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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 79, de 18/09/2024
cve: BOCG-15-CG-A-79
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCIÓN CORTES GENERALES
XV LEGISLATURA
Serie A: ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
18 de septiembre de 2024
Núm. 79
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/001132 (CD)
663/000074 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar el régimen democrático surgido de las urnas en Venezuela y defender al pueblo venezolano de Nicolás Maduro ...
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/001125 (CD)
663/000073 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reversión de la pobreza energética y la promoción de un Plan Nacional de Soberanía Energética ... (Página5)
161/001145 (CD)
663/000075 (S);Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para alcanzar el objetivo 16 'Paz, justicia e instituciones sólidas' que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lo
referente a la ejemplaridad de los cargos públicos ... (Página10)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
181/000427 (CD)
683/000102 (S);Pregunta formulada por los Diputados Milagros Marcos Ortega (GP), Conde López, Francisco José (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP), Gallardo
Barrena, Pedro Ignacio (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Hoyo Juliá, Belén (GP), Floriano Corrales, Carlos Javier (GP) y Uriarte Bengoechea, Edurne (GP), sobre acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para
asegurar el cumplimiento de la propuesta aprobada en la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso, concretamente, la Proposición no de Ley para que la Unión Europea pueda ejercer sus funciones de observación electoral en las elecciones
presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en Venezuela ... (Página12)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES
Comisión Mixta para la Unión Europea
161/001132 (CD)
663/000074 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a implantar el régimen democrático surgido de las urnas en Venezuela y defender al pueblo venezolano de Nicolás Maduro.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a implantar el régimen
democrático surgido de las urnas en Venezuela y defender al pueblo venezolano de Nicolás Maduro, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Exposición de motivos
El pasado domingo 28 de julio de 2024 se celebraron unas elecciones presidenciales de trascendental importancia en Venezuela. Todas las encuestas daban a Edmundo González Urrutia como ganador con una abrumadora mayoría y los resultados de
las actas conocidas y publicadas por la oposición, así lo reflejan. Tres semanas después, el régimen de Nicolás Maduro sigue sin reconocer los resultados y actuando de forma dictatorial, represaliando a quienes se manifiestan pacíficamente,
limitando el acceso a la información, programando un apagón informativo, señalando y encarcelando a quienes legalmente se han manifestado en las urnas en favor de la libertad y avanzando en su propia promesa de imponer un baño de sangre si los
resultados no le eran favorables.
Como antecedente a estas elecciones encontramos el Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 entre el Gobierno de Venezuela y la oposición representada en la Plataforma Unitaria Venezolana, mediante el cual se acordó la presencia de
misiones
electorales. Dicho acuerdo ha sido incumplido sistemáticamente por parte del Gobierno venezolano. Cabe destacar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en enero de 2024, de ratificar la inhabilitación política durante
quince años de la dirigente opositora María Corina Machado, imposibilitando que pudiera concurrir a estas elecciones.
A todo esto, se suma la negativa del Consejo Nacional Electoral a la observación internacional, revocando la invitación a la Unión Europea, en mayo de 2024, como 'consecuencia de la persistencia de las sanciones económicas', así como a otras
instituciones. El mismo fin de semana electoral se impidió que una delegación española compuesta por diputados, senadores y eurodiputados invitados por la candidatura de Edmundo González, pudieran acceder al país siendo expulsados tras su llegada
al aeropuerto, con la inexplicable connivencia del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero que actuaba de observador e invitado por el régimen del dictador Maduro. Todo ello a pesar de que la Comisión Mixta para la Unión Europea aprobó
por unanimidad en el mes de junio la implicación del Gobierno de España para asegurar la autorización de la observación internacional de UE en el proceso electoral.
Durante todo el proceso electoral se ha dificultado la inscripción para la votación de los venezolanos residentes en el extranjero, poniendo trabas burocráticas y otros tipos de inconvenientes. El día de las elecciones, durante el
transcurso de la jornada electoral se observaron varias conductas propias de un régimen dictatorial, como la de no abrir determinados colegios electorales, imposibilitar la labor de los testigos, saldándose incluso, con varias víctimas, tras los
ataques contra votantes y testigos en los alrededores de los colegios electorales.
El Gobierno venezolano anunció mediante el presidente del Consejo Nacional Electoral la victoria de Maduro con un 51,9 % de los votos emitidos frente al 44,2 % obtenido por Edmundo González. Cabe destacar que la comparecencia se produjo
tras más de 6 horas desde el cierre de los colegios electorales.
En cuanto a lo estrictamente relacionado con los resultados electorales, es necesario tener en cuenta que los primeros resultados obtenidos por la oposición mediante el recuento del 40 % de las actas que se tenían disponibles en ese momento,
ya reflejaban una contundente victoria de Edmundo González con un 70 % de los votos, frente al 30 % obtenido por Maduro. Este hecho ha sido comprobado con las actas oficiales publicadas por la oposición mientras el chavismo sigue sin publicar las
actas oficiales de los resultados electorales, pese a ser su obligación y a la reclamación internacional de que se hagan públicas.
Ante esta evidencia, los resultados oficiales han sido ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos. Asimismo, las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay solicitaron mediante un comunicado conjunto que se respetase el voto de los venezolanos: 'consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la
voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos'.
Diputados de estos países, a los que se han sumado los del Grupo Parlamentario Popular español, han dirigido un escrito a los presidentes de la República Federativa de Brasil, al de los Estados Unidos Mexicanos y al de la República de
Colombia solicitando su actuación para:
- que ejerzan su influencia para asegurar la aceptación de los resultados electorales del 28 de julio en el marco de la Constitución,
- que se promueva un proceso de negociación trasparente y justo,
- que denuncien la represión brutal y las violaciones de derechos humanos que está llevando a cabo el régimen de Nicolás Maduro.
A pesar de la trágica situación que está viviendo en Venezuela, y de las exigencias internacionales al reconocimiento de la voluntad popular manifestada en las urnas, el
régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro continúa con la represión, cierre de fuentes de información, encarcelamientos y amenazas a la oposición vencedora de las elecciones y a todos aquellos que pacíficamente exigen en las calles el
cumplimento de la voluntad legalmente manifestada en las urnas.
La falta de contundencia en la respuesta del Gobierno de España ante este atropello democrático en Venezuela, a pesar de gran relación que une al pueblo español con las familias venezolanas, contrasta con la condena firme que han hecho otros
países europeos como Francia, Alemania, Italia o Portugal, incluso con la postura manifestada por el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista español Josep Borrell instando a la
transición, o con el informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas en el que se destaca la 'falta de evidencias' de los resultados de las elecciones anunciados por las autoridades venezolanas.
Asimismo, llama poderosamente la atención el silencio cómplice del principal valedor de Nicolás Maduro en nuestro país, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ante todo lo que está ocurriendo en Venezuela, y sorprende especialmente el
apoyo incondicional que se le ha dado explícitamente desde el Gobierno, tal y como lo ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su comparecencia en el Senado, al señalar que el Gobierno 'aprecia y valora' la labor del
expresidente Zapatero en Venezuela, a pesar de no conocerse aún la posición del expresidente, y de que éste no haya condenado la represión a la que Nicolás Maduro está sometiendo al pueblo venezolano.
Todo ello obliga a intensificar la intervención internacional antes de que las consecuencias sean irreparables, a reforzar el papel que la Unión Europea puede desarrollar en este sentido y a adoptar todas las medidas necesarias para que la
libertad del pueblo venezolano sea respetada y pueda producirse una transición pacífica hacia la democracia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el seno de la Unión Europea:
1. Reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, respetando así la voluntad del pueblo venezolano reflejada democráticamente en las urnas.
2. La realización de todas las acciones oportunas para que cesen la tortura y la represión en Venezuela y se inicie una transición pacífica y ordenada hacia la democracia en el país.
3. La elaboración de un registro de los bienes que poseen en los Estados Miembros de la UE, las personas relacionadas directa e indirectamente con el régimen de Nicolás Maduro.
4. Requerir, en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, el endurecimiento de las sanciones a Venezuela hasta que el régimen de Nicolás Maduro acepte su derrota y dé lugar a una transición ordenada hacia el orden democrático en
el país'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de agosto de 2024.-Milagros Marcos Ortega, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Pedro Ignacio Gallardo Barrena,
Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Joan Mesquida Mayans, Belén Hoyo Juliá, Carlos Javier Floriano Corrales y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
161/001125 (CD)
663/000073 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX
Proposición no de Ley relativa a la reversión de la pobreza energética y la promoción de un Plan Nacional de Soberanía Energética.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
al Senado, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, en su respectiva condición de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reversión de la pobreza energética y la promoción de un Plan Nacional de Soberanía Energética, para su discusión en la Comisión Mixta
para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
Primero. Origen: Pacto Verde Europeo
El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea adoptó el Pacto Verde Europeo, en aplicación de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de 2015, y que conlleva una planificación que afecta, entre otros sectores, a la producción
energética 1. La imposición de las medidas incluidas en este documento programático, alineadas asimismo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, constituyen una amenaza directa para los principales sectores económicos en
España.
La ejecución de este plan, según los datos de la propia Comisión Europea, supondría un gasto anual de 260.000 millones de euros hasta 2030, que se costearían con nuevos
1 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/.
impuestos verdes a los ciudadanos europeos 2. Fijando el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030, teniendo en cuenta datos de 1990, se han adoptado una serie de medidas que han
provocado una situación de hiperinflación en los precios de la electricidad entre los años 2020 y 2023 3.
Segundo. El sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Emanada del Pacto Verde Europeo, la revisión de la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Unión 4, modificó el sistema de comercio de emisiones de CO2, orientado todo ello a que los Estados miembros de la Unión Europea ('UE') cumplan los compromisos de reducción de emisiones de CO2. La Directiva original 5 ya
había sido traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Los derechos de emisión se definen en el artículo 2.a) de la referida Ley como 'el derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono, desde una instalación o una aeronave que realiza una actividad de aviación incluida
en el ámbito de aplicación de esta Ley, durante un período determinado'. Esta exigencia, según varios informes 6, afectaría a más de 10.000 instalaciones electrointensivas 7 en Europa.
En el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión se distinguen dos formas de distribución de estos derechos según sea gratuita o por medio de subasta, y comprende cuatro fases. En las fases I (2005-2007) y II (2008-2012) la
asignación gratuita fue la principal y atendía como criterio al histórico de emisiones de la entidad, quedando la subasta como método residual. En la fase III (2013-2020) la subasta pasa a ser la principal forma de adquisición, comenzando con ello
un mercadeo entre las industrias. Y en la fase IV (2021-2030) se generaliza la subasta como método principal de obtención de derechos, programándose la desaparición de las asignaciones gratuitas entre 2026 y 2030 8.
De otra parte, cada año se distribuyen menos derechos, lo que obliga a las empresas a emitir cada vez menos CO2, o a adquirir más de estos derechos en subastas. Esta circunstancia de aumento de la demanda y disminución de la oferta,
encarece el precio de los derechos, afectando a la economía de las empresas, repercutiendo a su vez en la factura de la luz de los consumidores 9.
Al final del año las empresas deben justificar sus emisiones en virtud de los derechos en posesión, debiendo ser estos suficientes. En caso de no ser así, son sancionadas, mientras que, si han logrado reducir emisiones, conservan sus
derechos sobrantes para hacer uso de ellos o venderlos 10. Al ser bienes transferibles, se ha originado de este modo
2 https://gaceta.es/actualidad/soberania-energetica-la-guerra-climatica-de-la-ue-contra-las-economias-de-europa-20220322-0922/.
3 Ibidem.
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32023L0959.
5 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la
Directiva 96/61/CE del Consejo.
6 https://www.epe.es/es/activos/20240311/derechos-emision-co2-cuestan-hoy-casi-mitad-ano-pasado-99328821.
7 Industria cuyo principal factor de producción, aunque no el único, es la electricidad. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16350.
8 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de- emisión/intro-asignacion.html.
9 https://elperiodicodelaenergia.com/que-son-los-derechos-de-emision-de-co2-y-como-afectan-al-precio-de-la-luz/.
10 Ibidem.
un mercado especulativo 11 en torno a estos, dado que los mismos representan un valor seguro para los inversores, conscientes de que las instalaciones europeas están obligadas a adquirirlos 12.
Todo ello impulsa y determina la volatilidad del precio de los derechos del CO2 desde los 4 euros en enero de 2018, hasta haberse alcanzado los 100 euros en 2023 13.
El sistema de comercio de derechos de emisión perjudica gravemente la economía de las empresas y de los consumidores, siendo el único beneficiado por este sistema el Gobierno, que en el año 2023 recaudó en impuestos sobre gases fluorados de
efecto invernadero 109.874.000 euros (cap. 2 impuestos indirectos), un 15,5 % más que en 2022. Y en subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero el Ejecutivo recaudó un total 3.585.245.000 euros (cap. 5 ingresos patrimoniales)
en 2023, un 11 % más que en 2022 14.
Tercero. Subidas de los costes energéticos
El Gobierno ha culpado incesantemente de los elevados precios de la electricidad a la guerra de Ucrania, que dio comienzo en febrero de 2022. Sin embargo, la hiperinflación de precios obedece a razones anteriores al conflicto bélico. Así,
a finales de 2020 ya dio comienzo una escalada de precios en el mercado mayorista de la electricidad, que llegaron a alcanzar máximos históricos, eludiendo el Gobierno la responsabilidad de abordar el origen del problema: la falta de soberanía
energética.
Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 15 concluye que, a partir del otoño de 2020, se dio una subida en los precios del gas en los mercados internacionales, lo que vino motivado, entre otras causas, por un
aumento de la demanda del gas natural licuado por el mercado asiático, tensionando de este modo el precio del mercado de este gas tanto en Europa como en Asia. A partir de octubre de 2021, el mercado en Europa se vio afectado por la escasez de gas
almacenado, la restricción del suministro de gas ruso a las cantidades acordadas en contratos a largo plazo, las tensiones entre Rusia y Ucrania y el retraso por parte de Alemania en la puesta en marcha del gaseoducto Nord Stream 2. De este modo,
el precio medio del gas en el Mercado Ibérico del Gas fue de 47,31 euros/MWh, siendo un año marcado por fuertes fluctuaciones en el precio, que registró un mínimo de 14,92 euros/MWh y un máximo de 183 euros/ MWh 16.
Además, el Gobierno lleva años generando una campaña de desprestigio hacia la Energía Nuclear. El pasado 27 de diciembre de 2023 el Ejecutivo aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que establece la política del Gobierno en
materia de desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares entre 2027 y 2035 17. Ello es relevante teniendo en cuenta que los siete reactores nucleares operativos en España son fundamentales para asegurar el suministro y la estabilidad
del sistema eléctrico, siendo la única fuente que lleva doce años produciendo más del 20% de la electricidad en nuestra Nación y la que más horas funciona a plena potencia, concretamente, el 87,06 % del total de horas del año. De acuerdo con un
estudio del Foro de la Industria Nuclear Español, las centrales nucleares españolas produjeron en 2023 54.275,01 GWh, lo que supuso el 20,34 % del total de la producción eléctrica neta. Siendo la potencia instalada neta
11 https://www.elespanol.com/invertía/empresas/energía/20220526/ue-reconoce- especuladores-mercado-emisiones-disparar-co2/675182891_0.html.
12 https://www.elespanol.com/invertía/empresas/energia/20210316/precio-co2-ue-desbocado-burbuja-podria-empujarlo/566194806_0.html.
13 https://www.elperiodico.com/es/economia/20240311/volatilidad-llega-co2-contaminar-hoy-mas-99060976
14 https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/MENSUAL%2012-23.pdf.
15 https://www.cnmc.es/prensa/boletin-mayorista-gas-2021-20220427#:~:text=Se%20registraron%20subidas%20desde%20los,de%20la%20registrada%20en% 202019.
16 https://elperiodicodelaenergia.com/el-precio-medio-del-gas-en-mibgas-fue-47e-mwh-en-2021-cuando-marco-su-maximo/.
17 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2023/12/el-gobierno-aprueba-el-septimo-plan-general-de-residuos-radiacti.html.
de 7.117 MW, lo que representa tan solo el 5,71 % del total, situándose así como la segunda fuente de producción energética en España 18.
Además, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2023 (COP28), más de veinte países se comprometieron a triplicar la capacidad de energía nuclear para 2050, reconociendo así 'el papel clave de la energía nuclear
para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero' 19, siendo España de los pocos países que no firmaron esta propuesta. En la misma línea, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
marco de medidas para reforzar el ecosistema de fabricación de productos tecnológicos netos cero en Europa, incluye en su ámbito de aplicación las tecnologías energéticas de fusión y fisión nuclear, junto con las tecnologías de ciclo del combustible
nuclear como tecnologías de cero emisiones netas. Asimismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2023, sobre los reactores modulares pequeños pone de manifiesto entre sus considerandos que 'la energía nuclear puede contribuir
a mejorar la seguridad energética [...] dados sus costes de combustible y de funcionamiento relativamente bajos y su capacidad demostrada para proporcionar un suministro eléctrico de base estable y fiable', además de la necesidad de la Unión de
'mitigar sus riesgos de dependencia externa en términos de abastecimiento energético'. Sin embargo, el Gobierno español ha mantenido su posición frontal a esta industria potenciando el cierre de las centrales nucleares.
Cuarto. Medidas de naturaleza tributaria relativas a la energía
Como se ha mencionado anteriormente, desde el estallido de la invasión de Ucrania, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas tributarias con la intención de reducir la carga impositiva sobre el consumo energético. Sin embargo,
estas medidas no han tenido un carácter continuista, sino que han sido modificadas periódicamente, en un claro afán recaudatorio, sin tener en cuenta las necesidades de los españoles.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la electricidad fue reducido en el año 2021 del habitual 21 % al 10 % 20. Con las constantes subidas del precio de la luz de los meses posteriores, el Gobierno estableció una nueva bajada del IVA
del 10 % al 5 %, siendo de nuevo una medida temporal hasta el 31 diciembre de 2023 21. Por último, el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre estableció un tipo impositivo del 10 % desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 22.
Asimismo, en Impuesto Especial sobre la Electricidad ha sufrido variaciones en los últimos años. Este tributo, que grava el suministro de electricidad para consumo, recae sobre el contribuyente en su factura, incrementando el coste de la
factura de la luz, y supone una doble imposición. Desde septiembre del 2021 23 hasta el final del 2023, se mantuvo su tipo impositivo en el 0,5 %. Posteriormente, el 1 de enero de 2024 subió al 2,5 %, el 1 de abril al 3,8 % y el 1 de julio
recuperará su valor originario del 5,11 % 24.
18 https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/la-nuclear-se-reafirma-en-2023-como-una-fuente-de-estabilidad-robustez-y-competitividad/.
19 https://www.energy.gov/articles/cop28-countries-launch-declaration-triple-nuclear-energy-capacity-2050-recognizing-key.
20 Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del
agua.
21 Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto
sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
22 Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.
23 Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
24 Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.
Por último, debemos mencionar que IVA sobre el gas natural también ha sufrido variaciones. En septiembre del 2022, se rebajó el tipo impositivo del 21 % al 5 % 25.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2024 se aplicó el 10 % del IVA, recuperando posteriormente su tipo general del 21 % 26.
Quinto. Conclusiones
Frente al Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, el Grupo Parlamentario VOX apuesta por la soberanía energética, cuyo ejercicio ha de estar ordenado a obtener una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure
unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas. Esta es la única forma de combatir el fanatismo climático que, impulsado por Bruselas, han generado durante los últimos años 'la hiperinflación de los precios de la
electricidad' 27.
Por ello, urge el diseño de un Plan Nacional de Soberanía Energética para que España tenga la capacidad de decidir en qué invierte y cómo explota sus recursos naturales para reducir la dependencia; abaratar los costes; y, para poner la
energía, en definitiva, al servicio de los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover todas las reformas legislativas oportunas encaminadas a:
a) Suprimir el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
b) Reducir la fiscalidad energética de manera permanente, especialmente en materia de Impuesto sobre el valor añadido.
2. Diseñar un Plan Nacional de Soberanía Energética, que comprenda entre otros los siguientes aspectos:
a) Garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales.
b) Dicho Plan será ejecutado con carácter de urgencia por parte de los poderes públicos competentes y tendrá por objeto asegurar la soberanía energética de España con todos los medios al alcance para conseguir una energía barata, sostenible,
eficiente y limpia que garantice unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas.
c) Reducir la dependencia de terceros países.
3. Revisar de forma urgente el sistema de generación eléctrica en España para la reducción de los costes de este, garantizando la sostenibilidad de los agentes implicados.
4. Promover la extensión de la vida útil de las centrales nucleares y la creación de nuevas plantas de energía nuclear en cantidad suficiente para garantizar la soberanía energética. Asimismo, considerar esta fuente de energía como libre
de emisiones de CO2.
5. Promover, en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta por su carácter especulativo, ya que lastra la economía y provoca la pérdida de industria y
capacidad productiva esencial de los Estados Miembros.
25 Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre.
26 Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre.
27 https://gaceta.es/actualidad/soberania-energetica-la-guerra-climatica-de-la-ue-contra-las-economias-de-europa-20220322-0922/.
6. En tanto no se pongan en marcha las medidas solicitadas en el punto anterior, destinar el importe íntegro recaudado por los derechos de emisión de CO2 a rebajar la factura eléctrica de los españoles más necesitados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2024.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/001145 (CD)
663/000075 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley para alcanzar el objetivo 16 'Paz, justicia e instituciones sólidas' que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lo referente a la ejemplaridad de los cargos públicos.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento
de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para alcanzar el objetivo 16 'Paz,
justicia e instituciones sólidas' que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lo referente a la ejemplaridad de los cargos públicos, para su debate en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia
Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Exposición de motivos
La Asamblea de Naciones Unidas adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a
la justicia. Diecisiete objetivos con ciento sesenta y nueve metas integran esta Agenda elaborada tras más de dos años de consulta pública. En consecuencia, se estableció una agenda internacional proyectada hasta el año 2030 que se compone de 17
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y 169 metas.
La Agenda implica un compromiso común y universal, si bien cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda, considerando que es de especial interés realizar un
seguimiento adecuado de la fortaleza de las instituciones, con mayor motivo cuando surgen nuevos conflictos, ataques o situaciones de riesgo que pueden debilitarlas, o cuando el objetivo de unos pocos es capaz de alterar la democracia
gravemente y, en el caso de España, el estado de derecho que los ciudadanos españoles tienen garantizado por la Constitución de 1978.
El objetivo 16 se define como 'Paz, justicia e instituciones sólidas' y muchos de los retos o metas para su consecución van enfocados a la protección de las instituciones democráticas. La paz, la transparencia, la rendición de cuentas y el
Estado de Derecho son elementos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible.
En España, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la
información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública.
Dicha ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el
Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.
España se sitúa en el puesto 24, el último puesto dentro de la categoría de democracias plenas y debe mejorar más en participación política, según el estudio 'Democracy Index 2023', que realiza anualmente el medio británico The Economist y
que se ha consolidado como uno de los indicadores sobre calidad democrática de mayor prestigio.
El índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2023 indica que España se estanca en la prevención y lucha de la corrupción. Se mantiene en el puesto 14 de los 27 Estados Miembros dentro de la Unión Europea. Y de
acuerdo con los datos recabados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que sitúan la corrupción y el fraude como uno de los principales problemas que preocupan a los españoles, es necesario trabajar por conseguir unas instituciones
efectivas e inclusivas, que favorezcan un mercado estable, unas prácticas comerciales responsables y una competencia leal.
Precisamente, es de obligación prestar la debida atención a la meta 16.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace referencia a 'Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas'.
En nuestro país estamos asistiendo, por primera vez en la actual democracia, a un proceso judicial abierto contra la esposa del presidente de Gobierno por presunto 'tráfico de influencias' sin que el Presidente se avenga a dar explicaciones
con transparencia sobre este caso que no sólo atañe a su entorno personal, sino que sitúa a la Moncloa como centro de diversas reuniones.
Por otro lado, las conocidas como 'puertas giratorias' han sido la forma de compensar la salida de casi todos los ex ministros del Gobierno de Sánchez que han sido cesados de este cargo, colonizando a dedo instituciones que deberían ser
independientes o incluso embajadas.
En este sentido, muchos dirigentes de Ferraz o cercanos al presidente del Gobierno han tenido una segunda oportunidad dentro de los órganos del Estado: el nombramiento de los exministros de Industria y Cultura, Héctor Gómez y Miquel Iceta,
como nuevos embajadores ante la ONU y la UNESCO, respectivamente; la exvicepresidenta Carmen Calvo, al Consejo de Estado; la de Carmen Montón en la embajada ante los Estados Americanos; del expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, como
embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Alvaro García Ortiz, nombrado Fiscal General del Estado, amigo personal y mano derecha en lo profesional de su antecesora, Dolores Delgado, que también
fue ministra de Justicia con Sánchez y también fue nombrada Fiscal General del Estado; o Juan Carlos Campo, exministro de Justicia nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, entre otros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible insta al Gobierno a:
1. Trabajar activamente para cumplir el objetivo 16 de la Agenda 2030 ('Paz, justicia e instituciones sólidas'), mediante la implementación de políticas y mecanismos que aseguren unas instituciones más transparentes, responsables y
eficaces, que eviten la corrupción, las puertas giratorias en organismos independientes y protejan las libertades fundamentales.
2. Garantizar el acceso a la información de los ciudadanos y promocionar la participación ciudadana en los asuntos públicos a través del uso de las plataformas digitales.
3. Exigir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la publicación de la Memoria anual, correspondiente al año 2023, sobre el desarrollo de sus actividades y grado de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2024.-Sergio Sayas López, Carmelo Barrio Baroja, Tomás Cabezón Casas, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Alberto Fabra Part, Javier José Folch Blanc, Milagros Marcos Ortega, Joaquín
Melgarejo Moreno y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Mixta para la Unión Europea
181/000427 (CD)
683/000102 (S)
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Marcos Ortega, Milagros (GP)
Conde López, Francisco José (GP)
Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP)
Agüera Gago, Cristina (GP)
Delgado-Taramona Hernández, Jimena (GP)
Gallardo Barrena, Pedro Ignacio (GP)
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP)
Mesquida Mayans, Joan (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Floriano Corrales, Carlos Javier (GP)
Uriarte Bengoechea, Edurne (GP)
Acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para asegurar el cumplimiento de la propuesta aprobada en la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso, concretamente, la Proposición no de Ley para que la Unión Europea pueda ejercer sus
funciones de observación electoral en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio en Venezuela.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Asimismo, dar traslado al Gobierno, al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2024.-P.D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados:
Milagros Marcos Ortega, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Pedro Gallardo Barrena, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Joan M. Esqui da Mayans, Belén Hoyo
Juliá, Carlos Floriano Corrales Y Edurne Uriarte Bengoechea.
Texto:
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno de España para asegurar el cumplimento de la propuesta aprobada en la Comisión Mixta en el Congreso, concretamente, la Proposición no de ley para que la Unión Europea pudiera ejercer sus funciones
de observación electoral en las elecciones presidenciales previstas para el día 28 de julio de 2024 en Venezuela (número de expediente del Congreso de los Diputados 161/000951)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 2024.-Milagros Marcos Ortega, Francisco José Conde López, María Eugenia Carballedo Berlanga, Cristina Agüera Gago, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Pablo
Hispán Iglesias de Ussel, Joan Mesquida Mayans, Belén Hoyo Juliá, Carlos Javier Floriano Corrales y Edurne Uriarte Bengoechea, Diputados.