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BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 17-3, de 25/09/2023
cve: BOCG-15-B-17-3 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie B: PROPOSICIONES DE LEY


25 de septiembre de 2023


Núm. 17-3



ENMIENDAS


410/000001 Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas y admitidas a trámite a la Proposición de reforma del
Reglamento del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


ENMIENDA NÚM. 1


Grupo Parlamentario VOX


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo que se acompaña, de la
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2023.-María José Rodríguez de Milán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Enmienda a la totalidad con texto alternativo


Exposición de motivos


I


El pasado 6 de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, el llamado Grupo Republicano, el Grupo Parlamentario EH Bildu, el Grupo Parlamentario Vasco y el representante del Bloque Nacionalista
Gallego, adscrito al Grupo Mixto, registraron la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados (Núm. Reg. 1597) ('Proposición'), solicitando su tramitación directa y en lectura única 1.


1 En este punto, se debe recordar que el Grupo Parlamentario VOX, en escrito de fecha 29 de agosto de 2023, solicitó la reconsideración de la Mesa de la Cámara y su Presidencia sobre la validez de la constitución de uno de los Grupos
Parlamentarios firmantes de esta iniciativa, en concreto del Grupo Republicano, sobre el que todavía no se ha recibido respuesta, y que afectaría a la capacidad de dicho Grupo Parlamentario para la presentación de la iniciativa.



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La Proposición tiene por objeto la modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados ('RCD o el Reglamento') para que se puedan utilizar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria lenguas españolas distintas del español,
tanto en las intervenciones orales en sesión plenaria, diputación permanente o comisiones, como en la presentación de escritos. Asimismo, el 'Diario de Sesiones' y las 'Actas taquigráficas' (para las sesiones secretas) deberán reproducirse
íntegramente, según la propuesta, en la lengua en la que se pronuncien.


Por otra parte, el texto establece la obligación de acometer, en el plazo más breve posible, la tarea de revisar el Reglamento en su totalidad para adecuarlo a lo que el Gobierno llama 'lenguaje inclusivo de género'.


II


Consecuencias sustanciales.


En primer lugar, la pretendida reforma supone un ataque al principio de la indisoluble unidad de España que la Constitución Española ('CE') establece en su artículo 2, puesto que la lengua es un elemento esencial para consolidar la unidad
política de una nación. La reforma ataca directamente la importancia de la lengua española como elemento de cohesión política y territorial, generando una fractura social que no existía y que tendrá consecuencias nefastas para el futuro del sistema
representativo de España y para la convivencia entre los españoles.


La utilización política de las lenguas regionales por movimientos separatistas está en la esencia misma de su génesis y de toda su trayectoria histórica. Es indudable que para ellos esta utilización no es una manifestación de su
preocupación por su preservación, sino que expresa perfectamente su uso como herramienta política de división. Si la Proposición se termina aprobando, se podrá asistir a un lamentable espectáculo de empleo absolutamente innecesario de lenguas
regionales por parte de diputados que entienden, todos ellos, la lengua común. Con ello, el propósito divisivo de los separatistas va a alcanzar nuevas cotas, conduciendo a una verdadera torre de Babel en la sede de la soberanía nacional.


En segundo lugar, vulnera el artículo 3.1. CE, que indica que el castellano 'es la lengua española oficial del Estado'. Asimismo, el apartado 2 del mismo artículo es meridianamente claro en cuanto al ámbito de la oficialidad de las demás
lenguas españolas: 'las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos'. Aunque, de acuerdo con el artículo 3.3, de la CE, las lenguas que se hablan en determinadas regiones del territorio nacional son también lenguas españolas que
forman parte de nuestro patrimonio cultural, el Tribunal Constitucional ('TC') ha reiterado que, conforme al modelo jurídicamente establecido por la CE, el castellano es la única lengua que los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a
utilizar en tanto que es la lengua oficial del Estado:


'El castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español' (SSTC 82/1986 y 46/1991).


'Sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen' (SSTC 82/86 y 84/86).


'No existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial' (STC 84/1986).


Por tanto, el español es la lengua que, antes que cualquier otra, necesita ser considerada, como un bien preferente a proteger, impulsar y desarrollar a todos los efectos y en todos los foros, tanto internos como externos 2.


En tercer lugar, el empleo de lenguas distintas al español en el debate parlamentario vulnera el derecho fundamental al ejercicio de la función representativa recogido en el


2 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/11/Informe-7-20211130.pdf



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artículo 23 de la CE, en tanto que todos los Diputados tienen el deber de conocer el español y no otra lengua. Cuando un Diputado utilice un idioma que otros representantes no conozcan estará impidiendo a estos el pleno ejercicio de su
derecho de representación. En cualquier caso, esta transgresión no se vería subsanada con la intermediación de un traductor, puesto que esta forma de participación parlamentaria siempre va a conllevar la pérdida de información y matices relevantes.


En último lugar, cabe denunciar que el empleo de las lenguas regionales en la actividad parlamentaria privará a la mayoría del pueblo español de la posibilidad de conocer y comprender al momento todas las actuaciones, medidas e
intervenciones que se producen en el órgano que les representa.


Consecuencias económicas y procedimentales.


En el ámbito material la Proposición obliga al Congreso a disponer, dentro de los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, de unos servicios de traducción e interpretación de todas las lenguas que se
pretendan utilizar en la actividad parlamentaria. Esto supondrá un aumento del gasto en recursos personales y materiales.


La aprobación de esta medida implicará un gasto político innecesario que será sufragado por los contribuyentes en un momento en el que estos se encuentran asfixiados por la situación económica que atraviesa España (v. gr., IPC al alza 3,
precio de la vivienda alcanzando récords históricos 4 o deuda pública en el 113,1 % con respecto al PIB 5).


Dado lo anterior, los cambios propuestos no beneficiarían de ninguna manera a los españoles. Por el contrario, asumir las modificaciones incluidas en esta Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados contravendría el
sentido común, aumentaría el gasto superfluo y la burocracia innecesaria y, sobre todo, sería parte de un ataque más amplio contra el orden constitucional y contra la unidad de España.


III


La presentación de esta Proposición por parte del Grupo Parlamentario Socialista supone un cambio radical de la postura del referido Grupo en relación con el uso del español y de las lenguas regionales en las instituciones estatales. Así
consta en las intervenciones de los representantes de dicho grupo parlamentario en el debate de la Proposición no de Ley sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística 6 registrada por EH Bildu en 2021, en el que don Marc Lamuà Estañol
afirmaba que aprobar el texto propuesto por los separatistas significaba incurrir en irresponsabilidad política, o que lo que realmente se buscaba era traer por la puerta de atrás unos puntos que requieren reformas constitucionales sin señalarlo,
sin advertirlo, camuflando las intenciones 7. Asimismo, en el debate en Pleno de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre el uso de las lenguas oficiales y reconocidas estatutariamente en sus Comunidades
Autónomas en el Congreso de los Diputados 8 registrada en 2022 por los grupos parlamentarios Republicano, Plural y Vasco (EAJ-PNV),


3 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ulti
Datos&idp=1254735976607



4 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838&menu=ulti
Datos&idp=1254735976607



5

ref='https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-espana/Ia-deuda-de-Ias-administraciones-publicas-ascendio-a-1-569-mm-de-euros--el-113-1%25-del-pib--en-junio-de-2023.html#:~:text=Banco%20de%20Espa%C3%Bla-,La
%20deuda%20d


e%20las%20Administraciones%20P%C3%BAblicas%20ascendi%C3%B3%20a%201.569%20mm,PIB%2C%20en%20junio%20de%202023'>https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/notas-banco-espana/Ia-deuda-de-Ias-administraciones-publicas-ascen
dio-a-1-569- mm-de-euros--el-113-1%25-del-pib--en-junio-de-2023.html#:~:text=Banco%20de%20Espa%C3%Bla-,La%20deuda%20de%20las%20Administraciones%20P%C3%BAblicas%20ascendi%C3%B3%20a%201.569%20mm,PIB%2C%20en%20junio%20de%202023


6

ref='https://www.congreso.es/es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetaIle&_iniciativas_legislatura=XIV&_miciativas_id=162/000471'>https://www.congreso.
es/es/web/gu est/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetaIle&_iniciativas_legislatura=XIV&_miciativas_id=162/000471


7 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-84.PDF#page=44


8 https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_
imciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=410%2F000021




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el representante socialista, don Guillermo Meijón Couselo, afirmaba que para los socialistas, la férrea defensa de las lenguas propias, (...) no puede ser utilizada de forma mezquina 9, votando finalmente en contra del texto de los
proponentes.


De lo anterior solamente hay una conclusión posible: lo que ahora busca el Grupo Parlamentario Socialista al presentar esta Proposición no es la promoción de la pluralidad lingüística en España, ni tampoco el bien común, sino mantenerse en
el poder mediante concesiones a los partidos separatistas, aun a costa de los intereses de los españoles y de sus propios votantes.


IV


En cuanto a la tramitación parlamentaria de la iniciativa, los proponentes han solicitado su tramitación por el procedimiento de urgencia y en lectura única, lo que supone apartarse completamente del funcionamiento adecuado y responsable de
la principal cámara legislativa del Estado.


La competencia para acordar la aplicación del procedimiento de urgencia corresponde, conforme al artículo 93.1 del Reglamento, a la Mesa de la Cámara. Al aplicarse en esta iniciativa, nos hallamos ante una decisión procedimental
manifiestamente inapropiada, por responder claramente a los intereses políticos de los grupos que tienen el control del órgano de gobierno del Congreso. Una aplicación del procedimiento de urgencia que contrasta de modo sangrante con los supuestos
de ampliación de plazos observados en la pasada legislatura en casos de tanta urgencia social como la tramitación de una Ley que diera respuesta a los enfermos de ELA.


Por una parte, el procedimiento de urgencia reduce a la mitad los plazos establecidos para los procedimientos de carácter ordinario. Por otra, la tramitación en lectura única habría de reservarse, tal y como indica el Reglamento, para
cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita 10. Sin embargo, la cuestión de la lengua no es un asunto baladí y así lo reconoce el mismo texto de la
Proposición cuando señala que la regulación del régimen lingüístico incide sobre materias de considerable importancia, simbólica y afectiva. Por tanto, no parece razonable que la modificación de artículos que atañen al derecho y al deber de conocer
el español se lleve a cabo de la forma pretendida.


V


En pasados debates parlamentarios, algunos miembros del Congreso de los Diputados han pretendido en numerosas ocasiones realizar sus intervenciones en alguna de las distintas lenguas regionales de España. Estas conductas suponían una
transgresión del Reglamento del Congreso de los Diputados y una vulneración del precepto constitucional que otorga al español un lugar preeminente como lengua oficial del Estado.


Así, la presidencia de la Cámara se ha visto obligada en varias ocasiones a llamar al orden y a expulsar del Pleno a parlamentarios que se negaban a hablar en español 11 y que se obcecaban en hablar en una lengua desconocida para el resto de
los Diputados. Ejemplo de ello consta en el Diario de Sesiones del día 21 de junio de 2022, durante el debate en Pleno de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre el uso de las lenguas oficiales y reconocidas
estatutariamente en sus Comunidades Autónomas en el Congreso de los Diputados 12 registrada por los grupos parlamentarios Republicano, Plural y Vasco (EAJ-PNV). En aquella sesión, la vicepresidencia de la Mesa del Congreso, tras varias llamadas al
orden ante la insistencia


9 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-194.PDF#page=4


10 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196


11

ref='https://www.europapress.es/nacional/noticia-joan-tarda-expulsado-pleno-congreso-insistir-hablar-catalan-20130411120424.html'>https://www.europapress.es/nacional/noticia-joan-tarda-expulsado-pleno-congreso-insistir-hablar-catalan-20130411
120424.html< /a>


12

ref='https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&iniciativas_Iegislatura=XIV&_iniciativas_id=410%2F000021'>https://www.congreso.es/es/bu
squeda-de-in iciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&iniciativas_Iegislatura=XIV&_iniciativas_id=410%2F000021



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de una de las diputadas intervinientes de hablar en catalán, le acabó instando a abandonar la tribuna al amparo de los artículos 103 y 104 del Reglamento 13. Posteriormente, situaciones análogas se repitieron con los intervinientes de otros
grupos proponentes, entorpeciendo el debate parlamentario y el correcto funcionamiento de la Cámara.


Igual ocurrió en la sesión del 17 de mayo de 2022 cuando la presidente del Congreso, Dña. Meritxell Batet Lamaña, conminó a un diputado del Grupo Parlamentario Mixto a que abandonara la tribuna tras solicitarle en varias ocasiones que se
dirigiera en español al resto de la Cámara, puesto que así lo preceptuaba el Reglamento.


Sin embargo, estos sucesos se remontan a legislaturas anteriores, en las que la Presidencia del Congreso, como se ha indicado, ya se vio obligada a llamar al orden y a expulsar del Pleno a parlamentarios que se negaban a hablar en español.


Recientemente, en la sesión constitutiva de la XV Legislatura, también varios parlamentarios pronunciaron su juramento o promesa de acatamiento de la Constitución en una lengua distinta al español 14, contraviniendo el artículo 3 de la CE e
impidiendo que la mayor parte de los miembros de la Cámara pudiesen entender claramente si lo que aquellos diputados estaban haciendo era una promesa de acatar la Constitución o si, por el contrario, la estaban atacando.


En definitiva, para asegurar el cumplimiento del precepto constitucional que mandata proteger el derecho al uso del español, así como el deber de conocerlo, deviene necesario introducir una modificación del Reglamento que incluya
explícitamente como un deber de todos los Diputados la utilización del español en el desempeño de su actividad parlamentaria.


La presente propuesta consta de un único artículo y de una disposición final.


Artículo único. Modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982.


Uno. Se añade un apartado nuevo 2 al artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos:


'2. Los Diputados están obligados a utilizar el español en el ejercicio de su actividad parlamentaria, tanto en sus intervenciones orales como en los escritos que presenten en el Congreso.'


Disposición final única. Entrada en vigor.


La presente modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados.


ENMIENDA NÚM. 2


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)


Enmienda


De adición.


Nueva disposición adicional.


'Disposición adicional segunda.


En el plazo más breve posible, la Mesa tomará los acuerdos necesarios para que las iniciativas legislativas, una vez aprobadas definitivamente por la Cámara, sean publicadas en la correspondiente publicación oficial del Congreso de los


13 Ídem.


14 https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/PL/DSCD-15-PL-1.PDF



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Diputados, con carácter de versión auténtica, en las lenguas que tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía.'


JUSTIFICACIÓN


Es fundamental poder contar con versiones auténticas (más allá de traducciones más o menos reconocidas) en cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el
correspondiente Estatuto de Autonomía, de la producción del Congreso de los Diputados con efectos jurídicos para la sociedad y la ciudadanía.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2023.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente reformulación al escrito con número de registro 1834 al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes y en la disposición final segunda del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, mediante la cual se presentan las siguientes enmiendas al articulado a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Exposición de motivos


El artículo 3.1 de la CE consagra el castellano como única lengua oficial del Estado. La oficialidad del castellano implica que es el idioma de comunicación de los poderes públicos entre ellos y de los ciudadanos ante ellos en el conjunto
del Estado, en todo el territorio nacional. Cuando el artículo 3.1 de la CE se refiere al Estado lo hace como el conjunto de los poderes públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, de donde resulta que el
castellano es lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio de España.


La remisión que hace el artículo 3.2 de la CE a lo dispuesto en las normas estatutarias de las respectivas Comunidades Autónomas se completa con la declaración de cooficialidad de sus respectivas lenguas que formulan los estatutos de
autonomía del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.


Según el artículo 3.2, las demás lenguas de España son también oficiales 'en las respectivas Comunidades Autónomas', es decir, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio de la
correspondiente Comunidad Autónoma, incluyendo a los órganos de la Administración del Estado.


La cooficialidad del español y de la correspondiente lengua oficial en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, implica que la utilización de una u otra lengua por cualquiera de los poderes públicos en ellos radicados tenga la
misma validez jurídica, tanto el derecho a usar sólo una de ellas en exclusiva, como el derecho a usarlas de manera indistinta.


La Constitución Española no ha diseñado un sistema de cooficialidad de todas las lenguas españolas en todo el territorio de España. Al contrario, ha configurado un modelo de oficialidad única del castellano en todo el territorio y de
cooficialidad del castellano y la correspondiente lengua cooficial en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.


En la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso que se enmienda si bien no se designan las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas como lenguas



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oficiales del Congreso, se atribuye a la utilización de estas lenguas los efectos propios y genuinos del estatus de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados: derecho de los diputados a usar las lenguas cooficiales en todos los
ámbitos de la actividad parlamentaria (artículo único uno, que da una nueva redacción al artículo 6.3 del Reglamento); facultad de los Diputados de pronunciar sus discursos en cualquiera de las lenguas cooficiales (artículo único tres, que da una
nueva redacción al artículo 70.2 del Reglamento del Congreso); presentación de escritos en cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma (artículo único cuatro, que da una nueva redacción al artículo 92.1 del
Reglamento del Congreso.


La atribución a lenguas españolas distintas del castellano de estos efectos propios de la oficialidad que no es conforme con el artículo 3.1 de la Constitución, que consagra el castellano como lengua oficial del Estado; y no es conforme con
el artículo 3.2 de la Constitución, que circunscribe la oficialidad del resto de las lenguas españolas al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.


Es decir, los preceptos referidos de la Proposición de Reforma extienden la oficialidad de las lenguas cooficiales con el español a todo el territorio del Estado, rebasando el ámbito territorial de la oficialidad, circunscrito por el
artículo 3.2 de la CE 'a la respectiva Comunidad Autónoma'. Y desplazan y desactivan la oficialidad del castellano como lengua oficial del Estado contenida en el artículo 3.1 de la CE.


La oficialidad del castellano en todo el Estado ordenada por el artículo 3.1 de la CE no se satisface con la traducción de una intervención o documento al castellano sino con la utilización del castellano como única lengua oficial de la
Institución. El Congreso de los Diputados, en tanto institución del Estado, tiene como única lengua oficial la del Estado, es decir, el castellano.


Como estableció el Tribunal Constitucional con meridiana claridad en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, en su Fundamento Jurídico 21, 'Tratándose de órganos constitucionales o jurisdiccionales de naturaleza y significación exclusivamente
estatales, a los que se refiere el precepto que examinamos, también debe tenerse en cuenta que, con independencia del lugar donde radique su sede y de donde reciban el impulso para actuar, su actividad se ejerce con referencia no a una determinada
Comunidad Autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que no puede tener cabida en ellos la cooficialidad idiomática'.


La imposibilidad constitucional de dotar a las lenguas españolas cooficiales de los efectos de lenguas oficiales del Estado no pugna con el especial respeto y promoción que de ellas predica el artículo 3.3 de la Constitución. Este respeto y
protección corresponden, lógicamente, al Estado y a las propias Comunidades Autónomas en cuyo territorio sea cooficial la respectiva lengua. Tales actuaciones de protección podrán desenvolverse bajo distintas medidas, formas o procedimientos de
promoción de su conocimiento y utilización que no pueden consistir en la extensión de los efectos propios de la oficialidad fuera el ámbito de la Comunidad Autónoma. Basta una interpretación sistemática del precepto para concluir que una
interpretación extensiva de estos deberes de respeto y protección contemplados en el citado artículo 3.3 de la Constitución no puede contravenir la literalidad de los apartados 1 y 2 del precepto objeto de continua cita.


Tampoco la apelación a la deseable convivencia democrática contenida en la Exposición de Motivos de la Proposición permite alterar el sistema lingüístico diseñado por el tan citado artículo 3 de la Constitución. No en vano, el propio
preámbulo de la Constitución proclama la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución. Convivencia democrática y respeto a la Constitución son inseparables: solo dentro del respeto a la Norma
Fundamental, dada y aprobada justamente para garantizar un régimen constitucional de libertad, igualdad y pluralismo político, puede alcanzarse la convivencia democrática. Sólo a través del respeto a la Constitución puede alcanzarse una convivencia
democrática. Dicho de otro modo; la convivencia democrática, señalada como aspiración de la Nación Española, no legitima ni ampara la vulneración de preceptos y principios constitucionales, en particular, del sistema lingüístico de la
Constitución, sino que justamente sólo puede alcanzarse dentro de su



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marco y de su aplicación. La convivencia democrática no es un principio constitucional, un mandato, una prescripción, un derecho, una facultad que pueda pugnar, contraponerse o ponderarse con principios y preceptos constitucionales, sino
que es una 'aspiración' que la propia Norma Fundamental sólo permite alcanzar 'dentro de la Constitución'.


El artículo 23.1 de la Constitución consagra el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. El apartado 2 de este artículo 23 reconoce el derecho fundamental a
acceder a cargos públicos. Las Ss. TC 10/1983, de 21 de febrero, y 32/1985, de 6 de marzo, entendieron que el derecho de acceder a los cargos de naturaleza representativa implica necesariamente el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo
con la ley, entendiendo incluidos en el concepto de ley a los reglamentos parlamentarios, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas.


Igualmente, estas sentencias razonaron que el derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución ha de ponerse en relación con el derecho contenido en el artículo 23.1, puesto que son los representantes políticos quienes actualizan el
derecho de los ciudadanos a la participación.


El derecho a acceder a cargos y funciones públicas es un derecho de configuración legal, correspondiendo en virtud del artículo 53.1 de la Constitución sólo a la ley, concepto en el que se incluyen los reglamentos parlamentarios, ordenar los
derechos y facultades que correspondan a los distintos cargos públicos y que pasan a integrarse en el estatus propio de cada uno de ellos.


La Proposición prevé el derecho de los Diputados a usar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria; la facultad de los Diputados de pronunciar sus discursos en cualquiera de las lenguas cooficiales; y la
presentación de escritos en cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna Comunidad Autónoma.


Estos preceptos, sin embargo, no regulan los procedimientos y mecanismos de traducción e interpretación que posibiliten el adecuado entendimiento por los Diputados y por los ciudadanos a quienes representan de las intervenciones, escritos y
actuaciones que se produzcan en idiomas distintos del castellano, único idioma oficial del todo el Estado y que todos los Diputados tienen la obligación constitucional de conocer.


No puede dejar de señalarse, además, que la actividad parlamentaria se rige en todos sus ámbitos por el principio de inmediatez. Ello comporta el sometimiento a plazos marcados reglamentariamente, en muchos casos muy breves, que en relación
con determinadas iniciativas, presentación de enmiendas -singularmente las enmiendas transaccionales o in voce-, requerirían previamente todo un proceso de traducción a la lengua común, el castellano, para posibilitar su calificación y los
siguientes pasos del procedimiento hasta llegar finalmente a debate.


Mención aparte merece también la extraordinaria dificultad que supondrá garantizar a todos los diputados presentes en cualquier órgano, ya sea pleno o comisión, el seguimiento -con la precisa exactitud de la traducción-, de un debate. Valga
como ejemplo la sustanciación de preguntas orales en pleno en las sesiones de control al Gobierno, actividad en la que ese principio de inmediatez es más evidente.


La Proposición omite así la regulación de elementos básicos y esenciales del ejercicio por los Diputados de su cargo representativo, obvia cualquier regulación que asegure el necesario equilibrio entre la prevista utilización en el Congreso
de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas y el derecho fundamental de los parlamentarios al ejercicio de sus funciones sin obstáculo alguno derivado del desconocimiento de estas lenguas.


La iniciativa que se somete a votación no nace de la vocación de acuerdos que deben presidir cualquier reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, sino de los acuerdos adoptados por un grupo político con grupos minoritarios, con el
único objetivo de recabar los apoyos necesarios para obtener la presidencia del Congreso, y para una eventual investidura de Sánchez. Razón por la que la enmienda que proponemos remite al texto del Reglamento, tal y como estaba con carácter previo
a esta iniciativa.


El Grupo Parlamentario Popular no considera oportuno realizar ninguna de las reformas que se proponen a los artículos del Reglamento en esta Proposición de Reforma.



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ENMIENDA NÚM. 3


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Enmienda


Al artículo único


De supresión.


Se propone la supresión del artículo único de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


JUSTIFICACIÓN


Mejora técnica.


ENMIENDA NÚM. 4


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Enmienda


A la disposición transitoria


De supresión.


Se propone la supresión de la Disposición Transitoria de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


JUSTIFICACIÓN


Mejora técnica.


ENMIENDA NÚM. 5


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Enmienda


A la disposición adicional


De supresión.


Se propone la supresión de la Disposición Adicional de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.


JUSTIFICACIÓN


Mejora técnica.