deniega el derecho y reclama deudas con la
Seguridad Social.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos planteado preguntas al Gobierno y el anterior ministro negaba la situación, llegando incluso a calificarlas de bulo. Hoy vemos que no solo no era tal sino que era una realidad que día a día se
hacía más grande, perjudicando con ello al servicio que toda Administración pública debe prestar. El artículo 31.3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, encarga a la AIReF que emita anualmente la correspondiente opinión sobre la evolución de este
instrumento. Hasta hoy, la AIReF ha emitido dos opiniones. La primera, publicada el 19 de julio de 2022, evidenció que el ingreso mínimo vital había llegado en 2021 a apenas 284 000 hogares de los 700 000 potencialmente elegibles. En la segunda,
de 15 de junio de 2023, se confirma que los problemas, lejos de mejorar, se han mantenido a lo largo de 2022, observándose un cierto estancamiento. Aumenta además el número de personas y hogares que pudiendo solicitarlo no lo hacen, bien por su
excesiva burocratización, por la tramitación digital o incluso por su desconocimiento de la norma. Puedo confirmarlo, ya que desde la oficina del Partido Popular de Torremolinos hemos ayudado a cientos de personas a solicitarlo.
El ingreso mínimo vital sigue muy lejos de lograr los ambiciosos objetivos que determinaron su creación. Según los resultados definitivos de la encuesta de calidad de vida, no hay duda de que sí que los hay. Dicha encuesta, referida a
2023, constata que la población que se encontraba en situación de carencia material y social severa aumentó un 16,9 % con respecto a 2022. Estos datos son claros como para proponer la necesidad de llevar a cabo una evaluación sobre su alcance,
eliminar barreras, simplificar los sistemas de acceso y tramitación y, sobre todo, aplicar medidas que favorezcan que cada día menos personas precisen de esta prestación económica por estar trabajando. En el Partido Popular consideramos que el
ingreso mínimo vital es una medida positiva y necesaria, pero que se aprobó sin la suficiente madurez y sin diálogo y que sigue muy lejos de tener el impacto deseado. Seguimos siendo, según Eurostat, el cuarto país con peores datos de pobreza y
desigualdad solo por delante de Grecia, Bulgaria y Rumanía. Creemos firmemente que la atención integral a las personas más vulnerables, más allá de la prestación económica, requiere de un conjunto de políticas que permitan su plena inclusión social
y laboral en la sociedad; políticas que incentiven la incorporación y posterior consolidación de los beneficiarios del ingreso mínimo vital en el mercado laboral, evitando que caigan en la trampa de la pobreza.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos la siguiente proposición no de ley con la que esperamos alcanzar el consenso necesario para su aprobación, ya que es un tema fundamental para mejorar la situación y potenciar
que la parte más vulnerable de nuestra sociedad alcance su plena inclusión social y laboral. Por ello proponemos, primero, definir mejor los objetivos y establecer indicadores concretos susceptibles de seguimiento y control que permitan analizar el
impacto real del ingreso mínimo vital en la evolución de los niveles de pobreza de acuerdo con los criterios de Eurostat, y, segundo, la incorporación generalizada de mecanismos o itinerarios de inclusión vinculados a la percepción del ingreso
mínimo vital que favorezcan la menor permanencia de los hogares en los sistemas de rentas mínimas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez.
A continuación, la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario VOX, señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Es una enmienda muy sencilla -?animamos al Grupo Popular a que la acepte- con la que pretendemos incorporar el concepto de la prioridad nacional en el ingreso mínimo vital. Nosotros sí pensamos que todas aquellas personas que quedan fuera
del circuito económico por razones ajenas a su voluntad tienen que ser atendidas y apoyadas por parte del Estado, pero que esto tiene que tener unas condiciones
fundamentalmente realistas con arreglo a nuestro país. En España, si observamos los últimos datos, una de cada diez familias no puede llegar a fin de mes; tenemos más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social;
casi el 9 % de los españoles sufre pobrezas severas -?según el INE, en el año 2007 era de más del 3 %, la pobreza severa en nuestro país ha aumentado casi tres veces más desde el año 2008-; hay 850 000 personas en lista de espera para ser
operadas; un 28 % de paro juvenil. Pensamos que, en general, las cifras de nuestro país, de nuestros compatriotas, son absolutamente desalentadoras y que, en figuras como el ingreso mínimo vital, si verdaderamente queremos ser patriotas, tenemos
que incorporar la figura de ayudar primero a nuestros compatriotas. Porque la justicia social tiene que empezar en casa y es un acto de hipocresía querer ayudar a todos los pobres del mundo cuando ni siquiera estamos atendiendo y ayudando
correctamente a los pobres que tenemos en casa y que son nuestros compatriotas. Así que animamos al Partido Popular a que sea valiente y acepte esta enmienda que le planteamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Garrido.
La señora GARRIDO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta.
Primero quiero recordarle a la señora De Meer que esta legislación del ingreso mínimo vital es española y afecta a la pobreza en España. Sin más. Parece que está un poco despistada. Dice el Partido Popular que se hizo sin diálogo, pero no
hubo ningún voto en contra. ¡Bendita falta de diálogo si es así! Las personas no suelen caer en la trampa de la pobreza, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular; la pobreza se hereda, la herencia es la principal causa de pobreza porque no
todos nacemos con las mismas oportunidades. Ahí está el Gobierno progresista tomando medidas que favorecen ese ascensor social, sobre todo a través del fomento del empleo o con los pilares del Estado del bienestar.
La verdad es que desde el Ministerio de Inclusión y el Gobierno hay un compromiso de mejora constante de los instrumentos en todos los ámbitos, pero especialmente en este de la pobreza. Por supuesto que sí, a eso nunca nos vamos a negar, a
mejorar todos los instrumentos que ponemos sobre la mesa para que efectivamente cumplan los objetivos que tienen. El ingreso mínimo vital se creó como una prestación que supusiera un mínimo común denominador para la lucha contra la pobreza extrema
en todo el territorio, que reforzara el escudo social que se puso en marcha durante la pandemia y que tan buenos resultados dio a este país. Es un modelo innovador y técnicamente muy sofisticado, puesto que tiene en cuenta la situación del
individuo pero también de su entorno y de su unidad de convivencia. Como digo, técnicamente es muy sofisticado y eso hace que en ocasiones su tramitación sea compleja. Pero, por supuesto, en esto ya se está trabajando; nos alegra que el Partido
Popular también quiera mejorar el ingreso mínimo vital, pero no es algo que no se esté realizando actualmente. También se han promovido importantes subidas en 2023 y 2024 de un 15 y un 6,9 % de las prestaciones. Creemos que eso también es
relevante. Hemos logrado reducir la tasa de pobreza en dos puntos, principalmente gracias al ingreso mínimo vital. Por lo tanto, se están cumpliendo los objetivos paso a paso. Con los datos que han dado yo no sé si usted está diciendo que en
España hay un 26 % de pobreza severa; yo creo que confunde la percepción de dificultades con los datos técnicos de pobreza, que son diferentes medidores e indicadores.
En cualquier caso, nos parece relevante -?y de ahí nuestra enmienda transaccional- poner de manifiesto estas políticas que está llevando a cabo el Gobierno progresista, que están dando buenos resultados -?por supuesto que hay que mejorar,
claro que sí-, pero también la puesta en marcha del Laboratorio de Políticas de Inclusión. Es una herramienta técnica que permite tener datos científicamente corroborados para poder poner en marcha las mejores medidas. Además, se han invertido
-?no solo es un desiderátum- 211 millones de euros a través de los PERTE. El Laboratorio de Políticas de Inclusión en concreto ha afectado directamente a 76 000 personas, en colaboración con diez comunidades autónomas de las diecisiete -?por lo
tanto, se ha trabajado también con otras administraciones que también tienen competencias en esta materia-, e indirectamente a 180 000 beneficiarios de las familias que están inmersas en estos procesos, lo que nos permite, sobre todo, tener
evidencia científica; porque las ciencias sociales, las políticas sociales han de basarse en datos reales, certeros y en la evidencia científica.
Por tanto, hemos planteado una enmienda en la que creemos que es muy relevante poner de manifiesto que este laboratorio está en marcha, que está funcionando, que ya estamos obteniendo datos e informaciones que nos van a permitir mejorar el
ingreso mínimo vital. Además, es muy reconocido, por ejemplo, por grandes personalidades del mundo científico como el Premio Nobel, Abhijit Banerjee, que, por supuesto, reconoce lo innovador y valioso de este ingreso mínimo vital que además es
referente en Europa.
Disculpe por exceder el tiempo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Tiene la palabra, por Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el ingreso mínimo vital es un hito del que enorgullecerse. Era una asignatura pendiente en nuestro Estado del bienestar una política nacional de rentas mínimas y es el reflejo además de que nuestra sociedad no está dividida y de
que existe un amplio consenso social en favor del ingreso mínimo vital, en favor de la lucha contra la exclusión social y por la igualdad. Ejemplo de ello, además, fue la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, que solo dejó fuera a un
grupo del Parlamento.
El ingreso mínimo vital se pensó para resolver problemas que no nos podemos permitir. La lucha contra la pobreza a menudo se entiende como un gasto que nos toca asumir por compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, pero en
realidad es al revés: la exclusión social y la desigualdad supone un coste inasumible tanto en términos sociales como en términos económicos. No nos podemos permitir ser el cuarto país de la Unión Europea en exclusión social ni que uno de cada
cinco ciudadanos se encuentre en esta situación, porque es una cuestión de dignidad y de bienestar para el conjunto de nuestro país. Lo que tampoco parece justificado, no obstante, es negar los datos positivos que arroja el IMV. El IMV CAPI llega
a más de 550 000 hogares, lo que supone un incremento del 28,1 %; la mayoría de perceptores son familias con niños -?más de un 67 %-, incluyendo casi un 18 % de familias monomarentales de las cuales más de 40 000 son familias numerosas. Este IMV
CAPI beneficia a más de 1 660 000 personas, de las cuales más de 690 000 son menores.
Indudablemente el ingreso mínimo vital necesita actualizarse, precisamente porque se aprobó en plena crisis. No sufre limitaciones debido al desconocimiento; la gente conoce y sabe de la existencia del ingreso mínimo vital, sin perjuicio
de que pueda haber razones de diseño que lo conviertan en dificultoso y justifiquen, precisamente, lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España que es proceder a su revisión. Además, hay que asumir que la plena puesta en marcha del ingreso
mínimo vital y su coordinación con las rentas autonómicas requiere de las adaptaciones de las respectivas normativas de dichas rentas. Hasta el momento, diez comunidades autónomas han adaptado sus rentas mínimas al ingreso mínimo vital, mientras
que siete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas no lo han hecho. De estas administraciones que no han modificado sus rentas para coordinarse con el IMV seis están gobernadas por el PP como partido único y otras dos en coalición con
VOX.
Estas limitaciones deben atenderse -?todas-, incluidas también aquellas que afectan a las rentas autonómicas, para que el ingreso mínimo vital continúe estando a la altura del inmenso apoyo social y político que suscitó. Los principios que
animan a la reforma son hacer al ingreso mínimo vital una herramienta más accesible y cercana a la ciudadanía, amplificando su impacto en la lucha contra la exclusión social. Nosotras hemos presentado una enmienda, junto con el Partido Socialista,
en la que ponemos de manifiesto la necesidad de alcanzar, tanto los grupos de gobierno como los de la oposición, un consenso amplio en torno a esta medida muy necesaria en nuestro país.
Además, por eso lo hemos hecho dando ejemplo. Presentamos una enmienda y aceptamos una transaccional del Grupo Popular para que quede claro que todas estamos en la línea de mejorar el ingreso mínimo vital y, sobre todo, de continuar lo que
estamos haciendo ya desde el Gobierno, que es la mejora continua, con datos científicos, de esta importante medida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Intervienen los portavoces de los demás grupos parlamentarios. No intervienen ni la señora Valido, por el Grupo Parlamentario Mixto, ni el Grupo Parlamentario Vasco, ni Euskal Herria Bildu, ni Junts per Catalunya, ni el Grupo Republicano.
La señora Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ¿quiere manifestar su opinión sobre las enmiendas?
La señora PÉREZ RECUERDA: Pues sí. Como ha dicho la portavoz de SUMAR, hemos pactado una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista y con SUMAR.
La señora PRESIDENTA: Perfecto. Muchas gracias.
- RELATIVA A FOMENTAR EL EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000594).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al 7.º punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a fomentar el empleo en el sector privado, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la señora Prieto.
La señora PRIETO SERRANO: Buenos días, presidenta y demás miembros de la Mesa.
El objetivo fundamental de esta proposición no de ley es el fomento del empleo en el sector privado, pero un empleo de calidad y estable. Para ello, con carácter previo, es necesario poner en valor y reconocer el papel determinante que
desempeña el sector empresarial en nuestro país como motor de desarrollo económico y generador de empleo de calidad. Sin empresas no hay trabajo. Es evidente que hay que impulsar el desarrollo económico, siempre respetando los derechos de los
trabajadores y mejorando sus condiciones laborales.
Con relación a las políticas del Gobierno de los últimos cinco años, recordamos la situación actual: nuestro tejido productivo está constituido por el 98 % de pymes y de autónomos, que en los últimos cinco años cada vez pagan más impuestos,
más cotizaciones sociales, más costes de producción y tienen más burocracia administrativa. Este Gobierno cada vez pone más trabas a las empresas. Esto ha motivado, claramente, una caída de las inversiones extranjeras y también la destrucción de
empresas. La mayoría de las empresas nuevas se establecen en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que ha adoptado incentivos para favorecer la inversión y el emprendimiento. Esto se ha traducido, claramente, en un aumento de
las empresas y de los autónomos en estos territorios y se ha liderado la creación de empleo en estas comunidades autónomas. Por el contrario, las políticas del Gobierno han generado inseguridad jurídica y desconfianza, y ello ha llevado a un
deterioro progresivo del tejido empresarial. Tenemos que decir que, de acuerdo con los códigos de cuentas de cotización de la Seguridad Social, hay 89 648 empresas cotizantes menos desde el año 2018 a la fecha actual. Nos preguntamos: ¿cuántos
empleos se han perdido como consecuencia de la destrucción de estas empresas?
Además, las empresas españolas son las únicas que han bajado productividad en los últimos cinco años en la Unión Europea, un 1,9 %, frente al incremento medio del 1,2 % de todos los países de la Unión Europea. Esto se ha producido,
precisamente, por estas políticas económicas fallidas del Gobierno, que provocan incertidumbre y falta de previsibilidad, dando lugar a un estancamiento y a una ralentización en la creación del empleo.
No puede crearse solamente empleo en el sector público, en detrimento del sector privado. Esto es lo que ha ocurrido en el cuarto trimestre del 2023, de acuerdo con la EPA: se destruyen 77 600 empleos privados y se crean 58 600 empleos en
el sector público. Hay que decir que se ha cumplido el máximo de la serie histórica de la EPA en el sector público. Es decir, el sector empresarial privado es irreemplazable e insustituible. El Gobierno ha aumentado de forma desmesurada el gasto
en el sector público en el cuarto trimestre del año 2023 -?ha supuesto un 4,2 % del producto interior bruto- y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. El empleo público no es el que puede sostener el crecimiento del mercado
laboral, esto solamente puede hacerlo el sector empresarial privado.
Ante esta situación, se plantean una serie de medidas en esta proposición no de ley. En primer lugar, reconocer y valorar la importancia del sector empresarial como generador de empleo. Es el sector privado el que tiene que servir de motor
de la economía y hay que establecer un marco legal adecuado para impulsar su crecimiento. No podemos olvidar que supone un 86 % del PIB y que, además, genera más del 80 % del empleo en nuestro país. Hay que cesar el ataque a las empresas y también
la demonización del sector, porque los empresarios y trabajadores no están en una constante lucha de clases y no hay que generar un conflicto permanente entre ellos. Hay que buscar un equilibrio en la ecuación: cuanto más desarrollo económico, más
empleo y, cuanto más se mejore la posibilidad de crear empresas, más empleo de calidad para los trabajadores. Por tanto, hay que dejar de atacar al sector empresarial. Por ejemplo, últimamente se ha atacado a la hostelería con relación a los
horarios, sin ni siquiera contar con la opinión del sector. Basta ya de considerar a las empresas como si fueran el problema de todo.
Hay que recuperar el diálogo social completo entre todos los agentes sociales. La ministra de Trabajo nos tiene acostumbrados a adoptar numerosas medidas que afectan a la estructura del mercado laboral sin contar con la patronal y rompiendo
la negociación colectiva de forma unilateral a golpe de reales decretos leyes. Así lo hemos visto, por ejemplo, con la reducción de jornada, que tiene ya acordada y pactada en el pacto de investidura, o bien con la subida del salario mínimo
interprofesional, que ya ha anunciado sin
contar con la opinión de las empresas. Hay que analizar las causas por las que el colectivo de autónomos no termina de repuntar y hay que adoptar medidas que favorezcan el desarrollo de su actividad. Ponemos de nuevo el ejemplo de
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que han establecido medidas fomentando el empleo para contratar a uno o varios trabajadores por parte de los autónomos y garantizar el mantenimiento del empleo. Esta es una medida que
favorece el emprendimiento y también ayuda al sector de los autónomos. Hay que crear más y mejores empleos mediante una estrategia que garantice y que integre la capacidad de adaptación de las empresas y los trabajadores, promoción de la
empleabilidad y mayores oportunidades de formación y desarrollo del talento. Tenemos que apostar por una recualificación profesional, una Formación Profesional para el empleo que se adapte a las necesidades de las empresas y, por supuesto, hay que
incrementar la productividad de los empleados. Las empresas cada vez tienen más dificultad para atraer talento y poder contratar personal cualificado.
Por último, hay que adoptar medidas de fomento de la contratación para empresas, pero de personas que pertenezcan a colectivos de atención prioritaria, es decir, hay que desarrollar políticas de empleo inclusivas. Finalmente, hay que
adoptar cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y de calidad en el sector privado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias.
Presentamos nuestra enmienda con la intención de mejorar el petitum, aunque, la acepten o no, esta PNL va a quedar en agua de borrajas, porque pedirle al Gobierno que cese en sus continuos ataques -?sobre todo del Ministerio de Trabajo- al
sector productivo, al sector privado, es complicado. Lo que estamos viendo es que las políticas de Pedro Sánchez y de la ministra Yolanda Díaz lo que hacen es atacar y criminalizar al sector privado y sectores productivos, como el sector servicios,
muy necesarios en algunas regiones, como en la provincia de Alicante, donde es el sector que lidera el empleo.
Tenemos que ayudar a la contratación. Por eso, desde VOX, una de las enmiendas que presentamos -?que ya hemos presentado en nuestras PNL- es la bonificación del 100 % en los contratos del primer año y del 50 % en el segundo año, sea la
edad que sea. Porque, señorías, por mucho que la señora Díaz nos quiera engañar a todos, lideramos el paro total en Europa, lideramos el desempleo juvenil, lideramos el paro de los mayores de cuarenta y cinco años y lideramos el desempleo femenino.
Son datos catastróficos. Y el Fondo Monetario Internacional -?ese al que a ustedes tanto les gusta recurrir, según dé los datos- ya ha dicho que España tardará décadas en bajar del 11 % de desempleo; el 11 % significa prácticamente el doble de la
media europea. Son unos datos catastróficos y con cualquier dato que ustedes quieran maquillar con contratación pública -?como los contratos fijos discontinuos que nos quieren vender- lo que están demostrando, una vez más, es que están atacando la
prosperidad de las familias, sobre todo, de las clases medias y trabajadoras más humildes. El propio INE lo recoge así. Según el INE cada año los trabajadores trabajan menos horas, porque se ven abocados a trabajos precarios, con pocas horas, lo
que provoca que deban tener más de un empleo para poder llegar a final de mes. Las familias españolas están pasándolo muy mal. Hemos estado hablando antes de la pobreza. España lidera la pobreza infantil y juvenil. Esos son los hitos de Pedro
Sánchez, esos son los hitos del Partido Socialista: liderar en Europa la pobreza infantil y juvenil, por mucho que quieran maquillar los datos.
El sector productivo español necesita los estímulos necesarios para volver a la senda del crecimiento económico, que provoque mejores empleos y, sobre todo, provoque que nuestros jóvenes se vean, por fin, recompensados por el esfuerzo de
estudiar y consigan trabajar en lo que han estudiado, emanciparse y formar una familia, algo que ustedes les están negando con sus políticas. El sector primario, el sector secundario, sectores productivos, todo el sector privado es necesario porque
no podemos generar riqueza sin estos sectores. No son el enemigo, son el aliado y, ya se lo dije una vez, nuestros autónomos son los auténticos creadores de empleo, los principales empleadores en España. Esos son los auténticos héroes, no ustedes,
que no paran de poner palos en las ruedas, y mucho menos la señora Díaz, que lo único que hace es mentir, manipular, insultar a la inteligencia de los trabajadores y reírse de la precariedad de las familias españolas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada Santana.
La señora SANTANA AGUILERA: Muchas gracias, presidenta.
La obsesión de VOX con el Gobierno de España los lleva a acabar soñando ataques inexistentes, lo mismo que le está pasando al Partido Popular. La verdad es que necesitaría más de tres minutos para poder exponer y contrastar los datos entre
la realidad y la manipulación que desarrolla el Grupo Popular en esta PNL, pero no tengo tiempo suficiente. En cualquier caso, voy a reflejar algunos de ellos: España alcanza por primera vez los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social en el
mes de marzo, se han generado 193 600 empleos nuevos con respecto al mes de febrero y 525 400 en el último año. El paro registrado se redujo, además, en 33 400 personas, hasta los 2 727 000, que es el nivel más bajo en un mes de marzo en dieciséis
años, con una caída especialmente en las mujeres. El empleo crece en España más que en otras economías europeas respecto a niveles de pandemia: la afiliación ha aumentado un 8,3 %, frente al 5 % de Francia o el 1,5 % de Alemania. En cuanto a la
temporalidad, se encuentra en mínimos históricos al afectar a un 12,7 % de los afiliados; hay 3,3 millones más de trabajadores fijos que antes de la reforma laboral. España ha superado por primera vez los 10 millones de mujeres afiliadas a la
Seguridad Social; en tan solo tres años el número de afiliadas ha aumentado en más de un millón de mujeres. Algo tendrá que ver en esto la reforma laboral que, precisamente, beneficia a mujeres y a jóvenes. Y si hablamos de población joven, hay
que mencionar que se ha incrementado en un 162 % la contratación indefinida en jóvenes menores de veinticinco años entre enero de 2022 y enero de 2024.
Para concluir, me gustaría hacer algunas precisiones que me parecen importantes. El Grupo Popular nos habla de aumentar e incrementar el diálogo social, y esto lo dice el partido que aprobó una reforma laboral en el año 2012 -?cuando
gobernaban con mayoría absoluta- que no contó con el apoyo de los sindicatos. Por cierto, fue una reforma laboral que, precisamente, por lo que se caracterizó fue por abaratar el despido y por poner a los jóvenes en las fronteras de nuestro país.
Es decir, la apuesta del Gobierno del Partido Popular fue destruir el empleo.
El Grupo Popular también menciona en la PNL que hay que proteger a los mayores de cuarenta y cinco años. Sin embargo, ya vimos en plenos anteriores cómo el Partido Popular votó en contra del subsidio para personas mayores de cuarenta y
cinco años.
El Grupo Popular también nos habla de fomentar el empleo de calidad para la población joven. Les voy a poner un ejemplo de lo que defiende realmente el Partido Popular. Rueda celebró su investidura con una fiesta servida por cincuenta
estudiantes sin contratos ni altas en la Seguridad Social. La Xunta defiende el uso de estudiantes de hostelería, a los que no les paga, como una oportunidad para voluntarios. Señorías, ¿cuántos de los que están aquí van a animar a sus hijos a
hacer ese programa de voluntariado? Porque a mí, la verdad, me da mucha curiosidad. (Rumores). No tengo nada más que añadir, porque esto es el Partido Popular, y ni se sonrojan ni se avergüenzan. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Empezamos con las intervenciones de los portavoces de los demás grupos parlamentarios.
No habiendo otros grupos que quieran intervenir, por el Grupo Parlamentario SUMAR, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías del PP, cuando no se inventan los datos, los tergiversan. Desde SUMAR llegamos al Gobierno convencidas de que hay que competir en productividad y calidad y no en salarios bajos y malas condiciones laborales, que fue su fórmula
durante la crisis financiera, y así acabamos como acabamos. Ahora, mal que parezca pesarles, se genera empleo de mayor calidad, porque las actividades de mayor valor añadido son las que más crecen. Un dato lo demuestra: en la legislatura pasada
la rama de información y comunicaciones creó 152 100 empleos y la hostelería 38 400. Las dos crean empleo, pero la tecnológica crece un 25 % y la más tradicional el 2 %. Además, también estamos mejorando de forma significativa la estructura
empresarial de nuestro país, porque en los últimos cinco años aumenta de forma significativa el número de empresas de mayor tamaño y el tamaño medio de las empresas creció el 18 %. (La señora vicepresidenta, García Gurrutxaga, ocupa la
Presidencia). Nuestras políticas no atacan a la empresa privada, al contrario, mejoran la vida de la gente, mejoran la economía, apuestan por los servicios públicos, por la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía, pero eso sí -?y aquí creo
que llegamos al quid de la cuestión-, nosotras aspiramos a que las grandes empresas paguen en impuestos lo que les corresponde.
Hablan ustedes de diálogo social completo. ¿Es un concepto de nuevo cuño? Nuestro compromiso con el diálogo y la negociación con los agentes sociales creo que está fuera de toda duda. Si quieren, un día fuera de intervención y de los
tiempos limitados, les explico la diferencia entre necesidades
organizativas y necesidades ocultas. Son conceptos de técnicas de negociación. Pueden consultarlo con las personas expertas en negociación de la CEOE, que las hay, y son de las mejores negociadoras que he conocido. Para una persona
negociadora lo más difícil en una mesa es, precisamente, enfrentarse a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, porque no hay negociador que se precie cuyo premio no sea precisamente el consenso. Pero una cosa es negociar y otra cosa es alcanzar
acuerdos, porque en ocasiones es imposible, sobre todo, cuando el de enfrente no quiere. Miren, acuerdos: la primera subida del SMI; seis acuerdos sociales en defensa del empleo -?van siete acuerdos-; trabajo a distancia, ocho; trabajo en
plataformas digitales, nueve; reglamento de igualdad retributiva, diez; reforma laboral, once; herramienta de valoración de puestos de trabajo, doce; herramienta de registro retributivo, doce; estrategia nacional de prevención de riesgos
laborales, trece. Todos esos son acuerdos con las dos organizaciones sindicales de nuestro país más representativas y con la CEOE y Cepyme.
Ustedes hablan de pobreza y de igualdad. Por primera vez en nuestra historia, tras una crisis, la sociedad española es menos desigual y tiene menos pobreza que antes de la pandemia, aunque ambas igualmente sigan siendo, eso sí,
insoportablemente altas. En SUMAR apostamos por una estrategia a favor de la igualdad, que debe tener como principales instrumentos la creación de empleo, la mejora de los salarios más bajos, el reforzamiento de las prestaciones públicas y los
mecanismos de protección social. Y buena muestra son los resultados de la reforma laboral en materia de temporalidad, que la ha reducido en España un 13,2 % -14,1 % es la media de la Unión Europea, luego está por debajo-, pero este dato se les ha
olvidado en su PNL. La tasa de parcialidad -?por favor, vamos a ser estrictas- es la que mide el número de personas que trabajan a tiempo parcial, y también se ha reducido, se ha reducido en 1 punto, hasta situarse en el 13,5 %, su valor más bajo
desde el año 2010. Si tan preocupados por la parcialidad de las personas en España, sobre todo de las mujeres, los animo a que, cuando vengamos aquí con la reforma del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, para evitar que las empresas
puedan ampliar y reducir a su gusto la jornada de las personas que trabajan a tiempo parcial, la apoyen. Esto va a venir con la ley de condiciones transparentes y previsibles en el ámbito laboral. Veremos lo que hacen.
Sin duda, tenemos un problema de desempleo, pero parece que solo se acuerdan ustedes cuando están en la oposición, porque en 2013 había 6 278 200 personas buscando empleo sin conseguirlo en España. A día de hoy son muchísimas, es
insoportablemente alto el número de personas. Estamos en el 11,8 %, pero, ojo, porque esa cifra, aun así, sigue siendo la más baja desde el año 2008.
Termino. Reducir el desempleo hasta aproximarlo a los valores medios de la Unión Europea es una gran tarea que requiere al conjunto de la sociedad española, a ustedes también. Nosotras no atacamos a las empresas. Se lo repito, en
democracia no ha habido nunca una época, como la del Gobierno de coalición anterior, en que se haya invertido más en las empresas de este país. A España le iría muchísimo mejor si dejaran de preocuparse por atacarnos y se dedicaran a pensar de
verdad en las personas vulnerables, que también incluyen a los autónomos y las pequeñas empresas, porque las clases altas y poderosas no nos necesitan para nada. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Gracias.
Señora Prieto Serrano, intervenga para manifestar si acepta o no las enmiendas. ¿Acepta la transaccional del Grupo Socialista?
La señora PRIETO SERRANO: No, no la aceptamos.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): ¿Y la enmienda de VOX?
La señora PRIETO SERRANO: No, porque entendemos que ya está incluida en nuestra PNL.
- RELATIVA A LA DEFENSA DEL PRINCIPIO DE LA CAJA ÚNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000638).
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Pasamos al último punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social, del Grupo Parlamentario VOX.
Tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestra PNL tiene como objetivos preservar el principio de caja única de la Seguridad Social como garantía del sistema público de pensiones; garantizar los principios de universalidad, unidad, solidaridad
e igualdad que establece el artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social; repudiar los pactos que atentan contra los principios más básicos del sistema de la Seguridad Social y que lesionan la igualdad y la solidaridad entre los
españoles; impulsar una modificación legislativa que tenga por objeto la supresión de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital y se producen esas cesiones que
denunciamos.
Hace más de sesenta años, en la Ley sobre Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 1963, se implantó un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del
Estado en la financiación, norma que, posteriormente, se recogió en dichos extremos en el artículo 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, donde se establecían los principios
fundamentales de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social: la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad. Para salvaguardar dichos principios fundamentales y como garantía del sistema, entendemos que está el principio de
caja única, porque el principio de caja única de la Seguridad Social sintetiza una de las ideas fuerza principales que materializa la lógica de solidaridad intergeneracional e interterritorial propia de la Seguridad Social. Así pues, dicha caja
única, que se ha ido estableciendo con notable éxito por su comprensión, logra transmitir una de las claves más sólidas de nuestro sistema público de Seguridad Social. El principio de caja única de la Seguridad Social, consagrado hoy en el artículo
21 de la Ley General de la Seguridad Social, forma ya parte de la mejor tradición de nuestro ordenamiento jurídico nacional, con dos elementos nucleares: caja única más solidaridad intergeneracional.
Desafortunadamente, recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia -?de ahí nuestra preocupación por la estabilidad del propio sistema en sí, por la irregular elección de tribunales y órganos que deben ser
independientes- parece ser que están modificando la doctrina constitucional con relación a dicho elemento principal, que es la caja única. Así pues, nos encontramos que en dicha disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, del ingreso mínimo
vital, se transfiere a ciertas comunidades no tan solo la competencia para la gestión de esa prestación no contributiva -?atención, no contributiva- para las regiones con dicho régimen especial, sino que la modificación operada por la Ley 22/2021,
de 28 de diciembre, se hizo, asimismo, extensiva a su pago. Entendemos que dicha cesión es debida al cambio de la doctrina histórica del Tribunal Constitucional, que incluso subvierte la sentencia 40/2014, de 11 marzo, y la ya mencionada 7/2016, de
21 de enero. Dicho principio constituía una norma básica que establecía que correspondía al Estado, en virtud del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, dicha competencia exclusiva para que se desarrollase de forma unitaria para todos los sujetos
comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, que son todos los españoles, salvo razones excepcionales, justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger.
Efectivamente, nos preocupa dicho cambio del Tribunal Constitucional, pero no solo a nosotros, también a numerosas asociaciones, como la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social o a los sindicatos de
inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, que han advertido que dicha sentencia del Constitucional, la 19/2024, supone abrir de par en par que se pueda transferir a las comunidades autónomas la gestión de otras prestaciones del régimen
económico de la Seguridad Social, y con ello quebrar uno de los presupuestos indispensables de la propia existencia del Estado social, que es la defensa del principio de caja única, que es el elemento potencial de esta protección y es una medida
imprescindible para combatir la manifestación de deslealtad e insolidaridad de algunos grupos políticos y formaciones políticas en toda España. Asimismo, dicha caja única es necesaria para la solidaridad de todos los españoles por igual.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Gracias.
Para la exposición de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romaní Cantera.
El señor ROMANÍ CANTERA: Gracias, presidenta.
Lo primero que quiero hacer en mi exposición es agradecer al proponente la inclusión de la cita del profesor catedrático Jesús Cruz Villalón, ya que, como gaditanos y andaluces, nos sentimos muy orgullosos de dicho profesor. Por tanto, ya
ha ganado algo importante para nosotros, que es la cita de un ilustre catedrático, que además viene a refrendar algo que para nosotros también es muy importante, y es que las grandes leyes se hicieron con grandes consensos. El Partido Popular
siempre ha estado y estará en los grandes consensos, y este tema que nos trae usted hoy es motivo para eso, para grandes consensos.
Por eso, para nosotros es muy importante dejar algunas cuestiones muy claras: la caja única es inquebrantable, una línea roja que jamás se debe de cruzar y, desde luego, de esa caja, de la caja única -?como también la nombra el profesor
Cruz Villalón- sale el dinero que se utiliza para pagar tanto las prestaciones por desempleo como las pensiones, en virtud de un criterio de reparto que es común a todos los territorios y a todos los trabajadores. Este sistema de caja única es
garantía para la igualdad de todos los españoles y para la viabilidad de un sistema de bienestar que lleva implícita la solidaridad interterritorial e intergeneracional. Es el verdadero corazón del sistema que garantiza, por ejemplo, que todos los
pensionistas, vivan donde vivan, cobren su pensión, incluso en territorios donde ya puede haber déficit.
En el Grupo Popular entendemos fundamental y prioritario mantener estos principios básicos de igualdad y solidaridad entre españoles. La caja de la Seguridad Social es única e intransferible; así debe seguir siendo y eso no debe ser
negociable. A partir de ahí, los grandes consensos se tienen que provocar por el Gobierno que esté en estos momentos, evidentemente, con todos los partidos políticos, y no está siendo así, esa no es la realidad. La realidad es que están solos y,
evidentemente, al arbitrio de algunos partidos políticos que sustentan al Gobierno. Por eso, nos encontramos en los medios de comunicación titulares tan importantes como el siguiente: 'Montero pone en duda la cesión a Euskadi de la gestión de la
Seguridad Social y el PNV insiste en que se hará'. Tres horas duró la expresión de la ministra, porque en tres horas el propio PNV decía que la ministra ya los había llamado para decirles que sí, que se iba a producir ese traspaso. Si en tres
horas el Gobierno -?toda una ministra, en este caso- es capaz de rectificar, porque se lo pide un partido que apoya o sustenta al Gobierno, mucho nos tememos que tenemos mucho en juego, y que esos grandes acuerdos de consenso están en peligro,
evidentemente, por un sillón, que es el sillón de Pedro Sánchez, y nos da mucha pena que eso siga siendo así. Mientras tanto, el ministro Escrivá desapareció y desaparece y, evidentemente, tampoco contestó ni contesta a estas cuestiones y, desde
luego, Sánchez ha pasado de estudiar el trámite a decir que sí, que lo va a hacer.
Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo, pero somos un partido reformista y, por eso, nuestra enmienda va encaminada a reformar ese último punto que ustedes han presentado. Pero vuelvo a repetirlo, para el Grupo Parlamentario Popular
la caja única es inquebrantable, y en eso vamos a sostener nuestro discurso en estos tiempos complicados en los que el Gobierno se sustenta por unos pocos.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Gracias.
Tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Intervengo de forma muy breve. No merece ni la pena entrar a valorar su propuesta, porque no entienden ni quieren entender qué son los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas y que, por
tanto, hay que cumplirlas. Ninguno de los dos partidos. Afirmar que transferir la gestión del régimen económico rompe la caja única no se sostiene, pues ni se habla de que Euskadi vaya a tener cotizaciones sociales distintas, etcétera, porque es
una caja única que siempre invocan como un mantra y a la que ninguno de ustedes da contenido. El artículo 18 es bien claro. En materia de Seguridad Social la competencia le corresponde al País Vasco: 'El desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico en la misma, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social'.
Si ustedes van así, desde luego, creo que pocos votos van a sacar en las siguientes elecciones.
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Gracias.
¿Por el Grupo Euskal Herria Bildu? (Pausa). ¿Por el Grupo Junts per Catalunya? (Pausa). ¿Por el Grupo Republicano? (Pausa).
¿Por el Grupo SUMAR? (La señora Vidal Sáez hace gestos afirmativos).
Señora Vidal.
La señora VIDAL SÁEZ: Señorías, esta PNL es un despropósito, yo creo que lo podemos empezar reconociendo así. No será aprobada, entre otras cosas, porque carga con todos los déficits de VOX, a saber: muestra falta de lealtad
institucional; es anticonstitucional; vulnera todos los consensos habidos y por haber en torno, en este caso, a la pluralidad del Estado; tiene falta de conocimiento, y además es una remarcable demagogia económica que, en fin, empieza a ser una
práctica habitual de ustedes.
Además, empiezan la exposición de motivos -?y eso me alucinó- apelando al texto franquista de la Ley de Bases, del año 1963, de la Seguridad Social, supongo que querrán atribuir algún mérito, que no le corresponde en absoluto, a su Gobierno
favorito, ese de antes del 6 de diciembre de 1978. Esos tiempos
en los que la Seguridad Social solo tenía el nombre y cuando los trabajadores, a los que se les organizaba, podían escoger entre plomo o cárcel; esos tiempos. Gracias a la lucha de miles de personas, en democracia, pudimos construir un
sistema de Seguridad Social que es serio, internacional, solidario y además es uno que protege y que es referente. Fui a buscar en su programa electoral cuáles eran sus intenciones en torno a la gestión de la Seguridad Social y lo cierto es que su
hipocresía no tiene parangón. Empiezan asegurando la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico, que tiene tanta relación como el tocino y la velocidad, pero ahí están ustedes con un texto que no tiene sentido, porque
además es anticonstitucional. Luego continúan con reducir las cargas de las empresas, entiendo que se refieren a las cotizaciones que sostienen la Seguridad Social. Por si teníamos alguna duda, luego lo aclaran y hablan directamente de reducción
de las cotizaciones. Reduzcan más, pero cuéntenos, en este caso, cuál es su fórmula para seguir reduciendo y menoscabando la Seguridad Social y sus recursos y mantenerla viva como parece que intentan hacer creer, no sé exactamente a quién. Lo
cierto es que para que el sistema sea más sostenible para ustedes entiendo que de lo que están hablando es de la destrucción, no solo del sistema, sino también de todo lo que tenga que ver con lo público y con la propia Administración.
Ya sabemos que ustedes son mucho más de los foros de los españoles que de la Constitución, porque parece que tampoco conocen especialmente su texto y además lo manipulan. Lo digo porque yo me alegro de que ustedes citen el artículo 149.1 de
la Constitución, en el que se atribuye al Estado la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, pero se olvidan de citarlo entero. Se olvidan de su totalidad, que continúa y establece: '... sin perjuicio de la ejecución de sus
servicios por las comunidades autónomas'. ¡Qué casualidad! Ni España ni tampoco la caja única de la Seguridad Social se rompen. Su PNL es absolutamente innecesaria y además anticonstitucional. No lo digo solo yo, el Tribunal Constitucional ya ha
dirimido esta cuestión y ha dicho que las comunidades autónomas pueden asumir, en sus estatutos, la competencia para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Por tanto, no es cosa de bolcheviques ni de locos independentistas, sino
que es una cuestión constitucional, que a veces parece que hay que recordarlo todo. Sin duda, este Gobierno, gracias a la reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, ha hecho muchísimo más para el mantenimiento de la Seguridad Social y
de la caja única que cualquiera de las propuestas -?insisto- anticonstitucionales que ustedes plantean en esta proposición.
Simplemente terminaré diciendo que ustedes no solo son un peligro público para los trabajadores y también para la mayoría de las empresas de este país, sino que además lo son también para la Seguridad Social. Aquí es preocupante la deriva
del Grupo Popular haciendo, no sé exactamente, qué blanqueo de una proposición tan indecente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (García Gurrutxaga): Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Buenas tardes ya, presidenta.
Buenas tardes a todos y a todas. Señores de VOX, ustedes se quedaron en 1963, no solo en aquella época, sino en cómo se configuraba el Estado del bienestar, y es que ustedes entendían y entienden que las pensiones han de ser de beneficencia
y, por tanto, mínimas. Los señores del PP se quedaron en el 23 de julio, porque aún no se han enterado de que el ministro ya no es el ministro Escrivá, sino que hay una nueva ministra que se llama Elma Saiz; lo dejo como apunte para que intentemos
centrarnos para ver dónde estamos.
Señores de VOX, a su PNL relativa a la presunta defensa de la caja única de la Seguridad Social, el Grupo Parlamentario Socialista les votará que no. La Seguridad Social y la caja única no solo están garantizadas, sino que, gracias a las
reformas del Gobierno de Pedro Sánchez, han salido reforzadas en su estructura financiera. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Les recordaré que, en 2018, el déficit era de 1,52 puntos porcentuales y hoy está en el 0,53, con un fondo de
reserva que en 2027 dispondrá de 25 000 millones de euros, con un mercado laboral que está permitiendo que los ingresos se incrementen.
A la señora portavoz de la anterior iniciativa le diré que se ha creado empleo privado y público, porque según los datos interanuales del cuarto trimestre el empleo privado subió un 4,23 y el público 1,90, por lo que es que ustedes no miran
bien ni los datos. Hoy un pensionista cobra de media 321 euros más al mes que en 2018, cuando ustedes gobernaban, señores del PP. Las medidas de las reformas que ha llevado a cabo este Gobierno de Pedro Sánchez del acercamiento de la edad real de
jubilación a la edad legal se están cumpliendo. Las pensiones mínimas, las más bajas, también se están incrementando. Por tanto, se
están cumpliendo las previsiones que contenían las reformas de la Seguridad Social. Estos son los datos y lo demás es palabrería.
Señores de VOX, ustedes en su iniciativa lo que pretenden es embarrar, confundir y generar inseguridad, y eso no se lo vamos a permitir. Su único objetivo es cuestionar al Gobierno progresista caiga quien caiga, incluso las instituciones, y
hoy las instituciones gozan de robustez, especialmente la de la Seguridad Social, están blindadas y son compactas. En ningún caso se está troceando nada, eso es lo que quieren poner ustedes en cuestión. ¿Qué hicieron ustedes mientras este Gobierno
apostaba por un sistema público de pensiones robusto? Votar a todo que no: a la reforma laboral, a las recomendaciones del Pacto de Toledo, a revalorizar las pensiones, al fortalecimiento del sistema de Seguridad Social y a mejorar las pensiones
de viudedad. Hoy se garantizan los principios de universalidad, de unidad de caja, de solidaridad y de igualdad. Lo que les pasa a ustedes, señores del PP y señores de VOX, es que han declarado la guerra a las pensiones públicas, porque saben que
con estas reformas se les han acabado sus negocios.
Voy acabando. Su objetivo es empequeñecer lo público y no se lo vamos a permitir. Con esta iniciativa pretenden derogar la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021 que aprueba el ingreso mínimo vital, cuando la sentencia del Tribunal
Constitucional lo deja muy claro -?dice literalmente-: De la caja única de la Seguridad Social que gestiona la Tesorería General de la Seguridad Social no se desgaja ninguna porción. No hay menoscabo, por tanto, de la tesorería ni de la
titularidad estatal de los fondos. En cuanto al régimen económico, queda claro que en virtud de los convenios queda excluido el régimen económico de la Seguridad Social. La propia Constitución autoriza la potestad ejecutiva de las comunidades
autónomas. Ustedes lo que están haciendo es dar un paso hacia atrás y lo que no acabo de entender es que el PP les haga el juego y que les baile el agua. ¿Cómo puede ser que pretendan derogar que las pensiones no contributivas las gestionen las
comunidades autónomas?
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, portavoz.
La señora PEREA I CONILLAS: Acabo.
Señorías, ustedes pretenden derogar y demoler el Estado democrático, ponen en cuestión la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y se atrincheran en el Senado, esto se les girará en contra como un bumerán.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señorías de VOX, ¿quieren posicionarse sobre la enmienda del Grupo Popular?
El señor AIZCORBE TORRA: Agradecemos la bonhomía del Grupo Popular, pero estamos más por la derogación que por la reforma -?bienintencionada, sin duda- y no nos creemos algunos consensos con otras formaciones.
Gracias
La señora PRESIDENTA: ¿Pero la aceptan o no la aceptan?
El señor AIZCORBE TORRA: No la aceptamos.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Si nos permiten dos minutitos para que podemos ordenar y hacerles llegar todas las enmiendas transaccionales, orales y escritas, que se han presentado durante la Comisión. (Pausa).
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Habíamos comentado con los letrados de hacer la votación según el orden de debate, pero, si tienen algún inconveniente y prefieren que sea según el orden del día, díganlo.
La señora PRIETO SERRANO: Señora presidenta, nosotros preferimos que sea según el orden del día, porque tenemos la enumeración de las PNL.
La señora SANTANA AGUILERA: No hay problema.
La señora PRESIDENTA: Pues votamos según el orden del día, ningún problema.
La señora PRIETO SERRRANO: Gracias.
La señora VALIDO GARCÍA: Perdón, presidenta.
Yo había pedido al Grupo SUMAR, que no sé si lo va a solicitar o no, la votación por puntos de su proposición número 2. (La señora Martínez Barbero hace gestos negativos con la cabeza). Ya veo que no se acepta.
La señora PRESIDENTA: Deberían tener a su disposición dos enmiendas transaccionales y dos enmiendas in voce. Son cuatro en total.
La señora PEÑA CAMARERO: No sé si se refieren a la enmienda transaccional presentada a la proposición número 3, que no la aceptábamos.
La señora PRESIDENTA: No. En la proposición primera hay una enmienda transaccional, en la cuarta hay una in voce, en la quinta hay una in voce y en la sexta hay una transaccional.
Empezamos la votación. En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre las competencias para la gestión de incapacidad temporal en atención primaria y hospital, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el punto 2.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el punto 3.º del orden del día, proposición no de ley sobre políticas de empleo innovadoras intergeneracionales y con perspectiva de género, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 3; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el punto 4.º del orden del día, proposición no de ley para dotar de más medios humanos y materiales a las oficinas para trámites de extranjería, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la enmienda in voce aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Votamos el punto 5.º del orden día, proposición no de ley relativa a la exclusión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular de la formación para el empleo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Hay una
enmienda in voce aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
El señor GARCÍA GOMIS: ¿Puede repetir el resultado de la votación?
La señora PRESIDENTA: Sí, claro: 7 votos a favor, 17 en contra, 12 abstenciones. Queda rechazada.
Votamos el punto 6.º del orden del día, proposición no de ley relativa a mejorar el impacto social del ingreso mínimo vital en la prevención y reducción de los niveles de pobreza en nuestro país, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Se vota con la enmienda transaccional aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 3; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el punto 7.º del orden del día, proposición no de ley relativa a fomentar el empleo en el sector privado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Votamos el punto 8.º -?y último- del orden del día, proposición no de ley relativa a la defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 19; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Siendo ya las 14:06 horas, damos por levantada la sesión.
Gracias.
Eran las dos y seis minutos de la tarde.