El señor presidente lee el punto 3.2.5.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Interior, su
señoría la senadora Castro Mateos.

La señora CASTRO MATEOS: Gracias, señor
presidente. Buenos días.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se
establecen las normas que faciliten el uso de información financiera y de
otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento
de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y otras
disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del
Código Penal.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del pleno del Senado y que se tramita por el
procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta cámara el 1 de julio
de 2022, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 7 de
julio de 2022 y en dicho plazo se presentaron dieciséis enmiendas de los
diversos grupos parlamentarios.

El día 12 de julio se reunió la ponencia,
integrada por los siguientes senadores: don Xabier Castellana Gamisans,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu; don Josep Lluis
Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Alfonso Gil
Invernón, del Grupo Parlamentario Socialista; don Miguel Ángel Heredia
Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista; don Koldo Martínez
Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; don
Fernando Martínez-Maíllo Toribio, del Grupo Parlamentario Popular; doña
Yolanda Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; doña Almudena
Otaola Urquijo, del Grupo Parlamentario Vasco; doña María Victoria de
Pablo Dávila, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Ponce
Gallardo, del Grupo Parlamentario Democrático; y don Carlos Yécora, del
Grupo Parlamentario Popular. Dicha ponencia no introdujo modificaciones
en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

El mismo día 12 de julio, se reunió la
comisión, que emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia.

Han presentado votos particulares a este
proyecto de ley los señores González-Robatto Perote, Marín Gascón y la
señora Merelo Palomares, del Grupo Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez,
del Grupo Nacionalista; el señor Gómez Perpinyà, de Izquierda Confederal,
y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
senadora Castro Mateos.

Señorías, correspondería abordar el debate de
totalidad y, de no hacer ninguna intervención, pasaríamos al debate del
articulado.

¿Algún grupo desea intervenir en el debate de
totalidad? (El señor Catalán Higueras pide la palabra).

Senador Catalán, tiene la palabra.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señor presidente. Señorías, muy buenos días.

En Unión del Pueblo Navarro manifestamos que
nosotros compartimos el objetivo perseguido por la directiva europea, con
esta trasposición que en la mañana hoy se quiere realizar, sobre todo
porque coincidimos en la lucha contra el fraude financiero, el blanqueo
de capital y la financiación del terrorismo. En la formación política en
la que milito siempre hemos considerado que la cooperación es algo
esencial para mejorar los servicios y el bienestar que prestamos a los
ciudadanos y, de manera especial, para combatir a aquellas personas y a
aquellos colectivos que quieren atentar contra nuestra propia
sociedad.

Y a la hora de hablar de terrorismo, me
permitirán, señorías, que insista en exigirle al Gobierno que hay que
acabar con esos enaltecimientos y homenajes que se realizan a la banda
terrorista ETA y también a los propios terroristas. Es inadmisible que en
pleno siglo XXI todavía se sigan celebrando. Estas mismas semanas, hemos
podido comprobar cómo aquellos que siguen sin condenar los atentados de
ETA siguen con la izquierda abertzale realizándolos. Por otro lado,
consideramos que basta ya de estas humillaciones, no solo a las víctimas
del terrorismo, sino al sistema democrático del que disfrutamos todos los
españoles. También, nosotros queremos seguir exigiendo al Gobierno que
tiene que plantear, antes de cualquier beneficio penitenciario a los
presos de la banda terrorista ETA, su colaboración a la hora de
esclarecer los más de trescientos atentados que siguen todavía sin
aclarar. Y con ello —esta es una cuestión que nosotros hemos
reivindicado y seguiremos diciendo—, insistimos en que no se puede
pactar con aquellas formaciones políticas que siguen sin condenar los
atentados de ETA y que siguen sin condenar, por ejemplo, la utilización
de la violencia cuando se realiza en las calles de nuestras ciudades. Por
ejemplo, mostramos nuestro reconocimiento, apoyo y solidaridad a los
concejales no nacionalistas del Ayuntamiento de Pamplona, quienes hace
pocos días fueron objeto de una agresión verbal y física por parte de una
manada de la izquierda abertzale y, con ellos también, al Arzobispado y
al Cabildo Catedralicio de Pamplona, que también sufrieron…

El señor PRESIDENTE: Senador Catalán,
perdóneme. Acérquese un momento, por favor. (Pausa).

El señor CATALÁN HIGUERAS: En esa línea,
señorías, nosotros consideramos que esta cooperación internacional para
combatir la financiación del terrorismo es algo fundamental. El
terrorismo hay que apartarlo de nuestras calles y debemos tener las ideas
claras. Por eso, nosotros seguiremos defendiendo las reivindicaciones que
hemos planteado, gusten o no gusten, y no nos callará absolutamente
nadie.

Por otro lado, es evidente, señorías, que en
Unión del Pueblo Navarro también compartimos la eficacia y la eficiencia
a la hora de combatir el hurto multirreincidente que se practica en
nuestras calles, sobre todo, porque hay que dar instrumentos y amparar el
trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también, cómo no, de los
jueces a la hora de combatir este tipo de actividades delictivas. No
puede campar a sus anchas el propio delincuente, de ahí que nosotros
consideremos que es adecuado seguir con esta efectividad para poner fin a
este tipo de actuaciones. Otra cuestión diferente es si es este el
proyecto de ley adecuado para introducir esta cuestión. Evidentemente,
señorías, no lo es. Estamos acostumbrados a que el Gobierno, el Partido
Socialista y los grupos que hoy le apoyan quieran retorcer el trámite
parlamentario para dar cabida a cuestiones que, en ningún caso, tienen
nada que ver con el proyecto o con la proposición que se debate. Lo
estamos viendo también con la tramitación excesiva de los decretos leyes,
estamos viendo también cómo se tramitan mediante proposiciones de ley
cuestiones que deberían ser, por su naturaleza, proyectos de ley. Se
quieren obviar los informes jurídicos y los informes técnicos de
legalidad, de rigor y de seguridad jurídica sobre normas en las que se
debe actuar con absoluta responsabilidad. Por lo tanto, en esa línea,
nosotros discrepamos en la forma, aunque coincidimos en el fondo.

Finalmente, señorías, como dijimos ya en el
debate de la Ley de residuos, nosotros estamos en contra de seguir
exigiendo a los ciudadanos mayores tasas impositivas, como es el caso del
impuesto que se estableció en la Ley de residuos. Nosotros también
tenemos nuestras discrepancias desde el punto de vista competencial,
porque consideramos que el Gobierno no está respetando las competencias
que en esta materia tiene la Comunidad Foral de Navarra. Lo hemos
defendido en el Parlamento de Navarra, lo hemos defendido también cuando
se ha negociado y se ha debatido el convenio económico y, por lo tanto,
en esa línea, señorías, nosotros no podemos ratificar con nuestro voto
favorable este proyecto de ley, pero tampoco podemos votar en contra
porque, como digo, desde el punto de vista formal en algunas cuestiones
no coincidimos, pero en el fondo estamos totalmente de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Algún grupo más desea intervenir en el debate
de totalidad? (Pausa). Pasamos, entonces, al debate del articulado.

Para la defensa de las enmiendas número 11
a 16, de sus señorías González-Robatto, Marín Gascón y Merelo Palomares,
tiene la palabra su señoría Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente. Muy buenos días.

Señorías, en Vox hemos presentado una serie de
enmiendas con el objeto de dotar de sentido a esta ley. Entre ellas, al
artículo primero del proyecto de ley, que dice: Son autoridades
competentes para acceder y consultar el fichero de titularidades
financieras, en el ejercicio de sus respectivas competencias para la
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones
penales graves, las siguientes, y nombran a la policía autonómica.
Señorías, parte del objeto del presente proyecto de ley es el acceso a la
información financiera y a la información del fichero de titularidades
financieras, así como su uso por las autoridades competentes para la
prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones
penales graves. En Vox, comprendemos que no se debe considerar
autoridades competentes para acceder y consultar el fichero de
titularidades financieras, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, a las policías autonómicas, que no deberían tener
competencias para la investigación de delitos graves, más allá de los
relativos a la seguridad pública, para lo que la Constitución les
faculta.

Del mismo modo, en la exposición de motivos del
proyecto de ley, se destaca la necesidad de luchar contra el fraude
financiero, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
con el fin de facilitar el intercambio y el acceso a los datos
financieros. Resulta imprescindible al objeto de prevenir, detectar,
investigar o enjuiciar, no solo en la comisión de estas acciones
delictivas, sino también respecto de otros delitos de especial gravedad.
Tales conductas delictivas no tienen cabida en el concepto de seguridad
pública que la carta magna utiliza para la atribución de competencias de
las policías autonómicas. Pero eso ya deberían saberlo ustedes.
(Rumores).

Señorías, de las relaciones internacionales
entre autoridades y funcionarios debería ocuparse el Gobierno de España,
con sus instituciones y bajo su control, y el Gobierno de la nación no
tiene control sobre las policías autonómicas, como la vasca o como la
catalana. Recuerden el golpe de Estado de 2017 en Cataluña. Con este
paisaje, ¿nos asegura el Gobierno de España que los mandos de esas
policías se van a comportar con lealtad cuando no lo hacen sus propios
gobiernos, que son los que les nombran? (Rumores).

Por otro lado, incorporan a su contenido un
nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la
incineración y coincineración de residuos. La falta de conexión es
evidente, pues no es coherente con la materia objeto del proyecto de ley
orgánica. Se denota una cierta ansiedad a la hora de meter las manos en
los bolsillos de los ciudadanos. De aquí sacamos dos. conclusiones; o no
son realmente conscientes de la situación económica real que viven los
ciudadanos, que se puede calificar en muchísimos casos de dramática, o lo
saben y les da lo mismo, porque si tuvieran un mínimo... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías, por favor. Perdóneme, señora senadora, espere un segundo.
(Pausa).

Muchas gracias. Puede continuar.

La señora MERELO PALOMARES: Porque si tuvieran
un mínimo de razonamiento en atención a la coyuntura social y económica
que atraviesa España, se darían cuenta de que lo que hay que hacer es
todo lo contrario: llevar a cabo una bajada masiva de impuestos y acabar
con los tipos abusivos destinados a sostener el gasto superfluo que tanto
les gusta a ustedes, pero que está provocando la ruina de las familias,
autónomos y pymes. Y, precisamente, nos podemos referir a todos esos
impuestos que los españoles tienen que pagarles a ustedes por mantener
sus reinos de taifas, también llamados comunidades autónomas, con sus
elefantiásicas estructuras paralelas y amigos colocaditos a dedo.

Además, y volviendo a este nuevo tributo, se
contempla la cesión de dicho tributo a las regiones, a las cuales, a
través de la modificación de las leyes contenidas en esta disposición
final y en la siguiente, se dota de competencias normativas sobre gestión
y liquidación, potestad sancionadora y revisión del impuesto aludido. Por
ello, pedimos directamente que se supriman.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Del senador Cleries y González, para la defensa
de las enmiendas 7 a 9, tiene la palabra su señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Buenos días y
muchas gracias, presidente.

Hemos presentado tres enmiendas a este proyecto
de ley, por decirlo de alguna forma, porque —después lo comentaré
en el turno de portavoces— aquí se han juntado distintas cuestiones
que no tienen nada que ver una con la otra.

Hemos presentado la enmienda número 9, que es
de supresión de la barra libre que se da al CNI-Pegasus. Cuando aún no
sabemos lo que ha pasado con Pegasus, cuando algunos ya han vuelto a
tener relaciones con el Estado español, aunque no se han asumido
responsabilidades, nosotros presentamos una enmienda de supresión. Del
CNI no nos fiábamos y ahora nos fiamos menos, porque hemos visto el tema
Pegasus, se ha producido una dimisión, pero los que tenían que asumir
responsabilidades no lo han hecho. Por tanto, en este sentido, es una
enmienda clara de supresión.

La enmienda número 7 presenta una modificación
de la LOFCA para respetar los tributos. Esta modificación estaría fuera
de lugar, pero resulta que el Grupo Socialista en el Congreso presentó
una modificación de la LOFCA que no tiene nada que ver con este proyecto,
pero nos la cuelan. Si la presenta un grupo como Junts per Catalunya, nos
hubieran enviado la notita diciendo: Esto no tiene nada que ver con el
proyecto. Pero cómo esta es de la casa... pues, marchando. Esta es la
situación que vivimos cada día con las leyes, tramitadas por urgencia,
evidentemente, y sin despeinarnos. Señorías, en el tema de la LOFCA lo
que añadimos es que, en el caso de que el tributo propio autonómico sea
un instrumento para la aplicación y desarrollo de una competencia propia
de la comunidad autónoma, con su estatuto de autonomía, esta podrá
conservar su tributo, que será aplicable en su territorio. Cuando se
debatió la ley dijeron que no se podía cambiar la LOFCA, pues ahora
cámbienla y lo arreglamos.

Quiero recordar que un portavoz en el Congreso
dijo que había salvado el impuesto catalán de residuos gracias a la
política y no a la magia. Bueno, la política que consigue estos
resultados es la política de la nulidad, que no sirve para nada, la
política nula, que no es ni política ni es nada. Y si es magia, que es lo
más seguro, es aquella magia en la que ves el truco y ves el resultado,
que cuando quitas pañuelito dices: aquí está el impuesto catalán y,,
cuando lo miras, el impuesto es español. Buen resultado. (Continúa su
discurso en catalán).

En el impuesto de sucesiones y donaciones, la
enmienda número 8 propone que, para lo que hace referencia al
aplazamiento y fraccionamiento, no tenga nada que ver el Estado porque
esto corresponde a las competencias, cada vez más menguadas, de las
comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cleries.

Para la defensa de la enmienda número 10, tiene
la palabra su señoría Gómez Perpinyà. (Denegaciones del senador Gómez
Perpinyà).

No va a intervenir. La da por defendida.
Muchísimas gracias, señoría.

Del Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de las enmiendas 1 a 6, tiene la palabra su señoría Yécora
Roca.

El señor YÉCORA ROCA: Gracias, presidente.

Señorías, hoy debatimos sobre un batiburrillo
de asuntos que nada tienen que ver, pero que ustedes, los socialistas,
vuelven a meterlos con calzador para conseguir su aprobación.

Sobre la directiva europea y lo que plantea
introducir en nuestro ordenamiento jurídico, estamos de acuerdo, como
también defendemos su rápida realización y sin retrasos. Y nuestras
enmiendas las defendemos de la misma manera que se defendieron en el
Congreso de los Diputados —para ello las hemos vuelto a
tramitar—, enmiendas que creemos necesarias y no solo porque las
hayamos presentado nosotros, claro está, son enmiendas técnicas y que
están extraídas de informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del
Poder Judicial y de la Agencia Española de Protección de Datos.

Ya se nos avisó que no aprobarían enmienda
alguna y, ante esa perspectiva, hablaban ustedes de consensos y de
cortesía parlamentaria. Esto, en mi tierra, en La Rioja, sin dar rodeos y
llamando a las cosas por su nombre, es un rodillo del partido que
gobierna. Pero nos encontramos hoy ante un episodio dantesco del Partido
Socialista, y digo esto porque no es nuevo y es una práctica torticera a
la que siempre recurren ustedes. Ya lo hicieron utilizando las pensiones
como truco para aprobar el uso obligatorio de la mascarilla y ahora lo
hacen con una directiva europea que trata de las normas para facilitar el
uso de la información financiera y de otro tipo para la detección de
infracciones penales y con la creación y aprobación de un impuesto sobre
residuos. Muy gráficamente: pensiones con mascarillas/información para
detección de infracciones penales con impuesto sobre residuos. Nos toman
el pelo y encima creen que esto no les pasará factura.

Ustedes son el mejor ejemplo de la peor
política, porque el diálogo para aprobar enmiendas con mi grupo ha sido
cero, no ha existido; el mismo, entiendo, que cuando hablan de
cogobernanza y no cuentan con las comunidades autónomas para este
impuesto, pero sí recurren a ellas cuando hay momentos de crisis y
pretendiendo escurrir el bulto. Cogobernanza le llaman a ignorarlas y
dejarlas solas cuando hay crisis, ese es el estilo socialista. Como una
falta de respeto a la cámara es llegar sabiendo de antemano que nada se
tomará en cuenta, por lo que, si han leído nuestras enmiendas, verán que
no hay nada fuera de lugar, sino una mejora del texto actual. Pero ¿saben
qué pasa? Que algunas personas piensan que hay un PSOE malo y un PSOE
bueno, y no, son ustedes el mismo socialismo de siempre; la diferencia es
que antes había un PSOE con sentido de Estado y ahora hay un PSOE que
degrada el Estado y sus instituciones, antes llamado PSOE y ahora llamado
sanchismo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista).

No se puede gobernar con iniciativas trampa, es
un fraude a nuestro sistema democrático, y eso es lo que ustedes están
haciendo hoy aquí en el Senado. Aprendan a gobernar de frente, poniendo
sobre la mesa asuntos que deben ser debatidos y aprobados, sin camuflar
lo que se vota en un popurrí de asuntos. No humillen a la nación con
pactos con aquellos que quieren destruirla, piensen en España de una vez
y aprendan a gobernar sin trampas. Por cierto, no ignoren la magnitud de
la crisis que arruina a las familias españolas; en esta legislatura
llevan ya veinticuatro impuestos subidos. Y, escuchen, si no saben
gobernar con la situación actual, dejen paso, que aquí está el Partido
Popular. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado). La tomadura de pelo a los españoles llega a su
fin, la cuenta atrás para que el PSOE salga del gobierno ha empezado y la
han activado ustedes mismos con sus mentiras, trampas y desgobierno.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, tiene
la palabra su señoría, por el Grupo Socialista, Heredia Díaz.

El señor HEREDIA DÍAZ: Buenos días. Gracias,
señor presidente.

Este proyecto de ley orgánica que hoy debatimos
en el Senado tiene como objetivo prevenir y castigar el delito
financiero. Se trata de una trasposición de la Directiva
comunitaria 2019/1153, que ya ha sido incorporada al ordenamiento
jurídico de trece países de la Unión Europea: es el caso de Alemania,
Francia, Países Bajos o Suecia. Es una ley que favorece la lucha contra
el fraude financiero, el blanqueo de capitales o la financiación de
grupos terroristas, pero donde, además, se han incluido dos cuestiones
muy importantes que había que resolverlas con urgencia: por una parte, se
endurece la respuesta a los pequeños hurtos en caso de reincidencia
—una medida que va a mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana
y que era reclamada por la práctica totalidad de alcaldes, por el sector
turístico y también por el comercio— y, por otro lado, se modifica
la Ley de financiación autonómica para poder transferir el impuesto sobre
residuos. En definitiva, es una ley muy importante que beneficia a
numerosos y amplios sectores de nuestra sociedad.

Y en este marco, paso a analizar las enmiendas.
Vox presenta un grupo de enmiendas que podemos dividir en dos. Por una
parte, hacen referencia a que están en contra de un impuesto sobre
depósitos de residuos, pero les diré que en esta ley no se habla de eso,
el impuesto ya está creado, de lo que se habla es de transferir ese
impuesto que está creado a las comunidades autónomas.

En el segundo bloque de enmiendas, Vox lo que
plantea es eliminar cualquier alusión a las policías autonómicas. Yo sé
que a Vox eso de las comunidades autónomas le importa bien poco, lo mismo
que considero que, por esa regla de tres, también le interesa bien poco
la Constitución. A Vox no le gustan las comunidades autónomas, pero sí le
encanta entrar en ellas para poder gobernar y cobrar, eso sí, sin
trabajar (Aplausos), lo mismo que han hecho en Castilla y León, donde han
montado cuatro chiringuitos, donde el propio vicepresidente de Castilla y
León, que no tiene ni siquiera agenda diaria, sí cobra un sueldo
magnífico. Ya está bien de engañar a la gente.

Y en relación con las enmiendas de Junts,
quiero hacer un preámbulo diciendo que, aunque este impuesto se convierte
en estatal, la Generalitat ni pierde competencias de gestión ni pierde un
solo euro —me parece muy importante que lo tengamos en
cuenta—. Este Gobierno ha diseñado un impuesto que tiene en cuenta
el canon catalán preexistente. Es un impuesto cedido, es decir, la
recaudación no es para el Estado, es para las comunidades autónomas y,
por tanto, también para Cataluña. La gestión se halla también cedida:
desde el primer día, Cataluña podrá seguir gestionando el impuesto y
podrá mantener su modelo. Además, y me parece muy importante ponerlo
encima de la mesa, Cataluña no pierde ni un solo euro en la recaudación,
porque, si perdiese, el Estado compensaría hasta el último euro. Lo digo
porque me parece significativo ponerlo encima de la mesa, porque todo su
razonamiento y todas sus enmiendas van en esa línea. Cataluña no pierde
ni competencias de gestión ni pierde ni un solo euro. Por eso, no
entendemos la enmienda que plantean, una enmienda donde prácticamente lo
que plantean es acabar con los principios constitucionales que han de
inspirar nuestro sistema tributario y la distribución de competencias
entre Estado y comunidades autónomas. Por tanto, permítame que no
entienda esa enmienda.

Pero sí le voy a decir una serie de elementos,
porque Junts, cuando habla aquí, en el Senado, habla siempre de falta de
financiación a las comunidades autónomas. Y yo quiero decir que este
Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez, en los últimos cuatro años ha
destinado 490 000 millones de euros a las comunidades autónomas; eso
representa un 36 % más que cuando gobernaba el Partido Popular, y me
hubiese gustado también a mí que en ese momento Junts hubiera criticado
al Partido Popular la mitad de lo que está criticando a este Gobierno
progresista. Digo que, como media, destinamos un 36 %, pero Cataluña
recibe incluso más, un 37 % más que cuando gobernaba el Partido Popular.
El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con Cataluña, lo ha demostrado en los
presupuestos, pero también cumple con los fondos ICO: ha destinado el
Gobierno de Pedro Sánchez más de 20 600 millones para ayudar a 118 000
empresas catalanas durante la pandemia y, hasta el momento, Cataluña ha
recibido prácticamente 4000 millones de euros de fondos europeos. Esta es
la realidad.

Con respecto a las enmiendas de Más Madrid, muy
brevemente, quiero decir, sencillamente, que esta ley lo único que
pretende es combatir la multirreincidencia de los pequeños hurtos. Somos
un partido progresista, pero tenemos que buscar una solución medida en
relación con esta cuestión.

Y paso a hacer referencia a las falsedades del
Partido Popular, que hoy viene otra vez a tratar de engañar y a decir
cuestiones que no son verdad. Miren ustedes, me dirijo al portavoz del
Partido Popular, es rotundamente falso que el Grupo Parlamentario
Socialista no haya apoyado ninguna enmienda del Partido Popular, es
rotundamente falso: en el Congreso alcanzamos dos transaccionales con el
Partido Popular. Por tanto, el Partido Popular falta a la verdad. Pero es
que las seis que no apoyamos en el Congreso las vuelven a copiar y las
traen hoy al Senado, las mismas, y son enmiendas que son un copia y pega
del informe del Consejo General del Poder Judicial —y hoy no voy a
hablar del Consejo General del Poder Judicial, podría decir que lleva
tres años bloqueado, que no cumplen la Constitución, pero no voy a hablar
de eso— sí voy a hablar del informe, porque el informe lo único que
hace es un análisis generalista en relación con la directiva europea
respecto a los veintisiete países de la Unión Europea. Es un elemento
generalista que no tiene ningún tipo de relación con nuestro país y, por
tanto, no lo podemos aceptar.

En segundo lugar, se rasgan las vestiduras y
nos dicen que aprovechamos una ley para traer otra. Vamos a ver, ¿saben
ustedes cuántas veces hizo eso mismo el señor Rajoy teniendo mayoría
absoluta de 2011 a 2015? Veintitrés veces, no una ni dos, veintitrés
veces, y también lo hizo el señor Aznar, aunque cuando lo hizo el señor
Aznar muchas de las cuestiones fueron declaradas inconstitucionales.
Luego ya está bien de demagogia, como está bien de demagogia cuando
ustedes cuestionan el impuesto sobre residuos, porque lo que no pueden
decir con la boca pequeña es que están en contra de ese impuesto y luego
sus presidentes de comunidades, del Partido Popular, están encantados de
recibirlo. O una cosa o la otra. Los socialistas consideramos que es
necesario dotar de más recursos a las comunidades, porque es fundamental
fortalecer los servicios públicos. Y en este punto me dirijo al señor
Feijóo, que no está —parece que viene poco por el Senado (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado)—, pero
yo sí quiero dirigirme en concreto al señor Feijóo y decirle que no es
decente echar a la calle a más de 8000 sanitarios y destrozar la sanidad
pública, como ha hecho el señor Moreno Bonilla en Andalucía (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista); no es decente cerrar la
práctica totalidad de centros de salud por las tardes cuando se están
incrementando el número de contagios por la COVID; no es decente cerrar
más de 1300 camas hospitalarias cuando Andalucía ha recibido 5500
millones de euros de fondos COVID del Gobierno de Pedro Sánchez. No es
digno destrozar lo público para que lo privado haga negocio.

Y termino. Esta ley persigue a aquellas
personas que se llevan el dinero a manos llenas. Señorías, hoy podemos
avanzar en la lucha contra los delitos que dificultan la vida de muchos
españoles, hoy podemos avanzar en la prevención de delitos contra
aquellas personas que nos roban. Señorías, para lo que somos elegidos es
para ser útiles a la sociedad y, si hoy aprobamos esta ley, lo estaremos
haciendo.

Muchas gracias a todos y todas. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Pasamos, a continuación, al turno de
portavoces.

Por el Grupo Mixto, tomará la palabra su
señoría Melero Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias,
presidente.

Señorías, resulta curioso que venga aquí el
portavoz del Partido Socialista a hablarnos de chiringuitos. Sí, señoría,
chiringuitos son los del PSOE, los de su Gobierno y los de su partido
durante cuarenta años en Andalucía, eso sí que son los chiringuitos.
Usted sí que lo sabe.

Señorías, debatimos hoy un proyecto de ley
orgánica para, dentro de un contexto de cooperación judicial y policial,
permitir a determinadas autoridades y funcionarios el acceso de
intercambio de información de naturaleza financiera con el fin de hacer
posible la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento
en suelo europeo de una serie de delitos graves. Entre estos delitos, uno
de los más importantes es combatir los vinculados al terrorismo y a su
financiación, y así se menciona expresamente. Señorías, el terrorismo que
padecen los europeos y, en concreto, el que padecemos los españoles está
hoy especialmente vinculado al islamismo. La izquierda lo sabe; lo
oculta, pero lo sabe, porque es evidente y porque lo sabemos todos. Sin
embargo, ustedes, señorías de la izquierda, no se preocupan por mantener
una inmigración legal y controlada; por el contrario, llaman a que vengan
más y más de manera ilegal. Según ustedes, son personas que huyen de la
guerra, pero debe de ser de guerras muy feministas, porque la mayoría de
los ilegales son hombres en edad militar y que vienen aquí; mujeres y
niños llegan en muchísima menos proporción. De este modo, Europa y
España, como frontera sur, lo saben. Se ve como un coladero para el
terrorismo. Y es que ustedes, señorías de la izquierda o del consenso
progre, como prefieran, han convertido nuestros barrios en estercoleros
multiculturales (Protestas), y esto va a derivar en que los barrios de
nuestras ciudades acaben siendo —muchos ya lo son— como
Saint-Denis, y saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo.
(Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor, y permitan a la oradora que continúe con su
intervención.

Muchas gracias.

Continúe, señoría. (Protestas).

Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora MERELO PALOMARES: Silencio y que no
insulten, por supuesto. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, les he pedido
por dos ocasiones que guarden silencio y que permitan a la oradora que
termine su intervención.

Continúe, por favor, señoría.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias,
presidente.

De hecho, ya hay barrios donde por las noches
solo se escucha silencio porque los vecinos no se atreven a salir. Ese es
su multiculturalismo, señorías: recluir a los españoles en casa por miedo
y dejar a los delincuentes campar a sus anchas mientras les mantenemos y
les pagamos subvenciones, de las que además nuestros compatriotas no
disfrutan.

Por otro lado, nos resulta impresionante que
aprovechen este proyecto de ley para incorporar un nuevo tributo, con la
inflación superando el 10 %, que es el conocido impuesto de los
pobres: los ciudadanos que hace meses que no arranquen sus coches por el
precio de los combustibles, pasando un calor en verano: sin poder
encender el aire acondicionado y mirando el reloj para calcular a qué
hora se puede poner la lavadora para ahorrar en la factura de la luz.
Señorías, bajen de forma inmediata los impuestos, dejen de atracar a los
ciudadanos, dejen de financiar sus caprichos ideológicos absurdos con el
sudor, el trabajo y los sacrificios de los trabajadores de España.

En definitiva, convoquen elecciones, pidan
perdón y márchense.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tomará
la palabra el señor senador Fernández Viadero en primer lugar. Tiene la
palabra.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias,
presidente. Buenos días, señorías.

Desde el Partido Regionalista de Cantabria
denunciamos todo tipo de prácticas más deplorables en lo referente al
tráfico de capitales, como son el fraude financiero, el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo. Ante esta realidad, se hace
necesario actuar de forma inmediata y decidida, y así lo han puesto de
relieve las instituciones europeas a través de las distintas directivas,
que han ido marcando el camino a seguir en la lucha contra este tipo de
delitos. Basándonos en ellas y su trasposición, hemos ido dando pasos,
pero es cierto que en este mundo en el que vivimos, en el que hoy puede
ser muy distinto del de ayer, nuestras normativas tienen que ir
actualizándose continuamente.

En este sentido, la Directiva 2019/1153, que
ahora trasponemos, marca el camino a seguir hasta 2027, fecha en la que
se evaluarán los efectos de su aplicación. Cabe recordar que, a más
tardar, esta directiva tendría que haber estado ya desde el 1 de agosto
de 2021, por lo que llevamos un año de retraso, año perdido en el que
muchas de estas medidas podrían haber estado en marcha ya. Medidas para
perseguir con mayor facilidad fraudes como los que vive la gente en la
calle cada día —por ejemplo, esos mensajes de sms y correo
electrónico que seguro que les han llegado a sus teléfonos móviles alguna
vez solicitándoles datos y claves bancarias bajo el pretexto de tener que
solucionar un problema en su banca digital, y que suelen culminar con un
robo de la identidad y de capitales de muchas personas—.
Igualmente, medidas para poder atajar el blanqueo de capitales, una de
las grandes lacras a las que nos enfrentamos tanto a nivel particular
como a nivel comunitario, y que es signo a su vez de una economía
sumergida bastante extendida, cuyos flujos de dinero fuera de control
pueden destinarse a los peores fines, a la vez que atentar directamente
contra la recaudación y el mantenimiento de nuestro Estado de
bienestar.

Por todo ello, cualquier medida que ataje estas
cuestiones será bienvenida y apoyada desde el Partido Regionalista de
Cantabria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, intervendrá
su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente,
señorías.

Apoyaremos esta iniciativa, pues es un proyecto
de ley que tiene por objeto facilitar el intercambio de información de
contenido financiero entre diversas autoridades competentes en materia de
lucha contra delitos graves y el acceso inmediato y directo al registro
centralizado de cuentas bancarias y de pago, lo que se viene en llamar
fichero de titularidades financieras, con el fin no solo de investigar y
enjuiciar delitos económicos y de financiación del terrorismo, sino
también —y esto es importante, muy importante— de
prevenirlos.

Con esta norma se pretende, señorías, trasponer
al ordenamiento interno la normativa europea en esta materia para el
acceso y consulta a este fichero con contenido económico, con la
finalidad primera de que este acceso sea rápido, sea ágil por parte de
las autoridades encargadas de luchar contra este tipo de delitos,
reitero, graves o muy graves, superando las trabas del actual sistema,
que ralentizan el acceso a esta información hasta hacerla muchas veces
inútil. Es por este motivo —esto es, ser más eficaces en la
persecución y prevención de estos delitos—, por lo que la directiva
obvia la autorización judicial previa, siendo este el cambio más
significativo con respecto a la anterior regulación. Pero permítanme
decirles, señorías, que esta ausencia de autorización judicial en
realidad no supone un problema, al revés, dado que el acceso a este
fichero de titularidad financiera excluye el acceso a la intimidad
económica de los afectados, por lo cual lo que hace es agilizar y
permitir la coordinación.

Por tanto —ya me queda poco porque he
compartido el turno con mi compañero—, apoyaremos, como he dicho al
principio, esta ley, al igual que ya hicimos en el Congreso, por su
importancia. También quiero anunciar al Grupo Popular que votaremos a
favor de sus enmiendas, fundamentalmente las referidas a recomendaciones
de diversos organismos que han tenido ocasión de analizar esta norma,
como el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial, que nos
parece que también podrían mejorar el texto.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Sánchez López.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidente.

Con referencia a este proyecto de ley, en Junts
per Catalunya, si solo fuera el proyecto de ley que se presentó en el
Congreso, estaríamos de acuerdo, pero con los cambios que se han hecho
nos abstendremos en el conjunto que se quiere aprobar. En Molins de Rei
había una tienda que se llamaba Retales Josefina, y esta ley es el modelo
Retales Josefina, porque aquí van recosiendo todo y con todo hacen un
vestidito a ver si queda mono o no, pero resulta que esto es (Continúa su
discurso en catalán). Oiga, una ley es una ley y ustedes aprovechan el
viaje para ir metiendo cosas y hacer una ley de relleno. Esto nos parece
que es una incongruencia porque, además, Grecia y el Estado español son
los primeros del ranking en incumplir directivas europeas, y cuando
quieren cumplir una directiva europea la enmascaran de tantas cosas que
al final ya no sabes lo que vas a aprobar. Por tanto, esta es la
situación.

En la lucha contra el fraude financiero, el
blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, que es una
prioridad para la Unión Europea, siempre van a encontrar a Junts per
Catalunya; ahora, con este (Continúa su discurso en catalán), la verdad
es que nos vamos a abstener.

Yo también quiero hacer algunas preguntas al
portavoz socialista, que ha hablado tanto de los ingresos de Catalunya.
Con datos de Hacienda, usted ha confundido Madrid con Cataluña, y los
separan 600 kilómetros. Al que le pagan el 184 % de ejecución
presupuestaria es a Madrid; a Cataluña, el 36 %, y esto lo dice el
Ministerio de Hacienda, no lo decimos nosotros, que también lo
corroboramos. Por tanto, la situación que usted nos explica es una
película de ciencia ficción, y lo siento por usted.

Después ha hablado de si es decente el tema de
la COVID. Lo que no es decente es que el Estado español tenga una partida
en los Presupuestos Generales del Estado que se llama Fondo COVID,
aprobada por una enmienda de Junts per Catalunya en el Congreso, de 9000
millones de euros para las comunidades autónomas, y no nos paguen porque
no le parece bien a la ministra. Pues a mí hay muchas cosas que no me
parecen bien, pero si se ha aprobado en una ley de presupuestos, me
imagino que las leyes están para cumplirlas, ¿no? Este es el decálogo que
ustedes siempre predican: las leyes están para cumplirlas, y esto es una
realidad.

Yo sé que el portavoz socialista que después va
a hablar —y usted, el portavoz que ha hablado, también lo ha
dicho— se va a referir a la importancia de luchar contra la
multirreincidencia. Estamos de acuerdo en la lucha contra la
multirreincidencia, pero yo les quiero preguntar una cosa: hay una
multirreincidencia a la que no hace referencia esta ley, y les quiero
preguntar y que me respondan respecto a la multirreincidencia de las
reuniones del señor Villarejo con un magistrado, con todo el mundo
—no diré nombres—. ¿Qué pasa?






, ¿Dónde está la fiscalía y de
quién depende? ¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial, que hay
un magistrado actuando aquí y mira hacia otro lado? Esta es la democracia
española, la que permite reuniones de este tipo con una policía
patriótica, y ustedes, todos, mirando hacia otro lado, y los de este lado
también, porque tal vez se encuentren mirando hacia el mismo sitio, la
unidad de España, que es lo único que les preocupa. Por tanto, vemos con
preocupación determinadas multirreincidencias, en las que coincidimos y
estamos de acuerdo, pero respecto a la multirreincidencia del españolismo
rancio, fascista, que se reúne contra Cataluña, ustedes no le ponen
remedio. Entretanto, en Cataluña, con esta multirreincidencia, hemos
pasado de 2800 represaliados a 4200 represaliados. Esta es la agenda del
reencuentro que ustedes siempre predican, y de la reconcordia —todo
con «re», con recochineo—, (Continúa su discurso en catalán). Hay
un dicho catalán que dice (Continúa su discurso en catalán).

Moltes gràcies.

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, cualquiera que se acerque a esta
norma en el día de hoy por su título pensaría que se trata de otra norma
de regulación derivada de las directivas europeas, importante sin duda,
pero de poco calado político; una norma bastante técnica sobre cuestiones
relacionadas con el blanqueo de capitales y cómo afrontarlo; una norma
que, acabando el curso político, seguramente deberíamos aprobar sin mucho
problema, como sucedió en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, a
pesar de que la documentación que tenemos que enfrentar en esta Cámara es
extensa y los plazos del procedimiento legislativo a menudo son demasiado
cortos, yo creo que no conviene darle al botón verde sin haber leído la
letra pequeña. Así lo hemos hecho y nos hemos encontrado en la
disposición adicional sexta una modificación nada más y nada menos que
del Código Penal y además bastante sustancial, hasta el punto de que el
Proyecto de ley orgánica por la que se establecen normas que faciliten el
uso de información financiera y de otro tipo para la prevención,
detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de
modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las comunidades autónomas y otras disposiciones conexas,
y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, bien podría haberse llamado el proyecto de ley orgánica
para el agravamiento del delito leve de hurto, no solo porque algunas de
sus señorías seguramente le habrían prestado todavía más atención a esta
iniciativa, sino porque sería más acorde con la realidad de lo que
estamos discutiendo en el día de hoy. (Rumores).

Intentar convencer a la sociedad de que el
principal problema del momento es que se delinque mucho, y además que se
delinque con impunidad, es algo que ha estado en la agenda de las
derechas desde hace mucho tiempo, y de todas las derechas: de la derecha
ultra de Vox, de la derecha liberal de Ciudadanos y de la derecha de toda
la vida del Partido Popular. Pero, fíjense en que, al final, paradojas de
la vida, quien se ha llevado el gato al agua ha sido la derecha catalana
con una enmienda que consiguieron aprobar en el Congreso de los
Diputados, para luego terminar absteniéndose en el proyecto en su
conjunto en el Senado. Señores del Partido Socialista, yo creo que es muy
difícil explicar esto, de verdad. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Gómez, espere un
momento, por favor, y perdóneme que le interrumpa. (Pausa).

Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Gracias,
presidente.

El señor PRESIDENTE: Continúe. Gracias.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Señorías, creo que es
importante que contemos las cosas como son, a ver si ahora alguien que
nos escuche va a pensar que en España los hurtos reincidentes no tienen
pena. Claro que la tienen, naturalmente que la tienen. Nuestro derecho
penal ya impone un mayor castigo al reincidente porque se le entiende más
culpable; es decir, es más culpable porque hay una repetición de los
hechos penados y las consecuencias jurídicas de esta repetición,
naturalmente, existen.

Pero, junto a ello, la realidad es que en el
sistema penal español, al contrario de lo que sucede en otros, como, por
ejemplo, el alemán, el sustento de la pena no es la culpabilidad, sino
que es el hecho. Como ha repetido en varias ocasiones el Tribunal
Supremo, el sistema penal español se basa en la responsabilidad por el
hecho, en la proporcionalidad de la pena y, a la postre, en la dignidad
humana. Ahora seguramente me impugnen la mayor —y harán bien, de
eso trata el debate parlamentario— y me hablarán de turismo, de
urgencia y de una situación insostenible, como si ahora saliéramos a la
calle y resulta que la mayor parte de la sociedad está robando en los
supermercados. Pero yo creo que hay una realidad que vamos a ver muy
pronto: cuando esta reforma entre en el ordenamiento, veremos su
aplicabilidad y veremos cómo los operadores jurídicos seguramente la
impugnarán, la pondrán en duda y cómo la jurisprudencia terminará
matizándola. El legislador volverá a ser responsable del mal
funcionamiento de la norma por dejarse guiar más por los titulares
sensacionalistas que agita la extrema derecha que por la opinión de los
expertos. Pero, lamentablemente, siento que esto no les importa lo más
mínimo porque esta iniciativa no busca solucionar un problema real de
nuestra norma penal, solo busca un titular a través del populismo
punitivo.

España, señorías, se enfrenta a la mayor
inflación de los últimos treinta años, las familias están viendo cómo su
poder adquisitivo está cayendo en picado y las tensiones sociales están
aumentando. Ante esta situación, el Gobierno, que tiene que decidir
cuáles son las prioridades políticas y sociales del momento, nos dice que
el problema en este momento son los carteristas y los hurtos en los
supermercados. Pues, señorías, yo creo que esto no es más que un chivo
expiatorio, reaccionario, como lo fueron los MENA para Vox y como lo
fueron las cañas en los bares para Isabel Díaz Ayuso. Señorías, han
traído antes a esta Cámara el agravamiento de las penas de hurto que los
impuestos de solidaridad a las industrias que más están ganando en esta
crisis. Han cumplido antes con la agenda de las patronales de los
supermercados que con la agenda de aquellos que están teniendo
dificultades en estos momentos para llenar la nevera. Regalan titulares
punitivistas, pero les cuesta aumentar los recursos en seguridad
ciudadana, en el sistema de justicia y en los servicios sociales.

Yo, señorías, simplemente para terminar, les
pido que recapaciten, que vuelvan a la senda que marcó el presidente en
el anterior debate sobre el estado de la nación y que usen el BOE para lo
que lo tiene que usar un gobierno progresista: para proteger a los más
débiles y no para comprar los marcos de Feijóo y de Abascal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría, la senadora Otaola Urquijo.

La señora OTAOLA URQUIJO: Mila esker, mahaiburu
jauna.

El proyecto de ley orgánica que nos trae al
Pleno de hoy afecta o modifica diversas disposiciones legales de
diferente índole que nada tienen que ver unas con otras. Esta es una
práctica a la que estamos acostumbradas, gobiernen unos o gobiernen
otros, pero también es típico del debate hablar de cualquier cosa que no
tiene nada que ver con la ley, con lo cual, tampoco es nada raro en esta
sede. Desde luego, es una práctica que no compartimos, pero vamos a
entender que no había otra forma de hacer las cosas.

La directiva que se traspone respeta, como no
podía ser de otra manera, los derechos fundamentales y, en concreto, el
derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la
intimidad. Y limita el impacto del acceso a la información contenida en
los registros centralizados de cuentas bancarias y en los sistemas de
recuperación de datos. Se aplican políticas y medidas adecuadas de
protección de datos en el acceso a los datos personales por parte de las
autoridades competentes, y entendemos que el texto así lo recoge. Entre
este personal autorizado, como no podía ser de otra manera, están las
policías autonómicas. Desde luego, es algo que, guste o no guste, está
así en la Constitución; y a quien no le guste, que traiga una
modificación de la Constitución española y estaremos encantados de
modificarla prácticamente creo que entera.

Dicho esto, debido al carácter transnacional de
las amenazas terroristas delictivas, que es una de las partes que recoge
la trasposición de esta directiva, es necesaria una respuesta a escala
por parte de la Unión Europea, porque los delincuentes pueden aprovechar
y utilizar la falta de un uso eficiente de la información financiera en
un Estado miembro para que ello tenga consecuencias en otros países. Ya
dijimos en la comisión que esta directiva se aprobó el 21 de julio
de 2019, prácticamente hace tres años, estableciendo su entrada en vigor
a los veinte días de su publicación y estableciendo como plazo máximo
para la trasposición el 2 de agosto de 2021. Por tanto, teníamos tres
años para haberla traspuesto y no se ha hecho, con las consecuencias que
ello puede tener en la prevención de este tipo de delitos. Ya sabemos que
España, junto con Grecia, lidera el ranking de incumplimiento en la
trasposición de directivas, y ello no solamente acarrea infracciones o
sanciones económicas, sino que también afecta a la seguridad jurídica.
Este es un principio que también tienen recogido en la Constitución, que
igual en esa reforma también habría que cambiarlo. Se establece la
posibilidad de que Europol pueda acceder a la información, y para poder
llevar a cabo su tarea y acceder a esa información hay que permitir que
las unidades de investigación financiera respondan a las solicitudes de
Europol, bien a través de las unidades nacionales de Europol en el Estado
miembro o mediante contactos directos.

Dicho todo esto, nos alegramos de que, una vez
más, con la aprobación de este texto legal se dé un paso fundamental en
la consolidación de la Unión Europea como un espacio uniforme de
libertad, seguridad y justicia para una mayor protección de la
ciudadanía. Es evidente que no cabe cuestionarse la trasposición de una
directiva, puesto que cuestionarse la trasposición sería cuestionar la
propia Unión Europea ya que el ordenamiento jurídico es la base de la
propia existencia de la Unión. Quizás sea el momento de abordar que la
cesión de soberanía a la Unión Europea no supone un menoscabo o un
debilitamiento en la soberanía nacional, sino todo lo contrario. Por
tanto, quizás la indisoluble unidad de la nación española, esa que tanto
escuchamos aquí, no es tan indisoluble y es tiempo de reconocer otras
realidades y de reconocer la realidad plurinacional del Estado
español.

Me voy a referir también a la modificación que
se hace de la tipificación del delito de hurto, del artículo 234 del
Código Penal, porque en esta tribuna se ha dicho que lo que se establece
es una agravación de la pena por reincidencia, y no solamente es eso;
también cuando el importe acumulado sea superior a los 400 euros. Por
tanto, tienen que darse las dos circunstancias: tres sentencias
ejecutivas y que se superen los 400 euros, para poder imponer la pena de
seis a dieciocho meses de prisión. Y entendemos que es necesario, porque
ello supone tratar de evitar que el hurto sea el modus operandi de
algunas personas. Quizás podamos compartir algunas de las cosas que se
han planteado aquí, pero entendemos que también es necesario agravar la
pena en este sentido.

Y en cuanto al impuesto sobre el depósito de
residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos,
debemos tener en cuenta que este impuesto forma parte de nuestra
fiscalidad, de la vasca y de la navarra, y que, por tanto, será necesario
concertar y convenir la capacidad normativa, sancionadora e inspectora y
el establecimiento de sus puntos de conexión en la Comisión Mixta del
concierto y del convenio.

Dicho esto, votaremos a favor del texto y, en
virtud del acuerdo que ya teníamos del Congreso, a través de una enmienda
que se nos aprobó, votaremos en contra de las enmiendas presentadas.

Mila esker.

El señor PRESIDENTE: Eskerrik asko, Otaola
andrea.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra su señoría, Castellana Gamisans.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies,
president.

Creo que es deber de cualquier persona, de
cualquier ser humano que tenga humanidad que se sienta en esta Cámara,
denunciar aquello que va pasando bajo nuestro radar y que es un proyecto,
hoy en forma de unas enmiendas concretas a las que ya se han referido
otros portavoces. Pero me niego a hablar de proyecto político, porque
para mí político viene del servicio a la polis, a la ciudad, o, si
miramos el tamaño de las polis, al pueblo. Es ese proyecto de apartheid
en el Estado español, ese proyecto sentado en esta Cámara, que para
aquellos que no somos buenos españoles por diferentes motivos
—seguramente en mi caso, y en el de otros millones de ciudadanos,
porque nuestra adscripción nacional es diferente— quiere un
apartheid. En ese Estado español que, entre muchas fobias, es
catalanófobo (Rumores)... Sí, por favor. Por favores. Miren objetivamente
el trato en igualdad de condiciones de los medios de comunicación de
referencia estatal. En igualdad de condiciones, caso A, caso B, catalán,
no catalán. Y habría otros casos, muchas interseccionalidades; me refiero
a las que conozco mejor: las actuaciones policiales, los montajes
policiales. Es evidente que hay muchos colectivos que sufren montajes
mediáticos, montajes policiales, etcétera. Los catalanes, por el hecho de
serlo, también. Y me dirijo a las buenas personas que puedan quedar en
este hemiciclo para que nos ayuden a combatir ese proyecto, que quiere
instalar un apartheid en este Estado, donde a varios millones de
ciudadanos, por la interseccionalidad que sea, nos quieren esclavos y
sometidos.

En referencia al contenido de la ley, me
gustaría comentar un tema. Ante las amenazas que tiene nuestro tiempo: la
emergencia climática, las crisis sociales, la emergencia del fascismo
global, que —permítanme que me repita— en esta Cámara, como
en otros sitios, quiere instalar varios apartheids, como el que me he
referido antes, en lugar de combatir con todas nuestras fuerzas estas
emergencias, estas crisis, estas amenazas —y permítanme que la
llame amenaza fantasma, no porque no sea una amenaza real, sino porque si
ven La Guerra de las Galaxias les explicará en forma de película de tiros
y láseres la amenaza real que tiene que soportar nuestra sociedad—,
en lugar de combatir, repito, esa amenaza, hoy en este trámite de ley
cerramos un debate que no hubiéramos debido tener. Un debate que empieza
cuando el Gobierno, PSOE y Podemos, traslada un proyecto de ley al
Congreso en el cual se carga el canon catalán de residuos e instala un
impuesto estatal que se cargaba un canon de gran consenso político y
social y que se había demostrado exitoso en la lucha contra el cambio
climático a nivel de Cataluña, evidentemente —la lucha es
global—, un canon que tenía reconocimientos europeos y que tenía
trayectoria. Por eso, en Esquerra Republicana lo que hicimos fue combatir
esta aproximación centralizadora. La combatimos, y tuvimos que votar en
contra de la Ley de residuos, no porque no nos interesase la ley, sino
porque no podemos entrar en la letra pequeña cuando la letra grande es
perjudicial. Nos comprometimos a negociar, a trabajar para que la
capacidad organizativa, la recaptación, la decisión sobre el impuesto, se
mantuviese. Y hoy cerramos este debate. La reflexión que les hago es que
este debate no tendría que haber existido. Dediquemos todos nuestros
esfuerzos a las amenazas que les he comentado y no a debates que, al
final, acaban siendo de cero o de casi cero.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies,
senyoria.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría Martínez-Maíllo.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Muchísimas
gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar simplemente
expresando mi solidaridad con todos los territorios y ciudadanos víctimas
de los incendios forestales. Yo soy senador por Zamora, y me duele mi
tierra, una tierra que se está quemando y que ha sufrido, además, la
pérdida de dos personas, Daniel y Victoriano, que han fallecido. Por
tanto, quiero expresar mi solidaridad con sus familias y sus amigos y
pedir el apoyo a una provincia que se quema, igual que muchas partes de
España. Así que pido apoyo y solidaridad para mi tierra. (Aplausos).
Muchas gracias.

Antes de entrar en el fondo la cuestión, y para
contestar a algunos de los portavoces, señor Heredia, no sé dónde está el
señor Espadas. ¿Dónde está? Lo digo porque las elecciones ya han acabado
y ustedes deberían asimilar el resultado de las elecciones en Andalucía.
Es lo que les corresponde, porque su discurso me ha sonado un poco al de
la noche electoral de Adriana Lastra, muy parecido, y usted tenía que
haber venido aquí y, por lo menos, haber felicitado a Juanma Moreno y al
Partido Popular por la mayoría absoluta en Andalucía. Qué menos.
(Aplausos). Qué menos.

Pregunta dónde está el señor Feijóo. Pues
trabajando por España, señor Heredia. (Rumores). Y le voy a decir una
cosa: se nota, cuando ustedes le citan sin que esté, qué miedo le tienen.
Qué miedo le tienen. (Rumores.— Aplausos). En poco tiempo el señor
Feijóo se ha estado ganando día a día la confianza y el respeto de muchos
españoles, y también de muchos socialistas decepcionados con ustedes.
(Rumores). Y simplemente está trabajando para ganarse cada día más la
confianza, porque España necesita cuanto antes un nuevo presidente del
Gobierno que se llame Feijóo. Eso es lo que está haciendo, señor Heredia.
(Aplausos).

Señor Castellana, no sé qué le ha pasado con el
tema de la catalanofobia. Ha hablado de los medios de comunicación.
Seguramente se estaba refiriendo a TV3, ¿no? Seguramente se estaba
refiriendo a TV3. Y como ha hablado de montajes, aquí los montajes que se
han producido son el referéndum ilegal en Cataluña engañando a todos los
catalanes y el intento de declaración de independencia, que les costó
justamente una sentencia condenatoria, aunque, eso sí, el Gobierno
socialista, con el cual ustedes han pactado, les ha librado en el último
momento de cumplirla íntegramente. Ese es, en el fondo, el pacto que
tienen ustedes con el Partido Socialista. Así que catalanofobia, ninguna.
Yo soy del Barça, y se lo he dicho muchas veces. Y este grupo político
quiere a Cataluña igual que al resto de España porque formamos parte
indisoluble de una gran nación que es España. Esa es la realidad.
(Aplausos.— Rumores).

Entrando en el fondo de la cuestión, porque no
tengo excesivo tiempo, y porque además se ha dicho todo lo que ya se
podía decir, es un batiburrillo de ley (Rumores)...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio,
señorías.

Perdóneme, señor Martínez-Maíllo. Discúlpeme
que le interrumpa.

Guarden silencio, señorías, por favor. (Pausa).
Muchas gracias.

Continúe.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: ... es un
batiburrillo de ley. Es la trasposición de una directiva que tiene que
ver con la lucha contra el terrorismo y la financiación del terrorismo,
donde se nos mete por medio lo que es una ley de residuos, que realmente
no entiendo muy bien qué es. Concretamente, la cesión de un impuesto
—no la creación, eso es verdad, sino la cesión de un
impuesto— a las comunidades autónomas. Y la pregunta es: ¿han
contado con las comunidades autónomas? ¿Han convocado el Consejo de
Política Fiscal y Financiera? ¿Lo han negociado con ellos o lo han
negociado solo con Esquerra? Porque esa es la sensación que está dando.
¿Vamos a volver otra vez al modelo por el cual la financiación autonómica
se negocia solamente con una parte del territorio de este país o vamos a
hacer realmente una nueva financiación autonómica? Porque, señores del
Partido Socialista, ¿dónde está su compromiso de traer al Pleno, al del
Congreso o al del Senado, la presentación a las comunidades autónomas de
un nuevo modelo de financiación autonómica? ¿Dónde está ese compromiso?
(Aplausos). Y traen en una ley relativa a la financiación del terrorismo
la cesión de un impuesto que, por cierto, nosotros criticamos, porque,
¿es que realmente España está para más impuestos? ¿Es que no tiene
suficiente carga impositiva? ¿Es que no estamos sufriendo todos los
españoles, especialmente los ciudadanos que menos tienen, una carga
impositiva tan grande como es, entre otras cosas, la inflación, que tiene
dos décimas, que es del 10,2 %? Y el Estado, con una recaudación de más
de 15 500 millones extra en los últimos cinco meses. Y en vez de reducir
impuestos, lo que hacen ustedes es aumentar los impuestos al conjunto de
los ciudadanos. No es que tomen medidas acertadas, es que toman medidas
completamente contrarias al sentido común, a la lógica y, además,
perjudicando al conjunto de los ciudadanos.

Nosotros no podemos oponernos a la trasposición
de una ley que lo que hace fundamentalmente es luchar contra la
financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, pero a veces,
cuando ustedes hacen este totum revolutum, parece que quieren que
nosotros no apoyemos este tipo de leyes. Realmente así lo creo. Nosotros
no podemos dejar de apoyarla, pero tampoco podemos apoyar sin más que
ustedes traigan este batiburrillo de ley, en la cual, sin contar con las
comunidades autónomas, no crean, pero sí ceden un nuevo impuesto.

Por último, y acabo, en relación con la
multirreincidencia, claro que estamos de acuerdo. Creo que hay un
problema evidente en España y especialmente en las zonas turísticas,
donde el hurto se multiplica y se entra por una puerta y se sale por
otra. Eso es conectar con el conjunto de los ciudadanos, es verdad, y
repito que en eso estamos de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Acabo
ya.

Por cierto, ya que querían hacer un
batiburrillo, podían haber incluido también una modificación del Código
Penal para acabar con la ocupación ilegal en España, que es un problema
social evidente. (Aplausos). Se lo dije en comisión.

Nada más, señor presidente. No podemos
apoyarla, pero tampoco nos podremos oponer.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría Gil Invernón.

El señor GIL INVERNÓN: Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.

Señor Martínez-Maíllo, la verdad es que yo no
iba a hablar más que de a lo que veníamos al objeto de la aprobación de
la ley, pero es que usted habla de socios. Si yo le hablo de los socios
que se han echado ustedes, con las barbaridades que han dicho aquí...
Esos son sus socios, ¿eh? Y no lo voy a hacer.

Evidentemente, hay dos maneras de ver la
concepción de la gobernabilidad en España. Nosotros nos sentimos muy
confortables con la pelea por la España plural y diversa, en la que
cabemos todos, y es verdad que sus socios nos excluyen a casi todos y de
todo. Eso es lo que ustedes tienen que analizar.

Y vamos a hablar de formas y de fondo, que
también me gusta. El señor Heredia ha salido aquí, se ha referido a dos
expresidentes del Gobierno de España y ha dicho literalmente: el señor
Aznar y el señor Rajoy. Les pediría un favor: cuando se refieran ustedes
al presidente del Gobierno de España, acaben con ese término del
sanchismo y respeten la figura institucional del presidente al que no han
votado. Respétenlo (Aplausos), porque luego dicen ustedes que los
faltones somos nosotros. Tiene tela, ¿eh? (Rumores).

Vamos a hablar de lo que venimos a hablar, de
la ley orgánica, que trata de tres aspectos, señorías: la trasposición de
la Directiva europea 2019/1153, que lo que quiere exclusivamente es
ayudar a ciertos operadores —y usted lo sabe— a que vayan de
una manera más rápida a la información de los ficheros de titularidades
financieras. Dicho de otra manera, igualar al delincuente —por
cierto, de cuello blanco— o al que financia el terrorismo, igualar
las fuerzas que pueden ayudar a evitar ese tipo de delitos, igualarlas en
tiempo. Y yo creo que esto es impecable, señorías.

El segundo aspecto que trata esta ley es la
cesión de un impuesto. Hemos aprobado el otro día la Ley de residuos y
ahora hacemos una cesión del impuesto. Señor Cleries: Retales Josefina.
Artur Mas, cuando hacía las leyes ómnibus, en fin, dejaba retales
Josefina que ni le cuento.

En cuanto al tercer elemento que traemos, me
van a permitir que me centre bastante más. Ha venido el presidente de la
Comisión de Seguridad y Convivencia de la Federación Española de
Municipios y Provincias, y se lo quiero agradecer, porque hay un elemento
en toda esta ley que hoy vamos a votar que preocupa de una manera muy
decidida a los ciudadanos en general y, sobre todo, a los alcaldes y
alcaldesas de todos los grupos políticos, de todo el espectro político, y
es que la multirreincidencia empieza a ser un problema social grave.
Decía el señor Gómez Perpinyà que habíamos aumentado las penas. No es
verdad. Le quiero corregir aquí, si me lo permite. Como vimos que la
reforma que se hizo con esta pena en el año 2015 no ha tenido efectos
prácticos, lo que hacemos es afinar más la técnica jurídica para que los
jueces lo tengan más fácil y aquel que ha hecho del hurto su práctica
debida por lo menos se lo piense, señoría. Y le podría incluso analizar
dónde se están dando este tipo de hurtos en el conjunto del país. Por
tanto, creo que es una reforma que nos piden los alcaldes y alcaldesas y
a la que hoy vamos a dar cumplimiento.

Y termino diciéndoles algo que me parece
importante, señorías. Claro que hay dos modelos de ver el país; claro que
hay dos modelos: el que representan ustedes con Vox y el que
representamos los demás… (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor,
¿pueden guardar silencio?

El señor GIL INVERNÓN: Sí, todo lo que quieran.
Pero ¿saben qué pasa? (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senador Gil, espere un
momento.

Señorías, les pido que no entren en debate con
el orador y que respeten el turno de intervención. Muchas gracias.

Continúe, por favor.

El señor GIL INVERNÓN: Gracias, presidente.
(Aplausos).

¿Saben lo que pasa? Que la mayoría social de
este país está de este lado. (Risas.— Aplausos). Lo verán. Y está
de este lado porque para nosotros hay un elemento fundamental, que es la
libertad: que cada uno sea como quiera, que profese la religión que
quiera, porque este país es maravilloso. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio, por favor.

El señor GIL INVERNÓN: Y cada uno lo puede
entender como quiera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Finalizado el debate del dictamen del proyecto
de ley orgánica que se acaba de debatir, se procede, a continuación, a
abrir el correspondiente plazo para la emisión del voto telemático a los
senadores y senadoras autorizados, por espacio de una hora, cuando son
las diez horas y veinticuatro minutos, hasta las once horas y
veinticuatro minutos de la mañana de hoy. Muchas gracias.

El señor presidente lee los puntos 3.2.3.
y 3.2.4.

El señor PRESIDENTE: Ruego llamen a votación.
(Pausa).

Cierren, por favor, las puertas. Muchas
gracias.

Se procede, a continuación, a realizar las
votaciones reglamentarias previstas, que son las siguientes: en primer
lugar, votación de las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
en materia de juzgados de lo mercantil. Las que resulten aprobadas
quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.

Comenzamos con la enmienda número 1, de su
señoría Sánchez-Garnica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 3; en contra, 141;
abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, al mismo proyecto de
ley orgánica, las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario
Popular.

En primer lugar, votaremos la enmienda
número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 102; en contra, 148;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 3
y 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 105; en contra, 145;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas 4
y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 107; en contra, 145;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 105; en contra, 147;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 103; en contra, 149;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, votamos la enmienda
número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 103; en contra, 146;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos a continuación, en un solo
acto, el resto del proyecto de ley orgánica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 147; en contra, 102;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos, a continuación, las
enmiendas al Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley
concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo.

Comenzamos a votar las enmiendas de su señoría
Sánchez-Garnica Gómez.

En primer lugar, la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 2; en contra, 128;
abstenciones, 127.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 5, 6, 9
a 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22 a 27 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 106; en contra, 132;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 7, 12 y 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 4; en contra, 133;
abstenciones, 120.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 104; en contra, 133;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 14, 20 y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 4; en contra, 235;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, votamos la enmienda número 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 2; en contra, 133;
abstenciones, 122.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos, de sus señorías
González-Robatto, Marín Gascón y Merelo Palomares, en primer lugar, las
enmiendas 73, 74 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 106; en contra, 145;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 147;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 77 y 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 2; en contra, 149;
abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 2; en contra, 147;
abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 4; en contra, 146;
abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, votamos la enmienda
número 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 4; en contra, 249;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas de sus
señorías Cleries i Gonzàlez y Cervera Pinart.

En primer lugar, votamos la enmienda
número 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 128; en contra, 127;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

Señorías, les pido un poco de silencio, por
favor, para poder continuar con la votación.

Votamos, a continuación, las
enmiendas 32, 33, 35, 37, 39, 44, 47 y 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 118; en contra, 126;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas 34
y 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 23; en contra, 122;
abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 126; en contra, 126;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Repetiremos la votación,
al haberse producido un empate, de la enmienda número 36.

Le damos unos segundos razonables al sistema
para volver a cargar la votación. (Pausa).

Señorías, votamos de nuevo la enmienda
número 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 126; en contra, 126;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Señorías, como mandata el
Reglamento, procederemos a una tercera votación de esta misma enmienda,
número 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 126; en contra, 126;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas 40
y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 26; en contra, 225;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 42 y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 24; en contra, 224;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 43 y 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 24; en contra, 125;
abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 45 y 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 28; en contra, 225;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 46, 56, 58 y 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 26; en contra, 123;
abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 49 y 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 128; en contra, 126;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
(Aplausos).

Señorías, votamos, a continuación, las
enmiendas 51, 54 y 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 29; en contra, 123;
abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 127; en contra, 126;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

Votamos, a continuación, la enmienda 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 26; en contra, 225;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, por último, la enmienda 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 128; en contra, 128;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la
votación de esta última enmienda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 128; en contra, 128;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, al haberse
producido de nuevo un empate, votamos por tercera vez esta enmienda.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 127; en contra, 128;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, continuamos con la votación.
(Rumores). Señorías, créanme que, con un poco de silencio, no sé si es
más rápido, pero sale mucho mejor. Un poquito de silencio, por
favor.

Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana,
vamos a votar, en primer lugar, la enmienda 203.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 19; en contra, 126;
abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 204, 210, 212
a 214, 216, 222, 223, 225, 233, 234, 236, 238 a 240, 248 y 249.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 21; en contra, 225;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE:






Quedan rechazadas.

Votamos las
enmiendas 205, 208, 209, 211, 220, 221, 224, 229, 230, 232, 235, 241, 243
y 250.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 125; en contra, 126;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 206, 207, 215 y 231.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 122; en contra, 128;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las
enmiendas 217, 218, 226, 227, 237, 244, 247, 251 y 252.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 21; en contra, 123;
abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas 219, 242
y 246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 19; en contra, 227;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 228.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 122; en contra, 126;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la enmienda 245.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 121; en contra, 128;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, las
enmiendas 83, 85, 94, 95, 152 y 182.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 142;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 84, 88, 96 a 97, 105, 107
a 111, 120 a 125, 127, 135, 156, 158, 166, 167, 169, 172, 173, 183, 185
a 188, 190, 191, 193, 194, 196 y 198 a 200.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 104; en contra, 144;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 86, 103 y 157.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 145;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 109; en contra, 140;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 89, 101
a 102, 104, 106, 146, 155, 159 a 160, 162, 164, 165, 184, 189, 201
y 202.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 106; en contra, 145;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 90 a 93, 98, 100, 116
y 153.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 112; en contra, 140;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 99, 113, 114, 117, 129
a 133, 137, 138, 141, 143, 144, 148 a 150, 174 a 177,179 y 180.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 104; en contra, 140;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 112, 128, 134, 171, 178
y 192.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 109; en contra, 141;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 115 y 142.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 102; en contra, 143;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 118 y 119.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 104; en contra, 142;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 126 y 168.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 102; en contra, 147;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 136.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 104; en contra, 146;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 139, 147, 161 y 181.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 106; en contra, 140;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 140, 151 y 163.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 102; en contra, 141;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 145.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 141;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 154 y 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 107; en contra, 143;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, votamos la enmienda
número 197.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 123; en contra, 132;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, a continuación, votamos en un solo
acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 146; en contra, 1;
abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, en virtud de las votaciones emitidas
al proyecto de ley orgánica, queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de
juzgados de lo mercantil. En lo que se refiere al proyecto de ley, tal y
como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las
enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que
este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor presidente lee los puntos 3.3
y 3.3.1.

El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta
proposición de ley orgánica dos propuestas de veto: la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Popular, y la propuesta de veto
número 3, de los senadores González-Robatto y Marín Gascón, y de la
senadora Merelo Palomares.

Para abordar el turno a favor de la propuesta
de veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular, tomará la palabra su
señoría De Rosa Torner. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora
vicepresidenta.

¿Señorías, nos puede asegurar el Grupo
Socialista que esta contrarreforma de la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que ustedes traen a esta Cámara por vía de urgencia y
saltándose todos los trámites y debates previos, será la última o será la
penúltima? ¿Podemos esperar futuras enmiendas y autoenmiendas a sus
propias propuestas efectuadas sobre la marcha? ¿Volverán a modificar el
artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Por cierto, ¿qué
van a hacer en el caso de que el Consejo General del Poder Judicial,
reunido antes del 13 de septiembre, no alcance una mayoría suficiente
para designar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional? Es una
situación poco probable, pero no imposible. ¿El cerebro jurídico de la
Moncloa, al que ya le han tumbado 2 decretos leyes del estado de alarma,
ya tiene pensado un plan B? (Un señor senador: Sí). ¿Tienen previsto
eliminar el debate en el Consejo General del Poder Judicial o ya preparan
alguna enmienda o autoenmienda para obligar a los vocales a que lleguen a
un acuerdo? Si el Consejo General del Poder Judicial llega a un acuerdo y
propone 2 nombres como magistrados del Tribunal Constitucional, y no les
gustan a ustedes porque no coinciden en sus postulados ideológicos, ¿qué
harán? ¿Lo tienen previsto? ¿Volveremos a la reforma de la reforma, a la
enmienda y a la autoenmienda, hasta que les gusten los candidatos
nombrados? (Aplausos). ¿Piensan en algún sistema de multas o prevén
cambiar el Código Penal introduciendo un nuevo tipo de delito de
desobediencia contra los vocales que no votan lo que quiere el Gobierno?
¿Piensan regular la inhabilitación de por vida a los vocales díscolos?
¿Han pensado como solución la utilización de un motorista de la Moncloa
para que lleve las papeletas de los nombres ya impresos a la sede de
Marqués de la Ensenada? A lo mejor tienen en mente recurrir al sistema
franquista y que sea el Consejo de Ministros el que ponga encima de la
mesa de los vocales los nombres que ya quiere el Gobierno. O no nos
extrañaría que vuelvan a recurrir a las leyes de la dictadura, como han
hecho con la Ley de secretos oficiales para negar información sobre los
viajes del presidente del Gobierno.

Señorías, por fin han enseñado sus cartas. En
este Pleno vamos a debatir lo que ustedes y sus socios realmente han
estado persiguiendo desde la moción de censura del 2018; ha quedado
constatado que, con la contrarreforma de la reforma, con sus enmiendas y
autoenmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial lo que ustedes
persiguen es ocupar el Tribunal Constitucional. La renovación del Consejo
General del Poder Judicial es el medio para conseguir el fin; nombrar
magistrados que se manchen las togas con el polvo del camino, como dijo
Cándido Conde-Pumpido. A ustedes siempre les ha dado igual la renovación
del Consejo General del Poder Judicial; utilizaban el eslogan, el mantra
de que el Partido Popular no quería renovar, porque ustedes no querían
este objetivo; lo que querían y lo que quieren conseguir ahora es el
Tribunal Constitucional. Las mentiras tienen las patas muy cortas,
señorías. Han buscado todos los caminos posibles para llegar hasta hoy y
ocupar el Tribunal Constitucional. En este sentido debe entenderse lo
acordado en un despacho entre el presidente Sánchez y el presidente de la
Generalitat de Catalunya; hablaban de la desjudicialización del procés.
No entiendo como jurista qué es la desjudicialización de los delitos,
pero, en fin, ustedes nos lo explicarán cuando tengan que responder a
este veto.

Señorías, les recordaré los líos de Bolaños. En
un primer momento pretendieron modificar el régimen de mayorías para el
nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, obteniendo la
amonestación de Bruselas; tuvieron que renunciar. Con posterioridad, ya
hace un año, lograron aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para impedir los nombramientos discrecionales del Consejo
General del Poder Judicial; no cayeron en la cuenta de que también
impedían el nombramiento de los 2 magistrados del Tribunal
Constitucional. Cundió el pánico en la Moncloa y el curandero experto en
cuestiones jurídicas que tienen allí, en la Moncloa y en el Gobierno, que
está pilotando todo este enredo, ha tenido que poner en marcha otra
solución. Son ya 3 los fracasos cosechados por ese —digamos—
curandero experto jurídico que es el ministro Bolaños. Y tras estos 3
traspiés intentaron nombrar de nuevo 2 magistrados del Tribunal
Constitucional que dependían del Gobierno, sin que se nombrara a los del
Consejo General del Poder Judicial, craso error; el artículo 159.3 de la
Constitución se lo ha impedido, marcha atrás otra vez. Este artículo,
como todos sabemos, impide el nombramiento de 2 magistrados por parte del
Gobierno y 2 por parte del Consejo General del Poder Judicial por
separado. Lo dice la Constitución, pero lo intentaron; incluso el propio
Tribunal Constitucional dijo que eso no podría ser y podía obtener el
veto a los designados por el Gobierno.

Ahora estamos debatiendo la enésima reforma de
la contrarreforma, la enmienda y la autoenmienda que ustedes han
presentado. Esta contrarreforma ha provocado un acuerdo por parte del
Consejo General del Poder Judicial denunciando que el Gobierno ha
incumplido la recomendación del Tribunal de Justicia europeo. ¿Saben
ustedes a qué se refiere el Tribunal europeo? A que en todas las leyes
que afectan al Poder Judicial se tiene que contar con el Poder Judicial,
se les tiene que escuchar, y ustedes han hecho una argucia; han utilizado
la proposición de ley para evitar el proyecto de ley que el Consejo
General del Poder Judicial tendría que informar y así evitan, de nuevo,
oír al Poder Judicial. Desde luego, están ustedes siempre centrados en
garantizar esa independencia. Así se lo ha recordado el portavoz de
Justicia y, además, las sentencias de 15 de octubre y de 4 de diciembre
de 2020 se lo han advertido, pero ustedes, que están sordos en todo lo
que afecta a la independencia del Poder Judicial, no lo han atendido.
Ustedes, señorías del Grupo Socialista, están en rebeldía contra
Bruselas. Ustedes son rebeldes contra Bruselas, que les ha indicado que
hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial respetando la
independencia, fomentando que sean los jueces quienes elijan a sus pares.
Así lo ha dicho el comisario. Ustedes están en rebeldía porque han
utilizado la figura de la proposición de ley en vez de la figura del
proyecto de ley. Ustedes están en rebeldía porque no han modificado el
estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para determinar que el
nombramiento del fiscal general del Estado sea lo más independiente
posible. En la democracia las formas son esenciales; se empieza
despreciando lo formal para continuar atropellando lo esencial, que es la
independencia del Poder Judicial. Por tanto, señorías, nuestro veto se
basa en la independencia del Poder Judicial, que coincide con lo pedido
por Bruselas. Por muchos deseos que tengan ustedes de ocupar el Tribunal
Constitucional, de los viajes que dan para un lado y para otro, el
Gobierno de España no puede estar en rebeldía contra Bruselas, provocando
un debilitamiento de nuestro Estado de derecho.

La política judicial del Gobierno preocupa a
Bruselas, y ustedes saben que puede aplicar el mecanismo de
condicionalidad, el mecanismo que ha sido ratificado por el Tribunal de
Justicia europeo, que dispone que aquellos Estados que pongan en grave
peligro el Estado de derecho podrán verse privados de los fondos
europeos; así ha ocurrido en Polonia y así ha ocurrido en Hungría. Vamos
a tener ese déficit en España y vamos a tener ese aviso por parte de
Bruselas. Dejen de ser rebeldes con respecto a la política de Bruselas en
materia de independencia del Poder Judicial. Ustedes ahora ya se
desentienden de cualquier renovación del Consejo General del Poder
Judicial; a ustedes nunca les ha importado. El 15 de septiembre el
Gobierno de España tendrá que pronunciarse ante Bruselas sobre la queja
de 2500 jueces denunciando los ataques a la independencia judicial de su
Gobierno y de los ministros. Por eso ustedes han marcado la fecha del 13
de septiembre, porque el 15 de septiembre tendrán que responder ante
Bruselas sobre la denuncia de 2500 jueces.

El Grupo Popular basa este veto en que lo que
ahora deberíamos estar debatiendo es, por ejemplo, cambiar el estatuto
orgánico del Ministerio Fiscal para blindarlo de toda injerencia
política. ¿Por qué no estamos debatiendo aquí, en vez de la reforma, la
contrarreforma, las enmiendas y autoenmiendas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, lo que nos exige Bruselas? ¿Un estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal que blinde la independencia del Gobierno del fiscal general del
Estado? ¿Por qué no estamos aquí discutiendo también todo lo relativo al
informe que ha elaborado el abogado general del Tribunal de Justicia
europeo, que reafirma el espíritu y la letra de la euroorden, tal como
alegó el magistrado Llarena? El Grupo Popular esperamos que pronto el
Tribunal de Justicia de Europa dicte la sentencia y acoja la tesis del
abogado general para que los prófugos de la justicia puedan rendir
responsabilidades ante los tribunales españoles. En el Grupo Popular
queremos mostrar nuestro respeto al magistrado Pablo Llarena, cuya
actuación ajustada a derecho ha prestigiado la justicia española.
(Aplausos).

Señorías, el fiscal Salvador Viada,
recientemente elegido democráticamente como miembro del Consejo Fiscal,
resume en una frase la situación de la Fiscalía —que es lo que
propone este grupo, debatir ahora el estatuto orgánico, y lo que Bruselas
exige—: O trabajas para el PSOE o trabajas para la ley. Esto es
aplicable a la fiscal general del Estado —que ya ha dimitido, lo
cual nos alegra muchísimo y personalmente a mí también— y a su
sustituto, el que ustedes proponen, Álvaro García Ortiz, pues no se puede
pasar de ministra a fiscal general y de participar en actos del Partido
Socialista de Galicia a fiscal general del Estado. Es otro fraude que
ustedes están cometiendo. (Aplausos).

Para finalizar, en el Grupo Popular queremos
poner de manifiesto que el veto presentado supone una oferta que nuestro
presidente, Alberto Núñez Feijóo, ya ha hecho llegar al Gobierno. Los
parámetros los conocen, pero se los reitero: primero, la retirada de esta
proposición de ley para nombrar el Tribunal Constitucional que el
Gobierno ha pactado con sus socios; segundo, negociar la renovación del
Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con
respeto a la ley actualmente en vigor; tercero, la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que garantice la regeneración y la reforma
del modelo de elección sobre la base de la propuesta que hagan los
propios jueces; cuarto, la exigencia de que nadie que haya estado en
política en los últimos 5 años pueda ser nombrado fiscal general del
Estado. La propuesta de que la renovación de los vocales se lleve a cabo
con luz y taquígrafos en el Congreso y en el Senado, o que el nombre del
presidente del Consejo General del Poder Judicial sea decidido por los
vocales sin pacto político previo. Esa es la propuesta del Partido
Popular, que coincide con lo instado por Bruselas. ¿Están ustedes de
acuerdo? Sean valientes y negocien, no consideren que como ya han
obtenido el triunfo de nombrar a sus 2 magistrados del Tribunal
Constitucional, ya no les interesa la renovación. Es importante que se
produzca ese respeto por la independencia del Poder Judicial. El Partido
Popular está dispuesto a realizar toda negociación que sea para
garantizar la independencia del Poder Judicial sobre la base de la
propuesta que ustedes han rechazado. Es una propuesta valiente; ustedes
no están demostrando valentía; ustedes están poniendo en peligro a España
ante Bruselas y les reitero que no pueden estar en rebeldía; no pueden
ser rebeldes con respecto a lo establecido por el comisario europeo y el
Tribunal de Justicia de Europa.

Por tanto, ustedes ahora podrán alegar lo que
quieran en la contestación a este veto, pero la verdad es que han
intentado, por diversos caminos, desviarse de las recomendaciones
europeas, y Europa es una unión no solamente económica sino también
política, que está basada en el respeto de los derechos fundamentales y
el respeto del Estado de derecho. El país que ponga en peligro el Estado
de derecho, como ustedes están haciendo con esta reforma, contrarreforma,
enmienda y autoenmienda, puede verse impedido para obtener los fondos
europeos. ¿Quieren eso para España? Rectifiquen.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 3, de los
senadores González-Robatto Perote y Marín Gascón, y de la senadora Merelo
Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidenta.

Señorías, rechazamos rotundamente esta
iniciativa, toda vez que contribuye al uso partidista, por parte de este
Gobierno socialcomunista, del máximo órgano de gobierno del Poder
Judicial y, por extensión, de este último. Esta proposición tiene por
objeto la modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir al Consejo General del
Poder Judicial la competencia para, estando en funciones, proponer a
los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada mediante la Ley
Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, limitó sustancialmente las competencias
del Consejo General del Poder Judicial cuando estuviese en funciones. A
partir de esta modificación, el Consejo General del Poder Judicial en
funciones ya no puede ejercer sus cometidos de mayor trascendencia, como
el de proponer el nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del
Tribunal Supremo. Mediante la proposición de ley orgánica aquí presentada
se pretende permitir al Consejo General del Poder Judicial proponer el
nombramiento de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, pero no el
resto de competencias que le corresponden. Pero, además, el grupo
parlamentario autor de esta propuesta presentó en el Congreso una
enmienda, que fue aceptada, para modificar, asimismo, el artículo 599 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de establecer un plazo
de tres meses para que el Consejo General del Poder Judicial proceda a
esta designación de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional; es
decir, más que autorizando, esta proposición está obligando al Consejo
General del Poder Judicial a nombrar a los 2 magistrados del Tribunal
Constitucional. El verdadero propósito de esta iniciativa queda así en
evidencia. Su finalidad es realizar un uso torticero y partidista del
Poder Judicial por parte de este Gobierno socialcomunista, que incluso ha
merecido la crítica del máximo órgano de gobierno de la justicia.

Otro motivo que fundamenta la presentación de
esta propuesta de veto es la forma empleada por la iniciativa, que es la
de proposición de ley orgánica en vez de proyecto de ley orgánica. El
sentido del uso de esta fórmula parlamentaria no es otro que evitar el
preceptivo trámite de informe del Consejo General del Poder Judicial, así
como todos los demás dictámenes y trámites previstos en la Ley del
Gobierno para las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Además, hay que
denunciar el procedimiento parlamentario escogido de lectura única, ya
que permite al Pleno acordar, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, que se tramite directamente en sesión plenaria y sin los
previos estudios y discusión en ponencia y comisión. A esto hay que
añadir la tramitación urgente de la iniciativa, de tal manera que los
plazos de tramitación parlamentaria se han reducido a la mitad. En
definitiva, una iniciativa de máxima trascendencia para el funcionamiento
de los órganos constitucionales está siendo objeto de una tramitación
vertiginosa, carente del exigente examen parlamentario del que sería
acreedora, y ello se debe, únicamente, al interés político del Gobierno
actual. (El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez, ocupa la
Presidencia).

El propósito de este Gobierno socialcomunista
es asegurarse una composición del Tribunal Constitucional que incluya una
mayoría de magistrados más favorables a sus posicionamientos. Dada la
radicalidad y el sectarismo extremos de la agenda actual, de mayoría
socialista, comunista y separatista, hay temores más que fundados de que
un Tribunal Constitucional con otra composición abra la puerta a
fenómenos de mutación constitucional y desmonte el sistema político sin
pasar por los procedimientos previstos para ello en el ordenamiento
jurídico. La proposición de ley orgánica que aquí se debate constituye un
nuevo ataque de este Gobierno a la independencia del Poder Judicial y al
Estado de derecho. Significa, sobre todo, una acentuación del proceso de
colonización de las instituciones por el Ejecutivo y, con ello, un
agravamiento exorbitante del deterioro en el sistema de equilibrio de
poderes que contempla la Constitución.

Por todo ello, nos oponemos a esta proposición
de ley y presentamos nuestro veto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Marín Gascón.

En turno en contra, tiene la palabra la
senadora De Pablo.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
vicepresidente.

Llevamos 1300 días. Nos pregunta el senador De
Rosa cuántas reformas vamos a hacer. Y el Partido Popular lleva 1300 días
en una situación de insumisión constitucional, de rebeldía
constitucional, bloqueando nuestra arquitectura básica constitucional.
(Aplausos). Pues bien, el Grupo Socialista hará cuantas reformas, por
instrumentos democráticos y parlamentarios, sean necesarias, senador De
Rosa —siento que no esté el señor Feijóo, con lo importante que es
este debate—, para intentar normalizar la situación que ustedes han
llevado al borde del precipicio. Por respeto a la Constitución, por
respeto a estas Cámaras, por respeto, evidentemente, al propio Consejo
General del Poder Judicial y por respeto a los 50 jueces, juezas,
magistrados y magistradas —que no nos los sacamos de la
bolsa—, que nos manda el Consejo General del Poder Judicial para
que, entre ellos, elija el Parlamento; por respeto a todos ellos hoy se
trae esta reforma aquí. Por ello, les apelamos a que ustedes vuelvan a la
sensatez y, sobre todo, al sentido democrático y de Estado. Mire, senador
De Rosa, a usted le ha sorprendido que hayamos establecido un plazo en
esta reforma. Lógico, porque los constituyentes, entre los cuales estaba
el señor Fraga Iribarne, hombre muy de derechas, pero con sentido de
Estado y con la Constitución en la cabeza, jamás pudieron prever un acto
de deslealtad institucional como el que se produce desde hace 1300 días y
está viviendo este país. (Aplausos).

La cuestión es muy sencilla, es un debate muy
fácil y, a la vez, muy difícil de abordar. Es muy fácil porque los
argumentos esgrimidos son falsos de toda falsedad, tal y como dicen el
propio miembro del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, y
cinco magistrados más y, por tanto, se pueden desmontar de manera
puntillosa y rigurosa. Pero es muy difícil porque hacer un debate serio y
solvente con un tema tan importante es muy complicado, ya que tengamos en
cuenta que estamos hablando de una cuestión esencial de nuestra
arquitectura constitucional. En cuanto al procedimiento es muy fácil; y
en cuanto al fondo, ninguno de los dos vetos tiene ninguna razón que los
justifique. Cuando los argumentos que se utilizan son falsos de toda
falsedad, tenemos que decir lo siguiente: en cuanto al veto de Vox, voy a
permitirme decir una cosa que, a lo mejor, es poco correcta, y es que es
—lo siento— de un burdo, que no me voy a extender más allá;
solo diré que, desde la primera palabra hasta la última, está en las
antípodas de lo que defiende este partido, que es la democracia, la
libertad, la igualdad y el respeto a los órganos constitucionales.
(Aplausos). El veto del PP es mucho más sutil y, en términos judiciales,
como le gusta decir al senador De Rosa, mucho más torticero porque la
finalidad perseguida no es otra que mantener e intentar perpetuar una
anomalía constitucional; sí, una anomalía constitucional. Por eso, la
Comisión Europea no dice lo que ha dicho usted, senador De Rosa, sino que
dice: Proceder a la renovación del Consejo como prioridad para iniciar,
inmediatamente, la renovación; un proceso con vistas a adecuar el
nombramiento de los miembros teniendo en cuenta los estándares europeos.
Eso es lo que dice y no dice otra cosa. Pero hoy estamos hablando del
Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, volvamos todos a
primero, no es Poder Judicial. Los dos vetos hablan todo el rato de Poder
Judicial; pues no, el Tribunal Constitucional, y usted lo sabe, no es
Poder Judicial.

Mire, usted se basa en tres cuestiones que no
es que sean incorrectas, sino que no son ciertas. Primero, se escandaliza
por no haber pedido al tramitar esta proposición informe al Consejo
General del Poder Judicial y, para ello, se apoya en un informe, de 12 de
julio, del propio Consejo General del Poder Judicial. Usted sabe que
tramitar esta proposición de ley en lectura única y sin pedir esos
informes es absolutamente reglamentario y correcto. De hecho, ustedes lo
han usado profusamente, incluso con mayoría absoluta, en leyes tan
importantes como la Ley 1/2016, de reforma de la Ley Orgánica de
estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2016, de modificación de la
Ley Orgánica del régimen electoral general, Ley Orgánica 4/2018, de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1/2019,
por la que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal, y así otras
muchas en las que a ustedes ni siquiera se les ocurrió pedir informe al
Consejo de Estado ni al Consejo General del Poder Judicial, ninguno fue
oído. Algo tendrá que ver que, desde 2013, el Consejo General del Poder
Judicial está conformado por una mayoría propuesta por su grupo, por el
Grupo Popular; mayoría que lleva más de tres años en una situación que no
le corresponde, en una situación de irregularidad flagrante.

Segundo, se escandaliza y apela el senador al
informe del propio Consejo, pero olvida que se ha emitido por diez votos
a favor, siete votos en contra y dos votos en blanco, 10/9. Esto es lo
que ustedes han conseguido con esa estrategia de insumisión
constitucional, fracturar por la mitad un órgano como es el órgano de
gobierno de los jueces, y convertirlo en un campo de batalla en el que no
se tenía que haber entrado nunca. Además, ¿saben lo que dicen los votos
particulares de ese informe del Consejo que usted menciona? El voto
particular afirma, y es muy grave, que el acuerdo del Consejo y su
petición —son magistrados del Consejo General del Poder Judicial;
usted pedirá respeto a los que menciona, como Llarena, pero nosotros
pedimos respeto para todos los miembros del Consejo General del Poder
Judicial— no es acorde a la legalidad, supone una extralimitación
de funciones del Consejo General del Poder Judicial y una interferencia
en la función legislativa de las Cortes Generales, así como en el debate
parlamentario del estado de la nación. Y sigue diciendo el voto
particular contra el acuerdo del Consejo: No respeta la separación de
poderes. Los consejeros firmantes del voto particular señalan: Ni la
Constitución ni nuestro sistema jurídico ni la Ley Orgánica del Poder
Judicial, desde que existe el Consejo hace más de cuarenta años, obligan
al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de las
proposiciones de ley. Y concluyen con algo muy grave: El problema de
fondo es que, por causa de una inconstitucional y reprochable actitud de
bloqueo que impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial,
se está violando la Constitución y desprestigiando al Parlamento, a los
órganos constitucionales y al propio Consejo. Tal intento de manipular
—sigue el voto particular— por la puerta de atrás… ¿Le
suena lo de la puerta de atrás? ¿Le suena un senador que se llama Ignacio
Cosidó? ¿Le suenan los wasaps que decían: No os preocupéis, que ya
controlaremos al Supremo por la puerta de atrás? Pues eso lo dicen
algunos magistrados del Consejo General del Poder Judicial.
(Aplausos.— Rumores). Tranquilo, senador De Rosa, que luego hay
otro turno. Insisto, dice el voto particular: Tal intento de manipular
por la puerta de atrás el órgano constitucional es un desprecio
intolerable a esta institución y al principio democrático de la
separación de poderes, y una desconsideración hacia los 50 jueces y
juezas y magistrados que, hace más de tres años, presentaron su
candidatura. Oiga, es muy grave. Esto no lo dice ningún Gobierno
socialcomunista —yo no sé si soy de la parte social, desde luego,
comunista sé que no soy, pero sí soy socialista—, sino que lo dicen
magistrados solventes del Consejo General del Poder Judicial.

Tercer escándalo. Explicaba muy bien el
diputado del Partido Socialista en el Congreso que ustedes, con su oferta
o su propuesta, juegan a algo que hemos jugado todos los que tenemos
hijos: dame la mano, pon la mano y, cuando se la vamos a coger, ustedes
la retiran y, ¡zasca!, te atizan. Pues eso es lo que están ustedes
haciendo, desde hace más de un año, con su propuesta de pacto para la
reforma del Consejo General del Poder Judicial. Su último mantra es el
planteamiento de la elección de los jueces por los jueces. Cuando hay que
afrontar una situación de subversión en el orden constitucional, habrá
que ir a las fuentes, y las fuentes son lo que el propio Tribunal
Constitucional establece en su Sentencia 108/1986, de 1 de julio:
Sostener que la independencia judicial y la existencia constitucional del
Consejo comportan el reconocimiento constitucional de una autonomía de la
judicatura y, en consecuencia, la facultad de autogobierno, cuyo órgano
sería, precisamente, el Consejo, no está reconocido. Ni tal autonomía ni
el autogobierno se reconocen en la Constitución ni se derivan de la
existencia, composición y funciones del Consejo. Sentencia del Tribunal
Constitucional de 1 de julio de 1986. Y dice más: Tampoco se impone la
existencia de un autogobierno de los jueces de una deducción lógica de la
regulación constitucional del Consejo. Eso es lo que dice el Tribunal
Constitucional, tan poco sospechoso de ser socialcomunista.

Mire, la realidad y la cuestión nuclear, que
podemos decir con tranquilidad porque entendemos que no es un debate que
genere pasión en los ciudadanos, porque es difícil entender hasta qué
punto les afecta en las más de 1000 sentencias atascadas, en su vida
diaria y cotidiana y en el ejercicio de leyes como las que aprobamos
ayer, es que la opción de autogobierno judicial que baraja el Partido
Popular, reiterada ocasionalmente, no es desinteresada. ¿Por qué? Porque
ustedes saben, y lo sabemos todos, que los integrantes del Poder
Judicial, como consecuencia de circunstancias económicas, sociales o
culturales, no reflejan exactamente la pluralidad de la sociedad en estos
momentos, que es uno de los valores fundamentales del orden
constitucional, de nuestros valores y de nuestro sistema político y de
convivencia, artículo 1 de la Constitución. Las asociaciones reflejan
que, en estos momentos, el órgano de los jueces es mayoritariamente
conservador, y la prueba está en que la asociación progresista tiene
un 11 % de afiliación. La realidad es que buscan algo que ya les hemos
dicho en otras ocasiones y que tenemos que repetir: ustedes, cuando están
en el Gobierno, buscan el retroceso de los avances sociales a través del
Legislativo y, cuando están en la oposición, cuando no ostentan el poder,
pretenden hacerlo mediante el control de la composición de los
principales órganos judiciales, a través de un Consejo de permanente
mayoría conservadora, de bloquear la renovación del Tribunal
Constitucional, también de mayoría conservadora; y los socialistas
—y pido el apoyo del resto de la Cámara y el voto en contra de
estos vetos— no se lo vamos a permitir y vamos a utilizar, reitero,
todos los mecanismos democráticos y parlamentarios necesarios para
intentar normalizar nuestra estructura democrática, nuestro sistema o
nuestra arquitectura constitucional.

Mire, ustedes han hecho una propuesta de
oferta. Vale, es la décima. Le voy a contar las nueve anteriores. Siempre
ponen condiciones y la Constitución no se condiciona, o se modifica o se
cumple, pero no se ponen condiciones para cumplir la Constitución, sino
que se acata directamente. (Aplausos). Le voy a decir la opinión de
Jueces para la Democracia, tan poco socialcomunistas. Su primera
propuesta es de diciembre de 2020, que dice: El Partido Popular no
renovará el Consejo por la cercanía de las elecciones catalanas —a
este paso, Salvador Illa, lo siento, va a acabar ganando las elecciones
porque no van a sentarse a renovarlo en ningún momento, o a quien le
toque ganarlas—. Febrero de 2021: El Partido Popular no renovará el
Consejo si interviene Podemos. Tercera: El Partido Popular no renovará el
Consejo si se incluyen ciertos nombres. Cuarta: El Partido Popular no
renovará el Consejo hasta que no se retire la proposición de ley para
cambiar la mayoría de estos nombramientos —por cierto, ya fue
retirada—. Quinta: El Partido Popular no renovará el Consejo si
alguien que no es bien visto por ellos preside el Tribunal Constitucional
—acuérdense ustedes del señor Arnaldo—. Sexta: El Partido
Popular no renovará el Consejo hasta que no pasen las elecciones
madrileñas de mayo de 2021 —igual, ahora nos tenemos que esperar
hasta 2023—. Séptima: El Partido Popular no renovará el Consejo
hasta que se cambie el sistema de elección, avalado por ellos mismos
en 2013. Octava: El Partido Popular no renovará el Consejo si se producen
indultos. Novena: El Partido Popular no renovará el Consejo si no se
acepta su plan de regeneración de justicia. Y hoy nos trae la décima y le
digo que la Constitución, que es lo que estamos buscando en estos
momentos en esta Cámara, se cumple, no se ponen condiciones ni coacciones
ni chantajes.

Termino. Hay que renovar en plazo legal las
altas instituciones del Estado y, en concreto, el Tribunal
Constitucional, que es de lo que estamos hablando y a lo que,
efectivamente, hemos puesto plazo. Fíjese, los constituyentes, incluido
el señor Fraga Iribarne, incluyeron en la Constitución el tema de
pandemias, tuvieron esa visión de futuro, pero jamás fueron capaces de
llegar a imaginar que se pudiera establecer esta insumisión
constitucional. Es un imperativo, es un derecho y deber de este
Parlamento, de las dos Cámaras, del Congreso y del Senado. Obstaculizar
dicha renovación, como están haciendo ustedes, senadores del Partido
Popular —se lo trasladan al señor Feijóo, por favor, ya que
pertenece a un partido con vocación de Gobierno y aspira a liderar este
país—, senadores de derechas —lo siento, van ustedes en el
mismo paquete—, es un grave atentado a la estabilidad del sistema
democrático; contribuye al desprestigio de las instituciones
democráticas, de los órganos constitucionales; constituye un intento
peligroso e irresponsable de manipulación de nuestra arquitectura
constitucional y causa un grave perjuicio a este país, a nuestro sistema
democrático; y, por desgracia, que es lo que más nos preocupa a los
socialistas y a las fuerzas progresistas, a los 44 millones de españoles
que se ven secuestrados por su bloqueo de los órganos
constitucionales.

Evidentemente, vamos a votar en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora De Pablo.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Marín Gascón.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias,
presidente.

Señorías, la iniciativa que se trae a esta
Cámara constituye la enésima cacicada perpetrada por el actual Gobierno
socialcomunista en contra del correcto funcionamiento institucional de
nuestro Estado de derecho. Esta proposición es la manifestación de un
estilo de gobernar basado en el sectarismo ideológico y en el deterioro
institucional y, por ello, es merecedora de un rechazo sin fisuras. El
fundamento de nuestra posición rotundamente contraria a esta proposición
de ley está en el gravísimo daño que, en caso de salir adelante, va a
provocar en el funcionamiento de varios de los más importantes órganos
constitucionales. Sin embargo, el alcance de esta erosión al sistema
constitucional es, por desgracia, más profundo, ya que la pretensión
última del Gobierno es desbordar con sus políticas todos los límites
constitucionales a través de la desvirtualización del control de
constitucionalidad de las leyes. Es un principio esencial para nuestra
fuerza política la voluntad de despolitizar la justicia, no solamente el
Poder Judicial, sino también otros órganos constitucionales, como el
propio Tribunal Constitucional, que tienen una función indispensable en
el sistema de instituciones por el que nos regimos.






Por desgracia, esta
iniciativa de la mayoría gubernamental va exactamente en el sentido
contrario, y hay que decir que no es una novedad del sanchismo, sino que
el propósito de control de las altas instituciones constitucionales por
los partidos políticos ya fue claramente manifestado en los años de
Felipe González, y también es verdad que, pese a declaraciones en
contrario, esa ha sido la línea del Gobierno del Partido Popular.

La iniciativa que se nos propone es, insisto,
un ataque contra la independencia y la imparcialidad de instituciones
fundamentales para el adecuado funcionamiento del Estado y afecta
directamente a dos de ellas: el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional. Hay que distinguir el Poder Judicial del Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la
Constitución y garantiza al expulsar del ordenamiento aquellas leyes que
no son conformes con la Constitución que los derechos fundamentales que
reconoce la Carta magna, así como la organización política del Estado que
configura la misma norma fundamental, no se vean atacados por los abusos
con forma de ley que pueda perpetrar una concreta mayoría parlamentaria.
En resumen, y sin perjuicio de los necesarios matices, si el Poder
Judicial cumple una obligación básica del Estado para con los ciudadanos,
como es la de administrar justicia, el Tribunal Constitucional desempeña
una función no menos importante como garante del equilibrio y coherencia
del conjunto del sistema. Aunque distintos, como hemos visto, Poder
Judicial y Tribunal Constitucional tienen elementos en común, como la
formación jurídica de sus integrantes y también la necesidad de que
realicen sus funciones con independencia, imparcialidad, honestidad y
lealtad a la finalidad de la institución respectiva. Y estas virtudes que
acabamos de mencionar son incompatibles con la politización de las
instituciones, con el hecho innegable de que los partidos políticos
tengan un papel determinante en el nombramiento de sus miembros y traten
de influir en el sentido de sus decisiones. Por todo ello, nos oponemos a
esta proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Marín Gascón.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Si me descuido, no llego, han ido rápidos los
vetos. Mediante esta iniciativa el Gobierno propone la reforma del
artículo 570 bis para deshacer parcialmente la reforma que aprobó
mediante la Ley orgánica 4/2021, de 29 de marzo. Con ello plantea una
contrarreforma para deshacer la modificación que evitaba que el Consejo
General del Poder Judicial pudiera hacer nombramientos estando en
funciones. Señorías, la intención ahora es permitir que el Consejo
General del Poder Judicial nombre sus dos magistrados del Tribunal
Constitucional para que así el Gobierno pueda nombrar los suyos. Esto es
lo que hay; esto es lo que se trae aquí hoy. A través de la anterior
reforma, el Gobierno tenía por finalidad separar la facultad del Consejo
General del Poder Judicial en funciones, que legítimamente ha de
corresponder al Consejo entrante o renovado y no al saliente. Las
atribuciones que se le hurtaron en aquella reforma eran muy variadas,
pero destacan, sobre todo, las referidas a nombramientos de cargos
discrecionales —¿les suena esto de nombramientos de cargos
discrecionales?—, tanto no judiciales —los dos magistrados
del Tribunal Constitucional, vicepresidente del Consejo General del Poder
Judicial, director de la Escuela Judicial, director del gabinete técnico,
promotor de la acción disciplinaria, jefe de la Inspección o todo lo
referente al cuerpo de letrados del Consejo General del Poder
Judicial— como, sobre todo, judiciales —nombramiento de los
magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales
superiores de justicia y audiencias provinciales,
principalmente—.

Según el Ejecutivo, señorías, la justificación
de esa primera reforma es que trataba —abro comillas— de
favorecer la renovación, pero, sobre todo, resultaba fundamental para
cubrir una laguna jurídica, un déficit en el diseño constitucional del
Estado. Nos hablaban de algo que ya se descubrió en aquel momento como
—perdonen la expresión en la tribuna— una mentira, una
absoluta falsedad, puesto que sí estaba previsto legalmente qué debía
ocurrir si el Consejo General del Poder Judicial no era renovado en
plazo. Señorías, el original artículo 570.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial indicaba que el Consejo General del Poder Judicial continuará en
funciones, es decir, que seguirá funcionando con plena y absoluta
normalidad, salvo para nombrar a la figura de su presidente. Además, esta
primera reforma ya resultaba de por sí un completo absurdo y, perdónenme,
dicho con el debido respeto, ya que quitarle al Consejo General del Poder
Judicial funciones tan importantes como la de los nombramientos
discrecionales no facilitaba su renovación, simplemente se aseguraba que,
entretanto, no iba a poder hacer esos nombramientos y nada más, solo
esto. Otra grave consecuencia de esta primera modificación ha sido la
paralización del funcionamiento del Alto Tribunal —ya todos ustedes
saben cómo está el Supremo—, así como la acumulación de un 20 % de
vacantes en el citado Tribunal Supremo.

Ahora parece, señorías, que con la segunda
reforma ya no importa tanto la legitimidad del órgano, tampoco favorecer
la renovación y mucho menos que los nombramientos los haga el Consejo
saliente, lo único que trata de hacer el Gobierno es, con sus dos
propuestas de magistrados, cambiar la mayoría del Tribunal Constitucional
cuando el cargo de cuatro de sus miembros esté próximo a expirar. O sea,
se trata, pues, de estas componendas de poner, quitar y tener mayorías en
los órganos judiciales que luego tienen que juzgar a los políticos, que,
a su vez, ponen a los jueces. Parece una cosa bastante disparatada, pero
así estamos en este país. Esta situación pone ahora a las Cámaras en el
absurdo de tener que reformar una reforma, y al propio Gobierno en una
situación tan vergonzosa como la de tener que desdecirse de lo dicho no
hace mucho tiempo. Pero no solo esto, sino que, además, con esta decisión
—y es lo más importante, lo más sonrojante— se desprestigia
una vez más la imagen del Tribunal Constitucional, que se ve
profundamente dañada por encontrarse totalmente expuesta a los intereses
del Gobierno, a los intereses políticos de siempre. Todos los partidos
políticos siempre tratan de —perdonen la expresión— meter sus
zarpas, de meter sus manazas en el nombramiento de los jueces y controlar
los órganos judiciales. ¿Por qué será? ¿Por qué será tanto interés en
controlar los órganos judiciales? Y, por último, daña la legitimidad del
Consejo General del Poder Judicial, a quien le quita y le pone la
facultad de nombramientos según sus intereses. Luego pasa lo que pasa y
nos preocupa la imagen de determinados órganos que deben ser sacrosantos
y absolutamente independientes, o así deberían ser.

Pero ¿cuál parece ser el objetivo real del
presidente con toda esta urgencia para modificar de nuevo la Ley Orgánica
del Poder Judicial? Pues esta decisión se debe, sin duda, a que, en la
próxima renovación, señorías —se lo voy a decir claramente—,
abandonarán el órgano su presidente, Pedro González-Trevijano,
presuntamente conservador, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, de corte
progresista —¿a ustedes les parece normal que estemos hablando de
jueces conservadores y jueces progresistas? Los jueces son jueces y son o
deberían ser independientes—, y los magistrados Antonio Narváez y
Santiago Martínez-Vares, conservadores. Con el nombramiento de esos dos
magistrados, el Ejecutivo —y esto lo estoy diciendo con muchísima
tristeza, me provoca profundo dolor, pero es que esto es lo que
hay— se asegura que al menos siete de los doce miembros del
tribunal pasarán a ser de sensibilidad progresista. Solo estar diciendo
esto provoca sonrojo.

Ante esta situación organizada por la
contrarreforma, algunos de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial ya han alertado y han puesto el grito en el cielo porque, en la
actualidad, el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa los
recursos de inconstitucionalidad contra la modificación legal que les
impide hacer designación de magistrados del Supremo o de jueces de los
tribunales superiores de Justicia, entre otros. Sería necesario que el
Tribunal Constitucional se pronunciara cuanto antes sobre esta ley y no
hacer ningún nombramiento hasta entonces, porque, claro, cambiar a los
miembros para que se pronuncien sobre una ley o un recurso que está
encima de la mesa parece que es cambiar las normas a mitad de partido,
quitar a unos y poner a otros para ver si estos son más favorables.
Insisto, es de lo más sonrojante. Esta táctica se produce tras la visita
de la vicepresidenta de la Comisión Europea, que recordó en su discurso,
señorías, que el poder político no autoriza a tomar el control de otros
poderes, como viene ocurriendo desde hace 37 años. ¿Recuerdan a
Montesquieu, o cuando Alfonso Guerra decía Montesquieu ha muerto? Y es
que es verdad, Montesquieu murió hace mucho tiempo en España y la
división de poderes aquí nos la hemos pasado por el forro. Pero, bueno,
la vicepresidenta de la Comisión Europea vino, nos lo recordó y nos sacó
los colores: el poder político no autoriza a tomar el control de otros
poderes, como viene ocurriendo. El Poder Judicial está para controlar, es
un contrapoder, pero si el Ejecutivo controla el Poder Judicial, pues
luego pasa lo que pasa.

Parece ser, señorías, que quien gana las
elecciones en España —y con esto voy a terminar— se gana el
derecho a intervenir el Poder Judicial mediante el control del Consejo
General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del
Tribunal Constitucional. Muy triste, sonrojante y vergonzoso. Hagámonoslo
mirar de una vez por todas, señorías, que para eso estamos aquí:
independencia, división de poderes y Montesquieu. Por supuesto, votaremos
en contra absolutamente con plena conciencia de ello.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, señor Sánchez López.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera.

El señor CERVERA PINART: Gràcies,
president.

Bon dia, señorías. Van a permitirme que empiece
refiriéndome a las votaciones de la Ley concursal que se han producido
hace unos momentos y a las cuatro enmiendas aprobadas, que en realidad
son cinco porque hay una enmienda a la totalidad a la actitud del
Gobierno y del Grupo Socialista con esta Cámara; un Gobierno y un Grupo
Socialista que ni cuando estamos dispuestos a dialogar y a encontrar
consensos, favorecen el debate, sino que el portavoz en la Comisión de
Justicia es capaz de salir aquí y menospreciar nuestras enmiendas, que no
solamente implican el trabajo de las y los senadores de esta Cámara, sino
que también en muchas ocasiones responden al trabajo de los colectivos
que conocen y sufren cada día las consecuencias de las leyes que aquí
hacemos.

Dicho esto, voy a entrar en cuestión. Esta
proposición sorprende a los pocos meses de la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, una reforma que en su momento ya consideramos
insuficiente, pero que, al menos, impedía a un Consejo caducado e inmune
al cambio de mayorías democráticas seguir haciendo nombramientos
sectarios y colocar a jueces afines en los grandes tribunales. Nos
sorprende que nos traigan esta nueva proposición con la que ustedes
mismos desvirtúan la anterior reforma, forzando una excepción de calado
al pretender que el Consejo en funciones continúe sin poder nombrar
magistrados para el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los
tribunales superiores autonómicos, pero sí nombrar magistrados para el
Tribunal Constitucional.

Estamos convencidos de que, como ya se ha
visto, se van a reproducir en este debate todos los reproches
consecuencia del no pacto entre socialistas y populares para renovar el
Consejo General del Poder Judicial, porque populares y socialistas
coinciden en el discurso de la división de poderes, que, ciertamente,
sería lo exigible en una democracia plena, pero en Junts per Catalunya
sabemos que esta división del poder para ustedes solo es entendida como
su reparto, como han hecho unos y otros en mayor o menor grado durante
los últimos 40 años. Porque sí, está claro que el Partido Popular, en
contubernio con la cúpula judicial, está impidiendo la renovación de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero entendemos que, si
hubieran llegado a un pacto en su momento, aquí tampoco pasaría nada y se
haría oídos sordos a lo que reiteradamente el Consejo de Europa o el
Grupo Greco están diciendo.

En Junts per Catalunya hemos advertido y
denunciado reiteradamente el descrédito del gobierno del Poder Judicial
por su asociación a las injerencias políticas y fuertes presiones
partidistas. Este es un problema estructural que provoca una absoluta
falta de neutralidad de las cúpulas judiciales, y algunos solo lo ven
cuando les afecta a ellos. Esta falta de neutralidad es la que nos ha
llevado a una judicialización de la política y a una politización de la
justicia que, como saben, los independentistas conocemos bien porque las
sufrimos a diario. Y, en este caso, para el independentismo no tiene
fácil solución porque, aunque los grandes partidos llegaran a un acuerdo
para repartirse las cuotas en las principales instancias jurídicas del
Estado o se aplicara el modelo de elección por los propios jueces que se
pregona desde el Consejo de Europa o el Grupo Greco, estaríamos en lo
mismo. Y que quede claro que en Junts per Catalunya no dudamos de la
profesionalidad de la inmensa mayoría de los jueces y de su actuación
independiente e imparcial.

El problema, lo sabemos bien, son sus cúpulas,
que son tan independientes que tienen agenda política, agenda política
propia, compartida con la derecha y con la extrema derecha. Actúan contra
los otros poderes, interviniendo la actividad política y parlamentaria e
influyendo o directamente dinamitando los resultados electorales y la
voluntad de la mayoría de los electores, y, como prueba, la actitud del
juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, con el 9N, con las
mentiras contra el alcalde Trias o la presión a otros jueces para salvar
a un patriota inculpado. Nos faltaría tiempo para citarlas todas. La
senadora De Pablo Dávila se ha referido a algunas, y es que en el Reino
de España el lawfare está instalado en los altos niveles de la judicatura
de forma continuada y sostenida, convirtiéndolo en un problema
sistemático, porque las inercias y mecanismos facciosos que se arrastran
de una dictadura no tuvieron ni punto final ni punto y aparte ni tan solo
un punto y seguido, solamente una coma para coger aire, no fuera que se
desatara algo.

Vuelvo al detalle de la modificación. Sabemos a
qué se debe esta incoherente y extemporánea reforma. Se debe a que el
Gobierno ha cedido al chantaje de los caducados presidentes del Tribunal
Constitucional, González-Trevijano, y del Consejo General del Poder
Judicial, el señor Lesmes, que les han amenazado con bloquear los
nombramientos del Gobierno con las argucias y los legalismos de siempre.
Esta modificación, a nuestro entender, es una rendición totalmente
innecesaria. Saben que el Gobierno puede realizar los nombramientos. No
es cierto que la renovación por tercios que fija la Constitución lo
impida. Hay precedentes y jurisprudencia del propio Tribunal
Constitucional. Es esta la demostración de que ni ustedes ni ningún otro
Gobierno de la historia, por más progresista que sea, va a plantar cara a
la situación descrita, lo que confirma una vez más que España no tiene
solución. Nosotros queremos una solución para Cataluña, y sabemos que la
única alternativa es independència o independència.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Cervera.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: No vamos a
intervenir en este debate.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Landa.

El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señor
presidente. Egun on, danori. Buenos días a todos y todas.

Asistimos una vez más, y van unas cuantas, al
reiterado y vergonzoso debate en torno al bloqueo de la renovación de los
órganos constitucionales. Esta, y no otra, es la cuestión que subyace
detrás de esta proposición de ley orgánica modificativa de la Ley
Orgánica del Poder Judicial: la absoluta incapacidad de los dos grandes
partidos españoles, aquellos que en principio están destinados a
vertebrar la política española, para ponerse de acuerdo en cuestiones
capitales para el sistema democrático. Porque, señorías, de eso estamos
hablando; hablamos de democracia, del necesario fortalecimiento
institucional para su funcionamiento; hablamos del Poder Judicial y de la
Administración de Justicia, un servicio básico en todo Estado democrático
y de derecho para la convivencia en una sociedad con intereses
contrapuestos diversos, como es la europea del siglo XXI. Es esta
sociedad la que en momentos de turbulencias extremas, como las que
estamos viviendo, con escenarios inéditos, llenos de incertidumbre en lo
económico, en lo climático, en lo político, en lo social, derivados de
situaciones extraordinarias que en muchos casos trascienden el ámbito
nacional y estatal y se sitúan en parámetros continentales y globales,
necesita y, por tanto, exige instituciones democráticas, fuertes,
estables y alejadas de todo interés espurio que hagan frente con el
acuerdo y la confluencia en espacios básicos comunes a esta compleja
tesitura en la que estamos inmersos.

Frente a esta realidad, señorías, en el Estado
español nos encontramos con una democracia averiada, que avanza a trancas
y barrancas, con escándalos mayúsculos que afectan a pilares básicos que
trasladan la realidad de una baja calidad de la democracia española y que
van desde la corrupción y la delincuencia vinculada a la monarquía
—fiscalía del Tribunal Supremo dixit— hasta el hedor de las
cloacas del Estado utilizadas contra adversarios políticos o el
omnipresente programa Pegasus, pasando por las fake news políticamente
utilizadas, algo de lo que, por cierto, en Euskadi sabemos desde hace
décadas, y llegando a la absoluta opacidad de los insondables secretos de
Estado protegidos por ley sobre flagrantes vulneraciones de derechos
humanos. Esto, señorías, o más bien la pasividad e inactividad en el
mejor de los casos ante todo esto, no es, como podrán comprender,
reforzar las instituciones, fortalecerlas y ponerlas al servicio de los
intereses y prioridades de la ciudadanía, como no lo es la realidad de
estos casi cuatro años de bloqueo en la renovación del Consejo General
del Poder Judicial por intereses claramente espurios. Repasen en este
sentido el último informe de valoración de la calidad democrática de los
Estados de The Economist, en el que se califica a España de democracia
defectuosa y en el que la no renovación del Consejo General del Poder
Judicial adquiere un protagonismo indudable en esa valoración. Señorías,
ya ni la Comisión Europea acepta la anteúltima de las excusas o
argumentos utilizados por el Partido Popular para mantener el bloqueo,
aquella que apela a la necesidad de un cambio previo en el sistema de
designación de sus miembros, abogando por los propios jueces como
protagonistas de este. De hecho, recomiendan al Estado, en su tercer
informe anual sobre la situación del Estado de derecho, proceder con
carácter prioritario a su renovación e iniciar después la revisión del
modelo de designación de los miembros del consejo. Y es que resulta
significativo comprobar cómo precisamente cuando se producen estas
situaciones de bloqueo —y este, como saben, no es el primero, ya
sucedió en 1995 y en el 2006, y además, casualmente, siempre con el
Partido Popular en la oposición— surge la controversia sobre el
sistema de designación de los vocales togados y cuando se repasan las
experiencias —por cierto, no exentas de polémicas— de los
modelos anteriores, desde la Ley orgánica de 1980 hasta la del 2013, tras
pasar —hay que recordarlo— la Ley Orgánica del Poder Judicial
de 1985 por el filtro del Tribunal Constitucional mediante la
Sentencia 108/1986, dictada en su momento. Y son de nuevo los
responsables principales, aunque no los únicos, del actual bloqueo
—el Partido Popular— los que reivindican la vuelta al modelo
de designación por los propios jueces y juezas y magistrados y
magistradas cuando, habiendo dispuesto de mayorías absolutas para ello,
no tuvieron a bien retornar a este modelo.

Señorías, nuestra posición al respecto es
clara. Basta levantar la mirada a los distintos modelos judiciales en
nuestro entorno —Alemania, Portugal, etcétera— para constatar
que el poder político interviene bien en los nombramientos judiciales o
bien en los órganos que los nombra, y gobierna el Poder Judicial. No
compartimos, por tanto, la vuelta al modelo de elección exclusiva de los
vocales togados por jueces y magistrados. Identificar de forma automática
la designación parlamentaria con la politización, y a la inversa
—la designación por los jueces con la despolitización—, es
ignorar la realidad de un colectivo que legítimamente se organiza en
asociaciones vinculadas a las mismas tendencias y corrientes ideológicas
existentes en la sociedad de la que dimana. Mantener el nombramiento
parlamentario con la propuesta inicial de los propios jueces y juezas no
menoscaba la mejor garantía de su independencia y tiene el aval del
propio Tribunal Constitucional, como he señalado previamente. Cuestión
distinta es la utilización que con intereses espurios se pueda realizar
del procedimiento legalmente establecido para los nombramientos, y es
ahí, señorías, donde radica el verdadero problema, y no en el
procedimiento mismo, siempre susceptible de mejora; es ahí donde se pone
de manifiesto el compromiso con el bien común, con el reforzamiento de
los órganos constitucionales y con el fortalecimiento de las
instituciones democráticas de algunas formaciones políticas.

En la prolongación del bloqueo, el Partido
Popular tiene una responsabilidad innegable, con vetos iniciales a una
formación política y excusas varias, posteriores elecciones, etcétera,
hasta el último de los argumentos o propuestas empleados, pero de la que
tampoco escapa el Partido Socialista y su capacidad de negociación. Este
bloqueo, señorías, saben ustedes que además de socavar la legitimidad del
propio consejo y de las Cortes Generales —que, no lo olvidemos,
están incumpliendo un mandato constitucional—, además de penalizar
a la propia Administración de Justicia en su servicio a la ciudadanía, y
esto es fundamental, acredita claramente el déficit de compromiso que,
respecto del fortalecimiento de las instituciones, se constata en la
política española. Todo ello constituye, en definitiva, un buen ejemplo
de lo que en Euskadi no debemos hacer y de lo que debemos prever en la
regulación y funcionamiento del futuro consejo vasco de justicia, hoy más
necesario que ayer y menos que mañana, visto lo visto.

Votaremos a favor de la proposición y en contra
de los vetos presentados.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Landa.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Bildu? (Denegaciones). ¿No hay intervenciones? Senador
Reniu...

El señor RENIU VILAMALA: Gràcies,
president.

Desde el escaño, simplemente anuncio nuestro
voto favorable a la proposición de ley orgánica.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senador Reniu.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Pradas.

La señora PRADAS TEN: Señor presidente,
señorías, permítanme, en primer lugar, mostrar el cariño y la solidaridad
con todos los españoles que están sufriendo las consecuencias de los
incendios. Un abrazo desde aquí por parte del Partido Popular.
(Aplausos).

Señorías, mientras los españoles están ahí
fuera sufriendo la imparable subida de los precios, el Partido Socialista
ni más ni menos nos trae hoy una ley exprés para mermar la independencia
del Poder Judicial. Sí. Así las cosas, a la vuelta del verano los
españoles seguirán pagando igual de cara la luz, la gasolina, la cesta de
la compra, pero podrán tener dos nuevos magistrados en el Tribunal
Constitucional. Todo solucionado. Es evidente que las prioridades del
señor Sánchez no coinciden en absoluto con las de los españoles, y así
nos va.

Centrándonos en la proposición de ley que nos
ocupa, como diría Felipe González, no suena bien. No suena bien porque
hoy debatimos una reforma legislativa con la que el Gobierno pretende
ejercer un mayor control sobre el Consejo General del Poder Judicial y
sobre el Tribunal Constitucional, justo el debate contrario al que hoy
deberíamos tener, el de cómo reforzar la independencia judicial. La
Constitución es la norma que garantiza nuestros derechos fundamentales y
nuestras libertades públicas, y el Tribunal Constitucional es el tribunal
de garantías que vela por que no se vulneren esos derechos y libertades,
y el Gobierno pretende meter mano en su elección o, lo que es lo mismo,
el Gobierno quiere controlar a toda costa el Tribunal Constitucional.
Señorías, sí, quiere hacerlo. ¿Por qué? Pues porque de él penden asuntos
que comprometen directamente la acción de este Gobierno, una acción, por
cierto, declarada inconstitucional en numerosas ocasiones, entre otras,
gracias a la labor, gracias a los recursos de este gran grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, que está actuando de dique
de contención frente a las vulneraciones reiteradas del Gobierno de
derechos y libertades. (Aplausos). El Gobierno quiere controlar el
Tribunal Constitucional cambiando la ley de forma exprés, por la puerta
de atrás y sin los preceptivos informes; entre otros
—cuidado—, del Consejo de Estado y del propio Consejo General
del Poder Judicial, que ha pedido expresamente ser oído, y no se le ha
oído.

Así actúa el Gobierno. Veamos. ¿Que no me gusta
que un tribunal tenga los jueces que tiene y no los que yo quiero?
Modifico la ley y así nombramos unos nuevos. Esa es la forma de actuar
del Gobierno en materia de justicia. Señorías, estamos ante un manoseo
total de la justicia por el Gobierno. Hay un manoseo total. Es muy
lamentable la deriva autoritaria que está adoptando el Gobierno de
Sánchez, atropellando el Poder Judicial, con una contrarreforma de una
norma que ya reformaron hace un año y que es la clara intromisión del
Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que el único objetivo
claramente es el control del Tribunal Constitucional, por lo que el
Partido Popular no puede apoyar esta cacicada. Señorías del Partido
Socialista, ustedes, que se autodenominan progresistas, permítanme que
les diga que están estancados en el retroceso y, sin embargo, hay que
evolucionar, hay que adaptarse a las necesidades sociales y a lo que
exigen los nuevos tiempos, y no la inversa. Hay que avanzar en separación
de poderes, hay que avanzar en independencia judicial y hay que ejercer
de europeos, ahora más que nunca. (Aplausos). Y esto lo digo porque en el
Gobierno se nos acusa de no querer renovar el Consejo General del Poder
Judicial. Falso, sí queremos, pero queremos hacerlo cumpliendo los
estándares europeos, que suponen una modernización en la elección de sus
miembros, tendente a una mayor independencia.

Señorías, hoy abordamos una reforma que tiene
claros tintes de inconstitucionalidad, porque, además de no seguir el
cauce ordinario para su aprobación, se fija un plazo para la elección de
sus miembros que no está en la Constitución, un plazo al cual no obliga
nuestra carta magna. Hoy nos traen una proposición de ley que merma la
independencia judicial, y en el Partido Popular les decimos no. Decimos
no a dar un paso atrás en independencia judicial; decimos no a politizar
nuestro tribunal de garantías; decimos no a mover uno de los cimientos de
nuestro Estado de derecho, la justicia; decimos no a no respetar la
separación de poderes y decimos no a que el Gobierno siga asaltando las
instituciones del Estado, rotundamente no (Aplausos), porque el Gobierno
ha asaltado el CIS, el INE, el CNI, el Tribunal Constitucional ahora
mismo, la Fiscalía General del Estado, Radiotelevisión Española, Indra,
Correos, y ahora, como les decía, quiere asaltar el Tribunal
Constitucional con nocturnidad, con alevosía, en pleno agosto, para que
no se entere nadie, y por ahí, como decía usted, parafraseándole, no
vamos a pasar, señorías del Partido Socialista. No vamos a pasar.
(Aplausos). Basta ya de debilitar la independencia de las instituciones
del Estado y de las empresas públicas. Basta ya, porque, por el
contrario, hay que avanzar en calidad democrática, y, por eso, a lo que
les decimos sí es a una mayor separación de poderes; sí a un pacto de
Estado por la justicia; decimos sí a avanzar en independencia judicial.
Para todo ello, señorías del Partido Socialista, es necesario que retiren
esta contrarreforma.

Además, con esta reforma que hoy nos traen
están actuando con el Consejo General del Poder Judicial exactamente de
forma contraria a como la Comisión Europea nos dijo que tenían que actuar
para salvaguardar los fondos europeos. Sí, señorías del Partido
Socialista. Y es que el Gobierno, lejos de cumplir con las advertencias
de la Comisión y negociar con el Partido Popular un pacto de Estado por
la independencia judicial, resulta que redobla el pulso a Europa. Son
ustedes unos temerarios. Rectifiquen, porque nos jugamos mucho, no solo
la credibilidad de las instituciones españolas, sino también nuestra
economía, la economía de los españoles, que son los que están ahí fuera y
a los cuales representamos. Ya lo dijo mi presidente, Alberto Núñez
Feijóo, la semana pasada: De esta forma es muy difícil negociar la
renovación de los órganos constitucionales. Hablando de negociación, lo
que está claro es que ustedes, señorías del Partido Socialista, con
quienes prefieren negociar es con Bildu y con Esquerra Republicana de
Catalunya, y la ley que nos ocupa es un claro ejemplo. Señorías del
Partido Socialista, con quienes no se creen el Estado de derecho, con
quienes lo atacan no se puede pactar nada sobre las instituciones del
Estado de derecho, absolutamente nada, señorías. No se puede.
(Aplausos).

Finalizo recordando que, frente al manoseo de
la justicia por el Gobierno, en el Partido Popular hemos lanzado la
propuesta a fin de profundizar en la independencia del Consejo General
del Poder Judicial. Señorías, frente al intervencionismo y al deterioro
de las instituciones por parte del Gobierno, en el Partido Popular
ofrecemos la alternativa de la libertad, la alternativa de una mejor
democracia y del reforzamiento del Estado de derecho. Por eso, señorías,
en no muchos meses el Partido Popular devolverá la plena dignidad
democrática que en el año 1978 heredamos de los padres de la
Constitución, porque claramente el Partido Popular es la única
alternativa al Gobierno de Sánchez para que los españoles puedan volver a
sentirse orgullosos de sus instituciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Pradas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor
presidente.

Yo creo que ha hecho muy bien la portavoz del
Grupo Popular, y también el portavoz anterior, en llamar nuestra atención
sobre lo que está pasando, ahí en el exterior, porque en esta Cámara,
obviamente, no parece que estemos discutiendo de la realidad. Pero no es
así. Yo creo que es todo lo contrario. Y otra cosa más bien parece
sorprendente. Y yo haría una llamada de atención, fundamentalmente, al
Partido Popular y, específicamente, al señor Feijóo, hoy ausente en este
debate, porque es muy importante para él, para todos los ciudadanos,
pero, sobre todo, para él, porque es el que va a dar realmente la medida
del cambio del Partido Popular respecto a la situación anterior.
(Aplausos). Y ahora vuelve a fracasar porque pretende decir que ha
centrado su posición sin solucionar el problema de las instituciones del
Estado que se tienen que renovar, y esto nadie se lo va a creer. En esta
Cámara, por supuesto que no, porque ya estamos acostumbrados a la
experiencia del Partido Popular, ya que cada vez que se tiene que
producir una renovación, el Partido Popular tiene un problema muy serio
con la democracia, y es que se cree que tiene un derecho de veto sobre la
renovación de las instituciones democráticas en este país. (Aplausos).
Evidentemente, la Constitución eso no se lo concede a nadie, porque no
sería propiamente una constitución democrática si pasara una cosa así.
Pero el Partido Popular así lo cree, de manera que cada vez que ha tenido
que haber una renovación —y el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco lo ha dicho bastante adecuadamente—, con el Partido Popular
en la oposición, simplemente no se produce. Y esta es una realidad que
difícilmente nosotros podemos explicar.

Yo no quiero hacer más sangre con estas cosas.
Creo que ya tenemos suficiente. Quiero decir simplemente que el Partido
Popular intenta frenar la renovación de cualquier órgano constitucional.
Cada vez que se tiene que renovar cualquier órgano, o empresa pública, o
lo que sea, cuando se produce un cambio de Gobierno, el Partido Popular
nos niega a nosotros esa posibilidad y, en cambio, se la concede él
permanentemente. (Aplausos). Es decir, que nosotros tenemos que explicar
siempre por qué queremos cambiar algo que es normal cuando cambia el
Gobierno. Y cada vez que gana el Partido Popular lo cambia todo y no pasa
absolutamente nada ni nadie le pide cuentas de su gestión. Esto es una
ley del embudo demasiado grande para una situación democrática y dudo yo
que este país pueda soportar ese tipo de falta de reconocimiento de la
legitimidad democrática del Gobierno, que es lo que en el fondo subyace
cada vez que el Partido Popular le niega al Partido Socialista cuando
gobierna tomar cualquier decisión. (Aplausos). Se lo tienen que pensar.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Y le insisto especialmente al ahora ausente,
pero que, desde luego, ha estado toda la mañana en el debate, al nuevo
presidente del Partido Popular, en que facilite la renovación, porque, en
el fondo, todos confiamos en que se pueda producir una renovación por su
experiencia de Gobierno, sobre todo, si pensamos en el comportamiento, no
demasiado democrático, del anterior presidente del Partido Popular. Y ahí
tiene la medida de su responsabilidad. No en lo que estén diciendo sus
portavoces. No tiene que resucitar Cuca Gamarra a ETA después de diez
años de disolución. Ni tiene que aducir ahora la defensa del Poder
Judicial la actual portavoz de la independencia del Poder Judicial, la
actual portavoz en este tema del Partido Popular. Eso no hará que la
imagen del Partido Popular cambie. Lo que hará que la imagen del Partido
Popular cambie realmente es que se avenga a renovar los órganos
constitucionales. Pero, en definitiva, más que eso, a reconocer que quien
gana las elecciones tiene derecho a gobernar y a tomar las posiciones que
quiera, porque eso es, democráticamente, lo que dice nuestra
Constitución. (Aplausos). Y eso es lo que niega siempre el Partido
Popular: la legitimidad para gobernar si no gana el Partido Popular las
elecciones. Y eso es un déficit democrático muy importante para el
principal partido de la oposición.

Yo quiero decirle al presidente actual del
Partido Popular que nos libre, por favor, de la situación bochornosa en
que nos encontramos. Porque lo cierto es que estamos discutiendo ahora
una cuestión que sería totalmente innecesario discutir si el Partido
Popular cumpliera con su obligación de renovar los órganos
constitucionales en el período que dice la Constitución. (Aplausos). Y
nos hubiera librado también del bochorno de tener que reformar la ley
anterior para discutir las funciones del Consejo, cuando está en
funciones porque ha caducado su actualidad. Esas son situaciones
bochornosas que en nada prestigian a nuestras instituciones. Pero, para
defender su posición, el Partido Popular, ahora su portavoz y el portavoz
que ha defendido los vetos, y desde luego Vox, que está en la misma
posición, han estado argumentando que nosotros somos los que tenemos que
explicar la situación de por qué queremos cambiar. Pues queremos cambiar
porque lo dice la Constitución y hay que renovar las instituciones en el
período que dice, o bien la ley, o la Constitución en su caso.

Esta es la situación. Y el bochorno que nos
produce tener que presentar esto y discutir lo que son obviedades
democráticas, es lo que nos lleva a esta situación en la que yo le pido
al presidente del Partido Popular que nos ayude a no tener que pasar, una
vez más, por un bochorno como el actual. (Aplausos). Porque es
absolutamente increíble que tres años y pico después se aduzca la
independencia del Poder Judicial para tener que renovar el Consejo.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo como país muy importante para prestigiar
las instituciones y el Consejo del Poder Judicial, al que le hemos dado
la competencia que, en otros muchos países tan democráticos como el
nuestro o más acreditados, tiene el propio Ministerio de Justicia. Es
decir, aquí hay más independencia del Poder Judicial que en otros
lugares. En este caso no estamos hablando de un órgano judicial, sino del
órgano de gobierno de los jueces, pero es que hemos puesto en sus manos,
en manos de los jueces, lo más sagrado, que es el control de la soberanía
popular. Y les hemos encargado la vigilancia de las elecciones. Es que el
Consejo y la Justicia, en general, en España, tienen un reconocimiento
como no lo tienen en otros países mucho más acreditados democráticamente
que España. Es que hemos confiado absolutamente en ellos para construir
un futuro mejor. Es que les hemos dado tanta independencia que nadie se
ha quejado. Es que no hay ningún juez que se queje de la falta de
independencia en sus decisiones. Otra cosa son las decisiones políticas
que puede tomar el Consejo o las decisiones del Constitucional, que,
conservador o progresista, lo cierto es que o se interpreta flexiblemente
la Constitución o tendremos permanentemente este problema que nos ha
llevado en los últimos diez años a estar discutiendo de cosas estériles
que hubieran sido sencillas de solucionar si el Tribunal Constitucional
tuviera en cuenta la realidad social en la que toma sus decisiones. Y
este es el problema que tenemos.

Por favor, abandonen ustedes esta actitud;
díganle a su presidente que la medida de las posibilidades de sus
alternativas pasa fundamentalmente por la credibilidad de las
instituciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y que las
instituciones de España solo serán importantes y solo serán respetadas
cuando se cumplan escrupulosamente las decisiones que toman los
ciudadanos españoles, es decir, cuando se renueven los órganos de acuerdo
con los plazos establecidos por la Constitución. Porque, insisto, la
independencia del Poder Judicial es, como dice de vez en cuando algún
tratadista, todo lo independiente que los jueces quieran ser.






Pero, desde
luego, tiene todos los requisitos para serlo en mayor medida que en
muchos países democráticos que nos llevan muchos años en la consolidación
de su posición.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Finalizado el debate de la proposición de ley
orgánica, se procede, a continuación, a abrir el plazo de quince minutos
para emitir el voto electrónico autorizado a los senadores y senadoras,
desde este momento, en el que son las doce y treinta hasta las doce y
cuarenta y cinco.

El señor PRESIDENTE: Ruego que llamen a
votación. (Pausa).

Cierren las puertas, por favor.

Señorías, vamos a proceder a la votación
presencial del Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas
que faciliten el uso de la información financiera y de otro tipo para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de financiación de
las comunidades autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. En primer lugar, vamos a
proceder a la votación de las enmiendas y las que resulten aprobadas
quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.
Primeramente, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de sus
señorías González-Robatto, Marín Gascón y Merelo Palomares. La primera de
ellas, la enmienda número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 152;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas 12
a 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 2; en contra, 255.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 15 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 2; en contra, 150;
abstenciones, 105.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas de su
señoría Josep Lluís Cleries i Gonzàlez. En primer lugar, las enmiendas 7
y 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 17; en contra, 240.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, votamos la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 4; en contra, 239;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De su señoría, Gómez Perpinyà, votamos a
continuación la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 6; en contra, 248;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. En primer lugar, las enmiendas 1 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 107; en contra, 140;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda
número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 141;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y, por último, votaremos las enmiendas 3, 5
y 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 111; en contra, 142;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, procedemos, a continuación, a la
votación en un solo acto del resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 141; abstenciones, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica por la que
se establecen normas que faciliten el uso de la información financiera y
de otro tipo para la prevención, detección, investigación o
enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley
Orgánica 8/1980, de financiación de las comunidades autónomas, y otras
disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, me informa el
secretario general de la Cámara que no ha concluido todavía el plazo para
la emisión del voto telemático. Les pido que no se muevan de sus escaños,
porque en breves minutos estaremos en condiciones de abordar la última
votación.

Muchísimas gracias. (Pausa).

Ruego llamen a votación, por favor.
(Pausa).

Cierren, por favor, las puertas. Muchas
gracias.

Señorías, vamos a proceder a la votación
presencial de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los
artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

A continuación, se va a proceder a la votación
de las propuestas de veto. Recuerden que para su aprobación se exige
mayoría absoluta.

En primer lugar, votaremos la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 106; en contra, 150;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la propuesta de veto
número 3, de sus señorías González-Robatto, Marín Gascón y Merelo
Palomares.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 256; a favor, 105; en contra, 151.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votaremos en un solo acto la
proposición de ley orgánica.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 257; a favor, 147; en contra, 110.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías,
queda aprobada definitivamente, por las Cortes Generales, la Proposición
de Ley Orgánica de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Aplausos).

Señorías, muchísimas gracias a todas y a todos.
Les deseo unos felices días de descanso, que podamos todos devolverles el
tiempo que le debemos a nuestra gente, a nuestros familiares y amigos, y
les espero a la vuelta. Hasta septiembre. Muchas gracias.
(Aplausos).

Eran las doce horas y cincuenta y dos
minutos.