El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: De conformidad con el acuerdo
de la Mesa del Senado de 11 de febrero de 2020, procede ratificar la
ponencia de esta proposición de ley con la siguiente composición: don
Clemente Sánchez-Garnica Gómez, don Miguel Sánchez López, don Koldo
Martínez Urionabarrenetxea, don José María Cervera Pinart, doña Estefanía
Beltrán de Heredia Arroniz, doña Laura Castel Fort, doña Salomé Pradas
Ten, don Fernando de Rosa Torner, don José María Oleaga Zalvidea, doña
María Nieves Hernández Espinal y doña María Victoria de Pablo
Dávila.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

Queda ratificada la ponencia.

El señor presidente lee el título que figura en el
orden del día.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición de ley se
habían presentado 5 propuestas de veto y 55 enmiendas. No obstante, el
Pleno del Tribunal Constitucional, ayer, día 19 de diciembre de 2022, ha
dictado auto por el que se admite a trámite un recurso de amparo
presentado por diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y se acuerda suspender cautelarmente, conforme al
artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la
tramitación parlamentaria de las disposiciones transitorias cuarta y
quinta, de la disposición final primera y del apartado cuarto de la
disposición final segunda.

La Mesa del Senado, reunida en el día de hoy, ha
acordado continuar la tramitación de la proposición de ley orgánica con
exclusión de las disposiciones suspendidas por el Tribunal
Constitucional. En consecuencia, no procede defender las enmiendas que
afectan a estas disposiciones, que son las números 52 a 55, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La ponencia acuerda, por mayoría, proponer a la
Comisión de Justicia que se mantenga en sus propios términos el texto
remitido por el Congreso de los Diputados, con la excepción de las
disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales
primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida
cautelarmente por el Tribunal Constitucional por medio del auto dictado
en el recurso de amparo número 8263/2022.

Asimismo, la ponencia advierte de que, como
consecuencia de esta resolución, la disposición final séptima, relativa a
la entrada en vigor, debe reflejar dicha suspensión cautelar, por lo que
se excluye, al final de su segundo párrafo, la referencia a las
disposiciones suspendidas cautelarmente, lo que no debe entenderse como
enmienda a los efectos del artículo 90.2 de la Constitución española, en
los términos siguientes: «Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Esta ley orgánica entrará en vigor a los veinte días de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado. No obstante lo anterior, las disposiciones
finales segunda, tercera y cuarta entrarán en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se publica como anexo al
presente informe el texto de la proposición de ley que continúa con su
tramitación parlamentaria. Palacio del Senado, 20 de diciembre
de 2022».

Procede, por tanto, pasar a la defensa de las
propuestas de veto. Tengan en cuenta que hemos de terminar a las trece
horas, por lo que vamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Daremos un
turno de cinco minutos para la defensa de las propuestas de veto; diez
minutos, como máximo, para un turno en contra; y, a continuación, un
turno de portavoces de cinco minutos cada uno.

Propuesta de veto número 1, presentada por el señor
Catalán Higueras, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, muy buenos días.

Mis primeras palabras, independientemente de la
intervención que tengamos en el Pleno del próximo jueves, han de ser para
manifestar nuestro rechazo, nuestro desacuerdo con las manifestaciones
realizadas por el propio presidente del Senado a la hora de conocer la
resolución del Tribunal Constitucional. Lo único que se le puede exigir
al presidente de una Cámara legislativa como el Senado es,
fundamentalmente, respeto y lealtad, algo que, por cierto, tampoco ha
tenido el presidente del Gobierno, ni siquiera algunos ministros en sus
intervenciones que hemos podido conocer en los últimos días y en las
últimas horas.

En relación con la proposición de ley, hemos
presentado un veto porque no estamos de acuerdo con el fondo y las formas
en que se ha tramitado. Respecto a las formas, nos parece un auténtico
atropello desde el punto de vista parlamentario y un auténtico atropello
también en cuanto al ordenamiento jurídico actual, y así, por cierto, hay
que reconocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que, aunque
sí es inédito, es cierto que en ningún caso es arbitrario y se han
producido sentencias en este mismo orden a lo largo de los últimos años.
En relación con el fondo, fundamentalmente, señorías, porque en delitos
tan graves como pueden ser el delito de sedición y la lucha contra la
corrupción y la malversación de fondos públicos, consideramos que no se
puede dar ningún paso atrás y menos aún se puede negociar con aquellas
personas que pueden representar a los propios delincuentes; en el caso
concreto de la lucha contra la corrupción, consideramos que esta
propuesta va en la línea contraria a lo que han venido pronunciando el
Gobierno y los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Catalán.

Propuesta de veto número 4, presentada por el señor
Marín Gascón y las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán
Parro.

Tiene la palabra, señoría.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Muchas gracias,
señor presidente.

Intervengo simplemente para decir que doy por
defendido el veto presentado por Vox.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, pasamos a la propuesta de veto
número 2, presentada por el señor Sánchez López, que tiene la
palabra.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor
presidente.

Por economía procesal, dado que tenemos tantas
cuestiones por delante y que el tiempo apremia, voy a dar por defendido
nuestro veto. Ya expondremos nuestros argumentos en el Pleno que se
celebrará el jueves.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sánchez.

Pasamos a la propuesta de veto número 3, presentada
por los senadores Cervera Pinart y Cleries i Gonzàlez.

Tiene la palabra su señoría.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bon
dia, senyories.

Tal y como han ido las cosas, quiero pedirle, señor
presidente, que me deje hacer una única intervención, que a lo mejor
estará por encima de los cinco minutos, pero no mucho más, y renunciaré
al resto de mi tiempo. Ya ahondaremos en estas cuestiones en el próximo
Pleno.

Es evidente que con toda esta tramitación no hemos
dado ejemplo de nada: ni en los tiempos, como ya viene siendo habitual,
ni en las formas ni en las injerencias en la actividad parlamentaria, a
lo que desgraciadamente algunos ya estamos habituados por recurrentes.
Déjenme empezar con la interferencia del Tribunal Constitucional en las
funciones propias de las Cortes Generales; una interferencia que confirma
lo que algunos venimos diciendo hace tiempo, y es que España dista mucho
de ser una democracia plena. Con la excusa de combatir al
independentismo, al amparo de la sacrosanta Constitución y con el aval
del «a por ellos» de Felipe VI, la política española, la de derechas,
pero también la de izquierdas, renunció a esta y dieron barra libre a las
cúpulas judiciales para hacer frente a un proceso en esencia democrático
y pacífico. Y algunos ya lo advertimos: renunciar a la política, dejando
la respuesta en manos de las togas más anaftalinadas, no estaba frenando
al independentismo, estaba frenando a la democracia, y ahora se confirma
que su democracia, perfecta y defectuosa, está secuestrada por la cúpula
judicial, que no respeta la separación de poderes ni la inviolabilidad de
las Cámaras y que establece de facto que la soberanía popular en el
Estado español está supeditada a la soberanía de los tribunales. Y todo
esto porque ustedes, los que dan lecciones de progresismo y ahora se
rasgan las vestiduras, lo permitieron en Cataluña, cabalgando con la
derecha y la extrema derecha: la política y la judicial.

Es evidente que a Junts nos preocupa esta
situación, pero no nos sorprende. Están probando su propia medicina y
nosotros ya les advertimos de sus efectos secundarios, por lo que hoy
venimos llorados de casa y más convencidos que nunca de que la única
garantía para vivir en una democracia plena que garantice las libertades
y los derechos fundamentales pasa única y exclusivamente por la
independencia, por lo que vamos a centrar nuestros esfuerzos en dotarnos
de una república catalana y no en reformar su monarquía, hoy un poco
menos parlamentaria.

En relación con el texto que nos ha sido remitido
por el Congreso de los Diputados, una vez aplicadas las suspensiones
acordadas por el Tribunal Constitucional y centrándonos en el resto de la
proposición, en Junts presentamos un veto al entender que dicha
proposición parte de un supuesto falso, que no es otro que el de
considerar que el procés y el referéndum del 1 de octubre fueron delitos.
En Junts no podemos avalar la criminalización de un proceso, como les
decía, legítimo, pero también pacífico, y nos reafirmamos en que la
solución al desaguisado judicial que ahora se pretende reconducir, a
nuestro entender, no debe resolverse con una modificación del Código
Penal a la carta que salva a unos pocos y deja al pie de los caballos a
muchos, sino que la solución para Junts continúa siendo la amnistía y la
autodeterminación sin demora.

Ahondaremos en el contenido de este veto y de
nuestras enmiendas en el Pleno, porque hoy es evidente que, dadas las
circunstancias, este veto y las enmiendas quedarían silenciadas por el
ruido de las togas. En Junts no renunciamos ni renunciaremos nunca a las
victorias que la confrontación nos ha comportado en el exilio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Cervera.

Corresponde ahora el turno de defensa de la
propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Tiene la palabra, señoría.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Popular va a hacer referencia al veto
presentado a la proposición de ley que sigue el trámite parlamentario y,
evidentemente, sin mencionar las cuestiones que el propio Tribunal
Constitucional ha determinado que no pueden seguir su trámite
parlamentario. Respecto a esta cuestión, tengo que decir que en
democracia las formas son muy importantes —el fondo también—
y la protección de los derechos parlamentarios también tienen que ser
protegidos, y en este sentido se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional.

Igualmente, debemos rechazar aquellas
manifestaciones que están acusando y atacando a magistrados del Tribunal
Constitucional con insultos personales que consideramos no pueden ser
objeto de un debate parlamentario serio. Los ataques, las
descalificaciones, los insultos a miembros del órgano del Tribunal
Constitucional o miembros del Poder Judicial, reiterados desde el
comienzo de la legislatura —y hay que recordar las veces que ha
sido recusado el que fue vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por
el propio Consejo General del Poder Judicial por una larga lista de
insultos al Poder Judicial—, no pueden quedar nunca como una
actuación parlamentaria de calidad democrática.

Volviendo a la cuestión que nos ocupa, que es el
veto que interpone el Grupo Popular con respecto a los preceptos que han
quedado perfectamente determinados a debatir, quiero manifestar que no
puede realizarse una modificación del Código Penal para favorecer o
perjudicar a alguien, porque está prohibido en el artículo 9 de la
Constitución. La actuación de los poderes del Estado no puede ser
arbitraria, y aquí consideramos que hay una clara proposición de ley
arbitraria por el mero hecho de continuar unos meses más en el Gobierno.
El Gobierno se inventó una excusa para justificarlo, pero el diputado
Rufián lo dejó claro: presupuestos por sedición, presupuestos palanca
para conseguir una reforma del Código Penal a la carta de aquellos que
habían incurrido en un delito y que habían sido condenados por ello.

Lo mismo está ocurriendo con la reforma del delito
de malversación. La diferencia es clara entre la propuesta que en su
momento efectuó el Partido Popular, con la cual se agravó la pena por los
corruptos, y la posición actual de los grupos Socialista y Podemos que
conforman el Gobierno, que es disminuir y rebajar la pena del delito de
malversación.

Evidentemente, la malversación es un delito
gravísimo y los políticos debemos tener mucho cuidado con cualquier
actuación y cualquier reforma, porque es un delito que únicamente puede
ser cometido por políticos, y lo que estamos viendo es cómo la lucha
contra la corrupción se ve aminorada al establecerse distintas clases de
robo de dinero público, del caudal público que los ciudadanos han
confiado a los políticos. Con lo cual, este veto ha de ser muy claro:
jamás se puede rebajar la pena a los que utilizan el dinero público con
una finalidad diferente a la marcada en la ley y no puede haber
distinción entre aquellos que se quedan con el dinero y aquellos que le
dan un fin diferente del que los ciudadanos votan con su elección a los
políticos. No puede haber una corrupción buena y una corrupción mala,
como ustedes están planteando. Los ciudadanos pagan sus impuestos para
que su dinero vaya a sanidad, a educación, para apoyar a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, para asistencia social, no para
beneficiar a nadie directa o indirectamente, ni para que nadie se lo
quede o lo gaste en cuestiones distintas a las permitidas por la ley.
Repito, no puede haber distinción en la malversación según la finalidad y
el destino que se le dé al dinero. Lo sancionable es dar al dinero
público un fin distinto al legalmente previsto. Es una vergüenza que
estemos aquí discutiendo si el dinero público de todos los españoles
puede ser malversado o no, según los intereses del Gobierno. Estoy
convencido de que va a pasar igual que con la Ley del sí es sí, porque va
a producir excarcelaciones de corruptos. Si se hace una restricción del
concepto jurídico de enriquecimiento, se provocará una revisión de
sentencias en aplicación del principio de ley más favorable, como así ha
denunciado el propio fiscal Anticorrupción, al que ustedes no han querido
hacer caso. Por tanto, con estas actuaciones los ciudadanos pensarán que
no somos todos iguales y, por desgracia, podemos pensar que no se
equivocan.

Señorías, termino ya para no rebasar el tiempo que
me ha sido concedido. El veto está basado en esos datos y en esos
elementos que he puesto de manifiesto: en primer lugar, que la sedición
no puede ser objeto de uso y desaparición y, en segundo lugar, que la
malversación no puede ser objeto de rebaja de condenas. Porque estamos
lanzando un mensaje equivocado a los ciudadanos: según quién sea, la ley
no es igual para todos.

Muchísimas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno en contra.

Tiene la palabra el señor Oleaga.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente.

En el día de hoy, más allá del contenido de algunas
de las intervenciones, no podemos obviar la situación en la que nos
encontramos, y es que por primera vez en la historia de la democracia el
Tribunal Constitucional ha suspendido la tramitación parlamentaria de una
ley antes de que se haya conformado y el Senado haya expresado su opinión
sobre ella. Este es un hecho verdaderamente grave, porque no olvidemos
que lo que se pone en cuestión no es el derecho que tenemos los senadores
y las senadoras a presentar enmiendas, propuestas de veto, debatir,
etcétera, sino que está en juego el hecho de que cada uno de nosotros y
nosotras hemos sido elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas y, por
tanto, lo que se está haciendo es privar a esos ciudadanos de la
elaboración de las leyes a través de sus representantes legítimos en las
Cámaras. Esto no solamente sienta un precedente de cara al futuro, sino
que es algo desconocido que probablemente esté causando asombro en el
conjunto de la Unión Europea en este momento, y me consta que existe una
enorme preocupación por esta clase de argumentaciones. No olvidemos,
además, que en esta Cámara se celebró una reunión específica de Mesa y
portavoces de esta comisión y se otorgó un plazo para que todos sus
miembros pudiesen elaborar sus propuestas; de hecho, algunas se han
presentado por el propio Grupo Popular, que es el que insta a la
intervención del Tribunal Constitucional, y en la práctica el propio
Tribunal Constitucional ha impedido que se pueda debatir lo que el Grupo
Popular había presentado. Es decir, de alguna forma el Tribunal
Constitucional le ha devuelto la pelota al Partido Popular diciéndole:
oiga, usted tenía derecho a presentar unas enmiendas y ahora se lo
quito.

Esto, como digo, es algo muy grave y hoy creo que
la democracia española vive un momento triste. Pero, como soy una persona
muy optimista por naturaleza y lo son también los miembros de mi grupo
parlamentario, tengo que decirles que la democracia va a prevalecer, que
en poco tiempo esta situación tan anómala se va a revertir. Los
demócratas estamos más unidos que nunca y no vamos a permitir que haya
ningún tipo de interferencias en la democracia y en el derecho de los
ciudadanos y ciudadanas a expresarse libremente a través de sus
representantes. Por tanto, estoy convencido de que en un tiempo razonable
se podrá solucionar el problema de fondo que trae causa de todo lo que
hoy estamos hablando, que no es otra cosa que del bloqueo por parte del
Partido Popular —y expresamente así lo ha manifestado su líder, el
señor Feijóo, cuando ha dicho expresamente que quiere mantener ese
bloqueo porque quiere proteger a la justicia del Gobierno, del Gobierno
legítimo— al Consejo General del Poder Judicial. Esto tiene que
resolverse y se tendrá que resolver, y para ello todos los demócratas
vamos a estar unidos y vamos a ser capaces de resolver esa cuestión, de
forma que no vuelva a haber cuatro años de bloqueo que suponen
deslegitimación de las instituciones y un perjuicio muy serio para la
justicia.

Por tanto, solicito a todos aquellos grupos que han
presentado vetos que los retiren, que aprobemos esta norma que es tan
importante para acabar con determinados delitos, tal y como establece en
su texto, que podamos avanzar en la senda de la defensa de los derechos
de los ciudadanos y de las ciudadanas y acabar con cualquier tipo de
intromisión ilegítima en el legítimo derecho de los parlamentarios a
defender sus tesis democrática y serenamente en comisión, en el Pleno o
donde sea. Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista
votará en contra de estos vetos para que la ley pueda salir adelante y
para acabar con estas interferencias al sistema democrático.

Nada más. (Varias señorías golpean repetidamente su
mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, pasamos al turno de portavoces,
empezando por el Grupo Mixto, que tiene la palabra.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señor presidente,
señorías, intervengo muy brevemente para manifestar nuestro voto en
contra de los vetos por las razones que en su caso expondremos en el
Pleno.

Para no repetir argumentos que en todo caso podrían
ser reiterativos, quiero manifestar que estamos de acuerdo con la
tramitación de la ley para que pueda haber el debate correspondiente,
donde cada grupo pueda exponer su posición de manera libre. En todo caso,
lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de una técnica legislativa
bastante errónea que no viene de esta época, de este Gobierno, sino de
años atrás; las prisas no son buenas consejeras para nada, y de esos
lodos vienen estos barros. En cualquier caso, nosotros, como siempre,
tratamos de facilitar que el debate sea lo más amplio posible y que en el
Pleno cada grupo pueda manifestar su punto de vista a favor o en contra,
y ahí es donde tenemos que encontrarnos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sánchez-Garnica.

Turno del Grupo Parlamentario Democrático.

Tiene la palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, presidente.

Al igual que he dado por defendido el veto, en el
turno de portavoces me remito a lo que manifestaré el jueves en el
Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene el turno de palabra Izquierda
Confederal.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

No sé cuántos minutos tengo, pero yo sí voy a
hablar, puesto que estamos en una situación que algunos califican de
inédita y, desde luego, con consecuencias imprevisibles. Quiero recordar
varias cuestiones: una, que la Constitución no es palabra de Dios y,
otra, que el Tribunal Constitucional tampoco es infalible. Hubiera
bastado con que los magistrados con mandato prorrogado se hubieran
abstenido para que el resultado de la votación de ayer del Tribunal
Constitucional hubiera sido muy distinto; hubiera bastado con que los
magistrados directamente afectados por las enmiendas recurridas se
hubieran abstenido a la hora de votar, porque el resultado hubiera sido
otro completamente distinto y enfrentado al que hemos recibido
ahora.

Quiero hacer dos reflexiones al respecto. Primera,
después de lo de ayer, ¿cómo vamos a pedir, por ejemplo, a un concejal de
cualquier ayuntamiento que se ausente del Pleno cuando se debate la más
mínima cuestión relacionada con alguna propiedad personal suya, o de su
familia, o de su primo, o de su amante? ¿Quién va a tener autoridad para
hacerlo? Segunda, ¿dónde va a parar el Tribunal Constitucional? Por
cierto, ¿dónde va a parar el Partido Popular? Quiero recordar que el
Partido Popular alegaba que no hay homogeneidad en materia legislativa en
las enmiendas presentadas a esta ley por el Grupo Socialista y Podemos,
pero quiero recordarle al Partido Popular que lo mismo se hizo con la
rebaja del IVA de las peluquerías, que votamos que sí en una ley contra
el fraude fiscal, y no tiene nada que ver el fraude fiscal con solicitar
la rebaja del IVA de las peluquerías. En aquel momento, el Partido
Popular no solo votó que sí, sino que elevó un recurso al Constitucional
tras aquella maniobra de la entonces presidenta del Senado, la actual
ministra Pilar Llop. Entonces, señorías del PP, tampoco había
homogeneidad entre ambos temas, y a ustedes les sirvió y les valió. Ahora
alegan que no hay homogeneidad material entre la reforma del Código Penal
y la elección del Tribunal Constitucional y, claro, un Tribunal
Constitucional de parte —repito, de parte— les ha dado la
razón.

Además, en la normativa española hay una cosa que
es la presunción de constitucionalidad de las decisiones que toman los
diputados y diputadas y senadores y senadoras; lo contrario sería
terrible, supondría estar continuamente bajo la lupa del Gran Hermano,
que al parecer es lo que pretenden. Distinta es la situación de los
parlamentos autonómicos, ya lo sé. No existe en la normativa española la
figura del recurso previo de inconstitucionalidad para leyes en trámite
en la Cámara Baja. Se suprimió hace unos cuarenta años, que al parecer es
donde el Partido Popular quiere volver; por cierto, con esto no estoy
avanzando el voto de Geroa Bai al conjunto de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra el Grupo Nacionalista.

El señor CERVERA PINART: Gràcies de nou,
president.

Intervengo solamente para expresar que nosotros
apoyaremos nuestro veto y no el resto, porque es evidente que el fondo
poco tiene que ver.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias,
presidente.

En este turno de portavoces a los vetos quiero
expresar simplemente que nuestro voto será contrario a estos para que
pueda seguir la tramitación de la ley, o de la parte de la ley que ha
quedado después de la decisión del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas Gracias.

Turno del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Evidentemente, nos posicionamos en contra de los
vetos presentados por los grupos parlamentarios y, también, en contra del
veto presentado por el Tribunal Constitucional. Porque lo que ha hecho es
presentar un veto en toda regla, encima sin estar en esta sala ni haberlo
votado nadie, por tanto, sin legitimidad democrática.

Voy a utilizar solamente este turno, con lo cual si
me paso de los cinco minutos, como no voy a utilizar el turno final de
portavoces, pido al presidente que tenga cierta flexibilidad, que sé que
seguro que la tiene.

No es la primera vez, compañeros, que el Tribunal
Constitucional ha dictado autos que han provocado la censura de debates
en el Legislativo. En este caso, estoy hablando del Parlament de
Catalunya, que ya ha sufrido diversas anulaciones: en 2019, con la
resolución acerca de la creación de una comisión de investigación sobre
la monarquía; en 2015 suspendía los acuerdos de la Mesa sobre la
autodeterminación —estamos hablando de 2015 y ya había intromisión
del Tribunal Constitucional en un Legislativo—, y después también
la reprobación de la monarquía. Por lo tanto, estamos hablando de una
brecha, de una limitación del debate en el Legislativo por parte del
Tribunal Constitucional que afecta a la libertad de expresión y a la
inmunidad parlamentaria, en relación con el artículo 10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos.

Hay que tener en cuenta que las actuaciones de
contenido político, como son las iniciativas que se tramitan en esta
Cámara, son elementos esenciales para la formación de la voluntad libre
del Parlamento, y se ha constatado, además, un cambio en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues ahora se permite la
sujeción a control jurisdiccional de las resoluciones parlamentarias de
carácter político. La propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablan de la inmunidad
parlamentaria. Precisamente, presentan la inmunidad parlamentaria como
una salvaguarda esencial de la democracia para preservar la integridad y
la independencia del Parlamento, porque protege el libre ejercicio del
debate y del mandato parlamentario. Es muy serio esto. La libertad de
expresión, de hecho —apunta la Asamblea Parlamentaria—, es
una parte intrínseca del trabajo parlamentario y los políticos electos
deben ser capaces de poder debatir sin miedo sobre todos los temas de
interés público, incluso los que puedan ser controvertidos, provoquen
división o temas relacionados con la manera de funcionar del Ejecutivo o
del Judicial. Estoy traduciendo literalmente lo que dice la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.

Pero no solo esto. En la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de 1992 sobre el caso Castells contra España,
el tribunal recuerda que la libertad de expresión constituye una de las
bases esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones
básicas para su progreso. Mientras la libertad de expresión —sigue
el tribunal— es importante para todo el mundo, lo es de manera
especial para los representantes electos de la gente, que somos nosotros,
porque representamos a su electorado, ponemos el foco en sus
preocupaciones y defendemos sus intereses. Literalmente, esto lo dice la
Corte Europea de Derechos Humanos.

En el caso de Karácsony y otros contra Hungría, la
Corte pone el acento en que el Parlamento disfruta de una libertad de
expresión elevada porque refleja la inmunidad parlamentaria —sigue
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, otorgando el máximo grado
de importancia a la libertad de expresión y, en particular, a los
políticos. Las limitaciones de este debate —dice el tribunal—
solo son aceptables en casos de apología de la violencia, que no es el
caso que estamos tratando hoy aquí. La Gran Sala del Tribunal Europeo, en
el caso del Partido Socialista y otros contra Turquía, puntualiza que es
esencial a la democracia permitir que todos los programas políticos
puedan ser propuestos y debatidos, incluso aquellos que ponen en cuestión
la propia forma de cómo está organizado un Estado, siempre,
evidentemente, que no ponga en peligro la democracia, cosa que tampoco
pasaba en este caso.

La resolución del Tribunal Constitucional ha
socavado el derecho fundamental a la representación política que se
desprende del artículo 23 de la Constitución española, que se relaciona
directamente con el artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y
del ciudadano, según la cual todos los ciudadanos tienen derecho a
participar personalmente o por sus representantes, que somos nosotros, en
su formación, y la Declaración universal de derechos humanos de Naciones
Unidas, así como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
La propia Constitución dice, en el artículo 23, que los ciudadanos tienen
el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio
de sus representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal. Por lo tanto, la decisión de impedir el trámite
parlamentario de una iniciativa legislativa supone socavar el derecho de
estos parlamentarios al ejercicio efectivo de sus responsabilidades, que
son las nuestras, somos nosotros. El quebranto del derecho a la
iniciativa parlamentaria de los representantes electos de la ciudadanía
afecta directamente al núcleo esencial del artículo 23 de la Constitución
y el ius in officium.

Además, el recurso de amparo que se ha admitido a
trámite —y voy finalizando— se fundamenta en que hay una
relevante repercusión social y política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está
haciendo política el Tribunal Constitucional? Porque cree que hay un
asunto político, ¿tiene que impedir que se tramite? ¿Qué significa esto?
Significa que el Tribunal Constitucional hace política sin legitimidad
democrática, rompe la separación de poderes, se pronuncia ex ante de que
se tramite una iniciativa legislativa, por lo tanto, preventivamente,
como si fuera Matrix, antes de que suceda una cosa. Pero hay que tener en
cuenta que lo que nosotros hacemos aquí es enmendar y puede que lo que
entra ahora finalice de forma distinta el último día, y además no se
tramita en lectura única, con lo cual se puede enmendar.

Cuestionar la legitimidad parlamentaria para
legislar es dar un paso más hacia ese repliegue reaccionario y
autoritario que se produce en España. Primero fuimos los
independentistas, desde 2010, y ahora se atreven a asaltar el Legislativo
español. Quieren ganar por la vía judicial lo que no ganan en las urnas,
lo que no ganan en las elecciones, lo que no ganan en el Parlamento.
Abrieron la puerta a la injerencia judicial con la sentencia del Tribunal
Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2010, hace
trece años se abrió la puerta. Recuerden ustedes que ese texto
legislativo fue debatido en el Parlament de Catalunya con legitimidad
democrática, también en el Congreso y en el Senado; fue ratificado por el
rey y, además, ratificado en referéndum, pero por encima del referéndum
aparece el Tribunal Constitucional. Acuérdense ustedes, con eso se abrió
la puerta, y ustedes callados.

También se modificó —y finalizo— por
parte del Partido Popular la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
muy criticada en opinión de la Comisión de Venecia, y además se hizo en
lectura única y trámite de urgencia, senadores del PP —ahí sí que
no hubo posibilidad de presentar enmiendas ni de hacer debate—, fue
un trágala que otorgaba además capacidad ejecutiva al Tribunal
Constitucional y capacidad para imponer multas. Señores del Partido
Socialista, todavía está en vigor, a ver qué hacen ustedes con esta ley.
Está claro que el edificio constitucional del Estado español está
colapsando desde hace años, 2010, recuerden, y lo que estamos viendo
ahora es el fin de la reputación democrática del Estado español.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Es el turno ahora del Grupo Popular. Tiene la
palabra el señor De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias,
presidente.

No se ha hecho referencia al contenido del veto que
ha planteado este grupo, parece que no se quieren discutir las cuestiones
que han quedado perfectamente delimitadas en el ámbito del trámite
parlamentario, como la modificación del Código Penal; se ve que no
interesa que hablemos de lo que supone la desaparición del delito de
sedición y la rebaja de la pena por malversación, a lo mejor existe algún
tipo de vergüenza entre los senadores que apoyan esta proposición de ley.
Pero sí han hecho referencia al planteamiento y al recurso del Tribunal
Constitucional, así que no puedo obviarlo y hablaré de ello.

La gravedad es vulnerar la ley, y eso es lo que se
va a debatir, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que el trámite
parlamentario, las formas en el trámite parlamentario, en todo momento
deben ser objeto de respeto, porque no se pueden afectar ni atacar los
derechos de los parlamentarios; eso es la democracia. Han hecho
referencia a que en el trámite del Congreso de los Diputados se
introdujeron enmiendas que no fueron susceptibles de ser debatidas por
parte de la oposición, de todos los grupos de la oposición, aunque aquí
ahora haya grupos a los que les parezca perfecto que se les prive de sus
derechos parlamentarios a sus compañeros en el Congreso de los Diputados.
A eso se ha hecho referencia. Por tanto, no conviertan a las víctimas en
agresores, eso está muy feo, está muy feo, las víctimas nunca pueden ser
los agresores, y en este tema el Tribunal Constitucional ha dicho que el
derecho de enmendar y debatir de algunos parlamentarios no fue atendido.
Ustedes lo tenían sencillo, podían haber hecho otra proposición de ley en
la que se reformara lo que estimaran conveniente y no utilizar la vía de
enmienda en una ley orgánica de modificación del Código Penal, pero
decidieron por las prisas hacer un trágala al parlamentarismo. (Varias
señorías golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano). Por
tanto, no hagan ustedes trampas dialécticas, porque eso lo sabían, porque
la sentencia del Tribunal Constitucional de 2011, que a lo mejor fue
suscrita por algunos senadores que están aquí sentados escandalizándose,
dice expresamente eso, que no se puede utilizar una proposición de ley
con un objeto diferente para conseguir otra finalidad privando del
derecho de enmienda. Eso lo dice la sentencia de 2011, y también lo
dijeron los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, los letrados advirtieron que había un problema de
antijuridicidad; estaban avisados, pero el presidente de la Comisión de
Justicia desoyó las quejas de los diputados, las quejas de los letrados y
decidió por su cuenta y riesgo tirar adelante porque querían tramitar
esta ley como fuera, y el como fuera, en democracia, no está reñido con
el principio de legalidad. Por tanto, antijuridicidad es un término que
ustedes deben tener en cuenta. Y sí, señorías, supremacía de la
Constitución española, supremacía del Tribunal Constitucional, como
garante e interpretación de la ley, porque así lo dice la propia
Constitución de 1978 que fue aprobada por los españoles por amplia
mayoría, incluso en Navarra e incluso en Cataluña.

Yo les voy a leer el artículo 9 de la Constitución,
que establece: Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Igualmente, dicho
artículo viene a recoger en su apartado tercero la prohibición de la
arbitrariedad como medio de ejercicio de las funciones por parte de los
poderes públicos, quedando por tanto prohibido cualquier acto dictado
basado únicamente en el interés privado y no en el carácter público.
Señorías, este artículo 9 de la Constitución es fundamental y es lo que
considera este grupo que tiene que prevalecer en cualquier debate
parlamentario: el respeto a las minorías, el respeto a la forma, evitar
la arbitrariedad, evitar la antijuridicidad de las normas y, por tanto,
el respeto del trámite y el cauce parlamentario.

Por tanto, no debemos volver a la ley de la calle,
sino que hay que respetar a los tribunales, porque ese es uno de los
principios democráticos del Estado de derecho, no se puede atacar a un
tribunal que no forma parte del Poder Judicial, como es el Tribunal
Constitucional, y no se pueden poner en entredicho las decisiones de los
tribunales de justicia, porque eso es antidemocrático. Y si hablamos de
recusaciones y de abstenciones, tengan en cuenta que es un amplio
concepto que también podía haber afectado a otros miembros no solamente
del Parlamento, como la presidenta del Congreso de los Diputados, o
también a otros miembros del Tribunal Constitucional que no votaron a
favor. Por tanto, no hagamos ningún tipo de distinción, porque la ley es
la ley, las formas son las formas y el trámite parlamentario se debe
respetar absolutamente siempre.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Es el turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra
el señor Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko,
presidente.

Que yo sepa el Tribunal Constitucional lo único que
ha hecho es admitir a trámite un recurso de amparo, no ha tomado ninguna
decisión sobre si lo que el Partido Popular dice es o no es correcto y se
ajusta a derecho, y me sorprende y me preocupa que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ya sepa lo que va a decir el Tribunal
Constitucional. Esto nos infunde todavía más temor por lo que puede
pasar. Esto como primera consideración.

En segundo lugar, aquí nadie se está metiendo con
nadie; en todo caso, ha sido el Partido Popular el que ha dicho algunas
cosas que son verdaderamente inadmisibles. Aquí lo que se está diciendo
es que el Tribunal Constitucional ha tomado la decisión de que en este
Parlamento los senadores y senadoras no podamos debatir sobre una
determinada propuesta que nos ha llegado; es más, lo ha hecho mediante
unas medidas cautelarísimas y sin escuchar en ningún momento al Senado, y
el Tribunal Constitucional no puede, por tanto, saber cómo es la
tramitación parlamentaria en el Senado. No lo sabe porque no nos ha
escuchado; no sabe que se dio un plazo a todos los senadores y senadoras
para que presentaran enmiendas, no sabe que se dio de plazo hasta el día
de ayer a las catorce horas para poder presentar propuestas de veto, no
sabe si vamos o no a modificar esa ley y, por tanto, a suprimir todo
aquello que pudiera tener algún defecto de constitucionalidad; no lo sabe
y, pese a ello, ha tomado una decisión, que es la decisión que le pedía
al Partido Popular. Por cierto, lo ha hecho en un tiempo récord, yo he
ejercido la abogacía muchísimos años y jamás he visto que el Tribunal
Constitucional, y además el Pleno, se reúna de un día para otro y
resuelva (Rumores). Esto me parece que es verdaderamente inconcebible,
cuando normalmente los recursos de amparo suelen tardar varios meses y
además los estudia una sala del Tribunal Constitucional y no el Pleno. Si
hablamos aquí de irregularidades, todo son cosas muy raras, muy raras. Yo
no me meto en si tienen que abstenerse o no los miembros del Tribunal
Constitucional, eso queda en su conciencia, pero, si el Gobierno ha
designado dos representantes que sustituyen a los dos que tenía Rajoy
—uno es el presidente Trevijano y el otro es el señor Narváez, a
los que parece que se les han ofrecido, por cierto, unos cargos
futuros—, si ya saben ellos que sus dos puestos desaparecen porque
ya están designados sus sustitutos, evidentemente algún interés pueden
tener, por lo menos seguir cobrando los 160 000 euros que cobran.

En cualquier caso, no hay mayor muestra de lealtad
que la de acatar las resoluciones, en este caso del Tribunal
Constitucional, como han hecho la presidenta del Congreso y el presidente
del Senado, por mucho que se diga lo contrario; tanto es así que ustedes
conocen la historia de Sócrates, que llegó a tomar cicuta porque tenía
que ejecutar una sentencia, y evidentemente no estaría de acuerdo con
suicidarse, pero estaba cumpliendo una sentencia. Por tanto, una cosa es
la muestra de lealtad, que es acatar lo que el tribunal ha dicho, y otra
cosa muy diferente es no poder manifestar alto y claro que no estamos de
acuerdo, que no se nos ha escuchado, que se ha tomado una decisión
prescindiendo completamente, completamente, de la opinión de las Cámaras
legislativas, tan es así que el propio acuerdo del Tribunal
Constitucional dice que le va a pedir a la presidenta del Congreso que
aporte sus alegaciones, por tanto, no las tiene. Y en el caso del Senado,
ni siquiera eso, es que ni un solo senador o senadora ha firmado ese
recurso de amparo, lo han hecho diputados y diputadas. Por tanto, el
Grupo Parlamentario Socialista lo que les dice es que acatamos la
resolución del tribunal, pero manifestamos nuestra disconformidad con
esta manera de proceder y con esto que, a nuestro juicio, supone un
atentado a la democracia parlamentaria porque se nos priva del derecho a
poder modificar cualquier texto legislativo. Por todas estas razones
entendemos, y reitero, que los vetos tienen que ser derribados y que debe
continuarse con la tramitación, al menos del resto del proyecto
legislativo.

Nada más. (Varias señorías golpean repetidamente su
mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, procede
la votación. Vamos a tener que agilizar porque es un poco tarde y tiene
que empezar el Pleno.

Votamos la propuesta de veto número 1, presentada
por el señor Catalán Higueras.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de vento número 4, presentada por el
señor Marín Gascón y las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de Millán
Parro.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 2, presentada por el señor
Sánchez López, del Grupo Parlamentario Democrático.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 3, de los señores Cervera
Pinart y Cleries i Gonzàlez

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 1; en contra, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 12; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a continuación, una vez votados los vetos,
a la defensa de las enmiendas. Les ruego que reduzcan sus intervenciones
a tres minutos.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 12 y 30, tiene
la palabra el señor Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Las doy por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda 29, tiene la palabra
el señor Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Mi grupo registró esta enmienda antes de conocer el
espectáculo bochornoso que iba a protagonizar el Partido Popular de la
mano de un Tribunal Constitucional absolutamente ilegítimo por voluntad
propia, por su escaso interés por cumplir con el mandato constitucional
de su renovación, y evidentemente la enmienda ha adquirido una relevancia
todavía mayor, si cabe, teniendo en cuenta los acontecimientos.

Desde nuestro punto de vista, sería interesante que
nuestro Código Penal contara con un delito de carácter institucional de
puesta en peligro del Estado constitucional de derecho,
independientemente de actos tumultuarios y de actos violentos en su
ejecución, básicamente... (El señor De Rosa Torner: La sedición.—
Rumores). Si no les importa, señorías, continúo. Básicamente ese sería el
tipo penal de rebelión. Entendemos que son circunstancias penales
diferentes, una cosa serían los actos típicos de los desórdenes públicos,
que no solamente desde el punto de vista de la tipificación del delito
sino también de la práctica jurídica asentada que hay en torno a este
tipo penal están asociados a una serie de comportamientos y de
actividades típicas que están razonablemente claras, y otra, la situación
más agravada, propia del tipo penal de rebelión, que incluye violencia o
actos tumultuarios, a pesar de que en algunas ocasiones el Partido
Popular ha considerado que había que relativizar estas previsiones.
Creemos que estos dos extremos están claros y sería importante, como un
elemento de limitación de los excesos de poder —hoy más que nunca
lo digo porque creo que tiene sentido—, que pudiéramos contar con
un tipo penal de defensa del Estado de derecho que protegiera, en
definitiva, y con esto termino, a la ciudadanía de hipotéticos abusos por
parte del poder público, y creo que tiene todo el sentido del mundo que
sea un tipo penal diferenciado.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez
Perpinyà.

Tiene la palabra ahora el señor Cervera para la
defensa de las enmiendas números 13 a 28.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.

Doy por defendidas las enmiendas en los términos en
que han sido presentadas y, en caso de no prosperar, ya anuncio en este
turno que vamos a presentar voto particular para poder ahondar en ellas
en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cervera.

Para defender las enmiendas 31 a 51, del Grupo
Parlamentario Popular —saben ustedes que de la 52 a 55, al afectar
a disposiciones suspendidas, también deben quedar en suspenso—,
tiene la palabra el Grupo Popular.

La señora PRADAS TEN: Gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señorías. Hoy el Partido Popular
presenta una batería de enmiendas en defensa de nuestra Constitución, de
nuestro Estado de derecho, de nuestra democracia y de la unidad de
España. Estas, señorías, son las enmiendas en defensa de la dignidad de
los españoles. (La señora vicepresidenta, Alonso Sahagún, ocupa la
Presidencia).

Se ha detenido parte de la tropelía. El Tribunal
Constitucional le ha parado los pies a Sánchez en su intento de asalto a
las instituciones democráticas españolas. El Partido Popular ha hecho
frente a una nueva chapuza legislativa del Gobierno y hoy, de nuevo,
vamos a hacer frente a Sánchez para que los que quieren romper España no
se salgan con la suya, y no nos va a temblar el pulso, señorías. Porque
hoy debatimos una proposición de ley cuyo objetivo es debilitar nuestras
instituciones democráticas y la unidad de España a cambio de premiar a
los delincuentes y hacer más fuerte al secesionismo. Dicho de otra forma,
poner en bandeja nuestro Estado de derecho a quienes quieren cargárselo.






Vivimos, señorías, la semana de la infamia de la mano de Sánchez, que se
carga de un plumazo los delitos de los independentistas a cambio de su
apoyo a los presupuestos. De manera vergonzosa nos traen hoy a esta
Cámara un traje a medida para los secesionistas; a los ya condenados se
les lanza el mensaje de ánimo de reincidir, porque, claro, les va a salir
gratis, y a los huidos de la justicia, como el señor Puigdemont, se les
está poniendo la alfombra roja para que vuelvan a España totalmente
indemnes. Esta claro que este Gobierno está dispuesto a todo por seguir
en el poder. Están dispuestos a legitimar a los golpistas del 1 de
octubre y están dispuestos a permitir que malversar salga gratis.

Señorías, estamos ante un momento gravísimo de
nuestra historia democrática, estamos viviendo la mayor concatenación de
ataques a nuestras instituciones en detrimento de la calidad democrática
y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante tanta tropelía. Por
eso, ante tanta afrenta a la unidad de España y a nuestras instituciones
constitucionales, el Grupo Popular ha presentado una batería de
enmiendas, que damos todas por reproducidas, para, al contrario que
ustedes, señorías del Partido Socialista, reforzar el Estado de derecho,
la igualdad de todos ante la ley y la convivencia democrática entre los
españoles. En el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado enmiendas
en las que proponemos la tipificación del delito ilegal de elecciones o
de consultas populares vía referéndum. ¿Les suena esto, señorías del
Partido Socialista? Porque no se pueden utilizar las instituciones contra
la propia integridad territorial de España, del Estado o la convivencia
de todos los españoles. Proponemos también mediante nuestras enmiendas el
mantenimiento del delito de sedición tal y como aparece redactado en la
actualidad en el Código Penal, a fin de no dar ni un paso atrás en la
tipificación y penalidad de este delito, porque alzarse para impedir la
aplicación de las leyes o su cumplimiento no puede ser calificado y
penado como un mero desorden público, porque no lo es. ¿Cómo va a
equipararse, señorías, el pegarle una patada a nuestro Estado de derecho
con pegarle una patada a una papelera o a un contenedor? Esto es una
aberración. (Risas). Con nuestras enmiendas... Claro, se ríen en los
partidos catalanistas, se ríen, porque se salen con la suya, se ríen
porque se salen con la suya. (Varias señorías golpean repetidamente su
mesa con la palma de la mano). Y esto tiene que constar en acta,
señorías, que cuando esta senadora está defendiendo la unidad de España,
cuando esta senadora está defendiendo el orden constitucional, cuando
esta senadora está poniendo en evidencia que el Partido Socialista se
está rindiendo ante quienes quieren fraccionar nuestra unidad
territorial, los partidos catalanistas se ríen, porque son quienes hoy
van a salir triunfantes de esta comisión y de este Pleno. ¡Qué vergüenza,
señorías del Partido Socialista! (Varias señorías golpean repetidamente
su mesa con la palma de la mano). Con nuestras enmiendas nos oponemos
totalmente a que se elimine la sedición, porque con la eliminación de la
sedición justamente lo que se logra es legitimar el procés. (Risas). Si
es que se están riendo. Y lo que tenemos que hacer, señorías, es todo lo
contrario, hay que detener el procés con las herramientas del Estado de
derecho, porque se nos están riendo en la cara. (Rumores).

En cuanto a la rebaja de la malversación que
propone el Partido Socialista, con nuestras enmiendas solicitamos
mantener este delito conforme se recoge actualmente, sin rebajar las
penas. Porque, señorías, ¿les parece poco grave destinar dinero público,
dinero de todos los españoles a acciones como, por ejemplo, atentar
contra nuestro orden constitucional y la unidad de España? ¿Cómo es
posible, señorías del Partido Socialista, que quieran rebajar las penas
de la malversación cuando la malversación es uno de los peores delitos de
corrupción? ¿Cómo es posible? Señorías, permítanme que les diga que este
Partido Socialista está irreconocible; ustedes han perdido el horizonte,
su brújula solo marca supervivencia y, tristemente, hoy son un peligro
para nuestra democracia. Insistimos, hay que mantener la malversación tal
y como aparece en nuestro Código Penal. El resto de las enmiendas las
damos por reproducidas, ya ahondaremos en ellas en el Pleno.

Finalizo, señorías del Partido Socialista, sí, me
dirijo a ustedes, les pido que sean valientes y apoyen las enmiendas del
Partido Popular. Yo sé que muchos de ustedes lo harían en defensa de la
Constitución y de la unidad de España. Repiénsense su posición, aún están
a tiempo, porque, si no lo hacen, demostrarán lealtad a Pedro Sánchez,
pero traicionarán a los españoles y, entre ellos, a los padres de nuestra
Constitución, y no olviden que algunos de ellos también eran socialistas.
Y, finalizo, ¡viva la Constitución, viva la democracia y viva la unidad
territorial de España!

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Alonso Sahagún): Damos
paso ahora al turno en contra, si lo hubiera. (Asentimiento).

Señora Hernández, tiene la palabra.

La señora HERNÁNDEZ ESPINAL: Muchas gracias, señora
presidenta.

Mucho se ha dicho e intoxicado, incluso aquí mismo,
sobre lo que aquí se está debatiendo, pero basta con leer el texto que
nos llega del Congreso y su exposición de motivos para que se despejen
todas las dudas sobre su contenido y nuestra aspiración legítima de tener
un Código Penal perfectamente homologable con los países de la Unión
Europea. La posición de nuestro grupo parlamentario es legítima, tanto
por el fondo como por la forma. Igual que por primera vez vamos a dar
vacaciones a los profesionales de la abogacía y la procura declarando
inhábiles las fiestas navideñas, también tenemos todo el derecho a acabar
con los bloqueos que estamos sufriendo en la Administración de Justicia.
Es verdad que los señores del PP podrían darnos a todos lecciones sobre
la malversación en sus distintas formas y sobre las modificaciones por la
puerta de atrás. Ahora quieren que se quede todo como está, que no nos
atrevamos a cambiar nada, pero no nos votaron los españoles y las
españolas para hacer lo mismo que ustedes, desalojados, por cierto, por
una moción de censura y dos elecciones generales.

Ayer el Tribunal Constitucional, por una exigua
mayoría de seis votos a cinco —y en esos seis votos se incluyen dos
personas que debían haberse abstenido—, decide paralizar una
votación en la Cámara Alta; un procedimiento de elección cuando tienen su
mandato caducado, y los afectados dicen que son imparciales. Pues ser
juez y parte no es posible en democracia. Quiero dejar claro que estoy
hablando de parte de las cúpulas, porque estoy segura de que lo que
estamos denunciando no tiene un pase para la inmensa mayoría de los
jueces y magistrados españoles, que se merecen todo el respeto como
juristas. Somos los legítimos depositarios de la soberanía popular y
tengan seguro que cumpliremos y haremos cumplir la Constitución como
norma fundamental del Estado, que es lo que hemos prometido cuando
ingresamos en esta Cámara y es lo que nuestro grupo va a hacer.

Decía Martin Luther King júnior que la esperanza de
un mundo seguro y habitable recae en disciplinados inconformistas que se
dedican a la justicia, a la paz y a la fraternidad. El precio que pagamos
por querer cambiar la realidad para mejor, que es el mandato del pueblo
español, es tener que lidiar con las injusticias que lo impiden. El pago
es haberlos dejado al descubierto, señores del PP, y que los españoles
sepan dónde son capaces ustedes de llegar. Es la voluntad del pueblo
español, representada en esta Cámara, la que son capaces de cercenar.
Retomo la frase de Luther King, somos disciplinados inconformistas. Los y
las socialistas vamos a darles a ustedes una lección de democracia, vamos
a acatar la resolución, defender la autonomía parlamentaria y, siempre
con la fuerza de la razón y con plena sujeción a nuestro ordenamiento
jurídico, cumpliremos con el mandato del pueblo español. Rechazamos, por
tanto, todas las enmiendas y queremos que continúe la tramitación de la
ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Alonso Sahagún): En vista
de que tenemos el tiempo tan ajustado, el turno de portavoces se va a
limitar a un minuto, si no, no nos da tiempo.

Tiene la palabra el señor Sánchez-Garnica, del
Grupo Mixto.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Muchas
gracias.

No pensaba intervenir, pero lo que estoy escuchando
me preocupa. Hay que entender que la situación actual, y eso va para
todos, sobre todo, para los grupos mayoritarios, trae causa de la no
renovación de los órganos constitucionales, del Tribunal Constitucional y
del Consejo General del Poder Judicial. Y, señorías, todos somos
responsables del bloqueo que hay en la actualidad, unos por acción y
otros por omisión, y desde nuestro modesto punto de vista no es legítimo
instrumentalizar los órganos constitucionales en contra de otros órganos
constitucionales. Es muy peligroso. Por eso, hago un llamamiento a la
reflexión sobre lo que está pasando y hacia dónde vamos y cuáles son los
efectos. Sensatez y prudencia, señorías, sensatez y prudencia. Ahora es
más necesario que nunca el diálogo. El enfrentamiento y la crispación no
nos lleva más que al odio y el odio es peligroso.

Por lo tanto, reitero, sensatez y prudencia, sobre
todo, de los grupos mayoritarios, que son los que tienen que llevarnos al
camino adecuado para que de aquí no salga lo que no debe de salir. Ya
ampliaremos esto en el Pleno.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Alonso Sahagún): Tiene la
palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidenta.

Yo también seré breve. Muchas veces he lamentado en
Pleno y en comisiones el espectáculo de reñidero que estamos dando en las
instituciones parlamentarias; reñidero que hasta hace poco era solo
formal o fundamentalmente formal, y lamento profundamente que el reñidero
se haya llevado también al fondo. Lo lamento profundamente. Para Geroa
Bai la política se hace mediante la palabra, la negociación y el acuerdo
y no con gritos ni con recursos al Constitucional.

La señora VICEPRESIDENTA (Alonso Sahagún): Es ahora
el turno del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado. Tiene la
palabra el portavoz de Junts. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta.

Yo tampoco quería intervenir en este turno, pero lo
voy a hacer. Hace un momento hemos votado nuestro veto en esta comisión y
ha obtenido un único voto a favor, que es el nuestro. Sin duda, se trata
de una derrota parlamentaria y algunos son capaces de decirnos que
salimos triunfantes. Entonces, van a entender que me surjan dudas sobre
cómo están pensando derrotarnos y que me pregunte: ¿cómo piensan derrotar
al independentismo, si les parece que jugando a su juego parlamentario
salimos triunfantes con este resultado?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Es el turno ahora del Grupo Vasco en el
Senado.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Después de escuchar lo que hemos oído, tengo que
decir que malos tiempos para la democracia. Malos tiempos para la
democracia porque hoy en la Cámara Alta, en la Cámara que representa a la
soberanía popular, asistimos a un debate que ha sido cercenado por la
decisión del Tribunal Constitucional en respuesta, precisamente, a una
petición del Partido Popular, sin atender ni escuchar al Senado ni a los
senadores y senadoras. Con una decisión inaudita e inédita en cuarenta y
cuatro años de democracia, el Tribunal Constitucional ha decidido
paralizar la tramitación de una iniciativa legislativa impidiendo el
debate y hurtando de esta manera a las Cortes Generales y al Senado, en
concreto, la función de legislar. Una medida que supone una clara
injerencia y un ataque a la separación de poderes, que vulnera el
principio constitucional de autonomía de las Cortes Generales y que es de
difícil justificación, desde la perspectiva jurídica, estando como está
abierta la posibilidad de ser recurrida en amparo, una vez que se
apruebe.

Estamos ante lo que se ha llamado el Estado
lawfare, ante una guerra jurídica y una utilización sin escrúpulos de los
órganos judiciales para derribar a la oposición política, que deja muy
dañados y compromete la credibilidad de los poderes del Estado. Señorías
del Partido Popular, llevan mucho tiempo, demasiado tiempo, cavando estas
trincheras. No han tenido ningún reparo en incumplir la Constitución, esa
que enarbolan y acaban de enarbolar ahora mismo manteniendo bloqueada la
renovación del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal
Constitucional con tal de asegurar una mayoría de magistrados afines. Más
bien, después de lo visto, habría que decir magistrados sin pudor que,
lejos de constituir elemento de garantía y de servicio a la justicia, se
pliegan a los intereses políticos de parte. Porque no nos engañemos, el
debate ya no es si la mayoría es progresista o conservadora, el debate se
ha convertido en si son los míos o los tuyos, en si sirven a una causa o
a la otra. Peligroso. Es un día, como decía, triste para la
democracia.

En nuestro grupo siempre hemos defendido que la
judicialización de la política no resuelve los problemas políticos; a los
problemas políticos y a las cuestiones políticas hay que dar soluciones
políticas. Bien al contrario, con esta deriva populista y extrema de la
derecha, asistimos a una vergonzante politización de la justicia, a la
instrumentalización por parte de la derecha española de la justicia para
conseguir, a través de los tribunales, lo que las urnas les han negado.
Señorías del Partido Popular, están en el cuanto peor, mejor, pero no se
equivoquen, cuanto peor siempre es peor, porque el socavamiento de las
instituciones y del Estado de derecho tiene un beneficiario, un
beneficiario único, los populismos radicales, la extrema derecha, que
vive precisamente del desprestigio del sistema democrático. El
nacionalismo vasco, como decía recientemente un compañero, se mantendrá
siempre al lado de la libertad, de la separación de poderes y del diálogo
democrático como mejor forma de resolver las discrepancias.

Dicho esto, y para terminar, anuncio que no vamos a
apoyar ninguna enmienda y que votaremos a favor del informe de la
ponencia, porque consideramos que la desaparición del delito de sedición
y la reformulación de los delitos contra el orden público es un paso
importante, no solamente para adecuar la legislación penal a la normativa
europea, sino también porque permite afrontar la cuestión territorial
catalana y también la vasca. De la misma manera que nos parece
oportuno...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando ya, por favor,
ha consumido cuatro minutos.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Termino ya,
presidente.

Como decía, nos parece oportuno que se reformule el
delito de malversación y se reconduzca la situación a la reforma previa
al 2015.

Muchas gracias. Gracias también, presidente, por su
paciencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene ahora la palabra el Grupo Esquerra
Republicana.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Utilizaré solo treinta segundos, porque sé que ha
sido flexible, solo para responder a la senadora del PP. Ustedes me
llaman golpista, pero yo antes que independentista soy demócrata, de
hecho, no sé si ustedes ven que siempre acatamos las reglas de la
democracia; repito, de la democracia. Además, a mí me han votado más
de 113 000 personas, votos directos, como todos los del Senado.
Represento sus intereses. Defiendo sus preocupaciones. Es un 30 % del
censo, más de un 30 % del censo de mi demarcación. Por lo tanto, cuando
usted me llama a mí golpista llama golpista a toda esta gente y, por lo
tanto, lo del decoro parlamentario quizá debería empezar a ser la regla
general de esta Cámara, porque, si no, esto va a llegar a ser un
corral.

Otra cosa, y finalizo. Ustedes defienden mucho la
Constitución, pero su defensa de la Constitución es selectiva, porque
cuando tienen que cumplir con la renovación de los mandatos
constitucionales, ahí ustedes se ponen de perfil y ya llevan cuatro
años.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Grupo Popular en el
Senado.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Popular va a defender siempre la calidad
democrática, el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico. Escuchar
las voces que se han oído hoy aquí, con una mano hablando de democracia,
con una mano hablando de diálogo y con otra mano insultando a los
miembros de mi grupo, considero que se trata de una posición farisaica a
la que ya estamos acostumbrados. (Rumores). Estamos acostumbrados a que
exista una política de insulto constante al adversario, al que está en
contra o al que formula alguna posición que no concuerde con lo que
quiere la mayoría. No es este grupo el que ha estado llamando golpistas,
fascistas y machistas a los miembros del Poder Judicial. (La señora
Castel Fort: Ah, ¿no?). No. Yo le pido respeto, señoría. Sabe que la
respeto personalmente mucho y, por tanto, le pido que me respete. Yo
estoy diciendo que no es el Grupo Popular quien ha estado desde el
principio de la legislatura desacreditando al Poder Judicial.

Yo lo único que quiero decirles es que ante los
ataques que están recibiendo en el día de hoy la Constitución, el
diálogo, el debate, queremos mostrar nuestra total indignación. Y, sí,
vamos a intentar por todos los medios, utilizando las armas de la
democracia, parar todo atropello que se realice a la calidad democrática
española. Y, sí, vamos a recurrir a las instancias que estimemos
conveniente, porque tenemos derecho a hacerlo. Y, sí, utilizaremos las
medidas cautelares, cautelarísimas, porque, como todo el mundo sabe, son
un derecho en defensa de la democracia y la calidad democrática. Y si hay
que recurrir al Consejo de Europa, se irá; si tenemos que ir al
Parlamento Europeo, iremos; si tenemos que ir a la Comisión de Justicia
de Bruselas, también; así como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y,
por supuesto, al Tribunal Constitucional. Porque decir que utilizar una
vía legal para defender los derechos de los diputados y de los senadores
equivale a estar abusando de la Constitución es insultar a la democracia.
Tenemos derecho a recurrir y lo hemos hecho. Y ustedes, cuando consideren
oportuno recurrir al Tribunal Constitucional para lo que estimen
conveniente, lo harán y el Tribunal Constitucional se pronunciará. Esas
son las reglas de juego de la democracia, respetando los órganos
constitucionales y respetando al Poder Judicial; no desacreditarlo cuando
hay una resolución que no nos gusta: golpistas, tejeros, fachas con toga,
fachas... Todo eso sobra en democracia. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando ya, por
favor.

El señor DE ROSA TORNER: Sí, permítame, por favor,
señor presidente, acabar.

Hay que escuchar a las voces que consideran que
esta proposición de ley no es correcta. Así, dentro del Partido
Socialista tienen ustedes líderes que se han pronunciado expresamente en
contra de esta ley, como también líderes de otros partidos, por ejemplo,
el lehendakari Urkullu, que ha dicho que esta ley va a ser un coladero.
Por tanto, también habrá que escuchar a alguno de los líderes, por
ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho que esta ley es un
coladero y, por tanto, va a coincidir con las enmiendas que presenta el
Grupo Popular.

Muchas gracias. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, con
mucha brevedad, por favor, porque vamos a pasar a votación
inmediatamente, tiene la palabra el señor Oleaga.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko.
Intervendré muy rápidamente.

Yo quería hacer dos precisiones. En primer lugar, a
la senadora Pradas: se le ha olvidado que hay un delito nuevo que está en
esta reforma, precisamente, para perseguir a aquellos que incrementan su
patrimonio de una manera absolutamente inconcebible y sin que pueda dar
causa de la misma. Yo creo que es un tema que ha obviado, quizá porque le
da vergüenza, como le han dicho antes. En segundo lugar, ha utilizado
usted de una manera descalificativa el término catalanista. Pues yo le
diré que mis compañeros del PSC se consideran catalanistas y eso no es
algo negativo; al contrario. Ahora bien, que el PP ya no sea catalanista
es su problema. Pero no olvide que el PSC es el partido más votado en
Cataluña.

Y luego me ha preocupado tremendamente que haya
dicho usted que el Partido Socialista es un peligro para la democracia,
porque si ya su socio, Vox, planteaba la ilegalización del PNV; no sé si
ustedes, utilizando las vías que quieran, estarán hablando de una cosa
semejante con el Partido Socialista. Y eso me ha preocupado
enormemente.

Aquí lo que se ha pretendido es talar el árbol de
la democracia. Y esto me recuerda a un poema de Miguel Hernández que
dice: Para la libertad sangro, lucho, pervivo... Porque donde unas
cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará
que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.

Y le diré que la democracia va a prevalecer. Y lo
vamos a hacer entre todos y todas, porque los demócratas no vamos a
permitir que se socave nuestro régimen democrático, que tanto nos ha
costado conseguir.

Eskerrik asko. (Varias señorías golpean
repetidamente su mesa con la palma de la mano).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Hay presentes 29 miembros en la comisión y vamos a
someter seguidamente a votación el texto propuesto como informe de la
ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 16; en contra, 11; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de
la ponencia.

Ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia la
Proposición de Ley Orgánica en trasposición de directivas europeas y
otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al
ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la
integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble
uso. La presentación de los votos particulares se debe hacer no más tarde
del día siguiente a aquel en que termine la deliberación, es decir,
mañana.

Y procede, por último, designar al miembro de la
comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno
del Senado. (El señor De Rosa Torner pide la palabra).

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Yo propongo que sea el
propio presidente de la comisión el que presente el dictamen, si les
parece bien a los demás, dado que es quien nos representa a todos
nosotros.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pues asumo, en este caso, no con mucho gusto, la
presentación por encargo de la comisión.

El señor DE ROSA TORNER: Que conste que yo había
levantado la mano —pero se ha adelantado el señor Oleaga—
para pedir la palabra y decir que sea el presidente quien haga la
presentación.

El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias.

Dicho esto, levantamos la sesión.

Eran las trece horas.