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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 124, de 16/04/2024
cve: BOCG-15-D-124 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


16 de abril de 2024


Núm. 124



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/000566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la libertad de información ... (Página5)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las acusaciones de injerencia rusa en la unidad y estabilidad de España ... (Página6)


161/000576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento del Holodomor 1932-1933 en Ucrania como genocidio ... (Página8)


161/000578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ... (Página9)


Comisión de Justicia


161/000591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el proceso de negociación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con los representantes sindicales de los
cuerpos generales de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia ... (Página10)


Comisión de Defensa


161/000562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de medidas para evitar que Menorca sea una base de la OTAN... (Página13)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/000559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y ayudar a la cohesión social y territorial ... (Página14)



Página 2





Comisión de Interior


161/000563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a luchar contra la violencia policial hacia las personas racializadas ... (Página19)


161/000567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que se realicen las modificaciones legales que permitan la lucha eficaz contra el narcotráfico persiguiendo y condenando a los llamados
'petaqueros' ... (Página20)


161/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Ministerio del Interior apruebe urgentemente la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar y dote de más
medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplegados ... (Página22)


161/000577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar las medidas necesarias para que los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones sean reconocidos formalmente como autoridad
pública ... (Página23)


161/000582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora económica y sociolaboral del cuerpo de funcionarios de prisiones ... (Página25)


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/000574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo a alumnos con necesidades específicas ... (Página26)


161/000585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la escuela rural ... (Página27)


161/000586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar una nueva ordenación del procedimiento de acreditación de competencias ... (Página29)


161/000587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para medidas de impulso a la educación para adultos ... (Página30)


161/000588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la lectura en la educación obligatoria ... (Página32)


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/000564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el impacto social del ingreso mínimo vital en la prevención y reducción de los niveles de pobreza en nuestro país ... href='#(Página34)'>(Página34)


161/000590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la jubilación de las personas trabajadoras en la sanidad pública .... (Página36)


161/000594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar el empleo en el sector privado ... (Página39)



Página 3





Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/000571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para aprobar el Reglamento que desarrolla la Ley 45/2015 de Voluntariado ... (Página41)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/000565 Proposición no Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la elaboración de un plan agrario de choque integral anticrisis ... (Página43)


161/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a facilitar la innovación y desarrollo de nuevos biofitosanitarios para su implantación como alternativa de productos químicos ... href='#(Página45)'>(Página45)


161/000570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la flexibilización de especies objeto de captura accidental y la amenaza de estrangulamiento de la actividad ... href='#(Página47)'>(Página47)


161/000573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo a la propuesta de vetar la venta de aletas de tiburón en la Unión Europea ... (Página48)


161/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la implementación de iniciativas en defensa de la producción, promoción y consumo de los alimentos naturales versus alimentos de laboratorio
... (Página50)


161/000596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesaria preservación de los ecosistemas marinos y de la actividad pesquera ante la implantación de instalaciones de eólica marina en las costas
gallegas ... (Página51)


Comisión de Política Territorial


161/000560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y ayudar a la cohesión social y territorial ... (Página54)


161/000579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a la creación de un Grupo de trabajo para estudiar medidas y buscar soluciones para los ayuntamientos en situación más
vulnerables de riesgo financiero ... (Página59)


161/000580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes ... (Página60)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/000597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesaria preservación de los ecosistemas marinos y de la actividad pesquera ante la implantación de instalaciones de eólica marina en las costas
gallegas ... (Página62)



Página 4





Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/000572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de trabas burocráticas en la construcción de vivienda ... (Página65)


Comisión de Sanidad


161/000589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la jubilación de las personas trabajadoras en la sanidad pública ... (Página66)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/000595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la clarificación y mejora del marco fiscal para la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) ... (Página69)


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/000561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la prevención del acoso escolar de los niños con autismo ... (Página70)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/005814 Autor: Alonso Cantorné, Fèlix Vidal Matas, Vicenç Pueyo Sanz, Jorge


Estado de las líneas de tren que unen Fayón con Caspe y Zaragoza con Binéfar ... (Página74)



Página 5





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión Constitucional


161/000566


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la libertad de información, para su debate en la Comisión de
Constitucional.


Exposición de motivos


Sin libertad de prensa no hay democracia. La libertad de información constituye uno de los pilares centrales sobre los que se fundamenta cualquier Estado que quiera definirse como democrático y de derecho, puesto que la libertad de
información nació como contrapeso frente a los posibles excesos del poder, actuando como auténticos 'guardianes públicos' (watchdog), ayudando a conformar una opinión pública libre y a garantizar el pluralismo político en las democracias
representativas. Es por ello por lo que las distintas Constituciones democráticas garantizaron la libertad de prensa e información en sus textos constitucionales.


En nuestro caso, es el artículo 20.1 de la Constitución el que reconoce y protege este derecho. En palabras de nuestro Tribunal Constitucional: 'a través de este derecho no solo se protege un interés individual, sino que su tutela entraña
el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (STC 21/2000, de 31 de enero. FJ 4.°)'. Además, esta posición preferente de
dicha libertad: 'alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercida por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia aceptación' (STC
165/1987, de 27 de octubre, FJ 10.°).


Un derecho, además, que va íntimamente ligado con el derecho a la libertad de expresión, puesto que las noticias publicadas en los medios de difusión generalistas suelen conllevar opiniones de los profesionales que tratan dicha información.
No obstante, como también ha advertido en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, dicha información requiere de la exigencia de una veracidad subjetiva, es decir, que los profesionales de la información hayan actuado con diligencia y hayan
procurado contrastar dicha información, en función de las características de la noticia y de los medios disponibles (STC 6/1988, de 21 de enero).


En las últimas semanas, estamos asistiendo a cómo desde el Partido Popular se está practicando una política de señalamiento y acoso hacia determinados periodistas y medios



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de comunicación. Declaraciones en las que insultan, amenazan e intimidan a los profesionales de la información por el mero hecho de ejercer su labor como periodistas, con la única finalidad de coartar la libertad de prensa.


Una estrategia política trumpista que lo único que busca es aumentar la polarización e incidir, todavía más, en la degradación de las instituciones. Y lo que es todavía peor, instaurar la mentira en la narrativa política para intentar
dominar el discurso, propagando bulos y fake news como coartada y construcción de una realidad ficticia que suponga, en definitiva, asimilar la mentira de manera natural por parte de la ciudadanía.


Precisamente, por las presiones y ataques intolerables que los medios de comunicación están sufriendo por parte de algunos agentes políticos, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, el Parlamento europeo dio luz verde, el
pasado 13 de marzo de 2024, a la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado
interior, que busca proteger a los profesionales de la información y a los medios de comunicación frente a las injerencias políticas o económicas en el ejercicio de su profesión.


Una legislación pionera en Europa que busca salvaguardar la libertad de prensa y que, además, da respuesta a las amenazas que supone la desinformación, la falta de transparencia y la creciente presión sobre la labor realizada por los
profesionales y los medios de comunicación. De ahí que, concretamente, esta legislación ahonde en su independencia, evitando grandes monopolios; busque garantizar el pluralismo y su autonomía frente a las injerencias políticas, económicas o
extrajeras; así como garantizar su protección.


Por todo ello, frente a los ataques que están sufriendo los profesionales de la información y los medios de comunicación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. El Congreso de los Diputados condena rotundamente los ataques y amenazas que los profesionales y los medios de comunicación están sufriendo en el ejercicio de su profesión, lo que supone una clara amenaza a la libertad de prensa y a la
libertad de expresión, garantizados en la Constitución.


2. El Congreso de los Diputados recuerda que la labor de los medios de comunicación y de los profesionales de la información es esencial en una democracia, ayudando a conformar una opinión pública libre y a garantizar el pluralismo
político, puesto que la ciudadanía tiene derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, como exige el artículo 20 de nuestra Constitución.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/000568


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las acusaciones de
injerencia rusa en la unidad y estabilidad de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.



Página 7





Exposición de motivos


El Parlamento Europeo aprobó el 8 de febrero de 2024 una Resolución que denuncia los vínculos entre el secesionismo catalán y el Kremlin, por amplia mayoría.


Advierte que, de confirmarse la injerencia rusa en Cataluña, formaría parte de la estrategia de Putin para desestabilizar la Unión Europea.


Previamente, en 2023, el Parlamento Europeo llevó a cabo un exhaustivo seguimiento y trabajo sobre injerencias extranjeras. En su Informe -A9-0186/2023 sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión
Europea, en particular la desinformación, afirma que Rusia utiliza una gama de diferentes métodos de injerencia, integrados en una estrategia dirigida a dañar, confundir, asustar, debilitar y dividir a los Estados miembros de la Unión Europea y su
vecindad. En el mismo informe se insta a las autoridades correspondientes de nuestro país a llevar a cabo una investigación sobre las conexiones de Rusia con partidos y políticos del movimiento secesionista de Cataluña.


En ese sentido, cabe recordar que, el 1 de octubre de 2017, el Govern de Carles Puigdemont impulsó un ilegal referéndum de autodeterminación en Cataluña, suspendido de manera inmediata por el Tribunal Constitucional. Tras la aprobación del
Senado del artículo 155, el presidente del Gobierno cesó a todo el Gobierno catalán y a Carles Puigdemont, que huyó de España.


Desde entonces, han sido múltiples las informaciones periodísticas que han revelado el vínculo y las estrechas relaciones entre el secesionismo catalán y el Kremlin, con el único fin de llevar a cabo la independencia de Cataluña y, así,
contribuir al plan de Rusia de desestabilizar las democracias europeas. Asimismo, existen abiertas diligencias de investigación relativas a estos hechos en el Juzgado de Instrucción n.° 1 de Barcelona, el llamado caso Voloh, que vincula al señor
Puigdemont y a su entorno con Rusia y que han sido ampliadas por el juez el pasado mes de enero durante seis meses más para analizar la abundante documentación.


El actual Gobierno de España está sustentado por partidos políticos independentistas, entre ellos el del señor Puigdemont que, para dar sus votos e investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha condicionado su apoyo a la
aprobación de una ley de Amnistía que le beneficie, aunque siga insistiendo en reiterar los actos conducentes a la independencia de Cataluña.


La vinculación entre el secesionismo catalán y el Kremlin no sólo nos interpela a todos los españoles de forma directa, sino también en cuanto miembros de la Unión Europea. España, desde su adhesión, entonces a las Comunidades Europeas, hoy
Unión Europea, siempre ha apostado por más Europa. Las injerencias extranjeras descritas violan los valores y principios de la Unión, así como las libertades fundamentales de democracia y Estado de Derecho.


La guerra que sufre Ucrania es la prueba más evidente del plan de Putin para destruir el orden internacional basado en reglas. Las libertades que tenemos en Occidente no han sido dadas, han sido ganadas a lo largo de décadas. La historia
está escrita en buena medida para conocer de dónde venimos, lo que hemos luchado por conseguir nuestras libertades y hacia donde nos dirigimos. Por ello, las democracias occidentales -especialmente las europeas- somos conscientes que al
autoritarismo se le frena y se le hace frente con unidad, defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y dando respuestas inequívocas a los intentos de instaurar autocracias.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2024, sobre la trama rusa: acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea (2024/2548
(RSP)) que se refiere a la condena de los intentos del Kremlin de desestabilizar a las democracias



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europeas y recomienda una cooperación más estrecha con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, especialmente para combatir la injerencia extranjera.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Ana María Pastor Julián, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000576


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del
Holodomor 1932-1933 en Ucrania como genocidio, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El régimen de Stalin ejecutó en 1932-1933 uno de sus planes más crueles, el que tuvo por objetivo terminar con la vida de millones de ucranianos. Mediante el decreto de colectivización forzosa de la agricultura y la expropiación de tierras
se incautaron todas las cosechas de los campesinos y, utilizando la conocida como ley de espigas, los privó de la libertad de movimiento y del acceso a la comida, lo que terminó con la muerte masiva de millones de campesinos y sus familias. Este
macabro programa, perfectamente diseñado y planeado por el régimen de Stalin, es conocido como Holodomor, palabra derivada del ucraniano y que se traduce como 'hambruna' y 'muerte'.


La Verjovna Rada de Ucrania aprobó en el año 2007 la Ley 'Sobre el Holodomor en Ucrania de los años 1932-1933', que recoge en su preámbulo el concepto de genocidio según la jurisprudencia internacional y declara el Holodomor como genocidio
contra el pueblo ucraniano. Posteriormente, a finales de 2022, en medio de la guerra provocada por la Federación de Rusia y la invasión cruel e injustificada de la integridad territorial ucraniana que tiene su antecedente en la anexión ilegal de
Crimea y la invasión de las regiones de Donetsk y Lugask en el año 2014, el parlamento de Ucrania hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que reconociera el Holodomor como un crimen de genocidio en contra del pueblo ucraniano.


Aquel llamamiento tuvo una respuesta casi inmediata del Senado de Irlanda y del Bundestag alemán y hoy son numerosos parlamentos de Estados miembros de Naciones Unidas los que reconocen el Holodomor como crimen de genocidio en contra del
pueblo ucraniano. Entre ellos, Estonia, Australia, Canadá, Hungría, Lituania, Georgia, Polonia, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, México, Letonia, Estados Unidos, Portugal, República Checa.


Considerando que el Holodomor hace referencia a los actos que causaron la muerte planificada de millones de ucranianos inocentes, que España apuesta por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, que además representa uno de los ejes de
nuestra política exterior, es nuestro deber moral responder positivamente a este llamamiento de la Verjovna Rada que contribuirá a fortalecer y honrar al pueblo ucraniano.



Página 9





Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reconocer el Holodomor 1932-1933 en Ucrania como un acto de genocidio, perpetrado inhumana y cruelmente por el régimen comunista de Stalin contra el pueblo de Ucrania.


2. Solidarizarse y honrar la memoria de las víctimas del Holodomor 1932-1933 en Ucrania públicamente.


3. Seguir apoyando con determinación, en el marco de la Unión Europea, la ayuda económica, humanitaria y militar a Ucrania para defender su democracia y su integridad territorial frente al régimen autoritario ruso.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Esteban González Pons, Carlos Javier Floriano Corrales, Belén Hoyo Juliá, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Ana María Pastor Julián, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000578


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al homicidio del exmilitar
venezolano Ronald Ojeda, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Ronald Ojeda Moreno fue un militar venezolano que logró escapar junto a otros compañeros de una cárcel chavista, el 'Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde', ubicada en Los Teques (Venezuela), a finales de 2017. Se encontraba
en prisión encarcelado por el régimen de Maduro, por una supuesta conspiración en contra de este.


En 2018, Ojeda llegó a Chile, país que le otorgó asilo político. En sus redes sociales era habitual que contase todo lo que tuvo que vivir por denunciar la corrupción sistémica de la Venezuela chavista y por ser un disidente de un país que
socava los derechos humanos, las libertades y que persigue a quienes piensan diferente. En ese sentido, en diciembre de 2022, Ronald Ojeda aseguró que fue un preso político, torturado y amenazado por el régimen de Nicolás Maduro.


Sin embargo, Ronald Ojeda nunca imaginó que, en el país que le protegía, sería privado de su libertad y asesinado. El pasado 21 de febrero, Ronald fue secuestrado en su domicilio en Santiago, al que llegaron supuestos oficiales de la
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y forzaron las puertas de su apartamento. Los supuestos oficiales sacaron a Ojeda en contra de su voluntad de su domicilio, maniatado y en ropa interior, así consta en las cámaras de vigilancia del edificio
donde vivía con su familia.


Ante estos hechos, la Fiscalía chilena abrió una investigación. No obstante, el 1 de marzo, el cuerpo de Ojeda Moreno fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, en la comuna de Maipú.


La familia de Ronald Ojeda señala que, 'detrás crimen está el Gobierno venezolano' y por ello, el abogado de la familia ha denunciado los antecedentes de este caso ante la Fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI) y espera que -pese a que
la CPI no ve casos



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individuales- incorpore este caso como un ejemplo más de una política de represión sistemática que lleva a cabo el régimen chavista. Una política que apunta a la acción extraterritorial de agentes del Estado para eliminar a los opositores
del régimen.


Naciones Unidas ha denunciado reiteradamente las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, especialmente en los informes que lideró la expresidenta chilena, Michelle Bachelet. En la Corte Penal Internacional existe una investigación
abierta por crímenes de lesa humanidad.


España tiene como eje rector de nuestra política exterior la defensa y la promoción de los derechos humanos y tenemos el firme compromiso de promocionarlo en el mundo.


Más aún en la región de América Latina, a la que nos unen lazos históricos y culturales. Por esas razones, no debemos permanecer expectantes ante estos hechos.


Además, nuestra posición es de enorme relevancia en el seno de la UE a la hora de abordar las relaciones con los países de América Latina, sustancialmente con Venezuela, cuyo régimen está sometido a sanciones, unas sanciones que el
Ministerio de Asuntos Exteriores ha tratado reiteradamente de anular, cuando no se han violado directamente, como sucedió con el aterrizaje de la Sra. Deley Rodríguez, en Madrid, el 20 de enero de 2020.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar el secuestro y asesinato en Chile del venezolano Ronald Ojeda.


2. Apoyar las investigaciones del Estado chileno para conocer a los culpables del crimen, así como a sus inductores y beneficiarios.


3. Apoyar las denuncias recogidas en los informes de Naciones Unidas en contra del régimen venezolano.


4. Apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad.


5. Mantener y reforzar las sanciones contra el régimen venezolano vigentes en la Unión Europea.


6. Contactar a la familia de Ronald Ojeda para mostrar las condolencias del pueblo español y ofrecer el apoyo diplomático, así como la posibilidad de otorgarles la condición de refugiados en nuestro país.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel y Belén Hoyo Juliá, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Justicia


161/000591


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proceso de negociación del
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con los representantes sindicales de los cuerpos generales de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, para su debate en la Comisión de Justicia.



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Exposición de motivos


A lo largo del año 2023, operadores jurídicos, jueces, magistrados, fiscales, LAJs y el resto de funcionarios de la Administración de Justicia evidenciaron la desatención del Ministerio de Justicia a los verdaderos problemas de la Justicia
y, en particular, la fallida interlocución con los funcionarios que son la columna vertebral del sistema de justicia en España.


Tras una larga y contundente huelga de los LAJs, jueces, magistrados y fiscales anunciaron que iniciarían otra por su parte, el 16 de mayo, si no se atendían sus reivindicaciones. El Ministerio de Justicia y responsables de función pública
firmaron acuerdos que permitieron terminar con la huelga de los LAJs y que no se hiciera efectiva la anunciada convocatoria suscrita por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales. En dichos acuerdos se atendieron las reivindicaciones
retributivas fundamentadas en las transformaciones estructurales que la Justicia en España afrontaría una vez aprobadas las tres leyes de eficiencia proyectadas por el Gobierno.


Las organizaciones sindicales más representativas de los funcionarios de la Administración de Justicia habían pedido reiteradamente al Ministerio negociar los términos del proyecto de ley de eficiencia organizativa que afectaban a sus
condiciones de trabajo, así como los incrementos retributivos que, a su juicio, debían producirse en correspondencia a las funciones desempeñadas y a las que deberían asumir tras la entrada en vigor de las mencionadas leyes.


El lunes 24 de abril de 2023 se produce la ruptura de conversaciones o negociaciones con el Ministerio y los paros parciales que habían sido convocados en fechas previas fueron sustituidos por una convocatoria de huelga general de jornada
completa destinada a 45.000 funcionarios en diferentes días del mes de mayo. A pesar de la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones, el 29 de mayo los sindicatos del sector justicia informan mediante un
comunicado conjunto que no abandonan la huelga, que mantienen sus principales reivindicaciones (una LOEO sin trampas, funciones claras y retribuciones justas), así como la huelga indefinida, y que exigen la convocatoria de una reunión con calendario
de negociación. Los sindicatos llegan incluso a encerrarse en el Ministerio de Justicia el 6 de junio hasta el día 9 porque, a su juicio, no apreciaban verdadera voluntad de negociación cuando se celebraban reuniones con los responsables del
Gobierno.


El día 4 de julio de 2023 el Comité de huelga decidió por unanimidad 'suspender la huelga indefinida en Justicia' tal como anunciaron en un comunicado en el que, entre otras cosas, señalan que: 'La huelga indefinida queda aplazada hasta la
constitución del nuevo gobierno resultante de las elecciones generales y se mantienen dos días de huelga general, el 11 y 20 de julio'. Suspensión con efectos desde el día 5 de julio.


El Presidente del Gobierno toma posesión de su cargo el 17 de noviembre de 2023 y el nuevo Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo hace el 21 de noviembre. Hasta el 10 de enero de 2024 no se produce reunión alguna
con las fuerzas sindicales por parte de los responsables del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para abordar lo que los sindicatos siguen considerando 'el conflicto que afecta a 45.000 funcionarios' y que no son
funcionarios autonómicos, sino de la Administración de Justicia de competencia del Gobierno del Estado.


Tras esa primera reunión, y según las informaciones que conocemos por los medios de comunicación y por los sindicatos, los responsables del Ministerio señalan que ellos sólo van a negociar y a hacer propuestas respecto a los funcionarios que
desempeñan sus funciones en el ámbito no transferido (lo que conocemos coloquialmente como 'territorio Ministerio') dejando fuera de las propuestas y de un posible acuerdo a todos los funcionarios de la Administración del Estado en el sector
justicia que desempeñen sus funciones en el territorio de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de la Administración de Justicia; por tanto, en 'ámbito transferido'.


Los sindicatos han informado de las propuestas del Ministerio en las dos reuniones de la mesa delegada del ámbito no transferido y CSIF señala que mantiene su postura para



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la resolución del conflicto: 'la forma más sencilla y más directa es la subida del complemento general del puesto, negociada en la mesa sectorial (DA 12.ª TREBEP), sobre la que se podría construir un acuerdo de legislatura en el que se
incluyeran otras materias como las contenidas en el documento conjunto que se trasladó al Ministerio en los grupos de trabajo como la LOEO, el Registro Civil, la carrera profesional, etc.'. Posición que, según nos trasladaron en reunión conjunta
con los cuatro sindicatos, también mantienen UGT, CCOO y STAJ.


El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, siempre según información de los sindicatos, 'ofrece una vía alternativa: que las CCAA acometan la subida de los complementos específicos de sus ámbitos, pero sigue sin
dar garantías suficientes de que las CCAA vayan a seguir la estela del Ministerio de Justicia en este particular'.


Una vez más, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de coalición equivoca los términos de la negociación y elude sus responsabilidades. Además, compromete en sus propuestas a las administraciones
autonómicas en un conflicto y en unas competencias de exclusiva responsabilidad del Ministerio. Aunque presumen de cogobernanza, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes recurre permanentemente a la imposición a las
Comunidades Autónomas de decisiones que no han sido ni consultadas ni consensuadas con los responsables autonómicos y se extralimita de forma grave negociando con términos y condiciones que no puede utilizar porque no puede imponer. Dicho
coloquialmente, sigue la estrategia del 'yo invito y tú pagas' e intenta socializar un conflicto generado exclusivamente por el Gobierno de España en los irresponsables procesos de negociación del entonces Ministerio de Justicia con los diferentes
cuerpos de funcionarios del ámbito de su competencia seguidos a lo largo de la XIV legislatura.


Sin que haya concluido la negociación de la que hemos reflejado sus principales hitos, el 14 de marzo del presente año se registra en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio
Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios que incorpora el contenido del Proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa aprobado por el Gobierno en la
XIV Legislatura en el que, en líneas generales, se mantienen los términos del Proyecto de LOEO y al que se suman otras materias. No tenemos noticias de las propuestas que, en su caso, hayan comprometido los responsables del Ministerio sobre esta
ley que, de aprobarse, impulsará cambios muy relevantes en el sistema de Justicia en España y que afectan en los mismos términos al desempeño de las funciones de jueces, magistrados, fiscales, LAJs y al resto de funcionarios de la Administración de
Justicia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Informar con claridad y transparencia, tanto en el ámbito parlamentario como en el de la Conferencia Sectorial de Justicia con las Comunidades Autónomas, del proceso negociador que está manteniendo con los representantes sindicales de
los funcionarios de la Administración de Justicia y de sus propuestas y compromisos retributivos y normativos.


2. Convocar una Conferencia Sectorial de Justicia para analizar en profundidad con las Comunidades Autónomas el proceso de negociación que está manteniendo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con los
representantes sindicales.


3. Asumir sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales y retributivas de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, desempeñen sus
funciones en el momento de la negociación en territorio de ámbito transferido o no transferido.


4. Negociar, en consecuencia, los términos de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto respecto a la totalidad de los, aproximadamente, 45.000 funcionarios cuyas funciones y competencias vienen fijadas con carácter
general y común por normativa de exclusiva competencia del Gobierno de España.



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5. Compensar económicamente a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de la Administración de Justicia por los incrementos retributivos que, en su caso, negocie y acuerde con los representantes sindicales,
dado el impacto directo que estos tendrían en los presupuestos autonómicos ya cerrados y en ejecución.


6. Compensar económicamente a las Comunidades Autónomas por los planes de actuación que está siendo necesario acometer para reducir el aumento de la pendencia acumulada por las sucesivas convocatorias de huelga.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Esteban Gonzaléz Pons y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira , Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa


161/000562


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Proposición no de Ley de medidas para evitar que Menorca sea una base de la OTAN.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación, su Portavoz, lone Belarra Urteaga, al amparo de los artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley de medidas para evitar que Menorca sea una
base de la OTAN, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


En abril del año pasado, el Gobierno español ofreció Maó en Menorca a la Alianza Atlántica como 'puerto con autorización diplomática permanente' para que puedan atracar y fondear los buques aliados que participan en la Operación Sea Guardian
(Guardián del Mar) y desde entonces está funcionando como tal.


Hace unos días, la prensa española informaba de la intención del Gobierno de utilizar Menorca como una base naval de la flota de la OTAN, siendo la tercera en España tras Rota y Cartagena.



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Por la información publicada, el Puerto de Maó presenta condiciones como punto de apoyo logístico para la OTAN al encontrarse en el interior de un gran puerto natural y tener ciertas características geográficas que facilitan el
aprovisionamiento de buques. Dichas embarcaciones, por la naturaleza de la operación designada, tienen como objetivo combatir a los hutíes en el Mar Rojo y así dar cobertura al genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza.


Aunque en un comunicado el Ministerio de Defensa ha informado que 'no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas
permanentes de la Alianza', consideramos que la ciudadanía debe ser conocedora de las negociaciones que impliquen la cesión de parte de nuestro territorio para colaborar en la escalada bélica y genocida y paralizar cualquier acción presente o futura
que implique que Maó sea una nueva base naval de la Alianza.


La de Menorca es una de las múltiples capacidades que España oferta habitualmente a la OTAN, ya que en este puerto es común que recalen buques de la Alianza. Ante una escalada bélica sin precedentes en Europa, consideramos inadmisible la
cesión de soberanía de nuestro territorio dando respaldo a EEUU ante el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino y no toleramos que no se desplieguen como prioridad las políticas diplomáticas y de paz.


Proposición no de Ley


'Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados:


1. Insta al Gobierno, particularmente al Ministerio de Defensa, a ofrecer información clara a la ciudadanía sobre la utilización del puerto de Maó en Menorca como base de operaciones de la OTAN, así como cualquier operación realizada
alineada con los intereses de la Alianza en el resto de puertos de les Illes Balears.


2. Insta al Gobierno, particularmente al Ministerio de Defensa, a paralizar cualquier oferta que convierta la estación naval de Maó en una de las bases españolas que participan en la 'Operación Sea Guardian' y, en caso de ser solicitado,
negar que el territorio español, y en concreto el Puerto de Maó, tenga autorización diplomática permanente para ser utilizado por buques de la OTAN.


3. Insta al Gobierno a que, llegado el caso, se lleve a cabo un debate parlamentario y votación en el Congreso de los Diputados para decidir sobre la utilización de la base de Mahón como base de la OTAN.


4. Insta al Gobierno a ejercer su soberanía y dejar de colaborar en la escalada bélica y armamentista, utilizando la OTAN como su caballo de Troya.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/000559


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y
ayudar a la cohesión social y territorial, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.



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Exposición de motivos


La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, en su artículo 8 establece que 'se debe garantizar un servicio postal universal de calidad, prestado en todo el
territorio del Estado con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación'. Una norma que traspuso al ordenamiento jurídico del Estado español la Directiva comunitaria de 20 de febrero de 2008 que, supuestamente, debería
asegurar que las personas usuarias de los servicios postales gocen de unos derechos adecuados, independientemente de quien sea el prestador de los mismos y del ámbito de prestación.


Sin embargo, los recortes de personal, de oficinas y de medios, especialmente en el ámbito rural, dejan en evidencia que el contenido de la ley no se cumple por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Una paulatina degradación
de los servicios y de las condiciones laborales del personal de Correos que se inició ya con la aprobación de la liberalización del sector postal al albur de la Ley 24/1998, de 13 de julio.


Para mejorar la actual situación es necesario poner en marcha una serie de medidas que contribuyan a proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, ante la situación de precariedad de unos servicios que son esenciales y cuya carencia
sufre el 23 % de la población, afectando a un 85 % del territorio estatal.


Es necesario fortalecer la estructura pública de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., así como aumentar las prestaciones que ofrece a la ciudadanía, de manera que se dé respuesta a las necesidades de ese 23 % de población al
tiempo que se contribuye a la sostenibilidad económica de la sociedad estatal y al mantenimiento del empleo.


El Estado español en su conjunto y Galiza en particular, padecen una pérdida alarmante de población en las zonas rurales. De los 313 concellos galegos, 257 tienen menos de 10.000 habitantes y con una alta dispersión poblacional. Si lo
extrapolamos al resto del Estado, el panorama no es mejor con 1374 unidades de población de cien vecinos o menos. La pérdida de servicios postales en las poblaciones rurales va en aumento. En el caso de Galiza, afecta de manera más preocupante a
las comarcas del interior, pero tampoco se libran los concellos de las áreas de la franja atlántica.


Vecinos y vecinas que ven como se incumple su derecho a un servicio postal universal, creándole importantes problemas por la desaparición de unos servicios esenciales para su día a día. Deficiencias que se están agravando en los últimos
años y que requieren de la implementación de medidas para poder ofrecer un servicio de calidad.


Actualmente, la distancia que debe recorrer la población de las zonas más despobladas para acceder a los servicios postales, es inaceptable y está lejos de colmar el derecho a un servicio universal sin discriminación. Se está discriminando
a las poblaciones de las áreas rurales al no disponer de un servicio postal de calidad. No se garantiza la vertebración y la cohesión territorial.


El 12 % de la población residente en lugares de menos de 10.000 habitantes tiene dificultades para acceder a servicios de alimentación, porcentaje que sube al 14 % en el caso de servicios bancarios y al 17 % en el caso de los servicios
postales. Un perjuicio más reprochable en el caso de los servicios de correos por prestarlos una empresa pública.


De hecho, el informe del Consejo Económico y Social estatal de 2018, así como el documento 'La estrategia España 2050', inciden en la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos. Así mismo, en la Estrategia Estatal frente al Reto
Demográfico, se incluye entre sus objetivos, el de 'asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio'.


Como entidad pública empresarial, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos debe servir al interés general, ser un instrumento útil para atender a las necesidades sociales y cuidar las demandas de las zonas más vulnerables y desprotegidas
como es el ámbito rural. Se trata de una entidad con capilaridad en todo el territorio y dispone de capacidad para avanzar en una mayor vertebración y cohesión social.



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Aunque se han dado tímidos pasos para favorecer que la entidad pública pueda contribuir a la prestación de servicios esenciales y al acercamiento y mejora de la eficiencia de la administración pública en su trato con la ciudadanía, sigue sin
ser en absoluto suficiente. Es preciso ampliar este tipo de políticas.


Por una parte, es imprescindible reforzar el estatus jurídico como sociedad pública, apostando por el refuerzo de los servicios públicos, dando la vuelta a la tendencia practicada hasta este momento.


La necesidad de fortalecer el sistema de servicios públicos quedó evidenciada durante la pandemia de la COVID-19. Para avanzar en esta línea, el primer paso debe ser dar seguridad jurídica y fijar legalmente su naturaleza pública. Correos
presta un servicio público, declarado esencial durante la pandemia, es necesario recoger de forma explícita la consideración como empresa pública de dicha sociedad estatal.


En segundo lugar, es fundamental dotar a la Sociedad Estatal de la financiación necesaria para corregir y solucionar las deficiencias de servicios en muchos territorios, especialmente en el medio rural. Con la adecuada dotación de medios,
Correos podría ser un medio idóneo para facilitar servicios postales y de paquetería, pero también servicios bancarios y de seguros (a través de una entidad pública), de telefonía u otros como el transporte de medicinas desde las farmacias a las
poblaciones rurales sin dicho servicio. Este último podría lograrse con la creación de un servicio de paquetería especial para el envío de medicamentos por parte de las farmacias a un precio económico y para dar servicio a las personas que viven en
poblaciones rurales, que tienen problemas para desplazarse, personas mayores o dependientes con movilidad reducida y así recibir su medicación. Un servicio que ya fue valorado por Correos y que en la actualidad se hace cada vez más necesario. Se
trata, además de ampliar el abanico de servicios desde una óptica pública y redundando en el bien colectivo.


En el ámbito bancario, Correos debe recuperar el papel protagonista que ostentó en otros tiempos y canalizar las necesidades de la población en cuanto a servicios bancarios, sobre todo cuando la banca privada se ha desentendido de una gran
parte de la población, recortando oficinas, negando una atención presencial próxima y en horario suficiente en la mayoría de núcleos.


Así mismo, la creciente evolución del comercio online requiere de la existencia de una entidad pública fuerte para asegurar que los usuarios/as puedan acceder a dichos servicios a precios asequibles, en igualdad de condiciones con la
población de zonas urbanas dónde hay mayor oferta y competitividad.


En tercer lugar, se hace imprescindible dotar a la entidad de los instrumentos necesarios para afrontar los nuevos retos y las nuevas realidades. Actualizar el marco del Servicio Postal Universal (SPU) dando cobertura a esos servicios que a
día de hoy no forman parte del mismo. Para ello, es necesario habilitar los medios para que Correos, como empresa pública, oferte dichos servicios postales, de forma especial, en el medio rural y zonas deprimidas económica y demográficamente,
garantizando la igualdad y la equidad en un servicio público básico.


Los debates sobre la despoblación del medio rural no pueden quedarse en proclamas o en declaraciones de intenciones. Fijar población en el ámbito rural implica garantizar servicios básicos, de lo contrario nadie puede vivir y trabajar en
las localidades rurales.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Declarar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como empresa de interés social y utilidad pública.


2. Adoptar las decisiones necesarias para que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., pueda actuar como entidad financiera pública y de seguros.



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3. Fijar una aportación económica por parte del Ministerio de Hacienda, que dé sostenibilidad económica a la entidad pública, para hacer frente a los retos de servicios que debe cumplir en la sociedad actual, teniendo en cuenta criterios de
servicio público.


4. Revisar los servicios contemplados en el SPU, dando cabida a las necesidades actuales (financieras, paquetería, comunicación,....)


5. Habilitar un servicio especial de paquetería a precios económicos para la entrega de medicamentos a personas que viven en poblaciones rurales o que tienen problemas para desplazarse a localidades con servicios farmacéuticos.


6. Establecer la apertura en horario de tarde en todas las oficinas evitando de este modo las dificultades de acceso que manifiestan los informes.


7. Adoptar las medidas necesarias para la creación de un operador de telefonía público aprovechando la sinergia de la filial Correos Telecom.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


O Grupo Parlamentar Mixto, a Instancia do Deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á consideración da personalidade xurídica, á sustentabilidade económica e aos servizos que debe prestar a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., como instrumento para reverter o despoboamento rural e axudar á cohesión social e
territorial para o seu debate na Comisión de Facenda e Función Pública.


Exposición de motivos


A Lei 43/2010, do 30 de decembro, do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, no seu artigo 8 estabelece que 'se debe garantir un servizo postal universal de calidade, prestado en todo o territorio do Estado
con prezos accesíbeis e en condicións de permanencia e non discriminación'. Unha norma que traspuxo ao ordenamento xurídico do Estado español a Directiva comunitaria do 20 de febreiro de 2008 que, supostamente, debería asegurar que as persoas
usuarias dos servizos postais gocen duns dereitos adecuados, independentemente de quen sexa o prestador dos mesmos e do ámbito de prestación.


Con todo, os recortes de persoal, de oficinas e de medios, especialmente no ámbito rural, deixan en evidencia que o contido da lei non se cumpre por parte da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Unha paulatina degradación dos servizos
e das condicións laborais do persoal de Correos que se iniciou xa coa aprobación da liberalización do sector postal ao abeiro da Lei 24/1998, do 13 de xullo.


Para mellorar a actual situación é necesario poñer en marcha unha serie de medidas que contribúan a protexer os dereitos do conxunto da cidadanía, ante a situación de precariedade duns servizos que son esenciais e cuxa carencia sofre o 23 %
da poboación, afectando a un 85 % do territorio estatal.


É necesario fortalecer a estrutura pública da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., así como aumentar as prestacións que ofrece á cidadanía, de maneira que se dea resposta ás necesidades dese 23 % de poboación á vez que se contribúe
á sustentabilidade económica da Sociedade Estatal e ao mantemento do emprego.


O Estado español no seu conxunto e Galiza en particular, padecen unha perda alarmante de poboación nas zonas rurais. Dos 313 concellos galegos, 257 teñen menos de 10.000 habitantes e cunha alta dispersión da poboación. Se o extrapolamos ao
resto do Estado, o panorama non é mellor con 1374 unidades de poboación de cen veciños ou menos. A perda de servizos postais nas poboacións rurais vai en aumento. No caso de



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Galiza, afecta de maneira máis preocupante ás comarcas do interior, pero tampouco se libran os concellos das áreas da franxa atlántica.


Veciños e veciñas que ven como se incumpre o seu dereito a un servizo postal universal, creándolle importantes problemas pola desaparición duns servizos esenciais para o seu día a día. Deficiencias que se están agravando nos últimos anos e
que requiren da incoación de medidas para poder ofrecer un servizo de calidade.


Actualmente, a distancia que debe percorrer a poboación das zonas máis despoboadas para acceder aos servizos postais é inaceptábel e está lonxe de colmar o dereito a un servizo universal sen discriminación. Está a discriminarse ás
poboacións das áreas rurais ao non dispoñer dun servizo postal de calidade. Non se garante a vertebración e a cohesión territorial.


O 12 % da poboación residente en lugares de menos de 10.000 habitantes ten dificultades para acceder a servizos de alimentación, porcentaxe que sobe ao 14 % no caso de servizos bancarios e ao 17 % no caso dos servizos postais. Un prexuízo
máis reprochábel no caso dos servizos de correos por prestalos unha empresa pública.


De feito, o informe do Consello Económico e Social estatal de 2018, así como o documento 'A estratexia España 2050', inciden na necesidade de fortalecemento dos servizos públicos. Así mesmo, na Estratexia Estatal fronte ao Reto Demográfico,
inclúese entre os seus obxectivos, o de 'asegurar unha apropiada prestación de servizos básicos a toda a poboación en condicións de equidade, adaptada ás características de cada territorio'.


Como entidade pública empresarial, a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos debe servir ao interese xeral, ser un instrumento útil para atender ás necesidades sociais e coidar as demandas das zonas máis vulnerábeis e desprotexidas como é
o ámbito rural. Trátase dunha entidade con capilaridade en todo o territorio e dispón de capacidade para avanzar nunha maior vertebración e cohesión social.


Aínda que se deron tímidos pasos para favorecer que a entidade pública poida contribuír á prestación de servizos esenciais e ao achegamento e mellora da eficiencia da administración pública no seu trato coa cidadanía, segue sen ser en
absoluto suficiente. É preciso ampliar este tipo de políticas.


Por unha banda, é imprescindíbel reforzar o status xurídico como sociedade pública, apostando polo reforzo dos servizos públicos, dando a volta á tendencia posta en práctica até este momento.


A necesidade de fortalecer o sistema de servizos públicos quedou evidenciada durante a pandemia da COVID-19. Para avanzar nesta liña, o primeiro paso debe ser dar seguridade xurídica e fixar legalmente a súa natureza pública.Correos presta
un servizo público, declarado esencial durante a pandemia, é necesario recoller de forma explícita a consideración como empresa pública da devandita sociedade estatal.


En segundo lugar, é fundamental dotar á Sociedade Estatal do financiamento necesario para corrixir e solucionar as deficiencias de servizos en moitos territorios, especialmente no medio rural. Coa adecuada dotación de medios, Correos
podería ser un medio idóneo para facilitar servizos postais e de paquetería, pero tamén servizos bancarios e de seguros (a través dunha entidade pública), de telefonía ou outros como o transporte de medicinas desde as farmacias ás poboacións rurais
sen o devandito servizo. Este último podería lograrse coa creación dun servizo de paquetería especial para o envío de medicamentos por parte das farmacias a un prezo económico e para dar servizo ás persoas que viven en poboacións rurais, que teñen
problemas para desprazarse, persoas maiores ou dependentes con mobilidade reducida e así recibir a súa medicación. Un servizo que xa foi valorado por Correos e que na actualidade faise cada vez máis necesario. Trátase, ademais de ampliar o abanico
de servizos desde unha óptica pública e redundando no ben colectivo.


No ámbito bancario, Correos debe recuperar o papel protagonista que ostentou noutros tempos e canalizar as necesidades da poboación en canto a servizos bancarios, sobre todo cando a banca privada desentendeuse dunha gran parte da poboación,
recortando oficinas, negando unha atención presencial próxima e en horario suficiente na maioría de núcleos.



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Así mesmo, a crecente evolución do comercio online require da existencia dunha entidade pública forte para asegurar que os usuarios/as poidan acceder aos devanditos servizos a prezos accesíbeis, en igualdade de condicións coa poboación de
zonas urbanas onde hai maior oferta e competitividade.


En terceiro lugar, faise imprescindíbel dotar á entidade dos instrumentos necesarios para afrontar os novos retos e as novas realidades. Actualizar o marco do Servizo Postal Universal (SPU) dando cobertura a eses servizos que a día de hoxe
non forman parte do mesmo. Para iso, é necesario habilitar os medios para que Correos, como empresa pública, oferte devanditos servizos postais, de forma especial, no medio rural e zonas deprimidas económica e demograficamente, garantindo a
igualdade e a equidade nun servizo público básico.


Os debates sobre o despoboamento do medio rural non poden quedar en proclamas ou en declaracións de intencións. Fixar poboación no ámbito rural implica garantir servizos básicos, de non ser así ninguén pode vivir e traballar nas localidades
rurais.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei:


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:


1. Declarar á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., como empresa de interese social e utilidade pública.


2. Adoptar as decisións necesarias para que a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A., poda actuar como entidade financeira pública e de seguros.


3. Fixar unha aportación económica por parte do Ministerio de Facenda, que dea sustentabilidade económica á entidade pública, para facer frente aos retos de servizos que debe cumprir na sociedade actual, tendo en conta criterios de servizo
público.


4. Revisar os servizos contemplados no SPU, dando cabida ás necesidades actuais (financeiras, paquetería, comunicación,...)


5. Habilitar un servizo especial de paquetería a prezos económicos para a entrega de medicamentos a persoas que viven en poboacións rurais ou que teñen problemas para desprazarse a localidades con servizos farmacéuticos.


6. Estabelecer a apertura en horario de tarde en todas as oficinas evitando deste modo as dificultades de acceso que manifestan os informes.


7. Adoptar as medidas necesarias para a creación dun operador de telefonía público aproveitando a sinerxía da filial Correos Telecom.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2024, 1 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Interior


161/000563


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de la Diputada de Podemos y Portavoz, Ione Belarra Urteaga, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados relativa a luchar contra la violencia policial hacia las personas racializadas.


Exposición de motivos


El pasado viernes 29 de marzo fuimos conocedoras de un vídeo que muestra la violencia policial ejercida contra personas racializadas en las calles del barrio de Lavapiés.



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El vídeo muestra cómo uno de los agentes de Policía ha inmovilizado a un joven en el suelo mientras que el segundo agente le golpea con una porra en las piernas, en varias ocasiones. Instantes después, este segundo agente arremete contra
otro hombre en la calle, que no había ofrecido resistencia, y le golpea con violencia en el pecho antes de intentar agarrarle por el cuello. En el vídeo que circula por redes sociales se puede ver el ensañamiento, el odio, la ira que refleja el
racismo institucional y la criminalización de las personas racializadas.


Esta violencia policial es un ejemplo más de cómo actúan los cuerpos de seguridad del Estado contra personas racializadas. Una violencia injustificada a la que por desgracia están acostumbrados los vecinos y vecinas de Lavapiés y que no
tiene cabida en democracia.


Por ello se plantea la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dar explicaciones, tras la correspondiente investigación interna, por los sucesos de violencia policial conocidos el pasado viernes 29 de marzo en el barrio de Lavapiés, en Madrid.


2. Depurar todas las responsabilidades, disciplinarias o de cualquier tipo, que se deriven de estos hechos.


3. Dictar todas las instrucciones y normas pertinentes para garantizar que no se realicen identificaciones vinculadas al perfil racial de los ciudadanos y ciudadanas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto


161/000567


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley reclamando modificaciones legales que
permitan la lucha eficaz contra el narcotráfico persiguiendo y condenando a los llamados 'petaqueros', para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


En las últimas semanas hemos asistido con impotencia a hechos desgarradores en los que han perdido la vida dos agentes de la Guardia Civil en Barbate en una lucha en clara desigualdad de condiciones con los narcotraficantes que operan en la
zona cada vez con mayor impunidad. Pero hace mucho tiempo que las asociaciones de la Guardia Civil denunciaban la situación vulnerable de los agentes en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en general en la provincia de Cádiz.
También la Fiscalía Especial Antidroga en sus memorias venía poniendo de manifiesto el agravamiento de la situación y las necesidades de recursos y de nuevos instrumentos jurídicos.


Como recoge la memoria de 2022 de la FEAD, ya en la memoria de 2021 se incluía una propuesta de la Fiscal delegada de Cádiz y Coordinadora de la Comunidad autónoma de Andalucía sobre la necesidad de tipificación de las actividades de los
conocidos como 'petaqueros', personas que almacenan y transportan grandes cantidades de gasolina que va destinada a suministrar combustible a las embarcaciones de alta velocidad que se utilizan para el transporte de hachís en la zona del Estrecho.



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La Fiscalía delegada de Cádiz explica la situación en los siguientes términos:


'El uso de embarcaciones de alta velocidad se está extendiendo a todo el litoral gaditano, habiéndose hallado numerosas naves donde se guardan hasta su botadura junto con grandes cantidades de combustible. Se constata la aparición de
personas que colaboran con el acopio de este material a todas luces peligroso y su traslado en garrafas hasta las naves, usando vehículos a motor en embarcaciones de menor porte que se acercan hasta las de alta velocidad para surtirlas en el mar
donde se lleva a cabo el trasvase de las garrafas. Se han detectado naves en las que se guardan depósitos de gran capacidad en condiciones que suponen un grave riesgo para la seguridad. El órgano de coordinación del Plan Carteia informa de que,
desde septiembre de 2018 hasta la fecha (2021), se han intervenido 596.639 litros de combustible destinado a estas embarcaciones.


Ha supuesto un gran avance la inclusión de determinadas embarcaciones como género prohibido y la tipificación de la mera tenencia como delito. No obstante, es difícil incluir la mera tenencia o transporte de elevadas cantidades de gasolina
en ninguno de los tipos penales, salvo cuando hay alguna investigación que revela la relación con la organización criminal, en cuyo caso se puede acusar de cooperación necesaria en el transporte, o si el transporte por carretera, por el modo de
conducción ha puesto en peligro concreto la seguridad vial.


(...) Recientemente el Parlamento de Gibraltar ha aprobado una enmienda a la Ley del Petróleo que endurece las sanciones y penas por tenencia y transporte de combustible para narcolanchas, ya que también su uso ha adquirido un gran auge en
el Peñón. El Parlamento, por unanimidad, aprobó la medida, estableciendo multas cuantiosas a quienes sean sorprendidos con petacas de gasolina, además de poderse imponer penas entre 6 meses y 5 años de prisión. Sería conveniente seguir este
ejemplo, pues cada vez son (más) las aprehensiones de este tipo (de) sustancias y nos parece bastante claro que la única finalidad es la de surtir a las embarcaciones de alta velocidad en alta mar. La sanción debería incrementarse cuando haya
indicios de que la gasolina va a ser suministrada a una de estas embarcaciones, que son todos los casos, porque no se explica de otra manera la carga de numerosas petacas de gasolina en embarcaciones de pequeño tamaño.


Por tanto, la propuesta es tipificar tenencia de gasolina como delito autónomo, cuando ésta supere ciertas cantidades y que se posibilite el decomiso de los instrumentos, vehículos o embarcaciones, con las que se cometen estos delitos, y el
combustible.'


No puede seguir el Gobierno desoyendo las justas reivindicaciones de los profesionales que conocen de primera mano las dificultades para perseguir y condenar a los narcotraficantes y sus colaboradores, así como de incorporar al ordenamiento
jurídico los instrumentos adecuados a los comportamientos y acciones de los grupos organizados que pretenden eludir la acción de las fuerzas de seguridad y de la justicia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las modificaciones legales oportunas para perseguirla tenencia de gasolina en determinadas condiciones y que se posibilite el decomiso de los instrumentos, vehículos o
embarcaciones, con las que se cometen estos delitos y el combustible, tipificando en el artículo 568 del Código Penal, como delito autónomo, la tenencia y trasporte de gasolina, cuando supere ciertas cantidades, usando vehículos a motor en
embarcaciones de menor porte; reformando las normas administrativas para limitar a 20 litros la posibilidad de almacenamiento y transporte de gasolina sin permisos o licencias; y regulando la obtención de licencias con requisitos concretos en el
almacenamiento y transporte de cantidades entre 20 y 100 litros.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco y María Jesús Moro Almaraz, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000575


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Ministerio del Interior
apruebe urgentemente la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar y dote de más medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplegados, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


El Campo de Gibraltar es una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz, situada en el extremo sur de la comunidad autónoma de Andalucía, teniendo una situación geoestratégica excepcional que ha supeditado históricamente la vida de sus
habitantes y favorecido los graves problemas a los que nos enfrentamos.


Las costas del continente africano distan del continente europeo, por el punto más próximo, 14 kilómetros por mar. Una escasa distancia física teniendo en cuenta que Marruecos es el primer productor mundial de hachís y punto de salida
importante de migración irregular. Sirva de ejemplo que en el campo de Gibraltar se incauta el 60 % del hachís que se incauta en todo el territorio nacional. En buena parte de los municipios que integran el Campo de Gibraltar se produce una
virulencia y violencia ligadas a la actividad ilícita que llevan a cabo los narcotraficantes: todo lo relacionado con la introducción de sustancias estupefacientes, empleando desde el continente africano 'narcolanchas' o grandes contenedores hasta
el Puerto Marítimo de Algeciras, con destino al continente europeo; así como el tráfico ilícito de personas que se desarrolla desde las costas marroquíes a las españolas como puerta de entrada a Europa.


Durante años, la Comarca del Campo de Gibraltar ha sufrido el desamparo y el olvido institucional, todo ello, se suma a los acontecimientos relacionados con el incremento del narcotráfico y, sobre todo, a la aparición de la extrema
agresividad que muestran las distintas bandas dedicadas al tráfico ¡lícito de drogas, tabaco y personas, cuyo exponente más alarmante y peligroso son las constantes agresiones físicas y amenazas.


La violencia diaria contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la escasez de medios con los cuentan para enfrentarse a los narcotraficantes ha resultado en el asesinato de dos guardias civiles el pasado 9 de febrero en Barbate.


Como es evidente, urgen medidas dirigidas a la provisión de medios humanos y materiales para las FCSE, pues es imprescindible que estén dotados de los recursos óptimos para desarrollar su esencial misión.


Las carencias de los agentes para hacer frente a su labor diaria, ha provocado que, desde hace tiempo, las Coordinadoras contra la Droga, sindicatos y asociaciones de los distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera, hayan
creado la Plataforma 'Por tu seguridad, por la de todos', para exigir medidas encaminadas a acabar con esta escalada de criminalidad y revertir la situación de deterioro cívico y social que se vive actualmente en esta zona de España.


Durante la presente y la pasada legislatura, el Gobierno ha sido incapaz de atender las demandas de quienes nos defienden de los peligros del narcotráfico y sus organizaciones criminales, como consecuencia de su inacción, se ha ignorado a la
Guardia Civil, a la Policía Nacional, al servicio de Aduanas e incluso a la Fiscalía Antidroga.


En este sentido, es necesario incrementar y mejorar los medios materiales 'rudimentarios' que poseen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder enfrentarse a los recursos cada día más sofisticados de los narcotraficantes, con
dotación de medios tecnológicos, medios de autoprotección, como son los chalecos antibalas, medios intermedios de defensa, vehículos adecuados para su labor en la zona, como ATV, buguies, motos y vehículos todos terreno, así como la ampliación de
aquellas unidades



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especializadas en la lucha contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, como son la UDYCO, el EDOA y Vigilancia Aduanera.


Asimismo, se hace necesario incrementar y actualizar los catálogos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia de Cádiz y dotarles de mayor protección con la declaración de Zona de Especial Singularidad, lo que supondría el
reconocimiento al inmenso esfuerzo y sacrificio, incluso personal y familiar, de los agentes destinados en esa zona, pues después de los hechos acontecidos el pasado 9 de febrero, es incuestionable que trabajan en condiciones de extrema
peligrosidad.


La absoluta y constante pasividad frente a los informes que alertaban de la necesidad de dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pone de manifiesto la necesidad de crear, cuanto antes, una nueva Comisaría de la
Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz) junto con una Unidad de Prevención y Reacción -UPR-. Esta petición histórica de los sindicatos policiales ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
el 19 de diciembre de 2022. Sin embargo, la autocomplacencia y la falta de gestión de este Gobierno impiden que tales demandas sean una realidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Declarar el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, con incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor policial.


- Actualizar y aumentar el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la provincia de Cádiz, procediendo al refuerzo de todas las unidades, del servicio marítimo y aéreo
para que se reduzca la sensación de impunidad y eviten la percepción de inseguridad en tierra, mar y aire.


- Reactivar urgentemente y con todas las garantías la OCON-Sur, de manera permanente, en el Campo de Gibraltar.


- Dotar de más medios materiales y tecnológicos para la lucha contra el narcotráfico.


- Crear una Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en la Comisaria de La Línea.


- Crear una nueva Comisaría de Policía Nacional en La Línea.


- Implementar más estaciones del SIVE y poner en funcionamiento las existentes.


- Realizar una investigación sobre lo sucedido en Barbate para exigir responsabilidades políticas y se dé conocimiento de las conclusiones al Congreso de los Diputados en el plazo máximo de seis meses.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco y José Ignacio Romaní Cantera, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000577


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las medidas necesarias
para que los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones sean reconocidos formalmente como autoridad pública, para su debate en la Comisión de Interior.



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Exposición de motivos


Estamos en una sociedad compleja, en la que la prestación de servicios a veces no viene acompañada de un trato correcto hacia determinados cuerpos de funcionarios que tienen durante su jornada laboral un alto nivel de exposición en el trato
con el público en circunstancias de trato interpersonales especialmente intensas.


Se ha podido comprobar a lo largo de los últimos años que algunos funcionarios, como profesores, personal sanitario o funcionarios de prisiones, están expuestos a determinadas situaciones en las que -fuera de todo margen de recusación
plausible- se ha podido poner en cuestión de forma injustificada su profesionalidad e incluso se han podido registrar agresiones directas por parte del público al que prestan servicio.


Los funcionarios de prisiones son un cuerpo que trabaja en un medio hostil y que cada día viven situaciones violentas, difíciles y desagradables. Según fuentes sindicales, este colectivo anualmente sufre al menos una agresión al día, es una
situación que dicho colectivo está denunciando desde el año 2017.


La población reclusa está en continua evolución, y al igual que los tipos delictivos cambian encontrando nuevas formas de delito, es necesario que los profesionales que atienden a la población reclusa realicen su trabajo con la máxima
garantía de seguridad y medios.


Para ello, es necesario que estos funcionarios dispongan de unos conocimientos amplios y diversificados, que sólo será posible acceder a través de planes de formación tanto inicial como continua, elaborados e impartidos por la propia
Administración Penitenciaria.


Esta formación ha de abarcar no solamente el análisis de la nueva delincuencia y tipología penal, sino también la formación continua en materia de defensa personal que garantice su seguridad e integridad física. Dentro de esta formación
debe incluirse la relativa a la protección sanitaria, no sólo de su propia salud, sino también la de los internos. En cuanto a los medios materiales, la administración facilita en estos momentos una uniformidad que no es satisfactoria, ya que no
garantiza una protección suficiente para el ejercicio de su actividad profesional, como ejemplo, la administración penitenciaria no facilita guantes seguros que puedan evitar la acción de cualquier objeto punzante, lo cual aumenta la inseguridad de
los profesionales y vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales que toda administración está obligada a cumplir.


Así pues, esta seguridad en la actividad profesional que debe de tener todo funcionario se vería además garantizada con el reconocimiento como autoridad pública de este colectivo, que si bien posee una presunción de veracidad en los informes
emitidos y que ya ha habido un pronunciamiento judicial en este sentido, es necesario que se avance en este reconocimiento a un nivel legislativo explícito y que se evite que las agresiones que sufran los funcionarios de prisiones se resuelvan con
una mera sanción disciplinaria o se enjuicien como delito leve.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para que los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones sean reconocidos formalmente como autoridad pública.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Fernando de Rosa Torner, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos García Adanero y Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.



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161/000582


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora económica y
sociolaboral del cuerpo de funcionarios de prisiones, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


La Administración penitenciaria ha sido tradicionalmente la gran olvidada de la función pública, por eso es de justicia acometer iniciativas de justicia salarial para los funcionarios que la integran. Retribuir los mismos trabajos de forma
igualitaria es cumplir la máxima 'a igualdad de funciones, igualdad de retribuciones'.


La jurisprudencia del Tribunal Supremo reitera desde hace más de veinte años que no es objetivo razonable diferenciar los puestos de trabajo que tengan exactamente el mismo contenido. Siguiendo esta jurisprudencia se han ido pronunciando
las Salas de lo Contencioso-Administrativo y los distintos Tribunales Superiores de Justicia, considerando discriminatorio la diferencia retributiva cuando se realizan las mismas funciones.


Igualmente la Constitución Española establece el principio de igualdad en los artículos 14 y 23, de lo que se deduce que una discriminación salarial supone una vulneración de este derecho fundamental.


Por lo tanto, debe considerarse que toda discriminación remuneratoria puede provocar agravio comparativo y desincentivar al funcionario, lo cual puede provocar la pérdida de calidad en esta actividad profesional esencial para el
funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias.


La recomendación REC 2006 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas del Consejo de Europa subraya como principio básico que: 'El personal penitenciario desempeña una importante labor esencial
de servicio público y su selección, formación y condiciones laborales debe permitir que dicho personal alcance un Alto Nivel Profesional en la custodia de los internos'. En su artículo 49 se dice que: 'El buen orden en la prisión debe ser
mantenido teniendo en cuenta los imperativos de la seguridad, la salvaguardia y la disciplina...'.


En su artículo 76, advierte que: 'El personal debe ser cuidadosamente seleccionado, formado de una manera adecuada -tanto en el marco de su instrucción inicial como en el de su formación continua-, remunerado como mano de obra especializada
y dotado de un estatuto susceptible asegurarle el respeto de la sociedad civil'.


En el artículo 79, acordándose que: '1. La remuneración debe ser la suficiente como para permitir reclutar y conservar un personal competente. 2. Las ventajas sociales y las condiciones de empleo deben determinarse teniendo en cuenta la
naturaleza constringente de todos los trabajos efectuados en el marco de un servicio de mantenimiento del orden'. También se habla de la necesidad de un personal penitenciario motivado, especializado y respetado, porque constituye una condición
previa para unas condiciones de reclusión humanas y, por lo tanto, para el éxito de conceptos de reclusión diseñados para mejorar la gestión de las cárceles, el éxito en la reinserción en la sociedad, y la reducción del riesgo de radicalización y
reincidencia. Por tanto, debe percibir una remuneración adecuada y disfrutar de unas condiciones laborales dignas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para que a los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones se les mejoren sus condiciones económicas y sociolaborales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Fernando de Rosa Torner, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos García Adanero, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Esteban González Pons, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/000574


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Alberto Catalán Higueras, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el apoyo a alumnos con necesidades específicas para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


La realidad de los centros educativos españoles es muy diversa, como lo es la propia población de los pueblos y ciudades en las diferentes Comunidades Autónomas. El sistema educativo español ya no solo debe atender a la diversidad de los
alumnos en función de sus necesidades educativas físicas y psíquicas, sino también en función de las propias características de sus familias derivadas tanto de su origen como de su situación socioeconómica.


En los últimos años, de manera especial, se ha venido escolarizando al alumnado procedente de otros países del mundo. Sus familias han venido a nuestro país en busca de mayores posibilidades profesionales y personales. Algunas de ellas,
incluso, huyendo de guerras o regímenes totalitarios.


Esta situación ha incrementado notablemente el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y, aunque las administraciones educativas han realizado un esfuerzo para cubrirlas y seguir posibilitando un sistema educativo
basado en la equidad y en la igualdad de oportunidades, sigue sin ser suficiente.


En este sentido, sigue estableciéndose por parte de la normativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte unas ratios máximas por aula en las diferentes etapas educativas. Sin embargo, no se contempla la concentración
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares.


Es una realidad que el número de alumnos por aula ha ido disminuyendo en las últimas décadas en España, pero también han aumentado sus necesidades. La normativa actual establece para Primaria un máximo de 25 alumnos por unidad escolar, un
máximo de 30 en Secundaria y un máximo de 35 en Bachillerato. La disminución de ratios no es la solución definitiva para mejorar la educación española, pero sí es un factor a tener en cuenta en determinados centros educativos donde se escolariza a
un gran número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en muchas ocasiones pertenecientes a familias socioeconómicamente desfavorecidas.


Otro fenómeno que también se viene produciendo, de manera especial en los últimos años, es la incorporación tardía o matriculación sobrevenida a lo largo del curso una vez superados los periodos de prematriculación y matriculación ordinaria.
Ante este fenómeno la reacción de las administraciones educativas suele ser lenta, cuando no inexistente. La necesidad de apoyos, refuerzos y disminuir las ratios por aula debieran ser respuestas inmediatas.



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Por eso se considera necesario seguir mejorando la atención a la diversidad y a los alumnos más vulnerables del sistema incrementando y mejorando los apoyos individualizados, pero también mediante la disminución de ratios en las aulas de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.


Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes:


1. Insta al Gobierno a establecer mejoras en los apoyos individualizados, a disminuir las ratios máximas en las aulas de los centros educativos con elevado número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por incorporaciones
tardías al sistema educativo, problemas de historia escolar o de currículo. Dicha disminución del número de alumnos por unidad escolar se deberá aplicar también a situaciones de incorporaciones de este tipo de alumnos a las aulas una vez comenzado
el curso escolar.


2. Apoya y considera necesario que las Comunidades Autónomas refuercen con más medios materiales y humanos aquellos centros, de titularidad pública o concertada, que escolaricen a un número elevado de alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo para que este alumnado y sus compañeros de clase puedan desarrollar todas sus capacidades, evitar el absentismo escolar y el abandono temprano, compensar las desigualdades y garantizar la calidad y equidad de la educación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Alberto Catalán Higueras, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000585


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Escuela Rural, para su debate en la Comisión de Educación, Formación
Profesional y Deporte.


Exposición de motivos


La escuela rural representa un modelo de organización escolar muy presente en una amplia parte del territorio español. Además de población dispersa en núcleos pequeños, la zona rural cuenta con población envejecida, con lo que la situación
de las escuelas rurales en estas comunidades va a continuar y a agravarse en los próximos años. En los municipios de menos de 1.000 habitantes como en los de 1.001 a 2.000 habitantes el número de centros ha disminuido un 12,9 % y un 12,5 %
respectivamente. Y por titularidad son los centros privados los que más reducen su presencia -ya escasa- en estos municipios, en un contexto de crecimiento en el número de conciertos.


Sin embargo y a pesar de su importancia y extensión en un número importante de Comunidades Autónomas, no existen informes oficiales estatales completos que puedan aportar un diagnóstico realista sobre la tipología de centros rurales, la
calidad educativa, la oferta y la garantía de cumplimiento de igualdad de oportunidades para el alumnado escolarizado en ella.


Una de las razones por las que es difícil realizar un diagnóstico sobre la escuela rural es por la inexistencia de una definición clara de lo que se entiende por ella, como tampoco la hay sobre el concepto de mundo rural. Cuando se habla de
escuela rural es importante que se establezcan las diferencias entre lo que puede ser una escuela en un municipio pequeño de 200 habitantes o un municipio de 1.000, 2.000 o 5.000; las oportunidades educativas son diferentes y sin ninguna duda la
organización escolar también. Sin embargo,



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a fecha de hoy los indicadores para la obtención de datos son escasos y se limitan a conocer el alumnado matriculado en municipios menores de 2.000 habitantes, hecho que restringe la posibilidad de conocer las oportunidades educativas
existentes en la escuela rural, las diferentes organizaciones escolares y las circunstancias globales inherentes al conjunto de la escuela rural que desde el Ministerio de Educación y FP sirvan para obtener datos sobre la situación real de la
escuela rural en España. Sería muy conveniente que, al hablar de escuela rural en España, desde las CC.AA. se tuviese el mismo concepto y, por tanto, que existiesen parámetros comunes para hacer una valoración general de su situación. En este
sentido, sería de gran utilidad conocer la escolarización del alumnado según tamaño de municipios ya que serviría como referente en un problema transversal que se vive en una buena parte del territorio español, que es el drama de la despoblación.
Es importante también relacionar estos datos con otros factores externos a la escolarización, como son la edad media de los ciudadanos residentes en esos municipios, la dispersión de la población o la cercanía a otros núcleos con mayor número de
habitantes.


También es necesario conocer las oportunidades educativas (programas de apoyo y atención educativa), más allá de la escolarización en etapas obligatorias, de las que disfrutan los alumnos de la zona rural, los servicios complementarios de
los que pueden disfrutar y ayudas para ellos (transporte escolar, comedor, actividades extraescolares), programas de apoyo extracurriculares, opciones educativas en la educación posobligatoria (Bachillerato y FP) y las ayudas económicas de las que
son beneficiarios los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta que muchos de ellos deben trasladarse a otras localidades para la continuidad de sus estudios.


Existen informes que indican la existencia de una mayor tasa de abandono escolar en las zonas rurales que en las urbanas, un dato que sería interesante poder verificar con el objetivo de que el alumnado de las zonas rurales cuente con el
apoyo y la orientación adecuada para seguir en el sistema educativo y alcanzar unos niveles de cualificación óptimos que les permitan desarrollar su vida profesional en las zonas rurales y contribuir a frenar el fenómeno de la despoblación.


Asimismo, es indudable que la dispersión geográfica y la más baja ratio de alumnos por clase es el motivo más importante para el coste del puesto escolar por CC.AA. De hecho, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de alumnado en
centros rurales son las que, por detrás solo del País Vasco y Navarra, tienen (con Cantabria) un mayor coste del puesto escolar público es el caso de Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias, lo que supone atribuir este sobrecoste solo a la
escuela rural. La ratio (un 40 % menor en Primaria en las escuelas rurales) supone, en el mayor de los casos, duplicar el coste del puesto escolar para unos 100.000 alumnos.


Por otro lado, no debemos olvidar los objetivos ligados al reto demográfico. Apreciar y reconocer la Escuela Rural es parte de la garantía de acceso a los derechos sociales y básicos cuyo pleno ejercicio deben garantizar los poderes
públicos en las zonas rurales.


Finalmente, este impulso a la Escuela rural supone, básicamente, cumplir con los muchos compromisos que hay en la LOMLOE con este tipo de centros.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados Insta al Gobierno a:


1. Promover el concepto de escuela rural, para que las Administraciones educativas incorporen conceptos asociados al mundo rural utilizados en el ámbito demográfico, social o económico.


2. A partir de los datos disponibles, avanzar en la elaboración de explotaciones e indicadores estadísticos, para poder disponer de información educativa clara según el tamaño de los municipios: organización, oferta educativa y resultados
educativos.


3. Incluir, en la medida y forma que se estime factible, datos sobre escuela rural en los Informes de situación del sistema educativo, también en los elaborados por los Consejos Escolares del Estado y de las distintas CC.AA.



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4. Impulsar que las Administraciones educativas propongan para la Escuela Rural, a partir del diagnóstico e informes elaborados, medidas para mejorar la calidad educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-María Luz Martínez Seijo y Luis Alfonso Rey de las Heras, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/000586


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una nueva ordenación del procedimiento de acreditación de
competencias, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.


Exposición de motivos


El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias (PEAC) se establece en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.


Se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o por vías no formales de formación. Este proceso se desarrolla siguiendo criterios
que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.


El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales sirve de referencia para el procedimiento. Si las competencias profesionales evaluadas a la persona candidata no alcanzan a completar las cualificaciones recogidas en algún título de
formación profesional o certificado de profesionalidad, se realiza una acreditación parcial acumulable. De este modo, si así lo desea, la persona candidata podrá completar su formación para la obtención del correspondiente título o certificado.


La Gestión del Sistema está descentralizada en las Comunidades Autónomas, a las que corresponde la convocatoria y gestión de los procesos de evaluación y acreditación de competencias.


Las administraciones educativas y laborales comparten la competencia y la responsabilidad en este procedimiento. El Ministerio de Educación, y Formación Profesional y Deportes, a través de los Programas de Cooperación Territorial, destina
anualmente fondos para el procedimiento de acreditación de las competencias. Este procedimiento siempre ha contado con una importante participación de los interlocutores sociales. Y lo han hecho de varias formas, entre ellas identificando
necesidades de acreditación, aportando expertos o participando en la elaboración de las guías de evidencia.


La Administración General del Estado, a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), ha elaborado instrumentos de apoyo para la totalidad de las unidades de competencia susceptibles de convocarse y las ha puesto a
disposición de todas las Administraciones.


Sin embargo, a pesar de la coordinación y de los esfuerzos realizados, aún existe en nuestro país un elevado porcentaje de profesionales que, habiéndose formado a través de la práctica profesional, no disponen de un reconocimiento formal de
sus competencias profesionales.


El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, derogado por el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, cumplió el objetivo de establecer el procedimiento y
los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas



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a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias.


La experiencia de estos años ha demostrado las fortalezas, pero también las debilidades de este procedimiento. Es necesario potenciar la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y
por vías no formales de formación, como acción fundamental de justicia social y pilar básico para hacer realidad el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, haciéndolo más accesible a los perfiles de ciudadanos a los que se dirige y más ágil.


En este sentido, la colaboración de los interlocutores sociales es fundamental para, desde un plano de lealtad institucional y sentido de Estado, identificar a nivel global qué necesidades de acreditación existen, priorizarlas,
sectorizarlas, territorializarlas y adquirir un compromiso con las administraciones a fin de ayudar en el reconocimiento y su evaluación.


Por otra parte, el reconocimiento y acreditación de competencias básicas para personas adultas es una cuestión esencial en el marco, cada vez más relevante, de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando el procedimiento de acreditación de competencias de manera ágil, eficaz y eficiente de manera que se:


1. Mejore la accesibilidad de los procedimientos de acreditación de competencias profesionales.


2. Desarrolle y agilice un procedimiento de acreditación de competencias básicas -no profesionales- dirigido a personas adultas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para medidas de impulso a la Educación para Adultos, para su debate en la Comisión
de Educación, Formación Profesional y Deporte.


Exposición de motivos


El aprendizaje a lo largo de la vida es uno de los motores del progreso social y económico, contribuye a la empleabilidad y al crecimiento profesional, así como a su desarrollo y bienestar personal. El aprendizaje continuado nos ayuda a
hacer frente a retos como las repercusiones de la pandemia COVID-19 y al tránsito hacia una sociedad digital y ambientalmente sostenible.


Las competencias y cualificaciones de las personas adultas son cruciales en el contexto actual. Los datos del informe Panorama de la educación o Education at a glance de la OCDE para España reflejan que el nivel de formación de la población
adulta española ha mejorado durante los últimos años, sin embargo, aún hay todavía un 36 % con estudios inferiores a 4.º de Secundaria, más del doble que en la Unión Europea, donde el porcentaje es del 16,5 %. Además, el informe Eurydice sobre
educación para adultos nos llama la atención sobre el hecho de que estas personas adultas con bajos niveles formativos tienen



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menos probabilidades de participación en actividades formativas y tienen bajos niveles de comprensión lectora, matemática o competencias digitales.


Todas las personas tienen derecho a una educación, una formación y un aprendizaje permanente de calidad e inclusivo, esta idea se ha puesto de relieve en el plan de acción adoptado por la UE para propiciar la participación en actividades
formativas del 60 % de la población adulta para el 2030, mostrando un compromiso político absoluto con el aprendizaje de personas adultas y el aprendizaje permanente con iniciativas como la Agenda de Capacidades Europea dentro del espacio Europeo de
Educación.


Los datos más recientes referentes al curso 2022-2023 nos dicen que la Educación de Personas Adultas del Sistema Educativo de nuestro país se imparte en 2.292 centros de los que 1.448 son centros específicos de este régimen de enseñanza, 506
son centros en los que se imparten otras enseñanzas y 338 son actuaciones educativas de colaboración de la Administración educativa con otra administración pública o privada.


La plantilla docente que atiende esta oferta asciende a 11.161 profesores, y en total, 198.441 personas siguen enseñanzas de carácter formal mientras que otras 313.929 cursan enseñanzas de carácter no formal, siendo las matrículas más
relevantes las que corresponden a la Educación Secundaria para Personas Adultas, los cursos de preparación de las pruebas y cursos de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de la Formación Profesional y las personas que siguen
enseñanzas de preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores 25 años.


Podemos decir pues que contamos con una red extensa y desarrollado de centros y profesionales que garantizan el acceso a la formación continua de mucha población adulta en nuestro país. Para aumentar la participación de las personas adultas
en formación es necesario informarles de las oportunidades de aprendizaje que tienen a su disposición y sensibilizarles a los beneficios que el aprendizaje permanente puede aportar a su carrera profesional y a su vida personal.


Finalmente queremos subrayar la importancia de fomentar la cultura del aprendizaje permanente entre la población adulta más joven especialmente entre los jóvenes que han abandonado el sistema educativo tempranamente y con escasas
cualificaciones, lo que dificulta en gran medida sus oportunidades de emancipación y su proyección de futuro de una forma autónoma y digna, tal como explica el último informe del Observatorio de la emancipación elaborado por Consejo de la Juventud.


Tenemos la certeza del compromiso del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte con la educación para adultos y con el fomento de la equidad y la igualdad de oportunidades.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. La sensibilización y divulgación en colaboración con las instituciones competentes de la oferta formativa para personas adultas y su importancia para el desarrollo profesional y bienestar personal.


2. Colaborar con las CC.AA. para implementar estrategias que permitan reducir los porcentajes de personas adultas con bajos niveles de formación y escasas cualificaciones.


3. Promover programas educativos para personas adultas, también en colaboración con las CC.AA. y los Ayuntamientos, con especial énfasis en las personas adultas jóvenes que por diversas razones han abandonado el sistema educativo
tempranamente para subir el nivel de su cualificación con el objeto de favorecer su empleabilidad, mejorar su calidad de vida y sus posibilidades de emancipación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-María Luz Martínez Seijo y María Luisa García Gurrutxaga, Diputadas.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la lectura en la educación obligatoria, para su debate en la
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.


Exposición de motivos


Los dos principales motivos por los que tanto las personas adultas como las niñas, niños y jóvenes leen, están relacionados, por un lado, con actividades de índole laboral o de estudio y, por otro, con las actividades y tiempo de ocio.


Sin embargo, y centrándonos en el ámbito de estudio o escolar, en el caso del alumnado de Educación Infantil y Primaria, el principal motivo de lectura es el relacionado con las actividades escolares. En este sentido, los planes lectores de
los centros escolares suelen mejorar el hábito lector de su alumnado. Pero a medida que los niños y niñas van creciendo, son ellos los que eligen qué hacer en su tiempo de ocio. Y es en este punto donde se ve la efectividad de la labor realizada
en la obtención del hábito a la lectura, tanto desde los centros como desde el entorno familiar.


Según la opinión de los docentes, y según se recoge en distintos estudios, la primera causa de la desmotivación por la lectura se debe a la gran cantidad de alternativas de ocio disponibles -móviles y videojuegos-, seguida por la poca
implicación familiar en la lectura. En consecuencia, en la etapa de Secundaria se produce un descenso importante del hábito lector.


El barómetro CICLIP sobre lectura y comprensión lectora infantil está diseñado para conocer la percepción de personas docentes sobre la situación actual en lectura y comprensión lectora del alumnado en las etapas de Educación Infantil y
Primaria, y poder establecer herramientas y estrategias que pudieran mejorarla en un futuro.


La última edición de 2022 fue realizada con la participación de 1.639 docentes y directivos y pone de manifiesto la incidencia del COVID en la competencia lectora. En dicha edición se vislumbra un cambio en la situación que se vivió en el
2020 en los centros y en las familias, para sobrellevar y adaptarse a las nuevas formas de docencia online y semipresencial. Las conclusiones indican que tanto el número de libros leídos como el número de horas dedicadas a fomentar la lectura se
han reducido en los centros escolares, aunque para casi la totalidad de los docentes la competencia lectora se establece como una base transversal para la adquisición las distintas competencias y consideran que se debería aumentar el tiempo
específico que actualmente se le dedica en los centros escolares.


Y es que la comprensión lectora tiene una base transversal de gran importancia, ya que afecta a todas las áreas, materias y ámbitos. De hecho, más de un 50 % de los problemas de aprendizaje que presenta el alumnado se debe a una falta de
comprensión de los enunciados o de la propia pregunta. Estudios internacionales como TIMMS, que miden los resultados en Matemáticas y Ciencias, también presentan esta dificultad en la comprensión de los enunciados como una de las claves para la
mejora en el rendimiento matemático de los estudiantes.


Además, y en relación con la lectura en soporte digital, siete de cada diez docentes destacan su importancia teniendo en cuenta la demanda actual en nuestra vida diaria, pero siempre combinada con la lectura en papel. No se concibe la
posibilidad de que el alumnado sólo lea en formato digital. Casi el 80 % de los docentes entrevistados cree que contar con herramientas digitales para apoyar todo el trabajo del proceso lector de los estudiantes permitiría obtener mejores
resultados.


Por otro lado, en el Barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros de 2022, publicado por la Federación de Gremios de Editores de España con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte en febrero del 2023, se destaca los altos
porcentajes de lectura entre los menores de 18 años, especialmente entre los jóvenes entre 10 y 14 años. Así, 'el 85,6 % de estos leen en su tiempo libre de forma frecuente (78,2 %) u ocasional (7,4 %).



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Entre los jóvenes entre 15 y 18 años, el porcentaje alcanza el 79,2 % (67,7 % lectores frecuentes y 12,2 % ocasional). La lectura infantil se mantiene en valores elevados. Crece ligeramente la proporción de niñas y niños que leen libros no
de texto. Sin embargo, desciende ligeramente el tiempo semanal dedicado a la lectura de los más pequeños'.


Por otro lado, el Estudio internacional de progreso en comprensión lectora (PIRLS), de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), evalúa la comprensión lectora del alumnado en su cuarto curso de
escolarización obligatoria, lo que en España equivale a cuarto curso de Educación Primaria. Ese momento es clave en el desarrollo de las niñas y los niños como lectores, puesto que ya han aprendido a leer y 'están ya leyendo para aprender'.


Asimismo, no debemos olvidar el mandato de los nuevos currículos básicos LOMLOE cuando dicen:


- 'A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones
educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado, así como con el
intercambio de buenas prácticas' (artículo 6.8, Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria).


- 'A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias' (artículo 6.3, Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Secundaria Obligatoria).


- También debe tenerse en cuenta que, en los currículos básicos de Lengua Castellana y Literatura de ambas etapas, se dedica una de sus diez competencias específicas a la lectura autónoma:


• Leer de manera autónoma obras diversas seleccionadas atendiendo a sus gustos e intereses, compartiendo las experiencias de lectura, para iniciar la construcción de la identidad lectora, para fomentar el gusto por la lectura como fuente de
placer y para disfrutar de su dimensión social (Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo).


• Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir
experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo).


Por todas estas razones, parece evidente la necesidad de reforzar los planes de lectura de los centros con el objetivo de que el alumnado mejore su competencia lectora y tenga más oportunidades de éxito escolar en todas las áreas, materias y
ámbitos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Seguir impulsando, en el ámbito de sus competencias, los planes de fomento de la lectura en los centros de educación obligatoria que deben imbricarse en el plan de mejora en comprensión lectora presentado por el Presidente del Gobierno
en el Consejo Escolar del Estado el pasado 25 de enero de 2024.


2. Continuar impulsando los programas existentes de fomento de la lectura del Ministerio de Educación, FP y Deportes y del Ministerio de Cultura, así como desarrollar otros nuevos dentro de los espacios: leer.es y Bibliotecas escolares, y
poner en conexión dichos programas con el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024 del Ministerio de Cultura.



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3. Seguir promoviendo, junto con las CC.AA., en el marco de los programas existentes, la formación de los docentes en el fomento de la lectura, las metodologías adaptativas e investigación para mejorar el rendimiento actual del alumnado de
Educación Primaria, y escuelas de padres y madres sobre lectura y rendimiento lector.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/000564


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, con objeto de mejorar el impacto
social del Ingreso Mínimo Vital en la prevención y reducción de los niveles de pobreza en nuestro país para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El ingreso mínimo vital (IMV), puesto en funcionamiento en junio de 2020, se configura como un derecho subjetivo y consiste en una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a los hogares en situación de vulnerabilidad
económica. Ya cerca de los 4 años desde su aprobación, sin ningún voto en contra, la que estaba llamada a ser una de las medidas sociales estrella de la pasada legislatura, se ha estrellado contra la realidad, impactando de forma negativa tanto en
la Administración de la Seguridad Social como en sus potenciales beneficiarios, cuyas expectativas se han visto, en muchos casos, frustradas cuando no perjudicadas, debido a los graves problemas de diseño y gestión de esta nueva prestación no
contributiva de la Seguridad Social.


La casuística sobre los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en el día a día del IMV es interminable. Cuando se solicita, por la cantidad de extremos que hay que acreditar; mientras se percibe, si las circunstancias personales o
de empleo cambian; y cuando la administración 'cruza' los datos con Hacienda, porque en muchos casos resuelve en contra de los beneficiarios a los que deniega el derecho y/o reclama deudas con la Seguridad Social.


Los problemas observados los últimos años en la atención presencial debido al colapso de las oficinas del INSS han llegado hasta el Defensor del Pueblo, quien ha llamado seriamente la atención al Gobierno. Esta situación ha sido
permanentemente denunciada desde el Grupo Parlamentario Popular. Baste recordar que, ante las preguntas en este sentido planteadas al Gobierno, el anterior ministro del ramo negó la situación, llegando incluso a calificarlas de 'bulo'. Hoy vemos
que no sólo no era tal, sino que era una realidad que día a día se agranda, perjudicándose con ello el servicio que toda Administración Pública debe prestar.


El fracaso del IMV no solo ha sido denunciado por los sindicatos y los afectados. La AIReF, encargada por ley de evaluar su implementación e impacto, viene señalando los graves problemas de diseño que adolece esta prestación.
Lamentablemente la AIREF es la única fuente independiente fiable, ya que el gobierno se ha resistido a facilitar el acceso a los datos (solo recientemente hemos conocido algunos referidos únicamente a enero y



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febrero de 2024), a diferencia de otros ámbitos de gestión como el SAAD, en el IMSERSO, limitándose a sacar periódicamente notas de prensa cuyos datos no podemos contrastar.


La AIReF en su primera Opinión, publicada el 19 de julio de 2022, ya evidenció que el IMV había llegado en 2021 a apenas 284.000 hogares de los 700.000 potencialmente elegibles. En su segunda Opinión publicada el pasado 15 de junio de 2023,
se confirmaba que los problemas, lejos de mejorar, se han mantenido a lo largo de 2022, observándose un cierto estancamiento, si no retroceso, en la evolución del IMV. En dicha opinión, se señala también que la prestación sigue llegando tan solo a
un tercio de los hogares elegibles, reduciéndose tanto la tasa de cobertura (que pasa del 40 % al 35 %) como el número de beneficiarios (284.000 hogares frente a los algo más de 600.000 que hasta ese momento venía difundiendo el Gobierno, quien
siempre había omitido que esta cifra era el acumulado, no el número de beneficiarios presentes o saldo vivo). Y aumentaba, además, el número de personas y hogares que pudiendo solicitarlo no lo hacen (efecto 'non take up') bien por su excesiva
burocratización, por la tramitación digital, o incluso por desconocimiento de la norma.


Hoy nadie duda de que el IMV sigue muy lejos de lograr los ambiciosos objetivos que determinaron su creación. Ni siquiera la ministra actual, cuando tacha de 'empecinamiento' el objetivo de llegar a la cifra marcada por su antecesor.


El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siempre ha sido reticente a reconocer errores, pero a tenor de los resultados definitivos de la Encuesta de Calidad de Vida, no hay duda de que los hay.


En dicha encuesta los resultados definitivos referidos al año 2023, constatan un crecimiento de la tasa AROPE con respecto al 2022 del 2 %, y la población que se encontraba en situación de carencia material y social severa aumentó un 16,9 %.
Claramente estos datos son de suficiente entidad como para proponer la necesidad de llevar a cabo una evaluación sobre su alcance, eliminar barreras, simplificar los sistemas de acceso y tramitación y, sobre todo, aplicar medidas que favorezcan que
cada día menos personas precisen de esta prestación económica, por el contrario con empleos de calidad que les permitan superar las situaciones que cubre el IMV.


En definitiva, el IMV, es una medida positiva y muy necesaria, que se aprobó sin la suficiente madurez y sin diálogo, que sigue muy lejos de tener el impacto deseado, como demuestra que, pese a su implantación, seguimos siendo según
Eurostat, el 4.º país con peores datos de pobreza y desigualdad, solo por delante de Grecia, Bulgaria y Rumania.


La atención integral de las personas más vulnerables requiere, más allá de la prestación económica, de un conjunto de políticas estratégicas que permitan su plena inclusión social y laboral en la sociedad. Políticas que incentiven la
incorporación y posterior consolidación de los beneficiarios del IMV en el mercado laboral, evitando que caigan en la 'trampa de la pobreza'.


El Gobierno, cumpliendo con el hito 319 del Plan de Recuperación y Resiliencia relativo al Componente 22 reforma 5 y a través del RD 789/2022, de 27 de septiembre, regulo la compatibilidad del ingreso mínimo vital, con los ingresos
procedentes de rentas de trabajo o de la actividad económica por cuenta propia. Entró en vigor en enero de 2023 y aún no tenemos ningún dato del alcance de la medida.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'Con objeto de mejorar el impacto social del Ingreso Mínimo Vital en la prevención y reducción de los niveles de pobreza en nuestro país, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Definir objetivos a corto, medio y largo plazo, y establecer indicadores concretos susceptibles de seguimiento y control que permitan analizar y cuantificar el impacto real del IMV en la evolución de los niveles de pobreza de acuerdo con
los criterios de Eurostat.


2. La incorporación generalizada de mecanismos o itinerarios de inclusión vinculados a la percepción del IMV que favorezcan la menor permanencia de los hogares en los



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sistemas de rentas mínimas, evitando con ello la cronificación de situaciones de vulnerabilidad y riesgo de pobreza, con especial atención a la pobreza infantil.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-Juan Bravo Baena, Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, Sofía Acedo Reyes, Cristina Teniente Sánchez, José Ignacio Romaní Cantera, Alma Alfonso Silvestre, María
Isabel Prieto Serrano, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Maribel Sánchez Torregrosa, Asier Antona Gómez, Ángel Ibáñez Hernando, Ana Belén Vázquez Blanco, Belén Hoyo Juliá, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez Recuerda, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000590


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la jubilación de las personas trabajadoras en la sanidad pública para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


Desde el año 2007, las distintas normas legislativas en materia de seguridad social recogen en su articulado que la edad mínima de jubilación puede ser rebajada, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Seguridad Social, en todos
aquellos grupos o actividades profesionales con trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, que acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad.


Estas normas también establecen que se determinará el procedimiento general para fijar los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, lo que incluiría, entre otras cuestiones,
su incidente en los procesos de incapacidad laboral de las trabajadoras y trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con la actividad laboral a partir de una determinada edad.


La legislación en materia de Seguridad Social en la que se recogen las cuestiones mencionadas es la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, concretamente en el artículo 161 bis referido a la jubilación
anticipada; el Real Decreto 1698/2011, en los artículos 10 y siguientes; así como la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del
sistema público de pensiones.


No obstante, a pesar de la normativa vigente, las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública continúan esperando la que los distintos gobiernos tengan en consideración sus condiciones de trabajo, para poder acogerse a las normas
aprobadas desde el 2007.


El sector sanitario tiene unos riesgos laborales específicos y, además, presenta una elevada tasa de problemas de salud laboral. Las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública están expuestos a riesgos biológicos, químicos y a
radiaciones ionizantes. Asimismo, presentan riesgos psicosociales por estar en contacto permanente con la enfermedad y la muerte.


Además, diferentes estudios recogen que los turnos rotatorios (en horario de mañana, tarde y noche) están asociadas a la aparición y desarrollo de enfermedades coronarias y cerebro-vasculares, así como a la depresión, al síndrome metabólico
y al cáncer, entre otras; todas ellas, enfermedades que se acaban por cronificar y no desaparecen cuando se abandona el trabajo.


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que una persona con un empleo a turnos sufrirá un envejecimiento prematuro de cinco años por cada 15 trabajados



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de noche. Igualmente, también existen estudios sobre las consecuencias en la salud de las trabajadoras y trabajadores mayores de 55 años, que realizan trabajos nocturnos. Según estas investigaciones, el porcentaje de incapacidades
laborales entre el personal de entre 45 y 64 años se incrementa en un 68 %, con respecto a otras franjas etarias que también desarrollan su trabajo durante la noche.


Otro aspecto que se debe considerar a la hora de evaluar el derecho a la jubilación anticipada del personal sanitario es el impacto que en él tuvo la pandemia de la COVID-19, que supuso, durante meses, la suspensión de sus derechos laborales
y un elevado número de contagios, así como, actualmente, diversos diagnósticos de COVID persistente. Todas ellas cuestiones que, sin duda, afectaron especialmente a las personas mayores de 60 años, que durante los peores meses de la COVID,
continuaron prestando asistencia para garantizar el bienestar de la población, a pesar de que su propio estado de salud también se estaba viendo afectado.


De la misma manera, es importante tener en consideración que, a pesar de ser un área profesional diverso, el sector sanitario está principalmente formado por mujeres, en muchos casos, con una vida laboral dilatada de más de 40 años de
servicio, prestado en turnos rotatorias. A pesar de a esto, cuando la salud de estas profesionales se deteriora, estas solo pueden optar a la jubilación anticipada, siempre es cuando tengan 63 años cumplidos, más de 40 años de vida laboral
continuada y asuman una penalización en su pensión, que supera el 13 % de descuento.


Después de largas vidas laborales, este es el reconocimiento que recibe el personal de la sanidad, a lo que se suma una acusada discriminación de género, al ser un área profesional especialmente feminizado, puesto que en él las mujeres
superan el 55 % del total del plantel (porcentaje mínimo para así considerarlo). Si atendemos a los datos, en la sanidad pública el porcentaje de mujeres es de un 78,4 % frente a un 21,6 % de hombres. La discriminación de género no debería ser
tolerable para un gobierno progresista. Los derechos laborales en el sector sanitario deberían tener la misma consideración que los de otros ámbitos laborales, altamente masculinizados, que sí disfrutan de coeficientes reductores para su
jubilación.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que:


1. Conforme la legislación vigente en materia de Seguridad Social, este gobierno final con la discriminación de género que afecta al personal de la sanidad.


2. Mediante Real Decreto regule la jubilación, en el año 2024, para las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, mayores de 60 años y con largas vidas laborales, de más de 40 años de prestación de servicio.


3. Durante el año 2024, en el ámbito de negociación del Foro para el Diálogo Social, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, se negocien los coeficientes reductores para
la jubilación voluntaria del personal de la sanidad, cuando la trabajadora o trabajador cumpla los 60 años.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de Lei
relativa á xubilación das persoas traballadoras na sanidade pública para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguridade Social e Migracións.



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Exposición de motivos


Desde o ano 2007, as distintas normas lexislativas en materia de seguridade social recollen no seu articulado que a idade mínima de xubilación pode ser rebaixada, mediante Real Decreto, a proposta do Ministerio de Seguridade Social, en todos
aqueles grupos ou actividades profesionais con traballos de natureza penosa, tóxica, perigosa ou insalubre, que acusen elevados índices de morbilidade e mortalidade.


Estas normas tamén estabelecen que se determinará o procedemento xeral para fixar os coeficientes redutores que permitan anticipar a idade de xubilación no sistema da Seguridade Social, o que incluiría, entre outras cuestións, a súa
incidencia nos procesos de incapacidade laboral das traballadoras e traballadores e os requirimentos físicos ou psíquicos esixidos para continuar coa actividade laboral a partir dunha determinada idade.


A lexislación en materia de Seguridade Social na que se recollen as cuestións nomeadas é a Lei 40/2007, de 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social, concretamente no artigo 161 bis referido á xubilación anticipada; o Real
Decreto 1698/2011, nos artigos 10 e seguintes; así como a Lei 21/2021, de 28 de decembro, de garantía do poder adquisitivo das pensións e doutras medidas de reforzo da sustentabilidade financeira e social do sistema público de pensións.


Non obstante, a pesar da normativa vixente, as traballadoras e traballadores da sanidade pública continúan agardando a que os distintos gobernos teñan en consideración as súas condicións de traballo, para poder acollerse ás normas aprobadas
desde o 2007.


O sector sanitario ten uns riscos laborais específicos e, ademais, presenta unha elevada taxa de problemas de saúde laboral. As traballadoras e traballadores da sanidade pública están expostos a riscos biolóxicos, químicos e a radiacións
ionizantes. Así mesmo, presentan riscos psicosociais por estaren en contacto permanente coa enfermidade e a morte.


Ademais, diferentes estudos recollen que as quendas rotatorias (en horario de mañá, tarde e noite) están asociadas á aparición e desenvolvemento de enfermidades coronarias e cerebro-vasculares, así como á depresión, á síndrome metabólica e
ao cancro, entre outras; todas elas, enfermidades que se acaban por cronificar e non desaparecen cando se abandona o traballo.


A Organización Internacional do Traballo (OIT) calcula que unha persoa cun emprego a quendas sufrirá un envellecemento prematuro de cinco anos por cada 15 traballados de noite. Igualmente, tamén existen estudos sobre as consecuencias na
saúde das traballadoras e traballadores maiores de 55 anos, que realizan traballos nocturnos. Segundo estas investigacións, a porcentaxe de incapacidades laborais entre o persoal de entre 45 e 64 anos increméntase en 68 %, con respecto a outras
franxas etarias que tamén desenvolven o seu traballo durante a noite.


Outro aspecto que se debe considerar á hora de avaliar o dereito á xubilación anticipada do persoal sanitario é o impacto que nel tivo a pandemia da COVID-19, que supuxo, durante meses, a suspensión dos seus dereitos laborais e un elevado
número de contaxios, así como actualmente diversos diagnósticos de COVID persistente. Todas elas cuestións que, sen dúbida, afectaron especialmente ás persoas maiores de 60 anos, que durante os peores meses da COVID, continuaron prestando
asistencia para garantir o benestar da poboación, a pesar de que o seu propio estado de saúde tamén se estaba vendo afectado.


Da mesma maneira, é importante ter en consideración que, malia ser unha área profesional diversa, o sector sanitario está principalmente formado por mulleres, en moitos casos, cunha vida laboral dilatada de máis de 40 anos de servizo,
prestado en quendas rotatorias. Malia a isto, cando a saúde destas profesionais se deteriora, estas só poden optar á xubilación anticipada, sempre é cando teñan 63 anos cumpridos, máis de 40 anos de vida laboral continuada e asuman unha
penalización na súa pensión, que supera 13 % de desconto.


Despois de longas vidas laborais, este é o recoñecemento que recibe o persoal da sanidade, ao que se suma unha acusada discriminación de xénero, ao ser unha área profesional especialmente feminizado, posto que nel as mulleres superan 55 % do
total do



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cadro de persoal (porcentaxe mínima para así consideralo). Se atendemos aos datos, na sanidade pública a porcentaxe de mulleres é de 78,4 % frente a 21,6 % de homes. A discriminación de xénero non debería ser tolerábel para un goberno
progresista. Os dereitos laborais no sector sanitario deberían ter a mesma consideración que os doutros ámbitos laborais, altamente masculinizados, que si gozan de coeficientes redutores para a súa xubilación.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a que:


1. Conforme a lexislación vixente en materia de Seguridade Social, este goberno remate coa discriminación de xénero que afecta ao persoal da sanidade.


2. Mediante Real Decreto regule a xubilación, no ano 2024, para as traballadoras e traballadores da sanidade, maiores de 60 anos e con longas vidas laborais, de máis de 40 anos de prestación de servizo.


3. Durante o ano 2024, no ámbito de negociación do Foro para o Diálogo Social, da Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde, se negocien os coeficientes redutores para a xubilación
voluntaria do persoal da sanidade, cando a traballadora ou traballador cumpra os 60 anos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.


161/000594


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar el empleo en el
sector privado para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


El pasado 26 de enero de 2024 conocimos los datos de la encuesta de población activa (EPA) que trimestralmente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), respecto al cuarto trimestre del año 2023. Los datos evidencian un frenazo en
la economía y unas políticas laborales del Gobierno fallidas que no han conseguido los resultados esperados.


El cuarto trimestre del año cerró con un número de activos de 24.077.400 personas, entre ellas, 21.246.900 están ocupadas y 2.830.600 personas están en paro, lo que supone una tasa de paro del 11,76 % que duplica la media de la Unión
Europea, en desempleo general. La actividad ha disminuido en el cuarto trimestre en 43.600 personas (-0,18 %) y la ocupación también ha disminuido en 19.000 personas (-0,09 %) con respecto al tercer trimestre. El dato intertrimestral apaga la
supuesta euforia de aumento de creación de empleo al constatar una caída del número de ocupados.


El empleo privado disminuyó desde finales de septiembre hasta finales de diciembre en 77.600 personas, mientras que el empleo público aumentó en 58.600 personas, alcanzando el máximo de la serie histórica de la EPA, en el empleo del sector
público, con una cifra total de 3.593.300 empleos.


Además, el cuarto trimestre del año 2023 registra un descenso del empleo a tiempo completo en 211.100 trabajadores y un aumento de los contratos a tiempo parcial en 192.100 personas. Se acentúa la precariedad en el mercado laboral.



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Respecto a los datos de paro registrado de marzo de 2024, publicados por el SEPE, somos el país con la mayor tasa de paro juvenil: 28,6 % frente al 14,9 % de la media de la Unión Europea. Uno de cada tres menores de 25 años está en paro y
somos el país con la segunda mayor tasa de paro femenino, un 13 %, más que duplicando la media europea (6,4 % UE27). Seguimos, por tanto en las primeras posiciones del desempleo en Europa, tanto general, como en desempleo juvenil y femenino,
duplicando la tasa respecto a la media europea. Respecto a los parados mayores de 45 años representan un 57,37 % del total de demandantes parados registrados y los parados de larga duración un 33,04 % del total (Informe Mercado laboral SEPE parados
mayores de 45 años 2024). El mes de marzo la afiliación se ha incrementado en 193.585 cotizantes, alcanzando el número total de cotizantes a 20.901.967 personas.


En el ámbito de la contratación, durante este mes de marzo se han suscrito 1.123.488 contratos (191.607 menos que en marzo del año pasado, -14,57 %,) de los cuales solo uno de cada 5 (19,8 %) son contratos indefinidos a tiempo completo. Es
decir, casi 8 de cada 10 contratos son 'precarios' por no trabajar todas las horas (a tiempo parcial y/o temporales) o no trabajar todos los días (fijos discontinuos y/o contratos temporales).


El discurso del Gobierno no encaja con la realidad de los datos, no advierte la evidente ralentización en la creación de empleo y omite que el año 2021 cerró con 616.000 parados menos y 840.600 ocupados más, la diferencia es clara y aunque
el año 2023 cierra con 525.414 empleos más, se evidencia un estancamiento en la creación de empleo en términos interanuales, desde abril de 2022 que el incremento fue del 5,06 % (+963.782) hasta el 2,58 % actual.


El empleo público es de gran relevancia en nuestro país; no podemos dejar de valorar su importancia y la función fundamental que ejerce, sin embargo, este hecho debe ir de la mano, con el reconocimiento e impulso del empleo en el sector
privado, como motor del desarrollo económico de nuestro país.


No podemos olvidar que el sector privado tiene un papel fundamental, imprescindible e irremplazable: genera riqueza, genera empleo, potencia el crecimiento económico, atrae inversión etc. El apoyo al sector privado debería estar también
entre las prioridades del Gobierno, si bien, en los últimos tiempos, las dificultades que ha venido padeciendo el sector; la pandemia y sus efectos económicos, el incremento de impuestos, la subida de la luz, la gasolina, la elevada inflación, el
incremento de las cotizaciones sociales, la falta de liquidez, entre otros factores, unido a los ataques directos a las empresas desde el propio Gobierno, ahuyentando con ello a inversores y generando inseguridad jurídica, ha derivado en que cada
vez desaparezcan más empresas.


Las políticas del Gobierno hacen que continúen perdiéndose empresas cotizantes, según los registros de la Seguridad Social, desde que gobierna Sánchez se han perdido 89.648 empresas generadoras de empleo. Desde febrero de 2020 hay 54.314
empresas menos.


Además, respecto a los datos de productividad de las empresas españolas, ha bajado por empleado un 1,9 % desde el 2018, frente al incremento medio del 1,2 % de la UE, siendo el quinto país europeo que más productividad ha perdido desde el
2018.


La realidad actual es que el 95 % de nuestro tejido productivo son PYMES y la mayoría no pueden hacer frente a la subida de costes laborales y empresariales, ante una situación de desaceleración económica y una política legislativa de este
gobierno que provoca incertidumbre y falta de previsibilidad.


El estancamiento en la creación de empleo privado es una realidad a la que hay que hacer frente. La cada vez más rígida política laboral impuesta por el Gobierno, así como las medidas improvisadas y confusas a las que ya nos vamos
acostumbrando, están deteriorando gravemente el mercado de trabajo. Políticas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, desincentivan la contratación, ahuyentan inversiones y destruyen puestos de trabajo.


Desde el Partido Popular apostamos por el empleo. Por el empleo público necesario para una sostenibilidad eficiente y efectiva del Estado y también por el empleo privado que crea riqueza, puestos de trabajo y crecimiento económico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en el seno del diálogo social y en consenso con las organizaciones implicadas, las medidas oportunas para -sin renegar de la importancia y papel fundamental que ejerce el empleo
público- fomentar el empleo privado:


- Reconocer y poner en valor el papel fundamental, imprescindible e irreemplazable del sector privado como generador de empleo, riqueza y potenciador del crecimiento económico.


- Cesar -de inmediato- con el ataque directo que desde el Gobierno se está realizando contra la empresa privada, que no hace sino generar desconfianza e inseguridad jurídica ahuyentando con ello a los inversores.


- Recuperar el Diálogo Social completo entre todos los Agentes Sociales, con la exigencia de que no se aborden modificaciones del marco regulador del mercado de trabajo, sin contar con el previo acuerdo de los Sindicatos y Patronal.


- Valorar las causas por las que el colectivo de trabajadores autónomos no termina de repuntar, como pueden ser, entre otras, que los gastos de producción sean mayores que los ingresos, y, en consecuencia, aprobar medidas eficaces que
realmente ayuden a los trabajadores por cuenta propia a afrontar la situación.


- Crear más y mejores empleos mediante una estrategia integrada que fortalezca, por una parte, la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores, con el fin de lograr que sean más productivos, competitivos y capaces de responder a los
cambios industriales y económicos y, por otra, a través de la promoción de la empleabilidad, mayores oportunidades de formación y el desarrollo óptimo del talento.


- Estudiar e implementar medidas eficaces de fomento a la contratación, priorizando la contratación de los colectivos de atención prioritaria como son: los parados de larga duración, mayores de 45 años o jóvenes, entre otros colectivos.


- Aprobar cualesquiera otras medidas orientadas a fomentar el empleo estable y de calidad en el sector privado y potenciar la contratación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/000571


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para aprobar el Reglamento que
desarrolla la Ley 45/2015 de Voluntariado, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.


Exposición de motivos


La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el ámbito estatal, el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento. Sin embargo, esta Ley se vio desbordada por la
realidad de la acción voluntaria y veinte años después se aprobó una nueva Ley de Voluntariado, la Ley 45/2015, que reguló un nuevo marco jurídico para responder adecuadamente a la configuración y a las dimensiones del voluntariado en los comienzos
del siglo XXI; un voluntariado que cuenta con más de 3.700.000 personas.



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La situación del voluntariado en la actualidad es el resultado de la acción continuada, entregada y responsable de personas que, a lo largo de los años, tanto en España como en países subdesarrollados, han invertido su esfuerzo, su
dedicación y sus capacidades para consolidar la acción voluntaria.


En ese contexto, la Ley 45/2015 apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional, enfocado más a la calidad que a la cantidad, que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin
renunciar a su aspiración que es la de transformar la sociedad.


Esta Ley dio cobertura a una acción voluntaria sin adjetivos, sin excluir ningún ámbito de actuación en los que en estos años se ha consolidado su presencia, y favorece que pueda promoverse, no sólo en el Tercer Sector, sino en otros ámbitos
más novedosos, como son las empresas, las universidades o las propias Administraciones públicas.


Asimismo, se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos años han emergido con fuerza, como las que se traducen en la realización de acciones concretas y por un tiempo determinado, sin integrarse en programas
globales o a largo plazo; o las que se llevan a cabo por voluntarios a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en las entidades de voluntariado.


El interés general como elemento central del concepto de voluntariado y referente principal para deslindar la acción voluntaria, se erige en uno de los pilares fundamentales de la Ley. Referenciado a la mejora de la calidad de vida de las
personas destinatarias de la acción voluntaria y de la sociedad en general o del entorno, el marco de actuación del voluntariado se completa con la enumeración de los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria y con la descripción de
los diversos ámbitos de actuación.


Desde la Plataforma del Voluntariado de España se aplaudió la Ley 45/2015 de Voluntariado que, según esta organización que representa a 80 entidades de voluntariado, significó un grandísimo avance en la regulación, protección y
reconocimiento de la Acción Voluntaria.


El Gobierno del Partido Popular dejó redactado y presentado el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley 45/2015, de 14 de octubre de Voluntariado y que fue hecho público el día 19 de enero de 2018;
un documento en el que colaboraron las entidades de voluntariado más representativas y, en el que tal y como recoge el proyecto, se hizo un esfuerzo notable para conseguir el máximo consenso, así como para tener en cuenta las aportaciones
presentadas por las entidades con mayor implantación. Sin embargo, seis años después, todavía no se ha desarrollado la Ley, ni tampoco se han creado la Comisión Interministerial de Voluntariado y el Observatorio Estatal de Voluntariado.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar el Reglamento que desarrolla la Ley 45/2015 de Voluntariado y, por tanto, regular y constituir, tanto el Observatorio Estatal de Voluntariado como la Comisión Interministerial de
Voluntariado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Carmen Fúnez de Gregorio, Agustín Parra Gallego, María
del Mar Vázquez Jiménez, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, María del Socorro Cuesta Rodríguez, María Sandra Moneo Díez, Sandra Fernández Herranz y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/000565


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


Proposición no Ley relativa a la elaboración de un plan agrario de choque integral anticrisis.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito número de registro 19168 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento,
y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a elaboración de un
de Plan agrario de choque integral anticrisis, para su debate en la Comisión de Agricultura.


Exposición de motivos


Han pasado más de tres años desde que se aprobó La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.


La ley tiene como finalidad lograr una cadena alimentaria que sea más justa y transparente, tiene como objetivos la defensa de la posición de los operadores más vulnerables y la promoción de relaciones comerciales equitativas en el sector.


La norma prohíbe la destrucción del valor en la cadena alimentaria y pone, para ello, los costes de producción como la base de la negociación de los contratos escritos.


Esta prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria se extiende hasta el último eslabón de la cadena, la venta a los consumidores. La ley incluye la prohibición de venta a pérdidas al consumidor final, por la cual no se puede
vender por debajo del precio comprado.


Esta ley, a partir de sus modificaciones y aprobación, se ha convertido en una de las leyes más importantes que dispone el sector agrario.


Por esto es importante encontrar y trabajar por su máxima eficacia profundizando y mejorando sus instrumentos, tanto la AICA, el Observatorio de la Cadena, como el desarrollo de la ley en las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
competencias, porque hoy, todavía, la realidad es que no podemos afirmar que la ley se esté cumpliendo de forma generalizada.



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Después de estos tres años, y teniendo en cuenta la situación de incertidumbre e inseguridad de los agricultores, y el efecto de las importaciones a bajo precio, son las pequeñas y medianas explotaciones familiares quienes sufren en mayor
medida esta situación. Es importante hacer balance de lo que ha supuesto la ley al sector agrario y alimentario y los déficits detectados. Por otra parte, siguen dándose diferenciales de precios entre los precios que cobran los agricultores y los
precios tan elevados que paga el consumidor. Otro de los indicadores de la necesidad de actuar es la falta de control adecuado ante aumento desmesurado de los precios y del IPC en la alimentación.


Entre las reivindicaciones que están realizando las organizaciones agrarias representativas hay una serie de elementos referidos a la mejora de la Ley de la Cadena. Es preciso un abordaje integral de los elementos que pueden mejorarse y no
se han realizado hasta ahora para lograr la máxima eficacia de la ley. Es preciso lograr una mayor transparencia en la situación de los precios al consumidor y fijar los cambios legislativos necesarios para que la ley contribuya a ello de modo
eficaz.


Es indudable la incidencia de las importaciones de terceros países en los precios que reciben los agricultores. La apertura de mercados facilita a las empresas importadoras colocar productos agrícolas y ganaderos en determinados momentos
que determinan los precios interiores. Es preciso, en un abordaje integral anticrisis del sector, el desarrollo de medidas, a desarrollar por parte del Ministerio y del Gobierno ante estas importaciones de choque. Conocemos la reivindicación de
las cláusulas espejo y la posición del Gobierno, pero mientras tanto, deben tomarse otro tipo de medidas.


En resumen, el contexto inestable y de inseguridad para el sector agrario continúa, la carestía incontrolada de productos intermedios para insumos (gasóleo, fertilizantes, maquinaria, semillas, piensos...), la guerra de Ucrania, la Guerra en
Oriente Próximo, el avance desenfrenado de acuerdos de libre comercio llevados a cabo por parte de la Comisión Europea hacen que el sector agrario no vea una luz y un camino más certero, en su futuro donde los y las agricultoras sean el centro de
las políticas agrarias y alimentarias. Es más, los y las agricultoras, la agricultura familiar y la producción de alimentos se ven sustituidos por modelos industriales de agricultura y sistemas alimentarios globalizados.


Al mismo tiempo, vemos la gran dificultad, y paradójicamente, la gran necesidad de incorporar más personas jóvenes a la agricultura y a la producción de alimentos a los sistemas alimentarios más locales y de proximidad.


Es preciso que, en un plan de choque anticrisis, se pongan por parte del Ministerio, junto a las Comunidades Autónomas instrumentos para abordar este grave problema. Es preciso proteger la tierra del afán especulativo del mercado
financiero. Es preciso poner límites legales a la ocupación de la tierra que están haciendo los fondos de inversión, grandes fortunas o las inversiones en energías renovables.


Les instamos a construir una estrategia anticrisis que trabaje en el acceso de los y las jóvenes a la agricultura y a limitar la especulación sobre el suelo agrario. Es urgente trabajar una ley para la protección del suelo agrario.


Ante la grave situación, ante la incertidumbre e inseguridad del sector agrario es preciso la adopción de un marco de medidas que vengan a atajar la crisis y que eviten la continua desaparición de muchas explotaciones familiares y darles,
desde las políticas públicas, un nivel claro de certidumbre en el futuro, poniendo en el centro a los y las agricultoras y la producción de alimentos para nuestra población y la seguridad alimentaria.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar con carácter de urgencia de un plan agrario de choque integral anticrisis que aborde las distintas problemáticas que afronta el sector a corto, medio y largo plazo, que entre otras cuestiones, aborde las siguientes demandas.


2. Garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, desarrollando al máximo los trabajos y eficacia los órganos de la Ley, la AICA y el Observatorio de la Cadena y la Coordinación con las Comunidades Autónomas. Se propone
utilizar al máximo



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la oportunidad que supone el Registro de Contratos para que La AICA y las Agencias de Control de las Comunidades Autónomas pongan en marcha inspecciones de oficio en el momento que se detecten precios anormalmente bajos. Por otra parte, se
propone la puesta en marcha de medidas de control sobre la industria agroalimentaria, garantizando el pago por encima de los costes de producción.


3. Elaborar una ley con la finalidad de mantener y proteger a todas las explotaciones agro ganaderas pequeñas y familiares, que siente las bases para que puedan producir alimentos de calidad que sean viables social, medioambiental y
económicamente, mediante la creación de instrumentos de ayuda asesoramiento.


4. Crear un plan que incentive y ayude al sector primario para que pueda abordar la transición necesaria y en favor de una mayor autonomía y menor dependencia en sus explotaciones y para responder a los retos climáticos, alimentarios,
agroambientales, de bienestar animal, etc. Un plan que dé seguridad en un mercado con mayores exigencias reflejadas en la nueva regulación europea del Pacto Verde europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa.


5. Poner en marcha un órgano específico con la participación de las organizaciones agrarias representativas para el control de alimentos y materias primas importadas, incluyendo los de empresas españolas con plantas de producción en otros
países, para que cumplan con la trazabilidad alimentaria y social, garantizando así la calidad de los alimentos y unas condiciones dignas de quienes los producen.


6. Pedir al Gobierno de España que, de acuerdo con sus competencias, contribuya a la inclusión de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales adoptados por la UE con países ajenos a la misma, con el fin de que cumplan los mismos requisitos
sociales, medioambientales y de bienestar animal, que aquellos que se exigen a nuestros distintos sectores productores. Así mismo se insta, en el periodo transitorio de la inclusión de dichas cláusulas, a tener un control más eficaz de las empresas
importadoras cuando determinan precios interiores por debajo de precios de producción.


7. Poner en marcha un programa por parte del Gobierno de España que limite las inversiones especulativas en suelo agrario que están realizando fondos de inversión y agentes fuera del sector que están ocupando tierra agraria y hacen
imposible el acceso a la misma por parte de los jóvenes que quieren incorporarse.


8. Elaborar y poner en marcha una Ley sobre protección del suelo agrario.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


161/000569


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a facilitar la innovación y
desarrollo de nuevos biofitosanitarios para su implantación como alternativa de productos químicos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Los productos fitosanitarios tradicionales comprenden la mayor parte de los insumos agrícolas. Incluye un amplio espectro de sustancia que contribuyen a la sanidad vegetal, con actividad Fungicidas y Bactericidas, Herbicidas, Insecticidas y
Acaricidas, Molusquicidas, Reguladores del Crecimiento, entre otras.


Según datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Encuesta de Comercialización de Productos Fitosanitarios 2022, la cantidad total de



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sustancias activas comercializadas en 2022 fue de 57.164 Toneladas, lo que supone un 25 % menos que en 2021.


La tendencia general de las regulaciones establecidas hasta la fecha es conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana
y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los productos fitosanitarios, entre los que se incluyen los métodos biológicos y biotécnicos de
control de plagas. Por este motivo, Europa junto con gran parte del resto del mundo, han experimentado un auge en el interés por los productos biológicos.


Las nuevas políticas agrícola de la Unión Europea promueve sistemas agrícolas sostenibles. Pero reconoce la gran importancia que los productos fitosanitarios tienen a la hora de ayudar a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos en materia
de fitosanidad y seguridad alimentaria.


La búsqueda de alternativas a la reposición de los fitosanitarios que se están prohibiendo y la adopción por parte de los productores de los productos biológicos hacen que la se haya aumentado el interés empresarial por encontrar soluciones
y alternativas en esta línea. En muchas ocasiones los fabricantes y distribuidores no solo buscan reemplazar el agroquímico tradicional, si no una solución integrada que permita una Gestión Integrada de Plagas (GIP).


Aunque desde el año 2013 disponemos de planes de acción nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios que incluyen, como medida, el 'Favorecer la disponibilidad y registro de nuevos productos fitosanitarios respetuosos con la
salud y el medioambiente' o de 'Mejorar los procedimientos de evaluación de sustancias activas de bajo riesgo' los productores se quejan de las barreras para el reconocimiento de los nuevos bio-fitosanitarios.


Los Estados miembros pueden autorizar productos fitosanitarios que contengan sustancias activas aprobadas por el Reglamento 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios.


La primera aprobación de una sustancia activa en la Unión Europea, según el citado Reglamento, requiere de un trámite que incluye la solicitud a través de un Estado miembro ponente, la recopilación de toda la información del expediente
referente al principio activo, incluidos ensayos y estudios, que proporciona el productor y superar un procedimiento y criterios de evaluación.


La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) interviene en este proceso de aprobación para garantizar la coherencia en la evaluación y la revisión científica independiente. Por otra parte, la Comisión se encarga de la tarea de
gestión del riesgo y de adoptar la decisión definitiva sobre una sustancia activa.


Aunque el Reglamento establece plazos estrictos, las necesarias garantías para evitar efectos no deseables sobre la salud humana y el medio ambiente y la transparencia del procedimiento hacen que la aprobación del principio activo pueda
prolongarse en el tiempo, y por lo tanto la autorización para su uso. Sin embargo, otros países productores parecen ser más ágiles en esta autorización, permitiendo a los productores al uso de estos productos con antelación, incluidas otras
técnicas de GIP asociadas.


La velocidad a la que se conceden las aprobaciones de usos y la inseguridad jurídica de las empresas que producen biofitosanitarios como alternativa está impidiendo que se realicen inversiones millonarias y que se pierda competitividad e
innovación con respecto a otras industria y economías fuera de Europa. El propio Reglamento reconoce que 'Es preciso proteger esta inversión para estimular la investigación.'


Por otra parte, y como objetivo final, es conveniente que nuestros agricultores dispongan de alternativas efectivas para los tratamientos fitosanitarios, que redunde en garantizar la productividad de sus explotaciones, para afrontar los
nuevos retos y riesgos del futuro.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Agilizar la tramitación de los principios activos biofitosanitarios cuando, como Estado miembro actuando como ponente o coponente para la Comunidad, asuma la labor de examinar la solicitud de evaluar una sustancia activa.


2. Apremiaren la autorización previa e inscripción de los nuevos principios activos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para que un producto pueda comercializarse.


3. Requerir a la Comisión Europea la revisión del Reglamento 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, para agilizar la puesta en el mercado de los
nuevos principios activos de biofitosanitarios que permitan tratamientos de sanidad vegetal efectiva.


4. Instar a las instituciones comunitarias a incrementar los recursos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), para acelerarla fase de revisión ínter pares de la UE de las sustancias activas utilizadas en productos
fitosanitarios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000570


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la flexibilización de especies
objeto de captura accidental y la amenaza de estrangulamiento de la actividad, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La Política Pesquera Común vigente está regida por el Reglamento (UE) N.º 1380/2013, que tiene por objeto garantizar que las actividades de pesca y acuicultura contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo.


A través del Reglamento se estableció, entre otras, que las capturas se tenían que basar el rendimiento máximo sostenible de las poblaciones, para las que se establecerían unas capturas admisibles totales para la mayoría de las poblaciones
de peces comerciales, cuya gestión de las poblaciones debía basarse en los dictámenes científicos, basado en datos fiables, que sirvan en la toma de decisión. Otro hito importante del Reglamento es la obligación de desembarque de las capturas para
poner fin a esta práctica del descarte.


Con esta obligación apareció los problemas de las capturas accidentales de aquellas especies que no son objetivo y la complejidad de gestionar la falta de cuota para algunas especies capturadas en las pesquerías mixtas que obligaba al cierre
prematuro de algunas pesquerías, lo que se vino a denominar el 'efecto de estrangulamiento'.


A nivel de embarcación puede suceder la obligación de que quede amarrada al muelle por no disponer de cupo para ellas por más que tengan de otras que son realmente su especie objetivo o principal.



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Naturalmente, se trata de especial sobre las que no se ejerce una presión importante, que no suele tener pesca dirigida y cuyo volumen de capturas anuales es reducido. Precisamente este, la falta de valor es el motivo de que no se disponga
de información científica detallada sobre el estado real de los recursos que, a su vez, impide tomar decisiones acertadas sobre su gestión.


Esta situación es común para varias especies, especialmente de aguas profundas, como el caso del lenguado, de la solía, del abadejo, del merlán, de la maruca, y de varios calderos. Estas especies dispone de TAC establecidos de forma
preventiva, pero manteniéndose las cuotas estables durante los últimos años.


Los principales desembarques de estas especies proceden de la flota de palangreros de fondo y redes de enmalle que se ha ido reduciendo en los últimos años en el Gran Sol y en los caladeros del Cantábrico y Noroeste.


En Europa existen precedentes de la eliminación de TAC para alguna de las especies de poco interés económico, que no tienen pesquería especifica y que pueden ocasionar el estrangulamiento, siempre que esta decisión vaya acompañada de un
dictamen científico que asegure que no existe riesgo de sobreexplotación.


Por lo general, la experiencia de los últimos años, las cantidades desembarcadas no han superado los TAC. Sin embargo, el criterio establecido por la Comisión Europea ha sido aplicar el principio de precaución por falta de datos, lo que
significa que, en el caso de las poblaciones para las que los datos son limitados, ha permitido un más menos 20 % de oscilación máxima de las capturas de un año a otro, lo que significa aplicar a los TAC reducciones cautelares del 10 %. En algunas
ocasiones no hay un criterio claro para la determinación de los TAC.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un análisis dirigido a conocer el estado de los recursos pesqueros de las especies consideradas accesorias y la eliminación de los TAC para especies como el abadejo (aguas de
Francia, Gran Sol, Cantábrico y Noroeste y aguas de Escocia); el lenguado (aguas del Cantábrico y Noroeste y Francia): el merlán (aguas Cantábrico y Noroeste y Francia); la maruca (aguas internacionales) y la solía (aguas de Cantábrico y Noroeste
y Portugal), previa propuesta de adopción de medidas técnicas de gestión de las especies señaladas, consolidando la situación actual de ajuste del esfuerzo pesquero sobre ellas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Asier Antona Gómez, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez,
Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000573


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo a la propuesta de
vetar la venta de aletas de tiburón en la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



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Exposición de motivos


El pasado mes de marzo, se presentó en el Parlamento Europeo una iniciativa ciudadana, para vetar la venta de aletas de tiburón en la Unión Europea, conocida como 'Stop Finning-Stop Trade'.


Este veto sería un duro golpe que se añadiría a la inclusión del marrajo y de la quenlla en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), lo que complica su venta
y pone en dificultad la actividad de una modalidad Pesquera que es de las más selectivas que existen. Hay que recordar que la flota europea aprovecha íntegramente el tiburón y realiza una pesca responsable, como demuestra el hecho de no tener
registradas infracciones en este sentido a pesar de ser una actividad muy controlada.


La normativa de aletas adheridas se está cumpliendo de manera estricta en la Unión Europea, desde que se publicó el Reglamento (CE) 1185/2003, primero, y con la modificación de este por el Reglamento (UE) 605/2013, después, pero no así por
terceros países con prácticas menos sostenibles motivo por el que alguna región europea con grandes intereses pesqueros han pedido en numerosas ocasiones que la prohibición del finning, la práctica de cortar las aletas y tirar el cuerpo, fuese
extensiva a todas las flotas mundiales.


Una posible prohibición de la comercialización de aletas de tiburón en Europa tendría un importante impacto socioeconómico en el sector pesquero europeo y beneficiaría nuevamente a los buques de terceros países con prácticas menos
responsables, pues se harían con el mercado y con el negocio de los armadores comunitarios que realizan una actividad totalmente legal y sostenible.


Este veto pondría en peligro la flota de palangre europea y supondría tirar por tierra tanto las inversiones como los esfuerzos realizados en los últimos años para adaptarse a la normativa de aletas adheridas.


Apelamos a las autoridades comunitarias para frenar una medida carente de sentido que pondría en riesgo el futuro de la flota de palangre europea y beneficiaría a los buques de terceros países con prácticas menos responsables.


Desde el grupo popular entendemos que dicha propuesta no es necesaria puesto que su objetivo ya se cumple con la norma de aletas adheridas del Reglamento (UE) n.º 605/2013 sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques.


Además, entendemos que esta prohibición no estaría justificada en un mercado comunitario que tiene la política más avanzada para perseguir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por lo que solicitamos que las autoridades
europeas no se dejen influir por la presión de los grupos ecologistas y frenen una medida que carece de argumento y base científica que la avalen.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar a la Comisión Europea, a la Eurocámara y a los estados miembros, que frenen la propuesta de vetar la venta de aletas de tiburón en la Unión Europea, puesto que su objetivo ya
está alcanzado con la norma europea que obliga a pescar y desembarcarlos ejemplares con las aletas adheridas.


2. Sobre la base de datos científicos, seguir impulsando una pesca sostenible de la especie, para garantizar su subsistencia y proteger los ecosistemas marinos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Asier Antona Gómez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch
Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000581


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la implementación de iniciativas
en defensa de la producción, promoción y consumo de los alimentos naturales versus alimentos de laboratorio, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Nuestra Carta Magna reconoce en el artículo 51 la obligación de los poderes públicos de promover la información y la educación de los consumidores y usuarios.


Con motivo de la pandemia, la sociedad reconoció la importancia estratégica de contar con una cadena alimentaria capaz de producir y garantizar la alimentación, la salud y el bienestar de los ciudadanos. La variedad de productos saludables
y la rica gastronomía española se ha hecho valedora de reconocimientos internacionales. Es importante mencionar, que un año más, la dieta mediterránea ha vuelto a ser considerada como la dieta más sana, y como la mejor opción para una dieta
equilibrada y saludable. El reconocimiento, por séptimo año consecutivo, según la clasificación anual de US News & World Report.


Sin embargo, a fecha actual sigue habiendo multitud de ataques desde ciertos ámbitos y organizaciones que ponen en cuestión nuestra alimentación, y criminalizan su producción. Las redes sociales alimentan la transmisión de bulos y
desinformación respecto a la forma de producción de nuestros alimentos.


Parece necesario, más que nunca, poner en valor el trabajo del sector como proveedor de alimentos sanos y saludables, y explicar bien a nuestra sociedad las bondades y ventajas que poseen los alimentos producidos de forma tradicional, y así
poder desterrar multitud de falsedades que rodean a éstos.


A su vez, no debemos obviar que los modelos de consumo han cambiado durante los últimos años. El interés por la alimentación saludable o la procedencia y composición de los productos está despertando la curiosidad de gran parte de ellos
consumidores.


En este sentido, no hay que despreciar los avances en tecnología alimentaria y la innovación que pueden permitirnos una mayor autonomía y seguridad, potenciando sectores productores e industriales de futuro.


Teniendo en cuenta lo anterior, hay que buscar un equilibrio entre la producción tradicional y la fabricación de alimentos de 'laboratorio', sin que esta suponga un riesgo, especialmente, para el futuro de nuestra ganadería y de las
explotaciones agropecuarias, sin crear confusión en los consumidores y en nuestra saludable cadena alimentaria. Debemos ser especialmente sensibles de cara a proteger la salud y por ello es necesario contar con estudios científicos independientes
que analicen las consecuencias nutricionales de los cambios alimentarios, además de garantizar una certera sostenibilidad en los modelos de producción que mejore, si es posible, los modelos tradicionales de la agricultura y la pesca.


Dicho lo anterior, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del pasado 23 de enero de 2024, se presentó un documento por parte de Austria y avalado por diferentes países, dónde se establece que no sólo debe cumplirse la
normativa para la autorización de nuevos alimentos para garantizar la seguridad y etiquetado de estos, sino que debe atenderse y valorarse, además, cuestiones de tipo ético, de sostenibilidad económica y social, de salud pública, y de especial
transparencia legal en torno a este tipo de alimentos de laboratorio.


El noviembre de 2023, Italia aprobó una Ley que prohíbe la producción y el comercio en la propia Italia de alimentos fabricados con proteína en laboratorios.


En 2023, el Gobierno francés de Enmanuel Macron introdujo un Decreto dónde se ha prohibido legalmente el uso de cierta terminología para identificar alimentos que contengan



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proteínas vegetales. De esta manera los términos: filete, escalope, jamón, bistec, solomillo pechuga entre otros, no podrán ser utilizados de cara a la descripción de estos, comercialización o promoción. De igual forma, se regulan otros
términos que si podrán ser utilizados y que pueden contener una proporción regulada de proteínas vegetales como: bacón, paté, salchicha, Dicha normativa regula también un régimen sancionador en caso de incumplimiento.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Proteger legislativamente la salud humana, y con ello al sector primario, y especialmente a las explotaciones ganaderas y al sector pesquero, diferenciando de forma detallada la alimentación tradicional de la elaborada en laboratorio,
delimitando expresamente la terminología no apropiada para la producción, promoción, comercialización y venta de los productos producidos con proteínas vegetales y en laboratorios.


2. Disponer de estudios científicos independientes de rigor sobre las garantías de los alimentos de laboratorio, y posibles riesgos presentes y futuros para la salud humana, de cara a legislar sobre sus autorizaciones.


3. Disponer de los informes a nivel de impacto medioambiental y de lucha contra el cambio climático en la fabricación de este tipo de alimentación, que a priori consume más agua y energía que las granjas tradicionales.


4. Promocionar y generar campañas de apoyo al consumo de la alimentación tradicional española y mediterránea dado su carácter, indudablemente, saludable tal como se reconoce a nivel mundial.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Javier José Folch Blanc, Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, Alfonso
Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Asier Antona Gómez, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000596


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesaria preservación de los ecosistemas marinos y de la actividad pesquera ante la implantación de instalaciones de eólica marina en las costas gallegas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.


Exposición de motivos


El BNG presentó distintas iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Galiza reclamando la retirada de los POEM en los que se prevé el desarrollo de polígonos en la costa gallega para la producción de energía
eólica. Los argumentos principales en los que basábamos esta reclamación siguen hoy plenamente vigentes.


En primer lugar, que el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones



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marinas españolas, no respeta mínimamente el principio de precaución y, por lo tanto, constituye una agresión al sector pesquero y a la capacidad productiva de Galiza.


Además, los POEM fueron aprobados sin información de las consecuencias que las instalaciones de parques eólicos marinos pueden tener sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos y sin tener en cuenta la afectación que supondrán para el
sector pesquero gallego, para su actividad y para la importancia económica y social que representa.


Su aprobación obvia y menosprecia los acuerdos unánimes del Parlamento gallego y del Congreso de los Diputados, propuestos por la hoy denominada Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, que aglutina a todo el sector
pesquero de Galiza y Asturias.


Tampoco tiene en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2022, que recoge taxativamente que 'solo deben construirse parques eólicos marinos si puede garantizarse que no habrá repercusiones negativas de carácter
medioambiental y ecológico, ni consecuencias económicas, socioeconómicas y socioculturales para los pescadores y los productores acuícolas'.


Poco después de su aprobación, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos impugnó el RD 150/2023, con el objeto de que se deje sin efecto, recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo.


Sin embargo, ignorando la oposición social, la de activistas ambientales y del sector pesquero, el Gobierno español decidió seguir adelante y en el pasado mes de febrero abrió a consultas el proyecto de RD por lo que se regulará la
producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, a pesar de que sigue sin llevar a cabo los estudios de impacto socioeconómico y ambientales en las áreas designadas por los POEM para la instalación de parques eólicos marinos.


En el mes de marzo la Plataforma fue recibida por la Ministra de Transición Ecológica, quien confirmó que la normativa va a seguir adelante e informó de la puesta en marcha de los estudios que el sector lleva demandando desde hace tiempo
para evaluar el impacto en su actividad y nos propios ecosistemas, que aún no existen a pesar de ser preceptivos.


En el período de información pública de la nueva norma el Ministerio recibió distintas alegaciones de colectivos y organizaciones de Galiza, también del BNG, en las que se reclamaba la retirada de la norma y de los POEM, atendiendo al
principio de precaución, hasta tener la evaluación ambiental ysocioeconómica de la implantación de la eólica marina. Demandamos que el Gobierno y el Ministerio atiendan estos escritos, que aplique el principio de precaución y que, cuando menos,
tenga en cuenta, antes de continuar con el desenrollo de la normativa y con la instalación de polígonos industrias de producción eléctrica en el mar, que existe una demanda del sector pesquero gallego, en curso ante el Tribunal Supremo.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a retirar el proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar en tanto no se resuelva el proceso judicial en
curso, iniciado por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos contra el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas
españolas, ni se conozcan los resultados y conclusiones de los estudios preceptivos de evaluación del impacto de las instalaciones de eólica marina en la actividad pesquera y en los ecosistemas marinos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.



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Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesaria preservación dos ecosistemas mariños e da actividade pesqueira ante a implantación de instalacións de eólica mariña nas costas galegas, para o seu debate na Comisión de Agricultura, Pesca e Alimentación.


Exposición de motivos


O BNG presentou distintas iniciativas tanto no Congreso dos Deputados como no Parlamento da Galiza reclamando a retirada dos POEM nos que se prevé o desenvolvemento de polígonos na costa galega para a produción de enerxía eólica. Os
argumentos principais nos que baseabamos esta reclamación seguen hoxe plenamente vixentes.


En primeiro lugar, que o Real Decreto 150/2023, de 28 de febreiro, polo que se aproban os plans de ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas, non respecta minimamente o principio de precaución e, polo tanto,
constitúe unha agresión ao sector pesqueiro e á capacidade produtiva da Galiza.


Ademais, os POEM foron aprobados sen información das consecuencias que as instalacións de parques eólicos mariños poden ter sobre a biodiversidade e os ecosistemas mariños e sen ter en conta a afectación que supoñerán para o sector pesqueiro
galego, para a súa actividade e para a importancia económica e social que representa.A súa aprobación obvia e menospreza os acordos unánimes do Parlamento galego e do Congreso dos Deputados, propostos pola hoxe denominada Plataforma en Defensa da
Pesca e dos Ecosistemas Mariños, que aglutina a todo o sector pesqueiro da Galiza e Asturias.


Tampouco ten en conta a Resolución do Parlamento Europeo do 3 de maio de 2022, que recolle taxativamente que 'só deben construírse parques eólicos mariños se pode garantirse que non haberá repercusións negativas de carácter medioambiental e
ecolóxico, nin consecuencias económicas, socioeconómicas e socioculturais para os pescadores e os produtores acuícolas'.


Pouco despois da súa aprobación, a Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños impugnou o RD 150/2023, co obxecto de que se deixe sen efecto, recurso que foi admitido a trámite polo Tribunal Supremo.


Porén, ignorando a oposición social, de activistas ambientais e do sector pesqueiro o Goberno español decidiu seguir adiante e no pasado mes de febreiro abriu a consultas o proxecto de RD polo que se regulará a produción de enerxía eléctrica
en instalacións situadas no mar, malia que segue sen levar a cabo os estudos de impacto socioeconómico e ambientais nas áreas designadas polos POEM para a instalación de parques eólicos mariños.


No mes de marzo a Plataforma foi recibida pola ministra de Transición Ecolóxica, quen lle confirmou que a normativa vai seguir adiante e lle informou da posta en marcha dos estudos que o sector leva demandando dende hai tempo para avaliar o
impacto na súa actividade e nos propios ecosistemas, que aínda non existen malia seren preceptivos.


No período de información pública da nova norma o Ministerio recibiu distintas alegacións de colectivos e organizacións da Galiza, tamén do BNG, nas que se reclamaba a retirada da norma e dos POEM, atendendo ao principio de precaución, até
ter a avaliación ambiental e socioeconómica da implantación da eólica mariña. Demandamos que o Goberno e o Ministerio atendan estes escritos, que aplique o principio de precaución e que, cando menos, teña en conta, antes de continuar co
desenvolvemento da normativa ecoa instalación de polígonos industrias de produción eléctrica no mar, que existe unha demanda do sector pesqueiro galego, en curso no Tribunal Supremo.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte



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Proposición non de Lei


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a retirar o proxecto de Real Decreto polo que se regula a produción de enerxía eléctrica en instalacións ubicadas no mar en tanto en canto non se resolva o proceso xudicial en curso,
iniciado pola Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños contra o Real Decreto 150/2023, de 28 de febreiro, polo que se aproban os plans de ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas, nin se coñezan os
resultados e conclusións dos estudos preceptivos de avaliación do impacto das instalacións de eólica mariña na actividade pesqueira e nos ecosistemas mariños.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Política Territorial


161/000560


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la consideración de la personalidad jurídica, a la sostenibilidad económica y a los servicios que debe prestar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como instrumento para revertir la despoblación rural y
ayudar a la cohesión social y territorial para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, en su artículo 8 establece que 'se debe garantizar un servicio postal universal de calidad, prestado en todo el
territorio del Estado con precios asequibles y en condiciones de permanencia y no discriminación'. Una norma que traspuso al ordenamiento jurídico del Estado español la Directiva comunitaria de 20 de febrero de 2008 que, supuestamente, debería
asegurar que las personas usuarias de los servicios postales gocen de unos derechos adecuados, independientemente de quien sea el prestador de los mismos y del ámbito de prestación.


Sin embargo, los recortes de personal, de oficinas y de medios, especialmente en el ámbito rural, dejan en evidencia que el contenido de la ley no se cumple por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Una paulatina degradación
de los servicios y de las condiciones laborales del personal de Correos que se inició ya con la aprobación de la liberalización del sector postal al albur de la Ley 24/1998, de 13 de julio.


Para mejorar la actual situación es necesario poner en marcha una serie de medidas que contribuyan a proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, ante la situación de precariedad de unos servicios que son esenciales y cuya carencia
sufre el 23 % de la población, afectando a un 85 % del territorio estatal.


Es necesario fortalecer la estructura pública de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., así como aumentar las prestaciones que ofrece a la ciudadanía, de manera que se dé respuesta a las necesidades de ese 23 % de población al
tiempo que se contribuye a la sostenibilidad económica de la sociedad estatal y al mantenimiento del empleo.


El Estado español en su conjunto y Galiza en particular, padecen una pérdida alarmante de población en las zonas rurales. De los 313 concellos galegos, 257 tienen menos de 10.000 habitantes y con una alta dispersión poblacional. Si lo
extrapolamos al



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resto del Estado, el panorama no es mejor con 1374 unidades de población de cien vecinos o menos. La pérdida de servicios postales en las poblaciones rurales va en aumento. En el caso de Galiza, afecta de manera más preocupante a las
comarcas del interior, pero tampoco se libran los concellos de las áreas de la franja atlántica.


Vecinos y vecinas que ven como se incumple su derecho a un servicio postal universal, creándole importantes problemas por la desaparición de unos servicios esenciales para su día a día. Deficiencias que se están agravando en los últimos
años y que requieren de la implementación de medidas para poder ofrecer un servicio de calidad.


Actualmente, la distancia que debe recorrer la población de las zonas más despobladas para acceder a los servicios postales, es inaceptable y está lejos de colmar el derecho a un servicio universal sin discriminación. Se está discriminando
a las poblaciones de las áreas rurales al no disponer de un servicio postal de calidad. No se garantiza la vertebración y la cohesión territorial.


El 12 % de la población residente en lugares de menos de 10.000 habitantes tiene dificultades para acceder a servicios de alimentación, porcentaje que sube al 14 % en el caso de servicios bancarios y al 17 % en el caso de los servicios
postales. Un perjuicio más reprochable en el caso de los servicios de correos por prestarlos una empresa pública.


De hecho, el informe del Consejo Económico y Social estatal de 2018, así como el documento 'La estrategia España 2050', inciden en la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos. Así mismo, en la Estrategia Estatal frente al Reto
Demográfico, se incluye entre sus objetivos, el de 'asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio'.


Como entidad pública empresarial, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos debe servir al interés general, ser un instrumento útil para atender a las necesidades sociales y cuidar las demandas de las zonas más vulnerables y desprotegidas
como es el ámbito rural. Se trata de una entidad con capilaridad en todo el territorio y dispone de capacidad para avanzar en una mayor vertebración y cohesión social.


Aunque se han dado tímidos pasos para favorecer que la entidad pública pueda contribuir a la prestación de servicios esenciales y al acercamiento y mejora de la eficiencia de la administración pública en su trato con la ciudadanía, sigue sin
ser en absoluto suficiente. Es preciso ampliar este tipo de políticas.


Por una parte, es imprescindible reforzar el estatus jurídico como sociedad pública, apostando por el refuerzo de los servicios públicos, dando la vuelta a la tendencia practicada hasta este momento.


La necesidad de fortalecer el sistema de servicios públicos quedó evidenciada durante la pandemia de la COVID-19. Para avanzar en esta línea, el primer paso debe ser dar seguridad jurídica y fijar legalmente su naturaleza pública. Correos
presta un servicio público, declarado esencial durante la pandemia, es necesario recoger de forma explícita la consideración como empresa pública de dicha sociedad estatal.


En segundo lugar, es fundamental dotar a la Sociedad Estatal de la financiación necesaria para corregir y solucionar las deficiencias de servicios en muchos territorios, especialmente en el medio rural. Con la adecuada dotación de medios,
Correos podría ser un medio idóneo para facilitar servicios postales y de paquetería, pero también servicios bancarios y de seguros (a través de una entidad pública), de telefonía u otros como el transporte de medicinas desde las farmacias a las
poblaciones rurales sin dicho servicio. Este último podría lograrse con la creación de un servicio de paquetería especial para el envío de medicamentos por parte de las farmacias a un precio económico y para dar servicio a las personas que viven en
poblaciones rurales, que tienen problemas para desplazarse, personas mayores o dependientes con movilidad reducida y así recibir su medicación. Un servicio que ya fue valorado por Correos y que en la actualidad se hace cada vez más necesario. Se
trata, además de ampliar el abanico de servicios desde una óptica pública y redundando en el bien colectivo.


En el ámbito bancario, Correos debe recuperar el papel protagonista que ostentó en otros tiempos y canalizar las necesidades de la población en cuanto a servicios bancarios,



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sobre todo cuando la banca privada se ha desentendido de una gran parte de la población, recortando oficinas, negando una atención presencial próxima y en horario suficiente en la mayoría de núcleos.


Así mismo, la creciente evolución del comercio online requiere de la existencia de una entidad pública fuerte para asegurar que los usuarios/as puedan acceder a dichos servicios a precios asequibles, en igualdad de condiciones con la
población de zonas urbanas dónde hay mayor oferta y competitividad.


En tercer lugar, se hace imprescindible dotar a la entidad de los instrumentos necesarios para afrontar los nuevos retos y las nuevas realidades. Actualizar el marco del Servicio Postal Universal (SPU) dando cobertura a esos servicios que a
día de hoy no forman parte del mismo. Para ello, es necesario habilitar los medios para que Correos, como empresa pública, oferte dichos servicios postales, de forma especial, en el medio rural y zonas deprimidas económica y demográficamente,
garantizando la igualdad y la equidad en un servicio público básico.


Los debates sobre la despoblación del medio rural no pueden quedarse en proclamas o en declaraciones de intenciones. Fijar población en el ámbito rural implica garantizar servicios básicos, de lo contrario nadie puede vivir y trabajar en
las localidades rurales.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Declarar a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., como empresa de interés social y utilidad pública.


2. Adoptar las decisiones necesarias para que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., pueda actuar como entidad financiera pública y de seguros.


3. Fijar una aportación económica por parte del Ministerio de Hacienda, que dé sostenibilidad económica a la entidad pública, para hacer frente a los retos de servicios que debe cumplir en la sociedad actual, teniendo en cuenta criterios de
servicio público.


4. Revisar los servicios contemplados en el SPU, dando cabida a las necesidades actuales (financieras, paquetería, comunicación,....)


5. Habilitar un servicio especial de paquetería a precios económicos para la entrega de medicamentos a personas que viven en poblaciones rurales o que tienen problemas para desplazarse a localidades con servicios farmacéuticos.


6. Establecer la apertura en horario de tarde en todas las oficinas evitando de este modo las dificultades de acceso que manifiestan los informes.


7. Adoptar las medidas necesarias para la creación de un operador de telefonía público aprovechando la sinergia de la filial Correos Telecom.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á consideración da personalidade xurídica, á sustentabilidade económica e aos servizos que debe prestar a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., como instrumento para reverter o despoboamento rural e axudar á cohesión social e
territorial para o seu debate na Comisión de Política Territorial.



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Exposición de motivos


A Lei 43/2010, do 30 de decembro, do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, no seu artigo 8 estabelece que 'se debe garantir un servizo postal universal de calidade, prestado en todo o territorio do Estado
con prezos accesíbeis e en condicións de permanencia e non discriminación'. Unha norma que traspuxo ao ordenamento xurídico do Estado español a Directiva comunitaria do 20 de febreiro de 2008 que, supostamente, debería asegurar que as persoas
usuarias dos servizos postais gocen duns dereitos adecuados, independentemente de quen sexa o prestador dos mesmos e do ámbito de prestación.


Con todo, os recortes de persoal, de oficinas e de medios, especialmente no ámbito rural, deixan en evidencia que o contido da lei non se cumpre por parte da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Unha paulatina degradación dos servizos
e das condicións laborais do persoal de Correos que se iniciou xa coa aprobación da liberalización do sector postal ao abeiro da Lei 24/1998, do 13 de xullo.


Para mellorar a actual situación é necesario poñer en marcha unha serie de medidas que contribúan a protexer os dereitos do conxunto da cidadanía, ante a situación de precariedade duns servizos que son esenciais e cuxa carencia sofre o 23 %
da poboación, afectando a un 85 % do territorio estatal.


É necesario fortalecer a estrutura pública da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., así como aumentar as prestacións que ofrece á cidadanía, de maneira que se dea resposta ás necesidades dese 23 % de poboación á vez que se contribúe
á sustentabilidade económica da Sociedade Estatal e ao mantemento do emprego.


O Estado español no seu conxunto e Galiza en particular, padecen unha perda alarmante de poboación nas zonas rurais. Dos 313 concellos galegos, 257 teñen menos de 10.000 habitantes e cunha alta dispersión da poboación. Se o extrapolamos ao
resto do Estado, o panorama non é mellor con 1374 unidades de poboación de cen veciños ou menos. A perda de servizos postais nas poboacións rurais vai en aumento. No caso de Galiza, afecta de maneira máis preocupante ás comarcas do interior, pero
tampouco se libran os concellos das áreas da franxa atlántica.


Veciños e veciñas que ven como se incumpre o seu dereito a un servizo postal universal, creándolle importantes problemas pola desaparición duns servizos esenciais para o seu día a día. Deficiencias que se están agravando nos últimos anos e
que requiren da incoación de medidas para poder ofrecer un servizo de calidade.


Actualmente, a distancia que debe percorrer a poboación das zonas máis despoboadas para acceder aos servizos postais é inaceptábel e está lonxe de colmar o dereito a un servizo universal sen discriminación. Está a discriminarse ás
poboacións das áreas rurais ao non dispoñer dun servizo postal de calidade. Non se garante a vertebración e a cohesión territorial.


O 12 % da poboación residente en lugares de menos de 10.000 habitantes ten dificultades para acceder a servizos de alimentación, porcentaxe que sobe ao 14 % no caso de servizos bancarios e ao 17 % no caso dos servizos postais. Un prexuízo
máis reprochábel no caso dos servizos de correos por prestalos unha empresa pública.


De feito, o informe do Consello Económico e Social estatal de 2018, así como o documento 'A estratexia España 2050', inciden na necesidade de fortalecemento dos servizos públicos. Así mesmo, na Estratexia Estatal fronte ao Reto Demográfico,
inclúese entre os seus obxectivos, o de 'asegurar unha apropiada prestación de servizos básicos a toda a poboación en condicións de equidade, adaptada ás características de cada territorio'.


Como entidade pública empresarial, a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos debe servir ao interese xeral, ser un instrumento útil para atender ás necesidades sociais e coidar as demandas das zonas máis vulnerábeis e desprotexidas como é
o ámbito rural. Trátase dunha entidade con capilaridade en todo o territorio e dispón de capacidade para avanzar nunha maior vertebración e cohesión social.



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Aínda que se deron tímidos pasos para favorecer que a entidade pública poida contribuír á prestación de servizos esenciais e ao achegamento e mellora da eficiencia da administración pública no seu trato coa cidadanía, segue sen ser en
absoluto suficiente. É preciso ampliar este tipo de políticas.


Por unha banda, é imprescindíbel reforzar o status xurídico como sociedade pública, apostando polo reforzo dos servizos públicos, dando a volta á tendencia posta en práctica até este momento.


A necesidade de fortalecer o sistema de servizos públicos quedou evidenciada durante a pandemia da COVID-19. Para avanzar nesta liña, o primeiro paso debe ser dar seguridade xurídica e fixar legalmente a súa natureza pública.


Correos presta un servizo público, declarado esencial durante a pandemia, é necesario recoller de forma explícita a consideración como empresa pública da devandita sociedade estatal.


En segundo lugar, é fundamental dotar á Sociedade Estatal do financiamento necesario para corrixir e solucionar as deficiencias de servizos en moitos territorios, especialmente no medio rural. Coa adecuada dotación de medios, Correos
podería ser un medio idóneo para facilitar servizos postais e de paquetería, pero tamén servizos bancarios e de seguros (a través dunha entidade pública), de telefonía ou outros como o transporte de medicinas desde as farmacias ás poboacións rurais
sen o devandito servizo. Este último podería lograrse coa creación dun servizo de paquetería especial para o envío de medicamentos por parte das farmacias a un prezo económico e para dar servizo ás persoas que viven en poboacións rurais, que teñen
problemas para desprazarse, persoas maiores ou dependentes con mobilidade reducida e así recibir a súa medicación. Un servizo que xa foi valorado por Correos e que na actualidade faise cada vez máis necesario. Trátase, ademais de ampliar o abanico
de servizos desde unha óptica pública e redundando no ben colectivo.


No ámbito bancario, Correos debe recuperar o papel protagonista que ostentou noutros tempos e canalizar as necesidades da poboación en canto a servizos bancarios, sobre todo cando a banca privada desentendeuse dunha gran parte da poboación,
recortando oficinas, negando unha atención presencial próxima e en horario suficiente na maioría de núcleos.


Así mesmo, a crecente evolución do comercio online require da existencia dunha entidade pública forte para asegurar que os usuarios/as poidan acceder aos devanditos servizos a prezos accesíbeis, en igualdade de condicións coa poboación de
zonas urbanas onde hai maior oferta e competitividade.


En terceiro lugar, faise imprescindíbel dotar á entidade dos instrumentos necesarios para afrontar os novos retos e as novas realidades. Actualizar o marco do Servizo Postal Universal (SPU) dando cobertura a eses servizos que a día de hoxe
non forman parte do mesmo. Para iso, é necesario habilitar os medios para que Correos, como empresa pública, oferte devanditos servizos postais, de forma especial, no medio rural e zonas deprimidas económica e demograficamente, garantindo a
igualdade e a equidade nun servizo público básico.


Os debates sobre o despoboamento do medio rural non poden quedar en proclamas ou en declaracións de intencións. Fixar poboación no ámbito rural implica garantir servizos básicos, de non ser así ninguén pode vivir e traballar nas localidades
rurais.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:


1. Declarar á Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A., como empresa de interese social e utilidade pública.


2. Adoptar as decisións necesarias para que a Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A., poda actuar como entidade financeira pública e de seguros.



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3. Fixar unha aportación económica por parte do Ministerio de Facenda, que dea sustentabilidade económica á entidade pública, para facer frente aos retos de servizos que debe cumprir na sociedade actual, tendo en conta criterios de servizo
público.


4. Revisar os servizos contemplados no SPU, dando cabida ás necesidades actuais financeiras, paquetería, comunicación,....)


5. Habilitar un servizo especial de paquetería a prezos económicos para a entrega de medicamentos a persoas que viven en poboacións rurais ouque tenen problemas para desprazarse a localidades con servizos farmacéuticos.


6. Estabelecer a apertura en horario de tarde en todas as oficinas evitando deste modo as dificultades de acceso que manifestan os informes.


7. Adoptar as medidas necesarias para a creación dun operador de telefonía público aproveitando a sinerxía da filial Correos Telecom.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la creación
de un Grupo de trabajo para estudiar medidas y buscar soluciones para los ayuntamientos en situación más vulnerable de riesgo financiero, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


El sector público local se encuentra en una buena situación económica y financiera. Sin embargo, entre los 8.132 ayuntamientos que forman parte de él, existen en torno a 200 que presentan problemas de sostenibilidad. De hecho, la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva ya años destacando esta situación.


Las medidas que el Gobierno ha ido desarrollando con el fin de apoyar a los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad se han manifestado ineficaces. Estas se han dirigido, fundamentalmente, a convertir deuda comercial en deuda financiera y
a alargar los plazos de devolución o amortización. De hecho, la antigüedad del exceso de deuda (por encima del 110 % de los ingresos corrientes reconocidos) de los ayuntamientos en riesgo procede, mayoritariamente, de los mecanismos de financiación
estatales que se pusieron en funcionamiento entre 2012 y 2013 para reducir la deuda comercial del sector público. En concreto son:


- El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, que
permitió a las entidades locales la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios, con factura registrada antes del 1 de enero de 2012.


- El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que tenía como objetivo desarrollar, como medida coyuntural y
extraordinaria, un mecanismo que ayudara a las administraciones locales a reducir su deuda comercial acumulada. Se trataba, como señalaba el texto legislativo, de poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación
de la factura electrónica, del registro contable, del periodo medio de pagos y, en última instancia, de los controles de la



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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


A partir de la aplicación de sendos mecanismos, los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad no han mostrado capacidad de reducir su deuda financiera, puesto que el exceso de esta se ha mantenido desde entonces. Este hecho indica que se
produce un desajuste entre el ahorro neto generado y las importantes cuantías de las amortizaciones que es preciso afrontar, a pesar de que los referidos ayuntamientos han realizado esfuerzos para el reajuste de sus cuentas públicas.


En la mayoría de los casos, han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, hecho que les ha permitido resolver sus problemas de morosidad y equilibrio en su gestión corriente. De ese modo, han podido
generar ahorro bruto. Sin embargo, este se ha mostrado insuficiente para atender a sus obligaciones financieras.


Los hechos descritos permiten establecer que la situación general de los ayuntamientos en riesgo de sostenibilidad presenta una naturaleza estructural y, por tanto, son incapaces de restablecer el equilibrio de su hacienda de forma autónoma.


El marco en el que se encuentran los ayuntamientos afecta de forma crítica al normal funcionamiento de estos, sin capacidad de responder adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos y del territorio municipal. Son entidades locales que
se encuentran con graves dificultades para ejercer sus competencias y para prestar unos servicios públicos de calidad, a causa de una insuficiencia financiera asociada al elevado volumen de su deuda.


En este contexto, la Comisión Nacional de la Administración Local acordó la creación de un 'Grupo de trabajo para estudiar medidas y buscar soluciones para los ayuntamientos en situación más vulnerable de riesgo financiero', pero hasta el
momento no se ha constituido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear de modo inmediato un Grupo de trabajo para estudiar medidas y buscar soluciones para los ayuntamientos en situación más vulnerable de riesgo financiero, constituido por una comisión de
expertos junto con representación de la Federación Española de Municipios y Provincias.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa, Antonio
Cavacasillas Rodríguez, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000580


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar al Gobierno la
convocatoria de la Conferencia de Presidentes, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


Los fundamentos de equidad y cooperación entre territorios, establecidos en la Constitución de 1978 y respaldados por los gobiernos de las Comunidades Autónomas,



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aseguran que todas las regiones que forman parte del Reino de España disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas posibilidades para su progreso social y económico.


La Conferencia de Presidentes es el órgano de cooperación multilateral más importante de nuestra democracia. Se trata del principal lugar de debate y toma de decisiones en lo que respecta a la cooperación entre el gobierno central y los
gobiernos autonómicos, constituyendo así el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas de España.


El propósito de esta conferencia es discutir y llegar a acuerdos sobre temas que son de gran importancia para el sistema autonómico. Desde su creación, la conferencia ha tenido varias reuniones, cada una con su propia agenda.


El Reglamento de esta Conferencia de Presidentes recoge en su artículo 2.1, entre sus funciones, la de debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal o que afecten a los
intereses o al ámbito competencial de diversas comunidades autónomas, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afecten a los ámbitos competenciales
estatal y autonómico.


Es indiscutible que los términos de los pactos entre el Partido Socialista Obrero Español y diferentes partidos independentistas que se han hecho públicos para respaldar al gobierno no se ajustan a la legislación vigente ni a los principios
fundamentales que respaldan el Estado de derecho. Este aspecto ha sido incluso señalado por escrito y comunicado por parte del Poder Judicial. Nos encontramos frente a decisiones que, si finalmente se toman y entran en vigor, tendrán repercusiones
en todas las regiones y perturbarán la armonía entre los españoles.


La aprobación de una ley de amnistía, la condonación de la deuda sin que haya mediado la negociación preceptiva en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera o el traspaso de competencias a determinadas regiones, confieren
privilegios a una parte de España que chocan con la protección constitucional y que ampara al conjunto de los españoles.


En este contexto, resulta imprescindible manifestar de forma inequívoca la defensa de la igualdad, y, ante la preocupación e inquietud de la sociedad española a la vista de los acuerdos que permitieron la investidura del presidente del
Gobierno, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes es inaplazable. Urge, por tanto, clarificar las consecuencias de tales compromisos políticos dado que suponen, ya a priori, un menoscabo evidente a los principios básicos que configuran el
Estado de derecho.


El reglamento de la Conferencia de Presidentes fue modificado en abril de 2022 y desde entonces debía haber sido convocado por el presidente Pedro Sánchez en 2 ocasiones cada año (art. 4), habiendo incumplido la Presidencia del Gobierno el
citado reglamento. Por otra parte, el mismo reglamento fija que la Conferencia de presidentes será convocada a petición de diez presidentes de comunidades autónomas, hecho que se produjo en los últimos meses de 2023.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Convocar de manera inmediata y urgente la Conferencia de Presidentes, máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las CCAA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en cumplimiento del artículo
4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes.


2. Solicitar que en dicha Conferencia se aborden los efectos que van a suponer los pactos entre el presidente del Gobierno y los partidos independentistas sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la
independencia judicial, entre otros.


3. Debatir, en el seno de la Conferencia, las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales.



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4. Exigir que en dicha reunión se traten los asuntos de importancia para el Estado de las Autonomías.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Antonio Román Jasanada, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis Beamonte Mesa, Antonio
Cavacasillas Rodríguez, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/000597


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesaria preservación de los ecosistemas marinos y de la actividad pesquera ante la implantación de instalaciones de eólica marina en las costas gallegas, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y
Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El BNG presentó distintas iniciativas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Galiza reclamando la retirada de los POEM en los que se prevé el desarrollo de polígonos en la costa gallega para la producción de energía
eólica. Los argumentos principales en los que basábamos esta reclamación siguen hoy plenamente vigentes.


En primer lugar, que el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, no respeta mínimamente el principio de precaución y, por lo
tanto, constituye una agresión al sector pesquero y a la capacidad productiva de Galiza.


Además, los POEM fueron aprobados sin información de las consecuencias que las instalaciones de parques eólicos marinos pueden tener sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos y sin tener en cuenta la afectación que supondrán para el
sector pesquero gallego, para su actividad y para la importancia económica y social que representa.


Su aprobación obvia y menosprecia los acuerdos unánimes del Parlamento gallego y del Congreso de los Diputados, propuestos por la hoy denominada Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, que aglutina a todo el sector
pesquero de Galiza y Asturias.


Tampoco tiene en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2022, que recoge taxativamente que 'solo deben construirse parques eólicos marinos si puede garantizarse que no habrá repercusiones negativas de carácter
medioambiental y ecológico, ni consecuencias económicas, socioeconómicas y socioculturales para los pescadores y los productores acuícolas'.


Poco después de su aprobación, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos impugnó el RD 150/2023, con el objeto de que se deje sin efecto, recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo.


Sin embargo, ignorando la oposición social, la de activistas ambientales y del sector pesquero, el Gobierno español decidió seguir adelante y en el pasado mes de febrero abrió a consultas el proyecto de RD por lo que se regulará la
producción de energía



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eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, a pesar de que sigue sin llevar a cabo los estudios de impacto socioeconómico y ambientales en las áreas designadas por los POEM para la instalación de parques eólicos marinos.


En el mes de marzo la Plataforma fue recibida por la Ministra de Transición Ecológica, quien confirmó que la normativa va a seguir adelante e informó de la puesta en marcha de los estudios que el sector lleva demandando desde hace tiempo
para evaluar el impacto en su actividad y nos propios ecosistemas, que aún no existen a pesar de ser preceptivos.


En el período de información pública de la nueva norma el Ministerio recibió distintas alegaciones de colectivos y organizaciones de Galiza, también del BNG, en las que se reclamaba la retirada de la norma y de los POEM, atendiendo al
principio de precaución, hasta tener la evaluación ambiental y socioeconómica de la implantación de la eólica marina. Demandamos que el Gobierno y el Ministerio atiendan estos escritos, que aplique el principio de precaución y que, cuando menos,
tenga en cuenta, antes de continuar con el desenrollo de la normativa y con la instalación de polígonos industrias de producción eléctrica en el mar, que existe una demanda del sector pesquero gallego, en curso ante el Tribunal Supremo.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a retirar el proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar en tanto no se resuelva el proceso judicial en
curso, iniciado por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos contra el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas
españolas, ni se conozcan los resultados y conclusiones de los estudios preceptivos de evaluación del impacto de las instalaciones de eólica marina en la actividad pesquera y en los ecosistemas marinos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesaria preservación dos ecosistemas mariños e da actividade pesqueira ante a implantación de instalacións de eólica mariña nas costas galegas para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.


Exposición de motivos


O BNG presentou distintas iniciativas tanto no Congreso dos Deputados como no Parlamento da Galiza reclamando a retirada dos POEM nos que se prevé o desenvolvemento de polígonos na costa galega para a produción de enerxía eólica. Os
argumentos principais nos que baseabamos esta reclamación seguen hoxe plenamente vixentes.


En primeiro lugar, que o Real Decreto 150/2023, de 28 de febreiro, polo que se aproban os plans de ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas, non respecta minimamente o principio de precaución e, polo tanto,
constitúe unha agresión ao sector pesqueiro e á capacidade produtiva da Galiza.


Ademais, os POEM foron aprobados sen información das consecuencias que as instalacións de parques eólicos mariños poden ter sobre a biodiversidade e os ecosistemas



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mariños e sen ter en conta a afectación que supoñerán para o sector pesqueiro galego, para a súa actividade e para a importancia económica e social que representa.


A súa aprobación obvia e menospreza os acordos unánimes do Parlamento galego e do Congreso dos Deputados, propostos pola hoxe denominada Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños, que aglutina a todo o sector pesqueiro da
Galiza e Asturias.


Tampouco ten en conta a Resolución do Parlamento Europeo do 3 de maio de 2022, que recolle taxativamente que 'só deben construírse parques eólicos mariños se pode garantirse que non haberá repercusións negativas de carácter medioambiental e
ecolóxico, nin consecuencias económicas, socioeconómicas e socioculturais para os pescadores e os produtores acuícolas'.


Pouco despois da súa aprobación, a Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños impugnou o RD 150/2023, co obxecto de que se deixe sen efecto, recurso que foi admitido a trámite polo Tribunal Supremo.


Porén, ignorando a oposición social, de activistas ambientais e do sector pesqueiro o Goberno español decidiu seguir adiante e no pasado mes de febreiro abriu a consultas o proxecto de RD polo que se regulará a produción de enerxía eléctrica
en instalacións situadas no mar, malia que segue sen levar a cabo os estudos de impacto socioeconómico e ambientais nas áreas designadas polos POEM para a instalación de parques eólicos mariños.


No mes de marzo a Plataforma foi recibida pola ministra de Transición Ecolóxica, quen lle confirmou que a normativa vai seguir adiante e lle informou da posta en marcha dos estudos que o sector leva demandando dende hai tempo para avaliar o
impacto na súa actividade e nos propios ecosistemas, que aínda non existen malia seren preceptivos.


No período de información pública da nova norma o Ministerio recibiu distintas alegacións de colectivos e organizacións da Galiza, tamén do BNG, nas que se reclamaba a retirada da norma e dos POEM, atendendo ao principio de precaución, até
ter a avaliación ambiental e socioeconómica da implantación da eólica mariña. Demandamos que o Goberno e o Ministerio atendan estes escritos, que aplique o principio de precaución e que, cando menos, teña en conta, antes de continuar co
desenvolvemento da normativa e coa instalación de polígonos industrias de produción eléctrica no mar, que existe unha demanda do sector pesqueiro galego, en curso no Tribunal Supremo.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a retirar o proxecto de Real Decreto polo que se regula a produción de enerxía eléctrica en instalacións ubicadas no mar en tanto en canto non se resolva o proceso xudicial en curso,
iniciado pola Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños contra o Real Decreto 150/2023, de 28 de febreiro, polo que se aproban os plans de ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas, nin se coñezan os
resultados e conclusións dos estudos preceptivos de avaliación do impacto das instalacións de eólica mariña na actividade pesqueira e nos ecosistemas mariños.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.



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Comisión de Vivienda y Agenda Urbana


161/000572


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de trabas
burocráticas en la construcción de vivienda, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La vivienda es un derecho reconocido en nuestra Constitución, además de en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en España existe un problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más
vulnerables como jóvenes, personas mayores, familias monoparentales y/o personas en situación de pobreza o exclusión social.


Uno de los factores que dificulta el acceso a la vivienda es la escasez de oferta tanto en alquiler como en compra. Según datos del Gobierno, el parque de viviendas en España es de 26,8 millones y según los expertos se necesitarían más de
100.000 viviendas nuevas al año para poder cubrir las necesidades de la demanda.


Para aumentar la oferta de vivienda es necesario impulsar la construcción de nuevas viviendas que se ajusten a las necesidades y demandas de la población. Sin embargo, promotores y constructores encuentran enormes trabas burocráticas a la
hora de solicitar los permisos y licencias necesarias para iniciar y ejecutar las obras, suponiendo un aumento de los costes, demora de los plazos y pérdida de competitividad en el sector.


Del mismo modo, se debe aumentar la oferta de suelo adecuado para vivienda asequible.


Los trámites administrativos requeridos para convertir suelo urbanizable en finalista son muy dilatados, sufriendo una demora de 7 a 10 años para los promotores y de los propietarios entre 10 y 12 años. Esta rigidez burocrática impide
lograr un equilibrio entre oferta y demanda, ralentizando los plazos.


Es por lo que se hace necesario adoptar medidas que simplifiquen y agilicen los trámites para la obtención de permisos y licencias de construcción, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos técnicos, urbanísticos,
ambientales y de seguridad según la normativa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un Plan para la digitalización y simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con la construcción de vivienda en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, de forma que se permita la
reducción del tiempo, de los costes y la carga burocrática, así como mejorar la transparencia y la eficiencia de la gestión pública.


2. Fomentar la cooperación entre las distintas administraciones implicadas en la tramitación de los permisos y licencias de construcción, evitando duplicidades y contradicciones entre los diferentes informes, autorizaciones o certificados
requeridos.


3. Elaborar un Informe Anual del Estado de la Vivienda por parte del Ministerio competente sobre los permisos y licencias de construcción por Comunidades Autónomas



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y Municipios, que recoja los indicadores de tiempo, coste y número de procedimientos, de forma que se identifiquen las buenas prácticas y áreas de mejora.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2024.-Alberto Fabra Part, Isabel María Borrego Cortés, Cristóbal Garre Murcia, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá,
Silverio Argüelles García, Rafael Benigno Belmonte Gómez, Mario Cortés Carballo, Llanos de Luna Tobarra, Celso Luis Delgado Arce, Carlos Gil Santiago y Daniel Pérez Osma, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


Comisión de Sanidad


161/000589


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la jubilación de las personas trabajadoras en la sanidad pública, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


Desde el año 2007, las distintas normas legislativas en materia de seguridad social recogen en su articulado que la edad mínima de jubilación puede ser rebajada, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Seguridad Social, en todos
aquellos grupos o actividades profesionales con trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, que acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad.


Estas normas también establecen que se determinará el procedimiento general para fijar los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, lo que incluiría, entre otras cuestiones,
su incidente en los procesos de incapacidad laboral de las trabajadoras y trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con la actividad laboral a partir de una determinada edad.


La legislación en materia de Seguridad Social en la que se recogen las cuestiones mencionadas es la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, concretamente en el artículo 161 bis referido a la jubilación
anticipada; el Real Decreto 1698/2011, en los artículos 10 y siguientes; así como la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del
sistema público de pensiones.


No obstante, a pesar de la normativa vigente, las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública continúan esperando la que los distintos gobiernos tengan en consideración sus condiciones de trabajo, para poder acogerse a las normas
aprobadas desde el 2007.


El sector sanitario tiene unos riesgos laborales específicos y, además, presenta una elevada tasa de problemas de salud laboral. Las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública están expuestos a riesgos biológicos, químicos y a
radiaciones ionizantes. Asimismo, presentan riesgos psicosociales por estar en contacto permanente con la enfermedad y la muerte.


Además, diferentes estudios recogen que los turnos rotatorios (en horario de mañana, tarde y noche) están asociadas a la aparición y desarrollo de enfermedades coronarias y cerebro-vasculares, así como a la depresión, al síndrome metabólico
y al cáncer, entre



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otras; todas ellas, enfermedades que se acaban por cronificar y no desaparecen cuando se abandona el trabajo.


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que una persona con un empleo a turnos sufrirá un envejecimiento prematuro de cinco años por cada 15 trabajados de noche. Igualmente, también existen estudios sobre las consecuencias
en la salud de las trabajadoras y trabajadores mayores de 55 años, que realizan trabajos nocturnos. Según estas investigaciones, el porcentaje de incapacidades laborales entre el personal de entre 45 y 64 años se incrementa en un 68 %, con respecto
a otras franjas etarias que también desarrollan su trabajo durante la noche.


Otro aspecto que se debe considerar a la hora de evaluar el derecho a la jubilación anticipada del personal sanitario es el impacto que en él tuvo la pandemia de la COVID-19, que supuso, durante meses, la suspensión de sus derechos laborales
y un elevado número de contagios, así como, actualmente, diversos diagnósticos de COVID persistente. Todas ellas cuestiones que, sin duda, afectaron especialmente a las personas mayores de 60 años, que durante los peores meses de la COVID,
continuaron prestando asistencia para garantizar el bienestar de la población, a pesar de que su propio estado de salud también se estaba viendo afectado.


De la misma manera, es importante tener en consideración que, a pesar de ser un área profesional diverso, el sector sanitario está principalmente formado por mujeres, en muchos casos, con una vida laboral dilatada de más de 40 años de
servicio, prestado en turnos rotatorias. A pesar de a esto, cuando la salud de estas profesionales se deteriora, estas solo pueden optar a la jubilación anticipada, siempre es cuando tengan 63 años cumplidos, más de 40 años de vida laboral
continuada y asuman una penalización en su pensión, que supera el 13 % de descuento.


Después de largas vidas laborales, este es el reconocimiento que recibe el personal de la sanidad, a lo que se suma una acusada discriminación de género, al ser un área profesional especialmente feminizado, puesto que en él las mujeres
superan el 55 % del total del plantel (porcentaje mínimo para así considerarlo). Si atendemos a los datos, en la sanidad pública el porcentaje de mujeres es de un 78,4 % frente a un 21,6 % de hombres. La discriminación de género no debería ser
tolerable para un gobierno progresista. Los derechos laborales en el sector sanitario deberían tener la misma consideración que los de otros ámbitos laborales, altamente masculinizados, que sí disfrutan de coeficientes reductores para su
jubilación.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que:


1. Conforme la legislación vigente en materia de Seguridad Social, este gobierno final con la discriminación de género que afecta al personal de la sanidad.


2. Mediante Real Decreto regule la jubilación, en el año 2024, para las trabajadoras y trabajadores de la sanidad, mayores de 60 años y con largas vidas laborales, de más de 40 años de prestación de servicio.


3. Durante el año 2024, en el ámbito de negociación del Foro para el Diálogo Social, de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, se negocien los coeficientes reductores para
la jubilación voluntaria del personal de la sanidad, cuando la trabajadora o trabajador cumpla los 60 años.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.



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Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á xubilación das persoas traballadoras na sanidade pública, para o seu debate na Comisión de Sanidade.


Exposición de motivos


Desde o ano 2007, as distintas normas lexislativas en materia de seguridade social recollen no seu articulado que a idade mínima de xubilación pode ser rebaixada, mediante Real Decreto, a proposta do Ministerio de Seguridade Social, en todos
aqueles grupos ou actividades profesionais con traballos de natureza penosa, tóxica, perigosa ou insalubre, que acusen elevados índices de morbilidade e mortalidade.


Estas normas tamén estabelecen que se determinará o procedemento xeral para fixar os coeficientes redutores que permitan anticipar a idade de xubilación no sistema da Seguridade Social, o que incluiría, entre outras cuestións, a súa
incidencia nos procesos de incapacidade laboral das traballadoras e traballadores e os requirimentos físicos ou psíquicos esixidos para continuar coa actividade laboral a partir dunha determinada idade.


A lexislación en materia de Seguridade Social na que se recollen as cuestións nomeadas é a Lei 40/2007, de 4 de decembro, de medidas en materia de Seguridade Social, concretamente no artigo 161 bis referido á xubilación anticipada, o Real
Decreto 1698/2011, nos artigos 10 e seguintes e a Lei 21/2021, de 28 de decembro, de garantía do poder adquisitivo das pensións e doutras medidas de reforzo da sustentabilidade financeira e social do sistema público de pensións.


Non obstante, a pesar da normativa vixente, as traballadoras e traballadores da sanidade pública continúan agardando a que os distintos gobernos teñan en consideración as súas condicións de traballo, para poder acollerse ás normas aprobadas
desde o 2007.


O sector sanitario ten uns riscos laborais específicos e, ademais, presenta unha elevada taxa de problemas de saúde laboral. As traballadoras e traballadores da sanidade pública están expostos a riscos biolóxicos, químicos e a radiacións
ionizantes. Así mesmo, presentan riscos psicosociais por estaren en contacto permanente coa enfermidade e a morte.


Ademais, diferentes estudos recollen que as quendas rotatorias (en horario de maña, tarde e noite) están asociadas á aparición e desenvolvemento de enfermidades coronarias e cerebro-vasculares, así como á depresión, á síndrome metabólica e
ao cancro, entre outras; todas elas, enfermidades que se acaban por cronificar e non desaparecen cando se abandona o traballo.


A Organización Internacional do Traballo (OIT) calcula que unha persoa cun emprego a quendas sufrirá un envellecemento prematuro de cinco anos por cada 15 traballados de noite. Igualmente, tamén existen estudos sobre as consecuencias na
saúde das traballadoras e traballadores maiores de 55 anos, que realizan traballos nocturnos. Segundo estas investigacións, a porcentaxe de incapacidades laborais entre o persoal de entre 45 e 64 anos increméntase nun 68 %, con respecto a outras
franxas etarias que tamén desenvolven o seu traballo durante a noite.


Outro aspecto que se debe considerar á hora de avaliar o dereito á xubilación anticipada do persoal sanitario é o impacto que nel tivo a pandemia da COVID-19, que supuxo, durante meses, a suspensión dos seus dereitos laborais e un elevado
número de contaxios, así como actualmente diversos diagnósticos de COVID persistente. Todas elas cuestións que, sen dúbida, afectaron especialmente ás persoas maiores de 60 anos, que durante os peores meses da COVID, continuaron prestando
asistencia para garantir o benestar da poboación, a pesar de que o seu propio estado de saúde tamén se estaba vendo afectado.



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Da mesma maneira, é importante ter en consideración que, malia ser unha área profesional diversa, o sector sanitario está principalmente formado por mulleres, en moitos casos, cunha vida laboral dilatada de máis de 40 anos de servizo,
prestado en quendas rotatorias. Malia a isto, cando a saúde destas profesionais se deteriora, estas só poden optar á xubilación anticipada, sempre é cando teñan 63 anos cumpridos, máis de 40 anos de vida laboral continuada e asuman unha
penalización na súa pensión, que supera 13 % de desconto.


Despois de longas vidas laborais, este é o recoñecemento que recibe o persoal da sanidade, ao que se suma unha acusada discriminación de xénero, ao ser unha área profesional especialmente feminizado, posto que nel as mulleres superan 55 % do
total do cadro de persoal (porcentaxe mínima para así consideralo). Se atendemos aos datos, na sanidade pública a porcentaxe de mulleres é de 78,4 % frente a 21,6 % de homes. A discriminación de xénero non debería ser tolerábel para un goberno
progresista. Os dereitos laborais no sector sanitario deberían ter a mesma consideración que os doutros ámbitos laborais, altamente masculinizados, que si gozan de coeficientes redutores para a súa xubilación.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a que:


1. Conforme a lexislación vixente en materia de Seguridade Social, este goberno remate coa discriminación de xénero que afecta ao persoal da sanidade.


2. Mediante Real Decreto regule a xubilación, no ano 2024, para as traballadoras e traballadores da sanidade, maiores de 60 anos e con longas vidas laborais, de máis de 40 anos de prestación de servizo.


3. Durante o ano 2024, no ámbito de negociación do Foro para o Diálogo Social, da Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde, se negocien os coeficientes redutores para a xubilación
voluntaria do persoal da sanidade, cando a traballadora ou traballador cumpra os 60 anos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/000595


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la clarificación y mejora del
marco fiscal para la Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i), para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


La innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos y servicios son pilares fundamentales para el crecimiento económico, la competitividad internacional y la creación de empleo de calidad en la sociedad actual. Sin embargo, el
marco fiscal actual en España para la investigación, desarrollo e innovación (l+D+i) enfrenta serios desafíos que limitan su eficacia y ponen en riesgo la capacidad del país para atraer y retener talento y empresas en estos sectores críticos.



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Esta incertidumbre y falta de apoyo fiscal a los proyectos de investigación tiene un claro efecto sobre la inversión empresarial en l+D+i en nuestro país, situando esta inversión a en el vagón de cola de la inversión empresarial sobre PIB
respecto a nuestros socios europeos, y diez puntos porcentuales por debajo de la media de inversión de los países de la Unión Europea.


Una preocupación particular es la exclusión de ciertas actividades esenciales para el desarrollo de software, tales como el mantenimiento de aplicaciones, programación, pruebas y adaptación de software, de la base imponible para las
deducciones por l+D+i. Esta interpretación restrictiva de la normativa fiscal no solo desincentiva la inversión en tecnología y desarrollo sino que también crea una inseguridad jurídica significativa entre las empresas del sector. Esta situación es
especialmente preocupante en un contexto en el que otros países de nuestro entorno, como Portugal y Francia, ofrecen marcos fiscales más atractivos y claros para la innovación.


La revisión y reducción de las deducciones aplicables por la Agencia Tributaria, basada en una interpretación estrecha de las actividades elegibles, ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre las empresas de tecnología,
desalentando la realización de proyectos de l+D+i en España. Esta tendencia no solo afecta negativamente a la inversión interna sino que también pone en peligro la posición de España como destino atractivo para la innovación a nivel internacional.


En este contexto, es imperativo que se tomen medidas concretas para clarificar y mejorar el marco fiscal relacionado con la l+D+i, con el fin de restaurar la confianza del sector empresarial y asegurar que España pueda competir de manera
efectiva en la economía global del conocimiento.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Revisar y modificar la normativa fiscal actual para incluir una definición más amplia y clara de las actividades que califican para deducciones fiscales por l+D+i, asegurando que todas las actividades esenciales para el desarrollo
tecnológico y la innovación sean elegibles.


2. Emitir una guía detallada o aclaraciones sobre la aplicación de las deducciones fiscales por l+D+i para prevenir interpretaciones divergentes y asegurar un tratamiento fiscal justo y equitativo para todas las empresas.


3. Promover la seguridad jurídica en el ámbito fiscal para las actividades de l+D+i, garantizando que las empresas tengan certeza sobre las condiciones y requisitos para acceder a los incentivos fiscales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2024.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Pablo Pérez Coronado y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/000561


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente



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Proposición no de Ley relativa a la prevención del acoso escolar de los niños con autismo para su discusión en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


Primero. Los trastornos del espectro autista (TEA).


Según la Asociación Española de Pediatría, los trastornos del espectro autista ('TEA'), incardinados en los denominados trastornos generalizados del desarrollo 1, son 'trastornos del neurodesarrollo caracterizados por la presencia de
dificultades en la comunicación e interacción social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades' 2. Dentro de los TEA están incluidas varias clases de desórdenes como el trastorno autista ('TA'), trastorno de
Asperger ('TAs'), el trastorno desintegrativo infantil ('TDI') y los trastornos generalizados del desarrollo no especificado ('TGD-NOS'). De esta manera, una de las primeras características de estos trastornos es su diversidad en la intensidad de
cómo afecta e impacta a las personas.


En España, según datos de la Confederación Autismo España, 1 de cada 100 niños nace con alguna clase de TEA, lo cual se traduce en algo más de 4.000 niños al año. Actualmente en nuestro país viven casi medio millón de personas afectadas por
este trastorno, cifra que se eleva a 1.500.000 si se tiene en cuenta también como afectados a su círculo familiar 3.


La sintomatología de los niños que sufren TEA es muy variada: desde la evidente falta de comunicación e interacción social con otros menores o sus padres y seres queridos, hasta el desinterés en establecer contacto con los demás, la
incomprensión de las reglas no escritas y el apego irracional y obsesivo a elementos cotidianos.


Por ello, en ocasiones, es especialmente arduo su diagnóstico: en las primeras etapas vitales de los niños hay una delgada línea que separa al menor con TEA del que es simplemente tímido o silencioso 4. Los expertos recomiendan su
detección lo antes posible para, desde edades tempranas, trabajar con equipos multidisciplinares (neuropediatras, psicólogos, educadores...) que ayuden a los pacientes con TEA a desarrollar sus facultades cognitivas al máximo de sus capacidades y
así mejorar su calidad de vida en el presente y en el futuro 5.


Las personas que sufren TEA también presentan, en general, algunas fortalezas e inclinaciones hacia ciertos patrones de conducta que pueden ayudarles en el desarrollo de su personalidad y en la relación con el mundo, tales como su atención
al detalle, su inquietud por temas muy diversos, su seguimiento al milímetro de las acciones cotidianas del día a día y su tendencia a ejercitar la lógica en sus problemas diarios, entre otras 6.


Así, los niños con TEA desarrollan en sus comportamientos y actitudes unos condicionantes que influyen significativamente en sus relaciones con otros niños y sus compañeros de aula. Es fundamental reconocer estas conductas para, por una
parte, ayudar a los niños con TEA a sobrellevar sus dificultades y potenciar sus fortalezas y, por otra, concienciar al resto de sus compañeros sobre este tipo de trastorno y así evitar situaciones complicadas y degradantes para los niños que
padecen TEA, especialmente el acoso escolar o bullying.


1 https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/autismo


2 https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/08.pdf


3 https://diamundialautismo.com/entender-el-autismo/#:~:text=Estimamos%20que%20hay%20m%C3%Als%20de,que%20produce%20en%20sus%20familias.


4 Ibid., pág. 76:'En los niños mayores de 3 años, la sintomatología puede ser más clara, y por tanto la derivación es realizada con más frecuencia por sospecha de TEA. Sin embargo, en ocasiones la sintomatología no es tan clara y, por
tanto, la derivación puede ser por motivos diferentes como problemas de conducta, de socialización o de expresión y control emocional, problemas de aprendizaje, movimientos anormales, trastornos del lenguaje o torpeza motora'.


5 https://autismo.org.es/el-autismo/deteccion-y-diagnostico/


6 https://autismo.org.es/el-autismo/que-es-el-autismo/



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Segundo. El acoso escolar a los menores con autismo.


El acoso escolar es un fenómeno que la Real Academia Española define como, '[e]n centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás' 7.


Se trata de una práctica que, desgraciadamente, cada vez es más habitual en los centros docentes. Según datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes recogidos en el último Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar
en los Centros de Educación Primaria, casi 1 de cada 10 alumnos españoles afirma haber experimentado alguna vez situaciones de acoso dentro del recinto de la escuela 8. En la Educación Secundaria Obligatoria, los datos arrojan un escenario
parecido: de acuerdo con el último Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, un 15,6 % de los estudiantes dicen haber sufrido acoso por parte de alguno de sus compañeros alguna vez, a menudo o con
frecuencia 9.


Tales cifras aumentan sustancialmente en el caso de los niños que sufren autismo. Así, según recientes estudios, el 84 % de los niños que padecen alguna clase de trastorno del espectro autista ha sido objeto en alguna ocasión de situaciones
de acoso o bullying en la escuela 10. Se trata de sucesos en los que quienes acosan suelen ser, en general, los compañeros de aula que, con sus conductas de marginalización, violencia y actitudes vejatorias, provocan en los alumnos con TEA
consecuencias terribles como aislamiento social, retrasos en la vida académica e, incluso, conductas suicidas 11. Los medios de comunicación recogen múltiples historias de estos sucesos, como el caso de un chico de 12 años que sufrió una agresión
sexual en el colegio a manos de un compañero de clase, lo que provocó que dejara de acudir al centro al ver que no se tomaban medidas contra el agresor 12, o el caso de David, de 15 años, quien se tiró por el hueco de la escalera desde un primer
piso porque le animaron 13. Situaciones que, ya sea por falta de medios o por carecer de protocolos adecuados, no se afrontan adecuadamente, lo que pone de manifiesto que los recursos con los que cuenta la comunidad educativa son insuficientes.


Otro estudio reciente, el informe Situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España. Curso 2020-21 14, elaborado por la Confederación Autismo España, concluyó que el colectivo de alumnos con TEA es de los más
vulnerables y que las probabilidades de que sufran acoso escolar se incrementan hasta entre dos y cuatro veces respecto a los estudiantes que no padecen este trastorno.


El fenómeno más habitualmente experimentado por los pequeños es el de la exclusión social y suele ser más frecuente en las últimas etapas de la Educación Primaria y las primeras de la Educación Secundaria Obligatoria. Además, este mismo
informe denuncia que más dé uno de cada tres niños con TEA (un 33,5 %) no sabe identificar las situaciones de acoso escolar o bullying, con lo que la labor de prevención y detección de este fenómeno se hace todavía más compleja 15.


Los expertos demandan más prevención, protocolos de actuación rápidos y eficaces y formación del personal docente y auxiliar para que sepa cómo actuar ante casos de acoso escolar, en general, y de supuestos en los que las víctimas son niños
con TEA, en concreto 16.


7 http://dle.rae.es/acoso?m=form


8 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f3070940-540d-4ea9-b85a-8f9fcc301clb/estudio-estatal-sobrela-convivencia-escolar-en-centros-de-educacion-primaria-vf.pdf


9 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/estudio-estatal-sobre-la-convivencia-escolar-en-la-educacionsecundaria-obligatoria/educacion-secundaria-socializacion/13567


10 https://autismodiario.com/2023/03/03/el-84-de-alumnos-con-autismo-sufren-bullying/


11 Ibid.


12 https://amp.elmundo.es/papel/historias/2024/02/26/65dcb343e85ece6b568b4589.html


13 https://amp.elmundo.es/papel/historias/2023/12/14/657blellfc6c830b068b45b6.html


14 https://autismo.org.es/el-335-por-ciento-del-alumnado-con-autismo-no-sabe-identificar-si-es-victima-de-acoso-escolar/


15 Ibid.


16 Ibid.



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Tercero. Conclusión.


La población infantojuvenil diagnosticada con TEA está expuesta a mayores riesgos a la hora de sufrir prácticas de abuso y acoso por parte de sus compañeros de clase en los centros docentes. Los datos aportados muestran que son un grupo
especialmente vulnerable por las características propias de su trastorno, las cuales incitan al resto de alumnos a burlarse de ellos y agredirlos, al salirse de los patrones de conducta normotípicos en los niños.


El acoso escolar es una lacra social que hay que combatir desde todos los ángulos. De hecho, el Grupo Parlamentario VOX ya registró en la presente Legislatura una Proposición no de Ley específica para instar al Gobierno a diseñar un Plan de
Prevención del Acoso Escolar a nivel nacional para erradicar este fenómeno que es, por desgracia, creciente en nuestra Nación.


Por ello, resulta primordial tomar de nuevo la iniciativa y atajar un problema evidente en nuestra sociedad como es el del acoso escolar, especialmente en los niños con TEA. De esta manera, se logrará mejorar el bienestar de los niños con
estos trastornos, su inclusividad en los centros docentes, la tranquilidad de sus familias y la educación de los potenciales agresores, pues en esta labor preventiva no sólo hay que actuar con la víctima sino también con el acosador, para evitar que
se convierta en un futuro delincuente.


En definitiva, urge la actuación inmediata de los poderes públicos para proteger la calidad de vida de los niños con TEA, en especial en lo que se refiere a la protección de su normal desarrollo social y educativo.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar que aborde, especialmente, el acoso a niños con TEA y cualesquiera otros trastornos que necesiten una aproximación concreta por las características propias de los niños que los
sufren.


2. Impulsar la colaboración de las familias con los centros escolares para que aquellas que cuenten con hijos diagnosticados con TEA puedan participar activamente en las iniciativas para la sensibilización frente al acoso escolar.


3. Dotar a los centros escolares de los recursos necesarios para adaptar las herramientas de prevención, detección y lucha contra el acoso a las necesidades específicas de los alumnos con autismo.


4. Instruir al personal docente, así como al resto de la comunidad educativa, para saber actuar preventiva y posteriormente ante casos de acoso escolar a niños con TEA.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro y María de la Cabeza Ruiz Solás, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.



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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/005814


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Alonso Cantorné, Fèlix (GSUMAR)


Vidal Matas, Vicenç (GSUMAR)


Pueyo Sanz, Jorge (GSUMAR)


Estado de las líneas de tren que unen Fayón con Caspe y Zaragoza con Binéfar.


Acuerdo:


Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la Cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.


Exposición de motivos


El director general de Transportes del Gobierno de Aragón ha manifestado públicamente que no ve factible mantener el servicio de las líneas de tren que unen Fayón con Caspe y Zaragoza con Binéfar por el 'deplorable estado' de la
infraestructura ferroviaria. Estas declaraciones las hizo el director general, según recoge la prensa, después de concluir una reunión de seguimiento con Renfe y Adif el pasado 12 de marzo en la que se analizó el convenio que recoge la prestación
del servicio en estas líneas de tren.


Además de denunciar la deficiente condición de las infraestructuras ferroviarias, los continuos retrasos y la ausencia de compromiso de Renfe para mejorar la situación, el director general de Transportes incluso advirtió de los planes del
organismo público de reducir más paradas de las líneas nacionales que transitan por Aragón, fundamentalmente en los núcleos más pequeños.


En cualquier caso, estamos hablando de líneas regionales de ferrocarril importantes por el servicio público que prestan al cumplir una función de vertebración territorial y de cohesión social en esas zonas de Aragón. Estas conexiones
ferroviarias cuentan con la financiación del Gobierno de Aragón a través de un convenio con Renfe y Adif y es imprescindible asegurar una inversión suficiente para mantener la calidad del servicio prestado.


¿Qué datos tiene el Gobierno sobre el funcionamiento del servicio de las líneas de tren que unen Fayón con Caspe y Zaragoza con Binéfar?



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¿Es cierto que la infraestructura viaria se encuentra en una lamentable situación provocando continuos retrasos en la prestación del servicio, tal y como asegura el director general de Transportes?


¿Se ha planteado Renfe reducir más paradas de las líneas nacionales que pasan por Aragón, tal y como afirma el director general de Transportes?


¿Qué medidas va a tomar Renfe para asegurar un servicio público de calidad en las líneas ferroviarias hasta Fayón y Binéfar?


¿Se van a producir cambios en las condiciones del servicio ferroviario en estas líneas de Aragón?


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Vicenç Vidal Matas y Jorge Pueyo Sanz, Diputados.