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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 159, de 12/06/2024
cve: BOCG-15-D-159
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de junio de 2024
Núm. 159
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la errática política exterior del Gobierno y a la reprobación del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ...
161/000909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al alarmante número de desaparecidos en México ... (Página18)
Comisión de Interior
161/000929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno habilite un sistema mixto que permita seguir realizando las fotografías para el DNI 4.0 en las tiendas especializadas de
fotografía ... (Página19)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a ejecutar la ampliación del aeropuerto internacional de Valencia-Manises ...
161/000890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al soterramiento de las vías ferroviarias de Serrería en la ciudad de Valencia ...
161/000892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de una nueva línea ferroviaria que mejore la conexión entre Bilbao y Santander ... (Página25)
161/000895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la construcción de la estación de Alta Velocidad en el aeropuerto de Girona-Costa Brava ... (Página26)
161/000900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la reactivación e impulso definitivo del convenio ferroviario con las Illes Balears ... (Página27)
161/000901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la reapertura de la línea ferroviaria 102 Madrid-Aranda de Duero-Burgos ... (Página28)
161/000907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para promover más frecuencias de AVE en la conexión Murcia-Madrid ante las dificultades de la conexión Murcia-Málaga ...
161/000916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la adquisición de material rodante adaptado al ancho de vía estándar ... (Página31)
161/000917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la mitigación de las afectaciones del servicio ferroviario de los trenes de media distancia en el sur de Cataluña debido a la instalación de un
tercer carril ferroviario ... (Página34)
161/000918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la renovación del convenio de la Vía Verde de la Terra Alta ... (Página36)
161/000920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el soterramiento ferroviario en el municipio de San Andrés del Rabanedo en la provincia de León ... (Página39)
161/000932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la circulación de mercancías por la costa de Tarragona y la reestructuración del transporte ferroviario de la provincia de Tarragona
... (Página40)
161/000933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la remodelación y reestructuración de la estación de Pasaia ... (Página42)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la regulación estatal de profesionales del deporte ... (Página43)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de rectificar la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, sobre cotización retroactiva de las personas con becas de investigación ...
161/000904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para crear un grupo de trabajo que estudie la forma en que los autónomos que tengan
deudas con las Administraciones públicas, Seguridad Social y Agencia Tributaria, puedan cobrar en su jubilación una pensión justa y digna ... (Página48)
161/000908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar medidas en el ámbito laboral que palien el impacto negativo de la deslocalización sobre el empleo, eviten el dumping social y contribuyan al
respeto de los derechos humanos ... (Página49)
161/000919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al establecimiento por ley de un despido realmente restaurativo y disuasorio ... (Página52)
Comisión de Industria y Turismo
161/000891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del segmento del turismo deportivo en el Levante español ... (Página54)
161/000912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las condiciones laborales y salariales del convenio de Navantia ... (Página55)
161/000915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para promover medidas en materia de transición energética y descarbonización del sector turístico ... (Página58)
161/000925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al plan de empleo anunciado para Navantia en 2023 ... (Página59)
161/000926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al plan industrial para Navantia Ría de Ferrol ... (Página61)
161/000927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para evitar la deslocalización de la empresa Saint-Gobain en Avilés (Asturias) y apoyar a los trabajadores de Sekurit, división de automóvil de la
empresa, que ya ha anunciado su cierre inminente ... (Página64)
161/000931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso urgente al desbloqueo y logro de avances significativos en el proyecto del Parador de Turismo de Morella (Castellón) ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances en el consumo digital inclusivo para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el comercio exterior en el sector agrario ... (Página69)
161/000930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la eficiente y sostenible agua para el regadío y la modernización del riego del Canal d'Urgell ...
Comisión de Política Territorial
161/000894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el incumplimiento en Cataluña de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y
enseñas ... (Página72)
161/000906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las transferencias pendientes en Galicia ... (Página74)
161/000921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y facilitar, de forma transparente, la
información relativa a las entregas a cuenta a los ayuntamientos por parte del Estado ... (Página80)
161/000928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y la colaboración entre
Administraciones públicas para luchar contra la corrupción ... (Página82)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de una planta fotovoltaica para reducir los costes de la IDAM de Torrevieja ... (Página84)
161/000922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación del tómbolo sobre el que se asienta el castillo y la ciudad de Peñíscola y la adopción de medidas para garantizar la
estabilidad y seguridad del acantilado y del conjunto histórico-artístico de Peníscola ... (Página85)
161/000923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo a las conducciones de la presa de Béznar-Rules ... (Página87)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de impulso de la construcción industrializada y prefabricada de vivienda ... (Página88)
Comisión de Sanidad
161/000903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la adopción de medidas para garantizar la atención primaria a toda la ciudadanía del medio rural ... (Página91)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la no financiación de programas de cooperación al desarrollo en países de no se respete la libertad religiosa de los cristianos ...
Comisión de Igualdad
161/000897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la menopausia ... (Página95)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo institucional para movilizar el voto joven en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio ... (Página97)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000309 Pregunta formulada por los Diputados Esteban González Pons (GP), Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP), Rojas García, Carlos (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre opinión de la Ministra de Defensa acerca de si sigue siendo Israel
un Estado aliado de España en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo ... (Página99)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000286 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre medidas que tiene planificadas el Gobierno para descarbonizar el transporte ... (Página100)
181/000358 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre acciones para evitar los continuos robos e
interrupciones a los que se enfrenta el servicio ferroviario de Rodalies ... (Página100)
181/000359 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre análisis que ha llevado a cabo el Gobierno
para asegurar que se están llevando prácticas profundamente desleales entre empresas ferroviarias y que se debe proteger a Renfe ... (Página101)
Comisión de Industria y Turismo
181/000283 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre opinión del Gobierno acerca de si es coherente destinar recursos públicos a la promoción turística, cuya patronal reconoce beneficios históricos, con la
acción de un gobierno socialdemócrata ... (Página101)
Comisión de Política Territorial
181/000285 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre previsiones acerca de realizar una segunda descentralización que fomente el municipalismo como administración de proximidad ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000305 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre opinión acerca de si se va a conseguir el objetivo de 20TWh de biogás y biometano en el año 2030, previsto en el borrador
de actualización del PNIEC, teniendo en cuenta el escaso o nulo desarrollo de los mecanismos de actuación contemplados en la medida 1.15 ... (Página102)
181/000306 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre opinión acerca de si se va a conseguir el objetivo de 22GW de potencia bruta instalada de almacenamiento en el año 2030,
previsto en el borrador de actualización del PNIEC, teniendo en cuenta el escaso o nulo desarrollo de los mecanismos de actuación contemplados en la medida 1.9 ... (Página102)
181/000307 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre garantía de la seguridad de suministro eléctrico en el año 2030 con la penetración de energía eólica ...
181/000308 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre medidas que está llevando a cabo el Gobierno para evitar la dependencia de gas procedente de Rusia ...
181/000310 Pregunta formulada por los Diputados César Sánchez Pérez (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP) y Folch Blanc, Javier José (GP), sobre realización de algún estudio de impacto transversal para analizar el impacto del Reglamento
Europeo de Envases sobre el tejido productivo español, desde una perspectiva holística medioambiental, económica sectorial y social ... (Página103)
181/000311 Pregunta formulada por los Diputados César Sánchez Pérez (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP) y Folch Blanc, Javier José (GP), sobre medida que ha tomado en el año 2024 el Gobierno para evitar el continuo envejecimiento de la
flota del parque móvil ... (Página103)
181/000312 Pregunta formulada por los Diputados César Sánchez Pérez (GP), Melgarejo Moreno, Joaquín (GP) y Folch Blanc, Javier José (GP), sobre medidas que ha tomado el Gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión en relación
al PNIEC, así como estado de cumplimiento en relación con los nuevos objetivos de la Comisión para los Estados miembros ... (Página104)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000284 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para frenar la especulación inmobiliaria y la acumulación de activos inmuebles ...
181/000354 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX) y Hernández Quero, Carlos (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno no promueve la
exención del pago del ITP en los casos de adquisición de vivienda habitual para facilitar la compra de vivienda a los españoles ... (Página104)
181/000356 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Hernández Quero, Carlos (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre motivos por los que el Gobierno no promueve la
reforma de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que la adquisición de la vivienda habitual de nueva construcción esté exenta de IVA, medida que favorecerá sobre todo a las familias jóvenes ...
Comisión de Sanidad
181/000287 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para hacer tangible la idea planteada por la Ministra de
Sanidad el 25/04/2024 de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria sea 'uno de los puntales para recuperar el orgullo por nuestro Sistema Nacional de Salud, ensancharlo y actualizarlo al siglo XXI' ... (Página105)
181/000288 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que la saturación en la atención primaria, el
incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada, la insuficiencia de recursos específicos para una atención a la salud mental y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación centraron las
quejas y también las actuaciones del Defensor del Pueblo en materia sanitaria en los años 2022 y 2023 ... (Página105)
181/000289 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre objetivos ligados a la calidad y la seguridad asistenciales con los que ha aprobado el Gobierno, mediante el
Real Decreto 435/2024, que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que evalúe la proporcionalidad de la actividad desarrollada por los colegios de los profesionales sanitarios ... (Página106)
181/000290 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre compromiso de la Ministra de Sanidad a dar cumplimiento a todos los compromisos que ha adquirido desde su
nombramiento como ministra en noviembre de 2023, considerando su candidatura para el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud ... (Página106)
181/000291 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho planteado por el Banco de España en su Informe
Anual 2023 de que el profundo cambio demográfico en el que la población española está inmersa supondrá, en las próximas décadas, un apreciable aumento del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración ... (Página106)
181/000292 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar medidas para incluir los trastornos mentales dentro de la lista de
enfermedades profesionales ... (Página107)
181/000293 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar una nueva convocatoria del Plan Profarma, Fomento de la competitividad en la
Industria Farmacéutica ... (Página107)
181/000294 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas ante el incremento de las agresiones en el año 2023, registrado por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos ... (Página107)
181/000295 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para solucionar las necesidades por las que se inició la huelga
de médicos en Ceuta y Melilla, el 09/03/2023 ... (Página108)
181/000296 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre reuniones y avances concretos con el Sindicato Médico de Melilla a los que se refirió la Ministra de Sanidad el
14/03/2024 en su comparecencia en el Senado ... (Página108)
181/000297 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para atender la solicitud del Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina de reivindicar la vuelta a la elección presencial de plaza de formación sanitaria especializada ... (Página108)
181/000298 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de dar pleno cumplimiento a todos los compromisos adquiridos por la Ministra de Sanidad,
considerando las limitaciones derivadas de la renuncia desde el Gobierno a tramitar los Presupuestos Generales del Estado para este año ... (Página109)
181/000299 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
poner en marcha un plan de inversiones para la mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes con enfermedades poco frecuentes ... (Página109)
181/000300 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que la sanidad ocupa la segunda posición como
primer problema que afecta personalmente a los ciudadanos en España, según se plantea en el Barómetro de febrero de 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas ... (Página109)
181/000301 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
actualizar el documento marco de cribado poblacional ... (Página110)
181/000302 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
reconocer las especialidades de Medicina de Urgencias, de Enfermedades Infeccionas y de Genética ... (Página110)
181/000303 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
actualizar el real decreto de listas de espera ... (Página110)
181/000304 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre líneas estratégicas y objetivos prioritarios, así como dotación presupuestaria y plazos reales de implementación
del 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2024-2025' ... (Página110)
181/000314 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de hacer algo de utilidad real ante el hecho denunciado por el Ilustre Colegio de Médicos de
Melilla de que la huelga sanitaria cumplió el 09/03/2024 un año y no se han sentado a negociar con los médicos ... (Página111)
181/000315 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida ante el hecho de que la atención primaria es un lugar
maravilloso para ejercer la medicina y sin embargo, desde hace muchos años se tienen unas condiciones laborales que están centrifugando el talento de sus profesionales ... (Página111)
181/000316 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para hacer tangible el Plan Estratégico de la Industria
Farmacéutica para garantizar la autonomía estratégica, dar cohesión al sector y fortalecer el liderazgo público a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento para que la inversión vaya alineada con el interés público, el bienestar social y
las necesidades en salud ... (Página111)
181/000317 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre criterios mínimos comunes en toda la Unión Europea que se proponen desde el Gobierno para el reconocimiento de
títulos no comunitarios ... (Página112)
181/000318 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de plantear alguna medida para favorecer el consenso real con las Comunidades Autónomas en la
toma de decisiones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ... (Página112)
181/000319 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de plantear alguna medida ante el hecho de que en el Barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas de abril de 2024 la sanidad vuelve a ser el segundo problema que más afecta personalmente a los españoles ... (Página112)
181/000320 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para que, igual que se está negociando el plan de la industria farmacéutica, se negocie un
plan de productos sanitarios ... (Página113)
181/000321 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre utilidad del relevo de doña Belén Hernando Galán por doña Isabel Muños Machín en la dirección del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria para dar solución real y tangible a los problemas y carencias que originaron la huelga de profesionales sanitarios el 09/03/2023 en Ceuta y en Melilla ... (Página113)
181/000322 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud del Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos e
impulsar alguna medida ante el hecho de que hace falta en España crear una agencia de calidad ... (Página113)
181/000323 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre razones reales del cese de doña Belén Hernando Galán como Directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
que se formalizó el 09/04/2024 ... (Página113)
181/000324 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre modificación por el Ministerio de Sanidad de su gestión y planificación de campañas de prevención de la salud y
prevención de la enfermedad en el ámbito de la salud pública ... (Página114)
181/000325 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de hacer algo de utilidad ante el hecho denunciado por el Ilustre Colegio de Médicos de
Melilla de que no hay médicos suficientes, ni especialistas, ni de atención primaria ni del 061 ... (Página114)
181/000326 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de hacer algo de utilidad ante el hecho denunciado desde el Ilustre Colegio de Médicos de
Melilla de que como no hay facultativos, los turnos de guardia son inhumanos y en algunos casos hasta ilegales ... (Página114)
181/000327 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de hacer algún tipo de aportación a la Estrategia Nacional contra la Soledad desde el
Ministerio de Sanidad ... (Página115)
181/000328 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de hacer algo de utilidad ante el hecho denunciado desde el Ilustre Colegio de Médicos de
Melilla de que ha pasado un año de la declaración de Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura para el personal sanitario y no han aplicado medidas para respaldarlo ... (Página115)
181/000329 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
poner en marcha un plan de actuaciones frente al suicidio ... (Página115)
181/000330 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
desarrollar la estrategia nacional de salud digital ... (Página116)
181/000331 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos previstos para materializar y poner en marcha el Plan Estratégico de la Industria
Farmacéutica pendiente desde el año 2022 ... (Página116)
181/000332 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre tipos de avances previstos en el funcionamiento, la sostenibilidad y los resultados en salud, bienestar y
longevidad obtenidos en el Sistema Nacional de Salud con la propuesta de incrementar el IVA aplicado a la asistencia sanitaria privada ... (Página116)
181/000333 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar con el sector un baremo de daños sanitarios para determinar posibles
indemnizaciones en caso de perjuicios derivados de la asistencia sanitaria ... (Página117)
181/000334 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de traspasar a Cataluña las competencias de Formación Sanitaria Especializada ...
181/000335 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas concretas y plazos reales en los que se tiene previsto dar solución a los problemas y necesidades que
dieron lugar a la huelga de médicos en Ceuta y Melilla en marzo de 2023 ... (Página117)
181/000336 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para solucionar la infrafinanciación crónica de la sanidad, que el Consejero de Salud de
Cataluña consideró una cuestión pendiente con el Estado de hace años ... (Página117)
181/000337 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de dar a Cataluña herramientas para hacer una política farmacéutica propia, que el Consejero
de Salud catalán dijo estar solicitando el 07/02/2024 ... (Página118)
181/000338 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas concretas y plazos reales para agilizar el acceso a las innovaciones terapéuticas en condiciones de
equidad real en todo el Sistema Nacional de Salud ... (Página118)
181/000339 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar de forma efectiva los nuevos pasos para el Plan de
Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud ... (Página118)
181/000340 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
elaborar una hoja de ruta de las profesiones de cuidados en nuestro sistema con medidas sobre clasificación profesional, desarrollo de competencias, reconocimiento de conocimientos y competencias especializadas ...
181/000341 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
desarrollar un plan de reducción de la huella de carbono en el sector de la salud ... (Página119)
181/000342 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre plazos reales y recursos con los que el Ministerio de Sanidad va a dar cumplimiento efectivo al compromiso de
incorporar a la cartera de servicios la atención temprana ... (Página119)
181/000343 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de atender la solicitud de los presidentes de los consejos generales de colegios de Biólogos,
Dentistas, Dietistas-Nutricionistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Logopedas, Médicos, Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios e impulsar una ley de pubilidad sanitaria que permita poner
coto a la publicidad y promoción de actividades con impacto sanitario por parte de influencers y no sanitarios que pongan en riesgo la salud de las personas ... (Página119)
181/000344 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar alguna medida para traducir en avances tangibles para el Sistema Nacional de
Salud la política bonita que la Ministra de Sanidad afirmó tener como vocación el 08/04/2024 ... (Página120)
181/000345 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de dar pasos hacia la transparencia en procedimientos, incluso en explicaciones en el precio
de los medicamentos innovadores ... (Página120)
181/000346 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales que se van a destinar para posibilitar una
implementación adecuada de la última actualización de la Estrategia del Ictus del Sistema Nacional de Salud ... (Página120)
181/000347 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre medidas previstas para materializar el nuevo marco que permita evaluar todas las políticas públicas en función
de su impacto en el bienestar ... (Página121)
181/000348 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de materializar, desde el consenso con las Comunidades Autónomas y los representantes de los
profesionales sanitarios, alguna medida para evitar que queden plazas MIR sin cubrir ... (Página121)
181/000349 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre principales líneas de trabajo y objetivos del Real Decreto sobre preparación y respuesta ante pandemias ...
181/000350 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida ante el hecho de que en diciembre de 2023 había en el Sistema
Nacional de Salud un total de 849.535 pacientes en espera estructural ... (Página122)
181/000351 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre aportaciones previstas a la Alianza de Medicamentos Críticos de la Unión Europea, constituida el 24/04/2024 ...
(Página122)
181/000352 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Cavacasillas Rodríguez (GP) y Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de impulsar alguna medida ante el hecho de que uno de cada cuatro médicos en España sufre el
síndrome de desgaste profesional o burnout derivado del desempeño de su trabajo ... (Página122)
Comisión de Juventud e Infancia
181/000355 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Armario González, Blanca (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y Robles López, Joaquín (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si las
condiciones laborales y socioeconómicas de los jóvenes son lo suficientemente favorables para garantizar una buena calidad de vida y permitirles emprender un proyecto vital ... (Página123)
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000353 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Aguirre Gil de Biedma, Rocío (GVOX) y Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX), Armario González, Blanca (GVOX), sobre motivos por los que el
Gobierno no contabiliza en sus estadísticas oficiales aquellos casos en los que los filicidios son cometidos por madres ... (Página123)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009129 Autor: Micó Micó, Àgueda
Cumplimiento del acuerdo de reducir los vuelos domésticos en el caso de la nueva conexión por aire entre Castellón y Gijón ... (Página123)
184/009130 Autor: Micó Micó, Àgueda
Desalojo por la Policía Nacional de los manifestantes acampados en la Universidad Politécnica de Valencia por Palestina el 28/05/2024 ... (Página124)
184/009131 Autor: Micó Micó, Àgueda
Actuaciones de la Fiscalía contra los delitos de odio ante los hechos ocurridos en Valencia, donde un joven de origen magrebí resultó agredido por un grupo de jóvenes el pasado fin de semana, así como acciones previstas por el Gobierno para
rebajar los delitos de odio por motivos de LGTBIfobia o racismo ... (Página126)
184/009154 Autor: Ibáñez Mezquita, Alberto
Compromiso del Gobierno en la descarbonización del transporte, así como mediación para que las exportaciones del sector de la cerámica se hagan por el puerto de Castelló y previsiones de condicionar las ayudas públicas a las empresas
privadas que utilicen infraestructuras que les permitan tener una huella energética y menor coste posible ... (Página127)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la errática política exterior del Gobierno y a la reprobación del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para su
discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La política exterior del actual gobierno español.
Durante el último lustro, el Ejecutivo ha roto todas las posiciones que nuestro país ha mantenido durante más de medio siglo en política exterior. Desde la aceptación de las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental, la aquiescencia con
el régimen dictatorial venezolano -plasmado en la entrada irregular de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez-, al progresivo alejamiento de nuestros aliados naturales, como los Estados Unidos de América.
En la cuestión marroquí, el Ejecutivo sigue plegándose a la voluntad del Majzén, anteponiendo los intereses de Rabat al de los españoles. Así, la visita en el mes de febrero del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sr. Albares, a Marruecos es prueba de ello. Durante la rueda de prensa posterior a su reunión con las autoridades marroquíes, el presidente del Gobierno anunció un paquete de ayudas y subvenciones a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del país vecino. Estas ayudas incluían material para la vigilancia de costas y fronteras, tales como quads, vehículos y visores nocturnos. Así, el importe total de las subvenciones y adjudicaciones relativas a
material policial realizadas por el actual Ejecutivo ascienden
a 118 millones de euros 1. Mientras tanto, el coste total que supone la reparación de las patrulleras de la Guardia Civil para los próximos tres años asciende a 7 millones de euros 2.
Esta voluntad del Gobierno y, en particular, del Sr. Albares, a la hora de conceder todo tipo de ayudas y subvenciones a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones Políticas y Públicas ('FIIAPP') contrasta
con la dejadez del Ejecutivo a la hora de proteger y dotar de medios a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La última de las consecuencias de esta abulia palmaria ha sido la desgraciada muerte de dos Guardias Civiles a manos de
narcotraficantes en Barbate (Cádiz).
Esta cercanía al Reino de Marruecos ha sido directamente proporcional al empeoramiento de relación con Argelia. Esto ha propiciado que Argel estreche lazos con Italia -con la construcción de un segundo gaseoducto-, y reduzca sus
exportaciones de gas a nuestro país. De esta forma, España ha incrementado su dependencia energética de la Federación Rusa, al mismo tiempo que se posiciona en contra de Moscú en el conflicto con Ucrania.
Existen otros ejemplos de esta política exterior del Gobierno, como la negativa a participar en la Operación Guardián de la Prosperidad, liderada por Washington y cuya finalidad es evitar el bloqueo comercial del Mar Rojo por parte de los
rebeldes hutíes de Yemen. También la complicidad con el Grupo de Puebla, alineándose con los regímenes dictatoriales como los de Cuba y Venezuela. Todo ello, contraviniendo el manifiesto rechazo de la sociedad española hacia estos regímenes y
poniendo en riesgo la relación especial existente con el mundo hispanoamericano.
Otro ejemplo de rupturismo en política exterior del Gobierno es la cuestión de Gibraltar. España siempre ha defendido que la ocupación del istmo es ilegal e ilegítima y, por tanto, ha reclamado su devolución sin condiciones. Así las cosas,
el Gobierno no debe hacer de una cuestión bilateral con el Reino Unido una cuestión que incluya la participación de un 'territorio no autónomo pendiente de descolonización'. Además, cabe destacar que nuestro país contaba con una gran oportunidad de
avanzar en la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, puesto que cuenta con la potestad de bloquear cualquier acuerdo UE-Reino Unido Peñón. Así lo recogían las Declaraciones del Consejo
Europeo y la Comisión Europea 3.
El, hasta ahora, último ejemplo de esta política exterior heterodoxa, contraria al interés nacional de España, es la retirada del Embajador español en Buenos Aires, sin un mayor motivo que el supuesto ataque verbal a la mujer de Pedro
Sánchez. A mayor abundamiento, cabe destacar que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Sr. Óscar Puente, definió al presidente de la República Argentina, Sr. Javier Milei, como 'gente muy mala', y se refirió a un supuesto episodio
relacionado con el consumo de drogas: 'cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias' 4 (sic).
Esta actuación por parte del ministro Albares en representación del Ejecutivo pone en evidencia cómo el Ejecutivo utiliza la Política Exterior como un coto de familia, fruto de su visión patrimonialista del Estado.
Segundo. El reconocimiento unilateral del estado palestino.
El summum al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez es el reconocimiento unilateral del estado palestino. Este anuncio impropio, pues se produce en el marco de una comparecencia ante el Congreso de los Diputados por temas de otra
índole, ha tenido como consecuencia más inmediata el empeoramiento de las relaciones bilaterales con el Estado de Israel. Dicho extremo queda reflejado por la llamada a consultas de la
1 MORALES, Enrique: 'El Gobierno ya lleva donados 118 millones de euros a Marruecos para vigilar sus fronteras y sus costas', The Objective, 18.02.24. Disponible [en línea]:
https://theobjective.com/espana/2024-02-18/sanchez-donado-marruecos-vigilar-fronteras/.
2 Ibidem.
3 Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (art. 50) de 25 de noviembre de 2018, EUCO XT 20017/18. Disponible [en línea]: https://www.consilium.europa.eu/media/37151/25-special-euco-statement-es.pdf.
4 https://www.youtube.com/watch?v=CjIapsOy10c.
embajadora israelí en España, por parte de su gobierno 5. No obstante, al parecer dicho anuncio por parte del presidente del Gobierno no ha sido suficiente para sus socios en el Ejecutivo. Así, la vicepresidente segunda del Gobierno,
Yolanda Díaz, ha afirmado en un comunicado oficial: 'Palestina será libre desde el río hasta el mar' 6. Este lema, compartido por la izquierda globalista y antisemita, supone la eliminación del Estado del Israel.
Esta actuación, además, refleja el desacople entre la agenda del Gobierno y el sentir general de la sociedad española, que rechaza de plano el terrorismo satánico de Hamás. Asimismo, este reconocimiento unilateral es la prueba fehaciente de
que el Gobierno se pone del lado de los enemigos de España, que no son otros que los terroristas yihadistas, y deja de lado a la única democracia existente en Oriente Medio. Y, sobre todo, tras los peores atentados terroristas de la historia,
acaecidos el pasado 7 de octubre de 2023, perpetrados por terroristas yihadistas y cuyo único objetivo era masacrar a la población civil. Así, el mayor galardón que ha recibido el Ejecutivo español a este respecto es el apoyo de la propia
organización terrorista de Hamás, que es quien controla la Franja de Gaza.
Tercero. Conclusiones.
En este breve lapso -de 2019 a la actualidad-, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha conseguido posicionar a nuestro país en la irrelevancia internacional, optando por el frentismo en el seno de la Unión Europea, asfixiando y
arrinconando a aquellos países que optan libremente por defender sus intereses nacionales y a sus sociedades frente a los dictados globalistas de Bruselas.
Todas estas acciones en el ámbito internacional suponen una afrenta creciente para el prestigio internacional de nuestro país. El ataque continuo que hacen los miembros del Gobierno contra organizaciones que son parte esencial de nuestra
seguridad, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la negativa a participar en misiones internacionales cuyo objeto es la protección del comercio internacional frente a terroristas y organizaciones criminales, no hace sino restar
credibilidad a un Gobierno que ya no goza de la confianza de sus aliados. Asimismo, estas actuaciones unilaterales, que son aplaudidas por organizaciones terroristas, alejan a nuestro país del Occidente político al que pertenece y lo sitúan en el
lado de las potencias revisionistas y regímenes autocráticos. En resumen, este continuum de decisiones dañinas para el interés nacional, hacen necesario un cambio de rumbo en la Política Exterior de nuestro país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Expresa su rechazo a la política exterior del Gobierno español.
2. Solicita la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por su nefasta gestión en materia de política internacional.
3. Insta al Gobierno a que vuelva a enviar al embajador español ante la República de Argentina.
4. Insta al Gobierno a no reconocer al estado palestino de forma unilateral, y manifieste formalmente su apoyo al derecho de Israel a defenderse'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
5 CANO, Unai: 'Más crisis diplomáticas para Sánchez: Israel rompe relaciones con España y retirará a su embajadora', La Gaceta de la Iberosfera, 22.05.24. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/espana/mas-crisis-diplomaticas-para-sanchez-israel-rompe-relaciones-con-espana-y-retirara-a-su-embajadora-20240522-1040/.
6 https://x.com/Yolanda_Diaz_/status/1793188996878586081.
161/000909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al alarmante número de
desaparecidos en México, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
México se enfrenta a uno de los problemas más apremiantes y trascendentales de las últimas décadas de su historia: la inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos.
La cifra de desaparecidos en México continúa incrementándose estrepitosamente. Al comenzar 2024, se registran cerca de 114.000 personas desaparecidas desde que se tienen registros, reflejando un problema persistente y en aumento. En 2023,
México experimentó un récord de 11.923 desapariciones, un incremento del 30 % en comparación con 2022. Se teme que estás cifras sean superiores, ya que los familiares de los desaparecidos han denunciado ante la Fiscalía General de la República el
maquillaje de estas cifras, mediante la reclasificación de las desapariciones bajo otros delitos como la trata y la supuesta la manipulación de datos desde las fiscalías estatales.
En lo que va de 2024, se han denunciado 2.000 casos de desapariciones, de los que el 64,79 % son hombres y el 35,21 % son mujeres. Las mujeres jóvenes, especialmente entre 15 y 19 años, y los hombres, entre 25 y 29 años, son los grupos con
mayores índices de desaparición. Asimismo, las desapariciones de menores también son preocupantes. En 2023, cada día se reportaron en promedio seis desapariciones de niñas, niños y adolescentes. El grupo más afectado son los adolescentes de entre
12 y 17 años. Además, una de cada tres mujeres desaparecidas tenía entre 0 y 17 años.
Ante la desesperación, han sido las propias familias de los desaparecidos los que han asumido un rol crucial en las búsquedas, muchas veces enfrentándose a la falta de apoyo institucional y a los peligros asociados con estas actividades.
Las cruelmente apodadas 'madres buscadoras' se ven obligas a buscar a sus hijos con sus propias manos, con picos y palas, ante el abandono gubernamental y varias de ellas han sido asesinadas mientras el gobierno mexicano continúa con una estrategia
que claramente no está dando resultados. En julio de 2023, las integrantes de un colectivo de madres buscadoras del estado de Tamaulipas recibieron un mensaje anónimo que las alertó y las llevó una finca ubicada en la ciudad de Reynosa. Una vez en
la finca, se encontraron con los restos humanos de 27 personas mutiladas. La misma semana de julio otros colectivos de madres localizaron 15 cuerpos en fosas de las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana, tras una llamada anónima. De igual
manera, las madres buscadoras de Cajeme, Sonora hallaron una fosa clandestina con 8 cadáveres tras excavar durante 3 días en un patio, aunque en la comunicación que habían recibido se mencionaba la existencia de 15.
Además, se ha documentado que muchas casas abandonadas al norte del país son utilizadas por el crimen organizado como cementerios clandestinos. Asimismo, la existencia de lugares donde los carteles descuartizan, trituran e inhuman a sus
víctimas ha aumentado en los últimos tiempos, tal es el caso de una de las fosas halladas en Veracruz, en la que se han encontrado más de 300 personas sin identificar.
La falta de apoyo gubernamental demuestra que la única preocupación del gobierno de México es la imagen, más allá de las víctimas y sus familias, un Gobierno que viene arrastrando más de 114.000 casos de desaparición, 47.000 de las cuales
ocurrieron este sexenio. Además, la renuncia -por presiones- de la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, demuestra el desinterés del Gobierno de López Obrador por hacer frente a este problema.
México es un país hermano, al que nos unen lazos históricos y personales. Por ello, debemos ser congruentes con nuestra política exterior, que defiende los derechos humanos y pronunciarnos al respecto, con la finalidad de que el país
hermano impulse mejores políticas públicas que solucionen el problema de los desaparecidos en México.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las numerosas desapariciones de personas producidas en México.
2. Instar al Gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad, reducir el número de desaparecidos y atacar al problema de raíz.
3. Trasladar al Gobierno de México la necesidad de publicar los listados con información fidedigna sobre las desapariciones en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/000929
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno habilite un
sistema mixto que permita seguir realizando las fotografías para el DNI 4.0 en las tiendas especializadas de fotografía, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Gobierno ha empezado a implantar el nuevo DNI español en lugares como Castilla y León o Ceuta, la nueva versión del DNI electrónico 4.0, que hará efectivo a su vez el llamado 'DNI europeo'. El DNI electrónico 4.0, es un nuevo formato en
cumplimiento con el Reglamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019. Su objetivo es reforzar la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión Europea y la libre circulación.
La foto de carné tiene una importancia vital e histórica en el sector fotográfico. El sector fotográfico español, lleva setenta años realizando las fotografías de DNI, labor indispensable para la realización de los documentos oficiales,
cumpliendo con los estándares que le comunica el Ministerio del Interior para que éstas sean consideradas oficialmente válidas. La foto de carné a lo largo de estos años ha generado toda una industria y una red de comercios y cabinas de la cual
dependen miles de personas, que ven peligrar sus negocios y sus puestos de trabajo en cuanto estas tareas pasen a realizarse en las propias comisarías de la Policía Nacional.
Esta decisión va a suponer la muerte de un sector profesional que ya ha sufrido económicamente los zarpazos de la era digital, tanto es así que el 70 % del sector fotográfico español esta al borde de la desaparición.
En España se emiten más de siete millones de documentos de identidad al año, cada uno con su correspondiente foto. El impacto económico que tendría eliminar la foto en papel sería demoledor para el sector. Se estima que el volumen de
negocio de foto DNI es
de unos 45 millones de euros al año. Para una tienda de fotografía supone de media el 25 % de su facturación, pero es el 30 % del beneficio de su comercio. Hay innumerables comercios especializados en este servicio, al igual que las
cabinas 'Fotomatón', en las que la foto de carné es el 100 % de su negocio.
El cambio que está llevando a cabo el Ministerio del Interior acabará con la principal fuente de ingresos de los estudios fotográficos que es la fotografía de carné, algo que reducirá la calidad de las imágenes y excluirá a numerosos
colectivos. El colectivo afectado supera los 3.500 establecimientos y hay 8000 puestos de trabajo en juego.
En definitiva, para muchos de estos estudios fotográficos, tal cambio supondrá su cierre inmediato.
La implantación del nuevo DNI 4.0, puesto a prueba en algunas comisarías de Castilla León, es perfectamente factible sin tener que realizar la fotografía en comisarias. De hecho, en estas pruebas piloto, las fotografías aun las sigue
aportando el ciudadano y el DNI 4.0 que se expide, cumple con el nuevo Reglamento de la Unión Europea, con todas sus funcionalidades y protocolos de seguridad. El presupuesto global con el que cuenta el Gobierno para implantar el nuevo 'DNI
Europeo' es de 25 millones de euros y proceden de los fondos europeos solicitados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es una contradicción utilizar fondos de recuperación para hundir un sector y enviar al paro a miles de personas. Según los responsables policiales, la fotografía 'in situ' no es imprescindible para el nuevo DNI 4.0, ni tampoco aporta un
extra de seguridad en el proceso, ya que el funcionario siempre verifica la fotografía y los datos con la persona.
El sector de la fotografía fue uno de los más afectados por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, ya que no pudieron celebrarse eventos sociales y, por ende, no se contrataron servicios de
fotografía durante casi dos años. La supervivencia de este tipo de establecimientos tras la crisis de la COVID ha sido muy difícil, y ahora, esta noticia supone la estocada final al sector.
La mayor parte de los países europeos están inmersos en un proceso de innovación de los documentos nacionales de identificación de sus ciudadanos para incorporar mejoras en su seguridad y en las prestaciones que ofrecen, esencialmente el
acceso a múltiples servicios con esos documentos. Un proceso de digitalización que casi todos los países están abordando con procedimientos que permiten incorporar las fotografías de identificación de los ciudadanos sin necesidad de excluir a los
fotógrafos profesionales.
Una tendencia que en España es justo la contraria, tras la decisión del Ministerio del Interior de poner en marcha el proyecto 'Identidad Digital DNIe', que tiene como objetivo que cada ciudadano pueda llevar su documento de identificación
en una aplicación en el teléfono móvil, lo que implicaría dejar de usar las fotografías en papel en la confección del DNI ya que serían efectuadas por los funcionarios de la Policía Nacional en el momento de la expedición del documento.
En el Reglamento 2019/1157 se detallan las características del nuevo DNI 4.0 con el fin de unificar a los países de la Unión Europea. Se determina que el documento debe recoger 'una imagen facial y dos impresiones dactilares'. Los Estados
deben poder verificar la imagen para confirmar la identidad del titular. Sin embargo, el reglamento no hace ninguna referencia a cómo, o por quién, deben ser tomadas las fotografías.
Un análisis de esta situación en Europa revela que solo en Suiza y Suecia las fotografías para los documentos de identidad tienen que ser realizadas por la administración competente en sus dependencias.
En el resto de los países se mantiene un sistema mixto en el que conviven la fotografía en papel con las plataformas digitales para que los establecimientos de fotografía las hagan y las envíen por vía telemática a los centros oficiales
emisores de documentos.
En varios países europeos como Francia, el Gobierno ha colaborado con el sector fotográfico en desarrollar sistemas seguros basados en las nuevas tecnologías, que cumplen con los protocolos europeos, que facilitan la expedición de los
documentos oficiales y que no suponga la quiebra a los fotógrafos.
En Alemania se utilizan mayoritariamente las fotografías en papel para la emisión de documentos de identificación, aunque hay algunas ciudades donde se puede elegir que sea la propia administración quien las haga. A partir de 2025 todas las
fotografías serán digitales y las tiendas de fotografía podrán enviar las imágenes a una plataforma oficial para la elaboración de los documentos.
Por su parte, en el Reino Unido los establecimientos de fotografía disponen de un sistema digital para enviar las fotografías a la administración, aunque para ciertos documentos como el pasaporte o los visados se pide foto en papel.
En Austria las fotos para los documentos de identificación solo pueden efectuarse en establecimientos autorizados y la administración solo acepta fotos en papel, aunque se está considerando un modelo de transmisión digital de imágenes desde
esos centros autorizados. Los mismo ocurre en Italia, aunque todavía no hay planes de digitalización. En Holanda y Bélgica las fotografías se toman en centros autorizados que las transmiten a la administración.
Eufoto, la plataforma creada por nueve empresas fotográficas y asociaciones del sector, Fujifilm, Fotoprix, Kodak, Cewe, Mitsubishi, Dnp, Casanova, el Centro Internacional de Fotografía y Cine (Efti) y la Federación Española de Profesionales
de Fotografía y Cine (Fepfi), asegura que en el proyecto del Ministerio del Interior de crear una aplicación en los teléfonos móviles para incorporar el DNI se pueden seguir utilizando fotografías en papel con todas las garantías de seguridad y que
es innecesario prescindir de ellas, como se prevé en ese proyecto.
Los profesionales de la fotografía señalan que disponen de los medios necesarios para hacer fotografías para documentos de identidad y transferirlas con total seguridad a las aplicaciones que diseñe la Administración y que esta puede
perfectamente verificar su autenticidad.
Según el sector, la foto en papel, cumple con todas las exigencias del Reglamento Europeo de 13 de diciembre de 2004 (CE) n.° 2252/2004 que establece las normas para los elementos de seguridad y elementos biométricos integrados en los
pasaportes y documentos de viaje emitidos por los Estados miembros. Aporta, además, niveles de seguridad que la fotografía digital todavía no puede garantizar.
El proyecto del Ministerio del Interior conocido como 'Identidad Digital DNIe' tiene como objetivo que cada ciudadano pueda llevar su documento de identificación en una aplicación en el teléfono móvil, lo que implicaría dejar de usar las
fotografías en papel, que serían efectuadas por los funcionarios de la Policía Nacional en el momento de la expedición del DNI por renovación o nuevo documento.
Teniendo en cuenta los sistemas mixtos que han ido adoptando los países europeos de nuestro entorno y según los expertos del sector, es evidente que la fotografía en papel se puede incorporar sin problemas a este proyecto de digitalización.
No es necesario prescindir de ese elemento.
Además, varios sindicatos policiales han denunciado que, si las fotografías la tuviesen que realizar los funcionarios en las comisarías, tendrían una carga de trabajo adicional, y deberían enfrentarse a múltiples dificultades que requieren
de tiempo, provocando más colas y retrasos en la expedición del DNI.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a habilitar un sistema mixto que permita a los usuarios elegir en libertad el tipo de fotografías realizadas por el sector fotográfico, para que éstas puedan realizarse en papel o en formato
digital, con todas las garantías de seguridad, para su incorporación al nuevo DNI 4.0'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a ejecutar la
ampliación del Aeropuerto Internacional de Valencia-Manises, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Valencia representa un centro económico, industrial y turístico clave del Mar Mediterráneo. Bajo su expansión se ha producido un desarrollo económico en la zona muy importante como consecuencia de la conversión del propio
aeropuerto en un centro de negocios y turismo.
La capacidad actual del aeropuerto de Valencia, según el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), es de 10,5 millones de pasajeros. En 2023 se alcanzó un récord histórico de 9.948.141 viajeros registrados, lo cual supone un crecimiento
de un 22,6 % respecto al año anterior, rozando el límite de capacidad. Se gestionaron más de 7 millones de pasajeros en vuelos internacionales, un 26,5 % más y en total se operaron 82.234 vuelos, un 11,9 % más que en 2022.
El Aeropuerto de Valencia también cerró el mejor enero de su historia, manteniendo así su senda de crecimiento, con un total de 654.454 pasajeros registrados, lo que supone además un incremento de viajeros del 11,6 % respecto al mismo mes
del año 2023.
De la cifra total de viajeros contabilizados en enero, 652.890 se corresponden a pasajeros comerciales, de los que 474.710 viajaron en vuelos internacionales, lo cual supone un incremento del 15,4 % respecto al mismo mes del año anterior.
Lo hicieron en vuelos nacionales 178.180, un 2,1 % más.
Al desglosar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en enero, los más numerosos fueron los de origen o destino Italia, que sumaron 112.907 viajeros; seguidos de Francia, con 57.056; Alemania,
con 53.888; Reino Unido, con 46.063; Países Bajos, con 45.553, y Polonia, con 27.484.
En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Valencia gestionó un total de 5.698 vuelos en enero, lo que supone un incremento del 6,9 % respecto a los movimientos del mismo periodo de 2023.
El crecimiento a doble dígito que ha vivido el tráfico aeroportuario de Valencia, con una evolución sostenida, pero constante, hace prever que la tendencia siga siendo la misma durante los próximos tiempos.
Para muchos visitantes, el aeropuerto de Valencia es la puerta de entrada a la ciudad, sobre todo en periodos pico como el verano (en julio se superó por primera vez el millón de pasajeros), unas cifras de récord que tienen también sus
contratiempos, porque la instalación se queda pequeña en los momentos de más actividad. Colas para facturar, para embarcar o para ser atendido en las zonas de información son las situaciones que más se repiten a diario y representan las principales
quejas de los usuarios del aeropuerto.
En este contexto, el pasado 23 de abril, el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana presentaba un informe sobre los efectos económicos de la ampliación de aeropuerto de Valencia que estima que la infraestructura
aeroportuaria presentaría problemas de saturación de tráfico este mismo año, superando su capacidad actual.
El estudio mencionado analiza todas las variables socioeconómicas que afectarán a la sostenibilidad del creciente tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Valencia en el medio y largo plazo: población extranjera al alza, aumento
continuado de las empresas
exportadoras regulares, foco creciente de atracción de inversiones extranjeras (segunda comunidad autónoma de destino en 2023), elevado dinamismo del turismo extranjero y fuerte posicionamiento de la Marca Valencia a nivel internacional,
entre otras.
Las conclusiones son claras: si se lleva a cabo la inversión que representa la ampliación de esta infraestructura, el aeropuerto de Valencia tendría la capacidad de gestionar un aumento adicional en el flujo de pasajeros que podría exceder
los 4 millones de pasajeros anuales en promedio durante los próximos seis años. Un incremento en el tráfico de pasajeros resultaría en un mayor gasto y un impacto económico considerable, no solo en el turismo, sino también en otros sectores
productivos como la industria, el comercio y los servicios profesionales, todos con una fuerte orientación hacia el exterior de la provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana.
Este incremento en el flujo de pasajeros tendría un efecto económico en el valor agregado bruto de 933 millones de euros anuales en promedio durante los próximos 7 años (hasta 2030), de los cuales 620 millones se atribuyen al gasto directo
realizado por los turistas (principalmente en hoteles, restaurantes, transporte, ocio y comercio minorista). Esta actividad intensificada generaría más de 17.500 puestos de trabajo en promedio por año hasta 2030, de los cuales 13.473 son empleos
directos creados en las actividades turísticas que se benefician más de un aumento del tráfico aéreo.
La ampliación del aeropuerto de Valencia resulta, por tanto, inaplazable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar de forma inmediata y urgente los estudios técnicos, de tránsito y capacidad para proceder a ampliar el Aeropuerto Internacional de Valencia-Manises, de tal manera que no se limite el número de vuelos y pasajeros que transiten
por este aeropuerto y, en definitiva, no limite la capacidad y potencial de desarrollo de la economía de la ciudad y de la provincia de Valencia en su conjunto -como tercera provincia de España-.
2. En los términos que deriven de los mencionados estudios técnicos dotar la financiación suficiente y estable el proyecto de ampliación del aeropuerto de Valencia, mediante la movilización de recursos propios y fondos europeos.
3. Coordinar con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y el resto de las administraciones competentes las actuaciones necesarias para mejorar la conectividad del aeropuerto de Valencia con el transporte público.
4. Fomentar la implantación de medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones, gestión de residuos y compensación de impactos en el aeropuerto de Valencia.
5. Promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo del proyecto de ampliación del aeropuerto de Valencia, garantizando el acceso a la información, la consulta pública y el diálogo con los sectores
afectados y la sociedad civil'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil Santiago y Alma Alfonso Silvestre, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno al soterramiento de las vías ferroviarias de Serrería en la ciudad de Valencia, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La ciudad de Valencia cuenta en estos momentos con una cicatriz ferroviaria que separan dos barrios muy importantes de la ciudad como son el barrio del Grao y el barrio de Peñarroja. En estos momentos, los dos barrios están separados por
las vías de Serrería, que suponen un auténtico muro que impide no sólo la conexión de los dos barrios, sino también conectar Valencia con el mar y culminar el antiguo cauce del río Turia.
Por tanto, el soterramiento de las vías de Serrería es un proyecto clave para el desarrollo de Valencia y su conexión con el mar. Asimismo, el soterramiento de las vías supondría mejorar la calidad de vida de los vecinos y avanzar hacia una
ciudad más amable y mejor conectada, ya que dicho proyecto se encuentra íntimamente ligado con el Corredor Mediterráneo y con el transporte ferroviario.
El Ayuntamiento de Valencia ha solicitado en múltiples ocasiones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una reunión para avanzar en el proyecto del soterramiento de las vías, concretamente en la alternativa 3 (soterramiento
hasta la CV-500), y ha mostrado su disposición a cofinanciar dicho proyecto.
Cabe destacar que la Federació d'Associacions Veinals de València, que agrupa a 70 asociaciones de vecinos de la ciudad, emitió un comunicado el pasado 23 de abril de 2024 en el que reclamaba una solución, ya que 'es una cuestión que afecta
al conjunto de la ciudad y que es decisiva para llevar a cabo una verdadera vertebración del territorio. Es una reivindicación histórica y es inadmisible que, cuarenta años después, aún no se haya concretado el desarrollo un proyecto que es
totalmente necesario y que ha de poner fin a la barrera existente entre el cauce histórico del río y el nuevo que nos impide comunicarnos'.
Asimismo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia también apoyó de manera unánime el soterramiento de las vías de Serrería por ser clave, a medio y largo plazo, para la salida ferroviaria de mercancías del Puerto.
El Gobierno, que tiene paralizado el 'Estudio Informativo de la prolongación sur del Túnel de Serrería', debe asumir su papel y ponerse a trabajar para llevar adelante el soterramiento de las vías de Serrería al ser un proyecto altamente
demandado por la ciudad de Valencia.
Es importante recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado y aprobado convenios con otras ciudades para financiar el soterramiento de vías ferroviarias que suponen una cicatriz en su tejido urbano, así como
diferentes actuaciones urbanísticas. Es el caso de Hospitalet, Moneada i Reixac, Vilafranca del Penedés o Bilbao, entre otros. Por tanto, no se entendería que el Gobierno se desentendiera de esta situación y discriminara a la ciudad de Valencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar, de manera inmediata y sin ninguna dilación, con el Ayuntamiento de Valencia y las administraciones implicadas un proyecto para el soterramiento de las vías de Serrería (Valencia).
2. Comprometerse a negociar un convenio de financiación con todas las administraciones para el soterramiento de las vías de Serrería, al tratarse de un proyecto estratégico para la ciudad de Valencia y su vertebración.
3. Desbloquear y finalizar el 'Estudio Informativo de la prolongación sur del Túnel de Serrería', adjudicado en el año 2020 y que debería estar finalizado en el año 2022'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons, Esperanza Reynal Reillo, Fernando de Rosa Torner, Carlos Gil Santiago y Alma Alfonso Silvestre, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de una nueva línea
ferroviaria que mejore la conexión entre Bilbao y Santander, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Dentro del ámbito de las infraestructuras en el País Vasco, especialmente en lo referente al transporte ferroviario, hay un claro énfasis en la importancia de proyectos como la 'Y vasca' y su integración con la red de alta velocidad
nacional. A pesar de esta prioridad, existe un consenso general sobre la necesidad de avanzar en los trámites administrativos para establecer una nueva conexión ferroviaria hacia Santander.
El 31 de marzo de 2022, Raquel Sánchez, entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, presentó en Cantabria los resultados de un estudio que analizaba la viabilidad de una nueva ruta ferroviaria entre
Bilbao y Santander. En dicho evento estuvieron presentes también María Luisa Domínguez, entonces presidenta de Adif; Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras del Ministerio; y Ainhoa Quiñones, delegada del Gobierno en Cantabria.
Más de dos años después, apenas se tiene información sobre el estudio realizado o las posibles alternativas de trayecto. Esto sugiere un nuevo incumplimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las necesidades de Bizkaia y
del País Vasco en su conjunto, así como de Cantabria.
Bajo presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se desarrolló la negociación interinstitucional entre Consejo y Parlamento europeos relativa al nuevo Reglamento TEN-T, que regula la Red Transeuropea de Transporte estableciendo las
prioridades de la Unión Europea en cuanto a vertebración del territorio europeo. Pese a que la posición negociadora del Parlamento Europeo reflejaba la voluntad, defendida por la Delegación española del PP, de adelantar la fecha de ejecución de la
ruta ferroviaria entre Bilbao y Santander, lo cual simbolizaba un beneficio considerable para nuestro país, el Gobierno de España no defendió esta postura ante el resto de los Estados miembros y, finalmente, en el Reglamento aprobado bajo la
presidencia española, se mantuvo la ejecución de esta línea ferroviaria en la Red global para 2050.
Es por ello que consideramos esencial que el Congreso de los Diputados se pronuncie de manera clara y decidida en apoyo a esta iniciativa, especialmente en este momento crítico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, manifestando su posición favorable al desarrollo de una nueva línea ferroviaria que mejore la conexión entre Bilbao y Santander, insta al Gobierno de España a adoptar las siguientes medidas:
1. Trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el malestar del Congreso de los Diputados por el abandono y paralización de este proyecto, del que no se han producido nuevos anuncios en los últimos dos años.
2. Retomar el proyecto y reanudar su tramitación, tal y como se comprometió a hacer la anterior ministra de Transportes en su visita a Cantabria del 31 de marzo de 2022.
3. Cumplir el compromiso público adquirido por la anterior ministra de Transportes en el sentido de que, si no se obtuviera financiación europea para el proyecto, el mismo sería asumido en su totalidad por el Gobierno de España.
4. Trasladar al presidente del Gobierno de España el descontento del Congreso de los Diputados con el trato que, con carácter general, vienen sufriendo Bizkaia y Cantabria en materia de infraestructuras de transportes por parte de su
Gobierno'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Beatriz Álvarez Fanjul, Félix de las Cuevas Cortés, Javier Noriega Gómez y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de la estación
de alta velocidad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La necesidad de conectar el Aeropuerto de Girona-Costa Brava a la red ferroviaria es una reivindicación compartida por todas las organizaciones empresariales catalanas. En este sentido, la construcción de una estación de alta velocidad en
dicho aeropuerto es esencial y determinante para el desarrollo económico de la provincia de Girona, así como para el desarrollo y potenciación del propio aeropuerto.
El Aeropuerto Girona-Costa Brava cerró el año 2023 con 1,59 millones de pasajeros, cifra que queda lejos de los casi 2 millones de pasajeros que pasaron por este aeropuerto en el año 2019 (antes de la pandemia) y de los más de 5 millones de
pasajeros que este aeropuerto registró los años 2008 y 2009.
Todos los estudios realizados sobre la idoneidad de contar con una estación de alta velocidad en este aeropuerto justifican sobradamente su construcción, y señalan que puede suponer un gran incremento del número de pasajeros anuales; se
calcula que podría llegarse a los 10 millones.
Además, teniendo en cuenta la actual congestión del aeropuerto de Barcelona, la construcción de la estación de alta velocidad en el aeropuerto de Girona servirá para descongestionarlo.
Según la última información de la que disponemos, actualmente el estudio informativo del proyecto se encuentra pendiente de la declaración de impacto ambiental desde el segundo semestre de 2023. Este hecho, sumado a la baja ejecución de los
Presupuestos
Generales del Estado en Cataluña, hace necesario que el Gobierno priorice la ejecución definitiva de dicho proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar el proyecto de construcción de la estación de alta velocidad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava, así como a presentar, en el plazo máximo de un mes, un cronograma que establezca
el calendario y los plazos de cada una de las fases pendientes de este proyecto hasta su finalización'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Nacho Martín Blanco, Santi Rodríguez Serra, Cristina Agüera Gago, Agustín Parra Gallego y Pedro Luis Huguet Tous, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reactivación e impulso definitivo del convenio ferroviario
con las Islas Baleares, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Las llles Balears sufren una infrafinanciación histórica que ha impedido dotarla de las infraestructuras necesarias para una movilidad pública sostenible y de calidad. En concreto, uno de los sectores que más ha sufrido la ausencia de
financiación es el transporte público, especialmente el ferroviario, en unas islas que sufren una saturación muy importante de vehículos privados, con la incidencia que este hecho tiene sobre el medio ambiente y el territorio. El sistema
ferroviario de Mallorca sufre grandes limitaciones en términos varios, incluidos la cobertura del territorio y las frecuencias, y, aunque en los últimos años se han conseguido grandes pasos como la electrificación de la red y la apertura de una
nueva estación en Inca, es necesario avanzar con mayor profundidad en las principales deficiencias que sufre la ciudadanía en lo relacionado con este servicio.
El Govern de les Illes Balears anunció en junio de 2022, un año antes del traspaso de poderes en el Consell de Govern, el inicio de los estudios previos para ampliar esta red ferroviaria, centrada en tres líneas en concreto: la línea de la
comarca del Migjorn, que debía unir Palma con Campos; la ampliación de la línea Palma-sa Pobla hasta Alcúdia; y la reapertura de la línea de la comarca del Llevant, extendiéndose desde Manacor hasta Cala Millor. Este último proyecto, que contaba
con un presupuesto de 29,2 millones de euros para empezar sus obras durante el ejercicio de 2023, no llegó a iniciarse.
Sin renunciar al resto de pasos que también son necesarios y que no se contemplaron en este primer proyecto, como puede ser la conexión de la bahía de Palma entre Calvià y Llucmajor y de esta con el aeropuerto y la unión de Alcúdia con
Pollença, los pasos planteados en los estudios referidos se tratan también de avances destacados e irrenunciables. Esto es así en tanto que es innegable que para Mallorca y para su ciudadanía es necesario disponer de una infraestructura ferroviaria
suficiente y eficiente y que esté preparada para cubrir las principales rutas de desplazamiento de la población.
En el año 2007, el Govern de les Illes Balears firmó un convenio ferroviario con el Gobierno del Estado español para el período 2007-2011, con un importe total de 443,75 millones de euros, pero, lamentablemente, hasta la fecha solo se ha
ejecutado una mínima parte de las inversiones previstas. Cabe destacar aquí la gran labor desarrollada desde la
sociedad civil para denunciar esta situación y reivindicar un transporte público de calidad para la ciudadanía de Mallorca. Así, entidades como la Associació d'Amics del Ferrocarril o la plataforma Volem el Tren de Llevant llevan años
reclamando la necesidad de construir una alternativa eficiente y ecológica que conecte de forma efectiva la isla atendiendo a las necesidades de su población y que sirva como alternativa real al transporte privado. La construcción de esta
alternativa, que debería ser un objetivo primordial de todas las administraciones en el presente contexto de emergencia climática, no se da a día de hoy con la actual red, que, como se ha expuesto, necesita ser mejorada y ampliada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Acordar en el marco del Convenio Ferroviario suscrito con el Govern de les Illes Balears las cantidades plurianuales necesarias durante el período 2023-2027 para desarrollar los proyectos ferroviarios en la isla de Mallorca, en la línea
de los estudios iniciados en la X Legislatura de las Illes Balears, que permitan un servicio moderno y eficiente, capaz de ser una alternativa real de movilidad pública y de calidad que reduzca sustancialmente la dependencia del vehículo privado
para los desplazamientos y favorezca la lucha contra el cambio climático.
2. Continuar los trabajos iniciados en la X Legislatura de les Illes Balears en relación con la ampliación de líneas de la red ferroviaria y a contemplar, más allá de los estudios ya licitados, la eventual extensión de estos tramos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reapertura de la línea ferroviaria 102 Madrid-Aranda de Duero-Burgos.
Exposición de motivos
Pese a ser una infraestructura clave en un contexto de transición ecológica y de lucha contra la despoblación, la contradictoria política ferroviaria en España ha propiciado la desaparición en la provincia de Burgos de cerca de 300 km de
líneas de ferrocarril desde 1985. Así, la provincia de Burgos ha perdido conexiones claves, como la del puerto de Santander en la línea Burgos-Santander (Ferrocarril del Meridiano) quedando inconclusa a falta de 7 km, o la desaparición del nodo
logístico de Aranda con la Valladolid-Ariza, que comunica este y oeste de toda la península ibérica.
Esto ocurre en una provincia de importante actividad industrial, siendo Burgos la quinta ciudad del Estado con más población activa empleada en la industria y Aranda de Duero el tercer núcleo industrial de Castilla y León. La importancia de
los polígonos industriales situados en este corredor ha sido reconocida en los distintos estudios de viabilidad para la potenciación de la línea de ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos. Una línea que precisamente discurre de forma paralela a
la ruta europea por carretera E-5/A-1 y el importante papel de vertebración para un área de cerca de 1 millón de hectáreas donde Madrid y Burgos y Segovia quedan conectados de forma natural.
Además, las nuevas necesidades en materia medioambiental exigen la descarbonización del transporte, lo que obliga a reducir el número de desplazamientos por
carretera y el uso de vehículos. En un futuro próximo, las infraestructuras ferroviarias se convertirán en un elemento clave que determinará la viabilidad de los desplazamientos tanto de mercancías como de pasajeros, condicionando el
desarrollo de regiones enteras. Pero únicamente quedan en activo dentro de la provincia los servicios regulares de pasajeros por tren entre las ciudades de Burgos y Miranda de Ebro.
En el caso de la línea de ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos hemos asistido al abandono progresivo de un eje de transporte vital para la provincia de Burgos. En el año 2010, la falta de inversión y mantenimiento provocó un grave
descarrilamiento en un tren de pasajeros entre las estaciones de Fontosio y Bahabón de Esgueva. A raíz de este accidente se suspendió el tráfico comercial de viajeros. Posteriormente, se produjo el hundimiento de un túnel entre los municipios de
Somosierra y Robregordo, dejando atrapada una bateadora de mantenimiento. El Ministerio tapió el túnel, dejando encerrada la bateadora. Todavía sigue allí.
A continuación, se decidió dejar de mantener la línea entre las estaciones de Manzanares-Soto del Real y Aranda de Duero. A lo anterior debemos añadir el derribo del 80 % de las estaciones entre Burgos y Madrid. Y la acumulación de
incidentes en el tramo entre Aranda de Duero y Burgos, en activo para el transporte de mercancías, habiéndose producido ya varios descarrilamientos de trenes por la falta de mantenimiento y el mal estado de las traviesas.
Todo ello ha ocurrido tras seis estudios de viabilidad de la línea, todos ellos positivos y estando en marcha un séptimo, que la sociedad burgalesa sólo puede entender como una medida de dilación. Las manifestaciones, protestas y reclamos
de la sociedad burgalesa durante los últimos años han sido innumerables, tanto para reclamar la reapertura de la línea y su posterior electrificación y modernización como para defender su integración en la Red Transeuropea de Transporte.
Reclamaciones que afectan a otros territorios del Estado, pues el impacto sobre los puertos de Valencia y Bilbao derivados de la reapertura de esta infraestructura serían considerables.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
1. Realizar la reapertura y el acondicionamiento del túnel de Somosierra y la retirada de la bateadora atascada desde el año 2011.
2. Invertir en el mantenimiento de la línea Madrid-Aranda-Burgos y en la sustitución de las traviesas, por haberse multiplicado los descarrilamientos en trenes de mercancías.
3. Llevar a cabo la recuperación y apertura de las estaciones situadas a lo largo de la vía, cesando las actividades de derribo.
4. Efectuar la reapertura de la línea ferroviaria 102 Madrid-Aranda-Burgos.
5. Impulsar en la Unión Europea la introducción de la línea de ferrocarril Madrid-Aranda de Duero-Burgos dentro del Corredor Atlántico definido en la Red Transeuropea de Transporte y en el Rail Freight Corridor'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné y Nahuel González López, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover más frecuencias de AVE
en la conexión
Murcia-Madrid ante las dificultades de la conexión Murcia-Málaga, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El tren es un medio de transporte colectivo eficiente y ecológico, que debe ser fomentado por la Administración como alternativa al desplazamiento en vehículo privado por las carreteras, tanto por motivos de seguridad y de cohesión
territorial, como de reducción de huella de carbono del sector del transporte. El compromiso con el Pacto Verde Europeo establece estas políticas como prioritarias.
Desgraciadamente, en la Región de Murcia apenas se puede utilizar el tren como medio de transporte, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez, en otro acto más de desprecio a los murcianos, ha convertido la Región en una isla ferroviaria.
La conexión ferroviaria con Albacete tiene interrumpido el servicio desde 2022 sin fecha prevista de reapertura, y los vecinos de Águilas, Lorca, Totana, Alhama, Librilla y Alcantarilla se quedaron sin cercanías hasta Murcia desde 2021, al
menos hasta 2026. Solo la supresión de los cercanías entre Lorca y Murcia ha incrementado el tráfico de vehículos en la Autovía del Mediterráneo en un millón y medio de vehículos al año. Y en la conexión con Albacete sucede algo similar.
Esta situación no es nueva. Ya en 1985 otro Gobierno socialista desmanteló la conexión ferroviaria entre Murcia y Andalucía, lo que demuestra el poco cariño de ese partido a los ferrocarriles de esta Región.
Gracias a los proyectos impulsados por el Partido Popular, a día de hoy existe la conexión mediante línea de AVE que enlaza Murcia con Madrid, pero el Gobierno de Sánchez programa, en una decisión estrictamente política, unos servicios
ferroviarios con muy pocas frecuencias y horarios, además de elevados precios, lo que inhabilita su capacidad de convertirse en una alternativa real al desplazamiento en vehículo privado, que sigue siendo la opción más elegida por los ciudadanos que
viajan entre Murcia y Madrid.
Recientemente, el Ministerio de Transportes ha tenido la ocurrencia de vendernos como un gran éxito la programación de un servicio de AVE entre Murcia y Málaga con un tiempo de viaje de 7 horas, 3 horas más que si se realiza el trayecto en
coche.
Un AVE que, para conectar dos regiones colindantes, nos pasea por cinco comunidades autónomas distintas y que tiene paradas en Orihuela, Elche, Alicante, Villena, Albacete, Cuenca, Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Córdoba y Antequera hasta
llegar a Málaga. Un diseño de servicio más propio de un tranvía que de un trayecto que debería ser de Alta Velocidad, lo que es un insulto a la inteligencia del más de millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia y que en ningún caso puede
ser considerado como una alternativa razonable de viaje.
En lugar de agilizar las obras del Corredor Mediterráneo y facilitar la conexión por AVE con Andalucía por la costa, o de incrementar las frecuencias diarias con Madrid desde Murcia, los esfuerzos del Ministerio se centran en vender
servicios de absurdo diseño.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover más frecuencias diarias de AVE entre Murcia y Madrid, ante las obvias dificultades del tren Murcia-Málaga con aproximadamente 10 paradas y más de 7 horas de trayecto, lo que resulta ineficiente e inoperativo.
2. Agilizar las obras del Corredor Mediterráneo, en especial la conexión mediante vía de altas prestaciones (ancho internacional, electrificado, con sistema ERTMS) entre la Región de Murcia y Andalucía.
3. Reabrir, a la mayor brevedad posible, la línea de cercanías entre Lorca y Murcia, así como la conexión ferroviaria entre Murcia y Albacete por Cieza y Hellín'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina, Violante Tomás Olivares y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adquisición de material rodante adaptado al ancho de vía estándar,
para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La conexión ferroviaria con Europa es una tarea pendiente desde hace años, y resulta indispensable para seguir el camino de la sostenibilidad en cuanto a movilidad, así como la eficiencia y optimización tanto en el transporte de mercancías
como de personas. Así, el corredor Mediterráneo es un proyecto de suma importancia no solo por esto, sino también para la vertebración de los territorios que atraviesa, fomentando la competitividad de las empresas y su área de influencia.
El ancho de vía característico de la red ferroviaria española (1.668 milímetros entre caras internas de carriles) es diferente del ancho de vía normal o estándar de la mayor parte de la red ferroviaria europea y mundial (que es de 1.435
milímetros). Los trenes, en principio, no pueden pasar desde una línea con un ancho de vía a otra con un ancho diferente, por lo que la existencia de fronteras entre las redes de diferente ancho de vía ha sido un problema para las mercancías como
para las personas, que tradicionalmente ha hecho necesario el trasbordo o cambio de tren con las consiguientes molestias y pérdidas de tiempo.
En el caso español, los puntos de coexistencia de diferentes anchos de vía están situados en las fronteras con Francia. La decisión adoptada en 1988 de construir las nuevas líneas españolas de alta velocidad con ancho de vía estándar hace
que hayan aparecido nuevas fronteras entre los dos anchos, y los problemas asociados, en numerosos puntos de la red ferroviaria. El primer cambio de ancho, dentro de la red española, del ibérico al internacional, permitirá conectar desde Valencia
hacia Europa todo en ancho internacional tanto para pasajeros como para mercancías.
El desarrollo de la implantación del ancho internacional en el tramo Castelló-Tarragona, tanto en sus vías generales como en todas las que lo requieran por razones de circulación, como las vías de apartado, se ha de adaptar a las
instalaciones y elementos de la línea necesarios para la correcta explotación de la longitud del tren estándar interoperable (750 metros), garantizando, a la vez, la adecuada prestación, capacidad, operatividad y fiabilidad de los tráficos de
mercancías y viajeros. La información que hoy tenemos es que, en el horizonte del año 2025, el ancho internacional podría llegar a Tarragona desde Castellón. Uno de los principales interrogantes es saber cómo afectara al servicio de media
distancia R-16 y R-17 el cambio de ancho de vía.
Las previsiones apuntan a que en 2025 Renfe empezará a recibir una docena de nuevos trenes y locomotoras al mes de los distintos adjudicatarios de los concursos de renovación de la flota que empezaron a convocarse en 2016, si bien la parte
mollar de las contrataciones fue en 2021. El total de la inversión se eleva a 4.509 millones de euros, que se incrementa a 5.500 millones con la inclusión del presupuesto para el mantenimiento de
los trenes. Mientras, las compañías de transportes de mercancías se están poniendo al día con inversiones en material rodante financiado por los fondos europeos y, con el amplio mercado disponible en Europa, su adaptación al nuevo ancho
será relativamente sencilla.
Las ayudas destinadas a operadores ferroviarios de mercancías forman parte del programa de apoyo al transporte sostenible y digital incluido en el componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este programa
persigue incentivar el uso del transporte de mercancías por ferrocarril premiando el ahorro de costes externos medioambientales y socioeconómicos generados por su uso frente a la carretera.
El programa de ecoincentivo ferroviario tiene un triple objetivo: consolidar incrementar la cuota modal del ferrocarril dentro de las cadenas multimodales como alternativa en el transporte de mercancías, ayudar a los operadores ferroviarios
aumentar sus tráficos haciendo más atractiva la oferta ferroviaria y mejorar desempeño medioambiental, incentivando que se priorice el uso de sistemas tracción eléctricos.
Por el contrario, el material rodante necesario para dar cobertura al actual servicio de media distancia que conecta desde Vinaros, Ulldecona y Tortosa con Barcelona, pasando por la estación de la ciudad de Tarragona, está seriamente
comprometido por la falta de material adecuado. De esta forma, se hace necesario un impulso importante en la adquisición de nuevos convoyes para poder dar un servicio adecuado en cuanto a la media distancia y que, en consecuencia, no haya demoras
en la adaptación al ancho de vía estándar en este ámbito.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la adquisición de nuevo material rodante adaptado al ancho de vía estándar, así como una calendarización adecuada para dar cobertura al servicio de media distancia, especialmente
para la conexión de Vinaròs, Ulldecona y Tortosa con Barcelona'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentan Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a l'adquisició de material rodant adaptat a l'ample de via estándard, per al
seu debat en la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible.
Exposició de motius
La connexió ferroviária amb Europa és una tasca pendent des de fa anys, i resulta indispensable per a seguir el camí de la sostenibilitat quant a mobilitat, així com l'eficiencia i optimització tant en el transport de mercaderies com de
persones. Així, el corredor Mediterrani és un projecte de summa importáncia no sols per aixo, sinó també per a la vertebració dels territoris que travessa, fomentant la competitivitat de les empreses i la seva área d'influencia.
L'ample de via característic de la xarxa ferroviária espanyola (1.668 mil-límetres entre cares internes de carrils) és diferent de l'ample de via normal o estándard de la major part de la xarxa ferroviária europea i mundial (que és de 1.435
mil-límetres). Els trens, en principi, no poden passar des d'una línia amb un ample de via a una altra amb un ample diferent, per la qual cosa l'existencia de fronteres entre les xarxes de diferent ample de via ha estat un problema per a les
mercaderies com per a les persones, que tradicionalment ha fet necessari el transbord o canvi de tren amb les consegüents molesties i perdues de temps.
En el cas espanyol, els punts de coexistencia de diferents amples de via estan situats a les fronteres amb Franga. La decisió adoptada en 1988 de construir les noves línies espanyoles d'alta velocitat amb ample de via estándard fa que hagin
aparegut noves fronteres entre els dos amples, i els problemes associats, en nombrosos punts de la xarxa ferroviária. El primer canvi d'ample, dins de la xarxa espanyola, de l'iberic a l'internacional, permetrá connectar des de Valencia cap a
Europa tot en ample internacional tant per a passatgers com per a mercaderies.
El desenvolupament de la implantació de l'ample internacional en el tram Castelló-Tarragona, tant en les seves vies generals com en totes les que el requereixin per raons de circulació, com les vies d'apartat, s'ha d'adaptar a les
instal-lacions i elements de la línia necessaris per a la correcta explotació de la longitud del tren estándard interoperable (750 metres), garantint, alhora, l'adequada prestació, capacitat, operativitat i fiabilitat dels tránsits de mercaderies i
viatgers. La informació que avui tenim és que, en l'horitzó de l'any 2025, l'ample internacional podria arribar a Tarragona des de Castelló. Un dels principals interrogants és saber com afectés el servei de mitjana distáncia R-16 i R-17 el canvi
d'ample de via.
Les previsions apunten al fet que al 2025 Renfe comengará a rebre una dotzena de nous trens i locomotores al mes dels diferents adjudicataris dels concursos de renovació de la flota que van comengar a convocar-se en 2016, si bé la part
mollar de les contractacions va ser en 2021. El total de la inversió s'eleva a 4.509 milions d'euros, que s'incrementa a 5.500 milions amb la inclusió del pressupost per al manteniment dels trens. Mentrestant, les companyies de transports de
mercaderies s'estan posant al dia amb inversions en material rodant finangat pels fons europeus i, amb l'ampli mercat disponible a Europa, la seva adaptació al nou ample será relativament senzilla.
Les ajudes destinades a operadors ferroviaris de mercaderies formen part del programa de suport al transport sostenible i digital inclos en el component 6 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia (*PRTR). Aquest programa
persegueix incentivar l'ús del transport de mercaderies per ferrocarril premiant l'estalvi de costos externs mediambientals i socioeconomics generats pel seu ús enfront de la carretera.
El programa d'ecoincentiu ferroviari té un triple objectiu: consolidar incrementar la quota modal del ferrocarril dins de les cadenes multimodals com a alternativa en el transport de mercaderies, ajudar als operadors ferroviaris augmentar
els seus tránsits fent més atractiva l'oferta ferroviária i millorar acompliment mediambiental, incentivant que es prioritzi l'ús de sistemes tracció electrics.
Per contra, el material rodant necessari per a donar cobertura a l'actual servei de mitjana distáncia que connecta des de Vinaros, Ulldecona i Tortosa amb Barcelona, passant per l'estació de la ciutat de Tarragona, está seriosament compromes
per la falta de material adequat. D'aquesta manera, es fa necessari un impuls important en l'adquisició de nous combois per a poder donar un servei adequat quant a la mitjana distáncia i que, en conseqüencia, no hi hagi demores en l'adaptació a
l'ample de via estándard en aquest ámbit.
Per tot aixo el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a impulsar l'adquisició de nou material rodant adaptat a l'ample de via estándard, així com una calendarització adequada per a donar cobertura al servei de mitjana distáncia, especialment per a la
connexió de Vinaros, Ulldecona i Tortosa amb Barcelona'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de maig de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mitigación de las afectaciones del servicio ferroviario de los
trenes de media distancia en el sur de Catalunya debido a la instalación de un tercer carril ferroviario.
Exposición de motivos
Tal como estaba previsto y se expuso en su día a las alcaldías afectadas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó que las obras de instalación del tercer carril comportarán importantes afectaciones ferroviarias para
los usuarios de las comarcas del sur de Catalunya. En los próximos meses se verá interrumpida la circulación de todos los trenes en el tramo entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, por lo que los viajeros deberán utilizar un transporte
alternativo por carretera.
Esta suspensión temporal del servicio vendrá determinada por los trabajos de adaptación al ancho internacional que tienen que hacerse en el túnel de Roda de Bera y que se adjudicaron el mes de julio del año 2023 a una UTE del grupo FCC. La
obra es compleja y, tras finalizar la actuación en el nudo de Castellbisbal y Martorell, constituye uno de los últimos escollos para la puesta en servicio de este tramo del Corredor del Mediterrani entre Vila-seca y Castellbisbal.
Los trabajos se prolongarán por espacio de unos seis meses, el tiempo que ahora mismo se prevé sobre el papel. Las obras se iniciarán previsiblemente este otoño (2024).
A la pregunta escrita realizada por este Grupo Parlamentario, el Gobierno respondió el pasado 18 de marzo que 'actualmente, se está definiendo la planificación de obra, así como las posibles afectaciones al servicio ferroviario. Una vez
finalizado, RENFE definirá el Plan Alternativo de Transporte por carretera junto con la Generalitat de Catalunya'. Sin embargo, en su respuesta no concretaba las alternativas para evitar al máximo el perjuicio a unos usuarios que ya han sido
penalizados con los actuales retrasos e incidencias que suponen graves afectaciones para su conciliación de la vida personal y familiar.
En todo caso, parece claro que habrá una alteración el servicio de todos los convoyes que circulan por todo este tramo, como son la R-14, R-15, R-16 y R-17. No obstante, las obras afectarán al principal corredor ferroviario del país -con
cerca de cuatro millones de usuarios al año-, por lo que desde hace tiempo se están valorando las diferentes posibilidades. Las afectaciones se alargarán aún más en el trayecto entre las Terres de l'Ebre y Barcelona que ya viven una situación de
penalización ferroviaria por las obras de mejora y las incidencias reiteradas agravadas en les Terres de l'Ebre desde la supresión de la parada de los trenes Euromed en la estación de l'Aldea Amposta.
De hecho, la prensa ya se ha hecho eco de varias incidencias en el servicio que afectan a la ciudadanía relatando la existencia de retrasos estructurales o trenes que directamente no pasan, entre otras afectaciones. Ante esta situación el
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar cuanto antes la planificación de obra de ampliación del Túnel de Roda de Berà y en especial la previsión de las afectaciones al servicio de las líneas cuyo tránsito se vea afectado por las obras del túnel.
2. Mantener todas las circulaciones de los trenes del R14 (BCN-TGN-Reus-Picamoixons-Lleida), operándolas vía Valls, y poniendo un servicio de enlace Picamoixons-Reus.
3. Mantener determinadas circulaciones de la línea R15 vía Picamoixons (en especial, los que van más allá de Reus).
4. Habilitar plazas AVANT a todas las circulaciones en Alta Velocidad entre Camp de Tarragona y Barcelona. Crear un billete parking + AVANT con aparcamiento a precio simbólico.
5. Parada de los trenes Euromed en la estación de l'Aldea Amposta.
6. Servicio alternativo permanente por carretera en el tramo Torredembarra-Sant Vicenç de Calders.
7. Servicios especiales en hora punta para evitar el doble transbordo:
- Cambrils-Sant Vicenç de Calders (enlace con trenes R16).
- Tarragona estación-Tarragona Pl. Imperial Tarraco-Sant Vicenç de Calders.
- Reus estación-Sant Vicenç de Calders (R15)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la mitigació de les afectacions del servei ferroviari dels trens de mitjana
distancia en el sud de Catalunya a causa de la instal-lació d'un tercer carril ferroviari.
Exposició de motius
Tal com estava previst i es va exposar en el seu moment a les alcaldies afectades, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va publicar que les obres d'instal-lació del tercer carril comportaran importants afectacions
ferroviaries per als usuaris de les comarques del sud de Catalunya. En els proxims mesos es veura interrompuda la circulació de tots els trens en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, per la qual cosa els viatgers hauran d'utilitzar un
transport alternatiu per carretera.
Aquesta suspensió temporal del servei vindra determinada pels treballs d'adaptació a l'ample internacional que han de fer-se en el túnel de Roda de Bera i que es van adjudicar el mes de juliol de l'any 2023 a una UTE del grup FCC. L'obra és
complexa i, després de finalitzar l'actuació en el nus de Castellbisbal i Martorell, constitueix un dels últims esculls per a la posada en servei d'aquest tram del Corredor del Mediterrani entre Vila-seca i Castellbisbal.
Els treballs es prolongaran per espai d'uns sis mesos, el temps que ara mateix es preveu sobre el paper. Les obres s'iniciaran previsiblement aquesta tardor (2024).
A la pregunta escrita realitzada per aquest Grup Parlamentari, el Govern va respondre el passat 18 de marg que 'actualment, s'esta definint la planificació d'obra, així com les possibles afectacions al servei ferroviari. Una vegada
finalitzat, RENFE definirá el Pla Alternatiu de Transport per carretera juntament amb la Generalitat de Catalunya'. No obstant aixo, en la seva resposta no concretava les alternatives per a evitar al maxim el perjudici a uns usuaris que ja han
estat penalitzats amb els actuals retards i incidencies que suposen greus afectacions per a la seva conciliació de la vida personal i familiar.
En tot cas, sembla clar que hi haura una alteració el servei de tots els combois que circulen per tot aquest tram, com són la R-14, R-15, R-16 i R-17. No obstant aixo, les obres afectaran el principal corredor ferroviari del país -amb prop
de quatre milions d'usuaris a l'any-, per la qual cosa des de fa temps s'estan valorant les diferents possibilitats. Les afectacions s'allargaran encara més en el trajecte entre les Terres de l'*Ebre i Barcelona que ja viuen una situació de
penalització ferroviaria per les obres de millora i les incidencies reiterades agreujades a les Terres de l'*Ebre des de la supressió de la parada dels trens Euromed en l'estació de l'Aldea-Amposta.
De fet, la premsa ja s'ha fet resso de diverses incidencies en el servei que afecten la ciutadania relatant l'existencia de retards estructurals o trens que directament no passen, entre altres afectacions.
Davant aquesta situació el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Publicar com més aviat millor la planificació d'obra d'ampliació del Túnel de Roda de Bera i especialment la previsió de les afectacions al servei de les línies el transit de les quals es vegi afectat per les obres del túnel.
2. Mantenir totes les circulacions dels trens del R14 (BCN-TGN-Reus-Picamoixons-Lleida), operant-les via Valls, i posant un servei d'enllag Picamoixons-Reus.
3. Mantenir determinades circulacions de la línia R15 via Picamoixons (especialment, els que van més enlla de Reus).
4. Habilitar places AVANT a totes les circulacions en Alta Velocitat entre Camp de Tarragona i Barcelona. Crear un bitllet parquing + AVANT amb aparcament a preu simbolic.
5. Parada dels trens Euromed en l'estació de l'Aldea Amposta.
6. Servei alternatiu permanent per carretera en el tram Torredembarra-Sant Vicenç de Calders.
7. Serveis especials en hora punta per evitar el doble transbord:
- Cambrils-Sant Vicenç de Calders (enllag amb trens R16).
- Tarragona estació-Tarragona Pl. Imperial Tarraco-Sant Vicenç de Calders.
- Reus estació-Sant Vicenç de Calders (R15)'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de maig de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la renovación del convenio de la Vía Verde de la Terra Alta, para su
debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Urbana.
Exposición de motivos
La vía verde de la Terra Alta, que se encuentra dentro de la ruta del Valle de Zafán, ha sido una apuesta turística, cultural, deportiva y ambiental del territorio desde hace varios años. Esta vía sigue el antiguo trazado del ferrocarril
que unió las poblaciones de la Puebla de Híjar y Tortosa. Se trata de un elemento indispensable de dinamización y reactivación territorial en La Terra Alta, cuyo objetivo es la revitalización de las áreas que han ido experimentando las
consecuencias de la despoblación. La Terra Alta, por ejemplo, ha perdido ya un 11 % de sus habitantes en los últimos diez años. La Vía Verde es, al fin y al cabo, de un espacio donde convergen múltiples actividades lúdicas de la comarca, con
potencial turístico y con un componente ambiental importante.
Este terreno, como se ha dicho, es una antigua vía de tren cuyo trazado fue cerrado hace más de cincuenta años. En junio de 1994, RENFE (ahora ADIF) y el Consell Comarcal de la Terra Alta firmaron un convenio en el cual se establecían las
condiciones de cesión del terreno por una cuantía anual, en un periodo de treinta años. Durante todos estos años, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha ido invirtiendo recursos para acondicionar y
mejorar el espacio, con el objetivo de que sea un espacio adecuado para toda la ciudadanía. Año tras año han ido realizando actuaciones, desde solventar los desperfectos originados por el temporal Gloria hasta pavimentar, vallar, limpiar y
acondicionar las diferentes zonas de la Vía Verde. El Consell Comarcal de la Terra Alta calcula que, en los últimos años, el importe en gasto llega casi a los 400.000 euros, sin contar personal y vehículos. En los últimos cuatro años el ente
calcula que, solo en mantenimiento, se han invertido 30.000 euros.
El próximo 17 de junio se extingue el convenio firmado entre ADIF y el Consell Comarcal de la Terra Alta, y desde éste último ya se ha solicitado la renovación del convenio con la finalidad de que la población siga pudiendo disfrutar de ese
enclave único. Por su parte, la entidad pública empresarial ADIF también se ha mostrado predispuesta, adquiriendo el compromiso para proceder a su renovación una vez finalice su vigencia, destacando que, de forma ordinaria, este nuevo documento
tendría una validez de 20 años.
El territorio apela al compromiso por parte de las Administraciones Públicas en el fomento de este tipo de espacios, que promueven nuevas y mejores dinámicas económicas y que brindan a la ciudadanía un espacio saludable, con actividades
deportivas y lúdicas en un entorno natural preservado para el disfrute de la población. Teniendo en cuenta la buena predisposición de las partes, es conveniente negociar y llegar a un acuerdo para el nuevo convenio, que permitirá que la Vía Verde
de la Terra Alta pueda seguir siendo un espacio para la ciudadanía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Renovar el convenio lo antes posible entre ADIF y el Consell Comarcal de la Terra Alta para la cesión de la Vía Verde de la Terra Alta, con una duración lo más amplia posible, teniendo en cuenta la normativa vigente, a la vista que es
imprescindible justificar la disponibilidad como propietarios, cesionarios o poseedores legales de los terrenos sobre los que actúa, por un periodo no inferior a los diez años.
2. Establecer la gratuidad de la cesión del terreno de la Vía Verde de la Terra Alta en la negociación del nuevo convenio, mostrando el compromiso de la Administración General del Estado por los espacios verdes, saludables, que generan
dinamismo económico y que conforman lugares de interés para toda la ciudadanía.
3. Promover un acuerdo de colaboración y cooperación entre las entidades públicas con la finalidad de mantener vivos los proyectos arraigados en la zona de la Vía Verde la Terra Alta'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la renovació del conveni de la Via Verda de la Terra Alta, per al seu debat
en la Comissió de Transports i Mobilitat Urbana.
Exposició de motius
La via verda de la Terra Alta, que es troba dins de la ruta de la Vall de Zafan, ha estat una aposta turística, cultural, esportiva i ambiental del territori des de fa diversos anys.
Aquesta via segueix l'antic tragat del ferrocarril que va unir les poblacions de la Pobla d'Híjar i Tortosa. Es tracta d'un element indispensable de dinamització i reactivació territorial a la Terra Alta, l'objectiu de la qual és la
revitalització de les árees que han anat experimentant les conseqüencies de la despoblació. La Terra Alta, per exemple, ha perdut ja un 11 % dels seus habitants en els últims deu anys. La Via Verda és, al cap i a la fi, d'un espai on convergeixen
múltiples activitats lúdiques de la comarca, amb potencial turístic i amb un component ambiental important.
Aquest terreny, com s'ha dit, és una antiga via de tren el tragat del qual va ser tancat fa més de cinquanta anys. Al juny de 1994, RENFE (ara ADIF) i el Consell Comarcal de la Terra Alta van signar un conveni en el qual s'establien les
condicions de cessió del terreny per una quantia anual, en un període de trenta anys. Durant tots aquests anys, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha anat invertint recursos per a condicionar i millorar l'espai, amb l'objectiu que sigui un espai
adequat per a tota la ciutadania. Any rere any han anat realitzant actuacions, des de solucionar els desperfectes originats pel temporal Gloria fins a pavimentar, barrar, netejar i condicionar les diferents zones de la Via Verda. El Consell
Comarcal de la Terra Alta calcula que, en els últims anys, l'import en despesa arriba gairebé als 400.000 euros, sense comptar personal i vehicles. En els últims quatre anys l'ens calcula que, només en manteniment, s'han invertit 30.000 euros.
El proxim 17 de juny s'extingeix el conveni signat entre ADIF i el Consell Comarcal de la Terra Alta, i des d'aquest últim ja s'ha sol-licitat la renovació del conveni amb la finalitat que la població continui' podent gaudir d'aquest
enclavament únic. Per part seva, l'entitat pública empresarial ADIF també s'ha mostrat predisposada, adquirint el compromís per a procedir a la seva renovació una vegada finalitzi la seva vigencia, destacant que, de manera ordinária, aquest nou
document tindria una validesa de 20 anys.
El territori apel-la al compromís per part de les Administracions Públiques en el foment d'aquesta mena d'espais, que promouen noves i millors dinámiques economiques i que brinden a la ciutadania un espai saludable, amb activitats esportives
i lúdiques en un entorn natural preservat per al gaudi de la població. Tenint en compte la bona predisposició de les parts, és convenient negociar i arribar a un acord per al nou conveni, que permetrá que la Via Verda de la Terra Alta pugui
continuar sent un espai per a la ciutadania.
Per tot aixo el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Renovar el conveni al més aviat possible entre ADIF i el Consell Comarcal de la Terra Alta per a la cessió de la Via Verda de la Terra Alta, amb una durada el més ámplia possible, tenint en compte la normativa vigent, a la vista que és
imprescindible justificar la disponibilitat com a propietaris, cessionaris o posseidors legals dels terrenys sobre els quals actua, per un període no inferior als deu anys.
2. Establir la gratuitat de la cessió del terreny de la Via Verda de la Terra Alta en la negociació del nou conveni, mostrant el compromís de l'Administració General de l'Estat pels espais verds, saludables, que generen dinamisme economic i
que conformen llocs d'interes per a tota la ciutadania.
3. Promoure un acord de col-laboració i cooperació entre les entitats públiques amb la finalitat de mantenir vius els projectes arrelats en la zona de la Via Verda la Terra Alta'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de maig de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputat.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el soterramiento ferroviario en
el municipio de San Andrés del Rabanedo en la provincia de León, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La provincia de León sufre severos problemas de infraestructuras en materia ferroviaria, uno de los cuales radica en la difícil integración del sistema ferroviario en el municipio de San Andrés del Rabanedo.
El paso de la línea ferroviaria León-Gijón, Adif-Alta Velocidad, a través del área urbana del municipio provoca una separación entre dos zonas de la localidad, en una extensión aproximada al kilómetro, y limita su conectividad con el término
municipal de León.
San Andrés del Rabanedo posee una población de 29.961 habitantes (INE 2023), es el tercer municipio con más población de la provincia de León y su expansión se ha visto gravemente afectada por el trazado de dicha línea ferroviaria que
atraviesa y divide el municipio. Son aproximadamente 900 metros en los que la lógica ferroviaria y urbanística discurren por caminos opuestos y que han generado no sólo un efecto barrera, por la división física, sino también un efecto frontera, ya
que dicha línea ferroviaria conlleva servidumbres o menguas de la vida urbana, es decir, una frontera física y social que divide e incomunica barrios, calles y personas y cuyas consecuencias no afectan sólo a dicho municipio, sino a todo el alfoz de
León. Las soluciones que se ofrezcan a San Andrés del Rabanedo afectan también al desarrollo urbano y viario de la ciudad de León.
En su reciente visita al municipio de San Andrés del Rabanedo, el pasado 9 de abril de 2024, el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, D. José Antonio Santano Clavero, apostó por impulsar una integración ferroviaria
blanda. Ello significa que el tren permanezca en el centro del área urbana y una negativa tajante a un soterramiento que el propio Gobierno de España consideró, en el año 2010, al abordar la integración ferroviaria de León, necesario para solventar
estos problemas de integración. En aquel momento el Gobierno de España decidió abordar los problemas de integración con un mayor alcance para resolverlos de manera definitiva, extendiendo en San Andrés del Rabanedo el soterramiento para mejorar la
permeabilidad.
La solución de la integración blanda, según informó el Secretario de Estado, se debe a las dificultades que plantea el soterramiento, bajo criterios técnicos, de seguridad y de explotación ferroviaria. Sin embargo, el soterramiento es una
solución perfectamente viable desde los citados puntos de vista, ya que cuando se llevó a cabo el soterramiento en León, o fase 1, se dejaron preparados los muros del túnel para que fueran prolongados para la fase 2 en San Andrés del Rabanedo. La
solución pasa por retomar el proyecto original y adaptarlo a las actuales necesidades urbanísticas y de financiación.
A este respecto, la anunciada construcción de un nuevo paso inferior mixto (peatones, coches y bicis) en el ámbito de la Avenida Párroco Pablo Diez de San Andrés del Rabanedo, supondría un punto de no retorno a cualquier posibilidad de
soterrar las vías.
En 2023 se formalizó por parte de Adif-Alta Velocidad el encargo al medio propio personificado INECO de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción del paso inferior en Avenida Párroco
Pablo Diez y reubicación de pasarela metálica en Camino de la Raya, en San Andrés del Rabanedo (AC 043/23), por un importe de 760.448,84 euros (sin impuestos) y por un plazo de ejecución de 15 meses. La futura ejecución de dicho paso inferior
extinguiría toda posibilidad de soterramiento en San Andrés del Rabanedo.
El soterramiento, y no una integración blanda de la vía, es una reivindicación histórica de San Andrés del Rabanedo y de toda la provincia de León, que cuenta con el apoyo
decidido de la sociedad civil, integrada en la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril a su paso por el municipio de San Andrés del Rabanedo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar el soterramiento integral de la línea ferroviaria León-Gijón, Adif-Alta Velocidad, a su paso por el área urbana del municipio de San Andrés del Rabanedo para lograr la ansiada
continuidad urbana y la supresión de la barrera que genera'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Silvia Franco González y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la circulación de mercancías por la costa de
Tarragona y la reestructuración del trasporte ferroviario de la provincia de Tarragona, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Desde el año 2021 se encuentra pendiente de elaboración en el Ministerio de Transportes el Estudio de Viabilidad de la remodelación de la red arterial ferroviaria de Tarragona, sin que se tenga noticia alguna del mismo, a pesar de los años
transcurridos y de la urgencia del mismo.
La red ferroviaria en el área de Tarragona ha sido planificada de forma incongruente, ya que hace circular las mercancías, gran parte de ellas muy peligrosas, a través de diversos municipios afectando directamente a viviendas, colegios,
parques, playas, negocios, etc.; al lado de zonas de costa de turismo de alcance internacional (la Costa Dorada); de entornos protegidos por la Red Natura 2000, y a escasos metros de elementos catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO (el Anfiteatro romano de Tarragona); mientras que los pasajeros de la línea de alta velocidad deben desplazarse varios kilómetros a una zona despoblada para coger el tren (el Camp de Tarragona).
El Corredor Mediterráneo, que lleva años de retraso en su ejecución, es un proyecto estratégico europeo para la vertebración del transporte ferroviario en todo el arco mediterráneo y su área de influencia, el cual impulsará la interconexión
de mercancías con Europa que permitirá potenciar los sectores económicos e industriales, con criterios de eficiencia y sostenibilidad.
Sin embargo, el Corredor Mediterráneo necesita trazados seguros (para la vida y la salud de las personas y para el patrimonio histórico y natural) y suficientemente capaces de vehicular un incremento previsto de tráfico de mercancías por
ferrocarril desde el 4 % actual a, como primer paso, la media europea del 19 % para finalmente alcanzar los objetivos del Libro Blanco UE del transporte: 30 % en 2030 y 50 % en 2050. Esto significa, en el objetivo más modesto, multiplicar por 4,5
el tráfico actual de mercancías o por 7,5 o 12,5 en los objetivos comprometidos a nivel UE, lo que necesariamente multiplicará exponencialmente el riesgo para personas y patrimonio si no se modifica el trazado previsto (conocido como 'tercer
carril') con consecuencias devastadoras.
Por tanto, tal incremento de tráfico requiere de una infraestructura segura de capacidad incremental, que evite los impactos negativos en el territorio de naturaleza
personal y patrimonial irreparables, particularmente en el hub de mercancías Tarragona-Barcelona, que es el tercero en miles de toneladas/día transportadas de Europa y donde, además, confluyen en Tarragona las mercancías de las dos líneas
del Corredor Mediterráneo: la central (Algeciras-Madrid-Zaragoza) y la litoral (Cartagena-Valencia-Sagunto). Un proyecto que debería estar a la altura de las expectativas y alineado con los intereses legítimos de sostenibilidad territorial: salud
y vida de las personas, social, medioambiental y económica.
Ante tales peligros, es unánime el consenso del territorio del tejido económico, político, social, local, vecinal y asociativo respecto a que el tramo del Corredor Mediterráneo previsto actualmente, desde Vila-seca y Tarragona hasta El
Vendrell, con la adición de un tercer carril para uso mixto ancho ibérico y estándar o internacional en la vía convencional de la costa, pasando por medio de poblaciones, zonas de interés turístico, histórico y natural, es un despropósito, que
impacta negativamente en la seguridad de la población y en las necesidades de los habitantes y actores económicos del Camp de Tarragona ciudad y diversas poblaciones de las comarcas del Tarragonés y del Baix Penedés, puesto que:
- Compromete la competitividad del territorio y su desarrollo económico, así como perjudica la actividad del Puerto de Tarragona, debido al colapso previsto y anunciado por la saturación de vías ('cuello de botella'), derivado, en primer
lugar, por la confluencia en el área de Tarragona de las dos líneas (central y litoral) del Corredor Mediterráneo y, en segundo lugar, por el previsto incremento del transporte ferroviario comentado, sumado, en tercer lugar, a la utilización
conjunta con los trenes de pasajeros de cercanías y media distancia por la misma vía.
- Compromete, limita y perjudica la movilidad ferroviaria de pasajeros de cercanías y media distancia en la segunda Área Metropolitana de Cataluña, que también prevé incrementos notables de tráfico.
- Incrementará sobremanera el riesgo para la vida y la salud de los habitantes de las poblaciones que cruza el tercer carril del Corredor, por el peligro inherente a cualquier evento relacionado con el aumento del paso de mercancías
altamente peligrosas, que es una necesidad inevitable derivada de la mejora de competitividad de los importantes polígonos químicos del sur.
Todo ello sin contar con los efectos del incremento desmesurado de vibraciones y ruidos, que son inherentes a la mencionada y prevista multiplicación de tráfico ferroviario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, con carácter urgente, un plan de movilidad ferroviaria de Tarragona que permita desviar permanentemente las mercancías por el interior de Tarragona evitando la línea de la costa, que quedará dedicada al transporte de viajeros,
procediéndose a su inmediata modernización, y reestructurar el transporte ferroviario de la provincia de Tarragona.
2. Que, cumpliendo la normativa vigente, se utilice de manera provisional y en lo que sea posible y compatible con la Alta Velocidad, la infraestructura ferroviaria ya existente de alta velocidad, que de forma urgente y temporal vehiculice
el paso de mercancías del Corredor Mediterráneo fuera de núcleos urbanos y por la zona no poblada del interior.
3. Acelerar la solución definitiva para el paso de los trenes de mercancías del Corredor Mediterráneo en el área de Tarragona, mediante un nuevo trazado que circule lejos de núcleos poblados y que siga paralelo a corredores viarios y
ferroviarios existentes.
4. Colaborar con el Gobierno de la Generalidad, los ayuntamientos afectados en función de sus competencias y la sociedad civil para tomar, con carácter de urgencia,
todas las medidas necesarias con el fin de acelerar, priorizar, dotar de inversión y seguimiento las soluciones requeridas, que eviten cualquier perjuicio para la población, el patrimonio histórico y el medio ambiente'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la remodelación y
reestructuración de la estación de Pasaia, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La actual estación de ADIF en Pasaia se encuentra ubicada entre el Puerto de Pasaia y la zona norte de Pasai Antxo, en la Avenida de Navarra o antigua N-1. Esta zona siempre se ha visto limitada y condicionada, por la falta de espacio, a
consecuencia del extenso espacio que ocupa el terreno de la estación de Pasaia y todas sus instalaciones, generándose en esta zona un cuello de botella, que anula las posibilidades de mejora, evolución y expansión urbanísticas. La carretera se
encuentra muy próxima a las viviendas, los autobuses urbanos paran en plena carretera porque ni hay espacio para habilitar una zona de parada fuera de la carretera, y el carril-bici existente está implantado de forma muy ajustada.
Durante los últimos 10-15 años, la estación de Pasaia ha venido experimentando un descenso considerable de su actividad, y sus instalaciones ocupan un extenso espacio desaprovechado, necesario e imprescindible para la evolución urbanística
de Pasai Antxo.
En octubre de 2023 ADIF adjudicó los 'Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Alternativas, el Proyecto Básico y el Proyecto de Construcción de la Remodelación de la Estación de Pasaia (Guipúzcoa)', con
un presupuesto de 736.873,39 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del contrato de 36 meses.
Los vecinos de Pasaia se han agrupado en torno a la Plataforma Nueva Estación de Tren en Pasai Antxo-Pasai Antxoko Tren Geltoki Berriaren Plataforma, y han coincidido con la propuesta que realiza el Plan Territorial Parcial (PTP) del
gobierno vasco para la comarca de Donostialdea-Bajo Bidasoa, que abarca la zona de Pasaia, en el que se recoge plantear la reducción y optimización del espacio que ocupan las instalaciones de la estación para posibilitar la evolución urbanística de
la zona norte de Pasai Antxo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con ADIF, las medidas necesarias con el objetivo de que la remodelación de la estación de Pasaia incluya su retranqueo para separar el acceso a la estación de la
antigua N-1 a su paso portal localidad y la desafectación de la playa de vías en desuso, una vez se termine el baipás Astigarraga-Oiartzun-Lezo, con el fin de que el ayuntamiento pueda
hacer uso de dicha superficie para ampliar el esparcimiento de la población dentro de su municipio, dificultado actualmente por la ubicación del puerto de Pasaia junto con las vías de ADIF y la carretera'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Carmelo Barrio Baroja y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, al amparo del vigente Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación estatal de profesionales del deporte, para su
debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, en el primer párrafo de la disposición final sexta sobre regulación de las profesiones del deporte dice que '[e]l Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley que regule el ejercicio de las profesiones del deporte, estableciendo, dentro de sus competencias, y siempre respetando aquellas que son propias de las Comunidades Autónomas, los derechos y
obligaciones de los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas'.
Este compromiso, que todavía no se ha cumplido, es una de las reformas que continúan apareciendo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la adenda publicada a principios de octubre de 2023 se decía lo siguiente sobre
esta Ley: '[i]ncide directamente en el reconocimiento, seguridad jurídica y acceso al mercado laboral de muchos de los profesionales del deporte. Esta reforma tiene un papel protagonista en el proceso de transformación estructural del sector
deporte y para la modernización y adaptación del mismo'. Es por ello que el ejercicio de las profesiones del deporte debía ser regulado a la mayor brevedad.
Asimismo, los acuerdos alcanzados en el seno de las Comisiones Bilaterales activadas con ocasión de la aprobación de algunas leyes autonómicas de regulación del ejercicio profesional en el deporte recuerdan la exclusividad del Estado para la
regulación de profesiones tituladas, lo cual no obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en otras materias, y en aras a la protección de los intereses generales, exijan el cumplimiento de una serie de requisitos
habilitaciones o pruebas para ejercer una determinada actividad laboral o profesional; o bien requieran una previa autorización o licencia administrativa o a la superación de ciertas pruebas de aptitud. Éste es el caso de las leyes que regulan el
ejercicio profesional en el deporte en diversas Comunidades Autónomas, entre las que se encuentran La Comunidad Foral Navarra y La Comunidad Autónoma Vasca.
En este sentido, cabe recordar que, al contrario que en otras familias profesionales, en la de las actividades físicas y deportivas se ha generado una cantidad considerable de certificados de profesionalidad. Y lo cierto es que las
cualificaciones de las que derivan algunos certificados son concurrentes con las que se integran en los títulos de Técnico Superior de la familia de las actividades físicas y deportivas. En lo que respecta a la regulación de profesionales del
deporte, esto significa que pueden adquirirse las competencias para ejercer en determinados espacios profesionales tanto por el título
superior de formación profesional (MECES 1/MECU 5), como por la acreditación mediante un certificado de profesionalidad (MECU 5, según Real Decreto 272/2022, de 12 de abril), que puede obtenerse realizando la formación correspondiente o por
la vía de la experiencia.
Por todo ello, la regulación de otras profesiones del deporte que requieran menor nivel de cualificación al MECES 2 (Grado universitario) incurriría en un exceso competencial del Estado, y se opondría al criterio que cada Comunidad Autónoma
ha legislado libremente facultada por sus propias competencias.
Por tanto, el Estado español debe regular en la Ley de ordenación de profesionales del deporte sólo lo referente a profesiones tituladas de nivel MECES 2. Esto significa que dicha Ley debería limitarse a lo que contempla el segundo párrafo
de la disposición final sexta de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte:
'Dicho proyecto de ley determinará la reserva de actividad de la profesión titulada y colegiada de los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesión cuya nueva denominación será la de
educadoras y educadores físico deportivos y a la que se accederá mediante el Grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, las Licenciaturas en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o titulación
homologada. Asimismo, establecerá la nueva denominación de los colegios oficiales como Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Físico Deportivos y del Consejo General de Colegios Oficiales de la Educación Física y Deportiva'.
En definitiva, el Estado debe asumir y ejercer las competencias que le corresponden para que la profesión del deporte con mayor nivel de cualificación -y cuyas actividades necesitan mayor especialización y conocimientos- sea, por fin,
regulada con todas las garantías jurídicas, tanto para la ciudadanía que recibe los servicios, como para las y los profesionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, a la mayor brevedad, lo indicado en la disposición final sexta de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, respetando los textos legislativos autonómicos de regulación del ejercicio profesional en el deporte y la
configuración actual de profesiones que ha elegido cada Comunidad Autónoma y limitándose a la competencia del Estado español referida a la regulación de las profesiones tituladas. En concreto, teniendo en cuenta que, en el sector deportivo,
actualmente sólo existe una profesión titulada, y ésta es la ejercida por las personas Licenciadas y Graduadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
2. Legislar las actividades reservadas de la profesión titulada, es decir, de las educadoras y educadores físico deportivos, en coincidencia con lo que las Comunidades Autónomas, en su mayoría, han identificado como actividades que deben
ser ejercidas por personas Licenciadas y Graduadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
3. Abstenerse de impulsar cualquier mecanismo relacionado con el artículo 150.3 de la Constitución Española que promueva una ley de armonización en materia de profesiones del deporte. En este sentido, será la Conferencia Sectorial del
Deporte quien promueva la coordinación interterritorial, acordando los esquemas de coordinación para asegurar la movilidad territorial de las y los profesionales del deporte'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de rectificar la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, sobre cotización retroactiva de las personas con becas de investigación para su debate en la Comisión de Comisión de Trabajo, Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Se ha publicado en el BOE del 1 de mayo la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los períodos de prácticas formativas y
de prácticas académicas externas reguladas en la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, realizadas con anterioridad
a su fecha de entrada en vigor.
Asociaciones científicas como la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) o la Sociedad
Española de Neurociencia (SENC) han expresado su disconformidad con el contenido la Orden y demandan al Ministerio de Seguridad Social que rectifique la regulación sobre la cotización retroactiva de las personas con becas de investigación.
Recuerdan que la comunidad científica realizó numerosas reivindicaciones a lo largo de los años para que la carrera científica se considerara una actividad laboral de pleno derecho en todas sus fases. Un esfuerzo que se vio reflejado en la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al establecer el deber de la contratación laboral desde el inicio de la fase de investigador predoctoral con cotización a la Seguridad Social.
Hasta entonces, el personal investigador que comenzaba su carrera profesional percibía becas en sus fases iniciales que no incluían derechos sociales ni laborales como permisos de maternidad, de paternidad, bajas médicas o vacaciones.
El Real Decreto-Ley 2/2023 estableció la posibilidad de suscribir un convenio especial para recuperar la cotización de 'períodos de prácticas' anteriores al 2011, incluyendo el doctorado. Inicialmente permitía regularizar dos años, pero
después se extendió a cinco años del citado período de formación. Sin embargo, las asociaciones advirtieron al Ministerio que esta norma no resolvía el problema de las bolsas de investigación por completo, pues es habitual encontrar períodos sin
cotización de hasta 16 años en las personas becarias y que afectan a la edad de acceso a la jubilación y a la pensión.
Asimismo, desde los distintos colectivos hicieron llegar al Ministerio alternativas que facilitarían la liquidación de estas situaciones y alertaron de las dificultades que podría suponer para muchos investigadores tener que asumir el coste
de cubrir retroactivamente cuotas que deberían haber pagado las entidades emisoras de las bolsas, muchas de ellas, Administraciones públicas. De hecho, desde las asociaciones científicas presentaron en diciembre pasado una serie de alegaciones al
proyecto de Orden, entre las que se incluían propuestas referidas a esta cuestión.
El malestar de la comunidad científica se incrementó al conocer el contenido de la Orden publicada el pasado 1 de mayo y comprobar que el Ministerio hizo caso omiso de las alegaciones presentadas por distintas asociaciones, es más,
consideran que incluso se empeoraron las condiciones del convenio.
La mayor parte de los afectados y afectadas no pueden asumir esta carga económica. Máxime cuando el Ministerio decidió cambiar la orden inicial y, para calcular la cuota, se considera como base de cotización la vigente ahora en 2024, en
lugar de las bases correspondientes a cada año, lo que aumenta las cuotas para pagar.
Ponen de ejemplo el caso de una persona investigadora que recibía una bolsa de 600 euros al mes en el año 2000 y que, en base a esta regulación, va a tener que pagar 290 euros al mes, casi la mitad de la bolsa recibida.
Es necesario que el Ministerio abra un diálogo sobre esta materia y que escuche a la comunidad científica para modificar la Orden atendiendo sus demandas. No es justo que el período de regularización se límite a un máximo de cinco años y
que se calculen las cuotas en base al año 2024.
En conclusión, es necesario que el Ministerio atienda las demandas de las organizaciones científicas y de las personas afectadas procediendo a modificar la regulación del convenio especial, incorporando las alegaciones y propuestas
presentados por las asociaciones científicas como la de que solo se cubra la cuota de cotización que corresponde a la persona trabajadora y que se contemple un mecanismo para que se reconozca todo el tiempo trabajado con bolsas de investigación
anterior a la entrada en vigor de la Ley de Ciencia de 2011, sin el límite de los 5 años.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a modificar la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social para el cómputo de la cotización de los períodos
de prácticas formativas y de prácticas académicas externas, en coordinación con la comunidad científica, de forma que se incorporen las alegaciones presentadas por las asociaciones científicas al proyecto de Orden en relación a esta materia y se
llegue a un consenso dando una solución justa a las personas afectadas que permita y facilite su acceso a una jubilación y pensión dignas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de rectificar a Orde ISM/386/2024, de 29 de abril, sobre a cotización retroactiva das persoas bolseiras de investigación para o seu debate na Comisión de Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e
Migracións.
Exposición de motivos
Foi publicado no BOE do 1 de maio a Orde ISM/386/2024, do 29 de abril, pola que se regula a subscrición de convenio especial coa Seguridade Social a efectos do cómputo da cotización polos períodos de prácticas formativas e de prácticas
académicas externas reguladas na disposición adicional quincuaxésima segunda do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, realizadas con anterioridade á súa data de entrada en
vigor.
Asociacións científicas como a Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), a Asociación Española de Investigación sobre o Cancro (Aseica), a Sociedade Española de Bioquímica e Bioloxía Molecular (SEBBM) ou a Sociedade
Española de
Neurociencia (SENC) expresaron a súa desconformidade co contido a Orde e demandan ao Ministerio de Seguridade Social que rectifique a regulación sobre a cotización retroactiva das persoas bolseiras de investigación.
Lembran que a comunidade científica realizou numerosas reivindicacións ao largo dos anos para que a carreira científica considerásese unha actividade laboral de pleno dereito en todas as súas fases. Un esforzo que se viu reflectido na Lei
14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación ao estabelecer a obriga da contratación laboral desde o inicio da fase de investigador predoutoral coa cotización á Seguridade Social.
Até entón, o persoal investigador que comezaba a súa carreira profesional percibía bolsas nas súas fases iniciais que non incluían dereitos sociais nin laborais como permisos de maternidade, de paternidade, baixas médicas ou vacacións.
O Real Decreto-Lei 2/2023 estabeleceu a posibilidade de subscribir un convenio especial para recuperar a cotización de 'períodos de prácticas' anteriores ao 2011, incluíndo o doutoramento. Inicialmente permitía regularizar dous anos, mais
despois estendeuse a cinco anos do citado período de formación. Porén, as asociacións advertiron ao Ministerio que esta norma non resolvía o problema das bolsas de investigación por completo, pois é habitual encontrar períodos sen cotización de ata
16 anos nas persoas bolseiras e que afectan á idade de acceso á xubilación e á pensión.
Así mesmo, desde os distintos colectivos fixeron chegar ao Ministerio alternativas que facilitaran a liquidación destas situacións e alertaron das dificultades que podería supor para moitos investigadores ter que asumir o custo de cubrir
retroactivamente cotas que terían que ter pagado as entidades emisoras das bolsas, moitas delas as Administracións públicas. De feito, desde as asociacións científicas presentaron en decembro pasado unha serie de alegacións ao proxecto de Orde,
entre as que se incluían propostas referidas a esta cuestión.
O malestar da comunidade científica incrementouse ao coñecer o contido da Orde publicada o pasado 1 de maio e comprobar que o Ministerio fixo caso omiso das alegacións presentadas por distintas asociacións, é máis, consideran que mesmo se
empeoraron as condicións do convenio.
A maior parte dos afectados e afectadas non pode asumir esta carga económica. Máxime cando o Ministerio decidiu cambiar a orde inicial e para calcular a cota considérase como base de cotización a vixente agora en 2024, en lugar das bases
correspondentes a cada ano, o que aumenta as cotas para pagar.
Poñen de exemplo o caso dunha persoa investigadora que recibía unha bolsa de 600 euros ao mes no ano 2000 e que, en base a esta regulación, vai ter que pagar 290 euros ao mes, case a metade da bolsa recibida.
É necesario que o Ministerio abra un diálogo sobre esta materia e que escoite á comunidade científica para modificar Orde e atender as súas demandas. Non é xusto que o período de regularización se limite a un máximo de cinco anos e que se
calculen as cotas en base ao ano 2024.
En conclusión, é necesario que o Ministerio atenda as demandas das organizacións científicas e das persoas afectadas procedendo a modificar a regulación do convenio especial, incorporando as alegacións e propostas presentadas polas
asociacións científicas como que só se cubra a cota de cotización que corresponde á persoa traballadora e que se contemple un mecanismo para que se recoñeza todo o tempo traballado con bolsas de investigación anterior á entrada en vigor da Lei de
Ciencia de 2011, sen o límite dos 5 anos.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a modificar a Orde ISM/386/2024, de 29 de abril, pola que se regula a subscrición de convenio especial coa Seguridade Social para o cómputo da cotización dos períodos de prácticas
formativas e de prácticas académicas externas, en coordinación coa comunidade científica, de forma que se incorporen as alegacións presentadas polas asociacións científicas ao proxecto
de Orde en relación a esta materia e se chegue a un consenso dando unha solución xusta ás persoas afectadas que permita e facilite o seu acceso a unha xubilación e pensión dignas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de maio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las
medidas pertinentes para crear un grupo de trabajo que estudie la forma en que los autónomos que tengan deudas con las Administraciones Públicas, Seguridad Social y Agencia Tributaria, puedan cobrar en su jubilación una pensión justa y digna, para
su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Partido Popular siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia el colectivo de los trabajadores autónomos y pymes, consciente de que sólo si facilita la actividad emprendedora y empresarial se puede crear empleo. Durante la X y XI
legislaturas, se han aprobado más leyes para apoyar a autónomos y emprendedores que en cualquier otro gobierno del periodo democrático.
Las medidas aprobadas por los diferentes Gobiernos del Partido Popular han dado sus frutos y el colectivo de trabajadores autónomos se ha visto notablemente incrementado y mejorado en los últimos años. Sin embargo, aún queda mucho camino
por recorrer.
El artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones para acceder a cualquier prestación. Esto significa, que un trabajador autónomo que lleve toda la vida
cotizando pero que por alguna desafortunada circunstancia no ha podido hacer frente a alguna cuota de la Seguridad Social, llegado el momento de jubilarse, no puede cobrar una pensión a pesar de tener los años de cotización requeridos para el cobro
de la misma.
Esta situación crea una enorme indefensión al trabajador autónomo afectado que, a pesar de haber estado trabajando y cotizando, no recibe su pensión, y por lo tanto, aunque tenga voluntad de cumplir, no tiene ingresos para afrontar el pago
de las cuotas debidas. Pero también supone un perjuicio para la Seguridad Social que deja de percibir el importe adeudado.
La rigidez de la legislación está provocando situaciones de insolvencia no deseadas por nadie suponiendo la ruina y desprotección de muchos trabajadores autónomos. Se trata de un requisito que de no ser matizado puede resultar injusto.
Debemos valorar el enorme esfuerzo que supone el emprendimiento y reconocer e impulsar el papel clave que los trabajadores autónomos tienen en nuestra economía y en nuestro mercado laboral eliminando trabas, cargas, e injusticias como esta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es fundamental flexibilizar las condiciones para que trabajadores autónomos con deudas a la Seguridad Social que tengan derecho a una pensión puedan cobrarla. No debemos estigmatizar a un
autónomo porque haya tenido una mala época o un mal mes, es nuestra responsabilidad ofrecer soluciones para que puedan hacer frente a los momentos adversos. Eso es política social. Si el trabajador cobra su pensión, y tiene voluntad, podrá hacer
frente a la deuda, aunque sea a plazos.
Resulta especialmente significativo que cuando cualquier autónomo o empresa se encuentra en una situación de insolvencia legal (concurso de acreedores) que impide el abono de las cotizaciones sociales -tanto las correspondientes al Régimen
general como las del RETA- se produce la paradoja de que mientras los trabajadores asalariados mantienen intacto su posterior derecho a la percepción de la pensión de jubilación, en cambio en el caso de los trabajadores autónomos titulares del
negocio se les priva totalmente de esta posibilidad debido a la redacción actual del artículo 47 de la Ley General de Seguridad Social.
En definitiva, se deben buscar soluciones de adoptar las medidas pertinentes para que los trabajadores autónomos con derecho a pensión que tengan deudas con las Administraciones Públicas, Seguridad Social y Agencia Tributaria, y también
aquellos que, dentro del marco de la segunda oportunidad, se hayan visto envueltos en proceso de concurso de acreedores puedan mantener su derecho a una pensión justa y digna.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para constituir, con carácter urgente, un grupo de trabajo de personas expertas en materia de trabajo autónomo, tanto de la administración pública como de las
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, para la realización de propuestas que permitan a los trabajadores autónomos que mantienen deudas con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y/o cualquier otra administración pública, hacer
frente a las mismas al mismo tiempo que se les reconoce el derecho a cobrar una pensión digna'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Alma Alfonso Silvestre, María Isabel Prieto Serrano, Irene Garrido Valenzuela, Sofía Acedo Reyes, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar medidas en el ámbito laboral que palien el impacto negativo de la
deslocalización sobre el empleo, eviten el dumping social y contribuyan al respeto de los derechos humanos, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La generalizada internacionalización de las empresas y la imparable deslocalización productiva hace que hoy una cuarta parte del PIB generado por actividad internacional del mundo este generado por actividad internacional.
El funcionamiento de la economía mundial durante estas últimas décadas se ha basado en el mayor peso específico de las inversiones multinacionales. Ahora bien, este proceso de internacionalización empresarial, deseable e imparable por los
cambios en el modelo de producción derivados principalmente de los cambios tecnológicos, se ha visto empañado cuando el objetivo perseguido es fundamentalmente la generación del mayor beneficio en el menor tiempo posible. Con esta finalidad se
buscan territorios de bajos costes laborales y con legislaciones laborales, industriales y medioambientales menos garantistas para las personas trabajadoras.
Las causas más significativas de esta deslocalización han sido, pues, la búsqueda de costes salariales más bajos así como otros beneficios económicos, como menor presión
fiscal, suelos industriales baratos, ayudas gubernamentales, entre otros. En definitiva, el objetivo es tener costes directos cada vez menores. La gran desigualdad de derechos y condiciones laborales entre los países son para algunas
grandes empresas multinacionales un elemento fundamental para su implantación en territorios sin ningún tipo de control ni exigencia sociolaboral.
Sin lugar a duda, estos procesos de internacionalización empresarial vienen avalados por la emergencia económica de cientos de millones de personas que han pasado de la supervivencia autárquica y medieval a la economía productiva,
favoreciendo el desarrollo de regiones en las que, hasta no hace mucho, simplemente se sobrevivía. Ahora bien, ello no evita el hecho de los efectos perversos que conlleva, como son la ausencia de derechos, la explotación laboral de millones de
personas, la lacra del trabajo infantil y la incapacidad de los Estados para hacer valer y cumplir los derechos humanos y laborales. Así como la pérdida de empleo por el traslado de las empresas, o de partes del proceso productivo, a un lugar
distinto de donde se situaba originalmente, en el denominado proceso de deslocalización.
Así, la explotación en las fábricas donde se elaboran los productos que luego consumimos en Occidente es motivo de alarma para las ONG que denuncian situaciones de esclavitud y de explotación laboral, a lo que añaden lo más vergonzante: la
generalización del trabajo infantil. Los últimos datos publicados por la OIT nos indican que hay 218 millones de niños y niñas trabajando, lo que les priva de su niñez y de su correcto desarrollo emocional, físico y mental, absolutamente
desprotegidos en su infancia y, por ende, en su madurez. Además, alrededor de 126 millones de niños y niñas llevan a cabo trabajos peligrosos.
Recordemos el derrumbe del complejo Rana Plaza donde, en abril de 2013, fallecieron más de un millar de trabajadoras bajo los escombros, sin que esta tragedia haya tenido una respuesta adecuada ni por los Gobiernos, ni por las empresas que
producen en los países en vías de desarrollo.
Las grandes firmas presionan a sus proveedores para producir ropa a precios cada vez más bajos, presión que se traslada a las personas trabajadoras en formas de largas jornadas, mal pagadas y sin derechos para que luego la prenda ya
confeccionada se venda en las tiendas del primer mundo a un precio que excede mucho del coste que ha supuesto para la firma su elaboración.
La otra cara negativa de la internacionalización de las empresas y que afecta de lleno a las personas trabajadoras es la facilidad con que se produce la deslocalización productiva. Las empresas no tienen fronteras y buscan maximizar los
beneficios disminuyendo los costes, prevaliéndose de unas legislaciones sociolaborales menos exigentes, tanto desde el punto de vista de la protección social, como de los derechos sindicales.
La deslocalización ha supuesto graves desequilibrios y desigualdades en el mercado de trabajo, ha traído mayor precariedad, mayor inestabilidad, más desempleo y debilitamiento del poder sindical. También ha modificado nuestro sistema de
relaciones laborales, por lo que no es un fenómeno que solo afecte a los países del tercer mundo.
Además, estos procesos han aumentado mucho en los períodos de crisis fomentados por unas reformas y unos ajustes impuestos para hacerles frente, sobre todo la desregularización de las relaciones laborales.
Así, en España, el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo su reforma del mercado de trabajo de 2012, en la que modificó el despido colectivo, flexibilizando la causa, bastando con que la empresa justificara pérdidas previstas, y no
actuales, o disminución de su nivel de ingresos durante tres trimestres consecutivos para su fundamentación, hecho que también beneficia cualquier estrategia de deslocalización. Esta situación también nos pone en la necesidad ineludible de
modificar la gran flexibilidad con la que el empresario puede extinguir los contratos de trabajo.
La globalización trata el trabajo como un factor económico más, sin deparar en su aspecto humano y social, hasta el punto de ver el derecho laboral y la acción sindical, sin olvidarnos de la necesaria protección social, como obstáculos al
desarrollo empresarial..
Es más las personas trabajadoras ven debilitada su posición negociadora ante la amenaza del cierre patronal y el traslado de la empresa a otro lugar.
Desgraciadamente también algunas empresas españolas están en el punto de mira por estas prácticas y actúan tan solo desde la perspectiva del máximo beneficio.
Las firmas de capital nacional han ido acometiendo gradualmente estrategias de deslocalización, con un número creciente de operaciones y de empleos afectados cada año. Principalmente las empresas de textil, confección, calzado, pero también
alimentos, bebidas, industria auxiliar del automóvil, tecnología, energía y últimamente en el sector transporte. La experiencia de la industria española demuestra que se han destruido empresas y puestos de trabajo mediante el simple procedimiento
de extinción de relaciones laborales y transferencia a países dotados de abundante mano de obra, pues los procedimientos de deslocalización son simples y rápidos, el cierre de una empresa en un lugar y la apertura en otro territorio para producir
los mismos productos, con objeto de abastecer y suministrar idénticos mercados, son sencillos, y estos procesos han llevado aparejada efectos graves sobre nuestro empleo, tanto sobre su propia existencia como sobre su calidad.
Así como en el ámbito de la Unión Europea se tratan de paliar los efectos negativos de los desplazamientos transnacionales, mediante la regulación de unas normas mínimas de aplicación, no existe prácticamente ninguna medida en el ámbito
nacional para evitar los efectos negativos de la deslocalización. En ámbito interno deberíamos ser capaces de potenciar un sistema de relaciones laborales que restaure el carácter tuitivo y equilibrador de las relaciones laborales, no supeditado
solo a la situación económica, en el que se haga prevalecer la autonomía colectiva sobre la individual y la estabilidad laboral. Y que potencie la participación de los interlocutores sociales en las decisiones empresariales que afecten a la
compartimentación o disgregación territorial del proceso productivo. Es necesario defender la protección social como elemento inseparable de la recuperación económica y de la buena marcha empresarial.
Incluso en muchos casos las empresas han recibido de las administraciones públicas subvenciones y otro tipo de ayudas para la realización de inversiones y fomento del empleo, para el crecimiento económico de la propia empresa, y, una vez
recibidas estas ayudas, han trasladado todo o parte de su proceso industrial a otros países, con el único objetivo de maximizar el beneficio. Alegan como causa de cierre el mantenimiento de la competitividad, pero asumiendo una concepción de la
competitividad pasiva, únicamente basada en bajos costes.
Esta cuestión requiere un amplio abanico de medidas para limitar los efectos negativos, como medidas de modernización e innovación empresarial para que nuestras empresas apuesten por una competencia y productividad no basadas en los bajos
salarios, sino en un incremento de la calidad del producto, incorporando las nuevas tecnologías y la necesidad de impulsar estrategias de internacionalización, mejorando los instrumentos de apoyo a la exportación.
Es preciso adoptar también medidas que promuevan una 'ética empresarial' para que las multinacionales en su proceso de externalización de la producción respeten unas condiciones laborales que impidan fa explotación laboral. Al respecto, se
señala como buena práctica la elaboración de un Libro Blanco para la Cooperación al Desarrollo, similar al que existe en otros países europeos para priorizar la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo. La deslocalización y
globalización generan espacios propios de indignidad laboral o explotación esclavista y hacen imprescindible someterlas a códigos universales mínimos de dignidad laboral.
Es preciso recuperar la negociación colectiva y garantizar una mayor presencia del movimiento sindical, para que mediante el diálogo y la negociación en todos los ámbitos, se consiga hacer frente a la discrecionalidad de actuación de algunas
empresas.
Esta Proposición no de Ley pretende paliar los efectos negativos que la deslocalización provoca en nuestro mercado de trabajo: eliminación de puestos de trabajo, competencia entre trabajadores, precarización de las condiciones laborales,
bajada de salarios, deterioro del poder sindical y de los representantes unitarios, ya que ante las amenazas de
cierre, los trabajadores terminan cediendo a gran parte de las exigencias empresariales y asumen una pérdida de derechos laborales. En definitiva, evitar el dumping social.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Instar al reforzamiento de la acción normativa de la OIT, para asegurar unos estándares mínimos de condiciones de trabajo y fortalecer las regulaciones internacionales de las relaciones de trabajo, con inclusión de medidas sancionatorias
para los distintos Estados o particulares que los incumplan incurriendo en menoscabo de los derechos laborales, entre ellas, la devolución de las ayudas públicas, bonificaciones o subvenciones que les hubieran sido concedidas en el marco de las
políticas activas de empleo o de fomento de empleo,
- Adoptar las medidas que permitan una participación más activa en la negociación y en la ejecución de las decisiones empresariales relativas a la compartimentación del proceso productivo o deslocalización territorial, para asegurar un
procedimiento con todas las garantías y tutelas a las personas trabajadores.
- Favorecer la modernización e innovación empresarial como método para ganar en competitividad y productividad en las empresas.
- Fomentar la implantación de códigos de buenas prácticas en los procesos de externalización y deslocalización'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Trabajo,
Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, relativa al establecimiento por ley un despido realmente restaurativo y disuasorio
Exposición de motivos
El despido puede tener consecuencias devastadoras para la persona trabajadora y su familia, y no sólo a nivel económico, sino también emocional.
Estas consecuencias negativas son peores en caso de que el despido sea injustificado. Esta es una de las razones, la primera, por humana y social, por las que la cuantía de la indemnización por despido improcedente debería reflejar el daño
real y tangible causado a la persona trabajadora como resultado de la pérdida de su empleo. Este daño está referido a la pérdida de ingresos y de estabilidad económica, pero también está relacionado con un aumento en los niveles de estrés, que
puede persistir incluso después de encontrar otro empleo. En tal sentido, existen diversos estudios que concluyen que el despido sin causa puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental a largo plazo, como trastornos de ansiedad y depresión
crónica.
Por otro lado, la existencia de una indemnización que funcione como mecanismo realmente disuasorio del despido sin causa es necesaria para eliminar determinadas distorsiones en las relaciones de trabajo, que resultan especialmente
perniciosas para las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en el tejido productivo de España.
De hecho, que la cuantía indemnizatoria del despido no tenga en cuenta la cifra de negocios de la empresa, su tamaño u otras circunstancias similares, contribuye a deformar el equilibrio competitivo y a promover prácticas mercantiles
injustas socialmente. Las empresas más grandes o con mayores recursos financieros que deciden despedir de manera injustificada no enfrentan proporcionalmente las mismas consecuencias económicas que las más pequeñas. Esto crea un entorno desigual y
puede fomentar prácticas de dumping social que resultan poco rentables para la economía en su conjunto, al conducir a las empresas a pensar las ventajas competitivas en términos de precariedad laboral, en lugar de hacerlo en materia de innovación,
formación o internacionalización.
Los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea (UE) abordan de manera diversa el despido improcedente y la indemnización correspondiente. Mientras algunos países mantienen un sistema de indemnización por despido basado en una cantidad
tasada de días por año de servicio, otros han optado por enfoques más restaurativos y disuasorios, que tienen en cuenta las circunstancias concretas tanto de las empresas como de las personas trabajadoras.
Por ejemplo, en países como Francia y Alemania, la indemnización por despido improcedente se determina considerando factores como la antigüedad de la persona trabajadora o su salario, pero también las circunstancias específicas del despido.
En Francia, se utiliza un sistema de baremos que toma en cuenta estos elementos para calcular la compensación adecuada, mientras que en Alemania se establecen reglas específicas según el tipo de contrato y la duración del empleo.
Este enfoque más restaurativo busca compensar adecuadamente a las personas afectadas por el despido, así como disuadir a las empresas de realizar despidos injustificados. Además, se basa en el principio de equidad y justicia, al considerar
las circunstancias individuales de cada caso.
En contraste, en España, el sistema de indemnización por despido improcedente se basa principalmente en una cantidad fija de días por año de servicio, sin tener en cuenta otras circunstancias relevantes. El artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece una indemnización tasada de 33 días de salario por año trabajado (por efecto de las disposiciones transitorias de la
reforma de 2012, en algunos casos y para algunos periodos, de 45 días por año trabajado), sin posibilidad de individualización alguna.
Ello implica que las empresas pueden decidir extinguir el contrato de manera unilateral en cualquier momento, sabiendo con exactitud cuál va a ser el coste de la indemnización por despido y sin que la persona trabajadora pueda reclamar una
indemnización adicional por los daños y perjuicios causados, con una excepción: la existencia de una causa discriminatoria proscrita por la Constitución.
No obstante, es posible afirmar que el despido sin causa resulta suficiente para violentar, por sí mismo y sin necesidad de motivación discriminatoria alguna, el ordenamiento jurídico español, puesto que supone la infracción del derecho al
trabajo reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española, que implica no solo la libertad de trabajar, sino también el derecho a un empleo digno y a la protección contra el despido arbitrario.
Además, una indemnización tasada por despido injustificado también genera contradicciones con el Derecho de la UE en materia laboral. La Directiva 98/59/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
que se refieren a los despidos colectivos, establece que los Estados Miembros deben garantizar que las personas afectadas por despidos colectivos tengan acceso a medidas de protección adecuadas, incluida una indemnización equitativa. El sistema
español, basado en una cantidad tasada de días por año de servicio, no cumple completamente con este requisito, ya que no siempre garantiza una compensación justa y proporcional a las circunstancias individuales de cada persona trabajadora
despedida.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Carta Social Europea, el ejercicio efectivo del derecho de las personas trabajadoras a la protección en caso de despido sin razón válida implica garantizar una indemnización adecuada
u otra reparación apropiada.
En términos similares se pronuncia el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando establece que, en caso de terminación injustificada de la relación de trabajo, los órganos competentes deberán
tener la capacidad bien de anular la terminación y proponer la readmisión de la persona trabajadora, o bien de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.
Es consecuencia, tomando como base la Constitución Española, la legislación europea, la Carta Social Europea o el Convenio 158 de la OIT -ambos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país- resulta evidente que el problema del
ordenamiento jurídico español no está en la suficiencia o insuficiencia de la indemnización por despido improcedente, sino, sobre todo, en lo injustificado y hasta injusto del módulo de fijación de esta.
Resulta necesaria, así, una revisión de la legislación española, que debería ser impulsada por el Gobierno de la mano del dialogo social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo dispuesto por los instrumentos internacionales ratificados, en particular la Carta Social Europea, en la
interpretación que de ella hace el Comité Europeo de Derechos Sociales, y el Convenio 158 de la OIT, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea realmente disuasoria y restaurativa'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Verónica Martínez Barbero, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/000891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción del segmento
del turismo deportivo en el Levante español, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Levante español se caracteriza por su clima Mediterráneo y su abrupta orografía, lo que convierte a esta zona en un destino perfecto para los deportes de montaña, especialmente durante la temporada de invierno cuando en los países del
norte de Europa sus condiciones meteorológicas tan adversas hacen realmente difícil el entrenamiento en el exterior para los deportistas.
Cabe explicar que entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se acumulan más de 100 picos que superan los 1.000 metros de altura, en los que rara vez nieva y que se encuentran en zonas con una densidad de población baja. En este
sentido, promocionar el turismo deportivo de montaña en estas zonas contribuiría entre otras ventajas a: evitar el despoblamiento de dichas zonas; así como que sean conocidas fuera de nuestras fronteras y posicionarlas en el mapa como destinos
internacionales de turismo rural, generando para ellas un marco de oportunidades y de recursos que por sí mismas no pueden crear.
Asimismo, como las montañas se encuentran a corta distancia de la línea litoral, supondría otra herramienta complementaria para los destinos conocidos como 'de sol y playa' para mantener la actividad turística en invierno y periodos de baja
ocupación, contribuyendo positivamente por consiguiente a la desestacionalización y la diversificación de la oferta turística en estas áreas.
En este sentido, se ha demostrado que la pandemia ha acelerado el interés por la práctica de deportes al aire libre: según datos de la Estadística de Deporte Federado elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), en 2022 el número
total de licencias federadas deportivas fue de 4.107,3 millones, siendo 289.605 las de montaña, lo cual supone un 7 % del total de licencias.
En 2022, 2,4 millones de personas no residentes se desplazaron a España con el objetivo de practicar deportes, lo cual representa un 3,5 % del total de turistas internacionales recibidos, según el informe Año Deportivo 2022 de STRAVA.
Teniendo en cuenta que el gasto que hacen los turistas internacionales es superior al que efectúan los turistas residentes, fundamentalmente porque sus estancias tienden a tener una duración más larga, la promoción internacional de estas actividades
repercutiría muy positivamente en el sector turístico del Levante español por el desembolso e incremento del gasto en nuestros destinos locales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la adopción de las siguientes medidas:
1. Apoyar una línea de trabajo específica en compañía de las Diputaciones Provinciales y los Gobiernos autonómicos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana respectivamente de cara a impulsar una estrategia de segmentación compartida
de estos dos territorios como destinos de experiencias turísticas deportivas de montaña a escala internacional.
2. Diseño y despliegue ante nuestros mercados emisores de turistas de campañas de promoción a nivel internacional de estas zonas turísticas como destinos para la práctica de deportes de montaña, incentivando su notoriedad.
3. Colaborar y cooperar de manera integral con las Diputaciones Provinciales y los Gobiernos autonómicos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana con la finalidad de incentivar y promover la construcción de centros de alto
rendimiento para deportistas federados en zonas de montaña'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, Mirian Guardiola Salmerón, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Isabel María Borrego Cortés,
Juan Luis Pedreño Molina, Violante Tomás Olivares, Alma Alfonso Silvestre, Óscar Clavell López, Fernando de Rosa Torner, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Esteban González Pons, Belén Hoyo Juliá, Sandra Pascual Rocamora y Esperanza Reynal
Reillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa
a las condiciones laborales y salariales del convenio de Navantia para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Navantia es una empresa pública propiedad de la SEPI dedicada a la construcción naval con centros de trabajo en la bahía de Cádiz, Cartagena, Madrid y la ría de Ferrol, que por su historia, dimensión, capacidad constructiva y operativa,
nivel tecnológico, clientes, facturación y volumen de empleo es una de las grandes empresas industriales de su sector en el panorama mundial.
Su papel como empresa tractora y motor económico de los territorios donde se sitúan sus centros de trabajo es reconocido explícitamente por todos los sucesivos gobiernos, siendo uno de los principales instrumentos para la consecución de
objetivos de sus respectivas estrategias en materia de política industrial y económica.
El volumen de empleo a lo que nos referíamos de inicio llega en la ría de Ferrol al entorno de los 1.800 empleos directos por parte de la propia Navantia, sin contar la industria auxiliar o complementaria, lo que en una zona económica y
demográficamente deprimida cómo la de Ferrol, coloca las condiciones salariales de la plantilla de Navantia y la negociación de su convenio colectivo como una cuestión de la máxima relevancia económica y social para toda la comarca.
La negociación del convenio colectivo lleva prácticamente paralizada desde que finalizó la vigencia del anterior, en diciembre del año 2021, un convenio, el último, negociado en unas condiciones muy diferentes las actuales en cuanto a carga
de trabajo y perspectivas de futuro, además de totalmente vinculado, por decisión empresarial, a un proceso paralelo de renovación de plantilla que desvirtuó en buena medida la negociación del propio convenio.
En la actualidad el proceso se encuentra en punto muerto ante la negativa de la empresa a atender las principales demandas de la parte social. El BNG, siempre con el máximo respeto a la autonomía de las partes, quiere llamar la atención de
los poderes públicos al respeto de estas demandas, en la medida en que, sin entrar al detalle, sí que nos parecen un marco de discusión legítimo e incluso positivo desde el punto de vista de la organización empresarial y de sus relaciones laborales,
con efectos positivos también para la economía de la comarca de Ferrol.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a trasladar a la mesa de negociación del convenio colectivo de Navantia una posición favorable a las siguientes materias:
1. A la reducción de la jornada anual.
2. A homogeneizar todos los conceptos variables que se aplicarán a todos los grupos profesionales.
3 A la eliminación de los niveles salariales de entrada introducidos en el último convenio.
4 A la homologación y objetivación de los conceptos salariales variables.
5. Al establecimiento de un sistema objetivo de promoción profesional eliminando la arbitrariedad.
6. A la recuperación del poder adquisitivo incorporando el IPC como indicador de referencia
7. Al establecimiento de sistema de jubilación anticipada que permitan la salida del personal a los 61 años con la reposición de este personal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás condicións laborais e salariais do convenio de Navantia para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.
Exposición de motivos
Navantia é unha empresa pública propiedade da SEPI dedicada á construción naval con centros de traballo na baía de Cádiz, Cartaxena, Madrid e a ría de Ferrol, que pola súa historia, dimensión, capacidade construtiva e operativa, nivel
tecnolóxico, clientes, facturación e volume de emprego é unha das grandes empresas industriais do seu sector no panorama mundial.
O seu papel como empresa tractora e motor económico dos territorios onde se sitúan os seus centros de traballo é recoñecido explicitamente por todos os sucesivos gobernos, sendo un dos principais instrumentos para a consecución de obxectivos
das súas respectivas estratexias en materia de política industrial e económica.
O volume de emprego ao que nos referiamos de inicio chega na ría de Ferrol ao entorno dos 1.800 empregos directos por parte da propia Navantia, sen contar a industria auxiliar ou complementaria, o que nunha zona económica e demograficamente
deprimida como a de Ferrol, coloca as condicións salariais do cadro de persoal de Navantia e a negociación do seu convenio colectivo como unha cuestión da máxima relevancia económica e social para toda a comarca.
A negociación do convenio colectivo leva practicamente paralizada desde que rematou a vixencia do anterior, en decembro do ano 2021, un convenio, o último, negociado nunhas condicións moi diferentes as actuais en canto a carga de traballo e
perspectivas de futuro, ademais de totalmente vinculado, por decisión empresarial, a un proceso paralelo de renovación de cadros de persoal que desvirtuou en boa medida a negociación do propio convenio.
Na actualidade o proceso atópase en punto morto ante a negativa da empresa a atender as principais demandas da parte social. O BNG, sempre co máximo respecto á autonomía das partes, quere chamar a atención dos poderes públicos ao respecto
destas demandas, na medida en que, sen entrar ao detalle, si que nos parecen un marco de discusión lexítimo e mesmo positivo do punto de vista da organización empresarial e das súas relacións laborais, con efectos positivos tamén para a economía da
comarca de Ferrol.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a trasladar á mesa de negociación do convenio colectivo de Navantia unha posición favorábel ás seguintes materias:
1. Á redución de xornada anual
2. A homoxeneizar todos os conceptos variábeis que serán de aplicación a todos os grupos profesionais
3. Á eliminación dos niveis salariais de entrada introducidos no último convenio
4. Á homologación e obxectivación dos conceptos salariais variábeis
5. Ao establecemento dun sistema obxectivo de promoción profesional eliminando a arbitrariedade
6. Á recuperación de poder adquisitivo incorporando o IPC como indicador de referencia.
7. Ao establecemento de sistemas de xubilación anticipada que permitan a saída do persoal aos 61 anos coa reposición deste persoal'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de maio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover medidas en materia de transición energética y descarbonización del
sector turístico, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Los Acuerdos de París de 2015, firmados por España, establecieron por primera vez el objetivo de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 y, recientemente, hemos ratificado nuestro compromiso con el planeta en la
28.ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Un objetivo que en la Unión Europea (UE) es vinculante desde que se aprobó la Ley Europea del .Clima en 2021.
La UE, además, también fija los objetivos de descarbonización intermedios para 2030 de reducir las emisiones al menos un 55 % respecto a los niveles de 1990 y ha propuesto, para 2040, una reducción del 90 %. Esta transición hacia energías
renovables para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero supone una gran transformación para todos los sectores económicos, en especial en aquellos que son estratégicos para nuestra economía y la generación de empleo.
El sector turístico no es ajeno a esta transición e incluye actividades que hoy en día son altamente contaminantes, careciendo aún de una tecnología ecológica capaz de sustituir los combustibles fósiles como, por ejemplo, en el transporte
aéreo o marítimo. Pero dentro del mismo sector también encontramos subsectores donde hoy en día sí es posible una transición energética rápida para dejar de contaminar y que tendría un alto impacto sobre el medioambiente, como son la hostelería y
la restauración.
Estas son dos actividades que tienen la capacidad de mantener su actividad económica sustituyendo las fuentes de energía contaminantes que consumen por otras fuentes de energía más verdes. Los establecimientos turísticos, por ejemplo, han
usado tradicionalmente instalaciones térmicas que funcionan con fueloil o gasoil, pero ya existen ejemplos en España de establecimientos que han dejado atrás esta tecnología para pasar a consumir el cien por cien de su energía proveniente de fuentes
renovables.
España tiene la obligación de cumplir con el objetivo de 2030 de reducir al menos el 55 % de sus emisiones respecto a los niveles de 1990. De hecho, somos un país con un alto potencial en generación de energía renovable, donde nuestro mix
nacional ya supera el 50 % gracias a la eólica y la solar fotovoltaica y esto nos permite poder aspirar a un objetivo más ambicioso para el año 2030.
Para llegar a cumplir con estos objetivos marcados es primordial que aquellos sectores que hoy en día tienen a su disposición tecnologías para acometer la transición energética lo hagan. Ante este contexto, por lo tanto, la hostelería y la
restauración es de los sectores que más pueden aportar al objetivo de reducir la huella ambiental de la actividad turística. La transición energética en estos establecimientos no es solo una responsabilidad y una obligación legal. Es, sobre todo,
una oportunidad para las empresas, ya que las evidencias muestran que los consumidores valoran cada vez más criterios de sostenibilidad ecológica en los productos que consumen.
Además de ejemplos de establecimientos muy avanzados en esta transición, en España también disponemos de ejemplos de legislación que incentiva estos cambios y pueden ser consideradas como buenas prácticas públicas. Por ejemplo, la Ley
3/2022, de 15 de junio, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears, que regula la eliminación de las instalaciones térmicas que funcionen con gasóleo o fueloil en los establecimientos turísticos.
Por lo tanto, la transición hacia un consumo de fuentes de energía alternativas en la hostelería y restauración es hoy en día posible gracias a la tecnología existente. Además, la eliminación de instalaciones térmicas es ya una medida
legalmente vinculante en, al menos, una comunidad autónoma de nuestro país.
A todo lo anterior se le suma la apuesta del Gobierno de España por promover la transición energética en el sector turístico, desplegando programas y ayudas que permiten avanzar en este sentido. Ejemplo de ello es la distribución
territorial entre comunidades y ciudades autónomas para Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas para el ejercicio 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, entre las comunidades y ciudades autónomas y en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de un marco normativo sostenible para favorecer que el sector turístico pueda eliminar progresivamente aquellas instalaciones térmicas
que funcionen con combustibles fósiles y la sustitución por otras más eficientes que empleen fuentes de energía renovables con el objetivo de aumentar su capacidad de abastecimiento de energía y reducir la huella ambiental de la actividad turística.
2. Compartir, entre las distintas administraciones, buenas prácticas en la implementación de planes de sustitución de instalaciones térmicas por fuentes de energía alternativa como instalaciones de biomasa, aerotermia o energía
fotovoltaica.
3. Solicitar a las comunidades y ciudades autónomas su contribución para generar un modelo turístico más sostenible y descarbonizado mediante el establecimiento de ayudas específicas al sector turístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Pepe Mercadal Baquero, Adriana Maldonado López, Cristina López Zamora, Andreu Martín Martínez, César Joaquín Ramos Esteban, María Carmen Castilla Álvarez, María Dolores Corujo
Berriel, Maria Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, María de las Nieves Ramírez Moreno, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Patricia Otero Rodríguez, Jesús Mayoral Pérez e Isabel María Pérez Ortiz, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse
Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Plan de Empleo anunciado para Navantia en 2023 para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Navantia es una empresa pública propiedad de la SEPI dedicada a la construcción naval con centros de trabajo en la bahía de Cádiz, Cartagena, Madrid y la ría de Ferrol, que por su historia, dimensión, capacidad constructiva y operativa,
nivel tecnológico, clientes, facturación y volumen de empleo es una de las grandes empresas industriales de su sector en el panorama mundial.
Su papel como empresa tractora y motor económico de los territorios donde se sitúan sus centros de trabajo es reconocido explícitamente por todos los sucesivos gobiernos, siendo uno de los principales instrumentos para la consecución de
objetivos de sus respectivas estrategias en materia de política industrial y económica.
El volumen de empleo a lo que nos referíamos de inicio llega en la ría de Ferrol al entorno de los 1.800 empleos directos por parte de la propia Navantia, sin contar la industria auxiliar o complementaria, lo que en una zona económica y
demográficamente deprimida como la de Ferrol, coloca las condiciones salariales del plantel de Navantia y la negociación de su convenio colectivo como una cuestión de la máxima relevancia económica y social para toda la comarca.
En el mes de marzo del pasado año 2023 el Presidente del Gobierno español, el Sr. Pedro Sánchez, anunció la contratación de 1.500 trabajadores y trabajadoras para reforzar las plantillas de la empresa. Este anuncio fue saludado de
inmediato por la representación legal del personal, que además de celebrar el anuncio, instaba al Gobierno a formalizar lo antes posible el foro donde concretar las condiciones en las que se habían de producir esas nuevas incorporaciones,
básicamente plazos, distribución territorial, orgánica y funcional.
Este anuncio provocó en la comarca de Ferrol alguna otra reacción, entre el estupor, la indignación y mismo la preocupación, ya que al contrario que nos demás centros de la empresa, en la ría de Ferrol, aun no se completaron las
incorporaciones correspondientes al anterior plan de empleo, estando pendientes un total de 100 nuevas contrataciones.
Pues bien, a día de hoy, aun sin constituir ese foro demandado por la parte social y aún sin completar las incorporaciones en la comarca de Ferrol, ya se produjo la contratación de 100 nuevas personas en los centros situados en la bahía de
Cádiz, lo que constituye una discriminación flagrante, en términos políticos, una falta de respeto a la representación legal del personal y una gran torpeza empresarial, en la medida en que significa desatender las necesidades de mano de obra del
principal centro productivo y con más carga de trabajo de la empresa.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a establecer un reparto por centros de esas 1500 nuevas contrataciones atendiendo a una distribución proporcional al actual volumen de empleo de los respectivos centros de trabajo de
Navantia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao Plan de Emprego anunciado para Navantia en 2023 para o seu debate na Comisión de industria e Turismo.
Exposición de motivos
Navantia é unha empresa pública propiedade da SEPI dedicada á construción naval con centros de traballo na baía de Cádiz, Cartaxena, Madrid e a ría de Ferrol, que pola súa historia, dimensión, capacidade construtiva e operativa, nivel
tecnolóxico, clientes, facturación e volume de emprego é unha das grandes empresas industriais do seu sector no panorama mundial.
O seu papel como empresa tractora e motor económico dos territorios onde se sitúan os seus centros de traballo é recoñecido explicitamente por todos os sucesivos gobernos, sendo un dos principais instrumentos para a consecución de obxectivos
das súas respectivas estratexias en materia de política industrial e económica.
O volume de emprego ao que nos referiamos de inicio chega na ría de Ferrol ao entorno dos 1.800 empregos directos por parte da propia Navantia, sen contar a industria auxiliar ou complementaria, o que nunha zona económica e demograficamente
deprimida como a de Ferrol, coloca as condicións salariais do cadro de persoal de Navantia e a negociación do seu convenio colectivo como unha cuestión da máxima relevancia económica e social para toda a comarca.
No mes de marzo do pasado ano 2023 o presidente do goberno español, o Sr. Pedro Sánchez, anunciou a contratación de 1.500 traballadores e traballadoras para reforzar os cadros de persoal da empresa. Este anuncio foi saudado de inmediato
pola representación legal do persoal, que ademais de celebrar o anuncio, instaba ao goberno a formalizar canto antes o foro onde concretar as condicións nas que se habían de producir esas novas incorporacións, basicamente prazos, distribución
territorial, orgánica e funcional.
Este anuncio provocou na comarca de Ferrol algunha outra reacción, entre o estupor, a indignación e mesmo a preocupación, xa que ao contrario que nos demais centros da empresa, na ría de Ferrol, aínda non se completaron as incorporacións
correspondentes ao anterior plan de emprego, estando pendentes un total de 100 novas contratacións.
Pois ben, a día de hoxe, aínda sen constituír ese foro demandado pola parte social e aínda sen completar as incorporacións na comarca de Ferrol, xa se produciu a contratación de 100 novas persoas nos centros situados na baía de Cádiz, o que
constitúe unha discriminación flagrante, en termos políticos, unha falta de respecto á representación legal do persoal e unha gran torpeza empresarial, na medida en que significa desatender as necesidades de man de obra do principal centro produtivo
e con máis carga de traballo da empresa.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a estabelecer un reparto por centros desas 1500 novas contratacións atendendo a unha distribución proporcional ao actual volume de emprego dos respectivos centros de traballo de Navantia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de maio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Plan Industrial Navantia Ría de Ferrol para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Navantia es una empresa pública propiedad de la SEPI dedicada a la construcción naval con centros de trabajo en la bahía de Cádiz, Cartagena, Madrid y la ría de Ferrol, que por su historia, dimensión, capacidad constructiva y operativa,
nivel tecnológico, clientes, facturación y volumen de empleo es una de las grandes empresas industriales de su sector en el panorama mundial.
Su papel como empresa tractora y motor económico de los territorios donde se sitúan sus centros de trabajo es reconocido explícitamente por todos los sucesivos gobiernos, siendo uno de los principales instrumentos para la consecución de
objetivos de sus respectivas estrategias en materia de política industrial y económica.
Sin embargo, las declaraciones públicas de apuesta y defensa del sector no siempre casan bien con la realidad y el ejemplo de las políticas aplicadas a los centros de Navantia en la ría de Ferrol son bien ilustrativos. La política conocida
como de reconversión aplicada por los diferentes gobiernos del Estado, resultó ser una política absolutamente decidida a reducir capacidades y ha provocado una pérdida de población, nombradamente de población activa, en la comarca de Ferrol que no
tiene comparación con ninguna otra ciudad o comarca del Estado español.
Una mezcla de restricciones europeas (hoy vencidas) en favor de la consolidación de la construcción naval en los Estados centrales de la UE; la dificultad de competir en los comprados mundiales contra los constructores asiáticos sin los
necesarios instrumentos de intervención y regulación en el comprado y en la industria que compensen los que aplican aquellos Estados; y los diseños propios del Estado español claramente favorables a los astilleros del grupo situados en la Bahía de
Cádiz en detrimento de los centros gallegos, son parte del contexto económico y socio-político en el que se está desarrollando el debate al respeto del sector naval público en la Ría de Ferrol, así como las sucesivas negociaciones de Planes
industriales para Navantia.
La negociación actualmente en marcha no es una excepción y vemos como reivindicaciones de la parte social de Navantia ría de Ferrol, de modernización de las instalaciones con nuevas infraestructuras bien dimensionadas, de recuperación de
actividades como la construcción naval civil, así como la de introducirse en los segmentos con mayor carga tecnológica de las nuevas actividades, como las relacionadas con las energías renovables, todas las eres demandas orientadas a garantizar el
futuro de la empresa, del empleo, de la creación de riqueza en la comarca y, por lo tanto, a promover una recuperación demográfica y socio-económica real de la comarca de Ferrol son rechazadas por la representación de la empresa pública.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a la:
1. Adjudicación al Centro Navantia Ría de Ferrol de las construcciones militares de mediano y gran porte, como venía siendo norma históricamente.
2. Recuperación de la actividad de construcción naval civil.
3. Introducción de Navantia ría de Ferrol en los segmentos con mayor carga tecnológica de las actividades relacionadas con las energías renovables y la descarbonización de la movilidad marítima.
4. Dotación de nuevas infraestructuras, como un dique para nueva construcción y otro para reparaciones de mayores dimensiones que actual dique 3, así como mejorar y aumentar la capacidad de los sistemas de elevación de cargas.
5. Descentralización de la política de compras y subcontratación favoreciendo al tejido empresarial del territorio de referencia para Navantia ría de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao Plan Industrial para Navantia Ría de Ferrol para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.
Exposición de motivos
Navantia é unha empresa pública propiedade da SEPI dedicada á construción naval con centros de traballo na baía de Cádiz, Cartaxena, Madrid e a ría de Ferrol, que pola súa historia, dimensión, capacidade construtiva e operativa, nivel
tecnolóxico, clientes, facturación e volume de emprego é unha das grandes empresas industriais do seu sector no panorama mundial. O seu papel como empresa tractora e motor económico dos territorios onde se sitúan os seus centros de traballo é
recoñecido explicitamente por todos os sucesivos gobernos, sendo un dos principais instrumentos para a consecución de obxectivos das súas respectivas estratexias en materia de política industrial e económica.Mais as declaracións públicas de aposta e
defensa do sector non sempre casan ben coa realidade e o exemplo das políticas aplicadas aos centros de Navantia na ría de Ferrol son ben ilustrativos. A política coñecida como de reconversión aplicada polos diferentes Gobernos do Estado, resultou
ser unha política absolutamente decidida a reducir capacidades e ten provocado unha perda de poboación, nomeadamente de poboación activa, na comarca de Ferrol que non ten comparación con ningunha outra cidade ou comarca do Estado español. Unha
mestura de restricións europeas (hoxe vencidas) en favor da consolidación da construción naval nos Estados centrais da UE; a dificultade de competir nos mercados mundiais contra os construtores asiáticos sen os necesarios instrumentos de
intervención e regulación no mercado e na industria que compensen os que aplican aqueles Estados; e os deseños propios do Estado español claramente favorábeis aos estaleiros do grupo situados na Baía de Cádiz en detrimento dos centros galegos, son
parte do contexto económico e socio-político no que se ven desenvolvendo o debate ao respecto do sector naval público na Ría de Ferrol, así como as sucesivas negociacións de Plan industriais para Navantia. A negociación actualmente en marcha non é
unha excepción e vemos como reivindicacións da parte social de Navantia ría de Ferrol, de modernización das instalacións con novas infraestruturas ben dimensionadas, de recuperación de actividades como a construción naval civil, así como a de
introducirse nossegmentos con maior carga tecnolóxica das novas actividades, como as relacionadas coas enerxías renovábeis, todas elas demandas orientadas a garantir o futuro da empresa, do emprego, da creación de riqueza na comarca e, polo tanto, a
promover unha recuperación demográfica e socio-económica real da comarca de Ferrol son rexeitadas pola representación da empresa pública.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado á:
1. Adxudicación ao Centro Navantia Ría de Ferrol das construcións militares de mediano e gran porte, como viña sendo norma historicamente.
2. Recuperación da actividade de construción naval civil.
3. Introdución de Navantia ría de Ferrol nos segmentos con maior carga tecnolóxica das actividades relacionadas coas enerxías renovábeis e a descarbonización da mobilidade marítima.
4. Dotación de novas infraestruturas, como un dique para nova construción e outro para reparacións de maiores dimensións que actual dique 3, así como mellorar e aumentar a capacidade dos sistemas de elevación de cargas.
5. Descentralización da política de compras e subcontratación favorecendo ao tecido empresarial do territorio de referencia para Navantia ría de Ferrol.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de maio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar la deslocalización de la
empresa Saint-Gobain en Avilés (Asturias) y apoyar a los trabajadores de Sekurit, división de automóvil de la empresa, que ya ha anunciado su cierre inminente, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El cierre de la división Sekurit en Avilés, anunciado por la multinacional francesa Saint- Gobain, ha generado una situación de gran preocupación en los trabajadores, en las 280 familias afectadas y en toda la ciudad. Este cierre, deja sin
empleo a más de 160 trabajadores directos y otros 120 indirectos que pertenecen a empresas auxiliares, de las que alguna de ellas, ya ha anunciado que se verá obligada a cesar también la actividad, con el correspondiente impacto en la ciudad y en
toda la región asturiana.
Tras el cierre de Baterías de Cok, la venta y posterior cierre de Alcoa del que aún no se ha recuperado el sector, sumamos ahora planta de Sekurit, dedicada a la fabricación de parabrisas para automóviles y tenemos como resultado, la pérdida
de más de 1.354 puestos de trabajo en la industria avilesina, en tan sólo cinco años.
En principio, Saint-Gobain ha anunciado que espera poder mantener la división de construcción, en la que invertirá próximamente 5 M para la reparación de un horno, como muestra de continuidad.
La consecuencia del cierre de la planta de Sekurit, deriva del asentamiento de la multinacional francesa Saint-Gobain en Marruecos, donde está presente desde 1999 y donde ha reforzado en los últimos años su presencia industrial, lo que avala
su estrategia de crecimiento en países emergentes.
La decisión de desviar la producción de Saint-Gobain Sekurit a Marruecos se basa en varios factores clave:
- Costes Laborales y Proximidad Geográfica:
La proximidad geográfica con Europa facilita la logística y el acceso a los mercados europeos.
- Inversión en Formación y Equipamiento Industrial:
Saint-Gobain Sekurit ha realizado una importante inversión en formación para su equipo en Marruecos.
La nueva fábrica en Kénitra está equipada con tecnología de última generación para la fabricación de parabrisas.
- Estabilidad Política y Potencial Industrial:
Marruecos se considera un país con estabilidad política y un potencial industrial en crecimiento.
La estrategia de Saint-Gobain incluye fortalecer su presencia en esta región para aprovechar oportunidades de negocio.
En resumen, Saint-Gobain Sekurit eligió Marruecos debido a su combinación de costes competitivos, proximidad a Europa y potencial industrial.
La deslocalización de empresas españolas a otros países plantea desafíos económicos y sociales. Es fundamental proteger el tejido empresarial nacional y garantizar la sostenibilidad de empleos locales.
Las razones por las que las empresas en Asturias enfrentan grandes desafíos en términos de competitividad industrial son variadas y complejas. Sin embargo, algunos de los factores principales son: la falta de infraestructuras adecuadas, la
necesidad de mayor innovación y diversificación del tejido productivo, la acelerada transición a las energías renovables para la industria básica que impide a las empresas disponer de un precio energético competitivo y estable, oferta formativa no
alineada a las necesidades de la industria, la excesiva carga burocrática y la sangría fiscal entre otras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Recabar el compromiso del Gobierno nacional y el Gobierno del Principado de Asturias para evitar el cierre y la deslocalización de la división Sekurit de Avilés, con el fin de salvaguardar el empleo y el tejido industrial.
2. Establecer un diálogo con Saint-Gobain para identificar las distintas líneas de ayuda industrial disponibles en todos los niveles administrativos, para realizar inversiones y mantener la actividad de la compañía.
3. Generar un marco estable y competitivo que atraiga empresas, inversiones y proyectos industriales para que instalen en la región y generen empleo de calidad.
4. Solicitar al Gobierno de Asturias medidas que faciliten la reubicación laboral o la recualificación profesional de los empleados, en caso de que la fuerza laboral pueda verse afectada por la situación de la compañía.
6. Realizar las gestiones necesarias para proporcionar los desarrollos logísticos que faciliten el desarrollo industrial de la región.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Esther Llamazares Domingo, Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María Lima
García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso urgente al
desbloqueo y logro de avances significativos en el proyecto del Parador de Turismo de Morella (Castellón), para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La actividad turística en la Comunidad valenciana representa uno de los principales motores de actividad económica, generación de riqueza y creación de empleo, alcanzando durante el pasado año 2023 un peso superior al 16 % PIB autonómico y
más de 230.000 puestos de trabajo vinculados a las diferentes ramas turísticas (el empleo turístico subió un 6,24 % interanual). En la actual coyuntura turística, la Comunidad Autónoma valenciana cerró 2023 con la visita de 28,5 millones de
turistas, en concreto, 10,2 millones de visitantes internacionales, -lo cual supuso un incremento del 20 % respecto a 2022-, y el resto correspondiente a turismo residente en nuestro país.
Asimismo, en 2023 el gasto total de turistas nacionales creció un 5,34 % con respecto a 2022, mientras que el gasto realizado por turistas internacionales se incrementó hasta en más de un 23 %. Igualmente, el crecimiento del índice de
rentabilidad RevPAR (ingresos por habitación disponible) fue del 23,7 %. Por último, apuntar que la cifra de ventas en el conjunto del sector turístico en 2023 se incrementó un 16,6 % con respecto al año 2019 prepandemia. De otro lado, y con
respecto a las perspectivas correspondientes al año turístico 2024, se prevé que la facturación de las empresas turísticas se incremente en alrededor de un 10 %.
Por todo ello, sin duda alguna, el turismo se trata de un vector de crecimiento y de reequilibrio que coadyuva a que todos los municipios de la región valenciana se puedan ver beneficiados por su impacto socioeconómico.
No obstante lo anterior, en la búsqueda de mayores niveles de desconcentración y diversificación de la oferta turística, desde el conjunto de las propias Administraciones Públicas se debe continuar apoyando y promoviendo la inversión en
zonas de interior con problemas de despoblación, acompañadas además, como resulta en este caso, de la existencia de un valioso patrimonio histórico y cultural susceptible de recuperación y puesta en valor.
En este punto, habría que resaltar que la comarca de Els Ports reúne una serie de atributos turísticos que la hacen especialmente atractiva: la cultura local, sus recursos naturales, su patrimonio, su gastronomía, etc., en su conjunto hacen
de este enclave de la Comunidad valenciana un lugar único y singular por el que apostar para revertir la constante pérdida de población y la falta de oportunidades de desarrollo.
En este sentido, a la reciente puesta en servicio de uno de los últimos tramos de la N-232 que mejora la seguridad y la conectividad por carretera, habría que añadirle la necesidad de acometer lo antes posible un proyecto tractor planteado
por vez primera desde la década de los sesenta del siglo pasado, como es la dotación e instalación de un Parador de Turismo en Morella.
En efecto, Morella como capital de Els Ports resulta un entorno que reúne sin duda todas las características de un destino de interior dotado de recursos propios de calidad: edificios históricos y emblemáticos con siglos de historia a sus
espaldas suficientemente dignos como para albergar un establecimiento turístico de los que componen la Red de Paradores de Turismo de España distribuidos a lo largo y ancho de la geografía española.
Habría que recordar que a pesar de que es en el año 2002 cuando se inician los primeros trabajos de carácter arqueológico en los antiguos conventos donde se encuentra proyectado el emplazamiento del futuro Parador, sin embargo, este proyecto
se ha ido quedando estancado a lo largo del tiempo, con el resultado de que según ha trascendido por distintas fuentes, -entre ellas las de la propia Alcaldía de la localidad de Morella-, la situación actual de conservación de los conventos de Sant
Francesc y las Agustinas es de un estado pésimo y ruinoso y sin que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez con su falta de compromiso e interés al respecto, haya sido capaz de ofrecer hasta el día de hoy una solución adecuada y satisfactoria para
poder desatascar un proyecto dilatado durante más de veinte años y al propio tiempo, de carácter imprescindible para el desarrollo y la sostenibilidad socioeconómica de la comarca de Els Ports.
Por todo ello, ante la pasividad del Gobierno socialista y con la finalidad de poder ver por fin hecho realidad un proyecto enormemente ansiado y reivindicado por los morellanos,
castellonenses y valencianos en su conjunto a lo largo de varias décadas, propiciando incuestionablemente un salto cualitativo en la oferta turística de la provincia de Castellón, a la par que revulsivo para la comarca de Els Ports, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Habilitar y consignar en el Proyecto de Ley de los próximos Presupuestos Generales del Estado los créditos necesarios para la contratación de los trabajos de redacción del proyecto arquitectónico básico y de ejecución del futuro Parador de
Turismo de Morella, que se localizará en los antiguos conventos de Sant Francesc y las Agustinas.
- Constituir al efecto y a la mayor brevedad una comisión o grupo de trabajo formado por todos los organismos y entidades dependientes o vinculados al Ministerio de Industria y Turismo (Turespaña, Paradores de Turismo de España. S.M.E.,
S.A., etc.), en compañía de las Administraciones territoriales implicadas, de cara a aunar esfuerzos y agilizar el ritmo de todo el proceso conducente a materializar la apertura y puesta en marcha del Parador de Turismo de Morella como
infraestructura clave para desarrollo, progreso y liderazgo turístico de la provincia de Castellón y de la Comunidad valenciana en su conjunto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Óscar Clavell López, Alberto Fabra Part, Mirian Guardiola Salmerón, Sandra Pascual Rocamora y Francisco José Conde López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
en el consumo digital inclusivo para las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
De acuerdo con los datos ofrecidos desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el 45 % de las propias personas con discapacidad afirma encontrar barreras en el entorno digital, el 42 % considera 'muy
complejo y avanzado su uso', el 32 % encuentra problemas de accesibilidad al no poder manejar ciertos dispositivos por incompatibilidades derivadas de su situación, el 20,6 % desconfía en lo digital y 'tiene miedo' de ser engañado y/o víctima de
algún fraude, y el 15,9 % dice carecer de los recursos necesarios para adquirir nuevas tecnologías.
En paralelo, desde la Agencia Española de Protección de Datos se afirma que 'en los últimos años se ha observado un aumento en los fenómenos de exclusión de las personas adultas mayores en multitud de servicios ofrecidos ahora de forma
digital', y que este grupo de personas presenta una 'especial vulnerabilidad en cuanto a la protección de su privacidad y al creciente número de fraudes y delitos cibernéticos'.
En este contexto, el citado Cermi y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) organizaron el pasado 21 de mayo de 2024 una jornada sobre 'la brecha digital como obstáculo al consumo inclusivo'.
Tanto desde Cermi como desde la referida OCU se puso de manifiesto la necesidad de posibilitar 'una protección reforzada' para 'las personas con discapacidad y las personas mayores' con la que 'garantizar un consumo digital inclusivo para
todos'.
Algunas de las vías consideradas 'esenciales' durante el encuentro para hacer viable el mencionado 'consumo digital inclusivo' fueron la formación y la potenciación de capacidades en usabilidad. Se expuso así para 'todos los ámbitos',
aunque se señalaron sectores en los que la necesidad es mayor como, por ejemplo, 'los servicios financieros'.
Considerando hechos como que 'no todos tenemos la infraestructura necesaria' ni 'las habilidades para sacar provecho a la digitalización', durante el acto se destacó la necesidad de 'seguir avanzado para dar al consumidor vulnerable el lugar
que se merece.
Se dejó también constancia de la importancia de favorecer 'respuestas personalizadas' asumiendo la 'intersección de la dimensión de la discapacidad con otros factores de exclusión' que, de acuerdo con lo explicado durante la jornada,
'afectan de forma exponencial a mujeres y a niñas'.
Dichas respuestas han de fundamentarse 'en las necesidades reales de las personas con discapacidad' y de los mayores -por ejemplo, la soledad-, y sustentarse en principios como el de la no discriminación y la 'accesibilidad universal' de los
productos y los servicios, incluidos los ofrecidos desde las administraciones públicas, en las que 'hay grandes barreras digitales'.
Es una realidad que debe abordarse como 'prioridad de país' y que ha de ser considerada 'cada vez que vayamos a diseñar algo' para asegurar 'desde el principio' que sea 'accesible' y esté 'pensado para personas que lo tenemos más
complicado', posibilitando un beneficio pleno y seguro de las ventajas que ofrece el mundo digital.
Por todo lo anterior, considerando que Bibiana Medialdea, secretaria general de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, participó en la jornada organizada por Cermi y OCU y fue testigo directo de la
realidad descrita, los argumentos expuestos y las soluciones demandadas, y teniendo presentes los compromisos adquiridos por el Gobierno en términos de 'mejora de las competencias digitales', de 'reducción de las brechas digitales', de 'garantizar
los derechos en el nuevo entorno digital de los consumidores' y de favorecer una 'digitalización humanista' en iniciativas como el 'Plan Nacional de Competencias Digitales' del año 2021 y la 'Agenda España Digital 2025', el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a materializar avances reales en términos de consumo digital inclusivo para las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada.
Para tal fin, considerando las capacidades, los conocimientos y los recursos de los usuarios referidos, y atendiendo tanto a prestaciones y servicios públicos como a privados, el Gobierno destinará todos los recursos humanos, estructurales,
tecnológicos y económicos que resulten necesarios, consensuando todas las medidas que impulse con las Comunidades Autónomas y los entes locales, y trabajando desde una coordinación plena con los representantes de las personas de edad avanzada y de
las personas con discapacidad, así como de las organizaciones empresariales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Ana Isabel Alós López y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000902
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el comercio exterior en el sector agrario, para su debate en Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Existen importantes diferencias en la forma de producir alimentos entre la UE y otros países del mundo. Estas diferencias han sido, tradicionalmente, consideradas barreras al libre comercio por parte de algunos de nuestros socios
comerciales cuando se han traducido en exigencias legales a los alimentos importados. Sin embargo, para las personas consumidoras siempre han supuesto mayores garantías de producciones respetuosas con el medio ambiente, el bienestar animal y la
seguridad alimentaria, aún a pesar de conllevar mayores costes de producción que otros modelos de producción de alimentos más laxos.
Históricamente, las productoras y productores europeos han estado de acuerdo con la exigente normativa europea porque, además de considerarla un reflejo de nuestro derecho a la soberanía alimentaria, suponía una diferenciación con otro tipo
de producciones del mundo que, de manera indirecta, garantizaba un reconocimiento para los alimentos producidos en Europa. Sin embargo, la actual máxima desregulación de los mercados y la continua apertura comercial, han provocado que el frágil
equilibrio entre precio, reconocimiento y normativa haya dejado de existir.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) lleva años tratando de formalizar un gran acuerdo multilateral que favorezca la reducción de las exigencias en materia de soberanía alimentaria a escala internacional (las llamadas barreras técnicas
al comercio). Mientras se persigue ese gran acuerdo multilateral, todos los países de la OMC se comprometen a trabajar en la llamada 'cooperación regulatoria' (la adopción de normas orientada a la reducción de los obstáculos al comercio y las
barreras no arancelarias pretendiendo -en teoría- la reducción de los costes administrativos, la simplificación de procesos logísticos y el acercamiento de las regulaciones).
Los países más ricos del mundo llevan años trabajando, en paralelo a las negociaciones de la OMC, en los llamados tratados bilaterales de libre comercio, que fuerzan la cooperación regulatoria y el libre comercio entre dos países o entre dos
grupos de países. De esta forma, y mediante métodos de negociación poco transparentes y democráticos, se logran cesiones por parte de los Estados.
El problema de este tipo de negociaciones y acuerdos es que llevan años afectando al modelo de producción europea -y, por tanto, a nuestra soberanía alimentaria- ya que la cooperación regulatoria siempre reduce exigencias para favorecer los
intereses de las grandes empresas y capitales (que son quienes realmente impulsan y se benefician de este tipo de acuerdos). Como ejemplo, a raíz de las negociaciones entre la UE y EE. UU. para la aprobación del TTIP (que nunca llegaron a
concluir) se autorizó en 2013 el uso de ácido láctico para higienización de canales de rumiantes en la UE -antes prohibido- y ahora este higienizante es empleado por la industria cárnica europea sin que consumidores y consumidoras lo sepan.
La mayoría de los alimentos importados por empresas de la Unión Europea son actualmente mucho más baratos que los producidos en España porque al mismo tiempo que la Unión Europea y nuestros Gobiernos exigen a nuestros agricultores/as y
ganaderos/as unas estrictas normas de producción favorecen la entrada de alimentos producidos bajo estándares más laxos de seguridad alimentaria, bienestar animal, impacto ambiental o condiciones laborales. Los precios de entrada de las
importaciones llevan años presionando a la baja los precios pagados a nuestros productores y productoras ya que las
empresas alimentarias compran fuera lo que no quieren pagar aquí. Además, el precio percibido por los productos es el grueso de los ingresos de las explotaciones.
Con todos estos elementos (cambio de modelo productivo, falta de rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones, liberalización del mercado agroalimentario mundial) resulta imposible competir en condiciones de equidad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Rechazar los acuerdos de liberalización comercial, paralizar los posibles nuevos acuerdos en negociación o previstos en el futuro, en particular Mercosur, y no realizar más concesiones en materia agraria.
2. Estudiar el impacto de los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre nuestra agricultura y ganadería. Las cláusulas espejo pueden ser una opción cuando supongan prácticas idénticas y no equivalentes.
3. Crear una Comisión Permanente sobre Importaciones, integrada por las administraciones competentes y las organizaciones profesionales más representativas del sector agrario, con las siguientes funciones:
a. Presentación periódica (al menos una reunión al trimestre o cuando lo solicite el sector) por parte de las administraciones competentes para el análisis en la Comisión de información continua y actualizada sobre cantidades, precios,
derechos aduaneros pagados y calidades de las importaciones. En particular, detallar la información de las alertas sanitarias en los puntos de inspección fronterizos españoles y, en particular, los operadores implicados en las mismas y el destino
de los productos comprometidos.
b. Definición anual del plan de control en frontera en el seno de la Comisión, especialmente en lo concerniente a volúmenes de producto y precio, así como residuos de materias activas y en los aspectos relativos a sanidad animal y vegetal.
c. Establecimiento de un Programa de Indicios, que incluya controles específicos motivados por alertas, riesgos, indicios o sospechas de posibles incumplimientos en frontera, ya sea por motivación de tipo arancelario, de sanidad de las
producciones o de protección del consumidor. Se trata de un programa adicional al plan de control que atenderá a la situación propia de cada campaña y cada producto agrícola o ganadero. Este programa se elaborará a partir de la información que
aporten los servicios de inspección aduanera y las organizaciones profesionales agrarias.
d. Traslado de información detallada sobre el posible desarrollo de las negociaciones de los acuerdos bilaterales y su impacto en agricultura y ganadería.
e. Elaboración de propuestas para la mejora de la protección del sector agrícola y ganadero en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.
4. Establecer medidas de control del cumplimiento estricto de los acuerdos comerciales no sólo desde el punto de vista fitosanitario, sino también en lo concerniente a contingentes, calendarios, precios de entrada y recaudación de derechos
aduaneros por los productos importados (con detalle de origen y producto).
5. Activar medidas de salvaguardia frente a la perturbación grave de los mercados provocadas por las importaciones, tanto en momentos clave de nuestras temporadas de producción (importaciones de choque), como de manera continuada para la
alteración de los mercados que afecta a nuestro tejido productivo. El gobierno se ha de comprometer a solicitar dicha activación a las instancias europeas competentes, tanto en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales, como basándose en lo
dispuesto en el artículo 182 (derechos de importación adicionales) del Reglamento (UE) 1308/2013.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Juan Antonio Valero Morales y Verónica Martínez Barbero, Diputados.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la eficiente y
sostenible del agua para el regadío y la modernización del riego del Canal d'Urgell, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Históricamente el regadío ha estado unido al desarrollo de la agricultura y ha tenido un papel clave en la economía agraria española. La modernización de las infraestructuras de regadío supone un impulso de la sostenibilidad económica,
ambiental y social de las zonas donde se realiza.
Gracias a las actuaciones de modernización de regadíos, el consumo de agua de riego por hectárea se redujo en España un 15 % en los últimos diez años, a pesar de que la superficie de regadío creció algo más de un 10 % en igual periodo.
Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad histórica para movilizar recursos e implantar actuaciones relacionadas con el regadío y puede generar, además de un ahorro de recursos hídricos, un impacto muy positivo sobre el
conjunto de la sociedad y economía de las comarcas o regiones.
Por este motivo, los proyectos destinados a mejorar y modernizar los regadíos y las infraestructuras asociadas deberían beneficiarse de los fondos de recuperación de la Unión Europea, si bien el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia aprobado por el Gobierno es muy timorato en las referencias agrícolas y de regadío.
Muestra del poco interés del Gobierno de España, son los escasos recursos que procedentes de dichos fondos de recuperación europeos, se han destinado en las últimos Presupuestos Generales a las políticas de agricultura de los 140.000
millones de euros de Europa a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Por otro lado, proyectos de regadíos y modernización de regadíos como el del Canal de Urgell prevén en su actuación la regeneración ambiental asociada a los regadíos que pueden ser financiados con este y con el 'Fondo de restauración
ecológica y resiliencia (FRER)' que tiene entre sus finalidades 'actuar como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial'.
Por ello, se considera que proyectos, como el de 'modernización del Canal d'Urgell' (Lleida) que asegurará el desarrollo agroalimentario de 5 comarcas de Lleida y con ello el futuro de más de 120 municipios, 710 masías aisladas y 2200
granjas, coincidiría con los objetivos para los que la UE envía a España estos fondos de recuperación.
Se trata de una actuación promovida por la Comunidad General de Regantes del Canal d'Urgell, que afectaría a más de 75.000 hectáreas de regadío sometidas a modernización, que supondría un ahorro de agua y la implantación de energías limpias
e incluiría un Plan de recuperación ambiental de la zona y su aprovechamiento turístico.
Este tipo de proyectos, que aseguran la disposición de agua y su ahorro promoviendo con ello la actividad económica en las zonas rurales, contribuyen a asentar población y a evitar el problema de despoblación que sufren muchas regiones
rurales de España, por lo que no debería perderse de vista en el momento de diseñar políticas y estrategias encaminadas a frenar este problema. Tal y como reconocen las organizaciones sectoriales, la despoblación rural es mayor en las zonas donde
menos regadío hay.
En resumen, es aconsejable destinar parte de los recursos de los Fondos Europeos de Recuperación a iniciar aquellas iniciativas susceptibles de poner en marcha aquellas previstas por las Comunidades de Regantes y contempladas en los
compromisos y necesidades de los diferentes 'Planes Hidrológicos de cuenca' que suponen un aprovechamiento eficiente y sostenible para regadío.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados e insta al Gobierno a:
1. Impulsar, aprobar y agilizar la ejecución completa del proyecto de modernización del riego del Canal d'Urgell como beneficiario del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no sea excluyente de otros.
2. Priorizar la aprobación y ejecución de los proyectos de aprovechamiento eficiente y sostenible del agua para el regadío con los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3. Agilizar todas las tramitaciones necesarias de los proyectos de regadíos e infraestructuras asociadas por su aportación a la sostenibilidad ambiental, contribución a la economía rural, como mecanismo de lucha contra la despoblación y
generación de riqueza.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Santi Rodríguez Serra y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/000894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incumplimiento en Cataluña de
la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La bandera de España es un símbolo de concordia y orgullo que une a todos los españoles, independientemente de su origen, creencias o ideologías. Representa un llamamiento a la unidad, a la cooperación y al respeto mutuo y recuerda que,
como nación unida, España puede superar cualquier diferencia y obstáculo bajo una identidad común.
Por ello, nuestra legislación determina claramente el papel que se le debe otorgar a la bandera nacional.
El artículo 4 de la Constitución española establece, además de la configuración de la bandera, el reconocimiento en los estatutos autonómicos de las banderas propias de cada comunidad autónoma y su utilización junto a la bandera de España en
los edificios públicos y actos oficiales.
Por otra parte, la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, trata el significado, el contenido y el alcance de la bandera nacional. Según esta disposición legislativa, la
enseña simboliza 'la nación, es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución'. En este sentido, el artículo 3.1 de la citada ley específica que 'la bandera de
España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado'. Asimismo,
en el artículo 4 de esta misma ley se dispone que en aquellas comunidades autónomas que dispongan de bandera propia, esta se utilizará juntamente con la bandera de España, en todos los edificios públicos civiles de su ámbito territorial,
ocupando siempre un lugar preeminente y de máximo honor.
La legislación sobre el uso de la bandera española en edificios públicos, por tanto, es clara y aplica a todas las administraciones públicas de nuestro país.
Sin embargo, la ausencia de la bandera de España se ha convertido en algo habitual en los edificios públicos de muchos municipios de Cataluña. No solo se ha incumplido la legalidad sobre esta materia por la vía de hecho por parte de
diferentes gobiernos municipales, sino que se ha fomentado la insumisión, tanto a través de acuerdos plenarios como de campañas de organizaciones independentistas como la Asociación de Municipios por la Independencia.
Según los informes realizados por la entidad de la sociedad civil 'Impulso Ciudadano', de los 947 municipios catalanes sólo 132 son respetuosos con la normativa de símbolos, siendo el incumplimiento de la obligación de exhibición de la
bandera española la infracción más común. Es decir, sólo el 14 % de ayuntamientos catalanes cumplen la ley que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
Ninguna Administración está exenta del cumplimiento de la ley y mucho menos por decisión de sus dirigentes políticos. En este sentido, existe numerosa doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que
declara nulos los acuerdos por los que se decide excluir la bandera de España y ordena el cumplimiento de la ley. Todo ello, como consecuencia, principalmente, de los requerimientos realizados hasta el año 2018 por el anterior Gobierno de España, a
través de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Teniendo en cuenta que el artículo 9 de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España, establece que 'las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada', es
importante destacar que desde la llegada al gobierno de España del presidente Pedro Sánchez, la Delegación del Gobierno de Cataluña no ha dirigido ningún requerimiento ni interpuesto ningún recurso solicitando a los Ayuntamientos que cumplan la
normativa vigente sobre los símbolos oficiales.
Este contexto, en el que se da una férrea alianza entre aquellos que incumplen la ley y los que guardan silencio y complicidad ante su incumplimiento, requiere la adopción de decisiones que garanticen el cumplimiento de las leyes frente a
aquellos que quieren situarse al margen de las normas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Velar por el cumplimiento de la legislación sobre banderas y símbolos nacionales en Cataluña, especialmente, de aquello dispuesto en la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y
enseñas.
2. Emitir los requerimientos necesarios, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, dirigidos a aquellos ayuntamientos que incumplan la legislación vigente en materia de banderas y símbolos nacionales, recordando la obligación de
situar la bandera de España en el lugar correspondiente en todos los edificios públicos de Cataluña.
3. Solicitar a la Generalitat de Cataluña, como Administración competente sobre el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los municipios, que adopte las medidas necesarias para cumplir y
hacer cumplir la legislación vigente sobre esta materia.
4. Tomar las medidas sancionadoras oportunas con aquellas Administraciones Públicas que incumplan la ley de forma sistemática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Elías Bendodo Benasayag, Antonio Román Jasanada, Santi Rodríguez Serra, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Luis Huguet
Tous, Nacho Martín Blanco y Agustín Parra Gallego, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las transferencias pendientes en Galiza para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Después de 15 años de parálisis del autogobierno que, junto con otros factores, hizo que Galiza perdiera población, actividad industrial, empleo y servicios públicos, el BNG considera necesario activar una agenda ambiciosa de traspaso de
competencias. Es preciso que Galiza se dote de todas las capacidades políticas, económicas y presupuestarias para hacer frente a una situación de constante regresión -económica, social, demográfica, ambiental- que compromete sus sectores
estratégicos y condiciona las expectativas de futuro del país.
El BNG reclama un nuevo estatus político de nación y un nuevo sistema de financiación que nos permita afrontar los retos de futuro con garantías, con capacidad política para decidir sobre todos los asuntos que interesan a los gallegos y
gallegas, así como con recursos financieros para fortalecer los servicios públicos e impulsar el desarrollo económico y el bienestar social. Pero, en el actual contexto, es prioritario dar un salto adelante en el autogobierno mediante la asunción
de nuevas competencias que otorguen una mayor capacidad de respuesta a los retos de una nueva era.
Este refuerzo y ampliación del autogobierno debe desarrollarse, en primer lugar, con la asunción por Galiza de todas las competencias previstas en su Estatuto (por ejemplo, el desarrollo de la policía gallega, meteorología, archivos,
ferrocarril interior gallego, museos y bibliotecas, etc.). Además, debe procederse a la transferencia de competencias por la vía prevista en el artículo 150.2 CE que permite transferir o delegar libremente facultades competenciales estatales por
Ley Orgánica. Al referirse a 'materias de titularidad estatal', esta disposición constitucional constituye la vía idónea para la asunción por la Galicia de competencias inicialmente atribuidas en exclusiva al Estado por el artículo 149.1 CE.
Esta agenda para avanzar en el autogobierno debería incluir cuando menos las siguientes materias:
1) Autopistas AP9 y AP53.
2) Tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria.
3) Ferrocarril y vías. Servicios e infraestructura viarias y ferroviarias que discurren por territorio gallego.
4) Aeropuertos y control de tráfico aéreo.
5) Puertos de interés general (A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Vilagarcía, Marín-Ría de Pontevedra y Vigo).
6) Salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina.
7) Cuenca Hidrográfica Miño-Sil. Planificación, construcción y gestión de obras hidráulicas en la cuenca Miño Sil en territorio gallego, así como las autorizaciones en este ámbito.
8) Meteorología. Descentralización de los servicios de meteorología que dependen de la Administración del Estado.
9) Obras hidráulicas de interés general. Transferencia de las funciones que desempeña el Estado relativas a la ejecución de obras hidráulicas de interés general.
10) Ordenación del litoral y gestión del dominio público marítimo-terrestre.
11) Control, inspección y vigilancia pesquera.
12) Seguros agrarios, sanidad animal exterior e implantación y gestión de laboratorios públicos de referencia.
13) Inspección de trabajo y seguridad social.
14) Totalidad de la formación ocupacional, tanto de personas paradas como en activo.
15) Empleo y fondo de garantía salarial: prestaciones económicas y gestión de la oferta y demanda de empleo.
16) ISM: Servicios sanitarios y asistenciales a trabajadoras y trabajadores del mar.
17) Transferencia de las funciones y servicios administrativos relacionados con la expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como la convalidación y reconocimiento de títulos extranjeros (en el año 2008 se
transfirió la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias).
18) Implantación y gestión de convocatorias de bolsas y ayudas al estudio en la enseñanza universitaria, enseñanza obligatoria y postobligatorio, y de toda clase de subvenciones correspondientes a la enseñanza.
19) Todas las funciones encomendadas al Estado para la tutela y gestión del sistema de Formación Profesional.
20) Evaluación de la calidad de las universidades gallegas.
21) Ordenación de la totalidad del sistema educativo gallego por parte de las instituciones gallegas.
22) Transferencia de centros de investigación con sede en Galiza.
23) Paradores de turismo, oficinas en el exterior y planes de excelencia turística.
24) Fondos y competencia relacionadas con el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual gallega.
25) Traspaso de los archivos, bienes y fondos documentales, culturales y histórico que se encuentran desparramados en diversas instituciones y organismos del Estado.
26) Traspaso de las competencias en materia deportiva del consejo superior de deportes y de las federaciones deportivas.
27) Determinación en exclusiva del régimen local de Galiza.
28) Planta y demarcación judicial de Galiza.
29) Traspaso de las funciones y servicios de instituciones penitenciarias.
30) Emigración e inmigración.
31) Presencia de las Instituciones gallegas en entidades de carácter estatal (Banco de España, Comisión Reguladora del Comprado de Valores, Portos del Estado, AENA, órganos de dirección y administración de empresas públicas con centros de
trabajo en la Galicia, etc.) y en las comisiones reguladoras de servicios liberalizados (telecomunicaciones, energía).
32) Traspaso de las instalaciones y espacios pertenecientes al Ministerio de Defensa (Isla de Tambo, castillos militares, hospitales, baterías de costa, viviendas, etc.).
33) Activos de la SAREB situados en Galiza.
34) Competencias legislativas de fijación de circunscripciones electorales en las elecciones locales y de las ejecutivas de organización de todos los procesos electorales celebrados en Galiza.
35) Delegación de la ejecución de la regulación sobre la seguridad privada (funciones administrativas de autorización, inspección, sanción y formación de las empresas de seguridad privada).
36) Propiedad industrial e intelectual.
37) Gestión del Ingreso Mínimo Vital.
38) Competencias en comercio exterior que ejerce el ICEX, en relación con empresas gallegas.
39) Aprobación y autorización de las instalaciones de redes básicas de gas y oleoductos que discurran por Galiza y la asunción de las funciones administrativas de autorización, supervisión y control que desempeña el Estado de refinerías y
almacenes de hidrocarburos radicados en Galiza.
40) Autorización por los órganos competentes de Galiza de las líneas de transporte de energía eléctrica que transcurran en nuestro territorio, así como aprobación de todos los proyectos de producción de energía que se sitúen en Galiza.
Por todo el expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Convocar la Comisión Mixta paritaria Xunta-Estado para negociar el traspaso de las competencias pendientes, priorizando las siguientes:
- Autopistas AP 9 y AP 53.
- Tráfico y seguridad viaria.
- Medios de gestión del dominio público marítimo terrestre y ordenación del litoral.
- Servicios e infraestructuras viarias y ferroviarias que discurren por territorio gallego.
- Puertos de interés general.
- Obras hidráulicas de interés general.
- Gestión de la cuenca hidrográfica Miño-Sil.
- Salvamento marítimo y medios de lucha contra la contaminación marina.
- ISM. Servicios sanitarios y asistenciales a trabajadoras y trabajadores del mar.
- Inspección de trabajo.
- Meteorología.
- Fomento del empleo.
- Formación ocupacional.
- Centros de investigación con sede en Galiza.
- Paradores de Turismo.
- Gestión del Ingreso Mínimo Vital.
- Funciones y servicios de Instituciones Penitenciarias.
- Instalaciones y espacios pertenecientes al Ministerio de Defensa (Isla de Tambo, castillos militares, hospitales, baterías de costa, viviendas, etc.), de la SAREB o que actualmente estén abandonas y/o en desuso.
- Emigración e inmigración.
- Aprobación y autorización por parte de las instituciones gallegas de las instalaciones de redes básicas de gas y oleoductos que transcurran por Galicia y asunción de las funciones administrativas de autorización, supervisión y control que
desempeña el Estado de refinerías y almacenes de hidrocarburos radicados en Galiza.
- Autorización por los órganos competentes de Galiza de las líneas de transporte de energía eléctrica que transcurran en nuestro territorio, así como aprobación de todos los proyectos de producción de energía que se sitúen en Galiza.
- Implantación y gestión de convocatorias de bolsas y ayudas al estudio en la enseñanza universitaria, enseñanza obligatoria y postobligatoria, y de todas las subvenciones correspondientes a la enseñanza.
- Transferencia de las funciones y servicios administrativos relacionados con la expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como la convalidación y reconocimiento de títulos extranjeros.
2. Dar cuenta anualmente de las gestiones y acuerdos de la Comisión Mixta de Transferencias, incluyendo todos los informes y escritos en relación con la convocatoria de la Comisión y la demanda de transferencias.
3. Negociar con el gobierno de la Xunta para facilitar la presencia de las instituciones gallegas en entidades de carácter estatal como el Banco de España, Comisión Reguladora del Comprado de Valores, Portos del Estado, AENA, órganos de
dirección y administración de empresas públicas con centros de trabajo en Galiza, etc., y en las comisiones reguladoras de servicios liberalizados (telecomunicaciones, energía).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás transferencias pendentes na Galiza para o seu debate na Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Logo de 15 anos de parálise do autogoberno que, xunto con outros factores, fixo que a Galiza perdese poboación, actividade industrial, emprego e servizos públicos, o BNG considera necesario activar unha axenda ambiciosa de traspaso de
competencias. É preciso que Galiza se dote de todas as capacidades políticas, económicas e orzamentarias para facer fronte a unha situación de constante regresión -económica, social, demográfica, ambientalque compromete os seus sectores
estratéxicos e condiciona as expectativas de futuro do País.
O BNG reclama un novo status político de nación e un novo sistema de financiamento que nos permita afrontar os retos de futuro con garantías, con capacidade política para decidir sobre todos os asuntos que interesan aos galegos e galegas,
así como con recursos financeiros para fortalecer os servizos públicos e impulsar o desenvolvemento económico e o benestar social. Mais, no actual contexto, é prioritario dar un salto adiante no autogoberno mediante a asunción de novas competencias
que outorguen unha maior capacidade de resposta aos retos dunha nova era.
Este reforzó e ampliación do autogoberno debe desenvolverse, en primeiro lugar, coa asunción pola Galiza de todas as competencias previstas no seu Estatuto (por exemplo, o desenvolvemento da policía galega, meteoroloxía, arquivos,
ferrocarril interior galego, museos e bibliotecas, ...etc.). Ademáis, debe procederse á transferencia de competencias pola vía prevista no artigo 150.2 CE que permite transferir ou delegar libremente facultades competenciais estatais por Leí
Orgánica. Ao referirse a 'materias de titularidade estatal', esta disposición constitucional constitúe a vía idónea para a asunción pola Galiza de competencias inicialmente atribuidas en exclusiva ao Estado polo artigo 149.1 CE.
Esta axenda para avanzar no autogoberno debería incluir cando menos as seguintes materias:
1) Autoestradas AP9 e AP53.
2) Tráfico, circulación de vehículos e seguridade viaria.
3) Ferrocarril e vías. Servizos e infraestruturas viarias e ferroviarias que transcorren por territorio galego.
4) Aeroportos e control de tráfico aéreo.
5) Portos de interese xeral (A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Vilagarcía, Marín-Ría de Pontevedra e Vigo).
6) Salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña.
7) Bacía Hidrográfica Miño-Sil. Planificación, construción e xestión de obras hidráulicas na bacía Miño Sil en territorio galego, así como as autorizacións neste ámbito.
8) Meteoroloxía. Descentralización dos servizos de meteoroloxía que dependen da Administración do Estado.
9) Obras hidráulicas de interese xeral. Transferencia das funcións que desempeña o Estado relativas á execución de obras hidráulicas de interese xeral.
10) Ordenación do litoral e xestión do dominio público marítimo terrestre.
11) Control, inspección e vixilancia pesqueira.
12) Seguros agrarios, sanidade animal exterior e implantación e xestión de laboratorios públicos de referencia.
13) Inspección de traballo e seguridade social
14) Totalidade da formación ocupacional, tanto de persoas paradas como en activo.
15) Emprego e fondo de garantía salarial: prestacións económicas e xestión da oferta e demanda de emprego.
16) ISM: Servizos sanitarios e asistenciais a traballadoras e traballadores do mar.
17) Transferencia das funcións e servizos administrativos relacionados coa expedición e homologación de títulos académicos e profesionais, así como a convalidación e recoñecemento de títulos estranxeiros (no ano 2008 transferiuse a
homologación e convalidación de títulos e estudos estranxeiros en ensinanzas non universitarias).
18) Implantación e xestión de convocatorias de bolsas e axudas ao estudo no ensino universitario, ensino obrigatorio e postobrigatorio, e de toda clase de subvencións correspondentes ao ensino.
19) Todas as funcións encomendadas ao Estado para a tutela e xestión do sistema de Formación Profesional.
20) Avaliación da calidade das universidades galegas.
21) Ordenación da totalidade do sistema educativo galego por parte das institucións galegas.
22) Transferencia de centros de investigación con sede na Galiza.
23) Paradores de turismo, oficinas no exterior e plans de excelencia turística.
24) Fondos e competencias relacionadas co fomento da industria cinematográfica e audiovisual galega.
25) Traspaso dos arquivos, bens e fondos documentáis, culturáis e histórico que se encontran espadados en diversas institucións e organismos do estado.
26) Traspaso das competencias en materia deportiva do consello superior de deportes e das federacións deportivas.
27) Determinación en exclusiva do réxime local da Galiza.
28) Planta e demarcación xudicial da Galiza.
29) Traspaso das funcións e servizos de institucións penitenciarias.
30) Emigración e inmigración.
31) Presenza das Institucións galegas en entidades de carácter estatal (Banco de España, Comisión Reguladora do Mercado de Valores, Portos do Estado, AENA, órganos de dirección e administración de empresas públicas con centros de traballo na
Galiza, etc.) e ñas comisións reguladoras de servizos liberalizados (telecomunicacións, enerxía).
32) Traspaso das instalacións e espazos pertencentes ao Ministerio de Defensa (Illa de Tambo, castelos militares, hospitais, baterías de costa, vivendas, etc.).
33) Activos da SAREB situados na Galiza.
34) Competencias lexislativas de fixación de circunscricións electorais ñas eleccións locáis e das executivas de organización de todos os procesos electorais celebrados na Galiza.
35) Delegación da execución da regulación sobre a seguridade privada (funcións administrativas de autorización, inspección, sanción e formación das empresas de seguridade privada).
36) Propiedade industrial e intelectual.
37) Xestión do Ingreso Mínimo Vital.
38) Competencias en comercio exterior que exerce o ICEX, en relación con empresas galegas.
39) Aprobación e autorización das instalacións de redes básicas de gas e oleodutos que transcorran pola Galiza e a asunción das funcións administrativas de autorización, supervisión e control que desempeña o estado de refinarías e almacéns
de hidrocarburos radicados na Galiza.
49) Autorización polos órganos competentes da Galiza das liñas de transporte de enerxía eléctrica que transcorran no noso territorio, así como aprobación de todos os proxectos de produción de enerxía que se sitúen na Galiza.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Gobemo do Estado a:
1. Convocar a Comisión Mixta paritaria Xunta-Estado para negociar o traspaso das competencias pendentes, priorizando as seguintes:
- Autoestradas AP 9 e AP 53.
- Tráfico e seguridade viaria.
- Medios de xestión do dominio público marítimo terrestre e ordenación do litoral.
- Servizos e infraestruturas inarias e ferroviarias que transcorren por territorio galego.
- Portos de interese xeral.
- Obras hidráulicas de interese xeral.
- Xestión da bacía hidrográfica Miño-Sil.
- Salvamento marítimo e medios de loita contra a contaminación marina.
- ISM. Servizos sanitarios e asistenciais a traballadoras e traballadores do mar.
- Inspección de traballo.
- Meteoroloxía.
- Fomento do emprego.
- Formación ocupacional.
- Centros de investigación con sede na Galiza.
- Paradores de Turismo.
- Xestión do Ingreso Mínimo Vital.
- Funcións e servizos de Institucións Penitenciarias.
- Instalacións e espazos pertencentes ao Ministerio de Defensa (Illa de Tambo, castelos militares, hospitais, baterías de costa, invendas, etc.), da Sareb ou que actualmente estean abandonas e/ou en desuso.
- Emigración e inmigración.
- Aprobación e autorización por parte das institucións galegas das instalacións de redes básicas de gas e oleodutos que transcorran por Galiza; e asunción das funcións administrativas de autorización, supervisión e control que desempeña o
Estado de refinarías e almacéns de hidrocarburos radicados na Galiza.
- Autorización polos órganos competentes da Galiza das liñas de transporte de enerxía eléctrica que transcorran no noso territorio, así como aprobación de todos os proxectos de produción de enerxía que se sitúen na Galiza.
- Implantación e xestión de convocatorias de bolsas e axudas ao estudo no ensino universitario, ensino obligatorio e postobrigatorio, e de todas as subvencións correspondentes ao ensino.
- Transferencia das funcións e servizos administrativos relacionados coa expedición e homologación de títulos académicos e profesionais, así como a convalidación e recoñecemento de títulos estranxeiros.
2. Dar conta anualmente das xestións e acordos da Comisión Mixta de Transferencias, incluíndo todos os informes e escritos en relación coa convocatoria da Comisión e a demanda de transferencias.
3. Negociar co gobemo da Xunta e facilitar presenza das institucións galegas en entidades de carácter estatal como o Banco de España, Comisión Reguladora do Mercado de Valores, Portos do Estado, AENA, órganos de dirección e administración
de empresas públicas con centros de traballo na Galiza, etc., e ñas comisións reguladoras de servizos liberalizados (telecomunicacións, enerxía). '
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de maio de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para solicitar al Gobierno la
convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y facilitar, de forma transparente, la información relativa a las entregas a cuenta a los ayuntamientos por parte del Estado, para su debate en la Comisión de Política
Territorial.
Exposición de motivos
El pasado 1 de enero entró en vigor la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como está establecido en el artículo 134.4 de la Constitución española.
Es habitual en el Gobierno tomar medidas al borde de la legalidad, cuando no directamente inconstitucionales y contrarias, por tanto, a Derecho. En este caso, el citado artículo de la Constitución obliga al Gobierno a 'presentar ante el
Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior', algo que, obviamente, el Gobierno no ha llevado a cabo.
Es más, el pasado 13 de marzo y tras el adelanto electoral en Cataluña, el presidente del Gobierno anunció que renunciaba a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024, incumpliendo la obligación constitucional a la
que está sometido, por lo que los presupuestos no se van a aprobar a lo largo de este ejercicio.
Algunas medidas que hacen referencia a las administraciones locales se incluyeron en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los
conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Este Real Decreto-ley fue convalidado en el pleno del Congreso de los Diputados el 10 de enero y se aprobó su tramitación como proyecto de ley. A pesar de
ello, casi medio año después y, aunque su tramitación era 'urgente', sigue en la Comisión de Hacienda y Función Pública a la espera del informe correspondiente.
Alguna de las medidas que incluía este Real Decreto-ley eran la actualización de los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o la compensación de la liquidación negativa de 2020. Sin
embargo, estas medidas no son suficientes para paliar los problemas que afectan a la Administración local española y que necesitan de una solución urgente.
Cuestiones como la actualización de las entregas a cuenta para el año 2024, la liquidación de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado en 2024 o la dotación adicional para neutralizar el efecto de las
liquidaciones negativas de 2020, entre otros temas, requieren de propuestas realistas que faciliten soluciones inmediatas y que contribuyan a garantizar la viabilidad económico-financiera de los ayuntamientos de nuestro país.
A diferencia del Gobierno, la gran mayoría de entidades locales han cumplido los plazos legales establecidos para la tramitación de sus presupuestos y lo han hecho en un contexto complejo al desconocer las cuantías reales de las
transferencias del Estado, que suponen alrededor de un 21 %, por ejemplo, de los ingresos anuales de los grandes ayuntamientos. Ello significa que gran parte de los municipios españoles se han visto obligados a gestionar los presupuestos para este
año sin tener absolutamente ninguna certeza sobre la cantidad que les va a llegar desde el Estado mediante las transferencias correspondientes. Esto origina distorsiones de tesorería que pueden transformarse en graves problemas financieros en
aquellas entidades locales en cuyos ingresos las transferencias del Estado suponen un amplio porcentaje del total.
En el contexto de este descontrol provocado por el Gobierno, la Federación Española de Municipios y Provincias se ha dirigido hasta en ocho ocasiones al Ministerio de Hacienda para solicitar formalmente la información necesaria sobre las
actualizaciones de las entregas a cuenta y la liquidación de la participación en los tributos del Estado del año 2022. La respuesta por parte de la ministra María Jesús Montero ha sido un silencio atronador.
Los ayuntamientos necesitan conocer, de forma individualizada, la cantidad específica que les asigna el Estado para poder gestionar sus recursos de la forma más eficaz y eficiente posible.
Además, se calcula que el objetivo de déficit previsto por parte del Gobierno se calcula que implica, para las administraciones locales y las comunidades autónomas, un ajuste fiscal cercano a los 20.000 millones de euros y exige un superávit
del 0,235 a los ayuntamientos.
Los anuncios del Gobierno incumplidos de forma reiterada, la falta de información sobre esta cuestión y la incertidumbre originada como consecuencia de las medidas del Gobierno están provocando que las entidades locales españolas, a través
de la Federación Española de Municipios y Provincias, reclamen la necesidad de ser escuchados y de que el Gobierno les proporcione la información necesaria para tener seguridad y certidumbre en la gestión de sus recursos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar, de forma urgente, la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para tratar los problemas de actualidad de la Administración local española que requieren soluciones urgentes.
2. Facilitar a las administraciones locales, de forma individualizada, la información relativa a las entregas a cuenta por parte del Estado, así como la liquidación de la participación en los tributos de! Estado del año 2022, con la
finalidad de proporcionales certidumbre y seguridad en la ejecución de sus presupuestos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa, Antonio
Cavacasillas Rodríguez, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Pedro Puy Fraga, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Código de
Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y la colaboración entre administraciones públicas para luchar contra la corrupción para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La integridad en la Administración Pública es esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Para ello, se deben establecer mecanismos efectivos que prevengan la corrupción, promuevan la transparencia y
aseguren que los responsables políticos y funcionarios actúen con los más altos estándares éticos.
En los últimos años, la Administración Pública ha sido objeto de una creciente demanda social de transparencia, integridad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
En este sentido, el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado incorpora un código de buen gobierno en el que se incluyen diferentes aspectos y se recopila toda la legislación enfocada a evitar cualquier actividad por
parte de los cargos públicos de la Administración General del Estado que pudiera comprometer su integridad, su independencia y su imparcialidad, así como distorsionar el desempeño de sus deberes públicos.
El código de buen gobierno es mucho más que un conjunto de directrices; se trata de un compromiso con los ciudadanos para garantizar que la administración actúe con rectitud, eficiencia y responsabilidad. Este código establece principios
esenciales como la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención de conflictos de interés y la promoción de la ética pública. Su cumplimiento no solo es una obligación legal, sino también un deber moral para con la sociedad.
Ya en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se elevaba a cuestión con rango de ley los principios éticos y directrices de conducta que deben regir las actuaciones de los altos
cargos al servicio de la Administración General del Estado. Pero no solo es necesario que se cumpla con aquello previsto en la legislación.
La actuación del Gobierno y todos sus altos cargos debe inspirarse y ejecutarse bajo el paraguas de garantías adicionales que garanticen a la ciudadanía el cumplimiento de los principios de funcionamiento de las instituciones democráticas, a
través de un comportamiento y políticas eficaces de garantía de la integridad institucional que, además, faciliten el cumplimiento de los principios recogidos en el marco normativo en vigor.
Cuando los principios del buen gobierno no se respetan, las consecuencias son múltiples y graves. En primer lugar, la corrupción desvía recursos que podrían ser utilizados para el bienestar común, afectando especialmente a los sectores más
vulnerables de la sociedad. Además, la falta de integridad mina la confianza pública en las instituciones, lo que puede llevar a un ciclo vicioso de corrupción y desilusión, debilitando aún más las instituciones públicas.
Las investigaciones sobre la operación Delorme han puesto de manifiesto la urgencia de reforzar las medidas de control y transparencia dentro de la Administración General del Estado. La implicación de altos cargos de diferentes
administraciones, incluyendo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante su etapa como presidente de las Islas Canarias, en presuntas irregularidades, resalta la necesidad de revisar y fortalecer nuestro sistema de integridad
pública.
Para restaurar la confianza y asegurar la correcta gestión de los recursos públicos, es imperativo que el gobierno tome medidas concretas y visibles que demuestren su compromiso con el código de buen gobierno, cuyo cumplimiento no es una
opción, sino
una necesidad imperiosa para garantizar la integridad y la eficiencia de la administración pública, especialmente, de sus altos cargos.
El Gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas decisivas para restaurar la confianza y asegurar que los principios del buen gobierno se respeten en todas las áreas de la Administración. Solo a través de un compromiso genuino con la
transparencia, la rendición de cuentas y la integridad, podremos construir una Administración Pública que sirva verdaderamente al interés común y que sea capaz de enfrentar los desafíos con eficacia y responsabilidad.
Por todo lo expuesto el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con el Código de Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado con el objetivo de garantizar el servicio al interés general, la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la credibilidad, la
ejemplaridad y la honradez de los altos cargos de la Administración.
2. Reforzar los mecanismos de control y supervisión interna en toda la Administración General del Estado, tanto central como periférica.
3. Promover la formación y la cultura ética en coordinación con las comunidades autónomas y las administraciones locales, a través de acciones unificadas en todos los niveles de la Administración Pública que fomenten la cultura
organizacional de integridad y la denuncia de la corrupción.
4. Fortalecer la rendición de cuentas por parte de los altos cargos de la Administración, especialmente de aquellos que han ostentado u ostentan competencias ejecutivas, con el fin de garantizar que sus actuaciones sean transparentes y
ajustadas a la legalidad.
5. Promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas en integridad pública y transparencia entre las diferentes administraciones, facilitando la replicabilidad de iniciativas efectivas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa, Antonio
Cavacasillas Rodríguez, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de una
planta fotovoltaica para reducir los costes de la IDAM de Torrevieja, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Las obras de la desaladora de Torrevieja se iniciaron en 2007, entrado en explotación en 2014.
El Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, habilita a la suscripción de Acuerdos con las Comunidades de Regantes para dotarles desde la IDAM de agua para regadío.
La desaladora de Torrevieja es una infraestructura declarada de interés general del Estado cuyo objetivo principal es la generación de nuevos recursos hídricos (hasta un máximo de 120 hm3/año). Estos caudales permitirán paliar la
infradotación de los regadíos del trasvase Tajo-Segura y la sobreexplotación de algunos de los acuíferos existentes en estas zonas regables.
A la vista del déficit hídrico existente en la Demarcación Hidrográfica del Segura, y la tendencia reflejada en los escenarios futuros, para dar solución a los problemas medioambientales (sobreexplotación de acuíferos) y de satisfacción de
demandas del regadío que conlleva, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está promoviendo incorporar a la cuenca todos los recursos posibles de agua desalinizada, a una tarifa asequible para el regadío.
En este contexto se prevé la ampliación de la planta desaladora hasta los 120 hm3 anuales y la construcción de una planta solar fotovoltaica ligada a la desaladora que permita reducir el coste energético de la producción y distribución de
los nuevos recursos a medio y largo plazo, lo que redundaría en una disminución del precio unitario final del recurso. La planta solar fotovoltaica para el suministro de energía a la desaladora de Torrevieja prevé una inversión estimada de unos 69
M.
La planta se está diseñando con una potencia que permita generar entre un 30 % y un 35 % de la energía que necesita la desaladora. La rebaja del precio del metro cúbico final vendrá determinada por la potencia instalada (a mayor potencia,
mayor superficie y mayor rebaja) y por el precio de la energía en cada momento. A modo de ejemplo, con un precio de la energía de 80 /MWh, la rebaja estaría en el entorno de un 30 %.
La superficie de la planta viene determinada por la potencia de diseño, que en este momento se estima entre unas 130 y 160 hectáreas en el municipio de San Miguel de Salinas en Alicante (según respuesta del Gobierno 184/3128). Para dicha
ubicación no se ha tenido en cuenta a la opinión de los habitantes de San Miguel de Salinas, ya que no se ha realizado consulta previa a los vecinos de este municipio, ni se ha informado con anterioridad al consistorio.
Los riesgos ambientales de la localización de la Planta son muy relevantes. Esta zona es el pasillo o corredor ecológico entre el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y el Paisaje Protegido de Sierra Escalona (futuro Parque
Natural), espacios incluidos en la Red Natura 2000. La implantación de esta infraestructura supondrá la ruptura de la conectividad biológica entre ambos espacios naturales y la pérdida de biodiversidad de la zona.
Las pérdidas económicas ascienden a más de 4,5 millones de euros al año en pequeñas empresas agrarias y familiares.
La ubicación de la planta fotovoltaica, por su extensión está generando una gran controversia en la provincia de Alicante, que se evidenció en la manifestación que se produjo el 3 de marzo, donde participaron más de 3000 personas, según los
medios de comunicación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar inmediatamente la implantación de esta Planta fotovoltaica en el mejor suelo agrícola de San Miguel de Salinas.
2. Considerar alternativas basadas en estudios rigurosos que no tengan afecciones para la huerta de San Miguel de Salinas, ni para la Vega Baja del Segura. Podrían ser tenidos en cuenta espacios donde instalar las placas, como los canales
del postrasvase Tajo-Segura, o el establecimiento de fotovoltaicas flotantes sobre el embalse de la Pedrera, sito en las proximidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Macarena Montesinos de Miguel, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez, Sandra Pascual Rocamora y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación del tómbolo sobre
el que se asienta el castillo y la ciudad de Peñíscola y la adopción de medidas para garantizar la estabilidad y seguridad del acantilado y del conjunto histórico-artístico de Peñíscola, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
La Península Ibérica ha sido testigo del paso de civilizaciones y acontecimientos históricos desde tiempos prehistóricos. Por este motivo, no es de extrañar que nuestra zona litoral albergue una gran cantidad y variedad de patrimonio
cultural. El Castillo Fortaleza del Papa Luna en Peñíscola, provincia de Castellón, es un ejemplo icónico de esta riqueza patrimonial.
El fuerte temporal marítimo que azotó la costa castellonense la primera semana del mes de diciembre de 2019 causó, en la madrugada del jueves al viernes 6 de diciembre, el desprendimiento de dos grandes bloques de piedra del tómbolo sobre el
que se asienta el Castillo del Papa Luna y la ciudadela de Peñíscola.
La zona afectada está situada en las proximidades de las denominadas 'Escaleras del Papa Luna', detrás del Castillo, donde rocas de grandes dimensiones se desprendieron del acantilado que cimenta la muralla exterior de la fortificación y se
precipitaron al mar.
En un primer análisis técnico, desde la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, manifestó como causa del desprendimiento el proceso natural de descalcificación de la roca, apuntando que, en su opinión, no se aprecia
peligro para la seguridad del conjunto Histórico-Artístico que constituye el Castillo y la Ciudadela de Peñíscola.
Las singulares características geológicas y geográficas del Casco Histórico de Peñíscola, que se asienta sobre un tómbolo de roca caliza, la hacen especialmente vulnerable a la acción erosiva de las olas y las corrientes. En este sentido,
si bien el nivel de deterioro ambiental en los elementos naturales del tómbolo en general no era apreciables hasta ahora, ya en el verano de 2018 aficionados locales a la fotografía y a los deportes náuticos alertaron del estado del acantilado en la
parte posterior del Castillo, detectándose un cambio evidente en la estabilidad del tómbolo en dicha zona, donde se observaron desprendimientos e inestabilidad en las grandes losas que forman parte del conocido como 'Pas de la Girafa', situado justo
debajo de las escalinatas de acceso al castillo desde el mar y que forman parte de acantilado, sobre el que se apoya la muralla exterior del castillo y gran parte del Casco Antiguo de Peñíscola.
Hay que señalar que las Murallas y el Castillo son patrimonio del Estado, y que el hecho que tanto las Murallas, como el Castillo, el Faro y todo el núcleo que conforma el
Casco Antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, queden fuera del dominio público marítimo-terrestre no justifica en ningún caso que el Gobierno de España se desentienda de la peligrosidad que la situación comporta, no sólo respecto a
la afección sobre un Bien declarado de Interés Cultural desde el punto de vista patrimonial, sino respecto a la seguridad de todos los ciudadanos, vecinos y residentes en el Casco Antiguo y/o también visitantes ocasionales del referido Conjunto
Histórico-Artístico.
La ciudad de Peñíscola tiene unas condiciones históricas, arquitectónicas y paisajísticas excepcionales, que motivaron su declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1972, por tanto, es necesario salvaguardar todo este legado patrimonial,
que la hace irrepetible, para que las generaciones futuras puedan conocerlo y disfrutarlo.
Los valores a conservar son de doble naturaleza, por un lado, el carácter histórico de la ciudad y su conjunto a través de lo material que constituyen el patrimonio arquitectónico, urbano, arqueológico, paisajístico y medioambiental y, por
otro, los valores simbólicos y espirituales que constituyen el patrimonio social y etnológico.
La Diputación Provincial de Castellón encargó a la Universitat Politécnica de València un estudio, denominado 'Plan de acción para la estabilización y protección de las laderas del frente marítimo del castillo de Peñíscola', en el que se
marcan las acciones a tomar para proteger el acantilado de los envites del mar. Además, esta institución creó una mesa de trabajo en la que están representadas las diferentes administraciones.
Han trascurrido cuatro años sin ninguna actuación de protección del tómbolo de Peñíscola y a la vista de los desprendimientos producidos, por la alarma que ello ha significado y la peligrosidad que puede entrañar para el Conjunto
Histérico-Artístico de Peñíscola, tanto desde el punto de vista patrimonial como para la seguridad de sus habitantes, se considera urgente que por parte del Gobierno de España se adopten cuantas medidas resulten necesarias en garantía de la
estabilidad y la seguridad del acantilado y del Conjunto Histérico-Artístico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar en consideración el ''Plan de acción para la estabilización y protección de las laderas del frente marítimo del castillo de Peñíscola'', garantizar la estabilidad y la seguridad del
acantilado, ejecutar las actuaciones de su competencia previstas en el estudio realizado por la Universitat Politécnica de València (UPV) y colaborar con el mantenimiento del patrimonio cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Óscar Clavell López, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a las conducciones de la
presa de Béznar-Rules, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La presa de Béznar-Rules se halla en la provincia de Granada, a las puertas de la bajada hacia la Costa Tropical granadina, uno de los enclaves más significativos de la
provincia, donde emerge una potente agricultura que representa un auténtico motor de empleo y que tiene muchas perspectivas de crecimiento.
Esta presa está situada en el cauce de río Guadalfeo y recoge las aguas de parte de Sierra Nevada, de la sierra de Lújar y de la Sierra de la Contraviesa. La presa es de 'arco de gravedad' y dispone de una altura sobre cauce de 94 m y una
altura sobre cimientos de 132 m. El embalse tiene una superficie de 345 ha y una capacidad de 114 hm3.
Su construcción necesitó una gran inversión pública, incluido un modificado de la obra que elevó su presupuesto inicial. Se finalizó en el año 2003, pero desde entonces la presa no ha tenido prácticamente utilidad al no contar con
conducciones, convirtiéndose así en lo que ha sido calificado como 'la mayor piscina de Europa', lo cual constituye un gran fracaso de la Administración Pública. Se hace urgente y necesario corregir esta trayectoria de la Administración, con un
gran impulso a la construcción de las canalizaciones de la presa. De este modo, el gasto público que se ha realizado años atrás, y el que se vaya a realizar con la construcción de las canalizaciones, será revertido a los ciudadanos en forma de
creación de empleo y riqueza para la zona y miles de familias.
La puesta en marcha de las conducciones de la presa de Rules es, con claridad, uno de los proyectos públicos más generadores de empleo que se puedan invocar, tanto es así que los beneficios socioeconómicos y medioambientales derivados de las
canalizaciones de la presa de Rules se pueden resumir en la creación de más de 10.000 puestos de trabajo directos, ahorro energético de más de 4 millones de euros anuales y por consiguiente, menor coste de agua y mayor rendimiento económico de las
explotaciones regadas, así como la reducción de CO2, estimadas en 13.873.874 kg de CO2 al año, derivado del ahorro energético al reducir los consumos eléctricos u otros combustibles empleados en bombeos de agua.
Estamos atravesando una de las peores sequías de los últimos tiempos, una situación que requiere de acciones coordinadas. Esta escasez de agua no solo impacta en las actividades diarias de los granadinos, sino que afecta gravemente a la
agricultura, la industria y la biodiversidad de la provincia. Por este motivo, las afecciones de la sequía a la provincia de Granada convierten en una necesidad imperiosa la ejecución de las canalizaciones de Béznar-Rules.
Así, para ejecutar los dos primeros tramos de las canalizaciones Béznar-Rules, el Gobierno había comprometido 105 millones de euros de fondos europeos Next Generation. Las obras del primer tramo, conocido como 'desglosado número 9',
consisten en la ejecución de una red de conducciones que permitan utilizar las aguas embalsadas en la presa para llevarlas hasta la ETAP de Palmares, comenzaron este mes de marzo con un desembolso de 66,5 millones de euros. Sin embargo, el tramo
que debería llevar agua a Almuñécar y el Valle del Río Verde, conocido como 'desglosado número 3', se paralizaba.
Debemos recordar que el desglosado número 3 comenzó su tramitación en marzo de 2023 y desde julio de ese año se encuentra pendiente del examen de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio. El problema viene del
periodo de tiempo estimado para su ejecución, pues tras la publicación del proyecto este deberá ser sometido al proceso de información pública, aprobación definitiva y licitación de las obras y, en consecuencia, transcurriendo más tiempo del
contemplado para ser beneficiario de los fondos europeos, ya que la obra tenía que estar ejecutada para el 2026.
Este hecho, que Rules había perdido los fondos porque el proyecto no está lo suficiente avanzado, fue confirmado en la primera vez la comisión de seguimiento de Rules que tuvo lugar el pasado 24 de mayo. En esta reunión, en el que
participaron el Gobierno, a través de ACUAES, Mancomunidad de Municipios de la Costa y Junta de Andalucía.
Dada la situación, la Subdelegación de Gobierno llegó a expresar el compromiso de finalizar el proyecto y sacar a licitación la obra, asumiendo el Gobierno una parte del gasto.
Por otra parte, un convenio entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios, establecía la financiación para el proyecto del 'desglosado número 9' con el 80 % con cargo a las ayudas de Europa, y el resto, que le
correspondía a los agricultores de la Costa, lo aportaría la Junta de Andalucía, que también acordó hacerse cargo de la parte que tendrán que asumir los agricultores para el desglosado número 3.
El Ministerio de Transición Ecológica y el Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía tenían prevista una reunión el pasado 27 de mayo donde debía abordarse la financiación del desglosado número 3. Sin
embargo, un día antes el Gobierno suspendió el encuentro por motivos de agenda.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar y materializar en la mayor brevedad posible y de manera urgente la reunión aplazada entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
2. Actualizar el último proyecto general de Rules, de los 6 ya realizados, en un plazo de 6 meses, para que incluya más aprovechamiento y se tenga en cuenta las aguas regeneradas y la actualización de los costes de inversión.
3. Preparar los pliegos para la redacción de los proyectos constructivos de los tramos pendientes, reduciéndose solo en dos fases, una que contemple el margen derecho del Guadalfeo y otra el izquierdo.
4. Concretar los plazos previstos para la obra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de impulso de la
construcción industrializada y prefabricada de vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
De acuerdo con los estudios que se realizan del mercado de vivienda, la inmensa mayoría de los habitantes de España desean tener una vivienda en propiedad. Muchos españoles optan por la compra de la vivienda como una medida de ahorro y un
seguro para el futuro.
Sin embargo, la Ley de Vivienda del Gobierno promueve la intervención del mercado inmobiliario, protege al que okupa una vivienda, abandona a los propietarios y crea una nefasta inseguridad jurídica que ha ahuyentado a los inversores,
agravando el problema que existe en nuestro país en materia de acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda se ha convertido según el propio CIS en una de las principales preocupaciones de los españoles. La inquietud por la vivienda sube,
situándonos en los mismos niveles de preocupación del 2009. Y es que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de Estado sobre el que hay que actuar con determinación y con políticas eficaces.
El principal problema del sector es el desfase existente entre la oferta y la demanda. Un desfase que crece mes a mes, año a año, agravando aún más el problema. Según
APCESPAÑA, se necesitaría construir entre 120.000 y 150.000 viviendas al año para hacer frente a la demanda existente. Diferentes estudios arrojan la cifra de 1,2 millones de viviendas necesarias para el 2030. El Banco de España alertaba
de este desfase en su último informe, detallando que harían falta 600.000 viviendas nuevas para el 2025.
España está construyendo 2,32 viviendas/1000 hab., muy por debajo de otros países comparables (Reino Unido 3,6/1000 hab, o Alemania 3,74/1000 hab.), así como de las necesidades estimadas por el INE (4 viviendas/1000 hab.).
Esta escasez de oferta está produciendo enormes tensiones en el mercado inmobiliario, que se han acentuado con una Ley de Vivienda intervencionista y que ha producido una gran inseguridad jurídica. Pretende proteger a los más vulnerables,
pero las consecuencias son precisamente las contrarias. Menos oferta, más requisitos en los contratos de alquileres, precios de compra más elevados ...
En diciembre de 2023, los precios de alquiler se dispararon superando un máximo histórico a nivel nacional superior a 12 euros el metro cuadrado, un encarecimiento que complica el acceso a las personas con rentas más bajas y que hace que la
demanda de las habitaciones en viviendas compartidas se haya incrementado un 14 %, según diferentes portales inmobiliarios. Unos precios que afectan de manera más intensa a los jóvenes. Los datos que arroja el estudio del consejo de la juventud
sobre la dificultad de emancipación de los jóvenes son ciertamente alarmantes y ya supera la edad media de 30 años, dato histórico en nuestro país.
Entre las medidas a desarrollar que palien las consecuencias de las políticas de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, están las de ámbito normativo, que doten de mayor seguridad jurídica a los procedimientos, permitan disponer de suelo
con mayor celeridad y puedan reducir los plazos de la administración pública en el complicado entramado de pasos intermedios que necesita cualquier promoción de viviendas en España. Pero también son necesarias medidas de impacto que favorezcan una
construcción sostenible y rápida, sin perder ningún estándar ni de calidad, ni de seguridad, ni estéticos.
En este sentido, desde hace años existe un debate abierto en el ámbito de la industrialización y la prefabricación, íntimamente relacionados con procesos relativos a la innovación aplicada a los sistemas constructivos. Durante el siglo XX,
la industria de la construcción experimentó un aumento en el uso de edificios prefabricados como respuesta a la escasez de mano de obra y al aumento de la demanda de viviendas, justo las mismas circunstancias que estamos viviendo hoy en día.
Podríamos decir que el palacio de cristal de Londres de 1851 fue la primera obra industrializada en la construcción, cuya estructura metálica permitía el rápido montaje y desmontaje.
Los procesos han avanzado enormemente en los últimos años, por esa razón es imprescindible la necesaria adaptación de la normativa en este campo que ha de ser medida de urgencia si de verdad se pretende impulsar al sector y comenzar a dar
soluciones reales al problema de la escasez de vivienda.
Se trata de una tendencia mundial que hará que en menos de una década la construcción de casas industrializadas supere a las tradicionales en la mayoría de los países desarrollados.
En España, tan solo se construyen un 1 % de viviendas unifamiliares industrializadas (entre 800 y 1.000), pero se calcula que llegarán a las 10.000 unidades en 2024 y que representarán el 40 % del total en 2030 según el Clúster de la
Edificación. Este cambio de la promoción residencial en España sigue la estela de otros países como Reino Unido, EE.UU., Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca o Noruega.
¿Pero a qué llamamos prefabricación? La prefabricación se refiere a la práctica o método de ensamblar viviendas o componentes de estructuras en un lugar distinto del lugar de construcción, como una fábrica o cualquier otro lugar de
fabricación. El proceso también implica el transporte de conjuntos completos o subconjuntos a la obra.
Así la construcción industrializada construye viviendas en las que se crean casas o parte de sus estructuras traídas de la fábrica, y es en el lugar de ubicación de las mismas
donde se procede a las tareas de ensamblaje de piezas, como si de cualquier otro proceso fabril se tratara.
Este sistema de construcción reduce costes y sobre todo reduce tiempos de entregas, dos de los retos a los que nos enfrentamos con el problema de la vivienda actual. También permite crear edificios más sostenibles al utilizar materiales
como la madera y otros materiales reciclados pero igualmente seguros.
En un contexto como el actual, en el que la dificultad para acceder a la vivienda se ha convertido en un problema de Estado, la construcción industrializada y prefabricada ofrece una buena herramienta para superar este reto, entendiendo que
la industrialización es un proceso y que se combinará con otros sistemas de construcciones tradicionales, existiendo grados en la industrialización de la obra, que aportará, además de rapidez, mejora de la calidad de la misma.
La construcción industrializada y off-site (realizada fuera de la obra) es la alternativa para solucionar muchas de las problemáticas del sector: reducir el gasto energético y las emisiones de CO2, controlar costes, reducir el derroche de
materiales, bajar la siniestralidad laboral y reducir los tiempos de ejecución mejorando la calidad de la obra y de los procesos.
No podemos pensar en dar solución al problema de la vivienda en España sin pensar en el impulso de estos sistemas que permitan reducir los plazos de construcción para poder acompasar la desfasada diferencia entre la oferta y la demanda en
nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al impulso de la construcción industrializada y prefabricada para contribuir a paliar el problema de la vivienda en España a través de las siguientes medidas:
1. Diseñar e implantar los cambios normativos necesarios a través de un grupo de trabajo donde estén incorporadas las administraciones públicas, los colegios profesionales y las asociaciones y entidades del sector con el fin de poder
impulsar de manera efectiva la construcción industrializada, así como para:
- Analizar los procedimientos necesarios para la reducción de burocracia administrativa, minimizando así el tiempo de las gestiones en las diferentes fases de la promoción de vivienda que permita promover la construcción industrializada.
- Mejorar los mecanismos de colaboración público-privada para la promoción de vivienda asequible impulsando la construcción industrializada, reduciendo así los plazos de los sistemas tradicionales.
2. En colaboración con las administraciones educativas competentes, diseñar un plan de impulso a la formación profesional dual en el ámbito de la industrialización y la prefabricación en la construcción.
3. Desarrollar líneas de estímulo para las industrias relacionadas con la prefabricación e industrialización en la construcción.
4. Impulsar medidas de financiación donde se permitan incluir los procesos industriales y prefabricación aplicada a la construcción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia, Sergio Sayas López, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana
Isabel Alós López, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/000903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Sanidad, relativa a la adopción de medidas para garantizar la Atención Primaria a toda la ciudadanía del medio rural.
Exposición de motivos
La Constitución española, en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, en su artículo 43 'reconoce el derecho a la protección de la salud' y establece que 'Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto'.
Por consiguiente, las Administraciones Públicas tienen la obligación de prestar los Servicios Públicos en todo el territorio, a toda la ciudadanía, con la calidad necesaria, en condiciones de equidad ... Sin embargo, no está siendo así, al
menos en las zonas de salud rurales, y por eso se está denunciando desde diferentes plataformas ciudadanas tales como las Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, Mareas Blancas, Movimiento de Acción Rural de la comarca de Cuencas Mineras en
la provincia de Teruel o las diferentes plataformas vecinales de Asturias, entre otras.
Los habitantes del medio rural no pueden comprender que otros Servicios Públicos básicos, como la Educación, se presten en el medio rural con calidad, con obligatoriedad, adaptados al medio rural, con el personal y los medios necesarios, en
todos los rincones del territorio, y que no resulte posible hacerlo con la Sanidad rural.
La escasez de personal sanitario motivado por las deficientes políticas de recursos humanos llevadas a cabo en los últimos años, lo que ha supuesto la migración a otros estados europeos de profesionales formados en las universidades
españolas en busca de mejores condiciones laborales y salariales; la falta de reconocimiento del trabajo en Atención Primaria, priorizando modelos más hospitalocentristas que no han fortalecido una red de centros de salud y profesionales
especialmente en zonas con más necesidades como son las zonas rurales. Todo ello se percibe con especial gravedad en el medio rural, donde existen numerosas plazas vacantes, porque no hay profesionales que quieran ocuparlas, pues no existen
incentivos suficientes ni la obligatoriedad de cubrir las plazas adjudicadas como sí sucede en otros servicios públicos.
Por ello, la cartera de servicios que se ofertan en las zonas de salud rurales se va recortando, concentrándose los servicios en unos centros ubicados en municipios de mayor tamaño, e incluso en la capital provincial, en detrimento de otros
más pequeños, obligando a sus habitantes a trasladarse (y en muchas ocasiones por sus propios medios) a distancias superiores a los '30 minutos', distancia de referencia promovida desde el Gobierno de coalición progresista en su política de reto
demográfico.
La singularidad rural viene a agravar el déficit presupuestario de la Atención Primaria en nuestro sistema público de salud, tal como quedó de manifiesto durante el desafío de la pandemia de COVID-19.
Para responder a esta situación, hay que implementar medidas presupuestarias, de mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios en especial en el medio rural, pero también administrativas para ampliar el
número de profesionales y corregir el déficit asistencial que padecen los usuarios de la sanidad pública en el medio rural.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Siguiendo las propuestas señaladas en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, incluir en la Estrategia de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad:
a. El objetivo de dedicar el 25-30 % de los recursos sanitarios a Atención Primaria con carácter finalista.
b. Medidas que permitan limitar las consultas telefónicas y telemáticas a una actividad asistencial complementaria (prescripciones, bajas, etc.) evitando así la discriminación de las personas mayores con dificultades para acceder a las
nuevas tecnologías.
c. Medidas para evitar que los centros de atención primaria en el medio rural puedan quedar desatendidos por falta de personal. Se plantean, entre otras medidas: garantizar la cobertura de forma estable (longitudinalidad) de dichas plazas
mejorando las condiciones laborales para la fijación de personal en dichos equipos de atención primaria.
d. Medidas para acabar con la precariedad laboral y para redimensionar los equipos multidisciplinares con el objetivo de cubrir las necesidades de salud de la población.
e. Impulsar la formación de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en medicina y enfermería rural. Aumentar los períodos de rotación de residentes de Medicina y Enfermería, durante sus años de formación, en los equipos de Atención
Primaria rural.
f. Trabajar el desarrollo de procesos de desarrollo y de acción comunitaria en el medio rural, estableciendo procesos de participación entre ciudadanía e instituciones para mejorar los determinantes de la salud y con una base municipal.
g. El establecimiento de un plazo máximo para atender desde la Atención Primaria la petición de cita de un paciente.
2. Solicitar a las Comunidades Autónomas y a las Universidades, en sus respectivos ámbitos competenciales:
a. que se impulse la formación de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en medicina y enfermería rural, así como que se aumenten los períodos de rotación de residentes de Medicina y Enfermería, durante sus años de formación, en los
equipos de Atención Primaria rural.
b. que se adecúen las plazas de diferentes formaciones universitarias de Ciencias de la Salud a las estimaciones de las necesidades de personal necesario en nuestro sistema sanitario, atendiendo no sólo al número de plazas sino a una
formación pregrado que incluya formación específica en Atención Primaria, Medicina y Enfermería en el ámbito rural y salud comunitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Rafael Cofiño Fernández y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la no financiación de programas de Cooperación al Desarrollo en países donde no se respete la libertad religiosa de los
cristianos, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Primero. La persecución de los cristianos en el mundo.
Según el último informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37 % y alcanzan a una población de más de 4.900 millones de personas, es decir, más de la mitad de la
población mundial. De los 61 países donde se ve vulnerada la libertad religiosa, en 28 países esta vulneración se concreta en forma de persecución (13 de ellos en África, donde prolifera vertiginosamente la expansión de la violencia islamista); y
en 33, en forma de discriminación 7.
De entre las confesiones religiosas, la fe cristiana es la más perseguida del mundo. Señala el informe que, '[a] escala mundial, la retención y consolidación del poder en manos de gobiernos autoritarios y líderes de grupos fundamentalistas
ha provocado el aumento de las violaciones de todos los derechos humanos, incluida la libertad religiosa' 8; menciona específicamente los casos de opresión general de las comunidades religiosas en Turquía, Siria, Nigeria, Irak, China, India y
Pakistán, y denuncia una 'creciente cultura de la impunidad' 9.
Segundo. Los casos de Nigeria, Sudán y Nicaragua.
En los últimos doce años, en Nigeria cerca de 17.500 iglesias han sido atacadas, se han destruido más de 2.000 escuelas cristianas, y la persecución ha causado al menos 10 millones de personas obligadas a huir o a desplazarse en el norte del
país. Así, más de 43.000 cristianos han sido asesinados en este período de tiempo 10. Mientras tanto, el Gobierno nigeriano -controlado por los partidos musulmanes-, mira hacia otro lado.
Uno de los ataques más cruentos se produjo durante la celebración de la pasada Navidad. Concretamente, en apenas 72 horas -del 23 al 26 de diciembre- grupos islamistas de la etnia fulani atacaron de forma coordinada veintiséis aldeas
cristianas, que tuvo como resultado la muerte de más de 170 cristianos 11. Asimismo, esta flagrante dejación de funciones por parte del gobierno nigeriano se explica por el control que ejerce la citada etnia en los puestos clave de la
administración. Este es el caso de Muhammadu Buhari, anterior presidente del país, excombatiente de la guerra de Biafra y miembro de la etnia fulani. Uno de los principales objetivos del expresidente nigeriano era la imposición de la Sharia, la
cual ya se aplica en un tercio de los estados del país 12.
7 ACN INTERNATIONAL: 'Informe de libertad religiosa en el mundo 2023' Aid to the Church in Need. Disponible [En línea]: https://acninternational.org/religiousfreedomreport/es
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 MÉNDEZ, José Antonio: '¿Qué está pasando en Nigeria? El mayor conflicto de la región se ceba con los cristianos', El Debate, 30.12.23. Disponible [en línea]:
https://www.eldebate.com/religion/iglesia/20231230/esta-pasando-nigeria-mayor-conflicto-region-ceba-cristianos_163679.html
11 Ibidem.
12 Ibidem.
En segundo lugar, cabe mencionar la persecución que sufren los cristianos en Sudán. Con un 4,5 % de población cristiana, el país africano ha involucionado en cuanto al respeto por la libertad religiosa. Si en septiembre de 2020 Sudán pasó
a convertirse en un Estado laico, el golpe de Estado liderado por el general Abdel Fattah en octubre de 2021 dio al traste con la separación religión-Estado. Así, los ataques contra los cristianos han sido constantes desde entonces, siendo llevados
a cabo por milicianos afectos al régimen de Al Bashir, de corte islamista 13.
Así las cosas, es necesario señalar que la persecución contra los cristianos no se produce únicamente en países donde éstos son minoría. Este es el caso de Nicaragua, donde el 95 % de la población es cristiana.
A mayor abundamiento, el Estado es responsable de 'la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de los valores cristianos' 14 (art. 4 de la Constitución de Nicaragua). Sin embargo,
el régimen de Daniel Ortega ha señalado a la jerarquía eclesiástica del país de 'intentar un golpe de Estado'. Tras estas graves acusaciones, se han sucedido multitud de ataques contra los cristianos durante los últimos años. Un hecho destacable
es el cierre de 16 organizaciones civiles, 'gran parte de ellas de carácter confesional, tales como: la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), asociada a la diócesis de Estelí' 15.
Tercero. Conclusiones.
Estos tres ejemplos, son apenas una muestra de la situación que viven los cristianos en multitud de países. El Grupo Parlamentario VOX ha sostenido en todo momento la importancia de defender nuestras tradiciones y cultura y los fundamentos
de nuestra civilización occidental, que son eminentemente cristianos. El cristianismo es parte esencial de la identidad de Occidente, así como la religión con mayor número de fieles en todo el mundo, debiendo por tanto los Estados garantizar la
debida protección para que sus fieles puedan profesarla en libertad, así como respetar en todo momento sus tradiciones y costumbres.
La persecución que padecen los cristianos en diversos países del mundo no cuenta con la cobertura mediática ni la reacción política que debería. Es más, en muchos casos, la violencia y persecución que sufren muchos cristianos es
relativizada por los medios de comunicación y poderes públicos cuando es objeto de mofa. Por estos motivos consideramos que España, especialmente de los poderes públicos, debe condenar esta realidad silenciada que se cobra la vida de miles de
personas al año, así como mostrar un mensaje claro de apoyo a aquellos que sufren los estragos de la criminalización y persecución del cristianismo.
A la vista de este somero análisis de la situación que viven los cristianos en muchos países del mundo, España no debería de financiar programas de cooperación en aquellos países donde los cristianos son perseguidos y en muchas ocasiones,
asesinados por sus creencias.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en un plazo no superior de 6 meses, un informe en el que se detalle un listado de países en los que no se garantice y proteja la libertad religiosa de
los cristianos y, en los que el Estado español financia proyectos de cooperación.
13 ACN INTERNATIONAL: 'Informe de libertad ...op.cit. ficha de país Sudán. Disponible [en línea]: https://acninternational.org/religiousfreedomreport/es/informe/pais/2023/sudan
14 Ibidem. Ficha de país de Nicaragua. Disponible [en línea]: https://acninternational.org/religiousfreedomreport/es/informe/pais/2023/nicaragua
15 Ibidem.
2. Este informe deberá ser presentado con carácter anual ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados.
3. Suspender la financiación de cualquier programa de cooperación en aquellos países donde no se proteja la libertad religiosa de los cristianos
4. Condenar los actos de discriminación y persecución contra los cristianos, el grupo religioso más perseguido del mundo según constatan numerosos informes y resoluciones de organizaciones internacionales.
5. Denunciar la persecución de la libertad religiosa en el mundo, que sufren de modo especial los cristianos, a las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de las demás
organizaciones internacionales desde las que se pueda sensibilizar y concienciar a la comunidad internacional para actuar frente a estos gravísimos ataques contra la dignidad de la persona.
6. Introducir entre los objetivos del VI Plan Director de la Cooperación Española la ayuda y protección de los cristianos perseguidos, por la extrema conculcación de la libertad religiosa que padecen en el mundo.
7. Impulsar cuantas medidas de apoyo a los cristianos perseguidos sean necesarias por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en defensa de la dignidad de la
persona, fundamento de nuestro orden político.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/000897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley sobre la menopausia, para su debate y aprobación en
Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La menopausia es una condición fisiológica causada por el cese de la actividad ovárica, que siempre se va a presentar en algún momento de la vida de las mujeres, de forma más precoz o tardía. A pesar de ello, sigue siendo un tema tabú, y
del que muchas no hablan por vergüenza, por considerarlo un estigma o por pensar que puede afectar a sus relaciones personales o laborales.
Se ha descrito un abanico muy amplio de síntomas, desde los más livianos a los más invalidantes, que afectan a veces de forma muy intensa a las actividades de su vida diaria y al ámbito laboral. No se debe asimilar menopausia con vejez;
menopausia no es vejez, es una fase de sus vidas.
Muchas de las mujeres afectadas se quejan de falta de información sobre un asunto crucial al que se van a enfrentar con seguridad antes o después.
Recientes artículos científicos sugieren la necesidad de dar un enfoque nuevo y diferente a la menopausia, y de preparar y orientar con información veraz y de calidad sobre los síntomas que pueden aparecer y los tratamientos disponibles, así
como de los potenciales ajustes que puedan ser necesarios en el puesto de trabajo en relación con esta situación.
La aparición de síntomas, a veces muy invalidantes, como sofocos o insomnio, falta de energía vital, sudoración nocturna, irritabilidad emocional, tristeza o decaimiento, así como
un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares y de deterioro cognitivo como consecuencia del descenso en los niveles de estrógenos y progesterona, afecta con frecuencia a la salud mental, así como a las relaciones de pareja y al ámbito
laboral.
Un elevado porcentaje de mujeres, a pesar de presentar síntomas, no realiza ningún tratamiento, bien por considerarlos 'normales', por miedo o vergüenza de contarlos, por temor a los efectos secundarios de los tratamientos hormonales, por
haber recibido información inadecuada, etc.
Se hace necesario por tanto un abordaje que visibilice y normalice la menopausia ante la sociedad en su conjunto, y proporcione a las mujeres las herramientas para abordarla adecuadamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha campañas de información, sensibilización, difusión y educación dirigidas al conjunto de la ciudadanía para contribuir a la eliminación de los estigmas asociados a la menopausia y permitan un mejor conocimiento de los
síntomas y su manejo, así como realizar campañas específicas que visibilicen la repercusión de la menopausia en el ámbito laboral.
2. Impulsar la formación del personal sanitario, a fin de que se pueda ofrecer a las mujeres afectadas en todos los niveles asistenciales información personalizada, incluyendo información sobre la menopausia precoz, la relación entre ésta y
ciertos tratamientos oncológicos o de otra índole, y sobre los tratamientos y medidas, farmacológicas y no farmacológicas disponibles, con acceso a ellas desde la sanidad pública, explicando convenientemente y de forma individualizada las
indicaciones y efectos secundarios de los tratamientos hormonales.
3. Mejorar la coordinación entre ámbitos asistenciales, así como la accesibilidad a los diferentes servicios de salud relacionados.
4. Fomentar la investigación, innovación y elaboración de guías de buenas prácticas específicas en la materia, de la mano de las sociedades científicas, personas expertas y las propias asociaciones de mujeres, para avanzar en la mejora de
la atención desde los servicios sanitarios a fin de ofrecer una atención con perspectiva integral sobre los tratamientos y medidas que mejoren la vida de las que padecen los efectos de la menopausia.
5. Promover a través de las administraciones locales y en colaboración con los servicios sanitarios de atención primaria en salud comunitaria, la creación de grupos y espacios de reflexión, debate y promoción integral de la salud durante
esta etapa de su vida.
6. Proponer a las CCAA, dentro de sus competencias, el envío de cartas dirigidas a la población potencialmente afectada, con información genérica y sobre los recursos disponibles, de forma análoga a lo que se hace en relación con el cribado
de cáncer de colon o las mamografías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Esther Gil de Reboleño Lastortres, Engracia Rivera Arias y Júlia Boada Danés, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000865
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre el apoyo institucional para movilizar el voto joven en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Juventud e Infancia. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre el apoyo institucional para movilizar el voto joven en las Elecciones al Parlamento
Europeo del 9 de junio, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
El próximo domingo 9 de junio, la ciudadanía española está llamada a las urnas para elegir a 61 de los 720 diputados que formarán parte del Parlamento Europeo durante los próximos 5 años. Los eurodiputados y eurodiputadas representan a más
de 450 millones de personas y legislan sobre cuestiones relevantes para los proyectos de vida europeos. El Parlamento a su vez aprueba los presupuestos de la Unión Europea; elige al presidente de la Comisión Europea y aprueba a sus comisarios y
comisarias. Las elecciones son un importante instrumento del que dispone la ciudadanía para poder expresar su voluntad y comprometerse de manera activa en las decisiones presentes y futuras de la sociedad, prioridades vitales que tienen que ver con
la transición ecológica, el empleo, la digitalización, nuevos derechos o economía.
La Comisión Europea declaró 2022 como 'Año Europeo de la Juventud', con el objetivo de empoderar, animar y dinamizar a los jóvenes europeos con nuevas oportunidades y formas de participar y asumir un papel de ciudadanía activa en la
sociedad. Aprovechando esta efeméride, Eurostat publicó la proporción de jóvenes a nivel regional de la Unión Europea. En 2020, 1 de cada 6 personas tenía entre 16 y 29 años en la Unión Europa; esto es, la población joven representaba 73,6
millones de los 450
millones de personas de la población total de la UE, alrededor de un 16 %. Por ello, es necesario incorporar las demandas generacionales a la actividad política, social y económica de la Unión Europea y para ello es fundamental una
movilización masiva de los jóvenes europeos durante las próximas elecciones del mes de junio.
El aumento de la participación a las elecciones europeas celebradas en 2019 hizo que aumentara el optimismo entre los responsables de las instituciones europeas tras varios años de fomento del euroescepticismo. Por primera vez en 25 años se
superó el 50 % de participación en los comicios europeos, un buen resultado de participación impulsado principalmente por los jóvenes. Pero, a pesar de que el 62 % de la juventud está a favor de la UE, más de la mitad afirma estar descontenta con
su modo presente de funcionar. Asimismo, el 21 % de los jóvenes dice ser escéptico con respecto a la UE, pero podría cambiar de opinión si se introduce una reforma radical. España es el Estado miembro con los mayores niveles de insatisfacción
entre los jóvenes (42 %), por encima de la media europea.
Más del 40 % de las personas jóvenes en Europa, según Eurostat, se sienten estresadas o con ansiedad la mayor parte del tiempo, en gran medida porque la incertidumbre y la falta de expectativas les impide construir sus vidas. Tres grandes
bloques de demandas forman parte de las prioridades no atendidas por las instituciones según diversos estudios de opinión, aspiraciones característicamente asociadas con las nuevas generaciones: más y mejores oportunidades para construir un futuro
materialmente bien asentado a través de formación de calidad, empleo digno o un acceso asequible a la vivienda, la respuesta al cambio climático y la implementación de reformas institucionales que hagan al sistema más receptivo a nuevas demandas.
En España compartimos los mismos retos en cuanto a emancipación, tan solo el 16,3 % de la población joven española había logrado ser económicamente independiente de sus padres y la edad media de emancipación ronda los 30 años; por otro lado, casi
la mitad de los españoles de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores a pesar de que existe un exceso de cualificación porque un 42 % de los jóvenes están sobrecualificados al haber cursado formación superior a la que exigen sus puestos de
trabajo.
La UE es consciente del papel clave de los jóvenes para preservar la democracia. Sin embargo, en estas circunstancias ya no es suficiente presentara la Unión como un ideal, sino que los responsables políticos deberán demostrar que tienen no
solo la voluntad, sino la capacidad y los recursos suficientes para encauzar y dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos, en general, y de los jóvenes en particular. Y también demostrar que es posible hacerlo respetando los principios y los
valores que están en la base de su funcionamiento. Por ello, es necesario ubicar a los jóvenes en el centro de sus políticas y ampliar su involucración en los procesos de decisión. En España, un 78 % de jóvenes piensa que la UE debería tener más
soberanía en la toma de decisiones, su confianza en las instituciones está por debajo del 50 % y 9 de cada 10 sí se sienten parte de ciudadanía de la Unión Europea, según un estudio del Consejo de la Juventud de España.
Con el fin de aumentar la satisfacción y confianza por la Unión Europea, es de vital importancia comprometerse con el principal instrumento de participación democrática que tienen los jóvenes para poder expresar sus prioridades a través de
la vida democrática y cívica. Conectar a los jóvenes de la Unión Europea a través del voto para impulsar programas o políticas ya en marcha como las relacionadas con la cooperación, el voluntariado, la movilidad en el aprendizaje, la solidaridad y
el entendimiento cultural. Si hay una alta participación joven esto tiene que traducirse en una apuesta decidida por la capacitación de toda la generación de jóvenes a través de la calidad, la innovación y el reconocimiento del trabajo en el ámbito
de la juventud.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que traslade al conjunto de las administraciones la importancia de que se fortalezca el compromiso de movilización del voto joven en las Elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, a
través de las siguientes acciones:
1. Apoyar y promocionar las diferentes actividades de colectivos y asociaciones que trabajan para promover el conocimiento sobre la UE y sus instituciones entre los jóvenes y fomentar la participación política de la juventud.
2. Luchar contra la desinformación respecto a la actividad de la Unión Europea, que desmoviliza la participación democrática y aumenta el populismo de forma calculada.
3. Evaluar y cuantificar el impacto de las políticas de la Unión Europea en los jóvenes durante los últimos años, así como dotar de mayor protagonismo al tejido asociativo europeísta joven en la capacidad de diseñar las acciones de
gobierno.
4. Trasladar la importancia de la Unión Europea y de la participación en las elecciones a los jóvenes a través de programas en centros educativos, de formación profesional y universitarios.
5. Trasladar la necesidad de reservar tiempo de emisión en los medios de comunicación para dar mayor protagonismo a la juventud europea, poniendo en valor sus prioridades y necesidades en la configuración del futuro de la UE.
6. Colaborar en la apertura de canales participativos para la configuración de espacios en los que la juventud europea pueda expresar sus inquietudes y opiniones de forma autónoma y libre de interferencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2024.-Víctor Camino Miñana e Inés Plaza García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Defensa
181/000309
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Esteban González Pons, Rafael Hernando Fraile, Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén.
Texto:
¿Para la ministra de Defensa sigue siendo Israel un Estado aliado de España en materia de Seguridad y Defensa y lucha contra el terrorismo, una vez que la ministra ha denominado a dicho Estado 'genocida'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Esteban González Pons, Rafael Antonio Hernando Fraile, Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputado: Alberto Ibáñez Mezquita.
Dirigida al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
Texto:
¿Qué medidas tiene planificadas el Gobierno de España para descarbonizar el transporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/000358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Qué acciones ha ejecutado o pretende ejecutar el Gobierno para evitar los continuos robos e interrupciones a los que se enfrenta el servicio ferroviario de Rodalies 16?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló y Carlos Flores Juberías, Diputados.
16 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240514/rodalies-sufrio-240-robos-cobre-102354876 https://efe.com/economia/2024-05-12/robo-cobre-rodalies-cortes/
181/000359
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones respectivas de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Qué análisis ha llevado a cabo el Gobierno de España para asegurar que se 'están llevando prácticas profundamente desleales' -en palabras del ministro- entre empresas ferroviarias y que se debe proteger a Renfe 17?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló y Carlos Flores Juberías, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000283
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso
Diputado: Alberto Ibáñez Mezquita
Texto:
¿Cree el Gobierno de España coherente destinar recursos públicos a la promoción turística, cuya patronal reconoce beneficios históricos, con la acción de un gobierno socialdemócrata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
Comisión de Política Territorial
181/000285
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso
Diputado: Alberto Ibáñez Mezquita
17 https://cincodias.elpais.com/companias/2024-04-01/puente-eleva-el-tono-en-su-enfrentamiento-con-ouigo-y-avisa-de-una-posible-denuncia-ante-competencia.html
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno de España realizar una segunda descentralización que fomente el municipalismo como administración de proximidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000305
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Juan Diego Requena Ruiz y María Isabel Sánchez Torregrosa
Texto:
¿Considera que se va a conseguir el objetivo de 20TWh de biogás y biometano en 2030 previsto en el borrador de actualización del PNIEC, teniendo en cuenta el escaso o nulo desarrollo de los mecanismos de actuación contemplados en la medida
1.15: Desarrollo de biogás y el biometano contempladas en el PNIEC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000306
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Juan Diego Requena Ruiz y María Isabel Sánchez Torregrosa
Texto:
¿Considera que se va a conseguir el objetivo de 22GW de potencia bruta instalada de almacenamiento en 2030 previsto en el borrador de actualización del PNIEC, teniendo en cuenta el escaso o nulo desarrollo de los mecanismos de actuación
contemplados en la medida 1.9: Desarrollo de nueva capacidad de almacenamiento hidroeléctrico contempladas en el PNIEC y a tenor de que no se ha desarrollado ni un solo megavatio de potencia nueva desde la publicación del PNIEC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000307
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Juan Diego Requena Ruiz y María Isabel Sánchez Torregrosa
Texto:
¿Sigue estando garantizada la seguridad de suministro eléctrico en 2030, si como dice el PNIEC, ésta se garantiza con la penetración de energía eólica en los escenarios
contemplados, considerando que desde la fecha actual hasta 2030 (6 años) se tiene que producir un desarrollo de 31 GW (5,1 GW/año) de potencia instalada adicional a la ya existente, considerando que el ritmo de despliegue de energía eólica
anual está actualmente en 0,714GW?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000308
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Juan Diego Requena Ruiz y María Isabel Sánchez Torregrosa
Texto:
¿Qué medidas está llevando el Gobierno a cabo para evitar la dependencia de gas procedente de Rusia, a la vista de que en 2024 es el segundo proveedor de gas en España con un 22,4 % de cobertura de la demanda, multiplicando por 4 la
participación del gas ruso respecto a la situación previa a la guerra y pasando del cuarto proveedor al segundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000310
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Javier José Folch Blanc
Texto:
¿Ha realizado el Gobierno algún un estudio de impacto transversal que analice el impacto del Reglamento Europeo de Envases sobre el tejido productivo español, desde una perspectiva holística medioambiental, económica sectorial y social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Javier José Folch Blanc, Diputados.
181/000311
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno, y Javier José Folch Blanc
Texto:
¿Qué medidas ha tomado en 2024 el Gobierno de España para evitar el continuo envejecimiento de la flota del parque móvil en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Javier José Folch Blanc, Diputados.
181/000312
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Javier José Folch Blanc
Texto:
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de España para cumplir con las recomendaciones de la Comisión en relación al PNIEC y en qué estado de cumplimiento se encuentra España en relación a los nuevos objetivos de la Comisión para los estados
miembros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2024.-César Sánchez Pérez, Joaquín Melgarejo Moreno y Javier José Folch Blanc, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000284
A la Mesa del Congreso
Diputado: Alberto Ibáñez Mezquita
Dirigida a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
Texto:
¿Qué medidas tiene previstas impulsar el Gobierno de España para frenar la especulación inmobiliaria y la acumulación de activos inmuebles que vulneran el derecho a la vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/000354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Chamorro Delmo y Carlos Hernández Quero, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Vivienda y Agenda Urbana
Texto:
¿Por qué el Gobierno no promueve la exención del pago del ITP en los casos de adquisición de vivienda habitual para facilitar la compra de vivienda a los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Por qué el Gobierno no promueve la reforma de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido para que la adquisición de la vivienda habitual de nueva construcción esté exenta de IVA, medida que favorecería sobre todo
a las familias jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
Comisión de Sanidad
181/000287
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real con la que hacer tangible la idea planteada por la ministra de Sanidad el pasado 25 de abril de 2024 de que el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria sea 'uno de los puntales para recuperar el orgullo por nuestro Sistema Nacional de Salud, ensancharlo y actualizarlo al siglo XXI'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000288
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho de que la saturación en la Atención Primaria, el incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada, la
insuficiencia de recursos específicos para una atención a la salud mental y las dificultades para acceder a
tratamientos de última generación centraron las quejas y también las actuaciones del Defensor del Pueblo en materia sanitaria en 2022 y en 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000289
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Con qué objetivos ligados a la calidad y la seguridad asistenciales ha aprobado el Gobierno mediante el Real Decreto 435/2024 que sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que evalúe la proporcionalidad de la actividad
desarrollada por los colegios de los profesionales sanitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000290
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se compromete la ministra de Sanidad a dar cumplimiento real y tangible a todos y cada uno de los compromisos que ha adquirido desde su nombramiento como ministra de Sanidad en noviembre de 2023 considerando su 'candidatura para el Comité
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud', que anunció públicamente el pasado 20 de mayo de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000291
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar alguna medida de utilidad real ante el hecho planteado por el Banco de España en su 'Informe Anual 2023' de que 'el profundo cambio demográfico en el que la población española está inmersa
supondrá, en
las próximas décadas, un apreciable aumento del gasto [ ...] en sanidad y en cuidados de larga duración'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000292
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué medidas se tiene previsto materializar desde el Gobierno -desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- para 'incluir los trastornos mentales dentro de la lista de enfermedades profesionales', tal y como ha
comprometido la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000293
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento una nueva convocatoria del 'Plan Profarma' -Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica- y, de ser así, que hará para que sea de utilidad en el objetivo de
aumentar la competitividad de la industria farmacéutica española, modernizar el sector y potenciar sus actividades de mayor valor añadido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000294
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento ante el incremento de las agresiones en 2023 registrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000295
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento para solucionar las necesidades por las que se inició la huelga de médicos en Ceuta y Melilla, el 9 de marzo de 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000296
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿A qué reuniones y avances concretos con el Sindicato Médico de Melilla se refirió la ministra de Sanidad el pasado 14 de marzo de 2024 en su comparecencia en el Senado, considerando que desde el referido Sindicato Médico de Melilla se
afirma que la propia ministra 'falta a la verdad al decir que dialoga y negocia con los médicos de Ceuta y Melilla', que las 'reuniones o avances no existen ni han existido' y que la 'ministra NO está trabajando con nosotros'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000297
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento para atender la siguiente solicitud realizada desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina: 'Reivindicamos la vuelta a esa elección presencial' de plaza de formación
sanitaria especializada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000298
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se va a dar pleno cumplimiento a todos y cada uno de los compromisos adquiridos por la actual ministra de Sanidad considerando las limitaciones derivadas de la renuncia desde el Gobierno a tramitar los Presupuestos Generales del Estado para
este año a causa de la convocatoria adelantada de elecciones al Parlamento de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000299
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de poner en marcha 'un plan de inversiones para la mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes con enfermedades
poco frecuentes, enfermedades raras' que la ministra de Sanidad adquirió el pasado mes de enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000300
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad hacer algo útil en algún momento ante el hecho de que la sanidad ocupa la segunda posición -sólo superada por la crisis económica- como 'primer problema' que afecta personalmente a los
ciudadanos en España, según se plantea en el 'Barómetro de febrero' de 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000301
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de 'actualizar el documento marco de cribado poblacional' adquirido por la ministra de Sanidad el pasado mes de enero de
2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000302
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de 'reconocer las especialidades de Medicina de Urgencias, de Enfermedades Infecciosas y de Genética' adquirido por la
ministra de Sanidad el pasado 26 de enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000303
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va a contar el Ministerio de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al compromiso de 'actualizar el real decreto de listas de espera' adquirido por la ministra de Sanidad el pasado mes de
enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000304
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas y los objetivos prioritarios, así como la dotación presupuestaria y los plazos reales de tiempo de implementación, del 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2024-2025'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000314
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento ante el hecho denunciado desde el Ilustre Colegio de Médicos de Melilla de que 'la huelga sanitaria cumplió el pasado 9 de marzo un año y no se han sentado a negociar con los
médicos. No nos han escuchado. No han solucionado los problemas existentes, que son muchos y cada vez más. No han hecho nada de nada de nada'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000315
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad ante el hecho reconocido por la ministra de Sanidad de que 'Atención Primaria es un lugar maravilloso para ejercer [la Medicina] y sin embargo desde
hace muchos años tenemos unas condiciones laborales que están centrifugando el talento de nuestros profesionales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000316
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real con la que hacer tangible el 'plan estratégico de la industria' farmacéutica planteado por la ministra de Sanidad el pasado 25 de abril de 2024
para 'garantizar la
autonomía estratégica', dar 'cohesión al sector' y 'fortalecer el liderazgo público a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento para que la inversión vaya alineada con el interés público, el bienestar social y las necesidades en
salud'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000317
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué 'criterios mínimos comunes' en toda la Unión Europea 'para el reconocimiento de títulos no comunitarios', que la ministra de Sanidad consideró necesarios en Bruselas el pasado 23 de abril de 2024, se proponen desde el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000318
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno plantear en algún momento alguna medida de utilidad para favorecer el consenso real con las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000319
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad plantear en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de abril de 2024 la Sanidad vuelve a ser el segundo
problema que más afecta personalmente a los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000320
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene prevista desde el Gobierno alguna medida de utilidad real para que 'igual que se está negociando el plan de la industria farmacéutica' innovadora se 'hiciera uno de productos sanitarios', tal y como ha planteado el director general
de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia del Ministerio de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000321
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Servirá el relevo de Belén Hernando Galán por Isabel Muñoz Machín en la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que se formalizó el pasado 9 de abril de 2024 para dar solución real y tangible a los problemas y carencias que
originaron la huelga de profesionales sanitarios el 9 de marzo de 2023 en Ceuta y en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000322
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad atender la solicitud realizada por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos e impulsar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que 'hace
falta en España crear una agencia de calidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000323
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Cuáles son las razones reales del cese de Belén Hernando Galán como directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que se formalizó el pasado 9 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000324
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Va a modificar el Ministerio de Sanidad su gestión y planificación de campañas de prevención de la salud y prevención de la enfermedad en el ámbito de la salud pública considerando que, según el director general de Salud Pública y Equidad
en Salud del propio Ministerio de Sanidad, 'nos flipamos mucho creyendo en el poder de las campañas, y su poder es muy limitado'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000325
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento ante el hecho denunciado desde el Ilustre Colegio de Médicos de Melilla de que 'no hay médicos suficientes, ni especialistas, ni de atención primaria ni del 061. No hay un plan
para atraer talento y no hay visos de que lleguen recambios suficientes a corto plazo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000326
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento ante el hecho denunciado desde el Ilustre Colegio de Médicos de Melilla de que 'como no hay facultativos, los turnos de guardia son inhumanos y en algunos casos hasta ilegales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000327
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se va a hacer desde el Ministerio de Sanidad algún tipo de aportación útil a la 'Estrategia Nacional contra la Soledad' -de ser así, concretaría, cuantificar recursos ...- comprometida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda
2030 el pasado 21 de marzo de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000328
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto hacer algo de utilidad real en algún momento ante el hecho denunciado desde el Ilustre Colegio de Médicos de Melilla de que 'ha pasado un año de la declaración de Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura para el
personal sanitario y [desde el Ministerio de Sanidad] no han aplicado ni una sola medida para respaldarlo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000329
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de 'poner en marcha un plan de actuaciones frente al suicidio' que la ministra de Sanidad adquirió el pasado mes de
enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000330
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de desarrollar 'la estrategia nacional de salud digital' adquirido por la ministra de Sanidad el pasado mes de enero de
2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000331
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad materializar y poner en marcha el 'Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica' pendiente desde el año 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000332
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se pretende desde el Gobierno algún tipo de avance real en el funcionamiento, en la sostenibilidad y en los resultados en salud, bienestar y longevidad obtenidos en el Sistema Nacional de Salud con la propuesta de incrementar el IVA
aplicado a la asistencia sanitaria privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000333
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno impulsar en algún momento y de forma consensuada con el sector un baremo de daños sanitarios para determinar posibles indemnizaciones en caso de perjuicios derivados de la asistencia sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000334
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad traspasar a Cataluña las competencias de Formación Sanitaria Especializada considerando que el consejero de Salud catalán afirmó el pasado febrero de 2024 estar reclamando 'insistentemente al
Estado las herramientas para hacer un MIR propio'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000335
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Con qué medidas concretas y en qué plazos reales de tiempo se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad dar solución real a los problemas y necesidades que dieron lugar a la huelga de médicos en Ceuta y Melilla en marzo de 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000336
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué se tiene previsto hacer desde el Gobierno ante la 'infrafinanciación crónica' de la Sanidad que el consejero de Salud de Cataluña consideró una 'cuestión pendiente con el Estado de hace años' el pasado 7 de febrero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000337
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad dar a Cataluña 'herramientas para hacer una política farmacéutica propia', tal y como el consejero de Salud catalán dijo estar solicitando el pasado 7 de febrero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000338
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué medidas concretas -y en qué plazos reales de tiempo- se tiene previsto materializar desde el Gobierno para agilizar el acceso a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad real en todo el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000339
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué consisten exactamente y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar de forma efectiva los 'nuevos pasos para el Plan de Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud' anunciados por la ministra de Sanidad el
pasado 26 de enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000340
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de elaborar 'una hoja de ruta de las profesiones de cuidados en nuestro sistema' con medidas sobre 'clasificación
profesional, desarrollo de competencias, reconocimiento de conocimientos y competencias especializadas', que la ministra de Sanidad adquirió el pasado 26 de enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000341
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de desarrollar 'un plan de reducción de la huella de carbono en el sector de la salud' adquirido por la ministra de
Sanidad el pasado 26 de enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000342
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿En qué plazos reales de tiempo y con qué recursos va el Ministerio de Sanidad a dar cumplimiento efectivo al compromiso de 'incorporar a la cartera de servicios la atención temprana' adquirido por la ministra de Sanidad el pasado 26 de
enero de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000343
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada por los presidentes de los consejos generales de colegios de Biólogos, Dentistas, Dietistas-Nutricionistas, Enfermeros, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Logopedas, Médicos,
Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios e impulsar en algún momento 'una ley de publicidad sanitaria que permita poner coto a la publicidad y promoción de actividades con impacto sanitario por parte de
influencers y no sanitarios que pongan en riesgo la salud de las personas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000344
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno materializar en algún momento alguna medida de utilidad real para traducir en avances tangibles para el Sistema Nacional de Salud la 'política bonita' que la ministra de Sanidad afirmó tener 'como
vocación' el pasado 8 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000345
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno 'dar pasos hacia la transparencia en procedimientos, incluso en explicaciones' en 'el precio de los medicamentos innovadores', tal y como ha considerado necesario hacer el director general de Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia del Ministerio de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000346
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué recursos humanos, económicos, tecnológicos, estructurales ... se van a destinar desde el Gobierno para posibilitar una implementación adecuada de la última actualización de la 'Estrategia del Ictus del Sistema Nacional de Salud',
aprobada por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas el pasado mes de abril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000347
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué medidas se tiene previsto impulsar desde el Gobierno para materializar el 'nuevo marco que permita evaluar todas las políticas públicas en función de su impacto en el bienestar, un marco que podríamos llamar 'bienestar en todas las
políticas' propuesto por la ministra de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000348
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Ministerio de Sanidad materializar -desde el consenso con las Comunidades Autónomas y los representantes de los profesionales sanitarios- alguna medida de utilidad real a medio y largo plazo para evitar que queden
plazas MIR sin cubrir, especialmente en Medicina de Familia y Comunitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000349
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Cuáles serán las principales líneas de trabajo y objetivos del 'Real Decreto sobre preparación y respuesta ante pandemias' en el que el director general de Salud Pública y
Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad dijo estar trabajando el pasado 10 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000350
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno impulsar en algún momento alguna medida de utilidad ante el hecho de que en diciembre de 2023 había en el Sistema Nacional de Salud, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, un total de
849.535 pacientes 'en espera estructural', es decir el dato más elevado desde 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000351
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Qué aportaciones se tiene previsto hacer desde el Gobierno -y con qué objetivos concretos para el Sistema Nacional de Salud- a la 'Alianza de Medicamentos Críticos' de la Unión Europea constituida el pasado 24 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
181/000352
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez
Texto:
¿Se tiene previsto desde el Gobierno impulsar en algún momento alguna medida de utilidad real ante el hecho de que, según un estudio elaborado desde la Escuela Nacional de Sanidad, uno de cada cuatro médicos en España sufre el síndrome de
desgaste profesional o burnout derivado del desempeño de su trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2024.-Antonio Cavacasillas Rodríguez y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.
Comisión de Juventud e Infancia
181/000355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Juventud e Infancia.
Texto:
¿Son las condiciones laborales y socioeconómicas de los jóvenes lo suficientemente favorables para garantizar una buena calidad de vida y permitirles emprender un proyecto vital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, Diputados.
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
181/000353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío Aguirre Gil de Biedma, María de los Reyes Romero Vilches y Blanca Armario González, en su condición respectiva de Portavoz y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Por qué el Gobierno no contabiliza en sus estadísticas oficiales aquellos casos en los que los filicidios son cometidos por madres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío Aguirre Gil de Biedma, María de los Reyes Romero Vilches y Blanca Armario González, Diputadas.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009129
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Cumplimiento del acuerdo de reducir los vuelos domésticos en el caso de la nueva conexión por aire entre Castellón y Gijón.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
El Gobierno de España llegó a un acuerdo en el Congreso para reducir los vuelos domésticos en rutas donde hubiera una alternativa ferroviaria, con una duración inferior a dos horas y medias. En cambio, recientemente, hemos conocido la
noticia que la sociedad pública Aerocas ha acordado la adjudicación a la aerolínea Volotea de una nueva ruta nacional que enlazará el aeropuerto de Castelló con el aeropuerto de Asturias a partir del 21 de diciembre de 2024, con dos frecuencias
semanales. Se trata, además, de un contrato con una duración de cuatro años.
Una medida que, partiendo del acuerdo de reducción de los vuelos, es innecesaria. Más todavía si tenemos en cuenta que Castelló próximamente estará conectada por AVE con Gijón, con trenes de 507 plazas distribuidas en 12 coches.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Se está incumpliendo el acuerdo de reducir los vuelos domésticos en el caso de la nueva conexión por aire entre Castelló y Gijón?
2. ¿Es necesaria, según el Gobierno, abrir una ruta nacional por aire entre Castelló y Asturias cuando se ha puesto en funcionamiento una conexión por AVE entre Castelló y Gijón?
3. ¿Cómo valora el Gobierno esta contradicción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar.
184/009130
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Desalojo por la Policía Nacional de los manifestantes acampados en la Universidad Politécnica de Valencia por Palestina el 28/05/2024.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
parte 1
parte 2