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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 138, de 09/05/2024
cve: BOCG-15-D-138
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de mayo de 2024
Núm. 138
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al respeto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial ... (Página7)
161/000728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa de la convivencia democrática, la tolerancia, el respeto y contra la proliferación de los discursos de odio ...
Comisión de Justicia
161/000717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la reforma del sistema de acceso a la judicatura ... (Página12)
Comisión de Defensa
161/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la cesión de terrenos propiedad del Estado a otras administraciones para fin social, ambiental o cultural...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la creación de un Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENN) a partir de los registros administrativos oficiales
... (Página17)
161/000704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para revertir los efectos de la inflación en la tributación del ahorro... (Página18)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre las categorías de ingreso en el convenio colectivo del Grupo Renfe ... (Página20)
161/000707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que garantice el cumplimiento íntegro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en lo relativo a la
actualización de las cuantías de la bonificación al transporte de mercancías ... (Página22)
161/000708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la conexión ferroviaria de Alta Velocidad Vigo-Porto ... (Página24)
161/000712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para recuperar la pérdida de frecuencia de trenes en la conexión Albacete-Madrid ... (Página25)
161/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la pérdida de frecuencia de trenes en la conexión Albacete-Valencia ... (Página26)
161/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar máxima prioridad a la ejecución del tercer carril de la autovía A-7 del Mediterráneo, Tramo: Enlace 429 (Roquetas de Mar)-Enlace 438
(Almería) ... (Página28)
161/000715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la culminación inmediata de los trabajos en la autovía A-12 ... (Página29)
161/000721 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al Corredor Cantábrico-Mediterráneo ... (Página31)
161/000723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las inversiones y obras de la autovía Cáceres-Badajoz ... (Página32)
161/000727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para promover la ejecución completa a corto plazo de la autovía A-43 para unir sin más dilación el Levante español y Castilla-La Mancha con
Extremadura y Portugal ... (Página34)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la regulación del derecho de opción de traslado al RETA de las personas profesionales de la abogacía y procuraduría ...
161/000700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección de los derechos de las mujeres migrantes ... (Página37)
161/000718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar la adopción efectiva e inmediata de las ayudas de finalidad regional en Cuenca, Soria y Teruel ...
161/000719 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover el currículum vitae anónimo o ciego en los procesos de selección ... (Página40)
161/000725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para desarrollar un modelo efectivo de migración circular vinculado al mercado de trabajo ... (Página42)
Comisión de Industria y Turismo
161/000705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de la industria estratégica en España ... (Página44)
161/000720 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez y fomento del reposicionamiento competitivo de la provincia de Cádiz ...
161/000726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la estación intermodal del centro logístico de la Pasiega en Cantabria ... (Página48)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores en el seno de Naciones Unidas ... (Página49)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de las infraestructuras hidráulicas en la provincia de Sevilla ... (Página51)
161/000710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas concretas para reducir la contaminación de las aguas por nitratos ... (Página53)
161/000716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas para regular la instalación de placas solares fotovoltaicas en terreno cultivable y en zonas de especial protección ecológica ...
161/000724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las infraestructuras hidráulicas del Estado pendientes en la provincia de Almería ... (Página56)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la legislación del arrendamiento de temporada ... (Página58)
161/000693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la congelación de los alquileres ... (Página59)
161/000703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover el futuro de las ciudades medias y pequeñas, así como de las capitales de comarca ... (Página61)
Comisión de Cultura
161/000695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para reconocer el valor cultural de las representaciones teatrales populares en los municipios de Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Benamejí y El Viso ...
(Página64)
161/000722 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de una agenda de actos para la conmemoración de los 25 años del fallecimiento de Migual Vargas Jiménez, 'Bambino', en el marco del
'Año Salvaje. Año Bambino' ... (Página65)
Comisión de Sanidad
161/000729 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al copago farmacéutico ... (Página67)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de la primera Estrategia Nacional del Espacio ... (Página69)
Comisión de Igualdad
161/000699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protección de los derechos de las mujeres migrantes ... (Página72)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la regulación de la circulación por autopistas y autovías en caso de nevadas ... (Página73)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000140 Pregunta formulada por los Diputados María Lourdes Ramírez Martín (GP), Rojas García, Carlos (GP) e Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), sobre previsiones acerca de revisar en el año 2024 el mapa ferroviario granadino y ejecutar
los proyectos necesarios para mejorarlo como son: el Corredor Mediterráneo, la conexión Granada-Motril, el tren Guadiz-Baza-Lorca, el soterramiento del AVE en la capital y la variante de Loja ... (Página74)
181/000145 Pregunta formulada por la Diputada Inés Granollers Cunillera (GR), sobre inversiones previstas en las conexiones ferroviarias en la costa mediterránea, en especial las conexiones Barcelona-Valencia y Valencia-Alicante ...
Comisión de Industria y Turismo
181/000151 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX) y Rueda Perelló, Patricia (GVOX), sobre previsiones acerca de
promover la puesta en marcha de infraestructuras al objeto de mejorar la red de transporte de electricidad para poner fin a las persistentes limitaciones a la hora de instalar nueva tecnología e industria ... (Página75)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000130 Pregunta formulada por los Diputados Joaquín Melgarejo Moreno (GP) y Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP), sobre control que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las campañas de publicidad impulsadas
por otros ministerios que afectan negativamente la imagen del sector primario ... (Página75)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000126 Pregunta formulada por los Diputados María Soledad Cruz-Guzmán García (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Alós López, Ana Isabel (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Sayas López, Sergio (GP),
Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP) y Argüelles
García, Silverio (GP), sobre medidas fiscales que ha impulsado el Gobierno para el estímulo en la compra o el alquiler en estos últimos seis años ... (Página76)
181/000127 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis
(GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Alós López, Ana Isabel (GP) y Agüera Gago,
Cristina (GP), sobre influencia de las medidas intervencionistas de este Gobierno en el acceso de los jóvenes a la vivienda en España ... (Página76)
181/000128 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis
(GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Alós López, Ana Isabel (GP) y Agüera Gago,
Cristina (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si el reto de la vivienda en España pasa por resolver un problema de desequilibrio entre oferta y demanda ... (Página76)
181/000129 Pregunta formulada por los Diputados Joan Mesquida Mayans (GP), Sastre Uyá, Miguel Ángel (GP), Sayas López, Sergio (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis
(GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Alós López, Ana Isabel (GP) y Agüera Gago,
Cristina (GP), sobre grado de ejecución de los fondos europeos en materia de vivienda ... (Página77)
181/000131 Pregunta formulada por la Diputada Ione Belarra Urteaga (GMx), sobre medidas previstas para garantizar el desarrollo y la aplicación de la ley de vivienda ... (Página77)
181/000132 Pregunta formulada por la Diputada Ione Belarra Urteaga (GMx), sobre medidas previstas para afrontar la problemática del alquiler turístico ... (Página78)
181/000133 Pregunta formulada por la Diputada Ione Belarra Urteaga (GMx), sobre opinión del Gobierno acerca de si la vivienda es un derecho al que debe acceder toda la ciudadanía, tal y como recoge el artículo 47 de nuestro Constitución, o
es un bien con el que hacer negocio ... (Página78)
181/000141 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Hernández Quero, Carlos (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre previsiones acerca de edificar obra nueva y
conseguir que salgan al mercado las viviendas vacías ... (Página78)
181/000142 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Hernández Quero, Carlos (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre número de viviendas que se han entregado, de
las 184.000 prometidas por el Gobierno, para alquiler social y asequible ... (Página79)
181/000144 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Hernández Quero, Carlos (GVOX), Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX) y Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX), sobre previsiones acerca de edificar obra nueva y
conseguir que salgan al mercado las viviendas vacías ... (Página79)
181/000146 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Ibáñez Mezquita (GSUMAR), sobre previsiones acerca de modificar la legislación actual para que los contratos de alquiler sean prorrogables automáticamente ...
181/000147 Pregunta formulada por el Diputado Arnau Ramírez Carner (GS), sobre valoración del Gobierno de la disposición de las Comunidades Autónomas para declarar las zonas de mercado residencial tensionado como establece la Ley 12/2023, de
24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su artículo 18, necesaria para que los ciudadanos puedan beneficiarse de la aplicación del índice ... (Página80)
181/000148 Pregunta formulada por el Diputado Alberto Rojo Blas (GS), sobre valoración del Gobierno del desarrollo de la implementación de la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ...
181/000149 Pregunta formulada por la Diputada Alba Soldevilla Novials (GS), sobre impacto que puede tener en la emancipación de los jóvenes la medida aprobada en el mes de abril tras la firma con el ICO de los avales para financiar la compra
de la primera vivienda ... (Página80)
181/000150 Pregunta formulada por la Diputada Pilar Vallugera Balañà (GR), sobre consideración del Gobierno acerca de que ha dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados durante la negociación de la Ley por el derecho a la vivienda ...
181/000152 Pregunta formulada por el Diputado Oskar Matute García de Jalón (GEH Bildu), sobre opinión del Gobierno acerca de si la vivienda es un negocio o un derecho subjetivo y universal ... (Página81)
181/000153 Pregunta formulada por la Diputada Maribel Vaquero Montero (GV (EAJ-PNV)), sobre valoración que hace el Gobierno de los efectos negativos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda en el mercado de alquiler ...
(Página81)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000554
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al respeto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al respeto a la separación de
poderes y a la independencia del Poder Judicial, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El principio de separación de poderes es consustancial al Estado democrático de derecho y se configura como un sistema de contrapesos para evitar la concentración en uno de ellos y proscribir la posibilidad de cualquier forma de gobierno
totalitario.
Ya en el preámbulo de la Constitución Española se establece que la consolidación del Estado de derecho servirá para asegurar la independencia y las relaciones entre los poderes del Estado.
Asimismo, la separación de poderes se infiere de la regulación diferenciada que de los mismos se hace en la Constitución. A cada uno de ellos se dedica un Título distinto y en el Título VI, destinado a la regulación del poder judicial, el
artículo 117 contiene sus rasgos definitorios: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los jueces y magistrados, que responden en su actuación a la independencia, estando sometidos en su actuación únicamente al imperio de
la ley.
De lo anterior se concluye un principio básico y esencial en democracia: todos los ciudadanos, incluyendo -o muy especialmente el Gobierno-, debemos respeto a la separación de poderes, a la independencia de los jueces y tribunales y a las
decisiones que emanan de todos los órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, algo tan obvio e interiorizado hace décadas en la sociedad democrática española está siendo quebrantado por quienes tienen la obligación de ser ejemplares en sus conductas y sus declaraciones: el Gobierno y los grupos
parlamentarios que le apoyan.
La portavoz de uno de los socios del Gobierno en el Congreso ha señalado desde la tribuna a varios jueces del Tribunal Supremo, al presidente de la Sala de lo Penal y al ex presidente del CGPJ por su actuación frente al desafío
independentista catalán, ante el silencio del ministro de Justicia, que debería haber reclamado respeto a la independencia judicial.
Esto generó un enorme malestar entre los magistrados. Hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo llegó a suspender una reunión que tenía prevista con el ministro de Justicia. Por su parte, el presidente del Consejo General
del Poder Judicial calificó de 'inadmisible' esos señalamientos. Y en estos meses han sido varios los comunicados emitidos por el órgano de gobierno de los jueces advirtiendo de la gravedad de la situación.
El ministro de Justicia públicamente reitera su defensa a los jueces y a sus actuaciones. Sin embargo, sus hechos lo desmienten. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusó a un juez concreto de adoptar decisiones
judiciales según la agenda política, sin que el presidente del Gobierno o el ministro del ramo, como mínimo, la apercibiera. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se solidarizó con un diputado de ERC
que, ante la posibilidad de ser procesado, se declaró prófugo de la Justicia. El propio ministro de Justicia acusó a ocho vocales del CGPJ de estar a las órdenes del Partido Popular. Y en esta Cámara se han creado, con el apoyo del Partido
Socialista, comisiones de investigación con el objeto de revisar decisiones judiciales.
Los ataques a la independencia judicial y la separación de poderes están a la orden del día. A esto se añade la inconstitucional y antieuropea proposición de Ley de amnistía, que a cambio de sostener al Gobierno socava los fundamentos del
Estado de Derecho. La ley ha provocado una 'virulenta división política, institucional y social', como bien subraya en su informe la Comisión de Venecia, y un rechazo masivo en ámbitos directamente relacionados con la Justicia.
El órgano consultivo del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, institución relevante y cualificada, concluye que esa Ley de Amnistía, en ningún caso se ajusta a los estándares europeos del Estado de derecho, y denuncia:
- Que es tan divisiva, que su aprobación exigiría no ya una mayoría absoluta, como ley orgánica, sino una mayoría cualificada.
- Que no se debió tramitar por vía de urgencia.
- Que, en lugar de reducir el ámbito temporal, se ha ampliado sin mediar explicación alguna.
- Que no todos los delitos de terrorismo se han excluido, como se exigió.
- Que la amnistía no puede concederse 'a la carta' de delincuentes concretos.
- Que se amnistían delitos de malversación sin un nexo claro con el Proceso.
- Que los jueces deben tener la última palabra, tanto en relación con la suspensión de las medidas cautelares como en la propia aplicación de la ley.
- Que las 'comisiones de lawfare' no deben tener ni siquiera el derecho a pedir la comparecencia de jueces en el Congreso.
Y añade algo más, de especial relevancia, en una nota a pie de página; 'La Comisión Europea ha subrayado que la redacción actual del artículo 2.c significa que no todos los delitos de terrorismo tipificados por la Directiva UE 2017/541
sobre la lucha contra el terrorismo están excluidos del ámbito de aplicación del proyecto de ley de amnistía'.
La Comisión Europea, el gobierno de la Unión, presenta sus observaciones a la Comisión de Venecia destacando la incompatibilidad de la amnistía con la directiva relativa al terrorismo. Manifiesta que es contraria al ordenamiento jurídico
europeo.
Es imprescindible, pues, que el Gobierno desista con sus bulos sobre los falsos pronunciamientos favorables de las instituciones europeas y que cese de inmediato en su campaña de acoso a los jueces que instruyen causas relacionadas con sus
socios separatistas y que deje de poner bajo sospecha la imparcialidad del sistema judicial al completo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar la retirada, de manera inmediata, de la Proposición de Ley de Amnistía por manifiestamente contraria a la Constitución y al Derecho Europeo.
2. Cesar en sus actuaciones y declaraciones que socavan el principio de separación de poderes.
3. Exigir el cese inmediato de la campaña de acoso, ofensas y señalamientos a jueces y magistrados, tanto por determinados miembros del propio Ejecutivo como por representantes de los partidos separatistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la convivencia democrática, la tolerancia, el respeto y contra la
proliferación de los discursos de odio, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El discurso de odio es un problema social que va en aumento, divide a la sociedad y supone un claro riesgo para la democracia. El tsunami de odio que está recorriendo los países europeos es consecuencia del auge de las formaciones
populistas de extrema derecha debido a la propagación de sus mensajes claramente alarmistas, denigrantes y excluyentes.
Además, la proliferación de las redes sociales ha ayudado de manera notable en este sentido. El acceso universal a internet y la rápida difusión que permiten las distintas plataformas provocan que estos mensajes de odio lleguen a cualquier
rincón del planeta con un solo golpe de tuit. Por tanto, el odio es un fenómeno global e interdependiente ya que afecta a la sociedad en su conjunto.
El principal problema radica en que el discurso de odio es la antesala del delito de odio. Dirigir discursos contra personas o colectivos determinados por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, etc., provoca un
aumento claro de la polarización social y, en definitiva, un 'efecto llamada' que induce a la reproducción de estos delitos.
En este sentido, según los datos provisionales aportados por el Ministerio del Interior, en 2023 los delitos de odio crecieron en nuestro país un 33 %, registrándose la mayoría de los incidentes por cuestiones de racismo, xenofobia y
discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además, el número de detenidos supuso también un aumento del 40 %.
Como señala un estudio reciente (Cáceres-Zapatero; Brándle; y Paz-Rebollo (2023)), la excesiva polarización de la sociedad española ha propiciado la propagación de estos mensajes y, si bien es cierto que ésta es consciente de la gravedad
de estos discursos de odio en los distintos ámbitos y hacia ciertos colectivos, en el campo de la política se ha normalizado.
Un claro ejemplo son las declaraciones de dirigentes de la derecha que atribuyen a la religión islámica el fomento del machismo y del maltrato a la mujer y que atenían contra los principios fundamentales de respeto, solidaridad y convivencia
pacífica, valores arraigados en nuestra sociedad. Declaraciones, por otra parte, que contravienen gravemente el principio de igualdad y no discriminación que consagra nuestra Constitución en su artículo 14.
Es habitual que VOX ataque la cultura y la religión islámica con un discurso claramente negativo, prejuicioso, ofensivo e, incluso, violento; vinculando a las personas que profesan dicha religión con la delincuencia, la aporofobia, la
inseguridad ciudadana, el fundamentalismo y el terrorismo yihadista, denotando una clara islamofobia. Basta solo con recordar el cartel, durante la última campaña electoral, colgado por esta formación política en el metro de Madrid, en el que se
decía: 'Un MENA, 4.700 euros al mes. TU ABUELA 426 euros de pensión/mes'. Una campaña que, además de señalar a los menores migrantes no acompañados, utilizaba datos palmariamente falsos para normalizar su discurso islamófobo que calara en la
sociedad.
La preocupante tendencia al alza de este tipo de mensajes ha llevado a que distintos organismos internacionales den la voz de alarma. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya lo advertía en 2019: 'Estamos presenciando
una inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia, con un aumento del antisemitismo, el odio contra los musulmanes y la persecución de los cristianos. Se están explotando los medios sociales y otras formas de comunicación como plataformas
para promover la intolerancia. Los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza y
deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres y todos aquellos etiquetados como 'los otros''.
Además, frente a aquellas personas que consideran que estos discursos de odio podrían estar amparados bajo el paraguas de la libertad de expresión, la propia Organización de Naciones Unidas recuerda: 'hacer frente al discurso de odio no
significa limitarla libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, que están prohibidas por el derecho
internacional'.
Es decir, los derechos fundamentales son limitados, no son absolutos. Por ello, la respuesta del Derecho penal, como última ratio, debe reservarse para aquellos casos donde la libertad de expresión de vea claramente extralimitada y esas
expresiones inciten claramente al odio o a la discriminación. Por este motivo, el grueso de estos delitos son claramente agresiones y/o vejaciones a personas o determinados grupos vulnerables por motivos claramente discriminatorios que en nada
tiene que ver con la libertad de expresión.
La Unión Europea también ha mostrado su preocupación por el aumento en la incitación de estos delitos, sobre todo en lo concerniente al creciente antisemitismo y odio contra la sociedad musulmana. El propio director de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la UE denunciaba en octubre de 2023 el profundo y arraigado racismo que existe en Europa, tras publicar los datos del último informe de antisemitismo durante el año 2022.
La Comisión Europea lanzaba en el mes de diciembre de 2023 una Comunicación titulada 'Sin sitio para el odio: una Europa unida contra el odio'. Un llamamiento a la sociedad europea para que se oponga al odio y se pronuncie en favor de la
tolerancia y el respeto. La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaraba lo siguiente: 'Europa es un lugar en el que se rinde homenaje a diversas identidades culturales y religiosas. El respeto y la tolerancia son los valores
fundacionales de nuestras sociedades. Por lo tanto, debemos luchar contra el antisemitismo y el odio anti musulmán cada vez que se produzca. La dignidad y la seguridad de todas y cada una de las personas de nuestra Unión son primordiales'.
El Parlamento Europeo aprobaba una Resolución sobre la ampliación de la lista de delitos de la UE a la incitación al odio y los delitos de odio (2023/2068(INI)) el 18 de enero de 2024 en la que, considerando que actualmente no existe una
definición jurídica común y global de la incitación al odio y los delitos de odio a escala de la Unión, instaba al Consejo a que adoptara una decisión para que se diera el primer paso en la adopción de un marco jurídico común de lucha contra la
incitación al odio y los delitos de odio en toda la Unión, pese a que algunos Estados han estado bloqueando avances concretos sobre esta materia, y se pudiera aumentar el actual marco normativo, ampliándolos a otros motivos como el sexo, orientación
o identidad sexual, expresión de género, características sexuales, edad, discapacidad y cualquier otra característica fundamental, en particular las protegidas en virtud del artículo 21 de la Carta, o cualquier combinación de dichas características.
En definitiva, se trata de seguir avanzando en la convivencia multicultural y en la defensa de los derechos humanos y de no permitir discursos de odio y acciones discriminatorias que se propaguen en nuestra sociedad amenazando la cohesión
social y rompiendo consensos sociales.
Por todo ello y en base a lo anterior, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social por motivos de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión,
edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2. Recuerda que los representantes públicos tienen una función y responsabilidad esencial en la lucha contra la incitación al odio y la intolerancia, debiéndose abstener de realizar cualquier declaración pública que fomente e incite al
odio, así como en la obligación de denunciar, públicamente, los casos de odio.
3. Reafirma su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos humanos, particularmente de la libertad religiosa protegida por el artículo 16 de la Constitución Española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Artemi Rallo Lombarte, José Zaragoza Alonso, Ignacio López Cano, Raúl Díaz Marín, María Adrio Taracido, Teresa Llorens Carbonell, Francisco Aranda Vargas, Rafaela Crespín Rubio,
Isaura Leal Fernández, Rafaela Romero Pozo, David Serrada Pariente y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia
161/000717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma del sistema de acceso a la judicatura,
para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La existencia de un sistema elitista de acceso a la judicatura se manifiesta en un sistema obsoleto de acceso en el que únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas frente a los méritos profesionales, la sensibilidad
social y democrática, la neutralidad, la empatía y la capacidad de interactuar con la ciudadanía.
El actual sistema de acceso a la judicatura está basado fundamentalmente en pruebas de capacidad memorística que obliga a las personas que opositan a memorizar leyes y temarios durante años. La preparación para acceder a la judicatura la
realizan, en su mayoría, jueces/as y magistrados/as en ejercicio y, básicamente, su labor consiste en orientar y dar seguimiento a la evolución de las personas opositoras en el aprendizaje del temario que van 'recitando' periódicamente. En la
inmensa mayoría de casos, por la preparación se perciben emolumentos en metálico que no son declarados a la Hacienda Pública y quiénes recurren a este sistema pueden desembolsar en torno a 12.000 euros al año.
Sin embargo, a pesar de que este sistema de preparación de oposiciones a judicatura es sobradamente conocido, no constan actuaciones de la inspección de la Agencia Tributaria para fiscalizar esta actividad económica opaca a la Hacienda
Pública.
Además, otra cuestión de suma importancia es que mediante este sistema las personas que consiguen superar las pruebas de acceso a la carrera judicial carecen de la más mínima preparación práctica. Por otro lado, quiénes no consiguen
ingresar y desisten de seguir preparando la oposición se enfrentan a un futuro profesional en el que los años de estudio memorístico intenso resultará de escasa utilidad.
Por estos motivos, entre otros, se propone la reforma del modelo de acceso a la judicatura para que, al igual que ocurre en otros países europeos, se efectúe mediante un sistema de preparación continua desde las facultades de derecho, en el
que las y los estudiantes con expedientes académicos con altas calificaciones puedan acceder a la Escuela Judicial y continuar estudiando para acceder a la judicatura. Es decir, el ingreso en la Escuela Judicial debe producirse reuniendo unos
requisitos académicos previos y la superación de las pruebas de conocimiento y práctica jurídica establecidas por la propia Escuela.
De forma complementaria, aquellas personas que habiendo superado el programa de formación para el acceso a la carrera judicial pero que, en última instancia, no superaron el proceso selectivo, podrían homologar su formación con un título o
máster equiparable al de Práctica Jurídica para el acceso a la profesión de la abogacía.
Con la finalidad de poner fin a un sistema en el que la preparación para acceder a la Judicatura es un negocio en manos de un reducido grupo de la judicatura cuya actividad, en la mayoría de los casos, ni siquiera tributa, así como para
evitar que este itinerario quede reservado solo a personas con suficientes recursos económicos, el Estado debería articular un sistema público de becas para estudiantes que habiendo acabado su grado universitario en Derecho con altas calificaciones
deseen continuar el itinerario de formación en la Escuela Judicial pero carezcan de recursos suficientes para permanecer varios años en formación renunciando obtener ingresos económicos. Este sistema de becas ya se
acordó por el Gobierno de España en el año para los estudiantes opositores de acceso a la carrera diplomática.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Regular un sistema de preparación continua desde las facultades de Derecho de las Universidades públicas que permita a estudiantes con expedientes académicos con altas calificaciones el acceso a la Escuela Judicial, donde se desarrollara
su formación para el acceso a la judicatura.
2. Regular la homologación o equiparación de la superación del programa de formación para el acceso a la carrera judicial para estudiantes que no obtuvieron plaza en el proceso selectivo final, y por tanto no accedieron a la judicatura, con
un título o máster equiparable al de Práctica Jurídica para el acceso a la profesión de la abogacía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Verónica Martínez Barbero y Gerardo Pisarello Prados, Diputados.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Defensa
161/000711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la cesión de terrenos propiedad del Estado a otras administraciones
para fin social, ambiental o cultural, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La base militar de Loran de l'Estartit (Baix Empordà) se encuentra situada en los terrenos del Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Los terrenos en los que está asentada eran propiedad del Ministerio de Defensa desde 1961, y con
anterioridad fueron municipales. En desuso desde 1995, la base fue una estación de emisión de radionavegación para el mar Mediterráneo, con gestión estadounidense y que entró en funcionamiento el mismo año en que el Ministerio tuvo la propiedad.
Desde el año 2015, el Ministerio puso estos terrenos y la base en subasta hasta en cuatro ocasiones, la primera por un valor de casi 600.000 euros, bajando el precio en subastas posteriores. Finalmente, un particular compró el pasado año el terreno
y, a raíz de la presión y las voces de entidades del territorio y ecologistas, así como del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí-l'Estartit, la Generalitat anunció su recompra, por 468.000 euros, a través del mecanismo del derecho al retracto. El
objetivo, según anunció el Govern, es que la finca sea parte de las instalaciones del parque natural, como almacenes o espacios para actividades. Un hecho similar ocurre en los terrenos de La Clota (L'Escala), propiedad del Ministerio de Defensa.
Se trata de una pineda, unos terrenos que delimitan el Parc Natural de les Illes Medes en primera línea de mar, 'que no han sido todavía explotados al contrario que su entorno, de manera que en su mayoría conserva su vegetación primitiva (bosque
mediterráneo sobre todo pinares y matorral bajo)', según el pliego de condiciones técnicas y legales elaborado por el Ministerio de Defensa, en el que se
prevé la construcción de un complejo hotelero. El precio de licitación de su cuarta subasta supera el millón de euros.
La base militar de Loran o La Clota son algunos ejemplos sobre la gestión ejercida por los poderes públicos en cuanto a la compraventa de terreno cuya titularidad es pública. El Ministerio de Defensa está así subastando buena parte del
patrimonio del estado en la Costa Brava, que se queda en manos de propietarios privados. Además, se carece de información completa sobre el número de propiedades en manos del Ministerio de Defensa y si dichas propiedades están en subasta para
seguir privatizando así suelo público, otrora en manos de los municipios. Existen interrogantes para la costa de S'Estufador de Levante y el Fortim (Sant Feliu de Guíxols), del Parque del Puig, en el Molino de Viento (Palamós), los bunkers de Sant
Martí d'Empúries (L'Escala), el Faro de Roses, Punta Falconera o la base militar aérea Puig del Pení (Cadaqués), entre otros.
Los terrenos cuya titularidad es pública en la actualidad, y muy sensiblemente aquellos que forman parte de parques naturales protegidos, no deberían ser objeto de compra privada para seguir fomentando la cultura del ladrillo, la
especulación y la burbuja, para usos privativos y de explotación turística, que no acostumbran a tener respeto por el entorno y la diversidad de flora y fauna. De hecho, la Costa Brava, es una zona que se encuentra altamente tensionada por la
explotación urbanística y turística, actividades que tienen un claro impacto en los escasos recursos hídricos y que amenazan su rica biodiversidad. Además, su explotación turística está limitando el acceso a la vivienda para las personas jóvenes y
para las personas trabajadoras que a menudo son las que sustentan este sector económico.
La entidad SOS Costa Brava tiene localizados más de una quincena de zonas que se encuentran amenazadas por diferentes motivos, como Bellasfosca, donde se quiere urbanizar la pineda en la zona del antiguo camping; Cap Roig, que es zona Xarxa
Natura 2000, Zona d'Especial Protecció per les Aus, alberga un castillo considerado Bé Cultural d'Interès Nacional y en el que la propiedad quiere ampliar zonas edificables; o els Jonquers, donde se quiere construir un nuevo vial de acceso norte
pasando por los arrozales que delimitan la Reserva Natural Parcial de les Basses d'en Coll. Estos son solo algunos casos identificados por la entidad en el que se explota urbanísticamente este rico ecosistema. Por lo tanto, no se trata de un hecho
puntual, sino que es la práctica sistemática y continuada de la explotación de una costa que debe contar con la protección adecuada.
En efecto, la Costa Brava, así como toda la costa Mediterránea en general, merecen la protección debida, puesto que han sido sistemáticamente vulneradas por proyectos urbanísticos y de infraestructuras que amenazan con la desaparición de la
costa y su biodiversidad. Teniendo en cuenta que se intuye que hay numerosos terrenos aún de titularidad pública del Estado, es imprescindible cambiar el modelo de privatización que se aplica actualmente para dar paso a la cesión municipal,
supramunicipal y autonómica y que únicamente pueda destinarse a usos sociales, ambientales o culturales, con el fin no solamente de preservar un paisaje y un entorno único y valioso, sino que el uso de estos terrenos y propiedades revierta en usos
públicos para toda la población.
Mas allá de los procedimientos establecidos para la obtención y gestión del patrimonio de las administraciones públicas en la legislación vigente, tanto aquello establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, como en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales así como todas
aquellas normativas de desarrollo competencial autonómico, se hace necesario, en el contexto actual, que el gobierno establezca nuevos criterios que ayuden a priorizar las cesiones de aquellas propiedades titularidad del Estado en desuso continuado,
facilitando así la cesión interadministrativa para un uso social.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a establecer convenios de cesión de uso con ayuntamientos, entidades locales, supramunicipales y autonómicas de los terrenos y bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, o la trasmisión de los
mismos, dentro de las modalidades que prevé la normativa especial de ese Ministerio en materia de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo destino sea de uso social, como vivienda pública o equipamientos, uso ambiental, como centros de
interpretación u observación, o fines culturales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Júlia Boada Danés, Eloi Badia Casas y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la cessió de terrenys propietat de l'Estat a altres administracions per a fi
social, ambiental o cultural, per al seu debat en la Comissió de Defensa.
Exposició de motius
La base militar de Loran de l'Estartit (Baix Empordà) està situada en els terrenys del Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Els terrenys en els quals està assentada eren propietat del Ministeri de Defensa des de 1961, i amb
anterioritat van ser municipals. En desús des de 1995, la base va ser una estació d'emissió de radionavegació per a la mar Mediterrània, amb gestió estatunidenca i que va entrar en funcionament el mateix any en què el Ministeri va tenir la
propietat. Des de l'any 2015, el Ministeri va posar aquests terrenys i la base en subhasta fins a quatre ocasions, la primera per un valor de gairebé 600.000 euros, baixant el preu en subhastes posteriors. Finalment, un particular va comprar l'any
passat el terreny i, arran de la pressió i les veus d'entitats del territori i ecologistes, així com de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit, la Generalitat va anunciar la seva recompra, per 468.000 euros, a través del mecanisme del dret
al retracte. L'objectiu, segons va anunciar el Govern, és que la finca sigui part de les instal·lacions del parc natural, com a magatzems o espais per a activitats. Un fet similar ocorre en els terrenys de La Clota (L'Escala), propietat del
Ministeri de Defensa. Es tracta d'una pineda, uns terrenys que delimiten el Parc Natural de les Illes Medes en primera línia de mar, 'que no han estat encara explotats al contrari que el seu entorn, de manera que en la seva majoria conserva la seva
vegetació primitiva (bosc mediterrani sobretot pinedes i matoll baix)', segons el plec de condicions tècniques i legals elaborat pel Ministeri de Defensa, en el qual es preveu la construcció d'un complex hoteler. El preu de licitació de la seva
quarta subhasta supera el milió d'euros.
La base militar de Loran o La Clota són alguns exemples sobre la gestió exercida pels poders públics quant a la compravenda de terreny la titularitat del qual és pública. El Ministeri de Defensa està així subhastant bona part del patrimoni
de l'estat en la Costa Brava, que es queda en mans de propietaris privats. A més, manca informació completa sobre el nombre de propietats en mans del Ministeri de Defensa i si aquestes propietats estan en subhasta per a continuar privatitzant així
sòl públic, en altre temps en mans dels municipis. Existeixen interrogants per a la costa de S'Estufador de Llevant i el Fortim (Sant Feliu de Guíxols), del Parc del Puig, al Molino de Vent (Palamós), els búnquers de Sant
Martí d'Empúries (L'Escala), el Far de Roses, Punta Falconera o la base militar aèria Puig del Pení (Cadaqués), entre altres.
Els terrenys la titularitat dels quals és pública en l'actualitat, i molt sensiblement aquells que formen part de parcs naturals protegits, no haurien de ser objecte de compra privada per a continuar fomentant la cultura del maó,
l'especulació i la bombolla, per a usos privatius i d'explotació turística, que no acostumen a tenir respecte per l'entorn i la diversitat de flora i fauna. De fet, la Costa Brava, és una zona que es troba altament tensionada per l'explotació
urbanística i turística, activitats que tenen un clar impacte en els escassos recursos hídrics i que amenacen la seva rica biodiversitat. A més, la seva explotació turística està limitant l'accés a l'habitatge per a les persones joves i per a les
persones treballadores que sovint són les que sustenten aquest sector econòmic.
L'entitat SOS Costa Brava té localitzats més d'una quinzena de zones que es troben amenaçades per diferents motius, com Bellasfosca, on es vol urbanitzar la pineda en la zona de l'antic càmping; Cap Roig, que és zona Xarxa Natura 2000, Zona
d'Especial Protecció per els Aus, alberga un castell considerat Bé Cultural d'Interès Nacional i en el qual la propietat vol ampliar zones edificables; o els Jonquers, on es vol construir un nou vial d'accés nord passant pels arrossars que
delimiten la Reserva Natural Parcial dels Basses d'en Coll. Aquests són només alguns casos identificats per l'entitat en el qual s'explota urbanísticament aquest ric ecosistema. Per tant, no es tracta d'un fet puntual, sinó que és la pràctica
sistemàtica i continuada de l'explotació d'una costa que ha de comptar amb la protecció adequada.
En efecte, la Costa Brava, així com tota la costa Mediterrània en general, mereixen la protecció deguda, ja que han estat sistemàticament vulnerades per projectes urbanístics i d'infraestructures que amenacen amb la desaparició de la costa i
la seva biodiversitat. Tenint en compte que s'intueix que hi ha nombrosos terrenys encara de titularitat pública de l'Estat, és imprescindible canviar el model de privatització que s'aplica actualment per a donar pas a la cessió municipal,
supramunicipal i autonòmica i que únicament pugui destinar- se a usos socials, ambientals o culturals, amb la fi no solament de preservar un paisatge i un entorn únic i valuós, sinó que l'ús d'aquests terrenys i propietats reverteixi en usos públics
per a tota la població.
Mes allà dels procediments establerts per a l'obtenció i gestió del patrimoni de les administracions públiques en la legislació vigent, tant allò establert en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques,
el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, com en el Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals així com totes aquelles normatives de
desenvolupament competencial autonòmic, es fa necessari, en el context actual, que el govern estableixi nous criteris que ajudin a prioritzar les cessions d'aquelles propietats titularitat de l'Estat en desús continuat, facilitant així la cessió
interadministrativa per a un ús social
Per tot això el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés insta el Govern a establir convenis de cessió d'ús amb ajuntaments, entitats locals, supramunicipals i autonòmiques dels terrenys i béns immobles propietat del Ministeri de Defensa, o la transmissió d'aquests, dins de les
modalitats que preveu la normativa especial d'aquest Ministeri en matèria de Patrimoni de les Administracions Públiques, el destí de les quals sigui d'ús social, com a habitatge públic o equipaments, ús ambiental, com a centres d'interpretació o
observació, o fins culturals.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 d'abril de 2024.-Júlia Boada Danés, Eloi Badia Casas y Fèlix Alonso Cantorné, Diputats.-Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública sobre la
creación de un Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENN) a partir de los registros administrativos oficiales.
Exposición de motivos
La negociación colectiva en nuestro sistema democrático debe constituir un instrumento para obtener simultáneamente buenos resultados en eficiencia económica, cohesión social y coordinación macroeconómica. Solo de este modo los procesos
económicos sostenibles, además de ser eficientes, pueden evitar una sociedad cada vez más desigual. De la misma manera, solo se puede mantener cohesionada una sociedad a largo plazo si ésta es capaz de mejorar su productividad, a no ser que se
acepte su progresivo empobrecimiento.
La negociación colectiva española ha demostrado tener una importante capacidad para la coordinación macroeconómica en la respuesta que ha ofrecido desde los Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva a los cambios en el ciclo
económico, lo que muestra la capacidad y solvencia de las organizaciones sindicales y empresariales que los han pactado. Asimismo, ha promovido la cohesión social gracias a su elevada cobertura, en torno al 92 % de las personas asalariadas en el
sector privado. Ésta ha sido a su vez resultado de la eficacia general de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios sectoriales de grupo de empresa, provincial, autonómicos o Ínter autonómico (en particular, los provinciales y
autonómicos) son los que cubren a un mayor número de trabajadores (58 %); los de empresa comprenden el 7 % y los sectoriales nacionales el 35 % restante según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La eficiencia económica, por su parte, puede lograrse mediante la puesta a disposición de los negociadores de los convenios de una información económica oficial, actual, completa (referida a todas las empresas incluidas en el ámbito de
negociación) y simétrica (es decir, igual) para las dos partes que negocian o velan por el cumplimiento del convenio a través de sus comisiones paritarias. Una información de calidad permitiría llevar a cabo una negociación adaptada y eficiente.
En dicho entorno sería, asimismo, más fácil fijar un incremento salarial medio o hacerlo para una banda, en el caso de actividades con mucha dispersión. También sería más sencillo, rápido y posible decidir el descuelgue y posterior 'recuelgue' de
las condiciones generales de trabajo de empresas que se apartan del comportamiento general. Y se conocería las rentas que se extraen de las empresas vía dividendos y si ello afecta a la capitalización o su nivel de inversión.
La buena noticia es que existe información económica disponible en los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para llevar a cabo una negociación colectiva
más eficiente sin perder en su capacidad de cohesión o coordinación.
La TGSS pregunta, desde hace varios años, a cada centro de cotización, mediante un campo de cumplimentación obligatoria incluido en el TC2 (listado de afiliados en alta), cuál es el código de convenio al que está adscrito cada afiliado.
Este código lo proporciona a su vez la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos.
El código de convenio ya se explota por el Ministerio de Trabajo para conocer de manera más precisa el número de trabajadores cubiertos por cada convenio colectivo. Esto servirá también para mejorar la Estadística de Convenios Colectivos de
Trabajo, donde el número de trabajadores cubiertos por los convenios de ámbito superior a la
empresa es un dato difícil de precisar por los encargados de rellenar la Hoja Estadística que alimenta este registro.
Gracias a este código de convenio es posible también conocer las empresas (a través del código de cuenta de cotización principal y el NIF) que 'cuelgan' de cada convenio colectivo de ámbito superior al de empresa y que, en algún caso, pueden
tener trabajadores ubicados en más de un convenio.
Conocidas las empresas incluidas en cada convenio, se puede reunir la información económica que figura en los registros impositivos y de la Seguridad Social de estas empresas procedentes de sus declaraciones tributarias.
En concreto, y como primer paso, sería fácil reagrupar para cada convenio colectivo, la información que de estas declaraciones ya publica el Observatorio de Márgenes Empresariales de la AEAT y el Banco de España, dado que a través del código
de convenio se conocen las empresas incluidas en cada convenio colectivo de trabajo. En el futuro, sería posible ampliar la información económica sobre empresas y trabajadores más allá de la ofrecida por el Observatorio con el fin de seguir
mejorando los procesos de negociación colectiva.
Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar consideramos que la publicación y utilización de la información económica procedente de los registros administrativos por parte de las mesas de negociación no solo repercutirá positivamente en
la transparencia, eficiencia, cohesión y coordinación de la negociación colectiva, como se ha señalado anteriormente, sino que también permitirá realizar un análisis económico más preciso y por tanto útil, de la evolución de los salarios, los
beneficios que se extraen de la empresa, la productividad y el reparto de ésta. Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Avanzar decididamente en la mejora de la información económica precisa para el desarrollo más adecuado de la negociación colectiva, así como para acceder a la misma por parte de los negociadores de los convenios de trabajo.
2. En este sentido y en concreto, se insta a los Ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Migraciones, y Trabajo y Economía Social a suscribir un convenio de colaboración con el fin de que la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria lidere, junto con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, la publicación trimestral de la información económica incluida en el Observatorio de Márgenes Empresariales agrupada
por convenio colectivo de trabajo de ámbito superior al de empresa y que proporcione, asimismo, esta información por tamaño de empresa, al igual que se hace ya en el Observatorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Carlos Martín Urriza, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de
Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para revertir los efectos de la
inflación en la tributación del ahorro para su discusión en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Las familias españolas han sufrido una importante pérdida de su poder adquisitivo en los últimos años, lo que ha puesto a buena parte de ellas en una situación preocupante. En efecto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de
la Encuesta de Condiciones de Vida asegura que el 'porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó hasta el 26,5 %, desde el 26,0 % de 2022' 1, siendo de las más elevadas de los países europeos 2.
El artículo 31 de la Constitución Española, incluido en el Título I (bajo la rúbrica De los derechos y deberes fundamentales), señala expresamente que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio'.
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (bajo la rúbrica Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario), establece que la 'ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad'.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que recae directamente sobre la totalidad de los rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales de las personas físicas.
En los últimos años, las familias que han podido generar excedentes de rentas han visto como éstos han sido mermados por dos vías:
- Por un lado, el efecto que la inflación ha tenido sobre la capacidad de preservar valor de los ahorros.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de Precios de Consumo ha aumentado un 18,8 % desde agosto de 2020 hasta el pasado mes de marzo.
- Por otro lado, que aquellos activos que han conseguido preservar valor ajustado a la inflación, ven como tributan a tipos impositivos más elevados al subir de tramo.
En 2023, la recaudación por este tributo ha supuesto el 44,2 % del conjunto de ingresos tributarios. Con datos anuales, la recaudación por IRPF ha aumentado en el periodo 2017-2023 un 53,2 %.
En la intervención que realizó la subgobernadora del Banco de España hizo el pasado 1 de febrero del año 2023, se afirmó que el 'flujo de ahorro de las familias desde finales de 2021 se ha reducido de forma muy notable, en un contexto
marcado por elevadas tasas de inflación, en el que el consumo nominal ha crecido a un ritmo más elevado que el de las rentas. Como resultado de ello, la tasa de ahorro de los hogares en el tercer trimestre de 2022 pasó a situarse por debajo de los
niveles observados en los años previos a la pandemia' 3. Y añadió que las 'elevadas tasas de inflación observadas desde la parte final de 2021 se están traduciendo en un crecimiento del consumo nominal, menguando así el ahorro de las familias, como
he mencionado anteriormente' 4 y termina asegurando que 'algunas familias con una bolsa de ahorro excedente en esta situación podrían haber destinado una parte de esta a amortizar su deuda, en un contexto en el que el valor real de las tenencias de
efectivo y depósitos se está viendo erosionado por la elevada inflación' 5.
Estas conclusiones fueron publicadas de forma más precisa en el informe del Banco de España publicado en su Boletín Económico del segundo trimestre del año 2023 titulado La evolución y el destino del ahorro extraordinario acumulado por los
hogares españoles
1 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm
2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/visualisations
3 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Subgobernador/Arc/Fic/IIPP-2023-02-01-delgado.pdf
4 Ibidem.
5 Ibidem.
desde el inicio de la pandemia 6. En este informe se hace una valoración añadida en cuanto a que 'diversos factores sugieren que, en consonancia con lo observado hasta ahora, no cabe esperar que esta bolsa de ahorro extraordinario
proporcione un impulso muy significativo al consumo agregado de los hogares en los próximos trimestres' 7.
La presente propuesta tiene como objetivo abordar la distorsión fiscal causada por la tributación del incremento del ahorro debido a la inflación. Para lograrlo, se propone implementar un sistema de actualización automática que ajuste el
valor del ahorro para reflejar el efecto real de la inflación, evitando así la tributación, sobre un incremento ficticio.
La tributación actual del ahorro no tiene en cuenta el impacto negativo de la inflación, lo que resulta en una carga impositiva injusta para los contribuyentes. Al no ajustarse por la inflación, el ahorro puede parecer que ha aumentado en
términos nominales cuando, en realidad, su poder adquisitivo ha disminuido.
Esta situación desincentiva el ahorro y distorsiona las decisiones financieras de los contribuyentes.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las medidas necesarias para que el ahorro deje de tributar por el falso incremento provocado por la inflación, de tal forma que se actualicen las tablas relativas a las bases liquidables para que recojan el efecto del aumento
generalizado de los precios. De acuerdo con esto, el Gobierno promoverá lo siguiente:
a) Establecimiento de tablas de actualización automática que ajusten el valor del ahorro para reflejar la inflación, basadas en índices de precios al consumo (IPC) y otros indicadores económicos relevantes que se aplicarán de manera
automática al calcular el incremento del ahorro sujeto a tributación.
b) El incremento del ahorro que se deba únicamente a la inflación, según lo determinado por las tablas de actualización automática estará exento de tributación y solo estará sujeto al impuesto el incremento real del ahorro una vez que supere
el ajuste por inflación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y
José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las categorías de ingreso en el convenio colectivo del Grupo Renfe
para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
6 https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/30171/l/be2302-art08.pdf
7 Ibidem
Exposición de motivos
Durante los pasados meses de enero y febrero se dieron diversas movilizaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras de Renfe-Operadora E.P.E. (en adelante, RENFE), culminando en una huelga el pasado 9 de febrero. El principal
desencadenante de la situación de conflicto fue el incumplimiento por parte de RENFE del compromiso de eliminar los subgrupos de ingreso que se establecieron en el primer convenio colectivo de Renfe en el año 2016, y que comporta que parte de las
personas trabajadoras de RENFE estén recibiendo un salario inferior por el mero hecho de incorporarse en una fecha diferente a la de sus compañeros y compañeras.
En efecto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adquirió el compromiso en el propio Convenio Colectivo de que eliminaría los subgrupos de ingreso tras la firma este. En ese sentido, el pasado 1 de febrero de 2024, en un
informe firmado por el Subsecretario del Ministerio de Transportes, Sr. Jesús M. Gómez García, se recordaba que en previsión del compromiso:
'RENFE plantea una negociación destinada a la eliminación total de las categorías de ingreso con efecto de 1 de julio de 2023.'
El informe añadía que los costes adicionales quedaban compensados con el plan de desvinculaciones voluntarias.
Una semana después, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, refiriéndose al propio informe del Ministerio de Transportes, destaca que la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos emite informe de impacto
presupuestario en el que apunta que:
'El Plan de Desvinculaciones Voluntarias y Jubilación Parcial es una medida ya existente en la entidad y que la reducción retributiva de las categorías de ingreso se introdujo en el I Convenio Colectivo como una medida de ahorro que
compensase el coste de dicho Plan, no puede considerarse una medida de ahorro.'
En definitiva, este segundo informe vendría a desestimar el criterio favorable del Ministerio de Transportes sometiéndolo a una serie de condiciones que, como añade el informe, compensaran 'el impacto presupuestario que dicha medida supone'.
Llegado este punto, es obligado recordar que, en la Constitución española, la vinculación a los derechos fundamentales opera a partir de un doble esquema. En primer lugar, el artículo 9.1 CE establece una vinculación negativa a los derechos
fundamentales, es decir, el deber de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, incluidos eventualmente los derechos fundamentales, y que afecta tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. En segundo lugar, el artículo
53.1 CE recoge una vinculación positiva a los derechos fundamentales, que afecta exclusivamente a los poderes públicos y que se traduce en un deber general de realizar las funciones de acuerdo con la Constitución y un mandato de desplegar la
eficacia de los derechos fundamentales en el sentido de establecer su realización plena.
Un principio básico que opera en nuestras relaciones de trabajo es que a un trabajo de igual valor le corresponde la misma retribución, independientemente del género, orientación sexual, afiliación a un sindicato, religión, ideas políticas o
de la fecha de incorporación a la empresa, entre otros posibles motivos de discriminación.
Como recuerda María Emilia Casas Baamonde, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, en un artículo del número 5/2019 de la Revista de Jurisprudencia Laboral: 'Los sistemas de doble escala salarial basados exclusivamente en la fecha
de contratación de los trabajadores son contrarios al genérico principio constitucional de igualdad y al principio legal de igualdad retributiva por trabajo de igual valor'.
Es decir, estas dobles escalas salariales resultan contrarias al artículo 14 de la Constitución española y, por ende, los artículos 4.2.c, 17 y 28 del Estatuto de los Trabajadores.
Esta idea básica, la de la no discriminación salarial por fecha de ingreso en la empresa, ha sido confirmada en sucesivas ocasiones por el Tribunal Supremo (sentencias 69/2019, de 5 de marzo de 2019; 224/2019, de 18 de marzo; 694/2019, de
8 de octubre de 2019; 484/2019, de 24 de junio de 2019, entre otras).
De acuerdo con lo expuesto, en aplicación de la legislación y la jurisprudencia laboral las categorías de ingreso suponen una doble escala salarial sin justificación, algo prohibido en nuestro ordenamiento jurídico.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer efectivo, cuanto antes, el compromiso de total eliminación de las categorías de ingreso en RENFE, retomando para ello los acuerdos alcanzados con el Comité de Empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné y Verónica Martínez Barbero, Diputados.-Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que
garantice el cumplimiento íntegro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en lo relativo a la actualización de las cuantías de la bonificación al transporte de mercancías, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El transporte y las infraestructuras asociadas (puertos, aeropuertos y carreteras) tienen para Canarias un carácter esencial como elemento estructurante del territorio. Por ello, el transporte se atiende de forma especial y diferenciada en
el contexto del Régimen Económico y Fiscal (REF).
La ayuda al transporte de mercancías tiene como finalidad compensar los factores de lejanía e insularidad atendiendo al principio de continuidad territorial con la Península y entre las islas. Es por eso por lo que la ayuda atiende a los
trayectos interinsulares y con el resto del territorio nacional y de la UE, tanto en transporte marítimo como aéreo.
La necesidad de compensar los sobrecostes estructurales de Canarias en relación con el transporte de mercancías para aproximar las condiciones de vida de los ciudadanos y la competitividad de las empresas canarias a las del resto del
territorio español viene incluso consolidada en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o en la Constitución Española, donde en su artículo 138.1 se mandata al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de
solidaridad velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
El desarrollo de esa obligación se refleja tanto en la exposición de motivos como en los artículos 1, 4 y 7 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, donde se obliga a que se establezca una
consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, referida al año natural, para financiar un sistema de compensaciones que permita compensar el 100 por 100 del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y
entre las Islas Canarias y la Península o entre las Islas Canarias y otros países de la Unión Europea.
El REF establece con nitidez la obligación de actualizar las cuantías de la bonificación al transporte de mercancías en Canarias con una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, de manera que se compense el 100 % del
coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre Canarias y la Península u otros países de la Unión Europea.
Se ha constatado con las organizaciones empresariales canarias que, en la actualidad, las ayudas que se reciben para el transporte apenas cubren el 65 % de la tarifa de los fletes, dejando a las empresas con la carga del 35 % restante. Esta
situación es aún más preocupante para compañías medianas y pequeñas y las de las islas no capitalinas, que no tienen la capacidad de negociar tarifas más ventajosas debido a su menor volumen de transporte.
La etapa de incertidumbre para el transporte marítimo que comenzó con la crisis sanitaria del Covid-19 y se ha acentuado con los conflictos bélicos recientes ha provocado un aumento considerable en los importes y la volatilidad de costes de
los fletes.
Los sobrecostes han sido incluso cuantificados en diversas ocasiones mediante estudios de los años 2009, 2016 y 2019. Éste último denominado 'Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias'.
En el citado informe se demuestra y afirma que los costes de la ultraperiferia del sector privado canario sumaron un total de 5.228 millones de euros, cifra que representa el 8 % de la facturación. El sobrecoste por transporte de mercancías
es el que mayor peso tiene, representando un 54,7 % del sobrecoste global. Le siguen en importancia (cuantitativa) los sobrecostes por capacidad productiva ociosa e instalaciones múltiples, con un peso en el total del 12,1 % y 11 %,
respectivamente.
Y en relación de modo específico con los sobrecostes del transporte los cuantifica en:
;Euros;Porcentaje facturación;Porcentaje Total
Transporte mercancías;2.860.122.387;4,4;54,7
Sin embargo, el gasto imputado en los PGE 2023, por tanto correspondiente a 2022, ascendió a un total de 72,8 millones de euros (17,5 M sin financiación comunitaria y 55,3 con financiación comunitaria).
Operar en un territorio ultraperiférico y con doble insularidad como Canarias implica un sobrecoste significativo para las empresas, equivalente al 30 % de su facturación, que incluye los costes de transporte, las instalaciones necesarias
para tener presencia en distintas islas y los stocks diferenciales. Este sobrecoste se ha visto incrementado en los últimos años debido a los conflictos bélicos y la crisis del Mar Rojo.
Es cierto que el importe de los módulos de los costes del transporte se ha ido actualizando cada año, pero lo ha sido sobre cantidades de partida que no son nada ajustadas a la realidad. Por ello, es imprescindible el cálculo urgente de los
costes del transporte de mercancías de Canarias a la península ibérica y entre las propias islas para hacer un compensación justa y centrada en el ordenamiento jurídico español.
Además, el pago de las ayudas se produce con un retraso considerable en relación con el momento en que las empresas canarias deben hacer frente al pago, y con una incertidumbre sobre la cuantía muy importante que hace que las empresas
soporten un coste financiero a veces inasumible y, por otro lado, la dificultad de conocer el coste real de los productos para poder beneficiar al consumidor la ayuda. Téngase en cuenta que un pago de un flete en enero de 2023 no será compensado
hasta finales de 2024.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tomar medidas urgentes para actualizar las cuantías de las bonificaciones al transporte de mercancías incluidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para que se
ajusten al coste real de las
mismas, así como a arbitrar un sistema que permita que su pago se produzca a más tardar en el plazo de seis meses desde que se haga frente a ellas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Jimena Delgado-Taramona Hernández, Juan Antonio Rojas Manrique, Guillermo Mariscal Anaya, Asier Antona Gómez, Laura María Lima García y Carlos Alberto Sánchez Ojeda,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la conexión ferroviaria de alta velocidad Vigo-Porto para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La conexión ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades de Vigo y Porto, a denominada Saída Sur, constituye una infraestructura de alcance estratégico para completar la vertebración ferroviaria del eje Atlántico. Tiene carácter
esencial para el área de Vigo y permitiría configurarla como un gran polo de desarrollo de la Eurorregión Galiza-Norte de Portugal.
Esta infraestructura es una larga y unánime reivindicación del conjunto de la ciudad de Vigo y su ejecución ha sido reiteradamente comprometida por los sucesivos gobiernos del Estado.
Sin embargo, la reciente decisión de la Comisión Europea de priorizar el desarrollo de la conexión de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, excluyendo la conexión Vigo-Porto de la red básica transeuropea para el transporte de viajeros y
modificando la previsión de su ejecución para el año 2040, supone un grave revés para la puesta en marcha de esta conexión ferroviaria fundamental e irrenunciable para Vigo y para el conjunto de la Galiza. Ahora, después de las negociaciones de los
trílogos, el tramo Porto-Vigo queda relegado a una nueva categoría intermedia llamada Red Básica Ampliada, pasando su horizonte de finalización de 2030 a 2040.
Este hecho, arroja dudas a respecto del compromiso de los Gobiernos tanto del Estado español cómo de Galiza por acelerar los trabajos y lograr que se efectivice. Es necesario que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del
Ejecutivo español reclame ante la Comisión Europea la revisión de esta decisión y que despliegue todas las acciones e iniciativas precisas, a comenzar por los aprovisionamientos presupuestarios y la intensificación de la cooperación con el Gobierno
portugués, con el objetivo de garantizar la finalización de la Salida Sur en el horizonte del año 2030.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a solicitar la revisión de la decisión de la Comisión Europea y a desplegar todas las acciones e iniciativas que fueran necesarias, incluyendo las provisiones presupuestarias y la
intensificación de la cooperación con el Gobierno portugués, con el objetivo de garantizar la finalización de la Saída Sur en el horizonte del año 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á conexión ferroviaria de alta velocidade Vigo-Porto para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A conexión ferroviaria de alta velocidade entre as cidades de Vigo e Porto, a denominada Saída Sur, constitúe unha infraestrutura de alcance estratéxico para completar a vertebración ferroviaria do eixo Atlántico. Ten carácter esencial para
a área de Vigo e permitiría configurala como un grande polo de desenvolvemento da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal.
Esta infraestrutura é unha longa e unánime reivindicación do conxunto da cidade de Vigo e a súa execución ten sido reiteradamente comprometida polos sucesivos gobernos do Estado.
No en tanto, a recente decisión da Comisión Europea de priorizar o desenvolvemento da conexión de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, excluíndo a conexión Vigo-Porto da rede básica transeuropea para o transporte de viaxeiros e modificando
a previsión da súa execución para o ano 2040, supón un grave revés para a posta en marcha desta conexión ferroviaria fundamental e irrenunciábel para Vigo e para o conxunto da Galiza. Agora, despois das negociacións dos trílogos, o tramo Porto-Vigo
queda relegado a unha nova categoría intermedia chamada Rede Básica Ampliada, pasando o seu horizonte de finalización de 2030 a 2040.
Este feito, arroxa dúbidas a respecto do compromiso dos Gobernos tanto do Estado español como da Galiza por acelerar os traballos e lograr que se efectivice. É preciso que o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel do Executivo
español reclame ante a Comisión Europea a revisión desta decisión e que despregue todas as accións e iniciativas precisas, a comezar polos aprovisionamentos orzamentarios e a intensificación da cooperación co Goberno portugués, co obxectivo de
garantir a finalización da Saída Sur no horizonte do ano 2030.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a solicitar a revisión da decisión da Comisión Europea e a despregar todas as accións e iniciativas que foren precisas, incluíndo os aprovisionamentos orzamentarios e a intensificación da
cooperación co goberno portugués, co obxectivo de garantir a finalización da Saída Sur no horizonte do ano 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para recuperar la pérdida de
frecuencia de trenes en la conexión Albacete-Madrid, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La provincia de Albacete es una de las grandes perjudicadas en materia de transportes. El Ministerio de Transportes del Gobierno de España ha tomado una serie de decisiones en los últimos años que, lejos de potenciar la comunicación de la
provincia, la han aislado; limitando trayectos, suspendiendo trenes, cambiando estaciones, etc.
Estas medidas han tenido un impacto negativo significativo, perjudicando a la provincia de Albacete, a su tan necesario desarrollo, su tejido empresarial, su negocio exterior, a su sector turístico y a miles de albacetenses.
Entre los distintos agravios destaca el de la pérdida de frecuencia de los trenes entre Albacete y Madrid, que se ha visto reducida en un 12 %, a pesar de la alta demanda.
Esta es una conexión que muchos usuarios utilizan a diario, ya que son muchos los albacetenses que trabajan en la capital. Además, Madrid es una de las principales ciudades con las que tiene relación Albacete, por lo que la pérdida de
frecuencia de trenes afecta negativamente a la actividad económica de la provincia.
Desde los Ayuntamientos, sindicatos, confederaciones de empresarios, distintos sectores de la sociedad albacetense y los usuarios de los trenes han solicitado el aumento de las frecuencias de los trenes con Madrid, la reapertura de las
líneas cerradas, el arreglo de los retrasos y suspensiones, etc., sin obtener ni una sola medida por parte del Gobierno que sugiera la preocupación y apuesta por el desarrollo de Albacete.
Es evidente el retroceso y deterioro de la provincia en términos de comunicaciones por tren y en materia de transportes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar la frecuencia de los trenes Albacete-Madrid y así recuperar ese 12 % de horarios que ha perdido en los últimos años.
2. Analizar los perjuicios ocasionados a la provincia de Albacete por la pérdida de trenes de la conexión entre Albacete y Madrid.
3. Priorizar la incorporación de Albacete en la planificación de nuevos trayectos y proyectos de servicios ferroviarios futuros.
4. Garantizar que los avances en materia de transportes beneficien a todas las provincias y no se limite el derecho a la movilidad de unos frente el de otros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Carmen Navarro Lacoba y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la pérdida de frecuencia
de trenes en la conexión Albacete-Valencia, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En los últimos años, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España ha tomado una serie de decisiones que han ido aislando a la provincia de Albacete.
Estas medidas han tenido un impacto negativo significativo, perjudicando a la provincia de Albacete, a su tan necesario desarrollo, su tejido empresarial, su negocio exterior, a su sector turístico y a miles de albacetenses.
Entre los distintos agravios y retrocesos en materia de comunicación por tren destaca el de la pérdida de frecuencia de trenes.
En concreto, la frecuencia de los trenes entre Albacete y Valencia ha disminuido en un 75 %, aparte de haber perdido también en la variedad de oferta y en el tiempo de viaje. Dicha reducción se ha visto agravada desde la pandemia.
Además de afectar a los viajeros, siendo de Valencia el 20 % de los que llegan a Albacete, el cierre también ha generado grandes perjuicios económicos, ya que gran parte del ocio se dirige hacia la Comunidad Valenciana. Por otra parte, la
economía local está estrechamente vinculada a Valencia en términos de exportaciones y comercio de bienes y servicios, por lo que la disminución en la frecuencia ha dificultado los intercambios empresariales.
La recuperación de estos servicios se ha solicitado en numerosas ocasiones desde diferentes sectores de la sociedad albacetense, sindicatos, ayuntamientos, confederaciones, etc. Y la respuesta que han recibido, tanto de Adif como del
Gobierno, es que no es viable, entre otros motivos, por las obras que se realizan en algunos tramos de la vía.
En concreto, las obras que se llevan a cabo en el nudo de La Encina para adecuar ese punto al ancho europeo, que será utilizado por la futura línea de alta velocidad que conectará Alicante y Valencia.
Sin embargo, las obras, aunque dificultan la recuperación de todas las frecuencias, no impiden que se pueda recuperar alguno de los trenes. Como se ha reclamado en otras ocasiones, es factible permitir el paso de al menos uno de los dos
trenes que fueron retirados.
Por otro lado, las obras que se están realizando en el corredor de La Encina, adecuándolo al estándar internacional de ancho de vía, posibilitarán técnicamente la creación de más conexiones ferroviarias y más rápidas, por lo que sería viable
viajar de Albacete a Valencia en tren de alta velocidad. Aunque esta opción no ha sido tenida en cuenta, ni es el objetivo de las obras.
En conclusión, la adecuación de las vías, la posibilidad de incorporar servicios sin grandes inversiones y la alta demanda del trayecto indicado (Albacete-Valencia) son motivos suficientes para que el Gobierno plantee y facilite la
recuperación de los servicios perdidos entre Albacete y Valencia y estudie la incorporación de Albacete a los proyectos de alta velocidad que se están llevando a cabo.
Albacete ha sido excluida sistemáticamente de los proyectos en materia de transporte del Gobierno. No se perciben medidas que demuestren un compromiso con esta tierra, no se preocupan por fomentar la calidad de sus trenes, por aumentar su
frecuencia, y, en definitiva, por promover el progreso de la provincia de Albacete.
Es evidente el retroceso y deterioro de la provincia en términos de comunicaciones por tren y en materia de transportes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar la frecuencia de los trenes entre Albacete y Valencia y así mitigar los daños causados a la economía y la sociedad local debido a la reducción de frecuencias.
2. Analizar los perjuicios económicos y sociales ocasionados por la pérdida de trenes de la conexión entre Albacete y Valencia.
3. Realizar un estudio sobre las distintas obras que se están realizando a lo largo de las vías con el propósito de recuperar alguno de los trenes perdidos.
4. Facilitar la fecha de finalización de las obras que se están realizando en el nudo de La Encina y ofrecer una fecha concreta en la que se va a efectuar la recuperación de los servicios ferroviarios perdidos entre Albacete y Valencia.
5. Estudiar la posibilidad de viajar en alta velocidad de Albacete a Valencia, considerando que la adaptación del corredor de La Encina a los estándares internacionales va a aumentar la capacidad para mayores conexiones de menor duración.
6. Priorizar la incorporación de Albacete en la planificación de nuevos trayectos y proyectos de servicios ferroviarios futuros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Carmen Navarro Lacoba y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para dar máxima prioridad a la
ejecución del tercer carril de la Autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo: Enlace 429 (Roquetas de Mar)-Enlace 438 (Almería), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El tramo de la A-7 comprendido entre los municipios de Roquetas de Mar y Almería es el que soporta mayor densidad de tráfico de mercancías y turismos de toda la provincia de Almería. Une los dos municipios más importantes de la provincia
almeriense y es el enlace de la capital con todos los municipios situados al poniente, una de las vías principales que comunica Almería con el resto de Andalucía. En él se producen habitualmente retenciones de tráfico y es, además, el que presenta
mayor índice de siniestralidad y accidentabilidad.
La única alternativa para evitar la circulación por este tramo es la antigua N-340, conocida como la carretera de El Cañarete, una carretera convencional que discurre paralela a la costa y que ha sufrido importantes cortes en los últimos
años derivados de los graves desprendimientos de rocas.
La situación no es nueva, pero sí se agrava cada día que pasa, ya que es en el Poniente almeriense donde se concentra un mayor número de empresas agrícolas, motor del desarrollo económico provincial, y son muchos los camiones, furgonetas y
vehículos mixtos a los que a diario hay que dar salida para transportar nuestras frutas y hortalizas. También son miles los almerienses que diariamente se ven obligados a completar este recorrido para sus desplazamientos cotidianos.
En 2017, el gobierno del Partido Popular, sensible a la realidad, licitó la redacción del proyecto de un tercer carril en dicho tramo de la A-7 e incluyó esta infraestructura en los Presupuestos Generales del Estado. Siete años después de
ese hito, tan sólo se ha logrado aprobar, en el segundo semestre de 2023, el proyecto de trazado de los casi 10 kilómetros que discurren entre los enlaces 429 y 438 de la Autovía A-7, por lo que, de seguir esa proyección temporal, la ejecución
material de la obra real se vislumbra muy, muy lejana en el tiempo.
El pesimismo se hace mayor para los almerienses si se tiene en cuenta que aún queda por redactar el proyecto constructivo y aprobar la licitación del mismo. Esta última fase se hace imposible al no existir partida presupuestaria, y el hecho
de que el presidente del Gobierno haya renunciado a presentar presupuesto para este ejercicio complica y alarga aún más las cosas.
Dicho proyecto constructivo debiera de aprovechar para tener en cuenta las alegaciones que el Ayuntamiento de Almería formuló en su día para ampliar el diámetro de la glorieta contemplada, y plantear la máxima capacidad posible para la nueva
rotonda como mejor garantía de futuro, y con ello facilitar un nuevo acceso al barrio de Castell del Rey, una
alternativa que sólo se le puede ofrecer a este importante núcleo de población a través de esta oportunidad única.
Es importante recordar que los vecinos de Castell del Rey tan sólo pueden llegar a sus viviendas por la ya mencionada carretera de El Cañarete y que esta carretera ha estado cerrada al tráfico de manera intermitente en los últimos años por
desprendimientos de rocas.
El tercer carril de la A-7 que una Almería y Roquetas de Mar, en ambos sentidos, necesita del compromiso del Gobierno para su ejecución. Necesita garantías de que se quiere y se va a realizar. Urge su realización por motivos
socioeconómicos que son más que evidentes.
Por tanto, ante la imperiosa necesidad de ejecutar estas obras, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar y dar máxima prioridad a la ejecución del tercer carril de la Autovía A-7 del Mediterráneo. Tramo: Enlace 429 (Roquetas de Mar)-Enlace 438 (Almería).
2. Incluir en el proyecto constructivo la ampliación de la glorieta planteada en el proyecto de trazado para facilitar un futuro acceso al núcleo poblacional de Castell del Rey.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Ana Martínez Labella, Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la culminación inmediata
de los trabajos en la autovía A-12, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Autovía del Camino o A-12 es una infraestructura muy vinculada a la tierra por la que transita. Su trazado de gran permeabilidad permite a los usuarios desplazarse con gran comodidad entre Navarra y La Rioja y, en el futuro, con Burgos.
Es una autovía que comienza en Pamplona (Navarra), construida por el Gobierno de Navarra entre 2002 y 2006, y desde 2007, por el Ministerio de Transportes los tramos entre Logroño y Burgos, desde su competencia. Además, es un eje estratégico para
la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma de La Rioja y para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por su conexión directa con Madrid a través de la autovía A-1.
Con la finalización de la construcción de los tramos restantes, y la construcción de la autovía A-54 entre Lugo y Santiago de Compostela, esta autovía se consolidará también como parte de la ruta entre Pamplona y Santiago de Compostela que
constituirá el llamado 'corredor santiaguero', cubriendo casi todo el trazado del Camino de Santiago francés, desde Pamplona hasta Santiago de Compostela, pasando por Logroño, Burgos y León, empleando las autovías A-21, A-12, A-231, A-6 y A-54.
La autovía del Camino de Santiago A-12 pretendía convertirse en la principal vía de comunicación de La Rioja y Navarra con Madrid, y el centro sur de la península, una vez terminada. Pero el paso de los años, y la demora de muchos tramos,
ha convertido una infraestructura imprescindible para las tres comunidades autónomas, en un retraso continuo e inesperado.
En los inicios del siglo XXI, el Gobierno de Navarra realizó un espectacular empuje de esta infraestructura poniendo en servicio entre 2005 y 2006 un total de 72,5 kms. En 2014, entró en servicio el último segmento que se ha abierto de esta
autovía, el de Hormillas-Santo Domingo de la Calzada, y desde entonces, poco más se ha puesto en servicio.
Actualmente la conexión entre Burgos y Logroño se realiza a través de la carretera nacional N-120 con un elevado índice de siniestralidad por el actual trazado del Puerto de la Pedraja, especialmente vehículos pesados que por longitud eligen
esta vía de comunicación rechazando otras de más largo recorrido y de mayor coste económico, como la AP-68.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno de España se ha producido una generalizada ralentización de las obras de la citada autovía A-12, frente al Gobierno de Mariano Rajoy, que selló un compromiso en plazos y
presupuestario para impulsar esta infraestructura que actualmente han sido incumplidos.
Y es que, desde la asunción de responsabilidades por parte del actual gobierno, la desidia con esta obra ha sido una constante, prueba de ello es la escasa cantidad que se asigna en los últimos presupuestos generales del Estado. Se trata de
una vía que el 21 de mayo de 1999, el Consejo de Ministros autorizó la contratación de las obras de la variante de Navarrete (La Rioja); han pasado 25 años, y la Autovía del Camino de Santiago sigue sin conectar La Rioja y Burgos.
Las obras de la A-12 deben tener una apuesta decidida a través del impulso político de cuatro tramos por ejecutar:
- El primero, el tramo entre Ibeas de Juarros y Burgos, con 7,3 kms de longitud, fue adjudicado por un importe menor del presupuestado, 45 millones frente a los 83,3 millones estimados. La UTE seleccionada se hizo con la obra en octubre de
2016 con el compromiso de finalizarla en verano de 2019, pero las empresas constructoras solicitaron un modificado debido a importantes actuaciones de ingeniería, lo que obligó a licitar de nuevo los trabajos tras completar el nuevo proyecto.
- El segundo, tramo Villafranca Montes de Oca-lbeas de Juarros tiene un presupuesto estimado de licitación de 158,1 millones de euros para ejecutar 24,3 kms y que desde el 2016 que se aprobara el proyecto no hay una partida concreta para
activar las obras. El paso del tiempo ha provocado un nuevo retraso que deberá actualizarse antes de sacarse por primera vez a concurso.
- El tercero, el tramo de Villamayor del Río-Villafranca Montes de Oca con 16,6 kms que deberá someterse a una actualización antes de salir a concurso, ya que la aprobación del proyecto fue el 6 de julio de 2015. El presupuesto inicial
ascendía a algo más de 108 millones para los 16,6 kms.
- El cuarto, el tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río, con un presupuesto de 108 millones de euros y 14 kms de longitud, ya está en ejecución, un tramo que fue adjudicado en 2019 y que tenía que haber estado terminado en 2023
y en la actualidad resta para su finalización más del 50 % de la obra.
En definitiva, es necesario impulsar los más de 40 kms de obras que restan para unir por autovía La Rioja y Burgos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, en relación con la autovía A-12, a lo siguiente:
1. Licitar de forma inmediata los tramos Villamayor del Río-Villafranca Montes de Oca y Villafranca Montes de Oca-lbeas de Juarros.
2. Agilizar los plazos de las obras del tramo ya en curso de ejecución que discurre entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río.
3. Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para que se recupere el tiempo que se ha perdido, y que los ciudadanos riojanos y burgaleses puedan disfrutar de esta vía de conexión.
4. Cumplir los distintos pronunciamientos aprobados en los parlamentos autonómicos de La Rioja y Castilla y León, así como en el Senado, en los que se insta al Gobierno de España a la agilización de la finalización de la A-12 en todos sus
tramos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Javier Merino Martínez, Héctor Palencia Rubio, Celso Luis Delgado Arce, Óscar Ramajo Prada, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella,
Cristina Teniente Sánchez, Luis Beamonte Mesa, Tomás Cabezón Casas, María Soledad Cruz-Guzmán García, Esther Llamazares Domingo, Ana María Pastor Julián, Juan Antonio Rojas Manrique, Bella Verano Domínguez, Ángel Ibáñez Hernando, María Sandra Moneo
Díez, Carlos García Adanero y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de apoyo al Corredor
Cantábrico-Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El pasado 7 de marzo de 2024 las organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja celebraron el Foro Impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, firmando una declaración en la que
instaron al Gobierno de España a la modernización y el incremento de capacidad de transporte, mercancías y viajeros del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y su incorporación a la Red Transeuropea de Transporte para 2030.
Al mencionado foro asistió el presidente del Gobierno de Aragón manifestando el compromiso de su gobierno con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como columna vertebral del Noreste de la Península Ibérica, una zona que concentra más de la
cuarta parte de la población del país y representa el 25 % del PIB nacional.
Aragón es la principal plataforma logística multimodal del sur de Europa gracias a su ubicación geoestratégica privilegiada y equidistante de los principales puertos españoles del Mediterráneo (Valencia, Barcelona y Tarragona), de la cornisa
cantábrica (Santander, Bilbao y Pasajes) y de Madrid, centro de conexión con los demás puertos (Algeciras, Sevilla, Huelva y Sines en Portugal), lo que llevó el pasado 5 de abril a las Cortes de Aragón a aprobar -sin ningún voto en contra- una
Proposición no de Ley instando al Gobierno de España a apoyar el Corredor Cantábrico- Mediterráneo.
A pesar de disponer de plataformas logísticas punteras, en España, y concretamente en Aragón, existen serias carencias en materia de transporte ferroviario. Actualmente, en nuestro país sólo se transportan un 4,5 % de las mercancías por
ferrocarril, frente al 15 % de la media europea. El problema se va a agravar en el medio plazo al situarse en 2030 el objetivo de la Unión Europea en un incremento del 30 %, ampliándose al 45 % en 2050.
Por todo ello, es vital mejorar y modernizar una red de transporte ferroviario de mercancías que data de principios del siglo XX y que no ha recibido las inversiones necesarias.
Ante esta situación, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una infraestructura fundamental para transformar el mapa ferroviario de España. Así lo entiende la Unión Europea, que lo define como parte esencial de la red transeuropea de
transporte
(red TEN-T). Sin embargo, tal y como está concebido el proyecto, no podemos hablar de una línea de altas prestaciones. Desgraciadamente, el tramo entre Aragón y Valencia está lejos de ser una línea adecuada: no tendrá doble vía y, entre
Sagunto y Teruel, circulará a menos de 200 kilómetros por hora, incluyendo de hecho varios tramos donde la velocidad se reduce hasta los 50 kilómetros por hora.
Es inadmisible que Valencia y Zaragoza, la tercera y la cuarta ciudad de España, no estén conectadas por una línea de altas prestaciones que se prolongue hasta la cornisa cantábrica, conectando el Mediterráneo con el Cantábrico pasando por
Logroño y Miranda de Ebro. Es el trazado más rápido, más directo y, por tanto, el más lógico, apoyado a su vez por la conexión Soria-Castejón, recogiendo de esta forma las legítimas reivindicaciones de La Rioja, Cantabria y Castilla y León.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como columna vertebral del Noreste de la Península Ibérica, asumiendo la declaración conjunta suscrita por la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja tras la
celebración del Foro Impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, en la que instaron al Gobierno de España a la modernización y el incremento de capacidad de transporte, mercancías y viajeros de dicho Corredor y su incorporación a la Red
Transeuropea de Transporte para 2030.
2. Elaborar un Plan Nacional de Transporte del que derive un Plan de Infraestructura Ferroviaria 2025-2040 que aglutine los intereses de todas las Comunidades implicadas, agilizando las obras y mejoras en proceso y replanteando el tramo
entre Aragón y la Comunidad Valenciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Sergio Sayas López, Pedro Navarro López, María del Mar González Bella, Luis Beamonte Mesa y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso de las
inversiones y obras de la Autovía Cáceres-Badajoz, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La unión por autovía de las ciudades de Cáceres y Badajoz es una reivindicación histórica y permanentemente aplazada. Resulta incomprensible que en una comunidad autónoma biprovincial, sus capitales de provincia sigan sin estar comunicadas
por autovía.
La lamentable situación en la que se encuentra la carretera convencional, denominada N-523, Cáceres-Badajoz, se convirtió en un nuevo símbolo de la desigualdad y el abandono en los años 2022 y 2023. El paso de la borrasca Efraín provocó el
corte total de la carretera al tráfico durante más de un mes y de más de siete meses para los vehículos pesados, incomunicando a las dos capitales de provincia y provocando una sucesión de perjuicios y pérdidas económicas a transportistas,
empresarios, agricultores, conductores y vecinos de las zonas afectadas.
A pesar de ser una reivindicación histórica, durante años los sucesivos gobiernos socialistas en Extremadura se habían posicionado en contra de esta inversión. Numerosas propuestas en favor de esta autovía fueron rechazadas tanto en la
Asamblea de Extremadura, como en ambas Diputaciones y en distintos Ayuntamientos de la región.
A pocos meses de las elecciones autonómicas del año 2007 el partido socialista varió su posición argumentando que 'la autovía Cáceres-Badajoz ya sí es necesaria porque se va a construir en la capital pacense la Plataforma Logística del
Suroeste Europeo' y se comprometió, en su programa electoral, a terminarla y ponerla en funcionamiento en un plazo de 4 años, esto es, en 2011.
Tan solo dos meses después de su toma de posesión, Fernández Vara modificó su promesa electoral y anunció que sería el Gobierno de la Nación el que asumiría la financiación de la infraestructura, aunque la comunidad autónoma debía adelantar
el dinero. Se tardaron dos años en redactar un Protocolo de Intenciones, suscrito en julio de 2009, para dar forma a esa decisión y no se produjo ningún avance.
Tuvo que ser el primer Gobierno del Partido Popular, entre 2011 y 2015, el que dejó listos tanto los proyectos de trazado como los proyectos de construcción de los cuatro tramos en los que se ha dividido la obra de la Autovía
Cáceres-Badajoz: Tramo 1: A- 66 (en Cáceres)-Río Ayuela; Tramo 2: Río Ayuela-Carretera BA-157; Tramo 3: Villar del Rey-Bótoa; y Tramo 4: Bótoa-Autovía A5 (en Badajoz).
En junio de 2016, con el nuevo Gobierno de Fernández Vara, fueron aprobados, de manera definitiva, tanto los expedientes de información pública como los proyectos de trazado de los cuatro tramos, por lo que, desde ese momento, legalmente, se
podían licitar las obras.
Sin embargo, el Acuerdo de Infraestructuras Viarias e Hidráulicas de Extremadura 2017-2020, no incluyó para esos cuatro años, el impulso de ninguna actuación en relación con la Autovía Cáceres-Badajoz. El ejecutivo extremeño alegó que
Extremadura no tenía capacidad económica para desarrollar la actuación.
En abril de 2019, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó el cambio de titularidad de la carretera EX-100, Badajoz-Cáceres a favor del Ministerio de Transportes. Este hecho, según el presidente de la Junta, 'permitirá al
Gobierno de España licitar la actuación e iniciar las obras antes de final del año 2020 que cumple la declaración de impacto ambiental'.
La realidad es que nada de esto se ha cumplido porque los exiguos importes consignados en los Presupuestos Generales del Estado (4,0 millones de en 2021, 4,0 millones de en 2022) para el Tramo 1, no se ejecutaron.
La perspectiva de finalización de la infraestructura es a muy largo plazo, ya que las obras del primer tramo entre la A-66 y el río Ayuela, licitado en julio de 2022 y con un plazo de ejecución de 40 meses, comenzaron con movimientos de
tierra, después fueron paralizadas las obras por la realización del proyecto modificado y en la actualidad el ritmo inversor de esta importante infraestructura está en unos niveles inaceptables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la ejecución de la Autovía Cáceres-Badajoz, especialmente de su primer tramo (A-66 - Río Ayuela), disponiendo para ello los recursos técnicos, administrativos y financieros que sean necesarios.
2. Comprometer un calendario de licitación y ejecución de los distintos tramos de esta infraestructura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Cristina Teniente Sánchez, Carlos Javier Floriano Corrales, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Alfonso Macías Gata y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para promover la ejecución completa a
corto plazo de la Autovía A-43 para unir sin más dilación el Levante español y Castilla-La Mancha con Extremadura y Portugal, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En la VII Legislatura (2000-2004), durante el gobierno del Partido Popular, llegaba a la provincia de Ciudad Real la Autovía A-43 que, desde Atalaya de Cañavate en la provincia de Cuenca, enlazaba con la A-3 y permitía unir las ciudades de
Ciudad Real y Puertollano con la Comunidad Valenciana. Desde ese punto y a lo largo de su recorrido de 172,6 km, se fue enlazando con otras vías básicas de distintas titularidades en años siguientes.
Se trata de un eje imprescindible para la provincia de Ciudad Real y para toda España, por su significación transversal y la vocación de articular una infraestructura histórica útil de unión del Mediterráneo y el Atlántico, por el futuro
enlace con Portugal.
En los últimos cinco años de gobiernos socialistas en España, con el acompañamiento durante el mismo período del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, los partidos políticos de la provincia han promovido decenas de iniciativas a todos
los niveles para promover que el tramo ya construido desde Atalaya de Cañavate a Puertollano, se prolongase sin más dilación hacia la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sin embargo, uno de los partidos que parece preocupado en Ciudad Real por el asunto, el Socialista, a través de las declaraciones de sus máximos responsables, está utilizando su presunto interés con la única finalidad de atacar al partido
que gobierna en la mayor parte de ayuntamientos y en la diputación provincial de Ciudad Real. Además, de manera cómplice con el Gobierno de España, está retrasando el proyecto con la creación de un falso debate: exigen los brazos del Gobierno de
Sánchez en Ciudad Real a los demás partidos, agentes sociales, organizaciones y ayuntamientos que se pronuncien por una presunta alternativa entre opciones (que se apellidan socialmente como Norte o Sur), para así justificar con una hipotética
división ciudadana la paralización durante años de un proyecto que no terminan de ejecutar.
En el fondo el asunto es mucho más sencillo, y ello quiere subrayar esta iniciativa parlamentaria: lo que la ciudadanía de la provincia de Ciudad Real pretende es la finalización de una vez por todas de la obra proyectada. Es de una enorme
hipocresía que los propios portavoces del Gobierno central en la provincia y en la región escenifiquen una suerte de reivindicación 'por una opción o por otra', cuando lo cierto es que el proyecto se ha de ejecutar ya por donde sea viable.
Eso es todo, y tal extremo pretende el Grupo Parlamentario Popular: la ejecución de los 225 km provisionalmente pendientes y que ya no pueden esperar más el teatro, la generación de veneno y el enfrentamiento pretendido por quienes no
tienen voluntad alguna de consignar dinero para un avance eficaz de las obras, y marean a la ciudadanía con declaraciones pomposas, exigencias al adversario, redacciones de proyectos inacabables, licitaciones en suspenso, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar lo antes posible la Autovía A-43 disponiendo para ello los recursos técnicos, administrativos y financieros que sean pertinentes, así como a cesar de manera inmediata, directa o
indirectamente, la promoción de episodios de enfrentamiento y desinformación en las provincias
afectadas por el trazado pendiente de ejecutar para así justificar la dilación de la infraestructura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Carmen Fúnez de Gregorio y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la regulación del derecho de opción de traslado al RETA de las personas profesionales de la abogacía y procuraduría para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Exposición de motivos
El 23 de julio de 2023 en la Comisión 1.ª del Parlamento de Galiza era aprobada por unanimidad una Proposición no de Ley del grupo parlamentario del BNG por la se instaba al Gobierno del Estado a realizar las actuaciones y modificaciones
normativas necesarias para establecer una 'pasarela' voluntaria al RETA para las personas profesionales de la abogacía y búsqueda que pertenezcan o pertenecieran a una mutualidad, como sistema de cobertura social alternativo a la Seguridad Social.
Además de reclamar que se contemple la aplicación del complemento a mínimos en el caso de los mutualistas pasivos, evitar la equiparación fiscal del rescate de los derechos económicos de las personas mutualistas alternativas con un plan de pensiones
complementario y mejorar las condiciones de jubilación parcial de las y los profesionales de la abogacía y de la procuraduría.
Esta misma iniciativa fue aprobada, en términos sustancialmente idénticos, por la práctica totalidad de los Parlamentos Autonómicos, en numerosas Diputaciones y Ayuntamientos de todo el Estado.
Existe pues una consciencia generalizada y uniforme de lo injusto de la precaria cobertura social de las personas profesionales de la abogacía y de la procuraduría 'afiliadas' a la mutualidad profesional como sistema de protección
alternativo a la Seguridad Social. Adscripción que, inicialmente, era obligatoria y posteriormente fue 'optativa', aunque se tratara de una opción a veces ilusoria, otras con grave perjuicio patrimonial y, en la mayor parte de los casos, con
información engañosa o inexacta.
Existiendo consenso en la necesidad de abordar con urgencia la situación de la cobertura social de muchos profesionales que, tras una larga carrera de cotización, o bien no pueden jubilarse, o lo están haciendo con prestaciones económicas de
300 o 400 mensuales y no actualizables, unas cuantías incluso por debajo de las prestaciones no contributivas. Sin embargo, según las noticias que trascienden por diferentes medios, incluso por manifestaciones directas de la propia Ministra
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la regulación que se contempla no serviría para dar solución al grave problema de las profesionales que están o estuvieron adscritas a las mutualidades profesionales como sistema de cobertura alternativa al
público, tampoco daría
cumplimiento a los pronunciamientos de la práctica totalidad de las Asambleas Legislativas del Estado.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
- Reconocer el derecho de opción de las personas mutualistas -activas, pasivas o actualmente integradas en el RETA-, de la abogacía y de la procuraduría para que sus aportaciones a las mutualidades profesionales, realizadas como alternativas
al sistema público, así como la totalidad de sus derechos económicos en estas entidades, puedan ser transferidos a la Seguridad Social.
- Computar, para el eventual reconocimiento de prestaciones del sistema público, la totalidad de las cantidades que deben ser objeto de transferencia al mismo y considerar como períodos cotizados los períodos de alta efectiva en las
mutualidades, como sistema alternativo al público.
- Reformar el tratamiento fiscal de las cotizaciones realizadas a las mutualidades profesionales, como alternativas al sistema público, evitando la equiparación con un plan de pensiones complementario.
- Mejorar las condiciones de la jubilación parcial de las personas profesionales de la abogacía y la procuraduría.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á regulación do dereito de opción de traslado ao RETA das persoas profesionais da avogacía e procuradoría para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e Migracións.
Exposición de motivos
O 23 de xullo de 2023 na Comisión 1.ª do Parlamento da Galiza era aprobada por unanimidade unha Proposición Non de Lei do grupo parlamentar do BNG pola se instaba ao Goberno do Estado a realizar as actuacións e modificacións normativas
necesarias para establecer unha 'pasarela' voluntaria ao RETA para as persoas profesionais da avogacía e procura que pertenzan ou pertencesen a unha mutualidade, como sistema de cobertura social alternativo á Seguridade Social. Ademais de reclamar
que se contemple a aplicación do complemento a mínimos no caso dos mutualistas pasivos, evitar a equiparación fiscal do rescate dos dereitos económicos das persoas mutualistas alternativas cun plan de pensións complementario e mellorar as condicións
de xubilación parcial das e dos profesionais da avogacía e da procuradoría.
Esta mesma iniciativa foi aprobada, en termos substancialmente idénticos, pola práctica totalidade dos Parlamentos Autonómicos, en numerosas Deputacións e Concellos de todo o Estado.
Existe pois unha consciencia xeneralizada e uniforme do inxusto da precaria cobertura social das persoas profesionais da avogacía e da procura 'afiliadas' á mutualidade profesional como sistema de protección alternativo á Seguridade Social.
Adscrición que, inicialmente, era obrigatoria e posteriormente foi 'optativa', aínda que se tratase dunha
opción ás veces ilusoria, outras con grave prexuízo patrimonial e, na meirande parte dos casos, con información enganosa ou inexacta.
Existindo consenso na necesidade de abordar con urxencia a situación da cobertura social de moitos profesionais que, tras unha longa carreira de cotización, ou ben non poden xubilarse, ou o están a facer con prestacións económicas de 300 ou
400 mensuais e non actualizábeis, unhas contías incluso inferiores ás prestacións non contributivas. Porén, segundo as novas que transcenden por diferentes medios, mesmo por manifestacións directas da propia Ministra Inclusión, Seguridade Social e
Migracións, a regulación que se contempla non serviría para dar solución ao grave problema das profesionais que están ou estiveron adscritas ás mutualidades profesionais como sistema de cobertura alternativa ao público, tampouco daría cumprimento
aos pronunciamentos da práctica totalidade das Asembleas Lexislativas do Estado.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
- Recoñecer o dereito de opción das persoas mutualistas -activas, pasivas ou actualmente integradas no RETA-, da avogacía e da procuradoría para que as súas achegas ás mutualidades profesionais, realizadas como alternativas ao sistema
público, así como a totalidade dos seus dereitos económicos nestas entidades, podan ser transferidas á Seguridade Social.
- Computar, para o eventual recoñecemento de prestacións do sistema público, a totalidade das cantidades que deben ser obxecto de transferencia a este e considerar como períodos cotizados os períodos de alta efectiva nas mutualidades, como
sistema alternativo ao público.
- Reformar o tratamento fiscal das cotizacións realizadas ás mutualidades profesionais, como alternativas ao sistema público, evitando a equiparación cun plan de pensións complementario.
- Mellorar as condicións da xubilación parcial das persoas profesionais da avogacía e procuradoría.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los derechos de las mujeres migrantes, para su debate
en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Cerca de la mitad de las mujeres extranjeras ocupadas en España están empleadas en trabajos no cualificados. La feminización de los trabajos en los que se emplean, preferentemente aquellos relacionados con el cuidado de otras personas es
otra de las características de estas empleadas.
Por otra parte, destaca la precariedad laboral a la que se ven sometidas, el exceso de horas y la explotación laboral que en ocasiones roza la semi esclavitud. Además, la invisibilidad de muchas de esas mujeres y su sometimiento a
estereotipos de género, sexuales y culturales en el ámbito laboral que en no pocas ocasiones desembocan en situaciones de violencia.
Según datos del Observatorio Igualdad y Empleo, hasta un 23 % de las personas trabajadoras extranjeras empleadas en situación irregular son trabajadoras del hogar, suponiendo la ocupación más común entre el colectivo.
De todas las trabajadoras del hogar y de cuidados, el 56 % son de nacionalidad extranjera según los datos recabados por OXFAM-Intermón en 2021. Se estima que 70.000 mujeres se encuentran en situación administrativa irregular impulsadas, por
lo tanto, a aumentar la economía sumergida. Unas 40.000 mujeres en España trabajan de internas, el 7,5 % del sector. Un 92 % de ellas son extranjeras y están expuestas de manera frecuente a abusos en los horarios, discriminaciones salariales,
riesgos de accidentes o incluso malos tratos. En ocasiones, dada esa precariedad en la relación laboral, se registran humillaciones, tratos vejatorios y aún acoso sexual o por razón de sexo.
Los estereotipos sexuales y culturales, especialmente en el caso de mujeres migrantes de origen latinoamericano, propician estas situaciones, tanto en el ámbito laboral como en forma de acoso sexual callejero.
Una investigación llevada a cabo por la Asociación de Cuidadores de Personas, elaborada a partir de más de 5.000 entrevistas, de ellas casi 3.000 a mujeres, pone de relieve estos extremos. Además, hace hincapié en los casos de violencia
machista, incluida la violencia vicaria, y en la trata de personas con finalidad de explotación sexual, así como de explotación laboral, y en la prostitución de mujeres migrantes. Como señala este estudio, la ONU estima que, globalmente, hay más de
40 millones de personas, mayoritariamente mujeres y niñas migrantes, en situación de trata. La prostitución forzada es su principal, aunque no el único, fin.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas,
1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención para que no se reproduzcan los estereotipos respecto a las mujeres migrantes, dotando a los poderes públicos de instrumentos y formación adecuada.
2. Garantizar los derechos de las mujeres migrantes en el ámbito laboral y en especial los derechos de las que son víctimas de cualquier tipo de violencia en su entorno laboral o social.
3. Continuar impulsando medidas para la lucha contra la trata de personas con finalidad de explotación sexual y con otras finalidades e impulsar legislativamente las medidas necesarias para erradicarla.
4. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que, desde la sociedad civil, actúan contra los distintos tipos de violencia hacia las mujeres migrantes.
5. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas migrantes de violencia machista.
6. Garantizar el principio de transversalidad en las políticas públicas para la prevención, atención y reparación de violencia de género, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las
mujeres migrantes víctimas de los diferentes tipos de violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Lídia Guinart Moreno, Esther Peña Camarero, Hana Jalloul Muro y Luc Andre Diouf Dioh, Diputados.- Patricia Blanquer Alcaraz, Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces
del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para instar la adopción efectiva e
inmediata de las ayudas de finalidad regional en Cuenca, Soria y Teruel, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Hace ya tres años, en abril de 2021, la Comisión Europea adoptaba, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales de la UE, la revisión de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional revisadas ('DAR'). Prácticamente un año
después, en marzo de 2022, se aprobaba el mapa de España para la concesión de ayudas regionales entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027, en el marco de las Directrices antes mencionadas. En ellas, concretamente, se catalogaba a
Cuenca, Soria y Teruel como regiones poco pobladas, al tener menos de 12,5 habitantes por km2.
El objetivo perseguido por la Unión Europea es el de contribuir al desarrollo económico de las regiones comunitarias para las que se reconocen este tipo de medidas, persiguiendo en todo caso no generar un efecto adverso en los intercambios
comerciales entre los diferentes Estados Miembros.
El Gobierno de España, inicialmente, se alineó con la consideración de estas ayudas como herramientas útiles para impulsar el crecimiento y la competitividad de estas tres provincias. Así se comprueba, por ejemplo, en la Ley 22/2021, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, donde su Disposición adicional centésima vigésima tercera comprometía al Gobierno a establecer 'las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades' de este tipo de
ayudas.
Inmediatamente después, el ejecutivo de Pedro Sánchez rebajaba su compromiso con estas regiones y con su máximo desarrollo posible. Así se observó nítidamente en el siguiente ejercicio económico al aprobarse la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, cuya Disposición adicional nonagésima primera recogía la plasmación de estas ayudas sin exprimir al máximo sus posibles beneficios para los ciudadanos y trabajadores de Soria, Cuenca
y Teruel.
De una parte, el Gobierno no quiso emplear todo el margen posible de reducciones de costes laborales estipulado por la Comisión Europea (de hasta el 20 % de tales costes). De otro, fijó la cuota reducida para los trabajadores que inician su
actividad en el régimen especial de trabajadores autónomos durante un marco temporal muy limitado, exclusivamente en el ejercicio 2023.
Desde entonces, sociedad civil, empresas y representantes del diálogo social criticaron la insuficiencia del diseño de estas ayudas, recalcando la posibilidad de extender su concepción, de modo que alcanzasen más y mejores resultados que, en
definitiva, supondrían más y mejor futuro para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.
El Partido Popular, también desde que se conoció cómo se habían modelado estos instrumentos para el desarrollo regional, ha instado al Gobierno a mejorar su configuración de manera que pudieran abarcar a un mayor número de beneficiarios y
por un mayor espacio temporal. Son numerosas las iniciativas que, desde numerosas instituciones, hemos promovido, como, por ejemplo, la proposición no de ley de este grupo parlamentario, aprobada en el Congreso de los Diputados en el mes de febrero
de 2024. Desgraciadamente, el Gobierno continúa ignorando a estos territorios y los mandatos que, desde las Cortes, se le imponen.
La ausencia de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2024 por la falta de apoyos de los socios habituales del ejecutivo ha venido a complicar más la situación, toda vez que, en enero de este año, la Ministra de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones señaló que estas ayudas se recuperarían 'una vez que se cuente con presupuestos'.
Pero los ciudadanos de Soria, de Cuenca y de Teruel no merecen más dilaciones en el apoyo a su desarrollo y su crecimiento. Más aún cuando hoy conocemos datos que conminan, más si cabe, a la adopción de todas aquellas palancas que puedan
impulsarlo. Así, gracias un estudio elaborado por La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa de este mes de abril conocemos que el escenario actual de la aplicación de las ayudas al funcionamiento en estos territorios apenas ha tenido
repercusión en la creación de empleo en las provincias más despobladas de España en 2023. Esta misma asociación requería al Gobierno a adoptar la 'máxima intensidad permitida por la Unión Europa' (el 20 %), cifrando su posible beneficio y
efectividad en la creación de 13.000 empleos.
También resultaría de singular relevancia la extensión temporal (desde que dejaron de estar vigentes) de la tarifa plana de 80 euros mensuales a los nuevos autónomos, ya que estas tres provincias españolas están por debajo de la media
nacional en la creación de empleo por cuenta propia entre finales de 2023 y el mes de marzo de este año (últimos disponibles). En una de ellas, Teruel, incluso se ha destruido trabajo autónomo en este marco temporal.
El Gobierno de España, mientras tanto, teniendo a su disposición herramientas provistas por la Unión Europea, mantiene una absoluta inacción y un absoluto silencio sobre cuándo y cómo va a mejorar el diseño de estas ayudas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar la adopción efectiva e inmediata de las ayudas de funcionamiento para las empresas de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel en toda la extensión autorizada por la UE, equivalente al 20 % del total de los costes laborales.
2. Habilitar las vías precisas para la financiación de la medida, con independencia de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 y sin que esta ausencia pueda ser utilizada como pretexto para justificar su falta de
implementación.
3. Garantizar la pervivencia de la cuota reducida de 80 euros para los autónomos de Soria, Cuenca y Teruel, durante los tres primeros años desde el inicio de su actividad, adoptando para ello las decisiones necesarias, sin que la ausencia
de PGE para el año 2024 -o para cualquier ejercicio posterior- pueda convertirse en óbice para su efectividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Tomás Cabezón Casas, Beatriz Jiménez Linuesa, Daniel Pérez Osma, Raquel Clemente Muñoz y José Alberto Herrero Bono, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa promover el currículum vitae
anónimo o ciego en los procesos de selección, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Cuando se forma parte de un proceso de selección para acceder a un empleo, es habitual preparar un currículum vitae en el que generalmente, además de nuestros valores y experiencia profesional, incluimos nuestros datos personales y
fotografía.
Esta tradicional forma de elaborar el currículum, puede resultar en ocasiones discriminatoria. La edad, el sexo, la raza, el estado civil o incluso el aspecto físico pueden ser un factor determinante para que el empleador, influenciado por
las características y circunstancias personales del candidato, contrate a uno u otro aspirante.
Para evitar este tipo de discriminaciones en los procesos de selección para el acceso a un empleo, se puede optar porque en la primera fase del proceso los candidatos presenten un currículum anónimo o ciego. Un currículum sin referencias
personales, sin nombre ni apellidos, sin especificar la edad, la raza, ni el estado civil, un currículum sin fotografía y con la única referencia de contacto de una dirección de correo electrónico objetivo y neutro, sin referencias personales. Un
currículum en el que realmente se ponga en valor y resalte lo que realmente importa y debe valorarse para ejercer un trabajo, formación, experiencia y competencias para el desempeño de la labor ofertada.
Esta idea no es nueva, en 2006 en Francia se instauró como requisito obligatorio el currículum anónimo y su uso es también habitual en otros países europeos como Reino Unido, Alemania, Suecia o Finlandia. En esta misma línea, el Ministerio
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno del Partido Popular impulsó en 2017 una iniciativa llamada 'Proyecto para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de curriculum vitae anónimo para la selección de personal' para
fomentar su utilización, iniciativa a la que se adhirieron más de 78 empresas. Empresas tan importantes como Banco Santander, Gamesa, Endesa o Ikea entre otras se adhirieron al proyecto.
El currículum vitae ciego, ayuda a eliminar prejuicios en el acceso al empleo, resulta más justo para los trabajadores y beneficioso para las empresas que seleccionarán a los aspirantes más cualificados, ya que muchas veces, incluso de
manera inconsciente, se dejan llevar por las circunstancias personales de los candidatos por encima de su valía y aptitudes profesionales.
Este tipo de currículum no supone eliminar la entrevista personal para valorar al candidato o candidata al puesto de trabajo, sino que únicamente servirá para la primera fase del proceso de selección. La primera criba curricular se
realizará atendiendo únicamente a la valía y aptitudes de los aspirantes dejando al margen sus circunstancias personales.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos partidarios de impulsar esta iniciativa, tal y como se puede desprender de diferentes Proposiciones no de Ley registradas para su debate en Comisión en octubre de 2018 y en enero de 2020 y que por
la presente reiteramos. Entendemos fundamental y prioritario continuar trabajando por un acceso al empleo inclusivo, en igualdad de posibilidades y más justo para todos. Debemos promover entre las empresas la importancia y los beneficios de
seleccionar a los candidatos y candidatas en función de sus competencias y de su talento en un contexto en el que su valía y aptitudes estén por encima de cualquier otra condición.
En definitiva, debemos promover el currículum vitae ciego o anónimo a fin de favorecer la implantación de procesos de selección despersonalizados con el objetivo de garantizar un acceso al empleo más justo para los aspirantes a un puesto de
trabajo a la vez que beneficiar a las empresas con la contratación de los trabajadores más cualificados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para promover entre las empresas los procesos de selección de personal en los que, en su primera fase, se valore el currículum vitae anónimo o ciego de los
aspirantes a un puesto de trabajo, a fin de evitar posibles discriminaciones y garantizar un acceso al
empleo inclusivo, en igualdad de posibilidades y más justo para todos, a la vez que beneficiar a las empresas con la contratación de los trabajadores más cualificados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, Alma Alfonso Silvestre y Sofía Acedo Reyes, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para desarrollar un modelo efectivo
de migración circular vinculado al mercado de trabajo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Desde los años noventa, España ha experimentado un incremento vertiginoso de sus flujos migratorios, convirtiéndose así en uno de los principales países receptores de inmigrantes, no sólo en el continente europeo sino también en el mundo.
Hace algo más de veinte años, en el año 2000, residían en España aproximadamente 950 mil personas de nacionalidad extranjera que, junto a la población nativa, sumaban alrededor de 40,5 millones de personas, lo que situaba al país muy lejos
de los países europeos de tradición migratoria más larga, tales como Reino Unido, Alemania y Francia. En 2010, vivían en España 5.750.000 personas de nacionalidad extranjera, un dato que supuso un incremento de más del 500 % durante una sola
década. Cabe añadir que el período de mayor crecimiento abarcó los años 2000-2007, cuando la población inmigrante creció a un ritmo medio del 18 % anual. Posteriormente, el empeoramiento de la situación económica en 2008 tuvo como consecuencia una
caída significativa en las llegadas de los extranjeros.
La realidad migratoria actual en España la marca la crisis migratoria que sufre nuestro país en cuanto a llegadas irregulares de extranjeros. Según los datos de cierre de 2023 publicados por el Ministerio del Interior, dicho año cerró con
la llegada de 56.852 inmigrantes irregulares a España por vía marítima, especialmente a Canarias, o terrestre a Ceuta y Melilla. Se trata de un 82,1 % más de llegadas de inmigrantes irregulares en 2023 respecto a 2022, cuando vinieron 31.219
personas a nuestro país.
En este contexto, es imprescindible que el Gobierno articule una política migratoria efectiva, ordenada, garante con los Derechos Humanos de los migrantes y acorde con el contexto actual para hacer frente a los retos que emergen de la
llegada masiva de inmigrantes que alcanzan territorio nacional.
La población de nacionalidad extranjera aportó el 97,48 % del crecimiento poblacional registrado en España entre julio de 2022 y de 2023, según los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de
Estadística (INE). De las 537.611 personas que engrosaron la población de España en el último año, 524.087 tenían nacionalidad extranjera. De esta manera, mientras que la población de nacionalidad extranjera alcanzó los 6,34 millones de personas,
el 13,1 % de la población total de España, la población de nacionalidad española superó los 42 millones de personas, cifra que supone el 86,9 % del censo de España.
Ante el incremento de la población inmigrante -sin precedentes en la historia moderna de España- y las altas tasas de irregularidad, el Gobierno debe desarrollar e impulsar estrategias cuyo objetivo sea el de gestionar los flujos migratorios
partiendo de la premisa
de que la inmigración debe conjugar la demanda de trabajo generada por el mercado laboral español con el perfil de la oferta de los extranjeros y, al mismo tiempo, evitar la situación de marginación y exclusión social y económica de los
colectivos inmigrantes a causa de la irregularidad.
Las medidas de promoción de la contratación en origen se definen en la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LO 4/2000) de 11 de enero de 2000. Este procedimiento se concreta y regula
anualmente mediante orden ministerial.
En este sentido, la presente Proposición no de Ley plantea el fomento de la movilidad circular y temporal de trabajadores extranjeros como uno de los elementos para la ordenación de los flujos migratorios hacía España. El marco legal
general establecido por el Capítulo II de la mencionada Ley Orgánica 4/2000 introduce varias modalidades de autorizaciones de estancia y de residencia. De esta manera, la contratación en origen de trabajadores temporales constituye una de las vías
para la necesaria ordenación de tales flujos migratorios. Estas vías de gestión suelen estar acompañadas, en la mayoría de los casos, por acuerdos bilaterales suscritos entre España y aquellos países emisores.
Es importante tener en cuenta que la transferencia de conocimientos y habilidades constituyen un elemento fundamental en la economía mundial. Pues, los factores de empuje y atracción son especialmente significativos para estudiantes,
académicos e investigadores, ingenieros, médicos o directivos. Asimismo, en el contexto actual, en el cual se enfatiza la innovación y la capacidad tecnológica, la adquisición de mayor y distintiva experiencia, así como el aumento de la
cualificación de los migrantes al regresar a sus países de origen, propicia el establecimiento y fortalecimiento de redes de colaboración de expertos internacionales.
Las migraciones circulares conforman un caso específico en el marco de las migraciones temporales y pueden ser definidas como una forma de migración gestionada de tal manera que permite una movilidad legal de ida y vuelta entre dos países.
Las instituciones de la UE llevan prestando atención a la migración circular desde 2005, introduciendo por primera vez un documento elaborado por la Comisión Europea sobre orientaciones concretas para la migración y el desarrollo. Otros textos han
seguido a este documento con el fin de desgranar ideas sobre las migraciones temporales y circulares.
La Comisión Europea también indica que las dos formas principales de migración circular que mejor se adaptan al contexto europeo son:
- La de nacionales de terceros países que residen en la UE; se trata de los hombres y mujeres de negocios nacionales de terceros países que trabajan en la UE y desean iniciar una actividad en su país de origen o en otro tercer país;
- La de nacionales de terceros países establecidos fuera del territorio de la UE; es el caso, en particular, de nacionales de terceros países que desean ocupar un empleo estacional o temporal en la UE, o cursar estudios, antes de regresar a
sus países.
Pues, los objetivos principales se han centrado en fomentar la transferencia de conocimientos a aquellos países en vías de desarrollo evitando la fuga de talento. La modalidad mediante la cual se facilita el retorno al país de origen
constituye una de las piezas clave. Así, se da prioridad de empleo a los trabajadores que ya han trabajado en regímenes temporales y han regresado al finalizar su contrato, por lo que se facilita la migración de retorno con el fin de garantizar el
éxito de la reintegración de los migrantes.
El Gobierno se encuentra paralizado ante el caos migratorio que sacude algunas provincias españolas. Ante esta inacción, la presente propuesta tiene la finalidad de poner en marcha un sistema de migración circular que siga las
recomendaciones de la Unión Europea y que a la vez habilite un proceso migratorio que sea temporal, renovable, legal, respetuoso con los derechos de los migrantes, que se ajuste a la demanda laboral, y que tenga un carácter flexible, es decir, que
conceda libertad de movimientos entre origen y destino durante un determinado período.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a consensuar con los principales grupos parlamentarios del Congreso un nuevo modelo de migración circular vinculado al mercado de trabajo que ofrezca una vía de entrada segura y legal hacía
nuestro país y que, a su vez, contribuya al desarrollo económico, social y cultural tanto en los países de origen como en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Alma Alfonso Silvestre, Belén Hoyo Juliá, Irene Garrido Valenzuela, María Isabel Prieto Serrano, Rafael
Benigno Belmonte Gómez, Cristóbal Garre Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Maribel Sánchez Torregrosa, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/000705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la
Comisión de Industria y Turismo relativa a la protección de la industria estratégica en España.
Exposición de motivos
Durante el siglo XIX hasta los primeros años de la democracia, el criterio de los diferentes gobiernos fue la de reforzar la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía. No obstante, la incorporación de España a la
Comunidad Europea nos empujó hacia una tendencia masiva de liberalización económica y privatización de las empresas públicas españolas.
Esta tendencia alcanzó su máximo exponente con la firma del Tratado de Maastricht en 1992, momento en el que se sentaron las bases para poner en marcha la moneda única en la Unión Europea. Dada que una de las exigencias para formar parte
del sistema de moneda única era la de contar un déficit público por debajo al 3 % del PIB, el gobierno optó por vender sus participaciones en algunas de las empresas más importantes y estratégicas en aquel momento, entre las que se encontraban
Endesa, Repsol, Argentaría, Ence o Telefónica. En 1996, las privatizaciones se acentuaron con la venta total o parcial de 76 empresas públicas, tales como Gas Natural, Aldeasa, Aceralia, Tabacalera, Iberia, Indra o Aena.
Antes del proceso masivo de privatizaciones que sufrió España durante las décadas de los ochenta y noventa, nuestro país contaba con cerca de 130 empresas públicas con participación mayoritaria del Estado. Sin embargo, en la actualidad,
apenas superan las 26.
Nos encontramos por tanto con una estrategia industrial que generó grandes ingresos a corto plazo pero que, a medio y largo plazo, dejó al Estado sin capacidad de proteger algunas de las empresas más estratégicas para la industria y economía
del país. Si lo analizamos en porcentajes, el 42 % de las empresas vendidas pertenecían al sector energético, el 16 % a las telecomunicaciones, el 13 % a la industria, el 17 % a movilidad y el 8 % al sector financiero.
A pesar de que la Unión Europea incentivó las privatizaciones de empresas públicas estratégicas, es necesario poner de manifiesto que España fue mucho más allá de lo exigido por las instituciones comunitarias. Tanto es así que, en la
actualidad, las empresas públicas españolas apenas representan el 5 % del PIB, tomando como referencia su valor actual en el mercado. Frente a estas cifras, encontramos a países vecinos como Francia con un peso de sus empresas públicas de cerca del
13 % de su PIB, Suecia con un 12 % o Finlandia, unos de los países con mejores indicadores de calidad de vida y servicios públicos, con un más de un 40 %.
Recientemente, se han producido determinados movimientos por parte del actual gobierno que han permitido comenzar a desandar tímidamente el camino de las privatizaciones masivas, como la creación de una 'SEPI digital' dotada con 20.000
millones de euros para incrementar la inversión estatal en empresas estratégicas y favorecer la soberanía tecnológica, que se ha materializado con la entrada del Estado como accionista de Telefónica.
Sin embargo, acontecimientos como el último intento de inversión en Naturgy por parte de la La Abu Dhabi National Energy Company (Taqa), un fondo soberano del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, evidencian que debemos reforzar urgentemente
los mecanismos de protección de nuestras empresas e industria para ser capaces de proteger nuestra autonomía estratégica en sectores tan cruciales como la energía, el comercio, la tecnología, la salud, la educación, la investigación y el desarrollo,
indispensables para abordar retos tan relevantes como la transformación digital y la transición ecológica.
En efecto, debemos aprovechar esta oportunidad para que el Estado frene la entrada de empresas procedentes de países con regímenes antidemocráticos y con innumerables sentencias condenatorias por vulnerar de manera flagrante los derechos
humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos un Estado con los mecanismos necesarios para proteger no sólo a las empresas estratégicas, sino también los puestos de trabajo y las inversiones nacionales. Por ello, esta estrategia debe ir
acompañada necesariamente de una política industrial coherente de Estado Emprendedor que beneficie a la mayoría social de nuestro país.
Por ello, sí queremos reforzar la presencia del Estado en su industria estratégica para alcanzar las cifras de nuestros socios comunitarios, es preciso apostar por un plan de acción con medidas concretas, como es la transformación de la SEPI
en una verdadera Agencia Industrial Pública, que dependa del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Hacienda. Sus empresas -las actuales o las que sea necesario crear- tendrán entre sus objetivos contribuir de manera coordinada a la
transformación estructural del modelo productivo español, incluyendo en su caso la participación en los PERTE impulsados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Constituir la Agencia Industrial Pública de España que tendrá como tarea fundamental dirigir la estrategia de reindustrialización de nuestro país, con el objetivo de que en la próxima década la industria aporte el 20 % del PIB de España,
cumpliendo así los objetivos establecidos por la Comisión Europea en su propuesta de Un nuevo modelo de industria para Europa.
2. Impulsar, a través de dicha Agencia Industrial, un proceso de reindustrialización en España y de aumento del empleo de calidad mediante el impulso de la transición energética, en el actual contexto de revisión de la globalización. Con
la política industrial
adecuada, España puede ofrecer, a industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido. Esta
estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados -y fallidos- de competir mediante devaluaciones salariales, y convertirá a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad, utilizando la energía para
fabricar aquí y no ser un simple exportador de energía.
3. Coordinar, a través de dicha agencia, las actuaciones para el impulso de la transformación digital de la economía española, con inversiones en las actividades estratégicas en ese ámbito, apoyando los proyectos tecnológicos que impulsen
la digitalización, con medidas que van desde la gestión del PERTE Chip hasta el impulso de nuevas empresas o la participación en empresas ya existentes.
4. Incorporar a la Agencia Industrial a aquellas empresas públicas de carácter industrial, y de forma especial las que ahora dependen de la SEPI. La Agencia se conformará como un organismo público de los previstos en la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público. Como agencia estatal tendrá personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía funcional y de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se
encontrará adscrita al Ministerio de Industria.
5. Implementar planes específicos para cada una de las empresas del sector público, adoptando decisiones de inversiones y de gestión que son necesarias para dar el impulso necesario a su actividad productiva, de manera que ello contribuya a
generar empleo público y privado de calidad, relacionado con la innovación, y a reducir los desequilibrios territoriales respecto de las zonas del Estado con mayores déficits de inversión en industrias estratégicas como la naval o el aeroespacial.
6. Canalizar a través de la Agencia Industrial la gestión, la coordinación, la ejecución y el seguimiento de los PERTE de carácter industrial.
7. La Agencia Industrial será el instrumento del Estado para la participación pública en el capital social de empresas estratégicas que así lo requieran, esto es, cuando se den las circunstancias que amenacen la autonomía estratégica
industrial que nuestro país necesita.
8. Incorporar este principio de autonomía estratégica industrial como guía en las decisiones de política industrial, de forma estructural y no solo como respuesta a casos particulares o situaciones coyunturales.
9. Modificar el Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores para adaptarlo a las exigencias del nuevo modelo industrial de España y de forma especial, proteger las empresas españolas de acciones indeseadas, que atentan contra ese
principio de autonomía estratégica, en especial cuando el país de origen de las inversiones no cumplen con los principios de respeto a las libertades y la democracia.
10. Dotar a la Agencia Industrial de un modelo de gobernanza adaptado a la realidad plurinacional de España, asegurando la participación activa de las Comunidades Autónomas. Un modelo de gobernanza participativo que debe contar con la
presencia de las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos de nuestro país.
11. Crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE) para impulsar la inversión pública nacional en empresas estratégicas de España y mejorar la eficiencia de la arquitectura financiera pública estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Manuel Lago Peñas, Esther Gil de Reboleño Lastortres y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo a la ampliación de
la pista del Aeropuerto de Jerez y fomento del reposicionamiento competitivo de la provincia de Cádiz, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
A día de hoy, la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los destinos turísticos más buscados y mejor valorados de España, con una continua tendencia al alza durante los últimos años que llevó a registrar durante 2023 la cifra récord
de prácticamente 6 millones de turistas si se contemplan todas las modalidades de alojamiento, casi 3 millones de visitantes a establecimientos hoteleros en esta provincia (aumento de un +8 % respecto al año 2022) y 8,2 millones de pernoctaciones
(+7 % en comparación con 2022), reduciéndose asimismo el factor estacional en la demanda de esta provincia del sur peninsular, y sin olvidar tampoco el comportamiento favorable en la evolución del empleo turístico con la generación de más de 6.600
puestos de trabajo solamente en el sector hotelero, lo cual supuso un incremento de casi un 17 % respecto al año anterior.
Sin embargo, el liderazgo turístico de la provincia contrasta con las carencias y limitaciones en las infraestructuras de transporte que se arrastran desde hace décadas y que suponen una limitación para su desarrollo turístico y económico.
Un claro ejemplo de lo anterior lo representa el Aeropuerto de Jerez, -el único existente en la provincia-, que está infrautilizado dado que apenas funciona a un tercio de su capacidad, y ello a pesar de ser una infraestructura de primer
nivel y contar con grandes posibilidades de proyección.
Habría que recordar que el Plan Director del Aeropuerto de Jerez, aprobado mediante Orden Ministerial de 23 de julio de 2001, contemplaba en su Desarrollo Previsible una ampliación de la pista de aterrizaje e incluso existe una reserva de
terrenos necesarios para poder dar más longitud a la pista del aeropuerto. En 2022 se aprobó la revisión del citado documento (Orden TMA/976/2022, de 22 de septiembre) y aprobó un nuevo Plan Director en el que, entre otras actuaciones, se habla
igualmente de la ampliación de la pista de vuelo del aeródromo aunque lo condiciona al número de viajeros. Dicho nuevo Plan Director señalaba ya desde ese año que, atendiendo a la capacidad operativa de la que dispone actualmente, el aeródromo
podría atender hasta cerca de 2 millones de pasajeros y más de 60.000 vuelos (en 2019 antes de la pandemia, el aeropuerto registró 1,12 millones de pasajeros y unas 54.400 operaciones, incluyendo los de la escuela de pilotos).
Así, la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez tendría indudables efectos directos positivos tanto en la creación de empleo como en el desarrollo económico de la provincia. Por un lado, permitiría el tránsito de aviones más grandes
y mayor capacidad aérea fundamentalmente a través de la captación de vuelos internacionales, lo cual supondría tener una infraestructura competitiva desde el punto de vista turístico. Pero asimismo, también contribuiría a desarrollar la industria
agroalimentaria, aeroespacial y el polo industrial del Campo de Gibraltar, e igualmente impulsaría el transporte de mercancías a través de estas instalaciones, uniendo así la importancia logística del puerto de Algeciras, la importancia logística y
turística del puerto de Cádiz y la importancia turística y logística del aeropuerto de Jerez para hacer de la provincia de Cádiz el referente logístico internacional en que debe convertirse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción inmediata de las siguientes medidas:
1. Acometer cuanto antes el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez, -previsto en la revisión del Plan Director del citado aeropuerto del año 2022, al significar una infraestructura clave para el desarrollo económico y
turístico de la provincia de Cádiz, posibilitando con ello la captación de tráfico internacional de viajeros, frecuencias y la apertura de nuevas rutas, así como profundizando en la desestacionalización y en la diversificación de sus productos
turísticos de calidad (gastronomía, deporte, naturaleza, patrimonio histórico, cultura vitivinícola, flamenco, tradición ecuestre, circuito de velocidad y otros eventos deportivos, etc.).
2. Habilitar en los próximos Presupuestos Generales de Estado una partida presupuestaria en cantidad suficiente de cara a la ejecución de la citada infraestructura, persiguiendo en todo caso la mejora de la conectividad de la provincia
gaditana'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-José Ignacio Romaní Cantera, Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido
Valenzuela, Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la estación intermodal del
centro logístico de la Pasiega en Cantabria, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Centro Logístico Industrial del Llano de La Pasiega situado en el término municipal de Piélagos en Cantabria es un polígono con vocación logística industrial, que ocupa una superficie de 2.000.000 de metros cuadrados en el corazón de
Cantabria, en una encrucijada de comunicaciones junto a dos autovías; con una línea de tren adyacente, que tiene garantizado el suministro eléctrico debido a distintos proyectos de interés comunitario que se han aprobado recientemente y dispone de
agua. Es decir, se trata de una superficie industrial y logística idónea para poder desarrollar proyectos industriales.
Esta instalación tiene un valor estratégico desde todos los puntos de vista, tanto para el futuro económico de Cantabria como para las actividades del Puerto de Santander, ya que puede configurarse como una zona de expansión de las
actividades que se realizan en esta infraestructura marítima.
Desarrollar el proyecto del Centro Logístico Industrial del Llano de La Pasiega, en el municipio de Piélagos, en cuya tramitación administrativa había venido trabajando el anterior ejecutivo de Cantabria presidido por Miguel Ángel Revilla,
fue uno de los principales compromisos de legislatura asumidos por la actual presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el debate que tuvo lugar con motivo de su investidura en el pasado mes de julio.
Fruto de ello, el pasado mes de septiembre de 2023 comenzaron a ejecutarse las obras de urbanización de este espacio, llamado a proporcionar al Puerto de Santander un área de expansión junto a la bahía del que actualmente no dispone.
Uno de los elementos claves de ese proyecto es la estación intermodal de mercancías, a cuya ejecución se comprometieron los anteriores ministros de Transportes del Gobierno de España en sus diferentes visitas a Cantabria y encuentros con la
sociedad cántabra.
La dotación es imprescindible para el desarrollo del polígono como un centro de logística del siglo XXI y para que, en el mismo, se promueva la instalación de empresas.
Sin embargo, la reciente visita a Cantabria del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, realizada en el mes de abril, no ha servido para certificar de manera definitiva el compromiso del Gobierno de España con su
ejecución, pese a las promesas y anuncios de sus predecesores en el cargo.
El Gobierno de Cantabria trabaja en el desarrollo de este proyecto, pero la colaboración del Gobierno de España se antoja imprescindible, en particular en relación con las garantías para alcanzar la debida conexión de la instalación con las
redes de transporte ferroviarias
El Parlamento de Cantabria, tal y como aprobó por unanimidad el pasado 15 de abril, considera una prioridad el desarrollo del proyecto del Área Logística Industrial del Llano de La Pasiega por sus posibilidades como área de expansión de las
actividades vinculadas al Puerto de Santander y como motor económico y de desarrollo de la región.
Por cuanto antecede y dado el evidente interés para el desarrollo industrial y económico de Cantabria, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Comprometerse con la ejecución de la terminal ferroviaria intermodal del Área Logístico Industrial del Llano de La Pasiega en Cantabria.
2. Habilitar la dotación presupuestaria suficiente que garantice la viabilidad del proyecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Félix de las Cuevas Cortés, Francisco José Conde López, José Ignacio Romaní Cantera, Irene Garrido Valenzuela, Tristana Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles
García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María Lima García, Cristina Agüera Gago, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores en el seno de Naciones
Unidas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Más del 20 % de la población en España tiene más de 65 años y esta proporción aumentará en los próximos 20 años. Garantizar y fortalecer los derechos de las personas
de más edad es un reto al que se tiene que dar respuesta, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Por ello, son numerosas las voces que se han alzado para reclamar una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores en el seno de Naciones Unidas. En España, la Plataforma del Tercer Sector y la Mesa Estatal por los Derechos de las
Personas Mayores se han hecho eco de esta reivindicación. Por su parte, la Fundación HelpAge International España lleva años trabajando en este sentido.
Entre otros antecedentes, hay que recordar que, en el año 2010, siguiendo una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se constituyó el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento. Su objetivo es avanzar en
el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
En 2011 se creó la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores, para apoyar y mejorar el compromiso de la sociedad civil con los Estados miembros y las instituciones de Derechos Humanos a nivel nacional, regional e internacional
en torno a una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Posteriormente, en 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 67/139 (A/RES/67/139) que establece la necesidad de crear un instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas mayores. En esta resolución se reconoce la importancia de seguir estudiando las vías y los mecanismos para crear una Convención que garantice los derechos de las personas mayores.
En el año 2013 se crea el mandato de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores por la Resolución 24/20 (A/HRC/RES/24/20) del Consejo de Derechos Humanos.
Otro hito importante fue la creación, en 2015, de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores que entró en vigor en el año 2017.
En los últimos años, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento reconocen la necesidad de crear una convención específica sobre los derechos de las
personas mayores para que el ejercicio de estos derechos. Por ello, deben intensificarse los esfuerzos para que dicha convención sea aprobada cuanto antes.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar, en el seno de la Unión Europea, las conversaciones que sean necesarias para que el conjunto de la UE adquiera una postura abierta a la creación de una Convención sobre los Derechos
de las Personas Mayores en el seno de Naciones Unidas que promueva, proteja y asegure el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en todo el mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2024.-Sonia Guerra López, Noelia Cobo Pérez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, María Guijarro Ceballos, Margarita Martín Rodríguez, Inés Plaza
García, Modesto Pose Mesura, María de las Nieves Ramírez Moreno, Esther Rodríguez Suárez y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el impulso de las
infraestructuras hidráulicas en la provincia de Sevilla, para su debate en la Comisión Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La sequía que azota Andalucía se ha convertido en una catástrofe natural y económica con una merma del 2,1 del PIB andaluz, en 2023, más de 4.000 millones de euros de riqueza. Las precipitaciones en 2023 se situaron un 45 % por debajo de lo
normal en el conjunto de las principales estaciones de la región, despidiendo Andalucía el año más seco en tres décadas, con la sequía más larga desde que hay registros.
En particular, la sequía que está sufriendo la provincia de Sevilla tiene tres precedentes en los últimos 50 años: la que se produjo entre 1974 y 1976, la del periodo 1981-83 y, la última hasta ahora, la de 1992 hasta 1995. Quienes vivimos
en la Sevilla de los 90 recordamos perfectamente como tras meses sin llover, la ciudad tuvo que activar, poco después de la Expo de 1992, restricciones que llegaron a suponer cortes de agua de diez horas diarias. La situación fue tan extrema que la
Delegación de Gobierno planteó incluso la evacuación de la cuarta ciudad española en el caso de que se acabara este recurso.
Esta situación de sequía en Andalucía ha hecho necesario activar 4 decretos de sequía y, sobre todo, plantear a medio plazo las necesarias obras de mejora de las redes y almacenamiento, que minimicen pérdidas y que nos aseguren la
sostenibilidad social y económica, asegurando uno de los bienes más preciados, el agua, indispensable para el desarrollo de industrias, agricultura y consumo humano de los andaluces.
Las tan esperadas lluvias recibidas a principio de año 2024 han supuesto un cambio de tendencia en las aportaciones recibidas en los últimos años, pero siguen sin ser suficientes para superar definitivamente la actual sequía y la consecuente
escasez de recursos que sufre nuestro sistema. Actualmente, el volumen de las reservas es similar al disponible hace un año, por lo que no se puede descartar que volvamos a la situación de emergencia en el próximo verano.
Aunque la situación de sequía en Andalucía y en concreto de la provincia Sevilla se ha aliviado, debemos de ser cautos y continuar, de manera conjunta y coordinada entre todas las administraciones públicas, un plan de inversiones para las
infraestructuras hídricas tan necesaria.
El agua embalsada en la provincia de Sevilla en el mes de febrero era de 317 hm3, el 34.46 % de una capacidad de 920 hm3. Estando la cuenca del Guadalquivir en su conjunto en un 21,88 %. A mediados del mes de abril, en la provincia de
Sevilla, el agua embalsada alcanzaba los 587 hm3, que representan un 63,8 % de su capacidad, aunque debemos recordar que la media de los últimos años supera con creces esta cifra con 639 hm3.
Esta situación y el firme convencimiento de la necesidad de actuar con premura y con un plan a medio plazo de la Junta de Andalucía, ha hecho que, en los últimos 5 años, el Gobierno de la Junta haya puesto en marcha actuaciones por valor de
300 M en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Sevilla en obras de depuración, abastecimiento, aguas regeneradas, mejoras de potabilización, sondeos, mejoras en conducciones, etc.
A pesar de este necesario esfuerzo inversor ha sido necesario un cuarto decreto de sequía para salir al auxilio de los ayuntamientos y de los agricultores, con actuaciones
por valor de 217,8 M (que suma ya con los anteriores más de 500 M). El objetivo ha sido generar 81 hm3 más de agua, que incide en el trabajo codo con codo con las Diputaciones para acabar con las fugas de agua de red, en reactivar
sondeos, y en definitiva, evitar que se pierdan 340 hm3 de agua al año, incluyendo una actuación declara de interés de la Comunidad Autónoma para la eliminación del manganeso en la ETAP de Lora del Río.
Pese a que el Gobierno de Andalucía, solo tiene competencias en el 33 % del territorio, ya ha ejecutado casi el 90 % de sus dos primeros decretos de sequía, multiplicando por 9 la inversión del Estado en Andalucía en materia hídrica. El
Gobierno de España tiene competencias en el 67 % del territorio, solo ha aprobado tres decretos de medidas contra la sequía, por valor de 146 M, y de ahí que la provincia de Sevilla sea la gran olvidada. En comparación, se han invertido 100.000
euros m2 de cuenca por parte del Gobierno de Andalucía, frente a 18.000 euros m2 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
En definitiva, con inversiones sin precedentes, se ha pasado de la inacción a que el 42 % de la obra pública sea infraestructura hidráulica. Pero Andalucía no podía esperar más y ha tenido que desarrollar obras competencias del Estado, como
son:
- Abastecimiento en alta de municipios como Burguillos, Isla Mayor y el poblado de Alfonso XIII.
- Abastecimiento en la Sierra Sur de Sevilla con una inversión de 87 millones de euros para 20 municipios y 100.000 personas.
- Hay que destacar actuaciones que afectan a 1,5 millones de habitantes como es la EDAR de El Copera, declarando la obra de interés general de la comunidad y que se están llevando a cabo (128 M); o las EDAR de Burguillos, Guillena o
Aguadulce.
Asimismo, el presupuesto 2024 del Gobierno autonómico destina 62,6 millones a actuaciones como las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) de Peñaflor, de Cañada Rosal, de La Luisiana y El Campillo, de Algámitas, a la Agrupación
de Vertidos de Lora del Rio, EDAR Isla Mayor, y a la inversión en regadíos, en adecuación y restauración ambiental de cauces de ríos, arroyos y ramblas.
Pero la provincia de Sevilla sigue esperando las obras pendientes competencia del Estado, todas ellas encaminadas a aumentar el volumen de agua embalsada y a minimizar pérdidas, mejorando una red ineficiente.
Todas las obras son necesarias para mitigar los efectos del cambio climático y asegurare en la provincia de Sevilla disponer de nuestro bien más preciado, que permita el desarrollo económico y social de la provincia de Sevilla, apoyado al
sector primario una de las principales actividades económicas de la región.
El impulso de estas necesarias infraestructuras hidráulicas solo será posible con la implicación necesaria y urgente del Gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las obras de infraestructuras hidráulicas necesarias para el mejor aprovechamiento del agua y la sostenibilidad económica y social de la provincia de Sevilla, con especial impulso a
las siguientes actuaciones:
- La ampliación y modernización regadíos del Genil-Cabra.
- La presa de San Calixto en Écija (80 hm3).
- El recrecimiento de la Presa del Agrio (que da servicio a la zona de Villamanrrique y Aznalcázar).
- El proyecto de modernización de las infraestructuras del Bajo Guadalquivir para mejora de los cultivos del arroz.
- La planta potabilizadora de Emasesa, cuya obra de urgencia ya decretó el Gobierno de España, necesaria para garantizar el abastecimiento de agua al área metropolitana de Sevilla en caso de sequía prolongada, cuyo compromiso era de comienzo
de obras en enero de este año y finalización en seis meses y aún no han comenzado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Ricardo Tarno Blanco, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas concretas para reducir la contaminación de las aguas por
nitratos para su debate en Comisión de Transición Ecológica.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el pasado 14 de marzo que España ha incumplido la normativa comunitaria de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura,
reprochando que no se hubieran adoptado 'medidas adicionales o acciones reforzadas' para poner fin al problema ni haya reforzado las acciones contra el exceso de nitratos, especialmente en las aguas subterráneas.
La Directiva sobre nitratos, que deben cumplir todos los Estados miembros de la UE, se centra en la contaminación por nitratos que generan las actividades agrarias y ganaderas y obliga a los países a controlar sus aguas e identificar las
zonas afectadas por este problema o que son susceptibles de ser afectadas.
Así, el TJUE dictaminó que España incumplió la obligación comunitaria de designar como área vulnerable a los nitratos las zonas de captación de agua por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (subterráneas) diversas zonas de
las Islas Baleares, la comunidad de Madrid y de Valencia.
Igualmente, se ha señaló el incumplimiento de la Ley de Calidad de Aguas al no implantarse todas las medidas obligatorias en los programas de acción relativos a esta problemática en 5 Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura y Madrid. Además, esta condena se produce por no haber adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la
Región de Murcia.
Por último, también considera el TJUE que no se ha cumplido la normativa al no actuar suficientemente para remediar la eutrofización del agua generalizada en todo el territorio del país.
En 2018, la UE ya avisó a España, a través de una carta de emplazamiento, de que el exceso de esos nitratos representaba un importante problema y en 2020, al la inacción del Gobierno, la Comisión insistió mediante un dictamen motivado.
Y más recientemente esta reciente sentencia del TJE vuelve a reprochar la falta de medidas para corregir el problema.
El Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, reconoce que 'La contaminación de origen difuso de las masas de agua
superficial y subterránea es un problema muy extendido en la mayor parte de las cuencas españolas. En particular, este hecho se pone de manifiesto por las elevadas concentraciones de nitratos que se registran en determinadas masas de agua,
consecuencia de los excedentes de productos inorgánicos u orgánicos usados, como fertilizantes. Este hecho es especialmente
preocupante cuando alcanza a aguas que se destinan o vayan a destinarse al abastecimiento de la población'.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 11 % de las aguas superficiales y el 37 % de las aguas subterráneas están contaminadas por nitratos con concentraciones superiores a la norma de calidad
ambiental. Lo que lleva a que, como informa el Ministerio de Sanidad, 171 municipios registren valores de contaminación por nitratos superiores a los permitidos por la normativa en sus redes de abastecimiento.
En España, el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, establece las obligaciones de las comunidades autónomas en esta
materia, Especialmente en la declaración de zonas vulnerables, Códigos de buenas prácticas agrarias, programas de actuación con objeto de prevenir y reducir la contaminación.
Además, en su artículo 8, el citado RD establece que las comunidades autónomas adoptarán las medidas adicionales y acciones reforzadas necesarias, además de las contempladas en el programa de actuación, cuando las previstas en dichos
programas se manifiesten insuficientes para el logro de los objetivos perseguidos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a las Comunidades Autónomas pendientes de cumplimiento a que adopten las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos, conforme a la Sentencia de 14 de marzo de 2024 del asunto
C-576/22 (Comisión Europea contra España) del TJUE, así como a incrementar los medios humanos y materiales para la vigilancia y control de las fuentes de contaminación de las aguas por nitratos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Juan Antonio Valero Morales, Diputado.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurlnaclonal SUMAR, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para regular la
instalación de placas solares fotovoltaicas en terreno cultivable y en zonas de especial protección ecológica, para su debate en Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
España tiene un gran potencial para la producción de energía solar debido a su alta irradiación solar, su extensa superficie y su clima seco. La energía solar es una fuente de energía renovable que se presenta como una alternativa
sostenible a los combustibles fósiles, y como una oportunidad para combatir el cambio climático, lo cuál debe ser una prioridad absoluta, pero el desarrollo de la energía solar debe ser sostenible y responsable para evitar impactos ambientales y
sociales negativos.
Algunos pueblos de comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía o Castilla La Mancha, tienen importantes plantas fotovoltaicas en terreno cultivable. La expansión
descontrolada de estos campos sobre suelo agrícola puede tener un impacto ambiental negativo, como la erosión del suelo por la falta de vegetación y la pérdida de biodiversidad. Además, el uso de tierra cultivable para la instalación de
plantas fotovoltaicas puede afectar negativamente a la soberanía alimentaria y a la tasa de empleo local.
Muchos proyectos se están promocionando en zonas de especial protección ecológica, muy a menudo LIC y ZEPA que forman parte de la Red Natura 2000, zonas con una gran biodiversidad de fauna y flora. Debe existir una ordenación del territorio
que delimite las zonas donde el impacto sea menor y prohibir los usos industriales de estas tecnologías en zonas protegidas, más allá de sus correspondientes evaluaciones de impacto ambiental. El mantenimiento de un estado ecológico favorable debe
ser la primera premisa de cualquier actuación en dichos espacios.
En concreto, en Andalucía ya son un millar de proyectos de megaplantas de energías renovables los que convierten los territorios de nuestros pueblos en zonas de sacrificio. La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la
ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas energéticas (si sumamos las plantas solares y las eólicas). Muchas de estas plantas de energía renovable impactan áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y
son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces. Proyectos, que en su mayoría afectan a zonas y espacios donde se da el mayor índice de especies amenazadas de toda la Unión
Europea. Es precisa una mayor y mejor concreción de la planificación, así como criterios para hacer un uso racional del territorio y recursos naturales.
Por otra parte, este tipo de instalaciones alteran de forma irremediable el paisaje, el cual es objeto de protección europea a través del Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España, vigente desde 2008, y que obliga a las partes a
trabajar en su protección, planificación y gestión. Además, este paisaje es la fuente de riqueza para el turismo rural y otras actividades de carácter sostenible, que llevan años trabajando para afianzarse en los territorios rurales, muy a menudo
con el apoyo de fondos europeos. Por tanto, destruir el paisaje es también destruir el medio de vida de una parte de las economías locales, y el fruto de inversiones públicas de años.
Las energías renovables deben servir para revitalizar e industrializar el mundo rural, y mantener y recuperar población. Los proyectos que se implanten deben ser respetuosos y compatibles con el mantenimiento de espacios naturales
protegidos, la existencia de actividades ecoganaderas, la agricultura ecológica y el turismo rural, dando valor añadido al patrimonio cultural y paisajístico de las tierras de nuestro país.
Desde nuestro grupo parlamentario consideramos fundamental el desarrollo de energías renovables como objetivo estratégico para defender la soberanía energética de España, pero es necesario garantizar que ese desarrollo se planifique de modo
que se minimice el impacto medioambiental y social negativo de estas plantas fotovoltaicas.
El Gobierno central y los Gobiernos autonómicos con participación de los ayuntamientos deben garantizar el control público y la ejecución detallada de la planificación y ordenación territorial para evitar el crecimiento especulativo,
pilotando la transición ecológica hacia un nuevo modelo energético.
Se deben priorizar las plantas fotovoltaicas de hasta 5MW de potencia, cercanas a los puntos de consumo, es decir, los pueblos y ciudades, que favorecen la creación de empleo local y son fácilmente integrables en los territorios y en las
redes eléctricas existentes, evitando de este modo un sobrecoste en el desarrollo de nuevas infraestructuras y redes eléctricas de alta tensión. Los proyectos a gran escala deben ser excepcionales y estar justificados de acuerdo a esa previa
Planificación Energética del Ministerio, allí donde técnicamente sea aconsejable, y donde se priorice hibridación de tecnologías y desarrollos tecnológicos con un alto valor añadido aprovechando las economías de escala.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a desarrollar las siguientes actuaciones, en coordinación con las Administraciones públicas competentes:
1. Aprobar un programa de planificación energética del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que regule este tipo de instalaciones, reflejando al menos las siguientes cuestiones:
- Establecer criterios para la selección de terrenos para la instalación de placas fotovoltaicas, priorizándose su instalación en terrenos degradados o de baja productividad agrícola e infraestructuras existentes. Debe existir una
ordenación del territorio que delimite las zonas donde el impacto sea menor y prohibir los usos industriales de estas tecnologías en zonas de especial protección ecológica.
- Limitar la cantidad de suelo agrícola que en cada entidad local puede ser utilizado para la instalación de plantas fotovoltaicos estableciendo un porcentaje máximo de suelo agrícola que puede ser destinado a este fin.
- Priorizar las plantas fotovoltaicas de hasta 5MW de potencia, cercanas a los puntos de consumo. Los proyectos a gran escala deben ser excepcionales y estar justificados de acuerdo a esa previa Planificación Energética del Ministerio.
- Prohibir instalaciones de gran tamaño en zonas ambientales protegidas, exigiendo una rigurosa y estricta evaluación de impacto ambiental en las instalaciones, junto a planes efectivos de vigilancia y control que garanticen el mínimo
impacto ambiental en territorios de gran riqueza ecológica.
2. Para instalar plantas fotovoltaicos debe ser preceptivo un informe técnico de impacto medioambiental que incluya medidas de mitigación del impacto ambiental para minimizar la erosión del suelo y la pérdida de fertilidad, proteger la
biodiversidad local, minimizar el consumo de agua, e integrar los campos fotovoltaicos en el paisaje de manera armoniosa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Juan Antonio Valero Morales, Diputado.-Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las infraestructuras
hidráulicas del Estado pendientes en la provincia de Almería, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Almería ha conseguido cerrar el último año 2023 con el segundo mejor registro de exportaciones de toda su serie histórica con 5.664 millones de euros, lo que la ha posicionado como la cuarta provincia andaluza más exportadora. Además,
Almería ha registrado en el cierre del año 2023 un superávit comercial de 1.042 millones de euros, el tercero mejor entre provincias, con la tercera mejor tasa de cobertura del 123 %.
Almería tiene el PIB por habitante más alto de Andalucía, superior a la media de las comunidades autónomas en más de diez puntos, con un sector empresarial que presenta
el mayor grado de internacionalización de toda la región y con un crecimiento y dinamismo que se ha multiplicado en los últimos años hasta superar las 45.300 empresas.
Almería es, sin duda, uno de los motores económicos de España y está llamada a convertirse en una de las grandes metrópolis del Mediterráneo, pero esto no se logrará si no conseguimos garantizar el bien más preciado para esta tierra, el
AGUA. Un bien común que se hace imprescindible para una tierra en la que el agua no solamente se bebe, sino que da de comer a toda la provincia.
Las condiciones climatológicas especiales de la provincia de Almería hacen necesario que todas las Administraciones Públicas pongan de su parte para ayudar en el grave problema de la sequía y del déficit hídrico que sufre toda la provincia
de Almería y especialmente el levante de la provincia.
Almería es una de las zonas de España y de Europa que hace un uso más eficiente de cada gota de agua. Consolidada como parte de la 'Huerta de Europa', esta tierra quiere seguir siendo cada día más eficiente: por ello, se encuentra abierta
a que desde las distintas Administraciones se apueste por proyectos que vengan a mejorar las fugas de agua y que ayuden a que no se pierda ni una sola gota en esta tierra, pero tan igual o más necesario aún, es que las Administraciones Públicas
realicen las importantes obras hidráulicas que tienen pendientes.
Asimismo, es imprescindible la solidaridad entre todos los territorios de España, impulsando un gran acuerdo político por el futuro del agua, un pacto para asegurar el equilibrio y la protección medioambiental del medio hídrico y la atención
a las demandas de todo el territorio, trabajando a favor de un gran Pacto Nacional del Agua. El agua es un bien común y la solidaridad hídrica es la base del avance de los territorios en momentos de grave sequía.
Hoy el levante almeriense se encuentra en un escenario grave, según la Unidad Territorial de Escasez 20 en la demarcación hidrográfica de la cuenca mediterránea andaluza, UTE 20 CMA, y a esta complicada situación hay que añadir que el
consumo de agua en esta área se ha visto limitado a 200 litros por persona y día por las autoridades competentes desde hace un par de meses, ya que las lluvias no llegan a esta parte del territorio y además, los dos principales aportes, como son los
trasvases del Negratín-Almanzora, está totalmente cerrado por el Gobierno de España, y el trasvase del Tajo-Segura se encuentra muy limitado.
Todas las comunidades de regantes en el levante-almanzora lo están pasando muy mal, pero especialmente aquellas como la Comunidad de Regantes de Zona Norte de Huércal-Overa, la del Bajo Almanzora, la de los Guiraos o la Comunidad de Regantes
de Pulpí; y en general todas las Comunidades de Regantes del Medio y Alto Almanzora, que son algunas de las más perjudicadas porque o no tienen dotación del Trasvase del Tajo-Segura o cuentan con una dotación muy pequeña. La situación de estas
comunidades regantes se complica más aún ya que uno de sus principales recursos es el Trasvase del Negratin-Almanzora, trasvase que lleva cerrado desde julio de 2021.
La provincia de Almería, y especialmente el levante almeriense, está viviendo una situación hídrica muy crítica debido, por un lado, a la estructural falta de lluvias que sufre este territorio desde hace ya décadas y, por otro, a la
inoperancia de la Administración Central que durante los últimos 5 años solamente ha ejecutado un 14 % del total presupuestado por la sociedad ACUAMED (Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.ME., S.A.), y la misma ha dejado de invertir más de 89
millones de Euros en infraestructuras hídricas vitales para la provincia a lo largo de estos últimos 5 años.
Almería no resiste más, al castigo que supone que en los últimos 5 años se hayan dejado sin ejecutar inversiones imprescindibles para la supervivencia de nuestro campo, ha sufrido los catorce recortes en el Trasvase Tajo-Segura puestos en
marcha en estos últimos 5 años, entre ellos el último llevado a cabo en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo 2022-2027, que ha supuesto un nuevo recorte para el levante español y para la provincia de Almería sin ningún tipo de base científica.
Una infraestructura vital que podría estar paliando la actual situación de sequía que sufre el levante almeriense, sería la inmediata reparación de la Desaladora del Bajo
Almanzora I, una reparación que se quedó proyectada y presupuestada en el año 2018 pero que, desde entonces, aún no está a disposición de los almerienses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Finalizar de la forma más urgente posible las actuaciones relativas a la Desaladora del Bajo Almanzora I: agilizar los trabajos de protección de esta infraestructura e iniciar definitivamente los trabajos de reparación de la planta
desaladora, para su puesta en marcha a finales de 2024.
2. Agilizar la encomienda a ACUAMED por parte del Ministerio de Transición Ecológica, para el inicio del proyecto de la Desaladora del Bajo Almanzora II cuanto antes, valorando la posibilidad de incluir este proyecto por parte de este
Ministerio como obra de emergencia.
3. Impulsar de manera urgente la ampliación de la Desaladora de Carboneras.
4. Iniciar la ampliación de la Desaladora del Campo de Dalias.
5. Impulsar las conducciones de agua desalada desde La Venta del Pobre a Filabres.
6. Activar las conducciones de agua desalada desde la desaladora del Campo de Dalias a Adra, Balanegra y la Mojonera.
7. Garantizar la implantación de instalaciones de energía renovable en todas las desaladoras para propiciar un precio sostenible del agua desalada.
8. Finalizar las obras de encauzamiento de los ríos Antas, Andarax y Adra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Ana Martínez Labella y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana relativa a la legislación del arrendamiento de temporada.
Exposición de motivos
El acceso a una vivienda asequible es un derecho fundamental. Igualmente, la Constitución española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el
deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.
La aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda supuso que, por primera vez, España cuenta con una legislación a nivel estatal que proteja la vivienda y la reconozca como lo que es, un derecho subjetivo y
fundamental; cumpliendo con nuestra obligación constitucional y diciéndole a todos aquellos que hacen negocios
millonarios con la vivienda que, a partir de ahora, el bienestar de la ciudadanía va a ir por delante de sus beneficios.
Esta Ley pionera, establece por primera vez, medidas muy importantes como la regulación de los precios del alquiler, la protección para las familias en situación de vulnerabilidad frente a los desahucios, la obligación de reservar un 30 % de
las nuevas promociones y las grandes reformas a vivienda protegida, incluyendo un 15 % destinado específicamente a alquiler social, y la protección de la vivienda protegida, entre otras muchas. Sin embargo, todas estas medidas sólo tendrán efecto
en la ciudadanía y en el reconocimiento de sus derechos si se desarrolla su implementación de forma correcta y además, se plantean nuevas medidas ambiciosas que garanticen este derecho efectivo.
El país se encuentra en una severa crisis habitacional tanto en el mercado de propiedad como en el mercado de alquiler. En el caso de la propiedad, la subida de tipos del Banco Central Europeo, la subida de precios de la vivienda, y la
compra de vivienda por parte de fondos de inversión, sobre todo extranjeros, están sustrayendo una parte significante de la vivienda hacia fines especulativos o de uso esporádico para rentas altas extranjeras, especialmente en los centros urbanos
mayores del país y aquellos cercanos a lugares de interés turístico.
Para defender la vivienda como un derecho, es imprescindible legislar en torno a los arrendamientos temporales. Será preciso aplicar la regulación de los precios de alquiler a los alojamientos temporales, limitar el porcentaje de viviendas
turísticas en las zonas de mercado tensionado, así como limitar la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos ciudades de más de 50.000 habitantes, para tratar de dar solución a la emergencia habitacional, y por supuesto, evitar que la
ley de vivienda se diluya en la falta de voluntad política.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la legislación que sea precisa para garantizar que en las zonas tensionadas, entendidas como tal las recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, las viviendas turísticas no puedan superar el 2 %.
2. Congelar la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos de todo tipo en las ciudades de más de 50.000 habitantes hasta que se solucione la emergencia habitacional.
3. Diferenciar los arrendamientos turísticos de los otros arrendamientos temporales, tales como viviendas de estudiantes o trabajadores desplazados, para garantizar que estos arrendamientos temporales respeten los límites de precios de
arrendamientos previstos para la vivienda habitual en la Ley de Arrendamientos Urbanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana relativa a la congelación de los alquileres.
Exposición de motivos
El acceso a una vivienda asequible es un derecho fundamental. Igualmente, la Constitución española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el
deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho.
La aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda supuso que, por primera vez, España cuenta con una legislación a nivel estatal que proteja la vivienda y la reconozca como lo que es, un derecho subjetivo y
fundamental; cumpliendo con nuestra obligación constitucional y diciéndole a todos aquellos que hacen negocios millonarios con la vivienda que, a partir de ahora, el bienestar de la ciudadanía va a ir por delante de sus beneficios.
Esta Ley pionera, establece por primera vez, medidas muy importantes como la regulación de los precios del alquiler, la protección para las familias en situación de vulnerabilidad frente a los desahucios, la obligación de reservar un 30 % de
las nuevas promociones y las grandes reformas a vivienda protegida, incluyendo un 15 % destinado específicamente a alquiler social, y la protección de la vivienda protegida, entre otras muchas. Sin embargo, todas estas medidas sólo tendrán efecto
en la ciudadanía y en el reconocimiento de sus derechos si se desarrolla su implementación de forma correcta y además, se plantean nuevas medidas ambiciosas que garanticen este derecho efectivo.
El país se encuentra en una severa crisis habitacional tanto en el mercado de propiedad como en el mercado de alquiler. En el caso de la vivienda de alquiler estamos observando como los precios del mercado no dejan de ascender y como, en
muchas ocasiones, se suspenden los contratos para poder incrementar más el precio de la vivienda que lo que estipula la ley que se puede incrementar de año en año mientras alia contrato. Esto genera que las personas que viven de alquiler en nuestro
país se vean obligados a cambiar de casa cada poco años, impidiendo el correcto desarrollo de sus vidas. Si se analizan los datos del precio de alquiler en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, aquellos personas con una renta mediana han de
dedicar casi el 100 % de su renta a poder pagar su alquiler.
No obstante, a pesar del riesgo de oferta suficiente y asequible, sobre todo en los municipios de mayor tamañao, existe actualmente un nivel bajo de aplicación de zonas tensiondas que recoge la Ley de vivienda y que supondrían una regulación
de los precios del alquiler. Por ello, para defender la vivienda como un derecho, es imprescindible primero de todo congelar los precios de los alquileres y ampliar la duración de los contratos, dando así mayor estabilidad a los mercados actuales.
Igualmente, para revertir los aumentos más recientes en aquellas zonas que no han sido declaradas zonas tensionadas, se propone reducir en un porcentaje los nuevos contratos de alquiler. Solo así podremos garantizar que no se especula con un bien
de primera necesidad como es la vivienda.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las medidas legislativas necesarias para congelar los precios de los alquileres, tal y como se hizo durante la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, para todos los nuevos contratos de arrendamiento que se firmen en nuestro
país
2. En el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes donde no se encuentre vigente la declaración de zona tensionada, establecer por ley una rebaja del 15 % en el precio de los nuevos contratos.
3. Modificar la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, para ampliar la duración de los contratos de alquiler hasta los 10 años, o 12 años si el arrendador fuese persona jurídica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover el futuro de las ciudades medias y pequeñas, así como de las capitales de comarca, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda
Urbana.
Exposición de motivos
Primero. La distribución de la población española en nuestro territorio
El proceso de urbanización y concentración de la población en ciudades ha sido una tendencia constante a lo largo de la historia de la humanidad. Durante el siglo XIX este fenómeno comenzó a acelerarse a partir de la revolución industrial
debido, por un lado, al impacto de la tecnología en las zonas rurales -poco a poco ya no era necesaria tanta mano de obra en los campos, en los cultivos y para el cuidado de los animales- y, por otro, a la generación en las ciudades de nuevos tipos
de empleos vinculados a ese desarrollo industrial.
En España, este camino tuvo un punto de inflexión en los años 50 del pasado siglo: si a comienzos del siglo XX todavía era mayor la población española que vivía en ciudades con menos de 10.000 habitantes, a partir de esa década tal magnitud
se invirtió, al superar el 50 % los españoles que vivían en los núcleos urbanos con más de 10.000 habitantes. Hoy en día, más del 80 % de la población española vive en poblaciones con más de 10.000 habitantes 8.
Esta población urbana, además, se suele concentrar en el litoral español (según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 39,2 % de la población censada vive en localidades costeras 9) y en el área urbana de Madrid.
Estos territorios, que ocupan cerca del 30 % de la geografía nacional y están conformados por poco más de 1.000 municipios -de los más de 8.000 que hay en España- aglutinan hasta el 90 % de la población española 10. España es el país europeo con
mayor nivel de concentración de la población: en toda Europa hay 33 áreas de un km2 con una población de 40.000 o más habitantes, de las cuales 23 están en España 11. Se da el caso de que la densidad 'real' de España (contando sólo el territorio
habitado, ese 12,7 %) es de 737 personas por km2, de las más altas de Europa 12.
La idiosincrasia española en relación con la distribución de su población en el territorio parece que va no sólo a mantenerse sino a incrementarse: todos los datos demográficos
8 https://www.ign.es/espmap/graficos_espacios_bach/Ciudad_Graf_01.htm
9 https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-cerca-del-40-de-la-poblaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-est%C3%A1--empadronada-en-municipios-costeros/tcm:30-617477
10 https://elpais.com/politica/2018/10/05/actualidad/1538767620_420819.html
11 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020-Rec4.1.pdf
https://www.lavanguardia.com/vida/20180126/44292753470/espana-europa-densidad-poblacion-estudio-barcelona-madrid.html
12 Ibid.
señalan que la tendencia va hacia una cada vez mayor aglomeración de la población en las grandes urbes. Esta suerte de diáspora afecta sobre todo a la población menor de 39 años: cada vez más jóvenes se ven obligados a trasladarse desde
sus provincias a Madrid, Málaga e Islas Baleares -las provincias con saldo de población joven más positivo- por falta de empleos cualificados y oportunidades en sus localidades de origen 13.
Este vaciamiento se da especialmente en las capitales de provincia más pequeñas (Zamora, Orense, Lugo, Salamanca, Ávila, Soria, Teruel, Jaén, Cuenca...) y en capitales de comarca (Benavente, Linares, Torrelavega, Béjar, Puertollano, Miranda
de Ebro, Calatayud, Tomelloso, Ponferrada...) hacia las macro urbes o las poblaciones urbanas en auge por las nuevas dinámicas demográfico-económicas. El declive de esas localidades es consecuencia de la falta de dinamismo económico en las mismas,
amén de la pérdida de población joven motivada por la falta de oportunidades laborales.
Sin embargo, a pesar de que siete de cada diez municipios perdieron población entre 2011 y 2021 14, 700 municipios están en situación de intensa o extrema despoblación 15 y que la continua caída de la natalidad ha hecho que el saldo de
nacimientos y defunciones lleve años siendo negativo 16, paradójicamente España continúa cada año creciendo en población debido a la llegada de inmigrantes.
A todo ello se debe añadir otro fenómeno significativo: el envejecimiento de la población española, en general, y concretamente en esas capitales de provincia pequeñas y capitales de comarca, que llevará desafortunadamente a la
cronificación de este fenómeno de vaciamiento. Además, conlleva a la desaparición de multitud de localidades en España, la mayoría de ellas en Galicia, Asturias, las dos Castillas, Extremadura y Aragón, con todo lo que ello implica: pérdida de
tradiciones, desprotección del patrimonio histórico, mayor aglomeración en unas pocas macro urbes.... 17. De hecho, Zamora, Lugo y Orense son las subregiones europeas con menor porcentaje de población con menos de 20 años 18.
En definitiva, España lleva décadas inmersa en un proceso de vaciamiento de las pequeñas y medianas ciudades en favor de las grandes. La aglomeración de la población es cada vez mayor y la despoblación de cientos de municipios también.
Nuestro país avanza hacia una concentración de la población nunca vista en nuestra historia.
Segundo. Consecuencias de la actual distribución de la población en España
Las consecuencias de todo lo explicado anteriormente son evidentes y afectan significativamente a la población y a la vida de las pequeñas y medianas ciudades.
El fenómeno conocido como 'efecto aspiradora' consiste en la absorción de población por unas pocas provincias en detrimento de otras, provocando una fuga de talento joven que, en busca de un futuro mejor, abandonan sus provincias de origen
para recalar en las provincias más punteras, lo que genera, como han evidenciado los datos, un fuerte desequilibrio territorial.
Una suerte de 'cuello de botella', pues este modelo de crecimiento territorial desigual genera problemas tanto en las localidades de origen (vaciamiento, pérdida de oportunidades, cronificación del envejecimiento de la población por falta de
familias jóvenes...) como en las de llegada (para poder mantener el modelo hace falta sostener y aumentar la productividad de los polos que crecen; para que esto pase, hace falta absorber a más y más habitantes a esos lugares; y para que esos
nuevos habitantes puedan vivir
13 https://www.eldiario.es/sociedad/fuga-cerebros-espana-vaciada-madrid-absorbe-talento-joven-resto-comunidades_1_10735387.html https://ced.cat/PD/PerspectivesDemografiques_016_ESP.pdf
14 https://elpais.com/sociedad/2022-11-30/espana-gana-medio-millon-de-habitantes-en-una-decada-pero-siete-de-cada-10-municipios-pierden-poblacion.html
15 https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Biblioteca/Manual/Ayuda_presentacion/100/2023/Municipios%20Despoblacion%20extrema%20e%20intensa.pdf
16 https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-minimo-historico-natalidad-espana-desplome-nacimientos-municipio-municipio_1_10708578.html
17 https://www.agroclm.com/2023/08/09/la-espana-unipersonal-casi-2-000-pueblos-con-un-unico-habitante/
18 https://www.lavanguardia.com/vida/20230130/8717471/espana-mayor-agujero-gente-joven-europa.html
en esos lugares, hace falta vivienda asequible, ideal lejos de alcanzarse en estos momentos).
La dinámica poblacional española genera, de esta manera, una gran desigualdad entre las macro urbes y las ciudades medias y pequeñas: en estas últimas, las oportunidades profesionales son ínfimas; la oferta de empleos cualificados es muy
reducida y, por tanto, se genera otra brecha (de renta) entre estos municipios y las grandes ciudades 19; el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la educación, los bancos y las telecomunicaciones es cada vez más difícil y su conexión por
vía terrestre a través de la red de carreteras y de ferrocarril cada vez más pobre 20.
Ante esta perspectiva, los poderes públicos han de abogar por una política que redignifique las poblaciones medianas y pequeñas y construya comunidades a escala humana. Estas comunidades son precisamente las más atacadas por las políticas
globalistas que provocan la deslocalización de la producción industrial y el fin de la agricultura, entre otros. Se ha de revalorizar la vida de los habitantes en esta clase de poblaciones, ofreciendo oportunidades para que sus habitantes no se
vean forzados a emigrar a ciudades más grandes en busca de un futuro más próspero.
Para ello sería necesario, entre otras cosas, generar nuevos polos industriales y revertir los que están en declive para atraer talento y nuevos empleos; facilitando la digitalización y el desarrollo de medios tecnológicos adecuados que
frenen la brecha de comunicaciones en estas localidades; invertir en nuestras infraestructuras de transportes por carretera y ferrocarril para conectar mejor estas poblaciones con las grandes urbes y el resto de España; diseñar incentivos fiscales
como deducciones o bonificaciones para aquellos empadronados en ciudades medias y pequeñas y así revitalizarlas; favorecer el relevo generacional en el ámbito rural, especialmente en la agroeconomía, mediante la simplificación de este modo de vida
en sus relaciones con las administraciones públicas. Se debe simplificar el trabajo diario en el campo y facilitar el acceso a los servicios públicos esenciales para evitar la existencia de españoles de primera y de segunda según su lugar de
residencia, por mencionar algunas.
Tercero. Conclusiones
España experimenta desde hace décadas un proceso de despoblación de sus ciudades medianas y pequeñas que provoca el crecimiento desmesurado de macro urbes. La inmensa mayoría de los españoles desean trabajar y continuar viviendo en sus
localidades de origen, pero la concentración de las oportunidades en unas pocas zonas de España está generando una emigración constante hacia ellas y un desequilibrio territorial notable. De continuar esta tendencia, pronto un porcentaje
significativo de los españoles vivirá en un puñado de ciudades y multitud de municipios dejarán de existir.
No es humanamente cómodo vivir en megaciudades en las que, de media, se destinan dos horas en el trayecto de ida y vuelta al puesto de trabajo. Para evitarlo, se deben impulsar desde los poderes públicos las capitales de comarca y las
ciudades pequeñas y medianas con políticas de revitalización de su actividad económica. El objetivo no es llevar las dinámicas de la macro urbe a la pequeña y mediana ciudad, sino que las pequeñas y medianas ciudades puedan seguir siendo rentables
y habitables. Porque es bueno, justo e imprescindible que los españoles tengan la oportunidad de no abandonar su tierra y que haya una distribución de la prosperidad y de la población por toda la geografía nacional y no únicamente en unas pocas
provincias.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
19 https://elpais.com/economia/2023-11-05/las-brechas-de-renta-de-nuestro-pais-del-norte-al-sur-de-la-ciudad-al-campo-y-de-un-barrio-al-vecino.html
20 https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/publicaciones/distribucion-de-la-poblacion-y-accesibilidad-a-los-servicios-en-espana.html
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la mejora de todos los servicios públicos básicos (especialmente los sanitarios -atención primaria, terapia ocupacional, etc.-) en las pequeñas y medianas ciudades, así como en el mundo rural.
2. Impulsar la creación y crecimiento de empresas en la economía de las ciudades pequeñas y medias, así como en la España rural, a partir de incentivos fiscales que permitan desarrollar negocios viables, rentables y atractivos a la
inversión que contribuyan a la fijación de población en esos municipios.
3. Mejorar las infraestructuras de ciudades pequeñas y medias como la red de carreteras del Estado, las redes ferroviarias, las redes de trenes de Cercanías y Media Distancia.
4. Proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico tradicional como garante de la identidad nacional y motor económico y turístico de todas las ciudades, incluidas las medias y pequeñas.
5. Dotar a las pequeñas y medianas ciudades de los medios necesarios para la rehabilitación de viviendas como medio para atraer más población y facilitar el asentamiento.
6. Desarrollar incentivos fiscales en materia de vivienda, con el fin de facilitar la consolidación de población en las capitales de provincia más pequeñas y en las capitales de comarca.
7. Impulsar una revisión del Catastro para acabar con las enormes diferencias que existen en la España Rural entre un valor catastral muy superior al valor de mercado de los inmuebles, que en muchos casos son enormes y generan una
tributación desmesurada que lastra la compraventa de viviendas en el mundo rural.
8. Favorecer el desarrollo de polos industriales en zonas económicamente deprimidas para lograr el anclaje de población y revitalizar estos territorios.
9. Proteger la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar, para facilitar la permanencia de dichas empresas en sus localidades de origen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024. -Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura
161/000695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer el valor cultural de las representaciones teatrales populares en los
municipios de Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Benamejí y El Viso, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Los municipios cordobeses de Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Benamejí y El Viso se encuentran muy presentes en el imaginario colectivo gracias al teatro. Lope de Vega, Francisco Benítez, los hermanos Antonio y Manuel Machado y Gaspar
Fernández y
Ávila son los autores de las obras teatrales que transcurren en estos cuatro enclaves de la provincia de Córdoba: Fuenteovejuna, La vaquera de Finojosa, La duquesa de Benamejí y La infancia de Jesucristo (Auto Sacramental de los Reyes
Magos), respectivamente.
El hecho de que la acción de estas obras suceda en los lugares citados les ha dado la oportunidad de convertirse en un reclamo cultural y turístico que involucra a todos los vecinos y vecinas de los respectivos municipios a través de
representaciones populares. Durante varios días, normalmente en el mes de agosto, se prevé y programa la representación de la función correspondiente. Lo que hace especiales estas puestas en escena es que se usan las calles del municipio como
escenario y el elenco actoral está formado íntegramente por sus vecinos y vecinas. Cientos de ellos participan de forma activa en las funciones y también son miles los visitantes de otros puntos de la geografía española que se acercan a ver estas
representaciones, con todo lo que esto implica para las localidades que acogen los eventos.
A través del teatro popular se logra que personas no profesionales, pero con vocación dramática, puedan implicarse en funciones que les permitan dar rienda suelta a su expresividad. Asimismo, mediante este medio se narran también
acontecimientos o leyendas sucedidos en el pueblo o a sus habitantes, de forma que se contribuye a dar a conocer tanto el argumento como el lugar de que se trata.
En los casos citados se trata de municipios pequeños que con la puesta en marcha de una actividad como la descrita se convierten durante varios días en un foco de atracción para sus potenciales visitantes, con el consecuente aprovechamiento
económico que eso acarrea al municipio y a los negocios de este. Igualmente, el hecho de que sea la vecindad del pueblo la que se involucre directamente en la representación fortalece los lazos de unión entre los habitantes. Por último, las
representaciones sirven también para difundir y dar a conocer las propias obras teatrales y a los dramaturgos que las escribieron en un entorno único.
En vista de lo anterior solo cabe concluir que el impacto cultural y turístico de estas actividades es innegable y que debe ser reconocido e impulsado por las Administraciones públicas para que se siga llevando a cabo con el fin de extender
el conocimiento general sobre las obras teatrales, sus autores y los municipios en las que transcurren, y así mantener vivo un legado cultural popular propio ligado a un evento turístico de gran trascendencia para estos pueblos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer el indudable valor cultural de las representaciones teatrales populares de las obras Fuenteovejuna, La vaquera de Finojosa, La duquesa de Benamejí y La infancia de Jesucristo (Auto
Sacramental de los Reyes Magos) que tienen lugar en los municipios cordobeses de Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, Benamejí y El Viso, respectivamente, como una manera de mantener la tradición del teatro popular, de apoyar al tejido asociativo de
los municipios y de promocionar su desarrollo turístico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Marc Lamuà Estañol, Alberto Mayoral de Lamo y Rafaela Crespín Rubio.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el impulso de una agenda de
actos para la
conmemoración de los 25 años del fallecimiento de Miguel Vargas Jiménez, 'Bambino', en el marco del 'Año Salvaje. Año Bambino', para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La presente proposición tiene por objeto poner en valor al artista que llevó siempre el nombre de Utrera (Sevilla) ligado al suyo propio, que creó la rumba flamenca y que ha sido y es, fuente permanente de inspiración para otros muchos
artistas y cuya obra, veinticinco años después de su muerte, sigue más viva que nunca.
Alguien que hizo algo nuevo y diferente, con un sello y un estilo inimitables, que lo llevaron a reinar en los tablaos en la época gloriosa del Madrid flamenco y de ahí al resto de España.
El homenaje inicial surgió por parte de la propia familia de Miguel Vargas Jiménez, alias 'Bambino'. La sobrina de Bambino, Frasca Vargas, propuso la iniciativa de desarrollar un espectáculo en homenaje a la figura de su tío con motivo de
los 25 años de su fallecimiento, y el ayuntamiento decidió desarrollar una serie de actos durante toda su efeméride.
La figura de Bambino no solo es un referente musical que se mantiene vivo en la actualidad, sino que supuso una valiente apuesta cultural donde se rompieron muchas barreras. Bambino es símbolo de libertad y de integración social y cultural.
Según Sony Music, 'Bambino es uno de los artistas mas inclasificables de la historia de la música en nuestro país, de raíces flamencas, siguió su propio camino, diferente y único. Se apartó del flamenco ortodoxo y creó desde el principio un
estilo personal del que nunca se apartó logrando ser verdaderamente un artista diferente'.
El origen del nombre artístico de Bambino surge en torno a 1960, durante un potaje Gitano de Utrera, donde presenció la actuación del primo de Antonio Mairena, Diego el de Gloria interpretó por rumbas una versión de Chiquillo, a su vez una
versión de la canción napolitana Guaglione de Carsone. Miguel Vargas incluyó esa rumba en su repertorio juvenil y sorprendió con una interpretación en la que mezclaba cante y baile. Los coros de la canción repetían 'Bambino, Piccolino' y poco a
poco, tras cantar y bailar el tema asiduamente, Miguel Vargas Jiménez fue convirtiéndose en Bambino.
Este debutó en Madrid en el tablao el Duende en 1961 y tras el servicio militar volvió a los escenarios, en el Duende, los canasteros, el tablao de Manolo Caracol, ya como solista, en las cuevas de Nerja o en Torre Bermeja. Hasta los años
70 alternó giras nacionales con grabaciones discográficas y actuaciones.
Su primer vinilo, 'Bambino Piccolino', con Antonio Arenas a la guitarra, salió en 1964, al que siguieron otros 14 elepés y una treintena de discos de dos y de cuatro canciones.
Desde principios de los 60 hasta 1996, Bambino grabó más de 500 canciones y vendió cientos de miles de discos y, sobre todo, de casetes. Grandes autores del siglo pasado compusieron para él, como el maestro Solano, Rafael de León y José
Antonio Ochaíta ('La pared', 'Tengo miedo', 'No me des guerra') o Alfonso Santiesteban ('Culpable', 'Plegaria de un fracaso', 'Mi amor es mío'). De Manuel Alejandro reinterpretó 'Se me va', 'Te estoy queriendo tanto', 'Voy a perder la cabeza por tu
amor' o 'Procuro olvidarte') y también recreó clásicos como 'Corazón loco', 'Dos gardenias' o, llegado el caso, 'Algo de mí', de Camilo Sesto.
De nuevo pionero con la rumba, bolero, balada, bulería, ranchera, tangos... Bambino 'bambinizaba' todo lo que llegaba a su voz siempre que la letra tuviese la suficiente dosis de juego dramático. Paco de Lucía, Paco Cepera, Paco del
Gastor, Peluche, Ramón Priego, Tony Maya, Chico de Utrera... Pocos más entraron con él al estudio de grabación. A veces, un bajo eléctrico, alguna flauta, metales... Su primer LP, publicado en 1967, ya contenía algunos de sus grandes clásicos
como 'La pared' y 'Payaso'. El último, de 1996, se titulaba Resucité.
El artista de Utrera grabó cerca de 176 temas entre los años 60 y 70 del siglo XX y adaptó copla y bolero a su estilo rumbero, marcado por la percusión y las palmas. Fue un
artista libre, un 'monstruo' sobre el escenario que nos dejó momentos inolvidables y canciones icónicas que llevan su sello personal.
Tanto por su trayectoria como por su implicación en la cultura española en los años 60 y 70, se insta al Ministerio de Cultura a hacerse eco de esta efeméride con el impulso de iniciativas de difusión y promoción de su figura, para que los
valores de igualdad y libertad que Bambino llevó por bandera sigan vivos en la cultura española.
Artistas de todos los ámbitos culturales, como Pedro Almodóvar, Rosi de Palma o Alaska apreciaron los valores que transmitía la figura de Bambino y que fueron un punto de referencia mas en el ámbito cultural nacional, donde la innovación y
su estilo personal quedó plasmado en la rumba flamenca y la magistral forma de combinar las bulerías con la ranchera, el bolero o el cuplé, conjugando dramatismo, pasión y sinceridad en sus interpretaciones.
En 2004 catorce artistas, entre los que se encontraban Sabina, Serrat, Bebo Valdés & Diego el Cigala, Los Planetas, Antonio Orozco, José el Francés y Las Niñas homenajearon por rumbas a Bambino con un disco doble que incluía además 20
canciones interpretadas por el mítico gitano de Utrera. Hoy sigue inspirando a artistas como Manuel Lombo, Pastora, Martirio, Raúl Rodríguez, Miguel Campello y otros artistas de los más variados estilos musicales.
Bambino recibió homenajes en el Teatro Imperial de Sevilla el 29 de enero de 1997, en el Teatro Reina Victoria de Madrid el 16 de abril de 1998 y en el Teatro Enrique de la Cuadra el 30 de abril de 1999. Además, el pasado 18 de diciembre de
2023 se presentó la banda sonora original y el documental Algo Salvaje. La historia de Bambino.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar desde el Ministerio de Cultura una agenda de actos que conmemoren los 25 años del fallecimiento de la figura de Miguel Vargas Jiménez, 'Bambino'.
2. Impulsar y promocionar los actos que desde el Consistorio de Utrera se lleven a cabo para conmemorar los 25 años de la muerte del artista en los homenajes dentro del marco de 'Año Salvaje. Año Bambino'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Edurne Uriarte Bengoechea,
Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/000729
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa al copago farmacéutico.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al copago farmacéutico para su debate en la Comisión de Hacienda
y Función Pública.
Exposición de motivos
En el año 2012 el Gobierno del Estado español del Partido Popular impuso, mediante el Real decreto ley 16/2012, el copago farmacéutico para la totalidad de la población sin hacer ningún tipo de distinciones por motivos de capacidad económica
ni situación de vulnerabilidad. Un copago que, en realidad, es un repago. Con esta medida se abrió la puerta a la pobreza farmacológica, generando que las personas o familias con dificultades económicas tengan problemas para acceder a productos
farmacéuticos necesarios para su salud.
Con la llegada del Gobierno del Botánic en 2015 -compuesto por Compromís y el PSPV- se implementaron medidas para conseguir reducir el impacto del copago farmacéutico sobre diferentes colectivos, en especial por aquellos con rentas más
bajas. Así, el Botánic desarrolló sucesivos decretos a lo largo de las dos legislaturas para recuperar y ampliar los derechos en materia sanitaria, y ofrecer apoyo económico a las personas afectadas por una medida que el Partido Popular implemento
en 2012, estando además en uno de los momentos más críticos de la crisis económica de 2008.
Una de las primeras medidas implementadas por el Botánic fue el establecimiento de la compensación del copago farmacéutico de manera progresiva a todas las personas que se encuentran por debajo del índice de calidad de vida.
De este modo, siguiendo una constante ampliación de los colectivos beneficiarios, hoy en día se pueden beneficiar de estas ayudas todas las personas que disponen de unos ingresos inferiores al salario mínimo, los pensionistas con ingresos
bajos, las familias con menores con rentas bajas, las personas desocupadas con rentas inferiores a los 18.000 en el año, las familias monomarentales con rentas bajas y las personas con diversidad funcional. Además, donante especial apoyo a los
pensionistas: algunos de ellos ahora, con la revalorización de las pensiones, han tenido que hacer frente a un mayor gasto en productos farmacéuticos; esto ha ocasionado que la revalorización de las pensiones en vez de ofrecerles un incremento de
la capacidad económica, haya acontecido en un mayor gasto en medicamentos.
En definitiva, más de 1.200.000 personas beneficiarias de estas ayudas y de la ampliación de sus derechos al País Valenciano. Unas ayudas que, además, suponen un coste de casi 50 millones de euros al año para la Generalitat Valenciana,
haciendo que
además de ser la comunidad peor financiada, tenga que hacer frente a gastos que tendrían que ser soportados por el estado español.
El objetivo de esta medida de Compromís, al frente de las políticas sociales en la Generalitat Valenciana durante las dos pasadas legislaturas, era avanzar para que ninguna persona se quede sin poder hacer frente al copago farmacéutico y,
por lo tanto, con dificultades para seguir un tratamiento que mejora su salud. A consecuencia de estas medidas, se consiguió que además haya mejorado la adherencia al tratamiento de las personas beneficiarias, pues ha disminuido el número de
tratamientos abandonados y la cantidad de tratamientos no iniciados.
Sin embargo, no tenemos que perder la perspectiva que la medida que implemento la Generalitat Valenciana es para paliar los efectos que el Real Decreto- Ley 16/2012 generó implantando el repago y teniendo como efectos el incremento de
personas con condiciones de la pobreza farmacológica; medidas que no se pueden eliminar hasta la derogación del repago farmacéutico.
Por todo lo expuesto, vemos imprescindible la derogación del Real decreto ley 16/2012 y, a la vez, la implementación de políticas que amplían el número de colectivos beneficiarios hasta que la derogación de este Real decreto ley sea
efectiva.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar en el Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Implementar los cambios normativos necesarios para erradir la pobreza farmacológica en todo el Estado español, y recuperar derechos en materia sanitaria eliminando la adopción de medidas que implican un copago de los productos
farmacológicos, derivados del Real decreto ley 16/2012. Mientras tanto, implementar medidas que amplíen la cobertura, especialmente entre las personas potencialmente beneficiarias de las ayudas a compensar el copago farmacéutico, como ha estado
haciendo la Generalitat Valenciana y otras comunidades autónomas, con el fin de seguir reduciendo los posibles casos de pobreza farmacológica que dificultan el acceso á productos farmacéuticos perjudicando su salud.
2. Estudiar la compensación a la Generalitat Valenciana, y al resto de comunidades autónomas que han implementado medidas en este sentido, el coste que el Real decreto ley 16/2012 ha supuesto para proteger farmacológicamente los grupos de
población que la referida medida ha abandonado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de desarrollo de la primera Estrategia Nacional del Espacio para su debate en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El sector espacial español, de gran potencial en nuestro país por ser intensivo en l+D+l, resulta estratégico para la economía, la generación de empleo de calidad, el desarrollo de la tecnología y el estímulo de la innovación. Un sector que
ha de aprovechar todas sus capacidades para lograr, así, ser transcendental en Europa y a nivel mundial. En este sentido, los datos de la Agenda Sectorial de la Industria Espacial Española de 2019 señalan que nuestro país ya es clave para el
continente, puesto que exporta el 80 % de su producción total, principalmente a Europa.
Las empresas del sector espacial en España facturan anualmente, según datos del último informe de 2022 de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), cerca de 1.065 millones de euros,
mostrando un crecimiento del 22 % en los últimos seis años. Además, la industria supone casi el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) industrial y emplea actualmente a cerca de 6.000 personas, siendo el quinto país de Europa con mayor número de
personas dedicadas al espacio.
Esta industria atraviesa un buen momento para su desarrollo, crecimiento y despliegue de todo su potencial; y más en un país como el nuestro que está generando empleo en sectores de la ciencia y la innovación. Bien lo muestran los datos de
afiliación a la Seguridad Social, en su variación respecto a la situación prepandemia, donde las empresas en información y comunicación han aumentado un 25,25 % y las actividades profesionales científico técnicas un 15,8 %. Es decir, uno de cada
cinco nuevos empleos pertenece a sectores relacionados con el conocimiento y la innovación.
España ha de desempeñar un papel importante en el diseño del futuro de la l+D+l de la Unión Europea y apostar por sectores como el espacial. No obstante, el contexto geopolítico actual en el que nos encontramos requiere que este sea capaz
de abordar los desafíos tecnológicos del futuro. Para ello, es necesario promover iniciativas que incentiven la inversión pública y privada en l+D+l.
El espacio requiere de una sólida política nacional por parte de las administraciones públicas de nuestro país, alineada con la 'Estrategia Espacial Europea para la Seguridad y la Defensa' de la Comisión Europea y con las medidas que esta
contempla para 'proteger sus activos espaciales, defender sus intereses, impedir las actividades hostiles en el espacio y reforzar su posición estratégica y su autonomía'.
Con el ánimo disponer de una política nacional estable y de reforzar la resiliencia y la protección de los sistemas y servicios espaciales, el Gobierno de España promovió la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 17/2022, de 5 de
septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Uno de los grandes hitos que introdujo esta modificación del anterior marco normativo fue la creación de la Agencia Espacial Española
para contribuir a 'ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía, tanto al sector público como al privado. Así, se podrá maximizar el rendimiento de las inversiones, fomentar espacios de colaboración públicos y
privados, facilitar el uso dual de las capacidades espaciales y potenciar el sector de la industria espacial nacional de forma clara y coherente' tal y como reza la exposición de motivos de dicha Ley. Una Agencia que coordinará esfuerzos, políticas
y programas espaciales con la ESA y que nos permitirá potenciar nuestra industria y fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en este ámbito y en otros como la seguridad o las comunicaciones. Además, esta fue muy
demandada por todo el sector español y anunciada por primera vez en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021.
Meses más tarde se creaba el Consejo del Espacio, un grupo interministerial que desarrollaría el Estatuto que finalmente fue aprobado mediante el Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo. En él se materializa su creación, así como la definición
de su funcionamiento. Entre sus competencias, se señala que, en cumplimiento de su objeto y fines, esta ejercerá 'el diseño y coordinación de una Estrategia Espacial Nacional, desplegada a través de planes y programas, para la implementación de la
política espacial nacional mediante la
asignación competitiva y eficiente de los recursos públicos propios de la Agencia, así como el seguimiento de las actuaciones financiadas y de su impacto', así como la gestión y ejecución de los planes y programas que se planteen en dicha
Estrategia. Un planeamiento que culminará con la aprobación de la primera Ley del Espacio, vital para la economía y seguridad de nuestro país.
Tras un proceso objetivo, transparente y competitivo y bajo los principios de cohesión social y territorial, se determinó que la ubicación de dicha Agencia sería la ciudad de Sevilla, culminando su puesta en marcha en abril de 2023 con la
sesión constituyente de su Consejo Rector.
Todo lo anterior ha ido acompañado, estos últimos años, por un amplio de despliegue de inversiones por parte del Gobierno de España como son los programas y ayudas contemplados en el PERTE Aeroespacial, cuyo objeto es la convertir al sector
como clave ante los nuevos retos y oportunidades asociados a las grandes transformaciones previstas en el sector a nivel nacional e internacional. Un proyecto que ha desplegado prácticamente todos sus recursos inicialmente previstos en nuestro
tejido empresarial e innovador, y que ha sido reforzado recientemente mediante nuevas actuaciones de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como son el Programa Tecnológico Espacial y las Ayudas parcialmente reembolsabas
con un presupuesto de 70 y 270 millones respectivamente.
Además, el Gobierno de España está favoreciendo la colaboración internacional como, por ejemplo, adhiriéndose al programa Artemis de la NASA, participando en el telescopio espacial 'James Webb', financiando diferentes misiones de la ESA o
incrementando su aportación anual de la Agencia Europea, entre otras.
En línea con el marco europeo de derecho espacial, es necesario trabajar en una mayor coordinación para regular la actividad humana en el espacio. Es necesario trabajar con la Unión Europea en una estrategia tendente a regular la
explotación de los recursos espaciales, garantizar la sostenibilidad del espacio, prestando especial atención a los residuos en órbita, y dando seguridad jurídica y garantizando la competitividad de la industria aeroespacial. En suma, seguridad,
sostenibilidad y resiliencia, y trabajo coordinado con la Unión Europea.
En definitiva y tal y como se ha detallado, España se encuentra en una excelente posición para el despegue del sector, así que por todo ello y con la voluntad de apostar por todos los agentes e industria del espacio
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar la primera Estrategia Nacional del Espacio que culmine con la aprobación de la Ley del Espacio y permita situar a nuestro país a la vanguardia de la industria espacial a nivel
mundial y favorecer así el crecimiento y generación de empleo de calidad en toda su cadena de valor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Obdulia Taboadela Álvarez, Roberto García Morís, Víctor Camino Miñana, María Luisa García Gurrutxaga, Marta Gracia Blanco, Jesús Mayoral Pérez, Isabel María Pérez Ortiz y Arnau
Ramírez Carner, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/000699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los derechos de las mujeres migrantes, para su debate
en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Cerca de la mitad de las mujeres extranjeras ocupadas en España están empleadas en trabajos no cualificados. La feminización de los trabajos en los que se emplean, preferentemente aquellos relacionados con el cuidado de otras personas es
otra de las características de estas empleadas.
Por otra parte, destaca la precariedad laboral a la que se ven sometidas, el exceso de horas y la explotación laboral que en ocasiones roza la semi esclavitud. Además, la invisibilidad de muchas de esas mujeres y su sometimiento a
estereotipos de género, sexuales y culturales en el ámbito laboral que en no pocas ocasiones desembocan en situaciones de violencia.
Según datos del Observatorio Igualdad y Empleo, hasta un 23 % de las personas trabajadoras extranjeras empleadas en situación irregular son trabajadoras del hogar, suponiendo la ocupación más común entre el colectivo.
De todas las trabajadoras del hogar y de cuidados, el 56 % son de nacionalidad extranjera según los datos recabados por OXFAM-Intermón en 2021. Se estima que 70.000 mujeres se encuentran en situación administrativa irregular impulsadas, por
lo tanto, a aumentar la economía sumergida. Unas 40.000 mujeres en España trabajan de internas, el 7,5 % del sector. Un 92 % de ellas son extranjeras y están expuestas de manera frecuente a abusos en los horarios, discriminaciones salariales,
riesgos de accidentes o incluso malos tratos. En ocasiones, dada esa precariedad en la relación laboral, se registran humillaciones, tratos vejatorios y aún acoso sexual o por razón de sexo.
Los estereotipos sexuales y culturales, especialmente en el caso de mujeres migrantes de origen latinoamericano, propician estas situaciones, tanto en el ámbito laboral como en forma de acoso sexual callejero.
Una investigación llevada a cabo por la Asociación de Cuidadores de Personas, elaborada a partir de más de 5.000 entrevistas, de ellas casi 3.000 a mujeres, pone de relieve estos extremos. Además, hace hincapié en los casos de violencia
machista, incluida la violencia vicaria, y en la trata de personas con finalidad de explotación sexual, así como de explotación laboral, y en la prostitución de mujeres migrantes. Como señala este estudio, la ONU estima que, globalmente, hay más de
40 millones de personas, mayoritariamente mujeres y niñas migrantes, en situación de trata. La prostitución forzada es su principal, aunque no el único, fin.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas,
1. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención para que no se reproduzcan los estereotipos respecto a las mujeres migrantes, dotando a los poderes públicos de instrumentos y formación adecuada.
2. Garantizar los derechos de las mujeres migrantes en el ámbito laboral y en especial los derechos de las que son víctimas de cualquier tipo de violencia en su entorno laboral o social.
3. Continuar impulsando medidas para la lucha contra la trata de personas con finalidad de explotación sexual y con otras finalidades e impulsar legislativamente las medidas necesarias para erradicarla.
4. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que, desde la sociedad civil, actúan contra los distintos tipos de violencia hacia las mujeres migrantes.
5. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas migrantes de violencia machista.
6. Garantizar el principio de transversalidad en las políticas públicas para la prevención, atención y reparación de violencia de género, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las
mujeres migrantes víctimas de los diferentes tipos de violencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Lídia Guinart Moreno, Andrea Fernández Benéitez, Hana Jalloul Muro y Luc Andre Diouf Dioh, Diputados.-Maribel García López, Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la regulación de la circulación por autopistas y autovías en caso de nevadas, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Los fenómenos meteorológicos adversos frecuentes en invierno y en particular las nevadas tienen efectos muy negativos en el tráfico y la circulación de vehículos en toda clase de vías, comprometiendo en numerosas ocasiones las condiciones de
vialidad y suponiendo en algunos casos un riesgo para la seguridad de los ciudadanos que circulan por ellas. Pero es en las vías de gran capacidad en las que un episodio de nevada intensa puede llegar a afectar a centenares de vehículos y de
usuarios que pueden quedar bloqueados durante varias horas en condiciones precarias y de vulnerabilidad.
En estas situaciones, los servicios de conservación despliegan los medios disponibles para el tratamiento de las carreteras empleando equipos quitanieves cuya operación resulta crítica para evitar que se produzcan accidentes o que los
vehículos queden detenidos en los tramos afectados.
La experiencia viene demostrando que, aunque se intensifican las indicaciones y recomendaciones a los conductores sobre la necesidad de dejar libre el carril izquierdo, con frecuencia, los equipos quitanieves quedan atrapados en el flujo del
tráfico sin que sea posible su acceso a los puntos en los cuales su actuación es más necesaria.
Por este motivo, resulta necesario regular el modo en que deben circular los usuarios en las vías de gran capacidad cuando concurran episodios de nevadas intensas que afecten al estado de la calzada y dificulten la circulación estableciendo
la obligación de no
ocupar el carril izquierdo, dejándolo expedito, cuando la circulación se vea dificultada por las condiciones de la calzada a causa del hielo o la nieve.
Por todo lo anterior, se presenta para su toma en consideración la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la circulación por autopistas y autovías cuando concurran episodios de nevadas intensas que comprometan la vialidad, de manera que se prohíba a los usuarios circular por el carril
izquierdo de estas vías dejándolo libre para la circulación de equipos quitanieves y de vehículos de emergencia, lo que mejoraría su maniobrabilidad y facilitaría su operación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2024.-Manuel Arribas Maroto, Rafaela Romero Pozo, Juan Carlos Jerez Antequera, Daniel Senderos Oraá, José Luis Aceves Galindo, Trinidad Carmen Argota Castro, Ignasi Conesa Coma, Elisa
Garrido Jiménez, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Jesús Mayoral Pérez, Álvaro Morales Álvarez y David Serrada Pariente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/000140
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: M.ª Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel.
Texto:
¿Tiene previsto el Ejecutivo en su hoja de ruta del 2024 revisar el mapa ferroviario granadino y ejecutar los proyectos necesarios para mejorarlo como son: el Corredor Mediterráneo, la conexión Granada-Motril, el tren Guadix-Baza-Lorca, el
soterramiento del AVE en la capital y la variante de Loja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.
181/000145
Grupo Parlamentario Republicano
Diputada: Inés Granollers Cunillera.
Dirigida a: Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Cuáles son las inversiones previstas en las conexiones ferroviarias en la costa mediterránea, en especial las conexiones Barcelona-València y València-Alacant?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Gabriel Rufián Romero e Inés Granolllers Cunillera, Diputados.
Comisión de Industria y Turismo
181/000151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX).
Dirigida a: Secretaria de Estado de Industria.
Texto:
¿Va a promover el Gobierno la puesta en marcha de infraestructuras al objeto de mejorar la red de transporte de electricidad para poner fin a las persistentes limitaciones a la hora de instalar nueva tecnología e industria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024. - María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000130
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Joaquín Melgarejo Moreno y Pedro Gallardo Barrena.
Texto:
¿Qué control realiza el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las campañas de publicidad impulsadas por otros ministerios que afectan negativamente la imagen del sector primario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno y Pedro Gallardo Barrena, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000126
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil
Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García.
Texto:
¿Qué medidas fiscales ha impulsado el Gobierno para el estímulo en la compra o el alquiler en estos últimos seis años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López, Cristina Agüera Gago, Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans,
Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.
181/000127
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez,
Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago.
Texto:
¿Cómo influyen las medidas intervencionistas de este Gobierno en el acceso de los jóvenes a la vivienda en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario
Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago, Diputados.
181/000128
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez,
Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago.
Texto:
¿Considera el Gobierno que el reto de la vivienda en España pasa por resolver un problema de desequilibrio entre oferta y demanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario
Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago, Diputados.
181/000129
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados: Joan Mesquida Mayans Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez,
Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago.
Texto:
¿Cuál es el grado de ejecución de los fondos europeos en materia de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Joan Mesquida Mayans, Miguel Ángel Sastre Uyá, Sergio Sayas López, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario
Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, María Soledad Cruz-Guzmán García, Isabel María Borrego Cortés, Ana Isabel Alós López y Cristina Agüera Gago, Diputados.
181/000131
Grupo Parlamentario Mixto
Diputada: Ione Belarra Urteaga.
Dirigida a Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar el desarrollo y la aplicación de la ley de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Diputada.
181/000132
Grupo Parlamentario Mixto
Diputada: Ione Belarra Urteaga.
Dirigida a Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cómo piensa el Gobierno afrontar la problemática del alquiler turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Diputada.
181/000133
Grupo Parlamentario Mixto
Diputada: Ione Belarra Urteaga.
Dirigida a Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Considera el Gobierno que la vivienda es un derecho al que debe acceder toda la ciudadanía tal y como recoge el artículo 47 de nuestra Constitución o es un bien con el que hacer negocio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Diputada.
181/000141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué piensa hacer para edificar obra nueva y conseguir que salgan al mercado las viviendas vacías, dado el déficit de 600.000 viviendas que señala el Banco de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cuántas viviendas se han entregado de las 184.000 prometidas por el Gobierno para alquiler social y asequible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a: Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué piensa hacer para edificar obra nueva y conseguir que salgan al mercado las viviendas vacías, dado el déficit de 600.000 viviendas que señala el Banco de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/000146
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dirigida a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Piensa modificar la legislación actual para que los contratos de alquiler sean prorrogables automáticamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.
181/000147
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado: Arnau Ramírez Carner.
Texto:
Una vez aprobado el índice de Referencia de Precios del alquiler, que opera en toda España como un instrumento más para garantizar la transparencia del mercado del alquiler, ¿cómo valora el Gobierno la disposición de las Comunidades
Autónomas para declarar las zonas de mercado residencial tensionado como establece la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda en su artículo 18, necesaria para que los ciudadanos puedan beneficiarse de la aplicación del índice?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Arnau Ramírez Carner, Diputado.
181/000148
Grupo Parlamentario Socialista
Diputado: Alberto Rojo Blas.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el desarrollo de la implementación de la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Alberto Rojo Blas, Diputado.
181/000149
Grupo Parlamentario Socialista
Diputada: Alba Soldevilla Novials.
Texto:
El Gobierno ha aprobado en el mes de abril la firma con el ICO de los avales para financiar la compra de la primera vivienda. ¿Qué impacto puede tener esta medida en la emancipación de los jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Alba Soldevilla Novials, Diputada.
181/000150
Grupo Parlamentario Republicano
Diputada: Pilar Vallugera i Balañà.
Dirigida a: Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Texto:
¿Considera el Gobierno que ha dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados durante la negociación de la Ley por el derecho a la Vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Pilar Vallugera i Balañà, Diputada.
181/000152
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu
Diputado: Oskar Matute García de Jalón.
Texto:
¿Es la vivienda un negocio o un derecho subjetivo y universal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Oskar Matute García de Jalón, Diputado.
181/000153
Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV
Diputada: Maribel Vaquero Montero.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de los efectos negativos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda en el mercado de alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2024.-Maribel Vaquero Montero, Diputada.