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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 197, de 18/09/2024
cve: BOCG-15-D-197
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de septiembre de 2024
Núm. 197
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/001107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la soberanía nacional y el respeto a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional ...
161/001155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de la libertad de prensa ... (Página18)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar ... (Página20)
161/001151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y
otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ... (Página24)
161/001154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un Plan de Refuerzo Consular ... (Página27)
Comisión de Justicia
161/001156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa de los Jueces de Paz ... (Página28)
161/001158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que se incluya dentro del catálogo de delitos a los que no se pueden aplicar la gracia del indulto, los de corrupción política o económica
... (Página30)
Comisión de Defensa
161/001128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la conservación de los cementerios o lugares de enterramiento en los que reposen los restos de combatientes españoles ...
161/001157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejoras en la enseñanza militar ... (Página35)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para acometer un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado ... (Página36)
161/001123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reducción del tipo de gravamen en el primer tramo de la base liquidable del ahorro ... (Página39)
Comisión de Interior
161/001105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Región de Murcia) ...
161/001110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la prevención de las agresiones sexuales durante el periodo estival ... (Página43)
161/001148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno garantice la seguridad en las zonas rurales como derecho social básico y paralice el plan de desmantelamiento de la Guardia
Civil en el rural español ... (Página46)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas para paliar la contaminación acústica de la VG-20 a su paso por el barrio de Navia (Vigo) ...
161/001162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación de la N-120 en el tramo entre Valdeorras y la ciudad de Ourense ... (Página53)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas de refuerzo educativo en Ceuta y Melilla ... (Página56)
161/001108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre pobreza menstrual en los centros educativos ... (Página58)
161/001117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la orientación profesional con el objetivo de mejorar el conocimiento de la oferta formativa de Formación Profesional y reducir el
desajuste entre la oferta y la demanda de perfiles profesionales en el mercado laboral ... (Página59)
161/001118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para corregir la sobrerrepresentación de uno u otro sexo en las diferentes familias profesionales que conforman el sistema de Formación Profesional ...
161/001133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a combatir el adoctrinamiento en los libros de texto ... (Página62)
161/001136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a introducir deducciones fiscales por gastos en material escolar y servicios escolares complementarios ... (Página65)
161/001150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a revisar y actualizar el Programa ADO y ADOP para apoyar a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para garantizar el mantenimiento del empleo en los centros de trabajo de Vodafone en Vigo y Pontevedra ... (Página69)
161/001129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la verificación de los datos reales del número de delegados sindicales con el fin de acabar con la figura de los 'delegados fantasma' ...
161/001131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover la reforma de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical ... (Página75)
161/001160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la regularización de personas migrantes ... (Página80)
161/001166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el personal de ayuda a domicilio de las personas dependientes ... (Página82)
Comisión de Industria y Turismo
161/001124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a adoptar las medidas necesarias para promover la renovación del parque automovilístico de España ... (Página84)
161/001127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Reindustrialización en España ... (Página87)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la regulación en la comercialización de juegos de lotería mediante canales electrónicos ... (Página91)
161/001104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de servicios de acompañamiento para mitigar la soledad y el aislamiento social ... (Página92)
161/001138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección efectiva de los consumidores desde la Conferencia Sectorial de Consumo frente al impacto negativo de la coyuntura
socioeconómica actual ... (Página96)
161/001139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Gobierno la adopción de medidas para ayudar a mejorar e impulsar el control de las colonias felinas ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la alimentación y el sector primario en la educación obligatoria ... (Página99)
161/001144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la defensa de las razas autóctonas ganaderas como patrimonio genético español de gran valor ... (Página101)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de las infraestructuras hídricas para la prevención y extinción de incendios ... (Página103)
161/001126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la convocatoria urgente de la mesa de la sequía y regular su funcionamiento, así como la puesta en marcha de acciones para hacer frente a las
consecuencias de la sequía en España ... (Página107)
161/001134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la ordenación y la aceptación social de la instalación de energías renovables ... (Página109)
161/001135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al mantenimiento de las compensaciones a los mariscadores y mariscadoras del Burgo hasta la total recuperación de la capacidad productiva de la ría ...
(Página111)
161/001142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar un desarrollo de una regulación específica de la figura de los Montes de Socios ... (Página115)
161/001146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la armonización regulatoria en materia de residuos sanitarios ... (Página116)
161/001163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la publicidad de productos derivados de los combustibles fósiles ... (Página118)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre una nueva regulación para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria ... (Página119)
161/001114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a medidas para una mejora regulatoria orientada a reforzar la seguridad contra incendios de los edificios en España ...
161/001143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la lucha contra la ocupación ilegal ... (Página123)
161/001165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a abaratar el acceso a la vivienda ... (Página124)
Comisión de Cultura
161/001161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración del Año Jubilar 2025 por la celebración del 75 aniversario de la declaración del Dogma de la Asunción que se representa
en el Misteri d'Elx como acontecimiento de excepcional interés público ... (Página127)
161/001167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar el arte mudéjar de la provincia de Zaragoza a través de la asociación Territorio Mudéjar ... (Página129)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a establecer medidas que protejan a las empresas españolas e incentiven la inversión en España ... (Página131)
161/001140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de soluciones tecnológicas que permitan un sistema integral de prevención de incendios forestales ...
161/001149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la puesta en marcha de procedimientos de evaluación de Sistemas de Inteligencia Artificial, acorde al nuevo Reglamento europeo ...
Comisión de Sanidad
161/001159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la utilidad real del 'Consejo Asesor de Sanidad' y del 'Comité de las profesiones del sector sanitario' ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo que se llevará a cabo en Sevilla en 2025 ...
Comisión de Igualdad
161/001116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para facilitar la autonomía económica y la inserción laboral de las mujeres víctimas de la violencia machista ... (Página139)
161/001164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la erradicación del machismo que aún se practica en determinadas fiestas populares en España ... (Página141)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para adaptar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU ...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/001141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a tomar medidas urgentes para paliar el déficit de personal en las Jefaturas de Tráfico que está ocasionando importantísimos retrasos
prolongados en la tramitación administrativa de todo tipo de cuestiones relacionadas con su actividad ... (Página144)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000426 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre responsabilidad ante la deficiente gestión de
las líneas ferroviarias operadas por Renfe Viajeros, SME, SA, que ha generado en multitud de ocasiones retrasos y cancelaciones en las principales conexiones ferroviarias de España ... (Página146)
181/000431 Pregunta formulada por el Diputado Fèlix Alonso Cantorné (GSUMAR), sobre razones por las que el ministerio se está planteando un acuerdo con la empresa privada MSC para transferirle las circulaciones de mercancías de la sociedad
pública Renfe Mercancías ... (Página146)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000428 Pregunta formulada por la Diputada Irene Garrido Valenzuela (GP), sobre medidas que prevé implementar el Gobierno para que, a la vez que se garantizan todos los derechos de las empleadas del hogar y el cobro del salario mínimo
interprofesional por parte de éstas, se apoye a las familias a afrontar el coste de contratación que por necesidad y para poder conciliar deben asumir ... (Página147)
181/000429 Pregunta formulada por la Diputada Irene Garrido Valenzuela (GP), sobre previsiones con respecto a la regulación con efecto retroactivo del cómputo como tiempo cotizado de los periodos de prácticas o programas de formación
investigadora y próximas medidas a tomar ... (Página147)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000430 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Melgarejo Moreno (GP) y Sánchez Pérez, César (GP), sobre fecha prevista para activar la inversión de 300 millones de euros para regenerar y reutilizar las aguas depuradas de la ciudad
de Alicante ... (Página147)
Comisión de Sanidad
181/000425 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante la valoración realizada por el Secretario General de la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria de que 'es curioso que los dispositivos médicos tributen al 21 %, igual que un bien de lujo' ... (Página148)
181/000432 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para posibilitar el Estado emprendedor que impulse la
investigación, ponga la salud en el centro de las políticas y aporte valor a la economía del bienestar con indicadores que vayan más allá del PIB, que la Ministra de Sanidad consideró necesario el pasado mes de mayo ...
181/000433 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre materialización desde noviembre de 2023 del compromiso de España con la implementación de políticas innovadoras
que mejoren el sistema sanitario, aseguren la sostenibilidad y maximicen el impacto positivo en la economía, planteado por el Ministerio de Sanidad en su perfil de 'X' el pasado mes de mayo ... (Página148)
181/000434 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para convertir en avances tangibles las
reivindicaciones de condiciones justas de los profesionales sanitarios que Mónica García ha realizado como Ministra activista ... (Página149)
181/000435 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde el Foro de Médicos de Atención Primaria el día
20/6/2024 y materializar medidas estructurales que permitan dimensionar correctamente las plantillas durante todo el año en el conjunto del Sistema Nacional de Salud ... (Página149)
181/000436 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según planteó la
Asociación de Médicos de Sanidad Exterior el pasado mes de mayo, la función médica de la propia sanidad exterior se encuentra en su peor momento ... (Página149)
181/000437 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de dar cumplimiento a la petición realizada el pasado mes de mayo desde el Sindicato de
Enfermería Satse de contar con el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios a pleno rendimiento antes de que finalice el año 2024, para poder realizar la planificación presente y futura del conjunto del personal sanitario de nuestro país ...
181/000438 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según el Barómetro de
junio de 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas, la sanidad es señalada por los encuestados como el segundo problema que personalmente le afecta más ... (Página150)
181/000439 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para hacer tangible la idea planteada por la Ministra Mónica García el 3/7/2024 de seguir
mejorando las capacidades de nuestra atención primaria para hacerla más robusta y eficaz ... (Página150)
181/000440 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para hacer plenamente tangible y efectivo el
derecho al olvido oncológico, validado en junio de 2023 por el Consejo de Ministros ... (Página151)
181/000441 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida con la que hacer tangible la propuesta de pagar por un servicio
y no por un producto en las oficinas de farmacia que el Secretario de Estado de Sanidad planteó públicamente el 19/6/2024 ... (Página151)
181/000442 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas de utilidad real para dar cumplimiento tangible a los objetivos de atraer y retener el talento, de
ensanchar la cartera de servicios y los equipos de atención primaria, y de fortalecer la atención domiciliaria que la Ministra de Sanidad señaló el 24/6/2024 como fines del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 ...
181/000443 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre tipo de avance real y tangible que supondrá la Plataforma de Demostración de Atención Primaria presentada en el
Ministerio de Sanidad el 3/6/2024, en el funcionamiento y en los resultados en la atención primaria de todo el Sistema Nacional de Salud ... (Página152)
181/000444 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de dotar a la Plataforma en Red de Atención al Paciente, anunciada por la Ministra de Sanidad
el 25/6/2024, de las herramientas y los recursos necesarios para que pueda funcionar de forma plena y adecuada ... (Página152)
181/000445 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según planteó la
Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad el 20/5/2024, si acabáramos con la precariedad laboral podríamos haber evitado 170.000 casos de depresión en un año ... (Página152)
181/000446 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre líneas estratégicas de trabajo, objetivos prioritarios y recursos con los que contará el nuevo Plan de Acción
2025-2027, comprometido por la Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad el 30/5/2024 durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ... (Página153)
181/000447 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para dar cumplimiento efectivo al compromiso
adquirido por la Comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad el 30/5/2024, de contar a lo largo del año 2025 con un plan de acción frente al suicidio ... (Página153)
181/000448 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde el Consorcio de Salud y Social de Cataluña el mes de
junio de 2024 y respetar el modelo sanitario de colaboración público-privada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, dado que se caracteriza por la diversidad de entidades proveedoras que durante años han contribuido a la accesibilidad y a la calidad
de la atención del sistema público de salud ... (Página153)
181/000449 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar en consideración la valoración realizada desde el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos sobre las agresiones a profesionales sanitarios y materializar alguna medida para prevenirlas y evitarlas en todo el Sistema Nacional de Salud ... (Página154)
181/000450 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para dar cumplimiento a la propuesta de contar
mucho más con los médicos en ese cogobierno del Sistema Nacional de Salud, planteada por el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ... (Página154)
181/000451 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para dar cumplimiento a las propuestas de
mejorar las condiciones laborales, ofreciendo estabilidad y mejorando los salarios, y ofrecer más tiempo para la investigación y la formación médica continuada, planteadas por el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos para
fidelizar a los médicos en el Sistema Nacional de Salud ... (Página154)
181/000452 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP), Vázquez Jiménez y María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para hacer tangible la idea de poner la
economía al servicio de la salud, tal y como propuso la Ministra de Sanidad el 24/6/2024 ... (Página155)
181/000453 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según el Instituto
Nacional de Estadística, en el año 2023 las enfermedades del sistema circulatorio fueron la segunda causa de muerte en España ... (Página155)
181/000454 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según el Instituto
Nacional de Estadística, en el año 2023 los tumores fueron la primera causa de muerte en España ... (Página155)
181/000455 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para hacer tangible la idea de crear
estructuras que permitan poner en común a todos los actores implicados en la innovación, desarrollo y transferencia de tecnologías para cohesionar el ecosistema farmacéutico en España, tal y como propuso la Ministra de Sanidad el 24/6/2024 ...
181/000456 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante la necesidad de que la inteligencia
artificial aplicada en el ámbito sanitario tenga capacidad para catalizar procesos, tal y como planteó el Secretario de Estado de Sanidad el 26/6/2024 ... (Página156)
181/000457 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre administración de la que dependen y responsable de la gestión del Hospital Universitario de Ceuta y del Hospital
Comarcal de Melilla ... (Página156)
181/000458 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para seguir la Declaración de Zaragoza de
2022, tal y como planteó el Director General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad el 27/6/2024, tras la reunión que mantuvo con los Directores Generales de Salud Pública de las Comunidades Autónomas en Zaragoza ...
181/000459 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real para reducir los 661 días de demora que
transcurren desde que, según Farmaindustria, transcurren desde que las innovaciones terapéuticas son aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos hasta que están disponibles para los pacientes en el Sistema Nacional de Salud ...
181/000460 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada por el Presidente del Consejo General de Dentistas de
España y materializar alguna medida con la que posibilitar la creación de las especialidades en odontología para favorecer una atención más especializada y precisa, mejorar la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes y proporcionar un
camino claro de desarrollo profesional para los dentistas ... (Página157)
181/000461 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que, según el Presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos el mes de julio de 2024, la profesión farmacéutica y las oficinas de farmacia podrían aprovecharse más integrando las funciones de la farmacia comunitaria con la atención primaria ...
181/000462 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad ante la solicitud planteada el 13/06/2024 desde el
Sindicato Médico de Melilla a la Ministra de Sanidad para que deje de tomarles el pelo, se reúna con los facultativos y aborde las soluciones ya ... (Página158)
181/000463 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad ante la crítica planteada el 13/6/2024 desde el
Sindicato Médico de Melilla porque se ofreció una tregua a la nueva Ministra de Sanidad (Mónica García) para que pudiese conocer la situación y tomar medidas urgentes que ayudasen a resolver las justas reivindicaciones que provocaron la huelga
facultativa, pero meses después no se ha producido ningún avance, al contrario, el deterioro de nuestra sanidad pública ha seguido ... (Página158)
181/000464 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según planteó el
Secretario de Estado de Sanidad el mes de julio de 2024, es necesario actualizar el modelo de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud ... (Página159)
181/000465 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre motivos por los que el Gobierno no ha querido formar parte desde el inicio del contrato marco anunciado por la
Comisión Europea para adquirir 665.000 dosis frente al virus H5N1 y circunstancias que tendrían que producirse para que el propio Gobierno cambie de criterio y se sume al citado contrato ... (Página159)
181/000466 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida con la que favorecer el cumplimiento de el las aspiraciones
planteadas desde la Alianza de la Sanidad Privada Española el 13/6/2023 en relación con mejorar significativamente las condiciones de los conciertos, la defensa del mutualismo administrativo, la indexación a IPC, una mayor participación del sector
privado en el desarrollo normativo que afecta a nuestra industria, en la reducción y homogeneización del IVA aplicado a productos y servicios sanitarios, y en mejorar la fiscalidad de las inversiones en investigación, desarrollo e innovación ...
181/000467 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar en consideración la valoración realizada desde el Consejo Económico y Social el mes
de junio de 2024 y materializar alguna medida de utilidad real para mejorar la inversión en recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, pues de ello depende mantener y aumentar la calidad del sistema sanitario ...
181/000468 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que la satisfacción de los
ciudadanos con el sistema sanitario público ha descendido, según el Barómetro Sanitario 2024 ... (Página160)
181/000469 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar emn consideración la crítica planteada el mes de juliode 2024 desde la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos y materializar alguna medida de utilidad real ante la crítica situación en la que se encuentra la sanidad en Ceuta y Melilla, así como ante la falta de predisposición del Ministerio de Sanidad para abordar el problema
desde la colaboración mutua y el conocimiento real de la situación ... (Página160)
181/000470 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada el 7/7/2024 desde el Área de Atención Primaria Rural del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y materializar medidas con las que encontrar la senda adecuada que incluya universidad, MIR, incentivos, motivación, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, prestigio, conciliación laboral,
familiar y social, innovación, tecnologías y telemedicina, para mejorar la atención primaria rural en todo el Sistema Nacional de Salud ... (Página161)
181/000471 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que en 2023, según los datos
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, se dieron de baja de la colegiación en nuestro país 499 médicos tras solicitar el certificado de idoneidad profesional para trabajar fuera de España ... (Página161)
181/000472 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según el Presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, construir un Sistema Nacional de Salud y sociosanitario sólido y equitativo pasa por fortalecer el papel del farmacéutico como profesional sanitario y experto en el medicamento ...
181/000473 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de acortar tiempos de acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas y diseñar un
procedimiento y criterios claros de financiación, mejorar los procesos de compras públicas a nivel autonómico, y crear un sistema de monotorización de la efectividad de los medicamentos en vida real, así como implementar un sistema de acceso
acelerado para medicamentos innovadores donde hay una necesidad médica no cubierta y un claro beneficio terapéutico ... (Página162)
181/000474 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar en consideración la crítica realizada por el Presidente de la Federación Española de
Enfermedades Raras y materializar alguna medida frente a la falta de transparencia e igualdad en el acceso a medicamentos huérfanos en situaciones especiales que supone una falta de igualdad y un deterioro en la calidad de vida de los pacientes ...
(Página162)
181/000475 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida con la que reorganizar el trabajo para que los médicos no
acaben ejerciendo en un sistema antediluviano y con artículos preconstitucionales, tal y como planteó la Ministra de Sanidad ... (Página162)
181/000476 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que, según planteó la Ministra de Sanidad, los
profesionales de atención primaria tienen unas condiciones laborales que no se adecúan ni a su vocación ni a su profesión ... (Página163)
181/000477 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria y materializar alguna medidad con la que dar un último impulso del real decreto que incorpora tanto el nuevo programa oficial de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, como los criterios de evaluación de los especialistas en
formación y los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales de atención familiar y comunitaria ... (Página163)
181/000478 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que, según se planteó desde el Sindicato de
Enfermería Satse, aumentan las agresiones a enfermeras y fisioterapeutas ... (Página163)
181/000479 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar en consideración la recomendación realizada por la Presidenta de la Ayutoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal y materializar alguna medida en el ámbito de la innovación tecnológica para posibilitar una mayor planificación y acompasar la provisión con la adaptación de las infraestructuras y de los recursos humanos
necesarios ... (Página164)
181/000480 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar en consideración la recomendación realizada por la Presidenta de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal y materializar alguna medida para posibilitar en el ámbito de la farmacia el refuerzo y seguimiento de los indicadores de calidad de la prescripción y una mayor participación de los farmacéuticos de atención
primaria ... (Página164)
181/000481 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada desde la Organización Médica Colegial y materializar
medidas para crear soluciones sostenibles que no solo aborden la escasez inmediata de personal sanitario, sino que también contribuyan a la estabilidad y efectividad a largo plazo de los servicios de salud en toda España, mitigando así el problema
de los desiertos médicos y asegurando un acceso equitativo a la atención sanitaria para todos los ciudadanos ... (Página164)
181/000482 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de tomar en consideración la valoración realizada desde Farmaindustira y materializar alguna
medida para impulsar la investigación en atención primaria como oportunidad para el Sistema Nacional de Salud ante retos como la captación, motivación y retención de profesionales ... (Página165)
181/000483 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que, según se planteó desde la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, en el Sistema Nacional de Salud el 34 % de la tencología supera los diez años y hay tecnologías que no están incluidas en el Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología Sanitaria y también necesitan
actualizarse ... (Página165)
181/000484 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida para que la atención primaria sea un lugar deseable donde trabajar,
tal y como planteó el Secretario de Estado de Sanidad ... (Página165)
181/000485 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre razones por las que el Gobierno, considerando un comunicado emitido desde el Instituto de Salud Carlos III, no
ha mostrado interés por implementar medidas para que la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo pueda seguir manteniendo su acreditación y su capacidad docente ... (Página166)
181/000486 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para liderar la esperanza de vida saludable a partir de los 65
años que, según planteó el Secretario de Estado de Sanidad, es nuestra tarea pendiente ... (Página166)
181/000487 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida relativa a la financiación de las innovaciones terapéuticas
para mejorar la información al público y a los profesionales, sobre todo para intentar quitarle esa opacidad que acaba convirtiéndose en una especie mística y en una suerte de politización de la evaluación y de las decisiones de financión, tal y
como consideró necesario el Secretario de Estado de Sanidad ... (Página166)
181/000488 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para mejorar lo atractivo de ser tutor de médicos internos
residentes, tal y como consideró necesario el Secretario de Estado de Sanidad ... (Página167)
181/000489 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para esclarecer todo lo relativo a las informaciones sobre las
irregularidades en las compras de equipamiento de protección individual realizadas desde el Gobierno durante la COVID-19, así como para evitar que vuelvan a producirse irregularidades similares en el futuro ...
181/000490 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida con la que materializar la idea planteada por el Secretario de
Estado de Sanidad de que 'de la misma manera que yo tengo a mi médico de Familia y a mi enfermera de atención primaria, también tengo que tener a mi administrativo o administrativa de cabecera que ayude a que la longitudinalidad también sea un
elemento relacionado con la función administrativa y no solamente con los profesionales clínicos' ... (Página167)
181/000491 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales de tiempo previstos por el Ministerio de Sanidad para materializar alguna medida a partir de la
evaluación realizada por su equipo jurídico sobre si es pertinente actualizar el reglamento vigente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en base a la nueva normativa, según planteó el Secretario de Estado de Sanidad ...
181/000492 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas que se están desarrollando desde el Gobierno para identificar las características comunes de las plazas
MIR de atención primaria que se van quedando vacantes, tal y como planteó el Secretario de Estado de Sanidad ... (Página168)
181/000493 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud realizada por el Presidente de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria y hacer lo necesario para aumentar el dinero que dedicamos a la salud en España en los próximos Presupuestos Generales del Estado ... (Página168)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/012617 Autor: Alonso Cantorné, Fèlix
Santiago Romero, Enrique Fernando
Relación de todos los diputados y diputadas espiadas, con fechas del espionaje o seguimiento que se les realizó, así como valoración del Gobierno de estos hechos ... (Página169)
184/012779 Autor: Micó Micó, Àgueda
Cuantía y cantidad dedicada a solventar los problemas que se hayan podido producir por las actuaciones realizadas en el norte de las playas de Sagunto, así como solicitud que se formulaba en los informes requeridos para hacer actuaciones en
las playas de Sagunto y Canet d'en Berenguer ... (Página170)
184/013136 Autor: Cantalapiedra Álvarez, María de las Mercedes
Merino Martínez, Javier
Sémper Pascual, Borja
Marí Bosó, José Vicente
Muñoz Abrines, Pedro
Informes de apertura de plicas extraviados en la adjudicación de un contrato de 2,9 millones de euros del Consejo Superior de Deportes (CSD) a Carlos Barrabés ... (Página171)
184/013506 Autor: Clavell López, Óscar
Jiménez Linuesa, Beatriz
Navarro López, Pedro
Balance de la implantación de la obligación de cotización a la Seguridad Social de todo el alumnado que realiza prácticas formativas y sus efectos ... (Página172)
184/013586 Autor: Micó Micó, Àgueda
Previsiones acerca de firmar el decreto de sequía en los municipios de Teulada y Moraira, Parcent y Benitatxell, soluciones previstas en los referidos municipios ante la imposibilidad de acceso al agua potable, así como plan de actuación
para otros municipios valencianos que están en alerta por sequía ... (Página173)
184/013894 Autor: Micó Micó, Àgueda
Necesidad de incluir las demarcaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, para poder adoptar medidas excepcionales contra la sequía, así como fecha en que el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene previsto incluir las mencionadas demarcaciones ... (Página175)
184/013977 Autor: Micó Micó, Àgueda
Medidas previstas para resolver la situación provocada por las plagas de ácaros en el sector citrícola ... (Página176)
184/013995 Autor: Rego Candamil, Néstor
Obras por desprendimientos en los taludes de la trinchera situada entre los puntos kilométricos 380+895 y 381+145 en el tramo de Monforte de Lemos a Lugo de la línea 800 ... (Página177)
184/013996 Autor: Rego Candamil, Néstor
Obras de reparación de la obra de drenaje transversal situada en el punto kilométrico 80+300 de la autovía A-54 (A Coruña) ... (Página179)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/001107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la soberanía
nacional y el respeto a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución española consagra la indisoluble unidad de la Nación española y la indivisibilidad de la soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español. Así, el artículo 1.2 CE establece que 'la soberanía nacional reside
en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado'. Y el artículo 2 CE: 'La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.'
Nuestra Constitución no es una excepción a este respecto, sino que forma parte de la norma entre las democracias occidentales avanzadas. Así, las Constituciones de países como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos contienen artículos
homologables a nuestro artículo 2 CE, en los que se blinda la indisoluble unidad de la Nación.
De hecho, ni una sola Constitución de nuestro entorno democrático reconoce el derecho a la autodeterminación de sus partes integrantes, tampoco Constituciones como la de Portugal, a menudo citada de forma espuria como ejemplo de Constitución
que reconoce la autodeterminación, obviando el hecho de que la Constitución portuguesa, no solo blinda la indisoluble unidad de Portugal sino que prohíbe -a diferencia de la española- los partidos separatistas y, por otra parte, circunscribe su
reconocimiento de la autodeterminación al proceso de descolonización.
Por otra parte, en los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de intentar satisfacer las demandadas de partidos separatistas a través de nuevas reformas de los Estatutos de Autonomía o mediante la acción legislativa en las
Cortes Generales, con el objetivo indisimulado de orillar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán del año 2006. Se trata, en la práctica, de una reforma constitucional encubierta que colisiona frontalmente con las
previsiones constitucionales sobre principios fundamentales
como el de soberanía o el de competencia, y contraviene de plano la doctrina del TC. La pretensión de que el Legislativo legisle contra lo ya juzgado por el TC supone un atentado contra la separación de poderes y constituye una erosión de
los controles y contrapesos que caracterizan el Estado de derecho.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar el respeto a la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española y la imposibilidad constitucional de convocar referéndums autonómicos que pongan en cuestión esos dos preceptos constitucionales, que son la base
de nuestra convivencia democrática.
2. Garantizar el respeto a las sentencias de jueces y tribunales que delinean nuestro ordenamiento democrático y el principio de competencia en diversas sentencias sobre Estatutos de Autonomía, y que no apoyará iniciativas legislativas que
contravengan la doctrina constitucional en cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2024.-Nacho Martín Blanco, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Santi Rodríguez Serra, Cristina Agüera Gago, Agustín Parra Gallego, María Elisa Vedrina
Conesa y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la libertad de expresión
y del ejercicio de la libertad de prensa, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El Gobierno ha iniciado en julio de este año el debate de un conjunto de medidas de 'teórica' regeneración democrática' que han puesto su foco en los medios de comunicación para, según predica el ejecutivo, 'acabar con la impunidad de
algunos tabloides digitales', a los que califica explícitamente de 'pseudomedios' y 'máquina del fango', así como para poner 'pie en pared ante esta máquina del fango y ante estos bulos y desinformación'.
Es sabido que una de las herramientas indispensables en el esencial proceso de formación de la opinión pública son los medios de comunicación. La libertad de información, junto con la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, son
condiciones imprescindibles para que un sistema político pueda ser validado democráticamente. Por ello, cualquier ataque a los medios de comunicación supone no solo una falta evidente de respeto a los profesionales que las promueven, sino un ataque
directo a nuestras libertades, algo que ninguna democracia avanzada puede ni debe tolerar. Todo lo que debilita el derecho a una información libre y plural, debilita en igual medida a la democracia.
La libertad de los medios de comunicación está constitucionalmente reconocida y amparada en nuestro ordenamiento jurídico, encontrando su máxima expresión en el artículo 20 de la Constitución española de 1978, que protege el derecho a
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción, así como también el de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
También Europa es clara en su inquebrantable defensa de la libertad de expresión y la libertad de difusión. El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra el derecho a la libertad de expresión,
incluyendo en ésta las libertades de opinión y de comunicación de informaciones o ideas, y proscribiendo la injerencia de autoridades. Y, en línea con lo anterior, establece que la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo deben ser
respetados. Tales son, también, los objetivos del Reglamento (UE) 2024/1083, sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea el 11 de abril de 2024.
La aplicación de este Reglamento comunitario, conocido como Reglamento Europeo sobre Libertad de los Medios de Comunicación, nos vincula de manera directa y, además, supone una muestra de profundo respeto hacia los servicios de comunicación
a los que considera 'guardianes públicos' del interés general. Dicha disposición europea no pretende limitar el ejercicio de la información, sino, muy al contrario, garantizar en las entidades prestadoras de servicios de medios de comunicación y a
las autoridades o entidades públicas una mayor transparencia, buscando asegurar la independencia y pluralidad de estos medios y prevenir cualquier injerencia con fines políticos. El espíritu de la norma, por tanto, lejos de la pretensión que en
nuestro país muestra el Gobierno, es evitar cualquier limitación a la libertad de los medios y sus contenidos. Debe, por tanto, observarse un cumplimiento estricto de todas las disposiciones del Reglamento, sin dejar margen a interpretaciones ni
desarrollos que puedan exceder de lo previsto en la norma.
La sociedad española, en consonancia con lo postulado en el marco europeo, no puede ni quiere permitir que se menoscabe ninguna forma de libertad, tampoco la de prensa. Este principio ha sido defendido el Partido Popular en innumerables
ocasiones. La muestra más reciente se contempla en el Plan de Calidad Institucional presentado en enero de 2023 en el cual, entre otras cuestiones, se establecen objetivos para salvaguardar la independencia de las instituciones y reforzar con
carácter general la calidad de nuestra democracia.
La libertad de prensa, junto con la independencia judicial y el respeto a los derechos de la oposición parlamentaria, constituye una parte fundamental del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a cualquier democracia liberal. Sin
embargo, estos pilares esenciales han sido objeto de una ofensiva política por parte del presidente del Gobierno, que emplea una estrategia de descalificación sistemática tanto de los medios de comunicación, como de la oposición parlamentaria o el
poder judicial. 'Fachosfera', 'pseudo medios', 'bulos', 'fango', 'galaxia digital ultraderechista', 'lawfare, son algunos de los calificativos que utiliza el presidente Sánchez en sus epístolas a la ciudadanía, sus actos como presidente del
Gobierno o los mítines en los que participa, para referirse a sus oponentes, mientras presenta su propuesta de 'regeneración democrática' y declara ser víctima del uso de la libertad de expresión como herramienta de difamación en su contra. El
objetivo de esta estrategia no es otro que eludir su responsabilidad, la de su Gobierno y la de su partido, así como evitar la rendición de cuentas ante los ciudadanos y sus representantes.
España, como democracia consolidada, ya dispone de mecanismos judiciales sólidos para proteger los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen que están disponibles para todos los ciudadanos. Son estos los derechos que deben
defenderse y reforzarse, no aquellos que pretenden, al contrario, alejarse de la defensa de las libertades de todos. Además, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, en lo que concierne a los cargos públicos, éstos no gozan de
ningún tipo de inmunidad especial frente al derecho a la información, sino que, por el contrario, están sujetos a un mayor grado de supervisión, respetando siempre los límites impuestos por los derechos individuales.
No puede permitirse ninguna amenaza a la libertad de prensa ni a los valores democráticos fundamentales. Es imperativo que cualquier acción legislativa o política se lleve a cabo con el máximo respeto a nuestra Carta Magna y los principios
europeos,
garantizando siempre la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. También el derecho a una prensa libre y plural dirigida a comunicar o recibir libremente información veraz
y sin ningún tipo de censura previa, sometidos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin más límites que los ya previstos en nuestro sistema democrático de Derecho. Esto, ni más ni menos, es lo que proclama nuestra Constitución y la normativa
europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir estrictamente, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones, con todas las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1083, sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, garantizando el pluralismo y la independencia de los
medios de comunicación en nuestro país, incluidas salvaguardias contra la injerencia política en la libertad editorial.
2. Manifestar su compromiso más firme con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a comunicar y recibir informaciones y opiniones, de acuerdo con la Constitución española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
3. Defender, frente a cualquier intento de injerencia, la labor de los medios de comunicación y de los profesionales de la información que ha de desarrollarse necesariamente en condiciones de libertad y pluralismo, dado su papel esencial
para la convivencia democrática, la formación de una opinión pública libre y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la posible arbitrariedad de las autoridades políticas.
4. Condenar cualquier iniciativa procedente de autoridades o de partidos políticos que, de un modo u otro, pretenda controlar, interferir, influir o condicionar el ejercicio de la libertad de prensa o restringir la difusión de opiniones
plurales.
5. Reprobar las cada vez más frecuentes descalificaciones, insidias e intimidaciones vertidas por el Gobierno y, en especial, por su Presidente, contra los medios de comunicación que publican informaciones que no son de su agrado u
opiniones que entrañan una crítica a su gestión o a su discurso.
6. Cesar de inmediato en esta actitud y a desistir de toda pretensión de limitar o entorpecer la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Enrique Belda Pérez-Pedrero, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Carmen Navarro Lacoba, Jaime Eduardo de Olano Vela, Rafael
Antonio Hernando Fraile y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La salida del Reino Unido de la Unión Europea
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha generado intensos debates tanto en el seno de las instituciones europeas como en Westminster. Uno de los puntos candentes de las reuniones entre ambas partes ha sido la consideración de
fronteras exteriores de la Unión Europea de aquellos territorios del Reino Unido que lindan terrestremente con el territorio comunitario. Esta situación afecta especialmente a Irlanda del Norte y al Peñón de Gibraltar.
En el caso concreto de Gibraltar, el Gobierno español ha declarado lo siguiente:
'Tras el Brexit, los acuerdos UE-Reino Unido sobre Gibraltar necesitan del acuerdo previo de España, según establece la cláusula número 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para la negociación del Brexit al señalar que, una vez
producido, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre España y Reino Unido.
La aplicación específica a Gibraltar del Acuerdo de Retirada se rige por el Protocolo sobre Gibraltar anejo a dicho Acuerdo. Este Protocolo recoge por primera vez en el derecho básico de la Unión Europea, unas disposiciones relativas a
Gibraltar negociadas por España' 1.
En cuanto a la relación futura, la UE ha dejado claro que 'Gibraltar no estará comprendido en el ámbito de aplicación de los futuros acuerdos entre la UE y Reino Unido' y que los 'acuerdos separados entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar
requerirán la previa aprobación de España'. Esto se recoge en una Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, que forma parte de lo acordado en el Consejo Europeo de 25 de noviembre' 2.
En concreto, el artículo 50 de la citada Declaración del Consejo Europeo y de la Comisión Europea destaca lo siguiente:
'Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, Gibraltar no estará incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos que se celebren entre la Unión y el Reino Unido. Ello no excluye, sin embargo, la posibilidad de que
se celebren acuerdos separados entre la Unión y el Reino Unido respecto de Gibraltar. Sin perjuicio de las competencias de la Unión y en pleno respeto de la integridad territorial de sus Estados miembros garantizada por el artículo 4, apartado 2,
del Tratado de la Unión Europea, dichos acuerdos separados requerirán un acuerdo previo del Reino de España' 3.
Por último, cabe destacar las obligaciones contraídas en virtud de lo dispuesto en el Punto 1.c de la Declaración de Bruselas, de 27 de noviembre de 1984, en función de la cual España y el Reino Unido se comprometen a establecer un proceso
negociador 'a fin de solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar' en el marco del cual 'serán tratadas las cuestiones de soberanía' 4.
Segundo. La cuestión de Gibraltar
A efectos de contextualizar la ya de sobra conocida situación geopolítica particular de Gibraltar, cabe destacar que el Peñón, 'desde los años sesenta, figura en el listado de las Naciones Unidas como uno de los 'territorios no autónomos
pendientes de descolonización'' 5.
1 https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/gibraltar/Paginas/index.aspx.
2 Ibidem.
3 Declaración del Consejo Europeo (art. 50) y de la Comisión Europea sobre el ámbito de aplicación territorial de los futuros acuerdos. Disponible [en línea]: https://www.consilium.europa.eu/media/37151/25-special-euco-statement-es.pdf.
4 DEL VALLE GÁLVEZ, Alejandro: 'Gibraltar: principales documentos oficiales', Real Instituto Elcano, septiembre 2013, p. 13. Disponible [en línea]:
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/11/delvalle-gibraltar-documentos-oficiales.pdf.
5 https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Gibraltar.aspx.
En este sentido, España ha solicitado reiteradamente al Reino Unido entablar negociaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por las Naciones Unidas, para llegar a una solución definitiva del contencioso de Gibraltar 6, única colonia
existente en Europa.
Así, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que, 'en el proceso de descolonización de Gibraltar, el principio aplicable no es el de libre determinación de
los pueblos sino el de restitución de la integridad territorial española' 7. Por su parte, la Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, establece en su punto 6, que ' Toda intento
encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.' 8 Por tanto, y en virtud de que nuestro país recupere su
integridad territorial, que Gibraltar vuelva a estar bajo soberanía española debe ser una de las máximas prioridades para el Gobierno de España.
La situación conflictiva entre España y el Reino Unido por la soberanía del Peñón tiene su origen en el Tratado de Utrecht, firmado por ambas naciones en 1713, como solución pacífica a la Guerra de Sucesión Española. En concreto, mediante
la firma del Tratado de Utrecht, España cedía a la Gran Bretaña 'la ciudad y castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen' 9.
No obstante, el istmo (como las aguas adyacentes o el espacio aéreo suprayacente) no fue cedido por España, quedando siempre este bajo soberanía española. Además, el artículo X del citado tratado recoge tres condiciones en las que se
encuadra la cesión, siendo las siguientes:
1. 'Se define el territorio cedido como la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, sin plazo de tiempo, pero 'sin jurisdicción alguna territorial'' 10.
2. 'No se permite la 'comunicación abierta con el país circunvecino por tierra', salvo para el abastecimiento en caso de necesidad' 11.
3. 'España tiene un derecho a ''redimir'' la ciudad de Gibraltar, es decir, recuperar su soberanía, en caso de que Gran Bretaña quiera ''dar, vender o enajenar de cualquier modo'' su propiedad' 12.
En vista de lo anterior, la mera ocupación de facto continuada por los británicos del istmo y de las aguas adyacentes contraviene las condiciones acordadas en el Tratado de Utrecht para la adquisición de soberanía sobre ese territorio, -por
limitarse la cesión de soberanía únicamente a la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas-, además de resultar ilegítima con arreglo al Derecho Internacional. Por eso, España siempre ha señalado que la
ocupación del istmo es ilegal e ilegítima y, por tanto, ha reclamado siempre su devolución sin condiciones.
Por si esto no fuera suficiente, la intención del Reino Unido de dar un nuevo estatuto jurídico a Gibraltar fuera del marco descolonizador supone una acción de las previstas en el Tratado de Utrecht que habilitarían a España a redimir la
ciudad de Gibraltar, como se ha citado anteriormente.
Así, la insistencia en la promesa unilateral del Reino Unido de atender a la voluntad de los gibraltareños de adquirir su propia autonomía implicaría tácitamente la 'enajenación'
6 Cfr. https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Gibraltar.aspx.
7 https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Gibraltar.aspx.
8 Resolución 1514 (XV). Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, punto 6. Disponible [en línea]:
https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/156/42/pdf/nr015642.pdf?token=4tiSHfVq8PwN2iywII&fe=true.
9 ORTEGA CARCELÉN, Martín: 'Gibraltar y el Tratado de Utrecht', Real Instituto Elcano, 31.05.13. Disponible [en línea]: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/gibraltar-y-el-tratado-de-utrecht/.
10 https://www.realinstitutoelcano.org/archive/opinion/gibraltar-300-anos-despues/#:~:text=El%20art%C3 %ADculo%20X%20del%20Tratado%20contiene%20tres%20condiciones,vender%20o%20enajenar%20de%20cualquier%20modo%E2 %80 %9D%20su%20propiedad.
11 Ídem.
12 Ídem.
de la propiedad británica. Pese a que esa enajenación no se realizaría con respecto a otra potencia o Estado, sino con respecto a la propia población de Gibraltar, 'la retrocesión a España no depende según el Derecho Internacional de esa
voluntad local sino de la decisión de Gran Bretaña de cambiar el régimen de la propiedad de cualquier modo' 13.
En este sentido, cabe reseñar que la colonia británica se ha convertido en la sede de multitud de empresas y corporaciones españolas gracias a la competencia fiscal desleal que las autoridades gibraltareñas promueven. Prueba de ello es que
el Gobierno español incluye a la colonia en su lista de países y territorios considerados como 'regímenes fiscales perjudiciales' 14. Esto es, paraísos fiscales.
A su vez, durante los últimos años, las autoridades municipales de la colonia han agravado considerablemente los incumplimientos de lo acordado en Utrecht, puesto que se han lanzado a una política expansiva de constante crecimiento del
territorio del Peñón, así como a un hostigamiento constante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas.
De esta forma, ante la creciente falta de cooperación con nuestro país, unida a la persecución de representantes políticos de la soberanía nacional y del pueblo español, reviste de mayor urgencia -si cabe- la cuestión de la devolución de
Gibraltar por parte del Reino Unido a su legítimo poseedor, que es el Reino de España.
Tercero. La falta de trasparencia del ejecutivo y su abulia en la negociación
Por último, deviene necesario resaltar la opacidad con la que el Ejecutivo está llevando a cabo estas negociaciones. Con ello, el Gobierno está dificultando sobremanera la función constitucional de control que deben ejercer sobre el mismo
las Cortes Generales. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, todavía no ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, para explicar el estado de
las negociaciones bilaterales con el Reino Unido, en especial, sobre el futuro de Gibraltar.
El pasado 12 de abril, Albares, mantuvo una reunión con su homólogo británico, David Cameron, al objeto de concluir el Acuerdo UE-Reino Unido. En dicha reunión también han participado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea,
Maros Sefcovic, y el ministro principal de la colonia británica de Gibraltar, Fabián Picardo 15. En el comunicado oficial publicado por el Gobierno español se asevera que 'se han conseguido avances significativos' 16. No obstante, resulta
llamativo que participe en dicha reunión el representante de un 'territorio no autónomo pendiente de descolonización' 17.
En este estado de cosas, es necesario que el Ejecutivo defienda los intereses de la Nación española y apueste decididamente por la integridad territorial de nuestro país. Además, la existencia de la colonia británica supone un riesgo para
la Seguridad Nacional, puesto que imposibilita el control de uno de los choke points más relevantes del mundo: el Estrecho de Gibraltar. Concretamente, más de 120.000 buques lo cruzan anualmente, lo que se traduce en 'casi el 50 % del comercio
marítimo mundial, incluyendo la tercera parte del gas y el petróleo' 18.
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez debe abandonar las tesis de 'prosperidad compartida', que, hasta la fecha, no han producido más que la dependencia de gran parte
13 https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/gibraltar-y-el-tratado-de-utrecht/
14 Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen consideración de jurisdicciones no cooperativas.
15 Declaración conjunta sobre los avances en el Acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar, Nota de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 12.04.24. Disponible [en línea]:
https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2024_COMUNICADOS/20240412_COMU017.aspx
16 Ibidem.
17 Gibraltar, La Moncloa. Disponible [en línea]: https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/gibraltar/Paginas/index.aspx#:~:text=Para%20Ia%20ONU%2C%20Gibraltar%20es,viene%20recomendando%20ininterrumpidamente%20desde%201965.
18 COLUMBA JEREZ, Alexia: 'Los enclaves que mueven el mundo, 'choke points' marítimos', ABC, 13.01.24. Disponible [en línea]: https://www.abc.es/internacional/enclaves-mueven-mundo-choke-points-maritimos-20240113162958-nt.html
de la comarca del Campo de Gibraltar de la colonia británica. Así, es urgente también la creación de un plan integral para dicha comarca gaditana, que incluya un paquete de medidas económicas que palien la delicada situación que padecen sus
habitantes.
Por todo lo expuesto supra, resulta pertinente que el Gobierno de España exija al gobierno británico el inicio del proceso negociador sobre la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a exigir al Reino Unido la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, al amparo de lo dispuesto por el Derecho Internacional sobre esta cuestión, adoptando
todas las acciones diplomáticas que sean necesarias para la consecución de tal fin.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001151
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 4 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que España respalde la
investigación de la Fiscalía del TPI y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde hace más de dos décadas, en España hemos recibido información sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, situación que se ha deteriorado exponencialmente en la última década bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este
régimen se ha caracterizado, entre otras lamentables circunstancias, por la instauración de un régimen de terror como política de Estado, atacando de manera sistemática y generalizada a la población civil. Las acciones y consecuencias de estas
agresiones han sido ejecutadas por militares, policías, grupos armados e integrantes del sistema de justicia, afectando a miles de víctimas, no solo venezolanas, sino también extranjeras, incluyendo múltiples europeos.
Desde 2014, los principales organismos internacionales de protección de los derechos humanos han emitido informes y exigencias al gobierno venezolano para que cesen las olas de violencia represiva. Sin embargo, la situación ha empeorado en
cuanto al número de víctimas y al modus operandi, manteniéndose la impunidad del régimen.
Diversas ONG venezolanas e internacionales, así como grupos de víctimas con sus abogados, han reportado desde 2015 la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentando casos y transmitiéndolos a la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (TPI). Consecuentemente, la Fiscalía del TPI ordenó motu proprio en febrero de 2018 iniciar un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, considerando que la información obtenida aporta fundamentos razonables para creer
que se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017.
La OEA constituyó un panel de expertos independientes que presentaron un contundente informe certificando la perpetración de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolás Maduro. Este informe fue transmitido a la Fiscalía del TPI por
un grupo de seis países del continente americano mediante una remisión de Estados Parte del Estatuto de Roma, ampliando el ámbito temporal de los hechos sometidos al examen preliminar desde el 12 de febrero de 2014.
En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, junto con diversas relatarías temáticas y grupos de trabajo en ejercicio de su mandato, continuó documentando y revelando las atrocidades cometidas en Venezuela.
Como resultado de estas investigaciones y a petición de varios países, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Esta misión ha documentado múltiples casos, identificando a las víctimas y a los posibles perpetradores mediante informes periódicos desde 2024, revelando de manera rigurosa y objetiva la cruenta realidad de las atrocidades cometidas por el régimen
de Nicolás Maduro.
Como resultado, el 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía del TPI informó la conclusión del examen preliminar, el cual ratificó la base probatoria que provee fundamentos razonables para considerar la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía del TPI celebró con el gobierno venezolano memorándums de entendimiento para la instalación de una oficina de la Fiscalía en Venezuela.
A pesar de esto, el régimen de Maduro, a través de sus abogados, ha intentado frenar los efectos de la orden de inicio de la investigación mediante recursos judiciales ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la Cámara de Apelaciones del
TPI. Sin embargo, estos recursos fueron rechazados el 1 de marzo de 2024 por la Cámara de Apelaciones, consolidando así la investigación por crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad
física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución de un grupo identificable por motivos políticos y desaparición forzada de personas. Actualmente, esta investigación de la Fiscalía del TPI es inexpugnable.
El 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, y el órgano responsable de la elección declaró ganador a Nicolás Maduro para la legislatura 2025-2031, sin publicar las actas electorales que respaldaran tal
decisión. Al mismo tiempo, el grupo político del candidato opositor Edmundo González Urrutia difundió públicamente copias de actas electorales cuyo cómputo le confiere la victoria electoral con amplia ventaja. Seguidamente, Nicolás Maduro acudió
al Tribunal Supremo Venezolano y solicitó la certificación de su victoria, la cual fue otorgada mediante un procedimiento sumario.
Esta situación, claramente irregular y antidemocrática, generó el rechazo de los votantes venezolanos y de la comunidad internacional, que han exigido la publicación de las actas electorales y la realización de una auditoría independiente
con expertos internacionales. Además, los venezolanos han ejercido su derecho a la protesta pública.
Nicolás Maduro, quien había anunciado públicamente un 'baño de sangre' si no ganaba las elecciones, ha ordenado directamente la persecución de cualquier factor de oposición en el país, confesando haber encarcelado a más de 2500 personas.
ONG venezolanas reportan la existencia de 1780 presos políticos, entre los cuales hay 114 adolescentes, 230 mujeres, 156 militares y 1550 hombres. Las cifras son alarmantes, destacándose el arresto de personas con discapacidad, personas de la
tercera edad, políticos opositores, defensores de derechos humanos, abogados y fiscales que se han negado a cumplir órdenes de procesar a personas inocentes. Además, se han denunciado desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, así como la existencia de 25 personas asesinadas durante las protestas. También se han reportado amenazas contra Edmundo González Urrutia, cuyas evidencias documentales indican que es el candidato ganador, y contra María Corina
Machado, líder política opositora, cuya integridad y libertad personal están en grave riesgo.
El Tribunal Penal Internacional tiene el mandato de prevenir, enjuiciar y castigar a los responsables de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, y de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no
repetición. Como parlamentarios de España, Estado Parte de este instrumento internacional, asumimos el ineludible compromiso de respaldar la investigación que realiza la Fiscalía del TPI y de exigir rendición de cuentas a los máximos responsables,
encabezados directamente por Nicolás Maduro Moros. En este sentido, consideramos que, después de más de diez años de crímenes cometidos impunemente y especialmente bajo la situación actual, solicitamos al Gobierno de España que se dirija a la
Fiscalía del TPI para solicitar que se avance en las investigaciones y, en efecto, se requiera ante la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI la orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos
en la situación Venezuela 1, en cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de Roma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas.
2. Adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la Situación Venezuela 1, y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto
contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
3. Respaldar los informes de Naciones Unidas en los que se recogen las graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela.
4. Presentar al Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes, un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas de crímenes
de lesa humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2024.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Macarena Montesinos de Miguel, Belén Hoyo Juliá, Álvaro Pérez López, Carlos Javier Floriano Corrales y
Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de un Plan de
Refuerzo Consular, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Una de las prioridades de la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (en adelante, el Ministerio) es ofrecer asistencia y protección a los más de 3 millones de ciudadanos españoles que viven en el exterior y
a los millones que se desplazan cada año por motivos de turismo o negocios.
Actualmente, la red consular española está compuesta por 178 Oficinas Consulares de carrera (86 Consulados Generales, 2 Consulados y 90 Secciones Consulares de Embajadas) y 516 Oficinas Consulares honorarias (éstas repartidas en 145 países).
El último balance de actividad consular de 2023 (en adelante, el balance), publicado por el Ministerio en mayo de 2024, subraya la importancia del servicio consular que se presta alrededor del mundo a través de nuestra red consular. En los
últimos años, han acontecido múltiples crisis internacionales que han evidenciado la necesidad de modernizar y reforzar el Servicio de Acción Exterior español. Tan solo desde 2019, hemos enfrentado la pandemia de la COVID-19, la crisis de
Afganistán, la injusta e injustificada guerra de agresión rusa en Ucrania, el estallido de una guerra civil en Sudán, el golpe de Estado en Níger y la escalada de tensiones en Oriente Medio, derivada del ataque terrorista de Hamás contra Israel. A
todos estos desafíos, se ha tenido que hacer frente con recursos humanos y financieros insuficientes para abordar la alta demanda de los servicios consulares.
Como bien reconoce el balance, la colectividad española en el exterior ha duplicado su población, pasando de 1,5 millones en 2009 a 3 millones en 2023. Asimismo, la mayoría de ciudadanos españoles en el exterior se concentra
mayoritariamente en América, región donde tiene fijada su residencia casi un 60 % de esos 3 millones de españoles. Si a este elemento añadimos que en 2022 se aprobó la Ley 20/2022, de 19 de noviembre, de Memoria Democrática, que permite obtener la
nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles, la demanda en los consulados se ha incrementado exponencialmente. Tan solo de 2022 a 2023, se recibieron en la red consular 226.354 solicitudes de nacionalidad, principalmente en países como
Cuba, México, Venezuela y Argentina, donde cuyos consulados presentaron dificultades para hacer frente a la alta demanda de solicitudes de nacionalidad española.
A esta demanda de nacionalizaciones y a la insuficiencia de personal, se suma la falta de material en los consulados, que cuentan con equipos y programas informáticos anticuados, que complican la eficiencia y la eficacia de nuestro servicio
en el exterior. Además, cabe destacar que, a través de nuestra red consular, se presta también servicios como: expedición de pasaportes, inscripción en los Registros Civiles consulares, autorización de instrumentos notariales, intervención en
casos de sustracción de menores, legalizaciones de documentos, repatriación de nacionales, asistencia y protección consular a ciudadanos detenidos en el exterior, etc., sin olvidar que, durante los procesos electorales, las Oficinas Consulares se
encargan de informar y atender a los interesados en ejercer el derecho al voto.
El Plan de Digitalización Consular (PDC) es un proyecto del Ministerio y se encuentra identificado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dentro del Componente 11 (Modernización de las Administraciones Públicas de la
política palanca IV Una Administración para el siglo XXI), en la Inversión 2 (Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado). La dotación presupuestaria total para el PDC es de 110.00.000 para el período 2021-2023
y está repartida en tres anualidades. Sin embargo, pese a todo ello, a día de hoy el Plan de Digitalización no ha
sido implementado y la situación en las Oficinas Consulares sigue siendo la misma, insuficiente para ofrecer un servicio de calidad en un mundo globalizado, en el que los desplazamientos y las crisis internacionales son cada vez más
frecuentes.
En definitiva, nuestros servicios consulares soportan hoy un altísimo volumen de trabajo que requiere urgentemente la modernización de un servicio digitalizado, con más recursos humanos y materiales que puedan ofrecer un servicio de calidad
a todos los españoles que se encuentran en el exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de Refuerzo Consular que pueda hacer frente a la alta demanda de solicitudes de trámites consulares, que esté vigente hasta la puesta en marcha -en su totalidad- del Plan de Digitalización Consular.
2. Incrementar el número de personal que presta servicio en las Oficinas Consulares de Buenos Aires, La Habana, Ciudad de México y Caracas.
3. Crear un centro de atención telefónica 24 h con un número único, para reforzar la Unidad de Emergencia Consular.
4. Acelerar los trabajos del Plan de Digitalización Consular para facilitar una prestación de servicio más eficaz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Belén Hoyo Juliá y Manuel García Félix, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/001156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de los Jueces de Paz, para
su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, plantea la desaparición de la
figura de los jueces de paz. Esto choca frontalmente con lo que persigue la norma en sí y con lo que representan en la España rural.
La propia exposición de motivos refleja que 'la Justicia se percibe por la ciudadanía como algo propio, como algo cercano, eficaz, entendible y relativamente rápido'. Del mismo modo justifica la necesidad de desarrollar esta Ley en adaptar
las estructuras de la justicia: 'Primero, para poder hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales; después, para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a la
ciudadanía; y, finalmente, para incorporar los valores, de solidaridad y de humanismo entre los que la Justicia es la espina dorsal y el elemento imprescindible de la paz social. En este contexto, también es responsabilidad de la ciudadanía
contribuirá la sostenibilidad del servicio público de Justicia'.
Desde la creación de la figura del Juez de Paz en 1885, estos han venido desarrollando una labor esencial en los municipios de la España rural.
En primer lugar, por su labor de mediadores: Son perfectamente conocedores del entorno, de la problemática, de las necesidades de los vecinos y del temperamento de los mismos. Esto hace que, en muchos de los casos, planteen soluciones de
consenso que satisfacen a las partes evitando que el conflicto llegue a los juzgados de primera instancia con la correspondiente carga de trabajo que esto conlleva para los mismos.
En segundo lugar, desde una perspectiva humanista: El bienestar que genera en la ciudadanía que los procesos se tramiten por el Juez de Paz de la localidad, evitándoles un gasto económico, de tiempo o incluso el tener que desplazarse a
otros lugares, hace que sea una figura más que necesaria y ya consolidada. Del mismo modo, la empatía con los problemas de sus vecinos y el trato diario con ellos, son elementos clave para garantizar la paz social.
Y, en tercer lugar, desde el prisma Constitucional: la imagen del Juez de Paz viene a garantizar el derecho del ciudadano a participar en la Administración de Justicia recogido en el artículo 125 de la Carta Magna, extendiendo este derecho
a todos los municipios de la España rural. Y, si bien es cierto que la Constitución no cita de forma expresa esta figura, la doctrina coincide en el carácter tradicional y consuetudinario de los jueces de paz, al no ser órganos judiciales
profesionales, según expresa el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ejerciendo funciones judiciales y de auxilio judicial con un estatuto de independencia, inamovilidad y responsabilidad.
Por lo tanto, la supresión de esta figura aleja el nuevo marco legal de organización de la justicia de los principios constitucionales y, en concreto, del citado artículo 125: 'los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en
la Administración de Justicia mediante [ ...] los Tribunales consuetudinarios y tradicionales'.
Para el Grupo Popular la figura del Juez de Paz es básica para lograr los objetivos perseguidos por la propia Ley que los pretende eliminar y, además, es una exigencia constitucional.
A todo lo anterior hay que sumar la importancia del Juez de Paz como persona y símbolo de unos valores tradicionales presentes en los municipios, especialmente en los más pequeños, convirtiéndose en todo un referente de consulta y apoyo
entre los vecinos.
Estos participan en actos y eventos como una autoridad más. Son visitados por los vecinos a cualquier hora para transmitirle sus problemas y pedirle consejo. Trata de mediar, velando porque exista un clima de conciliación en su localidad.
Escuchan a las partes de forma directa, sin pantallas de por medio, mostrando empatía, solidaridad y, sobre todo, cercanía.
En definitiva, el Juez de Paz desempeña un papel crucial en la administración de justicia, proporcionando una vía accesible y eficiente para la resolución de conflictos menores en el medio rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preservar y a garantizar legalmente la figura de los jueces de Paz y a dotarlos de recursos materiales y humanos suficientes para que puedan desempeñar sus funciones de una manera efectiva y
eficiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Daniel Pérez Osma, María Jesús Moro Almaraz, Fernando Rosa Torner, Isabel María Borrego Cortés, María Eugenia Carballedo Berlanga, Agustín Conde Bajén, Silvia Franco González,
María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Javier Noriega Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se incluya dentro del
catálogo de delitos a los que no se puede aplicar la gracia del indulto, los de corrupción política o económica, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto, con más de siglo y medio de antigüedad responde a las necesidades propias de la sociedad de aquella época, tornándose necesaria su reforma atendiendo a las
circunstancias actuales.
Desde su entrada en vigor esta ley ha llegado a nuestros días sin apenas sufrir modificaciones; en concreto ha sido modificada por la Ley 1/1988 de 14 de enero que reforma la anterior en sus artículos 2, 3, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 26,
28, 29 y 30, y por la disposición final primera de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que añade una nueva disposición adicional con el siguiente contenido: 'El Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la
concesión y denegación de indultos. Para la presentación de los datos contenidos en el citado informe, y previa revisión del mismo, un alto cargo del Ministerio de Justicia solicitará su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados'.
La ley actual recoge, en su artículo 2, un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto, exclusión que el artículo 3 señala no es aplicable a los reos de determinado tipo de delito. Es decir, el legislador
admite siempre la aplicación del indulto a determinados delitos, aunque los que hubieren sido condenados por ellos se encontraren en alguna de las expresadas situaciones procesales.
Sin embargo, no recoge un catálogo de delitos a los que no sea aplicable la gracia del indulto, con independencia de la situación procesal del reo. No obstante, dada la gravedad de determinado tipo de delitos y el sujeto pasivo de los
mismos, sería necesaria la exclusión de estos de la gracia del indulto.
En un Estado social y democrático de derecho los ciudadanos y los poderes públicos debemos colaborar y trabajar por una convivencia en paz basada en el respeto a la Ley y a las decisiones judiciales. En este contexto es clave el papel que
están llamados a desempeñar los representantes públicos y los partidos políticos que con sus actuaciones deben ser leales a la Constitución y a toda la ciudadanía sin que por acción u omisión se amparen, se legitimen o se protejan conductas
tendentes a romper el orden constitucional.
Estamos presenciando como el Gobierno de España está utilizando el poder de las instituciones con el fin de minimizar, tapar, cubrir y esconder los casos de corrupción que bien salpican a éste directamente o al propio Partido Socialista.
Ejemplos como el caso de los ERES de Andalucía, 'Tito Berni', la compra de mascarillas 'fake' por parte de varios gobiernos autonómicos e instituciones nacionales, las investigaciones en curso a la mujer del Presidente del Gobierno por presunta
corrupción y tráfico de influencias o la investigación de su hermano por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. También es sonado el caso de la Presidenta del Instituto de las Mujeres destituida recientemente.
Pareciera que este Gobierno amparara una estructura con el único objetivo de seguir en el poder, y que pudiera extenderse más allá, incluyendo empresas públicas, organismos independientes y hasta otros poderes del Estado, desgastando la
legitimidad de las decisiones tomadas por instituciones y organismos judiciales totalmente legítimos que son testigos de cómo el Gobierno pretende ejercer control sobre ellos.
Es inadmisible que se proceda a dar este ejercicio de gracia a personas que utilizan su cargo público para propio beneficio o interés.
El indulto es y debe ser un recurso excepcional para dar cumplimiento total o parcialmente a la responsabilidad penal impuesta conforme a la ley por los juzgados
y tribunales, y que solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad.
Por la naturaleza misma de algunos delitos, la concesión del Indulto supone un ataque a la democracia y a nuestras reglas de convivencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un proyecto de Ley para la modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, de forma que se incluyan dentro del catálogo
de delitos a los que no se puede aplicar la gracia del indulto, todos los de corrupción política o económica tipificados en nuestro ordenamiento penal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Fernando Rosa Torner, María Jesús Moro Almaraz, Daniel Pérez Osma, Isabel María Borrego Cortés, María Eugenia Carballedo Berlanga, Agustín Conde Bajén, Silvia Franco González,
María del Mar González Bella, Macarena Lorente Anaya, Javier Noriega Gómez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Álvaro Pérez López y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/001128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conservación de los cementerios o lugares de enterramiento en los que reposen los restos de combatientes españoles,
para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Introducción
España es una de las naciones con mayor trascendencia histórica del mundo. De hecho, ha sido considerada como la primera potencia de ámbito verdaderamente mundial 19. Asimismo, la acción civilizatoria de nuestro país ha tenido un impacto
que perdura hasta nuestros días. Al igual que el Imperio romano o el macedónico, el español podría catalogarse como 'imperio generador' 20. Esto es, la voluntad civilizatoria de nuestra Nación se constató en el compromiso por ir más allá que la
mera explotación de recursos, con la construcción de ciudades con vocación de permanencia, así como por extender la civilización occidental. Su signo distintivo fue la edificación de una nueva civilización en los nuevos territorios, fundamentada en
las mismas bases que el Occidente cristiano, y
19 Velarde Fuertes, Juan: 'Cuando España se convirtió en la primera potencia mundial', El Debate, 28.05.22. Disponible [en línea]: https://www.eldebate.com/economia/20220528/cuando-espana-convirtio-primera-potencia-mundial.html
20 Definición utilizada por el historiador Gustavo Bueno y en contraposición a los 'imperios depredadores', caracterizados por el afán por la explotación de los recursos. En: BUENO, Gustavo. España frente a Europa, Barcelona, Alba
Editorial, 2000.
articulada sobre nuevas ciudades e instituciones que eran reflejo de lo mejor del Viejo Mundo. Buen ejemplo de ello es la creación de universidades en épocas tan tempranas como el siglo XVI. Casos como la de San Marcos de Lima (1551) y la
Real y Pontificia de México (1553) rubrican este extremo.
Otro ejemplo del legado civilizatorio de nuestro país es que, en la actualidad, más de 700 millones de personas forman parte de la Iberosfera, una comunidad de naciones que comparten una arraigada herencia cultural. Un legado que, tanto en
nuestro país como en Portugal, ha generado unos vínculos históricos muy importantes que España debe proteger.
Sin embargo, la acción civilizatoria de nuestro país no se limitó al continente americano. Así, son multitud las misiones españolas -no solo de carácter militar, sino también comercial o religioso-, que cruzaron ambos océanos y llegaron
hasta las costas de Asia, ampliando el legado histórico español a lugares tan lejanos como Japón o Filipinas.
A su vez, nuestro país también expandió su área de influencia por todo el Mediterráneo y el norte de África. En el caso de las plazas africanas -tales como Ceuta y Melilla-, la soberanía de los reinos ibéricos sobre estas se remonta desde
finales del siglo XV 21, mucho antes de la constitución del Reino de Marruecos.
En definitiva, España tiene una historia prolífica, que la hace merecedora de ser considerada una nación histórica con un impacto global.
Segundo. La presencia global de combatientes españoles
Como consecuencia directa de esta vocación de universalidad de la Nación española, se han mantenido una serie de conflictos para proteger su legado. Así, miles de españoles han defendido a España por todo el mundo a lo largo de los siglos.
Más allá de la causa que defendiesen, aquellos compatriotas que empeñaron sus vidas en la defensa de un ideal merecen tener un lugar de reposo eterno digno.
No obstante, existen numerosos casos en los que los restos de nuestros compatriotas permanecen desatendidos y en el más profundo olvido. De este abandono son responsables unas instituciones que desconocen o, en el peor de los casos,
aborrecen el pasado de nuestro país.
Ejemplo de esta dejadez lo encontramos en Danang (Vietnam). En esta ciudad, situada en el centro del país asiático, pervive un pequeño camposanto en el que se ubican 32 tumbas de soldados españoles -y franceses-, que formaban parte de la
expedición franco-española que, a mitad del siglo XIX, arribó a las costas del por entonces Reino de Anam 22. El objeto de la expedición era castigar al citado reino por la persecución que allí sufrían los misioneros católicos. Sin embargo, no
sería hasta 1898 cuando Francia, ya establecida su colonia de Indochina -que incluía Camboya, Laos y Vietnam-, construyó el camposanto con la voluntad de honrar 'la memoria de los combatientes franceses y españoles de la primera expedición Rigault
de Genouilly, muertos entre 1858 y 1860 en estos lugares' 23.
Otro caso de abandono, mucho más reciente, es el de los españoles que lucharon en la Fuerza Aérea Soviética del Cáucaso durante la Segunda Guerra Mundial. Estos compatriotas se encontraban en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
('URSS') para instruirse como pilotos de combate, ya que el Gobierno del Frente Popular en la Guerra Civil tenía una gran carencia de este personal 24. Concretamente, los españoles se formaron en la Escuela de Aviación Soviética de Kirovabad
(actualmente Ganjá), en Azerbaiyán. Tras el final de la Guerra Civil, 180 compatriotas seguían en la citada escuela, y aquellos que aceptaron servir en las Fuerzas Armadas de la URSS participaron en la defensa de los pozos petrolíferos -origen del
80 % del petróleo soviético- del Cáucaso frente a las fuerzas alemanas. Al parecer, se
21 REGLERO, Luis Ángel: 'Melilla celebra sus 520 años de españolidad, aunque quizá sean todavía más', El Periódico, 16.9.17. Disponible [en línea]:
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170916/melilla-celebra-520-anos-espanolidad-6289935.
22 'Un cementerio con tumbas de soldados españoles yace en el olvido en Vietnam', ABC, 11.6.10. Disponible [en línea]: https://www.abc.es/internacional/cementerio-tumbas-soldados-espanoles-201006110000_noticia.html.
23 Ibidem.
24 TORRES PERAL, Tomás: 'Tumbas españolas en el exterior', La Razón, 28.8.20. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/opinión/20200828/wms7tgkv2namteo772mk6u2qui.html
estima que, 'al menos, 25 murieron en combate en las filas del ejército de Stalin, algunas de cuyas tumbas se conocen' 25. No obstante, no existe un estudio que confirme o desmienta este extremo.
Otro ejemplo es el de los caídos en la División Española de Voluntarios (conocida como 'División Azul'), también durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso particular han sido varias las iniciativas que se han desarrollado, pero
siempre bajo la dirección de asociaciones de países terceros, como la Organización Alemana para la Conservación de Cementerios de los Caídos de Guerra (Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge, 'VDK'). Esta organización cuenta con más de 20.000
miembros y se encarga de más de 2 millones de tumbas repartidas en 800 cementerios. Entre éstos, merece una mención específica el situado en la ciudad de Novgorod, a unos 250 kilómetros de San Petersburgo. De los 5.000 divisionarios españoles que
murieron durante la contienda, se estima que 3.500 fueron enterrados sobre la marcha durante las operaciones militares en territorio soviético. Gran parte de ellos se encuentran en las afueras de San Petersburgo, causando baja durante el sitio a la
ciudad. Sobre los 1.500 restantes pende la incógnita de su paradero, siendo la misión de la VDK y el Ministerio de Defensa español identificarlos y darles una sepultura digna.
Como tercer ejemplo se puede apuntar el del cementerio militar de Tetuán. Tras la toma de la ciudad en 1860, España construyó un camposanto cristiano en la ladera sur del monte Dersa, al norte de la localidad. El final del Protectorado
español en Marruecos en 1956 fue el inicio de una paulatina degradación del estado de conservación de los cementerios españoles situados en él 26. Ante esto, en el año 1998 el Ministerio de Defensa decidió concentrarlos -el del Rincón del Mediq,
Xauen y Castillejos- en el cementerio militar de Tetuán. Este proceso, que acumuló 2.500 inhumaciones, supuso un paso para mejorar las condiciones de conservación y mantenimiento de grandes héroes de nuestra historia militar, tales como los
tenientes Aizpurúa Reynos, Montilla Pérez o Leira López, todos ellos héroes condecorados con la Laureada de San Fernando.
Sin embargo, tras un cuarto de siglo de abulia por parte de las administraciones públicas, ha tenido que ser la Fundación Indortes 27 la que se ocupase de estas tareas de mantenimiento con sus propios recursos.
Por último, y no por ello menos importante, resulta necesario destacar la multitud de tumbas de militares españoles que existen en todos los países de Hispanoamérica, en el resto de las partes que conformaban los territorios de la Monarquía
Hispánica y en cualquier parte del mundo. Sobre ellas debe realizarse una labor de investigación para poder dar una noble sepultura y honrar dignamente a estos compatriotas.
Tercero. Los españoles caídos en el mar
También cabe reseñar a aquellos españoles que perdieron la vida en la mar. En este caso en particular, la Armada elaboró un informe en el que se registraron 1.580 naufragios de barcos españoles en el mundo y buques de otras nacionalidades
en aguas españolas. Así, 'España es el país con mayor número de pecios repartidos por las aguas de todo el mundo' 28.
Según el citado informe, Europa es la zona en la que más buques españoles han sido hundidos (596 embarcaciones). También destaca la isla de Cuba, que totaliza 176 hundimientos. Uno de los factores que explica el porqué de la gran cantidad
de buques españoles naufragados es la 'carrera de Indias', que tenía por objeto conectar América con la Península Ibérica. Ejemplos de ello son los galeones Nuestra Señora de Atocha
25 Ibidem.
26 FONTENLA BALLESTA, Salvador: 'El Cementerio Militar de Tetuán', General Davila, 12.7.18. Disponible [en línea]: https://generaldavila.com/tag/la-fundacion-indortes/
27 Página oficial de la Fundación Indortes. Disponible [en línea]: http://fundacionindortes.org/la-fundacion-indortes
28 DE SANTOS, Luis: '¿Cuántos barcos hundidos españoles hay en el mundo? Así es el mapa de los naufragios', La Razón, 15.10.21. Disponible [en línea]:
https://www.eldebate.com/economía/20220528/cuando-espana-convirtio-primera-potencia-mundial.html
-hundido en el 1622 frente a las costas de Florida- y el Nuestra Señora del Juncal, perdido en 1631 por un temporal en el Golfo de México.
Asimismo, durante la Guerra Civil se produjeron los últimos naufragios de buques de guerra. Este es el caso de los submarinos C-5, B-5 y B-6, operados por el bando gubernamental. Y por el bando nacional, destacan el crucero Baleares
-hundido frente al cabo de Palos-, y el vapor Castillo de Olite, hundido por un impacto de una batería de la costa de Cartagena, y en el que perdieron la vida 1.477 marineros.
Cuarto. La falta de interés de los sucesivos Gobiernos
Tal y como se ha expuesto anteriormente, son multitud de casos en los que las tumbas de nuestros compatriotas caídos se encuentran en un estado de conservación lamentable. El último ejemplo de esta falta de voluntad por parte de la
Administración Pública es el traslado de los restos mortales existentes en los cementerios de las islas y peñones de soberanía española, de Alhucemas y Vélez de la Gomera, al cementerio de la Purísima Concepción en Melilla 29. En total, se
inhumaron los restos de 36 fallecidos en Vélez de la Gomera y 18 en Alhucemas 30. Esta actuación, similar a la concentración que se produjo en 1998 sobre los cementerios ubicados en el Protectorado español, se ha traducido en la misma dejadez y
falta de fondos.
Ya es hora de que las instituciones detengan la ignominia que supone el pésimo estado en el que se encuentran los lugares donde reposan los restos de nuestros compatriotas, y participen activamente en su conservación. Nuestro país no puede
mantener en el olvido a aquellos que dieron su vida por una causa que consideraron justa, que yacen en todo el mundo y de los que dejó testimonio el poeta Bernardo López García en su Oda al Dos de Mayo: 'Doquiera la mente mía / sus alas rápidas
lleva, / allí un sepulcro se eleva/contando tu valentía. / Desde la cumbre bravia/que el sol indio tornasola, / hasta el Africa, que inmola/sus hijos en torpe guerra, / ¡no hay un puñado de tierra/sin una tumba española//'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar un catálogo completo de los diferentes cementerios o lugares de enterramiento en los que reposen los restos de combatientes españoles, con la identificación más detallada posible de los mismos.
2. Dotar de los recursos necesarios al Ministerio de Defensa para que, a través de la red de Agregadurías de Defensa en las diferentes Embajadas de España en el mundo, se dispense la atención necesaria para el mantenimiento y la
conservación de las tumbas o lugares en tierra o mar donde yacen los restos de dichos combatientes, así como la identificación de los mismos.
3. Llevar a cabo acciones de homenaje a los combatientes fallecidos, situando en sus lugares de enterramiento placas conmemorativas y guías que expliquen lo que hicieron y la causa de su muerte, impulsando a tal efecto la firma de convenios
de colaboración o tratados internacionales con los países en los que se encuentren estas instalaciones.
4. Incluir la facultad de ejercer las funciones anteriormente referidas entre las competencias atribuidas a la Secretaría General de Política de Defensa ('Segenpol')'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
29 Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base Discontinua 'Tte. Flomesta' de Melilla (2a SUIGESUR) sobre exhumación y traslado de restos mortales de los cementerios de la Isla de Alhucemas y Peñón de Vélez de la Gomera. Boletín Oficial
del Estado núm. 163, de 9 de julio de 2021, páginas 43323 a 43326. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php7kUBOE-B-2021-32692
30 CANCIO, Fernando: 'El Ejército exhumará los restos mortales que hay en los cementerios de los peñones', La Razón, 09.07.21. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/espana/20210709/y7kz33kqi5cwfizfrmr4g2v4wa.html
161/001157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras en la enseñanza militar,
para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La enseñanza militar constituye un pilar esencial para garantizar la eficiencia y capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas. La Ley de la Carrera Militar proclama que su finalidad es proporcionar a los miembros de las Fuerzas Armadas
la formación necesaria para el ejercicio profesional en los distintos cuerpos, escalas y especialidades. Esta formación incluye desde la enseñanza inicial hasta el perfeccionamiento y los altos estudios de defensa nacional, asegurando una
capacitación integral y específica que permite a los militares desempeñar sus funciones de manera efectiva y actualizada.
Sin embargo, el informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM) de 2022 revela varios aspectos que requieren mejoras para optimizar la calidad de la enseñanza militar. Entre los principales desafíos se encuentra la necesidad de
incrementar el número de personal docente y administrativo en los Centros Docentes Militares (CDM), mejorar las instalaciones de vida y alojamiento de los alumnos, y promover la transformación digital de estos centros. Además, se han identificado
áreas de mejora en la organización de los planes de estudio y en la gestión de los recursos materiales y humanos.
Un problema acuciante es la alta tasa de bajas durante los cursos de formación. En el año académico 2021/2022, el número de bajas se duplicó en comparación con el curso anterior, alcanzando un total de 120. Las razones incluyen la falta de
vocación, la no superación del plan de estudios, insuficiencia de condiciones psicofísicas y la búsqueda de otras expectativas profesionales. Este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas que aumenten la motivación y
retención de los alumnos, asegurando que aquellos que ingresan a las academias militares puedan completar su formación y servir eficazmente en las Fuerzas Armadas.
El proceso de evaluación externa también ha señalado la necesidad de una mayor sistematización y racionalización de los procedimientos administrativos, destacando la importancia de contar con una herramienta de gestión de la enseñanza
eficiente. Además, se subraya la necesidad de fortalecer la formación continua del profesorado y del personal de administración y servicios para garantizar la mejor calidad educativa posible.
Para abordar estos desafíos, es crucial adoptar medidas específicas que respondan a las necesidades identificadas. Estas incluyen la dotación de más profesores y personal de apoyo, la modernización y mejora de las instalaciones de vida y
estudio, la digitalización de procesos administrativos y académicos, y el establecimiento de programas de formación continua para el personal docente y administrativo.
Por tanto, resulta imperativo que el Gobierno tome medidas inmediatas para mejorar la enseñanza militar, asegurando que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con el personal mejor formado y preparado para enfrentar cualquier contingencia. La
implementación de estas mejoras no solo optimizará la calidad de la formación militar, sino que también contribuirá a mantener la alta eficiencia y operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, garantizando la seguridad y defensa de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar a los Centros Docentes Militares de un mayor número de profesores y personal de administración y servicios, mediante la creación de nuevas plazas y la asignación de recursos adecuados.
2. Implementar un plan de mejora y modernización de las instalaciones de vida y alojamiento de los alumnos, asegurando condiciones óptimas de habitabilidad y estudio.
3. Promover la digitalización de los procesos administrativos y académicos en los Centros Docentes Militares, mediante la implantación de herramientas de gestión de la enseñanza y la formación en competencias digitales para el personal
docente y administrativo.
4. Establecer un programa de formación continua para el profesorado y el personal de administración y servicios, que incluya la identificación de necesidades formativas y la actualización de conocimientos.
5. Institucionalizar mecanismos de evaluación continua y seguimiento de los planes de estudio y del rendimiento académico, para introducir mejoras basadas en el análisis de los resultados y en las encuestas de satisfacción de alumnos y
mandos.
6. Desarrollar programas y acciones orientados a incrementar la motivación y la retención de los alumnos en las academias militares, abordando las causas de las bajas y ofreciendo orientación profesional y apoyo psicopedagógico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2024.-Carlos Rojas García y Pablo Pérez Coronado, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus
respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para acometer un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
1. El déficit público
Desde la instauración del estado de las autonomías han proliferado nuevos impuestos y tributos para poder financiar la macroestructura de las administraciones central y territoriales. Sin embargo, los ciudadanos no perciben mejoras en los
servicios a pesar del incremento de los impuestos 31.
El déficit público ha sido la regla presupuestaria seguida por todos los gobiernos. El sector público español ha carecido de pruebas de eficiencia y de una asignación adecuada de recursos que se ajusten a la racionalidad económica y al
control presupuestario 32. A pesar de la Reforma de la Constitución Española en 2011 y su desarrollo en la Ley Orgánica 2/2012, que establecían límites al déficit y niveles de deuda de las administraciones públicas, España aún arrastra un déficit
público persistente que supera el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB) 33.
31 https://www.lavanguardia.com/economia/20230907/9212121/encuesta-cis-pagar-impuestos.html
32 Así lo hacen constar los sucesivos informes de fiscalización y las declaraciones de la Cuenta General del Tribunal de Cuentas del Reino.
33 A excepción del año 2018, que fue del 2,6 %, saliendo del procedimiento de déficit excesivo.
Este panorama ha llevado a niveles de deuda pública que rozan la insostenibilidad 34. Desde 1995, el nivel de deuda de las administraciones públicas se ha multiplicado por 5,3, mientras que el PIB nominal ha crecido solo 2,2 veces 35.
Este desequilibrio entre el aumento de la deuda y el ritmo de crecimiento económico refleja la ineficacia de gran parte del gasto público.
La carga de los intereses de la deuda en los presupuestos públicos es alarmante. En el año 2022 ascendió a 31.809 millones de euros, en el 2023 a 35.967 millones 36, y se espera un aumento de hasta los 38.000 millones en el año 2024 37.
Esta partida presupuestaria está absorbiendo una parte significativa de los fondos que deberían destinarse a proteger a los españoles o a reducir la carga impositiva.
2. Elevada presión fiscal y gasto político ineficaz
A pesar del incremento del 56 % en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el periodo 2017-2023 38, sobre todo a expensas de las clases medias y populares, el Gobierno planea implementar más medidas de
aumento de impuestos. Esta situación fiscal, en la que el margen recaudatorio se está agotando, es un grave riesgo para afrontar nuevos impactos negativos sobre la economía española.
La realidad de esta vorágine fiscal tiene su esencia en el incontrolado despliegue de gasto ideológico y político que, además de improductivo, es pernicioso para los contribuyentes y para los sectores económicos.
España cuenta con una abultada estructura ministerial, llegando a los 22 departamentos de los que dependen 77 organismos autónomos y otras entidades que suponen un gasto de 55.373,82 millones de euros. Esta complejidad se incrementa con la
existencia de 35 entidades del sector público administrativo, 20 fondos públicos, 66 sociedades mercantiles públicas y entes empresariales, junto con 31 fundaciones públicas. Y todo esto sin considerar las diecisiete administraciones regionales
existentes, que siguen una configuración similar.
La Administración General de Estado, con la gestión de Pedro Sánchez ha reunido a más de 1.000 asesores eventuales y a más de 330 altos cargos, convirtiéndola en la más cara de la historia con un gasto cercano a los 160 millones de euros
solamente en el año 2022. Una administración que destina 189 millones de euros anuales al alquiler de oficinas de terceros, a pesar de es uno de los mayores tenedores de inmuebles en España. Además, gasta 84 millones de euros anuales en concepto
de publicidad y propaganda 39, sin olvidar los 440 millones de euros del Acuerdo Marco para la Difusión de Campañas de Publicidad Institucional 40 .
El Gobierno ha capitalizado el gasto público para promover su agenda ideológica, liberando cuantiosos fondos para aquellos sectores que respalden su ideología, sin necesariamente responder a una demanda social o a las reales necesidades de
los españoles. Esta estrategia ha generado una importante fuente de ingresos para sectores
34 https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-espana/la-deuda-de-las-admdeuda-aapp.html
35 Si atendemos al crecimiento del PIB nominal por habitante (per cápita), tan solo se ha multiplicado por 1,58. (Datos de PIB nominal acumulado de cuatro trimestres: comparación del dato acumulado hasta el primer trimestre de 2024 con el
dato acumulado de 1995).
36 Página 154. https://www.airef.es/wp-content/uploads/2024/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe-Presupuestos-Iniciales-2024.pdf
37 Plan Presupuestario 2024. Ministerio de Hacienda y Función Pública, https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2024/Plan-Presupuestario-2024-ES.pdf
38 2017: 77.038 millones de euros. 2023:120.280 millones de euros. Fuente AEAT. 2023:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2023/IMR_23_12_es_es.pdf?2017:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2017/IMR_17_12_es_es.pdf
39 Información de secciones, organismos autónomos y resto de entidades, recogida en la ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado y en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
40 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2023/refc20230529.aspx#publicidad
y medios de comunicación, empresas y supuestas ONG a través de subvenciones y de la contratación pública. Para ello, uno de los principales instrumentos del Gobierno ha sido el Ministerio de Igualdad, dotado de media con 550 millones de
euros anuales con resultados nefastos para la sociedad.
Con el propósito de agradar a países extranjeros y cosechar un granero de votos, el Gobierno destina 750 millones de euros a acciones en favor de los inmigrantes y 150 millones de euros anuales para acogimiento de menores extranjeros no
acompañados. Estos recursos podrían haber sido empleados para fortalecer la protección de nuestras fronteras y para potenciar nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, demandas prioritarias para los españoles.
Mientras el Gobierno rechaza el trámite de la proposición de Ley de ayuda de afectados por la esclerosis lateral amiotrófica, argumentando un coste de 38 millones, concede subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos de 147
millones de euros, a los que se deberían sumar los millones de euros que obtienen estas organizaciones de las diecisiete administraciones regionales. Esta política ha permitido mantener un silencio generalizado frente a la precariedad laboral, la
mayor tasa de paro de la Unión Europea, y la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia.
Asimismo, el Gobierno destina en concepto de 'derechos de los animales' 7,48 millones de euros, en la llamada 'memoria democrática' 13,95 millones de euros, en hacer publicidad de la Agenda 2030, al menos, 24,98 millones de euros, en
'Proyectos piloto de innovación en servicios sociales' destina 43,77 millones de euros, y ha creado nuevos programas de gasto denominados 'Proyectos de experimentación social' en el ámbito infantil.
3. Conclusión
En un momento en el que los españoles se enfrentan a una presión fiscal insostenible para familias y empresas, es fundamental abordar con urgencia el desequilibrio existente entre la excesiva recaudación de recursos públicos y su ineficiente
gestión por parte del gobierno. Este desequilibrio ha llevado a una situación donde los impuestos asfixian a la población y a las empresas, y los fondos se desvían hacia propósitos no fundamentales, tales como la propagación de una agenda
ideológica, el adoctrinamiento, la financiación de organismos redundantes e ineficientes, así como un gasto exorbitante en sindicatos de clase y patronales que no representan los verdaderos intereses de los ciudadanos.
Resulta evidente que el actual sistema político-administrativo adolece de graves deficiencias en la gestión de los recursos públicos, lo cual se refleja en la falta de eficacia, transparencia y en la ausencia de resultados tangibles que
impacten positivamente en la vida de los españoles.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar y ejecutar un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado a través de auditoría integral de todas las partidas.
2. Eliminar todos los gastos que pueden ser reemplazados por los propios recursos de la administración pública, como son los alquileres de oficinas.
3. Suprimir el gasto político e ideológico destinado a la propaganda y el adoctrinamiento.
4. Impulsar el cierre de los ministerios, secretarias de Estado y direcciones generales que hayan demostrado su ineficacia para proteger los intereses nacionales, como los Ministerios de Igualdad o Memoria Democrática.
5. Auditar y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
6. Impulsar la optimización de la estructura de los organismos que presenten ineficiencias y duplicidades entre las administraciones.
7. Reorientar la política económica hacia las necesidades reales de los españoles, ya sean por el lado de la reasignación de gastos, como por el lado de la reducción de las cargas tributarias que soportan.
8. Eliminar las subvenciones que reciben asociaciones empresariales y sindicatos, de tal forma que se financien con las aportaciones de sus propios afiliados y respondan de forma fehaciente a las demandas de ellos mismo, sin interferencias
políticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Pedro Fernández Hernández, Diputados.-María José
Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción del tipo de
gravamen en el primer tramo de la base liquidable del ahorro, para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
En los últimos años, las familias españolas han sufrido una importante pérdida de su poder adquisitivo debido a las nefastas políticas en materia económica y tributaria llevadas a cabo por el Gobierno. Según Eurostat, el Producto Interior
Bruto (PIB) per cápita del primer trimestre del año 2024 ha sido un 3,8 % inferior al registrado en el último trimestre de 2019 41. Además, si se ajusta el PIB en términos de capacidad de poder adquisitivo, se observa que en el año 2023 ha caído un
2,2 % respecto a 2019 42. De hecho, este se sitúa 11 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea 43. Otro de los resultados es el de registrar la mayor tasa de paro de Europa y la segunda mayor tasa de población en riesgo de
pobreza de Europa 44, aumentando en el año 2023 con respecto a 2019 45.
Entre otros motivos, la inflación y el haber aumentado sesenta y nueve veces los impuestos 46 han conducido a la pérdida de capacidad adquisitiva de los españoles. Por un lado, el índice de precios de consumo ha aumentado un 18,3 % en los
últimos años 47, siendo la inflación de alimentos del 35,3 %. Esto significa que en el año 2019 un español
41 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/namq_10_pc__custom_11726202/default/table?lang=en
42 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en&category=t_prc.t_prc_ppp
43 Ibidem.
44 https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/visualisations
45 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm
46 6https://gaceta.es/economia/sanchez-ha-subido-69-veces-los-impuestos-cada-familia-paga-hoy-3-890-euros-mas-que-en-2018-20240403-1321/
47 https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=5&anyoini=2019&idmesfin=5&anyofin=2024&ntipo=1&enviar=CalcuIar https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=5&anyoini=2019&idmesfin=5&anyofin=2024&ntipo=4&enviar=Calcular
podía hacer la compra con 50 euros y, sin embargo, hoy necesitaría más de 67 euros para realizar la misma compra.
Por otro lado, la recaudación tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha aumentado un 38,42 % en el periodo 2019-2023 48. En efecto, el ahorro de los españoles también ha sufrido de forma acusada en estos
últimos años por el efecto de la inflación y del aumento de los tributos que soportan.
En concreto, desde el año 2010 se ha producido una importante escalada recaudatoria por la vía de la base del ahorro del IRPF. Los españoles han pasado de tributar el 18 % por las rentas imputadas a dicha base, a soportar cinco tramos que
van desde el 19 % al 28 % 49.
La base imponible del ahorro -señala el artículo 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre- está compuesta por el saldo positivo de los rendimientos de capital mobiliario que la integran y las 'ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan
de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales'.
La base liquidable del ahorro es, pues, 'el resultado de disminuir la base imponible del ahorro en el remanente, si lo hubiera [de las reducciones previstas], sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal disminución' (art. 50,
ibidem).
Al presente, el tipo de gravamen de la base liquidable del ahorro consolidada en el primer tramo, hasta los 6000 , es de un 19 %. Esto implica que las familias con pequeños ahorros deberán tributar por pequeñas ganancias, que a su vez se
han visto mermadas por la inflación.
Efectivamente, el incremento de los impuestos ha provocado que, aunque algunas inversiones hayan logrado igualar la alta inflación de los últimos años, los ahorros familiares se hayan reducido debido al impacto impositivo, afectando
especialmente a las familias de ingresos medios y bajos, ya que:
- tienen menor capacidad para absorber las cargas fiscales adicionales debido a sus limitados ingresos disponibles 50,
- los impuestos más altos reducen aún más su capacidad para ahorrar e invertir, afectando su estabilidad financiera a largo plazo 51,
- y menor acceso a estrategias de inversión en comparación con familias de rentas o patrimonio elevado 52.
En este sentido se ha pronunciado recientemente la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en su informe Building More Effective and Attractive Capital Markets in the EU 53. En esta publicación se describe cómo 'las condiciones
fiscales influyen en las decisiones de los inversores', y recoge algunas recomendaciones como que los países miembros de la Unión Europea 'deberían considerar como la política fiscal nacional puede incentivar mejor a los inversores minoristas a
participar y beneficiarse de los mercados de capitales' 54.
Como ejemplo de la mella que la inflación ha hecho sobre los pequeños ahorradores españoles, (con una inflación acumulada del 52,8 % 55 en los últimos 20 años), 1.000 del año 2004 tienen hoy un valor real de 654 .
48 Periodo 2019-2023.?https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudación_tributaria/2023/IMR_23_12_es_es.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2019/IMR_19_12_es_es.pdf
49 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764&b=93&tn=1&p=20221224#a66
50 https://www.fraserinstitute.org/article/federal-tax-changes-increase-burden-on-lower-income-families
51 https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/blog/quien-paga--realmente--los-impuestos-.html
52 https://www.bde.es/f/webbe/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economía/Arc/Fic/IIPP-2024-05-14-gavilan-es-or.pdf
53 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ESMA24-450544452-2130_Position_paper_Building_more_effective_and_attractive_capital_markets_in_the_EU.pdf
54 Cfr. Ibid. Pág. 8. Traducción propia.
55 https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=5&anyoini=2004&idmesfin=5&anyofin=2024&ntipo=1&enviar=Calcular
Está situación ha empeorado especialmente en los últimos años, concretamente desde 2019. Para poder paliar el efecto de la inflación necesitaríamos tener 1.183 euros a día de hoy para mantener el valor real de los 1.000 euros del 2019.
Esto reduce aún más la capacidad de ahorro de los hogares con rentas bajas.
Aunque en España existan productos de ahorro a largo plazo con beneficios fiscales para los ahorradores, estos instrumentos generan una obligación de pago tributario cuando son rescatados. Como ejemplos:
- Los planes de pensiones 56 y los planes de previsión asegurados (PPA) 57 deberán tributar como rendimientos del trabajo una vez son rescatados.
- En el caso de los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), los rendimientos generados por el plan están exentos de tributación si el capital se recibe en forma de renta vitalicia y se cumple con ciertos requisitos (mantener el
plan al menos 5 años y que el titular tenga al menos 65 años) 58.
- Con los seguros de vida-ahorro 59 o las cuentas de ahorro a largo plazo (CIALP) 60 sucede algo similar con los PIAS, con la especificidad de que con los primeros se debe reinvertir en otro seguro de vida para que no tribute como
rendimiento de capital mobiliario y, con los segundos, que las aportaciones anuales no excedan los 5.000 euros, tributando el resto como capital mobiliario.
En cualquiera de los casos anteriores, se trata de productos de inversión a largo plazo cuyo rescate supone una penalización fiscal muy alta para ser soportada por las rentas medias y bajas. Esto pone en un lugar muy difícil a las familias
que, por contingencias no previstas, necesitan rescatar estos productos de ahorro para hacer frente a sus emergencias. No existen productos de ahorro e inversión que permitan deducciones en rendimientos en el corto plazo.
La pérdida de poder adquisitivo, el impacto negativo de la inflación, la necesidad de incentivar el ahorro privado y que éste no pierda valor, son razones contundentes para considerar la exención de los primeros 6.000 euros de rendimientos
del ahorro en el IRPF. Esta medida aliviaría la carga fiscal sobre las familias españolas, fomentaría el ahorro y contribuiría a una mayor estabilidad financiera a largo plazo.
56 https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/planes-de-pensiones/tributacion-planes-pensiones.html
57 https://www.mapfre.es/ahorro-inversion/planes-de-pensiones/articulos/ventajas-ficales-planes-prevision-asegurados-ppa/
58 https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/casilla-renta-pias
59 https://www.caser.es/seguros-ahorro-inversion/preguntas-frecuentes/como-tributa-un-seguro-de-ahorro
60 https://www.bancsabadell.com/bsnacional/es/particulares/ahorro/cuenta-ahorro-5-cialp/#:~:text=La%20Cuenta%20Ahorro%205 %2C%20CIALP,o%20para%20cuando%20lo%20necesites.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios normativos oportunos para que el primer tramo de la base liquidable del ahorro tribute al 0 % en lugar del 19 % actual, con el fin de proteger el ahorro de las clases
medias y populares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/001105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de una
nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Región de Murcia), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La actual comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla (Murcia) radica en un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Yecla, sito en la calle San Ramón, 34, c/v a calle Rambla, cedido en uso en julio de 1982.
El edificio que consta de sótano y dos plantas, con una superficie total de 840 m2, no reúne en la actualidad las condiciones idóneas para la prestación del servicio público por su reducido espacio, antigüedad, estado de conservación, e
Inadecuación estructural.
Con el fin de llevar a cabo la construcción de un edificio de nueva planta para albergar la futura comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla, la Secretaría de Estado de Seguridad solicitó al Ayuntamiento de la localidad la
cesión de un solar adecuado para dicha finalidad, para su afectación al Ministerio del Interior -Dirección General de la Policía-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109.2, 110 y 111 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
El Ayuntamiento de Yecla, en sesión celebrada el 4 de julio de 2016, acordó ceder gratuitamente a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior, ese inmueble de propiedad municipal, calificado como bien patrimonial, libre de cargas y gravámenes, para ser destinado a la construcción, por la Administración General del Estado, de una nueva sede para la comisaría
local del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla.
El Ayuntamiento de Yecla también se comprometió a la redacción del proyecto de construcción por parte de los técnicos municipales con la supervisión de los técnicos del Ministerio. Y así se envió en fecha 23 de diciembre de 2019 al
Ministerio el proyecto redactado por los técnicos municipales con la supervisión de los técnicos del Ministerio.
Asimismo, se acordó condicionar la cesión del inmueble al cumplimiento, en el plazo máximo de cinco años, de la finalidad para la que se otorga la cesión, debiendo mantenerse el destino, como mínimo, durante los treinta años siguientes. La
infracción de ambos condicionamientos dará lugar a la reversión automática del inmueble cedido al patrimonio de esta Corporación, con todas sus pertenencias y accesorios.
Ante la inactividad del Gobierno, durante la pasada legislatura, el Grupo Popular presentó varias iniciativas reclamando el inicio de las obras de la Nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Yecla. Finalmente, las obras se
iniciaron seis años después de la cesión del inmueble, hace dos años, en julio de 2022. Pero las obras se encuentran paralizadas desde hace trece meses.
En noviembre de 2023, el Gobierno contestó a preguntas de Diputados del Grupo Popular que las obras se reiniciarían en el primer trimestre de 2024, estimándose la finalización de las mismas para finales de 2024.
A fecha del día de hoy, las obras no solamente se encuentran paralizadas, sino que la adjudicataria ha retirado elementos de la obra y ha desmontado la grúa y, según parece, ha renunciado al contrato de ejecución de las obras. Todo ello
está ocurriendo sin que el Gobierno haya ofrecido explicaciones al Ayuntamiento de lo que está aconteciendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todos los trámites necesarios para que, en el tiempo más breve posible, se finalice la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva comisaría local del Cuerpo Nacional de
Policía en Yecla, actuando con la máxima transparencia y con lealtad institucional con el Ayuntamiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Sofía Acedo Reyes, Beatriz Álvarez Fanjul, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de las
Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, Fernando Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Samuel Martín García,
María Jesús Moro Almaraz, Juan Antonio Rojas Manrique, José Enrique Núñez Guijarro, Violante Tomás Olivares, Mirian Guardiola Salmerón y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Blanca Armario González, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la prevención de las agresiones sexuales durante el periodo estival, para su discusión en la
Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Crecen los delitos contra la libertad sexual en España
En los últimos tiempos, España está sufriendo un significativo aumento de la criminalidad. Así se deduce de los balances de criminalidad de los últimos años: si en 2013 se registraron 2.172.133 infracciones penales 61, en 2023 fueron
2.459.659, un 13,2 % más 62. En lo que llevamos de 2024, la criminalidad ha aumentado un 3,2 % 63. Asimismo, crece la
61 https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2013/balance_2013_criminalidad.pdf
62 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Cuarto-Trimestre-2023.pdf
63 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/Balance-de-Criminalidad-Primer-Trimestre-2024.pdf
sensación de inseguridad entre los españoles: si en 2017 únicamente un 8,7 % manifestaban haber tenido algún problema de seguridad en su entorno, en 2020, último año con datos oficiales, tal porcentaje aumentó hasta el 14,1 % 64.
Este incremento de la criminalidad se da en todos los órdenes, si bien es especialmente llamativo en aquellos relacionados con la libertad sexual, en los que las mujeres son la inmensa mayoría de las víctimas: solo entre 2022 y 2023, estos
delitos experimentaron un aumento del 15,1 % 65.
Estos datos son ratificados por la última edición del Informe sobre Delitos contra la Libertad Sexual, correspondiente a 2022, publicado por el Ministerio del Interior: entre 2016 y 2022 han crecido un 75,3 % los delitos sexuales
registrados 66. Las agresiones y abusos sexuales con penetración, dos subtipos penales englobados dentro de los delitos contra la libertad sexual (el último de los cuales fue suprimido por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía
integral de la libertad sexual), también han crecido significativamente: nada menos que un 138,1 % entre 2016 y 2022 67.
Este mismo informe señala que hasta el 36 % de los detenidos por esta clase de delitos son inmigrantes, y que la cifra se eleva al 44 % en detenidos con edad de 18 a 30 años. Coincide que donde más delitos sexuales se registran son las
provincias con mayor población inmigrante: Madrid, con 2.663 delitos registrados (14,03 % de población inmigrante); Barcelona, con 2.654 (15,39 %); Valencia, con 1.132 (11,64 %); Alicante, con 991 (20,29 %); y Baleares, con 915 (18,84 %) 68.
Asimismo, los casos de agresiones sexuales, con o sin penetración, cometidos por dos o más responsables también han crecido: sin penetración han pasado de 268 en 2017 a 414 en 2022 (+54,6 %) 69 y con penetración (las popularmente conocidas
como 'violaciones en manada') de 116 en 2017 a 218 en 2022 (+ 87,9 %) 70. El Gobierno no ofrece datos sobre la nacionalidad de estos agresores.
Por regiones, en tan solo los tres primeros meses de 2024, se han producido en Canarias, por ejemplo, 275 delitos contra la libertad sexual, un 9,1 % más que el mismo periodo del año anterior 71. De éstos, destaca el incremento de las
agresiones sexuales con penetración, que han aumentado un 14,9 % 72. Solo en la provincia de Las Palmas, el aumento de estas agresiones sexuales entre enero y marzo de 2024 respecto de los mismos meses del año anterior asciende hasta el 42,3 % 73.
Este tipo de delitos han aumentado tan significativamente en los últimos años que la Fiscalía General del Estado tuvo que dar la voz de alarma sobre ello en su última Memoria anual: 'En 2022 las agresiones sexuales incoadas ascendieron a
974, lo que supone un notabilísimo y preocupante ascenso del + 45,80 % respecto del 2021 en que se registraron 688 causas. Esa tónica ascendente viene evidenciándose desde el 2017 en que hubo 451 causas, 648 en el 2018, 564 en el 2019 y 544 en el
2020. Resulta alarmante que la cifra de incoaciones por este tipo penal se haya incrementado en un + 116 % desde el 2017' 74.
64 https://theobjective.com/espana/2024-01-23/delincuencia-seguridad-espana/
65 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Cuarto-Trimestre-2023.pdf
66
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-delitos-contra-la-libertad-e-indemnidad-sexual-en-Espana/Informe_delitos_contra_l
ibertad_sexu al_2022_126210034.pdf
67 Ibid.
68 Datos de población inmigrante sacados del INE: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu004.px
69
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-delitos-contra-la-libertad-e-indemnidad-sexual-en-Espana/Informe_delitos_contra_l
ibertad_sexu al_2022_126210034.pdf, pág. 48.
70 Ibid.
71 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/Balance-de-Criminalidad-Primer-Trimestre-2024.pdf
72 Ibid.
73 Ibid.
74 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2023/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/MEMFIS23.pdf
Paralelamente, en los últimos años observamos cómo llegan a España prácticas ajenas a nuestras costumbres, como consecuencia de la llegada de población inmigrante de culturas radicalmente distintas a la nuestra en las que las mujeres son las
grandes damnificadas: la mutilación genital femenina 75 y los matrimonios forzosos, los cuales han aumentado un 60 % en España desde 2015 y, en lugares como Cataluña, una de las regiones con mayor cantidad de población extranjera, se han duplicado
desde 2017 76.
Por último, los casos de violencia contra la mujer cometidos por extranjeros han aumentado considerablemente en los últimos años: mientras en 2008 eran un 36,8 %, un número ya elevadísimo si se tiene en cuenta el porcentaje de población
extranjera en España por aquel entonces (11,3 % 77), en lo que llevamos de 2024 es ya del 47,4 % 78. O, dicho de otro modo: el 13,4 % de la población en España ha cometido casi el 50 % de los casos de violencia contra la mujer registrados en
nuestro país en lo que llevamos de año.
Segundo. La necesidad de incrementar la protección policial a las mujeres durante el periodo estival
La realidad es que, en los delitos contra la libertad sexual como las agresiones sexuales, sean o no con penetración, la mayoría de las víctimas son mujeres. Este fenómeno se confirma con los datos que proporciona el citado último Informe
sobre Delitos contra la Libertad Sexual, de 2022, en el que se afirma que entre 2016 y 2022 hay una tendencia consistente en la mayor ocurrencia de los delitos contra la libertad sexual entre los meses de mayo y octubre 79.
A mayor abundamiento, a esta probabilidad de sufrir una agresión sexual ha contribuido notablemente el Gobierno mediante la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida
como 'Ley del solo sí es sí' o 'Ley Montero': los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder
75 https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/crece-en-espana-el-numero-de-ninas-con-posible-riesgo-de-mutilacion-genital-femenina-1345830290069.html?detid=1345876611370#:~:text=Seg%C3
%BAn%20los%20datos%20del%20Mapa,provienen%20principalmente%20de%20Senegal%2C%20Nigeria%2C
76 https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2022/01/07/61cae9d7fdddfffeab8b45a7.html
77 https://www.ine.es/prensa/np503.pdf
78 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/VMortales_2024_07_01_v3.pdf
79
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-delitos-contra-la-libertad-e-indemnidad-sexual-en-Espana/Informe_delitos_contra_l
ibertad_sexu al_2022_126210034.pdf, pág. 52.
Judicial señalan que se han producido como consecuencia de la aplicación de esta norma 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones 80 de delincuentes sexuales.
Tercero. Conclusión
Para el Grupo Parlamentario VOX constituye una prioridad la seguridad de todos los españoles, y muy especialmente de las mujeres, ante el incremento de los delitos de naturaleza sexual.
Dado que las estadísticas muestran que entre los meses de mayo y octubre los delitos de naturaleza sexual experimentan un incremento respecto del resto de meses del año, resulta imprescindible reforzar la protección policial en aquellos
lugares donde, atendiendo a las particularidades de esta época del año, aumenta la posibilidad de sufrir una agresión sexual: festivales veraniegos, fiestas del pueblo, playas, zonas de ocio nocturno ...
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad y protección de los españoles, reforzando dicha seguridad entre los meses de mayo y octubre, por ser este tiempo en el que se incrementan sustancialmente las denuncias
por delitos contra la libertad sexual.
2. Fortalecer la presencia policial en aquellos lugares donde las probabilidades de sufrir una agresión sexual son mayores de acuerdo con los informes y valoraciones policiales.
3. Dotar de suficientes recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger a los españoles durante el periodo estival.
4. Aumentar las penas para los delitos contra la libertad sexual.
5. Poner en marcha un estudio de las causas del incremento significativo de las agresiones sexuales, especialmente las cometidas por dos o más responsables, para delinear los perfiles de los victimarios con el fin de prevenir y combatir
este fenómeno eficazmente.
6. Rebajar la edad penal y acometer una revisión de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores para que se agraven las consecuencias penales a aquellos menores que cometen delitos contra la libertad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2024.-Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno garantice la
seguridad en las zonas rurales como derecho social básico y paralice el plan de desmantelamiento de la Guardia Civil en el rural español, para su debate en la Comisión de Interior.
80 https://www.poderjudicial.es/cgpi/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Los-tribunales-han-acordado-1-233-reducciones-de-pena-en-aplicacion-de-la-Ley-Organica-10-2022
Exposición de motivos
El día 13 de mayo de 1844, por Real Decreto de S.M La Reina Isabel II, fundó la Guardia Civil. En sus 180 años de historia han sido innumerables y extraordinarios los servicios prestados a nuestra sociedad.
No en vano, gracias a la entrega de los guardias civiles, mediante Real Decreto de 4 de octubre de 1929, se concedió a la institución de la Guardia Civil, la Gran Cruz de la Beneficencia, consolidando el título de Benemérita, que desde su
fundación se había ganado gracias a sus numerosos servicios de auxilio y ayuda a la población en toda clase de catástrofes y desgracias.
Desde su creación, sus hombres y, desde hace más de treinta años, sus mujeres, han sido garantes de la seguridad pública, protegiendo los caminos y carreteras, pueblos y ciudades de España, permitiendo que los ciudadanos podamos ejercer
nuestros derechos y libertades con paz y seguridad.
Es por ello necesario reconocer desde las instituciones la gran labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el territorio nacional, exigiendo para los agentes de la Benemérita las dotaciones y los medios que
garanticen la eficacia de su labor.
La institución de la Guardia Civil y sus agentes son depositarios de valores que quizás, actualmente, podemos pensar que están en retroceso e incluso en desuso, sin embargo, con su trabajo diario, los guardias civiles promueven una serie de
principios y convicciones fundamentales para nuestra sociedad; el honor, su principal divisa, que preservan como el mayor tesoro de su profesionalidad, porque una vez perdido, no se recupera jamás; la lealtad, la disciplina, la entrega y el
sacrificio, poniendo en riesgo y entregando su vida por los demás, como han demostrado en miles de ocasiones a lo largo de su historia.
Este conjunto de valores ha hecho de la Guardia Civil la institución más valorada por los españoles, además de un cuerpo policial eficaz y de referencia en todos los órdenes a nivel internacional.
Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales que como ciudadanos de un Estado democrático y de Derecho nos corresponden.
La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en armonía y colaboración con otros cuerpos
policiales y también del resto de Unidades de la Guardia Civil de España.
El Gobierno debe defender la labor y la presencia de la Guardia Civil, pues constituye uno de los cuerpos policiales más preparados y modernos del mundo. Además, cumple con honor la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades, y son los garantes de la seguridad en nuestras calles, carreteras, caminos, pueblos. Por todas estas razones, es imprescindible apoyar su permanencia en todos los pueblos y regiones de España y, especialmente, en la España rural, pues
su conocimiento del terreno y de la sociedad de la que forman parte es el mejor exponente para garantizar la seguridad en estas zonas despobladas.
La seguridad en el ámbito rural español viene condicionada por las características propias de dicho entorno, y de manera muy particular, por su elevada extensión territorial y una decreciente densidad poblacional, así como por la limitación
de infraestructuras, una estructura municipal diseminada y con escasa presencia de los cuerpos de policía local.
El Marco normativo actual configura un sistema de seguridad en el medio rural que recae, principalmente en La Guardia civil, cuerpo policial, que desarrolla sus funciones en el 83,1 % de los municipios españoles, donde reside el 35 % de la
población a través de los casi 2000 puestos o cuarteles. Este amplio despliegue territorial convierte a la Guardia Civil en un elemento de referencia y vertebrador de la presencia y respuesta del Estado en el ámbito rural, facilitando una relación
estrecha y directa con los ciudadanos con los ayuntamientos y con el tejido asociativo existente en dicho medio. Por todo ello la potenciación de ia seguridad ciudadana como servicio público esencial para crear las
condiciones favorables que favorezcan el desarrollo económico social, y por tanto demográfico del entorno rural, es un objetivo prioritario y de primer orden que requiere reforzar y actualizar el despliegue territorial de la Guardia Civil,
de tal forma que le permita continuar prestando un servicio de seguridad pública de calidad adaptado al contexto actual del medio rural y fundamentado en un contacto cercano con la ciudadanía que garantice el pulso de la realidad social y por tanto
se capaz de asegurar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades de la población en nuestros pueblos la seguridad es un derecho social básico.
El Ministerio del Interior prepara un nuevo marco normativo para realizar un repliegue táctico, desde los puestos de seguridad ciudadana, desplegados por toda España, hacia los puestos principales situados en localidades más grandes y con
más personal que serán las cabeceras de las nuevas estructuras territoriales. El personal que pasará a prestar servicio en el núcleo operativo hará que los puestos pequeños se queden sin competencias en los municipios a los que deberían atender.
Los núcleos operativos constituidos por varios puestos, bajo liderazgo del puesto más grande de la zona, tomarán el relevo y organizarán el servicio del personal de los puestos más modestos, incluidos sus mandos que deberán hacerse cargo de
las nuevas funciones que se le asignen en los núcleos operativos. La creación de nuevas estructuras territoriales solapándolas con las existentes sin dotarlas de nueva plantilla es un parche que oculta el repliegue en los municipios. Es evidente
que estas medidas del Ministerio del Interior empeorarán la situación de la seguridad pública en las áreas con menos de densidad de población. Este contexto, parece evidente que el Gobierno sacrifica el derecho a la seguridad de las pequeñas
localidades, ya que la propia norma reconoce que apenas contarán con una patrulla por núcleo operativo y con una oficina de atención al ciudadano que podrá ser móvil.
Hasta 585 puestos de la guardia civil en áreas de baja población, podrían desaparecer en un futuro cercano en caso de que se apruebe la nueva estructura territorial de la Guardia Civil. En estas áreas está desplegado el 10 % de los
efectivos de la Guardia Civil, unos 8.000 agentes aproximadamente, sin embargo, harían falta muchos más para cubrir adecuadamente todo este territorio.
Las nuevas tecnologías y una cultura del trabajo más flexible y menos presencialista son a su vez un excelente aliado para que muchos españoles puedan seguir residiendo en sus ciudades o pueblos e incluso, si lo desean, puedan volver a
ellos, como hemos podido ver desde la pandemia del COVID.
Con la mirada puesta en este horizonte, el objetivo común de las administraciones públicas ha de ser ayudar al medio rural a potenciar su dinamismo, crear nuevas oportunidades y difundir las posibilidades que estos territorios ofrecen,
asegurando la seguridad necesaria y en igualdad de condiciones que para los entornos urbanos.
Junto a las grandes ciudades, es necesario trabajar para que las oportunidades lleguen también a aquellos lugares más apartados, a esos municipios más pequeños donde viven y quieren seguir viviendo muchos españoles. Pues, uno de los pilares
básicos en los que deben sustentarse las medidas para frenar la despoblación pasa por tener unos niveles de seguridad óptimos que garanticen la libertad de los ciudadanos, así como el establecimiento de infraestructuras y desarrollo empresarial.
Las Administraciones Locales están demandando más seguridad para sus pueblos y máxime cuando la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con Policía Local propia.
Desde el Gobierno de España se está produciendo un desmantelamiento progresivo de la seguridad en las zonas rurales. Según respuesta del Gobierno del mes de noviembre pasado, los Cuarteles de la Guardia Civil solo tendrán atención al
público presencial de las 9:00 a las 14:30 'fuera de ese horario la prestación del servicio se mantiene mediante internet, por vía telefónica o por la aplicación AlerCorps'. Esta situación es totalmente incomprensible en una provincia con
población mayor y con una gran dispersión poblacional.
Por otra parte, el Gobierno, a través de la Orden General 25/2023, de 28 de diciembre, sobre las Compañías y Puestos territoriales de la Guardia Civil, prevé el cierre de varios puestos auxiliares, unos hechos inexplicables que implican el
cierre de hasta 61 de estos puestos.
Además, el Gobierno de España ha aprobado recientemente la supresión de la unidad de Fronteras y Fiscal en varios puestos de la Guardia Civil, produciendo un agravio más a las zonas de baja densidad poblacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- Reforzar el despliegue territorial de la Guardia Civil para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población que habita en los entornos rurales, garantizando la seguridad como un derecho social básico.
- Apoyar y reconocer la labor que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todos los Cuarteles de la Guardia Civil desplegados por todo el territorio español, dotándola de más medios personales y materiales.
- Colaborar con los Ayuntamientos de las zonas rurales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
- Proceder a la atención presencial en todos los Cuarteles las 24 horas del día.
- Paralizar urgentemente el traslado de las Unidades de Fronteras y Fiscal que se han acordado por el Ministerio del Interior.
- No proceder al cierre de ningún puesto de la Guardia Civil.
- Reforzar de manera urgente los Puestos de la Guardia Civil en todas aquellas zonas que carecen de Policía Local.
- Ocupar las plazas totales que aparecen en el catálogo de puestos de trabajo que están libres en la actualidad en todas las provincias de la España rural.
- Elaborar un Plan de Incentivo Profesional y Económico para los agentes que quieran ocupar los puestos de baja demanda del medio rural.
- Utilizar urgentemente las vacantes del personal en reserva sin destino, para dotar de más agentes a los Cuarteles.
- Parar el desmantelamiento de las unidades de SEPRONA y cubrir las vacantes existentes.
- Aprobar en las próximas convocatorias de empleo público el número de plazas suficientes, hasta cubrir las bajas existentes, para la Guardia Civil.
- Realizar las inversiones necesarias para mejorar los Cuarteles de la Guardia Civil que se encuentran en mal estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, Elvira Velasco Morillo, Jaime Eduardo de Olano Vela, Félix de las Cuevas Cortés, Fernando de Rosa Torner, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez
Ojeda, Maribel Sánchez Torregrosa, Isabel María Borrego Cortés, María Jesús Moro Almaraz y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/001109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de adoptar medidas para paliar la contaminación acústica de la VG-20 a su paso por el barrio de Navia (Vigo), para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El barrio de Navia en Vigo es una de las zonas que mayor crecimiento poblacional experimentó en los últimos años, con una población que se aproxima a los 10.000 habitantes y que supone o 3,2 % da población de Vigo. El área conocida como PAU
(Programa de Actuación Urbanística) cuenta con 3.732 viviendas y se convirtió en uno de los núcleos de mayor crecimiento demográfico, especialmente gente joven.
La configuración de este barrio es la de una isla ubicada en medio de distintas infraestructuras viarias. Su planificación urbanística no estuvo acompañada de la implementación de medidas para lograr los necesarios estándares de calidad
ambiental y de protección frente al ruido procedente das carreteras.
En el año 2005 se abría la autovía de circunvalación VG-20, conocida como cinturón de Vigo, construida por el Ministerio de Transportes con el propósito de comunicar la AP-9, la Universidad, el Polígono Tecnológico y Logístico (situado entre
las parroquias de Beade y Valadares) con la terminal portuaria de Bouzas.
Una autovía que linda prácticamente con las viviendas del barrio de Navia y que tiene un elevado impacto acústico. Los vecinos y vecinas llevan años quejándose dos altos niveles de ruido que provoca la constante circulación de tráfico,
también vehículos pesados, en una zona densamente poblada.
En este sentido es necesario señalar que el informe 'Revisión del mapa de ruido del Ayuntamiento de Vigo', elaborado por esa administración municipal en el año 2018 y cuyas conclusiones están plenamente vigentes, recogía que el barrio de
Navia ya soportaba uno de los mayores índices de contaminación por ruido de toda la ciudad. Dicho informe señala como principales fuentes de contaminación acústica en esta área las carreteras VI-30 y singularmente la VG-20.
Ambas infraestructuras presentan velocidades límite superiores a 80 km/h y una densidad de tráfico que ronda os 1.000 vehículos/hora durante tramos diurnos y que, en el caso de la VG-20, supera una intensidad media de 15.000 vehículos
diarios. En base a estes datos, el nivel de intensidad sonora recogido en el entorno da VG-20 supera los 75 dBA en horario diurno y los 70 dBA en horario nocturno. Cifras alarmantes que se sitúan por encima de los límites máximos establecidos en
la normativa que estipula un límite de 60 dBA en la franja diurna y 50 dBA en la nocturna. En conclusión, los índices de contaminación acústica superan con mucho los baremos estipulados y tienen consecuencias evidentes en la salud da población.
Ante la elevada contaminación acústica los vecinos y vecinas de este barrio llevan años reclamando medidas para paliar la contaminación acústica das infraestructuras que os rodean, con especial atención al soterramiento de la VG20, una
medida sistemáticamente desatendida por parte del Gobierno competente y cuya reivindicación motivó reiteradas enmiendas por parte del BNG en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos ejercicios.
A esta situación de partida se añade el nuevo desarrollo por parte de la Junta de Galiza del Plan Parcial de San Paio de Navia, correspondiente a los polígonos 1, 2 y 3, que va a suponer la urbanización de una superficie de más de 250.000 m2
y la construcción de 1.600 nuevas viviendas, lo que supondrá, como es evidente, un incremento de los índices de contaminación acústica en este área y, también, una mayor cantidad de población afectada.
En este mismo sentido, cabe destacar el informe emitido en el año 2021 por la Dirección General de Calidad Ambiental da Xunta de Galiza sobre el proyecto de desarrollo del Plan Parcial de Navia, y que expresaba también la necesidad de actuar
sobre los elevados niveles de contaminación acústica. 'La presencia de importantes infraestructuras viarias someten al ámbito a una elevada afectación acústica, tal y como muestran los mapas de ruido asociados a la autovía VG-20', se señala
literalmente en el citado informe.
La contaminación acústica da VG-20 en Navia se convirtió en un serio problema que llevó al vecindario para proponer o soterramiento da autovía en la presentación de más de 2.000 alegaciones al Plan Parcial de Navia. A lo largo de los años
se han propuesto
varias soluciones siendo el soterramiento la fórmula preferida dado que, no solo reduciría el ruido, sino que permitiría ampliar las zonas verdes y humanizar el área, además de posibilitar el tránsito peatonal seguro y poner fin a una
discontinuidad urbana que, en la práctica, aísla dos barrios colindantes tan importantes como son los de Coia y Navia.
El pasado mes de abril el ministro de Transportes y el alcalde de Vigo mantuvieron una reunión para abordar diversos temas en materia de infraestructuras da ciudad, entre ellos la esperada solución a la contaminación acústica da VG-20 en
Navia. Se acordó la necesidad de estudiar fórmulas técnicas para articular mecanismos de insonorización. El ministro de Transportes afirmó la necesidad de hacer un estudio para la insonorización de toda el área, pero no concretó plazos. Es
preciso que el Ministerio abra una línea de diálogo con los vecinos y vecinas con el fin de analizar y considerar las posibles alternativas y escuchar sus demandas.
Es urgente que se aborde el problema y se articulen medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los miles de personas de este populoso barrio de Vigo. Requiere de agilidad y decisión por parte del Ministerio para paliar la grave
contaminación acústica que incide en la actividad diaria y en el descanso nocturno del vecindario.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar, en el plazo máximo de seis meses, los estudios necesarios para adoptar las fórmulas técnicas de insonorización más adecuadas para paliar el grave impacto acústico que padece el barrio de Navia (Vigo) por el paso de la Autovía
VG-20.
2. Incluir entre las opciones a considerar el proyecto de enterramiento de la VG20 en el tramo que discurre paralelo al barrio de Navia desde el cruce de la Rúa Cañiza a la Avenida Europa, con el objeto de reducir la contaminación acústica,
humanizar el espacio público y mejorar la conexión entre los barrios de Navia y Coia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de adoptar medidas para paliar a contaminación acústica da VG-20 ao seu paso polo barrio de Navia (Vigo) para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
O barrio de Navia en Vigo é unha dás zonas que maior crecemento poboacional experimentou nos últimos anos, cunha poboación que se aproxima aos 10.000 habitantes e que supón ou 3,2 % dá poboación de Vigo. A área coñecida como PAU (Programa
de Actuación Urbanística) conta con 3.732 vivendas e converteuse nuns dos núcleos de maior medre demográfico, especialmente xente nova.
A configuración deste barrio é a dunha illa situada non medio de distintas infraestruturas viarias. A súa planificación urbanística non estivo acompañada da articulación de medidas para lograr os necesarios estándares de calidade ambiental
e de protección fronte ao ruído procedente das estradas.
No ano 2005 abríase a autovía de circunvalación VG-20, coñecida como cinto de Vigo, construída polo Ministerio de Transportes co propósito de comunicar a AP-9, a
Universidade, ou Polígono Tecnolóxico e Loxístico (situado entre as parroquias de Beade e Valadares) coa terminal portuaria de Bouzas.
Unha autovía que linda practicamente coas vivendas do barrio de Navia e que ten un elevado impacto acústico. Os veciños e veciñas levan anos queixándose dos altos niveis de ruído que provoca a constante circulación de tráfico, tamén
vehículos pesados, nunha zona densamente poboada.
Neste sentido é necesario sinalar que o informe 'Revisión do mapa de ruído do Concello de Vigo', elaborado por esa administración municipal no ano 2018 e cuxas conclusións están plenamente vixentes, recollía que o barrio de Navia xa
soportaba un dos maiores índices de contaminación por ruído de toda a cidade. Devandito informe sinala como principais fontes de contaminación acústica nesta área as estradas VI-30 e singularmente a VG-20.
Ambas infraestruturas presentan velocidades límite superiores a 80 km/h e unha densidade de tráfico que ronda os 1.000 vehículos/hora durante tramos diúrnos e que no caso da VG-20 supera unha intensidade media de 15.000 vehículos diarios.
En base a estes datos, o nivel de intensidade sonora recollido na contorna da VG-20 supera os 75 dBA en horario diúrno e os 70dBA no horario nocturno. Cifras alarmantes que se sitúan por riba dos límites máximos estabelecidos na normativa que
estipula un límite de 60 dBA na franxa diúrna e 50 dBA na nocturna. En conclusión, os índices de contaminación acústica superan con moito os baremos estipulados e teñen consecuencias evidentes na saúde da poboación.
Ante a elevada contaminación acústica os veciños e veciñas deste barrio levan anos reclamando medidas para paliar a contaminación acústica das infraestruturas que os rodean, con especial atención ao soterramento da VG-20, unha medida
sistematicamente desatendida por parte do Goberno competente e cuxa reivindicación motivou reiteradas emendas por parte do BNG na tramitación dos Orzamentos Xerais do Estado dos últimos exercicios.
A esta situación de partida engádese o novo desenvolvemento por parte da Xunta de Galiza do Plan Parcial de San Paio de Navia, correspondente aos polígonos 1, 2 e 3, que vai supoñer a urbanización dunha superficie de máis de 250.000 m2 e a
construción de 1.600 novas vivendas, o que supoñerá, como é evidente, un incremento dos índices de contaminación acústica nesta área e, tamén, unha maior cantidade de poboación afectada.
Neste mesmo sentido, cabe destacar o informe emitido no ano 2021 pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galiza sobre o proxecto de desenvolvemento do Plan Parcial de Navia, e que expresaba tamén a necesidade de actuar sobre
os elevados niveis de contaminación acústica. 'A presenza de importantes infraestruturas viarias someten ao ámbito a unha elevada afección acústica, tal e como mostran os mapas de ruído asociados á autovía VG-20', sinálase literalmente no citado
informe.
A contaminación acústica da VG-20 en Navia converteuse nun serio problema que levou á veciñanza para propoñer o soterramento da autovía na presentación de máis de 2.000 alegacións ao Plan Parcial de Navia. Ao longo dos anos propuxéronse
varias solucións sendo o soterramento a fórmula preferida dado que, non só reduciría o ruído, senón que permitiría ampliar as zonas verdes e humanizar a área, ademais de posibilitar o tránsito peonil seguro e pór fin a unha descontinuidade urbana
que na práctica illa dous barrios lindeiros tan importantes como son os de Coia e Navia.
O pasado mes de abril o ministro de Transportes e o alcalde de Vigo mantiveron unha reunión para abordar diversos temas en materia de infraestruturas da cidade, entre eles a esperada solución á contaminación acústica dá VG-20 en Navia.
Acordouse a necesidade de estudar fórmulas técnicas para articular mecanismos de insonorización. O ministro de Transportes afirmou a necesidade de facer un estudo para a insonorización de toda a área, pero non concretou prazos. É preciso que o
Ministerio abra unha liña de diálogo cos veciños e veciñas a fin de analizar e considerar as posíbeis alternativas e escoitar as súas demandas.
É urxente que se aborde o problema e se articulen medidas que permitan mellorar a calidade de vida dos miles de persoas deste populoso barrio de Vigo. Require de
axilización e decisión por parte do Ministerio para paliar a grave contaminación acústica que incide na actividade diaria e no descanso nocturno da veciñanza.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Realizar, no prazo máximo de seis meses, os estudos necesarios para adoptar as fórmulas técnicas de insonorización máis adecuadas para paliar o grave impacto acústico que padece o barrio de Navia (Vigo) polo paso da Autovía VG-20.
2. Incluír entre as opcións a considerar o proxecto de soterramento da VG-20 no tramo que discorre paralelo ao barrio de Navia desde crúceo da Rúa Cañiza ate a Avenida Europa, co obxecto de reducir a contaminación acústica, humanizar o
espazo público e mellorar a conexión entre os barrios de Navia e de Coia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de xullo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la situación de la N-120 en el tramo entre Valdeorras y la ciudad de Ourense, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La comarca de Valdeorras, conformada por los Concellos de A Rúa, A Veiga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras, es la segunda comarca más poblada de Ourense (a pesar de
haber perdido 1.924 habitantes en los últimos 10 años, pasando de los 27.000 en 2014 a 25.760 en 2023).
El dinamismo económico pivota sobre el sector vitivinícola y el de la pizarra, aunque otros ámbitos como el de la construcción y el de los servicios tienen una gran relevancia.
El aislamiento en las comunicaciones ha sido un lastre importante en el despegue económico y social de las tierras de Valdeorras, ya que buena parte de los motores económicos dependen, en buena medida, de la capacidad de desplazamiento
viario de mercancías y bienes de consumo.
Así, nos encontramos con problemas endémicos en las comunicaciones, tanto interiores cómo hacia otras comarcas gallegas e incluso en las comunicacioness con el resto de la península.
En lo referido a la comunicación por carretera, la comarca de Valdeorras depende en exclusiva de la N-120, carretera que la conecta con la A6, el Bierzo y el resto de la península y, lo que es más importante, con Ourense y el resto de
Galiza.
La N-120 es la única vía de comunicación con la ciudad de Ourense, a donde deben acudir los vecinos y vecinas de la comarca para asistir a citas médicas hospitalarias, gestiones, estudios o trabajos, entre otras cuestiones. La situación de
la N-120 en el trayecto que discurre desde Valdeorras hasta Ourense ha llegado al límite tolerable del mal estado.
La peligrosa situación en que se encuentra el firme de la N-120 en distintos tramos después de años de abandono, así como los problemas de seguridad viaria que esto
genera, ha sido denunciado reiteradamente en los últimos años por el BNG, recogiendo las quejas y reclamaciones de las personas usuarias. Se trata de una carretera que precisa de forma urgente de inversiones en mantenimiento y de la
dotación presupuestaria adecuada para abordar la reforma del trayecto gallego.
Las alertas y las quejas proceden tanto de los habitantes de la zona como del personal sanitario y conductores de ambulancias, del sector empresarial y del transporte que se lamentan de la falta de atención por parte del Ministerio de
Transportes y del cada vez mayor aislamiento de la comarca que no tiene otra opción de vía de comunicación y transporte. La N-120 es la única vía de conexión actualmente dado que la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada sigue siendo un proyecto.
No debe olvidarse que se trata de una carretera que se quedó obsoleta para soportar el tráfico rodado. Actualmente, carece de capacidad para absorber la circulación diaria, no solo por su mal estado, sino también por la escasez de carriles
de adelantamiento, como es el caso, por ejemplo, del tramo entre Ourense y Os Peares con 18 kilómetros de línea continua en dirección a Ponferrada. En sentido inverso, la línea continua se extiende durante 28 kilómetros en el alto de Guítara.
El Ministerio de Transporte aprobó en marzo de 2023 un proyecto de tercer carril desde la ciudad de Ourense hasta la desembocadura del río Sil en un recorrido de 15 kilómetros pero, a pesar de comprometerse a licitar las obras antes de
terminar el año, no lo hizo. En el mes de abril de este 2024 volvió a aprobar definitivamente el trazado de la ampliación pero sigue sin acometer la contratación de las obras.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a acometer las inversiones y obras precisas para:
1. Llevar a cabo una mejora integral de la carretera N-120 en el tramo entre Valdeorras y la ciudad de Ourense.
2. Realizar el proceso de contratación de las obras del proyecto de tercer carril desde la ciudad de Ourense hasta Nogueira de Ramuín en el año 2024.
3. Destinar los fondos precios dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2025 para realizar todas estas actuaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á situación da N-120 no tramo entre Valdeorras e a cidade de Ourense para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A comarca de Valdeorras, conformada polos concellos da Rúa, A Veiga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras, é a segunda comarca máis poboada de Ourense (a pesar de ter
perdido 1.924 habitantes nos últimos 10 anos, pasando dos 27.000 en 2014 a 25.760 en 2023).
O dinamismo económico pivota sobre o sector vitivinícola e o da lousa, aínda que outros ámbitos como o da construción e o dos servizos teñen unha grande relevancia.
O illamento nas comunicacións ten sido un lastre importante no despegue económico e social das terras de Valdeorras, xa que boa parte dos motores económicos dependen en boa medida da capacidade de desprazamento viario de mercadorías e bens
de consumo.
Así, atopámonos con problemas endémicos nas comunicacións, tanto interiores como cara outras comarcas galegas e mesmo nas comunicacións co resto da península.
No referido á comunicación por estrada, a comarca de Valdeorras depende en exclusiva da N-120, estrada que a conecta coa A6, o Bierzo e o resto da península e, o que é máis importante, con Ourense e o resto da Galiza.
A N-120 é a única vía de comunicación coa cidade de Ourense, a onde deben acudir os veciños e veciñas da comarca para asistir a citas médicas hospitalarias, xestións, estudos ou traballos, entre outras cuestións. A situación da N-120 no
traxecto que discorre desde Valdeorras até Ourense chegou ao límite tolerábel do mal estado.
A perigosa situación en que se atopa o firme da N-120 en distintos tramos despois de anos de abandono, así como os problemas de seguridade viaria que isto xera, ten sido denunciado reiteradamente nos últimos anos polo BNG, recollendo as
queixas e reclamacións das persoas usuarias. Trátase dunha estrada que precisa de forma urxente de investimentos en mantemento e da dotación orzamentaria adecuada para abordar a reforma do traxecto galego.
As alertas e as queixas proceden tanto dos habitantes da zona como do persoal sanitario e condutores de ambulancias, do sector empresarial e do transporte que se lamentan da falta de atención por parte do Ministerio de Transportes e do cada
vez maior illamento da comarca que non ten outra opción de vía de comunicación e transporte. A N-120 é a única vía de conexión actualmente dado que a autovía A-76 entre Ourense e Ponferrada segue sendo un proxecto.
Sen esquecer que se trata dunha estrada que se quedou obsoleta para soportar o tráfico rodado. Actualmente, carece de capacidade para absorber a circulación diaria, non só polo seu mal estado, senón tamén pola escaseza de carrís de
adiantamento, como é o caso, por exemplo, do tramo entre Ourense e Os Peares con 18 quilómetros de liña continua en dirección a Ponferrada. En sentido inverso, a liña continua esténdese durante 28 quilómetros no alto de Guítara.
O Ministerio de Transporte aprobara en marzo de 2023 un proxecto de terceiro carril desde a cidade de Ourense até a desembocadura do río Sil nun percorrido de 15 quilómetros pero, a pesar de comprometerse a licitar as obras antes de terminar
o ano, non o fixo. No mes de abril deste 2024 volveu aprobar definitivamente o trazado da ampliación pero segue sen acometerse a contratación das obras.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a acometer os investimentos e obras precisas para:
1. Levar a cabo unha mellora integral da estrada N-120 no tramo entre Valdeorras e a cidade de Ourense.
2. Realizar o proceso de contratación das obras do proxecto de terceiro carril desde a cidade de Ourense até Nogueira de Ramuín no ano 2024.
3. Destinar os fondos precisos dentro dos Orzamentos Xerais do Estado de 2025 para realizar todas estas actuacións.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de setembro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/001106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas de refuerzo
educativo en Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) en 2022, publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE) ofrecen un rendimiento medio estimado en competencia matemática, lectura y ciencias para el alumnado de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 395, 404 y 410 puntos respectivamente; siendo para el alumnado de la Ciudad Autónoma de Melilla
de 404, 405 y 414 puntos frente a los 473, 474 y 485 de la media nacional.
Dentro de estos resultados cabe destacar los porcentajes de alumnado con niveles bajos de rendimiento en lectura y ciencias, resultando muy preocupantes los de Ceuta y Melilla en comparación con la media nacional:
;Lectura;Ciencias
Ceuta.;52 %;49 %
Melilla.;54 %;51 %
España.;24 %;21 %
También resulta significativo el porcentaje de alumnos que se consideran frecuentemente acosados: un 10,7 % en Ceuta y un 12,6 % en Melilla frente al 6,5 % nacional. O que el alumnado de Ceuta presente el peor índice de mentalidad de
crecimiento de toda España, asumiendo que 'Tu inteligencia es algo tuyo que no puedes cambiar demasiado'. Una afirmación que PISA 2022 preguntó a los estudiantes si estaban de acuerdo.
Por otra parte, en el Informe del Consejo Escolar del Estado de 2023 sobre el estado del sistema educativo, referido a los datos del curso 2021-22, se constatan otras diferencias importantes de ambas ciudades respecto al promedio de España
como son:
Las peores tasas de Idoneidad a los 14 y 15 años (Ceuta 60,2 % y 60,8 %; Melilla 64,9 % y 60,2 %; España 78,9 % y 75,5 %)
La menor tasa bruta de población que obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la finalización de cuarto curso de ESO (Ceuta 65 %; Melilla 60,3 %; España 82,2 %).
Las peores puntuaciones medias estimadas en compresión lectora en el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora PIRLS 2021 sobre alumnado de cuarto curso de Educación Primaria (Ceuta 498; Melilla 499; España 521) con los
mayores porcentajes de alumnos con niveles bajos o muy bajos en comprensión lectora (Ceuta 35,3 %; Melilla 37,4 %; España 24,3 %).
Por último, el Informe del Consejo escolar del Estado reitera, como en años anteriores, las recomendaciones de:
- Ampliar la oferta de plazas públicas en los dos ciclos de Educación Infantil, ya que la baja escolarización, su elevado número de estudiantes por aula y el hecho de que parte de este alumnado cuente con lengua materna específica (tamazight
y dariya) recomiendan una atención específica con más medios y cupo de profesores.
- Ampliar la oferta de plazas públicas y el cupo de docentes en Educación Primaria para reducir el alto número de estudiantes por aula -de los más altos de todos los ámbitos territoriales (superando en muchas unidades el máximo legal
permitido por la ley)- sabiendo, además, que parte del alumnado cuenta con lengua materna específica (tamazight y dariya), lo que debería recomendar una atención con más medios y cupo de profesores.
- Ampliar la oferta pública de Educación Secundaria Obligatoria para poder reducir el número de estudiantes por aula, mejorar las tasas de abandono educativo temprano y el número de titulados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar, a la mayor brevedad posible, las obras para la construcción del centro educativo del Brull, según lo previsto en la medida E3.M15 del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Ceuta.
2. Planificar la construcción de un nuevo CEIP en el entorno de la barriada de Loma Colmenar de Ceuta donde se han edificado 712 viviendas protegidas en la última década, sin el correspondiente equipamiento educativo que acompañe la
concentración de población.
3. Ampliar el CEIP Hipódromo de una a tres líneas, según lo previsto en la medida E3.M15 del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Melilla.
4. Ejecutar las obras de conservación y mejora de los siguientes centros educativos en la Ciudad de Melilla: IES Juan Antonio Fernández Pérez, IES Rusadir, IES Miguel Fernández, IES Leopoldo Queipo, IES Virgen de la Victoria e IES Enrique
Nieto, según lo según lo previsto en la medida E3.M16 del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Melilla.
5. Planificar el 'Campus de la Formación Profesional' en Melilla y la 'Ciudad de la Formación Profesional' en Ceuta, según lo previsto en la medida E3.M11 de sus respectivos Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico, con la
implantación de nuevos ciclos formativos de FP básica, grado medio y grado superior, comenzando por el traslado del Centro Integrado de Formación Profesional n.º 1 para liberar el actual inmueble, anexo a un espacio patrimonial histórico como son
las Murallas Reales de Ceuta.
6. Mejorar de la red de comedores escolares de Melilla incrementando la cobertura de un servicio que actualmente solo atiende a 300 de casi 10.000 estudiantes de Infantil y Primaria.
7. Intensificar la mejora de la comprensión lectora y de la competencia matemática del alumnado mediante el desdoble de grupos para trabajar la Lengua Castellana y las Matemáticas, desde primer curso de Primaria hasta cuarto de la ESO más
FP Básica y Grado Medio en las ciudades de Ceuta y Melilla.
8. Incrementar la dotación presupuestaria del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+ en su convocatoria para Ceuta y Melilla en el nuevo curso 2024-2025 para garantizar que ningún centro escolar que lo
solicite quede excluido de la convocatoria por insuficiencia de crédito.
9. Implementar en todos los IES programas específicos de prevención del acoso y ciberacoso escolar.
10. Revisar la accesibilidad de todos los centros educativos.
11. Actualizar a condición de centros educativos de difícil desempeño, según la situación real, a fin de adecuar los medios y recursos necesarios.
12. Incrementar el personal laboral (fisioterapeutas, enfermeros, cuidadores) y los recursos especializados para atender al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, tanto en los Centros de Educación Especial, como en las
Aulas de Educación Especial en centros ordinarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2024.-Javier Celaya Brey, Sofía Acedo Reyes, Óscar Clavell López y Ester Muñoz de la Iglesia, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001108
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre pobreza menstrual en los centros educativos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 34803, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre pobreza menstrual en los centros educativos, para su debate en la Comisión de
Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
En febrero de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 1/2023 que modificaba a su vez, la Ley de salud sexual y reproductiva del año 2010. Esta nueva Ley introducía una medida que garantizaba que todas las niñas tuvieran acceso a
productos de protección menstrual, asegurando la gratuidad en los centros educativos.
Los productos para la menstruación son esenciales en la vida de las mujeres y su falta de acceso tiene graves consecuencias, especialmente para las niñas, puesto que las
conduce al absentismo, lo cual supone un retraso en las tareas escolares, así como perderse actividades que impiden desarrollar su confianza y habilidades.
Según Unicef más de 1.800 millones de mujeres tienen la regla. Y de éstas 500 millones sufren pobreza menstrual en el mundo, lo que conlleva absentismo escolar o laboral.
En nuestro país, a través de la empresa Metroscopia se ha realizado recientemente, un estudio con el fin de dimensionar el porcentaje de absentismo escolar de las niñas por esta problemática.
Las principales conclusiones del primer 'Estudio sobre absentismo escolar por pobreza menstrual en España' es que 2 de cada 10 chicas entre los 14 y 25 años, declara haber dejado de ir a clase al menos una vez en su vida, por no tener acceso
a productos de higiene menstrual. Si reducimos la franja de edad entre los 14 y 20 años, el porcentaje se eleva al 16 %, por lo que estaríamos hablando de unas 270.000 niñas y jóvenes.
El dato más concluyente que se extrae de este estudio, es que de manera recurrente o habitual faltan a clase por pobreza menstrual, el 3 % en la franja de edad comprendida entre los 14 y 20 años, lo que supone que estamos hablando de unas
50.000 chicas.
En el estudio realizado a padres y madres, las cifras aseguran que un 21 % reconoce tener dificultades para la compra de estos productos, así como el 12 % ha tenido que permitir que su hija se ausentase de su centro educativo, al no poder
costear la protección menstrual que ésta necesitaba.
Asimismo, al 23 % de los trabajadores del ámbito educativo de niñas entre 12 y 20 años le han dicho alguna vez que no pueden asistir a clase o le han comunicado la necesidad de salir del aula por la incapacidad de comprar productos
menstruales, dato que se acentúa entre los educadores más jóvenes (30 %). Por otra parte, el 43 % de los educadores ha sospechado que alguna alumna pudiera estar pasando por una situación de pobreza menstrual.
Este primer 'Estudio sobre absentismo escolar por pobreza menstrual en España' sitúa a España entre los países que lideran el porcentaje de niñas que faltan a la escuela debido a la menstruación, seguida de Holanda, Polonia y Turquía.
Por tanto, es fundamental concienciar a la población sobre la existencia de la pobreza menstrual en España y educar acerca de esta problemática, haciéndose necesario un esfuerzo conjunto para reducir e ir erradicando la pobreza menstrual de
nuestras aulas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando, en colaboración con las administraciones educativas, la Ley 1/2023 con el fin de concienciar y reducir la pobreza menstrual existente en la actualidad en nuestras aulas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2024.-María Luz Martínez Seijo y Mercedes González Fernández, Diputadas.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la orientación profesional con el objetivo de mejorar el
conocimiento de la oferta formativa de Formación Profesional y reducir el desajuste entre la oferta y la demanda de perfiles profesionales en el mercado laboral, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
En los últimos años la matriculación de estudiantes en grados de Formación Profesional no ha dejado de crecer en todo el territorio. Sin embargo, es habitual en cualquier conversación con representantes empresariales que expongan, de manera
reiterada, las dificultades que encuentran a la hora de incorporar personal a sus plantillas por la falta de suficientes personas con la formación que requieren, entre otros motivos.
Los datos confirman dos realidades. La primera es la ya mencionada, el desajuste entre los perfiles profesionales demandados por el tejido empresarial y las cualificaciones de las personas que se encuentran en procesos de búsqueda de
empleo.
La segunda realidad es que, si bien es cierto que aumenta la matriculación de personas en los grados de formación profesional, se da la circunstancia de que algunos grados con una demanda muy alta por parte de los estudiantes tienen unos
niveles de inserción laboral bajos. Al mismo tiempo, la proporción es totalmente inversa en especialidades muy demandadas por empresas de sectores concretos, especialmente los relacionados con el ámbito industrial.
Tanto empresas como centros de formación coinciden en que uno de los motivos de esta situación es el desconocimiento, por parte de los estudiantes, de la amplia oferta de especialidades que ofrecen las diferentes familias de la Formación
Profesional, sus salidas profesionales y sus niveles de inserción, especialmente en el territorio en el que se desarrollan.
Aunque el marco normativo pone el acento en los procesos de orientación profesional de estudiantes y personas trabajadoras a través de diferentes servicios que se ofrecen en institutos de educación secundaria, centros de Formación
Profesional o servicios municipales de ocupación, la realidad es que seguimos teniendo dificultades para reducir el desajuste entre la cualificación de trabajadores y la demanda de perfiles profesionales por parte del tejido empresarial.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el ámbito de sus competencias:
1. Impulsen las medidas necesarias para que el proceso de orientación profesional dirigido a estudiantes de educación secundaria se realice a lo largo de toda la ESO.
2. Favorezcan la colaboración y participación de los centros de Formación Profesional en las acciones y programas de orientación profesional desarrollados.
3. Favorezcan la misma colaboración de los centros de Formación Profesional con los servicios municipales de ocupación y otros servicios territoriales similares, dando a conocer las formas de acceso y la variedad de la oferta formativa de
su territorio, así como los índices de inserción de cada grado.
4. Faciliten la formación continua del personal docente responsable de los programas de orientación profesional para dar a conocer, entre los estudiantes, las características del tejido empresarial de su territorio, las especialidades
formativas a su alcance y, además, contribuir a reducir el sesgo de género en la matriculación en algunas familias profesionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2024.-Valle Mellado Sierra, María Luz Martínez Seijo, María Luisa García Gurrutxaga, José Losada Fernández, Roberto García Moris, Alberto Mayoral de Lamo, M.ª Isabel Moreno Fernández, Ada
Santana Aguilera, Mercedes González Fernández, Amador Marqués Atés y Víctor Gutiérrez Santiago, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para corregir la sobrerrepresentación de uno u otro sexo en las diferentes familias
profesionales que conforman el sistema de Formación Profesional, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El sistema de Formación Profesional español está viviendo uno de sus mejores momentos. Entre 2017 y 2021 el alumnado de grados de Formación Profesional se incrementó un 29,8 %. Este crecimiento se experimenta sobre todo en grados
superiores, que han aumentado la matrícula un 40,7 %, y en grados medios, un 22,2 %.
Este incremento del alumnado es una buena noticia para el sistema de educación postobligatoria y para la mejora de la competitividad del tejido empresarial, que cada vez demanda más personal procedente de grados de Formación Profesional.
En general, este aumento de alumnado se ha producido de forma equilibrada entre sexos. En el año 2021 las mujeres representaron un 48,9 % del alumnado de grados superiores y un 45,1 % en grados medios.
Ahora bien, si analizamos los datos por familias profesionales sí encontramos diferencias muy significativas entre la cantidad de hombres y mujeres matriculados en las diferentes especialidades.
Así, en las familias de las especialidades sanitarias, de imagen personal o de servicios socioculturales encontramos, de forma reiterada, una sobrerrepresentación del sexo femenino mientras que, en las relacionadas con transporte y
mantenimiento de vehículos o fabricación mecánica, el sesgo a favor de los hombres es desproporcionado.
Por otra parte, es importante también tener en cuenta que solo un 18,5 % de estudiantes de cursos de especialización, grado E, son mujeres.
Este desequilibrio se traslada después al mercado de trabajo, produciendo la tradicional feminización y masculinización de algunas profesiones. Además, no se nos puede escapar que las profesiones con predominancia masculina, más vinculadas
a actividades industriales, suelen ser las que ofrecen mejores condiciones laborales en cuanto a nivel salarial, estabilidad y carrera profesional.
Por lo tanto, romper el sesgo de género a favor de las mujeres en las familias profesionales actualmente más masculinizadas es fundamental para reducir la preeminencia de mujeres en la tasa de paro, en la contratación a tiempo parcial y en
las ocupaciones con niveles salariales más bajos.
Asimismo, también es positivo reducir el sesgo de género en las formaciones más masculinizadas como vía efectiva para conseguir un mercado de trabajo más igualitario en todos los ámbitos.
La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, en su Artículo 25.2 sobre los destinatarios de la oferta formativa, se propone la eliminación de sesgos y estereotipos de género y ofrece la
opción de establecer acciones positivas para corregir la sobrerrepresentación de alumnado de uno u otro sexo en las especialidades afectadas por esta circunstancia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Tomar las medidas oportunas en el proceso de matriculación para promover la representación equilibrada de ambos sexos en todas las familias profesionales del Sistema de Formación Profesional.
2. Promover, junto a las demás administraciones competentes, programas para ampliar la información y formación del personal dedicado a la orientación profesional de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para eliminar el sesgo y los
estereotipos de género en los procesos de orientación laboral que realizan a estos jóvenes.
3. Estudiar los motivos por los que la matriculación de alumnado femenino en los cursos de especialización, grado E, es considerablemente inferior en relación al número total de alumnos que acceden a este tipo de formación.
4. Tomar las medidas que se consideren oportunas, una vez se conozcan las causas del actual sesgo de género, para promover la matriculación equilibrada entre ambos sexos en los cursos de especialización, grado E.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2024.-Valle Mellado Sierra, María Luz Martínez Seijo, María Luisa García Gurrutxaga, José Losada Fernández, Roberto García Moris, Alberto Mayoral de Lamo, M.ª Isabel Moreno Fernández, Ada
Santana Aguilera, Mercedes González Fernández, Amador Marqués Atés y Víctor Gutiérrez Santiago, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a combatir el adoctrinamiento en los libros de texto, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Primero. Pertinencia y urgencia de la presente iniciativa
El 2 de octubre de 2023, el Grupo Parlamentario VOX registraba una Proposición no de Ley relativa a promover las medidas pertinentes para acabar con el adoctrinamiento en los colegios, con especial atención en los libros de texto y material
educativo (número de expediente 162/000016). La cuestión que en dicha iniciativa se denunciaba -de extrema gravedad por cuanto vulnera la inocencia de los menores, condiciona su desarrollo y menoscaba los derechos de sus padres- no solo no ha sido
resuelta por el Gobierno, sino que se ha acentuado.
Esa es la razón que justifica la presente iniciativa, que incide nuevamente en la urgencia de acometer medidas para poner fin a cualquier adoctrinamiento llevado a cabo en el ámbito educativo y, en particular, en los libros de texto.
Segundo. El derecho a la educación de padres e hijos
El derecho a la educación es un derecho íntimamente ligado a la dignidad humana. Está protegido por diversas normas, entre las que destaca el artículo 27 de la Constitución Española. La Carta Magna, además de garantizar el derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza, en el artículo 27.5 impone a los poderes públicos el deber de velar por este derecho mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación
de centros docentes. En íntima relación con lo anterior se encuentra el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones. Este derecho se impone como límite a los poderes públicos,
que por tanto están sujetos a una prohibición constitucional de imponer su ideología en centros educativos.
Así el artículo 27, apartado 3, señala que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Uno de los
instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar el contenido del mencionado artículo 27 CE es la Alta Inspección Educativa (regulada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
En definitiva, los poderes públicos deben velar por que los españoles puedan disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional, y que proteja
la libertad de los padres de escoger la educación que prefieren para sus hijos. A su vez, el desarrollo y la prosperidad de un país depende en gran medida de la excelencia de su sistema educativo.
Tercero. Adoctrinamiento en las aulas
A pesar de todo ello, y en parte como consecuencia de la cesión de competencias en materia de educación a las administraciones regionales, en los últimos años se han producido en España situaciones en las que los poderes públicos, en los
ámbitos nacional y regional, han diseñado políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos.
En muchos casos, los contenidos chocan abiertamente con las convicciones de los padres, ya sean morales, políticas o religiosas 81.
Manifestación clara de lo anterior es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que supone la eliminación de los conciertos educativos para los colegios de
educación diferenciada o la promoción de una educación afectivo-sexual que incluye, en su desarrollo, una fuerte carga ideológica.
Lo cierto es que los últimos años se han caracterizado por una avalancha de leyes ideológicas impulsadas por el Gobierno socialista y comunista. Y estas leyes ideológicas, a su vez, tienen un punto común en imponer un adoctrinamiento
educativo en el contenido programático de las propias leyes. Es el caso de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la
libertad sexual, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática o de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Normas como las
citadas han implantado de forma absolutamente abusiva y desproporcionada la exigencia de incorporar al sistema educativo las consignas ideológicas de los partidos que aprobaron las leyes respectivas 82.
Los ejemplos de adoctrinamiento se han multiplicado en los últimos tiempos: lenguaje forzosamente inclusivo que confunde a los alumnos, conceptos manifiestamente falsos, visiones de la realidad que se ajustan a la agenda política de la
izquierda, educación afectivo-sexual que choca con la formación humana y espiritual que los padres quieren para sus hijos, etc. Así, v. gr., en un manual de Historia de España que se estudia en la Educación Secundaria de Castilla y León, se afirma
que VOX es una formación política 'con discurso ultranacionalista, xenófobo, autoritario y populista' 83, mientras que de
81 En este sentido, cabe traer a colación la reciente polémica suscitada en tomo al contenido de un libro de Religión Católica donde el fundador y director de 'Proactiva Open Arms', ONG conocida por su colaboración con organizaciones
criminales dedicadas al tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, es presentado como una suerte de héroe y ejemplo a seguir. https://www.eldebate.com/educacion/20230920/polemica-otro-libro-textoprimaria-elogiar-fundador-open-arms_140899.html;
https://theobjective.com/sociedad/2023-09-18/libro-religionelogia-fundador-open-arms/
82 Mención especial merece el caso de Ceuta y Melilla, donde el Ministerio de Educación y Formación Profesional mantiene las competencias como Administración Educativa. En este sentido, las diferentes Órdenes Ministeriales relativas al
currículo y ordenación de la Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para ambas ciudades realizan constantes alusiones a la 'perspectiva de género'.
83 https://www.eldebate.com/educación/20231001/estos-son-principales-adoctrinamientos-presentes-libros-texto-amenaza-climatica-anticoncepcion-e-ideologia-genero_143075.html
Podemos se aplaude 'la juventud de sus principales dirigentes y el afán de regeneración de la vida política del país, unidos a una imagen y un discurso de nuevo estilo' 84.
Destaca también el caso de en un libro de 6.º de Primaria de Andalucía donde se simplifica hasta extremos ridículos la contienda civil de 1936 mediante expresiones como que la II República compartía la 'ideología liberal' de la Unión
Soviética 85.
En los libros de Biología y Geología de 1.º, 3.º y 4.º de la ESO de la Comunidad de Madrid se hace apología de la Agenda 2030 sin tapujos, admitiéndola como dogma de verdad sobre la que no cabe discusión alguna 86.
En manuales de Filosofía de alumnos de primero de Bachillerato se incluyen apartados como 'la discriminación de la mujer en la historia de la filosofía' y se tacha de misóginos a filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino, Rousseau y
Schopenhauer 87.
También sobreabundan los ejemplos de libros de texto donde se difunden la teoría de género y la sexualización de la imaginación de los alumnos, y se fomenta el travestismo y la ideología LGTB en menores de edad 88, 89.
Estos ejemplos evidencian, como poco, una extralimitación inadmisible por parte del legislador, que se ha llevado a cabo en flagrante violación de los derechos de los padres.
Asimismo, han sido muchas las formas en que se ha intentado adoctrinar en centros educativos también por parte de las administraciones regionales, como la imposición del uso de lenguas españolas distintas del español o los contenidos en
materia de historia. Se podrían citar multitud de ejemplos de este tipo de adoctrinamiento que han sido oportunamente denunciados por la sociedad civil 90, por suponer una desigualdad entre españoles en función del territorio en el que residan y un
arma que tienen gobiernos regionales de corte separatista para dividir y diferenciar a los españoles para lograr sus objetivos.
Destaca, en particular, un informe de 2022 que analizó en más de 200 páginas la multitud de errores y falacias en los libros de Historia de España utilizados en Cataluña entre 2016 y 2022 91. Y los libros más recientes siguen la misma
tónica, ya que hacen un análisis sesgado y alejado de la realidad actual de España en lo referente a Cataluña mediante el ocultamiento de datos e información esenciales, como la ilegalidad del referéndum de 2017 92.
Cuarto. Conclusión
La obligación de las administraciones educativas de ofrecer y garantizar un sistema educativo de calidad es incompatible con la imposición ideológica desarrollada a través de la aprobación de distintas leyes que empapan la enseñanza cada vez
con mayor frecuencia.
La función educadora que asumen las instituciones debe guiarse por el principio de colaboración con los padres, salvaguardando en todo caso la libertad de las familias. Es razonable que los poderes públicos intervengan en el sistema
educativo fundamentalmente para garantizar su efectividad pero sin olvidar en ningún caso que el papel principal en la educación de los hijos corresponde a los padres, y manteniendo siempre el activismo ideológico antiacadémico fuera de las aulas y
de los libros de texto.
84 Ibid.
85 https://www.eldebate.com/educación/20230906/libro-primaria-asegura-urss-compartia-ideologia-liberal-ii-republica_137702.html
86 Ibid.
87 https://elcorreodepozuelo.com/2022/06/03/seis-ejemplos-del-adoctrinamiento-de-pedro-sanchez-en-los-libros-de-texto-las-consignas-de-la-lomloe-empiezan-a-llegar-a-los-libros-de-texto-que-se-estudiaran-en-el-proximo-curso/
88 https://gaceta.es/espana/los-hombres-sois-machistas-el-discurso-de-vox-es-xenofobo-la-manipulacion-y-el-adoctrinamiento-en-los-libros-de-texto-20230928-1210/
89 9https://www.diariodearganda.es/denuncias-libro-infantil-arganda/
90 10https://www.elconfidencial.com/espana/Cataluña/2018-09-27/informe-adoctrina-nacionalismo-ninoscatalanes1622089/;
https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2018-09-29/el-informe-redactado-por-historiadores-catalanesque-tambien-denuncia-el-adoctrinamiento-en-las-aulas-1276625700/;
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190919/espanol-lengua-intrusa-verdugo-cooficial-adoctrina-libros/430457440_0.html
91 11https://www.ames-fps.com/wp-content/uploads/2022/10/informe-historia-2022.pdf
92 12https://amp.elmundo.es/espana/2023/09/08/64fb705ae9cf4aa5538b45eb.html
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Poner fin de manera inmediata, a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa, a cualquier adoctrinamiento ideológico sobre los menores que tenga lugar en el ámbito educativo.
2. Adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y demás material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento, de un modo que no implique un perjuicio económico para las familias.
3. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir los contenidos y materiales educativos que puedan afectar a la inocencia de los menores y corromper sus personas en la sensible etapa de su formación.
4. Garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española.
5. Promover las modificaciones legales necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la Educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica de la educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2024.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a introducir deducciones fiscales por gastos en material escolar y servicios escolares complementarios, para su discusión en la Comisión de
Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Primero. El gasto escolar en España
Según datos de septiembre de 2023, últimos disponibles del curso escolar que ha concluido, las familias españolas han gastado para el curso 2023/2024 una media de 2.189 euros al año por hijo escolarizado, entre los costes anuales (matrícula,
uniformes, libros de texto, material escolar ...) y los mensuales (aula matinal, servicio de comedor, transporte, actividades extraescolares ...) 93. En el curso 2017/2018, el coste medio fue de 1.212 euros, lo que supone que se ha producido un
incremento del 81 % en tan solo cinco años.
La última edición de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE, publicada en el curso 2019/2020, concluyó que cada alumno supuso un gasto medio de 1.649 euros 94. Casi una década antes, la misma encuesta, publicada en el
curso 2011/2012, concluyó que el gasto medio por cada estudiante ascendía a 1.319 euros 95. Es decir, ha habido un incremento del 25 %.
93 https://www.ocu.org/consumo-familia/bebes/informe/gastos-vuelta-cole
94 https://www.ine.es/prensa/eghe_2019_20.pdf
95 https://www.ine.es/prensa/np763.pdf
De ambos estudios se deduce que cada vez sale más caro a las familias españolas hacer frente a los gastos educativos de sus hijos. Ante este escenario, el Gobierno y los poderes públicos, en todos los niveles de las Administraciones
públicas, deben aunar esfuerzos y establecer medidas destinadas a ayudar a las familias españolas con hijos menores que se encuentran en edad escolar a hacer frente a la subida de los precios y al incremento del coste de la vida.
Se trata, además, de un encarecimiento del coste de vida que también sigue en aumento. Según la última edición de la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE en febrero de 2024 96, las familias sufren carencias severas: el
porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) aumentó en 2023 desde el 26 % en el que se encontraba en 2022 hasta el 26,5 %, y el porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social
severa creció hasta el 9,0 %, frente al 7,7 % del año anterior.
Además, dicha tasa AROPE ha aumentado notablemente en el segmento de población de los menores de 16 años: subió 2,1 puntos respecto a 2022, hasta alcanzar el 34,3 %, el porcentaje más elevado desde 2014. A ello hay que añadir que el 9,3 %
de la población confesó llegar a fin de mes con muchas dificultades en 2023, un +0,6 puntos porcentuales respecto a 2022, y que el 37,1 % no tuvo capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, casi 2 puntos porcentuales más que el año 2022.
Por último, España sigue sin recuperar su poder adquisitivo previo a la pandemia: '[a]unque los salarios nominales han aumentado por encima de la inflación en 2023 y principios de 2024, los salarios reales seguían siendo un 2,5 % inferiores
en el primer trimestre de 2024 en relación con el cuarto trimestre de 2019' 97.
En conclusión, las familias españolas están padeciendo especialmente la crisis económica, social y energética que lleva sufriendo España desde hace ya varios años. A estas complicaciones, comunes a todas las familias, hay que añadir las
propias de aquellas con hijos en edad escolar debido a los gastos educativos que, como se ha visto, no han dejado de crecer en los últimos tiempos.
Segundo. La necesidad de reducir la asfixia de las familias por la adquisición de material escolar
Ante tal escenario, el de un incremento constante del gasto de las familias españolas en material escolar (libros de texto, uniformes y demás material de apoyo educativo, amén de gastos asociados a la actividad académica como el aula
matinal, el servicio de comedor, el transporte y las actividades extraescolares, entre otras), se juzga urgente y necesario desahogar económicamente a los padres y tutores legales de menores en edad escolar.
El Gobierno tiene muchos instrumentos para que la 'vuelta al cole' en septiembre sea menos dolorosa para el bolsillo de las familias. Los puede haber de tipo social, como las ayudas directas a las familias más desfavorecidas por nivel de
renta, así como de tipo fiscal.
Una de las medidas concretas que VOX defiende en esta materia es la de introducir deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por varias razones:
1. Inversión educativa: el gasto educativo ha de verse como una apuesta de futuro por el mejor desarrollo de nuestros jóvenes para poder crecer en conocimiento, oportunidades laborales y productividad, variables todas ellas muy necesarias
para el buen desempeño de la economía española del presente y del futuro. El Gobierno puede, con esta medida, incentivar fiscalmente a las familias españolas a apostar por una buena inversión educativa para sus hijos.
2. Reducir la presión fiscal: desde VOX creemos que, como norma general, donde mejor está el dinero de los contribuyentes es en sus bolsillos, porque ellos saben mejor
96 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm
97 https://www.oecd.org/es/publications/perspectivas-del-empleo-de-la-ocde-2024-notas-de-pais_7af876a7-es/espana_aa3b1b42-es.html
que nadie dónde tienen que gastar e invertir el dinero que han ganado con el esfuerzo de su trabajo.
3. Ayudar a las familias al comienzo del curso escolar: como se ha visto más arriba, las familias españolas se enfrentan cada inicio de curso escolar a varios miles de euros de media por hijo, un dato que ha ido aumentando en los últimos
años y en el que la inflación no ha hecho sino encarecer aún más la factura académica.
4. Instrumento indirecto de apoyo a la natalidad: España está inmersa desde hace años en un invierno demográfico que queda ratificado cada año con las previsiones de nacimientos publicadas por el INE. Nuestro país ha de propiciar un clima
amistoso para formar familias y ayudarlas en todo lo que rodea a la crianza de los hijos, con lo que esta medida redundaría también favorablemente en la demografía española.
5. Justicia social: si ya se plantean actualmente deducciones estatales en el IRPF en fenómenos sociales tan relevantes para el crecimiento económico y el bienestar social de los españoles como la maternidad y la inversión en vivienda
habitual o empresas de nueva creación, la lógica y la búsqueda del bien común invitan a pensar que también es de justicia social reducir el impacto fiscal de la inversión de las familias en el gasto escolar de sus hijos cada curso.
Tercero. Conclusión
El gasto escolar al que se enfrentan las familias al comienzo de cada curso académico se incrementa año tras año sin que el poder adquisitivo de las familias crezca al mismo ritmo. Aumentan el precio del alquiler, el precio de la energía,
la cesta de la compra ... Y los libros de texto, uniformes, calzado y material académico, en general.
El Gobierno debe procurar el bienestar de las familias y salvaguardar el pleno desarrollo de la población infantil y adolescente en España. Esto es especialmente urgente en un contexto en el que más de 1 de cada 3 menores de 16 años
(concretamente el 34,3 %, el porcentaje más elevado desde 2014) viven en riesgo de pobreza o exclusión social.
El Ejecutivo cuenta con instrumentos de sobra para paliar este terrible fenómeno y dotar a las familias de los recursos suficientes para ofrecer a sus hijos una infancia y adolescencia feliz y con todas las herramientas necesarias para vivir
una etapa escolar plena. Ello redundará positivamente no solo en el bienestar y la economía de la familia, sino también en la de toda España.
Como ya se ha expuesto, una de las medidas de las que dispone el Gobierno es recurrir a la fiscalidad. En España se realiza un esfuerzo fiscal que se sitúa un 17,8 % por encima de la media de la Unión Europea 98. Ante este contexto, es
razonable y necesario reducir el ahogo fiscal que sufren las familias en algo tan vital como es la educación de sus hijos. Con ello ganan las familias y gana la sociedad española.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar cuantas medidas sean necesarias para reducir la creciente factura del gasto escolar.
2. Introducir deducciones fiscales en el IRPF por gastos efectuados en material educativo y en servicios escolares complementarios relativos a los hijos a cargo, para ayudar a las familias con hijos menores en edad escolar a hacer frente al
inicio del curso académico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
98 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2024/04/03/660d94a9fc6c83df2f8b45c1.html
161/001150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a revisar y actualizar el
Programa ADO y ADOP para apoyar a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El Programa ADO es realizado por la institución española Asociación Deportes Olímpicos (ADO) para apoyar el desarrollo y promoción de los deportistas nacionales de alto rendimiento a nivel olímpico. Se constituyó el 23 de diciembre de 1987
con el objetivo de dar a los deportistas españoles de élite los medios y recursos necesarios para lograr un buen resultado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Desde 2004 existe el Programa ADOP que da apoyo a los deportistas con discapacidad
en su preparación para los Juegos Paralímpicos.
El Gobierno reconoce, en contestación a pregunta escrita de este Grupo, que tras la pandemia de COVID-19 el plan ADO se vio significativamente afectado, quedando sin aportaciones de empresas privadas. Por ello, durante los años 2022 y 2023,
la totalidad de la aportación fue de carácter público, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), lo que permitió que ningún deportista se quedara sin beca ADO durante estos años.
Durante el presente año 2024, desde ADO se han realizado las labores oportunas para recuperar inversiones privadas y, por ello, una parte de las becas del Plan ADO 2024 serán financiadas por patrocinadores privados.
Y respecto al ADOP (Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico), en el año 2023, los ingresos del citado Plan ADOP provienen en un porcentaje cercano al 90 por ciento de entidades privadas, y en un 10 por ciento de subvenciones procedentes
de distintas entidades públicas. La subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD) en 2023 fue de 400.000 euros y se integra como ingresos del Plan ADOP. Con las aportaciones de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte Comunidad de Madrid,
la Dirección General de Deportes Región de Murcia, la Junta Castilla y León y el Real Patronato sobre Discapacidad.
Hasta la fecha, y desde su creación ADO ha recibido más de 360 millones de euros a través de sus empresas patrocinadoras. Esta contribución ha permitido financiar más de 12.000 becas y ha sido fundamental para preparar a nuestros
deportistas olímpicos y para obtener los mejores resultados en los Juegos de Barcelona, Atlanta, Sídney, Atenas, Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio.
Antes de la existencia de ADO, en 88 años y 13 ediciones olímpicas, nuestros deportistas solo habían obtenido 27 medallas olímpicas. Sin embargo, gracias al Plan ADO en 28 años, desde Albertville 1992 hasta Tokio 2020, hemos alcanzado un
total de 143 medallas olímpicas, situando a España en la élite del deporte mundial.
En enero de 2023, el Gobierno, el Comité Olímpico Español (COE) y RTVE comunicaron a las empresas que históricamente han formado parte del Plan ADO su intención de revitalizar este programa con vistas a los Juegos Olímpicos de París 2024, en
los que el deporte español aspira a derribar la barrera de las 22 medallas de Barcelona'92. En su intervención, el Ministro Iceta reconoció que 'ADO surgió en ese momento como una expresión de la colaboración del sector privado con el deporte, pero
somos conscientes de que se necesita un nuevo impulso'. En ese acto el ministro explicó a las empresas que el Plan ADO exploraría 'nuevas oportunidades de visibilidad para las empresas' y que se mejoraría para que 'recupere el vigor que
tradicionalmente ha tenido'.
El Gobierno aprobó un nuevo programa para impulsar los atletas olímpicos como financiación alternativa. El programa del CSD Team España Élite ha aparecido por primera vez en este ciclo olímpico e invertirá 16 millones anuales, un total de
48 millones de euros
hasta 2024. Sin embargo, ha existido un bloqueo en las convocatorias, en las resoluciones y adjudicaciones del CSD, de tal manera que los deportistas llegaran a los juegos sin que se haya convocado.
Por su parte en el ámbito privado existen alternativas propias como la de Telefónica que lleva desde 2014 impulsando el programa Podium junto al Comité Olímpico Español (COE), con el que otorga becas de 88 deportistas de 32 disciplinas
distintas con una serie de condiciones, como la de estar fuera del programa ADO y competir en una de las disciplinas elegidas.
Por todo ello se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con el COE, RTVE, el Comité Paralímpico Español y el sector privado, a revisar y actualizar el programa ADO y ADOP para alcanzar un modelo de éxito estable de financiación de
cara a la próxima cita olímpica de Los Ángeles 2028, eficiente en la captación de fondos, en la convocatoria, resolución y adjudicación de las aportaciones económicas de las empresas participantes, con la finalidad de apoyar a nuestros deportistas
olímpicos y obtener los mejores resultados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez y Borja Sémper Pascual, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/001112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para garantizar el mantenimiento del empleo en los centros de trabajo de Vodafone en Vigo y Pontevedra, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El pasado 14 de mayo el Gobierno español autorizaba la adquisición de Vodafone España por el fondo de inversión británica Zegona Communications, que opera bajo la estrategia 'buy-fix-sell', esto es 'comprar-arreglar-vender', con un claro
interés especulativo y sin un compromiso real por asentar la continuidad productiva de las compañías que adquiere.
La operación, autorizada por el Consejo de Ministros y Ministras, no incluía ninguna condicionalidad respecto de la fijación de la actividad y el mantenimiento del empleo, como sí se han aplicado en otras operaciones recientes, como fue la
adquisición por parte de Orange del grupo Más Móvil.
Al poco de formalizar la adquisición y toma de control operativo de Vodafone España, Zegona promovió el pasado 12 de junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE),
con el que pretende reducir en un 36 % de su plantilla, lo que en Galiza representa alrededor de 60 puestos de trabajo de alta cualificación.
Un ERE que carece de motivación legal y que se pretende aplicar sin haber explorado, como exige la ley, otras alternativas que permitan la continuidad de la actividad de la compañía sin destruir empleo. Un despido masivo que se quiere
aplicar después de que Vodafone España haya reducido en un 98 % sus pérdidas y facturado más de 3 mil 400 millones de euros en el último ejercicio. Un ERE que se podrá aplicar sin contar con autorización administrativa previa por causa de la no
derogación de la lesiva reforma laboral, introducida por el Partido Popular en el Estado, y que suprimió ese mecanismo de garantía.
Estamos ante el sexto expediente de regulación de empleo que se aplica en Vodafone en los últimos siete años y que ya provocaron que en Galiza la plantilla se haya reducido ya a la mitad de los 300 empleos existentes anteriormente. Al mismo
tiempo, la destrucción de más puestos de trabajo en los centros gallegos de Vodafone va a tener un evidente efecto dominó en otras empresas del sector TIC que operan en nuestro país que le prestan servicios de diferente índole.
Además del impacto laboral, este ERE va a afectar a la calidad de los servicios, alguno de ellos de carácter estratégico y crítico, que presta Vodafone para distintas administraciones y organismos públicos, entre ellas el Sergas y otros
servicios dependientes de la Xunta de Galicia. Así mismo, la destrucción de empleo prevista comprometería la continuidad de proyectos, como la implantación de redes 5G, que cuentan con una millonaria financiación pública.
Delante de esta situación y del rechazo de esa medida, que provocó la convocatoria de huelga, ni el Gobierno español ni la Xunta de Galiza han actuado en el marco de sus respectivas competencias para evitar la destrucción de empleo.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Ejercer toda su capacidad de intervención, como autoridad laboral de un ERE que afecta a distintos centros de trabajo del Estado, para exigir el mantenimiento del empleo en la compañía, atendiendo especialmente a los situados en las
ciudades de Vigo y Pontevedra por su importancia estratégica.
- Actuar para impedir la aplicación del ERE en Vodafone España y garantizar la continuidad del empleo y de la capacidad operativa de los centros que tiene en Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para
garantir o mantemento do emprego nos centros de traballo de Vodafone en Vigo e Pontevedra, para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
Exposición de motivos
O pasado 14 de maio o Goberno español autorizaba a adquisición de Vodafone España polo fondo de investimento británico Zegona Communications, que opera baixo a
estratexia 'buy-fix-sell', isto é 'comprar-amañar-vender', cun claro interese especulativo e sen un compromiso real por asentar a continuidade produtiva das compañías que adquire.
A operación, autorizada polo Consello de Ministros e Ministras, non incluía ningunha condicionalidade a respecto da fixación da actividade e o mantemento do emprego, como si se teñen aplicado noutras operacións recentes como foi a
adquisición por parte de Orange do grupo Más Móvil.
Ao pouco de formalizar a adquisición e toma de control operativo de Vodafone España, Zegona promoveu o pasado 12 de xuño un Expediente de Regulación de Emprego (ERE), co que pretende reducir nun 36 % do seu cadro de persoal, o que na Galiza
representa arredor de 60 postos de traballo de alta cualificación.
Un ERE que carece de motivación legal e que se pretende aplicar sen ter explorado, como esixe a lei, outras alternativas que permitan a continuidade da actividade da compañía sen destruír emprego. Un despedimento masivo que se quere aplicar
despois de que Vodafone España teña reducido nun 98 % as súas perdas e facturado máis de 3 mil 400 millóns e euros no último exercicio. Un ERE que se poderá aplicar sen contar con autorización administrativa previa por causa da non derrogación da
lesiva reforma laboral, introducida polo Partido Popular no Estado, e que suprimiu ese mecanismo de garantía.
Estamos perante o sexto expediente de regulación de emprego que se aplica en Vodafone nos últimos sete anos e que xa provocaron que na Galiza o cadro de persoal se teña reducido xa á metade dos 300 empregos existentes anteriormente.
Asemade, a destrución de máis postos de traballo nos centros galegos de Vodafone vai ter un evidente efecto dominó noutras empresas do sector TIC que operan no noso País que lle prestan servizos de diferente índole.
Para alén do impacto laboral, este ERE vai afectar á calidade dos servizos, algún deles de carácter estratéxico e crítico, que presta Vodafone para distintas administracións e organismos públicos, entre elas o Sergas e outros servizos
dependentes da Xunta de Galiza. Ademais, a destrución de emprego prevista comprometería a continuidade de proxectos, como a implantación de redes 5G, que contan cun millonario financiamento público.
Diante desta situación e do rexeitamento desa medida, que provocou a convocatoria de folga, nin o Goberno español nin a Xunta de Galiza teñen actuado no marco das súas respectivas competencias para evitar a destrución de emprego.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
- Exercer toda a súa capacidade de intervención, como autoridade laboral dun ERE que afecta a distintos centros de traballo do Estado, para esixir o mantemento do emprego na compañía, atendendo especialmente aos sitos nas cidades de Vigo e
Pontevedra pola súa importancia estratéxica.
- Actuar para impedir a aplicación do ERE en Vodafone España e garantir a continuidade do emprego e da capacidade operativa dos centros que ten na Galiza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de xullo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre la verificación de los datos reales del número de delegados sindicales con el fin de acabar con la figura de los 'delegados fantasma', para su discusión en
la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. Fondos públicos destinados a sindicatos
Una de las principales fuentes de financiación de los sindicatos en España son las subvenciones públicas, tanto de ámbito europeo como estatal, regional y local. La importancia de las subvenciones podría considerarse vital debido a la alta
dependencia que de ellas tienen de los sindicatos, a la baja afiliación sindical y al frecuente incumplimiento de la obligación de abonar la cuota sindical por parte de los afiliados.
Respecto de las subvenciones procedentes de la Administración General del Estado, cabe señalar que en junio de 1981 se firmó un Acuerdo sobre Patrimonio Sindical entre el Gobierno, CCOO y UGT, complementario al Acuerdo sobre Empleo de 1981,
en el que se establecía, entre otras cuestiones, el reparto de subvenciones a las centrales sindicales más representativas. Este Acuerdo supuso el inicio de la concesión de subvenciones directas a los sindicatos con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado ('PGE'), dotándose la primera partida en los PGE de 1982.
El criterio a efectos de reparto de las subvenciones estatales para financiar actividades de participación institucional, de formación y de otras actividades sindicales rige en función de la representatividad, sin que se pueda otorgar de
forma exclusiva tal financiación a los sindicatos más representativos, ya que se ha declarado que operar conforme a ese criterio es inconstitucional: reservarlas a los sindicatos más representativos y excluir al resto lesionaría la libertad
sindical, pues la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de
carácter sindical establece que el objeto de estas subvenciones es la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
Por lo tanto, si las subvenciones dependen de la representatividad sindical y esta se mide según el número de delegados referidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical ('LOLS'), es de vital
importancia que el cálculo de los referidos delegados se haga de forma precisa y real.
Segundo. La cifra de delegados de empresa
En España, los sindicatos de clase 99 (Comisiones Obreras -CCOO- y Unión General de Trabajadores -UGT-, principalmente) han conformado una suerte de 'bipartidismo sindical', que ha sido alimentado y favorecido por los sucesivos gobiernos
nacionales en detrimento de los derechos de los trabajadores. Las prebendas concedidas a los sindicatos (en particular a los mencionados) en las últimas décadas han estado acompañadas de una falta absoluta de fiscalización sobre ellos, lo que ha
tenido numerosas consecuencias perversas para el sistema. Nos referimos, por seleccionar una de esas consecuencias,
99 Se definen de esta manera aquellas entidades que reúnen a los trabajadores frente a los empresarios, siguiendo la dialéctica marxista de 'lucha de clases'. De esta manera, solo admite a empleados por cuenta ajena, estando vetada su
participación para los empresarios o trabajadores por cuenta propia.
a los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa para la consideración de un sindicato como 'representativo o más representativo' y para el acceso a mayores cotas de subvenciones públicas.
En este escenario, es un hecho que el duopolio sindical accede a subvenciones públicas que no le corresponderían, debido a que un enorme número de representantes de trabajadores permanecen inscritos en las correspondientes oficinas públicas
100 como delegados de personal o miembros de comités de empresa aun cuando la propia empresa, sea pública o privada, se ha extinguido. Esta situación provoca que, actualmente, haya miles de representantes sindicales en los registros oficiales que
no tienen ninguna función sindical porque su empresa, simplemente, ya no existe. Las cifras de casos varían -de los 30.000 a los 80.000 delegados- según denuncian distintos medios de comunicación y el resto de los sindicatos perjudicados. Como se
ha anticipado, la total opacidad de los datos imposibilita el conocimiento exacto del número total de delegados que ya no tienen función tras el cierre de la empresa, pero que siguen computando a efectos de subvenciones y representatividad.
Se trata de los conocidos popularmente como 'delegados fantasma', que representan una injusticia manifiesta, al generar una ventaja para los sindicatos supuestamente mayoritarios, 'representativos', que estarían recibiendo entre uno y tres
millones de euros que no les corresponderían, según los cálculos de otras entidades sindicales.
En este sentido, las propias organizaciones mayoritarias habrían admitido en algunas ocasiones que existen pactos entre ellas para no dar de baja en la oficina pública de registro, depósito y publicidad, dependiente de la autoridad laboral
correspondiente, a sus delegados una vez su mandato ha expirado por desaparecer las empresas en las que trabajan. De esta forma, se aseguran el cobro de las pertinentes subvenciones públicas durante el resto del mandato representativo, que dura
hasta cuatro años. Hoy en día CCOO y UGT son los sindicatos de trabajadores más representativos y los que, en consecuencia, poseen el mayor número de 'delegados fantasma' existentes. Este hecho, a todas luces fraudulento, no puede suponer en
ninguna circunstancia el acceso a ninguna subvención; ello no estaría amparado o respaldado por un mandato electoral, toda vez que la empresa en cuestión ha sido extinguida.
En consecuencia, es preciso denunciar que los sindicatos de clase reciben importes superiores a los que realmente les corresponden en concepto de subvenciones públicas, debido a que las cifras oficiales y no actualizadas por el órgano
competente 101 les atribuyen representantes en empresas ya desaparecidas.
Tercero. La necesaria verificación de los datos de delegados sindicales: una solución
El procedimiento de concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales se encuentra regulado en el artículo 4 de la citada Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, en el cual el órgano competente para ordenación e instrucción del
procedimiento, a efectos de verificar la representatividad de las organizaciones sindicales que se presenten a la convocatoria, solicita a la oficina pública de registro, depósito y publicidad, dependiente de la autoridad laboral una certificación
que acredite el número de delegados sindicales que estas organizaciones hayan obtenido en las correspondientes elecciones sindicales de las empresas.
Una solución ante esta situación pasa por hacer efectivas las funciones que tienen encomendadas las oficinas públicas de registro, depósito y publicidad, dependientes de la autoridad laboral, en virtud del artículo 25 del Reglamento de
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa, aprobado por Real Decreto 1844/1994,
100 Según el procedimiento de concesión de subvenciones recogido en la Orden TAS 1303/2007, los delegados sindicales se encuentran inscritos en las correspondientes Oficinas Públicas, que tienen por objeto el registro y depósito de las actas
electorales correspondientes a los procesos de elecciones sindicales en las empresas y Administraciones Públicas, así como al cómputo y atribución de resultados que de las mismas deriven.
101 La oficina pública dependiente de la autoridad laboral, según dispone el artículo 75 del Estatuto de los Trabajadores.
de 9 de septiembre, entre las cuales se encuentra la recepción de las comunicaciones cuando se produzca la desaparición de cualquier centro de trabajo en que se hubieran celebrado elecciones a los órganos de representación de los
trabajadores en la empresa y estuviese vigente el mandato electoral.
A esta función se debe dar cumplimiento a través del representante legal de la empresa o, en su defecto, de los representantes legales de los trabajadores o los delegados sindicales si los hubiera, teniendo la obligación de comunicar tales
situaciones cuando se produzcan a las oficinas públicas dependientes de la autoridad laboral, a tenor del mandato recogido en la letra f) del mencionado artículo.
Además, para dar cumplimiento al objeto de la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical de la Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril,
sería conveniente cruzar los datos de empresas existentes en la Seguridad Social con los propios del Registro Mercantil, a fin de que se contraste la efectiva composición de los representantes de los trabajadores. Se procedería, de tal modo, a la
desaparición de los delegados de empresa que no ejercen función sindical alguna tras el cierre de las entidades para las que trabajaban, con el fin de que no computen como en activo a ningún efecto legal.
Esta solución se presenta como una vía especialmente propicia para subsanar este hecho. Por la mala praxis de las organizaciones sindicales (que no puede ser casualidad) al no comunicar el cese de sus delegados a las oficinas provinciales,
esta información resulta desconocida para la Oficina Pública nacional de Elecciones Sindicales; al mismo tiempo que la LOLS no contiene ninguna previsión sobre el imprescindible cese de la actividad de los representantes sindicales por el cierre de
la empresa y consiguiente baja de estos a cualesquiera efectos legales.
En definitiva, entre las consecuencias de décadas de este sistema se encuentra la conformación de un modelo laboral en el que los grandes sindicatos subvencionados y la patronal defienden sus privilegios y abandonan a los españoles
trabajadores, convirtiéndose en terminales mediáticas de los gobiernos y los distintos partidos y en elementos de choque contra los trabajadores.
Para acabar con todo ello, es preciso avanzar hacia un marco jurídico que frene la sobrerrepresentación fraudulenta de unos sindicatos de clase que se ha traducido en privilegios públicos en muchos casos carentes de justificación real.
Todos los trabajos son imprescindibles y deben ser defendidos por sindicatos de trabajadores realmente comprometidos con las necesidades y demandas de los trabajadores de España en sus puestos de trabajo y que, además, gocen de independencia
respecto de los poderes políticos. El sindicalismo ha de entenderse como un instrumento positivo de representación y mediación para la consecución de fines comunes entre empleador y empleado, y no como una estructura mafiosa para el enriquecimiento
propio y el de sus dirigentes.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Eliminar por completo las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
2. En tanto dicha eliminación no tenga lugar:
a. Promover las modificaciones legislativas y reglamentarias necesarias, al objeto de que se realice la actualización continua del número de delegados sindicales (a los efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical) con mandato en vigor.
b. Desarrollar las herramientas precisas, incluidas las sancionadoras, para el descuento automático de los delegados sindicales correspondientes a empresas que se hayan disuelto y a las que no estén dadas de alta en la Tesorería General de
la Seguridad Social.
c. Garantizar que la certificación que expide la Oficina Pública, dependiente de la autoridad laboral (sea de competencia nacional o regional), y que acredita la capacidad representativa de las organizaciones sindicales, refleje de forma
fiel y precisa el número real de delegados sindicales a los efectos de la consideración de la representatividad sindical, impidiendo la inclusión de los delegados de personal que se eligen en las empresas con menos de seis trabajadores, tal y como
establecen los artículos 62.1 y 73 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d. Impulsar el cruce de datos con periodicidad, al menos trimestral, que subsane las diferencias existentes entre las empresas que constan con representantes sindicales de los trabajadores en las Oficinas Públicas dependientes de la
autoridad laboral y el número de empresas reflejadas en el sistema de la Tesorería General de la Seguridad Social y las que figuran en el Registro Mercantil, a fin de determinar el número de delegados sindicales y miembros de las secciones
sindicales que ya no ejercen función sindical por haberse extinguido la empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2024.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto, en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la reforma de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, para su discusión en la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Primero. La representación de los trabajadores en la empresa
La Constitución española ('CE') establece en su artículo 7 que 'los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y
el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos'. Asimismo, el mismo texto constitucional, en su artículo 28, señala que 'todos tienen derecho
a sindicarse libremente' y que 'la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a
afiliarse a las mismas', sin que nadie quede obligado a ello.
En España existe un modelo dual de representación de los trabajadores en la empresa: de un lado, la representación unitaria, de base electiva, y de otro, la representación sindical propiamente dicha, estructurada a través de secciones y
delegados sindicales, que desarrollan la actividad del sindicato en la empresa.
El título II del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en adelante, ET), bajo la rúbrica 'De los derechos de representación colectiva y de reunión de los
trabajadores en la empresa', establece los órganos de representación de los trabajadores: los delegados de personal (artículo 62 del ET) y el comité de empresa (artículo 63 del ET).
Así, la representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponderá a los delegados de personal. Mientras, en aquellos centros de trabajo cuyo censo sea
superior a cincuenta trabajadores será el comité de empresa el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses.
De otro lado, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical ('LOLS'), en su artículo 8, reconoce la acción del sindicato en la empresa a través de las secciones sindicales. De esta manera, todo sindicato tiene derecho a
regular en sus estatutos la constitución de secciones sindicales en los lugares de trabajo y todo afiliado tiene derecho a constituirlas conforme a dicha regulación.
Segundo. De la representación sindical
El título III de la LOLS, bajo el epígrafe 'De la representatividad sindical', regula el concepto de sindicato más representativo y la capacidad representativa de estos.
Los artículos sexto y séptimo delimitan el concepto de sindicato más representativo con el criterio de la audiencia del sindicato, medida por los resultados electorales en los órganos de representación unitaria en los centros de trabajo.
Como señala expresamente la Exposición de Motivos de la LOLS, 'el concepto conjuga el reconocimiento jurídico de la mayor representatividad con el respeto al artículo 14 de la Constitución, la objetividad y la razonabilidad del mínimo de audiencia
exigible: el 10 por 100 a nivel estatal y el 15 por 100 a nivel de ámbito autonómico, introduciendo, en ese ámbito, un mínimo de 1.500 representantes, en aras al respeto del principio de igualdad que podría quebrarse con solo la referencia
porcentual, teniendo en cuenta la heterogeneidad y diferencias de población asalariada y funcionarial entre las distintas Comunidades Autónomas del Estado'.
Así, el artículo sexto en su apartado 2 LOLS establece que tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal los siguientes:
'a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las
Administraciones públicas.
b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).'
De forma que esa condición de 'más representativo' confiere una singular posición jurídica, otorgando, según el artículo sexto en su apartado 3 de la LOLS, la capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para:
'a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tenga prevista.
b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación.
d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo.
e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas.
f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.
g) Cualquier otra función representativa que se establezca.'
Por su parte, en el ámbito regional, tendrán, con arreglo al artículo séptimo, la consideración de sindicatos más representativos:
'a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y
en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal.
b) Los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).'
Continúa el artículo:
'Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades recogidas en el apartado tercero del artículo 6 citado, así como la capacidad para ostentar
representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal.'
Finalmente, y de acuerdo con el apartado 2 del mismo artículo séptimo, aquellas organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, el 10 por
100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se
refieren los apartados b), c), d), e) y g) del artículo 6.3 de la LOLS.
Tercero. Mayorías que ponen en entredicho los derechos consagrados en los artículos 14 y 28 de la Constitución Española
Al tiempo de presentar el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el debate de totalidad de 28 de febrero de 1984, el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, D. Joaquín Almunia Amann, justificaba los porcentajes
establecidos en los artículos 6 y 7.
Al hilo de lo expuesto por el ministro del grupo proponente de la LOLS, la exposición de motivos de la misma señala, tras hacer alusión a los porcentajes requeridos para ser considerado sindicato 'más representativo', que tal vez el
porcentaje establecido 'parezca reducido', pero que 'la pretensión es abrir la legislación lo más posible al pluralismo sindical [ ...].'
Lo cierto es que es el porcentaje exigido es muy superior a aquellos requeridos en otros ámbitos para el ejercicio de la 'representación', entendida esta como 'vehículo de democratización de las relaciones laborales en los centros de trabajo
y fuera de él, desarrollado así los artículos 7.º, 9.º, 2, y el 129 de la Constitución' (Exposición de Motivos LOLS).
Así ocurre, por ejemplo, en relación con los porcentajes exigidos para la distribución de escaños. En la mayoría de las regiones solo se tienen en cuenta aquellas listas que hubieran obtenido entre el 3 y el 5 por 100 de los sufragios
válidamente emitidos. De igual modo, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que no se tendrán 'en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos
en la circunscripción' (artículo 163.1.a).
Resulta del todo irracional que se exija una mayoría más amplia para ostentar la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal que para ostentar la representación parlamentaria, ya sea autonómica o nacional.
En este sentido, ya hubo controversia respecto al porcentaje exigido para ser considerado 'más representativo' en los debates y enmiendas en la tramitación de
la LOLS. En la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del momento se hacía alusión al 'elevado' porcentaje exigido.
Finalmente, el texto legislativo se aprobó con la mayoría del 10 por ciento, lo que ha dado lugar a que se produzcan situaciones en que se han vulnerado los artículos 14 -igualdad ante la Ley- y 28 -libertad sindical- de la Constitución.
Recordemos que el propio legislador, en la exposición de motivos, alude a la preeminencia que ha de tener el artículo 14 CE frente a los artículos 6 y 7 LOLS. Así, señala expresamente que 'la pretensión es abrir la legislación lo más
posible al pluralismo sindical, fomentándolo, a través de los tres niveles de mayor representatividad que diseñan los artículos 6.º y 7.º de la Ley, primando el principio de igualdad sobre lo que podría ser un razonable criterio de reducir a través
de la Ley la atomización sindical, evolución que se deja al libre juego de las fuerzas sindicales con presencia en las relaciones de trabajo'.
Cuarto. Derecho comparado y jurisprudencia
Los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno no contemplan un porcentaje mínimo para que un sindicato sea considerado 'más representativo'. Así, por ejemplo, 'parece manifestarse en el ordenamiento jurídico francés una clara tendencia a
buscar 'representatividad suficiente' más que una mayor representatividad. Acompañándose esta actitud, incluso en alguna ocasión, del reconocimiento de consecuencias igualitarias, de los mismos derechos, del mismo poder de representación y
participación, a todas aquellas organizaciones a las que se les ha reconocido la 'suficiencia de representatividad', sin tener presente la desigual afiliación, audiencia y responsabilidad que pueden tener estos sindicatos estimados suficientemente
representativos' 102.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de Francia, de 14 de abril de 1953, señalaba que 'los resultados no pueden ser por sí solos determinantes (de la representatividad) y la audiencia de un sindicato, aunque fuera grande, no
podrá ser un criterio suficiente de representatividad. Es simplemente un criterio importante que puede sustituir o reforzar otros criterios, pero que no tiene en sí mismo valor para contrarrestar la representatividad que se fundamenta en los
efectivos' 103.
Semejante es el caso de Italia, donde se trata de alcanzar, en principio, niveles de suficiente representatividad. Así, '[ ...] el reconocimiento de la representatividad depende de la valoración que realiza determinado organismo público
sobre unos datos tácticos concretos, dicho reconocimiento es discrecional y caso por caso [ ...]' 104.
Lo mismo ocurre en Países Bajos y Luxemburgo, donde parece que el criterio definitorio tiene fundamento en la representación que, en cada caso concreto, pudiere ostentar cada sindicato, sin que llegue a tenerse en consideración la
representatividad de este en el marco estatal o regional. Este mismo criterio ha sido compartido por numerosa jurisprudencia de las más altas instancias jurisdiccionales en España 105.
Quinto. La cuestión clave
En este sentido, muchas organizaciones sindicales llevan reivindicando durante años la necesaria modificación de la LOLS para corregir el duopolio de CCOO y UGT.
El criterio no ha de ser el de 'mayor representatividad', sino, como ocurre en países de nuestro entorno, el de 'suficiente representatividad', valorada esta tanto a nivel territorial como funcional.
Lo cierto es que, pese a que UGT y CCOO sean considerados los sindicatos más representativos, existen muchos trabajadores que no están afiliados ni se sienten representados por estos, pero sí por otros sindicatos a 'los que se ignora a nivel
institucional y en el marco del diálogo social'. En este sentido se pronunció uno de los
102 Montalvo Correa, J. El concepto del sindicato más representativo en los sistemas sindicales europeos. Instituto de Estudios Sociales. Ministerio de Trabajo.
103 Ibíd., pág. 10.
104 Ibíd., pág. 10.
105 Véase en tal sentido la reciente Sentencia n.º 184/2021, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 7 de septiembre de 2021.
portavoces de la Plataforma Sindical Plural, alegando que la prueba de esta exclusión y omisión 'es que Sánchez no les convocó en su reciente ronda de contactos tras su fallida sesión de investidura' 106.
En el mismo sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladó a la ex-ministra de Trabajo y Economía Social, en febrero de 2020, una propuesta con el mismo objeto que la presente, esto es, 'para reformar la Ley
Orgánica de Libertad Sindical a fin de 'corregir el monopolio de CCOO y UGT' y llevar la pluralidad al sindicalismo'. Según CSIF, 'la legislación sindical actual establece una coraza que impide crecer a otras opciones legítimas y deja sin
representación a muchos ciudadanos.'
En el mismo sentido, CSIF asegura que su crecimiento exponencial en el sector privado se debe 'a la demanda por parte de la sociedad de un modelo de sindicalismo generalista, independiente desde el punto de vista político, profesional,
alternativo a las tradicionales organizaciones de clase, y transparente'.
Y por ello, remarcaban que '[e]s hora de otro modelo de sindicatos más acorde con la realidad española. Esto sería muy bueno para la salud democrática de la vida sindical española' 107.
Recuérdese que la propia norma alude a que debe primar 'el principio de igualdad sobre lo que podría ser un razonable criterio de reducir a través de la Ley la atomización sindical'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la reforma de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, a fin de establecer el umbral del 5 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y
de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, tanto en los ámbitos estatal y autonómico como en el ámbito funcional específico, con el fin de que la singular posición jurídica que otorga el concepto de sindicato 'más
representativo' sea sustituida por el criterio de 'suficiente representatividad'.
2. Promover la reforma del artículo 67 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el siguiente tenor literal: '1. Podrán promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa las
organizaciones sindicales más representativas, las que cuenten con un mínimo de un cinco por ciento de representantes en la empresa ,o los trabajadores del centro de trabajo por acuerdo mayoritario. Los sindicatos con capacidad de promoción de
elecciones tendrán derecho a acceder a los registros de las Administraciones Públicas que contengan datos relativos a la inscripción de empresas y altas de trabajadores, en la medida necesaria para llevar a cabo tal promoción en sus respectivos
ámbitos'.
3. Promover la reforma del artículo 33.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el siguiente tenor literal: '1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que
estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los
artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte,
los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que
106 https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-plataforma-sindical-plural-reivindica-frente-ccoo-ugt-sindicatos-no-estan-hacer-politica-20190815114944.html
107 https://www.csif.es/es/articulo/nacional/general/40136
hayan obtenido el 5 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución'.
4. Promover la reforma del artículo 36.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el siguiente tenor literal: '3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al
personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de
Negociación. Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en
consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales las
organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 5 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a
la Mesa de que se trate'.
5. Promover la reforma de los apartados c) y d) del artículo 43.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el siguiente tenor literal: 'c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido
al menos el 5 por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 5 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende
promover las elecciones'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2024.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Podemos y Portavoz Adjunta del G.P. Mixto, doña lone Belarra, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regularización
de personas migrantes, para su debate en la Comisión de Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En los últimos meses, la sociedad española ha estado inmersa en un intenso debate sobre la llegada de personas migrantes a nuestro país. Sin embargo, este debate no se está enfocando en la perspectiva que debería ser fundamental en esta
cuestión: la de los Derechos Humanos, que son inherentes a cualquier persona, sin importar su estatus administrativo. En su lugar, se está abordando desde una falsa perspectiva de seguridad y orden público, lo que acaba presentando a las personas
migrantes en el imaginario social como una potencial amenaza para nuestra sociedad y seguridad, en lugar de reconocerlos como lo que realmente son: seres humanos que han decidido abandonar su país, ya sea por falta de expectativas de futuro, por la
pobreza, por la guerra o por cualquier otra razón legítima en busca de una vida mejor en otro lugar. Además, el debate está siendo distorsionado por campañas de desinformación y noticias falsas que se difunden a diario en redes sociales y algunos
medios de comunicación. Todo esto está provocando
una criminalización y deshumanización de las personas migrantes, algo que no corresponde con los valores de una sociedad democrática.
Preocupantemente, no solo son los grupos políticos con una ideología más conservadora o de carácter más reaccionario presentes en las Cortes los que están impulsando esta perspectiva degradante para los seres humanos que deciden migrar en
busca de un mejor futuro, sino que es el propio Gobierno del Estado, con el propio Presidente del Gobierno a la cabeza, el que la está alimentando con sus declaraciones y anuncios al respecto.
Durante su reciente gira por países como Mauritania, Gambia o Senegal, llevado a cabo en la última semana de agosto, el Presidente Sánchez ha endurecido su discurso respecto de la migración considerada como 'irregular', y, entre otras
cuestiones, ha abogado por llevar a cabo el retorno de las personas que se encuentren en nuestro país en una situación administrativa irregular, es decir, por llevar a cabo deportaciones masivas de estas personas a sus países de origen. Una
perspectiva que es contraria a lo que se espera de un Gobierno que se califica a sí mismo como de izquierdas y progresista, y que, por supuesto, no fue lo que los partidos actualmente en el Gobierno expusieron y prometieron a sus electores durante
la pasada campaña electoral previa a las elecciones del 23 de julio de 2023.
Con ello, nuestro Gobierno se está situando ahora en el mismo plano político e ideológico que otros Gobiernos de la Unión Europea que llevan tiempo realizando este tipo de prácticas contrarias a los Derechos Humanos, como son los de Italia,
Grecia, Hungría, etc., así como lo que están igualmente intentando hacer en la actualidad otros Gobiernos como el de Dinamarca o el de Alemania. Unas prácticas, en línea con el pacto sobre migración y asilo firmado por el conjunto de los países de
la Unión Europea durante la Presidencia española de la misma, que están reforzando y alentando a la extrema derecha en todo el continente, normalizando sus relatos y situando la política migratoria de la Unión Europea en un marco de racismo
institucional permanente.
Frente a ello, asociaciones de Derechos Humanos y la sociedad civil organizada de nuestro país están exigiendo un cambio de paradigma y están impulsando soluciones diferentes que pasen exclusivamente por el respeto pleno y total a los
Derechos Humanos de todas las personas. Buen ejemplo de ello es la ILP, ya convertida en Proposición de Ley y actualmente en tramitación en este Congreso tras haber contado con la mayoría necesaria para su toma en consideración, para una
regularización extraordinaria para personas extranjeras en España que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021, que, firmada en su origen por más de 700.000 personas, propone la regularización de las personas en
situación administrativa irregular que viven en nuestro país en la actualidad.
Una regularización que, según los cálculos que se plantean en la propia Proposición de Ley en tramitación, afecta actualmente a un mínimo de medio millón de personas, y que serviría para dotar de plenos derechos ciudadanos a las mismas,
acabando así con, según se argumenta acertadamente en su exposición de motivos, 'la condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales, como
la educación y la sanidad', que la situación de irregularidad provoca sobre ellas, así como para aportar grandes beneficios tanto económicos como fiscales al estado español y al conjunto de su sociedad.
No es cierto, además, que España no esté preparada para llevar a cabo esta regularización o para dar acogida legal a las personas que a día de hoy siguen llegando a nuestro país por cualquiera de las diferentes vías, marítimas, terrestres o
aeroportuarias, existentes. España ha recibido solo en los cinco primeros meses de 2024, 33 millones de turistas extranjeros, una de las principales causas -junto con el capital extranjero como BlackRock- de la situación de turistificación, del
aumento del precio de la vivienda y del alquiler, de la destrucción de zonas protegidas, que vive nuestro país. En estos años también, tras el comienzo de la guerra en Ucrania, han llegado a España más de 200.000 ucranianos y ucranianas con estatus
de refugiado y que han contado con el apoyo y la cobertura de las instituciones. Nadie ha considerado esto un problema de orden público ni que nuestro país no
tenga la suficiente capacidad económica o estructural para darles cabida. En cambio, según los planteamientos impulsados tanto por partidos como VOX o PP y sus representantes en las instituciones, como por el propio Gobierno del Estado, sí
pareciera que quieren hacer creer que las poco más de 50.000 personas en situación administrativa irregular que llegaron a España en 2023, o el hecho de dar plenos derechos a las personas que ya viven en nuestro país, lo suponen. Una contradicción
más que evidente.
No obstante, lo único que podemos constatar con plena certeza a día de hoy es que las políticas migratorias impulsadas de la mano por los dos grandes partidos del Estado, en esta cuestión más indistinguibles entre sí que, posiblemente, en
ninguna otra, han sido un absoluto fracaso en términos de derechos humanos y de respeto por la vida y los derechos de las personas migrantes. La falta de vías seguras y legales para migrar provoca que cada año miles de personas mueran intentando
entrar de manera irregular en nuestro país y en otros países de la UE, en una auténtica matanza de seres humanos que es directamente provocada por las políticas migratorias de nuestros países. Igualmente, las dificultades existentes para que las
personas que sí han logrado llegar a nuestro país puedan regularizar su situación solo sirven para fomentar la explotación laboral y el abuso cotidiano hacia estas personas por parte de empresarios y otras personas sin escrúpulos, pese a que estas
personas, desde el mismo momento en que ya residen en el país, aportan con su fuerza de trabajo y con sus impuestos en materia como el IVA y otras similares, al conjunto de la sociedad. España no puede seguir fomentando estas prácticas abusivas, ni
este irrespeto permanente a los DDHH. Es una obligación ética, política y democrática, que nos daría una gran dignidad como país ante el mundo entero, la regularización de todas estas personas actualmente en situación irregular, así como la
apertura de vías legales y seguras para que las que así lo quieran puedan migrar desde su países sin arriesgar su vida en ello.
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
- Aprobar de forma inmediata, en un plazo máximo de 2 meses, la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001166
A la Mesa de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la Diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el personal
de ayuda a domicilio de las personas dependientes, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Dentro del Catálogo de servicios que comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia se encuentra el servicio de ayuda a domicilio.
Este servicio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el personal de ayuda a domicilio en el hogar de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades cotidianas.
Entre las funciones del personal de ayuda a domicilio se encuentran los servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria a la persona dependiente y los servicios relacionados con la
atención de las necesidades domésticas o del hogar de dichas personas, consistentes en la limpieza, el lavado y actividades de cocina, entre otros.
Son un personal que desempeña una función esencial en el cuidado de las personas dependientes, estando sometidas a unas especiales condiciones de trabajo que inciden muy directamente en su salud. En su gran mayoría es un trabajo desempeñado
por mujeres sometidas a una carga de trabajo excesiva que deriva en consecuencias para su salud tanto física como mental con los consiguientes riesgos laborales asociados.
Este personal lleva a cabo labores de movilización de peso de ancianos y personas dependientes cuyos cuerpos tienen que levantar, bajar, desplazar o sostener, y en la mayoría de los casos su peso es incluso mayor que el propio peso del
personal cuidador. Están sometidos por lo general a sobreesfuerzos y posturas forzadas que terminan derivando en enfermedades crónicas de tipo musculoesquelético que se van agravando cuantos más años se ejerce esta profesión.
Además, el personal de ayuda a domicilio está expuesto a riesgos de infecciones o contagios derivados de las condiciones, los tratamientos o las dolencias de las personas que cuidan. A todo ello hay que añadir los riesgos psicosociales,
producidos por el estrés, la sobrecarga de trabajo y el desgaste emocional y mental al que están sometidos y que les conduce a un deterioro de su salud mental, cayendo en cuadros de depresión y ansiedad.
En una sociedad cada día más envejecida el papel de las personas del servicio de ayuda a domicilio resulta determinante e indudablemente irá tomando con los años aún mayor relevancia en el futuro.
Por todo ello, Coalición Canaria estima necesario valorar esta profesión y promover el reconocimiento de la gran labor que desarrollan las personas dedicadas al servicio de ayuda a domicilio en el cuidado de las personas dependientes.
Este reconocimiento debe venir aparejado con una propuesta para instar al Gobierno de España a acometer los cambios legislativos oportunos para el reconocimiento de las enfermedades profesionales de este colectivo y la mejora de sus derechos
laborales, con una aplicación eficaz y efectiva de la legislación de prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, tal como indicábamos anteriormente, los riesgos y el deterioro de la salud física y mental de este personal se va agravando con los años. En este contexto se hace preciso reclamar al Gobierno de España que inicie los
estudios previstos en la legislación de la Seguridad Social para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social de este colectivo.
En este sentido se propone basar los estudios en los indicadores de siniestralidad, penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de morbilidad y mortalidad de estos
profesionales y en los requerimientos físicos y psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad de los trabajadores y trabajadoras cuya actividad requiere una elevada demanda física y psíquica para el desarrollo de sus puestos de trabajo,
incluida la variable de género.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. El reconocimiento y la calificación de las enfermedades profesionales específicas derivadas del trabajo desempeñado por las personas profesionales del servicio de ayuda a domicilio.
2. Iniciar el procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores y rebajar la edad de jubilación, de forma voluntaria y flexible, en el sistema de la Seguridad
Social de las personas profesionales del servicio de ayuda a domicilio, por razón de su actividad, iniciando el estudio previsto en la legislación general de la Seguridad Social relativo al procedimiento general para establecer coeficientes
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/001124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a adoptar las medidas necesarias para promover la renovación del parque automovilístico de España, para su
discusión en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Importancia de la industria del automóvil en España
La industria del automóvil en España es un importante motor económico que, de acuerdo con el Informe anual 2023 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) 108, representa el 8,2 % del Producto Interior Bruto
('PIB'), lo que la posiciona como el segundo sector industrial con mayor aportación al PIB nacional. Además, es una fuente esencial de producción de puestos de trabajo, que emplea al 9 % de la población activa 109.
Asimismo, la industria automovilística española se posiciona como la segunda exportadora de vehículos del continente y como la octava en el mundo 110. Este hecho atrae el interés de inversores internacionales, elevando la posición económica
de nuestro país 111.
Por todo ello, la industria automovilística contribuye al desarrollo regional, a la cohesión de todo el territorio español, a la competitividad económica de la Nación en el ámbito mundial y a construir y mantener empleo estable y de calidad.
Segundo. Datos sobre el descenso de la venta de vehículos de combustión
A pesar de la importancia que tiene este sector en el ámbito económico, social y territorial, la tendencia durante los últimos años, en lo que respecta a la venta de vehículos de combustión, ha sido negativa no solo en España, sino en todo
el mundo.
Después de alcanzarse una cifra récord en 2017, con 85,9 millones de vehículos de combustión vendidos en todo el mundo, estos perdieron protagonismo en favor de automóviles que incorporan tecnologías emergentes, como los vehículos híbridos y
eléctricos. Las ventas de estos últimos rondaron en ese ejercicio el millón de unidades a nivel mundial, pero su presencia en el mercado ha ido aumentando y consolidándose, en parte debido a las políticas verdes europeas que tienden a imponer a la
industria la producción de vehículos eléctricos en detrimento de los vehículos con motor de
108 https://anfac.com/wp-content/uploads/1720/02/Informe-Anual-ANFAC-2023.pdf
109 Página 7 Ibidem.
110 Página 4 Ibidem.
111 Página 18 Ibidem.
combustión 112. Bajo el marco del Pacto Verde Europeo, los legisladores de Bruselas han promovido y ejecutado normativas en aras de cumplir las directrices de la Agenda 2030, afectando negativamente los intereses de España, perjudicando su
industria y provocando despidos masivos.
El fruto de estas políticas es el Reglamento (UE) 2023/851, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/631, que establece como objetivo prohibir a partir del año 2035 la venta
de automóviles nuevos que emitan CO2 dentro de la Unión Europea ('UE') (previendo, como paso intermedio, que en 2030 los turismos reduzcan sus emisiones un 55 % respecto a los niveles de 2021 y las furgonetas en un 50 %), así como la prohibición de
su circulación a partir de 2050. Estas imposiciones y restricciones han arrinconado a la industria automovilística, que se ha visto obligada a reducir la producción de vehículos con motor de combustión; lo que ha implicado a su vez merma de la
libertad de elección de los consumidores.
Así, en 2018 se redujeron las ventas de estos automóviles en 1,2 millones. Pero fue a partir de 2021 cuando verdaderamente se notó la pérdida de ventas, situándose por debajo de los 70 millones de vehículos. En la misma línea, en 2022, los
coches con motor de combustión perdieron su absoluto dominio en ventas, aunque -pese a las exigencias y obligaciones vigentes-, siguen representando un 86,81 % del total de ventas mundiales 113.
Asimismo, la pandemia de la COVID-19 determinó el cierre temporal de un gran número de fábricas, lo cual llevó a una grave interrupción en la cadena de suministros. Dicha interrupción, unida a la alta demanda de chips, dio lugar a la crisis
de los semiconductores. Ante la escasez de procesadores, necesarios para el funcionamiento de la electrónica de los coches, la industria del automóvil adoptó como estrategia la reducción drástica del volumen de ventas, centrando en cambio su oferta
en vehículos eléctricos e híbridos enchufables, significativamente más caros que los automóviles con motor de combustión 114. Adicionalmente, la legislación europea, tendente -como hemos apuntado- a la imposición del vehículo eléctrico, ha puesto
en jaque a la industria del automóvil, dado que esta no está preparada para competir con los productores chinos. El país asiático lleva dos décadas apostando por esta tecnología, controlando el 75 % del litio, el 45 % de los derechos de explotación
minera y el 90 % de las fórmulas químicas necesarias para la producción de las baterías eléctricas. Por todo ello, China se ha lanzado a la conquista del mercado europeo, aumentando las exportaciones en la UE en un 361 % desde 2021 115.
Tercero. Actuaciones del Gobierno
El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, incorporó una línea de subvenciones al vehículo eléctrico. El plan MOVES III, dotado inicialmente con un presupuesto de 400 millones de euros, y ampliado
posteriormente hasta los 1.550 millones, se dirige a apoyar exclusivamente la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible 116. Sin embargo, dicho plan ha sido objeto de diversas críticas por parte del sector
automovilístico, que denuncia retrasos en la adjudicación de estas ayudas.
112 https://www.xataka.com/movilidad/probable-que-hayamos-alcanzado-pico-coche-combustion-cifras-ventas-claras.
113 Ibidem.
114 https://www.xataka.com/movilidad/tener-coche-cada-vez-ricos-industria-esta-matando-gamas-baratas-su-paso-al-coche-electrico.
115 https://www.larazon.es/economia/coches-electricos-9000-euros-ultima-ainenaza-china-industria-europea_2024022465d95090344c980001ba6349.html.
116 https://planderecuperacion.gob.es/noticias/conoce-Programa-MOVESIII-incentivos-movilidad-electrica-prtr
Estas ayudas se dirigen a promover exclusivamente la compra de vehículos eléctricos e híbridos, lo que no resulta razonable en un contexto de cuatro años de caída en ventas de vehículos nuevos y de consiguiente envejecimiento del parque
automovilístico español. Así, los turismos actuales tienen una media de antigüedad de 14,2 años; los comerciales ligeros o furgonetas, de 14,4 años; los vehículos industriales, de 14,9 años; y los autobuses, de 11,8 años 117.
Año;ANTIGÜEDAD;;;;;Total
;Hasta 4 años;De 5 a 9 años;De 10 a 14 años;De 15 a 19 años;20 y más años;
2021;5.521,349;4.106,482;4.742,662;5.417,482;5.152,994;24.940,969
2023;4.459,417;5.291,633;3.734,738;5.665,102;6.205,704;25.356,594
Variación; -19,23 %; 28,86 %; -21.25 %; 4.57 %; 20,43 %; 1,67 %
Fuente: Dirección General de Tráfico 118.
Histórico de matriculaciones
Fuente: Dirección General de Tráfico 119
En la concesión de las ayudas no se han tenido en cuenta las preferencias de los conductores, que siguen recayendo en los automóviles con motor de combustión, como se muestra en la anterior gráfica comparativa. Ello es debido, entre otras
razones, a los inconvenientes que los conductores encuentran en el consumo de coches eléctricos. Quizás el mayor de ellos sea su elevado precio, que hace de ellos un producto de lujo: son entre 5.000 y 18.000 euros más caros, de media, que los
coches de combustión 120; o, según otro estudio, un 39 % más caros 121. Adicionalmente, otro de los motivos que justifican la preferencia por los coches de combustión es la falta de instalación de puntos de recarga de acceso público de que
adolecen los propietarios de los eléctricos: de los 41.067 puntos de recarga de acceso público instalados, 8.645 no se encuentran operativos 122. La falta de cargadores, junto al elevado número de los que no están en funcionamiento, suscita una
gran desconfianza en los usuarios en relación con la autonomía de los coches eléctricos. Esta falta de interés en el vehículo eléctrico por parte
117 https://www.larazon.es/economia/alerta-coches-viejos-parque-automovilistico-tienen-142-anos-media-envejecer-tres-solo-decada_2024030465e35badb7621f0001e5d5cd.html
118 https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/dgt-en-cifras-resultados/categorias=/Tema/Vehiculos/
119 https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/dgt-en-cifras-resultados/
120 https://www.xataka.com/movilidad/merece-pena-coche-electrico-aqui-tienes-calculadora-para-comprobarlo-2
121 'Según un estudio realizado por JATO Dynamics en octubre de 2023, el precio medio de un coche eléctrico en EE.UU. es un 35 % más alto que uno de gasolina, y un 39 % más alto en Europa'
(https://es.motorl.com/news/709468/motorl-numbers-coche-combustion-electrico/).
122 https://anfac.com/actualidad/la-red-de-acceso-publico-de-recarga-aumenta-un-10-durante-el-primer-trimestre-de-2024-con-3-121-nuevos-puntos/
de los consumidores se traduce en una caída generalizada en sus ventas, lo que ha llevado incluso al cierre de una planta en Bruselas 123.
Cuarto. Conclusiones
Teniendo en cuenta el importante papel que la industria del automóvil desempeña en España en términos de economía y empleo, el Gobierno no puede ignorar el hecho de que hay un descenso en la venta de automóviles con el consiguiente
envejecimiento del parque automovilístico español. Sin embargo, en relación con las ayudas planteadas por el Ejecutivo para la adquisición de vehículos, se puede concluir su carácter elitista -un coche eléctrico es, de media, un 20 % superior en
precio a uno de combustión 124- y su falta de eficiencia -dado que la mayoría de estas se reciben en dos o tres años 125 y una parte de las mismas computa impositivamente-.
Por todo ello, el Gobierno debe incentivar la adquisición de nuevos vehículos, sin centrar estas ayudas de manera exclusiva en los vehículos eléctricos. El Ejecutivo no debe obviar las preferencias de los españoles, así como tampoco las
necesidades del sector.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, cuantas actuaciones sean necesarias para derogar el Reglamento (UE) 2023/851, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2023, por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, en consonancia con la mayor ambición climática de la Unión.
2. Garantizar la convivencia natural y libre de imposiciones ideológicas de todos los vehículos, de combustión, eléctricos e híbridos.
3. Impulsar un Plan Nacional de Industria Automovilística que permita la revitalización de esta industria, así como de la de partes y componentes, a fin de asegurar la posición dominante de España en el sector automovilístico.
4. Elaborar una Estrategia Industrial a nivel nacional que fomente cadenas de suministro seguras en el sector estratégico automovilístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2024.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
161/001127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Reindustrialización en España, para su discusión en la Comisión de
Industria y Turismo.
123 https://gaceta.es/economia/audi-cerrara-su-primera-fabrica-de-coches-electricos-por-una-caida-generalizada-en-las-ventas-20240721-0339/
124 https://www.motorpasion.com/industria/que-coches-electricos-caros-como-se-podrian-hacer-baratos/amp
125 https://www.xataka.com/movilidad/plan-moves-iii-caos-esperas-tres-anos-250-millones-aprobados-encima-presupuesto-regiones-desbordadas
Exposición de motivos
Primero. La industria en España.
El desarrollo de la economía en las últimas décadas está caracterizado por la terciarización y la desindustrialización, dos procesos paralelos e íntimamente ligados que se concretan en indicadores como un menor peso de la industria en el
Producto Interior Bruto (PIB), al tiempo que se da un crecimiento y mayor protagonismo del sector servicios. El Pacto Verde Europeo, un hito más de la agenda globalista, de la que el Gobierno es un siervo incondicional, no ha hecho sino sellar con
su 'reindustrialización verde' la falta de competitividad de España y de Europa, incrementando nuestra dependencia de las importaciones y consolidando el debilitamiento de la industria.
El Grupo Parlamentario VOX defiende la reindustrialización como una de las mayores prioridades en el desarrollo económico de España, que se enfrenta a la falta de competitividad y un reducido esfuerzo inversor con respecto al observado en la
industria manufacturera de la Unión Europea ('UE'), que dobla al español 126; y es que 'la industria es uno de los pilares básicos del sector exterior de la economía, al aportar la parte más importante de las exportaciones; es más intensiva en
innovación en comparación con otros sectores, como demuestra el peso que tiene en la inversión total en I+D; alcanza mayores niveles de productividad por ocupado (y, por tanto, mayores salarios), por lo que si aumenta su peso en la economía, esta
en conjunto gana en productividad; y tiene un elevado efecto tractor sobre otros sectores de la economía' 127.
El sector industrial está compuesto mayoritariamente por empresas manufactureras -casi un 90 % -, concentrando el 76,3 % de la facturación total 128. Atendidas las ramas de actividad del sector, cabe destacar que concentran casi el 40 % de
la facturación industrial la industria de la alimentación; la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 129.
Sin embargo, el peso de la industria en España está lejos del objetivo del 20 % que fijó en 2014 la Comisión Europea en su Comunicación 'Por un renacimiento industrial europeo' 130. En el año 2023, la industria manufacturera representaba,
de media, el 11,5 % del PIB y la industria en su conjunto el 15,5 % 131.
Aportación del sector industrial al PIB español
Fuente: INE. Elaboración propia.
Pese a que la población ocupada en la industria incrementó tras la crisis financiera y económica iniciada en 2008, no se han recuperado los números previos. Además, la creación de puestos de trabajo se ha estancado en los últimos años.
Según los datos que
126 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2024/01/CIE-298-digital.pdf
127 Ibidem.
128 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952 &idp=1254735576715
129 https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=12547 35110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶ml=PYSDetalleGratuitas
130 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0014&from=DE
131 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=30678
arroja el INE, los trabajadores del sector industrial representan un 13,29 % del total de la población ocupada.
Encuesta de Población Activa (EPA). Ambos sexos. Industria manufacturera. Total. Valor absoluto
Datos en miles de personas. Fuente: INE.
El Indicador de Clima Industrial (ICI) -que tiene en cuenta el nivel de la cartera de pedidos, de stocks, así como las expectativas de producción- se sitúa en un nivel de -6,3 puntos, según el último dato publicado en el mes de mayo de 2024
132. Esto es, ocho décimas por debajo del nivel de mayo de 2023. Ello evidencia un clima con condiciones claramente desfavorables para la industria.
Segundo. Lastres para la competitividad de la industria española
Según el Barómetro Industrial del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, la mayoría de los encuestados considera que la pérdida de peso de la industria en el PIB obedece a la pérdida de competitividad de la industria
española y a la falta de inversión en el sector industrial (I+D+i) 133. Esta variable ya está teniendo efectos a corto plazo, pues la escuela de negocios IMD, en su análisis sobre competitividad, ha determinado que la industria española ocupa el
puesto 40 de las 67 economías analizadas, mientras que la media de los países de la UE se sitúa en el puesto 26 134.
Entre los principales desafíos que han mermado la competitividad de nuestro sector productivo, este informe 135 considera necesario 'reducir la presión fiscal y generar un marco normativo estable para las empresas'. Asimismo, destaca la
escasez de medidas concretas para impulsar la digitalización de las empresas 'especialmente de las pequeñas y medianas', el deseable refuerzo de 'la coordinación entre los distintos agentes y promover la transferencia de conocimientos', o el
necesario aumento de la inversión en I+D+i. En este sentido, España invierte en I+D+i un 1,43 % del PIB, mientras que la media de la UE-27 es del 2,15 % y la media de la OCDE es del 2,71 % 136.
La falta de decisión del Gobierno por la reindustrialización se concreta en numerosos ejemplos. Recientemente, representantes de la industria agroalimentaria reclamaron a los cargos electos del Parlamento Europeo que 'trabajen por avanzar
decididamente en la simplificación del marco regulatorio de la actividad empresarial y la supresión de burocracia' 137, que es 'precisamente el problema más grave al que se enfrentan
132 https://industria.gob.es/eses/estadísticas/Documents/Encuesta%20Coyuntura%20Industrial/principales-resultados/dossier-mensual/DossierEci.pdf
133 https://cogiti.es/wp-content/uploads/2024/02/DEF-Barometro-Industrial.-Informe-nacional-2023.pdf
134 https://amp.elmundo.es/economia/empresas/2024/06/18/66704365fc6c83dell8b45a9.html
135 Ibidem.
136 https://web.ua.es/es/csif/pre-noticias-2024/espana-sigue-invirtiendo-en-i-d-i-el-0-8-menos-del-pib-que-la-media-europea.html
137 https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12861743/06/24/la-industria-alimentaria-de-castilla-y-leon-pide-a-los-eurodiputados-electos-reducir-la-burocracia.html
actualmente las industrias del sector' 138; y es que 'la pérdida de competitividad que provocan la alta regulación y los costes burocráticos es mucho más grave para las empresas que las dificultades a las que se enfrentan para incorporar
talento o a las de carácter geopolítico' 139.
La subida generalizada de los precios energéticos, derivada de iniciativas políticas basadas en criterios climáticos estrictos, impacta especialmente en las industrias electrointensivas españolas. Estas plantas productivas consumen el 10 %
de la demanda eléctrica peninsular, generando más de 20.000 millones de euros en valor añadido y 60.000 empleos directos 140. Sin embargo, el Gobierno no ha implementado medidas que, al igual que en otros países de nuestro entorno, generen
contratos más beneficiosos para estas industrias, donde la factura eléctrica para una empresa electrointensiva en España es un 161 % mayor que en Francia y un 65 % mayor que en Alemania 141.
En otro orden de cosas, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el sector automovilístico representó en 2023 el 7,7 % del PIB, con una aportación de 112.565 millones de euros, posicionándose como el
segundo sector industrial con mayor contribución al PIB de España 142, y siendo la industria automovilística española el segundo mayor productor de vehículos en Europa y el noveno a nivel mundial 143. Este dato es relevante, considerando que la UE
ha fijado en su horizonte legislativo la prohibición de comercializar turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que emitan CO2 dentro de la UE a partir de 2035 144, lo cual perjudicaría significativamente a la industria automovilística
española, poniendo en riesgo la pérdida de 501.000 puestos de trabajo de proveedores de automoción 145.
Tercero. Conclusiones
El intervencionismo ideológico y la excesiva burocracia constituyen un lastre para la generación de riqueza y la competitividad del sector industrial español. Las exigencias climáticas impuestas por el Gobierno, en línea con el Pacto Verde
Europeo, tienen un impacto negativo en los intereses de la industria española, traducido en un aumento de los costes de producción y en la dependencia de la importación de productos manufacturados.
Para que España pueda desarrollar una verdadera reindustrialización, resulta imprescindible implementar medidas ordenadas a crear un clima favorable al desarrollo industrial, frenando con ello la deslocalización de las industrias y
fomentando, a su vez, el crecimiento del sector en la España despoblada. En vista de lo anterior, se hace patente la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas climáticas y regulatorias que actualmente impactan negativamente en la
industria española. Es crucial establecer un marco normativo que no solo sea protector con el medio natural, sino que también promueva la competitividad y el desarrollo industrial.
Para que España pueda desarrollar una verdadera reindustrialización, resulta imprescindible implementar medidas ordenadas al crear un clima favorable al desarrollo industrial, frenando con ello la deslocalización de la industria y
fomentando, a su vez, el crecimiento del sector en la España despoblada. En vista de lo anterior, se hace patente la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas climáticas y regulatorias que actualmente impactan negativamente en la
industria española. Es crucial establecer un marco normativo que no solo sea protector con el medio natural, sino que también promueva la competitividad y el desarrollo industrial.
138 Ibidem.
139 Ibidem.
140 https://industrytalks.es/la-industria-electrointensiva-aueura-un-2024-plagado-de-incertidumbres/
141 https://intereconomia.com/noticia/finanzas/la-electrointensiva-espanola-paga-la-luz-un-161-mas-caro-que-la-francesa-20240603-1700/
142 https://www.epe.es/es/activos/20240507/sector-espanola-economia-genera-8-pib-102037579
143 https://anfac.com/todossomosautomovil/
144 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-80570
145 https://clepa.eu/mediaroom/an-electric-vehicle-only-approach-would-lead-to-the-loss-of-half-a-million-jobs-in-the-eu-study-finds/
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Elaborar un Plan Nacional por la Reindustrialización, con el objetivo de que el sector industrial español supere el 20 % de nuestro Producto Interior Bruto.
2. Impulsar una Ley de industria para potenciar la reindustrialización de España que garantice la producción industrial como forma de generar riqueza y empleo; todo ello mediante la creación de condiciones favorables para la industria que
eviten la deslocalización, la competencia desleal o los condicionantes a la producción impuestos desde Europa.
3. Rechazar las imposiciones ideológicas que obvian la responsabilidad de los principales contaminantes a nivel mundial y que afectan negativamente al empleo de los españoles y a la estabilidad económica.
4. Instar ante las instituciones europeas a la supresión del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta, por su carácter especulativo.
5. Abordar un proceso urgente de simplificación normativa. El exceso de regulación es uno de los grandes lastres y obstáculos del emprendimiento industrial.
6. Afrontar un ambicioso plan de fomento de la I+D+i que promueva la colaboración público-privada.
7. Proteger a nuestras empresas con la imposición de aranceles y barreras a la entrada de todo producto que no cumpla con la normativa que padecen los productores españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2024.-Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala y María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/001103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación en la comercialización de juegos de lotería mediante
canales electrónicos, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La compra de loterías realizadas a través canales electrónicos ha aumentado de manera exponencial los últimos años. En concreto, esta tipología de compra se ha incrementado un 85 % desde el 2019 hasta 2021 a través de la red de
comercialización: páginas del operador de juego reservado (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, en adelante SELAE), red de ventas y venta a través de comercializadores. La reserva de boletos, billetes y otros instrumentos de
participación en los juegos de lotería a través de los canales electrónicos cada vez tiene un peso más importante, y cada vez es un medio más utilizado a causa del avance tecnológico y la digitalización, que puede ir desde la gestión de órdenes de
reserva, encargo de material de juego de lotería, cobro de premios o gestión de cantidades depositadas a la participación en el juego, todo ello bajo el control del punto de venta autorizado.
El empleo de las nuevas tecnologías evita la interacción directa del cliente en los puntos de venta. La venta de estos productos por canales electrónicos incrementa el riesgo de que personas que por su condición subjetiva no debieran
participar en actividades de juego, en particular los menores de edad, puedan hacerlo. Es por ello que, ante el avance tecnológico y el método de compra electrónica, se hace necesario y urgente una regulación adecuada en la comercialización a
distancia, garantizando los intereses de los participantes y que los grupos vulnerables sean protegidos, mediante la verificación de identidad, con el fin de evitar la participación de los menores, entre otros.
Por otro lado, y en relación con la comercialización de productos reservados por entidades colaboradoras que no forman parte de la red externa de ventas, cabe señalar que el artículo 30 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, dispone que aquellas personas físicas o jurídicas que, no formando parte de la red externa de comercialización de los operadores designados para la realización de actividades
reservadas por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, comercialicen o participen en la comercialización de juegos de lotería deben contar con la autorización expresa del operador.
Ante la demanda creciente mediante la vía electrónica para la adquisición de boletos u actividades derivadas es preciso una regulación que defina y explicite qué requisitos deben ser necesarios para que entidades que puedan constituirse como
colaboradores de comercialización mediante el uso de canales electrónicos puedan hacerlo, así como las garantías que deben cumplir ante el operador de juegos de lotería SELAE como titular de la reserva establecida en la Ley 13/2011, de 27 de mayo,
de regulación del juego. Asimismo, deben tomarse cuantas medidas sean necesarias y adecuadas para el control de esta actividad con la finalidad de evitar posibles delitos, como el blanqueo de capitales y el acceso de menores al juego.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Especificar los requisitos a cumplir por parte de las entidades colaboradoras en la comercialización de juegos de lotería para la obtención de la autorización, prevista en el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se
desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en todo lo relativo a licencias, autorizaciones y registro del juego.
2. Reforzar cuantos mecanismos sean necesarios para garantizar la protección de los consumidores contra los riesgos de fraude, efectos de la adicción al juego y el acceso a los menores de edad a actividades del juego en la comercialización
electrónica de los productos de lotería a través de la red externa de comercialización y las entidades colaboradoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de servicios de acompañamiento para mitigar la soledad y el aislamiento social, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y
Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La soledad y el aislamiento social
Uno de los problemas más graves que experimenta nuestra sociedad es el de la soledad. El hombre es un animal político y social por naturaleza; nace y se desarrolla inevitablemente dentro de una comunidad. Esto significa que el hombre es
un ser relacional, hacedor de vínculos duraderos y, por tanto, generador de arraigo, lo que le lleva a identificarse con una forma de ser y estar en el mundo concreta. Sin embargo, paradójicamente, en la sociedad abierta, global e hiperconectada en
la que vivimos cada vez existen más casos de soledad, entendida como aquel sentimiento doloroso que surge a causa de la discrepancia entre las relaciones que una persona tiene y las que le gustaría tener.
La soledad se ha convertido, pues, en una plaga silenciosa, en un problema social generalizado e intergeneracional. Así, según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, el 20 % de los españoles sufren soledad. La incidencia de este
tipo de dolencia asciende en los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 29 años y en adultos a partir de los 65 años, siendo más frecuente en mujeres (21,8 %) que en hombres (18 %) 146. Además, los datos de 2024 muestran que no se trata de
un problema puntual: dos tercios de las personas que experimentan soledad se encuentran en esta situación desde hace más de dos años y el 59 % se siente así desde hace más de tres 147. Esto quiere decir que, en España, la soledad crónica
-entendida como aquella que dura dos años o más- afecta ya al 13,5 % de la población 148.
Por otro lado, si se atiende a las circunstancias específicas de la población que padece soledad, existen tres grupos a los que esta afecta especialmente: las personas con discapacidad, aquellas que sufren problemas de salud mental y las
personas mayores.
Así, un 50,6 % de las personas con discapacidad se sienten solas, lo que significa que la prevalencia de la soledad entre este grupo poblacional es casi 31 puntos superior al resto (la prevalencia entre las personas sin discapacidad es del
19,1 %) 149.
Además, también es evidente la relación existente entre la soledad y la salud mental. Prácticamente la mitad de las personas con problemas de salud mental (49,8 %) experimentan soledad; esto es, la prevalencia de esta dolencia entre las
personas con problemas de salud mental es entre tres y cuatro veces mayor que en las personas que no padecen este tipo de patologías 150.
Por último, la soledad afecta de manera significativa a las personas mayores. Así, según el informe 'La soledad en las personas mayores: prevalencia, características y estrategias de afrontamiento', el 64 % de los ancianos entrevistados
afirmaban experimentar en mayor o en menor medida sentimientos de soledad y hasta el 14,8 % experimentaban la soledad calificada como grave o muy grave 151. A mayor abundamiento, se prevé que la situación empeore con el envejecimiento de la
población española, ya que se calcula que en 2035 las personas mayores de 65 años ascenderán a más de 12,8 millones 152.
Nos encontramos, pues, ante un problema que afecta a un porcentaje elevadísimo de la población e incide con una mayor fuerza en las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad o en situación de dependencia, los enfermos
o los ancianos. Por tanto, habida cuenta de los graves perjuicios que la soledad puede producir en la salud física y mental de los más vulnerables y en cumplimiento del deber de garantizar el derecho a la protección de la salud de todos los
españoles, es urgente y necesario que los poderes públicos promuevan todas las acciones pertinentes para acabar con esta pandemia silenciosa.
146 https://www.soledades.es/sites/default/files/contenidos/Informe_Barometro%20soledad-v2.pdf
147 Ídem.
148 Ídem.
149 https://www.soledades.es/sites/default/files/contenidos/Informe_Barometro%20soledad-v2.pdf
150 Ídem.
151 https://fundacionlacaixa.org/documents/234043/558223/soledad-personas-mayores.pdf
152 https://www.ine.es/prensa/pp_2022_2072.pdf
Segundo. La estacionalidad como agravante de la soledad
Para un correcto desarrollo de políticas de acompañamiento que tengan como objetivo mitigar la soledad, es necesario tener en cuenta algunos factores condicionantes. Uno de ellos es la estacionalidad; esto es, el hecho de que existan
determinadas épocas del año, especialmente los periodos vacacionales, en las que la soledad se agudiza. Así, las épocas relacionadas con ambientes festivos, celebraciones grupales y ocio compartido hacen mella en la psique de las personas que, por
razones objetivas o subjetivas, se sienten solas.
En el informe Barómetro de la Soledad No Deseada en España 2024 se señala que el 12,4 % de las personas que sufren soledad afirman haberse sentido más solas en verano, mientras que, de las personas que habitualmente no experimentan esta
soledad, un 2,4 % afirman haberse sentido más solas durante el periodo estival 153. Además, la estacionalidad influye también especialmente en los grupos de población más vulnerable, agravando los sentimientos de soledad. En el caso de los
ancianos, el verano se convierte en una época en la que la soledad se agudiza debido a que las familias suelen tomar algunos días o semanas de vacaciones y, muchas veces, no cuentan con los medios suficientes para que sus mayores puedan
acompañarlos. Incluso en algunos casos, los ancianos 'no reciben visitas ni llamadas de sus familiares o de quienes están a su cargo' 154 en todo el periodo estival. Así, '[e]studios estadísticos realizados por el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, más conocido como IMSERSO, indican que la mayor cifra de personas en situación de decaimiento emocional, hasta el 11,4 %, se produce en verano' 155.
A lo anterior se deben añadir los datos presentados por un reciente estudio que afirma que hasta 'un 27 % de los ancianos no reciben visitas nunca; el 23 % no tiene con quién comentar sus problemas diarios; el 38,8 % no dispone de nadie
que le pueda prestar una ayuda económica, y el 45,3 % cree que la sociedad les percibe como una carga' 156.
Por otra parte, con respecto a las personas enfermas -así como las personas con discapacidad o en situación de dependencia-, estas también experimentan en el periodo estival mayores dificultades para ser atendidas o ayudadas de la misma
manera que se les atiende en otras épocas de mayor estabilidad laboral u ocupacional. Esto es, cuando las personas con discapacidad, dependencia o enfermas necesitan de un familiar, asistente o incluso de un médico para desarrollar su tareas y
quehaceres diarios, estos últimos no pueden proporcionarles ayuda por no encontrarse en su lugar habitual de residencia.
Así, el Estudio sobre juventud y soledad no deseada en España señala la discapacidad o enfermedad como uno de los diez motivos principales de la soledad 157, pues las personas que sufren estas condiciones consideran que son un impedimento a
la hora de relacionarse con los demás; sentimiento que se agrava en verano de manera exponencial.
En definitiva, los sentimientos de soledad se agudizan con la llegada del verano y, por ende, se agravan también los efectos que se derivan de esta soledad, como son la depresión, la pérdida de capacidades sensoriales o incluso el suicidio.
Numerosos estudios confirman que es el verano la época en la que más suicidios cometen los ancianos 158. Es pues, de sentido común favorecer políticas que mejoren y potencien los servicios de acompañamiento en España, especialmente durante épocas
del año, como en verano, donde se exacerban los efectos de la soledad.
Tercero. Infrafinanciación pública
Los costes asociados a la situación de soledad son múltiples y elevados. El coste más relevante es de naturaleza intangible y es el relativo a la pérdida de calidad de vida debido al sufrimiento físico o emocional en las personas. Este
tipo de coste se puede calcular recurriendo a la variable Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC). Así, según los últimos
153 https://www.soledades.es/sites/default/files/contenidos/Informe_Barometro%20soledad-v2.pdf
154 https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/vivir/aumenta-abandono-ancianos-meses-verano/201 80823194356115286.html
155 https://www.cuidum.com/blog/por-que-los-mayores-sienten-soledad-en-verano/
156 https://aiudo.es/uno-cada-cuatro-personas-mayores-no-recibe-visitas-nunca/
157 https://www.soledades.es/sites/default/files/contenidos/Estudio%20soledad%20juvenil_V12_accesible.pdf
158 https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db483.pdf.
datos disponibles, 'la reducción en la calidad de vida se estima en aproximadamente 1 millón de AVAC en el caso base. La estimación de los AVAC perdidos por muertes prematuras asociados a la soledad es de 17.866 AVAC en el escenario base'
159.
Por otro lado, en cuanto a los costes tangibles, estos son también muy elevados. Cada año, los costes directos asociados a la soledad constituyen el 0,51 % del PIB; esto es, alrededor de 6.101 millones de euros 160. Asimismo, los costes
indirectos ascenderían a 7.848 millones de euros 161, sumando un total de más de 14.000 millones de euros anuales.
Sin embargo, a pesar de que la garantía del derecho a la protección de la salud es una responsabilidad de las administraciones públicas, los recursos que se destinan a paliar la soledad -por ejemplo, las partidas destinadas a la dependencia
o la salud mental- están lejos de cubrir los costes que se acaban de referir. Así, por ejemplo, los últimos datos disponibles -de 2022- reflejaron una disminución de la financiación regional en el gasto para la atención a personas en situación de
dependencia desglosada como sigue: Cataluña (-57,3 %), Cantabria (-8,7 %), Asturias (-10,8 %), C. Valenciana (-40,6 %), Andalucía (-51,6 %), Extremadura (-11 %), Madrid (-15 %), Castilla y León (-7,4 %) y Murcia (-1 %) 162. Además, aunque desde el
Ejecutivo se hace alarde de la financiación destinada a la dependencia -en 2024 será de 780 millones 163-, esta cifra todavía dista mucho de los 14.000 millones arriba mencionados. Así, si se tiene en cuenta que los problemas relacionados con la
dependencia y en concreto con la soledad se han agravado, se puede concluir que la cantidad asignada será, de nuevo, insuficiente. Si a esto se le suman los crecientes costes directos e indirectos de la soledad, la infrafinanciación se da por
hecha.
Por otro lado, la insuficiente financiación puede observarse también en las partidas destinadas a salud mental que, como se mencionaba anteriormente, también está íntimamente relacionada con la soledad. En 2024, el Gobierno ha acordado
repartir 38,5 millones de euros entre las regiones para actuaciones en materia de salud mental 164, cifra que, además de ser escasa, se repartirá sin tener en cuenta cuáles son aquellos territorios con mayor prevalencia de problemas de salud mental
165.
Así, puede observarse el grave desajuste existente entre las necesidades reales en materia de salud y dependencia, en particular en lo que se refiere a soledad, y los presupuestos asignados para combatirla, lo que sin duda está mermando el
derecho de los españoles a la protección de la salud e inevitablemente llevará a un empeoramiento de la situación de los que padecen soledad y de aquellos en riesgo de padecerla.
Cuarto. Conclusión
La soledad se ha convertido en uno de los principales problemas que sufre la población. Esta tiene diversas causas, así como múltiples consecuencias que la agudizan y aumentan su prevalencia. Si bien una cantidad elevada de personas la
sufren, son los ancianos y enfermos los que experimentan una mayor afectación, especialmente durante épocas como el verano.
La escasez de recursos en el sistema de dependencia, así como en ciertos ámbitos de la salud íntimamente relacionados con el cuidado de estas personas, es un hecho que agrava los sentimientos de soledad y los prolonga en el tiempo. Es por
ello por lo que resulta inaplazable adoptar medidas que busquen atenuar esta situación y que ayuden a mejorar de manera definitiva la salud y el bienestar de las personas que sufren la soledad.
159 https://www.soledades.es/sites/default/files/contenidos/Estudio%20El%20coste%20de%20la%20soledad%20no%20deseada%20en%20Espa%C3%B1a_3.pdf
160 Ídem.
161 Ídem.
162 https://balancesociosanitario.com/actualidad/nuevos-datos-sobre-la-financiacion-de-la-dependencia/
163 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-consumo-agenda-2030/Paginas/2024/170624-financiacion-sistema-atencion-dependencia.aspx
164 https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6422
165 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/tl5/p419/a2011/p01/10/&file=01056.px#_tabs-tabla
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recuperar las competencias en materia de asistencia social y sanidad transferidas a las comunidades autónomas, con el fin de abordar las mejoras necesarias en estos ámbitos desde una perspectiva nacional, poniendo fin a la actual
descoordinación y disparidad entre regiones, que discrimina a las personas en función de su lugar de residencia.
2. Poner en marcha, a la mayor brevedad posible, una Estrategia Nacional contra la soledad de las personas más vulnerables, tales como las personas mayores, enfermas, con discapacidad o en situación de dependencia.
3. Aumentar la financiación destinada al cuidado y acompañamiento de personas mayores, enfermas, con discapacidad o en situación de dependencia que padecen soledad no deseada. Particularmente, reforzar los servicios de atención y
acompañamiento a las personas que padecen soledad no deseada en las épocas de mayor prevalencia de la misma, como el periodo estival.
4. Eliminar todas aquellas trabas que impiden que las ayudas a la dependencia lleguen de manera rápida e íntegra a los beneficiarios.
5. Reforzar la Estrategia Nacional de Salud Mental, poniendo especial énfasis en la prevención.
6. Garantizar para las personas mayores, enfermas, con discapacidad o en situación de dependencia el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar, el
apoyo a familiares a cargo, aumentando las plazas en residencias y los programas de atención a la soledad.
7. Impulsar campañas de sensibilización sobre salud mental y el drama social del suicidio que contribuyan a la concienciación sobre la necesidad de tejer lazos comunitarios y cohesionar nuestros municipios, regiones y comarcas frente al
aislamiento, la soledad no deseada y el abandono.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Tomas Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/001138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección efectiva de
los consumidores desde la Conferencia Sectorial de Consumo frente al impacto negativo de la coyuntura socioeconómica actual, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La 'Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público' define las conferencias sectoriales en su artículo 147 como órganos 'de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como
Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla'.
Con arreglo al listado publicado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en febrero del presente año 2024, hay un total de 43 conferencias sectoriales, siendo una de ellas la de Consumo.
La 'Conferencia Sectorial de Consumo' fue constituida el 7 de abril de 1987 y se rige por lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del 'Texto Refundido, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias'.
El referido artículo 40 plantea que la conferencia sectorial será 'presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada por éste y los consejeros competentes en esta materia de las comunidades autónomas, es el máximo órgano de
cooperación institucional del Estado con las comunidades autónomas'.
Por su parte, en el artículo 41 se concretan once funciones que la conferencia debe desempeñar, entre las que destaca 'servir de cauce de colaboración, comunicación e información entre las comunidades autónomas y la Administración General
del Estado en materia de consumo'.
Más allá de la publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' del 14 de noviembre de 2019 de la 'Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Consumo, por la que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento', la propia Comisión Sectorial de Consumo aprobó su 'Estatuto de Organización y Funcionamiento' el 15 de diciembre de 2020.
El referido 'Estatuto de Organización y Funcionamiento' concreta en su artículo 10 -relativo a la 'Periodicidad de las reuniones'- que 'la Comisión Sectorial de Consumo se reunirá de forma ordinaria, al menos, 4 veces al año y, en todo caso,
con carácter extraordinario, las veces que le sea requerida por el Pleno a iniciativa de la persona titular de la Presidencia o a petición, por escrito dirigido ...'.
No obstante, y teniendo en cuenta la información publicada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como los datos contemplados en el documento de 'Actividad de las Conferencias Sectoriales' -que elabora el
mencionado Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática- en su actualización del pasado 30 de junio, en lo que va de año 2024 no se ha producido -en el momento en el que se redacta la presente iniciativa parlamentaria- reunión alguna de
la 'Conferencia Sectorial de Consumo'.
De igual forma, y considerando una vez más los informes del Ministerio de Política Territorial, la 'Conferencia Sectorial de Consumo' no celebró reuniones en 2023, celebró una en 2022, otra en 2021 y ninguna en -comprensible por la pandemia
de COVID-19- en 2020.
Este incumplimiento de lo establecido en el 'Estatuto de Organización y Funcionamiento' de la conferencia sectorial se expone en un contexto marcado negativamente para el poder adquisitivo y la vulnerabilidad de los consumidores por
cuestiones como la inflación, con ejemplos representativos como el que supone el incremento acumulado de los precios de los alimentos en un 38 % desde el año 2020.
En consecuencia, y considerando también que el 'índice de confianza del consumidor' correspondiente al mes de mayo de 2024 que el 'Centro de Investigaciones Sociológicas' hizo público el pasado 5 de julio fue de 83,8 puntos, es decir, 23,2
puntos menor que el registrado en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030- a dar cumplimiento al 'Estatuto de Organización y Funcionamiento' de la Conferencia Sectorial de Consumo en todo lo relativo a la
periodicidad de las reuniones con el objetivo prioritario de materializar medidas -desde el respeto al reparto competencial con las Comunidades Autónomas vigente y la búsqueda de sinergias- con las que paliar, cuanto menos, el impacto negativo que
la coyuntura
social y económica actual está teniendo sobre el consumo y la protección efectiva de los ciudadanos en su condición de consumidores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Ana Isabel Alós López, Silverio Argüelles García, Antonio Martínez Gómez y Bella Verano Domínguez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/001139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar al Gobierno la adopción
de medidas para ayudar a mejorar e impulsar el control de las colonias felinas, para su debate ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, más conocida como 'Ley de Protección Animal', en vigor desde el 29 de septiembre del año pasado, y la correlativa reforma del Código Penal a través
de la Ley de Maltrato animal, fueron aprobadas sin un amplio consenso pese al impacto de las profundas modificaciones que traían consigo en lo que al cuidado y trato de animales se refiere.
El Gobierno se desentendió de su aplicación señalando que las nuevas medidas y exigencias no supondrían incremento de gasto público, ni de dotaciones, retribuciones u otros gastos de personal. Sin embargo, la ley genera tal cantidad de
competencias y obligaciones, especialmente en el ámbito municipal, que debieron reconocer la existencia de esta incuestionable repercusión económica. A la vista de las primeras subvenciones convocadas, no parece que el Ministerio haya asumido
todavía la magnitud de lo exigido.
En concreto, la norma atribuye a las entidades locales una competencia específica sobre el control de los denominados como 'gatos comunitarios', promueve la creación de las mal llamadas 'colonias felinas' con la finalidad inicial de realizar
su protección, pero con el objetivo antagonista de gestionar las colonias hasta conseguir su reducción o eliminación.
El control de los gatos que viven en libertad en los núcleos urbanos siempre ha sido una atribución municipal, por exigencia de la normativa sanitaria, pero con la entrada en vigor de esta Ley se aumentan las exigencias de gestión atribuidas
a la Administración local.
Las colonias felinas son agrupaciones de cuantía variable de gatos sobre el entorno urbano que se forman a partir de animales abandonados o extraviados y sus crías. Este tipo de gatos son animales asilvestrados con bajo o nulo grado de
socialización, por la falta de contacto y adaptación, que resultan muy difíciles de vigilar, capturar o controlar.
Durante la tramitación de la Ley se puso de manifiesto los problemas que estaban asociados a las colonias felinas: A los consabidos riesgos para la salud pública, como transmisores de enfermedades zoonóticas, se añaden conflictos sociales y
molestias a vecinos, incluso problemas para el propio bienestar del animal, y pueden ocasionar perjuicios en la fauna más sensible y dificultades en la supervivencia de otras especies, incluidas especies protegidas o endémicas de ecosistemas muy
cerrados, como, por ejemplo, las islas.
En las zonas rurales y pequeños municipios se producen circunstancias especiales que plantean otros problemas, en algunas ocasiones vinculados a conductas culturales arraigadas; especialmente si se favorece su alimentación o el abandono de
ejemplares.
En consecuencia, se hace necesario compatibilizar la existencia de colonias felinas con la convivencia ciudadana, la salud pública, la sanidad animal y la protección de la biodiversidad, siendo su principal objetivo la reducción final del
número de individuos que las forman hasta llegar a la desaparición, mediante la utilización de técnicas de captura, esterilización y retorno (CER) y la adopción de animales susceptibles de adaptarse a un hogar de manera definitiva. Una supervisión
municipal que conlleva la asunción por parte de los ayuntamientos de una competencia más para la que, en la mayoría de los casos, no tienen, ni medios humanos, ni económicos para hacer frente a la misma.
Para concretar las intervenciones, las administraciones locales deben desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas, de planes de control poblacional y protocolos de actuación. Estos deben hacerse, para que resulten efectivos, con
una implementación a largo plazo, pues a la esperanza media de un gato está en torno a los 17 años.
Es cierto que, por este motivo, el artículo 39.2 de la ley hace referencia específica al compromiso de la Administración General del Estado sobre establecimiento de líneas de subvención en favor de las entidades locales, para el cumplimiento
de sus obligaciones con respecto a las colonias felinas.
De esta forma, el Gobierno establecía un marco legal para la convocatoria de las subvenciones a las entidades de protección animal y se apremió a convocar, incluso antes de entrar en vigor la ley y en base a una orden aprobada con antelación
a la ley, las subvenciones para entidades locales destinadas al control poblacional de colonias felinas. Sin embargo, las dos convocatorias de subvenciones realizadas por el Gobierno, destinadas a los entes locales, pueden considerarse con una
dotación escasa, más cuando los municipios empiecen a ejecutar sus compromisos.
En definitiva, para que la gestión de las colonias felinas se realice de forma adecuada desde el punto de vista del bienestar animal y la salud pública, las Administraciones Locales han de intervenir con los recursos adecuados y de forma
adaptada a su realidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Flexibilizar los protocolos que permitan a los ayuntamientos una aplicación paulatina de la norma y el consiguiente control de las colonias felinas.
2. Incrementar, en cuantía suficiente, las subvenciones a entidades locales para que puedan efectivamente mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Enrique Belda
Pérez-Pedreño, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/001137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la alimentación y el sector
primario en la educación obligatoria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Nuestra Carta Magna reconoce, en su artículo 27, el derecho de todos a la educación 'mediante una programación general de la enseñanza'. De igual forma, el artículo 51, reconoce la obligación de los poderes públicos de promover la
información y la educación de los consumidores y usuarios.
El sector primario español, como productor y proveedor de alimentos, ha demostrado su capacidad para afrontar las dificultades experimentadas por la economía y sociales en estos últimos años.
Durante la pandemia (COVID-19) quedó patente su papel esencial y estratégico. Los agricultores, ganaderos y pescadores, junto con el resto de los operadores de la cadena alimentaria, hicieron todo lo posible por seguir manteniendo el
suministro de alimentos a la población. En este momento fue reconocida por la sociedad la importancia estratégica de contar con una cadena alimentaria capaz de continuar con su labor, garantizar la alimentación, la salud y el bienestar de los
ciudadanos.
Sin embargo, a fecha actual sigue habiendo multitud de ataques desde ciertos ámbitos y organizaciones que ponen en cuestión nuestra alimentación, y criminalizan su trabajo. Este tipo de ataques han ido calando en la sociedad, al no disponer
esta de una educación veraz que contrarreste dichas informaciones.
Hasta fechas recientes la sociedad española ha mantenido un vínculo con el entorno rural y ha conocido, de forma directa o indirecta, los esfuerzos del sector primario por desarrollar su actividad, de dónde vienen y cómo se producen los
alimentos. La variedad de productos saludables y la rica gastronomía española se ha hecho valedora de reconocimientos internacionales. Es importante mencionar, que un año más, la dieta mediterránea ha vuelto a ser considerada como la dieta más
sana y como la mejor opción para una dieta sana y saludable. El reconocimiento, por séptimo año consecutivo, según la clasificación anual de US News & World Report.
Debido a los recientes conflictos internacionales se ha puesto en valor conceptos como 'soberanía' y 'seguridad' alimentaria. Aunque es una evidencia, olvidada por la sociedad, con los agricultores y ganaderos empieza todo, ya que, sin la
producción de alimentos sanos, la humanidad no tiene futuro.
Por otra parte, la penetración de las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten una aproximación a ese mundo rural que nos alimenta, pero también es la vía de transmisión de bulos y desinformación.
En consecuencia, en una sociedad cada vez más urbanita, solo existe una forma de educar a las nuevas generaciones sobre la cultura agraria y alimentaria: la educación reglada y no reglada.
Las experiencias que se desarrollan fuera del aula tienen una gran importancia en la formación del alumno, así como la actividad no reglada desarrollada por diferentes organizaciones o administraciones, tiene una buena acogida. Del mismo
modo, otras actuaciones, como concursos o premios, sobre la actividad en el sector primario y alimentario ayudan a difundir conocimientos.
Las diferentes etapas del sistema educativo español deberían contribuir a desarrollar en los alumnos las competencias clave para adquirir conocimientos personales en estas materias, funcionamiento del sector primario y alimentación. En la
legislación educativa se ha conseguido el reconocimiento de la necesidad de incorporarlo a contenido curricular de algunos ámbitos, como el de la alimentación saludable. No obstante, todavía queda una laguna en el reconocimiento explícito en esta
actividad necesaria en nuestra vida diaria.
Parece necesario, más que nunca, poner en valor el trabajo del sector como proveedor de alimentos sanos y saludables, y explicar bien a nuestra sociedad, empezando por la infancia y la juventud, las bondades y ventajas que poseen los
alimentos producidos en España, y así poder desterrar multitud de falsedades que rodean a estos.
Además de lo anterior, defender a un sector que cuida el territorio (más del 80 % de nuestro territorio es agrícola y forestal), que dinamiza los pueblos y es el mayor garante para que no aumente la despoblación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con el sector agroalimentario, a la elaboración de unidades didácticas, dentro de la enseñanza reglada, sobre la alimentación y el sector primario con la finalidad de
implementar los contenidos curriculares para que las nuevas generaciones tengan un conocimiento certero de cómo se producen nuestros alimentos, su trazabilidad y garantías sanitarias, así como las propiedades que nos brinda, a través de la dieta
mediterránea, en nuestra salud y en nuestra esperanza de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Javier José Folch Blanc, Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, Alfonso
Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Asier Antona Gómez, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de las razas
autóctonas ganaderas como patrimonio genético español de gran valor, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El artículo 3 del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, que regula la cría de animales de razas puras, define las razas autóctonas como 'todas aquellas razas originarias de España de protección especial y de carácter más local, que deben
ser conservadas como patrimonio genético español para favorecer su expansión y evitar su abandono y extinción, al disponer en su mayoría de escasos censos poblacionales y estar sometidas a factores de riesgo, con diversos grados de amenaza'.
La importancia de estas razas queda plasmada en la exposición de motivos del mismo Real Decreto cuando señala que: 'Estas razas no solo contribuyen al desarrollo rural, a la fijación de la población en zonas rurales y a la preservación del
patrimonio zoogenético nacional y de la biodiversidad, sino que, además, son esenciales para el desarrollo sostenible del sector ganadero, ya que las diversas condiciones climatológicas y orográficas en España han contribuido a convertir a nuestro
país en uno de los países europeos con mayor diversidad biológica. Sin embargo, la variedad y continuidad de muchas de las razas ganaderas a nivel mundial y nacional se ha visto amenazada en los últimos años por el abandono de su explotación ...'.
Y así es, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor biodiversidad. Es importante mencionar que, actualmente, con 189 razas en catálogo oficial, 165 de ellas son autóctonas, de las que 140 están catalogadas en peligro de
extinción, y solo 25 en expansión. Teniendo en cuenta que España cuenta con uno de los patrimonios ganaderos más importante de Europa, se hace necesario velar y proteger de forma rigurosa a esas ganaderías con mayores apoyos desde la
Administración.
Existe un consenso en que conservar estas especies, mantener su diversidad y su riqueza genética debe ser una prioridad. Las razas autóctonas son un capital de
biodiversidad en sí mismas, ya que atesoran recursos genéticos que las permiten adaptarse a la climatología, enfermedades y otras características ambientales.
Sin embargo, existe un gran desconocimiento en la población en general, conscientes, cada día más, de la importancia de evitar la extinción de especies naturales emblemáticas que comparten hábitat, como el lince ibérico o el águila imperial,
pero no del valor que tiene la conservación de las razas autóctonas ganaderas.
La responsabilidad de mantener y conservar estas razas autóctonas no puede recaer exclusivamente en los ganaderos que, para intentar vivir dignamente de su actividad, intentan hacer rentables unas explotaciones cada vez con mayores costes y
requisitos sanitarios, medioambientales y técnicos, en un mercado que no hace justicia a su trabajo.
Preservar la diversidad genética y cultural de un país es una de las obligaciones de las distintas administraciones, pues estas razas no solo son parte integral del patrimonio ganadero nacional, sino que también desempeñan un papel vital en
aspectos como la sostenibilidad ambiental y la conservación de la biodiversidad, la economía rural y el desarrollo local, la gastronomía y cultura de los territorios o, incluso, del patrimonio histórico de un país.
La búsqueda de competitividad o de productividad, como recalca el propio Real Decreto 45/2019, 'no debe convertirse en una amenaza para las razas autóctonas que no son altamente productivas, pero que cuentan con características de
resistencia y rusticidad que les confieren gran capacidad de adaptación a entornos ambientales, cambio climático y resistencia a enfermedades y a las demandas del consumidor orientadas a productos de calidad resultantes de sistemas de producción
respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal, precisando especial atención las razas amenazadas, que constituyen un relevante depósito de genes que pueden contribuir a los objetivos mencionados'.
Sin embargo, esa búsqueda de una mayor competitividad o productividad en el sector de la producción animal, a lo largo del siglo pasado, estuvo centrada en la utilización de un número reducido de razas ganaderas, muchas de ellas de origen
foráneo, con mayores índices productivos y, también, mayores requerimientos de producción. El aumento de la presencia de estas razas conllevó el declive de nuestras razas autóctonas, lo que ha desencadenado efectos adversos para los hábitats
naturales y la disminución y, en ocasiones, desaparición de los productos derivados de estas razas que tienen una evidente calidad diferenciada.
Ese declive nos ha llevado a la situación de amenaza actual de razas como la Cárdena Andaluza, de la que sobreviven poco más de 250 reproductores, o 600 en el caso de la Blanca Cacereña o las 46 vacas de la Raza Bovina Canaria (fuente ARCA,
MAPA). A este declive puede haber contribuido la desaparición de muchas ayudas públicas que tienen su origen en la necesidad de un ajuste presupuestario consecuencia de la grave crisis económica consecuencia de la inactividad del Gobierno
socialista previo a 2012.
Sin embargo, en este sentido, tras un periodo de recuperación económica y una nueva crisis originada con la pandemia del COVID-19, el Real Decreto 794/2021, de 14 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, establece en su artículo 13 criterios objetivos de
otorgamiento, ponderación y cuantías en la concesión de las subvenciones, estableciendo unos baremos que no cumplen con las expectativas de las asociaciones de criadores, especialmente las que tienen mayor grado de amenazas.
Por otra parte, la publicación del Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso de un logotipo específico en los productos de origen animal, que sirvió para identificar, por primera vez, unos productos elaborados
íntegramente en España y a partir de Razas Autóctonas, ha tenido, 10 años después, unos resultados escasos en cuanto a su conocimiento por parte del consumidor, su poca presencia en medios de comunicación o su nula repercusión en los precios
recibidos por los productores. Tampoco ha supuesto una discriminación positiva, en las diferentes ayudas, para los ganaderos que trabajen con el Logo '100 % Raza Autóctona' o en la lucha contra el fraude y las falsificaciones.
La actualización y aplicación del Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, en 2019, adaptado al nuevo marco comunitario recogido en el Reglamento sobre cría animal tampoco está teniendo unos resultados visibles
que den seguridad a los productores de las razas autóctonas.
En conclusión, lejos de cumplir lo que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se propugna en defensa de las razas autóctonas amenazadas, incluidas declaraciones del propio ministro, los productores y criadores de la misma
no aprecian un apoyo para la viabilidad y subsistencia de sus producciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar de forma rigurosa, de acuerdo con el espíritu del Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, y teniendo en cuenta las necesidades para garantizar la producción de las razas autóctonas, sin menoscabo del resto de razas ganaderas,
mayores apoyos a nivel comercial, promocional y económico para todas las razas autóctonas de ganado y, especialmente, para las 140 razas que se encuentran en situación de riesgo.
2. Mejorar la dotación de las ayudas destinadas a las organizaciones o asociaciones de ganaderos, reconocidas por las comunidades autónomas, para el fomento de las razas autóctonas españolas.
3. Impulsar definitivamente el Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, especialmente en lo relacionado a la marca '100 % Raza Autóctona', tal como establece el Real Decreto 505/2013, de 28 de junio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Javier José Folch Blanc, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Rosa Quintana Carballo, Joaquín Melgarejo Moreno, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Asier Antona Gómez, Sergio Sayas
López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Milagros Marcos Ortega, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Manuel García Félix, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/001121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, José Ramírez del Río, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de las infraestructuras hídricas para la prevención y extinción de incendios,
para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. El Gobierno está promoviendo la destrucción de barreras fluviales en todo el territorio nacional. Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Restauración de los Ríos 2023-2030, elaborada por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico ('MITECO'), que se inscribe en la Directiva Marco de Aguas, para la
protección y gestión de las aguas y, al presente, a la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea.
En respuesta 166 a una pregunta parlamentaria formulada por diputados del Grupo Parlamentario VOX 167, el Gobierno indicaba que fueron 423 las barreras transversales demolidas desde 2018 hasta 2023, la gran mayoría con una altura inferior a
los 2 metros. Por otra parte, el Ejecutivo se refería a la existencia de un inventario de barreras en permanente actualización. Del total de las 18.708 barreras inventariadas 168, este es el desglose de su estado actual 169:
Estado;Número de barreras
Abandonado en buen estado.;1.183
Abandonado en ruinas.;1.189
Demolido.;340
197Demolido/Eliminado.;305
Desconocido.;3.730
En construcción.;41
En explotación.;8.593
En proyecto.;4
No encontrado.;366
Otros.;99
Puesta fuera de servicio.;643
Sin catalogar.;2.215
Total.;18.708
Segundo. Las políticas en materia de restauración fluvial corren el riesgo de reducir a un mero obstáculo cualquier barrera fluvial. No obstante, como se expondrá a continuación, existen infraestructuras sin un uso práctico asociado, pero
que o bien pueden tener un uso potencial reconocible o pueden representar un patrimonio material para la zona que merece la pena poner en valor. En definitiva, la necesaria conservación del estado de los ríos o la prevención contra su deterioro no
puede suponer una coartada para la destrucción de infraestructuras que tienen un valor, más aún cuando su eliminación -pretendida o ejecutada- recibe la contestación de los vecinos afectados.
De hecho, el referido documento del MITECO prevé la realización de 'un análisis multicriterio de cada situación particular, considerando el conjunto de condicionantes, beneficios e impactos de su uso y los efectos económicos, sociales,
culturales, paisajísticos y ambientales de su retirada [para] determinar si la actuación de restauración debe centrarse en la demolición de la barrera o su permeabilización' 170.
Con frecuencia, el uso actual de las infraestructuras no coincide con el uso originario de esta. El paso del tiempo o las circunstancias particulares de ciertas presas, balsas y azudes han podido contribuir no solo a la alteración del uso
-o incluso a su deterioro-,
166 https://www.congreso.es/l15p/e2/e_0025614_n_000.pdf
167 https://www.congreso.es/l15p/e2/e_0020484_n000_.pdf
168 Actualizado a 16 de mayo de 2024.
169 https://www.congreso.es/l15p/e2/e_0025614_n_000.pdf
170 https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/pdfs/ENRR-2022-2030.pdf
sino que en muchas ocasiones se da una consolidación de esa barrera fluvial como patrimonio de la zona. Esta ha sido la justificación para que muchos pueblos no hayan acogido las decisiones técnicas del MITECO.
Algunos ejemplos de esta situación son:
a) La destrucción de un azud o pesquera conocido como 'presa de Molino Minguela', pese a las quejas de los vecinos de los municipios segovianos de Vallelado y Chañe 171, que califican la demolición de un 'atropello' a su patrimonio 172.
b) Derribo de la Presa de Valdecaballeros. Es de sobra conocido que la llamada 'moratoria nuclear', promovida por el PSOE en los años ochenta, impidió la puesta en funcionamiento de la central nuclear de Valdecaballeros. La concesión
otorgada tenía por objeto, precisamente, 'el aprovechamiento de aguas del río Guadiana en el embalse de García Sola y a través de su afluente el río Guadalupejo con destino a las necesidades de refrigeración y servicios propios de la Central Nuclear
de Valdecaballeros, en los términos municipales de Valdecaballeros (Badajoz), Castilblanco (Badajoz) y Alía (Cáceres)' 173.
El origen de estas situaciones, una vez se declara la extinción del derecho a la concesión de aprovechamiento de aguas tras su caducidad (artículo 161.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), es ciertamente complejo. Se precisa de
una solicitud para obtener un derecho a un nuevo aprovechamiento o, de lo contrario, se resolverá la extinción del derecho, su cancelación en el Registro de Aguas Públicas y, posteriormente, obligará a presentar un proyecto para su derribo y
desmantelamiento, retornando al estado previo del cauce del río.
En este sentido, el Texto Refundido de la Ley de Aguas indica que antes de la extinción del derecho exclusivo al uso del agua, se requiere la audiencia previa de los titulares. Durante este proceso, los titulares pueden argumentar que no
hay alternativas para el suministro de agua o riego, o que se afectará a hábitats o especies protegidas. Cabría por tanto exigir con carácter previo a la ejecución de una demolición la posibilidad de una alternativa que tenga en cuenta el interés
general. Con ello se permitiría dedicar dicha infraestructura a un uso acorde con el interés nacional o particular de una zona concreta. Parece lógico que, en momentos de extrema sequía como los que hemos vivido recientemente, el almacenamiento de
recursos hídricos pueda sustituir a un uso industrial o de generación energética.
Tercero. La presente iniciativa tiene por objeto fundamental poner en valor uno de los usos que las infraestructuras hídricas puedan desempeñar, como es la extinción de incendios forestales. Así, se insta al Gobierno a que señale cuáles de
las barreras fluviales que pretende desmantelar pueden tener un uso, potencial o reconocido, destinado a la extinción de incendios, más allá de que el uso previsto fuera distinto a este.
Una muestra de ello se encuentra en la resolución del expediente de extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas de la presa de Los Peñascales (Torrelodones). La misma otorgaba al titular un plazo para presentar un proyecto para la
puesta fuera de servicio de la presa, salvo que se solicitara una nueva concesión y esta fuera otorgada.
171 https://theobjective.com/espana/castilla-y-leon/2024-01-18/destruccion-presas-castilla-leon-segovia-azudes-chd/
172 https://www.eladelantado.com/segovia/la-chd-suma-la-presa-del-molino-minguela-a-su-afan-por-derribar-los-azudes-de-los-rios/. Cabe mencionar el testimonio de un vecino a este respecto: 'Ya desde hace muchos años, la zona del Puente
Viejo, puente que daba servicio al molino de Minguela, es un lugar de encuentro de vecinos y visitantes que el día último de las fiestas congrega a cantidad de familias y amigos para celebrar una comida de hermandad, el clásico guiso de patatas con
carne, donde se disfruta de la naturaleza y después todos acuden a la pesquera para disfrutar de este bonito paisaje, y de una parte importante de nuestro patrimonio' (Ibidem).
173 Resolución del expediente de extinción de derechos de concesión de aprovechamientos de aguas del río Guadiana, en el embalse de García de Sola y a través de su afluente, el río Guadalupejo, con destino a las necesidades de refrigeración
y servicios propios de la central nuclear de Valdecaballeros, en los términos municipales de Valdecaballeros y Castilblanco (Badajoz) y Alta (Cáceres).
En una iniciativa promovida en el seno de la Asamblea de Madrid, se destacaba, precisamente, el valor de dicha infraestructura en la lucha contra los incendios 174. Así, toma como referencia, entre otros, los siguientes informes:
- El informe del Director de Explotación y Emergencias de la Presa de Los Peñascales del Ayuntamiento de Torrelodones de 9 de febrero de 2023:
'Que el embalse de Los Peñascales es una fuente de suministro de agua habitual para los servicios de extinción aéreos, previsto en el Plan de Protección Civil de Ámbito Local ante Emergencias por Incendios Forestales en el Término Municipal
de Torrelodones y su desaparición conllevaría un inasumible incremento del riesgo por incendios, no solo en el municipio, sino en el entorno del ecosistema del Monte de El Pardo de incalculable valor medioambiental' 175.
- El informe del Jefe de la Sección de Defensa Contra Incendios Forestales de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid de 23 de agosto de 2023:
'En términos de defensa contra incendios forestales, con los datos objetivos sobre valor del territorio, vulnerabilidad y demanda de defensa, con base en la información del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid sobre aparición e
incidencia de los incendios forestales en el territorio susceptible de atención por los medios aéreos desde la Presa de Los Peñascales, así de como el resultado medio obtenido en las labores de extinción durante los últimos veinte años, este embalse
se considera imprescindible para garantizar la seguridad del medio natural, el interfaz urbano forestal, núcleos rurales y urbanizaciones en amplias zonas del territorio comprendido en los términos municipales de Torrelodones, Galapagar, Hoyo de
Manzanares, Las Rozas de Madrid, además de colaborar en la defensa del Monte de El Pardo en el municipio de Madrid' 176.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Inventariar las barreras fluviales que pretende desmantelar y que puedan tener un uso, potencial o reconocido, destinado a la extinción de incendios, con independencia de que el uso original previsto fuera distinto a este.
2. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para exigir la elaboración de un informe previo a la demolición de cualquier barrera fluvial que recoja las consultas en el territorio circundante. Dicho informe deberá acreditar que
no exista ningún uso potencial, presente o futuro, para cada barrera fluvial que resulte útil para el interés general de la zona o de España.
3. Promover las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras al objeto de impedir su destrucción o estado de deterioro.
174 NL-37(XIII)/2023 RGEP.8395. Presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Madrid, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que: 1. Inste al Gobierno de España a que exija a la
Confederación Hidrográfica del Tajo a suspender el procedimiento de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas del embalse y derribo de la Presa de Los Peñascales. 2. Declare el Embalse de Peñascales y su entorno como Zona de Especial
Protección Ambiental. 3. En colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones, elabore un Plan de Uso y Gestión del Embalse de Los Peñascales, que contemple los aspectos que se relacionan en el escrito. 4. Exija al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico que inste a la Confederación Hidrográfica del Tajo a autorizar una nueva concesión para el embalse de Peñascales, en favor del Ayuntamiento de Torrelodones, y cuestiones conexas. Para su tramitación ante el Pleno.
175 Ibidem.
176 Ibidem.
4. Dar cuenta de los criterios empleados para la eliminación de barreras fluviales en todo el territorio nacional y, en particular, de aquellas que han recibido una respuesta social desfavorable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2024. -Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
161/001126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la convocatoria urgente de la mesa de la sequía
y regular su funcionamiento, así como la puesta en marcha de acciones para hacer frente a las consecuencias de la sequía en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El pasado 24 de julio, los gobiernos de Andalucía, La Rioja, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, y representantes de las asociaciones agrarias, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España
dirigieron al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación una carta en donde mostraban su preocupación por el futuro de múltiples explotaciones agrícolas y ganaderas de zonas concretas del territorio en sus respectivas comunidades autónomas.
En particular, se puso de manifiesto la situación agónica del secano andaluz y murciano, y que las previsiones climatológicas para los próximos meses estén llenas de incertidumbre para cultivos como el almendro, el olivar y el viñedo,
necesitados de aportaciones hídricas urgentes para poder salvar no ya las cosechas, sino el arbolado.
En el escrito de las comunidades autónomas se solicitaban de manera urgente la convocatoria de la mesa de la sequía a nivel nacional, para analizar la situación de la agricultura y la ganadería extensiva en secano extremo en España, la
elaboración de un plan de actuaciones en el que se determinasen medidas concretas y la elaboración de un calendario de actuaciones y la formación de una comisión de seguimiento.
Desde entonces, el Gobierno de España no ha tomado ninguna decisión de apoyo a la agricultura y la ganadería de zonas de España que están sufriendo el impacto de la sequía y acelerando el proceso de abandono del mundo rural con las
consecuencias ambientales que conlleva; economías locales abandonadas, éxodo a la ciudad, desertificación, incendios forestales, etc.
Es evidente, que el Gobierno de España no se está tomando en serio el impacto que la sequía está teniendo sobre determinadas actividades económicas, llegando a poner incluso en riesgo en algunas zonas del Levante español, la Marina Alta, el
propio abastecimiento. La política hídrica del Gobierno es la de, cuando hay sequía, reducir las actividades económicas, sin ofrecer alternativas a territorios que tradicionalmente han tenido en la agricultura y la ganadería sus principales fuentes
de bienestar.
Durante los últimos años se han descartado todo tipo de inversiones en materia de infraestructuras hídricas, buscando la eficiencia en el uso y el consumo de los recursos, y al tiempo se ha descartado la posibilidad de poder hacer una
redistribución de los recursos hídricos de manera equitativa en aquellos territorios que desde el punto de vista económico han demostrado ser más productivos.
La mesa de la sequía en España se reúne de manera irregular, faltando transparencia en sus deliberaciones y en el control, monitoreo y seguimiento de sus acuerdos. Los problemas que se derivan de los períodos de escasez de recursos
hídricos, y sequías
severas en España, deben ser abordados desde una óptica holística y entendiendo que sus repercusiones tienen graves impactos ambientales, sociales y económicos. Sectores tan importantes como la agricultura, el turismo o la industria se ven
claramente dañados por la falta de recursos hídricos; esta afecta al producto interior bruto de nuestro país, pero, además, genera un daño reputacional en algunos territorios con graves consecuencias económicas y sociales. Recientemente hemos
tenido la crisis de abastecimiento urbano en Cataluña y en estas últimas fechas hemos podido ver cómo algunas localidades de la provincia de Alicante se han quedado sin agua potable por la sequía.
Urge, por tanto, regular la mesa de la sequía, establecer su composición, fines y periodicidad al objeto de hacer seguimiento de los distintos escenarios de sequía que se producen en nuestro país. Además, es necesario monitorizar las
distintas acciones que se ponen en marcha, realizando una fiscalización y control, con la máxima transparencia de todas las decisiones que se toman en el seno de la mesa de la sequía.
Del mismo modo, es imprescindible que a la mayor brevedad posible se inicien los estudios de impacto económico, ambiental y social que está teniendo la sequía en algunos territorios de España, y que los propios informes del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico, califican en situación de Alerta y Emergencia.
A modo de ejemplo, el pasado 14 de marzo la Confederación Hidrográfica del Júcar decretó la situación excepcional de sequía extraordinaria para la Comunidad Valenciana y hoy ya se puede certificar que las pérdidas en esta Comunidad superan
los 120 millones de euros. Se han producido pérdidas generalizadas en el cereal entre un 50 %-100 %. El almendro, con varias zonas productoras, con la pérdida casi total de la cosecha, como es el caso de la Marina Baja y el Alto Palancia.
Pérdidas entre un 30 % y 80 % en la viña de secano. Y pérdidas entre un 80 % y un 100 % del olivar en algunas comarcas de la Comunidad Valenciana.
De alguna manera parece que se quiera dar la sensación de que, tras varios años de sequía extrema, la situación se haya normalizado. Al contrario, como queda de manifiesto en el Informe de situación respecto a la sequía prolongada y escasez
coyuntural de 30 de junio de 2024 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, existen 33 Unidades Territoriales de Sequía (UTS) en situación de sequía prolongada y 15 Unidad Territorial de Escasez (UTE) en escenario de Emergencia son
15, más 8 Unidades de Explotación en las Cuencas internas de Cataluña en situación de Excepcionalidad (situación intermedia a las de Alerta y Emergencia) y 31 UTE en escenario de Alerta.
Por todo lo expuesto, es urgente y necesario que el Gobierno de España convoque la mesa de la sequía para poder abordar la actual situación que se está viviendo ante la falta de lluvias en determinadas comunidades autónomas. Se trata de un
asunto de Estado, que necesita soluciones de Estado, contando con todas las comunidades autónomas y los sectores afectados por la sequía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar con urgencia la mesa de la sequía para analizar el impacto ambiental, social y económico que está teniendo la sequía.
2. Regular el funcionamiento de la mesa de la sequía definiendo su composición, fines y periodicidad, estableciendo el carácter semestral de las convocatorias de la mesa de la sequía.
3. Iniciar un estudio sobre las pérdidas económicas motivadas por la sequía y sus daños ambientales asociados, en particular en las cuencas en situación de emergencia, según los informes de situación respecto a sequía prolongada y escasez
coyuntural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
4. Habilitar cuantas ayudas sean necesarias para compensar las pérdidas y recuperar el equilibrio económico-financiero de los sectores agrícolas, ganaderos e industriales afectados por la sequía en las cuencas en situación de emergencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2024. -Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Raquel Clemente Muñoz, Pedro Ignacio Gallardo Barreno y Javier José Folch Blanc, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley relativa a la ordenación y la aceptación
social de la instalación de energías renovables, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Esta proposición no de ley recoge mejoras planteadas por la ciudadanía, entidades y administraciones locales en el proceso de implementación de parques fotovoltaicos y eólicos. Con esa información y conociendo buenas experiencias se
identifican las mejoras se deberían introducir en los procedimientos para lograr una mayor aceptación social y una mejor implementación en los territorios. Se prioriza así un enfoque regulatorio que lleve las buenas prácticas detectadas a una
mejora armónica de las distintas instalaciones.
Esta PNL se enmarca en el anuncio de la vicepresidencia de transición ecológica de elaborar una ponencia que precisamente busca introducir este tipo de mejoras.
Es importante garantizar un equilibrio territorial. Para ello se debe garantizar una instalación equilibrada para acercar al máximo la producción a los puntos de consumo evitando así pérdidas e ineficiencia.
A su vez, la disponibilidad de territorio degradado hace que las ubicaciones de los parques sean compatibles con la preservación de los espacios naturales y productivos. Hay que garantizar la preservación ambiental, patrimonial y de
espacios productivos.
Es necesario establecer procedimientos garantistas para una mayor aceptación y mejor implementación, un rigor procedimental. También avanzar hacia la 'licencia social', es decir, la aceptación social de los parques fotovoltaicos y eólicos.
Es imprescindible la aceptación e información.
Finalmente, la gobernanza y retorno local son elementos clave para el equilibrio territorial y los retos demográficos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A. Equilibrio territorial:
1) Realizar una planificación territorial con unos mínimos y máximos de potencia instalada.
2) Aumentar la distancia de los parques eólicos a los núcleos de población.
B. Preservación ambiental y patrimonial.
3) No admitir a trámite la instalación de parques renovables en la Red Natura 2000, así como actualizar los espacios candidatos a ser Red Natura 2000 o establecer moratorias en su defecto en corredores ecológicos o zonas marinas de especial
valor natural siguiendo el principio de precaución.
4) Incorporar planes de biodiversidad de forma obligatoria, así como la prohibición del uso de herbicidas para el control de la vegetación, fomentando en su lugar el uso de alternativas como el pastoreo extensivo o el uso de maquinaria
especializada.
5) Desarrollar una plataforma de datos pública para el mapeo de los impactos sobre la biodiversidad y mortalidad de aves y murciélagos de los parques eólicos. En el caso de la energía eólica, deberán establecerse sistemas de seguimiento de
la avifauna para detener los aerogeneradores a su paso.
6) Regular la instalación de parques renovables en zonas de interés cultural o arqueológico mediante la aprobación de un protocolo estatal para armonizar la preservación del patrimonio histórico, en la línea del convenio de Francia con la
UNESCO.
7) Preservar los elementos de arquitectura tradicional (bancales, muros de piedra seca ...) no solo por su valor patrimonial, sino también por ser refugio y hábitat de la biodiversidad.
8) Diseñar los parques renovables considerando la adecuación estética y visual.
9) Prohibir la instalación de parques renovables en suelos de alto valor natural para el cultivo o vías pecuarias, tampoco en caladeros y zonas pesqueras productivas. Tomando como referencia, por ejemplo, el protocolo desarrollado por el
gobierno de Navarra y el Manifiesto de Burela.
C. Rigor procedimental.
10) Evitar la práctica de fragmentación para esquivar requisitos legales. Los proyectos que se encuentren a una distancia inferior a 3 km y presenten algún tipo de relación empresarial se tramitarán como unitarios, debiéndose evaluar sus
impactos de forma sinérgica.
11) Eliminar el silencio positivo ni permitir la tramitación exprés.
12) Poner fin a la exclusión de los informes de Evaluación de Impacto Ambiental recogida en el Real Decreto Ley 20/2022 e incluir las vías de evacuación y las subestaciones en dichos informes. Además para los proyectos superiores a 50 MW
también será obligatorio un informe de autoridad ambiental autonómica.
13) Garantizar el carácter público de las líneas de transporte superior a 380 kV estableciendo con claridad que la titularidad es exclusiva de la Red Eléctrica Española como recoge la Ley 24/2013.
D. Información y aceptación.
14) Comunicar, a los municipios afectados, antes de dar el permiso de acceso a la red, la ubicación del parque e instalaciones colindantes.
15) Garantizar la transparencia, información y participación de la ciudadanía en todas las fases de la vida de una instalación: proyección y diseño, construcción, vida útil y desmantelamiento. Para ello se establecerá un protocolo de
participación obligatorio y vinculante con la ciudadanía y todos los actores implicados.
16) Eliminar la declaración de Bien de Interés General y limitar la expropiación forzosa para terrenos altamente degradados. Para ello se creará una oficina de mediación que garantice la concertación y participación de todos los actores.
E. Gobernanza y retorno local.
17) Promover el derecho a participar en al menos el 20 % de la propiedad del proyecto a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el
municipio de su instalación o en los limítrofes. Asimismo, se garantizará la participación del ayuntamiento en el consejo de administración.
18) Habilitar a los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, para poder introducir mejoras en el diseño del proyecto: ubicación, alcance, etc.
19) Reconocer el derecho al acceso al autoconsumo para todos los usuarios del municipio y municipios limítrofes, con un radio mínimo de 20 km mediante consumo compartido.
20) Fomentar el empleo local.
21) Compensar cualquier pérdida de valor patrimonial de la propiedad residencial del área afectada.
22) Establecer un canon de retorno y compensación del área afectada finalista, condicionado a políticas ambientales, sociales o desarrollo rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2024.-Eloi Badía Casas, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de las compensaciones a los mariscadores y mariscadoras del Burgo hasta la total recuperación de la capacidad productiva de la ría, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Las actuaciones de dragado y regeneración de la Ría del Burgo se dieron por finalizadas por parte del Ministerio de Transición ecológica y Reto Demográfico el pasado 26 de abril. A continuación, se procedió a iniciar la siembra de los
bivalvos, tras la cual será necesario esperar, cuando menos, un período de entre 18 y 24 meses para que se restaure por completo la capacidad productiva de la Ría do Burgo y que los mariscadores y mariscadoras puedan volver a vivir de su trabajo.
Así, después de la conclusión de las obras se mantiene la incógnita sobre el futuro de los 74 mariscadores y mariscadoras que, en este momento, siguen dados de alta, pero que no van a poder percibir ningún rendimiento de trabajo en tanto no
transcurra el tiempo necesario para el crecimiento de los bivalvos después de la siembra.
Cabe recordar que las ayudas compensatorias por el cierre de los bancos marisqueros durante el dragado fueron prorrogadas hasta el mes de abril al igual que las obras, sin embargo, las y los trabajadores solo percibieron el ingreso
correspondiente al mes de enero, quedando pendiente el pago de los meses de febrero, marzo y abril.
Este retraso dificulta enormemente la vida y el sustento de los mariscadores y de sus familias y deben abonarse las ayudas pendientes lo antes posible, pero lo que preocupa especialmente al conjunto de la Cofradía y el período de entre 18 y
24 meses que deberán esperar la que el marisco crezca para poder volver al trabajo.
Este período posterior a la siembra aparece mencionado expresamente en la DIA del proyecto de regeneración ambiental y, por lo tanto, debe entenderse como una consecuencia directa y evidente de las obras realizadas en la Ría do Burgo. El
Ministerio no puede dejar desamparados y sin ingresos a los mariscadores y mariscadoras del Burgo mientras se mantengan cerrados los bancos marisqueros.
Además de la principal reivindicación de los mariscadores y mariscadoras relativo al mantenimiento de las compensaciones, desde la Cofradía quieren que el Ministerio tenga
en cuenta los informes, avalados por el técnico de la Xunta de Galiza, en que se recoge la afectación del dragado a algunos de los principales bancos marisqueros de la ría.
Así, las obras realizadas eliminaron un 40 % del banco do Carniceiro, uno de los más ricos, lo que supone una grave alteración para el hábitat de la ría y para la posterior producción marisquera. Asimismo, de un total de 30 subzonas de
producción, declaran en el informe qué 27 de ellas sufrieron algún tipo de afectación como resultado de las obras de dragado. Específicamente, todas las subzonas destinadas al marisqueo a flote, al igual que 22 de los 25 bancos de marisqueo a pie.
Esta extensa afectación pone de relieve la significativa influencia que las obras de dragado han tenido en la actividad marisquera local así como la importancia de proporcionar el apoyo necesario a los mariscadores afectados.
Es preciso que el Ministerio evalúe detenidamente estas afectaciones y su divergencia o no correspondencia con lo establecido en la DIA y, especialmente, que atienda a la dificultad añadida que supondrá para la plena recuperación de la
capacidad productiva de la ría de la que dependen los mariscadores y mariscadoras.
Sigue sin haber diálogo entre las distintas administraciones implicadas para dar una solución al colectivo de mariscadores de la ría do Burgo. Tanto la Administración del Estado como la Xunta de Galiza descargan su responsabilidad dejando
en un vacío administrativo y en una situación de indefensión a los trabajadores y trabajadoras, que necesitan de la continuidad de la protección económica como medida compensatoria mientras no puedan volver a vivir del marisqueo.
En todo caso, como ya mencionamos, el proyecto de dragado ambiental establece claramente que la duración total de la paralización de la actividad marisquera incluye el período desde la finalización de las obras hasta que los bivalvos
sembrados alcancen la talla comercial. Este período de recuperación se estima en un rango de 18 a 24 meses. Durante este tiempo, los mariscadores no podrán llevar a cabo su actividad habitual extrayendo marisco de la ría. Con todo, las y los
trabajadores continuarán realizando operaciones esenciales de mantenimiento y vigilancia de los bancos marisqueros, como se contempla en los planes de gestión marisquera, que son fundamental para garantizar la recuperación de la ría y la futura
sostenibilidad de la actividad marisquera en la zona.
Por todo ello, los mariscadores reclaman al Ministerio y a la Xunta iniciativa, impulso, entendimiento y colaboración para, mediante uno nuevo convenio, mantener las compensaciones económicas a los mariscadores desde que se realice la
siembra de bivalvos hasta que estos alcancen el tamaño comercial reglamentario para poder extraerlos y la cofradía pueda retomar su actividad, esto es, entre 18 y 24 meses.
En este momento, urge, pues, clarificar el estado actual de los bancos marisqueros después de las obras de dragado, supervisar el completo y adecuado proceso de siembra de especies y garantizar un nuevo convenio con compensaciones económicas
para los mariscadores y mariscadoras de la Ría do Burgo mientras no vuelva a ser productiva.
Para lograr el entendimiento resulta imprescindible la participación de la Administración del Estado en los foros de diálogo, en este sentido cabe recordar que en las últimas reuniones convocadas desde la Cofradía no se pudo contar con la
presencia de ningún representante del Ministerio. Sin embargo, el próximo lunes día 2 de septiembre está prevista una nueva reunión a la cual la Cofradía ha convocado, nuevamente, al Ministerio y a la Xunta de Galiza, resulta imprescindible, para
avanzar en una solución, que en esta ocasión acudan representantes del Gobierno del Estado con voluntad de diálogo y que se cierre un acuerdo entre todas las partes implicadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Negociar de buena fe con la Confraría y la Xunta de Galiza y llegar a un acuerdo que permita la continuidad de las compesaciones económicas establecidas en la actualidad
para el sector marisquero de la Ría do Burgo hasta la recuperación íntegra de la capacidad productiva después de la siembra, un tiempo que la propia Declaración de Impacto Ambiental establece entre 18 y 24 meses, tiempo durante el cual el
marisco no adquiriría talla legal para su comercialización.
2. Analizar el cumplimiento del proyecto de obra, atendiendo al Estudio de Impacto Ambiental, a la vista del informe, elaborado por la Confraría do Burgo y que cuenta con el respaldo del biólogo de la Xunta de Galiza, que confirma la
eliminación del 40 % del banco marisquero do Carniceiro y afectaciones en otros bancos de la ría para evaluar las posibles consecuencias que de esta afectación se deriven y la adopción de medidas paliativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa Do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao mantemento das compensacións aos mariscadores e mariscadoras do Burgo até a total recuperación da capacidade produtiva da ría para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
As actuacións de dragaxe e rexeneración da Ría do Burgo déronse por finalizadas por parte do Ministerio de Transición ecolóxica e Reto Demográfico o pasado 26 de abril. A continuación procedeuse a iniciar a sementeira dos bivalvos, despois
da cal será necesario agardar, cando menos, un período de entre 18 e 24 meses para que se restaure por completo a capacidade produtiva da Ría do Burgo e que os mariscadores e mariscadoras podan volver vivir do seu traballo.
Así, despois da conclusión das obras mantense a incógnita sobre o futuro dos 74 mariscadores e mariscadoras que, neste momento, seguen dados de alta, pero que non van poder percibir ningún rendemento de traballo en tanto non transcorra o
tempo necesario para o medre dos bivalvos despois da sementeira.
Cabe lembrar que as axudas compensatorias polo fechamento dos bancos marisqueiros durante a dragaxe foron prorrogadas até o mes de abril ao igual que as obras, porén, as e os traballadores só percibiron o ingreso correspondente ao mes de
xaneiro, ficando pendente o pagamento dos meses de febreiro, marzo e abril.
Este retraso dificulta enormemente a vida e o sustento dos mariscadores e das súas familias e deben abonarse as axudas pendentes o antes posíbel, máis o que preocupa especialmente ao conxunto da Confraría e o período de entre 18 e 24 meses
que deberán agardar a que o marisco medre para poder volver ao traballo.
Este período posterior á sementeira aparece mencionado expresamente na DIA do proxecto de rexeneración ambiental e, polo tanto, debe entenderse como unha consecuencia directa e evidente das obras realizadas na Ría do Burgo. O Ministerio non
pode deixar desamparados e sen ingresos aos mariscadores e mariscadoras do Burgo mentres se manteñan fechados os bancos marisqueiros.
Ademais da principal reivindicación dos mariscadores e mariscadoras relativa ao mantemento das compensacións, desde a Confraría queren que o Ministerio teña en conta os informes, avalados polo técnico da Xunta de Galiza, en que se recolle a
afectación da dragaxe a algúns dos principais bancos marisqueiros da ría.
Así, as obras realizadas eliminaron 40 % do banco do Carniceiro, un dos máis ricos, o que supón unha grave alteración para o hábitat da ría e para a posterior produción marisqueira. Así mesmo, dun total de 30 subzonas de produción, declaran
no informe
que 27 delas sufriron algún tipo de afectación como resultado das obras de dragado. Especificamente, todas as subzonas destinadas ao marisqueo á flote, ao igual que 22 dos 25 bancos de marisqueo a pé. Esta extensa afectación pon de relevo
a significativa influencia que as obras de dragado tiveron na actividade marisqueira local así como a importancia de proporcionar o apoio necesario aos mariscadores afectados.
É preciso que o Ministerio avalíe detidamente estas afectacións e a súa diverxencia ou non correspondencia co estabelecido no DIA e, especialmente, que atenda á dificultade engadida que suporá para a plena recuperación da capacidade
produtiva da ría da que dependen os mariscadores e mariscadoras.
Segue sen haber diálogo entre as distintas administracións implicadas para dar unha solución ao colectivo de mariscadores da ría do Burgo. Tanto a Administración do Estado como a Xunta de Galiza descargan a súa responsabilidade deixando nun
baleiro administrativo e nunha situación de indefensión aos traballadores e traballadoras, que precisan da continuidade da protección económica como medida compensatoria mentres non poidan volver vivir do marisqueo.
En todo caso, como xa mencionamos, o proxecto de dragado ambiental estabelece claramente que a duración total da paralización da actividade marisqueira inclúe o período dende a finalización das obras ata que os bivalvos sementados alcancen a
talla comercial. Este período de recuperación estímase nun rango de 18 a 24 meses. Durante este tempo, os mariscadores non poderán levar a cabo a súa actividade habitual extraendo marisco da ría. Con todo, as e os traballadores continuarán
realizando operacións esenciais de mantemento e vixilancia dos bancos marisqueiros, como se contempla nos plans de xestión marisqueira, que son fundamental para garantir a recuperación da ría e a futura sustentabilidade da actividade marisqueira na
zona.
Por todo iso, os mariscadores reclaman ao Ministerio e á Xunta iniciativa, impulso, entendemento e colaboración para, mediante un novo convenio, manter as compensacións económicas aos mariscadores desde que se realice a semente de bivalvos
até que estes alcancen o tamaño comercial regulamentario para poder extraelos e a confraría poida retomar a súa actividade, isto é, entre 18 e 24 meses.
Neste momento, urxe, pois, clarificar o estado actual dos bancos marisqueiros despois das obras de dragaxe, supervisar o completo e adecuado proceso de semente das especies e garantir un novo convenio con compensacións económicas para os
mariscadores e mariscadoras da Ría do Burgo mentres non volva ser produtiva. Para lograr o entendemento resulta imprescindíbel a participación da Administración do Estado nos foros de diálogo, neste sentido cabe recordar que nas últimas xuntanzas
convocadas desde a Confraría non se puido contar coa presenza de ningún representante do Ministerio. Porén, o próximo luns día 2 de setembro está prevista unha nova xuntanza á cal a Confraría ten convocado, máis unha vez, ao Ministerio e á Xunta de
Galiza, resulta imprescindíbel, para avanzar nunha solución, que nesta ocasión acudan representantes do Goberno do Estado con vontade de diálogo e que se peche un acordo entre todas as partes implicadas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Negociar de boa fe coa Confraría e a Xunta de Galiza e chegar a un acordo que permita a continuidade das compensacións económicas estabelecidas na actualidade para o sector marisqueiro da Ría do Burgo até a recuperación íntegra da
capacidade produtiva despois da sementeira, un tempo que a propia Declaración de Impacto Ambiental estabelece entre 18 e 24 meses, tempo durante o cal o marisco non adquiriría talla legal para a súa comercialización.
2. Analizar o cumprimento do proxecto de obra, atendendo ao Estudo de Impacto Ambiental, á vista do informe, elaborado pola Confraría do Burgo e que conta co respaldo
do biólogo da Xunta de Galiza, que confirma a eliminación do 40 % do banco marisqueiro do Carniceiro e afectacións noutros bancos da ría para avaliar as posíbeis consecuencias que desta afectación se deriven e a adopción de medidas
paliativas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/001142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un desarrollo de una
regulación específico de la figura de los Montes de Socios, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Inventario Forestal Nacional estima que la superficie forestal en España supera los 28,3 millones de hectáreas, de las cuales más de 19,2 millones corresponden a terreno poblado con especies forestales arbóreas como manifestación vegetal
dominante y cuya fracción de cabida cubierta (FCC) es igual o superior al 10 %, considerado como superficie arbolada, mientras que 9,1 millones a desarbolada. Es decir, la superficie forestal ocupa el 55 % de la superficie de España.
A nivel nacional, la estructura forestal se caracteriza por ser de titularidad privada. Así, la superficie pública arbolada representa el 28 % del total y la privada, considerando como tal las propiedades vecinales en mano común, la
propiedad privada propiamente dicha y/o de propiedad desconocida, supone el 72 % restante. La propiedad privada es aún mayor cuando se trata de superficie desarbolada, alcanzando hasta el 76 % del total forestal.
En muchas zonas de España ha sido habitual que la propiedad privada del monte sea colectiva y es frecuente encontrarlos bajo denominación como 'monte de la Sociedad de Vecinos', 'monte del Común', 'monte de la Sociedad de Baldíos', 'monte en
Suertes', 'monte de Varas', 'Quintos', 'monte de Hazas', etc.; son usuales en toda la geografía del país.
Con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se reconoció la irregularidad en la que se encontraba algunas propiedades forestales e incorporó la previsión de la gestión de montes proindiviso, a través de la creación de Juntas Gestoras,
en su disposición adicional décima.
Pero es la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la que supuso, entre otros avances, un impulso a la gestión de los montes, considerando que darles un uso y valor era la mejor
manera de protegerlos y conservarlos.
Así, la Ley de Montes desarrollaba, además de la figura de las sociedades anónimas forestales, para que los pequeños propietarios forestales se pudieran agrupar para cuidar y explotar estos territorios, y prevenir así los incendios, la
figura de los 'montes de Socios', que permitía la agrupación de montes para facilitar su gestión, y que los beneficios de esta gestión pudieran ser revertidos en el cuidado de los montes.
La figura del 'Monte de Socios' se define como ' ... aquellos cuya titularidad corresponde, en proindiviso, a varias personas y alguna de ellas son desconocidas, con independencia de su denominación y de su forma de constitución'. También
se establecía un procedimiento que permitía a los titulares conocidos proceder a su gestión evitando desaprovechamiento de los recursos naturales, así como el abandono y deterioro del monte, y favorecer el esclarecimiento de la titularidad de las
cuotas vacantes. En este
marco podemos encontrar, a lo largo y ancho del territorio nacional peninsular, no menos de 2.000.000 de hectáreas de montes.
La aplicación de la ley durante los últimos años ha demostrado la eficacia de las Juntas Gestoras y los montes han tendido a recuperar a sus propietarios y no al contrario. Sin embargo, algunas organizaciones vinculadas al movimiento
asociacionista han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar un régimen jurídico específico, dada la experiencia con su propio funcionamiento de los montes de socios, las oportunidades y posibilidades que ofrece el modelo desde la perspectiva
estrictamente forestal, sin duda, pero también asumiendo sus virtualidades en lo que afecta a los componentes ambientales, sociales y culturales de los montes.
En este sentido, en la presente legislatura, el Senado ha aprobado, con origen en una propuesta del Grupo Parlamentario Popular sensible con la demanda, una Proposición de Ley de montes de socios cuya tramitación permanece bloqueada en el
trámite parlamentario.
En un momento como el actual, en el que se hace necesario potenciar y poner en aprovechamiento los recursos que disponen el medio natural, para atajar graves problemas ambientales derivados del abandono, como los incendios forestales, la
desertificación o la pérdida de biodiversidad natural y agroganadera, e inconvenientes sociales y económicos como la despoblación, consideramos oportuno desarrollar este tipo de legislación que impulse y dé seguridad jurídica a un modelo de
desarrollo sostenible y viable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una regulación más detallada de la figura jurídica de los Montes de Socios, compatibilizar los legítimos intereses públicos y privados, y dinamizar los montes de socios como una
forma de creación de riqueza, de explotación racional y de conservación ecológica de un patrimonio natural comunitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas y Rosa Quintana Carballo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la armonización regulatoria en
materia de residuos sanitarios, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Se entiende por residuo sanitario el conjunto de todos los residuos, cualquiera que sea su estado, generados en centros sanitarios y veterinarios, incluidos los envases y residuos de envases, que los contengan o los hayan contenido. En
consecuencia, los residuos sanitarios pueden ser de muy diversa índole; desde residuos similares a los residuos generados como consecuencia de la actividad doméstica, como biosanitarios asimilables a urbanos, cadáveres y restos humanos de entidad
suficiente, y otros residuos biosanitarios, químicos, de medicamentos citotóxicos y citostáticos, así como radiactivos.
Su gestión requiere desde su segregación en origen, al envasado hasta su tratamiento o eliminación, en función de sus características. Sin embargo, la regulación vigente en
materia de residuos sanitarios está excesivamente fragmentada y dispersa. Apenas existe normativa común, a nivel estatal, aplicable a la gestión de estos residuos y las normas autonómicas tienen notables diferencias entre sí o, incluso, se
carece de regulación propiamente dicha en la materia, como sucede en Ceuta y Melilla.
Esto deriva en una serie de problemas para la gestión. Estos residuos se someten a condiciones distintas en cada comunidad autónoma, afectando a cuestiones fundamentales, como las características de los envases, tiempos de almacenamiento,
características de los vehículos, condiciones de almacenamiento y de transporte, y condiciones de tratamiento y eliminación.
La ausencia de un mínimo de criterios comunes en cuanto a la regulación de la gestión de residuos sanitarios tiene evidentes efectos perjudiciales para los operadores económicos, para la mejor gestión medioambiental de sus residuos y para el
interés público.
En primer lugar, entre los perjuicios económicos, podemos destacar que se incrementan los costes de los operadores y se dificulta la gestión de los residuos, debido a que se establecen condiciones diferentes para la gestión en función del
territorio.
Por otra parte, se limita la competencia y el principio de unidad de mercado en este sector, al generar barreras territoriales en cada comunidad autónoma e impedimentos para la libertad de servicios. A la postre, se provoca inseguridad
jurídica en relación con determinadas cuestiones, por la dificultad de identificar la regulación aplicable y, como consecuencia de todas las ineficiencias antes referidas, repercute en el incremento del gasto de los sistemas públicos de salud.
Por otra parte, entre los impactos medioambientales, debemos asegurar las máximas garantías para evitar la posible liberación de sustancias que resultan dañinas para la salud de los organismos vivos, por una gestión incorrecta de los
residuos sanitarios.
En este sentido, la disposición final séptima de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, reconoce la necesidad de evaluar el posible desarrollo normativo de ámbito nacional relativo a
residuos sanitarios. En concreto, el apartado 3 de esta disposición final establece, como paso previo, llevar a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora, establece un plazo de tres años para la realización el citado estudio,
contando desde la entrada en vigor de la ley. En consecuencia, antes de abril de 2025 debería estar realizado el estudio para ser sometido a la evaluación de la Comisión de Coordinación en materia de residuos.
Este estudio debería incidir, especialmente, en el análisis y fijación de estándares comunes y homogéneos, que puedan servir para normas futuras, en aspectos como: la definición y categorización de los residuos sanitarios; las
características de los envases que deben contener los residuos; la separación, identificación y almacenamiento dentro del propio centro generador; así como el transporte, almacenamiento, entre el centro generador y el punto de tratamiento, y el
propio tratamiento y eliminación.
Nos consta que el sector sanitario o veterinarios y los gestores de los residuos están dispuestos a colaborar y ya disponen de sus propios análisis sectoriales, en pro de la eficiencia de su propia economía y servicios, pero también de la
innovación y el desarrollo tecnológico, la competitividad y la aplicación de la economía circular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir el mandato establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de llevar a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios,
proponiendo las alternativas, buscando el interés general y sin merma de las competencias propias de la materia de las administraciones, que permita la evaluación de la necesidad de desarrollo reglamentario de ámbito nacional en esta materia.
2. Trasladar, en tiempo y forma, el resultado del citado estudio sobre la situación regulatoria en materia de residuos sanitarios, a la Comisión Sectorial de Coordinación competente en la materia, para dar paso a las medidas regulatorias
oportunas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-César Sánchez Pérez, Javier José Folch Blanc, Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicidad de productos derivados de los combustibles
fósiles, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Democrático.
Exposición de motivos
Abordar la emergencia climática es urgente y reducir drásticamente las emisiones de efecto invernadero una de las principales prioridades. Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más peligroso y
prevalente, no paran de crecer en todo el mundo debido a la quema de combustibles fósiles. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, las empresas del carbón, el petróleo y el gas son los 'padrinos del caos
climático'. Estas, 'han distorsionado la verdad y engañado al público durante décadas'.
En España, diez empresas son responsables del 59,9 % de las emisiones sujetas a los mercados de carbono y el 19,1 % de las totales del país según el Informe Descarbonización 2023 del Observatorio de Sostenibilidad. La petrolera Repsol es la
que lidera el ranking de los top10 'big polluters' con 11,8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) seguida de las tres grandes eléctricas: Endesa (10,5 millones de tCO2eq); EDP (5,6 millones de tCO2eq) y Naturgy (4,8
millones de tCO2eq). Las siguen la siderúrgica ArcelorMittal (4,3 millones de tCO2eq) y la petrolera Cepsa (3,8 millones de tCO2eq). Iberdrola, otra eléctrica, estaría en séptimo lugar (3,5 millones de tCO2eq) y cierran el ranking de las compañías
españolas que más calentaron la atmósfera el año pasado la compañía aérea Iberia (3,6 millones de tCO2eq); la constructora FCC (2,9 millones de tCO2eq) y la cementera LafargeHolcim (1,9. Millones de rCO2eq).
Según el informe 'El impacto del cambio climático en la salud de las personas: de lo global a la experiencia en España' de Salud por Derecho, la contaminación atmosférica, causada por las emisiones procedentes de la quema de los
combustibles fósiles, 'es responsable de aproximadamente 21.000 muertes anuales en España y 300.000 en Europa. Por ello, representan un grave riesgo para la salud, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias y cardiopatías, así como
en niños y mujeres embarazadas.'
Los padrinos del caos climático no pueden seguir anunciándose mientras niegan su responsabilidad sobre el cambio climático, se presentan ante la opinión pública como compañías verdes con un descarado greenwashing, y sobre todo, retardan la
acción climática para eliminar los combustibles fósiles. Tal y como recoge la George Mason University Center for Climate Change Communication 'al igual que la industria del tabaco, la industria de los combustibles fósiles ha creado deliberadamente
desinformación y confusión en torno a los perjudiciales impactos sociales y ecológicos que causan sus productos, bloqueando la conciencia popular sobre los peligrosos efectos de la industria en la salud mundial'. Tanto el IPCC como los científicos
de Postdam (que definieron los 9
principales parámetros que marcan los límites planetarios) consideran que regular la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles es un requisito indispensable para producir un cambio masivo de comportamiento y de punto de
inflexión social, para reducir las emisiones y mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC.
Por tanto, parece claro que permitir la publicidad por parte de estas empresas de los productos derivados de combustibles fósiles, en especial de los refinados que son causa probada y directa de las emisiones de gases de efecto invernadero,
genera una evidente contradicción con los principales objetivos comprometidos tanto por el Estado con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y las posteriores actualizaciones de los objetivos de reducción
vinculantes, como por la Unión Europea, con lo establecido en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030, el Acuerdo de París y la Ley Europea del Clima, con el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de CO2 en un 55 %
como mínimo de aquí a 2030.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Estudiar los cambios normativos necesarios para eliminar la publicidad de productos refinados derivados de los combustibles fósiles, así como de los servicios de transporte aéreo, por carretera y por vías navegables (exceptuando los
servicios de transporte de interés económico general) que utilicen combustibles fósiles.
2) Establecer nuevos límites en la publicidad y el patrocinio de eventos (culturales, deportivos, de ocio ...) de empresas cuya principal línea de negocio sea la extracción, producción o suministro de combustibles fósiles, en coherencia con
los objetivos de reducción de emisiones comprometidos por España y las políticas impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/001111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre una nueva regulación para las Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión Inmobiliaria, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) nacieron como modelo societario reguladas en la Ley 11/2009, inspiradas en las 'Real Estate Investment Trust' (REIT) de los Estados Unidos. El propósito de
estos instrumentos de inversión colectiva es la tenencia directa o indirecta de activos inmobiliarios para el alquiler y están obligadas a cotizar en mercados regulados o alternativos.
Inicialmente, la Ley 11/2009 requería para constituir una SOCIMI un capital mínimo de 15 millones de euros, no disponer de una financiación ajena superior al 70 %, invertir como mínimo en tres inmuebles, cotizar en mercados regulados o
estaban sujetas a una
tributación del 18 % en el Impuesto de Sociedades, entre otras condiciones. Tras la aprobación de la ley y visto que no tenía el impacto esperado, el Gobierno de Mariano Rajoy realizó una reforma legal de las SOCIMI en la Ley 16/2012 que
modificaba sustancialmente su régimen. Entre otros puntos, la Ley 16/2012 reduce el capital mínimo requerido a 5 millones de euros, elimina los límites de endeudamiento de estas sociedades, se permite la cotización en mercados alternativos o
reducen a un solo inmueble la inversión necesaria.
En lo que respecta a la tributación, la Ley de 2012 elimina la tributación de las SOCIMI al Impuesto de Sociedades, si bien fuerza el reparto de dividendos en un 80 % de las rentas obtenidas por arrendamientos, del 100 % de los dividendos
recibidos de las participaciones en el capital de otras SOCIMI y del 50 % de los beneficios procedentes de la venta de activos inmobiliarios. Los dividendos provenientes de SOCIMI tributarán al 19 % en el IRPF para las personas físicas o en la base
correspondiente del Impuesto de Sociedades si se tratara de personas jurídicas.
La reforma del Gobierno Rajoy surtió efecto y desde 2013 se han llegado a crear 140 SOCIMI, de las cuales 117 siguen activas. España es el país europeo que dispone de más sociedades de este tipo. En el resto del mundo sólo es superada por
Brasil y Estados Unidos, según informaba el diario 'Cinco Días' el pasado 22 de marzo. Si bien por capitalización bursátil las SOCIMI españolas no disponen de un capital similar a otros países europeos, en 2023 su volumen de capitalización fue de
22.894 millones de euros. Como vemos, a pesar de que la subida de tipos de interés también ha afectado a las SOCIMI y ha ralentizado su crecimiento, estas siguen siendo un vehículo de inversión muy atractivo en un mercado, el del alquiler, cuya
rentabilidad ha subido significativamente en los últimos años. El aumento de la demanda Según el Banco de España en su último informe anual 2023, en el capítulo 4 sobre el mercado de vivienda en España:
'La rentabilidad bruta ex post, obtenida por un inversor particular que haya adquirido una vivienda para destinarla al alquiler (y que recoge, además del alquiler, las ganancias patrimoniales asociadas al crecimiento de los precios de la
vivienda), se habría situado, en términos nominales, en el 10,5 % anual promedio durante el período 2015-2022. A modo de comparación, la rentabilidad bruta nominal anual promedio durante este mismo período de la inversión en bonos del Estado a 10
años, en depósitos bancarios o en el promedio del IBEX-35, incluyendo el pago de dividendos, se situó en el 1,2 %, el 0,3 % y el 6,8 %, respectivamente.'
El peso de las SOCIMI en el sector residencial ha crecido significativamente los últimos años según consultoras como JLL o Armanext. Entre las ubicaciones favoritas de inversión se encuentran en primer lugar Madrid, seguida de Barcelona y
zonas turísticas de la costa. Es por todos conocido las dificultades de acceso a la vivienda en las dos primeras ciudades españolas pero también en otras zonas de Levante o en las Baleares. Es necesario destacar que en ciudades como Barcelona, más
de la mitad de los activos de las SOCIMI son viviendas. Según el último informe anual del Banco de España citado más arriba, en 2022, hay casi un 40 % de hogares en alquiler en situación de sobresfuerzo, es decir, dedican más de un 40 % de los
ingresos brutos del hogar al pago del alquiler.
Si bien en 2021 se introdujeron nuevas medidas que obligan a tributar a las SOCIMI el 15 % de los beneficios no distribuidos, con las rentabilidades que apunta el Banco de España en el mercado del alquiler se hace difícil comprender las
ventajas con las que siguen contando este tipo de vehículos de inversión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el régimen legal y fiscal de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) y proponer en el menor plazo de tiempo
posible la modificación del régimen fiscal de las SOCIMI. Adaptar los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades, con independencia del tipo mercantil (EDAV, SOCIMI, Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria, etc.).
2. Estudiar nuevos modelos de inversión inmobiliaria para vivienda social que, evitando toda lógica especulativa, puedan gozar de un régimen fiscal específico que favorezca la inversión en un parque público de vivienda de alquiler. Adaptar
los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades, con independencia del tipo mercantil (EDAV, SOCIMI, Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria, etc.) al valor social e interés general de los proyectos a realizar por las empresas.
3. Rebaja del IVA al 4 % para las promociones de VPO de alquiler gestionadas por la Administración o por entidades con las que el sector público colabore o realizado adjudicaciones de licitaciones públicas. Siempre que el alquiler sea
protegido y se vaya a realizar esta actividad como mínimo durante 75 años.
4. Revisar otros modelos similares a las SOCIMI, como pueden ser las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas (EDAV), que siguen gozando de importantes beneficios fiscales en un contexto de alta rentabilidad del alquiler y
dificultad de acceso a la vivienda.
5. Modificar la Ley de Vivienda para permitir que Administración central, autonomías o ayuntamientos puedan, en zonas tensionadas, decretar la limitación de compra de vivienda no destinada a la primera residencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2024.-Gala Pin Ferrando, Teslem Andala Ubbi y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001114
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a medidas para una mejora regulatoria orientada a reforzar la seguridad contra incendios de los edificios en España.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 2 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, relativa a medidas para una mejora regulatoria orientada a reforzar la seguridad contra incendios de los edificios en España.
Exposición de motivos
Los incendios son una realidad que se reproduce diariamente en cada lugar del mundo. Concretamente, hay siete veces más incendios en las fachadas de los grandes edificios que hace 30 años y las víctimas mortales de este tipo de siniestros
se han visto incrementadas significativamente durante la última década. En este sentido, acontecimientos recientes, como el incendio de Campanar en València, han colocado en la agenda pública un debate sobre la necesidad de realizar modificaciones
regulatorias en la normativa estatal sobre la edificación en materia de protección contra incendios.
En el entorno europeo, países como Alemania, Francia, Reino Unido y los países escandinavos están ya obligando a utilizar materiales no combustibles en determinadas edificaciones, siguiendo criterios de altura, alta ocupación o dificultad de
evacuación y accesibilidad de bomberos. Este criterio se aplica tanto a las nuevas construcciones como a los edificios en rehabilitación con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de las construcciones y sus ocupantes en caso de incendio,
como de los equipos de intervención. En particular, el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), que es una solución constructiva comúnmente utilizada para la rehabilitación energética de edificios, es donde se encuentra la mayor
diferencia reglamentaria puesto que la no combustibilidad de dicha solución constructiva no se exige en ninguna altura o uso.
España se sitúa entre los países menos exigentes de Europa en materia de prevención de la propagación de incendios por fachadas. En la normativa nacional, el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del Código Técnico de la
Edificación permite la utilización de materiales combustibles por encima de los 18 metros de altura en las fachadas o cámaras ventiladas de estos edificios. Además, el CTE español no plantea una categoría específica de edificios de especial
sensibilidad o alto riesgo clasificando el nivel de riesgo aceptable solamente por la altura, y no por la tipología de usuarios y/o usos de edificios.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que sean necesarias para reforzar la protección contra los incendios en los edificios del país y, en particular, a:
1. Introducir, en el plazo de seis meses, una revisión del Código Técnico de Edificación (CTE) que contenga las siguientes modificaciones:
a. Introducir de forma explícita la definición de edificio de alto riesgo, que incluya los edificios de gran altura (a partir de 18 metros), de lenta o difícil evacuación, de alta ocupación y/o con fachadas de difícil acceso para los equipos
de intervención.
b. Exigir la no combustibilidad en productos, componentes o sistemas completos en los edificios incluidos bajo dicha categoría de alto riesgo.
c. En fachadas ventiladas, establecer los siguientes criterios, utilizando tecnologías ya existentes: disposición de barreras cortafuegos horizontales en cada nivel de forjado, así como verticales en edificios de alto riesgo al menos en
esquinas y lindes.
d. En los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), en edificios que no sean considerados de alto riesgo -y distintos de viviendas unifamiliares o adosados-, se deberá instalar en la capa de aislamiento una barrera cortafuegos
con material no combustible en cada forjado de la planta.
e. En el caso concreto del CTE, es necesario avanzar y mejorar en varios de los Documentos Básicos, entre otros, en el de Seguridad contra Incendios (DB-SI). Es necesario abordar este asunto tanto desde el punto de vista de la resistencia
frente al fuego y la propagación de las llamas, ya considerados en el documento actual, aunque con margen de mejora, como de la necesidad de tratar el tema de la toxicidad de los humos y la asfixia, grave peligro que hasta el momento no se ha
considerado.
2. Informar a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, en el plazo de tres meses, sobre los avances en materia de la revisión del CTE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/001143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la lucha contra la ocupación
ilegal, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La ocupación ilegal de viviendas se ha disparado en España desde que gobierna Pedro Sánchez, habiendo crecido el número de denuncias por ocupación ilegal en un 39 % en España. Mediante sus normativas, acciones y declaraciones, el presidente
y su Gobierno se muestran tolerantes con la okupación.
El propio presidente del Gobierno relativizó este grave problema que viven miles de ciudadanos, en sus declaraciones del pasado día 17 de julio en el Congreso: 'Los bulos y la desinformación han hecho que el 34 % de los ciudadanos tema que
alguien ocupe su casa. Cuando este problema afecta a menos del 0,06 % de las viviendas que hay en nuestro país'. Mostrando con claridad sus intenciones y pensamiento sobre este grave problema.
El Ejecutivo se ha puesto del lado de los okupas dejando de lado a sus víctimas, defendiendo a los delincuentes y no a los propietarios de los inmuebles o ciudadanos que sufren las consecuencias derivadas de la okupación; prorrogando una
normativa 'extraordinaria' que ya lleva vigente más de cuatro años y que ha generado un nuevo fenómeno, la inquiokupación. Y desarrollando una Ley de Vivienda que ataca el derecho constitucional a la propiedad privada y que ha tenido consecuencias
totalmente negativas.
La okupación afecta muy especialmente a Cataluña, la comunidad autónoma que lidera este terrible ranking con más del 40 % de los casos de toda España, pero el problema se extiende alrededor de todo el territorio del país, sin que el Gobierno
tome las medidas para acabar con estos delitos.
Por el contrario, se está paralizando en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica del GPP contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades
de propietarios, cuya toma en consideración fue aprobada el pasado mes de febrero en el Senado y, sin embargo, en el Congreso se sigue ampliando el plazo de presentación de enmiendas desde entonces. Es totalmente urgente que los Grupos
Parlamentarios que sostienen al Gobierno dejen de ampliar el plazo de enmiendas de dicha Proposición de Ley Orgánica del GPP contra la ocupación ilegal y pueda realizarse su debate en el Congreso de los Diputados.
Se debe recordar que el 95 % de los arrendadores son pequeños propietarios. Unos propietarios que cada vez ven menos incentivos para alquilar su vivienda por todos los riesgos a los que se exponen, dificultando aún más el acceso a la
vivienda al ciudadano.
No se debe mezclar y confundir interesadamente la ocupación ilegal con la protección a las personas en situación de vulnerabilidad: a un okupa se le desaloja y al vulnerable se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a trasladar a los
ciudadanos su responsabilidad. Por eso, la Administración debe ayudar a los vulnerables, promoviendo la vivienda social, impulsando la construcción de vivienda pública o adquiriendo inmuebles de titularidad privada con la finalidad de aumentar la
vivienda asequible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mostrar el respeto que merece el grave problema de la ocupación ilegal que sufren miles de ciudadanos y no relativizar con el drama que viven miles de familias.
2. Luchar contundentemente contra la ocupación ilegal, derogando toda normativa que la ampare e impulsando las reformas necesarias para acabar con esta lacra.
3. Cumplir con sus obligaciones y promover la provisión de vivienda social para poder atender a las personas vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Ana
Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a abaratar el acceso a la vivienda, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. La crisis de vivienda en España en datos
La realidad de la vivienda en España es crítica. Todas las informaciones coinciden en el gran problema al que se enfrentan los españoles a la hora de buscar una vivienda, ya sea para alquilar o para compraventa. Algunos datos dan
evidencias de la gravedad del asunto y la magnitud de la crisis habitacional que vivimos en España. Entre ellos se destacan los siguientes:
1. Los españoles destinaron de media el 43 % de su salario bruto al pago de la renta del alquiler en 2023, el valor más alto de los últimos 17 años, llegando en algunas provincias a superar el 50 % (en Barcelona fue el 65 %, en Baleares el
63 % y en Madrid el 62 %) 177. A mayor abundamiento, en las grandes urbes españolas, como Madrid, Barcelona
177 https://www.fotocasa.es/fotocasa-life/alquiler/los-espanoles-destinaron-casi-la-mitad-de-su-salario-al-pago-del-alquiler-en-2023/
o Valencia, la oferta de pisos compartidos de alquiler ha superado a la de pisos completos: de los 2.551 pisos compartidos al cierre de 2020 a un total de 21.818 en abril de 2024. La edad media del arrendatario de los pisos compartidos ha
pasado de los 32 años en 2022 a los 34 en 2024 y la mayoría, el 60 %, son mujeres 178.
2. La proporción de hogares en alquiler en España que se encontraban en una situación de sobresfuerzo, esto es, que dedicaban el 40 % o más de la renta bruta del hogar al pago del alquiler y otros gastos básicos relacionados con la vivienda
(agua, luz, gas, internet ...), se situaba en torno al 40 % en 2022,20 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE 179.
3. En 2022, el 45 % de aquellas familias españolas que residían en una vivienda alquilada se encontraba en situación de vulnerabilidad social, es decir, en riesgo de pobreza o de exclusión social. Este es el porcentaje más elevado de toda
la UE (el promedio de la UE es el 31 %) 180.
4. Los españoles menores de 35 años tienen menos vivienda en propiedad que nunca: en apenas 20 años, se ha reducido del 70 % al 35 % la proporción de jóvenes con vivienda en propiedad 181.
5. El difícil acceso a la vivienda está incrementando el retraso de la edad de emancipación de los jóvenes, ya de por sí elevada en España (30,3 años según Eurostat, la cuarta más elevada de la Unión Europea 182) y, por consiguiente, está
obstaculizando la formación de familias jóvenes con la consecuente caída de la tasa de fertilidad (1,16, la segunda más baja de la Unión Europea 183) y natalidad (España registró en 2023 la cifra más baja de nacimientos en términos absolutos desde
1941, año de inicio de la serie histórica 184).
6. Los españoles deben destinar de media 7,3 años de salario bruto anual para la adquisición de una vivienda, el doble que en el periodo 1987-2000, si bien ello depende igualmente del factor geográfico: en los centros urbanos (8,1 años) es
superior a las periferias (6,8) y a las zonas rurales (5,6), y en las zonas urbanas de los principales polos económicos de España es significativamente superior (en Baleares, Madrid y Barcelona supera los 10 años) 185.
7. Según el Consejo Económico y Social, en su Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral en España en 2023, publicada el 30 de mayo de 2024, la crisis de vivienda puede llegar a 'estrangular' el crecimiento económico de España 186.
8. Existe una gran descompensación entre la creación de nuevos hogares y el parque de viviendas disponibles, que no crece al mismo ritmo. Ello genera grandes tensiones en el mercado inmobiliario, que adolece de falta de oferta de vivienda,
provocando un aumento significativo de los precios del alquiler y compraventa 187.
9. El tamaño de los hogares es cada vez más pequeño: si en 1981 de media vivían 3,59 personas, en 2023 son 2,5. Las consecuencias de este fenómeno son evidentes: mayor probabilidad de sufrir soledad no deseada, mayor probabilidad de
hogares con un hijo único, mayor necesidad de nuevas viviendas ante la atomización de la sociedad, mayores complicaciones de acceso a la vivienda a las familias con 5 o más miembros, etc. 188
178 https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2024/06/05/666052f0e85ece8e158b45df.html
179 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
180 Ibid.
181 https://www.funcas.es/articulos/renta-ahorro-y-riqueza-de-los-hogares-espanoles-un-cuarto-de-siglo-de-transformacion/
182 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230904-1#:~:text=The%20highest%20average%20ages%2C%20at,)%20and%20Italy%20(30.0).
183 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics
184 https://elpais.com/sociedad/2024-02-21/nueva-caida-de-los-nacimientos-en-2023-que-han-bajado-un-24-en-10-anos.html
185 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
186 https://theobjective.com/actualidad/2024-05-31/ces-deficiti-vivienda-estrangular-economia-espana/
187 https://www.ces.es/documents/10180/5311931/Memoria_2023_APROBADA.pdf
188 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
10. Los propietarios carecen de seguridad jurídica e instrumentos legales eficaces y ágiles ante los fenómenos de la okupación y la inquiokupación.
11. Durante 2023 se han vendido 586.000 viviendas, lo que supone un 9,9 % menos que en el ejercicio anterior, y las hipotecas para compra de vivienda se redujeron un 17,9 % en términos interanuales, mientras que la proporción de inmuebles
adquiridos al contado supera el 50 % 189. Asimismo, el precio de la vivienda no deja de crecer: según el índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2024 se incrementó un 7,8 % en
términos interanuales y por tipo de vivienda aumentó un 11,2 % para la nueva y un 7,3 % para la de segunda mano 190. Además, respecto al primer trimestre de 2024, los precios de la vivienda, en general, se incrementaron en un 3,6 % 191. El precio
medio de la vivienda en España en euros por metro cuadrado supera ya los niveles de 2007-2008 (un 2,9 % más) y los expertos vaticinan que continuará subiendo 192.
12. Únicamente el 2,5 % del parque de viviendas principales en España es vivienda social, sustancialmente por debajo de la media de la Unión Europea (9,3 %) 193.
13. La ciudad de Barcelona, uno de los municipios catalanes que se ha declarado zona de mercado residencial tensionado de conformidad con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ha experimentado un gran descenso del
parque inmobiliario de alquiler en los últimos seis meses: hasta la mitad de las viviendas habrían salido del mercado, lo que ha incrementado aún más los precios del alquiler 194.
14. La escasez de suelo urbanizable para la edificación de viviendas, el incremento de los costes de construcción por el encarecimiento de las materias primas, la escasez de mano de obra cualificada, así como la ralentización de los
trámites administrativos en la concesión de licencias de obra, dificultan considerablemente la promoción de vivienda nueva en España 195.
15. En 2021, un 61 % de los hogares que residían de alquiler o en una vivienda cedida no disponían de ahorros suficientes, consecuencia de la baja renta disponible de los arrendatarios, para hacer frente a los costes asociados a la
adquisición de una vivienda (entrada y demás gastos como impuestos y tasas) en su municipio de residencia 196.
Segundo. La necesidad de tomar las medidas necesarias para abaratar el acceso a la vivienda en España
A la vista de los datos señalados en el expositivo anterior, cabe concluir que el escenario español relativo a la vivienda es preocupante y realmente grave, en especial para los más jóvenes y aquellas familias con rentas más bajas.
El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un infierno para una mayoría amplia de españoles, especialmente para aquellos que viven en las grandes urbes. Este fenómeno, además, tiene consecuencias sobre otros ámbitos sociales. Por
ejemplo, si alguien no puede acceder a un inmueble, no podrá formar una familia y, por ende, no podrá tener descendencia, con lo que se perpetuará el invierno demográfico en el que está sumido España desde hace décadas. Este aspecto lo sufren
especialmente los menores de 35 años, que ven cómo cada vez es más difícil emanciparse y tienen que retrasar con ello su paternidad.
En el mercado del alquiler de larga duración, tanto al propietario como al inquilino hay que ofrecerles garantías: '( ...) todo arrendatario busca estabilidad, flexibilidad y asequibilidad; y todo arrendador, certeza en el cobro,
posibilidades de rehabilitación y
189 https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B8351d53f-7d79-48f2-b29e-b1fbfa4f760e%7D
190 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/IPV2T24.htm
191 Ibid.
192 https://amp.expansion.com/economia/2024/09/04/66d74e96e5fdea1c458b458f.html
193 https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo
194 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20240515/oferta-pisos-alquiler-cae-picado-precios-disparados-barcelona-102374234
195 https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/23/Fich/InfAnual_2023.pdf
196 Ibid.
eficiencia en la recuperación en caso de incumplimiento' 197. De no cumplirse estos condicionantes, los propietarios retirarán su vivienda del mercado del alquiler, mientras que los arrendatarios deberán recurrir a otras alternativas
habitacionales, como los pisos compartidos en el caso de los jóvenes, o buscar vivienda en el extrarradio de las ciudades, algo cada vez más habitual. La crisis de la vivienda está provocando también la desaparición paulatina de la clase media
española, antaño numerosa y hoy cada vez más menguante. La vivienda es uno de los elementos constitutivos y cohesionadores de las personas y las familias. Sin ella se pierde no sólo patrimonio, sino también certidumbre, estabilidad y solidez
vital. Por ello es importante abaratar el acceso a la vivienda. Este escenario hace urgente y necesario tomar cuantas medidas sean necesarias para hacer accesible la vivienda a la mayoría social de los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar todas las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones competentes, para abaratar el acceso a la vivienda.
2. Fomentar un cambio en la política fiscal para facilitar el acceso a la vivienda y reducir el porcentaje de población que sufre sobreesfuerzo económico por el pago de ésta, a través de exenciones en IVA e ITP para compra de vivienda
habitual, entre otras.
3. Favorecer el incremento del parque de vivienda social.
4. Favorecer un desarrollo territorial más equilibrado, que haga viable la permanencia en las ciudades medias y pequeñas, así como en las áreas rurales.
5. Llevar a cabo uña evaluación de los efectos de las políticas públicas en materia de vivienda para apostar por las efectivas y desechar las perjudiciales.
6. Impulsar una legislación nacional en materia de vivienda que no provoque desigualdad entre españoles según la región en la que residan.
7. Reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria para todos los actores implicados en la vivienda (promotores, constructores, propietarios, arrendatarios ...).
8. Agilizar los trámites administrativos relacionados con las licencias de obras y el desarrollo de suelos urbanizables.
9. Aumentar la frecuencia de los transportes públicos urbano e interurbano en las áreas metropolitanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2024.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura
161/001161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del Año
Jubilar 2025 por la celebración del 75 aniversario de la declaración del Dogma de la Asunción que se representa en el Misteri d'Elx como acontecimiento de excepcional interés público, para su debate en la Comisión de Cultura.
197 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2023/01/20221115_FINAL_PoliticaDeVivienda_1_WEB-1.pdf
Exposición de motivos
El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pió XII proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María, el cual enseña que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este dogma se representa en la ciudad de Elche desde tiempos inmemoriales
los días 14 y 15 de agosto y es lo que se conoce como el 'Misteri d'Elx', el cual fue declarado como Monumento Nacional en 1931 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, en la primera proclamación de las Obras Maestras del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
La fecha de inicio de estas representaciones no se ha podido determinar por falta de documentación al respecto, aunque hay varias tradiciones locales sobre este asunto. Una de ellas apunta al año 1265, año en el que las tropas del rey Jaime
I conquistaron el Elche hasta entonces musulmán, que dio lugar al nacimiento de la villa de Elche cristiana. Otra de las tradiciones apunta al 1370, año en el que la Virgen de la Asunción, patraña de Elche, llegó a la ciudad, en cuya arca junto a
la venerada imagen se encontraba el consueta de la 'Festa'.
El escenario de estas representaciones que tienen lugar año tras año y que llenan de júbilo a la ciudad de Elche y a sus visitantes es la Basílica de Santa María y se divide en dos planos: el terrestre y el aéreo. El terrestre está formado
por un cadafal de forma cuadrada ubicado en el crucero de la basílica, al que se accede desde la puerta principal del templo por medio de un andador inclinado.
En cambio, el escenario aéreo se instala en la cúpula de la basílica, que se cubre completamente con una gran lona que simboliza el cielo. Tras esta lona, que solo cuenta con una pequeña apertura, se desarrolla todo un sistema de madera y
poleas que permiten a los tramoyistas realizar sus operaciones para poder llevar a cabo la representación, como por ejemplo: la bajada de la 'Magrana' en la que desciende el ángel que anuncia a María su muerte en la tarde del 14 de agosto. También
desciende del cielo el 'Araceli', un aparato de origen medieval que es el encargado de subir la imagen de la Virgen al cielo en la tarde del 15 de agosto, tarde en la que la ciudad de Elche corona a su patraña en medio de una lluvia de oropel.
El Misteri d'Elx es la única muestra que ha permanecido viva de las grandes celebraciones asuncionistas, de las festividades dedicadas a la Virgen que desde la Edad Media y, sobre todo, a partir del siglo XV, se extendieron por las tierras
de la antigua Corona de Aragón.
En la actualidad, es el Patronato del Misteri el encargado del mantenimiento, protección y celebración anual de las representaciones de la Festa. El Patronato cuenta con varios órganos y comisiones que aseguran el buen funcionamiento del
Misteri y su viabilidad económica. Viabilidad que depende de las subvenciones de los distintos organismos públicos y de la venta de entradas para los ensayos generales que se llevan a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto.
Pero la celebración de los actos conmemorativos por el 75 aniversario de la declaración del dogma hace necesario que las entidades privadas aporten financiación adicional. La declaración como acontecimiento de excepcional interés público es
una oportunidad para que las empresas que decidan colaborar económicamente con esta celebración puedan obtener beneficios fiscales asociando su imagen a un evento de semejante magnitud cultural, además de incentivar a que más empresas puedan aportar
más financiación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Aprobar la consideración de acontecimiento de excepcional interés público la celebración del Año Jubilar 2025 con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción que se representa en el Misteri d'Elx, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con los beneficios fiscales máximos establecidos en el artículo 27.3 de la
Ley 49/2002.
2. Dotar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado la concesión de una línea nominativa de ayuda al Misteri d'Elx, para su difusión y promoción por la singularidad de ser la primera Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de
la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, María Soledad Cruz-Guzmán García, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez y Eduardo Carazo
Hermoso, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el arte mudéjar de la provincia de Zaragoza a través de la asociación
Territorio Mudéjar, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La aparición del arte mudéjar en Aragón, hacia el siglo XII, se debió a las peculiares condiciones políticas, sociales y culturales de la España de la Reconquista.
Influenciado en parte por el arte islámico, el mudéjar también muestra huellas de las tendencias coetáneas de los estilos arquitectónicos europeos, en particular el gótico.
Los monumentos mudéjares -cuya construcción se prolongó hasta principios del siglo XVII- se caracterizan por una utilización sumamente refinada e ingeniosa del ladrillo y la cerámica vidriada, sobre todo en los campanarios.
La palabra mudéjar es un término medieval que hace referencia al musulmán que vive en territorio cristiano conservando su religión a cambio de un tributo. También se conoce como mudéjar al estilo arquitectónico que floreció en España desde
el siglo XII hasta el XVII, caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe.
El arte mudéjar es una manifestación artística única en el mundo, ya que no forma parte ni de la cultura occidental europea ni de la cultura islámica, sino que es el resultado de una situación social, política y cultural determinada,
producida en un entorno y en una época concreta.
Es el legado de la convivencia de tres culturas de raíces muy diferentes como son la cristiana, islámica y judía, cuyo valor radica en la pacífica convivencia que propició la fusión de elementos de tradición islámica con los lenguajes
artísticos occidentales: el Románico, el Gótico, el Renacimiento y más tarde el Barroco.
El legado oriental está presente, sobre todo, en la utilización de materiales sencillos como el ladrillo, el yeso, la cerámica y la madera, y en la ornamentación a base de motivos geométricos, vegetales, lazos o arquerías. Así mismo también
es un símbolo de integración de la arquitectura, la cerámica, la talla y la pintura.
La Arquitectura Mudéjar de Aragón se incluyó en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986 con las torres y la catedral de Teruel, y posteriormente se amplió en 2001.
Los monumentos que integran este bien seriado son: Torre, techumbre y cimborrio de la Catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel; Torre e iglesia de San Pedro de Teruel; Torre de la iglesia de San Martín de Teruel; Torre de la
iglesia del Salvador de Teruel; Ábside, claustro y torre de la colegiata de Santa María de Calatayud; Iglesia parroquial de Santa Tecla de Cervera de la Cañada; Iglesia de Santa María de Tobed; restos mudéjares
del Palacio de la Aljafería de Zaragoza; Torre e iglesia parroquial de San Pablo de Zaragoza y Ábside; parroquieta y cimborrio de la Seo de Zaragoza.
Estos diez monumentos fueron seleccionados por ser los más representativos y los que mejor reflejan el fenómeno mudéjar como hecho histórico y cultural que debiera servir de ejemplo de paz y respeto entre los pueblos.
Las distintas Administraciones con competencia en la materia han venido desarrollando en los últimos años un buen número de actuaciones en pro de la conservación y puesta en valor de los monumentos de la Arquitectura Mudéjar.
Como ejemplo a destacar de iniciativas impulsadas no sólo para dar a conocer la importancia de la Arquitectura Mudéjar, sino para impulsar su conservación y puesta en valor, podemos citar, en la Provincia de Zaragoza, el de la creación de la
asociación Territorio Mudéjar.
La asociación Territorio Mudéjar desarrolla sus actividades en todo el territorio aragonés y especialmente en el territorio de la provincia de Zaragoza. Los municipios que aparecen como socios fundadores de la asociación son los siguientes:
Ayuntamiento de Aniñón; Ayuntamiento de Ateca; Ayuntamiento de Belmonte de Gracián; Ayuntamiento de Borja; Ayuntamiento de Calatayud; Ayuntamiento de Cervera de la Cañada; Ayuntamiento de Cosuenda Ayuntamiento de Daroca; Ayuntamiento de La
Almunia de Doña Godina; Ayuntamiento de Longares; Ayuntamiento de Maluenda; Ayuntamiento de Mesones de Isuela; Ayuntamiento de Quinto; Ayuntamiento de Riela; Ayuntamiento de Romanos; Ayuntamiento de Tauste; Ayuntamiento de Terrer;
Ayuntamiento de Tobed; Ayuntamiento de Torralba de Ribota y Ayuntamiento de Villar de los Navarros
La citada asociación tiene como principal finalidad el impulso de actividades de estudio, difusión y promoción sobre el Arte Mudéjar de Aragón en toda su extensión: arquitectura, bienes muebles e inmuebles, urbanismo, territorio afectado,
población, sociedad y cultura; así como la promoción de iniciativas de gestión de arte y patrimonio que sirvan para su mejor valoración, conservación y conocimiento.
Este tipo de iniciativas merecen no sólo el reconocimiento de las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de patrimonio cultura, sino el impulso de acciones coordinadas para la restauración, promoción y puesta en
valor de los múltiples ejemplos de Arte Mudéjar existentes en la Provincia de Zaragoza.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reconocer las acciones llevadas a cabo por la Asociación Territorio Mudéjar en su labor de difusión, estudio, promoción y defensa de los monumentos del Arte Mudéjar existentes en la provincia de Zaragoza.
- En colaboración con el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y los Ayuntamientos fundadores de dicha asociación, estudiar vías de trabajo conjunto para poner los monumentos citados en valor y favorecer el conocimiento de la
ciudadanía sobre este patrimonio.
- Estimular la iniciativa de las entidades locales en las que haya bienes declarados patrimonio mundial del arte mudéjar para concurrir a las ayudas existentes para bienes declarados Patrimonio Mundial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2024.-Víctor Javier Ruiz de Diego, Diputado.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/001130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de portavoz y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX ('G.P. VOX'), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a establecer medidas que protejan a las empresas españolas e incentiven la inversión en España, para su debate en el Comisión de Economía,
Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El entorno empresarial actual en España enfrenta desafíos derivados de un marco regulatorio inestable y a menudo discrecional, que beneficia a aquellos que compran la agenda ideológica del Gobierno en detrimento del bienestar del conjunto
empresarial. Esta situación genera obstáculos significativos para realizar negocios, afectando las decisiones de inversión, la generación de empleo y, en última instancia, a la prosperidad de los españoles.
La falta de estabilidad y de previsibilidad en las regulaciones, y la actual ruptura del marco jurídico que permite a unos pocos no tener que pagar por sus delitos, impacta negativamente en la toma de decisiones de las empresas sobre dónde
invertir y expandirse. Este ambiente, caracterizado por cambios frecuentes y decisiones discrecionales o una presión impositiva alta, desincentivan la inversión. Las decisiones laborales también obstaculizan el mercado, con altos costos y tasas de
desempleo preocupantes, especialmente entre los jóvenes.
Fiscalidad
El panorama fiscal en España actúa como un factor desalentador para la inversión. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y The Tax Foundation (TF), España continúa perdiendo competitividad en términos fiscales. En el año 2022, la
presión fiscal alcanzó un 42,1 % y se proyecta un aumento al 42,3 % debido a la introducción de nuevos tributos o reformas en los existentes 198.
De acuerdo con el índice de Competitividad Fiscal Internacional (ICF) de TF, España se encuentra entre los cinco países menos competitivos en materia fiscal dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
ocupando el puesto 34 de 38 en el ranking, descendiendo once puestos desde finales de 2019.
Todo ello se agrava con la perpetuación de impuestos que fueron aprobados con carácter temporal, como son el gravamen a la banca y energéticas, siendo una clara muestra de la discrecionalidad política del Gobierno ante intereses de pactos de
legislatura. La preocupación en el entorno empresarial es patente y se está haciendo notar a la hora de llevar a cabo proyectos de inversión y, por tanto, de generar empleo.
Inflación y costes
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios industriales ha aumentado un 57,4 % desde mediados del año 2020, motivado en buena medida por las decisiones de política energética del Gobierno. El cierre de centrales
térmicas y la obsesiva diligencia por cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 han puesto en tensión el precio de la energía en España.
198 https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/IEE.-INFORMES-Enero-2023.-Competitividad-fiscal-2022-1.pdf
Según el Banco de España, el descontrol de los precios energéticos ha tenido una clara mella sobre la situación económica y financiera de las empresas españolas 199, reflejándose en los precios finales de los bienes y servicios.
Laboral
En los últimos años, el Gobierno no ha dejado de incrementar los costes laborales para las empresas y autónomos. El aumento de las cotizaciones sociales a cargo de trabajador y empleador, el aumento de los impuestos que gravan a ambas
partes, el aumento de las bases mínimas de cotización y la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, hacen que cada vez sea mayor el coste por trabajador. Según el Banco de España, el 70,8 % de las empresas esperan que se
produzcan más incrementos en los costes laborales 200 por motivos regulatorios.
Volumen normativo
Desde la promulgación de la Constitución Española, el volumen normativo se ha multiplicado por cuatro. El número de normativas publicadas anualmente ha experimentado un notable aumento, pasando de aproximadamente 3.000 a un total de 12.250
en 2020 y 12.704 en 2021 201. Particularmente, en el año 2020, se identificó que el 78,7 % de estas nuevas regulaciones procedían de las administraciones regionales, mientras que un 15,7 % provenía de la Administración General del Estado y
aproximadamente un 5 % de las Corporaciones Locales.
Esta situación se traduce en un panorama complejo para las empresas en España, que se enfrentan a una maraña burocrática, trabas administrativas y mayores costes de cumplimiento. Destaca el caos normativo derivado del modelo de 'Estado de
las Autonomías'. Este sistema obliga tanto a las empresas como a los ciudadanos a lidiar con una variedad de marcos legales, a menudo contradictorios, que restringe la capacidad de las empresas para crecer y generar empleo, evidenciando una clara
ruptura de la unidad del mercado nacional.
España atraviesa una crisis institucional sin precedentes que genera una pérdida de confianza en nuestra economía tanto a nivel nacional como internacional, afectando negativamente la inversión privada, a las cuentas públicas y a la
prosperidad de nuestras empresas.
En resumen, para proteger a las empresas españolas, mejorar su competitividad y permitir que tomen decisiones de inversión generadoras de empleo, se necesitan medidas que simplifiquen el marco normativo, reduzcan la carga fiscal, promuevan
la contratación, disminuyan el déficit público y eliminen las leyes ideológicas que aumentan los costes regulatorios. Conseguir una verdadera unidad de mercado y el adecuado equilibrio entre las administraciones públicas también son esenciales para
el desarrollo empresarial.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a crear un marco normativo simplificado, estable y homogéneo en todo el territorio nacional, que tenga como fin proteger el tejido empresarial existente, fomentar la relocalización de
empresas y centros de producción y atraer nuevas inversiones a nuestro país, así como incrementar la productividad.
199 https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/22/IEF_2022_1_Rec1_4.pdf
200 Banco de España. Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad: tercer trimestre de 2023.
https://www.bde.es/f/webbe/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T3/Fich/be2303-art15.pdf
201 Banco de España. La Regulación Sectorial en España. Resultados Cuantitativos, https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/22/Fich/dt2202.pdf
2. Llevar a cabo las reformas necesarias encaminadas a reducir el esfuerzo fiscal que tienen que soportar las empresas españolas y aumentar la competitividad fiscal, en un contexto general de rebaja de impuestos para todos los españoles.
3. Promover un marco fiscal y laboral que incentive la contratación, a través de una rebaja inmediata de las cotizaciones sociales a cargo de empresas y trabajadores, así como de una reducción y simplificación del Impuesto sobre Sociedades
para las empresas que creen empleo y acometan inversiones productivas.
4. Emprender con carácter inmediato una rebaja sostenida del déficit público que suponga la minoración de la deuda pública a niveles compatibles con la sostenibilidad económica de la Nación en el medio plazo, a través de la disminución
drástica del gasto político improductivo a cargo de la Administración General del Estado, así como del estudio y eliminación de las duplicidades administrativas producto del modelo territorial.
5. Promover políticas de ayuda a los trabajadores autónomos, con reducciones y bonificaciones de la cuota cuando los ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Inter profesional.
6. Reducir el tipo y simplificar el Impuesto sobre Sociedades para favorecer el crecimiento de las empresas y la creación de empleo en España, así como para atraer los beneficios generados por empresas en el exterior.
7. Reducir el volumen normativo, trámites y procedimientos administrativos, minimizando trámites y costes para la constitución y puesta en marcha de una empresa.
8. Impulsar los cambios normativos precisos para la derogación de todas las leyes ideológicas del Gobierno que imponen exigencias a las empresas que se traducen en mayores costes regulatorios para estas.
9. Preservar el medio ambiente desde el sentido común, la responsabilidad y la protección e impulso de nuestra economía, acompasando dicha protección a las necesidades reales de España y sus capacidades y, por tanto, libre de imposiciones
ideológicas.
10. Garantizar una verdadera unidad de mercado eliminando las duplicidades, trabas y desequilibrios entre las distintas administraciones territoriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de agosto de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implantación de
soluciones tecnológicas que permitan un sistema integral de prevención de incendios forestales, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), el fuego había quemado 26.071,88 hectáreas en lo que llevamos este año, hasta el 21 de julio de 2024. En todo el año 2022 se calcinaron 267.946,89 hectáreas y
en 2023 la superficie afectada fue de 89.068,33 hectáreas. La superficie anual media forestal dañada por incendios en el último decenio se situó en 100 mil hectáreas.
Estos dramáticos datos demuestran que las políticas forestales implementadas por el Gobierno no están siendo efectivas, y que existe un amplio margen para mejorar las actuales medidas de prevención de incendios forestales, más allá de la
planificación, a
pesar de disponer desde 2021 del fondo Next Generation, dotado con más de 140.000 millones de euros.
parte 1
parte 2