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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 145, de 22/05/2024
cve: BOCG-15-D-145
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
22 de mayo de 2024
Núm. 145
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el establecimiento de un marco legislativo sobre memoria democrática que garantice de forma efectiva el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y
a la reparación ... (Página13)
Comisión de Defensa
161/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la promoción del control político y judicial al Centro Nacional de Inteligencia español ... (Página16)
161/000761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de las condiciones del ejercicio de la profesión de los miembros de las Fuerzas Armadas ... (Página18)
161/000788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una senda de crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2 % sobre PIB ...
Comisión de Interior
161/000760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de las profesiones de Guardia Civil y de Policía Nacional como profesiones de riesgo ... (Página24)
161/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de las condiciones de la profesión de vigilancia de seguridad privada ... (Página27)
161/000763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar las medidas necesarias para evitar nuevas agresiones a los empleados públicos de centros penitenciarios ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la torre de control del aeropuerto de Menorca ... (Página32)
161/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a los tramos Ventamillo-Campo y Fiscal-Balupor de la N-260 (Eje Pirenaico) y al necesario puente de Jánovas ...
161/000786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de una variante que sustituya el trazado en lazo en el puerto del Manzanal de la línea ferroviaria León-Ponferrada ...
161/000789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar el soterramiento de las vías del tren en Granada ... (Página37)
161/000790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar que se aceleren los trabajos para la construcción de la variante de 'El Villar de Arnedo' ... (Página38)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la 'alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de ciencia' ... (Página40)
161/000765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo ... (Página42)
161/000766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la bajada de ratio profesor-alumno en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa ...
161/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en todo el territorio nacional ...
161/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la plena implantación de la Formación Profesional Dual a partir del curso 2024/2025 en condiciones de calidad y de equidad ...
161/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Programa escolar de frutas, hortalizas y leche en los centros educativos de las ciudades de Ceuta y Melilla ...
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre reconocimiento como periodo cotizado y a efectos de carrera profesional de la totalidad del tiempo de prestación de servicios del personal
investigador ... (Página53)
Comisión de Industria y Turismo
161/000758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el despliegue de medidas que ayuden a la descarbonización de la industria ... (Página57)
161/000784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la simplificación en los procedimientos de evaluación ambiental ... (Página59)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales ... (Página63)
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a establecer un sistema de límites al conjunto de depósitos que realiza una persona jugadora en un día o semana en cada uno de
los operadores de juego en los que tenga cuenta abierta ... (Página68)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la autorización excepcional de la materia activa dicloropropeno para poder combatir las plagas de nematodos en la producción de tabaco ...
(Página69)
161/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, acerca de las medidas urgentes y necesarias para el sector pesquero artesanal ... (Página71)
161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la implantación de plantas fotovoltaicas flotantes para el abastecimiento de energía en agricultura ...
Comisión de Política Territorial
161/000794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al acercamiento de los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía ... (Página76)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Gobierno que apueste económicamente con partidas presupuestarias para apoyar las inversiones necesarias en el Plan Pirineos
proyectado en las comarcas pirenaicas de Huesca ... (Página77)
161/000770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la tramitación y contenido de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas ... (Página79)
161/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre de la Central Nuclear Trillo I en 2035 ... (Página81)
161/000787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la conservación y proliferación de la posidonia en el mar Mediterráneo ... (Página83)
Comisión de Cultura
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un registro nacional de espacios y festejos taurinos en España y a su impulso como atractivo turístico nacional e
internacional ... (Página86)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la Academia Aragonesa de la Lengua ... (Página89)
161/000797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la política de gestión del sistema de ciencia y tecnología y el trabajo del personal docente e investigador ...
Comisión de Igualdad
161/000792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre lucha contra la violencia de género en el ámbito digital ... (Página93)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre permiso por el cuidado de hijo con cáncer o enfermedad grave para empleados públicos ... (Página95)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el censo de personas sordociegas ... (Página96)
161/000793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento de los Juegos Paralímpicos de París 2024 en RTVE y en el resto de medios de comunicación ... (Página98)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/000201 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si los
españoles viven mejor y tienen más derechos desde que gobierna Pedro Sánchez ... (Página99)
181/000203 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si un Estado
puede ser democrático cuando el Gobierno y sus aliados parlamentarios amenazan con limitar la libertad de expresión y atentan contra la independencia del Poder Judicial ... (Página100)
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000241 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre motivos por los que la política exterior del Gobierno está siendo tan errática ...
Comisión de Justicia
181/000218 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Flores Juberías, Carlos (GVOX), sobre criterios del
Gobierno para afirmar ahora que la amnistía es plenamente constitucional ... (Página100)
Comisión de Defensa
181/000240 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX) y Asarta Cuevas, Alberto (GVOX), sobre valoración de la política de defensa que está llevando a cabo el Gobierno ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000221 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés
Alberto (GVOX), sobre medidas que está llevando a cabo el Gobierno para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias ante el incremento impositivo ... (Página101)
181/000222 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés
Alberto (GVOX), sobre medidas previstas para que la deuda pública y el déficit se ajusten a las normas fiscales de la Unión Europea ... (Página102)
Comisión de Interior
181/000236 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre valoración en relación con la política interior que está llevando a cabo el Gobierno ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000193 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre análisis del impacto que está generando la
implantación del sistema de comercio de emisiones (EU ETS) desde enero de 2024 en el flujo de mercancías en los puertos españoles, así como el beneficio que está suponiendo para los puertos de Marruecos esta nueva exigencia climática ...
181/000198 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX), Flores Juberías, Carlos (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Rueda
Perelló, Patricia (GVOX), sobre previsiones acerca de asumir por el Gobierno su responsabilidad ante la deficiente gestión de las líneas ferroviarias que conectan Cáceres y Badajoz con el resto de regiones españolas y en especial con Madrid
... (Página103)
181/000229 Pregunta formulada por la Diputada Esther Peña Camarero (GS), sobre previsiones y actuaciones del Gobierno para la línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria ... (Página103)
181/000230 Pregunta formulada por el Diputado Ignacio López Cano (GS), sobre avance de los trabajos, así como inversiones hechas y previstas para la línea Algeciras-Bobadilla que forma parte de los corredores Atlántico y Mediterráneo ...
181/000231 Pregunta formulada por el Diputado Ignacio López Cano (GS), sobre inversiones llevadas a cabo en el puerto y en el aeropuerto de Málaga desde junio de 2018, así como inversiones previstas de cara hacia el futuro ...
181/000232 Pregunta formulada por el Diputado César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre mejoras previstas en los servicios ferroviarios en Extremadura ... (Página104)
181/000233 Pregunta formulada por el Diputado Ferran Verdejo Vicente (GS), sobre avances llevados a cabo en el Pla Transformem Rodalíes de Cataluña ... (Página104)
181/000234 Pregunta formulada por los Diputados Celso Luis Delgado Arce (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre explicaciones del Gobierno a la ralentización y paralización de las obras y los proyectos de infraestructuras de carreteras
estatales en la provincia de Ourense ... (Página105)
181/000235 Pregunta formulada por los Diputados Celso Luis Delgado Arce (GP) y Palencia Rubio, Héctor (GP), sobre compromiso del Gobierno y de Adif-AV a ejecutar en su integridad la Variante Exterior de Ourense de la LAV a Galicia ...
181/000249 Pregunta formulada por los Diputados Ana Martínez Labella (GP), Sánchez Torregrosa, Maribel (GP) y Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP), sobre fecha para la llegada del primer tren de Alta Velocidad en servicio comercial con
pasajeros a la estación de Almería ... (Página105)
181/000250 Pregunta formulada por los Diputados Héctor Palencia Rubio (GP) y Rodríguez Calleja, Patricia (GP), sobre actuaciones que tiene planificadas el Gobierno de España para mejorar las comunicaciones en tren y carretera de Ávila con la
capital, incluido el cronograma temporal de ejecución que se plantea, y las mejoras en tiempo o coste que supondrían cada una para el usuario, así como previsiones acerca de bonificar a los usuarios como medida compensatoria, hasta que se equipare
la situación de Ávila con el resto de las ciudades limítrofes a Madrid ... (Página105)
181/000251 Pregunta formulada por los Diputados Luis María Beamonte Mesa (GP), Navarro López, Pedro (GP), Palencia Rubio, Héctor (GP) y González Bella, María del Mar (GP), sobre previsiones acerca de seguir, tras la aprobación de la nueva
Ley de Movilidad Sostenible, los mismos criterios con las revisiones de las Obligaciones de Servicio Público del transporte por ferrocarril, que los que se han seguido con las líneas de autobús que han supuesto que en Aragón 151 municipios dejaran
de tener paradas, debiendo ser atendidas estas por las líneas autonómicas ... (Página106)
181/000252 Pregunta formulada por los Diputados José Alberto Herrero Bono (GP) y Clemente Muñoz, Raquel (GP), sobre previsiones en el desarrollo y ejecución de la A-68 o autovía del Ebro a su paso por la provincia de Teruel ...
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000244 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si la
educación sigue siendo el principal ascensor social en España ... (Página106)
181/000245 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Robles López, Joaquín (GVOX) y González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX), sobre razones por las que el Gobierno considera
que en los ranking de mejores colegios en España apenas figuran centros de titularidad pública ... (Página107)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000196 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y García Gomis, David (GVOX), sobre justificación de la Ministra de Trabajo y
Economía Social del hecho de que menos de la mitad de los contratos de trabajo indefinidos sigan en vigor tras el primer año de duración ... (Página107)
181/000202 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y García Gomis, David (GVOX), sobre previsiones acerca de establecer, para el caso de
no alcanzarse los objetivos de recaudación previstos mediante la inclusión del MEI o de la 'cuota de solidaridad', nuevas aportaciones obligatorias a la Seguridad Social, o de elevar las aportaciones existentes hasta conseguir el equilibrio
presupuestario del sistema ... (Página108)
181/000219 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y García Gomis, David (GVOX), sobre motivos por los que se puede defender la
propuesta de regularización masiva de inmigrantes, que se ha tratado de justificar por su contribución a la economía nacional mediante aportaciones fiscales directas derivadas del trabajo, cuando, en el primer trimestre de 2024, el paro entre los
españoles se ha incrementado en 57.000 personas y entre los extranjeros en 60.000 ... (Página108)
Comisión de Industria y Turismo
181/000195 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre análisis del impacto
negativo que está generando la inmigración ilegal que padece España y que afecta al turismo ... (Página108)
181/000227 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre conocimiento del Gobierno de la situación de la planta de Sant-Gobain en Avilés ...
181/000228 Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Industria y Turismo con el Gobierno del Principado de
Asturias, en relación con el cierre de la división de Sekurit de la Multinacional Saint-Gobain en Avilés-Asturias ... (Página109)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000192 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Fernández Ríos, Tomás (GVOX y, Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre medidas
previstas para evitar que las alertas sanitarias relacionadas con productos que provienen de Marruecos afecten a las producciones españolas ... (Página109)
181/000197 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Fernández Ríos, Tomás (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre medidas previstas para evitar que las exigencias
medioambientales y la ausencia de medidas para el relevo generacional supongan la desaparición de miles de explotaciones agroalimentarias en España.
110
Comisión de Política Territorial
181/000204 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Campos Asensi, Jorge (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Mejías Sánchez, Carina (GVOX), sobre criterios territoriales que sigue el
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para asignar fondos del programa Next Generation EU a proyectos y condonar deudas de las Comunidades Autónomas ... (Página110)
181/000205 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Campos Asensi, Jorge (GVOX), Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX) y Mejías Sánchez, Carina (GVOX), sobre fecha y forma previstas para dar
cumplimiento a las resoluciones de la Proposición no de Ley relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones españolas ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000194 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre medidas previstas para llevar a
cabo una gestión eficiente del agua, libre de autonomismos y que permita que este recurso natural esté disponible para todos los españoles ... (Página111)
181/000199 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre previsiones del Gobierno acerca de
seguir asfixiando a los sectores agrario e industrial con sus políticas climáticas ... (Página111)
181/000248 Pregunta formulada por los Diputados Bella Verano Domínguez (GP), García Félix, Manuel (GP), Requena Ruiz, Juan Diego (GP) y Sánchez Pérez, César (GP), sobre previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico acerca de incluir en los próximos presupuestos la reanudación de la obra de interés general 'Presa de Alcolea' en Huelva, tal y como viene recogida y aprobada en el Plan Hidrológico Nacional ... (Página112)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000226 Pregunta formulada por los Diputados Joan Mesquida Mayans (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis
(GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Alós López, Ana Isabel (GP) y Agüera Gago,
Cristina (GP), sobre valoración del Gobierno de las diferentes medidas incentivadoras en materia de vivienda adoptadas por las diferentes Comunidades Autónomas ... (Página112)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/000212 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
(GVOX), sobre factores que están motivando que España registre uno de los porcentajes de población en riesgo de pobreza o exclusión social mayores de la Unión Europea ... (Página113)
181/000213 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
(GVOX), sobre medidas previstas para que mejore la productividad del trabajo ... (Página113)
181/000214 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
(GVOX), sobre factores que están motivando que España registre un producto interior bruto per cápita en paridad de poder de compra 11 puntos por debajo del de la media de los países de la Unión Europea y dos menos que en el año 2019 ...
181/000215 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto
(GVOX), sobre factores que están motivando que la formación bruta de capital no crezca a los niveles esperados por el Gobierno, a pesar de disponer de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ...
181/000216 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Fernández Hernández, Pedro
(GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre factores que están motivando unos niveles tan bajos de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ... (Página114)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000208 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX),
sobre número de expedientes de solicitud de homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero pendientes de resolver, así como medidas que está promoviendo el Gobierno para agilizar el trámite de homologación ...
181/000209 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX),
sobre medidas que está promoviendo el Gobierno para incrementar la inversión en I+D empresarial ... (Página115)
181/000210 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX),
sobre medidas que está adoptando el Gobierno para incrementar la innovación en España ... (Página115)
181/000211 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Fernández Hernández, Pedro (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), González-Robatto Perote, Jacobo (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX),
sobre factores que han motivado que el Departamento de Ciencia e Innovación haya registrado unos pagos realizados a cuenta del servicio 50 tan reducidos en comparación con las obligaciones reconocidas netas en el año 2023 ...
181/000247 Pregunta formulada por los Diputados Pablo Pérez Coronado (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre explicación de que España se encuentre un 15 % por debajo de los niveles de innovación de Francia y un 25 % por debajo de los
de Alemania ... (Página116)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000239 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre medidas adoptadas en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo ...
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo
181/000206 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX) y Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si la
Administración General del Estado dispondrá de superávit suficiente para financiar las
transferencias a la Seguridad Social o tendrá que emitir deuda para poder asumirlas ... (Página117)
181/000207 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX) y Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX), sobre ajustes de gastos e ingresos
previstos para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ... (Página117)
181/000217 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Sáez Alonso-Muñumer, Pablo (GVOX), Méndez Monasterio, Lourdes (GVOX) y Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX), sobre fecha previstas para que la Seguridad
Social presente unas cuentas equilibradas ... (Página118)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000220 Pregunta formulada por las Diputadas María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Armario González, Blanca (GVOX), sobre medidas previstas, más allá del Plan de
Choque de 2021, para reducir los plazos de trámite de los expedientes de discapacidad ... (Página118)
181/000225 Pregunta formulada por las Diputadas María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Armario González, Blanca (GVOX), sobre medidas previstas para abordar las
deficiencias en la aplicación del nuevo baremo de discapacidad y asegurar que se protejan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad en España ... (Página119)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
181/000200 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX) y Fernández Hernández, Pedro (GVOX), sobre previsiones acerca de impedir el
ejercicio libre de las libertades públicas, como la libertad de prensa, a medios que no son afines y ejercen la crítica a las decisiones del Gobierno, o el ejercicio de la denuncia judicial ante hechos que puedan ser constitutivos de delito, incluso
aunque afecten al entorno más cercano al Presidente ... (Página119)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/000246 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX) y López Maraver, Ángel (GVOX), sobre motivo por el que las cifras de muertes en carretera no se reducen, a pesar del afán recaudatorio del Gobierno
... (Página119)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el establecimiento de un marco legislativo sobre Memoria Democrática que garantice de forma efectiva el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a la reparación para su debate en instancia en la Comisión de Constitucional.
Exposición de motivos
La reciente decisión del Tribunal Constitucional, que avala el archivo de denuncias por torturas durante el franquismo basándose en la prescripción de los hechos, pone de manifiesto un grave obstáculo en la búsqueda de justicia para las
víctimas de violaciones de los derechos humanos en periodos de represión política. Esta doctrina, reafirmada por el TC en varios casos, incluido el de Francisco Ventura, víctima de torturas policiales en 1967, ha generado un intenso debate sobre la
necesidad de actualizar las leyes y procedimientos para abordar estos crímenes históricos.
Por otra parte, la Fiscalía de Memoria Democrática, bajo la dirección de Dolores Delgado, ha interpuesto recursos contra la decisión de los tribunales que rechazan la investigación de denuncias similares. Esta acción refleja la importancia
de no permitir que los crímenes de tortura y otras violaciones de los derechos humanos queden impunes por razones de prescripción, especialmente considerando los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática teóricamente fue concebida para abordar esta problemática, reconociendo el derecho a la justicia de las víctimas y estableciendo la obligación del Estado de investigar estas
violaciones desde el ámbito judicial. Sin embargo, desde algunos grupos de la cámara, especialmente Esquerra Republicana, ya se hizo evidente que el texto final no cumpliría con esta expectativa, dejando una vez más inconclusa la tarea de justicia
y reparación y resaltando que se trataba de un texto que se quedaba más en el terreno simbólico que en el efectivo. Es imperativo, por tanto, ajustar la normativa y procedimientos para lograr una interpretación integradora del derecho a la
justicia, alineada con los principios del derecho internacional.
En este sentido, y habida cuenta de lo insuficiente del marco vigente, para los familiares de las víctimas sigue siendo necesario recurrir a tribunales internacionales u otros estados como es el caso de la denominada 'Querella Argentina' que
instruye causas contra los crímenes del franquismo.
Además, a raíz de un reciente informe de los relatores de las Naciones Unidas se ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener el compromiso de los órganos del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, así como todas las
entidades nacionales, regionales o locales, en la protección de los derechos humanos. El Gobierno español ha recibido con satisfacción este informe, que considera contundente y unánime, y reafirma la necesidad de corrección de las 'Leyes de
Concordia' impulsadas por el PP y Vox, que según la ONU vulneran los convenios internacionales y los derechos humanos.
Es vital, por lo tanto, afrontar esta situación en defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la verdad, mediante reformas legales que permitan superar los obstáculos que actualmente impiden la investigación y persecución de los
crímenes de tortura y violaciones de los derechos humanos durante la dictadura franquista. Este es un paso fundamental hacia la preservación de los valores democráticos y el establecimiento de mecanismos efectivos para lograr la justicia y
reparación para las víctimas y sus familias.
Por todo lo expuesto, se plantea lo siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Revisar y eventualmente modificar la legislación vigente para asegurar que los crímenes de tortura y otras violaciones de los derechos humanos durante el franquismo no queden prescritos, garantizando así el derecho a la verdad y la
justicia para las víctimas y sus familiares. En particular, se necesita una revisión profunda de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía para blindar y hacer efectiva la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y torturas que se
llevaron a cabo durante la Guerra Civil, el período de la Dictadura y la denominada Transición. Asimismo, impulsar todas las reformas necesarias en el ordenamiento jurídico para establecer mecanismos que permitan la investigación efectiva de los
crímenes de la dictadura franquista y otras violaciones de los derechos humanos sin impedimentos de prescripción.
2. Introducir los cambios pertinentes en la legislación relacionada con la Memoria Democrática para garantizar su aplicación en todo el territorio del Estado en base al objeto y objetivos de la norma, sin perjuicio de las competencias del
marco autonómico vigente y siempre respetando el principio de subsidiariedad y lealtad institucional.
3. Reforzar los recursos destinados a la Fiscalía de Memoria Democrática para facilitar la investigación y persecución de los crímenes de tortura y otros abusos cometidos durante el régimen franquista.
4. Velar por que ninguna normativa estatal o internacional impida la investigación y persecución de los crímenes de tortura y otras violaciones de los derechos humanos cometidos durante el franquismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Francesc-Marc Álvaro i Vidal, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
l'assoliment d'un marc legislatiu sobre Memòria Democràtica que garanteixi de manera efectiva el dret
a la veritat, l'accés a la justícia i a la reparació per al seu debat en instància a la Comissió de Constitucional.
Exposició de Motius
La decisió recent del Tribunal Constitucional, que avala l'arxivament de denúncies per tortures durant el franquisme en base en la prescripció dels fets, posa de manifest un greu obstacle en la recerca de justícia per a les víctimes de
violacions dels drets humans en períodes de repressió política. Aquesta doctrina, que ha estat reafirmada pel TC en diversos casos, inclòs el de Francisco Ventura, que va ser víctima de tortures policials el 1967, ha generat un debat intens sobre
la necessitat d'actualitzar les lleis i procediments per abordar aquests crims històrics.
D'altra banda, la Fiscalia de Memòria Democràtica, sota la direcció de Dolores Delgado, ha interposat recursos en contra de la decisió dels tribunals que rebutgen la investigació de denúncies similars. Aquesta acció reflecteix la
importància de no permetre que els crims de tortura i altres violacions dels drets humans quedin impunes per raons de prescripció, especialment considerant els principis del dret internacional de drets humans.
La Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica en teoria també fou concebuda per abordar aquesta problemàtica, reconeixent el dret a la justícia de les víctimes i establint l'obligació de l'Estat d'investigar aquestes violacions
des del vessant judicial. Malgrat això, des d'alguns grups de la cambra, en especial Esquerra Republicana, ja es va fer palès que el redactat final no compliria amb aquesta expectativa, deixant un cop més, inconclusa la carpeta de la justícia i la
reparació i posant de relleu que era un text que es quedava més en el terreny simbòlic que en l'efectiu. És imperatiu, per tant, ajustar la normativa i procediments per aconseguir una interpretació integradora del dret a la justícia, alineada amb
els principis del dret internacional.
En aquest sentit, i atenent a la insuficiència de la norma vigent, pels familiars de les víctimes continua essent necessari l'haver de recórrer a tribunals internacionals o d'altres estats com és el cas de la denominada 'Querella Argentina'
que instrueix causes contra els crims del franquisme.
A més, i arrel d'un recent informe dels relators de les Nacions Unides s'ha posa de manifest la necessitat de mantenir el compromís dels òrgans de l'Estat espanyol, ja sigui executiu, legislatiu o judicial, així com totes les entitats
nacionals, regionals o locals, en la protecció dels drets humans. El Govern espanyol ha rebut amb satisfacció aquest informe, que considera contundent i unànime, i reafirma la necessitat de correcció de les 'Leyes de Concordia' impulsades pel PP i
Vox, que segons l'ONU vulneren els convenis internacionals i els drets humans.
És vital, doncs, afrontar aquesta situació en defensa dels drets humans, la memòria històrica i la veritat, mitjançant reformes legals que permetin superar els obstacles que actualment impedeixen la investigació i persecució dels crims de
tortura i violacions dels drets humans durant la dictadura franquista. Aquest és un pas fonamental cap a la preservació dels valors democràtics i l'establiment de mecanismes efectius per aconseguir la justícia i reparació per a les víctimes i les
seves famílies.
Per tot l'exposat, es planteja la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol:
1. Revisar i eventualment modificar la legislació vigent per tal d'assegurar que els crims de tortura i altres violacions dels drets humans durant el franquisme no quedin prescrits, garantint així el dret a la veritat i la justícia per a
les víctimes i els seus familiars. En particular cal una revisió en profunditat de la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia per blindar i fer efectiva la imprescriptibilitat dels delictes de lesa humanitat i tortures que es van dur a terme
durant la Guerra Civil, el període de la Dictadura i la denominada Transició. Així mateix, impulsar totes les reformes necessàries en l'ordenament jurídic per
establir mecanismes que permetin la investigació efectiva dels crims de la dictadura franquista i altres violacions dels drets humans sense impediments de prescripció.
2. Introduir els canvis pertinents en la legislació vinculada a la Memòria Democràtica per garantir-ne l'aplicació a tot el territori de l'Estat en base a l'objecte i objectius de la norma, sens perjudici de les competències del marc
autonòmic vigent i sempre respectant el principi de subsidiarietat i de lleialtat institucional.
3. Reforçar els recursos destinats a la Fiscalia de Memòria Democràtica per facilitar la investigació i persecució dels crims de tortura i altres abusos comesos durant el règim franquista.
4. Vetllar perquè cap normativa estatal o internacional impedeixi la investigació i persecució dels crims de tortura i altres violacions dels drets humans comesos durant el franquisme.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de maig de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Defensa
161/000757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
promoción del control político y judicial al Centro Nacional de Inteligencia español para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto envuelto en polémicas en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años. Esto es, desde el encubrimiento de los escándalos de la vida personal del rey emérito y sus numerosas
actividades ilegales, el incesable aumento injustificado de su partida presupuestaria, que en 2023 alcanzó la cifra récord de 337 millones de euros, su relación con el líder de los atentados en Barcelona y Cambrils en el año 2017 o el espionaje de
líderes independentistas, como el actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, quién fue espiado bajo la infundada sospecha de ser dirigente dels Comitès de Defensa de la República (CDR).
A su vez, este organismo está regulado por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, norma que forma parte, junto con la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales y la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de la telaraña jurídica que protege las ilegalidades y abusos de poder cometidos en nombre del Estado.
Es importante destacar que cada vez que una cuestionable actuación del CNI ha salido a la luz, múltiples formaciones políticas y el asociacionismo social han reclamado la urgente necesidad de modificar la Ley 11/2002 para promover un mayor
control político y judicial que permita esclarecer los sucesos y blinde una asunción de responsabilidades real por parte de los que cometen las ilegalidades.
En este sentido, en la legislatura XIV, los grupos parlamentarios que conformaban el gobierno de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y PODEMOS, pese a ser este último víctima de las malas prácticas de las
cloacas del Estado, votaron en contra de una reforma de la Ley 11/2002 presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que perseguía acotar los responsables políticos de este organismo y aumentar los controles para autorizar, por ejemplo, los
espionajes. Esta
iniciativa fue presentada como consecuencia de los escándalos vinculados al espionaje a más de sesenta políticos líderes independentistas, en su mayoría a independentistas vascos y catalanes, con el programa Pegasus. Así como el
reconocimiento por parte de la que fuera directora del CNI, Paz Esteban, del espionaje supuestamente con aval judicial de 17 líderes independentistas catalanes, entre ellos el President del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès.
Con todo, esta votación en contra vino acompañada de la falsa promesa del gobierno español, en tanto que nunca se ha llegado a materializar, de presentar una reforma que proviniera directamente de los ministerios concernidos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar la modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, con la finalidad de blindar un control periódico ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados. De
tal manera que, cada tres meses, un responsable de las actuaciones del CNI comparezca para exponer las actividades, en curso y futuras, para evitar así que el CNI continúe ejerciendo actividades alegales, ilegales o ilícitas.
2. Asegurar que cuando los responsables de las actuaciones del CNI comparezcan ante cualquier comisión parlamentaria informen sobre el espionaje a partidos políticos, sindicatos, asociaciones y cualquier colectivo ciudadano.
3. Aumentar las sanciones, tanto administrativas como penales, de los responsables de las infracciones cometidas, así como asegurar que dichos infractores ven sus funciones suspendidas y son apartados de cualesquiera organismos públicos de
Defensa, de las fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier instancia oficial.
4. Congelar la partida presupuestaria del CNI para evitar que siga aumentando de forma desproporcionada e injustificada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Francesc-Marc Álvaro i Vidal a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la promoció
del control polític i judicial al Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol per al seu debat a la Comissió de Defensa.
Exposició de motius
El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) s'ha vist embolicat en polèmiques en múltiples ocasions al llarg dels últims anys. Això és, des de l'encobriment dels escàndols de la vida personal del rei emèrit i les seves nombroses activitats
il·legals, l'incessable augment injustificat de la seva partida pressupostària, que al 2023 va aconseguir la xifra rècord de 337 milions d'euros, la seva relació amb el líder dels atemptats a Barcelona i Cambrils l'any 2017 o l'espionatge de líders
independentistes, com l'actual president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qui va ser espiat sota la infundada sospita de ser dirigent dels Comitès de Defensa de la República (CDR).
Al seu torn, aquest organisme està regulat per la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, norma que forma part, al costat de la Llei 9/1968, de 5
d'abril, sobre secrets oficials i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la teranyina jurídica que protegeix les il·legalitats i abusos de poder comesos en nom de l'Estat.
És important destacar que cada vegada que una qüestionable actuació del CNI ha sortit a la llum, múltiples formacions polítiques i l'associacionisme social han reclamat la urgent necessitat de modificar la Llei 11/2002 per a promoure un
major control polític i judicial que permeti esclarir els successos i blindi una assumpció de responsabilitats real per part dels qui cometen les il·legalitats.
En aquest sentit, en la legislatura XIV, els grups parlamentaris que conformaven el govern de coalició format pel Partido Socialista Obrero Español (PSOE) i PODEMOS, malgrat ser aquest últim víctima de les males pràctiques de les clavegueres
de l'Estat, van votar en contra d'una reforma de la Llei 11/2002 presentada pel Partit Nacionalista Basc (PNB), que perseguia delimitar els responsables polítics d'aquest organisme i augmentar els controls per a autoritzar, per exemple, els
espionatges. Aquesta iniciativa va ser presentada a conseqüència dels escàndols vinculats a l'espionatge a més de seixanta polítics líders independentistes, en la seva majoria a independentistes bascos i catalans, amb el programa Pegasus. Així com
el reconeixement per part de la qual fos directora del CNI, Paz Esteban, de l'espionatge suposadament amb aval judicial de 17 líders independentistes catalans, entre ells el President del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès.
Amb tot, aquesta votació en contra va venir acompanyada de la falsa promesa del govern espanyol, en tant que mai s'ha arribat a materialitzar, de presentar una reforma que provingués directament dels ministeris concernits.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Impulsar la modificació de la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, amb la finalitat de blindar un control periòdic davant la Comissió de Control dels Crèdits Destinats a Despeses Reservades. De
tal manera que, cada tres mesos, un responsable de les actuacions del CNI comparegui per a exposar les activitats, en curs i futures, per a evitar així que el CNI continuï exercint activitats al·lega'ls, il·legals o il·lícites.
2. Assegurar que quan els responsables de les actuacions del CNI compareguin davant qualsevol comissió parlamentària informin sobre l'espionatge a partits polítics, sindicats, associacions i qualsevol col·lectiu ciutadà.
3. Augmentar les sancions, tant administratives com penals, dels responsables de les infraccions comeses, així com assegurar que aquests infractors veuen les seves funcions suspeses i són apartats de qualssevol organismes públics de
Defensa, de les forces de seguretat de l'Estat o de qualsevol instància oficial.
4. Congelar la partida pressupostària del CNI per a evitar que continuï augmentant de manera desproporcionada i injustificada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de maig de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las condiciones de ejercicio de la
profesión de los miembros de las Fuerzas Armadas, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Las fuerzas armadas, una institución esencial para España.
Pocas instituciones hay en España tan señeras como las Fuerzas Armadas ('FAS'). Son, para nuestro país, 'el elemento esencial de la defensa, y constituyen una entidad única que se Concibe como un conjunto integrador de las formas de acción
específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire' (artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, dé la Defensa Nacional).
Los miembros de las FAS ponen sus vidas al servicio de España y de sus necesidades, de hecho, se les exige estar en 'disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario' (artículo 6.1 de la
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 'LO 9/2022').
En tan insigne tarea arrastran, con no poca frecuencia, graves dificultades y peligros, hasta el punto de que este es el gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad laboral. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que
desempeñan su actividad: en el marco de una constante disciplina (regla octava) y obediencia (regla undécima), y teniendo una 'disponibilidad permanente para el servicio' (artículo 22.1 LO 9/2011). Se les exige además 'estar preparado(s) para
afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, situaciones de combate' (regla cuarta), así como 'preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos [ ...] en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas'
(regla tercera).
Con el fin de reconocer la excelsa labor que, para el bien común de España, llevan a cabo las FAS, y para posibilitar y procurar su continuación, es necesario revisar y adecuar las condiciones materiales en que se desempeña.
Segundo. Ámbitos de mejora del ejercicio de la profesión en las FAS.
La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería ('Ley 8/2006'), tratando de dar respuesta a los problemas de falta de efectivos en las FAS causados, entre otros motivos, por sus malas condiciones laborales, se propuso 'establece[r] un
nuevo sistema con la finalidad principal de consolidar la plena profesionalización'. A tal fin, dispuso ofrecer 'al soldado y marinero una prolongada relación temporal con las Fuerzas Armadas y, a su término, un abanico de salidas laborales y unas
medidas socioeconómicas que tienen en cuenta los años de servicio realizados, con la pretensión de que prestar servicio en las Fuerzas Armadas se configure como una opción más atractiva para muchos de nuestros jóvenes'.
Esta serie de medidas contenidas en la Ley 8/2006 no ha llegado a concretarse, en muchos casos, en cambios reales, por lo que la situación de las FAS sigue padeciendo los déficits de entonces. La consecuencia es un número creciente de
militares (el Gobierno estima que serán 26.000 en 2029 y 50.000 en 2036) que, a una edad crítica, normalmente con cargas familiares, con una titulación no siempre homologada, deberá competir por un puesto de trabajo en un mercado laboral que
presenta elevados índices de desempleo.
Sintetizamos en cuatro las áreas en las que podría llevarse a cabo una mejora sustancial de las condiciones del desempeño de la labor de nuestros militares:
1. Declaración de profesión de riesgo.
Que la de los FAS es una profesión de riesgo es algo que, lamentablemente, se ha demostrado en múltiples ocasiones. Concretamente, desde el año 2011, 197 militares han
muerto en acto de servicio y 2.312 han sido heridos 1. El último caso ha tenido lugar el 22 de abril durante unas maniobras de la OTAN en Polonia 2.
Asimismo, conviene recordar el papel fundamental que desarrollan los militares ante cualquier catástrofe, ya sea una pandemia, una borrasca o la erupción de un volcán. En los momentos más críticos y peligrosos que afronta la sociedad
española, las Fuerzas Armadas siempre dan un paso al frente.
Sin embargo, pesar de ser la de las FAS una profesión cuyo ejercicio lleva aparejado un gran riesgo real, esta no se encuentra incluida en el elenco de las profesiones catalogadas como 'de riesgo' ('grupos o actividades profesionales, cuyos
trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad' 3). Es de justicia que los militares sean incluidos en ese listado por analogía con el riesgo que asumen las
otras profesiones que en él se contemplan.
2. Mejora salarial.
Por otro lado, las retribuciones del personal de las FAS son exiguas. No solo por lo reducido del salario base -que no llega a los 700 euros mensuales 4- y de la mayoría de los complementos de empleo y complementos específicos (a excepción
de los que perciben los más altos oficiales) 5. También son exiguas porque hay que tener presente que el compromiso laboral de los militares de tropa y marinería finaliza a los 45 años o, excepcionalmente, a los 47 (artículo 17.2 de la Ley 8/2006).
Dado que se trata de una carrera profesional corta, es esencial que, durante los años en que prestan sus servicios en las FAS, los militares perciban una adecuada retribución, que no solo recompense de forma justa sus esfuerzos, sino que
además incentive y haga atractivo el ingreso de efectivos en una profesión que es esencial para la Nación.
En este sentido, en el Informe del Observatorio de la Vida Militar 2022 se consignan algunos datos alarmantes:
- El personal militar en servicio activo, a fecha 1 de enero de 2023, es de 116.961, lo que supone una disminución de 1.709 respecto de la misma fecha del año anterior.
- Desde el año 2010, las FAS han disminuido más de un 10 % 6.
- Esta disminución se produce especialmente en la Escala de Tropa y Marinería, que pasa de 86.000 militares en 2010 a 76.000 en 2023.
- Asimismo, el personal de dicha Escala con compromiso de larga duración sigue reduciéndose en favor del militar que se encuentra en el compromiso inicial. En otras palabras, se está produciendo la 'precarización' de las Fuerzas Armadas.
- En el caso de los Reservistas de Especial Disponibilidad -aquellos obligados a abandonar las FAS a los 45 años-, su crecimiento es exponencial. De apenas 2.000 en el año 2019, en el año 2023 su número ascendió a más de 6.000 -se ha
incrementado un 300 % en 3 años- 7.
Urge, por tanto, adoptar medidas para revertir este descenso, y estas pasan necesariamente por remunerar en condiciones la insigne labor que llevan a cabo nuestras
1 ALACUTÉN, Jacobo: 'Cada 22 días ha muerto un militar español en acto de servicio en la última década y cada dos días ha habido un herido o accidentado', 20 minutos, 20.02.24. Disponible [en línea]: https://
www.20minutos.es/noticia/5220343/0/cada-24-dias-muerto-militar-espanol-acto-servicio-ultima-decada-cada-dos-dias-herido-accidentado/
2 'Llegan a España los restos mortales del cabo Palacios fallecido en unas maniobras en Polonia', Infodefensa, 25.04.24. Disponible [en línea]:
https://www.infodefensa.com/textodiario/mostrar/4808807/llegan-espana-restos-mortales-cabo-palacios-fallecido-unas-maniobras-polonia
3 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/ 28393/28464
4 https://www.defensa.gob.es/Galerías/gabinete/red/2021/04/p-14-16-red-382-retribuciones.pdf
5 A título de ejemplo, una nómina de enero de 2024 de un miembro de las FAS correspondiente a la Escala de Tropa y Marinería es de 1.164,14 euros líquidos.
6 Memoria Informe 2022, Observatorio de la Vida Militar. P. 53 y sig. Disponible [en línea]: https://www.observatoriodelavidamilitar.es/doc/Memoria %20- %20Informe %20del %20QVM 2022.pdf
7 Ibidem. p. 64.
FAS. En esta misma línea, el Informe del Observatorio de la Vida Militar 2022 sostiene que las 'especiales singularidades que caracterizan la carrera militar no se materializan en las adaptaciones retributivas pretendidas y exigidas por la
ley, sino que, antes al contrario, las retribuciones de los militares han quedado ya desde hace tiempo superadas por el devenir salarial de la sociedad civil y, especialmente, por el sistema retributivo del resto de los empleados públicos del Estado
(como pudieran ser los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado)' 8.
3. Titulación.
Por otro lado, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece, respecto de la formación, que 'es objetivo imprescindible proporcionar a los miembros de las Fuerzas Armadas la requerida para el ejercicio profesional en
los diferentes cuerpos, escalas y especialidades y así poder atender las necesidades derivadas de la organización y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones'.
Sin embargo, si bien la formación que permite el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales tiene una titulación equivalente en el sistema educativo general, no ocurre lo mismo en la Escala de Tropa y Marinería. Cuando se produce la
finalización de los servicios en las FAS de estos últimos, se ven abocados a competir en el mercado laboral sin contar con una titulación oficial.
Es de justicia que la formación que, durante toda su carrera, reciben todos los militares, así como las labores que realizan, se certifiquen oficialmente y se reconozcan a efectos de su homologación, declaración de equivalencia y
convalidación, en especial los militares de las Escalas de Tropa y Marinería, con algún título académico oficial de grado medio.
4. Acceso al mercado laboral.
En estrecha relación con el punto anterior, otra medida que convendría adoptar para mejorar las condiciones de los miembros de las FAS es garantizar lo que, hasta ahora infructuosamente, dispone la Ley 8/2006 (en el preámbulo y en el
artículo 20):
- 'La reserva de plazas para el ingreso en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía, una mejora en los sistemas de formación profesional y programas de incorporación laboral a concertar con los empresarios'.
- Que 'el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de
carácter laboral de las Administraciones públicas'.
- Que 'el Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las Administraciones autonómicas y locales para que en las convocatorias de acceso a las Policías Autonómicas y Locales se reserven plazas para los militares
profesionales de tropa y marinería con más de 5 años de servicios'.
La lealtad de los veteranos, su experiencia y preparación deberían ser aprovechadas en las Fuerzas Armadas o, en todo caso, en puestos de trabajo de las distintas Administraciones Públicas, en particular como empleados civiles de la
Administración de Defensa. Profesionales de 45 años cualificados y con gran experiencia pueden desempeñar -en bases, acuartelamientos e instalaciones- funciones de apoyo tan importantes como son las de policía, seguridad, aprovisionamiento,
alimentación, mantenimiento o transporte, disminuyendo la vulnerabilidad logística que, en algunos casos, crea la necesidad de externalizar los servicios.
Urge reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y que, por ende, no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta al común de los empleados públicos. Más,
si cabe, cuando sus
8 Ibidem. p. 271.
condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos últimos.
Tercero. Conclusión.
Ante la difícil situación que viven nuestros militares, es necesario que desde el Gobierno se pongan en marcha todas las medidas necesarias para subsanar esta situación. Es de justicia que los hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas
Armadas, que empeñan su vida al servicio de España, reciban el agradecimiento de la sociedad a través del cumplimiento de las justas demandas que plantean.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la efectividad de las medidas contenidas en la Ley 8/2006 para la mejora de las condiciones del ejercicio de la profesión de las Fuerzas Armadas.
2. Reconocer la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo.
3. Proceder a la equiparación salarial entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4. Incrementar los recursos económicos dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras y a la mejora de las existentes, relacionadas con las condiciones de vida en las Unidades.
5. Emprender los estudios pertinentes para desarrollar y regular un modelo único de relación de servicio para todos los militares profesionales, incluidos los pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería.
6. Aumentar el número de plazas para el acceso de los militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería y Militares de Complemento a una relación de servicios de carácter permanente, elevando sustancialmente las consignaciones
presupuestarias correspondientes a partir del próximo ejercicio.
7. Aplicar los máximos legalmente previstos en la reserva de plazas para los militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería y Militares de Complemento en las Administraciones Públicas, particularmente en la Guardia Civil, en
los cuerpos o escalas adscritos al Ministerio de Defensa, en personal laboral de dicho departamento o de sus organismos autónomos, y en el Cuerpo Nacional de Policía, el Servicio de Vigilancia Aduanera y en Cuerpos de Policía de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales.
8. Equiparar los grupos de clasificación del personal militar al de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, para el caso de que los militares de carrera de Tropa y Marinería presten servicio en esas administraciones.
9. Preparar un Plan de homologación, declaración de equivalencia y convalidación tanto de la formación certificada recibida dentro de las Fuerzas Armadas como de los servicios militares prestados, que incluya la obtención del Título de
Técnico de Grado Medio por parte de los militares pertenecientes a las Escalas de Tropa y Marinería.
10. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el apoyo social y familiar que precisan y merecen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, con especial atención a las necesidades de vivienda, de educación de los hijos y de
conciliación derivadas de la movilidad geográfica de los militares en el ejercicio de su profesión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-José María Sánchez García, Alberto Asarta Cuevas y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer una senda de
crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2 % sobre PIB, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el último debate de política general sobre el estado de la nación de los días 12 al 14 de julio de 2022, se aprobó una propuesta de resolución a instancias del Grupo Parlamentario Popular, en la que se instaba al Gobierno a seguir
promoviendo en la sociedad española el desarrollo de una conciencia de seguridad y defensa, asumiendo los costes asociados a ella como inherentes al mantenimiento de un adecuado estado de bienestar basado en el correspondiente nivel de seguridad.
Se acordó para ello, impulsar un escenario de incremento presupuestario de defensa para lograr el objetivo del 2 % del Producto Interior Bruto fijado en la cumbre de Gales de 2014, que permita modernizar y mejorar las capacidades militares de
nuestras Fuerzas Armadas, a la vez que posibilitar el fortalecimiento de la Base Tecnológica e Industrial de Defensa favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo altamente cualificado. Este objetivo, recurrentemente citado como
necesario por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en las sucesivas cumbres de dicha Organización celebradas a lo largo del presente siglo, ha llegado a convertirse en una necesidad de cara a garantizar la cobertura de las necesidades de
la Defensa desde una óptica meramente nacional.
El porcentaje actual del entorno del 1 %, en el que nuestro Presupuesto de Defensa se viene moviendo, demuestra, año a año, ser insuficiente para afrontar los costes de las nuevas adquisiciones, las actividades de adiestramiento, el
sostenimiento del equipo y material en uso y las propias retribuciones de los militares profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. Una revisión al alza del presupuesto de defensa aparece, por tanto, como ineludible, desde todos los puntos de vista.
Las recientes operaciones militares de carácter demandante, tales como la evacuación de compatriotas y de afganos con relaciones con España, desde Kabul, en el año 2021, así como la posterior invasión de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de
la Federación Rusa, el vil ataque terrorista de Hamás perpetrado al pueblo israelí, o los crecientes desafíos en el entorno inmediato de nuestro país, con especial incidencia en la región del Sahel, obligan a acometer con rigor y seriedad el
esfuerzo de nuestro país en este ámbito de la Defensa y las capacidades operativas a él asociadas.
El propio Presidente del Gobierno ha manifestado formalmente el compromiso del Gobierno de la nación para acometer este proceso de revisión al alza que sitúe la inversión de España en Defensa en el nivel del 2 % del Producto Interior Bruto
antes de finalizar la tercera década del siglo XXI en la que nos encontramos, situando el horizonte del logro de este nivel de inversión en el año 2029.
Todos somos conocedores del desequilibrio salarial entre los profesionales de las Fuerzas Armadas y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en condiciones equiparables de disponibilidad, penosidad, peligrosidad y régimen de
personal, que produce un impacto creciente en la pérdida de poder adquisitivo del personal de las Fuerzas Armadas y suponiendo, por tanto, un desincentivo a la hora de cubrir las plazas ofertadas por los distintos ejércitos.
Por otra parte, el objetivo estipulado del 2 % del PIB incluye, asimismo, el dedicar, al menos un 20 % del total del presupuesto a gastos de modernización de armamento y material con un mínimo del 5 % en l+d+i. Habida cuenta del compromiso
asumido por el Presidente del Gobierno de alcanzar el objetivo del 2 % antes de 2029, se considera necesario, establecer un compromiso de incremento progresivo de carácter anual, a fin de
alcanzar progresivamente y no de golpe el incremento citado para lo que se debería diseñar un programa plurianual de crecimiento sostenido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un programa plurianual de crecimiento sostenido, que permita alcanzar el objetivo final de un presupuesto de defensa del 2 % del PIB en el plazo de tiempo más breve posible y de una manera progresiva y en ningún caso más tarde
de 2029.
2. Informar al Congreso de los Diputados de la programación plurianual que se elabore.
3. Incluir en dicha programación el incremento progresivo, no solo en inversiones de equipamiento y material e l+d+i sino también de retribuciones de personal, teniendo siempre en cuenta la equiparación de los miembros de las Fuerzas
Armadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan responsabilidades similares.
4. Acometer el primer plazo de dicha programación plurianual en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/000760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Blanca Armario González, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las profesiones de Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de
riesgo, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La falta de seguridad en España
Durante los últimos años, nuestro país viene manifestando un auge de la criminalidad. Prueba de ello, España ha empeorado su posición en el Índice Global de Crimen Organizado, situándose en el puesto 39 de los 44 países europeos analizados
9. Asimismo, en el último Balance de Criminalidad -correspondiente al año 2023 y publicado por el Ministerio del Interior-, se ha registrado un aumento de la criminalidad del 5,9 % 10. En total, en nuestro país se registraron 1.989.271
infracciones penales en el año 2023. Merecen
9 LA GACETA. 'España se convierte en un laboratorio del crimen organizado por el aumento del tráfico de drogas' 16/10/2023. La Gaceta de la Iberosfera. Disponible [En línea]:
https://gaceta.es/espana/espana-se-convierte-en-un-laboratorio-del-crimen-organizado-por-el-aumento-del-trafico-de-drogas-20231016-1647/
10 Balance de Criminalidad 2023, Ministerio del Interior, p. 1. Disponible [en linea]: https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/
2023/Balance-de-Criminalidad-Cuarto-Trimestre-2023.pdf
mención especial el aumento alarmante de los secuestros (+45,2 %), los delitos contra la libertad sexual (+15,1 %) y el tráfico de drogas (+9,5 %) 11.
Segundo. La creciente violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Este aumento constante de la criminalidad en nuestro país es directamente proporcional a las agresiones que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE'). De hecho, entre enero y agosto de 2023, los ataques a policías
nacionales y guardias civiles ascendieron a 11.311, lo que supone una media superior a 1.400 agresiones por mes, y 47 diarias 12. Lamentablemente, demasiados de estos ataques han terminado con la vida de policías nacionales y guardias civiles.
Desde los sindicatos y asociaciones de las FCSE se ha manifestado en repetidas ocasiones que una de las causas por las que se producen estas agresiones es la laxitud con la que se aplica la legislación en esta casuística.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ('Código Penal') establece en su artículo 550, unas penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses cuando el atentado se dirija contra una autoridad. Sin
embargo, en multitud de ocasiones estas agresiones se reducen a una simple falta administrativa y una multa de ínfima cuantía 13. Por tanto, resulta evidente que existe una sensación de impunidad en cuanto a las agresiones a los miembros de las
FCSE, lo que al final deviene un debilitamiento del principio de autoridad.
Tercero. La infradotación de medios de las FCSE
A este aumento de las agresiones que padecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se debe añadir la falta de voluntad por parte del Gobierno a la hora de dotar, tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil, de los
medios materiales -y humanos - suficientes para combatir el crimen.
Esto resulta especialmente evidente en la provincia de Cádiz, concretamente en el Campo de Gibraltar. Tras producirse el pasado mes de febrero el asesinato de dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate a manos de
narcotraficantes, el Gobierno no ha mejorado ni incrementado el material de las FCSE. Así, según informaciones publicadas, sólo nueve de las veintidós patrulleras de la Guardia Civil que luchan contra el narcotráfico se encuentran operativas 14.
Es más, 'las seis embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil estaban averiadas' en la noche del asesinato de ambos guardias civiles en Barbate 15.
Cuarto. La declaración de profesión de riesgo
Una vez relatada la creciente violencia a la que deben hacer frente los miembros de las FCSE, conviene mitigar esta problemática. Concretamente, la declaración de profesión de riesgo permitiría confirmar normativamente lo que, tal y como se
ha explicado ut supra,
11 Ibidem.
12 CASADO, M: 'Agresiones a policías y guardias civiles: ''Los agresores se sienten impunes''', La Razón, 12.02.24. Disponible [en línea]:
https://www.larazon.es/espana/que-agresiones-policias-guardias-civiles-salen-gratis_2024021265c9e81282085c00016322e2.html
13 CASADO, M: 'Pegar a un agente sale ''barato'':¿Cuáles son las penas por agredir a un policía o un guardia civil?', La Razón, 17.01.23. Disponible [en línea]: https://www.larazon.es/espana/20230117/ uusiqzrod5bvtaokpw4zbtgvm.html
14 'Sólo nueve de las 22 patrulleras de la Guardia Civil están operativas dos meses después del asesinato de dos agentes', La Gaceta de la Iberosfera, 03.04.24. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/espana/solo-nueve-de-las-22-patrulleras-de-la-guardia-civil-estan-operativas-dos-meses-despues-del-asesinato-de-dos-agentes-20240403-1104/
15 'Las patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas el día en que utilizaron una zodiac para enfrentarse a los narcoterroristas', La Gaceta de la Iberosfera, 13.02.24. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/espana/las-patrulleras-de-la-guardia-civil-estaban-averiadas-el-dia-en-que-utilizaron-una-zodiac-para-enfrentarse-a-los-narco-20240213-0944/
es una realidad. Esto es, que ser miembro de las FCSE supone un riesgo diario contra la integridad física e, incluso, contra la vida.
Esta declaración conlleva la rebaja de la edad ordinaria de jubilación para aquellos grupos o actividades personales 'cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de
morbilidad o mortalidad' 16. A este objeto, el Estado aplica coeficientes reductores a los años trabajados.
Esta actuación no es sólo justa, sino que también resulta una cuestión que corrige una situación de agravio comparativo con otros cuerpos policiales. Este es el caso de la policía regional catalana, la vasca y la navarra. A estos tres
cuerpos, junto al de policías locales, se les aplica un coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados 17. Así, por ejemplo, los componentes de la policía regional vasca pueden acceder a la jubilación a los 60 años -o
incluso a los 59 años si acreditan 35 años de actividad efectiva en el su correspondiente Cuerpo 18-.
Quinto. Conclusión.
La creciente criminalidad que padece nuestro país, la disolución del principio de autoridad, que deviene en una violencia mayor frente a los agentes que la representan, y por ende, la falta de medios que adolecen éstos, son un fiel reflejo
de la dejadez del Gobierno en una cuestión tan vital como la seguridad.
Es necesario que se reconozca la labor fundamental que desempeñan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como servidores públicos que arriesgan su integridad física, e incluso su vida, en favor de mantener la seguridad en la que
vive la sociedad española.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Considerar las profesiones de Guardia Civil y Policía Nacional como Profesiones de Riesgo.
2. Declarar Zonas de Especial Singularidad aquellos lugares del territorio nacional que, por la especial incidencia de la criminalidad, tengan que poseer una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Aumentar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al objeto de que éstas puedan combatir la criminalidad creciente que amenaza nuestro país.
4. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios humanos y materiales necesarios para poder cumplir con su misión.
5. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del respaldo institucional necesario para garantizar el principio de autoridad y el uso de los medios necesarios para poder cumplir con su misión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Blanca Armario González, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
16 Jubilación anticipada por razón de grupo o actividad profesional, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Disponible [en línea]:
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabaiadores/PrestacionesPensionesTrabaiadores/10963/28393/28464
17 Disposición Adicional Vigésima, vigésima bis, vigésima ter, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social [Aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre]. Disponible [en línea]:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2Q15-11724
18 Jubilación anticipada ... op.cit.
161/000762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Blanca Armario González, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de las condiciones de la profesión de vigilancia de seguridad privada, para su
discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. La falta de seguridad en España.
Durante los últimos años, nuestro país viene manifestando un auge de la criminalidad. Prueba de ello es que, entre otras cosas, España ha empeorado su posición en el Índice Global de Crimen Organizado, situándose en el puesto 39 de los 44
países europeos analizados 19. Asimismo, en el último Balance de Criminalidad -publicado por el Ministerio del Interior y correspondiente al año 2023-, se ha registrado un aumento de la criminalidad del 5,9 % 20 respecto del ejercicio anterior. En
total, en nuestro país se registraron 1.989.271 infracciones penales en el año 2023. Merecen mención especial el aumento alarmante de los secuestros (+45,2 %), los delitos contra la libertad sexual (+15,1 %) y el tráfico de drogas (+9,5 %) 21.
Segundo. La creciente violencia contra los vigilantes de seguridad privada y la necesidad de un cambio normativo para brindarles una mayor protección.
El sector de la seguridad privada viene demandando desde hace un tiempo la necesaria protección, ante la situación que padece tanto de falta de seguridad y agresiones que sufren los vigilantes -lo que pone en grave y reiterado riesgo su
integridad física- como en su estatus profesional y laboral.
Debe destacarse que el servicio prestado por los vigilantes de seguridad se lleva a cabo en coordinación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único objetivo de mejorar la seguridad pública, y que, por tanto, redunda
en beneficio de la seguridad general, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de los ciudadanos. Así lo disponen, entre otros, los artículos 1 y 8 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada ('LSP').
Los vigilantes de seguridad privada desarrollan su labor en funciones y enclaves tan relevantes como el depósito y custodia de explosivos, armas, sustancias o mercancías que, por su peligrosidad o su valor precisen de vigilancia y protección
especial: monedas, títulos valor, obras de arte, etc.; el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas (incluidas autoridades); la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, públicos o
privados, y de las personas que se encuentran en los mismos; o la explotación de centros de control, videovigilancia o alarma. Este elenco de funciones, detallado en el artículo 5 de la LSP, presenta enormes potencialidades en pro del interés
general.
Atendiendo a lo expuesto, tanto por el aumento de la criminalidad de la que, a menudo son víctimas los vigilantes de seguridad privada, como por la relevancia y exposición de
19 LA GACETA. 'España se convierte en un laboratorio del crimen organizado por el aumento del tráfico de drogas' 16/10/2023. La Gaceta de la Iberosfera. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/espana/espana-se-convierte-en-un-laboratorio-del-crimen-organizado-por-el-aumento-del-trafico-de-drogas-20231016-1647/
20 Balance de Criminalidad 2023, Ministerio del Interior. p. 1. Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-v-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Cuarto-Trimestre-2023.pdf
21 Ibidem.
las funciones que desempeñan, el sector de la seguridad privada está claramente necesitado de una mayor protección, que permita dignificar debidamente a este sector y mejorar el cumplimiento de las funciones que, según la LSP, tienen
atribuidas.
Esta necesidad debe abordarse principalmente mediante la actualización de la normativa rectora del sector, no solo de la mencionada LSP sino, particularmente, del obsoleto Reglamento de Seguridad Privada (aprobado por Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre), así como a través de un compromiso de las Administraciones públicas con competencias en la materia.
En primer lugar, es necesario mejorar la condición jurídica del sector, para reconocer de forma inequívoca el carácter de agente de la autoridad de los profesionales vigilantes de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones.
Ello comporta una serie de importantes efectos penales (de tipicidad de las agresiones) y procesales (de citación y comparecencia como testigo con el número de habilitación TIP expedido por el Ministerio del Interior). La normativa vigente
a este respecto -artículo 31 LSP- solo permite que tengan condición de agentes de la autoridad cuando estén desarrollando 'actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad', y no a todos los
efectos, sino únicamente en el sentido de que las agresiones y desobediencias que, en estos supuestos, 'se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado', sean consideradas 'agresiones y desobediencias a agentes de la
autoridad'.
Sin embargo, puesto que, como hemos señalado supra, los servicios y funciones de la seguridad privada se prestan siempre en colaboración y cooperación, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con sujeción a lo que
éstas puedan disponer, carece de sentido que la condición de agentes de la autoridad de la que estos últimos están investidos no se aplique también a los vigilantes de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones.
En segundo lugar, existe una necesidad de una mayor protección material: esto es, de la dotación de los necesarios medios de defensa, acordes al riesgo al que han de hacer frente, y de una actualización de la regulación al respecto, que
debe incluir: la previsión normativa del trabajo de los vigilantes en binomio; la obligatoriedad del uso de guantes y chaleco anticorte y antitrauma; e incluso, para los servicios de mayor peligrosidad, el estudio de la necesidad de que dicho
chaleco sea antibala, así como la dotación de equipos de protección y medios defensivos no letales (como el espray de defensa y arma de electrochoque), estando dotados en los demás casos de una herramienta de defensa más larga que la actual. Por
último, se torna esencial la uniformidad de la indumentaria en todo el sector, con la obligación de portar anagrama en el uniforme de la habilitación del Ministerio del Interior.
En tercer lugar, deben adoptarse las necesarias medidas para mejorar la protección laboral de los vigilantes de seguridad. Una protección que evite y ponga fin a ciertas situaciones de incumplimiento, abuso o fraude de la normativa
aplicable, como el incumplimiento de la normativa de horas extraordinarias, con la superación de sus límites máximos; o el cese de las prácticas ilícitas de las llamadas 'empresas piratas', que, mediante la subrogación de contratos menores, burlan
la ley y los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, urge la desvinculación del convenio sectorial de seguridad privada, que permite a las empresas revisar y establecer -mediante convenios de empresa-, unas condiciones laborales que
menoscaban sustancialmente los derechos de los trabajadores, en condiciones económicas muy desfavorables para ellos.
A su vez, es imperativo el desarrollo de una normativa en materia de prevención de riesgos laborales -que contemple los riesgos específicos de los vigilantes de seguridad privada-, así como la observancia más efectiva de su cumplimiento,
debiendo facilitarse en todo caso por las empresas de seguridad del material correspondiente de defensa a sus trabajadores. Urge también una vigilancia estricta, por parte de la Inspección de Trabajo, del intrusismo profesional llevado a cabo por
personas que no tienen la condición de verdaderos vigilantes de seguridad habilitados, con lo que ello comporta de riesgo y perjuicio al correcto desempeño de sus funciones y, por tanto, a la seguridad.
En cuarto lugar, es claramente necesaria una mejora en la formación del personal de seguridad, tanto básica como continuada, mediante el establecimiento: (i) de una formación reglada y especializada de grado medio a nivel nacional; y (ii)
de una formación continua anual para este personal superior a la actual -de 20 insuficientes horas anuales-, en materias como los primeros auxilios, la extinción de incendios, la defensa personal, etc. Ello repercutiría, sin duda, en la mejora de
la capacidad operativa del personal de seguridad privada, en colaboración tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como con el personal de emergencias.
Tercero. Conclusión.
Todo lo expuesto es tan solo un somero resumen de la problemática existente en el sector de la seguridad privada, un sector que resulta esencial para complementar la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en
muchas ocasiones, son la primera línea de contención contra el crimen y la delincuencia.
Resulta, por tanto, necesario y urgente promover una reforma de la normativa vigente del sector, en los términos expuestos, al objeto de que se contemplen gran parte de las demandas que justamente se reclaman por parte de los sindicatos y
que, sin lugar a duda, repercutirán de forma positiva en la seguridad pública a la que contribuyen, con su labor, los profesionales de la seguridad privada.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la actualización de la normativa reguladora de la seguridad privada (la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada),
con objeto de conseguir la debida dignificación de este sector y la mejora de las condiciones de ejercicio de sus funciones.
2. Impulsar la mejora de su protección jurídica y de su estatus profesional, mediante el reconocimiento siempre de profesión de riesgo y el reconocimiento inequívoco de la condición de agente de la autoridad:
a. Cuando sus actuaciones se amparen en los fines establecidos en el artículo 4, apartados b) y c), de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada;
b. Siempre que presten servicios de vigilancia y protección perimetral en establecimientos militares, centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, fábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias
peligrosas, otros edificios o instalaciones de organismos públicos, hospitales, centros de salud, etc., así como de infraestructuras críticas o servicios esenciales, centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles,
transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, metro, etc.), y centros de telecomunicaciones, descritos en el art. 40 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada; artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado
mediante Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre; y art. 2 del Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de huelga.
3. Impulsar la actualización y mejora de la regulación en lo relativo a la dotación de los medios necesarios de defensa, acordes al riesgo al que han de hacer frente, así como de los equipos de protección individual necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
4. Revisión de la normativa sobre la obligatoriedad del uso de guantes y chaleco anticorte y antitrauma.
5. Impulsar el estudio de la necesidad de chaleco sea antibalas para los servicios de mayor peligrosidad, y de la dotación de equipos de protección y medios defensivos no letales (como el spray de defensa y arma de electrochoque, tipo la
pistola eléctrica Tasser), estando dotados en los demás casos de defensa más larga que la actual.
6. Impulsar la previsión normativa del trabajo de los vigilantes en binomio.
7. Promover la regulación nacional de la uniformidad en todo el sector, con la obligación de portar anagrama en el uniforme de la habilitación del Ministerio del Interior.
8. Controlar el incumplimiento de la normativa laboral para evitar las situaciones de incumplimiento, abuso o fraude de la normativa aplicable, entre otras, la superación de sus límites máximos en materia de horas extraordinarias.
9. Impulsar el desarrollo de una normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que contemple los riesgos específicos de los vigilantes de seguridad privada, que acabe con el intrusismo profesional, llevado a cabo por personas que
prestan estos servicios sin tener la condición de verdaderos vigilantes de seguridad habilitados.
10. Mejorar los planes de formación del personal de seguridad, tanto básica como continuada, mediante el establecimiento de una formación reglada y especializada de grado medio a nivel nacional, y de un plan de formación continua anual para
este personal, superior a la insuficiente actual, para asegurar su correcta preparación para la prestación del servicio.
11. Impulsar las medidas legales oportunas para limitar la contratación con las administraciones públicas a las empresas de seguridad privada que hayan sido condenadas -en virtud de resolución judicial o administrativa- por no encontrase al
corriente de sus pagos con Hacienda o la Seguridad Social no estén habilitadas para concurrir a licitaciones públicas.
12. Garantizar debidamente la correcta prestación de los servicios de seguridad privada, su viabilidad, estado de la adjudicación -en su caso- y comprobación de las credenciales de la empresa adjudicataria'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Blanca Armario González, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco Javier Ortega Smith-Molina Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
161/000763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las medidas necesarias
para evitar nuevas agresiones a los empleados públicos de centros penitenciarios, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos años, se ha evidenciado que ciertos profesionales, como docentes, personal médico y empleados públicos penitenciarios, se enfrentan a situaciones donde su profesionalismo es injustamente cuestionado y, en ocasiones, son objeto
de agresiones por parte del público al que sirven. Los empleados públicos penitenciarios, en particular, enfrentan un entorno hostil y experimentan diariamente situaciones violentas y desafiantes. Según informes sindicales, este grupo sufre al
menos una agresión al día desde 2017. Por lo tanto, es imprescindible garantizar la seguridad y proporcionar los recursos necesarios para que estos profesionales puedan desempeñar su labor con tranquilidad y eficacia en la atención a la población
reclusa.
El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante el año 2023, un número de agresiones récord que supone un incremento del 12 % con respecto a 2022. Eso supone
un crecimiento que no cesa y que convierte a este colectivo en aquel que sufre más agresiones de la
Administración General del Estado, pues ello significa que, de media, agreden a un funcionario de prisiones cada 16 horas.
En este contexto, el pasado 13 de marzo un preso asesinó brutalmente a Nuria, una cocinera del centro penitenciario Mas d'Enric de El Catllar en Tarragona. El recluso acabó con la vida de esta trabajadora antes de quitarse la vida. Este
terrible suceso ha conmocionado no sólo a la comunidad local sino a muchos rincones de España y, lógicamente, genera preocupación sobre la seguridad e integridad física de todos los empleados públicos que trabajan en nuestras prisiones. Esta
desgracia, que no se puede volver a producir, destaca los desafíos que enfrentan los profesionales que trabajan en entornos penitenciarios y urge a implementar medidas efectivas para evitar todo tipo de agresiones a tales trabajadores.
Cabe destacar que el preso que apuñaló a esta mujer estaba condenado a 11 años de cárcel por los mismos hechos, por lo que todos los esfuerzos de las autoridades y administraciones competentes deben dirigirse a garantizar todo el apoyo
institucional y legal para que esta tragedia no se repita.
Los empleados de las prisiones españolas solicitan ya desde hace muchos años mayor seguridad en sus puestos de trabajo, algo en lo que coinciden estos trabajadores de todas las comunidades autónomas de España.
Actualmente, el personal de Instituciones Penitenciarias lo integran alrededor de 21.500 funcionarios, y es obligación de los poderes públicos velar por la seguridad y salud de estos y de todos los trabajadores, un principio de la política
social y económica que garantiza el artículo 40.2 de la Constitución española.
Además, tal y como denuncian las diferentes organizaciones sindicales de prisiones, existe un alto número de vacantes en sus plantillas, por lo que la limitada cantidad de estos empleados genera una situación de mayor peligrosidad, teniendo
en cuenta la alta cifra de presos que hay en estos momentos en el país. Pues, es esencial que la Administración penitenciaria priorice la protección de la vida, salud y seguridad tanto de los empleados penitenciarios como de los reclusos, además de
velar por sus derechos legales e intereses. Asimismo, se debe continuar desarrollando estrategias preventivas para promover entornos de convivencia más seguros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar, de manera urgente y juntamente con las autoridades autonómicas competentes, una investigación exhaustiva sobre cuáles fueron los protocolos de seguridad que fallaron el 13 de marzo en la cárcel Mas d'Enric de El Catllar
(Tarragona) que desencadenaron en el trágico asesinato de una cocinera de este centro penitenciario, con el fin de establecer protocolos para que esta tragedia no se repita.
2. Impulsar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar cualquier tipo de agresión a los empleados públicos penitenciarios.
3. Cubrir las vacantes existentes con el fin de conseguir la cobertura de la totalidad de las plantillas en las cárceles españolas.
4. Apoyar las iniciativas legislativas pertinentes para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias en el desempeño de su labor profesional.
5. Proceder a la declaración como Profesión de Riesgo al trabajo que realiza el colectivo de los empleados públicos penitenciarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Luis Huguet Tous, Nacho Martín Blanco, Agustín Parra Gallego y Santi Rodríguez Serra, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la torre de control del Aeropuerto de Menorca, para su debate en
la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La torre de control del Aeropuerto de Menorca fue construida en 1968, entrando en funcionamiento en 1969 y hasta el día de hoy.
En el plan director de 2009 del Aeropuerto de Menorca, en el anexo dedicado a las necesidades de esta infraestructura, se decía literalmente que la torre de control no contaba con las dimensiones adecuadas para alojar tanto los puestos de
trabajo como los espacios necesarios para albergar nuevas instalaciones y sistemas técnicos de control. En enero de 2010 se anunció en la prensa local el proyecto de nueva torre de control, que nunca se llegó a realizar.
En el año 2014, Aena encargó a la empresa Incosa un estudio sobre el estado de la estructura de la torre de control, y en sus conclusiones se manifestaba que la vida operativa de la misma era de entre cinco y diez años.
En 2017 se aprueba el primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) donde, en el apartado de inversiones para dicho aeropuerto, se presupuesta la construcción de la nueva torre de control. Se anunciaba también su construcción, el 24
de febrero de 2019, nuevamente en la prensa local. Sin embargo, cinco meses más tarde, el 9 de julio, también en la prensa insular de la isla, se anuncia que en lugar de la torre de control física convencional se instalará una torre de control
remota.
El BOE del 23 de julio de 2020 publicó el convenio de colaboración entre Aena y Enaire para desarrollar el proyecto de torre remota en Vigo y Menorca, así como el calendario para desarrollar el proyecto, según el cual, en diciembre de 2021
debía estar finalizado, con un coste inicial valorado en 5.363.350 euros, de los que 4.800.000 correspondían a la inversión a realizar por Aena y 563.350 por parte de Enaire.
El 3 de septiembre de 2020 se publica que Gesnaer Consulting era la empresa adjudicataria para el 'Suministro en estado operativo y validación de equipamiento para la implantación de los servicios ATS de Torre Remota-RTM Menorca' por unos
1'5 millones de euros con fecha de inicio el 23 de octubre de dicho año y finalización el 2 de noviembre de 2023.
Desde el primer día, los profesionales, controladores y técnicos de mantenimiento de equipos torre, representados por sus sindicatos (como USCA y CC. OO.) han hecho público en varias ocasiones desde que se anunció el proyecto de torre
remota que Menorca no era un lugar para desarrollarlo, que los plazos anunciados no se cumplirían y que el personal destinado en la torre de Menorca era insuficiente para el normal funcionamiento, más aún ante el aumento de las cargas de trabajo
motivado por el constante aumento de tráfico de aviación comercial y aviación privada, a lo que habría que añadir los retos que plantea mantener dos instalaciones y dos sistemas a la vez durante un periodo de tiempo aún indeterminado.
Estamos en marzo de 2024 y el tiempo ha dado la razón a los anuncios que realizaron los sindicatos, hasta el punto de que el pasado 30 de noviembre de 2023, ante los constantes problemas técnicos planteados y no solucionados, Aena y Gesnaer
firmaron una suspensión temporal total del proyecto.
Ayuntamientos de la isla, Consell Insular de Menorca, hasta en tres ocasiones, la primera vez el 21 de octubre de 2019 y la última el 20 de febrero de 2023, y el Parlament
balear el 12 de febrero de 2020, aprobaron por unanimidad de sus plenos o comisiones solicitar a Aena la paralización del proyecto de torre remota y la construcción inmediata de una nueva torre de control.
Está claro que es imposible que en un plazo breve funcione el proyecto de torre remota. Y la torre actual, aunque Aena realiza inversiones que no dejan de ser parches, tiene problemas estructurales serios que se agravan día tras día,
empeorando la situación, además de albergar placas de fibrocemento (amianto) que aconsejan su desmantelamiento y posterior demolición. Por eso es urgente la construcción de una torre física nueva. No reconocer la grave situación actual puede
terminar por provocar problemas de operatividad que, en una isla, podrían tener repercusiones sociales y económicas tremendas.
El 6 de enero de 2022, el Gobierno escocés confirmó la cancelación del proyecto de torre remota que querían desarrollar en las islas escocesas, después de haber invertido nueve millones de libras desde abril de 2018, ante los problemas
técnicos con los que se encontró HIAL (Highlands and Islands Airports Ltd's), compañía que gestiona los aeropuertos de dichas islas, con un tráfico de 1'4 millones de pasajeros, muy por debajo de los actuales 4.045.215 pasajeros del aeropuerto de
Menorca y sus 35.667 operaciones en 2023, cifras que se espera aumenten en 2024.
Ningún aeropuerto del mundo con las características del aeropuerto menorquín funciona exclusivamente con un sistema de torre remota. La torre de control del Aeropuerto de Menorca tiene en su CTR (zona de control) el tráfico de un aeroclub,
el helipuerto del hospital y la base militar de San Isidro a las espaldas de la torre, y posiblemente pueda tener en breve una base de hidroaviones en el puerto, además de realizar tareas de aproximación. Son problemas añadidos a los de tráfico
comercial y tráfico privado que lo hacen peculiar y diferente.
La tecnología de torres remotas no está hoy por hoy lo suficientemente desarrollada para garantizar el control del tráfico aéreo de un aeropuerto con las características del de Menorca, que además concentra el 90 % de su tráfico en siete
meses del año.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que tanto Aena como Enaire, en el ámbito de sus competencias, desarrollen las siguientes actuaciones:
1. Paralizar definitivamente el proyecto de torre remota en el Aeropuerto de Menorca.
2. Construir de manera inmediata una nueva torre de control física en el Aeropuerto de Menorca.
3. Asegurar la plantilla mínima necesaria en el Aeropuerto de Menorca, tanto de controladores como de técnicos de mantenimiento de navegación aérea, de acuerdo a las necesidades del servido y a la normativa y reglamentación aplicable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los tramos Ventamillo-Campo y Fiscal-Balupor de la N-260 (Eje
Pirenaico) y al necesario puente de Jánovas, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El Eje Pirenaico (N-260) es la carretera nacional que comunica las poblaciones de Portbou (Co. Alt Empurdá, Girona), en la frontera con la República Francesa, y Sabiñánigo (Co. Alto Gállego, Huesca). En la actualidad tiene dos tramos
pendientes de acondicionamiento: 1) entre el Congosto de Ventamillo y la localidad de Campo (Co. Ribagorza, Huesca), de 12 km, que alterna la apertura al tráfico con períodos de interrupción por continuación de las obras; y 2) entre Fiscal y los
túneles de Balupor, de casi 13 km (comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca), donde aún no han comenzado las máquinas a trabajar. Este último tramo se trata de una actuación imprescindible por razones de seguridad, pues se suceden los atascos,
sobre todo en verano, así como las maniobras marcha atrás para facilitar el paso a vehículos pesados que, a la hora de trazar las curvas, se ven obligados a invadir el carril contrario. El riesgo se incrementa cuando el autobús escolar, que utiliza
esta vía diariamente, se cruza con un camión u otro vehículo de grandes dimensiones, al no caber de manera simultánea por algunos tramos de la carretera.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el 28 de junio de 2023 aprobó definitivamente el proyecto de trazado y el expediente de información pública 'Acondicionamiento de la Carretera N-260, Eje Pirenaico, km 449,600 a
463,600. Tramo: Túnel de Balupor-Fiscal' en la provincia de Huesca. Este hito supone un paso fundamental para continuar con la redacción del proyecto de construcción. El presupuesto estimado para las actuaciones en esta vía, cuyo tramo principal
tiene una longitud de 12,85 kilómetros, asciende a 98,79 millones de euros (IVA incluido).
El proyecto de trazado incluye la construcción de un túnel de 1.790 metros de extensión, conocido como Túnel de Jánovas, así como dos viaductos: el Viaducto Barranco de las Guargas, de 235,50 metros, y el Viaducto Barranco de Santiago, de
175,00 metros. Además, se contempla la construcción de seis puentes, cuatro muros de hormigón y cinco muros de escollera.
En cuanto a la configuración vial, se establecerán carriles de 3,50 metros de ancho (un carril por sentido) y arcenes de 1,00 metro. Asimismo, se prevé la implementación de cuatro intersecciones tipo glorieta partida y la creación de
caminos paralelos a la carretera para restablecer el acceso a las fincas colindantes.
No obstante, este proyecto de mejora de la carretera N-260 no contempla la ejecución de ningún puente sobre el río Ara, lo que deja al pueblo de Jánovas (comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca) incomunicado de facto. En la actualidad los
habitantes de Jánovas solo pueden utilizar un puente colgante peatonal y un paso construido sobre el río Ara que se inunda en cada crecida del río. La ausencia de un puente que dé acceso a la N-260 obliga a los vecinos a circular por una pista
forestal desde Ligüerre de Ara y dar un rodeo de 40 minutos. En esas circunstancias, cualquier visita al médico por un caso grave puede resultar trágica.
Por eso, los vecinos de Jánovas, San Felices, Albella y Planillo solicitan la construcción de un sencillo puente sobre el río Ara para hacer posible una conexión segura y directa desde la N-260, lo que facilitaría la revitalización de
Jánovas y su vuelta a la vida, tras décadas de abandono derivado de la expulsión de sus habitantes manu militan para construir un embalse que nunca vio la luz. El hecho de que se renunciara a construir un acceso cruzando el río dentro de las obras
de acondicionamiento del tramo Fiscal-Balupor, por la declaración de impacto ambiental negativa, a la que también se sumaba el rechazo vecinal por su enorme impacto a la huerta de ribera, no tiene por qué impedir otras alternativas, como la del
puente que reclama el pueblo, más sencillo y sin impacto ambiental, que podría ubicarse entre los puntos kilométricos 452 y 453 de la N-260, saliendo de una rotonda enfrente de Lavelilla contemplada en el proyecto,.
Por eso, no solo se reclama desde el Sobrarbe el acondicionamiento sin más demora de este tramo del Eje Pirenaico, por razones de seguridad, sino que se aproveche para acometer la conexión de Jánovas con la carretera N-260, tal como demandan
los vecinos en esta nueva etapa de revitalización del pueblo una vez superada la amenaza del embalse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar de forma definitiva las obras pendientes en el tramo entre el Congosto de Ventamillo y la localidad de Campo y a ejecutar en el menor plazo posible las obras de acondicionamiento de
la Carretera N-260, Eje Pirenaico, en el tramo entre el túnel de Balupor y Fiscal, en la provincia de Huesca, así como a colaborar con las administraciones competentes en la construcción del puente que conecte la carretera con el pueblo de Jánovas,
tal como reclaman los vecinos para revitalizar el pueblo una vez superada la amenaza del embalse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso de una variante que
sustituya el trazado en lazo en el puerto del Manzanal de la línea ferroviaria León-Ponferrada, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El desarrollo del Corredor Atlántico, corredor número 7, incluido su ramal noroeste, como conexión multimodal para dar servicio a personas y mercancías, es un proyecto estratégico para Europa, clave para la vertebración y la cohesión
territorial de España, y fundamental para el futuro de Castilla y León, Galicia y Asturias.
En enero de 2023 el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana creó una Delegación Permanente para el Seguimiento y Actualización del Plan Director del Corredor Atlántico, cuyo objetivo, según el propio Ministerio, era
agilizar el despliegue de la infraestructura y sus servicios para potenciar el transporte de mercancías por tren en España y las conexiones con Europa. Al frente de esta Delegación se situó al Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, a
quien corresponde, entre otros cometidos, aprovechar la oportunidad única de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU para ampliar y completar el Corredor.
Impulsar el Corredor Atlántico es algo perentorio, se trata de una infraestructura que lleva años de retrasos, como ejemplo paradigmático basta recordar la inclusión tardía del ramal noroeste del corredor ferroviario en la Red Transeuropea
(TEN-T), que se pospuso hasta el año 2019, tras un intenso trabajo a dicho fin de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia y Asturias; o cómo ni siquiera se ha aprobado a fecha actual su Plan Director.
Tal es la preocupación existente y la relevancia de este Corredor para el Noroeste español que el 27 de enero de 2023 el presidente de la Junta de Castilla y León, D. Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de la Xunta de Galicia, D.
Alfonso Rueda Valenzuela, y el presidente del Principado de Asturias, D. Adrián Barbón Rodríguez, participaron en un encuentro en Santiago de Compostela, en el que firmaron una declaración institucional para reclamar al Gobierno de España el impulso
del Corredor Atlántico Noroeste.
Desde la Junta de Castilla y León se ha exigido permanentemente al Gobierno de España una financiación adecuada y suficiente para el Corredor Atlántico, aprovechando los fondos europeos para que el Corredor se desarrolle con los requisitos y
cumpliendo los plazos exigidos por la Unión Europea; es decir, para que la Red Básica del Corredor esté
concluida en 2030, y la extendida en 2040; y, en segundo lugar, la aprobación del Plan Director del Corredor, con un cronograma de inversiones y las actuaciones a desarrollar. Exigencias realizadas desde la lealtad institucional, justas,
razonables y posibles de atender, siempre que haya voluntad política.
Para la provincia de León, este gran proyecto del Corredor Atlántico, que incluye el ramal noroeste, es una oportunidad extraordinaria de actividad y competitividad económica, y de generación de riqueza y empleo. Y es, en esta provincia,
donde se ubica uno de sus principales retos de futuro: la configuración de la línea León- Ponferrada que presenta las mayores dificultades por la elevada pendiente, así como por el trazado de la línea ferroviaria que, para sortear las barreras
montañosas de los Montes de León, dibuja un 'lazo'. La variante al trazado en 'lazo' en el Puerto del Manzanal, con pendientes, curvas, gálibos, estructuras y apartaderos incompatibles con una línea eficiente y moderna, es la principal obra por
acometer dada su cuantía y complejidad. Sin olvidar que un nuevo trazado también para transporte de viajeros permitirá que Ponferrada y toda la Comarca de El Bierzo logren unos tiempos de viaje de pasajeros dignos que sustituyan a los actuales
tiempos de entre 1:38 y 2:08 horas para recorrer poco más de 100 kilómetros.
En la provincia de León como nudo ferroviario tanto hacia Asturias como hacia Galicia confluyen dos realidades muy diferentes:
- En el primer caso, con fecha 29 de noviembre de 2023, se inauguró la variante de Pajares, con una infraestructura moderna para mercancías y viajeros.
- Mientras, en dirección Galicia, desde el Gobierno de España se ha proyectado, en primer lugar, la ampliación de vías de apartado hasta una longitud de 750 metros en siete estaciones del tramo León-Monforte de Lemos, adjudicándose el
correspondiente contrato de servicios el 7 de enero de 2021 por un importe de 738.794,54 euros. Actuaciones que, en la provincia de León, afectan a las estaciones de Astorga, Brañuelas, Albares y Ponferrada con el objetivo de potenciar el tráfico
de mercancías en el corredor León-Monforte-Puerto de Vigo. Es decir, se incluyen mejoras en las estaciones principales del puerto decimonónico del Manzanal, las de Brañuelas y Albares.
Y, en segundo lugar, la adjudicación del contrato de servicios para la redacción del estudio de viabilidad para la mejora de prestaciones del trayecto León-Ponferrada, el 3 mayo de 2024 por un importe de 496.100 euros, y con un plazo de
ejecución de 18 meses. La licitación de este contrato fue anunciada por el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, D. Óscar Puente Santiago, en su visita a la ciudad de Ponferrada el pasado 29 de diciembre de 2023, donde expresamente
indicó respecto a la eliminación del lazo ferroviario del Manzanal: 'vamos a estudiar todas las opciones y buscar la mejor'.
Este estudio, según el pliego de prescripciones técnicas particulares de dicho contrato de servicios, deberá considerar la ordenación de los servicios de viajeros y de mercancías existentes y previsibles, conforme a los escenarios futuros
previstos en la planificación de la red ferroviaria vigente del Ministerio y en el que se deberán incluir, como mínimo, las siguientes opciones, pudiendo considerarse combinaciones entre ellas:
a) El análisis de la situación actual o alternativa '0'.
b) La mejora puntual del trazado actual.
c) La incorporación de un nuevo trazado destinado al tráfico exclusivo de viajeros en alta velocidad, y que discurra de forma independiente respecto de la línea actual. El tráfico de mercancías se prestaría por la línea existente, la cual
también será objeto de mejoras focalizadas a tales tráficos.
d) La implementación de una nueva línea de altas prestaciones para tráfico mixto, sustituyendo a la línea actual.
Entre estas opciones se encuentra incluida, por tanto, la simple mejora puntual del trazado actual, ello unido a la citada adjudicación del contrato de ampliación de vías de apartado hasta una longitud de 750 metros en esas siete estaciones
del tramo León-Monforte de Lemos, entre las que figuran las del puerto del Manzanal, genera inquietud sobre esa futurible eliminación del lazo del Manzanal.
Sería incomprensible esta actuación del Gobierno, mantener el statu quo existente, mantener el trazado en 'lazo' del puerto del Manzanal perjudicaría de forma grave e irreparable el desarrollo económico y logístico de la provincia de León.
Y no sólo de la provincia de León, sino de la comunidad de Castilla y León, de la vecina comunidad de Galicia y del conjunto de España. La variante del puerto del Manzanal es indispensable para favorecer el transporte ferroviario dentro del
Corredor Atlántico y para el desarrollo de los polos logísticos y las terminales intermodales actuales y futuras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que, a la mayor brevedad posible y con la máxima urgencia, proceda a proyectar y ejecutar una variante en la línea férrea León-Ponferrada que en el Manzanal elimine el actual trazado del lazo, es decir, se construya una nueva línea de
altas prestaciones para tráfico mixto, de pasajeros y mercancías, que sustituya a la línea actual.
2. La inclusión en el Plan Director del Corredor Atlántico de todas las inversiones y actuaciones necesarias para la construcción de esta variante del puerto del Manzanal, así como su cronograma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Silvia Franco González, Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco, Cristina Abades Martínez, Jaime
Eduardo de Olano Vela y Francisco José Conde López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el soterramiento de las
vías del tren en Granada, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada existe un compromiso firme de trabajar para conseguir el soterramiento de las vías del tren en Granada y poner fin a la fractura de la ciudad, que se encuentra partida en dos como
consecuencia de las mismas. El soterramiento de las vías del tren es una reivindicación histórica de los granadinos para la integración armónica de la ciudad, para que barrios como los Pajaritos y en general el distrito Beiro, la Chana, La
Rosaleda, entre otros barrios, tengan más posibilidades de desarrollo y movilidad entre ellos, favoreciendo así el crecimiento de la hostelería, el comercio y mejorando en general la vida de los ciudadanos de Granada, poniendo fin a la cicatriz que
ha marcado nuestra ciudad durante tanto tiempo.
Tanto el Ayuntamiento de Granada como la Junta de Andalucía tienen el compromiso firme y decidido de cerrar esta brecha profunda que tiene la ciudad de Granada en el menor tiempo posible. Para ello es necesario un compromiso del Gobierno
central, que durante los últimos años ha anunciado informes para salir del paso, pero no un compromiso real de llevar a cabo esta obra, que es fundamental para el desarrollo futuro de Granada.
Desde el Ayuntamiento de Granada y desde la Junta de Andalucía se está promoviendo un convenio a tres, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado, para que el proyecto de
soterramiento se pueda llevar a cabo en el menor tiempo posible, y es por ello por lo que la Junta de Andalucía, en sus presupuestos de 2024 ya ha plasmado un millón de euros a este fin, y el Ayuntamiento de Granada ha incorporado una
importante partida en su presupuesto para el ejercicio 2024. Estas incorporaciones presupuestarias de ambas administraciones son una apuesta para el caso que el Gobierno central acceda a ese convenio a tres, que permita el soterramiento de las vías
del tren a su entrada en Granada, algo que ha conseguido Almería a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en nuestra ciudad.
De hecho, el equipo de Gobierno de nuestra ciudad, a través de su alcaldesa, ya ha propuesto la creación de una sociedad a tres, indicando que este es el camino a seguir tal y como hizo Almería. Por su parte, desde la Junta de Andalucía, el
propio presidente de la Junta se ha comprometido en Granada a tomar el mismo camino que ha llevado a Almería al soterramiento de las vías del tren.
Consideramos una prioridad para el desarrollo de nuestra ciudad impulsar el soterramiento de las vías del tren que dividen nuestros barrios, y, para ello, es necesario un compromiso serio por parte del Estado, que ha de actuar con agilidad
diseñando el proyecto de manera rápida y, por supuesto, de la mano del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración y firma de un convenio con el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía que permita, en el menor tiempo posible, llevar a cabo el soterramiento de las vías del tren en
Granada, poniendo fin así a la brecha que supone la separación de los barrios de la ciudad, realizando un proyecto de ciudad transformador y moderno que mejore la vida de todos los ciudadanos de Granada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar que se aceleren los
trabajos para la construcción de la Variante de 'El Villar de Arnedo', para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El proyecto de la Variante de 'El Villar de Arnedo' (La Rioja) trata de construir una alternativa, mediante una variante de trazado a la actual travesía de la carretera N- 232 en el Villar de Arnedo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El vial de la N-232 conecta Vinaroz con Santander, atravesando la localidad riojana de El Villar de Arnedo. Se trata de un tramo con alta intensidad media de vehículos, más de 9.000 vehículos diarios y un 40 % de los mismos son vehículos
pesados, generando situaciones de riesgo para la seguridad vial de vehículos y peatones. Esta elevada intensidad de tráfico no ha sido aliviada por la autopista de peaje AP- 68 (Bilbao-Zaragoza),
puesto que los tráficos presentan orígenes/destinos muy concretos dentro del tramo, de manera que su trasvase a la autopista en condiciones de peaje no se produce. Con la variante se pretende reducir el tráfico a su paso por el casco urbano
de la localidad y mejorar la calidad de vida de los residentes del municipio.
Hay que recordar que el primer paso administrativo de esta variante fue en marzo de 2004 y que en el BOE de 13 de enero de 2009 se publicó la Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que
se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo del Proyecto Variante de 'El Villar de Arnedo'.
El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, publicó en el BOE del 15 de octubre de 2018, la adjudicación de la redacción de los proyectos de trazado y construcción por un importe de 458.695,51 euros. Tal y
como publica el BOE, la variante proyectada se dispone al sur del municipio de El Villar de Arnedo (La Rioja), iniciándose en la zona este del municipio en el P.K. 368 de la carretera N-232, donde comienza su trazado en la alineación recta ubicada
frente a la nave del grupo logístico de transporte de 'Grupo Arnedo', avanzando por los parajes de Las Caradas, El Hoyo de Monja y la Ibesa, antes de atravesar la carretera LR-123 que comunica la N-113 en Valverde (La Rioja) con el límite provincial
de Navarra al norte de El Villar de Arnedo. En el cruce con esta carretera, está previsto el diseño de un enlace a distinto nivel. El corredor continúa por el paraje de Las Pozas, cruza el río de La Barranca, atraviesa el Hoyo del Quemado y
entronca nuevamente con la carretera N-232 en el P.K. 374, en el tramo final de la variante de Ausejo. La longitud prevista es de 6.697 metros e incluye dos cruces, uno con la carretera LR-123 y otro con la variante de Pradejón, con intersecciones
a distinto nivel.
El 16 de julio de 2020, el BOE publicó el informe de evaluación ambiental de la futura variante de El Villar de Arnedo, para después someterla a información pública y posteriormente a aprobación definitiva y, por último, redacción del
proyecto de construcción.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y 2023, el Ministerio de Transportes incluyó unas partidas de 109,68 miles de euros y 500,00 miles de euros para el proyecto. El Grupo Parlamentario Popular registró enmiendas a los proyectos
de Presupuestos para incrementar en 5.000,00 miles de euros la partida correspondiente a las obras de la Variante del Villar de Arnedo, y así promover una mayor inversión y un recorte en los plazos de ejecución de la obra, siendo ambas rechazadas
por el Grupo Parlamentario Socialista y sus socios de gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Contratar la redacción del Proyecto de Construcción de la Variante de El Villar de Arnedo.
2. Licitar durante el primer semestre del 2025 las obras de la Variante de El Villar de Arnedo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez, Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella, Cristina
Teniente Sánchez, Luis Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Esther Llamazares Domingo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Rojas Manrique, Bella Verano Domínguez y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la 'alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de Ciencia', para su
debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
La educación pública es la herramienta más importante para avanzar en igualdad y en la construcción de una ciudadanía responsable y exigente, que ha de tener una función de 'ascensor social' y, además, servir como instrumento para el
empoderamiento individual. Una educación inclusiva y de calidad es imprescindible para garantizar un progreso económico basado en el conocimiento, así como para consolidar una democracia basada en los principios de convivencia, cooperación,
solidaridad, participación, etc., capaz de resistir y de reaccionar ante los movimientos regresivos.
Uno de los retos para nuestras sociedades de hoy es la relacionada con la digitalización y el desarrollo de la automatización y la inteligencia artificial. La revolución digital y la digitalización del trabajo crean y demandan perfiles
STEAM, es decir, cualificación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas. Ventanas de oportunidad para la sociedad donde no pueden quedar fuera las mujeres. Especialmente en el ámbito digital, que tanto impacto tiene en el presente y
en el futuro de la sociedad y de la economía, y para el que no es posible dejar fuera el talento femenino ni obviar sus implicaciones en la igualdad de género.
Sin embargo, hemos de ser conscientes que una buena parte del talento de nuestra juventud, en concreto nuestras niñas y mujeres jóvenes, no se está enfocando hacia esa ventana de oportunidad. Es, por lo tanto, fundamental fomentar la
motivación e interés de las niñas y las adolescentes por las áreas y materias científicas y tecnológicas en la educación primaria y secundaria, y su consecuente incorporación a trayectorias de este ámbito en la educación postobligatoria y,
particularmente, la superior, tanto de Formación Profesional como universitaria.
No se trata de convencer a las niñas para que les guste la ciencia y la innovación. Las niñas ya tienen más interés que los chicos por crear, inventar o innovar (95 % frente 80 %). Se trata de estimular el atractivo de la ciencia y la
tecnología, forjando una perspectiva distinta de estos estudios que se distancie de sus estereotipos actuales. Visibilizar la enorme importancia de todo lo que las STEAM pueden aportar a la sociedad, a la mejora de la vida de las personas y a la
mayor sostenibilidad de las formas de vida actuales puede aumentar el interés de niñas y mujeres jóvenes por incorporarse a trayectorias educativas y formativas STEAM.
De esta manera podremos ir diluyendo progresivamente las brechas que se constatan y que confirman la consolidada tendencia de las jóvenes a elegir estudios de orientación social y centrados en los cuidados. No resulta difícil relacionar
estas elecciones con una socialización diferenciada de niños y niñas, con la distribución asimétrica entre hombres y mujeres en el ejercicio de la corresponsabilidad en la vida personal y familiar y con el ejercicio de las tareas de cuidados en
nuestras sociedades, que siguen teniendo un importante resto cultural del tradicional reparto de roles entre los hombres y las mujeres.
En el estudio publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 'Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM. Un estudio en detalle de la trayectoria educativa de niñas y mujeres en España', en el que se
señalaba un claro descenso en el número de mujeres que eligen estudiar Matemáticas, Informática o Ingeniería de Telecomunicaciones, frente a aquellos itinerarios vinculados a la salud y a los
cuidados donde las mujeres representan una amplia mayoría frente a los hombres tanto en Formación Profesional como en la Universidad.
Afirma el estudio que, a lo largo de las últimas décadas, las adolescentes españolas, tanto si optan por cursar diferentes modalidades y opciones de Bachillerato, estudios de Formación Profesional o universitarios, no eligen, en proporción
similar a los varones, itinerarios formativos relacionados con las STEAM. Así, aquellas que optan por cursar Formación Profesional en familias profesionales que podríamos calificar dentro del ámbito STEAM, según los planes de estudio de los ciclos
formativos que las componen, eligen mayoritariamente la familia profesional de Sanidad, con un 76,02 % en el Grado Superior en 2019/20 pero, a la vez, cada año están más infrarrepresentadas en otras familias STEAM como la de Informática y
Comunicación, donde suponen apenas el 10 % del alumnado.
Algo parecido sucede en los grados STEAM universitarios, donde se observa una brecha de género en los grados de ingeniería y tecnología, especialmente en algunos como la ingeniería informática, que pasaron de un 30 % de mujeres en los años
80 a un 12 % en el curso 2016-2017. Afortunadamente, los grandes esfuerzos realizados ya para revertir esta situación comienzan a dar fruto y, desde ese curso 2016-2017, se observa un ligero pero continuo aumento en prácticamente todas las ramas de
conocimiento y campos de estudio (STEAM o no). Así, en Informática, el pasado curso 2022-2023 hubo un 16,3 % de mujeres y en Física se ha pasado del 25,3 % al 28,3 %. Pese a las mejoras, sigue quedando mucho camino por recorrer, para hacer frente
a este desafío para nuestras sociedades, para nuestros sistemas productivos, para nuestras economías y para el avance y el progreso de nuestros países.
Nos encontramos, pues, ante un gran desafío para todos los gobiernos del mundo y también para España.
Este Gobierno ha recogido el guante y ya ha empezado a trabajar en este desafío para nuestro sistema educativo. Y lo hizo empezando con la LOMLOE, donde se contempla el incremento de alumnas en estudios de ciencias, tecnología, así como en
ciclos de FP con menor presencia femenina. Además, está trabajando en diferentes medidas como permitir el pleno desarrollo de nuestras alumnas, así como revertir la fuga de talento femenino al servicio de la ciencia, la tecnología, la creatividad,
la innovación, la investigación y el progreso. Y es que este Gobierno socialista es plenamente consciente de que, sin una competente y crítica alfabetización digital y tecnológica, como ciudadanos no podremos ejercer plenamente nuestros derechos en
la sociedad presente y, mucho menos, en la futura. Y es que dejar atrás a las alumnas es lastrar su futuro como ciudadanas.
Este Gobierno además es consciente de que trabajar por reducir las ausencias de mujeres en las STEAM no debiera entenderse en ningún caso como infravalorar su presencia en otras ramas de conocimiento ni del carácter imprescindible e
irrenunciable de dichas disciplinas más sociales o humanísticas en el progreso de la humanidad.
Es por eso por lo que el 11 de febrero de 2021, Día Internacional de la Niña y la Ciencia, nacía la 'Alianza STEAM por el talento femenino: Niñas en pie de Ciencia'. Un proyecto liderado por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional como parte de una estrategia clave para alcanzar la meta de reducir la brecha de género STEAM en nuestro país y que nace con la vocación de configurar un sistema educativo y formativo que pueda afrontar grandes retos como la revolución
digital, científica y tecnológica en la que España está inmersa, libre de condicionamientos por razón de género.
Este país saldrá ganando si sabe cultivar el talento femenino para mejorar la vida de las personas y del entorno donde vivimos con ciencia, con tecnología y con arte.
Por ello es esencial sumar esfuerzos, buscar sinergias e impulsar iniciativas concretas que contribuyan a configurar un sistema educativo y formativo que elimine estereotipos de género asociados a determinadas vocaciones y profesiones, que
impulse el empoderamiento femenino en las disciplinas STEAM desde estadios tempranos de la educación y que contribuya a eliminar la brecha de género que se consolida en el acceso a dichas disciplinas de nuestras jóvenes. Y, al mismo tiempo, fomente
la presencia masculina en las titulaciones tradicionalmente asociadas a mujeres por implicar cuidados,
como Enfermería o Educación, porque necesitamos una sociedad que cuide a todas sus personas y eso sólo puede hacerse desde el trabajo coordinado entre todas las disciplinas.
Sin duda, todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto a eliminar estereotipos de género y avanzar en la igualdad.
Y es que no hemos de olvidar que nuestro objetivo último es avanzar hacia una igualdad real, que facilite la incorporación efectiva del talento femenino al mercado laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a:
- Reforzar la cooperación y la colaboración institucional en el ámbito STEAM con las comunidades autónomas, con otros ministerios y otras entidades del sector público; así como con entidades privadas, del tercer sector y otros agentes
sociales.
- Continuar involucrando y formando, cuando fuese necesario, en este objetivo al conjunto de la comunidad educativa, al profesorado, a los orientadores y a las orientadoras, a las familias, a los equipos directivos y especialmente a las
alumnas, especialmente en los niveles tempranos, fortaleciendo su protagonismo y apoyando su elección por los itinerarios académicos y profesionales STEAM. Poniendo especial atención en programas que permitan la formación de todo el profesorado en
competencias científicas y digitales y en perspectiva de género.
- Fomentar la revisión de los materiales didácticos para garantizar una docencia con perspectiva de género, eliminando los estereotipos de género de los contenidos e incluyendo a las mujeres que han participado en los grandes avances de la
humanidad y que continúan invisibilizadas.
- Incentivar la realización de estudios y análisis que permitan conocer la situación actual de cuál es el mapa de acciones para el fomento de las STEAM, especialmente entre las chicas, en toda España, conociendo dónde, cómo y quiénes, qué
queda fuera y cómo se puede mejorar.
- Reforzar las acciones que fuesen necesarias para incrementar el número de alumnas que eligen materias o disciplinas STEAM en la ESO, el Bachillerato, la FP y la universidad, así como en la carrera investigadora y en los ámbitos de la
tecnología y la innovación.
- Visibilizar las contribuciones de las mujeres en los ámbitos STEAM, incluidas investigadoras y tecnólogas, de modo que el ejemplo fomente las vocaciones STEAM en la sociedad y en las jóvenes españolas; así como su consecuente tratamiento
en el currículo de las diferentes etapas educativas, reforzando así modelos diversos y también de mujeres que les sirvan de espejos donde mirarse.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo, para
su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
Desde hace pocos años asistimos a un preocupante retorno del machismo y una clara regresión en los valores históricos de igualdad entre hombres y mujeres que tanto costó conquistar y consolidar. Se trata de una regresión que también está
cristalizando en las generaciones más jóvenes, con fenómenos simultáneos alarmantes.
Por un lado, la aparición de la 'generación porno' con una creciente hipersexualización precoz de niñas y adolescentes y el consumo disparado de los contenidos pornográficos como única fuente de educación afectivo-sexual. El 53 % de los
niños entre 6-12 años aseguran que han visto contenido sexual en Internet sin querer (por la proliferación de banners), casi el 70 % de los adolescentes españoles entre 13 y 17 años consume pornografía de manera frecuente y nueve de cada diez padres
ignoran que sus hijos consumen pornografía online. Es altamente preocupante que el 30 % de los niños entre 8 y 12 años sólo tiene la pornografía como educación sexual.
Por otro lado, se constata el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores (un 116 % más entre 2017-2022 según la Fiscalía General del Estado). En España, el 13,7 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual. El 12,4 % de los
casos fueron agresiones grupales (Macroencuesta 2019).
Además, esto se produce en un contexto alarmante de repunte de la violencia de género. Las cifras indican que el 99,6 % de los agresores sexuales son hombres (Macroencuesta 2019). El Informe de la Fundación FAD apunta a que el porcentaje
de jóvenes que niega la violencia de género o le resta importancia ha pasado del 12 % en 2019 al 20 % en 2021.
El 90 % de las familias no saben lo que ve su hijo en internet. El tipo de contenido al que los menores acceden son escenas 'agresivas' o 'violentas'; en un 94 % esa violencia es contra las mujeres y en un porcentaje similar esas imágenes
dan a entender que a las protagonistas les gusta ser tratadas así.
El peligro no es tanto que vean pornografía, sino que su sexualidad, que se está formando en esas edades, asuma como normales comportamientos agresivos, violentos.
Así que existe la necesidad de la coeducación, del respeto entre iguales, de 'incorporar' de forma 'más decidida' la educación afectiva y sexual en la familia y en el círculo escolar para prevenir, reducir y evitar múltiples riesgos como la
exposición a contenidos inadecuados (violencia o pornografía), o retos virales peligrosos. En consonancia con el Consejo de Europa, la educación sexual en las escuelas ha de ser un complemento, y no un sustituto, de la educación familiar y por esa
razón, escuela y familias deben unir sus esfuerzos por el bien de nuestras hijas e hijos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, seguir impulsando en colaboración con las administraciones educativas actuaciones para desarrollar la educación afectivo-sexual y emocional en las aulas encaminadas a:
- Promover actuaciones de formación del profesorado vinculadas con la educación afectivo-sexual en el ámbito educativo.
- Promover la elaboración y el intercambio de materiales didácticos relacionados con la educación afectivo-sexual para todas las etapas educativas con los contenidos previstos en la LOMLOE.
- Cooperar con las Administraciones educativas respecto a los protocolos contra la violencia sexual, el ciberbullying, y contra cualquier tipo de violencia.
- Promover la sensibilización de familias sobre la educación sexual y bienestar emocional.
- Reforzar la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con el Ministerio de Sanidad en las materias relacionadas con la educación afectivo-sexual en el ámbito educativo.
- Difundir materiales didácticos aplicados a la formación en promoción y educación para la salud, que incluyan la educación afectivo-sexual, tales como la Guía de Escuelas Promotoras de Salud.
- Promover la cooperación técnica con las CC. AA. en materia de educación afectivo-sexual y salud escolar a través de grupos de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la bajada de ratio profesor-alumno en las aulas de las escuelas de alta
complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El descenso del número de alumnos por aula/grupo en los centros sostenidos con fondos públicos de enseñanzas obligatorias ha sido una medida financiada por el Gobierno, de manera finalista, con 2.000 millones de euros para el curso 2020/21
y, de manera no finalista, con un 80 % de ese importe para el curso 2021/22; medida generalizada de prevención sanitaria y epidemiológica para contrarrestar la pandemia por COVID-19. Como pone de manifiesto una de las primeras investigaciones
sobre la respuesta de la escuela española ante la pandemia (Trujillo, F. y otros, 2021), el descenso del número de alumnos por aula, con objeto de respetar la distancia interpersonal establecida, ha favorecido la mejora de la convivencia escolar y
una mayor personalización del aprendizaje, aunque no sea el único factor explicativo y haya siempre que tener en cuenta el contexto pandémico inusual y sin precedentes.
Dicho informe señala que gran parte de los docentes han reajustado el programa de sus asignaturas o han trabajado por ámbitos interdisciplinares, reduciendo el temario y priorizando lo fundamental para lograr un aprendizaje más profundo y
sustantivo. Todos estos factores, junto a las inversiones extraordinarias realizadas y los programas de refuerzo como PROA+, así como el esfuerzo llevado a cabo por alumnos, familias y docentes, han contribuido a la mejora de los resultados y de
los índices de graduación en ESO en los cursos 2019/20 y 2020/21 y Bachillerato durante el pasado curso 2019-20. Sin embargo, hay que tener cautela y no resulta sostenible defender que dicho descenso del número de alumnos sea el único o el gran
factor determinante en la mejora de resultados en un contexto tan atípico y de emergencia como el que ha vivido la educación española.
La OCDE, en su informe del año 2016 titulado What influences spending on education sobre los datos de PISA, afirma que el éxito en los resultados no está tan relacionado con el tamaño de la clase, como con la inversión en la calidad docente
y cómo se organice la carga docente en el centro y la carga lectiva en el aula. Los sistemas educativos que mejor puntúan en PISA han priorizado la inversión en sus docentes antes que una bajada de ratio uniforme que no tiene en cuenta criterios de
proporcionalidad y equidad. Son países como Corea y Japón, con mayores ratios/aula, pero donde al profesorado 'se le paga relativamente bien y se le exige menos carga lectiva, de modo que tienen más tiempo para
actividades tales como preparar clases, reunirse con otros profesores y tutorizar alumnos rezagados', quienes obtienen mejores resultados, afirma el informe de la OCDE.
El coste de la enseñanza requiere un delicado equilibrio entre el coste salarial docente, el tamaño de las clases/grupos, la carga docente en el centro y la carga lectiva en el aula. Ciertos países, como Finlandia, Grecia y Hungría, tienen
clases/grupos más pequeños que la media de la OCDE, pero se contrarresta con salarios docentes más bajos y cargas lectivas inferiores a la media.
En España, el salario docente inicial está ligeramente por encima de la media de la OCDE, así como el tamaño de la clase, pero con una elevada carga lectiva del alumnado (la mayor de todos, junto con México) y, en cambio, con una menor carga
docente para otras actividades (que son las que redundan más en la mejora de la calidad educativa y de los resultados).
Reclamar una bajada uniforme de ratios máximas como una solución 'mágica' y urgente exige llevar antes a cabo una evaluación seria y rigurosa, tanto del impacto presupuestario como del impacto a efectos de equidad. Es necesario hacer
sostenible dicha medida, junto a otros costes e inversiones que históricamente necesita nuestro sistema educativo. En última instancia, se trata de establecer prioridades entre las necesidades que plantea nuestro sistema educativo (extensión de la
educación infantil, educación inclusiva, digitalización, nuevos centros y plazas públicas, impulso de la Formación Profesional, inversión en profesorado y en personal de apoyo al profesorado, reducción de interinos, etc.). Asimismo, dicha
evaluación ha de tener en cuenta factores de organización y asignación de grupos y profesorado, valorando temas como la organización de la jornada escolar, las metodologías de aula y la división por asignaturas que inciden en la carga lectiva de los
docentes, siendo esta el verdadero malestar que se manifiesta tras la reclamación de la bajada de ratios.
La oportunidad abierta por la LOMLOE de fusionar asignaturas en ámbitos interdisciplinares, de promover la co-docencia y de reconocer mayor autonomía organizativa y curricular a los centros, son opciones todavía por implementar (con el
debido aporte de recursos) y que permitirán a la comunidad educativa redefinir y superar el debate encorsetado de las ratios, muy asociado a un modelo instructivo tradicional y muy parcelado que impide y frena la necesaria innovación y
transformación educativa que merece nuestro país.
El Ministerio de Educación publicó la versión en castellano: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7d2bf0d8-2ea0-4e6c-9c8e-0ed795bdb65d/edif-46-es-def.pdf.
Por otro lado, no hay evidencia internacional que respalde los beneficios de la bajada de ratios. La red internacional de expertos, voluntaria y sin ánimo de lucro, Campbell Collaboration, realizó en 2018 un metaanálisis de 148 estudios
realizados en 41 países y concluye que reducir el tamaño de las clases/grupos tiene un efecto nulo o muy leve tanto en la competencia lectora como en la matemática.
Además, se da una enorme disparidad entre CC. AA. por la desigual importancia, prioridad e inversión concedida a la escuela pública (y, a la escuela rural en especial). Mientras las ratios de la red pública de Aragón son 15,3 (Primaria) y
15,6 (ESO), en la red privada de la Región de Murcia son de 24,2 y 25,9, respectivamente. Las comunidades con gobiernos socialistas no pueden compararse con las comunidades gobernadas largos años por el PP.
La evidencia internacional pone de manifiesto que la reducción de ratios tiene efectos positivos directos si se aplican en escuelas de alta complejidad y vulnerabilidad social, junto a cambios metodológicos y didácticos que posibilitan la
atención a la diversidad, el trabajo en equipo y un aprendizaje más profundo y menos encorsetado. Con esta combinación enriquecedora se reducen los problemas disciplinarios y se mejora la convivencia, el alumnado se compromete más con el
aprendizaje y logra mejores resultados, multiplica sus oportunidades de graduarse en la educación postobligatoria y el profesorado mejora sus condiciones de trabajo, su motivación y su compromiso con el proyecto de centro. Como medida de acción
positiva, el pasado mes de abril de este año, la ciudad de Nueva York aprobó un plan de 250 millones de dólares para reducir las ratios en sus escuelas con mayor índice de necesidad educativa y vulnerabilidad.
El Gobierno está comprometido con la calidad educativa que va de la mano de la equidad y de la inversión, focalizando la prioridad en el alumnado y los centros sostenidos con fondos públicos que acumulan una mayor complejidad y
vulnerabilidad social. En España, pertenecer a un hogar situado en el cuartil inferior de nivel de renta multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo. De hecho, el diferencial de competencias PISA a los 15 años entre
niños ricos y pobres es el equivalente a una brecha de 3 cursos de distancia, en buena parte por la excesiva concentración de la pobreza en determinadas escuelas.
Por tanto, la reducción de ratios debe priorizarse en las escuelas con mayor complejidad, vulnerabilidad y estado de necesidad, velando desde el Gobierno de España para garantizar unos criterios de justicia y equidad que sean comunes en
todas las CC. AA. para reforzar la cohesión social y educativa y que amplíe las oportunidades de nuestra infancia más vulnerable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar un grupo de trabajo en colaboración con las CC. AA. con el objetivo de establecer criterios e indicadores metodológicos armonizados para identificar la alta complejidad y vulnerabilidad social de los centros públicos y concertados
en función de su entorno y de su composición social, donde se podría flexibilizar la ratio.
Seguir reforzando, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, el Programa PROA+ para actuaciones de Acompañamiento a los centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad y vulnerabilidad social, en cumplimiento de los
siguientes artículos de la LOMLOE:
- Artículo 122.2 que dispone: 'Las administraciones educativas dotarán con mayores recursos y dotaciones a los centros públicos y concertados que atiendan alumnado con mayores necesidades'.
- Artículo 80, artículo 81.1 y artículo 81.2 que disponen que las administraciones desarrollen acciones y programas de compensación y potenciación en entornos vulnerables (art. 80), actuando de forma preventiva para favorecer su éxito
escolar (art. 81.1) y que facilita que los municipios y las entidades sociales colaboren con las administraciones educativas desde un enfoque más comunitario y coordinado, tanto en el ámbito escolar como extraescolar (art. 81.2).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la gratuidad del
primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en todo el territorio nacional, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La OCDE ha señalado que está demostrada la función esencial que desempeña la Educación Infantil en el bienestar del niño y en su desarrollo cognitivo y socioemocional. Además, cursar la etapa de Educación Infantil puede contribuir a
favorecer la cohesión social y mitigar la desigualdad social y contribuye a la igualdad de oportunidades de los niños de zonas rurales. Por otra parte, la extensión de la educación infantil contribuye a la detección y atención temprana de
discapacidades.
El último informe PISA 2022 recoge que, en España, el 97 % informó haber asistido a educación infantil durante un año o más. En promedio en los países de la OCDE, los estudiantes que habían asistido a educación preescolar de un año o más
obtuvieron puntajes más altos en matemáticas a la edad de 15 años que los estudiantes que nunca asistieron o que habían asistido durante menos de un año, incluso después de tener en cuenta los factores socioeconómicos.
Según el informe Panorama de la Educación 2023 de la OCDE, la asistencia a una educación infantil de alta calidad tiene un efecto positivo en el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de la población infantil en los primeros años de su
vida. En España, el 56 % de la población de 2 años está escolarizada en Educación Infantil. Esto aumenta al 94 % de los niños de 3 años, el 97 % de los niños de 4 años y el 97 % de los niños de 5 años.
El último informe TIMMS 2019, publicado en diciembre de 2020, destaca también que en España el porcentaje de estudiantes que asistió a primer ciclo de Educación Infantil es del 75 %, muy por encima del promedio del resto de países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 52 %, y del total de la Unión Europea (UE), 43 %.
Y esta escolarización temprana permite que el alumnado acceda a la Educación Primaria con destrezas de lectura, escritura y matemáticas superiores al promedio de la OCDE y del total de la UE y, a largo plazo, influye positivamente en el
rendimiento del alumnado. Así, la diferencia en el rendimiento en matemáticas entre los estudiantes que asistieron a Educación Infantil de primer ciclo y los que no asistieron es de cinco puntos en la UE y de diez en el promedio de la OCDE. En
España, esta diferencia crece hasta los 26 puntos, solo por detrás de Suecia, Turquía y Bulgaria. Ocurre lo mismo en ciencias, con diferencias de rendimiento de entre 4 (UE) y 11 puntos (OCDE). En el caso de España, los alumnos que fueron
escolarizados antes de los tres años obtuvieron de media 18 puntos más que los que no lo hicieron.
Sin embargo, la reforma educativa del Gobierno a través de la LOMLOE no regula la Educación Infantil como una etapa voluntaria y gratuita, y el Gobierno no ha dado cumplimiento a su disposición adicional tercera que, bajo el título
'Extensión de la educación infantil' establece que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaboraría un plan de ocho años de duración para la extensión del primer
ciclo de Educación Infantil que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible, con equidad y calidad, sin que existiera una memoria económica al respecto ni se garantice una oferta educativa plural.
El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, Componente 21 para la modernización y digitalización del sistema educativo, ha dispuesto una inversión total de 670,1 millones de euros para la creación de más de 65.000 plazas de
titularidad pública, marginando a otros centros. Lo que constituye una política que se aleja de los principios de libertad y equidad que debe regir el sistema educativo español. En definitiva, una oportunidad perdida al no poder utilizar estos
fondos para ampliar la cobertura de la Educación Infantil de 0 a 3 años que en territorios como Andalucía roza el 52 %.
El componente 21 recogía que, según datos del curso 2016-17, la proporción de centros exclusivos de Educación Infantil es similar entre centros públicos (4.456) y privados (4.495), pero en las zonas rurales el sistema público tiene un mayor
peso que el privado, debido al retraimiento de la oferta privada. Esta situación lleva a que el servicio de Educación Infantil en las áreas rurales recaiga de forma importante sobre el sistema público (fuente: S.G. Estadísticas y Estudios del
MEFP).
De otro lado, se reconocía que entre las causas por las que las familias no llevan a sus hijos a centros de atención y Educación Infantil: La principal (52,4 %) es no poder asumir el gasto que este servicio conlleva si bien las causas
alegadas varían en función del grupo de renta al que se pertenece (fuente: 'El primer ciclo de la Educación Infantil en las CC.AA. a través de la revisión normativa', publicaciones MEFP, año 2020).
La ausencia de una regulación que garantice la gratuidad de esta etapa supone una desigualdad de derechos de las familias en función de la comunidad autónoma en la que resida, porque no todas las comunidades garantizan la gratuidad de la
Educación Infantil ni lo hacen de la misma manera.
La pasada legislatura, en diciembre de 2021, se aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la Educación Infantil, presentada por el Parlamento de
Andalucía, pero el Grupo Socialista y sus socios permitieron que caducara y no siguiera su tramitación.
El Partido Popular, por su parte, sí tiene el firme compromiso de garantizar la gratuidad de esta etapa, y junto con las comunidades autónomas con Gobiernos de PP, en la Declaración de Córdoba de marzo de 2024, Acuerdos por una España plural
de ciudadanos libres e iguales, se acordó, con el objetivo de que los ciudadanos disfruten de una España mejor y más cohesionada, la resolución de impulsar y profundizar en un modelo autonómico que, respetando la pluralidad y el autogobierno de cada
territorio, colabore decididamente para garantizar la igualdad y la cohesión, y aplicar en esta legislatura de manera progresiva la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años, adaptándose en cada territorio a los modelos que tengan
implantados. Asimismo, el Partido Popular se ha comprometido a financiar el 50 por ciento en cuanto vuelva a asumir las responsabilidades del Gobierno de España, convencido de que esta es una etapa clave para la conciliación y la corresponsabilidad
y con gran impacto en la formación educativa de los menores y en la reducción de las desigualdades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar en el primer ciclo de la Educación Infantil, de cero a tres años, la gratuidad en todos los centros educativos como medida de equidad.
2. Promover y coordinar la oferta de plazas suficientes y los diferentes modelos de financiación para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres. Asimismo, garantizar que ningún niño por razones
socioeconómicas vea impedido su acceso a esta etapa educativa.
3. Impulsar en esta etapa medidas de carácter compensatorio para aquellos alumnos en situación de desventaja social, económica y cultural.
4. Garantizar la escolarización y el apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas específicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Óscar Clavell López, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la plena implantación de la FP dual a partir del
curso 2024/2025 en
condiciones de calidad y de equidad, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Según el Informe Monitor de la Educación y la Formación 2023 de la Comisión Europea, el mercado laboral español muestra un alto nivel de polarización de las capacidades, con persistentes desajustes de las capacidades y bajas tasas de empleo,
también en el caso de los titulados en FP.
En 2022, el 41,1 % de las personas de entre veinticinco y sesenta y cuatro años tenía una cualificación de alto nivel (CINE 5-8), mientras que el 35,8 % tenía una cualificación de bajo nivel (CINE 0-2). En 2022, el porcentaje de personas de
veinticinco a sesenta y cuatro años con un nivel educativo medio era el más bajo de la UE (23,1 frente al 45,2 % en la UE). En España, 4 de cada 10 estudiantes de nivel CINE 3-4 cursan programas de Formación Profesional, con un aumento cercano al
30 % de la tasa de matriculación en los últimos cinco años (hasta 2021/2022).
Los datos globales de matriculación en los Grados de formación C y D (Ciclos Formativos de Grado Básico, Medio y Superior y Cursos de Especialización) ha aumentado casi un 30 % en los últimos cinco cursos, alcanzando una cifra de 1.027.367
en el curso 2021-2022, según los propios datos estadísticos publicados por el MEFP, y calculándose un avance de 1.079.967 para el curso 2022-2023 (Datos y cifras del curso 2023-2024, MEFP).
Pero estos datos globales no pueden ocultar importantes problemas de nuestro sistema de Formación Profesional.
En primer lugar, del alumnado total que está matriculado en Enseñanza Secundaria de segunda etapa, solo cursaba FP el 38,7 % en España, uno de los porcentajes más bajos de la UE y muy por debajo de la media, que se situaba en el 48,7 %
(Eurostat).
Hay más alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Superior que en los de Grado Medio y es de menos del 8 % la cifra de los matriculados en Grado Básico.
Por otro lado, existe una fuerte diferencia entre comunidades autónomas en estos datos, existiendo evidentes desigualdades si observamos las cifras de tasa bruta de escolarización para cada uno de los ciclos de FP.
Es significativo el desequilibrio existente entre familias profesionales, concentrándose la demanda del alumnado en las familias sanitaria, de Informática y comunicaciones, de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y de Administración y
Gestión, que no siempre son los que más demanda el tejido productivo de nuestro país.
Igualmente, existe una fuerte desigualdad de género en el alumno matriculado en determinados ciclos. Hay ciclos en los que más del 90 % de los matriculados son hombres (Familias Marítimo-Pesquera, Transporte y Mantenimiento de Vehículos,
Instalación y Mantenimiento o Fabricación Mecánica superan el 97 %), mientras que en otras son inmensa mayoría las mujeres (Imagen Personal; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Textil, Confección y Piel o Sanidad).
La tasa de empleo de los titulados recientes en FP (CINE 3-4) se situó en el 65,7 % en 2022 y se encuentra entre las más bajas de la UE (79,7 %), aunque la tasa de empleo a los cinco años de la graduación (79,7 %) se acerca a la media de la
UE (82,5 %). Casi todos los titulados recientes se beneficiaron de un aprendizaje basado en el trabajo durante su formación profesional (98,4 % en 2022). Este porcentaje es uno de los más altos de la UE (de una media del 60,1 %).
Según datos públicos del MEFP, en el curso 2021-2022 cursaron el módulo de FCT un total de 426.441 alumnos de los tres niveles de ciclos formativos. El total del alumnado que cursó sus estudios en la modalidad dual fue únicamente 45.613.
En relación con el total del alumnado que cursó sus estudios en régimen presencial, los que lo hicieron en dual fue únicamente el 1,16 % en Grado Básico, 3,76 % en Grado Medio y el 5,44 % en Grado Superior. El número de plazas de FP dual -donde la
formación en empresas representa
al menos el 35 % de la formación total- es muy bajo, más si tenemos en cuenta que, a partir del curso 2024-2025, toda la FP debe ser dual.
El Gobierno aprobó la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, que se verá modificada por la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, ahora en tramitación en el Senado. Con 6 meses de
retraso se aprobó el Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional. Y finalmente en julio de 2023 se aprobó Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se
desarrolla la ordenación del sistema de Formación Profesional pendiente de correcciones y que ha suscitado la presentación de un conflicto positivo de competencia por parte de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional.
Todo ello ha provocado que el desarrollo legislativo de estas normas por las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, se haya retrasado, sobre todo si tenemos en cuenta que se tiene que implantar el curso que viene. Hay que
desarrollar Decretos autonómicos de currículo, normas de evaluación, regulación de la FP dual y otros muchos aspectos fundamentales.
Uno de los retos de la implantación de esta Ley de Formación Profesional para el próximo curso 2024-2025 es encontrar las empresas adecuadas, en número suficiente, para cumplir los objetivos formativos y alcanzar los resultados de
aprendizaje, conscientes de que en España, el tejido empresarial está formado sobre todo por pequeñas y medianas empresas (pymes), y que se hace necesario solventar los problemas a la hora de conseguir plaza para unas prácticas en empresas más
largas y con una responsabilidad mayor por parte de la empresa, puesto que tienen que desarrollar resultados de aprendizaje, para lo que muchas de ellas pueden no estar preparadas y que se dan sobre todo en las familias profesionales más demandadas,
como la sanitaria en centros sanitarios y hospitales.
La orientación profesional, en sus tres vertientes, la vocacional, la académica y la profesional, debe ser previa y constante desde el inicio de la escolarización en Educación Secundaria, para evitar el abandono de los estudios. Los
servicios de orientación y el resto de la comunidad educativa de los centros tienen un conocimiento en ocasiones limitado sobre la Formación Profesional en general y, en particular, sobre FP dual. Ello les limita a la hora de tomar en consideración
esta vía formativa en el asesoramiento a los alumnos y alumna sobre las vías formativas que pueden seguir en la educación postobligatoria.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la plena implantación de la Formación Profesional Dual a partir del curso 2024/2025, asentar su prestigio social y empresarial mediante un sistema eficaz de gobernanza. Para ello se
acometerán las siguientes iniciativas:
- La aprobación de la normativa pendiente para que las administraciones educativas puedan iniciar el curso 2024-2025 y llevar a cabo la implantación del nuevo modelo en el que toda la formación profesional será dual, en condiciones de
calidad y equidad.
- Reforzar la orientación hacia la formación profesional desde la secundaria para evitar las tasas de abandono escolar temprano.
- Incluir en el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora anunciado por el Gobierno no sólo a los Ciclos Formativos de Grado Básico, sino también a los de Grado Medio.
- Promover sistemas de gestión conjuntas de las administraciones educativas y sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar las prácticas de la rama sanitaria.
- Remover los obstáculos que dificulten la Formación Profesional Dual en las empresas para los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Evaluar la implantación de la disposición 52.a del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), por la que debe incluirse en el Sistema de la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas o
académicas externas en programas de formación para adoptar cuantas medidas correctoras sean necesarias el próximo curso 2024/2025.
- Valorar los costes derivados de la implantación y puesta en marcha de esta obligación y, en su caso, la compensación a las comunidades autónomas y universidades y centros de trabajo.
- Introducir una bonificación del 100 por 100 en las cotizaciones a la Seguridad Social para que no desincentive la participación de las empresas en las enseñanzas de FP y universitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Beatriz Jiménez Linuesa, Ester Muñoz de la Iglesia, Óscar Clavell López, Javier Merino Martínez, Nacho Martín Blanco y Javier Celaya Brey, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Programa escolar de
frutas, hortalizas y leche en los centros educativos de las ciudades de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicaba el pasado 13 de marzo de 2024 la Decisión de ejecución (UE) 2024/845 de la Comisión, de 12 de marzo de 2024, por la que se establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los
Estados miembros para las frutas y hortalizas y la leche destinada a centros escolares en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025 y por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2023/655.
En su anexo I esta Decisión asigna a España 13.917.417 para las frutas y hortalizas destinadas a centros escolares y 6.023.462 para la leche destinada a centros escolares, durante el curso escolar 2024-2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante MAPA) publicó el 28 de abril de 2023 la Estrategia Española para la aplicación del Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche del año escolar 2023-2024 al 2028-2029. Dicha
Estrategia se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe a la ayuda de la Unión para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche.
En realidad, la nueva Estrategia reemplaza la aprobada para el periodo 2017-18 a 2022-2023 que se justificaba así: 'El consumo de fruta fresca, verduras y hortalizas frescas, leche y productos lácteos en la Unión Europea no alcanza las
recomendaciones nutricionales nacionales e internacionales. Por el contrario, crece el consumo de alimentos procesados, en muchas ocasiones con un alto contenido en azúcar, sal, grasas o aditivos. Las dietas poco saludables, en conjunción con una
baja actividad física, son causa de obesidad. Es por ello que la UE realiza acciones para promover entre los niños una dieta y un estilo de vida saludables.
El Programa escolar de consumo de fruta, hortalizas y leche de la UE, en adelante 'el Programa escolar', apoya la distribución de estos productos entre millones de escolares de toda la UE. Aplicable desde el 1 de agosto de 2017, fusiona los
dos programas previos (los antiguos regímenes de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas, hortalizas, plátanos y de leche) que pasan así a estar bajo un mismo marco legal. Ello permite una mayor eficiencia en la gestión y un
mayor foco la educación. El programa financia la distribución de producto, así como medidas educativas de acompañamiento y costes de publicidad, seguimiento y evaluación del programa. [ ...]
La aplicación en España de la normativa de la Unión Europea se desarrolla mediante el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión europea en relación con el Programa
escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, en su versión consolidada tras las modificaciones realizadas por el RD 110/2022, de 8 de febrero, el RD 452/2019, de 19 de julio, y el RD 110/2022, de 8 de febrero'.
La Estrategia ha sido diseñada para implementarse a nivel nacional, mediante la gestión compartida entre la Administración General del Estado (AGE) y las Administraciones de las comunidades autónomas (CC.AA.).
Por parte de la AGE intervienen el MAPA y su organismo autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). El
Programa Escolar se desarrolla en todas las comunidades autónomas de forma descentralizada a través de la coordinación de los departamentos competentes en las áreas de Agricultura, Educación y Sanidad. De tal modo, el Programa Escolar de Frutas,
Hortalizas y Leche se ofrece a los centros escolares de toda España, excepto a los de Ceuta y Melilla, que no han podido ser beneficiarias debido a las características específicas de su concierto económico y territorial.
En ambas ciudades autónomas, la competencia educativa se ejerce directamente por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que cuenta con sendas direcciones provinciales como unidades periféricas de su estructura
orgánica. Mientras que la Agricultura es competencia autonómica, según sus respectivos estatutos de autonomía. No obstante, dada la limitada superficie de ambas ciudades autónomas, 19 km2 Ceuta y 13 km2 Melilla, la actividad agraria es casi
inexistente y en la organización política de sus Gobiernos no existe ninguna consejería o departamento dedicado a la Agricultura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a articular los medios necesarios, a través de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Educación, Formación Profesional y Deportes, para la puesta en marcha del Programa
Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche en los centros educativos de las ciudades de Ceuta y Melilla en el próximo curso 2024-2025.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Javier Celaya Brey, Sofía Acedo Reyes, Óscar Clavell López, Beatriz Jiménez Linuesa y Javier Merino Martínez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Trabajo, Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre reconocimiento como periodo cotizado y a efectos de carrera profesional de la totalidad del tiempo de prestación de servicios del personal investigador.
Exposición de motivos
'Investigar es trabajar. Desarrollar tareas auxiliares y complementarias a la investigación también es un trabajo.'
Esta afirmación, que hoy nadie pone en duda y que nuestra propia legislación reconoce de modo palmarlo en la normativa específica tanto universitaria como investigadora, no ha sido la regla durante un largo periodo en España.
La construcción, al inicio de la democracia, de las nuevas bases y estructuras del sistema universitario y de investigación, que supuso un gran paso y un gran esfuerzo desde muchos puntos de vista, adoleció de importantes carencias en
materia de reconocimiento de derechos laborales de las personas que accedían a dichos ámbitos. Durante las primeras décadas de la democracia, la incorporación de personal investigador y técnico a las universidades y centros públicos de
investigación estuvo regida por grandes dosis de precariedad -mantenimiento de largos periodos de temporalidad antes de la estabilización- y el abuso de las figuras de las becas, que en una inmensa mayoría encubrían el desarrollo de verdaderas
actividades laborales de investigación y desarrollo de actividades técnico-científicas.
En las últimas dos décadas se han producido importantes cambios en ese estado de cosas, sobre todo por el impulso de las reivindicaciones sindicales y de los movimientos de personas investigadoras autodenominadas 'precarias', bajo el ya
citado eslogan de 'investigar es trabajar'.
De ese modo, en 2006 se aprobó el denominado 'Estatuto del Becario' en el que por primera vez se reconocía el derecho a la Seguridad Social (si bien que en calidad de 'asimilado') de las personas investigadoras que estuvieran adscritas a
determinados programas de formación de personal investigador.
La respuesta de insatisfacción y la presión social fue tal que en el año 2006 se aprobó un segundo 'Estatuto del Becario' que reconocía la existencia de una beca y su incorporación por asimilación a la protección de la Seguridad Social
durante dos años y la obligación de realizar un contrato laboral para los años tercero y cuarto del programa formativo. Este Estatuto, además, ya eliminó las becas posdoctorales, exigiendo que las ayudas para la formación en esta fase se
desarrollarán obligatoriamente mediante contratos laborales.
Finalmente, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, acabó definitivamente con las becas de formación, incluidas las predoctorales, estableciendo la obligatoriedad de formalizar un contrato laboral en la
fase previa a la obtención del doctorado.
El reconocimiento legal actual de que la, investigación y las actividades técnicas complementarias han de formalizarse a través de un contrato laboral no es sino la constatación de que dichas actividades son un trabajo. Son un trabajo y lo
han sido siempre. Y, sin embargo, hay un relevante conjunto de personas en nuestro país que durante un tiempo importante de su vida estuvieron trabajando sin tener contrato ni ser
dadas de alta en la Seguridad Social. Esto no solo es una injusticia histórica, sino que se ha traducido en una trágica injusticia actual.
Así, gran parte del personal investigador, el personal técnico y el de gestión de la investigación de nuestro país ha acumulado largos periodos de dedicación profesional, para los que exigía una alta cualificación y titulaciones superiores,
sin cotizar a la Seguridad Social, con la consiguiente penalizacíón a efectos de cobertura sanitaria, desempleo, incapacidad, jubilación y demás prestaciones. Resulta especialmente común haber dedicado un mínimo de cuatro años a la investigación
predoctoral financiada mediante becas predoctorales, pero hay incluso personas que recibían becas posdoctorales o becas para ejecutar proyectos de investigación y que han llegado a acumular hasta 16 años de trabajo de investigación, generalmente con
dedicación exclusiva, por los cuales no se ha cotizado.
Esta situación se intentó paliar de algún modo con ocasión de la aprobación del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que preveía la
suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social por parte a través del cual se podía cubrir la cotización de los periodos de formación realizados antes de esa fecha, hasta un máximo de dos años. Sin embargo, el enfoque de esta norma
-desconociendo la plena constatación de la laboralidad de la actividad investigadora y técnico-científica- ofreció una solución manifiestamente insuficiente, incidiendo, de nuevo, en la exclusión automática y ajena a todo análisis jurídico del
carácter laboral de la relación de las personas investigadoras, situándolas además ante la coyuntura de abonar la integridad de la cotización, incluida la cuota empresarial, o perder definitivamente a efectos de cotización dicho periodo de 2 años.
Así las cosas, en el año 2022 se produce un cambio profundo de perspectiva que, esta vez sí, parece pretender acabar con años de segregación del personal Investigador. El día 6 de septiembre se publica en el 'Boletín Oficial del Estado' la
Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que avanza en el reconocimiento de los derechos laborales de investigadores e investigadoras, como medida
fundamental para la retención, atracción y retorno del talento. En concreto, en el marco del nuevo diseño de carrera científica, se crean nuevas modalidades contractuales que abarcan, al fin, la totalidad de la carrera investigadora.
De acuerdo con lo expuesto, y en tanto el ámbito de la investigación en España no ha sufrido alteraciones en términos tales en los últimos 20 años como para entender modificado el resultado de un eventual análisis sobre los indicios comunes
de laboralidad, es dado concluir que la modificación introducida por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, lo que ha hecho es, por fin, dotar de reconocimiento jurídico a una situación de hecho más que evidente: el carácter laboral de los servicios
prestados por el personal investigador en el ámbito de las becas de investigación.
Dentro del colectivo afectado, las personas que acumulan mayor tiempo de actividad investigadora no remunerada y remunerada mediante becas -hasta 16 años- se encuentran limitadas o directamente privadas del acceso a la jubilación ordinaria.
Realidad que además no sólo afecta a nuestras investigadoras e investigadores a título individual, sino al propio Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, puesto que impide el acceso de las nuevas generaciones a las plazas ocupadas. Y
ello sin olvidar la precariedad a la que se han visto sometidas durante años las personas investigadoras entendidas como 'estudiantes' y no propiamente como trabajadores y trabajadoras, privadas del acceso a todas las prestaciones del sistema
(nacimiento, desempleo, incapacidad temporal, etc.), y a cualesquiera permisos, derechos y garantías de las personas trabajadoras, incluida la prevención de riesgos laborales.
Además, esta situación ha lastrado en muchas ocasiones la propia carrera profesional y las retribuciones de las personas afectadas, puesto que los periodos no reconocidos
como laborales, incluidos aquellos que tuvieron una cotización limitada a la Seguridad Social al amparo de los Reales Decretos 1326/2003, de 24 de octubre, y 63/2006, de 27 de enero, no han sido tenidos en cuenta a efectos de acreditación de
actividad investigadora, de méritos para el acceso o promoción interna o para el reconocimiento de la antigüedad u otros complementos retributivos de productividad o carrera profesional, si bien sí se tienen en cuenta para la percepción de
complementos por evaluación de la actividad investigadora (sexenios).
Así las cosas, el 1 de mayo de 2024 se publica en el BOE la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los períodos de
prácticas formativas y de prácticas académicas externas reguladas en la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
realizadas con anterioridad a su fecha de entrada en vigor.
Esta norma procede a hacer 'un todo', a efectos regulatorios, de dos situaciones radicalmente opuestas: las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa ('becarios' propiamente dichos) y el personal investigador (trabajadores
por cuenta ajena, a resultas de los indicios de laboralidad, y por aplicación del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores).
Esta Orden procede a establecer unas condiciones para la suscripción del Convenio especial que resultan injustas para el tratamiento de una situación de claro fraude, como la que durante años se ha vivido en la investigación en España desde
el punto de vista laboral.
En este sentido, resulta especialmente grave y sorprendente que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretenda que un colectivo de trabajadores por cuenta ajena se haga cargo de cotizar como si fuera también empresa. Es
una exigencia que queda fuera de toda razón jurídica y de cualquier planteamiento mínimamente responsable socialmente. Con la exigencia a las personas afectadas de asumir la cuota empresarial se convierte a esta norma en una medida para élites,
puesto que sólo las personas que puedan 'comprar' una jubilación por una cantidad de 17.280 euros (en las condiciones previstas por la norma en cuanto a periodo y base de cotización) podrán beneficiarse de ella. Se deja así al margen de una
solución precisamente a las personas que más podrían necesitar el reconocimiento de los periodos trabajados para acceder en condiciones dignas a una jubilación.
En segundo lugar, la orden establece un máximo de 5 años como periodo a reconocer. Esta limitación, además de volver a negar la realidad laboral de la actividad investigadora en España, es totalmente arbitraria y carente de fundamento,
puesto que ni siquiera alcanza para amparar la totalidad del tiempo de prestación de servicios en el marco de beca predoctoral y postdoctoral. Por otro lado, resulta sorprendente que la memoria de impacto normativo que acompaña a la Orden declare
que el impacto de género es nulo, y no sólo por lo ficticio que resulta afirmar la neutralidad de cualesquiera medidas de carácter laboral, especialmente en materia de pensiones. En tal sentido, los periodos objeto de regularización se corresponden
con becas concedidas en los años 1980 y 2000, y muchas investigadoras que se beneficiarían del convenio especial estuvieron embarazadas, en situación de parto reciente o al cuidado de hijos o hijas pequeños durante el periodo de regularización. La
legislación vigente durante aquellas décadas no reconocía una interrupción de los periodos de beca ante las situaciones descritas (embarazo, maternidad, conciliación), lo cual se traduce de manera directa en que el 'agujero' en la cotización de las
becarias sea porcentualmente más importante que el caso de los becarios.
En tercer lugar, esta norma limita los medios de acreditación y el tiempo para aportarlos sin alegar motivación alguna.
Resulta imprescindible, si realmente se pretende acabar con este maltrato histórico, que se incluya como medio de acreditación la certificación por parte de la entidad que financiaba la formación, que en algunos casos era distinta, tanto de
la empresa o entidad donde se realizaban las prácticas como de la universidad o centro educativo en el que se
cursaron los respectivos estudios, así como admitir la expresión del periodo reflejado en las certificaciones, eliminando el requisito de que se pronuncie en días, que es muy poco frecuente y va a generar serias dificultades para las
personas afectadas. Asimismo, podría resultar imposible obtener certificaciones antiguas bien por la desaparición de las propias entidades o por no conservarse un registro sobre periodos de prácticas antiguos, con lo que deberían admitirse como
medio de acreditación otros medios de prueba, como publicaciones oficiales, memorias de las entidades o equivalentes.
En relación al periodo durante el cual se pueden aportar las certificaciones y permitir por tanto el reconocimiento del tiempo trabajado, la orden lo limita a dos años, sin que se alegue argumento al respecto. Este convenio sería
potencialmente suscrito por personas cuya actividad investigadora se ha realizado hasta cuarenta años antes y otras tantas que prestaron sus servicios en el extranjero. Establecer que el convenio pueda ser suscrito 'sine die' no parece crear ningún
perjuicio para la administración, mientras que un plazo estrecho reduce claramente la posibilidad de ejercer el derecho por parte de las personas afectadas y saturaría más, por ende, a la administración.
En cuarto lugar, no es infrecuente en los convenios especiales que las personas beneficiarias puedan elegir la base de cotización. La solución de la norma, fijando una única base, la mínima, podría tener consecuencias nefastas para aquellas
personas cuya pensión dependa en su cuantía del periodo reconocido a través de este Convenio, más allá de resultar inconsistente por desconocer que lo que se está practicando es el reconocimiento de un periodo de laboralidad en fraude. Y, por
supuesto, la base de cotización debe ser la correspondiente al periodo a regularizar. La Orden publicada pretende que las investigadoras e investigadores coticen conforme a una base del año 2024 periodos trabajados, en el mejor de los casos, en los
años 90, una irregularidad que encarece de manera injustificada e inaceptable la aportación a realizar por las personas beneficiarias. Otro tanto ocurre respecto del grupo de cotización, que debería ser el correspondiente a la titulación asociada a
las labores desempeñadas, puesto que en caso contrario se está perjudicando a las personas que no pudieron cotizar en su momento y ahora están encuadradas en el régimen de clases pasivas.
Por último, es crucial que las personas que ya han accedido a la situación de jubilación o que son perceptoras de prestaciones de incapacidad permanente tengan la posibilidad de ver incrementada la cuantía de la pensión que perciben en base
al reconocimiento de los períodos cotizados. No es propio de un Estado Social de Derecho, que proclama la igualdad como derecho fundamental, proceder a adoptar medidas para paliar una injusticia que afecta a un ámbito tan esencial para cualquier
Estado, como la ciencia y la investigación, y dejar fuera a cientos de personas exclusivamente por razón de edad o de su situación biológica especialmente vulnerable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Mediante la que se insta al Gobierno a:
1. Modificar la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril, o, de ser necesario, a adoptar una norma con rango de ley, para permitir el reconocimiento real y efectivo de la prestación de servicios del personal investigador, el personal técnico y el
de gestión de la investigación como cotizado a efectos de jubilación.
Este reconocimiento podrá articularse a través de un convenio especial con la Seguridad Social, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Las personas beneficiarias no deberán aportar más que la cantidad correspondiente a la cuota obrera.
b) Se permitirá la elección de la base de cotización entre la mínima del grupo 7 vigente durante el periodo a regularizar, la mínima del grupo asociado a la titulación que
se obtenía con las prácticas realizadas vigente durante el periodo a regularizar, o la correspondiente a la cantidad percibida como remuneración.
c) Se debe reconocer el grupo de cotización correspondiente a la titulación asociada a las labores desempeñadas.
d) El periodo a cotizar a través del convenio no debe estar limitado en el tiempo, de modo que permita un verdadero reconocimiento de toda la actividad laboral desarrollada a efectos de jubilación. Al menos debería poder suscribirse el
convenio por un máximo de cinco años por cada tipo de beca recibida, para así amparar como mínimo los periodos correspondientes a beca predoctoral y postdoctoral.
e) Se debe dar la posibilidad de suscribir el convenio especial por el periodo de becas no dirigidas a la obtención de un título a las personas que no suscribieron el convenio especial al amparo de la disposición adicional primera del Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.
f) Se debe incluir a quien ha tenido becas sin cotización después del 4 de febrero de 2006, ya que aplicación del Real Decreto 63/2006 no fue inmediata a las becas activas en esa fecha.
g) La posibilidad de suscribir el convenio especial debe mantenerse abierta, sin someterse a limitación alguna, y han de ampliarse los medios de prueba admitidos para la acreditación de los periodos correspondientes, para que estén adaptados
a la realidad de las personas beneficiarias y su labor investigadora previa.
h) El convenio debe estar abierto también a su suscripción por quienes han accedido ya a pensiones de jubilación, incapacidad u otras, permitiendo recalcular la pensión a percibir.
2. Adoptar las medidas necesarias para que el tiempo considerado como cotizado a los efectos del apartado primero, así como el tiempo de beca cotizado al amparo del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, sea reconocido también a efectos de
baremación de méritos o cumplimiento de requisitos para el acceso, promoción, antigüedad, evaluación de actividad investigadora, méritos investigadores, méritos docentes, carrera profesional, bonificación del tiempo trabajado con discapacidad u
otros complementos o procesos en los que se tenga en cuenta el tiempo trabajado, permitiendo que se permitan aportar los méritos generados por esos años trabajados y no cotizados con carácter inmediato para los procesos de estabilización que se
encuentren actualmente en curso.
3. Establecer un proceso de diálogo con representantes de la comunidad científica y de los colectivos que agrupan a las personas afectadas, de forma que se recojan sus peticiones respecto a los dos apartados anteriores, sin perjuicio de la
negociación en el ámbito del diálogo social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Verónica Martínez Barbero, Teslem Andala Ubbi, Francisco Sierra Caballero y Gala Pin Ferrando, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/000758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el despliegue de medidas que ayuden a la descarbonización de la industria,
para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria de nuestro país se encuentra inmersa en un periodo de transformación que le está permitiendo transitar hacia un modelo más sostenible, digital y descarbonizado con el objetivo de afrontar los retos de futuro y situarse en una
posición mejor preparada para afrontar posibles riesgos que puedan darse, como los efectos que podrían surgir de guerras o pandemias futuras. Estos últimos años hemos experimentado sus consecuencias, como la volatilidad de los mercados energéticos,
la escalada de precios de combustibles fósiles, problemas de suministro de determinadas materias primas y semiconductores, o conflictos comerciales, que han acelerado la necesidad de transitar hacia un modelo energético más sostenible y de menor
dependencia de la Unión Europea de terceros países.
Sin embargo, uno de los mayores problemas globales existentes a los que tenemos que hacer frente es el cambio climático, cuyas consecuencias están ya afectando a nuestro modelo de vida y a nuestro modelo económico. Según el Instituto
Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA, los datos registrados de temperatura de nuestro planeta están aumentando significativamente, siendo los últimos 10 años los más cálidos jamás recogidos. Las personas expertas en la materia llevan
años advirtiendo que los gases de efecto invernadero (GEI) han registrado máximos en las concentraciones atmosféricas y que, pese al esfuerzo de los países de lograr paliar esta situación, aún estamos lejos de revertir el cambio climático.
Con el ánimo de lograr revertir esta situación, en el ámbito europeo se ha puesto en marcha un paquete de iniciativas políticas en el marco del Pacto Verde Europeo. El objetivo es orientar la economía de la Unión Europea hacia una
transición ecológica que tenga como objetivo alcanzar una reducción de al menos un 55 % de las emisiones netas de aquí a 2030 respecto a los valores de 1990 y la neutralidad climática antes de 2050.
Además, en el plano internacional, el pasado mes de diciembre de 2023 tuvo lugar la 28 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP28. En dicha reunión, donde España participó junto con casi
doscientos países, se apostó por acelerar el cumplimiento de los Acuerdos de París del año 2015 de abordar el calentamiento global y limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados por encima de los niveles preindustriales y
esforzarse para limitar el aumento a tan solo 1,5 grados. Las medidas acordadas en la COP28 pretenden limitar el calentamiento global y establecer una reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en un 43 % hasta 2030 y un 60
% hasta 2035, en relación con los niveles de 2019, y alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050. Además, el acuerdo alcanzado introdujo otra serie de compromisos como: triplicar la capacidad global de energías renovables y
duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética; desarrollar nuevas tecnologías limpias; acelerar la reducción de emisiones en el transporte o reducir el consumo de carbón. No obstante, la medida más relevante fue la
aprobación de abandonar, de manera progresiva, justa y ordenada, los combustibles fósiles en sistemas energéticos antes del año 2050 y la eliminación de las subvenciones a estos.
Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) de 2019 señala que los sectores de la energía y de los procesos industriales y uso de productos emiten el 86 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Es por ello por
lo que se debe de prestar especial atención a la industria y, en especial, a aquella que requiere un uso intensivo de energía. Es necesario que nuestra industria continúe descarbonizándose para lograr contribuir a la mitigación de las consecuencias
del cambio climático, reduciendo las GEI y apostando por nuevas tecnologías y alternativas de consumo y producción de electricidad, lo que les supondrá, además, y a largo plazo, una ventaja competitiva a nivel global.
No obstante, la implementación de un nuevo modelo industrial descarbonizado requerirá, en los próximos años, de un elevado volumen de inversión y la adopción de nuevas tecnologías descarbonizadas que será difícil si no hay un compromiso de
las administraciones por facilitar recursos e instrumentos que garanticen la descarbonización
de nuestra economía. Si nuestra industria no se descarboniza, esta quedará obsoleta y, por lo tanto, fuera del mercado comunitario y mundial.
En este sentido, el Gobierno de España ha puesto en marcha, en el marco de los fondos europeos Next Generation EU, el PERTE de descarbonización industrial. Un proyecto estratégico que pretende apoyar a la industria en su transición hacia
modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y contribuir al objetivo europeo de neutralidad climática para antes de 2050. Con este PERTE ambicioso, el Ministerio de Industria y Turismo prevé una reducción de las emisiones que podría
alcanzar los 13 millones de toneladas de CO2 al año. La primera convocatoria ha estado dotada con 1.000 millones de euros, dirigida a la industria manufacturera, que permitirá abordar actuaciones integrales para la descarbonización de sus procesos.
Esta ya ha recibido 144 proyectos por valor de 3.000 millones de euros.
Al PERTE de descarbonización se le suman otras medidas que muestran el trabajo realizado por el Gobierno, como es la aprobación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Una senda que, como bien se define 'servirá de guía para
orientar las inversiones en los próximos años, apuntalando el compromiso del Gobierno con el cambio de modelo hacia una economía libre de emisiones' y permitirá reducir las GEI de España antes de 2050 en un 90 % respecto a 1990 y reducir las
emisiones de CO2 desde las 334 millones de toneladas equivalentes (MtC02eq) emitidas en 2018 a un máximo de 29 MtC02eq emitidas en 2050.
Por todo ello y con el compromiso de generar un ecosistema industrial competitivo, de generación de valor y empleo, y que nos permita avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos europeos, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Avanzar en el despliegue de las ayudas previstas en el PERTE de Descarbonización, con las convocatorias previstas, para que la industria pueda acceder cuanto antes a los recursos que les permitan avanzar hacia un modelo más competitivo,
sostenible y descarbonizado para así cumplir con los objetivos propuestos por la Unión Europea.
2. Acompañar a la industria en el necesario proceso de descarbonización de su actividad mediante incentivos públicos que les permitan mantener y reforzar sus capacidades productivas, así como asegurar una transición justa, garantizando en
todo caso el mantenimiento y creación de nuevos empleos.
3. Promover medidas para que la industria pueda desacoplarse de combustibles fósiles de manera justa y ordenada con el objetivo de lograr un sector de emisiones cero netas para 2050 en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la
COP28.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-Adriana Maldonado López, Pepe Mercadal Baquero, Andreu Martín Martínez, María del Carmen Castilla Álvarez, César Joaquín Ramos Esteban, Cristina López Zamora, María Dolores Corujo
Berriel, María Araceli Poblador Pacheco, Noelia Cobo Pérez, Patricia Otero Rodríguez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla y Jesús Mayoral Pérez, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, de simplificación en los procedimientos de evaluación ambiental, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se aprueba en el año 2013, con el fin de mejorar, a partir de la experiencia acumulada durante cerca de 25 años, los procedimientos de evaluación ambiental en España. Esta Ley fue
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, para introducir modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril. Con posterioridad, fue modificada por Real Decreto-ley
23/2020, de 23 de junio, por Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por Real Decreto-ley 6/2022.
Además, en el Real Decreto 445/2023 de 13 de junio, se modifican los anexos I, II y III, de la Ley 21/2013 que regulan los proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria y simplificada, para garantizar la correcta trasposición de la
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre.
Por último, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, en su capítulo III desarrolla modificaciones de la Ley 21/2013 que afectan a los proyectos de energías renovables y su evaluación ambiental, con una simplificación de los procedimientos
de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General del Estado que se declaran de urgencia por razones de interés público, aplicando la reducción de plazos y demás efectos establecidos
por el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Como marco general, en el artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se clarifica el objeto y finalidad de este texto legal: 'Esta ley establece las bases que deben regirla evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible [ ...]'.
Del mismo modo, en su artículo 2, se clarifican los principios que han de regir los procedimientos de evaluación ambiental:
'a) Protección y mejora del medio ambiente.
b) Precaución y acción cautelar.
c) Acción preventiva, corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente.
d) Quien contamina paga.
e) Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental.
f) Cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
g) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse.
h) Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que intervienen en el procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera.
i) Participación pública.
j) Desarrollo sostenible.
k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
l) Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible.'
Con respecto a los planes y programas, estos habrán de estarse a lo previsto en el Capítulo I, 'Evaluación ambiental estratégica' del Título II de la mencionada Ley.
Según sus características y naturaleza, estos podrán ser tramitados conforme la evaluación ambiental estratégica ordinaria (desarrollada por la sección primera de dicho capítulo) o por el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico (desarrollada por la sección segunda del capítulo).
En este sentido, la evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites, según se indica en el artículo 17:
'a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.
c) Elaboración del estudio ambiental estratégico.
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
e) Análisis técnico del expediente.
f) Declaración ambiental estratégica.'
Por su parte, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada concluye con el Informe Ambiental Estratégico, esto es, el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental.
Con respecto a los proyectos, es en el Capítulo II ('Evaluación de impacto ambiental de proyectos') donde se recogen los procedimientos a las que estos estarán sujetos.
Así, en la Sección 1.a se define el 'Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto Ambiental', que consta, según detalla el artículo 33, de los siguientes trámites:
'a) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor.
b) Sometimiento del proyecto y del estudio de impacto ambiental a información pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, por el órgano sustantivo.
c) Análisis técnico del expediente por el órgano ambiental.
d) Formulación de la declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental.
e) Integración del contenido de la declaración de impacto ambiental en la autorización del proyecto por el órgano sustantivo.'
Del mismo modo, en la Sección 2.a (artículos 45 y siguientes) se define la 'Evaluación de impacto ambiental simplificada', que concluirá con el Informe de Impacto Ambiental (IIA).
La presente Proposición no de Ley pretende facilitar la consecución real del principio de 'Racionalización, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental' mencionado en el texto legal, pero siempre,
estableciendo todas las garantías desde el punto de vista medioambiental y técnico. Con este objetivo, es menester determinar y conocer en profundidad la visión de nuestras empresas e industrias sobre el estado actual de la burocracia de los
procedimientos medioambientales en nuestro país, en materia de facilitación por parte de nuestras AA.PP., demoras, retrasos, seguridad jurídica y la capacidad de atracción de nuevas inversiones.
En este contexto, constituye una referencia el Informe de Optimización de los procesos administrativos como impulso al sector industrial, promovido por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (que engloba patronales de
distintos sectores industriales, como ANFAC de automoción, AOP de refino, ASPAPEL de papel, Feique de química y farmacia, FIAB de alimentación y bebidas, Oficemen de cemento, Primigea de materias primas minerales, Sernauto de componentes de
automoción y UNESID de siderurgia) y realizado por KPMG.
De dicho Informe, -que no se limita al análisis de los procedimientos de evaluación ambiental-, es posible extraer los siguientes gaps e ineficiencias, señalados por industrias representativas de distintos sectores representativos de,
aproximadamente, un 55 % del PIB:
1. Retrasos de las Administraciones, que llegan a triplicar los plazos legales, dando como resultado hasta 2 años de espera para algunos casos.
2. Diferencias entre requisitos y falta de armonización y homogeneidad en el territorio español.
3. Falta de coordinación interdepartamental y administrativa para proyectos.
4. Falta de digitalización.
5. Inseguridad del funcionariado en la resolución de expedientes ante posibles denuncias.
6. Una clara situación de desventaja comparativa con la regulación de otros países europeos.
Del mismo, modo el mencionado informe señala una serie de propuestas o palancas que, en este contexto, la Alianza considera que podrían mejorar sustancialmente la situación actual:
1. Reducir los plazos totales de resolución de trámites.
2. Dotar de una mayor seguridad para los funcionarios en la realización de su trabajo.
3. Una mayor homogenización de requisitos y facilitación de trámites, reduciéndose las duplicidades existentes.
4. El aprovechamiento de la tecnología.
5. Un mayor alineamiento y coherencia con las propuestas de la Comisión Europea en el ámbito de simplificación de procedimientos administrativos.
Con respecto al ámbito ambiental que fundamenta esta Proposición no de Ley, el Informe señala unas demoras de 26,3 y 21,2 meses para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y para la formulación del Informe de Impacto
Ambiental (IIA), respectivamente. En el caso del Informe de Impacto Ambiental (IIA), añade el texto que 'aunque el plazo para la autorización del mismo no se detalle en la normativa, la formulación se limita a 3 meses y la demora de la autorización
es de casi siete veces el plazo de la formulación'.
Han de tenerse en cuenta también las singularidades que la normativa europea viene introduciendo en la agilización de tramitación de expedientes que guardan relación con proyectos industriales relacionados con las tecnologías de generación
renovables, así como con los propios proyectos de generación y de acceso y conexión a la red, que en materia de autoconsumo y de electrificación de la industria tienen también importancia.
El Reglamento UE sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, de próxima aprobación tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento europeo el pasado febrero, establece que el plazo para conceder un permiso para construir o ampliar
grandes proyectos de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas (de más de 1 gigavatio) -así como los que no se midan en gigavatios- será de un máximo de 18 meses, y de 12 meses en los menores de 1 gigavatio. Además, el procedimiento deberá
garantizar que se cumplan los requisitos medioambientales, sociales y de seguridad.
Por su parte, el Consejo había llegado ya en diciembre a un acuerdo (acuerdo de orientación general) sobre modificaciones específicas de la Directiva sobre energías renovables propuestas en el marco del plan REPowerEU, que ahora deberá
abordar con el Parlamento Europeo, relativa a la definición, por parte de los Estados Miembros, de 'zonas de acceso' específicas para las energías renovables con procesos de concesión de permisos abreviados y simplificados en zonas con menores
riesgos medioambientales. El Consejo requiere de los Estados miembros que adopten uno o varios planes para designar las 'zonas de uso prioritario de las energías renovables', en un plazo máximo de 30 meses desde que entre en vigor la citada
Directiva.
El conjunto de los planes se sometería entonces a una evaluación simplificada de impacto ambiental, en lugar de realizar una evaluación para cada proyecto, como suele ser el caso, y que los Estados miembros habrían adoptado, con carácter
previo y general, medidas de mitigación que contrarresten las posibles consecuencias ambientales adversas de los proyectos ubicados en cada zona idónea.
Para las zonas de aceleración renovable para las energías renovables, el Consejo ha decidido que los procesos de concesión de permisos no duren más de un año -dos años para los que se sitúen en alta mar-, pero se reduce a 6 meses, si entre
otras cosas no se encuentran en zonas de la red Natura 2000 y han sido objeto de una evaluación ambiental. Para los equipos solares, el proceso de concesión de permisos no podrá superar los tres meses.
Por cuanto antecede y dado el evidente margen de mejora por parte de las AA.PP., el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un análisis exhaustivo de las causas de la demora actualmente existente en los procesos de evaluación ambiental de los planes y programas, de forma disgregada en función de los diferentes sectores industriales y en los procesos
de evaluación ambiental de los proyectos industriales.
2. Establecer de forma homogénea y coordinada, en todo el territorio del Estado, medidas encaminadas a la agilización administrativa, con plena seguridad jurídica y estableciendo todas las garantías desde el punto de vista medioambiental y
técnico, que faciliten la agilización de inversiones industriales que permitan incrementar la competitividad del tejido productivo de nuestro país.
3. Diseñar una estrategia que contemple el aumento temporal de los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios, así como una regulación clara y con seguridad jurídica, acerca de la posibilidad de externalización de aquellos
trámites cuya naturaleza lo permita, entre otros.
4. Definir, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, las zonas de acceso renovable del territorio nacional que, por su menor potencial afectación ambiental y el previo establecimiento de medidas mitigadoras, sean adecuadas para la
simplificación de trámites en instalaciones de generación renovable -tal y como exige la regulación europea-, facilitando el autoconsumo y la electrificación de la industria.
5. Proceder a la configuración y modelo de gobernanza de la Autoridad Nacional Competente, prevista en el Reglamento UE sobre industrias de cero emisiones netas, a fin de mejorar la coordinación de trámites y expedientes relacionados con la
industria de tecnologías objeto de dicho Reglamento UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García, Miriam Guardiola Salmerón, Laura María Lima
García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar el acceso de los españoles en situación de necesidad a las ayudas sociales, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. El deber de los Poderes Públicos de proteger a los españoles.
En virtud de los artículos 39 y siguientes de la Constitución Española ('CE'), los poderes públicos tienen el deber de proteger social, económica y jurídicamente a los españoles en los distintos ámbitos en los que su vida se desenvuelve
-familia, trabajo, cultura, salud, etc.-. Además, es el artículo 50 el que establece, en concreto, el deber de que estos promuevan el bienestar de los ciudadanos mediante un sistema de servicios sociales que atienda a sus problemas específicos y
les brinde condiciones materiales suficientes para vivir dignamente.
Para concretar más el contenido de este deber de los poderes públicos, estos tendrían, entre otras cosas, que:
- Atender las necesidades de las familias, institución esencial de nuestra sociedad. Esto significa situarlas en el centro de todas las políticas públicas y proveerlas de los apoyos necesarios a nivel económico y social. Para ello, el
Gobierno debería promover, entre otras, medidas de apoyo a la natalidad, que favorezcan la conciliación personal y profesional, bonificaciones fiscales para familias numerosas o medidas que combatan cualquier tipo de violencia acontecida en el
ámbito doméstico.
- Proteger los derechos de los más vulnerables, como, por ejemplo, las personas con discapacidad, los ancianos o los niños que se encuentran en situación de desamparo.
- Asegurar un futuro próspero a los jóvenes, combatiendo el desempleo, facilitando el acceso a una vivienda digna que puedan disfrutar en régimen de propiedad y ofreciéndoles unas condiciones laborales decentes.
- Gestionar eficaz y eficientemente el dinero público, y así garantizar unas condiciones de vida adecuadas tanto a nivel personal como social.
Sin embargo, tal y como se tratará de explicar más adelante, las políticas del actual Gobierno de España distan mucho de alcanzar las metas que acaban de referirse y reflejan, por el contrario, una absoluta falta de diligencia en el
cumplimiento del deber que la CE atribuye a los poderes públicos.
Segundo. El impacto de la inmigración.
Existen dos problemas relacionados con la inmigración extracomunitaria en España que, a pesar de no ser los únicos, cobran en el desarrollo del tema que se está tratando una relevancia notable.
1. Impacto económico de la inmigración.
En primer lugar, debe señalarse el problema coyuntural relativo a la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas. Los datos oficiales revelan que la inmigración en España aporta actualmente un porcentaje muy pequeño del total
recaudado. La contribución fiscal por inmigrante es muy inferior a la del español medio; en este sentido, se estima que los españoles aportan, de media, casi tres veces más que los extranjeros.
Las razones que subyacen a estas cifras pueden resumirse en dos:
- Por un lado, la baja cualificación laboral media de los inmigrantes que atrae España, sumado a su escasa voluntad de integración, conduce a que estos últimos desempeñen en su inmensa mayoría empleos de cualificación medio-baja o baja. Con
lo que, de forma correlativa, su productividad y sueldos son apreciablemente menores, en general, que los de los españoles 22.
- Por otra parte, y más significativo que lo anterior, la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas está íntimamente relacionada con las elevadas tasas de paro de estos últimos, muy superiores a las ya muy abultadas de los
españoles. Así, entre
22 Fuente: EPA, datos para el tercer trimestre de 2019.
mediados de 2015 y finales de 2019, la tasa media de paro de los extracomunitarios en España fue del 26 %, pese a lo cual su número aumentó en 1,1 millones de personas 23. En este sentido, es muy revelador el dato que muestra cómo, en el
año 2013, la inmigración africana (más del 70 % marroquí) llegó a alcanzar tasas de paro de hasta el 60 %, permaneciendo prácticamente constante la población empadronada en España del referido origen 24.
Esta circunstancia viene además agravada por el atractivo de los subsidios y prestaciones públicas que España ofrece a los extranjeros y que disfrutan con independencia de que hayan entrado en el país por vías legales o ilegales o de que se
encuentren en edad activa y no tengan problemas de salud incapacitantes para trabajar.
2. Violencia e inmigración.
En segundo lugar, cabe destacar asimismo el auge de la violencia que, según evidencian los sucesos acaecidos en los últimos años, acompaña a ciertos tipos de inmigración. Europa se encuentra en un momento en el que miles de inmigrantes
procedentes de países de culturas diametralmente opuestas a los valores europeos están traspasando sin cortapisas sus fronteras 25. En el año 2023 se produjo una oleada de inmigración que provocó que entraran ilegalmente en Europa más personas que
cualquier año anterior, desde los récords alcanzados en 2016 26.
Habida cuenta de esta circunstancia, se ha vuelto a poner encima de la mesa la cuestión sobre el nexo existente entre este tipo de inmigración y la violencia, la radicalización y el desorden público. Francia, por ejemplo, que cuenta con una
pronunciada inmigración procedente de países de cultura islámica, se ha tornado en los últimos años en el país más violento de toda la Unión Europea 27 y su presidente, Enmanuel Macron, llegó a afirmar en 2022 que la mitad de los delitos que se
cometían en París procedían de extranjeros en situación irregular 28. Relacionado con esto último, aunque en otro ámbito, el Senado francés se hizo eco recientemente de un informe que alertaba sobre la implantación del Islam radical en las escuelas
y las consecuencias relacionadas con el aumento de la violencia en los centros 29. Asimismo, su ministro de Interior señaló que en Francia hay más de 1.000 menores descendientes de inmigrantes que están bajo supervisión policial por radicalización
islamista 30.
España ha alcanzado igualmente, tal y como se indicaba al inicio, tasas de inmigración muy altas en los últimos años. Asimismo, conviene señalar que nuestro país cuenta con una inmigración ilegal elevadísima: desde el 1 de enero al 15 de
marzo de 2024 entraron en España 15.148 inmigrantes ilegales, un 308,5 % más que en el mismo período de 2023 31. Además, atendiendo solamente a las cifras contenidas en el padrón, de entre los orígenes más habituales de los que proceden los
inmigrantes de países de habla no hispana sobresalen Marruecos 32, Rumanía, Pakistán, Argelia o Senegal 33.
23 Fuente: INE. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4249#!tabs-grafico
24 Fuente: INE. Sólo se redujo (por más salidas que llegadas a nuestro país) un 1 % entre el 1 de enero de 2012 y de 2015, al pasar de 1.102.351 a 1.089.645.
25 https://gaceta.es/europa/frontex-registra-la-llegada-a-europa-en-enero-y-febrero-de-mas-de-12-000- inmigrantes-procedentes-de-la-ruta-de-africa-occidental-20240316-0645/
26 Idem.
27 https://www.elconfidencial.com/cultura/2023-08-14/inmigracion-delincuencia-y-terrorismo-en-francia-elpais-mas-violento-de-europa_3715960/
28 https://gaceta.es/europa/macron-admite-que-los-extranjeros-cometen-la-mitad-de-los-delitos-enparis-20221029-0600/
29 https://gaceta.es/europa/cuatro-profesores-son-amenazados-al-dia-en-francia-el-senado-denuncia-laimplantacion-del-islam-radical-en-las-escuelas-20240312-0545/
30 https://gaceta.es/europa/el-ministro-de-interior-frances-asegura-que-hay-mas-de-1-000- menoresdescendientes-de-inmigrantes-fichados-por-radicalizacion-islamista-20231023-0958/
31 https://www.interior.gob.es/opencms/export/ sites/default/galleries/galeria-de-prensa/documentos-ymultimedia/balances-e-informes/2024/05_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-03-2024.pdf
32 Sólo durante el tercer trimestre de 2023, entraron en España 24.400 personas de origen marroquí. Fuente: https://www.ine.es/daco/daco42/ecp/ecp0323.pdf
33 Fuente: NE. https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/120/e245/p08/10/&file=03005.px#!tabs-grafico
Este fenómeno migratorio ha venido acompañado de datos alarmantes relativos a la violencia y radicalización en los pueblos y ciudades españolas. Por ejemplo, en el año 2023, las operaciones de detención de terroristas islámicos crecieron un
60 % en España 34, lo que ocurría después de que FRONTEX advirtiera ya en 2021 que estaba permitiéndose la entrada de terroristas en Europa a través de la inmigración ilegal que cruzaba las fronteras españolas 35. Asimismo, la Guardia Urbana de
Barcelona denunciaba que hasta un 80 % de los delitos que se cometen en la ciudad condal proceden de Menores No Acompañados ('MENA') de origen magrebí 36. Además, existen multitud de ejemplos particulares de crímenes cometidos por extranjeros
dentro de las fronteras españolas 37. En concreto, resulta especialmente preocupante que existan regiones españolas en las que un elevado porcentaje de los delitos que se cometen proceden de población extranjera -máxime si se tiene en cuenta que el
porcentaje de población extranjera es todavía muy inferior al de población española-. En el País Vasco, por ejemplo, un tercio de los delitos son cometidos por extranjeros 38.
Tercero. El Gobierno se olvida de las necesidades de los españoles.
A pesar de lo expuesto, el Gobierno de España no sólo se aleja cada vez más de las necesidades de las familias españolas -especialmente de las más vulnerables-, sino que destina los recursos públicos a beneficiar a no nacionales que, tal y
como se ha venido señalando en el expositivo anterior, contribuyen insuficientemente al sostenimiento del gasto y muestran en muchas ocasiones un desprecio manifiesto hacia nuestra cultura, valores y costumbres 39.
En primer lugar, a fin de ejemplificar la falta de diligencia del Gobierno en su deber de protección de los españoles, cabe señalar el hecho de que, desde las asociaciones de familias numerosas, se denuncian constantemente las escasas y poco
efectivas ayudas que estas reciben 40. Así, la deducción que Hacienda aplica a las familias numerosas en el IRPF, que varía según el número de hijos, alcanza un importe máximo de 1.200 euros anuales (600 más si se trata de familia numerosa de
categoría especial) 41; importe que resulta insuficiente si se tiene en cuenta el coste al que hace frente una familia para el cuidado de cada uno de los hijos y el hecho de que los gastos cotidianos, como la cesta de la compra, no dejan de
incrementar su precio -España es el tercer país de la Unión Europea donde más han subido los precios de los alimentos- 42.
Asimismo, el Gobierno olvida también a los jóvenes, aquejados de una elevadísima tasa de desempleo (del 26,6 %) 43 y de grave dificultad para acceder a la vivienda. Basta señalar que, actualmente, el alquiler supone para los jóvenes
españoles un 80 % de su sueldo, y para disfrutar de una vivienda en propiedad necesitan ahorrar 3,7 veces su salario anual 44. Un último ejemplo podría ser el de las listas de espera de la Dependencia. Actualmente hay casi 300.000 personas en
situación de dependencia que están esperando
34 https://gaceta.es/espana/las-detenciones-de-terroristas-islamistas-aumentaron-mas-de- un60-en-espana-el-ano-pasado-20240107-0824/
35 https://gaceta.es/actualidad/frontex-advierte-de-la-entrada-de-terroristas-yihadistas-en-espana-a-travesde-la-inmigracion-ilegal-20210922-1344/
36 https://www.larazon.es/Cataluña/20220928/ifindlnalrgrrdek4bjqc5f2cm.html
37 https://www.libertaddigital.com/canarias/2023-01-09/triple-violacion-y-la-cara-desfigurada-las-atrocidadespor-las-que-ha-sido-detenido-un-inmigrante-irregular-en-tenerife- 6973904/
38 https://gaceta.es/espana/un-tercio-de-los-delitos-del-pais-vasco-son-cometidos- porextranjeros-20230313-1219/
39 https://gaceta.es/espana/la-fiscalia-advierte-del-alarmante-auge-de-bandas-latinas- enespana-20230911-1053/
40 https://agafan.net/denunciamos-la-discriminacion-que-sufren-las-familias-numerosas-y-las-escasas-ypoco-efectivas-ayudas-para-el-colectívo-en-la-reunion-con-el-candidato-por-la- provincia-de-a-coruna-por-vox/
41 https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ciudadanos-familias-personas-discapacidad/ deduccionesrelarionadas-hijos-descendientes/deduccion-familia-numerosa/importe-deduccion.html
42 https://www.elmundo.es/economia/2024/ 03/19/65f8687821efa01f038b458e.html
43 https://www.larazon.es/economia/espana-cierra-2023-cabeza-paro-europeo-mientras-eurozona-registranminimos-historicos_2024020165bb79dcb834070001eb7f6f.html
44 https://www.larazon.es/economia/vivienda-callejon-salida-jovenes-alquilar-come-80-sueldo-comprarnecesitan-ahorro-que-supone-37-veces-salario-anual 2024011865a7b0f567d53e0001f412e4.html
a recibir la prestación o servicio o incluso que esperan todavía a ser valoradas; la consecuencia de ello es sobrecogedora, pues, en 2023, hasta 40.447 personas fallecieron esperando a ser valoradas o atendidas -esto es, en España muere una
persona cada 13 minutos en las listas de espera de la Dependencia- 45.
Así, las ayudas que el Gobierno y el resto de las administraciones competentes no destinan -o lo hacen insuficientemente- a cubrir las necesidades de los españoles, las dirigen, en cambio, a la población extranjera. En el municipio
valenciano de Benicarló, por ejemplo, sólo un 2,5 % de las ayudas al alquiler van a parar a personas de avanzada edad, un 9,7 % a ciudadanos desahuciados y un 7 % a personas con discapacidad, mientras que un 44 % son para los inmigrantes ilegales
46. Asimismo, los datos muestran que, en la región vasca, del presupuesto total para 2024 en concepto de Renta de Garantía de Ingresos ('RGI') y Prestación Complementaria de Vivienda ('PCV'), 182 millones se destinarán a personas de origen
extranjero, incluidas las que residen ilegalmente en España. Se estima, por tanto, que estas últimas percibirán casi 47 millones de euros (este año) en forma de prestación que procede directamente del Gobierno regional 47.
Cuarto. Conclusión.
A resueltas de lo expuesto, traemos de nuevo a colación la reflexión de que el actual Gobierno de España se ha convertido en el Ejecutivo más caro de la historia de nuestra democracia 48. Sin embargo, los españoles no dejan de perder
calidad de vida al tiempo que padecen la irresponsabilidad de un Gobierno que despilfarra el dinero público en cuestiones que se encuentran totalmente alejadas de los intereses del pueblo español.
Ante esto, VOX aboga por revertir drásticamente las políticas actuales y establecer un gasto público que se traduzca en beneficios tangibles para los ciudadanos, en la satisfacción de sus necesidades reales y en el adelanto en la calidad de
vida para todas las familias españolas.
Para ello, es esencial que el Gobierno de España abandone las políticas que renuncian a proteger los intereses reales de los españoles y que resultan perjudiciales para el mantenimiento del orden público y de unas condiciones de vida dignas.
En tanto que este Gobierno no diseñe una política social que ponga a la persona y a la familia en el centro, que priorice el cuidado de los nacionales y aborde con objetividad -alejando el juicio de ideologías- los problemas que aquejan a
los españoles, VOX no dejará de recordar que resulta de extrema urgencia un cambio de rumbo en lo que a diseño de políticas sociales se refiere.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda.
2. Incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de las normas procedentes de la iniciativa del Gobierno y en todas las políticas públicas que se acometan.
3. Garantizar para nuestros mayores y dependientes el cuidado, la dedicación y las atenciones que merecen, reforzando las partidas a la dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar y los programas de atención a la soledad no deseada.
45 https://dependencia.info/ noticia/6871/actualidad/ las-administraciones-abandonan-sin-atencion-a-casi300.000-dependientes-en-lista-de-espera.html
46 https://www.voxespana.es/noticias/vox-denuncia-que-casi-la-mitad-de-ayudas-para-el-alquiler-enbenicario-son-para-inmigrantes-ilegales-20240216?provincia=castellon
47 Elaboración propia.
48 https://www.larazon.es/economia/sanchez-sobrediomensiona-coste-gobierno-encima-70000-millones-pre supuestados_2023120765714b2a0ec7c80001c64068.html
4. Generar un entorno social, económico y normativo atractivo y fiable para las familias, que garantice el apoyo adecuado con que los poderes públicos deben proveerlas, por su contribución al bien común.
5. Promover una adecuada inmigración que sea legal, ordenada y con voluntad de integración de los que vienen a nuestra geografía, atendiendo prioritariamente a los ciudadanos procedentes de naciones que comparten idioma y lazos históricos y
culturales con España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a establecer un sistema de límites al conjunto de
depósitos que realiza una persona jugadora en un día o semana en cada uno de los operadores de juego en los que tenga cuenta abierta, para su debate en la Comisión Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece la regulación de las actividades del juego que se realizan a través de canales electrónicos, informáticos e interactivos, en las que los medios presenciales deberán tener
carácter accesorio, salvo las actividades presenciales del juego sujetas a reserva desarrolladas por entidades designadas por la ley que, por su naturaleza, son de competencia exclusivamente estatal.
La Ley tiene por objeto, además de proteger el orden público y la lucha contra el fraude, prevenir las conductas adjetivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos, sin perjuicio de
lo establecido en los Estatutos de Autonomía.
Con un engarce directo a estos objetivos, las políticas del juego, responsable o seguro que contempla la Ley, han de entenderse como el conjunto de elementos configuradores de la oferta y del consumo de juegos de azar que conducen a reducir
el riesgo de la aparición de comportamientos de juego de riesgo, problemático o patológico en ciertos participantes o a minimizar los efectos negativos que estas actividades puedan causar.
En el grado menor de los problemas derivados del juego, su práctica continuada puede provocar el deterioro de las economías personales y domésticas. En la vertiente más negativa se pueden producir conductas patológicas que pueden llevar a
jugar de manera compulsiva, provocar la continua desatención de sus obligaciones personales y laborales, e incluso conductas más graves de carácter delictivo, y un daño psicológico que puede menoscabar gravemente la salud mental.
Corresponde a los poderes públicos la limitación, regulación y control de las actividades de juego, constituyendo el objetivo prioritario la protección de los usuarios de las actividades de juego: han de ser reguladas estas actividades con
claridad y precisión y deben establecerse los mecanismos de supervisión necesarios para que se cumpla la normativa reguladora sobre juegos de azar y se eviten conductas que puedan situarse al margen de la legalidad.
Una de las medidas más importantes para la protección de los participantes en actividades de juego es el establecimiento de límites a los depósitos que pueden realizar los participantes en los operadores de juego online con licencia de
ámbito estatal. La regulación actual de los límites de depósito se recoge en el artículo 36 del Real
Decreto 614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego. En el citado artículo se señala que los operadores de
juego deberán establecer límites económicos para los depósitos que, con carácter diario, semanal o mensual, puedan recibir de cada uno de los participantes en los distintos juegos. Estos límites, con carácter general, no podrán tener importes
superiores a los recogidos en la propia norma, sin perjuicio de que los jugadores puedan fijar voluntariamente límites inferiores o superiores, si se cumplen las condiciones establecidas.
No obstante, la regulación de los límites de depósito se establece de manera independiente para cada operador, por lo que el volumen total de depósitos que podría realizar un jugador depende del número de operadores en los que participe, lo
que resta eficacia a esta medida.
El Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego, y que despliega la Ley 137/2011, de 27 de mayo, por lo que se refiere a las condiciones políticas de juego responsable o seguro y de
protección de las personas consumidoras que deben cumplir los operadores de juego, no altera la regulación existente en cuanto a límites de los depósitos.
Es por ello, que, a fin de reforzar la prevención de las conductas adjetivas al juego y proteger los derechos de los menores y los grupos de riesgo, y de las personas consumidoras, en general, se hace necesario que nuestro ordenamiento
jurídico introduzca un sistema de límites al conjunto de depósitos que realiza una persona jugadora en un día, semana o mes en diferentes operadores de juego.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, con el objetivo de reforzar la prevención de las conductas adictivas al juego y proteger los derechos de los grupos de riesgo y de las personas consumidoras en general,
insta al Gobierno, en el ejercicio de las competencias que le son propias en materia de juego, a establecer un sistema de límites al conjunto de depósitos que realiza una persona jugadora en un día, semana o en cada uno de los operadores de juego en
los que tenga cuenta abierta, como sistema adicional y complementario al actual sistema de límites de depósito por operador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-Carmen Andrés Añón y Noelia Cobo Pérez, Diputadas.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la autorización excepcional de la
materia activa dicloropropeno para poder combatir las plagas de nematodos en la producción de tabaco, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según el anuario estadístico 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España existen unas 6.017 hectáreas de cultivo de tabaco. 5.946 hectáreas, que
representan aproximadamente 99 % de la superficie del cultivo de tabaco en España, se concentran en Extremadura (norte de Cáceres). El resto de la producción se sitúa en Castilla y León, con 33 hectáreas en la provincia de Ávila,
Castilla-La Mancha, con 19 hectáreas de Toledo, y pequeñas superficies en Navarra, Granada, Valencia y Santa Cruz de Tenerife.
La producción española representó 19.937 toneladas (Tn) en 2023, pero la media de los últimos años ronda las 26.000 Tn, que constituye cerca del 19 % de la producción de la Unión Europea (tradicionalmente ha sido el 2.º productor de la UE) y
el 0,5 % de la producción mundial.
La producción del cultivo del tabaco sólo en la provincia de Cáceres da estabilidad a más de 2.000 empleos a jornada completa y a otros 18.000 empleos indirectamente. Según el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 'Se
trata de un cultivo con una importancia relativa en el conjunto de la producción agraria a nivel nacional, pero de gran importancia socioeconómica en las comarcas en las que se concentra, fundamentalmente en el norte de Cáceres'.
Asimismo, la gran mayoría de las explotaciones apenas superan las 10 hectáreas, por lo que es un cultivo fuertemente arraigado en el territorio. Además de todo lo anterior, es un cultivo que no tiene alternativas, ya que por la climatología
y por la dimensión media de las explotaciones hace inviable instalar otro cultivo para que una familia pueda seguir adelante en su explotación agrícola. Es decir, que con explotaciones relativamente pequeñas y con este cultivo una familia puede
'vivir', no así con otros cultivos extensivos, como cereales, etc.
El sector representa, aproximadamente, 120 millones de de valor agregado bruto en la economía regional extremeña. La edad media de los titulares de las explotaciones es de 53,97 años, siendo un sector menos envejecido que el conjunto del
sector agrario en el que la media se sitúa en 60,56 años, según datos del informe OTE 2020 (Orientación Técnico-Económica 'Tabaco' en España.). No obstante, es un cultivo que año tras año viene perdiendo superficie debido a la dificultad de sacar
adelante las producciones por la falta de herramientas con la que cuentan los agricultores.
En los últimos años, el sector ha solicitado en reiteradas ocasiones la utilización excepcional de la materia activa dicloropropeno, ya que es la única sustancia activa que controla la plaga de nematodos. Sustancia activa que ha sido
autorizada, en los últimos años, por el Ministerio.
Sin embargo, este año tras numerosas peticiones por parte del sector de poder seguir utilizando la única sustancia activa eficaz, nos encontramos con una negativa rotunda del propio Ministerio. Cuestión que el sector no entiende, ya que el
pasado 8 de abril del 2024 en Italia si fue concedida esta sustancia activa excepcionalmente pera el uso del tabaco y la albahaca. Todo esto es muy grave ya que la gran producción europea se concentra entre España e Italia, y el no poder contar con
esta sustancia activa excepcionalmente nos llevaría a no ser competitivos frente a Italia.
Por otra parte, hay que recordar que la no utilización de esta sustancia supone una merma importante en la producción y, en caso de dos años consecutivos sin su utilización de este desinfectante, puede llegar a una concentración de nematodos
tal elevada que la producción de la parcela sería prácticamente nula.
La situación de este nematicida es similar al de otros compuestos pesticidas que sirven para garantizar la producción de diferentes cultivos y en regiones que, por sus características, han basado su estructura económica y social en torno a
un producto específico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder, con carácter urgente, a la autorización excepcional y de emergencia del uso de la sustancia activa dicloropropeno
para la realización de los tratamientos fitosanitarios que permitan la producción agrícola de la planta del tabaco en las regiones productoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-Pedro Gallardo Barrena, Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Macías Gata,
Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000776
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley acerca de las medidas urgentes y necesarias para el sector pesquero artesanal.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de las medidas urgentes y necesarias para el sector pesquero artesanal.
Exposición de motivos
Primero. Sobre el cese de actividad por fuerza mayor en el ámbito del marisqueo.
El artículo 311.1b) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 'se encontrarán
en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional'.
Por su parte, el artículo 342 de la Ley General de la Seguridad Social, determina la incompatibilidad entre la prestación por cese temporal total de actividad derivado fuerza mayor y el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no
implique la inclusión obligatoria en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
En base a este precepto, el Instituto Social de la Marina lleva años denegando solicitudes de reconocimiento de cese de actividad total por fuerza mayor a mariscadoras y mariscadores durante el periodo de veda extraordinario decretado por la
autoridad pesquera por disponer estas trabajadoras y trabajadores de una autorización que les permite continuar practicando otras modalidades de pesca bajo la licencia de la que son titulares, diversas a aquellas cuya interrupción ha sido decretada,
o incluso por desarrollar otras actividades en el sector primario.
Han sido muchas las sentencias de juzgados de lo social y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que han reconocido la prestación por cese de actividad a pesar de que la embarcación del autónomo o autónoma
solicitante disponga de autorización para faenar utilizando otras artes o modalidades de pesca diferentes a las interrumpidas, en otras zonas marítimas abiertas y libres a la pesca y al marisqueo o incluso cuando desarrollaban otra actividad por
cuenta propia en el propio sector primario diversa al marisqueo, por ejemplo, ser socio de un vivero de propiedad familiar. En estos supuestos, los tribunales entendieron que procedía reconocer igualmente el cese de actividad total -y no parcial-
por fuerza mayor, cuando los rendimientos obtenidos de las otras modalidades eran mucho menos relevantes que las derivadas del marisqueo.
Por último, de acuerdo con lo recogido en el artículo 338 LGSS, 'la duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación
legal de cese de actividad de los que, al menos, doce meses deben estar comprendidos en los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala'. Aunque la norma no lo diga expresamente, este
requisito se ha traducido en la exigencia por parte de la entidad gestora de que dichos 12 meses se hayan cotizado de manera continuada, lo cual obliga a las mariscadoras y mariscadores a mantener el alta sin actividad como cotizantes o a renunciar
a una posible prestación futura, dada la estacionalidad de la labor de marisqueo.
Segundo. Sobre la tramitación urgente del Real Decreto de reparto de oportunidades de pesca.
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (EU) n.º 1380/2013 sobre la Política Pesquera Común (PPC), los Estados miembros deben utilizar criterios transparentes y objetivos que incluyan aspectos ambientales, sociales y económicos al
asignar las oportunidades de pesca disponibles (i.e. cuotas y días de pesca). La aplicación de estos criterios de asignación ha de beneficiar a la flota que más contribuye a la sociedad y a las comunidades costeras en términos socioeconómicos y
ambientales, premiando a las flotas y operadores que menos impacto tienen en el medio ambiente marino (o más se esfuerzan para reducir el mismo) y sobre la huella de carbono, así como los que practican mejores prácticas socio-laborales.
En base a esta obligación, el artículo 32.2 de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, especifica que, 'por real decreto, consultados el sector afectado y las comunidades autónomas, se establecerán de
forma motivada, ponderada y transparente los criterios de asignación para cada pesquería, con base en los cuales se determinará la cuota o porcentaje con el que cada buque o
grupo de buques participará en la asignación de posibilidades de pesca para dicha pesquería'.
En el Estado español, las organizaciones ambientales llevan tiempo trabajando de forma participativa con el sector pesquero en la transición ecológica, incluido en lo relativo a la distribución de días de pesca y cuotas 49. Además, nuestro
país ya cuenta con tres ejemplos de éxito que deberían amplificarse y fomentarse en el resto de las pesquerías 50.
Sin embargo, a pesar de estos avances en la asignación de las oportunidades de pesca, el último informe sobre esta temática del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca de la Unión Europea (CCTEP) de diciembre 2023 51 evidencia que el
historial de capturas representa un 70 % de la ponderación en la asignación de las oportunidades de pesca en el Estado español. De esta manera, se marginan las consideraciones socioeconómicas (ponderadas solo en un 20 %), incluyendo la contribución
al empleo y la economía de las comunidades costeras, así como las consideraciones ambientales (ponderadas en un 10 %). Esta situación, amén de ser contraria a las obligaciones legales de la PPC, fomenta con frecuencia el oligopolio y puede
incentivar prácticas pesqueras que no son respetuosas con el medio marino, como las capturas accidentales, los descartes o la destrucción de hábitats. Además, genera desigualdades sociales que dificultan el relevo generacional, la inclusión de la
mujer en el sector pesquero y la prosperidad del conjunto de la sociedad costera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobernó a adoptar las siguientes medidas:
1. Modificar las condiciones de reconocimiento del cese de actividad, de modo que se tenga en cuenta la temporalidad del proceso extractivo en el ámbito del marisqueo y se facilite el acceso a todas las personas afectadas.
2. Elaborar lo antes posible el Real Decreto de reparto de oportunidades de pesca, tal y como dicta el artículo 32.2 de la Ley 5/2023, de 17 de marzo, con la ambición suficiente para garantizar el adecuado cumplimiento del artículo 17 de la
Política Pesquera Común, convocando para ello el Foro Asesor de Pesca, regulado en el artículo 54.3 de la citada norma, para que su elaboración sea participativa e incluya a los diferentes segmentos del sector, a los institutos científicos más
relevantes (AZTI, IEO-CSIC, ICM-CSIC, etc.) y las organizaciones ambientales de la sociedad civil que trabajan en pesca sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Verónica Martínez Barbero, Juan Antonio Valero Morales y Águeda Micó Micó, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
49 https://www.ecologistasenaccion.org/304778/reparto-de-posibilidades-de-pesca-como-agente-de-cambio/
50 Seas At Risk (2024). Allocating fishing opportunities with environmental, social, and economic criteria in mind: Examples from EU Member States. Brussels: Seas At Risk. https://seas-at-risk.org/wp-content/uploads/2024/02/2024
Fisheries Allocation-report final.pdf.
51 Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF)-Social Data in Fisheries (STECF 23-17), Van Hoof, L., Goti, L., Tardy Martorell, M. and Guillen, J. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024,
doi:10.2760/982497, JRC136326.
161/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para impulsar la implantación de plantas
fotovoltaicas flotantes para el abastecimiento de energía en agricultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La subida de los precios de la energía (eléctrica y gasóleo) y de otros insumos (fertilizantes, piensos, etc.) han repercutido negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y empresas del sector primario, poniendo en peligro la
continuidad de algunas de estas.
Ante semejante desafío, especialmente en lo relativo a la subida de los costes de la energía, que inciden directamente en los precios de los productos agrarios y en el IPC general, ha obligado a los agricultores a buscar alternativas para
compensar los sobrecostes y hacer viable sus producciones. Por el contrario, los procesos de modernización de regadíos han traído consigo un ahorro de agua, pero un fuerte incremento de los costes energéticos estimados.
En este sentido y en varias ocasiones, este grupo parlamentario ha propuesto y apoyado medidas para reducir los costes energéticos, como permitir un sistema de doble facturación pera rebajar los costes durante los periodos en que no se
realiza riegos.
La generación fotovoltaica ha sido otra de las soluciones que el propio sector ha adoptado. A lo largo de los años, la generación eléctrica ha pasado de instalaciones aisladas de autoconsumo agrícola, allí donde las redes eléctricas no
llegaban, a convertirse en una fuente alternativa, acercando la producción a los puntos de consumo, ya sea para centrales de bombeo, riego presurizado y tecnológico, comunidades de regantes, depuradoras o desalinizadoras de agua. Según datos de
UNEF (Unión Española Fotovoltaica) el sector agrícola ha llegado a concentrar el 25 % de las plantas fotovoltaicas para autoconsumo en España, que ha supuesto ahorros de hasta un 60 % en electricidad, una vez amortizada la inversión en los paneles.
Sin embargo, la proliferación de las instalaciones como respuesta a una acuciante necesidad de reducción de costes ha generado nuevos problemas. Ha ganado relevancia movimientos como la agrovoltaica o la bioagrovoltaica, que intentan la
integración agraria y ambiental de los parques fotovoltaicos, buscando la sostenibilidad entre la producción energética sin perder espacio productivo y preservar los hábitats naturales, de la fauna y la flora.
Dentro de esta dinámica, muchas comunidades de regantes han optado por la instalación de plantas solares flotantes. Estas plantas flotantes se ubican sobre las láminas de agua de balsas de regadío, pantanos o canales de riego y son una
solución para avanzar en la sostenibilidad energética de la agricultura que, además, proporciona otros beneficios. Por ejemplo, las placas solares cubren gran parte de la superficie acuática en la que se encuentran, consiguiendo así reducir hasta
un 85 % la evaporación del agua, lo que es muy relevante en zonas donde la evaporación es muy elevada. Así mismo, respecto a la producción eléctrica y el mantenimiento de la instalación, el agua sobre la que están instalados los paneles produce un
efecto refrigerador que reduce la temperatura ambiente de los paneles mejorando la eficiencia entre un 10 y un 15 % y la cantidad de polvo es menor, por lo tanto, se reducen los costes de limpieza.
Por otra parte, la posibilidad de utilizar láminas de agua existentes y no tener que utilizar superficie agraria útil, en algunas ocasiones tierras de alta calidad agronómica o paisajística, es un aliciente adicional. En este sentido, solo
en Andalucía se contabilizan unas 10.000 balsas susceptibles de albergar paneles flotantes, en la Región de Murcia serían otras 10.000, 3.752 ha, y en Alicante 2.500 con 913 ha, y algunas comunidades autónomas ya están colaborando en la financiación
de este tipo de proyectos para aprovechar este potencial.
En este mismo sentido, si tenemos en cuenta la posibilidad de instalación de fotovoltaicas flotantes sobre el Dominio Público Hidráulico, sobre canales u otras obras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado o de los
Organismos de cuenca, el potencial aumenta y ya se han desarrollado algunos proyectos en España. Sin embargo, la incipiente pero incompleta normativa no ha impulsado de forma definitiva el desarrollo de estos proyectos, aunque ha venido a confirmar
la necesidad de optimizar la ordenación del territorio y el aprovechamiento de las láminas de agua en la generación de energía fotovoltaica.
En definitiva, las plantas de energía fotovoltaica flotante son una opción innovadora y sostenible que pueden ofrecer múltiples beneficios ambientales y económicos, en concreto para el sector agrario de regadío y para los entornos rurales en
general. Es una forma de solucionar los problemas de espacio en detrimento de tierras de cultivo, lo que mitigaría las protestas sociales que se están produciendo en aquellos lugares donde se ocupan tierras fértiles, a la vez que se evita la
evaporación y se ahorraría agua.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contribuir a la reducción de la huella de carbono e hídrica en el sector agrario de regadío con el fomento de la implantación ágil de las fotovoltaicas flotantes en aquellos lugares donde sea técnica y administrativamente posible,
contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrario.
2. Valorar y potenciar la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en los proyectos de modernización de regadíos presentes y futuros, aprovechando el potencial de las láminas de agua existente, garantizando la mayor eficiencia
energética en el desarrollo del riego para satisfacer la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad.
3. Analizar la posibilidad de incrementar los límites de potencia establecidos en el artículo 4.2 del Real Decreto 244/2019, de 5 abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica, para establecer mecanismos de compensación simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociadas y las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de las
instalaciones de producción asociadas al autoconsumo para este tipo de instalaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez,
Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/000794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acercamiento de los servicios de la Administración General del Estado a
la ciudadanía para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
En diciembre del año 2020, el Gobierno aprobó el Plan Estratégico para la mejora de los servicios de la Administración General del Estado (AGE) en el Territorio, que tenía como objetivo mejorar la calidad de los servicios que la
Administración General del Estado (AGE) presta a las ciudadanas y a los ciudadanos en el conjunto del territorio, fortaleciendo su presencia y visibilidad. Un Plan que contemplaba 40 medidas en torno a 5 ejes de actuación.
En línea con el citado Plan, en noviembre de 2022, el Gobierno de España presentó el servicio 'La Administración cerca de ti', dirigido a facilitar a las personas que residen en los municipios de menor población la gestión de los trámites a
cargo de las Delegaciones del Gobierno.
Este servicio, que se ha concretado en el desplazamiento de empleados públicos de las Delegaciones del Gobierno para informar y facilitar la tramitación de distintos procedimientos y para facilitar el acceso a los medios de identificación y
firma electrónica, está demostrando su potencial para impulsar la cohesión territorial y la transformación digital.
El servicio, que inicialmente se había previsto se desplazara a municipios con población comprendida entre los 500 y los 8.000 habitantes en los que residen casi 7,5 millones de habitantes, se ha ido adaptando a las distintas realidades
territoriales. Así mismo, ha ido incorporando en sus desplazamientos información no solo de los servicios propios de las Delegaciones, sino también de los servicios más demandados por la ciudadanía, como las prestaciones de empleo, seguridad social
o tráfico.
El 17 de noviembre de 2022, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Política Territorial suscribieron un acuerdo de colaboración que sirve de marco para que, a través de la adhesión de los ayuntamientos
interesados, el servicio vaya consolidando su presencia en el territorio.
El pasado 27 de diciembre del 2023, en su primera reunión con los Delegados y Delegadas del Gobierno en las Comunidades y Ciudades Autónomas, el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática afirmó que, durante el primer año de
vigencia de esta iniciativa, 'La Administración cerca de ti' ha visitado más de 3.600 municipios de menos de 8.000 habitantes, ha atendido a 40.000 personas y se han emitido más de 30.000 certificados digitales, facilitando a los habitantes de esos
municipios acceder a la Administración electrónica.
Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Administración General del Estado es esencial, de ahí la necesidad de consolidar medidas como 'La Administración cerca de ti', incorporando otros servicios más allá de los propios de las
Delegaciones del Gobierno e implicando a los ayuntamientos para que faciliten el desplazamiento del servicio a sus municipio, así como otras medidas dirigidas a mejorar la atención a las personas mayores de 65 años o la implantación de distintas
modalidades de atención.
El objetivo es contar con una Administración General del Estado accesible, capaz de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a todos los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia y de sus
necesidades.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas a la Administración General del Estado, potenciando medidas para:
- Consolidar el servicio 'La Administración cerca de ti', a través de la implicación de otros servicios de la Administración General del Estado que vengan a sumarse a los que ya ofrece, así como la implicación de los ayuntamientos.
- Mejorar la atención a la ciudadanía ya sea presencialmente, por videollamada o teléfono, que permita recuperar la confianza y el valor humano de la Administración.
- Continuar el desarrollo de un modelo de información continua a la ciudadanía sobre la gestión de sus expedientes vía SMS por móvil.
- Impulsar la presentación de procedimientos de la AGE en nombre de los ciudadanos a través de funcionarios habilitados en los municipios, evitando el desplazamiento de los ciudadanos que residan en municipios pequeños.
- Mejorar la atención a personas mayores de 65 años, garantizando siempre la atención presencial en todos los ámbitos sin cita previa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Francisco Lucas Ayala, Diputado.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar al Gobierno que apueste
económicamente con partidas presupuestarias para apoyar las inversiones necesarias en el Plan Pirineos proyectado en las Comarcas Pirenaicas de Huesca, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Plan Pirineos se erige como una de las grandes apuestas del Gobierno de Aragón. Un gran proyecto que repercutirá en gran medida en el sector turismo, pero del que se verán beneficiados otros grandes sectores, como la educación, la
sanidad, los servicios en los entornos rurales, y que supondrá una auténtica apuesta en la lucha por la despoblación y la fijación de población en los pueblos del Pirineo Aragonés.
Los primeros proyectos se enfocarán al turismo, sector que representa casi el 9 % del PIB de la Comunidad, y en el que el turismo de montaña ocupa un lugar fundamental. Se trata de una estrategia a 4 años. Proyecto del que se beneficiarán
las comarcas pirenaicas.
El 28 de febrero de 2024, el Gobierno de Aragón anunció la aprobación de inversiones por valor de 57 millones de euros para este Plan Pirineos. Proyectos fundamentales financiados con los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino y con
fondos propios del Gobierno de Aragón.
Entre los proyectos impulsados destacan la telecabina que conectará Benasque y Cerler, y la unión de estaciones de Astún y Candanchú.
También la celebración de otros cuatro convenios con otras tantas administraciones locales con proyectos integrados en el Plan Pirineos, todos ellos con un plazo de ejecución del 30 % a final de 2024 y del 100 % a 31 de marzo del 2026, que
incluyen una partida destinada al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, por 5,3 millones de euros, para un proyecto que incluye la construcción de un parking disuasorio en Formigal, una nueva zona de estacionamiento en Sallent, la peatonalización de
la plaza Valle de Tena o el acondicionamiento del mirador de San Mamés para personas con problemas de movilidad.
Asimismo, la comarca de la Ribargoza recibirá 4,1 millones de euros para un plan en el que destacan la implementación de herramientas de control de flujos en los espacios naturales, las experiencias de realidad aumentada, la adecuación de
rutas no motorizadas o la implantación de los programas Ribagorza Abierta por vacaciones y Ribargoza slowdriving.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Panticosa tendrá 3 millones de euros para la construcción de un campo de golf, la rehabilitación y puesta en funcionamiento de la escuela para uso turístico, la puesta en marcha de apartamentos de alquiler
para trabajadores y jóvenes en la residencia o la adecuación del uso cultural y turístico de la Iglesia, entre otros.
Por último, la Mancomunidad Valle del Aragón percibirá 4 millones de euros para un plan con actuaciones en varios municipios. Por ejemplo, la construcción de una pasarela mirador en la cima de la Raca, la creación del Oroel Park, el
acondicionamiento de un circuito de BTT en el Valle de Aisa o la creación del dominio Collarada.
Todos estos proyectos van a suponer un gran revulsivo y una apuesta decidida por impulsar un modelo sostenible social, medioambiental y económicamente hablando, para que las comarcas del Pirineo y sus pueblos puedan afrontar un futuro para
sus habitantes actuales y generaciones posteriores. Un esfuerzo inversor que dotará de unas infraestructuras turísticas de primer nivel, integradas medioambientalmente en el territorio, y que conllevará atraer mayor inversión en otros sectores,
como el hostelero, de restauración, de servicios sanitarios, educativos, comerciales, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a implicarse económicamente en actuaciones complementarias con el Plan Pirineos mediante el apoyo de acciones en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y la Reserva de la
Biosfera Ordesa-Viñamala, y con la coordinación desde la Secretaría General para el Reto Demográfico de actuaciones en el ámbito de actuación de dicho Plan, dado el reto que supone para Aragón la lucha contra la despoblación, la sostenibilidad
económica, social y medioambiental, así como la puesta en valor y dinamización turística de todos sus territorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.- Javier José Folch Blanc, Ana Isabel Alos López, Sergio Sayas López, César Sánchez Pérez, Raquel Clemente Muñoz, Alberto Herrero Bono, María del Mar González Bella, Luis María
Beamonte Mesa y Pedro Navarro López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la tramitación y contenido
de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, supusieron una profunda modificación de algunos aspectos regulados en la anterior legislación sobre Costas.
La Ley 2/2013 incorporaba por primera vez, entre otros aspectos, medidas específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral, así como la necesidad de elaborar una estrategia para la
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que fue aprobada en junio de 2017. Estas medidas demostraban el interés del Gobierno y el legislador por incorporarla en la protección de la costa ante los efectos del cambio climático.
Pero quizás los cambios más sustanciales de la Ley fueron todas las modificaciones operadas para garantizar la seguridad jurídica de quienes podían verse afectados de una u otra manera por la protección del dominio público marítimo terrestre, como
la necesidad de la publicidad registral de los deslindes, el reconocimiento de situaciones singulares que requerían tratamientos diferenciados en todo el territorio o la posibilidad de que las concesiones pudieran llegar a 75 años, entre otras.
La Ley tuvo el rechazo frontal de los partidos que actualmente ocupan el gobierno, que consideraban excesivos los 75 años de concesión administrativa y que suponía, de facto, asimilar la concesión a la propiedad y que era una prueba evidente
de los privilegios de unos pocos que tienen inversiones y derechos directamente afectados. La Ley fue motivo de varios recursos judiciales, pero las sucesivas sentencias sólo declaraban inconstitucionales tres cuestiones puntuales, muy concretas y
localizadas, a la vez que establecían los fundamentos jurídicos de interpretación de algunos artículos.
En consecuencia, declaraban constitucionales todos los criterios orientadores de la reforma y todas las normas generales que los desarrollan, incluido el mecanismo establecido en el artículo 2, que crea un régimen jurídico propio para las
prórrogas de las concesiones de los títulos anteriores a la Ley de costas de 1988 o los concedidos entre esta y la Ley 2/2013. Es más, la sentencia del Tribunal Constitucional 233/2015 reconocía que las nuevas prórrogas extraordinarias permitían
estabilizar los derechos concesionales y adaptarlos a un horizonte temporal semejante al nuevo plazo máximo de duración de 75 años.
Por su parte, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, aún vigente, venía a derogar el antiguo Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y tenía por objeto
actualizar determinados aspectos del Reglamento de 1989 incluidos en el nuevo marco normativo de 2013.
Entre los temas incluidos en el nuevo desarrollo reglamentario de 2014 se encuentran el detalle del régimen de la prórroga extraordinaria de las concesiones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2013, y la especificidad por cada uno
de los tipos de usos; los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre; el nuevo régimen de los terrenos inundados; la regulación del Registro de la Propiedad y el Catastro en los
deslindes; la consideración del régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave; los diferentes requisitos de ocupación según las playas sean naturales o urbanas; o tener en consideración los mandatos de diversas normas y acuerdos
internacionales promulgados desde 1989.
El propio Dictamen del Consejo de Estado, sobre el Real Decreto 876/2014, amparaba la legalidad de la duración de las prórrogas extraordinarias y no formuló reparo sobre la redacción del artículo 172 del Reglamento General de Costas que
desarrollaba este precepto.
En la parte final de la XII legislatura, en el año 2019, el Gobierno socialista sometió a información pública una propuesta de modificación del Reglamento General de Costas, en la que se pretendía eliminar las prórrogas extraordinarias.
Esta modificación no se llevó a término, entre otros motivos, por el adelanto electoral y por no existir un paraguas con rango de ley que amparara dichas modificaciones. Este proceso de participación recibió más de 1.000 alegaciones que se
analizaron en profundidad, según fuentes del Gobierno.
Pero el Gobierno no ha cesado en su intento y ha utilizado la artimaña de la tramitación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, para encontrar la coartada para incluir en su articulado (artículo 20) una
interpretación sobre los plazos máximos de duración de las concesiones, sin realizar una modificación directa de las normas afectadas. Es más, se obvia la existencia del artículo 2 propio de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.
El Dictamen del Consejo de Estado ya criticaba, sobre la tramitación del anteproyecto de ley de cambio climático, la técnica normativa y advertía de la necesidad de corregir el texto para evitar dudas interpretativas. Una vez aprobada la
ley 7/2021, también se echaba en falta una disposición transitoria que regulara la situación jurídica de situaciones anteriores o de una disposición derogatoria en la que se realizara una mayor concepción en las derogaciones, dando mayor seguridad
jurídica. En definitiva, parece confirmar que la inclusión de este asunto en la Ley de cambio climático solo pretendía conseguir el marco normativo adecuado a sus objetivos.
Probablemente para evitar esa interpretación, y completando la modificación de la legislación de costas encubierta ya citada anteriormente e iniciada con la Ley de Cambio Climático, el 7 de enero de 2022 finalizaba el periodo de información
pública del proyecto de una nueva propuesta de modificación del reglamento de costas. Las fechas de este nuevo proceso participativo y la ausencia de publicidad sorprendieron a muchos afectados, que no pudieron realizar alegaciones.
Este nuevo texto se asemeja en lo sustancial al documento publicado en enero de 2019, cuando el gobierno intento acelerar la modificación. Nuevamente, la propia exposición de motivos de la propuesta reglamentaria quiere dar a entender que
la duración de las prórrogas extraordinarias establecidas en la Ley 2/2013 resulta inconstitucional, caso que no ha sido recogido en ninguna de las sentencias, como se ha puesto de manifiesto anteriormente.
La propuesta de modificación del reglamento incluía otras cuestiones, como la delimitación del dominio público marítimo-terrestre desde el punto máximo donde hayan llegado las ola independientemente de su periodicidad, la no revisión de los
deslindes cada 50 años, la reiteración en la capacidad potestativa de las administraciones en realizar las concesiones, la subjetividad a la hora de otorgar concesiones y prórrogas, nuevos criterios para el deslinde en zonas donde existen paseos
marítimos, nuevos criterios sobre el pago de los cánones de ocupación, así como muchos aspectos sin aclarar, como la situación particular en el deslinde de las islas, como el caso de Formentera, la potestad de la administración para otorgar
concesiones por el tiempo máximo, el pleno derecho de los propietarios y la inclusión de tantos requerimientos de cumplimiento que parece ser una coartada para justificación la no concesión de cualquier propuesta.
Además, la modificación del reglamento señalaba precisamente su objetivo en modificar aquellos artículos que la jurisprudencia venía interpretando en el sentido pretendido por la Ley 2/2013, buscando así, por la vía indirecta, dejar sin
efecto los fines pretendidos por aquella Ley. Con ello queda aún más de manifiesto que el fin último de esa modificación reglamentaria no es otro que, junto a los cambios introducidos en la Ley de Cambio Climático, eliminar los efectos beneficiosos
que las modificaciones de la Ley 2/2013 esquivando la modificación de la propia Ley de Costas.
Finalmente, las nuevas reglas fueron aprobadas por Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, es decir, en pleno verano, generando un rechazo entre los afectados que recurrieron la norma.
Fruto de uno de los recursos, el Tribunal Supremo anulaba el pasado mes de febrero de 2024 la reforma del Reglamento General de Costas aprobado por el gobierno en 2022, por un defecto de forma en la tramitación al omitir la consulta pública.
En consecuencia, se retornaba al texto original del Real Decreto 876/2014.
Sin perder tiempo, el Gobierno ha vuelto a abrir el proceso de participación pública, esta vez iniciando desde la fase de consulta pública previa, que estuvo abierta hasta el 22 de marzo de 2024, siendo muy previsible que el proyecto de
nuevo reglamento se asemeje al aprobado en 2022.
Ha quedado de manifiesto la obsesión de este Gobierno por la legislación existente en materia de costas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Valorar, una vez finalizado el proceso de consulta pública, la idoneidad de modificar el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas.
2. Completar, en su caso, un verdadero proceso de participación pública acorde a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
3. Tener en cuenta, en caso de continuar con el proceso, las alegaciones realizadas en el periodo de participación pública de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, con un proceso de valoración sin prejuicios y transparente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz, Juan Diego Requena Ruiz, César Sánchez Pérez, Tomás Cabezón Casas, Javier
José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Maribel Sánchez Torregrosa, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Alberto Herrero Bono, Guillermo Mariscal Anaya, Bella Verano Domínguez, Carlos Gil Santiago y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el cierre de la Central Nuclear
Trillo I en 2035, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como el 7.º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), documentos recientemente aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, propugnan el abandono de la Energía Nuclear y el
proceso de cierre de los reactores operativos de las Centrales Nucleares en España, que dará inicio con el cierre de la central de Almaraz I en 2027 y Almaraz II en 2028, a las que seguirán progresivamente el de Ascó I y Ascó II, Cofrentes,
Vandellós II, y finalmente Trillo, en 2035, sumándose a las ya cerradas de Garoña, en Burgos, y José Cabrera, en Guadalajara.
La Conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP28) celebrada recientemente en Dubái, con presencia de 200 países, ha establecido las políticas que deben implementarse para conseguir emisiones cero en el año 2050. Para ello se acordó
triplicar la capacidad actual en energías renovables y acelerar el desarrollo de tecnologías de cero o bajas emisoras de gases efecto invernadero, entre ellas la energía nuclear. Es el denominado 'Acuerdo de Dubái'.
Las centrales nucleares no generan C02 en la producción de electricidad, con lo que esta energía, catalogada como 'energía limpia', ayuda a conseguir los objetivos de emisiones cero en 2050. Queda por resolver en nuestro país la solución
definitiva a los residuos radiactivos de alta actividad, que el Gobierno, en el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, ha contemplado la puesta en marcha de Almacenes Temporales Descentralizados en los emplazamientos de las centrales nucleares,
hasta su traslado al almacenamiento definitivo, que se difiere hasta medio siglo con la construcción y puesta en marcha de un Almacenamiento Geológico Profundo.
En la provincia de Guadalajara, llevamos conviviendo con la actividad de las centrales nucleares desde hace más de 50 años, con un balance altamente positivo, generando una importante actividad industrial y gran cantidad de puestos de
trabajo directos e indirectos, vitales para mantener los niveles de población de los municipios del entorno, que se verán gravemente afectados, económica y demográficamente, con el cierre de las centrales nucleares.
El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo competente que controla, inspecciona, evalúa y garantiza la operatividad segura de las centrales respecto a personas y medio ambiente, con el que los municipios e instituciones mantienen un
contacto constante y directo. El CSN es el organismo que debe informar sobre la seguridad de las Centrales Nucleares en su funcionamiento y eventuales prórrogas.
Las centrales nucleares en Guadalajara y en toda España genera una gran cantidad de empleo en zonas rurales y despobladas (en 2022 la CN de Trillo tenía una plantilla directa de 370 personas sin contar empleos indirectos) y las centrales
nucleares españolas mantienen una fuerte actividad de l+D cercana a 70 millones de euros anuales, desarrollan conocimiento tecnológico cuya utilidad va más allá de las centrales, proveen a la red eléctrica de energía constante de gran valor
estratégico para la seguridad de suministro, sus bajos costes de producción influyen en el mantenimiento de los precios de la energía y, además, no emiten C02 a la atmósfera.
La Central Nuclear de Trillo es un importante foco de desarrollo económico y social, se estima que genera 1.300 puestos de trabajo (directos e indirectos), a los que hay que añadir otros 1.000 profesionales en periodo de recarga. CN Trillo
I genera el 3 % de la demanda eléctrica anual, lo que equivale al consumo de 2 millones de hogares españoles.
El 27 de marzo de 2023 el titular de la CN de Trillo I presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la solicitud de renovación para la autorización de explotación de esta central, que fue concedida. El
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como el 7.º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), documentos aprobados por el Gobierno, han fijado el inicio del cierre de la CN Trillo I para 2035.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la extensión de la vida útil de la central nuclear de Trillo, previo informe favorable a tal efecto del Consejo de Seguridad Nuclear, en las condiciones técnico-económicas que
permitan su sostenimiento a sus titulares y la mejora de la eficiencia económica y de la seguridad de suministro para el conjunto del sistema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-Antonio Román Jasanada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los articulos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conservación y proliferación de la posidonia en el mar
Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Sin azul no hay verde. Sin agua, no hay vida. Son palabras de la oceanógrafa Sylvia Earle. Ya hace décadas que las alarmas están sonando en nuestras costas del Mediterráneo, uno de los mares más sobreexplotados, contaminados y estresados
de nuestro planeta. Desde 1960 se ha reducido entre un 13 y un 38 % la extensión de las praderas marinas de posidonia, y desde los años noventa la densidad de haces de posidonia ha disminuido un 50 %, según datos del Institut Mediterrani d'Estudis
Avançats. La posidonia es una planta marina endémica del mar Mediterráneo que se ubica desde la superficie hasta a más de 40 metros de profundidad. Varios estudios, entre ellos uno elaborado por la European Geosciences Union (EGU), señalan que las
praderas marinas son capaces de capturar CO2 y enterrarlo en el suelo, convirtiéndose en importantes sumideros naturales de carbono. Algunos expertos, como José Luis Gallego, divulgador medioambiental, señalaba que la posidonia es capaz de capturar
y almacenar CO2 hasta 20 veces más que los bosques (produce 20 litros de oxigeno por metro cuadrado, y capta cantidades importantes de CO2). La posidonia es la vegetación más extendida en fondos litorales del Mediterráneo de entre 0 y 35 metros de
profundidad, con un papel indispensable tanto como hábitat de otras especies como por su función en la retención de sedimentos y nutrientes y oxigenación del agua.
La Associació Vellmari de Formentera ha lanzado la campaña Reserva 30 del Mediterráneo, cuyo manifiesto pone en relieve que 'aunque en las últimas décadas se han instaurado numerosas zonas marinas protegidas, tan solo el 0,23 % de la cuenca
Mediterránea está convenientemente protegida', con 'más de un millar de especies invasoras' en un mar cuyas aguas 'se calientan un 20 % más rápido que el resto del planeta'. La campaña da un dato muy preocupante: en el 99 % de las áreas protegidas
no hay más restricciones dentro de ellas que fuera. Es por ello que esta iniciativa pide reservar un 30 % de las aguas del mediterráneo español para la recuperación de la pesca local, la restauración de la calidad del agua, evitar el colapso de
especies y ecosistemas y contribuir a la absorción de carbono en la atmósfera. Esta campaña va en la línea de la recién Ley aprobada en el Parlamento Europeo de Restauración de la Naturaleza que establece que los Estados Miembros deben restaurar al
menos el 30 % de los ecosistemas terrestres y acuáticos deteriorados para el 2030.
El problema es muy grave y conviene darle una solución adecuada, efectiva y rápida. El cambio climático es una realidad, y ya estamos viendo sus efectos no solo con el aumento de las temperaturas, tanto en el mar como en tierra, sino la
sucesión cada més más frecuente de fenómenos extremos. De hecho, un reciente estudio elaborado en febrero de 2024 por el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), llamado
Evaluating The Extent And Impact Of The Extreme Storm Gloria On Posidonia Oceanica Seagrass Meadow apunta que evitar la fragmentación antropogénica es lo mejor que se puede hacer a nivel local, y concluyó que durante el Gloria hubo desenterramiento
de 40cm de sedimento removido, afectando a más del 50 % de la pradera, y se observaron signos evidentes de mata recientemente muerta y grandes cantidades de brotes desprendidos a la deriva o acumulados en escombros en las playas. El estudio también
apunta algo fundamental: las praderas expuestas y fragmentadas fueron mucho más vulnerables que las praderas protegidas o continuas. Proteger las praderas vulnerables de la fragmentación
antropogénica es crucial, dice el estudio, para garantizar la resiliencia de estos ecosistemas frente a la crisis climática.
En 2022, Agents Rurals informaron que denunciaron siete embarcaciones que estaban fondeadas sobre la posidonia en la Costa Brava. En 2023 la cifra aumentó un 43 %. Estos agentes trabajan sobre dos parques naturales marinos, el de Montgri,
les Illes Medes i el Baix Ter i el del Cap de Creus. Teniendo en cuenta el grado de afectación que las embarcaciones tienen en zonas protegidas y señalizadas como espacios con posidonia, cabe suponer una proporción mucho más grande en zonas donde
habita y no se encuentran protegidas.
En Baleares, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural presentó un balance en octubre del año pasado del Servicio de vigilancia de la posidonia, con un total de 180.867 actuaciones en las Illes Balears. En 2018 el Govern de les
Illes Balears impulsó una norma pionera en España con el Decreto 25/2018de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia Oceánica en las Illes Balears, cuyo objetivo es la conservación de la posidonia oceánica y las comunidades biológicas de
las que forma parte, con regulaciones especifiques de usos y actividades que pueden afectar la especie y su hábitat. Así pues, no fue hasta el 2018 que se aprobó la primera medida de protección de esta planta imprescindible para nuestro ecosistema
en España.
En el documental Salvemos nuestro Mediterráneo, dirigido por National Geographic, diversos expertos, explican que los vertidos de desechos en el mar provocan la aparición de poblaciones de bacterias que consumen el oxígeno del agua y se
conforman con aspecto de alga. Todo lo que hay debajo de ellas muere por asfixia. El investigador Carlos Duarte explica en dicho documental que las tasas de mortalidad de la posidonia se disparan si la temperatura del agua sobrepasa los 28,5
grados. El investigador explica que desde 2015 ha habido grandes periodos en los que, a entre 15 y 20 metros de profundidad, la temperatura no baja de los 29 grados. La posidonia se enfrenta a los fondeos, a los vertidos de aguas sucias y a las
elevadas temperaturas.
Es imprescindible emprender medidas urgentes, valientes y efectivas para no solo la protección de la posidonia, sino su recuperación por toda nuestra costa mediterránea. Esta planta es esencial para todo el funcionamiento del ecosistema
marino, hogar de multitud de organismos, depuradora de agua y generadora de cantidades importantes de oxígeno en el fondo marino, además de ser uno de los sumideros de carbonos más importantes que tenemos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una Estrategia Nacional de conservación de la Posidonia Oceánica con el fin de aumentar las praderas marinas de toda la costa mediterránea.
2. Priorizar y aumentar hasta un 30 % del total del mar Mediterráneo la protección de áreas marinas estratégicas para la conservación y proliferación de la posidonia de manera efectiva, en las que se detallen las restricciones, entre otras
la prohibición de fondear y la sobreexplotación de la pesca.
3. Fomentar, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, el uso de boyas ecológicas permanentes que no supongan un riesgo para la biodiversidad, en especial para la posidonia, y que además generen hábitats que hagan
proliferar la vida en el mar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Júlia Boada Danés y Eloi Badía Casas, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la conservació i proliferació de la posidonia en la mar Mediterránia, per al
seu debat en la Comissió de Transició Ecológica i Repte Demográfic.
Exposició de motius
Sense blau no hi ha verd. Sense aigua, no hi ha vida. Són paraules de l'oceanògrafa Sylvia Earle. Ja fa dècades que les alarmes estan sonant en les nostres costes del Mediterrani, un de les mars més sobreexplotades, contaminats i
estressats del nostre planeta. Des de 1960 s'ha reduït entre un 13 i un 38 % l'extensió de les prades marines de posidònia, i des dels anys noranta la densitat de feixos de posidònia ha disminuit un 50 %, segons dades de l'Institut Mediterrani
d'Estudis Avançats. La posidònia és una planta marina endèmica de la mar Mediterrània que se situa des de la superficie fins a més de 40 metres de profunditat. Diversos estudis, entre ells un elaborat per l'European Geosciences Union (EGU),
assenyalen que les prades marines són capaces de capturar CO2 i enterrar-ho en el sòl, convertint-se en importants embornals naturals de carboni. Alguns experts, com José Luis Gallego, divulgador mediambiental, assenyalava que la posidònia és capaç
de capturar i emmagatzemar CO2 fins a 20 vegades més que els boscos (produeix 20 litres d'oxigen per metre quadrat, i capta quantitats importants de CO2). La posidònia és la vegetació més estesa en fons litorals del Mediterrani d'entre 0 i 35
metres de profunditat, amb un paper indispensable tant com hàbitat d'altres espècies com per la seva funció en la retenció de sediments i nutrients i oxigenació de l'aigua.
L'Associació Vellmari de Formentera ha llançat la campanya Reserva 30 del Mediterrani, el manifest del qual posa en relleu que 'encara que en les últimes dècades s'han instaurat nombroses zones marines protegides, tan sols el 0,23 % de la
conca Mediterrània està convenientment protegida', amb 'més d'un miler d'espècies invasores' en una mar les aigües de la qual 's'escalfen un 20 % més ràpid que la resta del planeta'. La campanya dona una dada molt preocupant: en el 99 % de les
árees protegides no hi ha més restriccions dins d'elles que fora. És per això que aquesta iniciativa demana reservar un 30 % de les aigües del mediterrani espanyol per a la recuperació de la pesca local, la restauració de la qualitat de l'aigua,
evitar el col-lapse d'espècies i ecosistemes i contribuir a l'absorció de carboni en l'atmosfera. Aquesta campanya va en la línia de la recentment Llei aprovada en el Parlament Europeu de Restauració de la Naturalesa que estableix que els Estats
membres han de restaurar almenys el 30 % dels ecosistemes terrestres i aquàtics deteriorats per al 2030.
El problema és molt greu i convé donar-li una solució adequada, efectiva i ràpida. El canvi climàtic és una realitat, i ja estem veient els seus efectes no sols amb l'augment de les temperatures, tant en la mar com en terra, sinó la
successió cada cop més freqüent de fenòmens extrems. De fet, un recent estudi elaborat al febrer de 2024 pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), pertanyent al Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), anomenat Evaluating The Extent
And Impact Of The Extreme Storm Gloria On Posidonia Oceanica Seagrass Meadow apunta que evitar la fragmentació antropogènica és el millor que es pot fer a nivell local, i va concloure que durant el Gloria va haver-hi desenterrament de 40cm de
sediment remogut, afectant més del 50 % de la prada, i es van observar signes evidents de mata recentment morta i grans quantitats de brots despresos a la deriva o acumulats en enderrocs a les platges. L'estudi també apunta una cosa fonamental:
les prades exposades i fragmentades van ser molt més vulnerables que les prades protegides o continues. Protegir les prades vulnerables de la fragmentació antropogènica és crucial, diu l'estudi, per a garantir la resiliència d'aquests ecosistemes
enfront de la crisi climàtica.
En 2022, Agents Rurals van informar que van denunciar set embarcacions que estaven fondejades sobre la posidònia en la Costa Brava. En 2023 la xifra va augmentar un 43 %.
Aquests agents treballen sobre dos parcs naturals marins, el de Montgri, les Illes Medes i el Baix Ter i el del Cap de Creus. Tenint en compte el grau d'afectació que les embarcacions tenen en zones protegides i senyalitzades com a espais
amb posidònia, cal suposar una proporció molt més gran en zones on habita i no es troben protegides.
A Balears, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural va presentar un balanç a l'octubre de l'any passat del Servei de vigilància de la posidònia, amb un total de 180.867 actuacions a les Illes Balears. En 2018 el Govern dels Illes
Balears va impulsar una norma pionera a Espanya amb el Decret 25/2018 de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidònia Oceànica a les Illes Balears, l'objectiu de les quals és la conservació de la posidònia oceànica i les comunitats biològiques
de les quals forma part, amb regulacions especifiques d'usos i activitats que poden afectar l'espècie i el seu hàbitat. Així doncs, no va ser fins al 2018 que es va aprovar la primera mesura de protecció d'aquesta planta imprescindible per al
nostre ecosistema a Espanya.
En el documental Salvem el nostre Mediterrani, dirigit per National Geographic, diversos experts, expliquen que els abocaments de deixalles en la mar provoquen l'aparició de poblacions de bacteris que consumeixen l'oxigen de l'aigua i es
conformen amb aspecte d'alga. Tot el que hi ha sota elles mor per asfixia. L'investigador Carlos Duarte explica en aquest documental que les taxes de mortalitat de la posidónia es disparen si la temperatura de l'aigua sobrepassa els 28,5 graus.
L'investigador explica que des de 2015 hi ha hagut grans periodes en els quals, a entre 15 i 20 metres de profunditat, la temperatura no baixa dels 29 graus. La posidònia s'enfronta als fondejos, als abocaments d'aigües brutes i a les elevades
temperatures.
És imprescindible emprendre mesures urgents, valentes i efectives per a no sols la protecció de la posidònia, sinó la seva recuperació per tota la nostra costa mediterrània. Aquesta planta és essencial per a tot el funcionament de
l'ecosistema marí, llar de multitud d'organismes, depuradora d'aigua i generadora de quantitats importants d'oxigen en el fons marí, a més de ser un dels embornals de carbonis més importants que tenim.
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:
1. Establir una Estratègia Nacional de conservació de la Posidònia Oceànica amb la finalitat d'augmentar les prades marines de tota la costa mediterrània.
2. Prioritzar i augmentar fins a un 30 % del total de la mar Mediterrània la protecció d'àrees marines estratègiques per a la conservació i proliferació de la posidònia de manera efectiva, en les quals es detallin les restriccions, entre
altres la prohibició de fondejar i la sobreexplotació de la pesca.
3. Fomentar, en collaboració amb les administracions autonòmiques i locals, l'ús de boies ecològiques permanents que no suposin un risc per a la biodiversitat, especialment per a la posidònia, i que a més generin hàbitats que facin
proliferar la vida en la mar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Júlia Boada Danés y Eloi Badía Casas, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Registro nacional de espacios y festejos taurinos en España y a su impulso como atractivo turístico nacional e internacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Fundación Toro de Lidia definía en el documento de las 37 medidas contra la crisis del COVID 19 que la Tauromaquia es uno de los principales emblemas de la 'Marca España', una imagen icónica de nuestro país que ha despertado la admiración
de pintores, novelistas, poetas, escultores, cineastas, y músicos de todas las nacionalidades y de todos los tiempos.
Y se decía que también es un elemento ineludible, sin el cual no pueden entenderse la mayor parte de nuestras celebraciones festivas como pueblo. Desde los San Fermines a las Fallas pasando por la Feria de Abril, la Semana Grande de Bilbao,
las fiestas de El Pilar en Zaragoza, las Hogueras de Alicante, las ferias de Salamanca, la feria de San Isidro en Madrid, Albacete o Murcia no pueden comprenderse sin sus festejos taurinos. Como tampoco pueden entenderse las fiestas de miles de
pequeñas localidades de toda España sin la vertebración que le aportan las innumerables modalidades de los ritos festivos del toro en la calle, que no solo mantienen y actualizan ritos milenarios de la cultura mediterránea, sino que han ayudado a
conservar un patrimonio cultural, gastronómico y folclórico que, de otro modo, se hubiera perdido.
La asistencia a los festejos taurinos por parte de los aficionados españoles y extranjeros supone, además, un elemento sustancial de dinamización del turismo y de la hostelería, y así son conscientes el sector de la hostelería y la
restauración. No solo pasa en España, ciudades como Dax, Arles o Nimes en el sur de Francia, son conscientes de la importancia económica y social de estas fiestas taurinas.
En España, los festejos taurinos ganan en popularidad y diversidad. Así, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos destaca en su último informe de 2023 que 'se han celebrado 154 festejos más, subiendo en todas las
tipologías: corridas de toros (15 %), novilladas (34 %), novilladas sin caballos (46 %) y manteniéndose en los rejones'. Además, son las corridas de toros la actividad más demandada por el público del sector, 'habiéndose celebrado 403 en la pasada
temporada frente a las 297 novilladas picadas y las 341 novilladas sin caballos'.
Castilla La Mancha y Castilla y León son las comunidades autónomas con más festejos, mientras Andalucía celebra la mayor parte de corridas de toros y Madrid el mayor número de novilladas picadas. Estos festejos contribuyen a la vertebración
territorial de España al desarrollarse mayoritariamente en pequeños municipios, de lo cual da muestra que son acogidos generalmente por plazas de tercera y cuarta categoría.
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, establece en su artículo 2 que la tauromaquia 'forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional' y en su
artículo 3 que 'en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución'.
Por su parte, la tauromaquia está igualmente protegida por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Los festejos populares taurinos son todos aquellos espectáculos tradicionales relacionados con los toros donde la muerte del animal no se produce en presencia del público, y suponen un claro ejemplo de patrimonio inmaterial, salvaguarda de
costumbres, vocabulario, artesanía, etc.
En España, a fecha de 2018, se computó un total de 18.357 festejos, hecho que implica que este tipo de fiestas estén presentes en el sello cultural de muchos de nuestros pueblos. La importancia de estos festejos de diferentes localidades,
así como el gran número de visitantes y su proyección en medios de comunicación nacionales e
internacionales les ha hecho merecedoras de la declaración de interés turístico autonómico, nacional e internacional.
Desde las más antiguas, los 'sanjuanes' en Coria (Cáceres) del S. VII a. C., en Coria donde se realizaban ritos religiosos, con motivo del solsticio de verano, que giraba alrededor de la figura del toro y del fuego, hasta los encierros de
Olmedo o Medina del Campo, en Castilla y León, los festejos populares recorren nuestra geografía dejándonos un rosario de fiestas tradicionales que nos identifican.
Que la tauromaquia es un atractivo turístico es incontestable. No solo las asistencias a festejos, sino las visitas a los museos taurinos, como el de la plaza de toros de la Maestranza o el de las Ventas, o las visitas a las principales
ganaderías de nuestro país, desde Andalucía a Extremadura, Madrid o Castilla y León, donde se puede disfrutar de la dehesa y conocer todos los trabajos que se desarrollan en torno al toro bravo.
Como claros ejemplos, cada año, la ciudad de Pamplona se viste de blanco y rojo para celebrar los famosos Sanfermines, una festividad que atrae a miles de visitantes de todo el mundo. Más allá de su reconocimiento internacional, estos
festejos taurinos son de vital importancia para la economía local, sobre la que deja una profunda huella con un impacto estimado de 70 millones euros, y una altísima audiencia televisiva del 70 %.
El museo Taurino de las Ventas es uno de los más visitados de Madrid con una media de 50.000 visitantes al año y tres grandes salas dedicadas a la propia plaza de toros; a toros, toreros y a vestidos de torear; y finalmente, una sala
expositiva de la pintura taurina y los carteles originales de las obras que han anunciado las corridas goyescas del 2 de Mayo y Beneficencia, bajo la firma de Barceló, Arroyo, Úrculo, Pérez Villalta, Manuel Alcorlo y Alicia Ochoa, entre otros.
En Sevilla, desde la década de 1940 la Real Maestranza de Caballería recabó piezas para tener su museo, y en 198, María de las Mercedes de Borbón lo inauguró en el interior de la plaza de toros. En 2002 se adquirieron 500 obras de arte de
la tauromaquia con reconocidos artistas como Goya, Fortuny o Benlliurey. Este museo, el más visitado de la ciudad, se acerca a las 400.000 visitas al año.
Por otro lado, el turismo rural enfocado al sector taurino crece, y ya son muchas las ganaderías que permiten disfrutar de la grandeza del toro en la dehesa, y conocer todas las actividades y labores que se desarrollan en torno al toro
bravo.
La Diputación de Badajoz ha impulsado diferentes jornadas de debate, donde desarrollar una aproximación al propio concepto de turismo taurino, dando voz a las diferentes experiencias que se están desarrollando en la actualidad, así como
sobre la economía aplicada a la tauromaquia en los congresos de Turismo Taurino celebrados en Olivenza.
Tal y como definía Miguel Ángel Moncholi, Doctoren Ciencias de la Comunicación, el concepto de turismo taurino es una forma de descubrir el alma y la belleza ancestral del toro de lidia, conocer la importancia y dificultades de su cría y
mantenimiento, observar su comportamiento en estado prácticamente salvaje, valorar su significado a lo largo de la historia y su influencia en las bellas artes, la gastronomía, y la enología.
Es sin duda alguna un turismo sostenible que permite promover la explotación turística de las ganaderías como centro de fomento cultural, así como fuente de riqueza y empleo. Una oferta orientada a un cliente diverso que puede demandar un
conocimiento sobre el mundo del toro de lidia y la tauromaquia. Una aproximación conceptual que parte de la filosofía de la Unión Europea de Turismo Taurino, con el objeto de poner en valor toda la industria taurina desde sus distintas vertientes.
Ejemplos como el proyecto que puso en marcha la diputación de Jaén, 'Jaén, Cultura del Toro', basado en la promoción de los atractivos vinculados al toro que atesora la provincia andaluza con sus oficios, artesanía y costumbres son ejemplos
de este atractivo turístico. Una provincia con un gran arraigo taurino, con más de 100 festejos taurinos populares cada año, algunos de ellos catalogados como Fiesta de Interés Turístico, como la de San Marcos de Beas de Segura, cuenta además con
varias plazas de toros del siglo XIX, como la plaza de Linares que ha cumplido su 150 aniversario, y 125 años la de Baeza.
En resumen, estas expresiones culturales, fiestas y tradiciones atesoran un importantísimo patrimonio etnográfico, y además suponen una palanca económica, sobre todo en aquellas localidades más despobladas y desconectadas de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un registro nacional de festejos taurinos para su protección como patrimonio etnográfico y palanca económica de las diferentes localidades donde se desarrollan, en especial en aquellas que cuentan con menos población, para su
protección, promoción y difusión.
2. Desarrollar, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo y las Comunidades Autónomas, una campaña de promoción y difusión de los festejos taurinos en municipios de menos de 10.000 habitantes, para la consolidación del
turismo taurino en áreas escasamente pobladas.
3. Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, una guía con los museos, espacios taurinos -plazas de toros, peñas, galerías especializadas, bibliotecas temáticas, salas de exposiciones- y ganaderías que desarrollan
actividades turísticas, donde los visitantes puedan disfrutar de todas las actividades culturales y patrimoniales relacionadas con la tauromaquia.
4. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y la FEMP, la difusión de ambas iniciativas.
5. Llevar a cabo, desde el Ministerio de Cultura, un informe económico del impacto de la actividad taurina, en toda la cadena de valor del toro bravo, incluida la actividad turística, en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Borja Sémper Pascual, Eduardo Carazo Hermoso, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Edurne Uriarte Bengoechea,
Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López, Mirian Guardiola Salmerón y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Academia Aragonesa de la Lengua, para su debate en la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El aragonés y el catalán de Aragón son las dos lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón en las que se incluyen todas las modalidades lingüísticas que se hablan en las distintas comarcas aragonesas. Desde el inicio del proceso
autonómico han tenido protección recogida en el Estatuto de Autonomía desde 1982 (Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto), aunque nunca con la consideración de cooficialidad:
'Artículo 7. Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección, como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico.'
La última reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, efectuada por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, ha establecido, en su artículo 7, bajo el título de lenguas y modalidades lingüísticas propias, lo siguiente:
'1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.
2. Una ley de Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la
protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones
Públicas aragonesas.
3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.'
A pesar de carecer de rango cooficial, no podemos olvidar que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (STCE núm. 148) del Consejo de Europa, firmada en 1992 y ratificada en 2001 por el Estado español, reconoce y protege al
aragonés y al catalán de Aragón. Por lo tanto, es imperativo que el Estado y las Comunidades Autónomas cumplan con los compromisos adquiridos con la ratificación y las diversas recomendaciones que se establecen en los informes de seguimiento año
tras año.
No obstante, las instituciones aragonesas tardaron 27 años en legislar sobre la protección de sus lenguas propias. La primera Ley de Lenguas tuvo que esperar hasta 2009. En desarrollo del citado artículo 7 del Estatuto de Autonomía, se
aprobó, bajo la presidencia de Marcelino Iglesias, la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón. Posteriormente, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, fue derogada por la Ley 3/2013, de 9
de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
En el artículo 7 de la Ley vigente se crea la Academia Aragonesa de la Lengua:
'1. Se crea la Academia Aragonesa de la Lengua como institución científica oficial en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias.
2. Corresponde a la Academia Aragonesa de la Lengua:
a) Establecer las normas referidas al uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
b) Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias y con su promoción social.
3. La Academia Aragonesa de la Lengua estará compuesta por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística, preferentemente doctores, y con preferencia de nativos hablantes, que cuenten con una larga
trayectoria en la práctica y el fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa, y en la que estén representadas las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
4. El Gobierno de Aragón aprobará los estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, en los que se fijará su composición, organización y funcionamiento.'
En el artículo 1 de los Estatutos de la Academia, aprobado por el Decreto 56/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, se establece:
'1. La Academia Aragonesa de la Lengua es la institución científica oficial y pública en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, que
ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, para garantizar su objetividad e independencia.
2. La Academia Aragonesa de la Lengua se compone de dos institutos: el Instituto de I'aragonés y el Institut aragonés del català.'
En este sentido, en el marco regular de cooperación entre Administración Estatal e Instituciones Autonómicas, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades colabora de forma directa financiando diversas entidades relacionadas con la
investigación y el estudio de diversas materias, actuando de forma análoga a la forma de proceder de las Reales Academias en el ámbito nacional. De esta manera, al igual que en ejercicios anteriores, en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en concreto, en la Sección 18: Ministerio de Ciencia e Innovación, programa 463A Investigación científica, en el capítulo 4, se aprobaron subvenciones nominativas para gastos de funcionamiento en
favor de, entre otras instituciones, las distintas academias de las lenguas oficiales y no oficiales: Institut d'Estudis Catalàns, Real Academia de la Lengua Vasca 'Euskaltzaindia', Real Academia Galega, Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa
dera Lengua Occitana y Academia de la Llingua Asturiana. Recientemente, en el Consejo de Ministros de 7 de mayo de 2024, se ha aprobado el Real Decreto 470/2024, 'por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones a entidades
relacionadas con la investigación y el conocimiento', para atender la financiación, entre otras entidades, de las mencionadas academias lingüísticas durante el presente ejercicio.
Dado que la Academia Aragonesa de la Lengua es la única institución científica oficial de lenguas protegidas que no cuenta con esa subvención estatal, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas normativas y presupuestarias necesarias para incorporar a la Academia Aragonesa de la Lengua entre las academias lingüísticas receptoras de subvención directa anual por
parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a la política de gestión del sistema de ciencia y
tecnología y el trabajo del personal docente e investigador, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Según los datos proporcionados por Web of Science y el Observatorio IUNE, constituido a partir de la alianza entre la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad
Pompeu Fabra, las universidades españolas han incrementado significativamente sus índices de productividad a lo largo de la última década, en lo concerniente a trabajos publicados por profesores e investigadores. El valor más alto que se toma como
referencia indica que una misma institución incrementó progresivamente el número de publicaciones de 4.996 en 2012 a 7.938 en 2021, esto es un incremento superior al 30 % en una década sin un incremento proporcional en recursos e infraestructuras de
investigación en el sistema de ciencia y tecnología. Este incremento evidencia el llamado efecto ANECA y las normativas
de productividad establecidas como parámetros en el marco de una concepción manifiestamente neoliberal de la política de ciencia y tecnología. Desde la Declaración de Bolonia y el desarrollo normativo de la LOU, se ha impuesto una lógica
positivista y de valoración básicamente cuantitativa de los resultados de la producción del conocimiento, a la par que se han implementado procesos de organización y evaluación del trabajo académico provenientes de la empresa acompañados de procesos
intensivos de control burocrático con la digitalización en todos los niveles de la actividad académica.
Según la normativa española en las universidades públicas, el profesorado con dedicación a tiempo completo tiene una jornada laboral fijada a partir del 1 de enero de 2012 de un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. Las
obligaciones docentes en su jornada laboral: en general es de 8 horas lectivas semanales, tanto para funcionarios como para el profesorado contratado. En general, el PDI desempeña una actividad docente en cada curso académico de un total de 24
ECTS; si bien, como es sabido, puede variar en función de la actividad investigadora que les sea reconocida.
El profesorado con dedicación a tiempo parcial está regulado en el artículo 9 del Real Decreto 898/1985, sobre régimen del profesorado universitario. Tiene un mínimo de 3 y un máximo de 6 horas lectivas, y un número igual de horas de
tutoría a la semana. Mientras que en las universidades privadas el total de horas de trabajo semanal depende del régimen de dedicación del profesorado. El VIII Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados
y Centros de Formación de Postgraduados define el régimen de dedicación del profesorado en centros educativos con ánimo de lucro para el profesorado con jornada completa exclusiva: 1.685 horas anuales, de las que 613 son para docencia y 1.072 horas
para otras actividades (tareas de gobierno, trabajos de investigación, preparación de clases y tutorías, etc.). La distribución de la jornada semanal la realiza la empresa según sus necesidades al comienzo de curso o de cada cuatrimestre. Esta
organización horaria formal del trabajo del PDI no contempla, de facto, numerosas actividades administrativas, burocráticas o tecnológicas que en la última década se han incrementado notoriamente. Aunque la LOSU explícita la necesidad de
modificaciones necesarias en las exigencias respecto del incremento de los procesos de burocratización siguen sin regularse aspectos verdaderamente dañinos para el sistema de ciencia y tecnología que afectan a la sobreexplotación del personal
académico y efectos no deseados como el síndrome del' profesor quemado.
El problema de la desburocratización no solo es una cuestión de derecho laboral del personal cualificado de ciencia y tecnología, sino que afecta al desarrollo original de la producción social del conocimiento en la medida que da lugar a
barreras para el desarrollo del saber social general ante el bloqueo y exceso de procedimientos administrativos que imponen muchas veces las instituciones en sus protocolos de organización, resultando un corsé innecesario que limita el trabajo
creativo de los propios docentes e investigadores. El aumento notorio del tiempo de trabajo que las nuevas tecnologías y las normas administrativas imponen al PDI ha llegado al extremo de que prácticamente se destina mayor cantidad de tiempo a
rellenar formularios y plataformas de gestión que a estudiar, investigar e impartir clases como parte principal del trabajo ordinario. Este crecimiento exponencial de los procesos burocráticos se ha traducido como consecuencia en un significativo
incremento del tiempo de trabajo del PDI y, como denuncian los sindicatos, en un creciente malestar docente por fatiga crónica y desmotivación ante la saturación interminable de normas, procedimientos y gestión administrativa.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias para facilitar la investigación científica en nuestro país, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un análisis y evaluación de la dedicación académica del PDI que pondere el tiempo destinado por los profesionales del sistema de ciencia y tecnología a la gestión
y las funciones administrativas asignadas en las tareas habituales de investigación, al objeto de mejorar las condiciones de desarrollo del trabajo creativo y estimular las actividades de investigación y docencia propiamente dichas por sobre
las burocráticas.
2. Diseñar un plan de desburocratización dirigido a eliminar trabas innecesarias, requerimientos y exigencias administrativas que merman o limitan el trabajo creativo del PDI y el personal de investigación.
3. Crear un sistema unificado de gestión digital estable y permanente que evite, so pretexto de la innovación, la continua obsolescencia de competencias tecnológicas del sujeto cualificado del sistema de ciencia y tecnología promovidas por
las agencias y autoridades del sistema de ciencia y tecnología.
4. Elaborar un plan estatal de apoyo a la docencia y la investigación con la formación de unidades administrativas de apoyo técnico coordinando con las CC.AA.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Francisco Sierra Caballero, Teslem Andala Ubbi y Gala Pin Ferrando, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Igualdad
161/000792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre lucha contra la violencia de género en el ámbito digital, para su debate en
la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En abril de 2022, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, ONTSI, adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, publicó un
informe sobre violencia digital de género. Según este informe, a partir de la clasificación realizada por el Consejo de Europa, se pueden considerar los siguientes tipos de violencia digital:
- Ciberacoso. Amenazas de violencia (incluida la sexual), coacción, insultos o amenazas, difusión no consentida de imágenes sexualmente explícitas.
- Amenazas directas o violencia física relacionada con las tecnologías digitales.
- Crímenes de odio relacionados con las tecnologías digitales (en el caso que nos ocupa, por razón de sexo).
- Violaciones de privacidad relacionadas con la digitalización e Internet. Doxing [revelación de información confidencial personal, suplantaciones de identidad, o tomar, compartir y manipular datos o imágenes (incluidos datos íntimos)].
- Explotación sexual online.
Por su parte, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (European Institute for Gender Equality) incluye dentro del concepto de ciberviolencia el ciberhostigamiento, el ciberacoso y la pornografía no consentida.
Dicho informe pone de manifiesto que las mujeres sufren continuas agresiones y delitos en el ámbito digital. Según los datos que ofrece, más de un 25 % de las mujeres entre 16 y 25 años en España han recibido insinuaciones no apropiadas a
través de redes. Los delitos de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales, se han multiplicado por cinco en menos de una década. El 54 % de las mujeres que ha
sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. El 42 % de las niñas y jóvenes que ha sufrido acoso online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza.
El informe, entre otras conclusiones, señala que el primer problema que existe para abordar la violencia de género digital es la escasez de estadísticas específicas. Como señala el Instituto Europeo de Igualdad de Género: 'los datos sobre
ciberviolencia contra las mujeres y niñas en la UE son escasos y, en consecuencia, se sabe muy poco sobre el porcentaje real de víctimas y de la prevalencia de los daños causados'. Para poder abordar adecuadamente la incidencia de la violencia de
género digital en nuestro país, sería necesario contar con más datos.
Las recomendaciones del informe para erradicar esta lacra apuntan hacia tres actuaciones principales: la prevención, la atención a las víctimas y la persecución del delito.
En nuestro país se han producido avances importantes en relación con la violencia digital de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituye un marco legal para
la implementación de programas contra la violencia de género digital. Sin embargo, el informe constata, que es recomendable, en línea con las sugerencias del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, incluir referencias a esta de manera explícita
en la legislación básica; así como mecanismos extremadamente ágiles de denuncia y actuaciones posteriores.
El Ministerio del Interior lanzó en febrero de 2023 una campaña de sensibilización ante el incremento progresivo de la llamada ciberdelincuencia. Además, dicho Ministerio ha adoptado una serie de decisiones operativas destinadas a mejorar
de manera sustancial las capacidades y recursos policiales de prevención y persecución de la ciberdelincuencia, y que constituyen un desarrollo avanzado del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad que aprobó el departamento en 2021.
Es necesario seguir avanzando para combatir la violencia de género digital, una realidad que, a pesar de ser poco perceptible, tiene importantes consecuencias que afectan a los ámbitos psicológico, social y económico de las mujeres que la
sufren.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, en el ámbito de sus competencias, a impulsar medidas
encaminadas luchar contra la violencia de género que tiene lugar en el entorno digital.
Para ello, se contará con todos los agentes implicados, incluida la industria.
Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1. Seguir trabajando en mejorar los datos disponibles, mediante la elaboración estadísticas específicas.
2. Atender a las víctimas de manera integral, facilitándoles formación y asistencia psicológica.
3. Seguir mejorando la formación en ciudadanía digital responsable y en educación afectivo sexual.
4. Ofrecer información a la juventud sobre el uso adecuado y crítico de internet y las tecnologías de la comunicación, enfocada especialmente a la protección de la privacidad y prevención de los ciberdelitos de género.
5. Seguir mejorando la formación de todos los perfiles profesionales que trabajan con víctimas sobre la violencia digital y sus consecuencias, con especial atención al abordaje del problema en la juventud.
6. Continuar realizando campañas de difusión de este problema y sus consecuencias.
7. Reforzar los controles y garantías en Internet, redes sociales y en Inteligencia Artificial para prevenir y evitar situaciones de violencia.
8. Consensuar con las administraciones competentes un protocolo de actuación ante la violencia de género digital.
9. Incluir referencias explícitas en la legislación; así como mecanismos ágiles de denuncia y actuaciones posteriores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Lídia Guinart Moreno y Andrea Fernández Benéitez, Diputadas.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000798
A la Mesa de la Juventud e Infancia
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre permiso por
el cuidado de hijo con cáncer o enfermedad grave para empleados públicos.
Exposición de motivos
El derecho al cuidado de hijo con enfermedad grave para los empleados públicos está enunciado en el artículo 49 e) del estatuto básico del empleado público.
Pero a diferencia del mismo derecho de los trabajadores asalariados y autónomos, enunciado en el artículo 37.6 del estatuto de los Trabajadores, que se desarrolló en el Real Decreto 1148/2011 (modificado por el RD 677/23) el derecho de los
funcionarios al cuidado de sus hijos con enfermedad grave tiene naturaleza de permiso retribuido y no se ha hecho un marco uniforme que establezca las bases de este permiso.
La regulación específica se ha hecho por cada Administración a la que pertenece el empleado (e incluso en muchas administraciones ni existe esa regulación) dando lugar a una disparidad de regulaciones que establecen diferentes requisitos en
función del organismo en el que se presta servicio produciéndose una gran desigualdad cuando el hecho causante es el mismo: tener hijo con enfermedad grave.
El derecho al cuidado de hijo con enfermedad grave no puede verse reducido por la profesión de las madres y padres de si son o no empleados públicos, asalariados o autónomos.
La regulación existente o la falta de regulación provoca que las madres y padres se vean abocados a recurrir a la vía judicial con el coste añadido, tanto económico como de tiempo, del que no se dispone en casos de hijos con enfermedad
grave.
Por lo expuesto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a desarrollar un marco normativo que regule este permiso en las mismas condiciones y siguiendo criterios de igualdad y basado en:
1. Establecer criterios claros y objetivos para la concesión del permiso, evitando justificaciones genéricas equiparando la regulación a la establecida para los trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia establecida en el Real Decreto
1148/2011.
2. Regular el derecho a fijar el porcentaje de reducción de jornada en función de las necesidades del empleado público para cuidar al hijo con enfermedad grave.
3. Regular el plazo de resolución de solicitudes equiparando la gestión del permiso a la gestión de la prestación CUME regulada en el RD 1148/2011.
4. Basar la concesión del permiso en las necesidades alegadas por el progenitor y criterios médicos individualizados, en lugar de criterios políticos o arbitrarios que generan desigualdad.
5. Simplificar los trámites administrativos y minimizar la solicitud de documentación adicional que afecte a la intimidad del menor.
6. Permitir la acumulación de jornadas y renovar el permiso de forma automática en casos de enfermedades crónicas.
7. No tener en cuenta la jornada del otro progenitor para la concesión del permiso.
8. Compensar las pérdidas económicas adicionales, como las retribuciones variables o las oportunidades de promoción profesional así como declararlo exento de IRPF al igual que en la prestación del derecho al cuidado del hijo con enfermedad
grave regulado en el Real Decreto 1148/2011.
9. Abogar por una gestión humanizada de los permisos, reconociendo la importancia de apoyar a los cuidadores en su labor y evitar su estigmatización social considerando la salud mental del empleado público y el impacto emocional del cuidado
a largo plazo de un hijo/a con enfermedad grave.
10. Transparencia sobre los datos de concesión y denegación del permiso retribuido por cuidado de hijo con enfermedad grave al igual que lo hace el Ministerio de Seguridad Social, así como la existencia de un organismo que supervise la
gestión del permiso al igual que lo hace la Subdirección de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social dependiente del Director General de Ordenación de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el censo de
personas sordociegas para su debate en instancia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La sordoceguera es una discapacidad sensorial que consisten en la pérdida combinada de visión y audición. Es una condición específica, no la suma de la sordera y la ceguera. Puede afectar tanto a niños como a adultos, aunque la incidencia
más alta se da en la tercera edad. Hay aproximadamente 86 cuadros médicos identificados como causas de la sordoceguera, pero esta también puede derivar de lesiones que disminuyen la capacidad visual o auditiva o del proceso de envejecimiento (el
alargamiento de la expectativa de vida provoca que las funciones visuales y auditivas se vayan deteriorando).
La detección y diagnóstico de esta discapacidad sensorial es complejo, ya que no se trata de una solo enfermedad. La mayoría de las personas diagnosticadas con sordoceguera mantienen restos de capacidad visual o auditiva o bien de ambos
sentidos. Son excepcionales los casos de personas sordociegas totalmente sordas y ciegas.
Esta discapacidad sensorial dificulta significativamente diferentes habilidades esenciales como el acceso a la información, a la comunicación, a la movilidad y a la orientación. Esto es particularmente crítico, ya que casi todo el
conocimiento se adquiere a través de los sentidos de la vista y el oído, representando el 95 % de la información procesada. Esto influye en la capacidad de entender nuestro entorno, interactuar con los demás y aprender.
En función del grado y momento de aparición, puede ser una discapacidad muy limitante y puede comportar un grado importante de dependencia.
El hecho de que esta discapacidad sea consecuencia de muchos cuadros médicos diferentes, complica saber cuántas personas se encuentran afectadas por sordoceguera. En 2014, la Federación Española de Sordoceguera estimó que había unas 236.000
personas con sordoceguera en España: un 0,2 % de la población hasta 64 años y un 2 % de la población a partir de los 65 años. Tiempo más tarde, en 2020, a partir de la encuesta EDAD del Instituto Nacional de Estadística, combinando datos de
personas con algún problema de discapacidad visual y aquellas con algún problema de discapacidad auditiva, se obtiene una cifra de 245.611 personas con pérdida combinada de vista y audición. Esta cifra, sin embargo, es poco rigurosa, ya que no
siempre que hay una pérdida combinada de visión y audición se considera sordoceguera.
Por todo se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Crear un censo de personas afectadas con sordoceguera para recoger datos precisos sobre el número de personas afectadas en el Estado español, diferenciando entre quienes padecen sordoceguera desde la infancia y quienes la padecen como
consecuencia del proceso de envejecimiento, y poder comprender la magnitud del problema y determinar los recursos necesarios para las personas con sordoceguera y sus familias.
2. Fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías asistidas para mejorar la calidad de vida de las personas con sordoceguera.
3. Implementar medidas para garantizar la accesibilidad universal de las personas sordociegas en la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies del Diputat Jordi Salvador i Duch, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el cens de
persones amb sordceguesa per al seu debat a la Comissió de Polítiques Integrals de la Discapacitat.
Exposició de motius
La sordceguesa és una discapacitat sensorial que consisteix en la pèrdua combinada de visió i audició. És una condició específica, no la suma de la sordesa i la ceguesa. Pot afectar tant a nens com a adults, encara que la incidència més
gran es dona en la tercera edat. Hi ha aproximadament 86 quadres mèdics identificats com a causes de la sordceguesa, però aquesta també pot derivar de lesions que disminueixen la capacitat visual o auditiva o del procés d'envelliment (l'allargament
de l'expectativa de vida provoca que les funcions visuals i auditives es vagin deteriorant).
La detecció i diagnòstic d'aquesta discapacitat sensorial és complexe, ja que no es tracta d'una sola malaltia. La majoria de les persones diagnosticades amb sordceguesa mantenen restes de capacitat visual o auditiva o bé d'ambdós sentits.
Són excepcionals els casos de persones sordcegues totalment sordes i cegues.
Aquesta discapacitat sensorial dificulta significativament diferents habilitats essencials com ara l'accés a la informació, a la comunicació, a la mobilitat i l'orientació. Això és particularment crític, ja que quasi tot el coneixement
s'adquireix a través dels sentits de la vista i l'oïda, representant el 95 % de la informació processada. Això influeix en la capacitat d'entendre el nostre entorn, interactuar amb els altres i aprendre.
En funció del grau i moment d'aparició, potser una discapacitat molt limitant i pot comportar un grau important de dependència.
El fet que aquesta discapacitat sigui conseqüència de molts quadres mèdics diferents, complica saber quantes persones es troben afectades per sordceguesa. El 2014, la Federació Espanyola de Sordceguesa, va estimar que hi havia unes 236.000
persones amb sordceguesa a Espanya: un 0,2 % de la població fins a 64 anys i un 2 % de la població a partir dels 65 anys. Temps més tard, el 2020, a partir de l'enquesta EDAD de l'Institut Nacional d'Estadística, combinant dades de persones amb
algun problema amb discapacitat visual i aquelles amb algun problema amb discapacitat auditiva, s'obté una xifra de 245.611 persones amb pèrdua combinada de vista i audició. Aquesta xifra, però, és poc rigorosa, ja que no sempre que hi ha una
pèrdua combinada de visió i audició es considera sordceguesa.
Per tot això es presenta la següent:
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Crear un cens de persones afectades amb sordceguesa per així recollir dades precises sobre el nombre de persones afectades a l'Estat espanyol, diferenciant entre qui pateix sordceguesa des de la infància i qui en pateix a conseqüència
del procés d'envelliment i poder comprendre la magnitud del problema i determinar els recursos necessaris per a les persones amb sordceguesa i a les seves famílies.
2. Fomentar la investigació i el desenvolupament de tecnologies assistides per a millorar la qualitat de vida de les persones amb sordceguesa.
3. Implementar mesures per garantir l'accessibilitat universal de les persones sordcegues a la societat.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de maig de 2024.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
161/000793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre el tratamiento de los Juegos Paralímpicos de París 2024 en RTVE y en el resto de medios
de comunicación, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El deporte es el contenido estrella en la programación televisiva porque genera grandes audiencias a escala planetaria. De hecho, la televisión y el deporte están irremediablemente unidos en el contexto de la industria mediática.
Teniendo en cuenta todo esto, así como que el evento deportivo más importante en el que participan personas con discapacidad son los Juegos Paralímpicos, habremos de convenir que se trata del escaparate fundamental de sus valores y
aspiraciones.
El ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) decidió no retransmitir los Juegos Paralímpicos de Pekín que se celebraron apenas un mes y medio antes de los Juegos Olímpicos, alegando motivos económicos. RTVE se escudaba en el 'equilibrio
presupuestario' para no realizar la cobertura televisiva reclamada por el Comité Paralímpico Español.
La propia Ley reguladora de televisión habla de la 'visibilidad que hay que dar a grupos minoritarios', más aún, cuando los Juegos Paralímpicos son considerados como
el segundo acontecimiento deportivo más importante del mundo, por detrás de los Juegos Olímpicos, en cuanto a número de países y deportistas participantes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su compromiso con el deporte paralímpico y realiza un llamamiento para que los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024 tengan una adecuada difusión y seguimiento por parte de los medios de
comunicación, tanto de titularidad pública como privada.
Asimismo, insta al Consejo de Administración de la Corporación RTVE a impulsar:
1. Que RTVE ofrezca retransmisiones de competiciones, en directo y en diferido, en los canales de la corporación.
2. Que se garantice una cobertura mínima, que incluya la emisión de las ceremonias de apertura y clausura, más una programación diaria en Teledeporte, en La 2, así como noticias en los Telediarios y en el Canal 24 horas. Asimismo, en
función de los horarios, de la programación y de la participación y resultados de la delegación española, se retransmitirán en directo las pruebas más destacadas de las diferentes disciplinas deportivas.
3. Que se preste especial atención a lo que suceda en los Juegos Paralímpicos de París 2024, no solo en los informativos de TVE y RNE, sino también en la página web rtve.es.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-Emilio Sáez Cruz, Teresa Llorens Carbonell, Inés Plaza García, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, Olvido de la Rosa Baena, Lázaro Azorín Salar, Ana Cobo Carmona, María
Mercè Perea i Conillas, Esther Rodríguez Suárez, Luis Carlos Sahuquillo García y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
181/000201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Texto:
¿Considera que los españoles viven mejor y tienen más derechos desde que gobierna Pedro Sánchez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
181/000203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Texto:
¿Considera que un Estado puede ser democrático cuando el Gobierno y sus aliados parlamentarios amenazan con limitar la libertad de expresión y atenían contra la independencia del Poder Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro y Carlos Flores Juberías.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Por qué la política exterior del Gobierno está siendo tan errática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y Carlos Flores Juberías, Diputados.
Comisión de Justicia
181/000218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Texto:
¿Con qué criterios puede el Gobierno muchos de cuyos miembros, incluido su presidente, han declarado durante años la imposibilidad de encajar la figura de la amnistía en la Constitución, afirmar ahora que la amnistía es plenamente
constitucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.
Comisión de Defensa
181/000240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro y Alberto Teófilo Asarta Cuevas.
Dirigida a: Ministra de la Defensa.
Texto:
¿Cómo valora la Política de Defensa que está llevando a cabo el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Hacienda.
Texto:
¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias ante el incremento impositivo 52?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
52 https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_mensuales_recaudacion_tributaria/2024/IMR_24_03_es_es.pdf
181/000222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Hacienda.
Texto:
¿Qué medidas va a promover el Gobierno para que la deuda pública y el déficit se ajusten a las normas fiscales de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jacobo González-Robatto Perote, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
Comisión de Interior
181/000236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: Francisco Javier Ortega Smith-Molina e Ignacio Gil Lázaro.
Dirigida al Ministro del Interior.
Texto:
¿Cuál es su valoración en relación con la Política Interior que está llevando a cabo el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Ha analizado el impacto que está generando la implantación del sistema de comercio de emisiones (EU ETS) desde enero de 2024 53en el flujo de mercancías en los Puertos españoles, así como el beneficio que está suponiendo para los puertos de
Marruecos esta nueva exigencia climática?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló y Carlos Flores Juberías, Diputados.
181/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Cuándo va a asumir el Gobierno su responsabilidad ante la deficiente gestión de las líneas ferroviarias que conectan Cáceres y Badajoz con el resto de regiones españolas y en especial con Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carina Mejías Sánchez, Patricia Rueda Perelló, Carlos Flores Juberías e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.
181/000229
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada: Esther Peña Camarero.
Texto:
¿Cuáles son las previsiones y actuaciones del Gobierno de España para la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Esther Peña Camarero, Diputada.
181/000230
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado: Ignacio López Cano.
53 Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión
y la Decisión (UE) 2015/1814.
Texto:
¿Cómo avanzan los trabajos de la línea Algeciras-Bobadilla y cuáles han sido las inversiones hechas y las previstas para esta misma línea que forma parte de los corredores Atlántico y Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Ignacio López Cano, Diputado.
181/000231
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado: Ignacio López Cano.
Texto:
¿Cuáles han sido las inversiones llevadas a cabo en el puerto y en el aeropuerto de Málaga desde junio de 2018 y cuáles son las previstas de cara hacia el futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Ignacio López Cano, Diputado.
181/000232
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado: César Joaquín Ramos Esteban.
Texto:
¿Qué mejoras en los servicios ferroviarios en Extremadura se tienen previstos implementar próximamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.
181/000233
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado: Ferrán Verdejo Vicente.
Texto:
¿Qué avances se han llevado a cabo en el Pla Transformem Rodalíes de Cataluña en este periodo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Ferrán Verdejo Vicente, Diputado.
181/000234
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Celso Luis Delgado Arce y Héctor Palencia Rubio.
Texto:
¿Qué explicaciones da el Gobierno a la ralentización y paralización de las obras y de los proyectos de infraestructuras de carreteras estatales en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Celso Luis Delgado Arce y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
181/000235
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Celso Luis Delgado Arce y Héctor Palencia Rubio.
Texto:
¿Se compromete el Gobierno y ADIF-AV a ejecutar en su integridad la Variante Exterior de Ourense de la LAV a Galicia, y en consecuencia a impulsar todos los trámites administrativos y presupuestarios que permitan licitar en 2024 las obras de
los tramos pendientes: Conexión Seixalbo-Seixalbo; Seixalbo-Túnel de Montealegre y Túnel de Montealegre-Estación de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Celso Luis Delgado Arce y Héctor Palencia Rubio, Diputados.
181/000249
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Hernando Fraile.
Texto:
¿Podría indicar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una fecha cierta para la llegada del primer tren de Alta Velocidad en servicio comercial con pasajeros a la Estación de Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.
181/000250
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja.
Texto:
Ávila es la ciudad limítrofe a Madrid con peores comunicaciones en tren y carretera con la capital de España. ¿Qué actuaciones tiene planificadas el Gobierno de España para
mejorar las mismas en esta legislatura, incluido el cronograma temporal de ejecución que se plantea, y las mejoras en tiempo o coste que supondrían cada una para el usuario, así como si se plantea bonificar a los usuarios como medida
compensatoria, hasta que se equipare la situación de Ávila con el resto de las ciudades limítrofes a Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Héctor Palencia Rubio y Patricia Rodríguez Calleja, Diputados.
181/000251
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Luis María Beamonte Mesa, Pedro Navarro López, Héctor Palencia Rubio y M.ª del Mar González Bella.
Texto:
¿Se van a seguir, tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, los mismos criterios con las revisiones de las Obligaciones de Servicio Público del transporte por ferrocarril, que los que se han seguido con las líneas de
autobús que han supuesto que en Aragón 151 municipios dejaran de tener paradas, debiendo ser atendidas estas por las líneas autonómicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Luis Beamonte Mesa, Pedro Navarro López, Héctor Palencia Rubio y María del Mar González Bella, Diputados.
181/000252
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: José Alberto Herrero Bono y Raquel Clemente Muñoz.
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno en el desarrollo y ejecución de la A-68 o Autovía del Ebro a su paso por la provincia de Teruel, ya que resulta ser un eje vertebrador clave de desarrollo económico y social, sin que haya habido ninguna
licitación ni avance de los 6 tramos contiguos al tramo El Burgo de Ebro-Fuentes adjudicado en 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-José Alberto Herrero Bono y Raquel Clemente Muñoz, Diputados.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
181/000244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Joaquín Robles López y Jacobo González-Robatto Perote, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Texto:
¿El Gobierno considera que la educación sigue siendo el principal ascensor social en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.
181/000245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Joaquín Robles López y Jacobo González-Robatto Perote, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Texto:
¿Por qué razones considera el Gobierno que en los ránkings de mejores colegios en España apenas figuran centros de titularidad pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/000196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Trabajo y Economía Social.
Texto:
¿Cómo justifica la ministra que menos de la mitad de los contratos de trabajo indefinidos sigan en vigor tras el primer año de duración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.
181/000202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Texto:
¿Se van a establecer, para el caso de no alcanzarse los objetivos de recaudación previstos mediante la inclusión del MEI o de la 'cuota de solidaridad', nuevas aportaciones obligatorias a la Seguridad Social, o se van a elevar las existentes
hasta conseguir el equilibrio presupuestario del sistema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.
181/000219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Texto:
¿Cómo se puede defender la propuesta de regularización masiva de inmigrantes, que se ha tratado de justificar por su contribución a la economía nacional mediante aportaciones fiscales directas derivadas del trabajo, cuando, en el primer
trimestre de 2024, el paro entre los españoles se ha incrementado en 57.000 personas y entre los extranjeros en 60.000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Industria y Turismo.
Texto:
¿Ha analizado el Gobierno el impacto negativo que está generando la inmigración ilegal desmedida que padece España y que afecta al turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000227
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López.
Texto:
¿Conoce el Gobierno la situación de la planta de Sant-Gobain en Avilés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López, Diputados.
181/000228
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López.
Texto:
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde el Ministerio de Industria con el Gobierno del Principado de Asturias, en relación con el cierre de la división de Sekurit de la Multinacional Saint-Gobain en Avilés-Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas pretende llevar a cabo el Gobierno para evitar que las constantes alertas sanitarias relacionadas con productos que provienen de Marruecos afecten a las producciones españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
181/000197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas pretende llevar a cabo el Gobierno para evitar que las excesivas exigencias medioambientales y la ausencia de medidas para el relevo generacional supongan la desaparición de miles de explotaciones agroalimentarias en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.
Comisión de Política Territorial
181/000204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Texto:
¿Qué criterios territoriales sigue el Ministerio para asignar fondos del programa Next Generation EU a proyectos y condonar deudas de las CC.AA.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.
181/000205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Texto:
¿Cuándo y de qué manera tiene previsto su Ministerio dar cumplimiento a las resoluciones de la Proposición no de Ley relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole
separatista perpetrados en ciertas regiones españolas, que fue aprobada por esta Comisión el pasado 9 de abril de 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas pretende desarrollar para llevar a cabo una gestión eficiente del agua, libre de autonomismos y que permita que este recurso natural esté disponible para todos los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Hasta qué punto va el Gobierno a seguir asfixiando a los sectores agrario e industrial con sus políticas climáticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000248
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, Juan Diego Requena Ruiz y César Sánchez Pérez.
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico incluir en los próximos presupuestos la reanudación de la obra de interés general 'Presa de Alcolea' en Huelva, tal y como viene recogida y aprobada en el Plan
Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, Juan Diego Requena Ruiz y César Sánchez Pérez, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000226
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez,
Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno las diferentes medidas incentivadoras en materia de vivienda adoptadas por las diferentes Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario
Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago, Diputados.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/000212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Economía, Comercio y Empresa.
Texto:
¿Qué factores están motivando que España registre uno de los porcentajes de población en riesgo de pobreza o exclusión social mayores de la Unión Europea? 54
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Economía, Comercio y Empresa.
Texto:
¿Qué medidas va a promover el Gobierno para que mejore la productividad del trabajo? 55
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Economía, Comercio y Empresa.
54 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01n/default/table?lang=en&category=livcon.ilc.ilc_pe.ilc_peps
55 Gráfico 17.https://www.airef.es/es/centro-documental/opinion-sobre-la-sostenibilidad-de-las-administraciones-publicas-a-largo-plazo-la-incidencia-de-la-demografia/#1704734406470-f96c8590-7523
Texto:
¿Qué factores están motivando que España registre un Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder de compra 11 puntos por debajo del de la media de los países de la Unión Europea y dos menos que en 2019? 56
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Economía, Comercio y Empresa.
Texto:
¿Qué factores están motivando que la formación bruta de capital no no crezca a los niveles esperados por el Gobierno, a pesar de disponer de los fondos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Residencia? 57
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Economía, Comercio y Empresa.
Texto:
¿Qué factores están motivando unos niveles tan bajos de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? 58
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Pedro Fernández Hernández y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
56 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en&category=t_prc.t_prc_ppp
57 https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-preve-que-la-economia-crecera-un-2-en-2024-y-el-deficit-bajara-al-3-del-pib/
58 Página 171. https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/MENSUAL %2012-23.pdf
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/000208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
Texto:
¿Cuántos expedientes de solicitud de homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero están pendientes de resolver y qué medidas está promoviendo el Gobierno para agilizar el trámite de homologación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
Texto:
¿Qué medidas está promoviendo el Gobierno para incrementar la inversión en I+D empresarial? 59
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Carlos Hernández Quero,
Diputados.
181/000210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX).
59 Página 11. https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/b93bfdcl-176e-4f08-b649-d01f3dfedc46_en?filename=ip272_en.pdf
Dirigida a: Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
Texto:
¿Qué medidas medidas concretas está tomando el Gobierno para incrementar la innovación en España? 60
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
Texto:
¿Qué factores han motivado que el departamento de Ciencia e Innovación haya registrado unos pagos realizados a cuenta del servicio 50 tan reducidos en comparación con las obligaciones reconocidas netas en 2023? 61
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote, José Ramírez del Río y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/000247
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Pablo Pérez Coronado y Francisco José Conde López.
Texto:
Tras seis años al frente del Gobierno, ¿cómo explican que España se encuentre un 15 % por debajo de los niveles de innovación de Francia y un 25 % por debajo de los de Alemania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-Pablo Pérez Coronado y Francisco José Conde López, Diputados.
60 https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/innovacion-espana-algo-debajo-ue?mdex
61 Página 171. https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/MENSUAL %2012-23.pdf
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/000239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco José Alcaraz Martos.
Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Texto:
¿Ha tomado el Gobierno alguna medida en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo
181/000206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez-Alonso-Muñumer, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Texto:
¿Considera el Gobierno que la Administración General del Estado dispondrá de superávit suficiente para financiar las transferencias a la Seguridad Social, o que tendrá que emitir deuda para poder asumirlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.
181/000207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez-Alonso-Muñumer, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Texto:
¿Qué ajustes de gastos e ingresos tiene previstos el Gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.
181/000217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez-Alonso-Muñumer, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Texto:
¿Cuándo estima el Gobierno que la Seguridad Social presentará unas cuentas equilibradas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Lourdes Méndez Monasterio y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
181/000220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas: María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Texto:
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno, más allá del Plan de Choque de 2021, para reducir los plazos de trámite de los expedientes de discapacidad, actualmente de hasta 324 días de media, llegando en cuatro regiones a más de 1 año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, Diputadas.
181/000225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputadas: María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Texto:
¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno para abordar las deficiencias en la aplicación del nuevo baremo de discapacidad y asegurar que se protejan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, Diputadas.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
181/000200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Texto:
¿Tiene el Ejecutivo la intención de impedir el ejercicio libre de las libertades públicas, como la libertad de prensa, a medios que no son afines y ejercen la crítica a las decisiones del Gobierno, o el ejercicio de la denuncia judicial ante
hechos que puedan ser constitutivos de delito, incluso aunque afecten al entorno más cercano al presidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/000246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro y Ángel López Maraver.
Dirigida a: Ministro del Interior.
Texto:
¿Por qué las cifras de muertes en carretera no se reducen, a pesar del afán recaudatorio del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro y Ángel López Maraver, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/007666
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ruiz Boix, Juan Carlos (GS) Nasarre Oliva, Begoña (GS)
Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para llegar a acuerdos que favorezcan a los vecinos del Campo de Gibraltar la creación de una zona de prosperidad compartida.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 137, de 8 de mayo de 2024.
184/008191
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martínez Salmerón, Joaquín (GS) Mercadal Baquero, Pepe (GS) Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Estado de la gestión por parte del Ministerio de Industria y Turismo del expediente presentado por el municipio de Cieza con número de registro de entrada 202300050053734, 'Hisn Siyâsa', mucho más de lo que ves'; Proyecto de conservación y
restauración del BIC despoblado islámico de Siyâsa.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de que se facilite copia del expediente, contenida en el inciso final de la pregunta, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución,
en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/000367).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquín Martínez Salmerón, Diputado por Murcia, Pepe Mercadal Baquero, Diputado por Illes Balears, y Patricia Blanquer Alcaraz Diputada por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuáles estado de la gestión por parte del Ministerio de Turismo del expediente presentado por el municipio de Cieza con n.º de registro de entrada 202300050053734, 'Hisn Siyâsa', mucho más de lo que ves'; Proyecto de conservación y
restauración del BIC despoblado islámico de Siyâsa?
[ ...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2024.-Pepe Mercadal Baquero y Joaquín Martínez Salmerón, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/008386
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Instalación de pantallas acústicas que mitiguen el ruido provocado por el paso de los vehículos por la autopista AP-7 en una urbanización de montaña del municipio de Benicàssim (Castellón).
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Mico y Mico, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
Los vecinos y vecinas de una urbanización de montaña del municipio de Benicàssim (Castelló) llevan años reclamando la instalación de pantallas acústicas que mitiguen el ruido provocado por el paso de los vehículos por la autopista AP-7 a su
paso por la localidad. La situación de agravio para este vecindario, derivada de los ruidos del paso de la AP-7, es insostenible hasta el punto que algunos de ellos se han visto abocados a vender sus casas por no poder compatibilizar una vida con
calidad en esta urbanización por los ruidos incesantes de los vehículos que pasan borde sus domicilios. Además, el paso de la AP-7 por este municipio también intercepta con una residencia de personas mayores (Oasis) provocando las mismas
problemáticas que para el vecindario de la urbanización, y la situación, lejos de resolverse, todavía puede empeorar, puesto que se ha previsto una ampliación de los carriles del A7 en esta zona.
En el mapa estratégico de sonido de la AP-7 se explícita claramente que Benicàssim es uno de los municipios afectados por esta cuestión.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el estado de la revisión del MER en la 4.ª fase? ¿Hay posibilidad de incluir la urbanización de las Palmas del municipio de Benicàssim en esta revisión?
2. ¿Se ha solicitado alguna revisión desde el Ayuntamiento de Benicàssim del MER?
3. ¿Se ha solicitado o se ha celebrado desde el Ayuntamiento de Benicàssim alguna reunión con el Ministerio competente sobre esta problemática? En caso afirmativo, ¿hay algún documento que acredite las acciones llevadas a cabo desde el
Ayuntamiento de Benicàssim con el Ministerio competente sobre la instalación de pantallas que mitiguen los ruidos provocados por la AP-7 en las urbanizaciones afectadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/008387
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Denuncia de las trabajadoras de la limpieza de comportamientos incívicos de una parte de los turistas en estado de embriaguez que hacen uso de las zonas de restauración del aeropuerto del Altet (Elx).
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinaciona! SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
Las zonas de restauración del Aeropuerto del Altet (Elx) han dejado de tener función de servicio de alimentación y bebida para los usuarios del aeropuerto, para convertirse en un espacio ocupado por el turismo de borrachera. Las
trabajadoras de la limpieza han informado de los constantes comportamientos incívicos de una parte de los turistas que hacen uso de las instalaciones, en evidente estado de embriaguez provocado por el consumo de alcohol en exceso tanto en los
aviones como en los establecimientos dentro del Aeropuerto.
Esto ocasiona un trabajo extra para las trabajadoras de limpieza del aeródromo, teniendo que lidiar con situaciones verdaderamente desagradables en los baños, encontrándose vómitos y siendo partícipes de incidentes fruto del estado en qué se
encuentran los turistas usuarios de los baños.
De hecho, no es casualidad que dentro del Aeropuerto haya una zona que los trabajadores conocen como 'el pub', donde los turistas que llegan a las comarcas de Alicante beben alcohol de forma desmedida.
Además, el sistema de valoración del servicio del Aeropuerto, a través de botones de colores, perjudica a las trabajadoras porque los turistas en estado de embriaguez juegan con el dispositivo de valoración pulsando colores de forma
aleatoria y, en concreto, el rojo, lo que deriva en toques de atención para las limpiadoras y aumento de la presión.
Esta situación, vista en datos, se agrava: se calcula que el 80 % de los vuelos de llegada son lowcost, en su mayoría propagando un turismo de borrachera.
El incremento del flujo de pasajeros ha hecho que las mesas de control se quintupliquen mientras que el personal continua siendo el mismo, en número, que antes del incremento de las mesas de control. Sumado a esto, las bajas laborales no se
están cubriendo, habiendo ahora mismo unas diez trabajadoras en baja sin cubrir. Las trabajadoras han visto aumentada la presión, pues las cabinas de urinarios han pasado de ser 7 a 24, nuevamente sin incrementar el personal, y habiendo de
limpiarlos en media hora -el mismo tiempo que cuando eran 7 urinarios-. Trabajadoras que, además, como pertenecen el Grupo OHL, y no a AENA, no tienen derecho ni tan solo a aparcamiento gratuito en un aeropuerto de conexión ferroviaria inexistente
y transporte público cuasi inexistente. Un incremento de las obligaciones, sin ninguna contraprestación en derechos.
Es por esto, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Es conocedor el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la situación en qué se encuentran las trabajadoras del referido Aeropuerto?
2. ¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio competente para reconvertir el Aeropuerto en un espacio de tránsito para viajar en avión y acabar con el modelo de Aeropuerto como zona de fiesta y borrachera?
3. ¿Cómo se piensa proteger a las trabajadoras mientras que toman las medidas competentes? ¿Se ha planteado la contratación de las trabajadoras de limpieza por parte de AENA directamente y no externalizando el servicio?
4. ¿Piensa el Ministerio exigir a AENA el incremento de la plantilla de personal para adaptarse al incremento de las mesas de control?
5. ¿Se ha planteado el Ministerio mejorar la conexión por transporte público con el aeropuerto para facilitar la llegada al mismo a los usuarios?
6. ¿Es consciente el Ministerio competente que este modelo de aeropuerto que está permitiendo contribuye de forma significativa al turismo de borrachera, empeorando la vida diaria de los ciudadanos de la zona y de los y las trabajadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.