CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 44

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 41

celebrada el martes,

15 de septiembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:


Exclusión del orden del día ... (Página5)


- Preguntas:


- Del diputado don Tomás Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública: ¿Cuál es la disposición del Gobierno para consolidar plantillas estables de empleados
públicos, pertenecientes a la Administración del Estado y a las empresas públicas que no están cubiertas en el medio rural y pequeñas ciudades de Aragón? (Número de expediente 180/000263) ... (Página5)


Modificación del orden del día ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 108-1, de 7 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000079) ...
(Página5)


- Del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 42-1, de 28 de enero de 2020. (Número de expediente 122/000016)
... (Página19)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración urgente de un Plan Nacional para la Industria en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 121, de 17 de julio de 2020. (Número de expediente 162/000333) ... href='#(Página35)'>(Página35)


- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a que el CIS recupere en sus encuestas preguntas específicas sobre la monarquía española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
138, de 14 de septiembre de 2020. (Número de expediente 162/000368) ... (Página45)

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación a la desidia y la incapacidad del Gobierno para garantizar una vuelta segura a las aulas en condiciones de igualdad, a lo largo y ancho de todo el territorio español. (Número de
expediente 173/000018) ... (Página57)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página68)


SUMARIO


Se abre la sesión a las tres de la tarde.


Exclusión del orden del día ... (Página5)


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la pregunta del señor Guitarte Gimeno,
del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la ministra de Política Territorial y Función Pública: ¿Cuál es la disposición del Gobierno para consolidar plantillas estables de empleados públicos, pertenecientes a la Administración del Estado y a
las empresas públicas que no están cubiertas en el medio rural y pequeñas ciudades de Aragón?


Se aprueba por asentimiento.


Modificación del orden del día ... (Página5)


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Ciudadanos a la ministra de Defensa, sobre la situación de los militares de Tropa y Marinería temporales que hayan cumplido o vayan a cumplir la edad de cuarenta y cinco años durante la actual situación de crisis sanitaria,
económica y social, se debata antes que la interpelación del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan proteger a los españoles de los asaltos y ocupaciones
ilegales de sus propiedades.


Se aprueba por asentimiento.


Asimismo, la Presidencia informa al Pleno de la modificación del orden del día en el sentido de que el punto correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en
el ámbito de la Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril), pase a debatirse en la sesión del miércoles a continuación de las interpelaciones urgentes.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.

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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; Valluguera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; Honrubia Hurtado, del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX, y Merino Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos ... (Página19)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto, y Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil, Baldoví Roda, Errejón Galván y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Garrido Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley ... (Página35)


Del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración urgente de un Plan Nacional para la Industria en España ... (Página35)


Defiende la proposición no de ley la señora Rueda Perelló, del Grupo Parlamentario VOX.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rego Candamil,
Boadella Esteve y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural; y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y el
señor Soler Mur, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rueda Perelló.


Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a que el CIS recupere en sus encuestas preguntas específicas sobre la monarquía española ... (Página45)


Defiende la proposición no de ley el señor Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

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En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano, y el señor Mariscal Zabala, del Grupo Parlamentario
VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Sayas López y Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Errejón Galván, y la señora Borràs Castanyer, del Grupo Parlamentario Plural; y los señores Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Asens Llodrà.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página57)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación a la desidia y la incapacidad del Gobierno para garantizar una vuelta segura a las aulas en condiciones de igualdad, a lo largo y ancho de todo el territorio español ... href='#(Página57)'>(Página57)


Defiende la moción la señora Jiménez Linuesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Rosique i Saltor, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Jiménez Linuesa.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página68)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se aprueba por 112 votos a favor más 167 votos telemáticos,
279; 22 en contra más 44 votos telemáticos, 66, y 1 abstenciones más 2 votos telemáticos, 3.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, se rechaza por 20 votos a favor más 32 votos
telemáticos, 52; 78 en contra más 118 votos telemáticos, 196; y 37 abstenciones más 63 votos telemáticos, 100.


Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.

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Se abre la sesión a las tres de la tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:


- PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON TOMÁS GUITARTE GIMENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CUÁL ES LA DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO PARA CONSOLIDAR PLANTILLAS ESTABLES DE EMPLEADOS
PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE NO ESTÁN CUBIERTAS EN EL MEDIO RURAL Y PEQUEÑAS CIUDADES DE ARAGÓN (Número de expediente 180/000263).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto seis
correspondiente a la pregunta oral del diputado don Tomás Guitarte Gimeno.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la parte
correspondiente a las interpelaciones en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que figura en el orden del día como punto 24, sea debatida antes que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX que
figura como punto 23 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).


En consecuencia, quedan aprobadas las modificaciones del orden del día.


Por último, esta Presidencia informa también de la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 25, correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, pasa a debatirse en la sesión del miércoles a continuación de las interpelaciones urgentes.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 122/000079)


La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy me presento ante ustedes en nombre de mi grupo parlamentario para plantearles la toma en consideración de esta iniciativa; una proposición de ley destinada a reformar y a dignificar el Registro Civil. Si me permiten, voy a
apelar al parlamentarismo en su sentido más puro para llevar a buen puerto no solamente la toma en consideración de esta ley sino toda su tramitación parlamentaria. Señorías, les hablo de ese parlamentarismo que a veces olvidamos, que a menudo
vemos enterrado entre vetos, declaraciones altisonantes y estrategias de corto vuelo. Les hablo del parlamentarismo del acuerdo, del parlamentarismo que hace de esta Cámara el verdadero motor de avance de nuestro país. Les hablo del
parlamentarismo que gracias al impulso, a la palabra y a la confrontación democrática consigue transformar nuestra realidad y hacerla más útil para las españolas. Hoy es el Registro Civil, pero mañana serán otras iniciativas, otras leyes, otras
propuestas. Me gustaría que demostráramos la capacidad que han tenido todos los grupos políticos representados en esta Cámara para llegar a acuerdos en materia de justicia, y es que, les recuerdo, que ya han sido dos las ocasiones en las que nos
hemos sobrepuesto al desacuerdo: en la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la crisis del COVID, que, además, como saben, esta semana,
mañana, vuelven del Senado a esta Cámara.

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Señorías, mi grupo quiere apelar a esta capacidad de encontrar posiciones comunes que nos hagan progresar a todos y a todas y que se encuentran también en el seno del Gobierno. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia antes del verano
planteaba en el Senado que estaba entre sus intenciones conducir esta ley por la senda del acuerdo. Por eso les pido que miren hacia delante y no se dejen arrastrar por las corrientes del bloqueo; ustedes saben que no hay nada menos democrático
que eso. Les pido que eleven el ancla y que abandonen las aguas turbias en las que algunos parecen estar instalados. Insisto, apelo a la capacidad de diálogo que sé que muchos de ustedes desean ejercitar porque saben que nuestros electorados se
enorgullecen de nosotras cuando somos capaces de llegar a acuerdos.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición para establecer los cimientos de un registro del siglo XXI. Estamos hablando de una de las grandes reformas pendientes de la justicia, una cuenta pendiente que hemos de
solucionar para desatascar un problema que está realmente enquistado. Estoy convencida de que este texto que hoy presentamos como proposición de ley, así como los acuerdos a los que vayamos llegando durante la tramitación parlamentaria, está
llamado a ser una de las grandes reformas, una de las reformas de mayor calado de este periodo legislativo; una reforma, además, que aspira a trazar un sistema que perdure en el tiempo, un sistema justo, un sistema equitativo, transparente y que
esté a la altura de los estándares europeos.


Señorías, como saben, el ministro de Justicia presentó ante la Comisión de Justicia, allá por febrero, el Plan Justicia 2030 que, desgraciadamente, la pandemia ha paralizado, pese a ser un plan de gran importancia y muy urgente. En este
sentido, como recordarán, aprobamos el decreto-ley y el posterior proyecto de ley de medidas organizativas y procesales de la justicia, que ha sido el anclaje para que la justicia fuera capaz de hacer frente a los problemas de la pandemia e,
incluso, introdujo algún artículo para avanzar en el trabajo que ahora con esta proposición de ley debemos sacar adelante. Fíjense, aun con todo ello, este Gobierno no ha dejado en ningún momento de trabajar por la justicia que queremos.


Señorías, el Plan Justicia 2030 se vertebra en tres grandes ejes estratégicos: acceso a la justicia, promoción de la eficiencia operativa del servicio público de justicia y la transformación digital incrementando la cohesión y la
coordinación territorial. Dados estos postulados, la reforma de nuestros registros civiles se hace especialmente urgente. Les recuerdo además que la vacatio legis de la Ley de 2011 se mantendrá hasta bien entrado el año 2021; por lo tanto, los
trabajos parlamentarios que hoy comienzan son absolutamente apremiantes. Por eso, vuelvo a insistir en mi alegato por la responsabilidad y por el compromiso serio que sé que tiene esta Cámara. Señorías, está en nuestras manos construir este
consenso estratégico para la necesaria reforma del Registro Civil. Sin duda, el momento que vivimos actualmente nos ha dejado esa enseñanza: la unidad es avance; la fragmentación interesada, retroceso.


Señorías, ante la imposibilidad de dar cumplimiento a la Ley de 2011, que acababa con la mayoría de registros civiles de este país, mi grupo parlamentario pretende dar respuesta a los más de 8000 registros con los que cuenta nuestro país
actualmente, y por ello paso a desgranar brevemente nuestra propuesta. La proposición del Grupo Socialista está centrada en implementar un servicio público de Registro Civil totalmente gratuito, próximo al ciudadano, con su gestión desjudicializada
y con el apoyo de los cuerpos generales de funcionarios de la Administración de Justicia. Se trata de una proposición que ofrece una mejora en aspectos técnicos y organizativos, de cara a una implantación más eficiente de un modelo basado en la
interoperabilidad entre oficinas y accesible electrónicamente, con suficiente capilaridad, donde las ciudadanas no tengan la obligación de peregrinar en la búsqueda de la oficina de Registro Civil competente para tramitar su solicitud, sino que
puedan hacerlo desde cualquier punto de acceso del Registro Civil, que puede ser el acceso por sede electrónica, por jugados de paz o en los ayuntamientos. Además, ahondando en el contenido de esta proposición y como es natural, pretendemos
introducir los avances que se han ido produciendo en materia de firma electrónica desde la promulgación de la Ley de 2011.


Señorías, con esta proposición queremos construir una estructura de oficinas suficiente y garantista para manejar la carga de trabajo, añadiendo la posibilidad de aumentar la conectividad entre registros de manera flexible y siempre con la
participación de las comunidades autónomas, porque a través de esta proposición posibilitaremos que la implantación cuente con la colaboración de todas las comunidades autónomas, no solamente de aquellas que tienen competencias ejecutivas en materia
de Registro Civil. Igualmente, vamos a garantizar que el personal tramitador del registro sean siempre empleados de la Administración de Justicia, manteniendo las oficinas del Registro Civil como centros de destino y respetando a estos
trabajadores. Es importante destacar también que se ha previsto la continuidad del

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servicio público durante la puesta en marcha de estos cambios, aportando seguridad jurídica para una implantación progresiva que resulte lo más racional y abordable desde todos los puntos de vista.


Señorías, en la tramitación de esta ley existe una dimensión que no debemos perder de vista, y es que esta ley será decisiva para la España rural, que no vaciada; será decisiva para la igualdad y para la cohesión. El Registro Civil es
mucho más que una oficina de carácter jurídico, representa el acceso justo a un servicio público que es básico. Es evidente que debemos adaptarnos a las nuevas realidades y aprovechar los avances que nos ofrece la tecnología, pero, señorías,
recuerden que hay pueblos donde garantizar un servicio marca la diferencia entre resistir o desaparecer. En este país, recuerden, señorías, la realidad es muy diversa. Lejos del asfalto, de donde yo vengo, hay pueblos, pueblos pequeños, pedanías,
hay montaña, hay campo, hay ciudadanos que aún hoy se pelean con los smartphones o las tablets, y esta Cámara y las leyes, señorías, son también para todos ellos y para todas ellas. No lo olvidemos nunca.


Señorías, a veces construimos nuestros discursos para hacer lo contrario a otro; discursos de respuesta, de confrontación de ideas, discursos destinados a remarcar las diferencias políticas, ideológicas o de forma con el otro, remarcando
que no somos ese otro. Algunos incluso, llevados por un instinto poco democrático, quizás cegados por el odio hacia quien no piensa como ellos, construyen discursos altisonantes de enfrentamiento o con mucha gesticulación, pero yo hoy he querido
presentar ante ustedes un discurso que cree en la bondad de la acción política y en el trabajo parlamentario; un discurso que cree en la capacidad inagotable de esta Cámara para trabajar por la mejora de la vida de nuestros vecinos y de nuestras
vecinas. Estoy convencida de que oiré críticas a esta proposición de ley y de que estas críticas y las diferencias de modelo serán sustanciadas en la ponencia y en la Comisión que han de tratar estas reformas, pero estoy aún más convencida de que
ustedes harán de estas legítimas críticas un elemento de mejora y de avance. Por ello mi convencimiento se ve reforzado por la capacidad que espero de la mayoría de ustedes para sobreponernos a quienes hacen del conflicto su forma de estar en
política, para apagar los fuegos de las palabras destinadas a generar odio y para silenciar democráticamente los gritos.


Ese es el compromiso de mi grupo parlamentario y como tal nos presentamos ante esta Cámara con esta proposición de ley para que ustedes, con su voto, acepten su toma en consideración y para que en las próximas semanas construyamos
conjuntamente una nueva ley que dignifique el Registro Civil. Dejemos atrás el clima de confrontación, hagamos de esta ley una oportunidad para ello. Les recuerdo un canto a la esperanza de Machado que me gusta mucho: Hoy es siempre todavía. Nos
lo debemos.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Fernández. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Cabría felicitarse ante lo que parece la versión definitiva de una Ley sobre el Registro Civil promulgada en 2011 y que, camino de una década después, no ha entrado aún en vigor, pero del tenor literal de lo
mencionado al respecto en la exposición de motivos por el Grupo Socialista, cabe albergar serias dudas y que estemos ante un nuevo brindis al sol cuando señala que ahora se pretende que la entrada en vigor se produzca en la última fecha prevista del
30 de abril de 2021, sin ulteriores aplazamientos. Tratándose de pilares para una justicia del siglo XXI, como decía la señora Fernández Benéitez, se avanza con evidente parsimonia.


Por desgracia, ya estamos acostumbrados a que muchas normas aprobadas por las Cortes Generales, cuyo contenido es avanzar en la inaplazable digitalización de la Administración Pública, sean objeto de reiteradas demoras en su entrada en
vigor, y es que no solo hace falta voluntad o bondad política, como calificaba la señora diputada, sino que se ha de hacer previamente un análisis ponderado de las condiciones previas en relación a los supuestos de hecho que contempla la ley, así
como de los derechos y obligaciones que prescribe para que su contenido pueda ser cumplido en la práctica por los ciudadanos y las administraciones. De nada sirve aprobar normas que no se cumplen, por muy loables que sean las intenciones que
declara su contenido.


Por otro lado, y además del diferido en la vigencia, resulta palmario que ocho modificaciones de un texto que no ha llegado a entrar en vigor evidencian una deficiente técnica legislativa, no sabría decir si

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del Gobierno que aprobó el texto inicial o del Legislativo con sus sucesivas modificaciones. No dispongo del tiempo necesario para entrar en detalle en cada uno de los preceptos de la proposición de ley, pero en esencia existen dos
objetivos a los que debe aspirar toda modificación legal: el primero de ellos es a mejorar la situación actual y, el segundo, a facilitar la vida de los ciudadanos. Por ello, no alcanzo a comprender que no se pueda establecer un sistema en el que
el número de Registro Civil de una persona no pueda coincidir o al menos incorporarse o coordinarse con el del documento nacional identidad, y ello para evitar un número más, una clave más, una contraseña más, que a buen seguro el ciudadano no
tendrá a su disposición cuando la necesite y que puede que le suponga un trámite burocrático añadido.


En cuanto a la implantación y organización del nuevo sistema, ya es hora de definir y establecer de manera definitiva los planes y previsiones que se tienen para unos órganos de tan larga tradición en nuestro sistema como son los juzgados de
Paz, y ello porque las funciones registrales que desempeñan constituyen una parte muy importante de su carga de trabajo. Si se les vacía progresivamente de contenido, se les está abocando a ser órganos meramente residuales. En este sentido, la
proposición no aclara esta situación que, sin duda, sería muy interesante para los jueces de paz repartidos por toda España.


Por último, en las modificaciones legislativas de la toma en consideración de esta proposición de ley se contemplan medidas que pueden suponer la alteración de recursos económicos y materiales que dependen de otras administraciones como la
local y la autonómica. Entendemos que la mejor implementación de las medidas ha de suponer que, dentro de la tramitación legislativa, se dé la necesaria información y consulta a los agentes y entidades implicadas en la actual prestación del
servicio, a fin de evitar males mayores. Votaré a favor de la toma en consideración.


Señora presidenta, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, una Ley de 2011, nos encontramos con una verdadera anomalía legislativa porque una vacatio legis que dure diez años no es muy normal, aunque mucho me temo que va a haber que prorrogarla una temporada más. El Partido Regionalista
de Cantabria fue el único que se opuso claramente en el año 2015 a la norma original por dos cuestiones: primero, por el rechazo a una posible privatización del servicio de modo que pasara a los registradores de la propiedad y, en segundo lugar,
porque suponía el alejamiento de dicho servicio de los ciudadanos apartados de la capital, además de la exigencia clara de gratuidad. Yo me hago eco del sentir de los ayuntamientos de Cantabria porque el Parlamento de Cantabria, en una propuesta
del Partido Regionalista de 2017 aprobada por unanimidad, ya abogó por el mantenimiento público y gratuito, porque se implantara un nuevo sistema de gestión informática acorde con la modernización de la Administración de Justicia, sin perjuicio de
mantener el modelo de Registro Civil presencial, cumplimiento de proximidad y la realización de un estudio previo de los costes y de los gastos materiales del asunto.


Bien, lo que hoy debatimos mejora sustancialmente la ley actual, pero no es suficiente y no contiene algunas de las peticiones que el equipo del ministro avanzo a nuestra consejera este mes de julio en la reunión de Lerma. Nosotros estamos
a favor de la innovación y de la modernización del sistema -por supuesto, esto no lo discute nadie-, pero no podemos estar de acuerdo en que se suprima el servicio que se presta directamente a los ciudadanos en los pequeños municipios rurales sin
ningún periodo transitorio. Además, este modelo conlleva gastos en medios materiales y tecnológicos que deben asumir las comunidades autónomas y que no estaban incluidos en las transferencias. Esto es una transferencia de competencias que, como
otras muchas, no conlleva su correspondiente dotación presupuestaria. No sería un gasto muy importante para el Gobierno central, pero sí sería justo repartirlo. Si esto entra en vigor en la fecha prevista, se va a producir un caos administrativo
considerable: primero, porque los medios informáticos y los procedimientos de digitalización no están preparados; en segundo lugar, porque aunque lo estuviesen, una gran parte de la población no está familiarizada con el mundo digital y se verá
obligada a desplazamientos evitables, incurriendo en gastos y en dificultades que no tienen hoy en día.


En Cantabria, por ejemplo, además de Santander, existen ocho cabeceras de partido judicial y veinticuatro juzgados de paz que, a su vez, colaboran con otros setenta municipios que solamente tienen el personal que ayuda y que se denomina
idóneo. Con esta ley pasaremos de treinta y dos oficinas a ocho. En Cantabria existen en este momento treinta municipios en peligro severo de despoblamiento y ocho en

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un segundo nivel, más Villaverde. Esto está en clara contradicción con el discurso oficial de despoblamiento rural y hará que, si se van los servicios, detrás se van los lugareños de los pueblos. Es una buena ocasión, creo yo, para hacer
una discriminación positiva. Creo que este Gobierno no aprende; otra vez va a tener a los pequeños ayuntamientos en contra.


La semana pasada, con ánimo constructivo, propuse una reforma -se la envié a los portavoces- del artículo 135.4 en favor de las entidades locales, que espero que valoren. Hoy, a pesar de estar en contra, no nos vamos a oponer a la
tramitación de esta ley, pero esperamos que en el trámite de enmiendas se puedan corregir estas deficiencias que he ido avanzando brevemente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.


Para comenzar, hay que reconocer que es una buena noticia lo que ha traído el Partido Socialista hoy aquí. Teniendo en cuenta los riesgos que existían hasta este momento de privatización, de recentralización, más allá de alguna cosa que
echamos en falta, la propuesta la vemos con buenos ojos. Se apuesta por un Registro Civil público, digitalizado, telemático, cercano a la ciudadanía. Si es así, bienvenido sea. En la parte positiva vemos que se apuesta por una propuesta en dos
velocidades. Una, avanzar en todo lo que tiene que ver con medios telemáticos, con medios digitales, propios del siglo XXI y de la actualidad en que vivimos, y esto, además, hace que se apueste por la superación de algunas trabas que existían hasta
ahora. De las secciones de nacimiento, matrimonio, defunción y tutela ahora se pasan al folio único integral. Creemos que eso facilita. Se entra de lleno en el mundo telemático. De igual forma, se sustituyen algunas gestiones que se hacían por
las administraciones y se pasa a que las pueda hacer directamente la ciudadanía. Nada que decir. Además, esto se hace ralentizando o aparcando esa voluntad de cerrar los registros civiles y se mantiene el número de empleados públicos. Además, se
acaba con las divisiones obsoletas existentes que ralentizaban y entorpecían el funcionamiento, rompiendo ese modelo de competencia y haciendo posible que el mismo Registro Civil al que llega la solicitud pueda resolver e inscribir.


¿Qué echamos en falta? Lo decía un portavoz anterior; en el tema de los juzgados de paz e incluso en los ayuntamientos que, a día de hoy, hacen algunas funciones de Registro Civil, creemos que es positivo que la ciudadanía pueda hacer en
su mismo municipio las gestiones que, de forma delegada por parte de los registros civiles, pueden hacer, es decir, los expedientes llamados menos complicados. Y como decía la portavoz del Grupo Socialista que ha presentado la iniciativa al
defender esos municipios de la España rural; si no queremos municipios vacíos, hay que dar servicios y creemos que vía ayuntamientos y vía juzgados de paz esto se puede facilitar.


De igual forma, cómo no decir que nos alegramos de que se acabe con ese espíritu recentralizador y se opte por la gestión ejecutiva por parte de aquellas comunidades que tienen la competencia y por aquellas que la están reclamando, de modo
que sean también las comunidades autónomas las que decidan el número de registros civiles, el nombramiento de encargados, de personal, etcétera. Por eso, siguiendo con la reclamación de la competencia ejecutiva tanto para la Comunidad autónoma
vasca como para la Comunidad Foral de Navarra, insisto en que vemos la medida con buenos ojos. Por eso la apoyaremos y apostaremos por todas las mejoras que consideremos que se puedan hacer para garantizar un servicio público a la ciudadanía. Sin
más, anuncio nuestro voto positivo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista una reforma parcial de la Ley del Registro Civil, que será la octava desde que se aprobó en 2011, y a ello hay que sumar que nos encontramos en la sexta vacatio legis hasta el 30 de abril de
2021 respecto a algunos de sus contenidos, precisamente aquellos más controvertidos desde su aprobación y que ahora se abordan con ánimo de zanjarlos. El último intento

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realizado fue en 2018 por el Grupo Parlamentario Popular con otra proposición de ley, duramente criticada por el ahora ministro de Justicia cuando era portavoz de Justicia en el Grupo Parlamentario Socialista. Y lo hacía entre otros motivos
por uno en el que ahora también se incurre: ser una iniciativa del grupo parlamentario y no del Gobierno, y además vulnerar el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al eludir el informe del consejo general sobre aspectos incluidos en
la proposición de ley; circunstancia que ahora, a pesar de la reforma de ese artículo en 2018, también consideramos que se produce. En definitiva, ahora nos encontramos en la misma situación que en 2018 en este aspecto: un texto descarnado, sin
expediente alguno y sin memoria económica.


Por otra parte, el nuevo modelo de Registro Civil en líneas generales, aunque con importantes salvedades, es compartido por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco; es decir, un registro desjudicializado cuya llevanza no
corresponda a jueces y magistrados, pero que aproveche la experiencia y considere los derechos de aquellos empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia en sentido amplio o, lo que es lo mismo, mantener el registro en el ámbito de
la Administración de Justicia, tanto en los medios humanos como materiales y económicos; un registro basado en una ficha o folio personal único de llevanza cronológica y soporte informático; un registro único pero de llevanza descentralizada; un
registro moderno y accesible a toda la ciudadanía; y un registro concebido como un servicio público esencial y gratuito superando intenciones privatizadoras tanto en sus competencias como en su llevanza.


Hasta la fecha, una de las razones de las sucesivas prórrogas de la entrada en vigor de la Ley del registro ha sido el debate sobre a quién debía corresponder su llevanza y organización, una vez relevados los jueces y magistrados a su frente
en una función que desempeñaban desde la Ley del Registro Civil de 1870, que subsistió en la de 1957 hasta la aprobación en 2011 de la vigente ley -en la que se ha producido su administrativización-, complementaria de la ley orgánica que reforma la
del Poder Judicial.


Ahora parece haber prosperado definitivamente la conveniencia de mantener el registro en el ámbito de la Administración de Justicia en sentido amplio, y así encomendar su llevanza al personal de los cuerpos generales de funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia tanto para aprovechar su experiencia como para considerar sus derechos y expectativas, determinando que la provisión de medios humanos, materiales y económicos de los registros corra por cuenta de las
comunidades autónomas con servicios transferidos para la provisión de esos medios de la Administración de Justicia, así como que el número de oficinas generales del registro, además de las de las poblaciones capitales de partido judicial, pueda
ampliarse o incluso agruparse. Sin embargo, desde ese mantenimiento del registro en el ámbito de la Administración de Justicia, creemos que no se sacan todas las consecuencias, sino que se recortan facultades de comunidades autónomas como la de
Euskadi, y no solo respecto a lo que se venía haciendo en la gestión de los registros civiles en el País Vasco y otras comunidades autónomas desde que se asumió su gestión en 1987 con la transferencia de los medios humanos, materiales y económicos
para la Administración de Justicia, sino que también se modulan sus competencias a la baja respecto de otras comunidades autónomas que, como Cataluña, Andalucía, Aragón, Extremadura y Canarias, en sus estatutos reformados han especificado la materia
Registro Civil respecto al resto de registros públicos, cosa casi impensable con anterioridad porque la llevanza del Registro Civil era inescindible desde 1870 y hasta 2011, jurídica y materialmente, de su llevanza por los jueces y magistrados, y
pasaba por las facultades de provisión de los medios humanos, económicos y materiales al servicio de esos jueces y magistrados.


Por esta misma razón, el decreto de transferencias al País Vasco de las funciones de la Administración del Estado en materia de provisión de esos medios humanos, económicos y materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia
traspasa también las funciones ejecutivas en materia de Registro Civil, como dejan patente las funciones que se reserva la Administración General del Estado respecto a los registros del País Vasco, como es el suministro de material normalizado con
destino a los registros civiles en el País Vasco. Ahora, la proposición de ley deja el Registro Civil en la misma órbita de los medios humanos, materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia, pero se nos dice que tenemos
sustancialmente menos facultades que hasta ahora. Por eso dije en 2018 ante algo parecido que esta era como El gatopardo pero al revés, que nada cambie pero que todo sea distinto. Señorías, consideramos que esto no lo podemos apoyar, ya que, según
la proposición de ley, no podremos agrupar registros ni adicionarlos con la transformación, en su caso, de algunos de los juzgados de paz, pero sí estaremos obligados a ceder las instalaciones, medios humanos y materiales de la localidad sede de
esos juzgados de paz transformados en registros civiles. Tampoco podremos, como hasta ahora,

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convocar recursos y resolverlos para la provisión de los encargados de los registros ni con carácter definitivo ni transitorio, pero sí estaremos obligados a dotarlos de todos los medios y pagar su nómina, la de ellos, de encargados y del
resto del personal a su servicio, así como de su oficina registral, todo ello desde los recursos y medios humanos al servicio de la Administración de Justicia.


Además, se establece la dependencia jerárquica o funcional de los encargados del registro del Ministerio de Justicia, quedando sometidos a instrucciones, resoluciones y circulares y a la potestad sancionadora, si los desconocieran, sin
distinguir el alcance de la dependencia funcional que puede resultar lógica, incluso conveniente, para mantener la unidad registral, pero no para todo el desenvolvimiento de la actividad de los encargados registrales. Y tampoco podemos -voy
finalizando, presidenta- establecer las relaciones de puestos de trabajo, las dotaciones de las oficinas registrales, ya que estas han de ser aprobadas por el ministerio, cosa que, por cierto, no pasa ahora con el personal de las oficinas
judiciales, que será el que preste y prestaba, como hasta ahora, su actividad en los registros.


La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, tiene que terminar, por favor.


El señor LEGARDA URIARTE: Sí, voy finalizando.


Consideramos que la propuesta es un sudoku, ya que no sabemos cómo se solventará en casos como el de la Comunidad de Extremadura, que formalmente tiene la competencia de registros pero ninguna transferencia, y también tiene formalmente la
competencia de medios al servicio de la Administración de Justicia y no tiene ninguna competencia.


Por último y en conclusión, no puede sostenerse que solo tienen competencias plenas en materia de Registro Civil quien las tenga formalmente en sus estatutos y negar el ejercicio pleno en materia registral a todas las comunidades que las
tienen transferidas junto a los medios humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia, pero que no los tienen formalmente en sus estatutos cuando constan y se deducen claramente de sus decretos de traspasos.


Muchas gracias, presidenta, y disculpe por haberme excedido.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal Francés.


El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.


No puedo por menos que empezar hoy diciendo que hace una semana, el martes pasado, me subí a esta tribuna para decir que teníamos que cambiar la forma de nombramiento de la Fiscalía, del fiscal general del Estado, porque si no, todas sus
decisiones se iban a encontrar siempre bajo la sospecha de la duda sobre con qué criterios o con qué fundamentos adoptaba sus decisiones, si técnicos o puramente políticos, tratándose de quien había sido la ministra de Justicia y diputada del
Partido Socialista. No he podido empezar de otra manera a tenor de las noticias que hemos recibido esta mañana sobre la tramitación de las querellas en el Supremo contra el Gobierno de España.


Pero ciñéndome a la cuestión y en relación con lo que se trata -la reforma que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista sobre el Registro Civil-, tengo que decir que, efectivamente, se puede resumir fácilmente en la expresión de que
tenemos un problema con el Registro Civil. Si resulta que el Gobierno del Partido Popular, a través de la Ley 20/2011, puso en marcha un sistema que no ha entrado en vigor en prácticamente diez años, si resulta que el Partido Socialista nunca, en
los periodos en que ha gobernado, ha intentado resolver este problema, sino que ambos han realizado esa jugada del rugby que se llama la patada a seguir, es decir, prorrogar y prorrogar y prorrogar la entrada en vigor sin tratar de resolver los
problemas, es que tenemos un problema. Si el Tribunal Constitucional, en la reforma del año 2014 del Partido Popular, dijo que no se podía privatizar el Registro Civil o si actualmente nos encontramos con el colectivo de funcionarios al servicio de
los registros civiles que prácticamente arden en llamas porque no saben si les van a cerrar los centros de trabajo donde están prestando sus servicios, es que tenemos un problema. ¿Algo raro? No, lo de los últimos cuarenta años, el bipartidismo de
toda la vida; es decir, hacerlo fácil, no acometer la solución de los problemas difíciles. Por lo tanto, ahora, efectivamente, mi grupo votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, a pesar de que tiene numerosas cosas que
no nos gustan y apelando a la generosidad de los distintos grupos en la Comisión para que lleguemos a acuerdos y consensos en justicia para poder mejorar esta ley.

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Me permito muy brevemente avanzar el trabajo de la Comisión de Justicia diciendo todas esas cosas que a mi grupo parlamentario no le gustan, cuando -fíjense qué curioso- algunos portavoces que han hablado antes que yo coinciden con nuestra
opinión estando, además, en las antípodas ideológicas de Ciudadanos. Porque hay que dejar de lado en esta reforma cualquier sectarismo, cualquier dogmatismo, cualquier ideología. Es decir, ¿para registrar en un registro público la condición de
soltero, casado, viudo o divorciado hay que aplicar la política? No, simplemente hay que aplicar criterios técnicos. Eso es lo que hace el Registro Civil como instrumento en el que se refleja el estado civil de las personas en su relación con la
familia y en su relación con el Estado.


En primer lugar, nos encontramos con una ambiciosa reforma en materia de digitalización de los registros. Estamos acostumbrados a las palabras huecas del Grupo Socialista, a esas palabras grandilocuentes de nuestro ministro de Justicia que
se quedan en nada, porque al final no hay dinero para poner en marcha el sistema, porque la Administración de Justicia sigue siendo la hermana pobre de los presupuestos y, por lo tanto, si no hay inversión, no conseguiremos esa modernización de los
registros. Dice este texto que será el ministerio el que configurará las aplicaciones informáticas para llevar a cabo el registro. Sí, pero las comunidades autónomas con competencias en medios materiales y personales tendrán que poner los
ordenadores, el personal y los edificios, y en esta materia no podemos aceptar desigualdades en ninguna parte del territorio nacional; no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda delante del Registro Civil.


Dicen que van a digitalizar todos los datos que se encuentran en papel desde el año 1950. Es un trabajo ingente para el que hará falta mucho dinero y el ministro de Justicia nos tendrá que contar en Comisión qué es lo que tiene previsto
hacer para incorporar todos esos datos desde el año 1950. Podría ser también un poquito más ambicioso si tenemos en cuenta que la primera inscripción del Registro Civil es de 1 de enero de 1870 y el histórico del Registro Civil es algo muy
importante para las personas. Al final, resulta que la puesta en marcha real de la digitalización del registro depende de que el Ministerio de Justicia dicte una orden ministerial por la cual diga que las aplicaciones funcionan; es decir, que
estamos aquí, en el hemiciclo, preocupándonos de este tema y, al final, la puesta en marcha real, que va a suponer que haya o no haya dinero, va a depender de una orden ministerial, del Ministerio de Justicia.


En cuanto a la organización, alguien antes que yo desde esta tribuna ha dicho que peligran los registros civiles en los juzgados de paz. Además, las comunidades autónomas con competencia ejecutiva o el propio Ministerio de Justicia pueden
también reagrupar los registros civiles en las cabezas de partido judicial. Ya se ha hablado aquí de la despoblación. No privemos a los pequeños ayuntamientos de estas importantes funciones que los vecinos pueden realizar en su Administración más
cercana. Además, hay partes del territorio español en donde el Estado español no está, no se le ve, no tiene competencias y quizá lo único que queda es el Poder Judicial y ese acto de inscribir a tu hijo recién nacido en el Registro Civil de tu
pueblo.


Dicen ustedes que la Ley Orgánica del Poder Judicial regirá los procesos de acoplamiento del personal. Hombre, las palabras hay que cuidarlas. Esto de 'procesos de acoplamiento' suena francamente mal en el texto de la ley, pero, dado que
se llaman ustedes el Gobierno más progresista de la historia, ¿qué va a pasar con los derechos de los funcionarios que trabajan en los registros civiles que van a desaparecer? No estamos tampoco de acuerdo con que se abra la posibilidad del
encargado del Registro Civil a un funcionario del grupo A1 que no sea letrado de la Administración de Justicia pero sí licenciado en Derecho, porque se trata de un órgano de la Administración del Estado. Necesariamente deberán ser los letrados de
la Administración de Justicia los que se encuentren al frente del Registro Civil en la condición de encargado, porque son los fedatarios públicos que pueden responder ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y no otros
funcionarios de otras administraciones públicas.


Hay otras muchas mejoras técnicas, pero, sobre todo, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco -y tiene toda la razón-, la medida viene a través del grupo parlamentario, en lugar de venir como proyecto de ley, con los informes
de los órganos técnicos que saben sobre la materia, y esto va en contra de la calidad normativa de las leyes. Estamos de acuerdo con su propuesta en que el Registro Civil debe ser un registro público, de acceso universal y gratuito. Para ello
hacen falta herramientas informáticas, para ello hace falta coordinación con el Ministerio de Justicia y para ello hacen falta dinero e inversiones. Si es así, nos tendrán de su lado y conseguiremos resolver este problema aplicando solo criterios
técnicos, aunque, desde luego, mal empezamos cuando no tenemos el informe de los órganos técnicos competentes.


Gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


La reforma de la Ley del Registro Civil es imprescindible para garantizar que siga siendo un servicio público gratuito que proporcione un servicio cercano a la ciudadanía, pero, a juicio del BNG, no se consigue con el texto que propone el
Grupo Parlamentario Socialista. Es una norma que vuelve a ignorar la peculiar implantación de la población en Galiza y nuestro peculiar modo de habitar el territorio con hábitat disperso. Las oficinas del Registro Civil, implantadas ahora
territorialmente en todos los concellos a través de los juzgados de paz, corren el riesgo de desaparecer. La propuesta implica que solo existirían oficinas de registro en las cabezas de partido judicial y que, con carácter excepcional, se podrían
transformar en oficinas generales adicionales las existentes en los juzgados de paz, cuando se estime conveniente.


Insistimos, no entienden la realidad de Galiza, donde lo excepcional es la regla, dadas las características del territorio, las dificultades de acceso y la distribución de la población. Comparemos: en Galiza existen solo 45 partidos
judiciales, frente a las 310 oficinas de registro actuales, en su mayoría registros municipales delegados. ¿Creen realmente que esto supone, como dicen, un acercamiento a la ciudadanía y una adecuada capilarización? Esta posibilidad de transformar
va a depender en la práctica de si el Gobierno galego está dispuesto y tiene capacidad de asumir el coste para mantener el servicio. Y mantenerlo en el ámbito municipal, a nuestro juicio, es imprescindible ante el envejecimiento de la población y
la deficiente conexión del transporte público entre los concellos y la capital del partido judicial. Muchos de los usuarios son personas de edad avanzada que deben acudir necesariamente varias veces al año por diferentes gestiones, entre ellas,
obligatoriamente, solicitar fes de vida para las pensiones que se reciben de terceros países o para la renta de inserción; personas que tendrían graves dificultades para hacerlo telemáticamente o desplazarse hasta la capital del partido judicial.
Por tanto, mantener este servicio de proximidad es esencial y sería un enorme paso atrás centralizarlo.


Además, el cierre de oficinas locales supone el problema añadido de dónde concentrar los archivos de todos estos municipios. Los libros y el personal de los registros municipales no pueden desplazarse al Juzgado de Primera Instancia, donde
ya no hay espacio para los que gestionan ahora mismo. El sistema sigue sin estar totalmente informatizado y solo están digitalizados los registros desde el año 1950. Lo que proponen, por tanto, sigue siendo equivocado, menos que lo que prevé la
Ley de 2011, que pretendía que solo existiesen seis oficinas en todo mi país, pero por lo menos en Galiza continúa siendo desastroso abogar por esta alternativa. Esta es una evidencia más de que solo desde el conocimiento de nuestra realidad se
puede gestionar adecuadamente y, por ello, lo lógico sería que las competencias en esta materia fuesen plenamente -plenamente- transferidas a Galiza.


El BNG votará a favor de la toma en consideración, pero esperamos que estos aspectos, por lo menos, puedan ser modificados en el trámite.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.


El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: Señora presidenta, señorías, en los anales de la historia legislativa española pocos despropósitos más grandes hay que la Ley del Registro Civil de 2011; una ley que todavía no ha entrado en vigor, como
ya se ha puesto de manifiesto, con sucesivas prórrogas, con diferentes enmiendas durante su vacatio legis y a la que podríamos, sin duda, tildar de aborto legislativo. Si cogemos a un estudiante de Derecho y le decimos que haga un informe sobre la
situación de la Ley del Registro Civil, seguramente vamos a truncar su vocación jurídica.


Compartimos que, como preveía la ley de 2011, el Registro Civil se debería desjudicializar; así lo ha aconsejado en diversas recomendaciones el Consejo de Europa; también diversas directrices de la Cepej, Commission européenne pour
l'efficacité de la justice o las directrices Saturn, en el ámbito de la Unión Europea, han dicho que debe sacarse de la Administración de Justicia todo aquello que no sea estrictamente jurisdiccional. Pero lo que se prevé con este proyecto es
desvestir un santo para vestir a otro; es decir, lo desjudicializamos, pero tomamos personal de la Administración de Justicia para servir estas oficinas, con lo cual no ganamos nada y contrariamos el espíritu de esas recomendaciones. Además, se
hace creando un lío competencial tremendo -lo ha puesto de manifiesto el representante del Grupo Nacionalista

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Vasco- por cuanto la mayoría de estatutos no tienen asumida esa competencia, pero sí deberán dotar los medios materiales y personales para el funcionamiento de estas oficinas.


Desde el punto de vista formal, señora Fernández, que apelaba al buen hacer parlamentario, yo quiero recordarle -se lo han dicho también desde otros grupos- que usted pertenece al Grupo Socialista, grupo al que pertenecen el presidente del
Gobierno y el ministro de Justicia, si no voy errado, y me parece un fraude de ley, en cuanto a técnica legislativa, que una proposición de modificación de una ley promovida por el grupo que da soporte al Gobierno se haga por la vía de proposición
de ley, eludiendo así, como se ha puesto de manifiesto, la necesidad de los informes preceptivos, la audiencia previa y la memoria económica tan necesaria. ¿Por qué ha fracasado la ley de 2011? En buena medida, porque no fue acompañada de una
memoria económica imprescindible para que todo esto pudiera ponerse en funcionamiento.


Como decía, creemos que la ley de 2011 es una criatura abortiva y que con este nuevo parche no la vamos a poder solucionar. Por eso, nuestro grupo va a votar en contra. Yo les insto a que el Gobierno presente un proyecto de ley de Registro
Civil que pase por todos los trámites preceptivos de informes, de memoria económica y de audiencia pública, que llegue a la Comisión de Justicia del Congreso, donde la podamos debatir en ponencia y en Comisión, y se apruebe un modelo respetuoso con
las directrices europeas, pero que sea también eficaz y que no tenga la contrapartida, como tiene el modelo actual, de perjudicar más la ya perjudicada situación de la Administración de Justicia.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidenta. Bona tarda. Buenas tardes, diputadas y diputados.


Podríamos resumir nuestra posición respecto a la proposición de ley presentada por el principal partido del Gobierno diciendo que va tarde y es insuficiente. No basta con lo que nos han traído hoy al Pleno para dar un paso adelante
realmente significativo en la consolidación de un Registro Civil efectivo y funcional que garantice los derechos de la ciudadanía. En Esquerra Republicana de Catalunya tenemos un modelo de justicia de proximidad que apuesta por la mediación, que
está arraigado al territorio, que tiene vocación de servicio público y que se guía por el objetivo de ser el último dique de contención contra las desigualdades. Pues bien, insistimos en que con esta proposición de ley no basta. De hecho -ya se lo
han dicho-, no tiene ningún tipo de lógica jurídica que esta iniciativa no sea presentada en forma de proyecto de ley por parte del Gobierno, pues no va acompañada de ninguno de los trámites necesarios e imprescindibles. De todos modos, lo cierto
es que, pese a todo eso, no vamos a vetar su toma en consideración. En primer lugar, porque se trata de un asunto urgente que debe entrar en vigor el 30 de abril de 2021, y hay que poner fin a la insostenible situación de transitoriedad en la que
llevamos inmersos casi nueve años. No se puede seguir aplicando una normativa de 1957. Por tanto, por responsabilidad política y compromiso con los ciudadanos, nos sentimos en la obligación, lamentable pero obligación, de anunciar nuestro apoyo a
la toma en consideración de esta proposición de ley, esperando y exigiendo a los grupos del Gobierno que tengan predisposición -y así lo han anunciado- para dialogar, pactar e introducir mejoras, porque este texto debe mejorarse.


En primer lugar, hay que dignificar, poner en valor y dar una redacción que tenga en cuenta a los juzgados de paz. La inclusión de los funcionarios de carrera y letrados de la Administración de Justicia como vías de acceso a las plazas de
encargados del Registro Civil supone un paso adelante; implica superar esa visión centralista que imperaba hasta ahora, planteada en su momento por el PP. Sin embargo, no es aceptable que los juzgados de paz pasen a ser oficinas generales
adicionales, puesto que en la práctica esto no sería otra cosa que un vaciamiento de funciones palmario. No se puede construir un sistema judicial de cohesión y proximidad sin apostar firmemente por los juzgados de paz y darles un nuevo impulso,
dotarles de estructura y presupuesto, y descargarles de sus funciones administrativas. Insistimos, apuesten por la solución de conflictos kilómetro cero, arraigada en el territorio, que resuelva gran parte de los conflictos cotidianos de los
ciudadanos y ciudadanas.


En segundo lugar, y en otro orden de cosas, no es mucho pedir que, por lo menos en las proposiciones de ley de marcado carácter técnico, como la que nos ocupa, se abstengan de realizar invasiones

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competenciales, porque entristece ver cómo pretenden que administraciones con competencia ejecutiva, como la catalana, no puedan realizar los nombramientos de los encargados del registro.


Y en tercer y último lugar, nos queremos referir a una cuestión que no prevé y debería prever esta proposición legislativa. Estamos hablando de la necesidad de acabar con el viacrucis burocrático que está generando un daño incuantificable a
muchísimos conciudadanos que están realizando los trámites para conseguir la nacionalidad. Pues bien, resulta que estas personas, después de realizar todos los trámites necesarios para obtener un DNI, se quedan durante meses sin tener la
nacionalidad. ¿Y por qué? Porque no les dan hora para jurar. Es decir, personas que han realizado todos los trámites preceptivos para conseguir su nacionalidad y ya tienen el expediente cerrado con resolución afirmativa se quedan meses e incluso
años sin consideración efectiva de ciudadanos españoles, con todas las consecuencias inherentes a ello en los ámbitos de trabajo, vivienda, sanidad y derechos políticos de participación activa y pasiva en las elecciones. Es curioso que a los que ni
somos ni nos sentimos españoles nos impongan esa nacionalidad y, en cambio, a los que la quieren y reúnen todos los requisitos, se les ponga imposible por una exigencia burocrática de difícil explicación. ¡Que quieren ser españoles! ¡Que somos
nosotros los que no queremos! Por tanto, es su deber ofrecer soluciones o, por lo menos, no hacer la vida más complicada a la gente. Que no les ciegue ningún tipo de nacionalismo español, convaliden legalmente este trámite de forma automática y que
la solución vaya asociada directamente a la resolución afirmativa del expediente.


Y termino. En este Estado se suceden los Gobiernos del PP y del PSOE, del PSOE y del PP, del PP y del PSOE, pero algunas deficiencias siempre continúan, y no nos referimos únicamente a la falta de capacidad para trabar consensos como el
relativo al Registro Civil solamente, sino a cuestiones de índole democrática. Y es que en el trámite de toma de consideración de la proposición de ley que el PP presentó en 2018 para modificar la Ley del Registro Civil, nuestra compañera Ester
Capella, ahora honorable consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, empezaba su intervención de la manera siguiente y lo cito textualmente: Hoy hace ciento veinte días que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están privados de libertad
ilegalmente y ciento tres días desde que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el conseller de Interior, Joaquim Forn, se encuentran también privados de libertad. Pues bien, hoy, 15 de septiembre de 2020, habiendo transcurrido
veinte meses y habiéndose producido recientemente un cambio de Gobierno, el más progresista de la historia, los presos políticos siguen secuestrados por el Estado y junto con Cuixart, Sánchez, Junqueras y Forn, que ya los he citado, se encuentran
Bassa, Forcadell, Rull, Sánchez, Forn y Romeva. Y hoy, desde esta tribuna -y no nos cansaremos, también se lo anuncio-, volvemos a decir basta, saquen a los presos políticos, liberen a los rehenes, amnistia, autodeterminació e independència.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallugera. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Honrubia Hurtado.


El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero mencionar una cuestión de salud, y es que durante por lo menos veinte minutos hemos visto al señor Ortega Smith-Molina sentado en su escaño sin mascarilla, incumpliendo el acuerdo que, tanto en la Mesa como en la
Junta de Portavoces, nos dimos entre todos y todas ante la imposibilidad de cumplir la distancia de seguridad en este espacio. (Aplausos). Y la verdad es que no sé si lo hacen por negacionismo, si lo hacen como una provocación para tener una foto
que sea noticia dirigida precisamente a su público negacionista o si lo hacen por simple estupidez, pero yo creo que la cosa es lo suficientemente seria como para no jugar con estas cosas. (Aplausos). Por otro lado, antes de empezar la
intervención, quiero hacer una pequeña bromita también, y es que después de escuchar al representante de Ciudadanos hablando del Registro Civil casi como el último bastión del Estado en los territorios donde no hay Estado, creo que casi podríamos
cambiar la histórica frase de poner una pica en Flandes por la otra más moderna de pongamos un Registro Civil español en Cataluña o en Euskal Herria. En fin... (Aplausos).


Señorías, la necesidad de una reforma en la Ley 20/2011, del Registro Civil, ha sido una reivindicación de nuestro grupo parlamentario desde prácticamente nuestros inicios en esta Cámara. De hecho, en el año 2017 ya realizamos nuestra
propia propuesta de reforma, aunque finalmente no ha llegado nunca a debatirse en este Pleno; por tanto, siempre hemos considerado preciso adoptar las mejoras necesarias a la ley que aseguraran la cercanía del Registro Civil a la ciudadanía, así
como para garantizar que el

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registro preste un servicio eficiente, gratuito, adaptado a los requerimientos de accesibilidad que proporcionan las nuevas tecnologías.


En cuanto a la configuración del Registro Civil, por ejemplo, nuestra propuesta siempre ha sido que el Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas con competencia en la materia, se dotase de las herramientas
informáticas necesarias para implantar el folio único personal, y para completar la informatización de la gestión. En cuanto al modelo organizativo, igualmente siempre hemos defendido que se introdujeran los ajustes necesarios para seguir
proporcionando al ciudadano un servicio de proximidad, estableciendo los mecanismos precisos para evitar el drástico cambio del sistema que iba a suponer, por aplicación de los artículos 20 y 22 de la ley de 2011, la desaparición de 321 registros
civiles, al pasar de los 431 existentes a solo 107.


Por lo que se refiere a la llevanza del Registro Civil, por último, siempre propusimos que se concretasen en la figura del letrado de la Administración de Justicia las previsiones de la norma, atribuyéndole la condición de encargado del
registro, lo que permitiría que dichos letrados, asistidos del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, asuman la llevanza del registro, aprovechando así la experiencia acumulada de unos y otros al servicio del Registro
Civil. Creemos que en gran medida, aunque con matices, estas demandas y alguna otra se han visto satisfechas por esta propuesta de reforma que hoy debatimos, por lo que, y aunque con intención de que la norma puede ser mejorada durante su proceso
de tramitación, votaremos a favor de su toma en consideración.


No obstante -hemos de decirlo también- hemos echado en falta que para la elaboración de este texto se hubiera tenido una mayor interlocución con el resto de fuerzas, y sobre todo con los agentes sociales implicados. Según nos consta, y pese
a los compromisos previos, esto no se ha producido y creemos que habrá que corregirlo en lo venidero, tal y como los propios sindicatos están demandando ya públicamente. Consideramos, pues, que es importante, mediante estas conversaciones y sus
posibles acuerdos posteriores, dar garantía y certeza a todas las personas afectadas por los cambios propuestos, así como al conjunto de la población, de que las reformas no afectarán de manera negativa ni a los trabajadores ni trabajadoras de
registro ni a la calidad, la eficiencia y la cercanía del servicio. Garantizar que se mantendrá todo el empleo y todas las oficinas del Registro Civil, incluidos todos los juzgados de paz, sería sin duda una gran noticia para todos y todas, tanto
para trabajadores y trabajadoras como para el conjunto de usuarios y usuarias. Asimismo, creemos necesario garantizar que los ciudadanos y ciudadanas que viven en poblaciones que ya no sean sedes de oficinas del Registro Civil no reciban peor
servicio, con la excusa de la modernización.


Desde los juzgados de paz o desde las oficinas municipales de justicia que se puedan crear debería seguir siendo posible, cuando menos, obtener certificados de nacimiento, matrimonio y defunción de las personas de la localidad, la obtención
de su fe de vida, así como la presentación de documentos dirigidos a las oficinas generales del Registro Civil para la tramitación de cualquier solicitud o expediente. También creemos conveniente, por otro lado, que se introduzca en la ley la
asignación a este servicio público de todas las actuaciones y expedientes con carácter exclusivo, incluyendo los expedientes de matrimonio y las solicitudes de nacionalidad por residencia.


Finalmente, hay un elemento que nos preocupa y que nos gustaría que pudiera encontrar una solución efectiva antes de la entrada en vigor de la ley. Sabemos que hay que traspasar toda la información de los libros actuales al folio único
personal. En la actualidad, está digitalizado el 90 % de los libros desde 1950, pero de 1950 hacia atrás no hay nada digitalizado. Esta proposición de ley prevé de alguna forma la total digitalización para, una vez hecho, trasvasar los datos al
nuevo folio único personal. Sin embargo, no hay ningún plazo dispuesto para ello y entendemos que, al ser un proceso largo y costoso, esto podría generar una duplicidad problemática en tanto que mientras los libros estén en soporte físico solo se
pueden expedir certificaciones en la oficina en que se encuentren. Sería conveniente, pues, que se clarificaran los plazos; también sería conveniente que la ley estableciera de forma clara que hasta la completa digitalización del registro los
juzgados de paz seguirán practicando las inscripciones y expidiendo los certificados como hasta ahora. En nuestra opinión, sería un error que para una misma persona estuviera una parte de sus datos relativos a su estado civil en su único folio
personal y otra parte en los libros físicos de las actuales secciones, al menos para las personas vivas creemos que debería establecerse un periodo de digitalización previo y determinado antes de la entrada en vigor del folio único. En definitiva,
aunque vamos a votar a favor y valoramos favorablemente la mayor parte del contenido de la propuesta, nos surgen todavía algunas inquietudes y dudas que esperemos que se puedan resolver a lo largo del proceso de tramitación parlamentaria, que
empezará tras la aprobación de su toma en consideración.

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Acabo ya, no sin antes recordar algo que considero importante: que no podemos ni debemos hacer oídos sordos a las críticas vertidas por el Defensor del Pueblo respecto del funcionamiento del Registro Civil, en su informe anual de 2019, unas
críticas que por desgracia durante esta pandemia han cobrado todavía mayor sentido. Esos problemas y deficiencias de los registros civiles denunciados por el defensor -dependencia obsoleta, falta de personal y sin informatizar-, y que señaló como
factores que conducen al colapso de estas oficinas, son otro ejemplo más de las consecuencias de los recortes en los servicios públicos, una rémora de esta última década de política austeritaria que como en tantos otros casos debemos dejar atrás.
Un Estado fuerte solo podrá serlo si el conjunto de sus servicios públicos están correctamente financiados y convenientemente dotados de los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. Para el Registro Civil, como para el
conjunto de nuestros servicios públicos, desde nuestro grupo parlamentario también lo reivindicamos y, como no podía ser de otra manera, también pelearemos para que así sea, porque no hay democracia sana sin unos servicios públicos fuertes,
gratuitos y de calidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Honrubia. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Señora presidenta, muchísimas gracias.


Señorías, hoy viene aquí el Partido Socialista con cara de cordero degollado, con muy buenas palabras, muy amables, y nos pide a todos los grupos de esta Cámara que votemos a favor de su proposición de ley. Sería un gusto que esta
proposición de ley de su grupo parlamentario fuese tan amable y estuviese redactada y con tanto gusto como las palabras que ustedes vierten aquí, pero la realidad es que esta proposición de ley es una auténtica chapuza, y nos encontramos con una
chapuza que tristemente no es la primera en esta materia, es la sexta. Ustedes proponen una modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, una ley que por cierto aprobó el nefasto y chapucero Zapatero. (Aplausos). Era una ley que en origen
tenía tres objetivos muy claros, que eran la desjudicialización del Registro Civil, su informatización y por último, su conversión en una estructura más eficiente de la que era, puesto que la anterior ley, que era nada más y nada menos que del año
1957, que es la que está vigente a día de hoy por las chapuzas sucesivas de los Gobiernos del PP y del PSOE, preveía un registro totalmente contrario, judicializado, basado en el papel, los legajos y los archivos, y capilarizado por toda la
estructura de España y toda la nación, correspondiéndose con esa estructura analógica que teníamos.


Pues bien, la realidad es que ustedes vienen aquí y básicamente dejan su ley de 2011 vacía de contenido por dos vías, y me explico. En primer lugar -esto es un inciso que es muy importante mencionarlo, ya lo han mencionado otros grupos, y
menuda la crítica que le está cayendo al Partido Socialista-, viene su grupo parlamentario y presenta una proposición de ley precisamente para evitar todos los informes y dictámenes preceptivos, para tratar de colar a todos los españoles de
tapadillo una modificación legislativa que vacía de contenido a la Ley del Registro Civil. ¿Por qué la vacía de contenido? Porque de nuevo de tapadillo introducen una nueva prórroga, una de esas patas que era la informatización del Registro Civil.
En esa disposición transitoria cuarta de su proposición de ley dejan al albur del Ministerio de Justicia la entrada en vigor del sistema informático, es decir, un tercio de la ley de 2011 ha quedado eliminado de un plumazo, y aquí tenemos que hacer
otro inciso, porque los sucesivos Gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, tienen un serio problema con los sistemas informáticos. Tanto es así que nuestra triste Administración de Justicia tiene que pelearse con catorce
sistemas informáticos diferentes, que son incompatibles entre sí. Triste situación la de la informática en España y la seguridad jurídica.


La segunda cuestión que encontramos en su norma, que también vacía de contenido la antigua ley de 2011, es ese giro autonomista que le dan ustedes, porque si se aprobase hoy tal cual está su propuesta de modificación de la ley de 2011, nos
encontraríamos con que las comunidades autónomas comienzan a tener una capacidad de regular, primero la estructura física del registro, y segundo, el personal que trabaja y se encarga de ese registro, de tal forma que empiezan ustedes a andar el
camino a que el registro, que era único para todos los españoles, unitario y equivalente, se pueda convertir en diecisiete registros independientes. Es decir, quieren trasladar el problema que tiene el sistema informático de la justicia a todo el
sistema del Registro Civil nacional. Triste situación y de nuevo una chapuza. Como les decía, tanto el PP como el PSOE, en todo lo que involucra a este Registro Civil, han ido de chapuza en

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chapuza, primero el nefasto Zapatero quiso apuntarse un tanto y puso el carro antes que los bueyes, aprobó en 2011 una ley para la cual no existía una capacitación técnica todavía, y cuando llegó el Partido Popular, en lugar de hacer frente
al reto con esa ley y asumir la informatización del Registro Civil, decidió prorrogar la entrada en vigor de esta ley, y eso hizo hasta en tres ocasiones, no una ni dos, sino tres. Y llegó el Partido Socialista, su Gobierno, que ya ha pospuesto la
entrada en vigor de esta ley hasta en dos ocasiones, y nos coloca la tercera a escondidas para que los españoles no se den cuenta. Por cierto, que a ambos partidos ya les vale que en diez años y con 400 millones de euros gastados para implementar
este sistema informático aún no hayan sido capaces de ponerlo en pie, y no lo han sido porque sus estrategias solo miran a cuatro años vista, se centran en una estrategia puramente electoralista que pretende conseguir éxitos en las próximas
elecciones, ajustarse a la silla con la máxima fijeza posible, y se olvidan de los españoles, se olvidan de las necesidades de los españoles y se olvidan de lo que es bueno para España y de lo que es bueno a largo plazo.


Por eso el Grupo Parlamentario VOX, que sí mira por el bien de los españoles y sí piensa en el futuro de España, se ve obligado a votar en contra de esta propuesta, y en su caso presentaremos la correspondiente enmienda a la totalidad con
texto alternativo. Y como aún me quedan unos minutos, voy a proferir algunas cuestiones técnicas que afectan a esta ley. Pierden ustedes la oportunidad de garantizar que sean los letrados de la Administración de Justicia quienes, con su
conocimiento, gestionen el Registro Civil; pierden ustedes la oportunidad de recuperar los libros de familia, que eran un instrumento perfectamente implantado y perfectamente útil del Registro Civil en España, y pierden ustedes la oportunidad de
confirmar el carácter básico de las inscripciones registrales y dejan, por lo tanto, la puerta entreabierta para que sus socios nacionalistas comiencen a regular sobre ello y a vaciar así de contenido el Registro Civil español, que en definitiva es
la base de la seguridad jurídica.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de la limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Merino Martínez.


El señor MERINO MARTÍNEZ: Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta.


Aunque parezca lo contrario, hemos comenzado el Pleno con la toma en consideración de la proposición de ley que modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, una ley, por cierto, de enorme complejidad, fruto del cambio radical
que suponía su anterior regulación de 1957 y que, como consecuencia, ha sufrido, como ya se ha dicho, varios aplazamientos de su completa vigencia, lo que nadie, por cierto, ha dicho. El último aplazamiento ha sido el sexto, en el Real Decreto-ley
16/2020, durante el estado de alarma, en su disposición adicional segunda, que la aplaza hasta el día 30 de abril de 2021.


Señorías, nuestro Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de promover un acuerdo por la justicia, también para modificar la Ley del Registro Civil y, en concreto, el 5 de diciembre de 2019 el Grupo
Parlamentario Popular ya registró una proposición de ley que modificaba la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, precisamente lo que hay estamos debatiendo y que puede ayudar a conseguir el consenso político en torno a esta modificación
que nos solicitaba la diputada. Así que, por coherencia, señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Popular votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y, por supuesto, con el objetivo de mejorar el texto en el trámite
de enmiendas y de ponencia, fundamentalmente a través de algunos puntos que brevemente voy a citar: un Registro Civil como servicio público gratuito y moderno; un Registro Civil con dotación de recursos y oficinas suficientes. Señores del Partido
Socialista, esto es de suma importancia para el Partido Popular, porque este voto a favor tiene una línea roja: el mantenimiento de la actual red de oficinas del Registro Civil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendrán los votos en contra del
Partido Popular y de miles de alcaldes y de alcaldesas de España si son perjudicados en sus municipios y localidades con la reducción de las oficinas del Registro Civil. Recuerden ya que la semana pasada, señores del Partido Socialista, retaron al
municipalismo y perdieron. Entiendo que no volverán a tropezar en la misma piedra. Por tanto, escuchen y subrayen lo que voy a decir: blinden por ley la actual red de oficinas del Registro Civil, porque hoy se lo estamos diciendo alto y claro:
las queremos en las mismas localidades en donde se encuentran las sedes de los actuales registros civiles, municipales y de paz. Todo lo que sea suprimir oficinas no contará con el voto a favor del Partido Popular.

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Por último, queremos un Registro Civil que cuide y reconozca a los trabajadores de las oficinas. Además, hoy desde el Partido Popular queremos reconocer ese trabajo, porque también ellos han estado en la primera línea de batalla durante la
pandemia, y fueron los que certificaron el 30 de abril de 2020 la cifra real de fallecidos por coronavirus. (Aplausos). Por eso, en el día de ayer mi grupo ha registrado una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus
del Gobierno. Porque va de la mentira del 5 de julio de 'salimos más fuertes' a la verdad de más de 53 000 fallecidos por coronavirus y más de 500 000 contagiados. Esto también lo dice el Registro Civil.


Aprovecho también para anunciarles que hemos solicitado la comparecencia del ministro de Justicia por cumplir su propio compromiso, cuando dijo que lo haría en la Comisión de Justicia tras pasar seis meses de su mandato para explicar este
tipo de cuestiones y algunas otras más delicadas. Porque, señora diputada, es imposible llegar a acuerdos en justicia mientras que la independencia de jueces y magistrados siga recibiendo los ataques del vicepresidente del Gobierno de España, que
es muy grave, y más en su condición de investigado. Es imposible llegar a acuerdos en justicia mientras -como se ha dicho ya aquí- la fiscal general del Estado, anterior diputada y ministra del Partido Socialista, arroje señales de dudosa
objetividad en sus acciones. La última ayer mismo, suplicando y rogando que el Supremo rechace las querellas contra los miembros del Gobierno por la gestión del COVID. Como decía el señor ministro de justicia en una entrevista este domingo: no es
cuestión de que nos caiga mal o bien a los diputados del Partido Popular la señora fiscal. Lo dijo más claro quizá el señor presidente: ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Pues eso, del Gobierno. Por eso es imposible llegar a
acuerdos y el ministro tendrá que comparecer.


Y es gravísimo también lo que conocíamos el domingo: que se está trabajando ya en la reforma de los delitos de sedición y rebelión para agasajar al independentismo, al separatismo y blanquear los indultos. Como también reconoció el domingo
el propio vicepresidente Iglesias en una entrevista: ¿Indultos? Hay cosas que para que ocurran es mejor no hablar de ellas en público. Pues miren, con luz, taquígrafos y en el Congreso de los Diputados vamos hablar de esto. (Una señora diputada:
¡Muy bien!). Y tiene que comparecer el ministro por algo que ya es inmoral -repugnante, diría yo-: el simple hecho de tenerse que sentar con el señor Otegi. No sé a qué, pero nos lo tendrá que contar también en sede parlamentaria. (Aplausos).


Termino ya, presidenta. Saben, señores del Partido Socialista, que cuando se alejen de las posiciones que rompan el marco constitucional; cuando se alejen de las posturas que ataquen la independencia de la justicia; cuando se alejen de
las posiciones que quiebran el Estado de derecho, estaremos en disposición de llegar a acuerdos por la justicia, siempre bajo el amparo de la Constitución, tal como siempre se lo ha transmitido el señor Casado al señor Sánchez.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Merino. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000016).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy es un día histórico para el Grupo Parlamentario VOX y puede serlo también para el conjunto de esta Cámara. Hoy tenemos todos aquí una oportunidad infrecuente: la oportunidad de tomar medidas decentes y esenciales en defensa
de nuestra democracia; para eso es para lo que hemos venido aquí.


Democracia es un concepto que la izquierda lleva años manipulando, no sin cierto éxito. La democracia como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo es un delicado equilibrio que solo se mantiene cuando se evita una visión
unilateral y revolucionaria, que es precisamente típica de la izquierda radical.

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Por eso permítanme que comience recordando qué distingue una verdadera democracia de aquello que no lo es, porque democracia no es solo votar cada cuatro años. Por ejemplo, en Cuba se celebran elecciones parlamentarias cada cinco años, pero
pocos calificarían a Cuba como una democracia. Bueno, ya sé que algunos de ustedes sí. Democracia es garantizar que los poderes públicos se someten a la ley. Sin ley no hay democracia; por eso una democracia solo subsiste si todo el poder se
ejerce de acuerdo con las leyes y respetando los derechos de todos, y no se permite que se modifique ni se altere a través de un referéndum ilegal ni con presión violenta en las calles ni con terrorismo. (Aplausos).


Democracia es garantizar la pluralidad cultural, no la imposición de quienes pretenden, siguiendo a Gramsci, crear una hegemonía desde las élites políticas al mando de la educación, la cultura y los medios de comunicación. Una democracia
digna de tal nombre tiene que tener los instrumentos necesarios para defenderse de quien la amenaza, sobre todo cuando se la amenaza con medios públicos que asfixian el pluralismo mediático y cultural, como ya advirtió a principios del siglo XIX
Tocqueville. Es indudable que no hay democracia sin pluralismo, que la democracia se nutre de la libertad de expresión y que el papel de los partidos políticos es esencial en una sociedad democrática, pero no es menos cierto que, como recuerda el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en su sentencia sobre Herri Batasuna de 30 de junio de 2009, un partido político puede hacer campaña en favor de un cambio de legislación o de las estructuras constitucionales del Estado con dos
condiciones: la primera, que los medios utilizados a tal fin sean plenamente legales y democráticos, y la segunda, que el cambio que se persiga sea en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. Y ahí está la clave, que los
medios empleados sean legales y que el fin que se busque sea en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. Por lo tanto, ni el terrorismo de ETA amparado en sus brazos políticos -llámese Herri Batasuna o Bildu-; ni el golpe
de Estado en Cataluña, perpetrado conjuntamente por los separatistas de izquierda y de derecha con sus innumerables siglas, todos aliados para tapar sus vergüenzas de la era de Pujol; ni el Plan Ibarretxe del PNV ni ninguna de estas amenazas tienen
cabida en nuestra estructura constitucional, porque aquello que buscan imponer, es decir la ruptura de España, es en sí mismo incompatible con los principios democráticos fundamentales, empezando por los principios del comienzo de la Constitución.
En efecto, no es casualidad que dichos principios conformen las primeras palabras de la constitución española, artículo 1.2: 'La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado'. El pueblo español en su
conjunto, señorías; por tanto, es el sujeto de la soberanía nacional. Artículo 2: 'La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles,...'. Estos primeros artículos de
la Constitución integran su título preliminar por una razón, porque tienen el más alto valor normativo. Por tanto, pocas cosas puede haber más importantes para el Poder Legislativo, que al fin y al cabo es quien redactó y aprobó nuestra Carta
Magna, que defender estos principios y proteger el sistema constitucional de aquellos que pretenden acabar con él. Se trata de proteger nuestra democracia de uno de sus principales enemigos: los nacionalismos.


Señorías, yo sé que muchos de ustedes han perdido cierta sensibilidad ante la presencia de esta amenaza. Es natural. Son muchos años ya de ir blanqueando posiciones políticas y de políticos que realmente persiguen objetivos incompatibles
con nuestro ordenamiento jurídico, con la naturaleza incluso de la tarea que nos han encomendado los españoles. Algunos de estos políticos les han hecho a ustedes bajar la guardia porque visten de forma elegante, tienen suite reservada en el hotel
Palace y desayunan con exquisitos modales. Algún otro porque aparenta ser un señor estupendo de Neguri, con las mejores intenciones, y una razonable capacidad de diálogo. Y otros porque, pese a que no disfrazan su radicalidad ni en su aspecto ni
en sus modales, sencillamente ustedes se han acostumbrado a verles por aquí, incluso se han acostumbrado a negociar con ellos la formación de Gobiernos como si fueran negociadores bona fide, pero no lo son. Sin duda, es un éxito de los
nacionalismos haberse hecho pasar todos estos años por demócratas. Hoy en día incluso se atreven a dar lecciones de Constitución y a repartir carnés de demócratas a los demás. No me cabe duda de que hoy pretenderán quitarnos el carné de demócrata
a los cincuenta y dos de VOX con enormes aspavientos y palabras gruesas, pero sepan todos ustedes que en VOX ni les tenemos miedo ni les concedemos la superioridad moral que otros les han concedido en el pasado. (Aplausos).


El rey está desnudo, todo el mundo lo sabe, aunque hasta ahora nadie se lo ha dicho. (Risas). El nacionalismo es incompatible con la democracia. Se lo repito, puesto que les hace tanta gracia: el nacionalismo (rumores) es incompatible
con la democracia. (Aplausos). Es así. Los que niegan la indivisible unidad de la nación española están fuera de la ley, así de claro y así de sencillo. Y si están

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al margen de nuestra Constitución, ya es hora de que se sometan a las reglas con las que jugamos todos los demás o abandonen este terreno de juego. Es verdad, señores nacionalistas, que nadie les había dicho esto durante muchos años y
quizás por eso pensaban que este era un debate cerrado, uno más de ese consenso progre al que han llegado gracias a su habilidad y que nadie se iba a atrever a romper bajo pena de que ustedes y sus socios les acabaran atacando. Se han creído
investidos de algún tipo de autoridad moral porque les reciben en los despachos y les abren La Moncloa. Pues miren, les anuncio que ese tiempo ya pasó, se acabó. Han jugado ustedes durante demasiados años con el miedo, pero ahora se les ha acabado
el juego. Ya les he dicho que nosotros no aceptamos su superioridad moral ni sus credenciales pretendidamente democráticas, ni antes ni ahora ni nunca, porque carecen de ellas. Esto lo tienen claro muchas naciones de nuestro entorno, el blindaje
de la unidad territorial y la soberanía nacional es la norma y no la excepción. Por ejemplo, Francia no tolera formaciones políticas que atenten contra su soberanía nacional. El artículo 4 de su Constitución establece que los partidos y
agrupaciones políticas deben respetar los principios de la soberanía nacional. En Italia, el artículo 5 de su Constitución prohíbe cualquier tipo de secesionismo o cesión territorial. En Alemania, los partidos separatistas son directamente
ilegales. El artículo 21 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana dice que son inconstitucionales los partidos que según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes tiendan a trastornar o poner en peligro la existencia de la
República Federal Alemana. La ley electoral portuguesa directamente prohíbe la creación de partidos de ámbito regional o local: No podrán constituirse partidos políticos que por su designación u objetivos programáticos tengan índole o ámbito
regional. Y ya hemos mencionado la jurisprudencia europea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


En España, por desgracia, tardamos tiempo en asumir con normalidad lo que ya es normal en Europa. Durante demasiados años ETA contó con cierta complicidad de una parte de la opinión pública y logró formar parte de la realidad institucional.
En aquellos oscuros tiempos, las víctimas del terrorismo eran enterradas en silencio, casi en la clandestinidad, sin la presencia ni el reconocimiento de sus compatriotas y de sus representantes; era la época de la paz de los cementerios. La Ley
de Partidos de 2002 ayudó a revertir esta situación insoportable, acabó con el perverso doble juego de votos y bombas, supuso un paso importantísimo para la derrota de la banda terrorista ETA; se aprobó en esta Cámara con un amplísimo consenso que
hizo posible que España dejara de ser el único país que pagaba a terroristas. Semanas después, el propio Congreso de los Diputados instaba la ilegalización de organizaciones políticas del terrorismo, fue uno de los momentos estelares de este
Parlamento. El Tribunal Supremo declaró la ilegalización de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna y su aplicación acabó con la representación de todos ellos en las instituciones. El marco estaba claro: en una democracia no son aceptables
quienes tienen como único fin acabar con ella; no tienen cabida quienes entre sus medios o sus fines pretenden atentar contra los pilares de nuestra convivencia; no cabe la oferta electoral del totalitarismo ni someter a votación la integridad de
la democracia, el menoscabo de los derechos individuales o el pluralismo. Este marco -hay que decirlo- sigue plenamente vigente; la sentencia del Tribunal Constitucional aprobada en 2011 con una escasísima mayoría -mayoría progre, claro- afecta
únicamente a la entidad probatoria de los indicios manejados por el Tribunal Supremo para la ilegalización de Sortu, pero no altera ni una coma el contenido de una ley plenamente vigente, y además estos indicios y evidencias se han seguido
acumulando desde entonces. En 2012, UPyD trajo a esta Cámara una iniciativa para instar al Gobierno de Mariano Rajoy la ilegalización de Bildu; trajo veinticinco pruebas indiciarias que evidenciaban los vínculos con ETA y cómo justificaban
asesinar a quienes no compartían sus ideas. Todos recordamos lo que pasó aquel triste día en esta Cámara: no se aprobó. Y hace unos días, la Asociación de Víctimas del Terrorismo -desde aquí mandamos un fraternal abrazo para todas las víctimas-,
la AVT, hizo llegar hace unas semanas a la fiscal general del Estado, a la sazón exministra de Justicia del Partido Socialista, hasta 250 pruebas que profundizaban en esta evidencia; eso fue hace dos semanas. Lo que no ha habido nunca, ni antes
con Rajoy ni ahora con Pedro Sánchez, ha sido la más mínima voluntad de ilegalizar lo que sigue siendo el brazo político de ETA, con los mismos objetivos y sin una condena a sus medios sanguinarios, y con un agravante: que Pedro Sánchez no va a
ilegalizar a quienes necesita para gobernar, así de mercantilista y así de triste.


Concluyo. No se trata de ilegalizar ideas, como, por cierto, sí quieren hacer ustedes con las sucesivas vueltas de tuerca a la orwelliana Ley de Memoria Histórica o, como la llaman ahora, ley de memoria democrática; nosotros no queremos,
como ha dicho hoy la vicepresidenta Calvo, construir una memoria común de todos los españoles, ¡qué salvajada, qué ataque a la libertad! No. Nosotros no vamos a crear una policía del pensamiento o de las ideas, lo que vamos a hacer es preservar el
espacio de libertad que

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es la Constitución y defenderla de los que tienen entre sus medios y fines destruir la unidad y la soberanía de España; es decir, defender la democracia. Por eso hoy, los que al asumir válidamente el cargo de diputados juramos defender y
hacer guardar la Constitución, tenemos la oportunidad de hacer valer nuestro juramento en defensa del demos, de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. No podemos alentar lo que destruye
nuestro proyecto común, que es España; no podemos no solo por razones legales, sino sobre todo por razones morales, porque España no nos pertenece porque es el legado de los padres de nuestros padres que tenemos que dejar a los hijos de nuestros
hijos. Porque aunque algunos hayan desistido, hay cada vez más jóvenes y mayores que entienden que su trascendencia estriba en su deber de custodiarla para generaciones venideras, y porque custodiarla implica preservar su unidad, proteger la
convivencia, el pluralismo y la legalidad frente a las amenazas que afronta a diario. Señorías, en esta hora crucial, ninguno de ustedes puede evadir su responsabilidad patriótica; los partidos que sistemáticamente trabajan para acabar con
nuestros derechos están fuera de la ley...


La señora PRESIDENTA: Señor Espinosa de los Monteros, tiene que terminar, por favor.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Los partidos que sistemáticamente trabajan para acabar con nuestros derechos están fuera de la ley, y no hacer todo lo posible para ilegalizarlos sería traicionar lo que juntos hemos contribuido a
construir, sería traicionar nuestro juramento. Para acceder a este Parlamento juramos defender a España y es lo que vamos a hacer hoy; únanse a nosotros y hagámoslo todos junto, por nuestros abuelos y por nuestros nietos, sin miedo a nada ni a
nadie. Porque más vale tener cicatrices por intentarlo que la piel intacta por cobardes. ¡Viva España! (Varios señores diputados: ¡Viva!-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Vehí Cantenys.


La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.


La Ley de Partidos en 2002 generó la reacción de muchas organizaciones de derechos humanos y, en concreto, del en ese momento relator especial de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y de lucha contra el terrorismo
internacional. Las alertas tenían que ver con el peligro de vulnerar el derecho a la participación política. Después de eso hoy ustedes nos traen aquí una propuesta para ilegalizar a los partidos independentistas. En Cataluña son la mayoría
democrática que gobierna; lo digo para que todo el mundo dimensione la propuesta que nos trae hoy VOX. Pero para nosotras el tema importante hoy no es la literalidad del discurso que ha hecho el señor diputado o la proposición de ley que nos
plantean, sino qué supone, qué es VOX, qué función tiene en este Parlamento y, en la actual situación, en el Estado español. Esta gente no son una excepción ni un fenómeno meteorológico ni una cosa de la fatalidad, como explican algunos y algunas
comentaristas a menudo. Estos señores son la expresión del aparato del Estado español ante la situación de crisis de legitimidad que hay ahora mismo. (Rumores). Estos señores son un problema desde una perspectiva democrática. Y estoy de acuerdo
con el señor Espinosa de los Monteros en que no es una cuestión de libertad de expresión, son un problema por las consecuencias materiales que tienen las posiciones políticas que defienden. Son un problema porque defienden postulados políticos que
van en contra de los derechos de las mujeres porque niegan la violencia machista (rumores) y de los derechos de las personas migrantes porque relacionan sistemáticamente la migración... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


La señora VEHÍ CANTENYS: Ya han tenido su rato; ahora es el nuestro. Les agradeceríamos que, después de haber hablado de pluralismo y de democracia durante diez minutos, guarden un poco de silencio. Gracias. (Aplausos).


Decía que el problema está en los postulados políticos que defienden. Van en contra de los derechos de las mujeres; niegan la violencia machista. Van en contra de los derechos de los migrantes; están sistemáticamente relacionando
migración con delincuencia. Están totalmente a favor de los ricos, solo hay

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que ver su programa electoral, y además ahora -desde hace tiempo, pero ahora ya en formato proposición de ley- están en contra de los independentismos. El problema es que estos postulados coinciden, por ejemplo, con todo el inventario de
crímenes de odio que ha habido en el Estado español, que son 102 desde la década de los noventa, por razones de racismo, transfobia, aporofobia, homofobia; que coinciden y amparan ideológicamente los feminicidios -las cifras son espeluznantes-, y
que coinciden con las agresiones sistemáticas a las organizaciones soberanistas o independentistas. Podemos hablar de Òmnium Cultural la semana pasada, del incendio del Casal Popular de Castelló o del Ateneu Independentista d'Hostafrancs. Además,
esta gente es un problema porque las fuerzas progresistas de este Estado español y de este Parlamento no les plantan cara en la batalla cultural que están librando desde hace mucho. Esta gente se presenta como acusación popular en el juicio del
Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado acaba adquiriendo su discurso. En este Congreso no se puede hablar de monarquía -a nosotros nos han retirado una moción- y no se puede hablar de racismo institucional, pero estamos hablando aquí de cómo
ilegalizar a los partidos independentistas. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Ustedes se piensan que esto va a parar? (Aplausos). Además, son un problema en un Estado donde no ha habido limpieza democrática desde la dictadura. En 1977, la Dirección
General de Seguridad reconoce en un documento que la extrema derecha era controlada de alguna forma por la misma Dirección General de Seguridad. Era el mismo tiempo de los asesinatos de Atocha, del asesinato de Arturo Ruiz o del ataque a la revista
El Papus. La semana pasada, con el juicio a Martín Villa, tuvimos que aguantar la carta de cuatro expresidentes alabando su contribución a la Transición cuando este señor era representante de las mayores torturas que hubo aquí en la Dictadura.
(Aplausos). Los vínculos entre la extrema derecha y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son una quimera que nos inventamos desde la izquierda independentista. De hecho, Xavier Vinader, uno de los periodistas que dedicó su vida a esto,
explicaba cómo en los setenta y en los ochenta en el País Valencià y en Euskal Herria la extrema derecha actuaba bajo operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los GAL -todavía nadie ha pasado por un juzgado-, el Batallón Vasco
Español o la Triple A. Pues Vinader acabó condenado por los tribunales y en el exilio cuando en este Estado nadie acaba condenado por estar vinculado a la extrema derecha y por el terrorismo de Estado que esto supone. Todavía estamos esperando que
el asesino de Guillem Agulló pase por delante de un juez. (Aplausos). Y es que Vinader planteaba una cosa que es clave: el aparato del Estado español nunca ha visto a la extrema derecha como un problema; al contrario, la ha visto como una
colaboración en defensa del statu quo. (Rumores). Sí, les miro a ustedes -dirigiéndose a los bancos del Grupo Parlamentario Socialista- porque con esos ya no hay nada que hacer. Es que la responsabilidad política de que esta gente no avance la
tienen las fuerzas progresistas de este Estado. Lo que no puede ser es que esta gente campe libremente, que esta gente suba aquí a pedir que se ilegalicen partidos independentistas y que aquí no se pueda hablar del rey o de muchas cosas que afectan
a este Estado. (Aplausos). Por eso les llamo la atención, porque cuando esta gente habla de limitar los derechos de las mujeres, ustedes, con todo el criterio político, contestan con más feminismo; ¿por qué cuando hablan de ilegalizar a los
partidos independentistas no contestan ustedes con el derecho a la autodeterminación? (Rumores). A la extrema derecha se la combate con proyecto político; nosotros tenemos uno, el de los Països Catalans feministes, aintiracistas i socialistes.
Ustedes cada vez que lo decimos nos miran con soberbia, incluso con cierta condescendencia. A nosotros lo que nos parece utópico es que ustedes pretendan plantar cara a esta gente con una alternativa política con una Constitución firmada bajo ruido
de sables y con una Constitución atestada sistemáticamente por los poderes financieros. ¿Qué alternativa política ofrecen ustedes al conflicto catalán? ¿Más cárcel? ¿Más exilio? ¿Piensan que así van a parar a esta gente? La única respuesta
puede ser la autodeterminación y la amnistía porque la única forma de parar a la extrema derecha es poniendo un proyecto político encima de la mesa y no continuando con una batalla dialéctica porque a ustedes les dan votos. Eso pasó en Andalucía y
miren cómo acabaron las elecciones.


Acabo, en primer lugar, agradeciendo al antifascismo organizado de los Països Catalans, de l'Estat español y del mundo: gracias por defender la democracia con vuestras vidas. Y, en especial, gracias a la familia de Guillem Agulló, que nos
enseñó a luchar a muchas y que por fin estos días verá en pantalla la justicia política que los tribunales de este país nunca les dieron.


Visca els Països Catalans lliures, visca Galiza ceibe y gora Euskal Herria errepublika. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.

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La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on; buenas tardes.


Eskerrik asko, presidenta.


321 100, ¿saben lo que son? Los votos de Euskal Herria Bildu en las últimas elecciones al Parlamento vasco y al Parlamento navarro. ¿Saben cuántos obtuvieron ustedes? 22 060 exactamente; 300 000 frente a 22 000. Euskal Herria Bildu
tiene 28 parlamentarias; ustedes, 1. Euskal Herria Bildu tiene 1262 ediles, gobierna 121 ayuntamientos y tenemos 39 junteros y junteras, 5 diputados, 2 senadores y 28 parlamentarios y parlamentarias. Le voy a recordar sus datos, que son fáciles
de recordar, ciertamente: cero concejales, cero junteras, cero alcaldías, cero diputados y senadores y una parlamentaria. (Aplausos). Cualquiera diría, señor Espinosa de los Monteros, que es la ciudadanía vasca la que de facto les ha ilegalizado
a ustedes en las urnas y de manera democrática. Y es que ese es su gran problema, la democracia. Por eso intentan ganar mediante ilegalizaciones lo que saben que jamás conseguirán en las urnas.


Tengo que reconocerle que al menos ha sido claro -esa es la virtud que tienen- al menos en el texto que han presentado aquí, porque son una versión sin complejos del franquismo estructural que todavía pervive en ese Estado. Y con esa
claridad es con la que dicen lo que ya sabíamos: que el objetivo de la Ley de Partidos, las ilegalizaciones, era acabar con el independentismo. Al escucharle podría parecer otra de las locuras que ustedes traen a esta Cámara de vez en cuando para
generar crispación, odio y confrontación, pero lamento decirle que esta propuesta no es ninguna novedad, y estoy segura de que hoy la mayoría de este hemiciclo rechazará esta propuesta por parecerle un sinsentido. Pero las ilegalizaciones de
partidos independentistas han sido una realidad hasta hace poco tiempo, hasta hace nueve años en Euskal Herria. Entonces no eran locuras de VOX, eran ilegalizaciones alentadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en nombre de la
democracia. Durante años miles y miles de vascos y vascas fuimos ilegalizadas, se nos negó el derecho al voto y el derecho a ser elegidas. Se nos dijo que nuestro proyecto era ilegal. Se embargaron cuentas, se cerraron sedes por la fuerza, se
impusieron fianzas millonarias, se detuvo a gente por impulsar aquellos partidos y se les encarceló durante años por querer hacer política de manera pública. Y, lo más grave, se criminalizó a cientos de miles de personas por sus ideas. Se
retorcieron las leyes y se inventaron otras con tal de sacar al independentismo vasco de la ecuación política. Construyeron el 'todo es ETA' y se valieron de ello no solo para ilegalizar partidos, sino para ilegalizar organizaciones de todo tipo,
también periódicos y radios. Todo con tal de acabar con el independentismo. Hoy podemos decir que no existe ecuación política posible sin el independentismo vasco, ni en Madrid, ni en Euskal Herria. Así que ya lo ve, señor Espinosa de los
Monteros, llegan tarde porque hace tiempo que en Euskal Herria ganamos la batalla de las ilegalizaciones, y la prueba es que el independentismo está más fuerte que nunca y cada vez somos más. Desde el año 2002, efectivamente, año del que data esta
Ley de Partidos, trece formaciones políticas han sido ilegalizadas, y de entre esas trece me detengo en una, la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, porque creo que nada puede ser más simbólico. La ANV se constituyó en 1930, antes de la
Guerra Civil; fue ilegalizada en el franquismo y de nuevo vuelta a ilegalizar en 2008. Así hasta 2011, año en que llegamos a Bildu, que estuvo también a punto de ser ilegalizada; en el último minuto pudo concurrir a las elecciones municipales de
2011. Y de esa forma llegué yo a ser la alcaldesa de mi pueblo, Usurbil, porque se exigía que las listas estuvieron integradas por personas que nunca antes hubieran formado parte de las listas prohibidas; cuarenta mil personas sobre las que se
impuso la negación radical de su derecho de sufragio pasivo. Así que ya lo ven, señores y señoras de VOX, yo soy un producto de la Ley de Partidos -se puede decir de esa forma- y por eso estoy ahora aquí, en esta tribuna. Les advierto que el
compromiso que nos ha llevado a miles de personas a caminar hacia la construcción de una república vasca justa, democrática y en paz sigue intacta. Les haremos frente a ustedes y a sus ansias ilegalizadoras; no pudieron entonces y no podrán
ustedes ahora, ahora tampoco podrán. Y no podrán porque aquí seguimos. Es más, paradojas de la vida, hoy es el día en que, tras tres décadas intentando acabar con la izquierda independentista vasca, resulta que estamos aquí condicionando al
Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba, mientras que ustedes no pintan absolutamente nada. Esto sí que es justicia poética.


Termino, señorías. Señoras y señores de VOX, ¿ustedes se han leído su propuesta? ¿La han analizado bien? Les voy a leer lo que ustedes proponen que debería ocurrir para ilegalizar un partido. Se considerará razón para la ilegalización -y
leo textualmente- vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión y persecución de personas por razón de su
ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Se han descrito ustedes a ustedes mismos, palabra por palabra. (Aplausos). ¿Pretenden ustedes autoilegalizarse? Porque sí, ustedes vulneran sistemáticamente

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las libertades y derechos fundamentales de colectivos sociales, ya sean inmigrantes, feministas o personas LGTBI. Promueven y justifican los atentados contra la integridad de las personas, como lo hacen cuando señalan los centros de menores
no acompañados y después estos son atacados. (Aplausos). Y, por supuesto, ustedes excluyen y persiguen a personas por razón de ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo y orientación sexual. Básicamente excluyen y señalan todo planteamiento
que difiera del suyo y, como le he dicho, han descrito perfectamente lo que es VOX y las razones para su ilegalización. Pero que lo sepan, nosotras no pediremos su ilegalización porque creemos en la democracia frente al fascismo, lo que vamos hacer
es hacerles frente en las instituciones, en la calle y en todos los espacios en que ustedes estén presentes y estamos seguras de que será la propia sociedad vasca quien les destierre para siempre de nuestro país. Frente a sus soflamas, adapto una
famosa frase y la traigo a la actualidad, a esta actualidad de hoy en día: No convenceréis, pero tampoco venceréis.


Señorías, señoras y señores de VOX, miren a su alrededor, el independentismo vasco, catalán y gallego está más fuerte que nunca, no solo más fuerte, también más unido que nunca. Sí, más pronto que tarde Euskal Herria, Galicia y Cataluña
serán repúblicas justas, libres y democráticas.


La señora PRESIDENTA: Señora Aizpurua, tiene que terminar, por favor.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Termino ya.


Y ustedes no serán más que un mal recuerdo del pasado. ¡Visca Catalunya lliure! ¡Viva Galiza ceibe! ¡Gora euskal errepublika! (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban Bravo.


El señor ESTEBAN BRAVO: Ya lo dijo el señor Ortega, también el señor Abascal y hasta el señor Garriga: vamos a ilegalizarles. A falta de ideas sesudas o sofisticadas no está mal como ruido de fondo ahora, para precalentar esa moción de
censura que ya tardan en concretar; por cierto, eso si la concretan algún día, al paso que van, en vista de cómo declinan la invitación aquellos a quienes se les ofrece encabezarla.


Ilegalizar a quienes tengan ideas independentistas. Basta con ver los artículos 4, 5 y 8 de las modificaciones que proponen: ilegalizar ideas. El fondo de esta proposición es evidente. Si la realidad no me gusta, lo prohíbo y lo culto.
Oigan, esto es el sueño de todo estratega electoral. ¡Son unos cracks! No falla, profundicen por ahí. Si no dejo presentarse a los demás, seguro que gano. Pero en realidad no son ustedes nada originales, señor Espinosa, no lo son, no es este un
día histórico. Lo que hoy están proponiendo lo intentaron otros aquí y, oh casualidad, eran los mismos que estuvieron íntimamente ligados a los golpes militares. En el año 1918 se personaron por primera vez diputados del Partido Nacionalista Vasco
en este Congreso. Los nacionalistas vascos, y también los catalanes, fueron duramente atacados por tradicionalistas y monárquicos porque, según ellos, nadie podía sentarse en el Parlamento si no declaraba que su patria era España: Pues no basta
con declarar que se es ciudadano español, solo puede ocupar un escaño quien ama a España como patria y no tiene más patria que España. Poco después, el régimen dictatorial de Primo de Rivera acabó ilegalizándonos. Sufrimos el mismo acoso durante
las legislaturas republicanas y con la dictadura franquista. De nuestros ciento veinticinco años de historia hemos estado ilegalizados casi cincuenta. Dice el señor Espinosa que el nacionalismo es incompatible con la democracia, sí, claro, todo
nacionalismo menos el suyo. (Aplausos).


De la pseudoargumentación jurídica que se hace en su proposición de ley se deduce que ustedes no deben haberse enterado de que la democracia española, tal y como está configurada por la Constitución, no es una democracia militante. O bien
no han querido leer la Sentencia 48/2003, sobre la Ley de Partidos Políticos, o si se la han leído, piensan que los magistrados del tribunal eran unos zotes o una panda de rojos separatistas encabezados por su presidente, y a la sazón ponente de
dicha sentencia, Manuel Jiménez de Parga, un conocido extremista de izquierdas y exdiputado de la Legislatura Constituyente por UCD. Pues bien, en los fundamentos jurídicos de dicha sentencia se dice reiteradamente que -abro comillas-: 'en nuestro
ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de 'democracia militante' [...], esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución'. Y continúa, como
también lo hace la actual Ley de Partidos Políticos: 'cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se

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defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos'.


No se trata de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, y resulta que lo que ustedes nos están proponiendo es ilegalizar a quien aspira a la secesión, aun
cuando sea por métodos democráticos. Ustedes amenazan con ilegalizar un partido independentista simplemente por verbalizar su ideario. Ha citado incluso el Plan Ibarretxe, escrupulosamente tramitado según la legislación. ¿Cómo pueden presentar
una iniciativa semejante a esta como un acto de defensa de la Constitución, como defensa del régimen democrático? ¡Hace falta tener rostro! El peligro para la democracia son ustedes. ¡Dan ganas de mandarles a donde lo habría hecho Labordeta! ¡Qué
carajo van a defender ustedes el sistema constitucional! (Aplausos).


La semana pasada calificaron a este Gobierno como el peor en ochenta años, ochenta años, que no es un número redondo precisamente y no está elegido al azar. Y cuando Abascal ha sido cuestionado por la prensa si el régimen de Franco era
mejor, cobardemente ha dado la callada por respuesta. O sea, que, según ustedes, con Franco vivíamos mejor. ¡Qué carajo van a valorar el régimen en el que están! Acusan a los demás de lo que ustedes son culpables en primer grado porque los
independentistas querrán irse, pero dejarán a España con sus instituciones libres. A ustedes lo único que les importa es la unidad del Estado español. La democracia les da igual; es más, mejor que no haya, que con Franco se vivía mejor que ahora,
según Abascal. ¡Ustedes son los que pretenden cargarse el modelo de Estado que dicen defender, no los demás, que querrán o no irse de España, pero no atentar contra las libertades! Métanse eso en la cabeza.


En democracia lo nuclear son los derechos y libertades y el equilibrio de poderes; la forma de Estado o sus fronteras son algo accesorio. Ustedes no pretenden evitar la violencia política o el uso de actividades terroristas, no, eso ya
está previsto en la legislación, ustedes quieren eliminar la libertad de pensamiento, la de expresión, el derecho de participación y el sufragio pasivo, y no seré yo quien lo defienda, pero si, como ustedes propugnan en defensa de la Constitución,
se debe ilegalizar a alguien, con independencia de que ejercite conductas violentas, igual es a ustedes a quienes probablemente habría que ilegalizar, pues, como dice el artículo 10.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pretenden vulnerar los
principios democráticos contenidos en la Constitución, deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Si hay alguien en este Parlamento que es la antítesis de la palabra política es VOX, del mejor
sentido de la política definida como la actividad en virtud de la cual una sociedad libre compuesta por seres humanos libres identifica y resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva por medio del acuerdo. Ustedes nunca buscan el
acuerdo, ustedes simplemente siembran cizaña, no hacen política sino que la utilizan.


VOX representa el 2 % de los votantes vascos y pretenden anular la voz del 67 % de la ciudadanía vasca, el 75 % si incluimos a Podemos, defensor del derecho a decidir. Haciendo la traslación a esta Cámara, pretenden ilegalizar a quienes
representan el 25 % de los votantes del Estado español y el señor Espinosa tiene el tupé de hablarnos de pluralismo. ¿Quiénes son ustedes para negar el pan y la sal a los demás? ¿Quiénes son para decirles cómo tienen que pensar, en qué soñar o a
qué aspirar? ¿Por qué sus ideales son mejores que los de los demás? ¿Por qué son los únicos aceptables? ¿Es que para ustedes España es una idea cuasi religiosa y piensan como Calvo Sotelo, que el sacrosanto nombre de Dios solo puede amparar lo
universal y lo infinito y eso es España? Sí, claro que lo piensan. Por encima de la libertad de pensamiento, por encima de lo coyuntural de las formas de Estado, por encima del respeto a la voluntad popular, ustedes siguen creyendo en la España de
unidad de destino en lo universal, y están dispuestos a todo por ello. Ni el señor bajito de Ferrol durante ese Gobierno ideal que ustedes añoran pudo acallar la voz de los nacionalistas vascos a pesar de sus prohibiciones y cuarenta años de
dictadura. No lo van a hacer ustedes ahora.


Termino. El 5 de diciembre de 1935 este mismo hemiciclo fue testigo de una propuesta y un debate similar a este en el que nos encontramos, generado por una iniciativa de José Calvo Sotelo. A él le dio réplica una gran persona, una gran
figura de la política y del nacionalismo vasco, el navarro Manuel de Irujo. Con el permiso que de seguro me habría concedido don Manuel y remedando aquella réplica, explicaré a quienes lo desconocen que los reyes godos, uno tras otro, señalaban en
sus crónicas haber vencido y derrotado a los vascos, aquellos vascones rebeldes que muy derrotados no podían haber sido si el régulo sucesor tenía que seguir combatiéndolos. Ustedes son los herederos del espíritu obsesivo de esos reyes godos: de
Eurico, Leovigildo, Recaredo, Gundermaro, Sisebuto, Suintila, Wamba o Rodrigo. Representan con sus obsesiones la voluntad de acallar por la fuerza el sentimiento de independencia,

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libertad y nacionalidad que manifiesta generación tras generación una gran parte del pueblo vasco. Son ustedes el último godo. Por eso, para un demócrata, para un vasco, para un vizcaíno como yo, la mayor satisfacción, el mayor orgullo, la
mayor certeza de estar avanzando por la senda adecuada es ser combatido por los últimos godos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Esteban. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Trae VOX una propuesta para ilegalizar los partidos independentistas. Haré una consideración previa. Ha dicho el señor Espinosa de los Monteros que uno de los momentos estelares de la democracia reciente fue la ilegalización de Batasuna y
sus aledaños. Le voy a dar un dato que no sé si conoce. ¿Sabe quién estaba en el equipo de abogados del Estado que promovió y consiguió esa ilegalización? Mi compañero Edmundo Bal, que tiene su escaño dos filas más atrás.


Compartimos que resulta paradójico y chocante para cualquier demócrata que haya partidos en el Congreso de los Diputados peleando por la ruptura de la soberanía que aquí representamos, pero la pregunta es: ¿Es la solución prohibir una idea
per se? Veamos cómo hemos llegado hasta aquí y si esto nos desvela las causas de por qué estamos en esta situación y alguna solución posible. Hoy, con el independentismo en un momento álgido, si sumo los votos de los partidos independentistas son
en total en toda España 2 115 061 votos. Los votos de partidos no independentistas son 20 924 088 si solo cojo los que tienen representación parlamentaria; si los cojo todos, son más de 21 millones de votos a partidos no independentistas. ¿Por
qué con diez veces menos votos estos señores han tenido permanentemente la llave de la gobernabilidad de España y han podido mermar los derechos de los españoles en pro de los derechos de los políticos nacionalistas?


Pues hay dos factores. Estos dos factores son, por un lado, la maldita ley electoral, que el Partido Popular y el Partido Socialista se niegan a cambiar porque les viene bien como partido, pero que, por ejemplo, impidió que Ciudadanos, con
Inés Arrimadas a la cabeza, ganando las elecciones en Cataluña, no pudiera formar Gobierno. Ese es uno de los factores. Por otro lado, está la incapacidad para llegar a acuerdos entre los dos partidos que han tenido mayorías más que suficientes,
mayorías absolutas, para llevar a España lejos de las manos de los nacionalistas y los independentistas. Son, por tanto, estos dos factores, que tienen una misma causa, y es que en el Partido Popular y en el Partido Socialista han primado sus
intereses de partido a los de España.


Con estos datos que les expongo bastaría con que los partidos nacionales de ámbito nacional que tenemos vocación de representar a todos los españoles nos pusiéramos de acuerdo para restar fuerza a estos señores que quieren todo lo contrario.
Fíjense si es sencillo, no hace falta prohibir una idea. Nosotros, en la medida en que podemos, lo hacemos. Lo hicimos con Navarra Suma, lo hemos hecho en el País Vasco con PP más Ciudadanos y lo estamos proponiendo ahora en Cataluña. Pero
ustedes, señores de VOX, ¿qué hacen? ¿Priman sus intereses de partido o prima el interés de España dentro de este análisis que estoy haciendo de todos los partidos políticos? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito fundamental de su moción de censura?
¿A quién la dirigen? ¿Al señor Sánchez o al señor Casado? Yo sé que saben sumar, yo sé que saben la viabilidad de esa moción de censura y sé los esfuerzos que han hecho para aglutinar apoyos durante este verano en torno a un candidato. Esos
esfuerzos son ninguno, desde el primer día en que anunciaron esta moción llevan poniéndonos a caldo a los de Ciudadanos y a los del Partido Popular en redes y algún cargo hiperventilado nos ha puesto finos también. No tienen ninguna gana de que
votemos esta moción. La evidencia demuestra que a ustedes les mueve el interés de partido. Quieren fortalecerse a costa de dañar al Partido Popular sabiendo que fortalecen al Gobierno y de manera indirecta a todos estos señores que hoy pretenden
ilegalizar.


Si de enmendar a este enmendable Gobierno se tratara, nosotros intentamos impedir su formación desde el primer día. Propusimos una vía alternativa para que todos estos nacionalistas independentistas no pintasen nada en el Gobierno, lo que
vinimos a llamar la vía 221. No nos negamos a que se tramite su propuesta, porque creemos como ustedes que el secesionismo es nocivo para los intereses de los españoles y no puede seguir campando a sus anchas. Pero no nos negamos porque tenemos
nuestras propias propuestas, que son bien conocidas y democráticas: un límite -lo ve bien Europa- del 3 % del voto nacional para que un partido puede estar aquí, en el Congreso, un corte democrático que existe en

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Alemania o en Italia; también proponemos que organizaciones que incitan a la violencia, como las CUP, a través de Arran, no puedan recibir dinero público. Estoy seguro de que los españoles no quieren pagar niñatos excéntricos jugando a El
señor de las Moscas quemando todas las calles. No creemos que prohibir ideas las debilite. Pero, además, algunas de las cosas que plantean son de una dudosa legalidad.


Pero hay otra vía, la que les he dicho. Si llegamos a acuerdos quienes no queremos que España se rompa, será el principio del fin del chollo que tienen los políticos nacionalistas con los teléfonos rotos que han imperado en esta Cámara
durante tantos años y el final de la ingeniería social. Cuando pierdan el poder, dejarán de invertir una ingente cantidad de dinero público en ingeniería social lavando cabezas, generando una idea totalmente equivocada de España y promoviendo el
independentismo. No pueden ser quienes quieren romper España quienes sean más constantes y estén más cohesionados. Tienen un plan a futuro. En eso han sido mejores que los partidos que tradicionalmente han gobernado España. Hoy mismo el Partido
Socialista vuelve a mostrar sus filias al nacionalismo y a hacer guiños para aprobar los presupuestos a partidos nacionalistas, pero tendrán que explicar muy bien por qué eligen a los partidos nacionalistas existiendo otras alternativas.


Por último, señores de VOX, son ustedes lo que denomino un partido sorbedor soplador, porque sus relaciones internacionales dicen lo contrario de lo que traen hoy aquí. Ustedes corren a hacerse fotos con Salvini, el líder de la Liga
italiana, que luego aparece con esteladas por ahí. No es muy coherente. Además, antes la Liga Norte era un partido nacionalista. También se hacen fotos con el holandés Geert Wilders, que además les felicitó a ustedes por los resultados
electorales al mismo tiempo que el 1 de octubre puso tuits contra la policía española y contra el Estado español. Por otro lado, Wilders es el principal promotor de la leyenda negra en Europa. Por favor, revisen sus relaciones internacionales,
infórmense, porque pueden terminar haciéndose selfies con Francis Drake. Al nacionalismo se le vence en las urnas, no en Twitter, señores de VOX. Al nacionalismo se le vence con el combate intelectual, no con algaradas a veces macarras. Dejen el
espectáculo y vengan al trabajo.


Por cierto, ha dicho la portavoz de las CUP que quiere fomentar los Països Catalans feministas, antirracistas y socialistas; Països Catalans que son a la Geografía lo que la Tierra Media, feministas donde se llama putas a las mujeres que no
son nacionalistas, antirracistas con Torra y las bestias taradas y el partido de Heribert Barrera, y socialistas con el partido de Pujol. Ni saben dónde están ni saben dónde van.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


La semana pasada el señor Abascal desde esta tribuna asumió que son un partido franquista al asegurar que este es el peor Gobierno en ochenta años. Y que un partido que representa al ultraespañolismo fascista pretenda ilegalizar fuerzas
políticas democráticas, fuerzas que luchamos por la libertad durante la dictadura y que pagamos un alto precio por ello, retrata perfectamente la España que ustedes representan. Alto precio, sí, con miles de represaliados, exiliados y muertos. El
17 de agosto de 1936 fue fusilado el dirigente nacionalista Alexandre Bóveda. El 12 de agosto de 1975, tres meses antes de la muerte del dictador, fue asesinado con tres disparos por la espalda otro luchador por la libertad y la soberanía de Galiza
nuestro compañero Moncho Reboiras; en medio, cuarenta años de terror que ustedes añoran.


Quieren ilegalizarnos porque seguimos defendiendo la libertad de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Ustedes hablan en su proposición de ley de la soberanía nacional como un fetiche. Pues bien, nosotros defendemos la soberanía nacional,
aunque está claro que hablamos de naciones diferentes. El BNG defiende la soberanía de nuestra nación, de Galiza. Defendemos el derecho a la autodeterminación que no cabe en su Constitución, pero que está reconocido por la ONU como un derecho
democrático esencial para todos los pueblos del mundo. Y frente a su monarquía anacrónica y corrupta, impuesta por Franco y tan antidemocrática que nunca pudo ser votada por la ciudadanía, queremos poder vivir en prosperidad e igualdad en nuestra
república, en la república de Galiza. Y tenemos todo el derecho, mal que les pese, a hacerlo. Ustedes pretenden eliminar políticamente a todos los que no piensan como ustedes. Pues bien, no van a conseguir doblegar al soberanismo y al
independentismo de Galiza, de Euskal Herria, y de los Països Catalans. Sepan que al BNG no lo van a callar nunca.

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Finalizo. No lo van a callar, porque además contamos en Galiza con un apoyo popular que ustedes no tienen. Déjenme que les recuerde el resultado de las elecciones de hace dos meses: BNG, diecinueve; Vox, cero; y también cero alcaldes,
cero concejales. Está claro que al pueblo gallego no lo representan y también que quieren ganar con leyes antidemocráticas y tribunales autoritarios lo que el pueblo les niega. No lo conseguirán. ¡Viva Galiza ceibe!, ¡Gora euskal errepublica!,
¡Vivan los Països Catalans lliures!


Obrigado. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, señora presidenta.


El otro día les llamé fascistas y ni se inmutaron. Se ofendieron más porque dije: hostia, una palabra reconocida por el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Yo me preguntaba por qué. Y el engendro de esta proposición de ley me
lo confirma: son ustedes la derechita fascista.


Una pregunta, ¿por qué se andan por las ramas? ¿Por qué no presentan la proposición de ley que les pide el cuerpo? Todos ilegales, menos VOX. Aunque, bien mirado, si aprobamos su proposición de ley, resulta que a lo mejor los ilegalizados
son ustedes, porque vamos a ver: ¿Quien cobró fondos de un grupo terrorista iraní? (Un señor diputado: Podemos). VOX. ¿Quién cobró un sueldo de un grupo terrorista iraní? (Un señor diputado: Podemos). El señor Abascal y el señor Espinosa de
los Monteros. ¿Quién, como dice en su artículo 9, justifica o exculpa los atentados contra la vida que cometió el dictador Franco? VOX. (Aplausos). A lo mejor les tenemos que ilegalizar a ustedes. Si se aprobara este despropósito, se estaría
ilegalizando el pensamiento de millones de personas. Artículo 25 de la Constitución. Justo lo que hicieron los nazis. Sí, lo ha dicho usted, señor Espinosa, hay nacionalismos peligrosos: el suyo, que huele a dictadura, a naftalina y a fascismo.
PP, Ciudadanos, estos son sus socios.


Moltes gràcies. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón Galván.


El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.


Señor Espinosa de los Monteros, he echado cuentas y con esta proposición de ley ustedes quieren dejar fuera de la ley a la tercera fuerza política de Galicia y a 300 000 votantes gallegos; a más de 2 millones de catalanes y la mayoría
absoluta en el Parlament de Catalunya; a más de medio millón de vascos y a casi medio millón de valencianas y valencianos. Eliminar de un plumazo cuatro Gobiernos autonómicos, casi nada. Yo soy madrileño y soy español, pero quiero comenzar la
intervención diciéndole que, si tiene hueco, si todavía no ha cerrado la lista, me apunte a mí también en esta lista.


Habrá quien piense que ustedes esto lo hacen por franquistas; yo en realidad creo que ustedes lo hacen por tramposos, porque en realidad solo sacando del juego democrático a 3 millones y medio de personas ustedes pueden aspirar a gobernar
España. El problema es que, como nuestro país les queda grande, tienen que recortarlo y mutilarlo hasta que sea tan estrecho como ustedes mismos y entonces -ahí sí- poder campar a sus anchas. Eso que decía irónicamente Bertolt Brecht de disolver
el pueblo y nombrar uno nuevo. Es imposible que ustedes amen a España si odian a más de la mitad de sus gentes.


En el fondo, para ustedes es volver a las andadas; es reducir el demos hasta que salga lo que ustedes quieren. Antes se llamaba sufragio censitario y ahora en realidad presentan una iniciativa que yo les diría que corre el riesgo de
quedarse a medias. No se queden cortos, vayan un paso más allá no vaya a ser que resulta que no le salga el resultado dado. Reformen la ley electoral; hagan una circunscripción única que sea exclusivamente el barrio de Salamanca y a ver si así
pueden gobernar España.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


También por el Grupo Parlamentario Plural, y en último lugar, tiene la palabra el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.

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El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: He leído la proposición con gran interés, con sumo agrado y la verdad es que he pasado un buen rato, reír es sano. Y mientras leía la intervención y pensaba qué les voy a responder, me ha venido a la
cabeza desde la célebre intervención en esta Cámara del diputado Labordeta a alguno de los pasajes más conocidos del gran Pepe Rubianes.


Creo que ustedes se quedan cortos. Pretenden con su proposición ilegalizar los partidos políticos que cuestionen la indisoluble unidad de la nación española. Desacompléjense y promuevan la ilegalización de los partidos políticos que
cuestionen lo que sea, promuevan ustedes la ilegalización de los partidos políticos, zanjen el problema de raíz. Porque, si permiten ustedes tanto pluralismo, lo mismo sale un partido político que defiende la democracia o que no comparte la defensa
de las ideas de la dictadura, o un partido político que no esté por la guerra sucia. Evitemos todo eso. Actualicemos la máxima cartesiana; superemos ese ya anacrónico pienso luego existo y sustituyámoslo por un pienso luego estorbo. Por tanto,
nada mejor que prohibir cuestionar, prohibir estar en desacuerdo, prohibir pensar, prohibir leer. Prohíban ustedes la libertad de expresión, porque, si no, se arriesgan a que salga aquí un diputado con una corbata amarilla modelo llibertat presos
politics i exiliats y acabe su intervención diciendo ¡Viva Galiza ceibe!, ¡Gora Euskal Herria askatuta! y, especialmente, alto, fuerte, claro y con convicción ¡Visca Catalunya lluire!


Moltes gràcies, senyora presidenta, y muchas gracias, eskerrik asko y muito obrigado. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alonso-Cuevillas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.


El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias. Buenas tardes.


Pues estamos pasando la tarde con esto. (Risas). Empiezo con una puntualización para con el representante de Ciudadanos, el señor Díaz. Usted ha hecho una comparación un tanto extraña diciendo que, claro, es que ustedes o su
posicionamiento político o su ideología tienen veinte millones de votantes y nosotros solamente dos. Hombre, claro, es que a nosotros, por ejemplo, en Murcia nos va mal porque no nos presentamos (risas); en Andalucía tampoco ni en Extremadura; es
decir, deje de hacer trampa porque no se sostiene.


Decía Tierno Galván que el problema de este país es que los hijos de los fascistas eran más fascistas que sus padres, y estamos en eso. Hoy el régimen -hasta hace poco decíamos régimen del 78; hoy es el régimen del 36- acude aquí a
presentar una especie de iniciativa que viene a decir que todo lo que no me gusta, todo lo que no es como yo no vale. Y, de hecho, lo califica como día histórico; bastante looser, porque esto que ustedes han perpetrado aquí es una chapuza, es una
cafrada, es una catetada. De hecho, directamente coge la anterior ley -bastante reaccionaría ya de por sí-, votada por la derecha española y por la derecha catalana -que no se olvide-, y cambian la última parte de la frase para con los partidos
ilegalizados -violencia y terrorismo- y ponen contra la indisoluble unidad de la patria o de España. Ustedes, en definitiva, lo que intentan es ilegalizar a más de dos millones de personas, por lo menos en Cataluña. Pensamos que, además, se sitúan
en quinto de 'cuñadismo', viniendo a decir que en Italia, en Portugal, en Francia o en Alemania partidos como el nuestro están ilegalizados. Es de trol de Twitter, es que es falso, es mentira, es de quinto de 'cuñadismo'. Pero hoy aquí Esquerra
Republicana se quiere dirigir, en primer lugar, a la izquierda española y, en segundo lugar, a aquellos que en un momento dado les pueda sonar bien lo que ustedes dicen. En cuanto a la izquierda española, lo que hoy aquí se presenta con una especie
de proposición de ley random, de aquí a tres, cuatro, cinco, seis o siete años, si seguimos todos así -toda la izquierda-, puede ser un real decreto. Si no plantamos cara a nivel político, ideológico, parlamentario y mediático a esta gente, lo que
hoy es esta chapuza, mañana puede ser un real decreto. Si callamos, esta gente gobernará.


Hay una historia -con esto quiero acabar- de Salvador de Madariaga, que fue un político vasco que quiero contarles. Él en un libro titulado España de 1931 explicaba la anécdota de un jornalero y un cacique. Él explicaba la historia de un
cacique que en aquellas elecciones republicanas se dedicó a comprar votos por toda su región hasta que llegó a un chamizo, a una cabaña, a la casa paupérrima de un jornalero. Picó la puerta y les ofreció a aquel jornalero y a su familia, que
prácticamente se morían de hambre, dos duros, que eran una auténtica fortuna en aquel año. Cuando el jornalero vio aquello le dijo que no, que no aceptaba. Cuando el cacique -con aquella media sonrisa que solamente pueden poner aquellos que han
mandado toda la vida- le dijo aquello de: ¿qué haces?, ¿estás loco? El jornalero le respondió con una frase que ha pasado a la historia: 'No lo acepto porque en mi hambre

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mando yo'. Esto es conciencia de clase. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que generaciones con mucha menos formación y con mucha menos información que nosotros supieran identificar correcta y adecuadamente a su
enemigo, al causante de su situación, y ahora no seamos capaces. ¿Cómo es posible? Fue solo una humilde respuesta a aquellos que votan o les puede sonar bien lo que dice VOX y que cobran –repito- 500, 600, 700 u 800 euros. La indignación -y todos
podemos estar muy indignados- es finita, se acaba, pero la conciencia de clase es eterna; la conciencia de quién eres y de quién es tu adversario y el responsable de tu pobreza es eterna. Que no se pierda.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra la señora Garrido Gutiérrez.


La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidenta.


La proposición que presenta hoy el Grupo Parlamentario VOX contiene una propuesta, como ya hemos visto, de reforma de la Ley de Partidos Políticos, una reforma que está hecha -como suele hacer casi todo- en clave retrógrada y fascista.
(Protestas). Ahora voy a desarrollar esta cuestión.


Empezaré por lo obvio y acabaré refiriéndome a lo más importante. Hoy en principio hablamos de partidos políticos y es verdad que los partidos políticos, como se ha dicho, son esenciales en la construcción de cualquier sistema democrático,
así que a veces hablamos de democracia de partidos. Alexis de Tocqueville hace ya algunos años dijo que los partidos políticos eran un mal inherente a los Gobiernos libres; que con ellos y su afán de conquistar y conservar el poder, la libertad
peligra, pero sin su concurso competitivo lo cierto es que la libertad no existe. Algo de esto pervive en nuestros días. La centralidad de los partidos políticos no ha impedido que la ciudadanía haya observado con mucha inquietud cómo se ejercía
la política en los últimos años y cómo se ejercía el poder en las instituciones. Esto tuvo su cénit en el 15-M, donde se oyó con fuerza ese grito que todas recordamos: 'No nos representan. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros'.


Por lo tanto, hay mucho que avanzar en la regulación de los partidos políticos -financiación, transparencia, democracia interna-, pero no nos engañemos, hoy este no es el debate. La propuesta de VOX está muy lejos de mejorar o de reforzar
nuestro sistema democrático. Más bien es todo lo contrario, lo que pretende VOX -como siempre- es achicar la democracia, y lo hace pisoteando principios básicos democráticos: la libertad ideológica y el pluralismo político. Parece que lo que más
le atrae a VOX es pensar siempre en esa España monocolor de partido único y con un único ideario, que se puede resumir hoy -para aquellos que hemos leído la propuesta- en una frase: la indisoluble unidad de la nación española. Y es verdad, eso lo
recoge la Constitución, pero ustedes, señorías de VOX, lo repiten como un mantra, como un dogma, como si eso que recoge la Constitución estuviera grabado en piedra y fuera inamovible por los siglos de los siglos, y fuera un sacrilegio, un gran
sacrilegio, no compartirlo o querer cambiarlo. Yo creo que ustedes ya saben que el Tribunal Constitucional ha establecido que España no es una democracia militante; esto es, que cualquier ideología y cualquier proyecto político es defendible en
nuestro Estado, incluso aquellos que van en contra de la Constitución y les voy a poner un ejemplo. Yo hoy puedo subir a esta tribuna y defender que España se constituya en una república confederal, una república que elija a su jefe de Estado de
forma democrática, votando, y que establezca un nuevo marco, una nueva ordenación del Estado que refleje la plurinacionalidad del Estado español, los anhelos de sus naciones y que lo haga a partir de las soberanías -utilizo el plural- compartidas.
Y usted, señor Espinosa, me está diciendo que esto va en contra de los principios democráticos. Pero ¿dónde lo ha leído usted? ¡Es una gran barbaridad! (Aplausos). Menos dogmas, menos dogmas, menos pensamientos únicos y un poquito más de cultura,
y si puede ser democrática, mejor. Y ahora voy a lo importante.


Realmente lo que subyace hoy en el debate que todas estamos teniendo es cómo nos posicionamos, en definitiva, sobre en cómo, en qué dirección y con quiénes vamos a construir el futuro de este país. Y esto nos interpela a todas, pero sobre
todo interpela a aquellas fuerzas políticas que han hecho posible el primer Gobierno de coalición de izquierdas en mucho tiempo, porque finalmente encima de la mesa -hoy lo estamos viendo- hay básicamente dos proyectos para reformar este Estado. El
primero es el que representan las tres derechas lideradas por VOX que marca el ritmo y que está implícito en la propuesta que estamos discutiendo y que defiende una España caduca, una España en blanco y negro identitaria que persigue un proyecto de
involución y la pérdida de derechos individuales y colectivos. Un

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proyecto que hunde sus raíces en el viejo Estado liberal decimonónico español, en un Estado monárquico, centralista y capitalista, en un Estado construido por y para las élites, construido de arriba abajo y del centro hacia la periferia.
Pero también, señorías -y quiero hacer hincapié en esto-, existe aquí un proyecto de democracia radical, una España con horizonte republicano. Una república solidaria, plurinacional, feminista, heredera de la I República, de un republicanismo
popular que plantea un proyecto alternativo y que persigue una amplia y profunda reordenación del ámbito político, cultural y económico de este país; que puede ayudar -lo creo sinceramente- a cerrar viejas heridas y a sanar esas heridas que hoy se
han puesto encima de la mesa y que puede, por fin, ayudar a resolver la crisis territorial, social e institucional que sufrimos. Y a esto deberíamos dedicarle en los próximos meses un poco de tiempo; a pensarlo y a hacerlo, por un lado, con cierto
sentido de Estado -con altura de miras, como se suele decir-, pero también, por otro lado, dejando atrás viejos dogmas que en este caso han servido de parapeto a las fuerzas políticas nacionalistas independentistas. Y me refiero a esa idea de que
España es irreformable. No, señorías, no es verdad. España está en movimiento. España está en marcha. La pregunta es hacia dónde vamos a caminar. ¿Hacia un posible pacto de Colón, o hacia un nuevo y renovado pacto de San Sebastián? ¿Un
horizonte de involución o un horizonte republicano? Señorías, this is the question.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Garrido. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Crespo.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, lamento que este debate se haya convertido en un cruce de insultos y descalificaciones, porque este es un debate trascendental y debería hacerse con un poco de nivel y seriedad. Estamos hablando de las bases de nuestra democracia,
de pluralismo político, de la libertad de ideas y de las funciones y límites de los partidos políticos, que son una pieza clave de nuestra arquitectura constitucional como instrumentos de participación y fortalecimiento democrático.


Señorías, yo tuve el honor de ser ponente de la Ley de Partidos del año 2002. Una ley que gozó de un amplio consenso, muy meditada y garantista y que otorgó a los partidos el mayor espacio posible de libertad siguiendo el espíritu del
constituyente, concluyendo que en España se podía defender cualquier idea que no fuese en sí misma delictiva pero no por cualquier método, solo a través del método democrático, es decir, por vías pacíficas excluyendo todo tipo de violencia y por vía
democrática respetando el Estado de derecho y los procedimientos y mayorías para cambiar las leyes. De la ley a la ley, señorías. Por ello, establecimos en la propia norma un catálogo de conductas proscritas y unos principios de obligado
cumplimiento, cuya vulneración podía dar lugar a la ilegalización de un partido. Y ello dio lugar a la exclusión de Batasuna, pero no por sus ideas sino porque se había convertido en la prolongación de la amenaza y el terror y porque se había
convertido en el brazo político de una organización terrorista. Eso no es represión, señores de Bildu. Ustedes podrán ser legales y defender las ideas que quieran, pero todavía les falta un largo camino para ser demócratas hasta que no reconozcan
que el verdadero conflicto que se vivió en el pasado fue la existencia de una banda de asesinos (aplausos) que dejaron a su paso un reguero de sangre y de víctimas inocentes que nosotros nunca vamos a olvidar y que, además, serán un referente de
libertad para nuestra democracia.


Esa decisión de ilegalizar Batasuna y la propia Ley de Partidos fueron refrendadas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias que hoy forman parte de nuestra doctrina jurisprudencial;
una doctrina que, como todas sus señorías saben, es fuente de derecho y tiene carácter vinculante. ¿Qué nos recuerda esa doctrina del Tribunal Constitucional? Que no hay democracia sin pluralismo, que nuestra democracia es una democracia
tolerante, que las ideologías son libres -son los medios ilegales o violentos los que están prohibidos en nuestro ordenamiento- y que nuestra democracia no es una democracia militante. Ello significa que a diferencia de otras constituciones
europeas que tienen blindados parte de sus fundamentos y preceptos, la nuestra no, y por ello, se permite la reforma de cualquier parte de nuestra Constitución, incluida la reforma total, eso sí, respetando los procedimientos y las mayorías
necesarias para hacerlo. Por eso no podemos aceptar la proposición de ley que ustedes, señores de VOX, nos presentan porque, además de hacerlo de manera unilateral y sin consenso, pretenden ilegalizar con ella a todas las fuerzas independentistas
por el mero hecho de serlo,

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y eso va contra nuestra Constitución y contra la doctrina del Tribunal Constitucional. Y es que cuando se defiende la Constitución hay que defenderla entera, no solo la parte que conviene; de la misma manera que cuando se invoca la
doctrina constitucional, hay que invocarla completa, no solo la parte que nos interesa, como usted ha hecho esta tarde, señor Espinosa de los Monteros. (Aplausos).


Señores de VOX, ustedes saben muy bien, perfectamente, que su pretensión solo puede lograrse a través de una reforma de la Constitución, no a través de una modificación de la Ley de Partidos. Por eso esta proposición de ley no es el camino,
porque además terminaría convirtiendo en víctimas y fortaleciendo a quienes, tanto ustedes como nosotros, queremos debilitar y combatir políticamente.


Y es que en España, señorías, se puede ser nacionalista o independentista, de la misma manera que se puede ser autonomista, internacionalista o centralista. Ahora bien, todos esos proyectos –reitero- solo pueden defenderse por vía pacífica
respetando la ley y respetando también los derechos de todos los demás. Eso significa que lo que queramos que sea España lo decidiremos juntos y todos los españoles, no solo una parte. Se puede decir más alto pero no más claro. (Aplausos). Esas
son las reglas y ese es el espíritu integrador que nos legaron los constituyentes. Ese es el espacio fruto de la concordia de la Transición que, en palabras de mi compañero, Adolfo Suárez, no consiste en que todos pensemos igual, sino el lugar en
que podamos convivir los que pensemos diferente. (Aplausos).


Me dirán desde algunas filas que el problema es que en los últimos tiempos algunos partidos se han convertido en opciones abiertamente secesionistas. Me dirán que desde algunas instituciones se han incumplido las obligaciones
constitucionales y que se han cometido actos ilegales. Es cierto, de la misma forma que nuestra democracia ha demostrado que tiene instrumentos para defenderse y ha reaccionado aplicando, por ejemplo, el artículo 155 y la vía penal contra quienes
cometieron hechos delictivos. Sin duda, habrá que seguir fortaleciendo y desarrollando esos instrumentos en defensa de nuestra democracia. Ese es el objetivo que inspira la iniciativa del Grupo Popular que ha anunciado mi portavoz de suspender o
limitar la financiación de partidos que mantengan en sus filas o en órganos de dirección a condenados por delitos contra la Constitución, contra el orden público o contra el Estado, que se suma a otras iniciativas de mi grupo como la prohibición de
indultos a condenados por delitos de rebelión o sedición, o la prohibición de presentarse a las elecciones a los prófugos de la justicia.


Y es que, señorías, en un Estado de derecho nadie puede imponer por la fuerza sus ideas a los demás por encima de la ley, tampoco por encima de la Ley de Partidos, que sigue vigente. Por eso, si cualquier fuerza política, independentista o
lo que fuere, quisiera asumir como método permanente la vulneración de los principios democráticos y del Estado de derecho, la exclusión o persecución del adversario o la justificación de la violencia, cualquiera que sea, o la coacción para
conseguir sus objetivos políticos, no haría falta reformar ni la Constitución ni la Ley de Partidos, bastaría con aplicar la vigente, porque ese método es incompatible con nuestra democracia. Esa sería su responsabilidad, señores del Gobierno,
porque esa vigilancia y esa aplicación les corresponden a ustedes por ley, al Gobierno y al ministerio fiscal. En esa línea, espero que tomen buena nota de los informes de la Guardia Civil sobre los CDR que acabamos de conocer, para saber quién
está detrás y quién financia a esos grupos, a quienes la Guardia Civil acusa de actos de terrorismo. Pero me temo que ustedes, señores socialistas, están a otra cosa. Me temo que ustedes están en reformar el delito de sedición para favorecer a los
presos y en impulsar una nueva mesa de negociación con Esquerra. Por cierto, ya nos explicarán qué significa lo que ha dicho la portavoz de Bildu esta tarde de que están condicionando al Gobierno.


Termino. No sé qué pretenden negociar en esa mesa con Esquerra y con Bildu, pero les advertimos que no vamos a aceptar ningún atajo. No sé si ustedes son capaces de traicionar sus principios a cambio de un plato de lentejas para continuar
en la Moncloa, pero nosotros no. Nosotros, desde el Partido Popular, vamos a seguir defendiendo los principios que siempre hemos defendido: la unidad de España, la soberanía nacional, el cumplimiento de la ley, la igualdad de derechos y la
solidaridad entre españoles. Esa es la España de la libertad y la concordia en la que creemos, esa es la España constitucional que siempre vamos a defender. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.

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El señor ZARAGOZA ALONSO: Gracias, señora presidenta.


Señor Espinosa de los Monteros, veo que el día histórico ha durado lo que duraba su arenga, a la que ha empezado el debate democrático, sus conmilitones le han abandonado y le han dejado ahí solito; debe ser que creen más en una democracia
sorda. En la España constitucional por supuesto que no se está fuera de la ley por lo que se piensa; están fuera de la ley quienes cometen delitos, no quienes piensan lo que sea. ¿Ahora resulta que el pensamiento delinque? Eso era con su añorado
Franco, señores de VOX.


Señorías, son una perfecta máquina de rabia perpetua. Por eso gustan tanto a los fanáticos, porque se necesitan. Fanáticos que, como ustedes, no les importa si lo que dicen es falso; fanáticos con mentalidad autoritaria que no creen en la
justicia sino en la venganza, que creen en el ojo por ojo, en la ley de la selva. Ustedes, señores de VOX, ven un mundo muy malo donde la gente es vaga e idiota y las minorías son unos delincuentes. Ustedes se preguntan qué asustaría a mis abuelos
y que cabrearía mucho a mis padres y ya tienen su mentira, una mentira envuelta en el miedo. Eso son ustedes, una gran mentira en dar mucho miedo, y así consiguen sus votos. Necesitan crear un villano, ya sea un periodista o una feminista, un
actor, un inmigrante o un presidente de izquierdas. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace ochenta años, esto es VOX.


Señores de VOX, hoy nos presentan una proposición de ley llena del odio al que nos han acostumbrado desde que llegaron a esta Cámara. Se lo diré muy claramente: por más que chillen, por más que gesticulen, sus insultos solo han servido
para asustar al PP. Han fracasado en convencer a los votantes que siguen apoyando al PP, pero han triunfado en atemorizar a los actuales dirigentes del PP, que tienen miedo a que los fanáticos que votan ahora a VOX, y les votaban antes a ellos,
sigan prefiriendo el odio de VOX a las mentiras del PP, la rabia de VOX a las bajadas de impuestos del PP, los insultos de VOX a los bloqueos del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial del Partido Popular. Sin embargo, a
nosotros no nos van a asustar, no somos corderos degollados.


Señorías, tienen un problema importante con la pluralidad política y con la libertad de expresión. No solo traen una propuesta anticonstitucional, sino que la primera víctima de esta ley sería su partido. Pero si han sido capaces de crear
un pseudosindicato y colocar a un empresario que dice que hay que defender a los ricos por naturaleza, también son capaces de presentar un texto que podría ser utilizado en contra de aquellos que recuerdan, simpatizan, elevan o reivindican un pasado
muy negro en nuestra historia. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace ochenta años, pero no se preocupen, las leyes en España protegen la convivencia. Y por ello este Gobierno sacó al dictador del mausoleo y por eso este
Gobierno va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. (Aplausos). Señorías, este Gobierno, comprometido con la convivencia, el progreso, el diálogo y el entendimiento no tiene miedo a la libertad de expresión, como tampoco lo tiene al libre
ejercicio de la actividad política.


Señorías, no soy independentista, es evidente. Los independentistas saben que intento demostrar a mis conciudadanos que el proyecto independentista ni es útil ni es bueno, ni es factible ni deseable y que sus dirigentes han usado un
sentimiento personal para su beneficio político. El Gobierno del PP acrecentó en ocho años ese sentimiento y lo multiplicó por tres. El PP fue una máquina generadora de independentistas, como ustedes, señorías de VOX, son una máquina generadora de
odio. Ni mucho menos nos cabe penalizar ese sentimiento ni la acción política de sus representantes, elegidos democráticamente, siempre que se haga por cauces democráticos y dentro de la Constitución. Por eso soy un defensor de la Constitución,
porque nos ampara y protege a todos: a ustedes, señores de VOX, a los independentistas y a mí.


Ustedes son enemigos de la Constitución. La Constitución se creó para unir y ustedes la quieren usar para dividir. La Constitución se creó para progresar y ustedes la quieren usar para retroceder. La Constitución sirvió para mirar al
futuro y ustedes solo añoran el pasado, donde no había Constitución y mandaba el dictador Franco. Señorías, el señor Abascal afirmó en esa Cámara que prefiere el Gobierno franquista de 1940, hace ochenta años, surgido de un golpe de Estado, una
guerra y la represión atroz y feroz contra la población civil que el actual, surgido democráticamente de las urnas. Fíjense en el grado de pluralidad política de nuestra democracia y la libertad de expresión que impera que permite a VOX hacer
apología del franquismo en esta Cámara.


Señor Abascal, ¿recordamos a algunos integrantes de un Gobierno, el de 1940, que según usted es mejor al actual? Francisco Franco, dictador, golpista y genocida; Ramón Serrano Suñer, filonazi, promotor de la División Azul y admirador de
Hitler; Agustín Muñoz Grandes, golpista y condecorado por Hitler, y general Yagüe, autor de la masacre de Badajoz. Por cierto, ese Gobierno, y los que le sucedieron

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hasta 1975, son culpables de asesinar a miles y miles de españoles y españolas, de llenar las cárceles y los campos de concentración de personas cuyo único delito fue oponerse a aquel régimen de terror del que hoy ustedes sienten nostalgia.
Y como dice Agustín López -un toledano de cien años superviviente del campo de concentración de Franco en Sigüenza, Guadalajara-: No les guardo rencor, pero esto nunca se olvida. En la España de Franco estaban fuera de la ley los que pensaban y
estaban en el poder los que cometían delitos. Ustedes usan nuestra democracia para atacarla políticamente desde dentro, se presentan como el último bastión contra el apocalipsis anticristiano y el feminismo controlado por Pedro Sánchez, pero lo
único que son es el eco de la España franquista. Señorías, hablar no nos hace más débiles y escuchar aún menos.


Señorías, vamos a votar negativamente su proposición porque ni es pertinente ni es útil, ni responde a los deseos de la mayoría de la ciudadanía que quiere encauzar los debates en la reglas de la democracia y la prioridad política. Solo
así, desde el respeto por las posiciones democráticamente expresadas, se podrá también apartar a aquellos que puedan tener la tentación de expresarlas por vías fuera de la legalidad.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Zaragoza. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA A LA ELABORACIÓN URGENTE DE UN PLAN NACIONAL PARA LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000333).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración urgente de un plan nacional
para la industria en España. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Rueda Perelló. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).


La señora RUEDA PERELLÓ: Gracias, señora presidente.


El actual contexto demanda un nuevo plan urgente para la industria en España. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). El señor Zaragoza después vendrá a decir que esto tiene que ver con Franco, así que le
pido un poquito de atención porque este tema es importante para España. (Aplausos).


En las últimas décadas el sector industrial español ha sufrido una significativa pérdida de peso en el conjunto de la actividad económica. Las escasas políticas certeras de quienes gobernaron antes y la irresponsable gestión del actual
Gobierno llevan al cierre de la fábrica de Nissan, afectando a más de 2500 trabajadores directos y 20 000 indirectos y a la solicitud de liquidación por parte de Sniace, debido entre otros motivos a recortes del Gobierno a las plantas de
cogeneración. Ahí está el cierre de Alcoa, de la que dependen más de quinientos operarios y unas trescientas empresas auxiliares. Las importaciones de bienes cayeron un 39 % y las exportaciones un 34 %, con aranceles de Estados Unidos a los
productos españoles. En la industria de automoción se prevé una caída a final de año de un 38 %, siendo España el segundo país de Europa con menos matriculaciones. Y a toda esta catástrofe se suman los despidos de Airbus, Navantia y los que
sufrirán los trabajadores en Andalucía de Alestis, que el próximo día 23 han sido convocados a una huelga general indefinida. Ya ven, cierres de empresas o despidos en Asturias, Galicia, Cataluña y Andalucía; urge un plan nacional para la
industria viable y sólido.


La industria es un sector esencial. Su impacto positivo sobre la balanza comercial, su aportación al progreso tecnológico, su capacidad para atraer inversión y generar empleo de calidad y estable, su efecto tractor, su presencia en zona
rurales duramente golpeadas con el cierre de las minas de carbón y de centrales térmicas son razones que explican su relevancia. Sin embargo, tenemos una industria herida por la acción o inacción de los partidos que gobernaron antes -Rajoy y
Zapatero- y ahora con Sánchez y sus socios, que con su agenda ideológica maquillada de verde destruyen nuestra industria española, mandando directamente al desempleo a trabajadores dignos y cualificados para hacernos dependientes de los países más
contaminantes del planeta. ¡Cuánta incongruencia! España mantiene una posición intermedia, por debajo de la Unión Europea, y está lejos de alcanzar el objetivo del 20 % que marcó Bruselas. Es necesario impulsar el crecimiento y la agrupación de
las empresas españolas y una política

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exterior como instrumento clave para la defensa y promoción de nuestra industria. Es prioritario fomentar el consumo de productos fabricados en España, lo que favorecerá la reactivación de la actividad industrial, así como informar de los
beneficios de consumir productos españoles como garantía de seguridad, calidad e innovación fundada en el talento. Si algo nos ha enseñado el terrible virus de Wuhan es que se debe diversificar la industria, autoabastecernos y depender de menos
mercados o de otros mercados como el chino, que es desleal con el español. Los elevados precios de la energía en España ponen en peligro nuestra industria. Está pendiente el estatuto electrointensivo, que, según el sector, no resuelve sus
dificultades.


El Grupo Parlamentario VOX ha presentado esta iniciativa que resumo en doce propuestas. Se las resumo porque quizás ni se las han leído o quizás simplemente dirán que hablamos del pasado, que mentimos o incluso, como siempre hacen, nos
insultan. Pues bien, estas propuestas son: establecer medidas para la consolidación de las pymes, apostar por la formación íntimamente ligada a la reindustrialización y al futuro laboral de nuestros jóvenes, que no tengan que emigrar porque no
tienen oportunidades, fomentar proyectos de I+D+i, adoptar medidas de apoyo a las empresas españolas en su actividad exportadora dentro y fuera de la Unión Europea, defender los intereses industriales españoles en el ámbito internacional, reforzando
las medidas de control de productos industriales de terceros países y asegurando el cumplimiento de la normativa nacional y europea, promover el consumo de productos fabricados en España, garantizar la competitividad del suministro energético,
simplificar, homogenizar y dotar de seguridad al marco regulatorio porque garantizará la inversión, eliminar trabas burocráticas y la desigualdad entre autonomías, reducir la carga fiscal y la digitalización como factor de competitividad.


Ahora, Podemos y Esquerra van a hablar de nuevo de Franco -¡qué obsesión!-; dejen de destruir y construyan. Señorías, saben perfectamente que todos los puestos son necesarios para nuestra industria. Actúen frente a la deslocalización,
frente a las empresas que trasladan sus centros a países con menos costes de mano de obra, menos seguridad en el trabajo, costes energéticos inferiores y legislaciones menos protectoras con el medio ambiente. Hagan algo frente a cierres y despidos
masivos, frente al desempleo y la miseria. Y aunque justifiquen su abstención o su voto en contra, saben perfectamente que realmente están dañando la industria porque el modelo actual no funciona. Ya se lo hemos dicho desde la tribuna: una planta
muerta, por mucho que se riegue, no resurgirá, y están matando a la industria. Partido Socialista, Podemos, piensen cómo justificar su no a los que mandan a las colas del paro, su no al progreso de España y su sí a negociar con Bildu. Hoy aquí
hemos escuchado a su representante decir: Hoy estamos condicionando al Gobierno de España. Están condicionados por los que aún no han pedido perdón por el asesinato de muchos inocentes, están condicionados por filoetarras y por separatistas, así
que actúen en conciencia.


Y frente a esto, VOX. El presente, el futuro de millones de españoles depende de que seamos capaces de hacer de España un país atractivo para la inversión, fecundo para la industria, favorable al emprendimiento y al empleo, y en esto
siempre trabajará VOX.


Finalizo con un mensaje para los trabajadores autónomos y empresarios de la industria, de la automoción, manufacturera, agroalimentaria, turística, textil, de defensa, metalúrgica, construcción; a todos ellos y a sus familias: solidaridad
y nuestro apoyo y respeto. Un mensaje de esperanza para los españoles que sufren y padecen paro e incertidumbre: ya queda un día menos para este Gobierno irresponsable. ¡Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie! Fuerza y honor.


Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la defensa de las enmiendas formuladas, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidente.


Señorías, pues sí, volvemos otra vez a hablar de industria, y van dos semanas seguidas. Esto está muy bien, yo creo que la industria lo va a agradecer porque ha sido la gran desconocida desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en los
debates en este hemiciclo, con lo cual nos alegramos de que llevemos dos semanas seguidas hablando de este sector tan importante para nuestra economía, para la recuperación de nuestra economía, pero este sector está en la UCI, señorías. Está en la
UCI porque los últimos Gobiernos la han abandonado -ya hemos hablado de esto aquí y no pienso repetirme porque lo

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dije la semana pasada exactamente igual- y porque este Gobierno, el actual, en vez de apostar por herramientas, en vez de apostar por desarrollos que realmente quieren favorecer la industria, nos sigue hablando de nacionalizaciones, de
intervencionismo, y huyen del apoyo al empresario y del valor que tiene el mercado. Si no dejan ustedes ese discurso, nunca conseguiremos desarrollar de nuevo la industria, con lo cual pasará de estar en paliativos y en la UCI a estar francamente
muerta. Lo vimos la semana pasada con la moción de los señores del BNG, en la que nos volvieron a hablar de soluciones locales y regionales.


La semana pasada en este hemiciclo muchos partidos defendimos la necesidad de un pacto nacional por la industria, del que se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo en forma de pacto, en forma de acuerdo, en forma de plan. El
secretario general de Industria compareció la semana pasada y volvimos a recordárselo. En nuestra opinión, fue de nuevo una comparecencia autocomplaciente del Gobierno sobre la situación real de nuestra industria. Y no solo se lo decimos algunos
partidos políticos, se lo está diciendo todo el sector industrial. Señores del Gobierno, reaccionen porque van tarde, nuestra industria no puede perder más tiempo.


Señora Rueda, nos presenta usted esta proposición no de ley que mi grupo ha enmendado porque creemos que le faltan algunas cosas. No nos habla usted de los planes de estímulo o planes de choque, que son necesarios en estos momentos, por
ejemplo, para el sector de la automoción, un sector clave en estos momentos en España; no ha hablado usted de la intermodalidad del transporte; no nos ha contado nada sobre el corredor mediterráneo o el corredor atlántico, sobre la revisión de la
fiscalidad territorial para evitar las dobles imposiciones, que son temas que están en nuestra enmienda. Creo que vamos a hacer una transaccional, con lo cual le agradecemos la deferencia de estudiarla, de valorarla y, desde luego, llegar a un
acuerdo para hacer esta transacción.


No podemos estar muy de acuerdo con eso del producto made in Spain, se lo he intentado explicar antes; primero, porque no podemos entender que se quiera una nueva regulación con una nueva marca que obligaría a tener una certificación de esa
marca, que llevaría a volver a intervenir dentro de los procesos de producción industrial porque al final habría algún organismo que tendría que defender esa marca, con lo cual es volver a crear más burocracia y crear inseguridad jurídica para
muchos fabricantes, pero sobre todo porque al final supone un poco de desconocimiento del sector industrial español y europeo. En primer lugar, porque hay una norma de competencia en nuestra Unión Europea que imposibilita el desarrollo de esa
marca. Y segundo, porque nuestras empresas no hacen productos españoles cien por cien, nuestras empresas importan, exportan y fabrican componentes. Le voy a dar solo algunos ejemplos. La automoción, exportó -datos del año 2019- por valor de 48
000 millones de euros e importó por valor de 40 000 euros; vehículos, se exportaron por valor de 36 000 millones de euros y se importaron por valor de 22 000; las empresas de la industria de la alimentación exportaron por valor de 48 500 millones
de euros e importaron por valor de 35 500 para poder hacer nuestros productos; bienes de equipo, 52 500 millones exportados y 63 000 millones importados; o los químicos, donde se exportó por valor de 43 000 millones y se importó por valor de 51
000 millones. No existe una producción cien por cien española, es la economía del mercado. Las empresas españolas compiten dentro del mercado procurando, a través de la innovación, que sus productos sean lo más beneficiosos posible, obtener la
mayor rentabilidad y con la mayor calidad para el consumidor final.


En todo caso, creemos que es positiva su proposición no de ley y, como le he dicho, esperamos llegar a un acuerdo. Pero también les quiero decir una cosa, señora Rueda y señores de VOX; nosotros venimos desde hace muchos años reclamando un
plan nacional por la industria, hemos trabajado con el Gobierno del Partido Popular y con el Gobierno del Partido Socialista para intentar conseguir uno -no solo nosotros, más grupos, por supuesto-, con lo cual nos parece estupendo que se unan
ustedes en este momento, pero esperamos que cumplan. Cuando sea posible ese pacto, si la ministra decide desarrollar ese pacto, ¿van ustedes a sentarse de verdad? ¿O van a hacer como en la Comisión para la Reconstrucción? Señora Rueda, le quiero
recordar una cosa: en la Comisión para la Reconstrucción se ha hablado mucho de industria, han comparecido muchas empresas, ha comparecido el Gobierno y ha sido el momento de preguntar y decirles cosas, pero ustedes se han ausentado. Ese es el
momento. Las instituciones están para eso, señora Rueda, señores de VOX, para eso están las instituciones. No se puede hurtar el debate en las instituciones para agitar la calle o agitar a las personas...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Gutiérrez, debe terminar, por favor.

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El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Finalizo, señor presidente.


Los intereses de España, señora Rueda, se defienden aquí. Por tanto, aquí y en las instituciones es donde hay que trabajar. Abandonen ustedes de verdad el populismo que les obliga a estar manifestándose continuamente y a decir las cosas en
las calles, y trabajen un poquito más con el resto de los grupos que sí queremos de verdad desarrollar un plan nacional por la industria en este país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.- Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Herrero Bono.


El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario VOX trae a esta Cámara una proposición no de ley relativa a impulsar la industria en nuestro país, una proposición no de ley que en su exposición de motivos muestra con datos concretos, a
diferencia de lo que se ha dicho aquí en la tribuna, cómo aumentaba la implantación de la industria en España de forma exponencial durante los años 2013 a 2018, justamente en los años del Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Por ello, señora
Rueda, le quería agradecer que pusiera en valor los datos concretos contenidos en su exposición de motivos, pero me doy cuenta de que su partido actúa también como los partidos populistas, que cuando escriben en la exposición de motivos dicen una
cosa y después otra totalmente distinta. Por eso, le decía que en esa exposición de motivos ponían en valor, por ejemplo, el aumento exponencial de la exportación de productos industriales. Hablaba en el año 2016 de un incremento del 4,8 %, en el
año 2017 de un aumento del 7,7 %, hasta el año 2018, el año de la moción de censura, en el que se redujo lamentablemente a ese 3,3 %. Son justo los años de un Gobierno de España del Partido Popular que muestran bien a las claras que nuestras
políticas económicas son las acertadas y adecuadas para la creación de esas más de 2500 nuevas empresas y los tres millones y medio de nuevos empleos generados durante todo ese tiempo. Señorías, los españoles ya saben que los Gobiernos del Partido
Popular son sinónimo de creación de empresas, sinónimo de creación de empleo y sinónimo de generación de nuevas oportunidades. (Aplausos).


Señorías del Grupo Parlamentario VOX, esta proposición no de ley no es más que un copia y pega de aquel pacto de Estado por la industria que impulsó y diseñó el Gobierno del Partido Popular, un pacto por la industria que tenía el consenso de
los sectores económicos y agentes sociales, y que solo la sinrazón del Partido Socialista en la moción de censura llevó al traste. Han pasado ya dos años en los que la situación de nuestro país ha cambiado, más si cabe, por el efecto de la pandemia
y el COVID-19. Lo que valía para entonces, ahora se ha quedado corto y deficitario, por lo que es necesaria la implantación de nuevas medidas que ayuden a impulsar la industria de nuestro país; medidas sobre los cinco pilares programáticos del
plan 5x5, que ha anunciado esta mañana nuestro presidente, Pablo Casado, en la Confederación Empresarial de Madrid: fiscalidad, flexibilidad laboral, formación, simplificación administrativa y competitividad. Unas medidas que planteamos como
enmiendas a su proposición no de ley con la finalidad de ayudar y fortalecer nuestra industria en respuesta a las demandas actuales, como, por ejemplo, la creación de esa agencia nacional independiente de la recuperación para recibir las ayudas de
la Unión Europea y evitar el clientelismo que, de forma reiterada, ha practicado este Gobierno; fomentar el desarrollo sostenible y la paulatina descarbonización de la economía, porque los del Partido Popular, a diferencia de VOX, no negamos esta
evidencia. Nosotros sí creemos en el cambio climático. (Aplausos). Por ello, señorías, nos sorprende todavía más cuando ustedes hablan en su exposición de motivos, entre otras cosas, de la eficiencia energética. Los del Partido Popular vamos a
seguir trabajando por una transición justa, una transición inteligente para que ninguna industria de nuestro país se quede atrás; una transición que permita a nuestra industria adaptarse de forma competitiva y garantizando unos costes energéticos
estables, mediante la implantación de las infraestructuras verdes y poniendo en marcha ese estatuto electrointensivo, por cierto, un estatuto de consumidores electrointensivos cuya aprobación demora el Gobierno de Sánchez para mayor desconcierto e
inestabilidad de nuestra industria básica. Ahora se descuelgan y dicen que lo van a aprobar el próximo mes de octubre. Ya veremos si no es otra mentira más de este nefasto Gobierno.


Para acabar, señor presidente, si hay algo que los empresarios o los nuevos grupos inversores echan en falta en este país es la confianza en este Gobierno. Por ello, señorías, ahora más que nunca son necesarios unos presupuestos generales
que sean creíbles y sostenibles; una confianza que se podría empezar a recuperar si, por ejemplo, el Gobierno de Sánchez redujera su amplio número de carteras

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ministeriales, su amplio número de amiguitos de confianza o/y simplificara las estructuras administrativas. O por ejemplo, ya que hablamos de recuperar la confianza para nuestro país, cerraríamos el círculo completo si apoyáramos en esta
Cámara -tal y como ha anunciado nuestro presidente, Pablo Casado- la comisión de investigación sobre la negligencia e incompetencia de este Ejecutivo en la gestión de la pandemia.


Por ello, señora Rueda, le pedimos que por favor incluya estas enmiendas en su proposición no de ley para fomentar y ayudar a la industria de nuestro país. Y no lo haga por nosotros, no lo haga por los del Partido Popular...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Herrero, debe terminar, por favor.


El señor HERRERO BONO: ... hágalo por el bien de España y por la industria de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Como apuntaba acertadamente el señor Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, ya es habitual que en los Plenos del Congreso se debatan iniciativas de orientación política en torno a la industria, asunto capital que, sin embargo, ha sido relegado
por el Gobierno, como se demostró con la exclusión de la ministra de Industria, Reyes Maroto, de la Comisión para la Reconstrucción. Nada menos que un ministerio sobre el que gira más del 40 % del PIB y del empleo nacional continúa sin ejercer su
capacidad de impulso, que en el caso de la industria está penalizada desde hace más de dos años por la hoy vicepresidenta, Teresa Ribera, con sus traumáticas y dramáticas medidas de transición ecológica; traumáticas por lo que suponen de
reconversión radical para algunos sectores industriales, y dramáticas por los efectos sobre miles de trabajadores que ya han perdido su empleo y para sus familias.


La proposición presentada por VOX y defendida por la señora Rueda es amplia e insiste en cuestiones que ya se vienen planteando en esta Cámara, pero que no acaban de encontrar eco en el Gobierno, y a las que voy a dar mi respaldo
interpretando que lo que la iniciativa denomina plan nacional refuerza la necesidad del pacto de Estado que desde hace años se viene reclamando, singularmente con la declaración que a finales de 2016 fue ampliamente suscrita por agentes sociales,
organizaciones empresariales y sectoriales, que se truncó con la moción de censura cuando avanzaba su puesta en marcha, que entonces -y lo recordaba el señor Herrero- contaba con un decidido respaldo político.


Concluyo, señor presidente, señalando que es de extrema urgencia un pacto que coloque al fin a nuestra industria entre las grandes prioridades y que, al mismo tiempo, España pueda incorporarse a la ambiciosa agenda de la nueva Comisión
Europea, que nos explicó aquí en las Cortes Generales a finales de febrero el comisario Thierry Breton.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Sayas López.


El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, señor vicepresidente.


Buenas tardes, señorías. Yo creo que es obvio que hay que repensar las directrices de la nueva política industrial que, por cierto, se aprobó en febrero del año 2019. Evidentemente, lo que ha ocurrido en nuestro país nos obliga a hacer una
reflexión estratégica de nuevo. Una reflexión estratégica, por un lado, a nivel nacional y, por otro lado, también a nivel autonómico porque las comunidades autónomas tienen también diferencias en materia industrial. Y pongo, por ejemplo, el caso
de Navarra. Navarra es una comunidad cuyo 30 % del PIB es producto interior bruto industrial; el 23 % del empleo es en el sector industrial; representamos el 1,75 del producto interior bruto nacional industrial cuando solo representamos el 1,4 de
la población española; somos una comunidad que tiene una amplia trayectoria emprendedora; con una amplia trayectoria industrial; un sector industrial que muchas veces ha sido un amortiguador de las crisis económicas porque ha destruido menos PIB
y también ha destruido menos empleo. Creo que

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todo eso nos hace una comunidad ideal para actuar como banco de pruebas de la industria nacional. Y eso es lo que le ofrecemos al Gobierno, que elija Navarra como comunidad para hacer innovaciones industriales porque, al final, lo que
necesita la industria es un ecosistema innovador próximo y nosotros, con tres universidades, podemos ofrecer ese conocimiento.


Como les decía, esa estrategia que, por un lado, tiene que ser autonómica y, por otro, también tiene que ser nacional, tiene que pasar por la transformación digital, por la transformación ecológica, pero, sobre todo, tiene que pasar por una
cosa que es la retención del talento. De este país no se nos puede escapar más talento.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Intervendré de manera muy breve. Es una evidencia que no ha habido una política industrial que haga frente, sobre todo, a los retos estructurales de la industria a medio y largo plazo. Hasta ahora y a raíz de la pandemia sí que ha habido
medidas a corto plazo, y esperemos que esto cambie porque lo que nos ha demostrado la pandemia es la necesidad de una industria robusta y que sea capaz de adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, y sin entrar en mayores matizaciones, nuestro
grupo va a votar en contra porque creemos que el Gobierno ya tiene la encomienda de elaborar un plan, que fue solicitado, además, por distintos grupos parlamentarios, creo recordar que por el Grupo Popular y posteriormente Ciudadanos. Y mi grupo, a
través de una moción, instó a presentar una estrategia de competitividad y un plan coordinado con las comunidades autónomas para los sectores clave de la economía. Por tanto, su propuesta nos parece un tanto extemporánea en este sentido, ya que la
encomienda ya estaba realizada.


Además, la PNL que presentan no contempla, a nuestro juicio, la realidad autonómica y en algunos de sus objetivos supone una injerencia en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Creemos que le falta temporalidad y que es
un totum revolutum de distintos objetivos. Por citar alguno, no estamos de acuerdo con la uniformidad en la regulación. Lo que está claro es que ya hay un diagnóstico de la situación, hay unos objetivos comunes, pero cada comunidad autónoma parte
de una realidad y una coyuntura industrial con características territoriales, económicas y políticas propias, que hacen que se necesite una estrategia propia en sectores clave. La clave es una política industrial; la clave de la política
industrial está en el tejido productivo de las empresas y, por lo tanto, de cada realidad territorial. Ahora mismo no se necesitan planes -pues ya sabemos que hay esa encomienda y existe una estrategia-, sino una verdadera implicación del sector
público junto con el sector privado para incrementar la competitividad, con fuerte apoyo de las instituciones y, sobre todo, de las universidades.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora Sagastizabal. Gracias por intervenir desde el escaño.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.


La semana pasada defendía en nombre del BNG una moción con medidas tendentes a salvar la grave crisis industrial que padece Galicia en diversos sectores, y el encabezamiento de esa propuesta era la necesidad de impulsar un plan de
reindustrialización de Galiza que tomara en consideración las especiales características de su tejido productivo y de sus recursos, puesto que un plan industrial único para todo el Estado español que no parta de la realidad de cada país, incluso
aunque incorporase medidas positivas, a nuestro juicio, no daría solución a los problemas reales de nuestra industria y de nuestra economía. Precisamente por esa razón enfatizaba que Galiza necesita plena capacidad para decidir sobre sus asuntos.
Necesita soberanía para poder acabar con el expolio de sus recursos y para impulsar un desarrollo autocentrado sobre la base de las enormes potencialidades que posee; un desarrollo que esté adaptado a los retos de la transición ecológica
garantizando justicia social y bienestar. Pero no solo necesitamos un plan; también necesitamos medidas valientes y urgentes como la nacionalización de empresas de sectores estratégicos, como es el caso de Alu Ibérica en A Coruña o de Alcoa en San
Cibrao

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-esta última en caso de que no fructifique otra alternativa-; una solución que presentamos la semana pasada y que los ahora proponentes rechazaron.


Ustedes dirán que son soluciones periclitadas. Pregúntenles, si quieren, a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa y a la población de A Mariña a ver qué opinan de su posición.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Rego. Igualmente, gracias por intervenir desde el escaño.


Señor Boadella Esteve, tiene la palabra.


El señor BOADELLA ESTEVE: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes.


En relación con la proposición no de ley que nos presentan, es curioso que ustedes planteen un plan nacional para la industria, porque no sé si han visto que en esa Constitución a la que tanto apelaban anteriormente, su título VIII, relativo
a la organización territorial del Estado, es el que, precisamente, habilita a muchas comunidades autónomas a que tengan competencias en industria. En cambio, las comunidades autónomas ni aparecen en esta propuesta. Es una propuesta que no deja de
ser generalista: medidas de fomento para considerar las pymes, internacionalización, I+D+i... Ustedes nos decían: es que seguro que no se la han leído. No, no, la hemos mirado y hay dos puntos que sí querría comentarles a fondo. Uno es el
relativo a la energía, el de garantizar la competitividad del suministro. Una demanda del sector, las redes cerradas, generan más competitividad. Es un tema que viene de atrás en España, desde hace más de diez años, y que, por ejemplo,
beneficiaría a polígonos como la petroquímica de Tarragona. Pero esto todavía está pendiente en el marco del Gobierno español. Le hablo de la petroquímica de Tarragona y de todo el sector del corredor mediterráneo para atender la cuestión de las
infraestructuras. En la parte en la que hablan de infraestructuras comentan: medidas de homogeneización y reducción del coste logístico. Cuando ustedes pretenden homogeneizar todos los costes industriales, lo que hacen es perjudicar a aquellas
zonas que realmente son la locomotora. Cuando ustedes hablan de homogenizar, hacen aquello -viniendo de ustedes es sorprendente- que decían que debían hacer los socialistas y los comunistas, que es igualar por debajo, poner a todo el mundo al mismo
nivel pero siempre por debajo, sin dejar que nadie prospere. Lo que hay que hacer no es homogenizar; lo que hay que hacer es apostar por las infraestructuras, como el corredor mediterráneo. Porque el corredor mediterráneo es el 45 % del PIB del
Estado, el 50,6 % de las exportaciones, el 49,4 % de las importaciones, más del 50 % de los turistas internacionales y más del 60 % del movimiento de mercaderías. Apostar por el corredor mediterráneo y afrontar estas infraestructuras es lo
prioritario, y no homogenizar por abajo.


Por lo tanto, no nos digan que no nos leemos sus propuestas, lo que no pueden pedirnos es que las compartamos, porque hay que apostar por el corredor mediterráneo y por aquellas zonas que son locomotora.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Boadella. Gracias por intervenir desde el escaño.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve. (El señor Baldoví Roda pide la palabra).


Está aquí tachado. Un momento. (Pausa). La comunicación era que no intervenía usted. Se habían reajustado los tiempos en base a su no intervención, pero le daré la palabra por dos minutos, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchísimas gracias, señor presidente, por su amabilidad.


Estamos ante una proposición que, en lugar de hablar de patrias y de esas cosas de las que les gusta hablar a VOX, habla de cosas útiles, de la industria. Puedo hasta admitir que muchas de las propuestas que ustedes hacen las podemos
compartir y, además, las podría compartir prácticamente toda la Cámara. No obstante, echo en falta en su proposición una referencia a la transición verde de nuestra industria, que creo que puede generar nichos de trabajo muy importantes. Como
valenciano, le diré cuatro cosas. La energía aquí, en el Estado, es muy cara; lastra nuestra industria. Hay que impulsar las energías renovables y, en ese sentido, le pedimos al Gobierno que en la cogeneración de las industrias, principalmente de
Castellón, se haga algo. Luego, hay que dejar la mentalidad centralista, hay que acabar infraestructuras, como el corredor mediterráneo, para que nuestras industrias -y digo nuestras-, de todo el Estado,

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puedan competir en igualdad de condiciones con las industrias europeas, para que el azulejo de Castellón pueda llegar al centro de Europa, para que nuestras naranjas pueden llegar al centro de Europa y poder competir en condiciones. Hay que
hacer también una apuesta por el transporte público de cercanías y una ley del transporte que permita que los trabajadores tengan acceso a su puesto de trabajo en condiciones favorables.


Acabo con una cosa: la industria es una competencia autonómica. Para dar impulso a la industria hay que procurar una financiación justa a las comunidades autónomas. Termino aquí y me guardo lo que iba a decir.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Baldoví.


Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda, buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.


Dentro de la ambigüedad, de la falta de claridad y de contenido que caracteriza la iniciativa que hoy discutimos, resulta imposible no preguntarse qué comportaría un pacto nacional de industria en cuanto a necesidad de apoyo, de compromisos
y de presupuestos, sobre todo si la iniciativa proviene de un partido que aboga sistemáticamente por el desmantelamiento del Estado; esto sin tener en cuenta el atropello directo a las competencias autonómicas que establece el Estatuto de Autonomía
de Cataluña en materia industrial, que ya se ha citado. No abogamos por un plan de industria que persigue el arrebato de poderes a las administraciones públicas que ya están dotadas de la potestad necesaria para ejercer sus actuaciones; tenemos
sobre la mesa propuestas interesantes provenientes de la Comisión Europea -como ustedes mismos avalan en su iniciativa-, que no persiguen precisamente la centralización y, en consecuencia, la destrucción de la industria catalana. No hablemos de
planes nacionales; en todo caso, hablemos de planes europeos y de su aplicación bajo el principio de subsidiariedad.


Nosotros no concebimos un crecimiento industrial sin la asunción de objetivos de lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad ambiental. En su esbozo del plan de industria, la implantación de la economía circular, la unión
industrial por la reducción y el reaprovechamiento de residuos, entre otros elementos claves del desarrollo industrial, brillan por su ausencia. Si realmente quieren hablar de desarrollo y crecimiento industrial, hablemos de medidas específicas que
puedan ser aplicadas por las administraciones competentes y no de la creación de nuevos acuerdos que únicamente buscan la recentralización; hablemos de ratios objetivos que relacionen la evolución de la economía y la reducción de emisiones
atmosféricas; hablemos de implementación descentralizada de las políticas de economía circular; hablemos del corredor mediterráneo; hablemos de inversiones en renovables para generar tejido industrial e I+D+i local; hablemos de promover una
Administración eficiente que dé apoyo a las pymes, que les permita competir y crecer en un contexto de igualdad de condiciones respecto a las grandes empresas.


Adelantaba la portavoz de VOX que en mi intervención citaría a Franco. Siento decepcionarla, pero es que no hace ni falta. (Rumores.-Risas). Le repetiré lo que suele decir nuestro portavoz: las banderas no dan de comer. Con
nacionalismos no se favorece la industrialización. (Rumores).


Y, si me permite, invocaré los tres negacionismos que impregnan su PNL y que nos empujan objetivamente -y para su tranquilidad, supongo- a votar que no; un triple negacionismo, no ya de la realidad plurinacional, sino ni siquiera de la
realidad autonómica del Estado; un negacionismo de la dimensión global europea de la economía y un negacionismo de la emergencia climática. Espero que en esto no la haya decepcionado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Capdevila. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.


La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente. Buenas tardes.


¿De qué hablamos cuando hablamos de industria española? Una de las características de nuestra industria es que es altamente dependiente del capital extranjero y, en concreto, de grandes empresas transnacionales de capital extranjero. Un
ejemplo es la automoción. Todas las plantas de ensamblaje de automóviles que tenemos en nuestro país son de capital extranjero y son las que tienen capacidad tractora

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sobre el conjunto de la actividad del sector. ¿Qué ocurre con esta enorme dependencia cuando alguna de estas multinacionales decide, como ha ocurrido, trasladar la producción a otro lugar? Pues que el drama no es solo para los empleos de
esta planta, sino para las decenas de miles de puestos de trabajo del conjunto de la industria auxiliar que la abastece. En Asturias conocemos esta situación con nombres de muchísimas empresas.


Hablan ustedes de simplificar el marco regulatorio y de bajar impuestos. Díganme, ¿vienen, como dice la PNL, a defender a España o a ponerle una alfombra roja al capital privado extranjero, en muchos casos especulativo? ¿Dónde queda la
responsabilidad a la hora de proteger nuestro empleo y nuestros intereses como país frente a las empresas transnacionales, que pueden hacer y deshacer a su antojo? Me parece que ustedes recuerdan mucho -a veces incluso pareciera que evocan- la
España grande y libre de la dictadura franquista -yo sí se la voy a citar-, pero en realidad lo que tienen es una España bastante pequeña, la España pequeña y libre para el que se lo puede permitir, para los señoritos. Los ricos son ricos por
naturaleza, ¿no? ¡Vaya lema para un sindicato! Me parece que el diámetro de esto es poco más que el de Núñez de Balboa en esa España pequeña. (Aplausos).


Esta PNL tiene, además, algo que les suele gustar mucho en su retórica, porque cuando el sabio apunta al cielo el necio mira al dedo, y eso es muy útil para las fake news y para los bulos. Cuando hablan del elevado coste energético, el
núcleo del problema está en el oligopolio de las eléctricas, en un sistema apuntalado a través de las acciones estatales y en la legislación desarrollada durante las últimas décadas. Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo -esas dos últimas se van
a fusionar- tienen el 70 % de la producción, prácticamente el 100 % de la red de distribución y el 90 % de las ventas finales. Estos actores son claves para hablar de abaratamiento energético. Esto no se puede fiar a una cuestión de voluntad por
parte de esas empresas únicamente. Y, ya que les preocupan las legislaciones poco protectoras con el medio ambiente, espero que empiecen a abandonar la senda del negacionismo climático y entiendan de una vez qué es lo que le está pasando al
planeta. (Aplausos).


Con esta PNL dicen ustedes defender a España. ¿Defender a quiénes? ¿A todas las personas jóvenes a las que dicen que no están lo bastante cualificadas? Porque eso lo dice su PNL; es que nos la hemos leído bien, quizá este sea el tema. Y
claro que hay que mejorar la formación profesional, pero ese no es el motivo por el que no hay una empleabilidad en nuestra juventud. Ya que se pasaron por la Madrid Games Week hace unos meses, les voy a hablar del sector de videojuegos, que
también es industria. El paro en un sector puntero como ese no es por falta de formación; es por el crunch, que es precisamente la explotación que obliga a desarrolladores a cumplir plazos imposibles que acaban con su salud y que impiden que se
pueda ampliar la contratación. El problema con esto y con la formación profesional es ese tejido empresarial que acepta y fomenta prácticas abusivas. Pero no se preocupen ustedes, que vamos a acabar con ellas, porque vamos a acabar con la reforma
laboral. (Aplausos).


Enlazo con lo que dicen sobre I+D, porque de nuevo no aciertan con las causas de los problemas. Dicen que el problema está en la escasez de pymes con proyectos innovadores y la falta de gasto privado en I+D. Esfuerzo inversor en I+D en
empresas españolas, según el último informe Cotec publicado este año, 0,30 %; en empresas británicas, 0,23 %; en Alemania, 0,17 %. ¡Vaya! Igual no es por eso. El sector empresarial en España ha aumentado su personal investigador en un 18 % más
que en 2009.


Sin embargo, el sector público no tiene personal investigador en los índices de 2009; al contrario, ha decrecido porque ha acumulado en la última década un descenso del menos 9,8 %. Tenemos que evitar que nuestro talento investigador se
vaya a otros países donde sí se les valora.


Dejo para el final la solución que la derecha y la ultraderecha tienen para todos los males: bajar los impuestos. ¿Cómo creen que podemos tener un Estado fuerte que ayude a impulsar futuro si no se financia, más si tenemos en cuenta la
presión fiscal, que en España es significativamente más baja que en países de nuestro entorno? Pero es que se lo voy a poner más fácil: no se trata de bajar o subir los impuestos, sino de a quiénes. Aunque veo que con esto no ha tenido problema
el Partido Popular ni lo ha enmendado, me imagino que es por la receta de Ayuso, esa bajada del IRPF que va a favorecer únicamente a quienes tienen unos ingresos de más de 6000 euros al mes.


No quiero irme de esta tribuna -se lo voy a pedir al presidente- sin decir que la cultura también forma parte del modelo productivo y que la industria cultural, que existe, se moviliza este jueves, 17 de septiembre, porque están en alerta
roja. Ya que tenemos que mirar a vecinos europeos, miremos bien porque allí lo tienen claro y nuestro grupo también: la cultura es segura, es un bien de primera necesidad y tiene que ser sector estratégico en la reactivación económica.

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Cierro porque se me acaba el tiempo. Ustedes dicen fuerza y honor; nosotras decimos: dignidad, derechos laborales y futuro. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Soler Mur. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor SOLER MUR: Señor presidente, señorías, nos trae esta tarde VOX una iniciativa que plantea un plan de salvación nacional para la industria de nuestro país. Yo quiero, en primer lugar, saludar el interés reciente de VOX por la
industria, porque es un factor clave, multiplicador en nuestra economía; los empleos que genera son estables y de calidad, alta remuneración y buenos salarios. Pero quiero decirles que esta iniciativa es extemporánea. Ustedes debían haber
planteado esta iniciativa cuando gobernaba el Partido Popular, porque entonces no había Ministerio de Industria -toda una declaración de principios-, entonces no había política industrial. Pero, ¿saben lo que ocurría? Pues que entonces ustedes
estaban en el Partido Popular y por eso no pudieron presentarla. (Aplausos).


Dan algunos datos que podemos compartir -la bajada paulatina del peso de la industria en el PIB y en el valor añadido bruto de la economía española-, pero no analizan cuándo se ha bajado más el peso de la industria en el PIB. Yo se lo diré:
fue, concretamente, de 1997 al 2004, en plena etapa de bonanza de la economía española; cuando más se tenía que haber invertido es cuando bajó más el peso de la industria en la economía. ¿Saben por qué? Porque la inversión privada se orientó,
fundamentalmente, en ausencia de la pública, hacia las inversiones especulativas, inmobiliarias y urbanísticas. ¿Saben por qué ocurrió eso? Fundamentalmente, porque se aprobó una Ley del Suelo en 1998 que, prácticamente, liberalizó todo el país
para poder construir. ¿Y saben cuál es una de sus medidas estrella de su propio programa electoral? De sus cien medidas, la cuarenta y siete: la liberalización de la Ley del Suelo, nuevamente. ¿Es que no hemos aprendido nada? ¿Esa es la
propuesta que tiene VOX, liberalizar el suelo? Eso es prácticamente incompatible con la política industrial.


Quiero decirles también que esto llega tarde porque la propia ministra de Industria, Reyes Maroto, aquí, en el hemiciclo del Congreso, y en el Senado, en la Comisión de Industria, ya ha anunciado el desarrollo del pacto de Estado por la
industria. Llega tarde porque nosotros, el Grupo Socialista, ya hemos presentado una proposición no de ley antes que la suya para poder poner en marcha ese pacto de Estado por la industria. Hablan ustedes hoy aquí de las crisis industriales, pero,
miren, las crisis industriales de ahora se tenían que haber prevenido o resuelto por las inversiones industriales de hace cinco, seis y siete años. Y ahora, este Gobierno está trabajando para salvar todos los empleos y empresas que pueda y para
prevenir que esto vuelva a ocurrir en el futuro. No sé si me choca más oírles a ustedes hablar de eficiencia energética o al señor Herrero de transición. Esto, ustedes, digámoslo en serio, no se lo han creído nunca. Pero yo les daré un argumento:
la transición ecológica no hay que hacerla solamente por convicción, sino por obligación. Exportamos el 80 % de los automóviles que se fabrican en este país y, o cumplimos con la transición ecológica que marca la Unión Europea, o no podremos seguir
exportando. ¿Qué proponen, incrementar el tamaño de las empresas? Tenemos el acceso a la financiación de Enisa, de Cersa y el programa de apoyo al crecimiento empresarial. Ahora mismo las empresas están aguantando gracias, fundamentalmente, a los
ERTE y a los ICO; ochocientas mil operaciones, el 98 % a pymes y autónomos, y 100 000 millones movilizados para sostener la empresa y la industria española.


Proponen mejorar la FP, la formación profesional. Hemos presentado también un plan de modernización de la FP, con 1500 millones de euros, para poner en marcha esa modernización, esa mejora de la FP. También fomentar la investigación.
Hemos presentado el programa de apoyo a los clusters innovadores y el apoyo a los proyectos industriales que incorporen investigación. Habla de colaboración público-privada; el acceso a la financiación es fundamental. Y también los 10 000
millones que vamos a situar, no como decía el señor Gutiérrez en nacionalizar, sino fundamentalmente en colaborar en el capital de las principales empresas de este país, en sectores estratégicos, como hacen los principales países de la Unión
Europea, como Alemania. Hablan también de bajar impuestos. Se lo decía Sofía Castañón, pero también se lo diré yo: no hay ningún paraíso fiscal que destaque por ser una potencia industrial. Hablan ustedes también de hacer un seguimiento de los
apoyos a la industria. Yo ahí le reconozco cierta capacidad, porque es verdad que algún Reindus no ha ido donde debía. Hay uno que se está investigando, 2,5 millones de euros a una empresa para fabricar pellets, y ustedes podrán aportar algo de su
experiencia. ¿Sabe a quién se le dio? A un ex alto dirigente de VOX, a Francisco Serrano; ahí pueden ayudar. (Aplausos).

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Señores de VOX, si quieren apoyar a la industria apoyen el pacto de Estado por la industria y apoyen el presupuesto; eso es lo que deben hacer. Y también le quiero decir al PP que si quiere confianza institucional, no tiene que hacer dos
cosas: hablar mal de España en la Unión Europea y cuestiones como la Kitchen, pues confianza, lo que es confianza institucional tampoco genera mucha, no genera mucha confianza en las instituciones. (Aplausos). Solo quiero decirles que alardean
ustedes de haber venido aquí a salvar a España, pero no se preocupen que ya está el Partido Socialista y la mayoría del arco parlamentario para salvar a España de ustedes. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Soler. (Pausa. Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Rueda, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?


La señora RUEDA PERELLÓ: Sí, aceptamos una transaccional.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien. Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN, RELATIVA A QUE EL CIS RECUPERE EN SUS ENCUESTAS PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 162/000368).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a que el CIS recupere en sus encuestas
preguntas específicas sobre la monarquía española.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.


El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidente.


Señorías, dentro de poco se van a cumplir ochenta años del fusilamiento de Lluís Companys, el único presidente en Europa fusilado por el fascismo, quizás el mejor presidente que ha tenido nunca la Generalitat.


Quería empezar mi intervención recordando al presidente que se ha aprobado la tramitación de la Ley de memoria democrática y que se ha anulado la condena que le llevó ante el pelotón de fusilamiento, un acto que no era de derecho, sino un
acto de barbarie. Creo que hoy hay que empezar este debate sobre la monarquía recordando a todos los republicanos que defendieron con su vida la democracia. (Aplausos). Creo que hablo en nombre de mucha gente en esta Cámara y de fuera si digo que
ya era hora; después de vetar las comisiones de investigación, incluso cuando son sobre los negocios con la dictadura saudí, después de impedir comparecencias, centenares de preguntas, muchas del diputado Iñarritu, de quitar del Diario de Sesiones
todas la referencias al caso Borbón, cuando ya hace tres meses que la fiscalía, en Suiza, está investigando al rey emérito, y cuarenta y cinco días después que este se encuentre huido en el lugar de los hechos, en la dictadura saudí -por cierto, hoy
he leído que la Fundación Francisco Franco, si se aprueba esta ley, también se va a ir; igual se van a ir también al mismo sitio, a Abu Dabi, a la dictadura donde está el rey emérito-, ya era hora, como decía, señorías, de empezar a hablar de la
monarquía y de derribar el muro de opacidad y de silencio que se ha impuesto durante todos estos años.


Con el Gobierno de Felipe González se incluyó la monarquía en la pregunta del CIS, junto al resto de instituciones del Estado. Era un buen signo de normalidad democrática y más teniendo en cuenta que se trata de una institución con escasa
legitimidad democrática, pero veinte años después se decidió sacar. Fue con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Barbas, según los miembros de la operación Kitchen. A partir de ahí, la monarquía se convirtió en un tabú y llevamos cinco años sin
preguntar a la gente qué opina sobre la monarquía. ¿Por qué ha pasado eso? Pues solo hay que ver el CIS. Cuando la monarquía empezó a bajar en picado en su puntuación, en su popularidad, en medio de los escándalos de corrupción y de las polémicas
como la cacería, entonces ya no interesaba la opinión de la gente. Ahí se bajó el telón, se apagaron las luces y se acabó. Mientras la gente forma parte de un atrezzo y aplaude, no hay problema; cuando la gente se muestra crítica, entonces las
encuestas no interesan. Ese fue, en realidad, el regalo que se le dio a Felipe VI en su coronación después de la abdicación. De hecho, se quitó la pregunta en ese momento, con la abdicación de Juan Carlos.


¿Qué nos dice hoy el presidente del CIS, el señor Tezanos? Nos dice que, en verdad, se ha quitado esa pregunta porque no interesa, no es de interés de la ciudadanía española. A la ciudadanía española no le interesa la monarquía. No
interesa si hay un rey que se lleva en su maleta 100 millones -¡la de cosas

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que se podrían hacer con 100 millones!- de comisiones presuntamente delictivas y los pone en paraísos fiscales. Eso no interesa, según el señor Tezanos.


Y nos dice que tampoco es ya un problema la monarquía. Hasta entonces se supone que era un problema, pero ahora nos dice que ya no es un problema. Yo creo que, en realidad, si sale la pregunta no es porque haya dejado de ser un problema,
es porque es el problema. De hecho, el CIS no pregunta por los mismos motivos que Adolfo Suárez no quiso un referéndum sobre la jefatura del Estado tras la muerte de Franco. Digamos la verdad a la gente: porque sabían que el resultado sería el de
república, porque sabían que España había cambiado, era republicana, como lo es ahora, y eso también lo indican las encuestas de empresas privadas que sí que preguntan. Ha costado que lo hicieran porque en este país no todo el mundo podía hablar
libremente de la monarquía. Los periodistas no se atrevían a hacer determinadas investigaciones y había cantantes, incluso, que eran condenados y se tenían que ir a Bélgica. La justicia europea les ha dado la razón. Ahora existen estas encuestas
y lo que dicen son dos cosas, básicamente: una, que la monarquía está en el último puesto de valoración, mucho peor que la clase política -¡imagínense!-, y la otra conclusión de estas encuestas es que la mayoría de los Ciudadanos españoles son
republicanos y que muchos votantes de derechas prefieren la república -a mí eso me sorprendió-, incluso uno de cada cuatro de VOX. Imagínense qué transversal es el sentimiento republicano.


¡Claro que interesa la monarquía, debatir sobre ella! Es objeto de debate. ¡Cómo no va a serlo! El problema es que durante demasiado tiempo en España ha sido una institución que ha actuado como una institución privada, que ha estado fuera
del control democrático, que no se ha podido fiscalizar y hay que someterla a los límites de la Ley de Transparencia, y ahora mismo no lo está. No puede ser que no sepamos de los viajes y ni de las cuentas corrientes que abren ni para quién
trabajan, porque si no sabemos eso es muy posible que vuelva a pasar lo que ha pasado con el rey emérito.


Nosotros entendemos que en la bancada de la derecha no voten a favor de esa propuesta, al fin y al cabo a ellos se les echó por corrupción y tienen miedo de que se pueda echar a la monarquía también por las mismas razones. No sería la
primera vez; ya se ha echado dos veces en España a los reyes y las dos volvieron con golpes de Estado. El primero, con la I República, y el segundo, con el golpe de Estado de la II República, cuando después Franco nombró al rey como su sucesor...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Asens, debe terminar,


El señor ASENS LLODRÀ: Acabo interpelando a los compañeros socialistas. Yo sé que hoy muchos de ellos se sienten incómodos porque tienen el corazón republicano y son de firmes convicciones democráticas. Yo les quiero recordar que hoy no
vamos a votar república o monarquía, aunque algún día aspiremos a poder votar al respecto; hoy vamos a votar sobre democracia y opacidad, vamos a votar sobre si la ciudadanía es lo suficientemente madura para poder dar su opinión o no, si lo que
hizo Felipe González en su momento era correcto o no...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Asens, por favor, termine.


El señor ASENS LLODRÀ: Termino. Y si el CIS se pone al servicio del conocimiento y de la verdad de la ciudadanía o en cambio está el servicio de los intereses de algunos partidos, de la Casa Real y de los monárquicos. Eso es lo que
votamos hoy.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo interviene, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Iñarritu García.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la mejor encuesta: un referéndum. Con la que está cayendo lo normal y de sentido común sería preguntar a la ciudadanía qué opina sobre la jefatura del Estado, qué modelo, qué fórmula de Estado quiere, si república o monarquía.
Hoy han presentado una ley de memoria y les felicito; eso no fue posible hace cuarenta años. ¿Por qué es posible hoy? Porque ha transcurrido un tiempo, la sociedad ha cambiado y se puede preguntar sin ningún problema. Lo mencionaba antes el
señor Asens, el padre del ávido lector ya reconoció en una entrevista que no se hizo un referéndum sobre república o monarquía porque se

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perdía la monarquía. Lo reconoció el mismo. ¿Qué problema hay ahora? Es cierto que durante años construyeron un mito, ese del rey que trajo la democracia, el del rey austero, campechano. También es cierto que hoy en día ya no quedan
juancarlistas, salvo algunos que han firmado una carta de apoyo, todos aquellos que refrendaron sus actos y aquellos que medraron haciéndole la pelota. Pero ahora hay otra cosa, hay una operación de Estado para achacar al hijo aquellos méritos que
se le achacaban al padre, pero no cuela. Es más, si el jefe del Estado es tan profesional, está tan preparado, es tan ejemplar, ¿por qué no preguntan a la ciudadanía qué opinión tiene sobre el jefe del Estado? ¿Qué miedo tienen? ¿O es que la
realidad es que cada vez hay más gente que se pregunta para qué sirve un rey? Porque mientras la valoración era positiva no había ningún problema para preguntar. Ahora, en cambio, sí hay problemas, incluso con un rey diferente.


El señor Sánchez dijo una frase que a mí me dejó un poco atónito, que es que Felipe VI representa los valores de la II República, que dicho por parte de un socialista sorprende. Yo le veo tanto sentido como decir que un buen chuletón de
buey representa los valores del veganismo. Ese es el sentido que le encuentro a esa frase. Pero la realidad es que ahora, mientras tenemos una Casa Real con varios problemas de corrupción, un rey emérito huido -por cierto, con un acuerdo al que
llegaron ustedes, pero que no quieren venir a esta Cámara a contarnos cómo fue y se vetan preguntas e iniciativas parlamentarias por parte de la Mesa, por ustedes también, que esto sorprende-, se realiza esa operación de Estado diciendo que hay una
monarquía ejemplar, pero la verdad es que no cuela. Como se dice en inglés, there is an elephant in the room. No es el elefante de Botsuana, sino que hay un problema. ¿Ustedes conocen algún caso en política que tapando, obviando e intentando no
hablar de él deje de existir? La realidad está ahí. Es más, ustedes se niegan a algo tan simple como es que el CIS pregunte sobre una de las instituciones del Estado como es la Casa Real.


Varios universitarios y universitarias han llevado a cabo un proyecto, junto con varios medios de comunicación, y dentro de unas semanas van a hacer un estudio sociológico importante sobre la jefatura del Estado. ¿Ustedes qué van a decir?
¿Que no tiene rigor? ¿Que no se lo creen? ¿Que no es sincero? ¿Qué ocurrirá si en ese estudio sociológico sale una mayoría clara, como señalan otras encuestas, que dice que quiere ser consultada sobre la jefatura del Estado? ¿Mirarán para otro
lado? Ya sé que no es fácil, pero, ¿no son republicanos, o no tenían ese espíritu? Si les preocupa tanto el futuro del actual jefe del Estado, pueden leer -no sé si lo han leído, pero es muy interesante- el libro de David Jiménez, el que fue
director de El Mundo, en el cual relata que en una reunión, en un encuentro con Felipe VI le reconoció que si había una mayoría de la sociedad que no lo apoyaba lo dejaría y se iría. Facilítenle al actual rey saber si hay una mayoría o no de la
ciudadanía que lo legitima o que lo apoya, porque parece que no. Si no dejan ni siquiera hacer una encuesta, imagínense, por algo más de sentido común, lo que sería preguntar, porque la mejor encuesta es un referéndum.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Gràcies, president.


Estamos sin duda en uno de los momentos de máxima vulnerabilidad de la monarquía, y es que cada día se hace más difícil, si no imposible, encontrar argumentos para sostenerla. Con sus excesos, sus corruptelas, sus negocios oscuros y sus
vínculos con el franquismo, la monarquía, la misma monarquía se ha puesto en evidencia. Ante esta situación, como era de esperar, durante las últimas semanas y meses hemos percibido una operación de Estado para salvarla, si es necesario
sacrificando al rey emérito. Casualmente, los de 'yo no soy monárquico, soy juancarlista', ahora han pasado a ser los de 'ya sabemos cómo es Juan Carlos, pero Felipe está mejor preparado'. Los grandes partidos del Estado y los principales medios
de comunicación insisten en limitar cualquier investigación, crítica o cuestionamiento al rey emérito, como si Juan Carlos de Borbón fuera algo distinto o alejado de la institución monárquica. Pues miren, pueden intentar poner todos los cortafuegos
que quieran, pero me parece que eso ya no cuela.


En cualquier caso, hay que decir que agradezco al grupo proponente que presente esta iniciativa, porque realmente es toda una novedad, como bien decía el compañero Asens, tener la oportunidad de hablar sobre la monarquía en esta Cámara. Ya
se han vetado preguntas, interpelaciones, mociones y comisiones de investigación, y parece que el trabajo parlamentario siempre se encuentra con el mismo muro de opacidad: el régimen del 78 y su sacrosanta Jefatura del Estado.

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Como bien sabrán, el Estado español se configura como reino en su última etapa, por decisión del dictador fascista Francisco Franco Bahamonde. En el año 1947, apenas una década después del golpe de Estado a la República, con la aprobación
de la quinta ley fundamental del movimiento franquista, se constituyó la forma de Estado que perdura a día de hoy. Veinte años después, en 1969, el mismo dictador le puso nombre y apellidos a su sucesor, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Para
vergüenza de cualquier demócrata, este monarca, que ahora descansa en algún palacio de Emiratos Árabes, juró fidelidad a los principios fundamentales del régimen franquista. Sin embargo, para desgracia de los catalanes y de los que defienden la
libertad, el tic autoritario y represor ya venía de antes, era una característica de los Borbones. El actual rey Felipe VI es heredero directo de quien suprimió las libertades e instituciones de los Països Catalans a principios del siglo XVIII.
Fue Felipe V. Para que nos entiendan, a ningún catalán le sorprendió que el 3 de octubre saliera el rey Felipe VI a legitimar la violencia policial del 1 de octubre, puesto que esto está en su triste naturaleza.


Y no solo eso; como hemos visto estos últimos meses la corrupción es inherente a los Borbones. Sin tener ninguna necesidad -no olvidemos que tienen una asignación de 21 000 euros diarios por parte de los Presupuestos Generales del Estado-,
Juan Carlos ha cometido delitos contra la Hacienda pública; su familia luego decide publicarlo en pleno confinamiento; el rey emérito huye a los Emiratos Árabes; el Gobierno nos impide investigarlo, y así estamos como siempre, con el único rey
europeo salpicado directamente por la corrupción. Y todo ello con absoluta impunidad. Al monarca no se le puede investigar, ni siquiera está sujeto a ningún tipo de responsabilidad. Es más, ni siquiera se le puede criticar en una canción. Más
aún, si no fuera por la justicia europea ahora por quemar una foto del rey iríamos a la cárcel.


Como se pueden imaginar, apoyaremos esta iniciativa porque está claro que debemos conocer qué piensa la ciudadanía sobre la monarquía. Sin embargo, hay que decir que creemos que se queda floja. En primer lugar, nos sorprende -es evidente
que esto nos está sorprendiendo estos últimos días y estas últimas semanas- que un partido del Gobierno inste a su propio Gobierno mediante una proposición no de ley, cuando pueden hacerlo mediante el BOE. En segundo lugar, nos sorprende que un
grupo que se autodenomina republicano se preocupe antes por el CIS que por un referéndum sobre la monarquía.


Hay que decir que la proposición no de ley es poco ambiciosa, pero agradecemos la incorporación de nuestras enmiendas, que además añaden la valoración que tiene la gente de la monarquía, y que además podamos añadir qué forma de Estado quiere
la gente, qué defiende exactamente la gente, y en segundo lugar, porque además por interés sociológico nos permite saber qué piensa la gente sobre la autodeterminación, sobre el independentismo de las naciones, algo...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Rosique, termine, por favor.


La señora ROSIQUE I SALTOR: Ya acabo.


Es evidente que desde un punto de vista técnico es interesante.


Acabo ya con una alerta. Creemos que debemos decir menos palabras y hacer más acciones. No podemos dejar que el CIS sustituya a los referéndums. La única forma de saber lo que realmente piensa la gente es preguntando a la gente qué es lo
que piensa. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mariscal Zabala. (Aplausos).


El señor MARISCAL ZABALA: Unidas Podemos nos presenta hoy una proposición no de ley para que el CIS vuelva a preguntar a los españoles acerca de la monarquía. Desde VOX votaremos en contra, y no porque no estemos de acuerdo con que se
pregunte a los españoles, sino porque sabemos que este no es el objetivo real. En VOX no somos unos ingenuos y sabemos que el Gobierno socialcomunista, que padecemos, ha puesto en marcha un cambio de régimen en España para perpetuarse en el poder,
y el objetivo de esta proposición no de ley es dar un paso más para lograrlo. Este Gobierno quiere asaltar todas las instituciones del Estado, que están llamadas a limitar su poder: ya lo han hecho con la Abogacía del Estado, con la Fiscalía, con
Radio Televisión Española, con el CIS, y ahora pretenden hacerlo con la monarquía parlamentaria. Y es que Podemos no quiere conocer la opinión de los españoles sobre la monarquía, lo que pretende es acabar con ella, y lo quieren hacer amparándose
en una encuesta del CIS.


Nos imaginamos a Iglesias planteándoselo a Pedro Sánchez. Si tú, Pedro, utilizas las encuestas del CIS para manipular la intención de voto de los españoles, yo las voy a utilizar para hacer realidad mis

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anhelos republicanos y derrocar a Felipe VI. Y Sánchez le habrá dicho que sí, porque el PSOE está utilizando a Podemos como peón para llevar a cabo sus políticas más liberticidas.


Señorías del PSOE y de Podemos, este es su plan y van a encontrar enfrente a VOX y a millones de españoles, que no vamos a dejar que nos roben la mejor herencia que nos han dado nuestros padres (aplausos), que es una España libre, con
instituciones arraigadas y fuertes que nos protejan de totalitarios como ustedes. (Aplausos). Y muchos españoles que tendrán enfrente serán antiguos votantes del PSOE y también de Podemos, porque ustedes llegaron a la política con una gran
mentira, la de que venían a acabar con la casta, la de que venían a garantizar que los jóvenes pudiesen vivir mejor de lo que vivieron sus padres y abuelos. Decían que venían a proteger a los trabajadores, a los autónomos, a los comerciantes y a
reforzar la sanidad pública y la educación. Pues bien, hoy ustedes están en el Gobierno, podrían hacer todas estas cosas y no las hacen. ¿Qué es lo que hacen en medio de la peor crisis económica y sanitaria que sufren los españoles? Hacen que los
diputados de esta Cámara estemos debatiendo que el Estado utilice los escasos recursos económicos de los que disponemos para manipular las opiniones de los españoles acerca de una de las instituciones que en nada perjudica su bienestar, como es la
monarquía. (Aplausos).


Los diputados de VOX hemos recorrido nuestras provincias durante el mes de agosto para conocer cara a cara cuáles son los problemas de los españoles. En mi caso, he estado en Toledo. Allí pude hablar con médicos y con trabajadores de
residencias de ancianos, y cuando les pregunté qué es lo que les preocupaba, ninguno me dijo que el CIS no les pregunta sobre la monarquía. Lo que me dijeron es que lo que les quita el sueño es no poder confiar en su Gobierno, en un Gobierno que
primero les negó la existencia del virus y después les dejó tirados sin mascarillas y sin test. (Aplausos). También pude pasar una mañana con dos jóvenes agricultores de Carranque, que lo que les preocupa es que no pueden hacer frente a sus costes
de producción y a la llegada masiva de productos extracomunitarios, que hace que tengan que malvender el fruto de su trabajo. Y también he hablado con comerciantes y autónomos arruinados de Talavera de la Reina, una de las ciudades con mayor tasa
de paro de España, concretamente el 30 %.


¿Adivinan, señores de Podemos, qué es lo que les preocupa a los parados españoles? Si ustedes volviesen a las calles de los barrios donde ya no viven, se darían cuenta de que la España que trabaja o que está en paro y desea trabajar tiene
claro que su bienestar y su seguridad pasan por un Estado con instituciones fuertes, y que el paro, la miseria, la inseguridad en sus calles y la ocupación de sus viviendas son consecuencia del proyecto de Estado débil donde ustedes son los fuertes.
(Aplausos). O dicho de otro modo, saben que ustedes se sienten cómodos en sus nuevos barrios con muros y seguridad privada, y buscan perpetuarse en el poder. Y para ese fin les estorba el Poder Judicial, la Policía, el Ejército, que protegen a los
españoles de ustedes, de sus okupas, de sus MENA y de sus vagos y maleantes. (Aplausos). Y también les estorban las instituciones que protegen a España de la mafia separatista con la que ustedes pactan. Es decir, les estorba el rey.


Voy terminando. Señores de Podemos, ustedes no quieren conocer la opinión que tienen los españoles. Lo que ustedes quieren es descubrir quiénes son sus adversarios para acosarles en las calles, en las redes, en sus medios de comunicación y
en las universidades. Y lo sé muy bien porque yo, como muchos diputados de VOX, estudiamos en la universidad pública,...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Mariscal, por favor, finalice.


El señor MARISCAL ZABALA: Voy terminando.


... concretamente en la Universidad Complutense, donde estamos acostumbrados a que ustedes impongan su doctrina y persigan al disidente.


Finalizo, pensando en todos esos jóvenes que comienzan sus clases estos días y que sus falsos sindicatos y activistas progres les preguntarán qué piensan de España. Y si llevan una mascarilla o una pulsera con la rojigualda o no dicen ¡viva
la República! les acosarán. Pensando en ellos, y con el deseo de que sepan que VOX está de su lado, es para mí un honor terminar mi primera intervención en esta Cámara diciendo: ¡Viva España y viva el rey! (Varios señores diputados:
¡Viva!-Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: muchas gracias, señor presidente.


Como en pasadas legislaturas, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos persiste en su afán de ocupación de organismos como paso previo a la demolición de estructuras del Estado y de algunos de sus pilares principales. La diferencia es que
ahora lo hacen desde el Gobierno, gracias a las cesiones y concesiones de Pedro Sánchez. En esta ocasión el organismo público sobre el que quieren cargar sus ansias intervencionistas y ordenarle lo que tiene que sondear es el Centro de
Investigaciones Sociológicas, que desde hace más de dos años preside un militante socialista exmiembro de la ejecutiva de su partido, y cuya labor manipuladora y desacertada ya ha merecido la reprobación de este Congreso de los Diputados.


Señorías, mientras el CIS se mantenga como un instrumento de propaganda no será un instituto científico de investigación demoscópica, y los españoles resultaremos víctimas de tejemanejes, amaños en las encuestas y sondeos engañosos. Votaré
en contra, señor presidente.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Sayas López.


El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, vicepresidente.


El objetivo de esta iniciativa, que presenta un partido que está en el Gobierno de España y que enmienda un partido con el que pastelea el otro partido que está en el Gobierno de España, no tiene como objetivo conocer la opinión de los
españoles acerca de la monarquía. No, tiene un objetivo doble. El primero es poner vuelta al aire nuestro sistema constitucional atacando a la jefatura del Estado, y el segundo es que nadie hable de lo que está pasando en Podemos. Por eso están
tejiendo una cortina de humo, para que nadie hable del fraude y de la estafa que ha supuesto Podemos para la sociedad española. Porque es una estafa y un fraude venir a los españoles a decirles que iban a hacer la política de otra manera y acabar
de fango hasta el cuello. Es un fraude decirles que venían a hacer la política contra la corrupción y acabar imputados por tener una caja B. Es un fraude decir que venían a hacer la política con transparencia y haberse inventado una trama apestosa
en el caso Dina o tratar de impedir una comisión de investigación en este Parlamento sobre la financiación de su partido. Y desde luego es un fraude y una estafa a muchos españoles hablarles de honradez cuando ustedes han falsificado contratos para
unas campañas electorales. (Aplausos). Pero el colmo del fraude y de la estafa es abanderar un discurso obrero mientras se han convertido en una burguesía acomodada asentada en los barrios altos de la capital. (Aplausos).


Y como de todo esto ya se ha dado cuenta toda España, entonces vienen y tejen una cortina de humo. Pero le voy a decir una cosa, los españoles se expresan en las urnas y de momento está diciendo dos cosas. La primera, que quieren la
monarquía parlamentaria como forma de Estado y por eso nos votan mayoritariamente a las opciones que defendemos la Constitución en esta Cámara. Y la segunda que dicen es que los quieren a ustedes lejos de las instituciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Sayas, termine, por favor.


El señor SAYAS LÓPEZ: Lo han dicho en el País Vasco, lo han dicho en Galicia, y espérense, señoras y señores de Podemos, porque su tictac no ha hecho más que empezar. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Desde que Franco lo nombró sucesor, la monarquía cuenta con una serie de dispositivos que protegen su imagen y que alinean a todos los poderes formales e informales en una especie de ley del silencio, que muchas
veces se vuelve censura, desde los medios de comunicación -a los que debería preocuparles que ninguno de los últimos escándalos de Juan Carlos los haya desvelado un medio de comunicación español, y que hayan tenido que venir periodistas y medios de
fuera del Estado a poner luz- hasta la Judicatura, que tampoco ha ahorrado en persecución y censura a caricaturistas, cantantes e incluso a quien quema fotos del rey, lo que les valió un buen tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Tampoco los servicios secretos quedan al margen, y, si no, que se lo cuenten a la historia de sexo, mentiras y cintas de vídeo de Bárbara Rey, en la que se vio implicado

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el Cesid, y no es el único caso en el que los servicios secretos fueron también uno de estos dispositivos para proteger una imagen deteriorada de la monarquía.


Y llegó el CIS, que también puso de su parte levantando un tabique contra la caída libre de una monarquía cuya imagen iba en decadencia en la época del rey cazador de elefantes o del duque empalmado. Nos parece, pues, una cuestión de
transparencia básica que el CIS pueda preguntar sobre la monarquía, y nos parece lamentable que un partido que un día se llamó republicano se oponga incluso a eso. Si lo que preguntase el CIS fuese por la coherencia con los valores republicanos, el
PSOE, como dijo aquel, sería un suspenso total.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.


Intervendré, si me lo permite, desde el escaño en consideración a que lo haré de manera muy breve. Y lo haré para manifestar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos, porque no vemos razón ni he escuchado explicación
suficiente ni convincente para que la monarquía, como cualquier otra institución del Estado, no deba ser evaluada por la ciudadanía a través del CIS y sus encuestas periódicas, tal y como venía sucediendo hasta 2015, y máxime con los acontecimientos
que desde esa fecha han ido rodeando y envolviendo a distintos miembros de la Familia y Casa Real.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.


Podemos, no contento con que el jefe del CIS cocine todas las encuestas con la gorra del PSOE, alabando al Gobierno y sus bondades, ahora quiere decirles qué preguntar. Podemos es al Estado lo que la invasión de los ultracuerpos es a la
tierra -o de los ladrones de cuerpos si les gusta más Don Siegel, como a mí- y los miembros de Podemos, como las vainas extraterrestres de esta magnífica película, se van metiendo en todas las instituciones y resortes del Estado. Tenemos un
camarada podemita detrás de cada puerta, abres un armario de un ministerio y ahí está a sueldo un percherista de Podemos. Pero al nepotismo y la endogamia de Podemos tenemos que sumar ahora que quieran meter mano donde todavía no llegan: quieren
escribir las preguntas del CIS. Tengo curiosidad por las preguntas que podrían llegar a hacer si tenemos en cuenta que Pablo Iglesias hizo votar a sus afiliados si se compraba un casoplón. Me veo al CIS preguntando si climatiza la piscina o si se
pone coleta o moño.


Ahora bien, a lo mejor a los españoles sí les apetece que les pregunten sobre algunas cosas. Por ejemplo, qué debe hacer Pablo Iglesias ahora que su partido está imputado por corrupción. O preguntar cómo de feminista es que se pongan
denuncias falsas de acoso sexual cuando alguien señala tu corrupción interna. Podríamos preguntar desde el CIS si habría que hacer una comisión de investigación sobre la corrupción de Podemos; qué les parece a los españoles que el PSOE -que dice
que presentó una moción de censura contra la corrupción? vote en contra de una comisión de investigación contra la corrupción de Podemos y encubra a un partido imputado. Ciudadanos es el único partido que apoya que se investigue toda la
corrupción. Pregunten a los españoles si les parece bien que se investigue toda la corrupción. Igual convendría saber también si los españoles quieren o no una ampliación eterna, infinita, de ministerios y altos cargos y de puestos públicos sin
precedente; podríamos preguntar eso también. Podríamos preguntar si a los españoles les gustaría elegir por mérito y capacidad los altos puestos de la Administración, Radiotelevisión Española, Correos o el propio CIS. El CIS podría preguntar si
hay que cambiar la Ley Electoral, a ver qué piensa la mayoría de los españoles. El CIS podría preguntar también a los españoles si quieren que los partidos nos pongamos de acuerdo para las cuestiones de Estado y no estar en manos siempre de los
nacionalistas. Podríamos preguntar a los españoles si prefieren que el presidente del Gobierno lamente el suicidio de un terrorista o que lamente el suicidio de un guardia civil que se suicidó unos días antes o el de un policía que se suicidó al
día siguiente de estas declaraciones. Extraña mentalidad la del presidente del Gobierno que, de los diez suicidios diarios que hay en España, lamente solo uno y sea el de un terrorista. Por cierto, Ciudadanos ha conseguido que el Ministerio de
Sanidad comience a mirar de frente el problema

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del suicidio y que no se olvide tampoco a los supervivientes, que son esas personas que pierden a alguien por el suicidio y que, hasta ahora, son absolutamente desatendidas por el Estado.


Volviendo al CIS, también podríamos preguntar desde el CIS qué piensan los españoles sobre la elección de los jueces. Se podría preguntar si quieren que un ministerio neopuritano imponga una forma de vida posmoderna, basada en prejuicios
que nos quieren llevar de nuevo al Medievo. Que pregunten cuántos españoles se sentían oprimidos por las señales de tráfico o que el CIS pregunte por el hecho de que quienes se dicen de la gente estén a favor del privilegio nacionalista allí donde
hay nacionalismo; si creen que es posible que un partido se diga de izquierdas mientras que históricamente se alían con los partidos que insultan a andaluces, extremeños y habitantes de otras regiones. Tal vez habría que preguntar a los españoles
también si les preocupa más la vuelta al colegio o la Guerra Civil; si deberíamos centrarnos -esta es otra pregunta posible- en tratar de gestionar lo mejor posible 140 000 millones de euros que vienen de Europa o podemos estar mirando si un piropo
quiebra las reglas de la pureza.


Puestos a preguntar, ya que estamos con las preguntas, yo preguntaría al señor Iglesias qué quería decir el otro día en una entrevista con que le gustaría que hubiera más apellidos catalanes y vascos en el empresariado español. Si tenemos
en cuenta que los apellidos catalanes más comunes son García, Martínez y López, y los vascos García, Fernández y González es llamativo el poco conocimiento que demuestra el señor Iglesias sobre los catalanes y los vascos, por eso tiene ese cacao
mental sobre estas regiones. El siguiente paso será que Podemos no solo controle las preguntas del CIS, sino también las respuestas y lo que opina cada español, para meterse en la vida de los otros.


Termino. Ya manosean el CIS y ahora quieren dictarle las preguntas; pues miren, en Ciudadanos siempre tendrán un obstáculo para su proyecto de parasitación de las instituciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.


Señorías, empieza a ser habitual que las intervenciones que realizan algunos partidos desde el atril, por mor de la casualidad entiendo, terminan convirtiéndose en una especie de anuncio publicitario del partido que interviene, por las
carpetas que ponen. Ruego, por favor, que para no convertir el atril precisamente en eso, en una especie de anuncio publicitario, sean cuidadosos a la hora de hacerlo. Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).


Continuamos con el Grupo Parlamentario Plural. Tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señor presidente.


Que el CIS dejase de preguntar sobre la monarquía creo que es el menor de los múltiples actos de protección antidemocrática de una institución anacrónica, obsoleta y también antidemocrática, además de corrupta. Por cierto, el último hoy
mismo, cuando la Mesa de esta Cámara decide suprimir una enmienda del BNG porque pedía un referéndum entre monarquía o república, alegando que no es competencia del Gobierno a pesar de que el artículo 92.2 de la Constitución establece claramente que
la iniciativa en un referéndum es del presidente del Gobierno. Decía antidemocrática porque en un sistema verdaderamente democrático la Jefatura del Estado debe ser elegida por todos los ciudadanos y ciudadanas, y no es el caso de la monarquía
española, una institución vitalicia, hereditaria y restaurada por un dictador, Francisco Franco; una institución que nunca fue votada porque no se puede considerar como tal camuflarla en la Ley de Reforma Política -como confesó en su día Adolfo
Suárez, reconociendo que si hacían un referéndum la monarquía saldría derrotada- o en la propia Constitución española. Está bien que pregunte el CIS, votaremos a favor, pero lo que realmente hay que hacer es preguntar formalmente a la ciudadanía y
de forma vinculante. Se queda, por tanto, muy corta esa iniciativa de Unidas Podemos, por eso habíamos presentado esa enmienda, que lo que pedía era un pronunciamiento de esta Cámara al respecto. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Finalizo. Creo que todas las fuerzas políticas son conscientes de que, tras el enorme descrédito de los borbones corruptos, la monarquía tiene los días contados. Seguramente lo que más les preocupa a los que continúan defendiéndola es que
saben que a partir de ahí se abrirán paso, no la república, sino las repúblicas democráticas y soberanas de nuestros respectivos pueblos, en nuestro caso de Galiza. Eso es democracia.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el mismo Grupo Parlamentario tiene la palabra el señor Errejón Galván.

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El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.


Estamos de acuerdo con la proposición no de ley. Antes, el señor de Ciudadanos hacía un listado de preguntas de cosas que se le ocurría que el CIS podía preguntar; si es que esto era algo que ya preguntaba, esto no era un ejercicio de
ingeniería sociológica, era una cosa que ya preguntaba. Preguntaba por la nota media de la monarquía, la cual daba un 6,9 en 1998, bajaba a un 5,2 en 2006 y cuando baja por segunda vez y da un 4,3, en 2015, se deja de preguntar. ¿Por qué ha podido
ser eso? ¿Por qué ha podido ser? ¿Por qué de repente se decide suspender una serie? ¿Ha pasado con más cosas? ¿Ha pasado con más instituciones? No, y no es un ejercicio de ingeniería sociológica, es que cuando suspende se deja de preguntar.
Creo que esta no es la eterna discusión república o monarquía, es la discusión sobre si a los españoles se les puede tratar como mayores de edad o no, si pueden conocer su opinión sobre los temas y si pueden conocer qué se hace en su nombre. Me
temo que el CIS no podrá preguntar sobre esto, así que lo hago yo: ¿Se pactó desde el Gobierno la fuga del rey emérito a una dictadura? ¿Lo estamos pagando con dinero público? ¿Cuánto nos cuesta? Yo soy republicano, pero a ustedes, como
monárquicos, ¿estas cosas no les interesan? La monarquía es también mía porque yo la pago, pero a ustedes, que además la sienten como suya, ¿no les interesa saberlo? ¿O creen de verdad que la defienden cuando impiden que la gente pregunte y cuando
nos impiden hacer nuestro trabajo parlamentario? No es una cuestión sobre monarquía o república, hay quienes somos republicanos y hay quienes son monárquicos, es una cuestión sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema político
español.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora Borràs Castanyer.


La señora BORRÀS CASTANYER: Gràcies, senyora presidenta.


Consultar a la ciudadanía en un Estado que se define a sí mismo como una democracia perfecta -en palabras del ministro Marlaska la semana pasada en su no respuesta a mi pregunta sobre cuánto cuesta el mantenimiento del rey emérito fugado-
nunca debería ser extraño. Lo extraño es no preguntarle su opinión, extraño y además sospechoso. El CIS es un organismo público que debería dar cuenta del estado de opinión de la sociedad. Preguntan por el Gobierno, entonces ¿por qué no preguntar
sobre el jefe del Estado? ¿O es que se trata de una monarquía tan singular que, además de ser impuesta por un dictador y además de ser inviolable, también es incuestionable? Parece que sí, y esta proposición no de ley lo refleja explicando las
malas notas obtenidas en la consulta y su final desaparición de las encuestas. Así de perfecta es su democracia. Deberíamos estar de acuerdo en que en una democracia perfecta el jefe del Estado no sería jurídicamente inviolable. A la justicia de
una democracia perfecta no le sacaría los colores la justicia de otros Estados europeos. En una democracia perfecta los partidos no podrían saltarse alegremente la obligación constitucional de renovar los cargos del Consejo General del Poder
Judicial, como llevan ustedes haciendo desde hace más de veinte meses. Sería inconcebible la existencia de una policía patriótica en una democracia perfecta. El Tribunal Constitucional no habría podido enmendar un estatuto aprobado
legislativamente y refrendado también en las urnas. En una democracia perfecta la Jefatura del Estado se ganaría en las urnas y no se traspasaría de padres a hijos en una herencia tan retrógrada que otorga preferencia al varón sobre la mujer.


Pero con su obsesión de proteger a la Corona le están haciendo un flaco favor, porque un debate que debería ser entre monarquía o república lo están convirtiendo en un debate entre transparencia u opacidad, entre libertad o represión, entre
legalidad o impunidad, entre democracia o autoritarismo. Para empezar a parecer una democracia perfecta deberían admitir que la Corona no lo es. Y, ya que su Gobierno no permite las consultas y el mío sí, les compartiré los datos del CEO de la
Generalitat. En Cataluña su monarquía consigue una nota media de 1,59 sobre 10. Suspende según el 78,2 % de la población en julio de 2020, antes de los últimos episodios del serial. Se lo diré de otro modo -y con esto acabo-, sus votantes en
Cataluña, incluyendo los de PSOE y los de Ciudadanos, suspenden a su monarquía, la suspenden. Por eso, está en sus manos hoy aquí decidir si les van a representar con su voto. Si tan convencidos están de que su monarquía es tan ejemplar, ¿qué
miedo tienen a que los ciudadanos puedan expresar su opinión? Pero, señores de Podemos, ustedes están en el Gobierno. Son Gobierno y deberían poder ir más allá de una PNL o más allá de la anulación de algo que ya había sido anulado y que puede
quedar en mera gesticulación.

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Acabo. El próximo jueves el president Torra está citado en el Tribunal Supremo por una pancarta que reza: Llibertat presos polítics i retorn dels exiliats. Por defender la libertad de expresión puede ser inhabilitado y apartado de su
cargo, algo que, de ocurrir, sería un escándalo democrático mayúsculo.


La señora PRESIDENTA: Señora Borràs, tiene que terminar, por favor.


La señora BORRÀS CASTANYER: Consulten los principios más básicos de la democracia, la legalidad europea. Constaten que, lejos de ser perfecta, si una justicia politizada puede modificar la voluntad surgida en las urnas, España suspende en
democracia, como su monarquía, lo cuente el CIS o no.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Borràs. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Nova.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Rojas García.


El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia. Señorías, muy buenas tardes. Señor Asens, le agradezco su tono. No estamos para nada de acuerdo con esta proposición no de ley pero le agradezco el tono.


Nos pide el grupo político Unidas Podemos que instemos al Gobierno a trasladar a los responsables del CIS la necesidad de volver a preguntar sobre la valoración de la Casa Real y sus miembros. En estos tiempos tan recios que vive España,
¿esta es la iniciativa que puede mejorar las cosas en nuestro país? Esa es una de las primeras preguntas que nos vienen a la cabeza, señorías, y también otra que nace del propio petitum de la iniciativa: ¿por qué insta Podemos al Gobierno si
Podemos es el Gobierno? Me recuerda aquello que decía el presidente socialista Felipe González hace unas pocas semanas de que la coalición Podemos-Partido Socialista parece el camarote de los hermanos Marx; no está muy alejado. De cualquier
forma, señorías, lo que es inequívoco es que la coalición PSOE-Podemos está llevando a España a la deriva. No tenemos un Gobierno; tenemos un Gobierno desaparecido y descoordinado. Hay una tremenda descoordinación entre los ministerios y dentro
del Ejecutivo no se entienden y a veces ni se hablan. El último ejemplo -lo conocen sus señorías bien- es el de Bankia; también tenemos el ejemplo del ingreso mínimo y quizás el CIS sea otro tema también vedado a Podemos y por eso traen al
Congreso esta iniciativa. No lo sé, pero lo que sí puedo asegurar, señor Asens, señorías de Podemos, es que esta proposición no de ley es una cortina de humo. Está claro que Unidas Podemos no puede presentar una mínima imagen de gestión en nuestro
país desde su Gobierno y entonces rellena con humo sus vacíos y esconde con humo su incompetencia. En esta proposición no de ley desde Unidas Podemos vuelven a criticar la monarquía constitucional. Han hecho esta proposición para eso, lo ha
reconocido el ponente, el señor Asens. Miren, pretenden zarandear a la monarquía constitucional, pretenden desprestigiarla pasando por encima de todos los principios constitucionales, de la presunción de inocencia; no importa nada, porque su
objetivo es el asalto a los cielos, desprestigiar a nuestras instituciones, y para nosotros, señor Asens, señorías, eso es un completo error. Es lamentable que el Partido Socialista esté en este juego con ustedes y esté en esta coalición de
descrédito para España con ustedes. Lo estamos lamentando todos los días los españoles. (Aplausos).


La monarquía parlamentaria, señorías, goza de un gran apoyo popular, no hay más que ver las visitas de los reyes por toda España; la gente los quiere y el cariño se ve. Y usted, señor Asens, dice que la monarquía constitucional tiene
escasa legitimidad democrática. ¿De verdad que viene aquí a decir eso? ¿Usted sabe que en Cataluña, de donde es usted, este gran territorio de España, la Constitución fue aprobada por más del 90 % de los catalanes y que la monarquía constitucional
está y reside en la Constitución? ¿Qué es eso de escasa legitimidad democrática? Señorías, es que la monarquía parlamentaria, consagrada en nuestra Constitución, ha sido uno de los grandes aciertos de la historia moderna en nuestro país, ha sido
la gran base donde se ha cimentado la transición española, ha sido la catalizadora de grandes acuerdos, de grandes pactos de convivencia. La monarquía no es un muro que defiende a la monarquía; la monarquía es un muro que defiende a la democracia
y ha sido el muro defensor infranqueable de la democracia. Recuerden sus señorías la noche del 23 de febrero de 1981: fue el jefe del Estado, el rey, el que aseguró esa noche la continuidad de la democracia, señorías, fue él. (Aplausos). Y para
que sus señorías tengan memoria, algunas de esas piezas de convicción están descansando sobre las cabezas de sus señorías en esta Cámara (señalando las marcas de los tiros que hay en el techo del hemiciclo). Su majestad, el rey Felipe VI, es el
símbolo de la unidad y permanencia del Estado español, el gran símbolo de la concordia entre españoles. Y si desde la formación de Unidas

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Podemos se piensa que habríamos progresado durante esos cuarenta años en nuestro país de la manera que lo hemos hecho, siendo un gran país, en un ambiente de asalto a los cielos, de crispación, de enojo, de rencor continuo, si piensan que
eso habría sido así, se equivocan. Hemos progresado, hemos tenido éxito porque nos dimos un gran abrazo de concordia todos los españoles y eso es lo que el Partido Popular propone y tenemos que seguir haciendo. Nuestra Constitución, señorías de
Podemos, les da la oportunidad de hacer esta reforma, pero se da la circunstancia de que cada vez que Unidas Podemos trae una reforma de estas características tiene menos votos. Se da la circunstancia de que cada vez que la plantean y se presentan
a unos comicios pierden cientos de miles de votos. Porque ahora explíquenos ustedes bien si en Galicia los diputados de Podemos se pueden contar con los dedos de una mano. Sencillamente, no. ¿Por qué no miran eso en lugar de mirar cómo enfrentar
a los españoles y a las instituciones españolas? (Rumores). En lugar de pedir encuestas del CIS, ¿por qué no se miran eso? (Aplausos). Si de verdad quieren hacer algo positivo por nuestro país, voten a favor de la comisión de investigación que
hemos presentado desde el Partido Popular para que se conozca la gestión de su Gobierno en la pandemia. Cuéntennos qué está aportando Podemos a nuestro país, aparte de escándalos y de estar, siendo un partido supuestamente nuevo, ya en los
tribunales, con imputados, señorías. Cuéntennos qué están haciendo más allá de estar condicionados por Bildu. Cuéntennos hasta ahora la hoja de ruta; cuéntennos, señorías de Podemos -pues cuando terminó la moción de censura salieron de aquí dando
esos gritos de sí se puede-, qué es lo que han podido en los meses de gobierno con el Partido Socialista, qué es lo que han hecho para España. Presenten esa hoja de ruta y tengan transparencia. ¿No querían traer la transparencia como partido
nuevo? Apoyen esta comisión de investigación y den una lección de transparencia desde el Gobierno, que ahora tienen una fantástica oportunidad para hacerlo. (Aplausos).


Termino enseguida, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Sí, señor Rojas, debería terminar, por favor.


El señor ROJAS GARCÍA: Termino, señorías.


Sencillamente, presenten su gestión, esa es la transparencia; saber qué está haciendo el vicepresidente, que es de Podemos, con la gestión social de nuestro país, un país que está atravesando unos momentos muy difíciles; en el Ministerio
de Trabajo están insultando a nuestra agricultura o a nuestro turismo, cuando un Gobierno decente lo que tiene que hacer es ayudar a nuestros agricultores, a las empresas del sector turístico y a los trabajadores a tener más oportunidades.


Termino. Señorías, señora presidenta, señorías de Podemos, se lo digo sin acritud y en el tono que también les pido cuando hablan de nosotros. Esto no es La tuerka, ustedes ya no son portavoces de una reunión, están en el Gobierno de
España, y cuando se va al Gobierno de España se va a trabajar por los españoles con dignidad, respeto a las instituciones y respeto a la Constitución que nos dimos con ese gran abrazo todos los españoles. Votaremos no a esta iniciativa porque es
una cortina de humo.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rojas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Nova.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, he de reconocerle al Grupo de Unidas Podemos que cuando leímos esta iniciativa lo primero que hicimos fue acudir al derecho comparado, a la práctica en otras monarquías parlamentarias para ver si esta propuesta era tan obvia como
se nos presentaba. Examinamos lo que se hace en otros institutos de investigación social públicos, examinamos lo que se hace en otros parlamentos de democracias parlamentarias y, después de realizar más de ciento cincuenta investigaciones, no
encontramos ni un solo caso de una encuesta pública sobre la monarquía en estas democracias consolidadas, ni en Holanda, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en el Reino Unido. Y hay razones para ello: porque en estas democracias
consolidadas, que son monarquías parlamentarias, pretenden dejar a la jefatura del Estado al margen de la controversia política y de la confrontación cotidiana para preservar su carácter representativo porque ahí es donde está su utilidad. Tiene
sentido. ¿A que sí?


Hay más razones. El CIS es un organismo público de carácter científico autónomo y las instancias políticas no deben interferir, no deben decidir cuáles son sus investigaciones, cuáles sí y cuáles no. No

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deben redactar sus preguntas y sus respuestas tampoco. Esto es propio de democracias consolidadas, esto es propio de democracias de calidad. Tiene sentido.


¿Por qué los científicos del CIS no preguntan en sus investigaciones sobre la monarquía? ¿Qué ocurrió hace dos años? El CIS, con motivo del aniversario de la Constitución, preguntó sobre las opciones de los ciudadanos españoles en torno a
las posibles reformas constitucionales. ¿Aparecía la reforma de monarquía por república? Sí. ¿Aparecía con más del 50 % de los apoyos? No, ni del 40 %, ni del 30 %, ni del 20 %, ni del 10 %. Solo un 1,5 % de los españoles planteaba esta reforma
como una reforma interesante. Digamos que es una cifra discreta. Pero es que todos los meses -todos los meses, este también- el barómetro del CIS pregunta por los problemas más importantes del país y por los problemas que afectan personalmente en
mayor medida a los españoles y, claro, aparece el paro, la crisis económica, la pandemia desde luego, la educación, la sanidad. ¿Aparece la monarquía? Sí, reconozcámoslo, aparece todos los meses. El último mes en el puesto 32, 1,5 %, entre los
problemas más importantes del país. Y respecto a los problemas que los españoles consideran personalmente más importantes aparece también, en el puesto 39, 0,2 %. Si el CIS es un organismo público autónomo y de carácter científico parece razonable
que sus rectores científicos busquen entre los problemas que más importan a los españoles su motivo de investigación y no aquellos asuntos que interesan a sus señorías por circunstancias políticas particulares, para marcar perfil, como se dice
ahora. Parece razonable que el CIS tenga sus propias dinámicas.


Decía el señor Errejón, con razón, que en el último CIS que preguntó por la instituciones españolas la monarquía aparecía solo con un 4,34 %. Es verdad, solo un 4,34 %, pero al señor Errejón se le ha olvidado decir que en aquella encuesta
de abril del año 2015 se preguntaba por el resto de las instituciones. Para la monarquía 4,34 %, no estaba bien; partidos políticos, 2,21 %; sindicatos, 2,61 %, y Parlamento español, 2,83 %. Si utilizamos el argumento del 4,34 %, mala nota, para
cuestionar la vigencia de la monarquía, ¿qué hacemos con los partidos políticos? Señorías de Podemos, ¿qué hacemos con el Parlamento?


En conclusión, parece razonable que hagamos como en otras democracias consolidadas, monarquías parlamentarias, y dejemos a la jefatura del Estado al margen de la controversia política y de la confrontación cotidiana para que puedan ejercer
su papel constitucional, su papel representativo y dejemos al CIS, que es un organismo público, autónomo y científico al margen de interferencias políticas.


Y, señorías de la derecha, les voy a decir algo: la lealtad del Partido Socialista y de su grupo parlamentario para con la monarquía parlamentaria deviene directamente de nuestra lealtad al pacto constitucional que sustenta nuestra
democracia, nuestras libertades y nuestros derechos, directamente. (Aplausos). Le vamos a pedir al menos la misma lealtad, porque el mayor enemigo que tiene la monarquía parlamentaria hoy lo constituyen aquellos que día tras día la quieren para sí
y frente a los demás. Cada vez que ustedes dicen que la monarquía es suya y no de los demás, convencen a más españoles de que la monarquía debe ser algo ajeno a su ideología, a su consideración política, a sus vidas. Por eso les pedimos que sean
ustedes leales al pacto constitucional y no hagan daño a la monarquía; dejen ustedes que represente y sirva a todos los españoles.


Por cierto -termino ya-, ser constitucionalista no equivale solo a defender a ultranza el título II, hay que defender también el artículo 31. Todos hemos de contribuir al gasto público en función de nuestra capacidad económica. Eso también
es ser constitucionalista. Ser constitucionalista, por cierto, señor Rojas, también es acudir al 122, que establece el derecho y el deber de las Cortes Generales de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y, por cierto -y con esto termino
de verdad-, léanse ustedes el artículo 126 de la Constitución. El Ministerio del Interior y la Policía están para perseguir el delito y no para promoverlo, para taparlo y para encubrirlo. Eso también lo dice la Constitución.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Simancas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señor Asens Llodrà, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?


El señor ASENS LLODRÀ: Sí, la enmienda de Esquerra Republicana, de la que presentaremos su formulación por escrito.


La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchísimas gracias.

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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN A LA DESIDIA Y LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR UNA VUELTA SEGURA A LAS AULAS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, A LO LARGO Y ANCHO DE TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL. (Número de
expediente 173/000018).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación a la desidia y la incapacidad del Gobierno para garantizar una vuelta segura
a las aulas en condiciones de igualdad a lo largo y ancho de todo el territorio español.


Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Jiménez Linuesa.


La señora JIMÉNEZ LINUESA: Buenas tardes. Gracias, presidenta.


Señorías, la pandemia ha golpeado fuertemente a España y no lo ha hecho solo en el ámbito sanitario y en el ámbito económico, también, desgraciadamente, lo ha hecho en el ámbito educativo, dejando en evidencia las carencias de nuestro
sistema, pero, sobre todo, dejando en evidencia al Gobierno de la nación. Además, también ha quedado patente la dejación de funciones por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que no ha sabido estar a la altura de las
excepcionales circunstancias. El Gobierno central es quien tiene las competencias para regular el derecho a la educación y, al igual que el presidente Sánchez asumió el mando único para la toma de decisiones sanitarias derivadas de la pandemia del
COVID-19, la comunidad educativa en su conjunto ha echado de menos un liderazgo, de momento inexistente, que hubiera establecido en su momento un protocolo común a todo el territorio español para evitar lo que hasta ahora ya se ha producido, que es
una mayor desigualdad entre las comunidades autónomas y, por lo tanto, entre nuestros estudiantes, entre nuestros docentes y las familias.


¿Por qué en educación no se han tomado medidas unificadas para todo el territorio nacional teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación? ¿Por qué el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha delegado su responsabilidad en
otros poniendo en riesgo la igualdad de todos los españoles? ¿Por qué no hay una regulación común para aspectos como, por ejemplo, para saber qué tienen que hacer los padres y madres trabajadoras en caso de que sus hijos se contagien o tengan que
guardar la cuarentena? De este modo lo que creamos son padres y madres de primera o de segunda en función de la comunidad autónoma en la que vivan. La coordinación con el Ministerio de Sanidad debería haber sido una constante durante la pandemia,
pero no solo con este ministerio. Se deberían haber regulado y coordinado actuaciones relacionadas con el empleo, porque los padres y madres que trabajan se van a encontrar con situaciones en las que no ha habido ni previsión ni regulación, y no es
que haya sido por falta de tiempo, ha sido por falta de compromiso con los ciudadanos.


Las consecuencias no solo van a ser educativas, sino que van a ser económicas. Ni siquiera el Gobierno ni el ministerio han sido capaces de tomar decisiones en los territorios que son de su ámbito, como son Ceuta y Melilla. Y esta dejación
de funciones por parte del ministerio ha provocado la incertidumbre en el inicio del curso escolar en toda la comunidad educativa. No ha habido sindicato, asociación o colectivo que no haya mostrado su desconcierto y su preocupación con la vuelta a
las aulas. Hasta sus socios de Gobierno tuvieron que llamarles la atención por la poca previsión y por la premura en la toma de decisiones, aunque es cierto que, si se escucha a la ministra en alguna de sus intervenciones, parece que todo esto haya
sido invención del Partido Popular, pero no.


El problema ha estado en que ustedes se han mantenido alejados de la realidad, de las demandas, de las preocupaciones de quienes hoy están salvando sin duda el caótico inicio de curso que ustedes habían planificado. Y sí, ha sido gracias al
buen hacer y a la implicación de miles de docentes, de los equipos directivos, que han cargado con la responsabilidad que no les corresponde en muchas ocasiones, y, sobre todo, también de la buena voluntad de las familias y del resto de trabajadores
de los centros educativos. Gracias a todos ellos el curso ha podido comenzar. Si hubiera sido por el trabajo realizado por el Gobierno y por el Ministerio de Educación, a día de hoy los centros escolares deberían estar cerrados.


La ministra ha permitido que cada comunidad autónoma tome sus propias decisiones, eludiendo cualquier responsabilidad. No pedíamos ni hemos pedido nunca una norma rígida, pues cada comunidad y cada centro educativo tienen unas
características específicas y, sobre todo, tienen la capacidad para adaptarse a sus necesidades y a sus peculiaridades, pero sí consideramos que hubieran sido necesarios

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unos mínimos para evitar diferencias. ¿Por qué en algunas comunidades autónomas se ha bajado la ratio y en otras no? La señora ministra tenía la capacidad de haber establecido un máximo de alumnos por aula en cada una de las etapas
educativas, pero no, ha preferido que nos encontremos aulas de educación infantil con veinticinco alumnos en comunidades como Castilla-La Mancha, que, por cierto, anunció a bombo y platillo que bajaría esta radio a veinte alumnos y que no ha
cumplido.


Esto es un ejemplo que refleja algunas de las desigualdades producidas en algunas comunidades autónomas, pero desgraciadamente no es la única. Y es que para poner en marcha el curso escolar hacía, y sigue haciendo falta, más financiación
para las comunidades autónomas por parte del Gobierno central para poder hacer frente a todas las medidas que se les han exigido a los equipos directivos, sin dotarlos ni del material ni del personal necesario. La ministra hablaba el otro día de
inversión en educación, pero hay que recordar que el Partido Socialista fue el que se levantó del pacto educativo porque exigieron una inversión superior al 5 % del PIB, pero es verdad que a día de hoy ustedes no han subido ese porcentaje, que se
sitúa en el 4,2. Además, me gustaría decirles que la solución no está en invertir más, sino que la solución está en invertir mejor. ¿Y cómo se invierte mejor? Escuchando las demandas de la comunidad educativa y destinando los millones en lo que
verdaderamente importa: en este caso y en este momento es la seguridad y los recursos educativos, materiales y humanos.


Desde el Partido Popular consideramos esencial actuar en tres ámbitos: el sanitario, el educativo y el digital. En el ámbito sanitario, es fundamental garantizar la seguridad de todas las aulas en el territorio nacional sostenidas con
fondos públicos. El ámbito educativo ha sido el más abandonado por parte del Gobierno, ya que no ha sido capaz de determinar todas aquellas medidas imprescindibles para consolidar aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el
periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. Y, por último, el ámbito digital, mediante un inexistente, de momento, Plan integral de modernización, transformación y digitalización educativa.


Por ello, desde el Partido Popular consideramos imprescindible que el Gobierno constituya una comisión mixta, en la que estarán representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, del Ministerio de Universidades, así como del
Ministerio de Sanidad, y representantes de todas las comunidades autónomas, y que informe antes de diciembre en el Congreso de las medidas adoptadas, así como del análisis de las medidas que se han tomado hasta ahora, como también consideramos que
es imprescindible que participen de la Comisión de investigación sobre el COVID-19 que ya hemos registrado en esta Cámara.


Finalizo lamentando que ahora irán subiendo aquí algunos de ustedes a criticar la gestión del Partido Popular en aquellas comunidades en las que gobierna, pero también he de decirles que no les va a servir de nada porque ya no engañan a
nadie, porque, si de algo nos hemos dado cuenta todos, independientemente de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, es de la falta de gestión y liderazgo del Gobierno y, sobre todo, del abandono que hemos sentido en el inicio del curso
escolar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jiménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, la propuesta que trae el Partido Popular, que pide garantizar una vuelta segura a las aulas en todo el territorio nacional, me parece absolutamente de sentido común, así que vaya por delante
que votaremos que sí. Pero vaya por delante también que me parecen bochornosas las explicaciones que dio la ministra Celaá aquí la semana pasada y que sigue dando a través de los medios de comunicación a las familias que hoy han dejado a sus hijos
en las aulas preocupadas, muy preocupadas, con un reguero de confinamientos que estamos viendo hoy. La ministra viene a decirnos repetidamente que se ha hecho fenomenal, que está todo controlado, y nos dice una y otra vez que se ha reunido once
veces con ministros y consejeros. Yo le diría a la ministra que, en lugar de reunirse con las altas esferas, debería meterse en algún chat de padres para entender la realidad, porque la mayoría de los españoles piensa que el Gobierno se ha lavado
las manos en el tema educativo y que en este país la educación es lo último que importa para la política. Aparte de hacerse una foto, lo cierto es que el Gobierno ha llegado tarde y mal a la vuelta al colegio. Suspendieron en junio, han suspendido
en septiembre y no van a recuperar.

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Pedir un plan sanitario, educativo y tecnológico para todos los niños en España me parece muy bien, y además me parece muy bien la propuesta que hace el Partido Popular de que el ministerio tenga que venir aquí y que tengan que venir también
los consejeros a dar cuenta en una Comisión a todos los españoles a través del Congreso. Dicho esto, yo quiero aprovechar esta intervención para hacer una reflexión colectiva. Nos estamos jugando la salud y el futuro de nuestros niños. Los padres
estamos muy preocupados, especialmente aquellos que tenemos personas de riesgo en nuestro entorno. Hace seis meses que yo le pedí a la ministra que hiciera un plan para la vuelta al colegio, y la verdad es que desde entonces cada vez las respuestas
que nos dan me resultan más frustrantes.


Yo quiero hablar hoy primero como madre y después como docente, que lo soy, y acabaré hablando como política. Como madre, solo como madre, ¿qué me pregunta a mí en la vuelta al colegio? Me preocupa primero que mi hijo se contagie, me
indigna que, si mi hijo, en lugar de estudiar en Alicante, estudiara en Sevilla, iría a un colegio donde se ha hecho la PCR a los profesores. ¿Qué pasa, que el código postal inmuniza ante el virus? Me preocupa que tenga un buen maestro, capaz de
haberse adaptado a estas circunstancias, y me preocupa que mi hijo pueda volver en las mejores condiciones, porque quiero un cole seguro, pero quiero un niño feliz también. Me agobia mucho -Dios no lo quiera- que tengan que confinar a alguien en su
clase y me preocupa que pierda porque no haya un plan B para seguir la educación, porque los niños ya han perdido mucho durante el confinamiento y no pueden descolgarse más. A mí como madre que trabajo me preocupa que el Estado y la Administración
me amparen para que, si me tengo que quedar a cuidar de él, pueda cogerme un permiso. Yo no soy nada original, me preocupa lo mismo que a todos los padres y a todas las madres de todas las fuerzas políticas. ¿Saben lo que no me preocupa en
absoluto como madre? No me preocupa un pepino si la ministra se ha reunido once veces ni me preocupa lo que pasó hace diez años ni me preocupa que se estén tirando los trastos entre una y otra comunidad según el color. Ningún reproche político nos
va a quitar la inseguridad y el miedo que tenemos ante la vuelta al colegio.


Como docente, que lo soy, ¿qué me preocupa como docente? ¿Qué me preocupa como profesora? No me preocupa ninguno de estos debates que hemos tenido aquí en torno a cuestiones que están muy alejadas de lo que piensa la gente de la calle.
Como profesora me preocupa contagiarme, sí señor, me preocupa contagiarme. Me preocupa que, cuando vaya a las aulas, mis aulas sean seguras, y me preocupa tener las aulas en las mejores condiciones posibles. Me preocupa saber qué contenidos tengo
que priorizar, si voy a disponer de los recursos suficientes para poder hacer frente al reto que tenemos los profesores -no es fácil pasar de la docencia presencial a la docencia online-, y me preocupa que, además de profesora, me tenga que
convertir en enfermera, psicóloga, acompañante y maestra, y que caiga sobre mí toda la responsabilidad porque otros no han hecho su trabajo.


Y como política, ¿qué me preocupa como política? Como política me preocupa muchísimo que estemos viviendo en una burbuja al margen de lo que a la gente le preocupa en la calle. Me preocupa tener una ministra de Educación que se ha inhibido
de sus competencias reiteradamente y que se pone a la defensiva cuando le preguntamos y le pedimos que se ponga a trabajar. Me preocupa que el Gobierno haya tomado el mantra de la descarga de responsabilidades y me indigna sobremanera que a
millones de ciudadanos que estamos preocupados por esto Celaá nos haya dicho -y me lo dijo a mí en una Comisión- que hacemos una reflexión muy poco madura del sistema autonómico. Está fuera de la realidad, es inadmisible. La comunidad educativa
está sobreviviendo como puede y este Gobierno no puede responderle con problemas políticos ni podemos lanzarles problemas competenciales. Necesitamos dar soluciones.


La señora PRESIDENTA: Señora Martín, tiene que terminar, por favor.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Que el Ejecutivo dé lecciones de madurez a los ciudadanos en este momento, que han tenido una paciencia y una responsabilidad ejemplar, es un insulto. Les pido que tengan empatía, que metan las propuestas del
Partido Popular -que no son mías, y no se me caen los anillos por decir que son buenas- y que, por favor, en el tema educativo nos pongamos a trabajar y a solucionar lo que se ve en la calle.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Nova.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Trías Gil.

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La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes, señorías.


Sin duda, estamos ante un Gobierno que ha sido incapaz de garantizar una vuelta segura a las aulas en condiciones de igualdad a lo largo y ancho de todo el territorio español. A día de hoy, se tolera desde el Ministerio de Educación la
enorme disparidad de criterios entre unas comunidades y otras a la hora de establecer los protocolos para preservar la salud de alumnos, docentes y familias. Ante un problema de salud pública, este es el momento de asumir un mando único y de
redactar un protocolo adecuado y detallado, de obligado cumplimiento en todo el territorio español. Tanto el Gobierno como los ejecutivos regionales han rehuido su responsabilidad o han llegado tarde y mal, descargando sobre los centros educativos
su responsabilidad de preparar la vuelta segura a las aulas.


En el Pleno de la semana pasada la ministra de Educación dijo que la pandemia ha dejado en evidencia la cantidad de elementos que hay que modernizar en el sistema educativo, como cuando la marea se retira finalmente y deja los restos del
naufragio -dijo- en la playa. Efectivamente, la marea se ha retirado y lo que queda en la playa no son solo unos cuantos elementos para modernizar. Lo que queda son conchas vacías y rotas, que no conservan ni la pátina de belleza que suelen tener;
conchas vacías y rotas que evidencian la deficiencia estructural de un sistema educativo alternativamente ideologizado y falto de unidad y estrategia, obsoleto en la forma y viciado en el fondo. (Aplausos). Lo que deja en evidencia la marea es el
fracaso del sistema autonómico, la dispersión de esfuerzo, trabajo y recursos, y la absoluta necesidad de recuperar la competencia en educación a nivel nacional. (Aplausos).


Nosotros venimos diciéndolo en nuestro programa electoral y desde que estamos en el Congreso; en cada Comisión denunciamos la imposición lingüística, la mentira y la manipulación de los libros de historia, la imposición de la ideología de
género y ahora, más que nunca, por un motivo de salud pública. Hoy, y aún con la enorme importancia que tienen, no hablamos de lengua, de historia o de ideología; hablamos de salud pública, de medidas que ponen en juego nuestras vidas o las de
nuestros seres queridos. Hablamos de una gran responsabilidad, señorías. ¿Y qué nos encontramos? Protocolos generales, vagos e imprecisos que no dan solución a las casuísticas concretas que afectan a la vuelta a las aulas a los más de 8 millones
de alumnos españoles y de sus familias, generando gran incertidumbre y ansiedad.


Lo que hemos visto es que la maquinaria de todo un ministerio no se ha movilizado para ponerlo todo al servicio de obtener soluciones profesionales y acordes a los tiempos que vivimos. Y lo único que nos dice la ministra es que estemos
tranquilos, como si fuera una consecuencia lógica que su Gobierno está tramitando una nueva ley; como si la Lomloe fuera a arreglar algo de la situación de la emergencia que vivimos. La Lomloe es un retroceso legislativo, un viaje a sus viejas
leyes del pasado que ya hicieron bastante destrozo al sistema educativo español. Eso sí, removido ahora por la marea ideológica de la perspectiva de género de tintes interseccionales que arrecia en el mundo y ?¡cómo no!? en Europa y que su
Gobierno quiere abanderar a ver si por esta vía obtiene algo de reconocimiento de los socios europeos, ya que en todas las demás ha fracasado.


Se propone en la moción objeto de debate la creación de una Comisión mixta de Sanidad, Educación y Universidades, en colaboración con los representantes de las comunidades autónomas. Desde nuestro grupo parlamentario, después de la
experiencia en la Comisión de Reconstrucción, creemos que, lamentablemente, en esta Cámara crear comisiones perpetúa y disfraza los problemas, sin solucionarlos al ritmo que la sociedad requiere. De todas formas, de crearse, consideramos que
debería incluir también al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dar soluciones concretas a los padres de niños en cuarentena, que cada día son más. Esto y las medidas detalladas de obligado cumplimiento para las distintas
administraciones educativas es lo que aportamos hoy a la moción que votaremos favorablemente.


Por otro lado, los españoles deben saber que el Gobierno no trabaja por erradicar la desigualdad en educación, sino ¿por qué no se han tomado medidas concretas para mejorar el acceso a Internet en las zonas rurales? ¿Por qué, como la misma
ministra ha dicho, no hay stocks de dispositivos hasta diciembre para implantar adecuadamente la educación online? ¿No han tenido tiempo desde marzo para asegurar ese stock que va destinado, precisamente, a la población más vulnerable? Su trabajo
ha sido insuficiente e ineficiente. En lugar de aunar esfuerzos, creatividad y voluntad de aportar soluciones al problema de aprendizaje en esta circunstancia excepcional, siguieron adelante con esta nefasta ley educativa. La Lomlou, cuando menos,
debería hacer una larga cuarentena...


La señora PRESIDENTA: Señora Trías, tiene que terminar, por favor.

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La señora TRÍAS GIL: ... hasta que volvamos a la vida cotidiana tal como era antes de la pandemia. Mientras eso no pueda darse, ocúpense en atender las necesidades urgentes de los alumnos españoles y de sus familias de forma eficiente.
Reconozcan la riqueza social que supone la familia y dótenla de recursos para que contribuya con su participación activa en asegurar el derecho a la educación que asegura la Constitución.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias señora Trías. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.


Si algo se ha podido confirmar a lo largo de la trágica pandemia que ya se ha llevado por delante más de 50 000 vidas y ha colocado a España en los peores parámetros europeos y mundiales relativos a la incidencia del COVID-19 son dos cosas.
La primera es que el Gobierno siempre ha llegado tarde para tomar decisiones trascendentales frente a una situación sin precedentes. La segunda es que el Ejecutivo ha eludido responsabilidades y ha acusado a algunas comunidades autónomas de no
actuar correctamente. Hoy la moción consecuencia de interpelación sobre aspectos relativos a la enseñanza en tiempos de pandemia, que ha defendido la diputada señora Jiménez Linuesa, incide precisamente en esas dos características: Gobierno tardón
que no resuelve; Gobierno cobardón que trata de escabullirse de la inexcusable tarea de intervenir en la solución de esta gravísima crisis que afecta al conjunto de la comunidad educativa, resida donde resida.


Si frente a esta situación el Gobierno de Pedro Sánchez se empeña en parapetarse en las transferencias a los diferentes territorios, estará renunciando irresponsablemente al inequívoco mandato de la Constitución y también a las competencias
que le corresponde asumir y para las que este Gobierno -además, mastodóntico, que se ha autocalificado de progreso-, se ha dotado de dos ministerios, el de Educación y Formación Profesional, y el de Universidades, con sus correspondientes
estructuras. Tanto banco azul para nada; desaparecido también en cuestiones educativas.


Antes de continuar y puesto que en el Pleno de la pasada semana la ministra Celaá Diéguez atribuía a algunas comunidades autónomas no socialistas lentitud y toma de decisiones incorrectas, permítanme decir que en Asturias, mi comunidad de
origen, gobernada por el PSOE, dimitió el pasado viernes la responsable de Planificación e Infraestructuras Educativas, a escasos días de dar comienzo el curso escolar más complicado y de mayor incertidumbre de la historia. De nada ha servido en
Asturias tanto para los alumnos y sus familias como para los docentes ser los últimos en regresar a las aulas: gestión lamentable. Y en el resto de España lo mismo, persiste la amenaza en el ámbito educativo sin que en el Ejecutivo se haya
aprovechado el período no lectivo para pensar, planear y concebir soluciones y protocolos de actuación ante las diferentes contingencias que pudieran surgir, entre ellas la posibilidad de una nueva oleada de contagios por coronavirus, como la que
estamos sufriendo desde el pasado mes de agosto. De hecho, las incidencias que ya se han producido en algunos de los lugares donde se ha iniciado el curso escolar 2020-2021 han demostrado que los temores familiares y las inquietudes de los
profesionales estaban justificados cuando señalaban contradicciones en la diversidad de instrucciones, muchas dudas sobre su aplicación y escepticismo total sobre su efectividad. Es ahí precisamente donde el ministerio tenía una función que asumir,
pero que dejó al albur, exactamente igual que aquellas primeras semanas del año en las que la seguridad sanitaria se vio relegada y la seriedad de la alarma se quedó en un absoluto segundo plano. Mucho me temo que, a la vista de lo que está
sucediendo en el mundo educativo, los primeros que dudan y desconfían del Ministerio de Sanidad, de los alegatos al ministro Illa y de las frivolidades del doctor Simón son los propios miembros del Consejo de Ministros.


Señorías, ante la tardía reacción del Gobierno, ante su indolencia, ante su descoordinación y ante sus indecisiones, es más que oportuna está cuádruple propuesta que se realiza en esta moción y que, además de concretar amplias medidas y
ofrecer alternativas ante la falta de respuesta a la negligente pasividad del ministerio, concluye instando a la creación de una Comisión mixta interministerial e interautonómica para que antes de final de año se informe al Congreso de los avances
en la aplicación de medidas para la resolución de esta crisis de incalculable efecto futuro en términos educativos.

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En definitiva, la vuelta segura a los colegios y a las aulas exige la adopción de medidas sanitarias excepcionales y, en este sentido, quisiera señalar expresamente el esfuerzo realizado desde la sociedad civil por el Consejo general y
diferentes organizaciones de enfermería para elaborar el Plan estratégico de enfermería escolar para la prevención del COVID-19 en los centros educativos y la Guía de recomendaciones para el inicio de las clases en los centros educativos,
respectivamente; aspectos que entran de lleno en la llamada de atención que se plantea en esta moción para actuar urgentemente y proporcionar medidas de seguridad frente a los riesgos de contagio.


Concluyo, señora presidenta, señalando que ante la indolencia ministerial son imprescindibles las medidas de esta moción consecuencia de interpelación, a la que manifiesto mi respaldo, porque España no puede añadir el fiasco educativo a los
fiascos sanitarios y económicos derivados de la calamitosa gestión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante el COVID-19.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Nova.


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.


La señora AIZPURUA ARZALLUS: Eskerrik asko, presidenta.


Efectivamente, no se ha asegurado una vuelta segura a las aulas, pero no apoyaremos esta moción porque ustedes precisamente son el ejemplo de lo que no debe hacerse, basta preguntar al profesorado de Madrid. Ha sido el ejemplo vivo del
desastre y, por eso, votaremos no a esta moción.


También en mi país la vuelta a las aulas ha sido motivo de preocupación. Hoy ha sido un día de huelga y de movilizaciones en la enseñanza vasca, con reivindicaciones que exigen lo obvio, una vuelta a las aulas segura y acordada. Una huelga
que no se estaría produciendo si las instituciones, tanto las de Madrid como las propias, hubiesen tomado medidas y decisiones en los cinco meses que han tenido para hacerlo. Todos sabíamos que en septiembre llegaba la vuelta a las aulas, pero
parece que los Gobiernos no se enteraban. Hemos visto cómo a última hora, una semana antes e incluso solo unos días antes en muchos casos, se intentaba hacer lo que no se había hecho en meses y cómo se exigía al profesorado que cumpliesen medidas
imposibles de cumplir cargándoles con la responsabilidad de cuidar del alumnado. Intentan hacernos creer que son ellas y ellos, las profesoras y los profesores, quienes tienen la responsabilidad, cuando son los gobernantes quienes no han hecho los
deberes. En primer lugar, de alguna forma, se culpabilizó incluso a los niños, luego a los inmigrantes ?¿recuerdan??, después a los jóvenes, más recientemente incluso a los fumadores y ahora al profesorado. Es increíble la capacidad que tienen
los gobernantes para culpar a sectores sociales de su propia incapacidad, de intentar enfrentar a unos contra otros, de culparles del fracaso que ellos no quieren asumir. Pues no, al igual que la culpa no era de los niños ni de los jóvenes ni de
los inmigrantes tampoco lo es del profesorado, porque una vez más intentan enfrentar a profesores con familias, a las necesidades de unos con las necesidades de otros, y los gobernantes intentan lavarse las manos.


La vuelta a las aulas no es segura hoy en día y la responsabilidad es de quienes no se han anticipado a ello, de quienes no han bajado los ratios, de quienes no han proporcionado más recursos, de quienes no han contratado en tiempo y forma
más profesorado y de quienes no han invertido más recursos en educación, de quienes no han planificado el regreso junto a la comunidad educativa, que son quienes conocen y trabajan día a día con los centros. No se ha hecho nada de todo esto y ahora
se quejan de la huelga. Pues que quede claro que esta huelga no es solo por ellos y ellas, lo hacen por los estudiantes, por las familias, por la sociedad en general. Lo hacen para que la vuelta a las clases no suponga un nuevo riesgo y no agrave
la grave situación que estamos pasando y para que volver a las aulas sea seguro para todos y para todas. Les invito a que los esfuerzos que los responsables públicos, desde la ministra al lehendakari, están poniendo en desacreditar esta huelga los
inviertan en escuchar lo que piden y en tomar las medidas consensuadas que están solicitando por el bien de todos.


Termino ya. Vaya desde aquí todo nuestro reconocimiento a todas esas personas que aun sintiéndose abandonadas están haciendo todo lo posible y todo lo que está en sus manos para que nuestros hijos e hijas vuelvan a las aulas de manera
segura, para que las familias también se sientan seguras. Sabemos que no es fácil y que están haciendo un esfuerzo enorme por todas nosotras y por todos nosotros. Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aizpurua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.

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La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias señora, presidenta. Con su permiso, intervendré desde el escaño.


Comienzo haciendo una pregunta retórica a todo el mundo, porque acabo de escuchar decir que los gobernantes intentan lavarse las manos. Sinceramente, no respondan en alto, pero respóndanse a ustedes mismos: ¿alguien cree que algún
gobernante de cualquier comunidad, de los ministerios de Sanidad o de Educación, está intentando lavarse las manos? ¿Creen ustedes, que son políticos como yo, esto de verdad? Habrá medidas que adopten que no serán acertadas, pero decir que se
están intentando escaquear y lavarse las manos es un acto de irresponsabilidad política, es un acto de irresponsabilidad política. (Aplausos). Es un acto de irresponsabilidad política y, además, es un acto de poca solidaridad con otra gente que,
como nosotras y nosotros, está echando el resto en una situación absolutamente atípica, en una situación en que lo que reina es la incertidumbre por cómo es, cuando lo que están haciendo es dar salidas y soluciones continuamente.


En primer lugar, señora Jiménez, no vamos a apoyar la medida por fuero, por coherencia. El Partido Nacionalista Vasco reivindica una y mil veces que las competencias en cuestiones sanitarias y de educación son de las comunidades autónomas y
que, por tanto, se debe dejar hacer a quien corresponde: las comunidades autónomas. Así pues, por coherencia, aunque nos vaya bien, aunque nos resulta fácil, aunque nos resulte difícil, les puedo asegurar que, desde luego, en Euskadi nadie se va a
lavar las manos porque la situación sea complicada.


En segundo lugar, vamos a votar en contra por el fondo que usted está planteando porque ya son medidas que se están adoptando. Hacer ese discurso, como si nada se hiciera, es muy poco razonable, es una cuestión que no se entiende desde el
punto de vista de la responsabilidad política. ¿Cree usted que no se están haciendo protocolos desde el principio? Pues se hicieron protocolos, se hicieron propuestas que después se han tenido que ajustar porque, como todas y todos sabemos, aunque
hagamos oídos sordos a lo que está pasando o nos tapemos los ojos, la situación va cambiando. Esos protocolos, esos planes de medidas y de prevención de riesgos laborales tienen que ir adaptándose continuamente, pero existieron y se tomaron medidas
absolutamente audaces. Se ha dicho que en esos cinco meses no se tomó ninguna medida; cinco meses menos que el 15 de septiembre es el 15 de marzo. Cuando entramos en esto todos estábamos desconcertados y se tomaron medidas absolutamente audaces.
Se cerraron centros escolares siguiendo el principio sanitario, porque en todo esto -en todos los sitios entiendo, desde luego en Euskadi sí- se está siguiendo principios sanitarios y de urgencia educativa, ya que ambos criterios forman un binomio
que va de forma conjunta, y continuamente se van readaptando todas las medidas. Se volvió en mayo progresivamente a las aulas por urgencia educativa porque aunque la educación online se ha mostrado necesaria y hay que avanzar en ese desarrollo
digital, hemos aprendido y ahora sabemos que no sustituye a la educación presencial. Por eso ahora se están adoptando medidas también para seguir en esa línea.


Y la tercera variable por la que vamos a votar en contra es por la motivación, porque usted lo que pretenden es desgastar a un Gobierno y a su vez donde ustedes gobiernan habrá otros que tal vez pretendan desgastarles. Nosotros ya hemos
visto que toda la intervención aquí en el Congreso de EH Bildu por la situación en Euskadi ha sido para intentar desgastar al Gobierno de allí. Pues tan mal está en un caso como en el otro y como en el otro. Desde luego, en una situación como
esta, donde toda la comunidad educativa, toda la comunidad sanitaria y todas las personas que trabajan en las empresas, en la calle y en todos los sitios están echando el resto para salir de esta, con el Partido Nacionalista Vasco no cuenten.
(Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gorospe.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.


Nada más lejos de mi intención defender la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria, tampoco en el ámbito educativo, porque, como expresamos muchas veces, creemos que fue muy deficiente y con errores graves. Sin embargo, la desfachatez y
la demagogia del Partido Popular no tienen límites y hasta sorprende tan poca vergüenza, como si el Partido Popular no gobernase en ningún sitio y no fuese responsable de actuaciones absolutamente criticables por desastrosas, además de no respetar
las competencias de las comunidades autónomas en materia educativa. El Partido Popular gobierna, por ejemplo, en Galiza y Núñez Feijóo, a pesar de los incomprensibles elogios que recibe frecuentemente por parte de la izquierda española gobernante
-los últimos de la ministra Yolanda Díaz-, está realizando una gestión nefasta del

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nuevo curso escolar que está alarmando a toda la comunidad educativa y provocando la rebelión de los sindicatos y de la dirección de los centros escolares. Déjeme señalar solo que la gran solución del Gobierno de Feijóo era establecer un
metro ?¡un metro!? de separación desde el centro de las sillas. En fin, calculen ustedes. Menos mal que la movilización le obligó a rectificar, pero aún con continuas vacilaciones e irresponsabilidades, como decir que cada centro decida qué
hacer. Entonces preguntamos para qué sirve ese Gobierno. Eso sí es lavarse las manos.


Finalizo. Como denuncia la CIG, sindicato mayoritario en el sector, el Gobierno del PP de Feijóo pretende resolver la crisis sanitaria en la enseñanza a coste cero sin aumentar el profesorado y sin proteger realmente la seguridad y la salud
de la comunidad educativa: una absoluta irresponsabilidad. De modo que, señores del PP, una vez más, menos predicar y más dar trigo.


Obrigado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.


Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.


Hay obsesiones enfermizas que no curan los médicos como, por ejemplo, esa obsesión centralista que tienen algunos partidos -los que han hecho la propuesta y los dos que la han enmendado- por centralizar la educación. Les digo una cosa: la
descentralización competencial es también constitucional. Cito un refrán castellano, como les gusta a ustedes: consejos vendo que para mí no tengo. Probablemente, en Madrid, en palabras de la portavoz del Partido Popular, hayan echado en falta un
liderazgo para que el curso empezara mucho mejor de lo que ha empezado, ya que creo que aún faltan muchos maestros por contratar. En cambio, en la Comunidad Autónoma Valenciana se han hecho las cosas bien. Todas las cosas que plantea el Partido
Popular en su moción las hemos hecho: tenemos protocolos hechos y con tiempo; hemos hecho un plan de refuerzo educativo; hemos contratado 4000 profesores y 3000 auxiliares monitores de comedor; hemos repartido 30 000 tabletas a los alumnos;
hemos incrementado las becas. Por tanto, hay comunidades autónomas que son ejemplo y otras que probablemente se lo tendrían que mirar.


Moltes gràcies.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví.


Por el mismo grupo parlamentario, en último lugar, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, presidenta.


Bon vespre. Señorías, señora Jiménez, le avanzo que no vamos a apoyar esta moción. Aunque imagino que no le sorprenderá, ya le avanzo que no la vamos a apoyar. Y no la vamos a apoyar, sobre todo, porque nos da la sensación de que usted se
ha leído algún artículo de la Constitución pero no se ha leído, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, incluso el que quedó después de su recurso al Tribunal Constitucional y de lo que se cepilló el Partido Socialista. Ni siquiera ese
documento se ha leído usted. Le recomiendo que vaya solo a un artículo, el 131, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, del vigente, y se dará cuenta de que en sus propuestas vulneran de forma sistemática o nos proponen que nos saltemos de forma
sistemática el reparto competencial que toca a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en este caso a la Generalitat de Catalunya. Fíjese en su propuesta uno, la de dar una perspectiva sanitaria a este plan de actuación, usted vulnera el apartado h) de
ese artículo. En el punto dos, donde nos proponen una perspectiva educativa, usted vulnera los puntos b), d) y g) del artículo 131. Para rematarlo, por si no fuera suficiente, en su último punto sobre transformación digital usted nos propone que
nos saltemos el apartado e) del artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Proponernos esto como para hacer ruido, para desgastar Gobiernos, no es una mala idea, seguramente les funciona, pero le recomiendo dos cosas: en primer lugar, que
se lea el estatuto y nos vuelva a presentar su propuesta actualizada y adaptada a la realidad legislativa de este país, y en segundo lugar, que se la mande a la señora Ayuso, porque igual hay alguna idea que le puede servir a ella ya que ahora no
están ustedes como para dar lecciones a los Gobiernos autonómicos de cómo gestionar esta crisis. Por tanto, como he avanzado, vamos a votar en contra de esta moción.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique i Saltor.

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La señora ROSIQUE I SALTOR: Gracias, presidenta.


Si me lo permiten, hablaré también desde el escaño. Evidentemente, nosotros, el Grupo Republicano, no compartimos la visión centralista de las políticas educativas. De hecho, asumimos nuestras responsabilidades desde la Generalitat de
Catalunya con el inicio del curso escolar y esperábamos que ustedes hicieran lo mismo desde las comunidades autónomas en las que gobiernan. En todo caso, lo que sí nos sorprende es que no incluyan en su moción algo que sí le compete al Gobierno
español como es la cobertura laboral de aquellas personas que tienen hijos o hijas que han dado positivo o que han estado con un contacto positivo y que, por tanto, tienen que hacer cuarentena y no pueden ir al colegio. Respecto a esto, ya les
comentamos durante el estado de alarma que se debía actuar, que se debía dar una cobertura laboral a aquellas personas que tuvieran que cuidar de sus hijos cuando estuvieran en casa, pero todavía no tenemos una respuesta. Hemos ido avisando durante
estos últimos meses, pero es que justamente este último mes me atrevería a decir que casi todos mis compañeros y compañeras les han comentado en alguna Comisión o en algún Pleno que era necesaria una baja laboral o un permiso retribuido, y todavía
no tenemos respuesta alguna por parte del Gobierno. De hecho, lo que nos llega es que esto va a decaer como política del Gobierno.


Por tanto, una vez más, lo que hago aquí en este Pleno es exigirles que lleguen a un acuerdo, que sean realmente representantes de las clases trabajadoras y que, por consiguiente, nos hagan una propuesta concreta que garantice una baja
laboral o un permiso retribuido para aquellas personas que tienen que cuidar de sus hijos y, por tanto, no pueden ir al trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Rosique.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.


El Grupo Popular nos trae una moción para garantizar una vuelta segura a las aulas, y lo primero que he pensado es que quizás ustedes ya lleguen un poco tarde, a la vista de que ya se ha iniciado el curso escolar -y político también- en
varias comunidades. De hecho, el pasado 11 de junio el Ministerio de Educación ya presentó un documento de recomendaciones para iniciar el curso de forma presencial y segura con el acuerdo de las comunidades autónomas. Y ahí, en ese momento, que
era el momento de fin de curso, no oímos al Partido Popular aportar muchas propuestas o muchas ideas, porque seguramente estaban ustedes en otras cosas. Digo esto porque he revisado las propuestas que ustedes presentaron las semanas de fin de curso
y no hay ninguna iniciativa sobre educación y sí varias preguntas sobre la vuelta de las corridas de toros. Y así seguimos, creo que ustedes están más preocupados por la vuelta de los toros que por la vuelta de los alumnos a las clases.
(Aplausos).


Por lo demás, su moción es un brindis al sol que no podemos apoyar, no solo por su falta de concreción, sino fundamentalmente por su falta de pudor. Hoy ustedes reclaman más recursos para la educación, y es verdad que hacen falta más
recursos. Sin embargo, la falta de recursos y la infrainversión educativa no vienen de hoy, vienen de ayer y vienen también de muchos años en los que ustedes gestionaban. ¿Saben ustedes qué decía el exministro de Educación, Wert, cuando era la
comunidad educativa la que pedía más recursos para reforzar la educación pública? Se lo voy a leer, porque es propio de un poeta: 'Pensar que el éxito del sistema educativo depende de los recursos es equivocado, es como pensar que la belleza de
una casa reside en la cantidad de cemento que tenga'. Esas palabras del exministro y casi poeta, José Ignacio Wert, sintetizan bien la visión que tiene la derecha y el Partido Popular de la educación. Para ustedes la educación es un problema
individual y lo ven como un problema que atañe a cada familia, y no como una responsabilidad colectiva que tienen las administraciones y que tiene la sociedad. Por eso su modelo educativo siempre ha sido recortar en la educación pública, extender
el modelo de los conciertos, precarizar las plantillas docentes y restringir en la medida de lo posible el acceso a las becas. ¿Saben por qué? Porque en ese sálvese quien pueda, al final siempre acaban salvándose los que tiene más recursos, los
que tienen más dinero.


Decía el otro día mi compañera, la diputada Martina Velarde, que ustedes tienen una mochila muy llena y una memoria un tanto corta. En concreto, ustedes cargan con una mochila de recortes por valor de 7000 millones que han dejado muy tocada
a la escuela pública y, en consecuencia, mucho peor preparada para afrontar la situación de esta pandemia. La semana pasada, de hecho, conocíamos el informe titulado Panorama educativo de la OCDE, que con datos relativos al año 2017 -es decir, del
año

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en que ustedes estaban en el Gobierno-, vuelve a situar a nuestro país en la cola de la inversión educativa. Y no solo eso, también señala que tenemos unas ratios mucho más altas que la media de los países de la OCDE y que tenemos
plantillas de profesores mal remunerados. De hecho, si cogemos la serie histórica, en los últimos catorce años la media de los salarios de los profesores en las zona OCDE ha subido un 7,5 % y en nuestro país se ha contraído un 3 %. Esta es su
herencia educativa, y esto no es problema del coronavirus o de ayer, esto es problema de una serie de ideas, de recortes y de privatizaciones que el Partido Popular ha hecho en la educación. Pero si la pandemia ha demostrado algo, incluso para las
mentes más neoliberales, es que solo unos servicios públicos fuertes pueden garantizar la cohesión social y dar certidumbre y seguridad a las mayorías sociales.


Hoy todo el mundo sabe que si un niño o una niña tiene una habitación propia con buena conexión a Internet, tiene libros en casa, tiene unos padres con estudios superiores, ese niño tiene hasta cinco veces más probabilidades de éxito
educativo que un niño que no tenga todo esto. Por eso la educación pública es tan imprescindible, porque corrige las desigualdades de partida y redistribuye oportunidades. Yo sé que a ustedes todo esto les debe sonar a chino y se han subido aquí a
hacerse la foto del Partido Popular muy preocupado por el inicio de curso. Pero es que ustedes la foto ya la tienen hecha, es la foto de las colas de los profesores en la Comunidad de Madrid para hacerse las PCR (muestra una fotografía); una foto
que refleja la improvisación y el tremendo desprecio que ustedes tienen por la educación donde gestionan. Podríamos hablar de la Comunidad de Madrid, por cierto, que es la comunidad que menos gasto dedica por estudiante y que a la vez desde el año
2009 ha subido un 30 % la inversión a la escuela privada subvencionada, es decir, a la escuela concertada. O también podríamos hablar de la Región de Murcia, donde gobiernan el Partido Popular y Ciudadanos -porque esto también va de Ciudadanos-, ya
que es la única comunidad en la que en lugar de haber contratado más profesores, han despedido a niños y han reducido la semana escolar. Por tanto, no es que ustedes no tengan competencias, es que ustedes son gestores incompetentes. Ustedes
deberían estar ahora mismo explicando dónde van los 2000 millones que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para que ustedes contraten a profesores y bajen las ratios por aula, lo que no están haciendo.


Por tanto, yo le recomendaría, señoría, que no venga más a este Pleno con mociones inútiles. Pidan perdón a la comunidad educativa por los años de destrozo, asuman sus responsabilidades en las comunidades educativas donde gobiernan y
escuchen a la comunidad educativa antes de presentar propuestas hipócritas y vacías.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías. Señora Jiménez, de verdad que he intentado hacer un esfuerzo por encontrar algo útil, rescatable y que verdaderamente aportase algo a la situación de inicio de curso, pero nos ha resultado absolutamente imposible.


Ustedes han venido, una vez más, a utilizar la educación en contra de este Gobierno y, de paso, el resto de la derecha, pues lo que han hecho ha sido reforzar esa imagen inaceptable que llevan realizando durante todo este verano, generando
miedo, caos e incertidumbre en las familias y eso creo que no hace ningún favor al sistema educativo. Parece mentira que ustedes gobiernen en cinco comunidades autónomas y parece mentira que estén a cargo de más del 46 % del alumnado español, y esa
es la realidad. Se olvidan de que son competencias de sus comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de garantizar a esos alumnos la seguridad y la certidumbre, pero hoy son las están echando al Gobierno la culpa de que no se
ha trabajado para que los alumnos vuelvan con seguridad y certidumbre a los centros educativos. Y eso, señorías, es vergonzoso, porque lo que todos queremos es que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes estén en las mejores
situaciones de garantía y de seguridad en los centros escolares y puedan abordar, ya de una vez definitivamente, la enseñanza presencial, que al parecer ustedes no la quieren. A la hora de escuchar algunas de sus intervenciones parece que no
quieren que los niños vuelvan al aula y es que es lo que ustedes estuvieron haciendo al final del proceso de la desescalada, que además lo han comentado y lo ponen en su exposición de motivos. Hay que recordarles que todas las comunidades autónomas
al final volvieron al aula, salvo la

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Comunidad de Andalucía, que se negaron y que estuvieron continuamente acusando de la peligrosidad que había en los centros educativos de Andalucía. (Aplausos).


Creo que ya es hora de que se aclaren. ¿Es necesario que los niños vuelvan a las aulas o no? Y, si lo es, asuman su responsabilidad allá donde gobiernan porque creo que lo que están haciendo es vender consejos, pero luego no se los
aplican. Es que dan consejos a los demás, pero, allá donde tienen que gobernar, no lo hacen.


También nos hablan de la brecha digital. ¿Hablan de la brecha digital ustedes, que gobiernan en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que mayor segregación escolar hay? ¿Les digo algún dato sobre lo que hicieron durante la pandemia para
ayudar a esos niños que estaban en segregación escolar, sin ningún tipo de recurso informático? Incrementaron la tasa en 1,53 %, en la Comunidad de Andalucía un 3 % y en la Región de Murcia un 5 %. Les voy a hablar de dónde fueron los recursos
digitales en la comunidad, por ejemplo, de La Rioja, incrementándose un 68 % los recursos a aquellos alumnos que verdaderamente lo necesitaban, o en Extremadura el 58 %, señoría. (Aplausos). Eso es sí es apostar por la digitalización. Pero,
claro, con ustedes, señorías del Partido Popular, la digitalización ni está ni se la espera.


También nos hablan de refuerzo educativo, de la necesidad de recuperar conocimientos. ¿Y dónde han estado ustedes estos últimos meses? ¿No se han enterado de que hay un programa educativo que se llama PROA+ que ha estado dotado de 40
millones de euros y que se está implementando en los centros educativos, también de sus comunidades autónomas? Bueno, eso sí que son recursos del Estado.


Nos hablan también de la necesidad de acordar mayores medidas de seguridad, sanitarias y de prevención en la higiene en los centros educativos. ¿Es que tampoco se han enterado de que hay una guía acordada entre el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Sanidad aprobada ya en el mes de junio, y que ha sido actualizada en función de los problemas nuevos con los que nos hemos encontrado en una pandemia? ¿O es que tampoco se han enterado de que hay una pandemia en este país y de que
las cuestiones sanitarias y de prevención en los centros educativos se tienen que ir actualizando, señoría? ¿Pero dónde han estado ustedes? Verdaderamente, yo estoy sorprendida de la ignorancia o de la falta de documentación con la que nos han
venido a presentar esta moción hoy aquí porque no aporta absolutamente nada. (Aplausos).


Luego manosean la Constitución, apelan a la Constitución, pero eso sí, solo a aquellos artículos que a ustedes les interesan porque, claro, el Partido Popular últimamente ya nos tiene acostumbrados a que unos artículos sí y otros no. Por
cierto, ¿y aquellos artículos de la Constitución que hablan de la renovación de los órganos constitucionales dónde quedan? ¿O es que esos no tienen también obligación de cumplirse?


Y ya, para rematar, tienen la desvergüenza y el cinismo de exigir mayores recursos al Estado. Ustedes, los del Gobierno del tijeretazo del Partido Popular que dejaron a 23 000 docentes fuera del sistema educativo, que recortaron 9000
millones de euros de los fondos públicos destinados a la educación. Ustedes, que tienen el rostro de venir a acusar a comunidades autónomas como Castilla-La Mancha de que no se cumple con la ratio. Ustedes, los de Cospedal, ¿los que dejaron las
ratios incrementadas al 200 %, los que cerraron los centros de profesores, los que dejaron sin financiación al sistema educativo? (Aplausos). Nosotros somos los que reabrimos centros que ustedes cerraron. Así que, señorías, un poquito más de
responsabilidad y traigan mociones útiles que aporten algo al sistema educativo. Y, hombre, yo creo que ya a estas alturas, por lo menos hablen ateniéndose a la realidad, con coherencia, y no nos vengan con datos y con mentiras, que es lo que han
estado utilizando. Incluso, han llegado a utilizar a Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, cuando en Ceuta y Melilla también se ha incrementado el porcentaje de docentes contratados para solventar esta situación.


La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Utilicen los fondos del COVID-19, utilicen los recursos para mejorar la situación educativa allá donde ustedes gobiernan porque es a ustedes a los que les han convocado huelgas en Madrid y en Andalucía por su
incompetencia, por su falta de previsión y por no apostar por el sistema educativo, señorías. (Aplausos). Esta es la realidad, estos son los datos, así que aporten algo más y menos demagogia. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Señora Jiménez Linuesa, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?

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La señora JIMÉNEZ LINUESA: Sí, presidenta, aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX y Ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Votaremos en tres minutos. Les recuerdo, señorías, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante
el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño.


Muchas gracias. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 122/000079).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a votar.


Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 135 más 213 votos telemáticos, 348; votos a favor, 112 más 167 votos telemáticos, 279; votos en contra, 22 más 44 votos telemáticos, 66; abstenciones, 1 más 2 votos
telemáticos, 3.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. (Aplausos).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000016).


La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 135 más 213 votos telemáticos, 348; votos a favor, 20 más 32 votos telemáticos, 52; votos en contra, 78 más 118 votos telemáticos, 196; abstenciones, 37 más 63 votos
telemáticos, 100.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Buenas noches a todos.


Eran las nueve y diez minutos de la noche.