CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 767

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR GARRIDO GUTIÉRREZ

Sesión núm. 15

celebrada el martes,

18 de octubre de 2022

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. (Número de expediente 121/000125).


- De la señora presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF (Herrero Sánchez). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002465), Plural (número de expediente 212/002547), VOX
(número de expediente 212/002433), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002758), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002612) ... (Página2)


- Del señor secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones (Suárez Corujo). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002513), Plural (número de expediente 212/002573), VOX (número de expediente
212/002392), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002814), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002697) ... (Página29)


- Del señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (García Andrés). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002476), Plural (número de expediente 212/002554), VOX (número de expediente
212/002371), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002709), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002675) ... (Página46)

Página 2

- De la señora secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (González Veracruz). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/002603), Ciudadanos (número de expediente 212/002479),
Plural (número de expediente 212/002556), VOX (número de expediente 212/002373), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002711), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002678) ...
(Página62)


- Del señor secretario de Estado de Hacienda (Gascón Catalán). A petición de los grupos parlamentarios Mixto (número de expediente 212/002602), Ciudadanos (número de expediente 212/002469), Plural (número de expediente 212/002549), VOX
(número de expediente 212/002429), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002752), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002627) ... (Página76)


- Del señor secretario de Estado de Memoria Democrática (Martínez López). A petición de los grupos parlamentarios Ciudadanos (número de expediente 212/002545), VOX (número de expediente 212/002385), Popular en el Congreso (número de
expediente 212/002732), Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002663) ... (Página91)


- De la señora secretaria general de Financiación Autonómica y Local (Olondriz de Moragas). A petición de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/002428), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002756), Socialista
y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002628) ... (Página106)


- De la señora secretaria general de Fondos Europeos (Caballero Fernández). A petición del Grupo Parlamentario VOX (número de expediente 212/002425) ... (Página115)


- Del señor secretario general del Tesoro y Financiación Internacional (Cuerpo Caballero). A petición de los grupos parlamentarios VOX (número de expediente 212/002374), Popular en el Congreso (número de expediente 212/002716), Socialista y
Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (número de expediente 212/002676) ... (Página124)


Se abre la sesión a las ocho y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023. (Número de expediente 121/000125):


- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (HERRERO SÁNCHEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002465), PLURAL (Número de expediente 212/002547), VOX
(Número de expediente 212/002433), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002758), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002612).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, diputados, diputadas. Vamos a empezar la segunda sesión de esta Comisión de Presupuestos. Empezamos dando la bienvenida a doña Cristina Herrero Sánchez, presidenta de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Bienvenida.


Sin más, le paso la palabra para que ella haga la exposición que entienda pertinente. Muchas gracias.

Página 3

La señora PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Herrero Sánchez): Muchas gracias, presidenta.


Para mí, como siempre, es un placer estar aquí, en esta Comisión de Presupuestos, compartiendo con ustedes la visión que tiene AIReF del presupuesto, del ciclo presupuestario y, en definitiva, de la vigencia y validez de los presupuestos
como instrumento de planificación económica. En ese sentido, me gustaría empezar en esta ocasión compartiendo con ustedes alguna reflexión sobre la importancia de los presupuestos generales del Estado, sobre la importancia de los presupuestos, en
definitiva, de cualquier Administración pública. A mí me parece que no hay un foro mejor para compartir estas inquietudes o estas consideraciones sobre la institución del presupuesto que la Comisión de Presupuestos del Congreso. En ese sentido,
quería reflexionar con ustedes respecto a varios aspectos, tanto de la calidad del presupuesto como de la problemática que un contexto de incertidumbre como el actual plantea en el ciclo presupuestario, pero también en la misión del aval del cuadro
macroeconómico que tiene que prestar AIReF.


Me gustaría empezar recordando que la AIReF lo que tiene que hacer es informar los presupuestos generales del Estado, en este caso los presupuestos de las administraciones públicas, para general conocimiento. Eso implica que el análisis de
AIReF no solamente sirve para la realización de análisis en el ámbito profesional, y por supuesto los análisis dentro de las Cortes Generales, sino que también creo que una de las funciones que tiene AIReF es acercar la institución del presupuesto a
la ciudadanía. No hace mucho en el Consejo General de Economistas yo decía que una de las funciones de AIReF es acercar el debate presupuestario y fiscal a la sociedad y ayudar a digerirlo. En ese sentido, yo creo que la AIReF tiene que hacer un
esfuerzo.


Me gustaría empezar recordando que el proyecto de presupuestos es el principal instrumento de la política económica del Gobierno y, como tal, luego es el mecanismo fundamental de control en el ámbito nacional -más allá de los controles que
también puede haber en el ámbito europeo, es el principal instrumento de control nacional-, tanto si hablo de los presupuestos del Estado como si hablo de los presupuestos de las comunidades autónomas. Este control se ejerce, además, no solamente
en el momento del diseño, es decir, en el momento de la presentación de los proyectos de presupuestos, sino que un presupuesto bien estructurado también ayuda al control posterior por parte de los parlamentos en cuanto a la ejecución de dicho
presupuesto. En ese sentido, a nosotros nos parece -ya muchas de las cosas las hemos venido diciendo- que llevamos una deriva en la que los presupuestos tienen una serie de carencias notables que restan esta eficacia que tienen que tener en cuanto
a instrumento de política económica. Algunas de estas deficiencias son en materia de calidad informativa. Creo que el presupuesto -luego incidiré un poco más- cada vez tiene menor calidad informativa y eso, desde luego, no es bueno ni para el
control -del que hablaba- en el ámbito tanto de las Cortes como de la ciudadanía ni tampoco facilita la tarea de supervisión por parte de AIReF. Estas deficiencias también restan la potencia que tiene que tener el presupuesto como herramienta de
planificación económica. ¿Por qué? Porque no aporta una visión conjunta, integral, de la actuación del Gobierno. Por último, también se debilita su función de rendición de cuentas, que, como decía, principalmente es ante las Cortes, pero también
ante la ciudadanía.


Es cierto que la incertidumbre no hace fácil la planificación presupuestaria ni la presupuestación -eso hay que reconocerlo-, pero el presupuesto tiene instrumentos, herramientas y procedimientos para gestionar esta incertidumbre. ¿Qué
carencias -de las que hablaba- tiene el presupuesto, que restan calidad a la institución del presupuesto? ¿De qué carencias estamos hablando? Me gustaría recordar, en primer lugar, que lo que la Ley General Presupuestaria dice es que tiene que
haber unos escenarios presupuestarios donde anualmente se encuadren los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque esto es la programación de la actuación pública. Qué duda cabe que la actuación pública tiene que estar programada,
planificada, sin perjuicio de que anualmente eso se vaya concretando en lo que es el presupuesto, que es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones que se prevén liquidar durante el ejercicio. Sin embargo, los
presupuestos generales del Estado para 2023 tienen una serie de carencias, algunas de ellas las más importantes.


Primero, parte de unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas. En este sentido, es verdad que nosotros desde AIReF valoramos siempre la prudencia en las estimaciones presupuestarias, pero yo entiendo que
la prudencia en este caso se basaría más bien en la evolución prevista para los ingresos en 2023, en la medida en que hay incertidumbres sobre la evolución de las variables macroeconómicas que sustentan esas previsiones de ingresos para 2023. Pero
en lo que se refiere a 2022, yo creo que aquí no es prudencia. Aquí tiene que haber un ejercicio de realismo, porque el

Página 4

presupuesto tiene que basarse en las previsiones más realistas de cierre. Luego, cuando llegue al apartado de ingresos, apuntaré qué supuestos tendrían que cumplirse para que se dieran los datos de cierre del ejercicio 2022 contenidos en
los presupuestos generales del Estado. Pero además no incorpora medidas. No son medidas aisladas, sino que es un paquete de medidas que tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto, un paquete de medidas que no
sabemos si se van a prorrogar o si van a ser otras, pero desde luego parece que es razonable pensar que de alguna forma se adoptarán a lo largo de 2023. ¿Qué nos hace pensar que se van a adoptar medidas, ya sean las mismas u otras, durante 2023?
Pues que el propio escenario macroeconómico que presenta el Gobierno para 2023 no prevé que vayan a cambiar las circunstancias económicas que generaron la adopción de medidas en el año 2021 y en el año 2022. Luego ilustraré con algún gráfico los
datos que hay respecto a la inflación, tanto en materia de energía como de inflación subyacente. Es más, a la semana de presentar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya se anunciaron medidas que no habían sido incluidas. Y el elemento
final que nos lleva a concluir que desde luego va a haber medidas es que se presenta el plan presupuestario con dos escenarios, un escenario sin medidas y otro que ya incorpora medidas.


Esto es lo sustantivo, lo fundamental del presupuesto de este año, pero además señalamos las deficiencias que venimos diciendo desde hace años, que no incorpora información relevante en términos de contabilidad nacional, ni en términos de
ajuste ni en términos de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en términos de contabilidad nacional. Sí que hay en rúbricas de contabilidad nacional una previsión de ejecución, pero no se confundan, no son datos de
contabilidad nacional, sino datos presupuestarios pasados a tecnología de contabilidad nacional. Por poner un ejemplo, estos ajustes de contabilidad nacional -no es de ahora, hace ya años que no se publican-, según nuestras estimaciones, porque por
diferencias se pueden sacar, ascenderían a un importe de algo más de 1 punto porcentual del PIB. Luego persisten deficiencias en el proceso de emisión del aval, deficiencias que ya hemos venido manifestando y que básicamente se centran en que no
hay un MOU que regule el contenido de la información que se nos tiene que remitir ni tampoco los plazos de remisión. Y por último, no se enmarca en una estrategia de medio plazo, que ya no solamente es esta estrategia de medio plazo que venimos
reivindicando desde hace tiempo, sino los propios escenarios plurianuales que contempla la Ley General Presupuestaria, que tienen que enmarcar los presupuestos del Estado de carácter anual.


Estas debilidades ya las hemos venido señalando en los últimos años. De hecho, cuando hicimos el informe sobre el proyecto de presupuestos de 2022, ya dijimos que no había información del PRTR en contabilidad nacional, ya dijimos que no
había información sobre los ajustes de contabilidad nacional. También se produjo la adopción de alguna medida con posterioridad a la presentación del documento presupuestario y desde luego también dijimos que faltaba información fiscal cuando se
nos pide el aval del cuadro macroeconómico, es decir, nunca se manda información sobre qué medidas fiscales están contenidas o no en el escenario macroeconómico. Por eso, recomendamos en el ámbito de este informe determinados aspectos para mejorar
esta calidad informativa respecto a la inclusión de las medidas, respecto a los ajustes de contabilidad nacional, y reiteramos la necesidad de firmar un MOU para regular el proceso de emisión del aval y también para incorporar la información fiscal
en la información que se nos remite respecto al cuadro macroeconómico.


¿Qué hemos dicho ahora, cuando hemos prestado el aval al cuadro macroeconómico de 2023? Aquí realmente se nos ha planteado un debate profundo en el seno mismo de la AIReF. ¿Por qué digo esto? Habitualmente, las leyes se redactan para
periodos normales -podríamos decir- y dejan de ser completamente consistentes en periodos como el que estamos viviendo. ¿Qué ocurre? Que cuando se dice que la AIReF tiene que prestar el aval en los documentos presupuestarios, tanto en los del
Estado como en los de las comunidades autónomas -cualquier documento presupuestario tiene que llevar el aval de la AIReF-, se pensaba que no habría grandes diferencias entre el mes de julio, cuando el Gobierno presenta su cuadro macroeconómico para
los próximos años, y el mes de septiembre, cuando se presentan los presupuestos generales del Estado. Y así había sido hasta ahora. Por tanto, la ley no contempla ningún pronunciamiento de la AIReF en el mes de julio, que a mi juicio es el momento
clave. ¿Por qué? Porque con arreglo a ese cuadro macroeconómico se elaboran los presupuestos no solo del Estado, sino de las administraciones territoriales. Ese punto de partida del mes de julio determina aspectos tan relevantes como los
objetivos, tasas de referencia en este momento, el límite de gasto no financiero y los recursos del sistema de financiación de las administraciones territoriales, es decir, las entregas a cuenta. Por lo tanto, parece que en un contexto como este,
ese momento es fundamental; sin embargo, ahí no se consulta a la AIReF ni la AIReF tiene que emitir ningún informe. ¿Qué ocurre? Que del mes de

Página 5

julio al mes de septiembre, dos meses ahora es mucho tiempo y, probablemente, las previsiones macroeconómicas ya no son las que eran, con lo cual, a nuestro juicio, el aval de la AIReF llega tarde, en un momento en que ya los presupuestos
están elaborados y están configurados. Por eso, una de las recomendaciones es que se nos consulte en julio. Es cierto que la propia AIReF en el mes de julio, como ahora veremos, tenía una previsión de crecimiento real del 2 % y ahora lo tiene del
1,5 %. Eso no impide que no haya una revisión incluso para las propias previsiones de la AIReF, pero es verdad que en el mes de julio las previsiones del Gobierno eran del 2,7 % y las nuestras ya eran del 2 %. En ese sentido, si finalmente luego
se consulta a la AIReF, y no solamente se le consulta, sino que tiene que presentar un aval que determine la validez de los documentos presupuestarios, en este contexto y de manera temporal podría ser razonable que se nos consulte cuando se presenta
el cuadro macroeconómico en el mes de julio.


Luego hemos hecho otra recomendación. Tenemos que recordar que la AIReF no es que valore el cuadro macroeconómico del Gobierno porque sí; la AIReF tiene que valorar el cuadro macroeconómico del Gobierno para garantizar que el escenario
presupuestario posterior se basa en unas previsiones realistas. Ese es el objetivo de la AIReF y en ese sentido es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé, aunque sea
de manera somera y no de manera detallada, como luego viene en el presupuesto. ¿Por qué? Porque, como luego veremos, es verdad que, evidentemente, hay una vinculación clara entre el crecimiento nominal y la previsión de ingresos, pero hay una
elasticidad de los ingresos respecto a las variables trascendentales en el ámbito de cada uno de los impuestos que en estos momentos excede con mucho de la media histórica, con lo cual sería posible que siendo un escenario macroeconómico a lo mejor
optimista, las previsiones o el escenario de ingresos y gastos resultara realista. Por lo tanto, estas dos recomendaciones, en aras de que se nos consulte en el mes de julio y que incorporen en el aval ya no solamente las medidas fiscales que están
dentro de ese cuadro macroeconómico, sino también un somero escenario de ingresos y gastos que nos permite ver el encaje o el realismo de esas previsiones presupuestarias, yo creo que siempre sería deseable y mucho más en el momento en el que
estamos. Algunas de estas carencias son reiteradas y han sido objeto de recomendación por parte de la AIReF. La respuesta a las recomendaciones, desde luego, no ha sido satisfactoria porque sigue pasando, es decir, estas deficiencias están
tendiendo a convertirse en práctica presupuestaria y, a nuestro juicio, en 2023 dichas deficiencias se han agravado.


Lo cierto es que en un nuevo año el aval macroeconómico del Gobierno y el análisis de los presupuestos generales del Estado se realiza en un contexto de suspensión de reglas fiscales. Ya van cuatro años que existe esta suspensión de las
reglas fiscales. Es verdad que el motivo de la suspensión ha variado. En este sentido, cuando el Congreso aprecia que se dan las circunstancias excepcionales ha habido un informe previo de la AIReF que constata que esas circunstancias
excepcionales se están produciendo, en los primeros años basados más en lo que era la situación de la crisis sanitaria y en los dos últimos más vinculados a la crisis energética y a la incertidumbre por la guerra de Ucrania. Pero sí que es cierto
que ya en el mes de julio, a pesar de que lo que estábamos evaluando era si se daban las circunstancias excepcionales para que hubiera una suspensión de reglas fiscales, dado el deterioro que se estaba produciendo en la situación económica, AIReF ya
alerta de que está revisando a la baja sus previsiones de crecimiento económico, que en ese momento ya situaba en el 2 %, y además alerta de que esto no incluye un escenario de un posible corte total en el suministro del gas ruso. Por tanto, alerta
de que la situación es de un empeoramiento en las previsiones de crecimiento económico y de un alza en las previsiones de inflación. Y, como siempre, concluimos que este escenario de suspensión de reglas fiscales no nos puede hacer perder de vista
la vulnerabilidad de nuestras cuentas públicas asociada al déficit estructural y al nivel de deuda pública. Y esto es así porque la sostenibilidad es algo que no ha perdido de vista nunca desde el momento del inicio de la suspensión de las reglas
fiscales ni nuestro marco nacional ni el marco europeo. El marco nacional porque, como saben, la declaración de que se dan las circunstancias excepcionales y, por lo tanto, la suspensión de reglas fiscales, lleva aparejada la presentación de un
plan de reequilibrio. Evidentemente, las circunstancias actuales superan la configuración del plan de reequilibrio que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero lo que no puede ser es que no se presente ese plan, habrá que
adaptarlo a la gravedad y a la persistencia de esa situación de incertidumbre. Y en el ámbito comunitario, porque todas las recomendaciones que se han venido mostrando por parte del Ecofín desde el principio han ido también en aras de garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas, recomendaciones que empezaron siendo más de carácter cualitativo, hablando de la naturaleza de las medidas que podían adoptarse, y que ahora ya han pasado

Página 6

a ser cuantitativas, y para el caso de países como España, con un alto nivel de endeudamiento, lo que se nos limita es la posibilidad de que crezca nuestro gasto corriente primario por encima de lo que sería el crecimiento del PIB potencial.
Nosotros traemos alguna simulación previa que luego detallaremos más en el informe sobre el plan presupuestario dentro de un par de semanas, pero traemos una valoración previa del cumplimiento de esa recomendación específica.


Por lo tanto, el ámbito de nuestro informe, en un contexto de suspensión de reglas fiscales, sigue teniendo como telón de fondo qué está pasando con la estabilidad presupuestaria -ahora no son objetivos, son tasas de referencia-, que está
pasando con la evolución del gasto -en el caso del informe que hoy presentamos, sobre todo nos centramos en la evolución del límite de gasto no financiero del Estado- y qué está pasando con la deuda pública y con la sostenibilidad en esta doble
vertiente nacional y europea, que implica ver hacia dónde va nuestra dinámica de deuda y el cumplimiento o no de las recomendaciones específicas del Ecofín. Por supuesto, lo que hacemos es completar el análisis del cuadro macroeconómico, porque en
el momento del aval no se incluyen demasiados detalles.


Empezamos por el aval, que es un tema que siempre suscita algún debate sobre si está bien hecho o no que AIReF avale el cuadro macroeconómico del Gobierno. Aquí yo siempre recuerdo lo que acabo de decir, que AIReF no valora en su conjunto
el cuadro macroeconómico del Gobierno; lo valora, pero lo que determina el aval de la AIReF es si ese escenario macroeconómico supone una base realista para la previsión de ingresos posterior de los presupuestos generales del Estado. En ese
sentido, sin perjuicio de las implicaciones que por supuesto tiene el resto del cuadro macroeconómico, la variable determinante de nuestro aval desde esa perspectiva que tiene que hacer la AIReF son las variables nominales, y el crecimiento nominal
previsto por el Gobierno coincide prácticamente a la décima con la previsión de AIReF. El Gobierno estima un crecimiento nominal del 6 % y el crecimiento nominal previsto por AIReF es del 5,9 %. Desde ese punto de vista, lo que dice nuestro aval
es que las variables nominales que contempla el cuadro macroeconómico del Gobierno permiten anticipar, puesto que no estamos viendo el escenario de ingresos y gastos -por eso hemos recomendado que no lo incorporen-, permiten a priori sustentar un
crecimiento de los ingresos y de determinados gastos asociados a esas variables nominales en un contexto que sí parece realista. Eso sí, aunque el aval se centra en el comportamiento de las variables nominales, evidentemente la AIReF analiza toda
la composición del cuadro macroeconómico, porque más allá de este realismo de la base que sustenta el escenario de ingresos, es muy relevante cuál es la composición de este crecimiento nominal. Y aquí sí que tenemos diferencias significativas,
tanto en lo que se refiere al crecimiento real, en lo que se refiere al deflactor, en lo que se refiere a la composición del propio crecimiento real y en cuanto a la percepción de riesgos que nosotros percibimos en un ámbito más amplio que lo que
contempla el propio Gobierno.


En cuanto al crecimiento real, es cierto que el Gobierno, que partía de una previsión de crecimiento del 2,7 %, en el cuadro macroeconómico que nos presenta acerca ese crecimiento real a nuestras previsiones y señala un crecimiento real
previsto para el año próximo del 2,1 %. Nuestro escenario central es del 1,5 %. Como les señalaba, ya en el caso del informe sobre circunstancias excepcionales decíamos que nuestra previsión era del 2 y además alertábamos de que si había un
empeoramiento en lo que se refiere al suministro de gas ruso, esto estaba todavía en el apartado de riesgos, pero no estaba incorporado a nuestro escenario central. Desde entonces, se van materializando una serie de riesgos que hasta ese momento
estaban en el ámbito de los riesgos, pero los pasamos a incorporar al escenario central, y así nuestra previsión de crecimiento real en estos momentos es del 1,5 %.


La principal discrepancia con el cuadro macroeconómico del Gobierno viene de la composición del saldo exterior, pero ahí sí que hay una compensación en el ámbito de las exportaciones e importaciones, con lo cual la contribución del saldo es
prácticamente similar, y donde sí que tenemos una diferencia relevante es en el dinamismo de la inversión. Aquí nosotros lo que suponemos es que un contexto de incertidumbre como el que tenemos actualmente, con una posible escalada de las tensiones
geopolíticas, con dudas sobre si va a ser posible el suministro de energía a unos precios razonables, con dudas respecto a la evolución de la demanda y con dudas respecto al endurecimiento de las condiciones financieras, a lo mejor no son las
condiciones más propicias para que las empresas decidan aumentar su capacidad productiva. Aquí nuestro supuesto de evolución de la inversión es más contenido que los supuestos del Gobierno.


Descomponiendo cuál es la revisión que hemos hecho en el crecimiento macroeconómico, hemos decidido partir no de ese 2 % que anunciábamos en el informe sobre circunstancias excepcionales, porque ahí no lo sustentábamos en ningún cálculo,
simplemente era un informe donde se alertaba de que había

Página 7

un empeoramiento en las previsiones, pero la última vez que hicimos explícitos nuestros supuestos de crecimiento fue en la actualización del programa de estabilidad del mes de abril. Esa fue la última vez que hablamos de forma detallada de
nuestras previsiones para 2023. Yo diría que hay tres tipos de factores que llevan a esta revisión del 3,3, que era la previsión que teníamos en el momento de la actualización del programa de estabilidad, al 1,5 que tenemos en este momento. El
primer grupo de factores sería que se han materializado, como les decía, algunos de los riesgos a la baja que veíamos en nuestro escenario de la actualización del programa de estabilidad y, por lo tanto, lo hemos incorporado ya a nuestro escenario
central. Nosotros veíamos riesgos de que la persistencia de la inflación y la generalización de la inflación pudiera dar lugar a un endurecimiento en las condiciones financieras y este se ha producido. También veíamos que podría haber un deterioro
del comercio mundial, especialmente por el deterioro en nuestros principales mercados de exportación, y que había un riesgo asociado al suministro de gas y sobre todo a la evolución de los precios del gas. Estos riesgos se han materializado y
restan 1,4 puntos a nuestra previsión de crecimiento, que en la actualización del programa de estabilidad situábamos en el 3,3. Además, hay otro factor que resta crecimiento para el año que viene, que es el empeoramiento de las previsiones para el
segundo semestre del año 2022. Ya hay indicadores que apuntan a un estancamiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2023 e incluso a una posible evolución negativa en el cuarto trimestre de este año, y eso produce un efecto
arrastre que drena crecimiento para el año 2023, según nuestras estimaciones, en algo menos de 1 punto de PIB. En el lado contrario, es decir, en el lado favorable, la revisión de la contabilidad nacional que tuvo lugar compensa parcialmente estos
factores en unas cuatro décimas y luego hay un residuo de una décima. Esta es la descomposición que justifica el paso de nuestras previsiones del 3,3 de la actualización del programa de estabilidad al 1,5 que tenemos en este momento.


Respecto al otro componente de este crecimiento nominal, que es el deflactor del PIB, lo que nos ocurre es que nosotros tenemos una menor previsión de crecimiento real y una mayor previsión del deflactor del PIB, lo que hace que luego en
términos nominales nuestras previsiones, como hemos visto, sean prácticamente idénticas a las del Gobierno. Aquí nuestra previsión central es de un 4,3 % y la del Gobierno es de un 3,8 %. Hemos revisado al alza 2 puntos porcentuales la previsión
de este deflactor del PIB, y lo que vemos es que hay una cierta aceleración de la dinámica de precios internos una vez que ya hemos pasado este shock inicial energético exterior.


Previsiones del IPC, no hay. El Gobierno no presenta en su cuadro macroeconómico previsiones del IPC. Nuestra previsión es de un 8,9 en el 2022 y de un 3,9 en el 2023, pero, ojo, porque es verdad que en el 2023 esto supone la prórroga de
las medidas para paliar la crisis energética. Si no fuera así, la inflación podría situarse ligeramente por encima del 5 %.


Ahora bien, como habrán visto, en nuestro aval, y desde luego se detalla más ampliamente en el informe que hoy publicaremos, sigue habiendo importantes riesgos a la baja en el escenario central de AIReF. Por un lado, está el riesgo en la
seguridad de los suministros de gas. Es verdad que en ningún escenario se está suponiendo todavía que haya racionamiento, pero es cierto que eso supone que tienen que cumplirse una serie de supuestos en cuanto al suministro de gas licuado, en
cuanto a que mantengamos ese 20 % que todavía tenemos de gas ruso, supuestos en cuanto a que va a haber cierta evolución hacia la baja en la demanda energética por los precios elevados, en definitiva, una serie de supuestos que de momento se están
contemplando. Cualquier desviación en esos supuestos, entre otros, por ejemplo, que hubiera unas condiciones climatológicas adversas o que hubiera una escalada de tensión geopolítica, pues podría suponer un riesgo a la baja. Es cierto que hay una
evolución positiva a la baja del precio del gas, pero en cualquier caso todavía se mantiene a niveles elevados.


Por supuesto, está el riesgo de un endurecimiento adicional de la política monetaria y, en este sentido, sí que es verdad que la subida de los tipos de interés ha sido una subida que podríamos decir que ha sido simultánea pero no
sincronizada, y eso supone, desde luego, el riesgo de externalidades para determinadas áreas o países en términos sobre todo de crecimiento real y de tipos de cambio. Tenemos el riesgo de que en el consumo privado, que sí que nosotros prevemos que
va a haber ya una desaceleración, haya una desaceleración mayor. Desde luego, el indicador de confianza del consumidor revela que podría haber riesgos a la baja por el deterioro de la capacidad de compra y por las expectativas de endurecimiento de
las condiciones financieras.


Otro riesgo del que siempre hablamos es que se produzca finalmente un desanclaje de las expectativas de inflación. Aquí sí que el 21 % de los hogares estima que los precios van a aumentar mucho en los próximos doce meses, este 21 % más que
duplica las anteriores estadísticas en este ámbito. Lo que sí se

Página 8

ve es que hay una persistencia que se ha ido incrementando de manera generalizada. Es cierto que de momento afecta principalmente a los alimentos, que tienen mayor flexibilidad a la baja, pero que hay riesgo de que pudiera empezar a
ampliarse a otros sectores, como serían los servicios que desde luego tienen una rigidez mayor.


Por último, tenemos la incógnita de siempre, que es el ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí la verdad es que el supuesto que siempre hace AIReF es que finalmente y en el periodo considerado, se van
a acabar ejecutando los fondos del plan de recuperación. No podemos hacer otro supuesto y tenemos que suponer que el impacto sobre la economía tiene que ser elevado, porque ya no solamente es el impacto que pueda tener por la vía de las
inversiones, sino por el potencial reformador, que tiene el plan de recuperación. Entonces lo que hacemos es llevar hacia atrás el ritmo de las inversiones. Yo creo que hay motivos para la esperanza que nos falta confirmar, porque hay una parte
muy importante de la gestión de los fondos que se hacen en el ámbito territorial. En este sentido, yo sí que decía que ha habido otros años que, como ha venido un poquito más tarde, me ha dado tiempo a hacer una valoración del conjunto de las
administraciones públicas, porque ya habíamos cerrado el ámbito territorial. Ahora lo estamos cerrando porque nosotros sí que construimos nuestras previsiones, no solamente en un ejercicio top-down sino bottom-up. Eso implica analizar el
presupuesto de las diecisiete comunidades autónomas y de las principales entidades locales. El seguimiento del plan de recuperación si es difícil en el ámbito del Estado, no es más sencillo en el ámbito de las comunidades autónomas. ¿Por qué digo
que hay motivos para la esperanza? Porque sí que es verdad que a falta de información, AIReF recurre a todos los registros que están disponibles tanto en el ámbito de la Unión Europea como del ámbito nacional, y sí que planteamos una metodología
que tenemos publicada, con la cual vamos señalando cuál podría ser la evolución en la ejecución del PRTR. Por tanto, vamos viendo hitos, vamos viendo desembolsos, vamos viendo el seguimiento de la Comisión y vamos viendo la plataforma de
contratación y la base nacional de subvenciones. Es un trabajo arduo, que además no me lleva a concluir que nuestro escenario es el adecuado. ¿Por qué? Porque implica la realización de supuestos respecto al ritmo de ejecución de las inversiones,
es decir, si esa ejecución va a ser lineal o no va a ser lineal, en fin, una serie de supuestos que explicitamos en la metodología de cálculo que tenemos publicada. Con ello, revisamos a la baja la ejecución y el impacto previsto para el 2022.
Hemos rebajado ligeramente a la baja el 2023, pero ahí como decía es importante ver qué está ocurriendo en el ámbito territorial. Sí que es cierto, y de ahí el motivo de esperanza que yo decía, que se observa que hay un aumento muy relevante en el
mes de septiembre respecto a las licitaciones formalizadas, pero del orden de que se ha multiplicado por tres o por cuatro los datos de agosto, que ya a su vez eran mucho mejores que los anteriores.


También es cierto que el número o el porcentaje de licitaciones que están quedando desiertas es mucho menor que el último que les dije. Sí que es cierto que el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en materia de
transferencias va a buen ritmo, en el resto de los capítulos va a un ritmo inferior, pero aquí habrá que ver qué ocurre con las comunidades autónomas. Nosotros celebramos una reunión con ellas, un seminario donde nos contaron los problemas que
estaban teniendo de gestión de unos fondos que les viene también, sobre todo en el caso de algunas comunidades autónomas, con fondos estructurales, lo cual dificulta su capacidad de gestión. Pero es cierto, y eso hay que reconocerlo, que parece que
hay un despegue en cuanto a las licitaciones efectivamente formalizadas en el mes de agosto, y especialmente en el mes de septiembre.


Por último, para finalizar con esta parte macroeconómica, nosotros estamos insistiendo en que hay que planificar y que hay que incluir los presupuestos y la actuación del Gobierno en un horizonte de medio plazo y, en ese sentido, ponemos en
esta ocasión a disposición del Gobierno y del público en general nuestras previsiones macroeconómicas y nuestras previsiones fiscales para los próximos años. Al mismo tiempo, se observa una comparativa con las previsiones del Gobierno para el 2023
y, como he dicho, en general, estamos previendo un debilitamiento de la demanda nacional en todos sus componentes, a excepción del consumo público, una aportación ligeramente negativa del sector exterior y un estancamiento en materia de empleo, de
manera que nuestra tasa de paro se mantendría en el 12,8 %. A partir de ahí, lo que nosotros estimamos es que en la segunda mitad del 2023 se iniciaría una recuperación que llevaría a que en el primer trimestre de 2024 se recuperarían los niveles
prepandemia, pero, eso sí, se alerta de que esto descansa en dos supuestos fundamentales. Uno, que la crisis energética se soluciona y, dos, que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia realmente coge velocidad y hay una correcta
implementación en el horizonte de las previsiones de AIReF. Los supuestos que

Página 9

subyacen a este escenario se explicitan en el informe y probablemente hagamos un mayor desarrollo en el informe sobre el plan presupuestario, que presentaremos en torno al día 27 de este mes.


Este escenario macroeconómico de medio plazo nos sirve también para ver cuál va ser nuestro escenario presupuestario para los próximos años. En cuanto al déficit del conjunto de las administraciones públicas -esto, por supuesto, lo
revisaremos, porque aquí no estoy hablando del Estado y de la Seguridad Social, sino del total de administraciones públicas, y nos falta cerrar, como les digo, el ámbito territorial-, nuestra perspectiva en la actualización del Programa de
Estabilidad era que ya en el 2025 podría alcanzarse este límite de referencia del 3 %, y ahora nos sale que nos estancaríamos algo por encima de ese 3 %, en torno al 3,2 o el 3,3 %, todo ello, como verán, en el 2023, sin suponer la prórroga de las
medidas, tal y como contempla el escenario de los Presupuestos Generales del Estado.


En cualquier caso, como ahora veremos, nuestra previsión tiene una senda de corrección más alta en el 2022 y un estancamiento prácticamente a partir del 2023, con lo cual, lo que eso quiere decir es que ya no hay margen para la adopción de
medidas, porque simplemente con esta evolución tendencial del saldo de las administraciones públicas nos quedaríamos por encima de ese 3 %. Si además se produjera la prórroga de las medidas en el 2023, pues, en vez de ese 3,3 %, estaríamos hablando
de un 4,6 % y, por lo tanto, no habría ajuste respecto al año anterior.


¿Cuál es la descomposición? ¿Cómo pasamos de un 4,4 %, que es nuestra estimación de cierre para el año 2022, al 3,3 %, que es nuestra previsión de cierre para el año 2023? Aquí me gustaría recordar que lo que AIReF viene diciendo es que,
en contra de lo que le parece a otros analistas, a nuestro juicio las tasas de referencia que fija el Gobierno no son demasiado exigentes; en 2023 un poco más, pero desde luego en 2022 no lo eran. Recuerdo ya hace un año, cuando vine aquí, que
dijimos que nuestra previsión de cierre era inferior a la previsión de cierre del Gobierno, que estimaba un cierre del 5 % y nosotros ya el año pasado decíamos que era de un 4,5 %. En aquel momento ninguna institución aventuraba ese cierre, todas
decían lo contrario, que no era realista ese 5 % del Gobierno, pero a la inversa, porque se cerraría con un déficit superior a ese 5 % e incluso se llegaba a cifras del 6 %. Nosotros dijimos que el cierre iba a ser al 4,5 % y mantenemos esa
previsión de cierre, a pesar de que se han adoptado un montón de medidas que en el momento de nuestro pronunciamiento no estaban sobre la mesa.


¿Qué ocurre? Que la evolución de los ingresos ha permitido sobradamente la financiación de esas medidas y, en ese sentido, lo que venimos diciendo es que aunque no es obligatorio fijar tasas de referencia, vaya eso por delante, yo creo que
eso sí es un ejercicio positivo. Es decir, no hay objetivos pero pongo unas tasas de referencia, no solamente para las administraciones públicas sino para cada uno de los subsectores. Pero, claro, esas tasas de referencia tienen que ser realistas
porque de lo contrario no incentivan la reducción del déficit estructural -que a lo mejor podríamos estar haciendo- y además, a mi juicio, promueven la adopción de comportamientos estratégicos, en el sentido de que sabes que tienes unos ingresos que
te van a permitir la financiación de medidas posteriores. Eso es así en el conjunto de las administraciones públicas, pero si descendemos a nivel de la composición por subsectores el problema se agrava muchísimo más porque como estamos observando,
y ya lo hemos dicho en algún informe, a las comunidades autónomas les llega todo con dos años de retraso, vía la liquidación definitiva del sistema. Eso hace que, por ejemplo, este año para 2022 nosotros preveamos un cierre de en torno a 9 décimas
de PIB de déficit y, sin embargo, para el año que viene, que tienen una tasa de referencia de 3 décimas del PIB, lo que nos sale es una situación de equilibrio presupuestario. Como siempre decimos, eso es un claro incentivo a cubrir o llegar hasta
el margen que te da la tasa de referencia, porque es muy difícil defender: no oiga, es que voy a empezar a reducir el déficit estructural porque tengo ingresos para ello, mientras seguro que hay determinadas demandas de los ciudadanos que todavía
están pendientes de atender. En ese sentido, creo que el realismo en la fijación de las tasas de referencia resulta fundamental.


Dicho esto, nosotros prevemos un cierre de en torno al 4,4 %. Ahora veré con ustedes que el escenario 2 del plan presupuestario nos hace dudar que esto vaya a ser así, y diría, más que el 2 incluso el propio 1. Nuestra estimación en este
momento, con los datos que tenemos, es que el déficit podría estar en torno al 4,4 %. Las causas fundamentales de esta reducción son la adopción de medidas como la disminución de las medidas que todavía están en vigor por el tema del COVID, la
adopción de medidas de ingresos -unas estructurales y otras de carácter temporal-, y también la evolución de la macro, y fundamentalmente de la inflación, que desde luego está haciendo que se registren crecimientos muy importantes en el área de los
ingresos mientras que los gastos tienen un componente más inercial. Hemos separado la revalorización de pensiones, de modo que el efecto sustitución y el número de pensiones

Página 10

crece en torno al 2 %, que estaría dentro de esta evolución inercial que nosotros hemos llamado y que permite la reducción del déficit, pero luego tenemos una revalorización de las pensiones con el 8,9 % que, desde luego, aumentan en un
punto esa previsión de déficit. Luego tenemos una corrección de algo más de un punto si no se adoptan en las medidas, y eso nos lleva a un 3,3 %. Es cierto que, como vemos en este cuadro o más bien en el siguiente, la prórroga de las medidas
supondría que pasaríamos de ese 3,3 a un 4,6 % de previsión de déficit en el año 2023.


Aquí tenemos un poco una previsión de las medidas, que no necesito contárselas porque evidentemente las conocen sobradamente. Es verdad que incluimos la previsión que contiene el Gobierno respecto a la recaudación de las nuevas figuras,
pero todavía no tenemos elementos de juicio como para poder hacer una valoración propia. Es cierto que lo tendremos que aclarar, porque pensábamos que por los tiempos de tramitación el gravamen de solidaridad sobre las grandes fortunas se
recaudaría en el 2024, pero hemos visto -porque de hecho no está incluido en los Presupuestos Generales el Estado de 2023- que en el plan presupuestario sí se contempla que se va recaudar en el año 2023, y son mil y pico millones. Ahí, en este
proceso de evaluación del plan presupuestario, consultaremos con el Ministerio de Hacienda este cambio entre el escenario del plan presupuestario y el escenario de los Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que vemos que las medidas que
podríamos llamar estructurales restan recaudación mientras que las medidas temporales supondrían un aumento de la recaudación de en torno a 3700 millones.


¿Qué ocurre con las medidas que se adoptaron para paliar los efectos en la crisis energética? Son medidas que no se contemplan y nosotros creemos que por lo menos en términos agregados se podía haber hecho una cuantificación o una
valoración de qué era lo razonable esperar que iba a tener que pasar en el año 2023, ya sea por la prórroga de las medidas o ya sea por la adopción de otras. Realmente, sin perjuicio de que nos haga explícito, seguro que hay un proceso en el que se
van fraguando las medidas y una serie de supuestos y límites que activan la necesidad de adoptarlas. En ese sentido no se pide una concreción, que a lo mejor no se puede dar, pero sí que es verdad que creo que podría haberse hecho una valoración
cuantitativa general de cuál era el importe de las medidas que podrían adoptarse, también de acuerdo con el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria. Ahí se podría haber hecho una valoración global que creo que hubiera sido un
ejercicio de prudencia. Igualmente, creo que sería positivo decir: bueno, no les puedo decir más pero sí que les voy a decir en qué supuestos y, si rebaso qué límites, voy a poner en marcha esta, esta y esta medida Creo que eso sería un ejercicio
positivo que AIReF recomienda.


Decía al principio que el escenario macroeconómico no contempla que haya unas circunstancias económicas más favorables que las que propiciaron la adopción de las medidas. En este sentido, me parece importante o ilustrativo traerles cuál era
el escenario de evolución del IPC general, de la energía y de la subyacente, por ejemplo, en los meses de julio y agosto, que entiendo que eran los datos que se estaban manejando cuando se elaboraban los Presupuestos Generales del Estado. Desde
luego, no parece que en julio y agosto ni los precios de la energía, ni desde luego la inflación subyacente, ni la cifra global del IPC hicieran aventurar que no iba a ser necesaria la prórroga de ninguna de las medidas. Entonces, creo que
probablemente aquí sí se hubiera tenido que hacer. Como les decía, nuestra valoración es que si se prorrogaran las medidas del 2022 en 2023, la valoración actualizada de esas medidas supondría 1,3 puntos de PIB y, entonces, la previsión de déficit
se nos iría del 3,3 al 4,6 %.


Entrando un poco más en detalle en lo que son los Presupuestos Generales del Estado y la valoración de nuestros ingresos y gastos, como les decía, nuestras tasas de referencia, nuestras previsiones de cierre, están por debajo de las
previsiones del Gobierno: 6 décimas en 2022 y con un poquito menos de margen en 2023. Desde luego, como pongo en el gráfico de la derecha, desde que se suspendieron las reglas fiscales en 2021 hay un ejercicio de prudencia en la presupuestación de
los ingresos, de manera que los ingresos que se recaudan superan ampliamente la cuantía presupuestada. Siempre hasta el año 2021, lo que decíamos era que el escenario de ingresos no parece plausible, y ahora lo que nos parece es que el escenario de
ingresos es excesivamente prudente, porque lo que sí que se demuestra en los últimos datos es que la recaudación excede de lo presupuestado.


¿Qué está pasando en materia de ingresos? Pues en materia de ingresos, como ya les avanzaba un poquito al principio, nuestra mayor discrepancia con el Gobierno proviene de la previsión de cierre del año 2022. Como el propio Gobierno ha
reconocido, esa no es la previsión más factible respecto al cierre de 2022. Les traigo aquí algo que ilustra por qué la previsión de cierre va a ser ampliamente superada. Para cumplirse el escenario de cierre de 2022, que está contenido en los
Presupuestos Generales del

Página 11

Estado, supondría que la recaudación por IRPF tendría que ser 300 millones menos de la que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior, y en el caso del IVA 1000 millones menos de la recaudación que se obtuvo en el mismo periodo del año
anterior. Parte de esta diferencia de 6 décimas se nos corrige un poquito, en una décima, cuando vamos ya a la previsión de ingresos de 2023, porque aunque tenemos tasas similares, en un contexto, como el actual, el Gobierno prevé una tasa de
variación del 7,7 y nosotros del 7,2, que estaría más en línea con las diferencias que tenemos en el cuadro macroeconómico unos y otros. Desde luego, si se produjera la prórroga de las medidas, en 2023 esta tasa de variación descendería al 4,7 %.


Analizando las principales figuras -aquí el análisis para compararlo con el presupuesto tenemos que hacerlo en términos de caja-, nuestro supuesto es que el IRPF va a estar por encima de las previsiones del Gobierno en ambos años, si bien es
cierto que el IRPF, a nuestro juicio, moderará su crecimiento y se situará en torno al 6,6 %. Tendrán una contribución negativa, como hemos visto, las medidas que estaban previstas, pero es verdad que prevemos una pérdida de dinamismo en el ámbito
de las retenciones, que como ven en los gráficos crecerán fundamentalmente impulsados por la revalorización de las pensiones y por el incremento de la remuneración por asalariado, sin que ya no tenga una contribución tan positiva el empleo como en
años anteriores.


En el caso del impuesto sobre sociedades, como saben, es un impuesto sobre el que no nos atrevemos a poner la mano en el fuego en el sentido de la evolución que vaya a tener. Es muy difícil predecir lo que va a ocurrir con este impuesto y
siempre nos sorprende a todos, al Gobierno y a la AIReF, al alza o a la baja. En este sentido, la previsión de cierre es menos cierta de lo que puede ser en el ámbito del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor añadido, porque todavía
nos falta el segundo y tercer pago fraccionado que se ingresa en octubre y diciembre.


Aquí, básicamente, tenemos un perfil distinto respecto a la evolución que contempla el Gobierno, y nosotros pensamos que puede estar motivado por la estimación en materia de devoluciones. Los datos que nosotros tenemos y la estimación que
hacemos es que las devoluciones de la liquidación de 2020, que se solicitan en 2021 y que se pagan en 2022, serán sensiblemente inferiores a las que finalmente se paguen en 2023, propiciados por la liquidación de 2021 y solicitados en 2022.
Ciertamente, esta diferencia en el perfil de unos y otros podría decantarse hacia un lado o hacia otro, ya que no tenemos grandes diferencias.


En el caso de la evolución del impuesto sobre el valor añadido, también nosotros nos situamos 2 décimas por encima del Gobierno. Nosotros suponemos que el IVA va a tener una dinámica todavía positiva, porque es un impuesto en el que la
inflación opera y actúa de manera directa, de forma que el incremento de la recaudación, en su mayor parte, obedece a la evolución de los precios.


Ahora me gustaría traer un tema que ya traje en alguna otra ocasión, que creo que fue con ocasión de la actualización del programa de estabilidad, de cara a hacer una previsión de ingresos en el medio plazo. Aquí lo que estamos viendo es
que, más allá de la incidencia de la inflación, hay un aumento en la elasticidad de los impuestos respecto a las variables nominales determinantes de la demanda nacional. En esto, el punto clave es determinar si toda la subida de la recaudación es
coyuntural o si algo puede quedarse en términos estructurales. La verdad es que no lo sabemos, sinceramente, no podemos aventurarlo, pero sí se habla de que pudiera haber cierto efecto estructural vinculado al afloramiento de la economía sumergida,
pero, es verdad, que ese efecto estructural tendría que verse en la demanda nacional y no solamente en términos de recaudación. Con lo cual, la AIReF todavía no puede determinar si va a haber un componente o no estructural. En el IRPF, suponemos
que, a lo mejor, un poco más; en el IVA, la verdad es que todavía no nos atrevemos a aventurarlo. Sí les quiero señalar que la elasticidad en 2021 fue del 2,3, según nuestra previsión de cierre de 2022, la elasticidad sería del 1,7, y el supuesto
que estamos haciendo para 2023 es ciertamente prudente, porque estamos suponiendo que la elasticidad del IVA, respecto a los principales componentes de la demanda, volvería a su promedio histórico.


Ahora paso a contabilidad nacional. En los recursos totales, en términos de contabilidad nacional, nuestra perspectiva es que el peso se mantendría en el 21,2. Estamos incluyendo, como les decía, la valoración de los nuevos impuestos, la
valoración que contiene el Gobierno, puesto que, a falta de que se concrete cómo se van a instrumentar, no podemos hacer una valoración propia en ese aspecto.


Pasando al tema del gasto, quería detenerme brevemente en lo que es el límite de gasto no financiero. El límite de gasto no financiero aumenta un 1,1 %, pero es verdad que si descontamos los fondos Next Generation la subida sería del 1,9 %,
como explicó la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Pero yo creo que, para hacer una comparativa homogénea, tendríamos que descontar las transferencias

Página 12

extraordinarias que se están dando a otros sectores de las administraciones públicas con motivo de la crisis, fundamentalmente crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque esas van en retroceso, pero, si las limpiamos, el incremento del límite de
gasto no financiero sería de un 6,5 %, en torno a unos 10 500 millones de euros.


Las partidas principales de este aumento serían las clases pasivas, remuneración de asalariados, los gastos impropios de la Seguridad Social, las transferencias de capital y, también, habría algo más de 1000 millones en lo que se refiere al
gasto por intereses. En este cálculo del límite de gasto no financiero es donde yo les decía que, por diferencia, hemos hecho un cálculo de cuáles serían los ajustes de contabilidad nacional implícitos, y nos sale que los ajustes de contabilidad
nacional implícitos que está suponiendo el Gobierno ampliarían el límite de gasto no financiero en un 1,1 puntos del PIB. Nuestra previsión de ajustes de contabilidad nacional es algo menor y eso hace que compense la menor previsión de ingresos que
lleva el Gobierno respecto a las previsiones de ingresos de la AIReF, de manera que la diferencia, en términos de déficit, no resulta tan elevada. De ahí la relevancia -como vengo diciendo ya desde hace varios años- de que se conozca el detalle de
los ajustes de contabilidad nacional. En el informe, además, incorporamos un recuadro respecto a la importancia de estos ajustes, porque vemos que muchas de las desviaciones que finalmente hay en materia de déficit provienen, justamente, de los
ajustes de contabilidad nacional, de los que no hemos conocido su previsión en el momento de presentación de los presupuestos.


En el caso de los empleos, en términos de contabilidad nacional, AIReF supone que descenderá en 2 décimas su peso sobre el PIB. Y aquí lo relevante es si hay prórroga o no de las medidas. En un contexto en el que no sabemos la existencia o
no de esa de esa prórroga, eso altera muchísimo la valoración que podemos hacer respecto a cómo evolucionarán los empleos en términos de contabilidad nacional.


Pasando a los fondos de Seguridad Social, la previsión de cierre del Gobierno es de medio punto. Nosotros suponemos que el cierre será de un déficit algo superior al 0,7 %. No tenemos diferencias sustantivas, en cuanto a la previsión de
recaudación de las cotizaciones. Ahí también pongo el error de previsión, entre comillas, en las barras en positivo se va viendo los errores o las desviaciones en la presupuestación de los años anteriores, y como verán, en el año 2023 prácticamente
están alineadas. El aumento del déficit nos viene más bien por el lado de los empleos, como ahora veremos.


En el caso de las cotizaciones, suponemos que va a haber un ligero aumento en términos de PIB, que pasaría del 12,9 al 13,1 %. Lo más significativo es que la descomposición del crecimiento de las cotizaciones supone un peso mucho mayor de
la remuneración de asalariados, y como ven en esa barrita que estaba en granate, que es la contribución del empleo, en línea con nuestro cuadro macroeconómico, donde prevemos un estancamiento, ya no promueve o no contribuye al crecimiento de las
cotizaciones en el año 2023. Sí que suponemos un 2 % adicional vinculado a las medidas anunciadas por el Gobierno, es decir, al mecanismo de equidad intergeneracional, que aporta unas 2 décimas de crecimiento al PIB al año, unos 2500 millones, y
otros 500 millones adicionales por la actualización de las bases máximas de cotización. Es ese 2 % el que contribuye al crecimiento de las cotizaciones en torno al 8 %.


En materia de empleos, lo que llama más la atención y lo que determina la diferencia entre las dos barras es la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Esto supone un aumento en 6 décimas del gasto de la Seguridad Social. El
desempleo se mantiene prácticamente estable, una rebaja algo inferior a 1 décima, y lo que sí que contribuye es la desaparición del gasto por incapacidad temporal asociado al COVID, que reduce en 2 décimas este crecimiento de los empleos en el
ámbito de la Seguridad Social. El efecto neto es de un déficit del 0,7 % según nuestras previsiones.


Como les adelantaba al principio, no hemos hecho un análisis en profundidad del plan presupuestario. ¿Por qué? Porque el plan presupuestario se refiere al total de las administraciones públicas y nosotros no tenemos cerrado todavía el
análisis de los presupuestos de las administraciones territoriales. En torno al día 27 analizaremos este plan presupuestario e incorporaremos también los proyectos de presupuestos de las comunidades autónomas, de las diecisiete comunidades
autónomas y de las principales entidades locales, pero sí hemos hecho una primera aproximación que, desde luego, requiere mucho más análisis y detalle. De entrada, es novedoso en este plan presupuestario que se presenten dos escenarios, toda vez
que coincide con la presentación de los presupuestos generales del Estado. Es verdad que el control europeo, la credibilidad europea y el ejercicio de transparencia con las instituciones europeas son muy importantes, pero yo creo que no es menos
importante ese ejercicio en el ámbito nacional en materia de transparencia y de control, como decía al principio.


En una primera aproximación a estos dos escenarios, lo que podemos ver es que el escenario 1 parece ser coincidente con el escenario de los presupuestos generales del Estado, aunque es verdad que en esta primera aproximación vemos que puede
no ser coincidente del todo. Ponemos un ejemplo: el

Página 13

impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que en los presupuestos generales del Estado se incluye por un valor de 1351 millones, en el plan presupuestario se contempla por un valor de 3429 millones, en línea con lo
que ha sido la transferencia al sector eléctrico de este año. Eso en cuanto al escenario 1, que ya digo que en esta primera aproximación parece coincidente con los presupuestos, aunque hay algún elemento que a simple vista nos ha parecido que no
coincide del todo. El escenario 2 realmente se acerca más, desde luego, a las previsiones de AIReF. En el caso de 2022 son prácticamente idénticas. Es verdad que hay ciertas diferencias en cuanto a la composición, pero es cierto que el escenario
2 no especifica exactamente cuáles son las medidas que se prorrogan y eso podría ser causa de diferencias entre el escenario del Gobierno y el escenario de AIReF. No obstante, es cierto que este escenario 2 se aproxima mucho más a las previsiones
de AIReF.


En materia de empleos nos presenta bastantes más dudas que, desde luego, requieren un análisis más detallado e incluso probablemente la solicitud de alguna aclaración por parte de los ministerios competentes en la elaboración del plan
presupuestario. En una visión general hay algo que nos choca, y es que en el escenario en 2023, los gastos, los empleos crecerían un 3,6 % en el escenario 1; un 3,5 % en el escenario 2, a pesar de la prórroga de las medidas; pero un 4,4 % en el
escenario de AIReF, a pesar de que nosotros no tenemos incluida la prórroga de las medidas. Ahí necesitamos aclaraciones, porque probablemente estas tasas de variación no sean completamente comparables.


El escenario 1 contempla una actualización de la previsión de cierre en materia de ingresos que, desde luego, se aproxima más a las previsiones de AIReF, pero es cierto que, como mantiene el déficit, también contempla un aumento de los
gastos en el propio escenario 1 que implicaría que, si la previsión de cierre del 2022 a nuestro juicio está unos 9000 millones infravalorada, de aquí a final de año va a haber otros 9000 millones también de mayores gastos que compensen esa mayor
previsión de ingresos; en este sentido, eso sí que nos preocuparía. Entiendo que esa situación no se va a producir y que no es más que un mero ejercicio formal para mantener la tasa de referencia en el 5 %.


Además, el escenario 1 no recoge algo fácil de ver, que es el 1,5 % de actualización de la remuneración de los empleados públicos que se va a pagar en el año 2022, aunque sí está incluido en las previsiones de los presupuestos generales del
Estado. El escenario 1, que se supone que es el que es consistente con los presupuestos generales del Estado, no incluye este 1,5 %. De hecho, lo que choca también es que cuando nos vamos a 2023 no aumenta la remuneración de asalariados, aunque
como mínimo tendría que tener este 1,5 % que se consolida en la base de 2022 para calcular la tasa de variación del 2023.


Por lo tanto, nos falta análisis. No sé si vamos a ser capaces de desentrañar todos los supuestos que están detrás, porque lo cierto es que en este momento el plan presupuestario no nos ha aclarado dudas que teníamos respecto a los
presupuestos generales del Estado y nos ha añadido más incertidumbre en estos aspectos que les señalo; por ejemplo, en lo que les comentaba del impuesto de solidaridad que nosotros, por los períodos de tramitación, suponíamos que se iba a recaudar
en el 2024 -así parecía deducirse de los presupuestos generales del Estado, porque no está incluido-, pero cuya recaudación sí está incluida en 2023 en el plan presupuestario. En cualquier caso, como les digo, les emplazo al informe de dentro de
quince días en el que yo creo que tendremos más analizado y más aclarado el plan presupuestario y habremos concluido el proceso de evaluación de los presupuestos de las administraciones territoriales.


Paso a lo que decía al principio, y ya voy terminando. A pesar de todo este marco de suspensión, lo que siempre subyace es que hay que ser sostenibles, y ese ejercicio de sostenibilidad nos lleva a dos derivadas. Por un lado, a analizar
cuál va ser la evolución prevista de la deuda pública, y, por otro lado, esta recomendación del Ecofin, que es más cuantitativa y no tan cualitativa como en años anteriores. Hemos de decir que tampoco la Comisión está favoreciendo mucho el
cumplimiento de esta recomendación, en el sentido de que, si nosotros criticamos que hay que conocer las reglas del juego en el ámbito nacional cuando a veces decimos que el Gobierno central debería comunicar con mayor antelación a las comunidades
autónomas sus recursos para que puedan planificar y demás, también es cierto que cuando a uno le piden cumplir una determinada recomendación tienen que decirle cómo se la van a medir. En ese sentido, todavía no se conoce con qué criterios se va a
medir el cumplimiento de esta recomendación. Pero, en definitiva, nos puede dar una idea. Nosotros, de hecho, presentamos dos escenarios posibles para la valoración de esa recomendación específica. Estos supuestos nos llevan a que el crecimiento
podría limitarse en torno al 3 %, y ahí sería complicado cumplir con esa recomendación, o irnos al 5 %, donde sería más factible cumplir esa recomendación. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver cuál es la lógica de esta recomendación, que es sujetar
el crecimiento del gasto corriente primario a lo que

Página 14

puede ser este crecimiento potencial a medio plazo que te puede marcar la evolución de los ingresos a medio plazo. En ese sentido, entendemos que podría haber dos alternativas; o muchas más, nosotros nos hemos quedado con dos de ellas.
Una, cuál era el deflactor previsto en el momento en el que se adopta la CSR, la recomendación específica; es un criterio que muchas veces sigue la Comisión. En ese momento, el deflactor era del 2,3 % según las previsiones de AIReF, coincidente
básicamente con las de la Comisión y bastante coincidente con lo que sería adoptar este objetivo de medio plazo de la inflación del 2 %. La otra opción sería que nos dejen aplicar, puesto que eso nos va a marcar el crecimiento de los ingresos, el
deflactor actual, que en el caso de AIReF, como saben, es del 4,3 %. Eso nos determinaría que el crecimiento previsto al que se limita nuestro crecimiento del gasto corriente primario oscilaría entre el 3 y el 5 %. Desde luego, en el ámbito de la
Administración central parece que se cumple esa recomendación, pero hemos tratado de extrapolarlo al total de administraciones públicas en un primer análisis del plan presupuestario que posteriormente detallaremos, porque aquí lo que se va a medir
es el conjunto de las administraciones públicas.


Como pueden ver, si no hay prórroga, sería difícil cumplir con la recomendación específica de crecimiento del 3 %. Ahí siempre hemos dicho que un crecimiento de las pensiones tan elevado resta margen para la evolución de los empleos; unos
empleos que en el ámbito autonómico también presionan al alza, porque, como saben, tenemos ahí todo el tema de gasto sanitario, en dependencia, en educación, etcétera, sobre todo gasto sanitario. Si utilizáramos el deflactor más reciente, entonces
no habría problemas para cumplir con la CSEÑOR El Gobierno me parece que en el plan presupuestario prevé que la tasa de crecimiento con la que se mediría la CSR es de un 4,6 %, es decir, estaría entre los dos escenarios que contempla AIReF. Con la
prórroga de las medidas, desde luego, sería imposible el cumplimiento de esa recomendación específica en ninguno de los supuestos.


Ahora bien, aquí tampoco la Comisión es clara en cuanto a qué va a hacer con las medidas temporales y focalizadas, porque parece que no es que se excluyan del cálculo de esta tasa de crecimiento, pero que, en caso de que la incumplas,
tendrán en cuenta si ese incumplimiento viene por parte de la adopción de medidas temporales y focalizadas. Aquí estamos intentando hacer un estudio para ver si las medidas que está adoptando el Gobierno son focalizadas y espero que en el informe
del plan presupuestario podamos incorporar el análisis de este estudio que estamos haciendo. Los resultados preliminares parecen apuntar a que sí que hay cierta focalización. ¿Cómo estamos viendo nosotros la focalización? Estamos viendo si esas
medidas lo que están corrigiendo es el diferencial del impacto que la inflación está teniendo en los distintos hogares en función del nivel de renta. Entonces, estamos viendo cómo afecta la inflación a los distintos deciles de renta y si las
medidas del Gobierno están corrigiendo ese impacto heterogéneo de la inflación entre los distintos niveles de renta. Nuestros resultados preliminares indican que sí que habría focalización -evidentemente, mayor o menor según las medidas- en las
medidas que está adoptando el Gobierno. Espero, como les digo, poder incorporar este análisis en el informe del día 27.


La otra pata de la sostenibilidad es la evolución de la ratio de deuda. Aquí lo que venimos diciendo es que la ratio de deuda está disminuyendo, básicamente como consecuencia del efecto denominador tanto del crecimiento real como sobre todo
del deflactor. De todas formas, todavía nuestro nivel de deuda sigue siendo muy elevado, casi 20 puntos por encima de lo que había antes de la pandemia y, desde luego, lo que nosotros proyectamos a medio plazo es una ralentización en el ritmo de
disminución, en la medida en que el crecimiento económico nos deje de ayudar. En ese sentido, lo que prevemos es que después del descenso de estos años la ratio de deuda se estabilice. Es verdad que estamos en un contexto de crisis, pero no
podemos olvidar que no lo vamos a tener mejor en los próximos años, como hemos visto en nuestra senda de déficit.


Ya para concluir formulamos las siguientes recomendaciones. Una nos ha costado, porque a nosotros nos gusta formular recomendaciones concretas, porque, si no, cuando hacemos el seguimiento del cumplimiento de nuestras recomendaciones,
muchas veces se diluye la responsabilidad de quién tiene que cumplir o explicar el ejercicio de esa recomendación, pero es que era obligada. Lo que nosotros recomendamos es que los presupuestos generales del Estado tienen que recuperar su papel
central como instrumento de política fiscal y económica y ser un elemento fundamental en el diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público. Un presupuesto que nace ya viciado porque no tiene una previsión
de cierre realista de los ingresos y no contempla la posible prórroga de unas medidas que ya sabemos que sí que se están contemplando en las previsiones del Gobierno, tanto por el anuncio posterior como por la presentación del plan presupuestario,
parece que desvirtúa completamente

Página 15

la utilidad del presupuesto no solamente ahora en el momento de la aprobación, sino en lo que se refiere a su ejecución.


Como ya llegamos tarde para solicitar que se incluyan en el escenario de los presupuestos generales del Estado estas medidas, lo que sí que pedimos es que se expliciten cuando se produzca el decreto de prórroga o cuando se produzca la nueva
adopción de medidas de 2023, que previsiblemente tendrá lugar en el mes de noviembre. Nosotros pensamos que es necesario, de cara a esta planificación, de cara a esta anticipación, de cara a esta certidumbre que yo creo que la actuación pública
tiene que dar en la medida que pueda a los agentes económicos, que se expliciten qué supuestos desencadenan o desencadenarán a futuro la adopción de nuevas medidas y cuáles son los límites -por ejemplo, en términos de inflación, en términos de
evolución de precios, en términos de crecimiento económico- que determinarán la actuación del Gobierno en línea con las medidas adoptadas en años anteriores u otras nuevas que pueda decidir adoptar. Por eso, nosotros sí que pensamos que ese decreto
de prórroga debe ir acompañado, primero, de un análisis de la eficacia y eficiencia que han tenido las medidas en el pasado -a lo mejor no tiene sentido prorrogar una medida que no está teniendo los efectos que inicialmente se esperaban- y, segundo,
debe explicitarse un poco esa planificación. ¿Qué va a hacer el Gobierno? Probablemente todavía no puede decirlo, pero sí que puede decir cuáles son sus límites, es decir, qué supuestos y con qué límite en la evolución de las principales variables
macroeconómicas activarían la adopción de nuevas medidas.


Por supuesto, hacemos las recomendaciones de siempre: que se incluyan ajustes de contabilidad nacional, que se incluya información sobre el plan de recuperación en términos de contabilidad nacional y, en definitiva, que haya más información
que permita transitar desde la información presupuestaria objeto de control en el Parlamento hacia la información en términos de contabilidad nacional, que parece que se deja al control por parte de las instituciones europeas.


Recuerdo -ya lo hemos visto un poco al principio y no me detendré- que cuando hemos emitido el aval hemos dicho que el aval en estas circunstancias en septiembre llega tarde; que, por lo tanto, el punto de arranque de la elaboración de los
presupuestos es el escenario macroeconómico de julio, y que entendemos que debería consultarse a la AIReF igual que está previsto que se consulte a otras instituciones, Evidentemente, no podemos solicitar que AIReF tenga que emitir un informe,
porque los informes son única y exclusivamente los que contempla nuestra ley de creación. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos informaría, nosotros haríamos público ese informe, pero no podría llevar aparejadas recomendaciones sometidas al principio
de cumplir o explicar, aunque sí podría llevar propuestas, por ejemplo, en línea con lo que hacemos en los procesos de evaluación del gasto público. Propuestas, sí; recomendaciones sometidas a cumplir o explicar entiendo que no sería posible.


Desde luego, en el contexto en el que estamos es fundamental, primero, contar con el cuadro macroeconómico con algo más de tiempo y, segundo, con algo más de información de la parte fiscal, puesto que ya en el momento en que se nos solicita
el aval están prácticamente a punto de presentarse los presupuestos generales del Estado. Por tanto, yo creo que sería fundamental conocer las medidas fiscales que están incorporadas en el cuadro macroeconómico e incorporarlo a un escenario de
ingresos y gastos que permita determinar que ese escenario presupuestario es realista y que guarda relación con los supuestos nominales contemplados en el cuadro macroeconómico del Gobierno.


Muchísimas gracias por escucharme estas reflexiones de AIReF en relación con los presupuestos generales del Estado y quedo a su disposición para cuantas aclaraciones o preguntas puedan formular.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su extensa y pormenorizada explicación.


Damos la palabra ahora a los diferentes grupos parlamentarios. Recuerdo que la intervención es por cinco minutos y rogaría que hoy respetemos un poco ese tiempo porque tenemos, como saben ustedes, una agenda bastante apretada.


En primer lugar, por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Muchísimas gracias hoy por su comparecencia y por su análisis riguroso, que yo creo que está bastante en línea con algunas de las cosas que nos dijo ayer el gobernador del Banco de España. La verdad es que creo que me ha contestado a casi
todo lo que le iba a preguntar. Estamos de acuerdo con que el presupuesto es el principal instrumento de política económica de que dispone el Gobierno y que debería ser un documento riguroso. En ese sentido, sus conclusiones hoy -permítame la
expresión- son un tanto demoledoras para el Gobierno. Usted ha planteado unas recomendaciones que entendemos

Página 16

que todo gobierno debiera implementar en aras de mejorar la transparencia, la ejecución y el control. Es verdad que alertan, como el Banco de España, de riesgos a la baja en el crecimiento real, pero constata que el crecimiento nominal está
dentro del rango de los intervalos de probabilidad de los escenarios.


Nosotros tampoco acabamos de entender que se haya enviado un plan presupuestario a la Comisión con un escenario 2 que no figura en lo presentado en este Congreso, con unos mayores ingresos que parece que atienden a la recaudación del último
trimestre para cubrir gastos de los que nos van informando en determinados momentos y que parecen que pueden obedecer a esa nueva necesidad de ampliar o de prorrogar aquellas medidas que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre. Usted además nos ha
dicho que se derivan algunas inconsistencias. Esperaremos de todas formas a ese informe dentro de quince días, que nos va a resultar muy esclarecedor. Es un escenario 2 que quizá podría aumentar el déficit estructural, que habría que pagar vía
deuda, cuando ya tenemos una deuda bastante alta, y además entendemos que va a ser, cuando lleguen las reglas fiscales, la variable en la que seguramente habrá que hacer ajustes a futuro.


Hablaba usted de un plan de consolidación fiscal. Estamos de acuerdo en que se necesitaría para abordar los problemas estructurales, para equilibrar los gastos e ingresos y para incrementar la recaudación, pero sin mermar la competitividad.
Sin embargo, el Gobierno no acaba de verlo. Ayer nos decía María José Gualda que el Gobierno tiene un compromiso con la estabilidad presupuestaria pese a la suspensión de las reglas fiscales y que la muestra es la reducción del déficit hasta ahora
y del objetivo de deuda. ¿Cree que es suficiente con esto o de verdad se debería ir más allá? Esa es una de las preguntas. Es verdad que usted también nos ha dicho que la Comisión Europea, en sus recomendaciones del semestre europeo, recomendaba
que tomaran medidas para garantizar una política fiscal prudente limitando el incremento de esos gastos corrientes. Usted ya nos ha dicho que si no hay prórroga se cumpliría, pero, si hay prórroga de todas esas medidas, quizá estuviese todo eso en
riesgo. Yo no sé si a esto obedece que el Gobierno haya presentado un presupuesto aquí de una manera y ese segundo escenario en Europa. No sé si tienen alguna valoración sobre esto. Para nosotros el presupuesto puede ser un tanto contractivo o
restrictivo, pero es más expansivo porque contempla los fondos europeos. Además, prevé el Gobierno un impacto de 2,6 puntos y, en este sentido, usted ha sido más esperanzadora que el gobernador del Banco de España, que dijo que ese impacto igual
podría no ser así.


Nos habla de las administraciones territoriales y es cierto que a lo mejor ahora están ejecutando más, pero también es cierto que en los presupuestos generales del Estado de 2023 esta parte que corresponde a las administraciones
territoriales es mucho menor, con lo cual el que tiene que ejecutar parte de esos PERTE y parte de todo ese entramado de fondos es el propio Estado, y nosotros ahí tenemos algunas dudas. También nos preocupa que, aunque esa recaudación está siendo
extraordinaria por la inflación y también por la actividad económica, es verdad que se ha ido aumentando gasto no financiero consolidado e ingresos coyunturales para gastos que se están convirtiendo quizá en estructurales. Nuestra pregunta es si va
a aguantar esa recaudación ante una ralentización de la actividad, ante una ralentización del consumo. Es verdad que hay una parte de esos ingresos que se explica por lo que hemos dicho, pero hay otra parte que, como usted bien ha dicho, no se
explica por las elasticidades históricas de los ingresos respecto al PIB. El Gobierno sí ha hecho una estimación de que podría ser por la afloración de la economía sumergida. ¿Van a hacer alguna valoración respecto a esto a futuro? ¿Cómo lo ven?


Por otra parte, me gustaría saber, con relación al tema del escenario 2 presupuestario -ya nos ha dicho que nos va a hacer dentro de quince días una estimación-, por qué el déficit estructural se mantiene igual en un escenario y en otro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Carmen Martínez.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Muchas gracias, presidenta.


Gracias, señora Herrero, por su comparecencia. La verdad es que tendría que venir más por aquí porque solo en presupuestos nos sabe a poco. Estoy de acuerdo con Idoia en que nos ha explicado muchas de las cosas que queríamos preguntarle,
pero sí podemos hacer alguna matización o algunas preguntas. Respecto a los escenarios, nos preocupa primero que no se presente el mismo escenario aquí que en Europa -yo creo que eso prácticamente ya podemos decir que es una falta de respeto del
Gobierno a la Cámara- y también nos preocupan esas inconsistencias que ha encontrado a la hora de desarrollar los escenarios. Obviamente, esperaremos al siguiente informe, pero nos gustaría que ahondara

Página 17

un poco más en esas inconsistencias que ha encontrado, porque ninguno de los dos escenarios realmente muestra la realidad, ni siquiera la implementación o no de las medidas. ¿Podría explicarlo un poco mejor para ver a qué nos estamos
enfrentando, dado que el siguiente informe ya sería el día 27 y para estos presupuestos ya nos va a llegar un poco justo?


Creo que hay que hacer hincapié en algo -y aquí sí querríamos que por favor se pronuncie-, porque, si vemos el global del presupuesto en los gastos, vemos que 1 de cada 2 euros del presupuesto de 2023 se va a gastar en pensiones. Después
vemos que para pagar los intereses de la deuda pública estamos hablando aproximadamente de un 7 % de todo el presupuesto. Ustedes ya vieron que esos intereses de la deuda pública, con el aumento de los tipos de interés, iban a tener también un
aumento, ya se estaba viendo; incluso ustedes preveían una cifra y ya se está viendo que ese miedo que existía se está confirmando, pero tenemos que ver si el gasto en pensiones se va a convertir en estructural. Es decir, se está tomando una
medida para el futuro de nuestro país a medio plazo -nos vamos a quedar a medio plazo, aunque habría que hablar a largo plazo- y obviamente va a ser un peso muy grande en las estructuras de los posibles presupuestos en el futuro. ¿Qué va a hacer
esto? Hipotecar el futuro de nuestro país. Con tan poco margen hablamos de que nos encontramos con que el gasto en pensiones supera el doble de gasto en justicia, en interior, en educación o en sanidad. Cuando veníamos de la crisis, en los
primeros presupuestos dentro de la crisis del COVID-19, se hablaba de que siempre existe un riesgo de que otros gastos se conviertan en estructurales por el motivo que sea. Tenemos un problema energético muy grave, no sabemos cómo van a llegar las
medidas y, si no hay modificaciones estructurales en materia de energía, puede que también algunos se conviertan en estructurales. El coste de la transición ecológica puede que también incluya gastos estructurales. Es decir, tenemos ahí poco
margen y creemos que el hecho de que la subida de las pensiones esté ligada a una inflación que en estos momentos es histórica puede que desestabilice totalmente los presupuestos futuros y todo el futuro de este país. Nos gustaría que evaluara eso,
la unión del crecimiento de las pensiones al IPC actual, cómo se va a convertir en un dato estructural y cómo se va a enfocar.


Unido a esto hablamos de la consolidación. Es verdad que cuando se activa la cláusula de salvaguarda estamos obligados a prever qué va a pasar con la consolidación, y no existe ese mecanismo. Yo ayer pregunté a la secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos y ella nos daba una reducción del déficit de aquí a 2025 pero no decía cómo, y eso nos preocupa. ¿Qué impacto va a tener a medio plazo que no exista realmente una consolidación basada en hechos, en medidas concretas?


También quería preguntarle porque ya decía usted que en el plan presupuestario no se incluye ese impuesto de solidaridad. Hay muchos de los impuestos que todavía no están diseñados. De hecho, hay una enmienda a la totalidad del impuesto de
la banca y de las eléctricas que nosotros mismos hemos presentado. Es decir, ahí hay cierta inconsistencia, se prevén una serie de ingresos que realmente no están claros, no están claras las cifras. Pero una cosa sí le digo: no están en el
presupuesto, pero no se sorprendan si de aquí a final del presupuesto nos hace la trampa el Gobierno y llegan vía enmienda, que podría ser, con lo cual todo este análisis que está haciendo, cuando se aprueben los presupuestos, si llegaran vía
enmienda, podría verse afectado. ¿Cómo influiría o cómo cambiaría si esto sucediera?


Decía que no podía asegurar que la recaudación fuera estructural o coyuntural, pero sí se puede ver y equilibrar el crecimiento -todavía no hemos recuperado el producto interior bruto previo a la crisis del COVID-19-, porque, si por la
inflación se están teniendo unos ingresos realmente superiores a los que tenían previstos, ¿no podemos decir que una gran parte de los ingresos con los que cuenta este Gobierno o con los que ya saca pecho de 2022 que realmente son coyunturales?
¿Cómo afectaría eso? Porque realmente esperemos que las medidas que se tomen en el futuro hagan que esta inflación baje, que evalúe si lo coyuntural de los ingresos podría afectar a estos presupuestos en el medio plazo.


También nos preocupa -y esto más bien es una reflexión- el problema de la transparencia. Es decir, no hay transparencia aquí porque no nos traen el escenario real que han mandado a Bruselas y ya han llamado la atención al Gobierno desde
Bruselas si no cumplen una serie de requisitos derivados de la transparencia. No la tienen con la propia AIReF, que no tiene realmente toda la información en los formatos que ustedes necesitan y que llevan solicitando desde hace mucho tiempo. Por
eso, nos preocupa que incluso esos fondos que tienen que llegar en el futuro lleguen tarde o no lleguen en la totalidad que realmente necesitamos, por esto que hayan dicho que no tienen cómo revisar esos gastos o el método que le ha pedido Bruselas
para ver cómo se están gestionando los fondos europeos, cuestión que puede

Página 18

ralentizar o incluso, llegado el momento, congelar la llegada de esos fondos. Si eso sucediera, ¿qué pasaría?


La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, se le ha pasado el tiempo.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Una reflexión final. Nos preocupa también que para estos presupuestos y estas previsiones que hace y ese aval que usted da tenemos que creer en la esperanza de que se vaya a ejecutar todo el plan de
transformación y resiliencia. Quiero decir, que tenemos que decir que se va a ejecutar porque tenemos que partir de la base de que se va a ejecutar, pero, si no se ejecutara, ¿cómo afectaría a las previsiones que ustedes están haciendo?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Ferrán Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


También quiero agradecer a la presidenta de la AIReF su exposición. Yo creo que es para escucharla dos veces, si alguien no la ha escuchado bien, y también para ver la presentación. No sé qué decirle, usted lo ha dicho todo. Cuando habla
de escenarios y, efectivamente, habla de un escenario 2 que se presenta en el plan presupuestario por respeto a las instituciones europeas, pero el Gobierno no lo presenta -ya no digo a usted como autoridad fiscal independiente- a este Parlamento,
que es el que tiene que aprobar el escenario 1 y el escenario 2, esto se resume en tres palabras -que usted ha dicho y que supongo que no han pasado desapercibidas para nadie y que a mí me duelen profundamente, porque yo estoy predispuesto a aprobar
el presupuesto, porque un escenario sin presupuestos seguramente es mucho peor-: El presupuesto nace viciado. El presupuesto nace viciado, y no hay nada peor para un presupuesto -sea de un humilde ayuntamiento o sea del conjunto del Estado- que
nacer viciado. Yo no había visto uno tan viciado como este, porque me están pidiendo que apruebe unos ingresos y unos gastos que el Gobierno reconoce cuando va a Bruselas que se van a ser mayores ingresos, mayores gastos y el déficit se va a quedar
igual.


Por tanto, ¿qué quiere que le diga? Yo llevo desde ayer peleándome para ver si está incluido o no el 1,5 % de incremento salarial que se va a reconocer a los trabajadores. Yo entendía que no estaba incluido en el escenario 1 ni en el
presupuesto. De su presentación he entendido que el escenario 1 no recoge el incremento de remuneración de asalariados -estoy leyendo- del 1,5 %, aunque está incluido en las previsiones de los presupuestos, entiendo que del 2023. Pero cuando me
voy al plan presupuestario, la página 4 dice: En consecuencia, el plan presupuestario se basa en un escenario con medidas -abro paréntesis-, escenario 1, que incluyen todas las medidas de ingresos y gastos incorporadas en los presupuestos generales
para 2023. Por tanto, si el escenario 1 se corresponde con el presupuesto, el 1,5 % estaría incluido en el escenario 1 y en los presupuestos, pero en la misma página 43 está diciendo que no. Por tanto, seguramente nace viciado.


Ya sé que voy a contar con el beneplácito de la presidenta si me alargo un poquito, después se lo voy a compensar. (Risas.-El señor Guijarro García: A todos). A todos, a todos.


El gobernador del Banco de España nos dejó ayer una reflexión -me parece que lo ha recordado la portavoz del PNV- sobre los ingresos. Decía: los ingresos públicos están creciendo mucho más -también era de acuerdo con las previsiones de la
misma AIReF- y eso tendría varias explicaciones. Una, la actividad económica, que es obvia. Segunda, muy obvia, la evolución de la inflación. Y, después, él hablaba de unos elementos residuales no identificados, decía que realmente superan las
elasticidades históricas conocidas hasta ahora y que una posible explicación podría ser la afloración de la economía sumergida. Yo ahí tengo mis dudas, pero tampoco me voy a poner muy estricto. Me gustaría conocer cuál es la opinión al respecto de
la AIReF porque para nosotros sería muy significativo.


Me queda una última reflexión no para que me la conteste, pero la dejo en la Comisión. Seguramente esta va a ser mi última intervención en la Comisión de Presupuestos con la comparecencia de la presidenta de la AIReF, aunque yo le pido que
regrese cuando tenga el informe sobre el plan presupuestario y no hayamos finalizado todavía el debate de presupuestos. Hago la siguiente reflexión: ¿cuándo crea el Estado español la AIReF? ¿La crea porque entiende que es una necesidad de que
exista una autoridad fiscal independiente? ¿La crea a finales de los años cuarenta o a los cincuenta, sesenta, setenta, como se crean autoridades similares en otros países de nuestro entorno? ¿O se crea por una imposición

Página 19

reiterada de la Unión Europea en un contexto? Y la realidad es que se crea -en aquel momento con Gobierno del Partido Popular- en 2013 gracias a varios informes que reiteraban la necesidad de la creación de esta autoridad fiscal. Cuando
uno crea algo porque se lo imponen desde fuera es difícil, y no lo digo por su antecesor ni por usted, que han intentado desarrollar una labor que, al menos nosotros, reconocemos. Pero los Gobiernos de turno, ya sean de un color o sean de otro, no
ven a la AIReF como un aliado, no dejan de verla como una imposición, y cuando tú ves algo como una imposición, realmente es muy difícil que te aproveches de su trabajo.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señora Herrero. Como siempre, es un gusto tenerla aquí en la Comisión de Presupuestos.


Después de haber escuchado una larga presentación con mucha atención, sobre todo a estas horas, la verdad es que uno tiene la sensación de haber agotado ya la energía del día antes de llegar a las doce de la mañana. Como decía también el
compañero Ferran Bel, seguramente haya que verse su intervención otra vez en vídeo y estudiarse bien las notas.


En todo caso, yo querría también tratar de relativizar un poco lo que usted ha dicho, porque, claro, hemos entrado en estos detalles a lo largo de la hora larga en la que usted ha desgranado datos y a lo mejor se nos olvida un poco el
panorama general que la propia AIReF describía en la nota de prensa que publicó hace poco, precisamente a propósito de los presupuestos generales del Estado. Leo literalmente: La AIReF constata que la estimación de crecimiento nominal del Gobierno
se encuentra en el rango central de los intervalos de probabilidades o escenarios. Punto dos: En el ámbito de los precios las previsiones del Gobierno parecen razonables -subrayo, parecen razonables-, ya que los efectos base sobre la energía y las
perspectivas de desaceleración, blablablá, blablablá. Estos blablablás los digo porque -insisto- me da la sensación de que a veces perdemos la perspectiva. Claro, hablamos de diferentes escenarios; esto ya lo hemos dicho otros años.
Instituciones como la AIReF, el Banco de España o fundaciones privadas se pueden permitir el lujo de trabajar con muchos -dos, tres, cuatro, n escenarios-, pero cuando un Gobierno planifica los presupuestos generales del Estado no tiene esa suerte,
tiene que trabajar con un único escenario, que es con el que le toca trabajar. Por lo tanto, con ese único escenario con el que al Gobierno le toca trabajar, ¿es razonable o no es razonable? Acabo de leer lo que dice la AIReF y, aparentemente, a
la AIReF le parece razonable. Es cierto que, en la medida en que la AIReF se ha constituido en una especie de voz de la conciencia fiscal de este país, de Pepito Grillo del Gobierno, evidentemente al Gobierno no le gusta tener un superyó que le
diga lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer, pero en la medida en que se entiende... (Rumores). Perdonen la metáfora psicoanalítica, pero me parece que es perfectamente razonable. Uno trata con su superyó y no por eso establece un
odio con él mismo, salvo que tenga una esquizofrenia muy seria. Normalmente, el pobre yo se maneja entre las tensiones superyoicas y el famoso ego. Pero quiero decir que, en ese sentido, tomémonoslo con deportividad, con deportividad.


También digo todo esto porque reclamaba usted, señora Herrero, algo más de tiempo y algo más de información. Es una de las cuestiones que ha venido reclamándole usted al Gobierno. Claro, seguramente ya le gustaría al Gobierno tener tiempo
para poder reaccionar con los márgenes que corresponden. Ha dicho usted una frase que me ha parecido que ha venido al pelo en el contexto que estamos viviendo. Decía usted: Las leyes se redactan en periodos normales. Bien, este no es un periodo
para el que están hechas las leyes con las que estamos operando. Sería bueno que nos tomáramos la molestia de tener en cuenta estas cuestiones,


Luego, ya entrando un poco más en algunos elementos que ha detallado usted, voy a insistir en algunos puntos que forman parte ya del debate que hemos establecido en estos presupuestos porque son cuestiones centrales que aparentemente no
terminamos de resolver. Por ejemplo, sobre el famoso escenario de ingresos futuros, esa famosa elasticidad no calculada, me gustaría conocer también un poco su opinión, aunque fueran hipótesis. Ayer el gobernador del Banco de España se declaraba,
básicamente, humanamente incapaz de determinar lo que no es conocido ni sabido, pero este es un elemento fundamental. Lo digo porque la recomendación que nos trasladaba ayer el gobernador es la de prudencia contable: mientras no sepamos, usted no
toque. El problema es que la prudencia contable, de nuevo, es un concepto para periodos de normalidad, ahora -insisto- no tenemos la suerte de

Página 20

poder contar con ese tipo de periodos. En todo caso, como digo, sí creo que es muy relevante, porque es verdad que las estimaciones con las que nos estamos moviendo caducan en muy poco tiempo. En ese sentido, yo entiendo la frustración de
algunos portavoces en esta Comisión, pero insisto en el argumento: el problema no es del Gobierno, el problema es de la realidad. (Rumores). La realidad es cambiante, es crítica y, efectivamente, los datos... (Rumores). Por favor, déjenme un
poquito, ya sé que ustedes querrían otra realidad, pero lo cierto... (La señora Muñoz Vidal: Querríamos otro Gobierno). Por favor, señora Muñoz, ¿podemos mantener un poquito de silencio? Gracias. Lo que no me puedo explicar, como digo, es ese
guirigay que se montan con este tipo de cuestiones cuando en el fondo lo que están diciendo todas las instituciones es que las cosas están funcionando, y con esto cierro la cuestión.


Su papel, señora Herrero, como presidenta de la AIReF es básicamente asegurar, como bien decía, que el escenario macro con el que trabaja el Gobierno suponga una base realista; por entendernos, que el Gobierno no se haga cuentos de la
lechera, y por ser aún más claros para las juventudes modernas, que no se le vaya la olla a nivel fiscal. Concluyo, con lo que usted ha explicado y con lo que acabamos de ver, que al Gobierno no se le ha ido la olla. Con esto yo creo que me quedo
bastante tranquilo.


Le traslado algunas cuestiones por si me pudiera arrojar algo de luz; valoraré muy positivamente lo que usted me pueda decir al respecto. Por ejemplo, la AIReF en sus informes comentaba la importancia de determinadas medidas
antiinflacionarias y hoy mismo acaba usted de decir que existe una cierta focalización -es el término que usted ha utilizado- en las medidas de inflación del Gobierno. Debo deducir, por tanto, que han sido beneficiosas, es decir, que las políticas
o las medidas fiscales que se han tomado en estas últimas semanas han ido en la dirección correcta de no ser generalizadas, de focalizarse exclusivamente allá donde hace falta y, por lo tanto, de tener una eficacia en ese sentido superior.


Dos cuestiones más -que veo que se me acaba el tiempo- sobre las previsiones que ustedes suelen lanzar. En algún momento de la presentación ha incorporado usted la subida de tipos como uno de los elementos para calcular la bajada del PIB,
creo que lo dejaba en un 0,2, si no me ha parecido entender mal. Le digo, francamente, que me parece poco, esperaba en ese sentido un dato mayor. Mi tesis es que la política que se está siguiendo ahora en el Banco Central puede tener un coste muy
serio en términos de provocar una recesión en toda la región y 0,2 puntos no me parecería una amenaza sustancial. Quizá esté confundiendo yo algo, le pido que me lo aclare. Otra de las cuestiones centrales de los debates que estamos llevando a
cabo entre ayer y hoy es el impacto de los fondos europeos sobre el PIB. Ayer el gobernador nos decía algo respecto al impacto en el año 2021 que a mí me dejó francamente grogui, algo golpeado. Él decía que se había calculado un efecto de un punto
porcentual en su momento y que el cálculo posterior de cómo habían afectado realmente esos fondos en 2021 se había quedado en el 0,2; dato que es claramente decepcionante. El Gobierno ha establecido una cifra algo mayor, creo que en un 0,6 o un
0,7 o un 0,8 -no la recuerdo muy bien-, pero en todo caso sí me preocupa que haya un diferencial tan grande, sobre todo porque, como usted misma ha dicho, de la eficacia del uso de esos fondos depende que realmente tengamos una salida airosa de esta
situación tan grave que tenemos.


Por lo demás, le agradezco las respuestas y, por supuesto, la larga intervención. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, va a intervenir la señora Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.


Doña Cristina, muchísimas gracias por este informe demoledor, me sumo al calificativo de la portavoz del PNV. Tras escuchar este alegato del abogado defensor del Gobierno, el señor Guijarro, yo creo que efectivamente nos encontramos ante
los presupuestos de la propaganda porque el Gobierno los ha vendido, pero yo creo que desde un punto de vista más electoralista que de otra cosa. Efectivamente, vemos esas carencias y deficiencias que usted nos ha comentado, aunque este informe es
para leérselo detenidamente y más de una vez.


A nosotros concretamente nos preocupa lo que nos viene preocupando desde hace varios años y es que el Gobierno siempre tiene alguna excusa: si no es el virus, es la guerra, y si no, otras cuestiones. Entiendo que los Gobiernos del resto de
los países de Europa tienen los mismos problemas que nosotros. No somos los únicos, no estamos aislados, todos se encuentran con la misma incertidumbre. Pero creo que eso no es óbice ni debe ser una excusa para hacer el trabajo, y más teniendo en
cuenta las

Página 21

recomendaciones reiteradas por parte de la AIReF. También el gobernador del Banco de España viene diciéndolo ya desde -creo- el 18 de mayo del año 2020 lo del plan de reequilibrio y tener una hoja de ruta para saber hacia dónde nos
dirigimos. Porque a nosotros nos preocupan muchísimo los niveles de deuda y no conocemos esa hoja de ruta del Gobierno para llevarlos a niveles más sostenibles. No entendemos esa reticencia y ese rechazo por parte del Gobierno, de manera
sistemática, a traer ese plan de reequilibrio que se le viene pidiendo desde hace dos años y esa estrategia nacional a medio plazo.


Otra cuestión que también nos preocupa mucho es la eficiencia del gasto público, porque el Gobierno considera que gastar más es positivo y lo venden como algo extraordinario: estos presupuestos son los presupuestos con mayor gasto social.
Estamos de acuerdo en que -yo creo que alguna portavoz lo ha comentado-, efectivamente, el gasto social solamente por pensiones ya supone un cuarenta y tantos, casi un 50 %, del gasto total. Pero no se trata de gastar más, sino -yo creo- de gastar
mejor. Tampoco entendemos ese plan presupuestario con ese escenario 2 que nos deja un poco con la boca abierta porque no sabemos por qué esa falta de respeto a las instituciones españolas por parte del Gobierno. Estamos deseando como agua de mayo
tener el informe del día 27.


En cuanto al seguimiento de las recomendaciones que figuran en la página del Ministerio de Hacienda, me gustaría comentarle esta recomendación que formuló la AIReF en la carta del 19 de julio de 2022 y que fue respondida por el ministerio.
En esa recomendación se decía que -ya en julio- enmarcasen la elaboración de los presupuestos para 2023 dentro de una estrategia fiscal a medio plazo, que evitasen incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural cuya
financiación permanente no esté garantizada... Bueno, no se la voy a leer porque se la sabe. Y aquí hay una contestación por parte del ministerio y me gustaría conocer qué opina de esta contestación. Porque ellos dicen que las recomendaciones 1 y
2, que acabo de mencionar, se consideran plenamente atendidas. No entiendo que digan que se consideran plenamente atendidas, yo creo que estas recomendaciones siguen vivas aún.


Por otra parte, ayer el señor gobernador dijo que no se debe producir un desacople entre política fiscal y política monetaria. Esto es, unos presupuestos expansivos, pero que no se centren únicamente en proteger a las familias más
vulnerables por la inflación y solamente con medidas temporales porque esto provocaría un impulso fiscal inflacionario que obligaría a la política monetaria a aumentar más los tipos de interés. Y nosotros pensamos que, efectivamente, viendo un poco
la evolución de los presupuestos generales del Estado desde 2021, las medidas no son tanto temporales, sino que aquí se ha consolidado ya un gasto estructural. No sé qué opinión le merece.


Y por último, le quería preguntar sobre los presupuestos de la AIReF. En los presupuestos de la AIReF para el año 2022, en la parte de los ingresos, ustedes tenían presupuestados en los estudios realizados por la AIReF 1,1 millones. Este
año tienen 570 000 -creo que sí, ¿no?- en estudios realizados. ¿Me puede explicar esa diferencia a qué se debe? ¿Es porque van a trabajar menos, tienen previsto cobrar menos, les van a hacer menos encargos? No lo entiendo, a ver si me lo puede
explicar.


En principio, yo creo que con esto es suficiente, porque me sumo a otras preguntas que le han hecho otros portavoces y que entiendo que va a responder.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Herrero, y felicidades por su presentación y traslade a todo el equipo nuestro agradecimiento por su trabajo.


Decía el señor Guijarro que nos tomemos los informes de la AIReF con deportividad. Yo creo que no, señor Guijarro, yo creo que esto no es un juego, esto es muy importante para el futuro del país y creo que debemos tomarnos los informes de
la AIReF con muchísima responsabilidad y, especialmente, el Gobierno. Y también quería felicitar al señor Bel por su intervención y agradecerle, especialmente, algunas de sus reflexiones.


Bueno, ya tenemos aquí la segunda enmienda a la totalidad; después de escuchar a la presidenta de la AIReF yo no entiendo muy bien cómo algunos grupos parlamentarios que se consideran serios van a tener el cuajo de apoyar estos
presupuestos. De hecho, yo creo que el Gobierno debería retirarlos inmediatamente y traer otros nuevos. Estamos de acuerdo con la AIReF sobre la inconsistencia, sobre las carencias y la falta de credibilidad de los presupuestos. Ustedes valoran
la factibilidad -puede ser- y eso implica su aval, ¿pero qué recorrido tiene un presupuesto que no acierta en los dos conceptos

Página 22

básicos en los momentos actuales: crecimiento real e inflación? Ustedes rebajan un 29 % la previsión de crecimiento real, el Banco de España un 33 y el consenso de los analistas un 43. Y este se supone que es el concepto base sobre el que
se elaboran los presupuestos. Por cierto, ¿cuál es la banda de crecimiento del PIB por la que ustedes avalarían las previsiones macroeconómicas? Vemos el gráfico, pero no vemos los límites de los presupuestos. Por ejemplo, ¿qué hubiera cambiado
si la previsión del Gobierno hubiera sido del 2,7 %? Y si usted cree que esto tiene que ver con el segundo escenario del plan presupuestario. Es que, al final, tenemos la sensación de que el Gobierno tiene previsto un gasto para el año que viene y
esa es la base real de los presupuestos y todo lo demás es para intentar cuadrarlo. O sea, el concepto base, en vez del crecimiento, es el gasto. ¿Por qué? Pues, lógicamente, para influir en las próximas elecciones generales, es una obviedad.


Sobre este segundo escenario del plan presupuestario, quería preguntarle qué le parece que suponga una variación de ingresos, pero fundamentalmente de este año, no del próximo; de este año, del que quedan dos meses y medio y que ya los
tienen que tener valorados. A mí me parece un poco de trilerismo político o presupuestario, más que de responsabilidad fiscal. Un dato muy importante es que la reducción del déficit de estos años ha sido generada por el incremento de impuestos y
se mantiene en 2023. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo de reducción del gasto por eficiencia, es decir, ninguna gestión. Y, en segundo lugar, que ha provocado la reducción del déficit
detrayendo dinero de los españoles, de todas las capas sociales a través de los impuestos indirectos y los directos, pero especialmente de las clases medias a las que va a seguir castigando en los presupuestos de 2023. Respecto al impacto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la verdad es que hay poco que decir, no tenemos información. Nos debatimos entre la preocupación y una posible pena por la oportunidad perdida. Ojalá no sea así y tenga usted razón en su análisis y
esto empiece a funcionar.


Sobre las dos recomendaciones del Ecofin, nos ha dicho en el caso de la primera -la de limitación del gasto primario corriente- que podemos cumplirla, pero solo en ausencia de nuevas medidas y de que no se prorroguen las actuales. Pero,
señora Herrero, es que esto ya sabemos que no va a pasar, ya sabemos que no vamos a cumplir, salvo que todo el gasto que nos vende el Gobierno no lo ejecuten durante el año. O nos mienten o incumplen, una de las dos. Y también nos exige Europa
garantizar una reducción gradual de la deuda que sea creíble y la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo a través del saneamiento gradual, la inversión y las reformas. Esto sí que no lo estamos cumpliendo. De hecho, el Banco de
España ayer nos hablaba de un déficit estructural del 3,4 %, que consideramos insostenible, salvo que creciéramos a tasas continuamente superiores al 5 %. Aprovecho para agradecer la extensión en el tiempo de las previsiones, como le pedimos el año
pasado.


La sostenibilidad de la deuda nos preocupa especialmente, la ratio está clara, es deuda y PIB. Debemos reducir el numerador e incrementar el denominador, es que no hay más opciones. Y no estamos reduciendo el déficit al ritmo deseado,
reducir el déficit partiendo del 10 % sin ninguna medida y solo con el incremento de ingresos a nosotros no nos parece responsabilidad fiscal. ¿Para usted es responsabilidad fiscal esta reducción del déficit? ¿Cómo valora este camino? Y tampoco
crecemos al ritmo deseado, recordemos que somos el único país de la Unión que no ha recuperado los niveles prepandemia. El Banco de España nos hablaba ayer del primer trimestre de 2024 y usted nos lo ha confirmado hoy también. Cuatro años después,
es que es terrible, señores, terrible. Y nos confirmaba usted también el año pasado que el Gobierno está incumpliendo el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Cómo cree usted que podemos
obligar al Gobierno a que cumpla la ley? Porque decirlo no basta, llevamos ustedes y nosotros tres años diciéndolo y no hay manera. En el mes de octubre nos trasladó en una comparecencia anterior que iban a sacar una opinión sobre la
sostenibilidad de las finanzas públicas y quería que nos anunciara cuándo podremos disponer de ella.


También quería preguntarle por algunos datos que son riesgos claros para la evolución del año 2023: la pérdida de competitividad, después de una caída importante hasta 2021 y la contracción de la remuneración por asalariado real muy alta en
los últimos trimestres; la disminución de la confianza de los hogares y la empresarial y el endurecimiento de las condiciones de financiación.


Y termino, presidenta. Usted nos hablaba en una comparecencia anterior que la sostenibilidad y el crecimiento tenían que ir de la mano, pero con este Gobierno no encontramos sostenibilidad de las cuentas públicas ni en el corto ni en el
medio plazo, ni crecimiento económico destacable y la pérdida de capacidad económica de las familias y de la competitividad de las empresas hacen que el lustro de Gobierno del señor Sánchez deje una pesada carga para el futuro de España.


Muchas gracias. (Aplausos).

Página 23

La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Patricia Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Herrero, una vez más a la Comisión de Presupuestos. Como el tiempo es limitado, me centraré en las conclusiones a las que llega mi grupo después de escuchar su exposición. Previamente a entrar de lleno en esas
conclusiones, me gustaría decirle que la primera impresión que tiene nuestro grupo ante lo que ha ocurrido hoy en la Comisión es que su informe no es que sea demoledor, lo que es demoledor es la situación que estamos viviendo en toda Europa, en todo
el mundo. Es demoledor que hayamos tenido una pandemia. Es demoledor y terrible que tengamos una guerra. Y todavía me parece mucho más terrible que haya grupos en esta Cámara que digan que eso es una excusa del Gobierno. Eso sí que me parece
terrible.


Pero, es más, me parece demoledor que tengamos una oposición que sea incapaz de reconocer nada positivo cuando tenemos más empleo, cuando se están haciendo políticas precisamente para salir de esta situación, y que sea incapaz de reconocer
que precisamente el Fondo Monetario Internacional reconocía que el único país que es previsible que no entre en recesión sea España. Por tanto, es tremendo, es terrible que un grupo como Ciudadanos diga falsedades y que, además, incorpore más
incertidumbre cuando estaba diciendo que estaban en riesgo los fondos europeos, cuando realmente se ha desmentido por parte de la Comisión Europea. Por tanto, es demoledor. Y yo creo que deberíamos tener -insisto- mayor responsabilidad por parte
de cada uno de estos miembros de la Comisión. Creo que eso es lo que se merece.


Además, permítanme... (Rumores). Sí, sí, responsabilidad, porque, claro, ¿nada positivo?, ¿todo negativo? ¡Oigan! Como decía Miguel Hernández: dejadme la esperanza, ¡dejadme la esperanza!


Y vayamos a las conclusiones, que se basan precisamente en datos objetivos. La primera conclusión es que la institución que usted preside tiene la responsabilidad de evaluar y avalar las previsiones económicas del Gobierno contenidas en el
proyecto de presupuestos -insisto, proyecto de presupuestos-; una responsabilidad que ejerció el 4 de octubre emitiendo un informe a petición del Gobierno, tal y como establece la legislación vigente -insisto, legislación vigente-; un informe en
el que literalmente dice que la AIReF avala el escenario macroeconómico que acompaña a los presupuestos del 2023; un aval que ha permitido precisamente que el Gobierno haya presentado las cuentas públicas en esta Cámara para su tramitación
parlamentaria, para que en tiempo y forma pueda ser aprobado antes de finalizar el año. Por tanto, estos presupuestos cuentan con el aval de la AIReF, de la institución que usted preside. Y con la presentación de los presupuestos el Gobierno ha
cumplido con su obligación constitucional, dando con ello seguridad y estabilidad al país ante un contexto de enorme incertidumbre. Por tanto, el Gobierno cumple con la Constitución, cumple con lo que establece la ley de creación de la AIReF y el
matiz me parece claramente importante. Además, el Gobierno cumple y explica en el Congreso, porque, señorías, en primer lugar, estamos hablando de un proyecto de presupuestos y, en segundo lugar, precisamente lo que está haciendo el Gobierno a lo
largo de esta semana, en sesiones maratonianas, es explicar. Por tanto, el Gobierno cumple y explica, y lo hace transparentemente.


Me dicen algunos grupos que no tienen información del plan presupuestario. Oiga, toda la información está en el Ministerio de Hacienda; en la página web ustedes pueden ver toda la información. Por tanto, transparencia absoluta.


Segunda conclusión. Ante un escenario de extrema volatilidad que hace que las previsiones vayan cambiando constantemente -es decir, todos los organismos internacionales revisan a la baja sus estimaciones-, el objetivo no es acertar con
exactitud las estimaciones macroeconómicas, sino que estas se encuentren en un intervalo razonable. Y las estimaciones -como hoy también ha reconocido la propia presidenta en su comparecencia- dicen que así lo están, que se encuentran en un
intervalo razonable, por lo que podemos afirmar que los presupuestos son factibles.


Señora Herrero, no puedo coincidir con usted en que existan mecanismos para medir y combatir la incertidumbre -como se dice en una de sus diapositivas-, porque, como decía Antón Costas, presidente del CES, en el mes de junio, precisamente
aquí, en una comparecencia en esta misma sala, los riesgos se pueden estimar, incluso se pueden cuantificar, pero la incertidumbre, no. La incertidumbre es precisamente la incapacidad para determinar con certeza la existencia de riesgos, y esta es
una cuestión

Página 24

que hay que tener en cuenta. El gobernador del Banco de España repitió hasta la saciedad ayer el intervalo y el contexto en el que nos encontrábamos de incertidumbre.


En lo que sí que estoy de acuerdo con usted es en que la incertidumbre no puede ser la excusa para desvirtuar la finalidad del presupuesto, pero no hay finalidad del presupuesto si este no se presenta. Y el Gobierno está presentando el
presupuesto y está cumpliendo. Por tanto, lo importante es la presentación de los presupuestos, un proyecto de presupuestos que irá adaptándose a las distintas circunstancias que se van produciendo. Y donde algunos ven falta de transparencia en la
estimación de los ingresos, nosotros lo que vemos es prudencia. Usted incluso lo ha utilizado en su exposición: extremada prudencia.


El Gobierno ha presentado las cuentas públicas cumpliendo, por tanto, con los trámites parlamentarios y lo ha hecho con la información disponible en el momento de la presentación, con prudencia y con transparencia. Repito, no ha incluido
medidas fiscales que se encuentran en tramitación parlamentaria y que todavía no hayan sido aprobadas. Y todos los nuevos impuestos son para quienes disponen de mayor capacidad económica en ese momento. Y los ingresos incrementados
coyunturalmente, ocasionados por la inflación, están sirviendo prudentemente para destinarlos a medidas coyunturales para hacer frente a los efectos de la inflación sobre los más vulnerables. Por tanto, conforme evoluciona la inflación, se van
adoptando medidas prudentemente; una inflación que, como usted sabe, también se está remitiendo gracias a las medidas del Gobierno, que están funcionando. Por tanto, día a día estamos evolucionando; día a día, hoy, en la Comisión Europea están
adoptando medidas que también van a influir en esos presupuestos.


Por tanto, el Gobierno está cumpliendo, estamos explicando y toda la información está siendo transparente. Es más, está demostrando actuar con cautela y con precaución, comprometido con la consecución de la estabilidad presupuestaria a
medio plazo.


Desde los partidos de la derecha se ha repetido todos los años que son unos presupuestos ficticios, que son unos presupuestos falsos. Por tanto, qué credibilidad tienen cuando realmente los datos nos demuestran que el Gobierno ha ido
cumpliendo y ha ido mejorando incluso sus propias previsiones -las propias previsiones, incluso, de la AIReF-. En 2021, por ejemplo, con una inflación media del 3 %, se incrementó la recaudación en un 15 %. Ya sabemos que la recaudación se
incrementó por la recuperación económica, por el mejor comportamiento del mercado laboral gracias a la protección de rentas, vía ayudas públicas y empleo, con los ERTE durante la pandemia. Una estimación prudente, que también se dio en la cifra del
déficit, es que fue mejor en 1,5 puntos porcentuales. Se estimaba un 8,4 % y, finalmente, fue un menos 6,9 %. Pero es que usted mismo hoy reconocía que en el año 2022 ya se sabe que puede ser de un 4,4 %, mientras que el Gobierno, por ejemplo,
habla de un menos 5 %. Por tanto, está siendo muy prudente.


Para 2022 y 2023, el efecto inflación en la recaudación está centrado básicamente en el IVA, y el factor principal es la mejora de las bases imponibles -también lo ha dicho-, que puede ser muy acertado. Y supongo que el secretario de Estado
de Hacienda hoy también nos explicará cómo han ido recuperándose las bases imponibles y cómo ha ido emergiendo esa economía que ha estado sumergida a lo largo de los años.


Me falta muy poco.


La señora PRESIDENTA: Señora Blanquer, tiene que ir acabando.


La señora BANQUER ALCARAZ: Termino simplemente con la tercera conclusión, y es que el Gobierno está cumpliendo con la senda de consolidación fiscal, con el compromiso de ir reduciendo el déficit y la deuda. Los datos conseguidos del 2021 y
2022 así lo corroboran, lo avalan, y el 2023 sigue en la misma línea. Por tanto, si me permite la presidenta, nosotros valoramos -hemos valorado siempre desde el Grupo Parlamentario Socialista- todos los análisis y esfuerzos que hace la AIReF,
pero, desde luego, lo que está claro -para terminar- es que, como se demuestra un año más, el Gobierno planifica con prudencia, avanza en justicia social, en eficiencia económica y está pensando en dar respuestas a las personas de la generación
presente, pero también de la generación futura.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ahora, paso la palabra nuevamente para que dé las explicaciones a la presidenta de la AIReF.

Página 25

La PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIReF (Herrero Sánchez): Gracias, presidenta.


Gracias a todos los grupos por sus consideraciones. Yo creo que algo que caracteriza a AIReF es que siempre consideramos positivo el intercambio de opiniones y, desde luego, la discrepancia en cuanto a nuestras estimaciones o las
estimaciones que puedan tener los distintos grupos. De hecho, estamos en un contexto en el que en alguna ocasión he oído que no es momento para hacer previsiones, porque realmente la incertidumbre es muy elevada, y, ciertamente, la incertidumbre es
muy elevada. Pero yo creo que ahí nos corresponde, precisamente, más que nunca poner datos sobre la mesa con toda la humildad del mundo y con toda la transparencia del mundo, de manera que, por supuesto, se pueda discrepar de las previsiones que
tiene AIReF. Eso no solamente no nos molesta, no consideramos que sea un ataque a la institución, sino todo lo contrario, nos enriquece. Yo siempre tomo buena nota y siempre me quedo con alguna cosa de lo que aquí se dice y, desde luego, cuando
llegamos a la AIReF, debatimos sobre cosas que se han podido decir aquí y que nos puedan ayudar a mejorar o a plantearnos cuestiones que nos han comentado y que a nosotros no nos habían generado ninguna duda, pero que, a raíz de lo que nos han
dicho, nos la han originado. O sea que, en ese sentido, no puedo más que agradecer todas las consideraciones y todas las preguntas y observaciones que se hacen a nuestras previsiones.


Empezaban preguntándome si es suficiente -creo que en algún momento también se ha dicho- la reducción del déficit que hasta ahora ha planteado el Gobierno. Realmente es difícil determinar en este contexto cuál hubiera sido la reducción del
déficit que AIReF hubiera planteado. Es cierto que lo que ha hecho hasta ahora la Comisión respecto a las recomendaciones de las que yo hablaba del Ecofin ha sido de carácter cualitativo: ojo con la sostenibilidad, que no se adopten medidas que no
sean temporales y, desde luego, oportunas y cada vez más selectivas. Ha ido evolucionando hacia esa focalización o carácter selectivo. Para el año 2023 lo que hace, como primer paso, es limitar el crecimiento del gasto corriente primario y lo que
nos dice es que, a partir de 2023, habrá que plantear una senda creíble de reducción de deuda. Esos son un poco los límites o el calendario que parece que se nos va a marcar desde el ámbito europeo.


Es cierto que los ingresos extraordinarios que hemos tenido y los cierres mejores que las tasas de referencia que se habían fijado y que ya mostraban una determinada evolución del déficit público se hubieran podido utilizar para atender de
alguna forma esta reducción del déficit estructural o la no contracción de gasto de carácter estructural, y eso me lleva a otra de las preguntas, y es sobre el incremento del gasto estructural. Realmente, me resulta difícil decir en este momento
cuál es el incremento del gasto estructural. Si uno se ciñe estrictamente a la Administración Central del Estado, el incremento del gasto estructural más importante que ha tenido ha sido la financiación de los gastos impropios de la Seguridad
Social, con un importe de más de 20 000 millones de euros. Cuando yo hablaba del límite de gasto no financiero, una parte importante se destina a esa finalidad, con lo cual eso nos llevaría a ver el incremento del gasto estructural también en el
ámbito de la Seguridad Social y, desde luego, en el ámbito de las comunidades autónomas, donde ya en alguna ocasión hemos dicho que estimamos que en torno al 60 % del incremento del gasto sanitario asociado al COVID tiene carácter estructural. Una
valoración completa de cuál ha sido la evolución del gasto estructural la verdad es que me resulta difícil.


Me preguntaban también por el porqué de dos escenarios. Yo no sé el porqué. Me preguntaban si era para cumplir con la recomendación específica que se le había hecho a España. Yo ahí no puedo aventurar cuáles son los motivos del Gobierno.
Sí que es verdad que en algún punto se me ha preguntado por la inconsistencia de los dos escenarios en el ámbito del plan presupuestario. La primera inconsistencia que me pedían que detallara un poco más es que el escenario uno, que se supone que
es el consistente con los presupuestos generales del Estado, en la medida en que lleva 9000 millones más de ingresos, lo que hace es prever en 2022 unos 9000 millones más de gasto. Eso ya me marca una inconsistencia de partida, salvo que AIReF
desconozca que de aquí a final de año se van a poner medidas sobre la mesa que tengan un impacto ya en 2022 de 9000 millones. Eso parece que no es algo plausible, con lo cual esa inconsistencia ya está de partida en el año 2022, más allá de estas
inconsistencias puntuales que hemos puesto de manifiesto respecto a este 1,5 %, si está o no está en los presupuestos generales del Estado y en el escenario uno o no. Parece que no está en los presupuestos generales del Estado, pero sí está en el
escenario uno, a pesar de que luego no se vea en la evolución de los gastos de personal o en la valoración del impuesto sobre el valor de producción, pero estas serían ya cuestiones menores. Yo creo que la inconsistencia principal está en la
previsión que se hace de 2022, que no cuadra ni en el escenario uno ni en el escenario dos. Y eso es porque, a pesar de que se suponga la prórroga o no de medidas,

Página 26

el punto de partida no modifica el déficit del 5 %. Entonces, si reconoces la estimación prudente de ingresos, si quieres mantener el 5 % tienes que aumentar 9000 millones de gasto, y eso ya te desvirtúa la evolución del gasto que yo les
comentaba, que es la otra gran inconsistencia en los distintos escenarios. Y es que el escenario uno no tendría prórroga de medidas, el escenario dos sí tendría prórroga de medidas y, sin embargo, las tasas de evolución del gasto son las mismas,
del 3,6 y del 3,5, y en cualquier caso, más bajas que las de AIReF. Pero respecto a AIReF ya no sería inconsistencia, sería una discrepancia en las previsiones de unos y otros, pero la inconsistencia, la gran inconsistencia entre ambos escenarios
vendría por ahí, que yo creo que arranca todo de un cierre de 2022, que nos empeñamos en que iba a ser de una determinada manera y parece que no será así.


Vinculado a los dos escenarios, también me recordaban que había que hablar a largo plazo. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular me ha preguntado sobre una opinión a largo plazo. Efectivamente, en este contexto, si es difícil hablar
del medio, más difícil todavía es hablar del largo plazo. Pero en algún momento esto pasará, y lo que debemos tener en cuenta es que hay una determinada situación que nos va a marcar la evolución de las cuentas públicas para los próximos años. A
mí me gusta mucho esta definición de deuda pública como un problema de inconsistencia temporal, que realmente lo es; en ese sentido, sí que debe preocuparnos cuál va a ser la evolución prevista de la senda de deuda para los próximos años. Espero
que en el mes de noviembre -y tengo al fondo a los dos directores responsables de que así sea- publiquemos esta opinión de sostenibilidad a largo plazo que venimos anunciando.


Hubo varios pronunciamientos de AIReF. Es verdad que antes estaba mucho más limitada. Lo que hicimos en su momento, en el año 2018, y volvimos a hacer en el año 2020, fue una valoración del sistema de pensiones. Hacíamos unas proyecciones
del sistema de pensiones a largo plazo. Nosotros ahora, en consonancia con los compromisos que contrajimos con nuestro plan estratégico cuando asumí la presidencia, lo que hacemos es un escenario de sostenibilidad a largo plazo, es decir, no
solamente vamos a hacer una valoración de la evolución del gasto en pensiones, sino que vamos a incorporar un escenario macroeconómico y presupuestario completo de ingresos y gastos hasta el año 2050. En ese 2050 estará incluida la actualización de
cuál es nuestra previsión de evolución del gasto en pensiones, donde evidentemente se incorporan las recomendaciones o lo que ha salido, fruto del Pacto de Toledo, de la revalorización con el IPC. Además, también se valorará el impacto de las
medidas de la segunda parte de la reforma del Gobierno con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y lo que conozcamos de lo que pueda pasar con otras variables, como el cómputo del número de años de la carrera profesional o el destope de las
bases máximas, que ahí no sé si llegaremos a tiempo o no de incorporarlo en función de lo que haya.


Pero no solamente incorporaremos esa valoración del gasto en pensiones, sino que también incorporaremos un escenario de evolución del gasto sanitario, del gasto educativo y del gasto en dependencia. Eso, desde luego, antes de final de año y
me atrevería a decir que en el mes de noviembre. Ahí lo que ha ocurrido -pensábamos haberlo sacado a lo mejor un poquito antes- es que ha habido una actualización de datos demográficos que nos inciden de manera importante en nuestro escenario de
gasto en pensiones. En ese sentido, hemos hecho algún cambio respecto al modelo o al suministro de los datos que incluíamos respecto al modelo anterior de proyecciones demográficas y de previsiones de los flujos migratorios. Todo eso espero poder
tenerlo en el mes de noviembre.


Respecto a la valoración a futuro del incremento de la recaudación, qué parte es estructural y qué parte es coyuntural, no tenemos hecha ninguna valoración. Hemos tratado de hacer aproximaciones, pero sinceramente no tenemos resultados
concluyentes. Alguien me preguntaba también sobre la incidencia de la inflación en la recaudación, y ahí sí que nuestra estimación es que en torno al 50 % del incremento de la recaudación de 2022 se debe a la inflación y que el 75 % de la
recaudación de 2023 se deberá nuevamente a la inflación. Con lo cual sí que hay un componente muy grande asociado al nivel de precios. Ahora bien, yo creo que la clave es ver, en este desacople que hay entre la recaudación y las principales
variables de la demanda que determinan esa evolución de los impuestos, qué parte de eso es estructural y qué parte es coyuntural. Realmente, estamos intentando hacer algo, estamos leyendo todo lo que está saliendo; recientemente, salió un estudio
del BBVA que, en definitiva, tampoco decía que esto fuera concluyente, pero entendía que si en la recaudación había un componente estructural o una parte estructural por qué no iba a haber también un componente estructural en la evolución de la
demanda, con lo cual ahí no explicaría ese desajuste en la evolución o en las elasticidades de unas respecto a otras.

Página 27

Espero en algún momento poder ofrecer una explicación, pero, sinceramente, en este momento no la tenemos.


Respecto al plan de recuperación, el impacto que tiene previsto el Gobierno creo recordar que es de 2,8, y nosotros para 2023 llevamos un impacto del 2; en 2022 lo hemos rebajado al 0,8. Creo que tenemos un escenario de riesgo para 2023
que pasa del 2 al 1,6. Cuando hablo del 2 -que creo que aquí hay un poco de confusión- no sé si otros están hablando en términos de tasa de variación, pero yo hablo de cuál sería el impacto de los planes en un nivel de PIB respecto a un escenario
sin ese impacto. No sé si tendré que volver a revisarlo, pero sí que tenemos un escenario de riesgo con estas estimaciones que hace AIReF respecto a la estimación lineal o no lineal de la ejecución de las inversiones. Es cierto que nosotros
tenemos un 0,2 en 2021; un 0,8 para 2022; y un 2 para 2023, casi 1 punto por debajo de la previsión del Gobierno, pero claramente por encima de lo que prevén otras instituciones. Yo, sinceramente, en este momento -siempre lo digo-, no tiro la
toalla en el sentido de que, en algún momento, el plan de recuperación pueda ejecutarse. Y también he dicho que los datos últimos de ejecución del mes de septiembre son alentadores en materia de la plataforma de contratación. Que ese incremento se
pueda seguir dando es lo que lo determinará.


En cuanto al tiempo de emisión del aval, que comentaba el representante del Grupo Unidas Podemos, estoy totalmente de acuerdo. Yo he estado en la Administración, he estado en el Ministerio de Hacienda, y siempre se nos reprochaba que
mandábamos las cosas tarde; ¡ya nos gustaría contar con más más tiempo! O sea, en ese sentido, no es que nosotros no lo favorezcamos porque entendemos las dificultades que tienen para remitirnos la información. De hecho, la ley dice que tenemos un
plazo de quince días para emitir el aval, y, realmente, lo estamos emitiendo en el plazo de dos días, precisamente porque entendemos que todos tenemos que colaborar en los estrechos plazos que tenemos unos y otros. Además, también es cierto que
cuando se nos remite formalmente el aval ya ha habido, por supuesto, aproximaciones previas por parte de los equipos técnicos, tanto de uno como de otro lado, donde compartimos escenarios, supuestos, inquietudes y problemáticas. Más allá de ese
tiempo de emisión del aval, sí que es verdad que el aval se nos muestra pocos días antes de que se presenten los presupuestos generales del Estado. Entonces, no es que no se conozca el escenario presupuestario, es que lo que debería incluir el aval
son más medidas fiscales que nos permitan pronunciarnos sobre esta adecuación que tiene que haber en la AIReF entre el escenario presupuestario y el escenario macro.


Antes se me recordaba que se legisla para tiempos normales y, en ese aspecto, sí que hay dificultades -como he señalado- ya no sobre el tiempo que tenemos para emitir el aval, sino sobre el momento en que tenemos que emitirlo. Yo creo que
esa es una reflexión que nos tenemos que hacer. Desde luego, en AIReF lo hemos hecho muchísimo para ver, finalmente, qué recomendábamos. Nos planteábamos si el aval lo tendríamos que dar en julio y no en el mes de septiembre, porque ahora es
relevante en un contexto en el que en dos meses pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo cierto es que si unos presupuestos, ya no solamente los del Estado, sino los de las comunidades autónomas, se elaboran con una determinada previsión
macroeconómica en el mes de julio, es muy difícil, porque, en el mes de septiembre, ¿qué pasa si AIReF no avala? ¿Se devuelven todos los presupuestos, los del Estado y los de las comunidades autónomas? Realmente, el aval de AIReF en ese momento
llega tarde, y sí que es cierto que algún momento de corte tiene que haber en la realización de previsiones. Eso es así. Entonces, no sé si tendríamos que avalar el mes de julio y, luego, si de julio a septiembre hay un empeoramiento de la
situación, entran los mecanismos que tiene el presupuesto para gestionar la incertidumbre, que sigo pensando que sí que los tiene.


¿Por qué? Porque, por un lado, el presupuesto es una expresión de los créditos que, como máximo, se pueden reconocer. No pasa nada porque dejemos una parte del presupuesto sin ejecutar. De hecho, hay muchos capítulos presupuestarios,
entre ellos el de inversión, que se dejan sin ejecutar a unos niveles muy elevados. ¿Por qué no se puede hacer una previsión? Lo he dicho anteriormente, a lo mejor, sin mucho detalle, pero sí prever un crédito de lo que, como máximo, en ese
momento prevé el Gobierno que va a tener que hacer. Yo creo que los datos que he dado de inflación, tanto de los vinculados a la energía como de la subyacente, muestran que la situación no era muy distinta de la que propició la adopción de medidas,
tanto en 2021 como en 2022. ¿Qué podía haber hecho el Gobierno? Lo que ha hecho en el escenario dos, decir: Yo tengo un margen de 9000 millones o de 10 000 millones en la parte de los ingresos, y preveo que, como las condiciones económicas no han
cambiado y voy a tener margen por el lado de los ingresos, puedo ser fiel a mi compromiso con la estabilidad, y que voy a traer, de momento, como máximo esos 10 000 millones o 9000 millones. Esa es la flexibilidad, de la que yo hablo, del

Página 28

presupuesto. Luego, si no se producen esas circunstancias, puede no gastarse el crédito presupuestario, o si se amplifican, puedo echar mano de las modificaciones presupuestarias, como habrá que echar mano cuando, finalmente, el Gobierno
presente el paquete de medidas.


A esa flexibilidad o a esos procedimientos para gestionar la incertidumbre es a los que me refería. ¿Que no está bien utilizado el término incertidumbre y el que tengo que utilizar es el término riesgo? Pues vale, pero, ciertamente, el
presupuesto tiene márgenes para atender situaciones imprevistas, tanto a favor como en contra.


Veo que me está mirando la presidenta, así que voy terminando.


La señora PRESIDENTA: Me toca ser la mala siempre. (Risas).


La señora PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF (Herrero Sánchez): Respecto a la focalización de las medidas, efectivamente, lo que he dicho es que en una valoración preliminar sí que nos sale que las
medidas del Gobierno están siendo focalizadas, entendiendo por focalización que esas medidas están contribuyendo a reducir la brecha que la inflación produce en los distintos hogares en función de su nivel de renta. Entonces, sí que parece que esa
focalización, entendida así -no sé cómo la va a entender la Unión Europea, y esa era otra de las críticas que hacía-, contribuye a reducir no de forma genérica los efectos de la inflación, sino el efecto heterogéneo que tiene la inflación, que
parece que sí se estaría produciendo. Es cierto que tenemos que hacer una valoración medida a medida, porque en unas medidas se da más ese carácter focalizado y en otras se da menos. Por ejemplo, en la reducción o en la elevación de la deducción
por rendimientos del trabajo en el IRPF la focalización no está en las décilas más bajas de renta, que no tienen que presentar declaración de la renta, sino que afecta más a las décilas 5 y 6. Entonces, ahí sí que nos hace falta tener la foto
completa de esa focalización y saber hasta dónde llega, pero los resultados preliminares apuntan en esa línea.


Creo que ya lo he dicho casi todo; me faltarían dos cosas principales. Una, la respuesta a nuestras recomendaciones -a lo que hacían referencia- muchas veces son esas, que entienden que esa recomendación ya se está cumpliendo. Por
ejemplo, cuando pedimos que se incorporen ajustes de contabilidad nacional al presupuesto, me dicen que ya lo hacen, porque en los datos de ejecución sí que hay ajustes de contabilidad nacional y que eso cumple con lo que se les exige en el ámbito
de la Unión Europea. Eso no es así; esos ajustes podrán estar en ejecución, pero también tiene que haber ajustes en el presupuesto. De hecho, hay una directiva de marcos presupuestarios en el ámbito de la Unión Europea que exige que se pueda
hacer la conciliación entre el presupuesto y los datos de contabilidad nacional en esos marcos presupuestarios plurianuales. Pero esa contestación de que ya se está haciendo, es una contestación que se nos da con frecuencia.


Nuestro presupuesto de ingresos es muy variable. Así como la tasa de supervisión no, ese es muy variable porque depende de los spending reviews, de las revisiones de gasto que se nos encarguen. El ámbito, por ejemplo, del spending review
encargado por el Gobierno es mucho más reducido y está siendo cada vez más reducido y, aunque estamos recibiendo muchos encargos de las comunidades autónomas, estamos en conversaciones con diez comunidades autónomas, presupuestamos lo que es cierto
o lo que pensamos que nos va a entrar en ese año. Luego, si la previsión de ingresos es mayor, pues se irá adecuando. Pero obedece a eso, esa fluctuación obedece a la previsión de los spending reviews que vamos a cobrar. También pagar, porque
nosotros tenemos que pagar por esta contratación externa que hacemos, pero vamos a cobrar por la realización de los spending reviews.


Y, por último, como digo siempre, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se incumple en muchos de los aspectos, y yo creo que debería ser reformada aprovechando este contexto de suspensión. En este sentido, dejar la revisión del
marco fiscal nacional a lo que pase con el marco fiscal europeo creo que es un error. Hay muchas cosas del marco fiscal nacional que podrían estar revisándose en cuanto a procedimientos y en cuanto a relación entre los distintos niveles de las
administraciones públicas. Efectivamente, uno de los incumplimientos es la no presentación del plan de reequilibrio.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por todas sus explicaciones.


Paramos cinco minutos y continuamos enseguida. (Pausa).

Página 29

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (SUÁREZ CORUJO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002513), PLURAL (Número de expediente 212/002573), VOX (Número de expediente
212/002392), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002814), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002697).


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con esta segunda comparecencia. Damos la bienvenida al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, don Borja Suárez. Le doy la palabra para que haga su exposición.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchísimas gracias, presidenta.


Permítanme que mis primeras palabras sean para expresar el honor y el privilegio que supone para mí comparecer en esta sede, y además hacerlo para presentar el presupuesto de Seguridad Social, que es una parte del presupuesto
extraordinariamente relevante en términos cuantitativos y cualitativos; cuantitativos porque, como muy bien saben ustedes, representa básicamente un tercio del conjunto de los presupuestos generales del Estado, y cualitativos porque no es exagerado
decir que el sistema de Seguridad Social constituye la columna vertebral de nuestro Estado social, de nuestro Estado del bienestar y, como tal, persigue dos grandes objetivos: justicia social y eficiencia económica.


Voy a seguir mi intervención con esta presentación de Power Point (apoya su intervención en una presentación digital) y quiero para ello estructurar esta intervención en cuatro grandes bloques: una primera parte breve, introductoria, con
las líneas generales del presupuesto; después pasaremos a ver las principales cifras de ingresos del presupuesto de Seguridad Social; la tercera parte es la relativa a los gastos, y una cuarta parte en la que quisiera hacer algunas consideraciones
acerca de cómo el presupuesto se proyecta en mejoras en la gestión de la Seguridad Social.


Si hablamos de este presupuesto de Seguridad Social y hacemos una primera aproximación, es evidente que lo que persigue, que se basa en el fortalecimiento del sistema de Seguridad Social, es reforzar las dos dimensiones clave desde la
perspectiva temporal del corto, medio y largo plazo; por tanto, el reforzamiento de esa doble dimensión de sostenibilidad social, de adecuación de las prestaciones, y de sostenibilidad financiera del sistema. Y esto se traduce, si tuviéramos que
destacar los aspectos fundamentales, en señalar los cuatro principales aspectos de este presupuesto, y en primer lugar, el más relevante, el más destacado sin duda es la aplicación de la modificación introducida por la Ley 21/2021, la Ley General de
Seguridad Social, en el artículo 58, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este es, sin duda, el aspecto más importante de este presupuesto por múltiples razones que luego tendremos ocasión de debatir si es
necesario: el cumplimiento de ese derecho a la revalorización de pensiones que recoge nuestra Ley General de Seguridad Social.


Además, un segundo aspecto destacable de este presupuesto tiene que ver con una de las reformas más recientes llevadas a cabo y convalidadas por esta Cámara a finales del mes de agosto, que es el nuevo sistema de cotización para trabajadores
autónomos. Ese Real Decreto Ley 13/2022 establece un nuevo sistema de cotización, junto a otras mejoras en la acción protectora del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que tiene su reflejo ya lógicamente en el presupuesto y que va a suponer
que a partir de 2023 -luego insistiré más sobre este aspecto, al hablar de la gestión- los autónomos pasan a cotizar de una forma distinta, con todas las consecuencias positivas a las que luego me referiré.


Pero, además, habría otros dos elementos muy destacables de este presupuesto. El primero es el fortalecimiento, el refuerzo de la estructura de ingresos del sistema, un refuerzo que se produce o que es consecuencia de dos factores
fundamentales. El primero, que no está aquí indicado aunque luego hablaré de ello, es la consolidación del cumplimiento de esa recomendación primera del Pacto de Toledo que ustedes conocen muy bien de la separación de fuentes y, por tanto, la
consolidación de una implicación directa del Estado en la financiación de la Seguridad Social. Pero, además, este refuerzo de la estructura de ingresos tiene que ver directamente -e insistiré también sobre ello más adelante- con el incremento
notable, más que relevante, diría, de las cotizaciones como consecuencia de una mejora sustancial del mercado de trabajo, mejora sustancial que se está produciendo desde el año pasado, pero que se ha acelerado de forma muy significativa en el
presente ejercicio, especialmente como consecuencia de la reforma laboral.

Página 30

Y un cuarto aspecto destacable en esta primera aproximación introductoria al presupuesto tiene que ver con otro aspecto muy significativo por lo novedoso: la recuperación de las aportaciones al Fondo de Reserva. Desde el año 2010 no se
hacían aportaciones al Fondo de Reserva. De alguna manera, podemos decir que desde esos 70 000 millones que llegó a acumular a finales de 2011 fue consumiéndose hasta estabilizarse estos últimos años en 2000 millones, que en este presupuesto van a
verse reforzados por una aportación vinculada fundamentalmente a ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que ustedes conocen perfectamente.


Estos serían los cuatro elementos fundamentales si tuviéramos que señalar los aspectos más destacados del presupuesto. Pero además quisiera resaltar dos elementos adicionales que hacen particularmente -permítame que lo diga así- valioso el
presupuesto. Y es que este presupuesto se enmarca, primero, dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, unas recomendaciones que ustedes conocen mejor que nadie, aprobadas en noviembre del año 2020 y, segundo, se enmarca también o da
cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y, sobre todo, refleja el cumplimiento de esa parte tan relevante del plan de recuperación que es el componente 30, relativo a
la sostenibilidad de pensiones -luego volveré sobre ello-.


Pero entrando ya en materia, en el segundo bloque, el que tiene que ver con la dimensión de ingresos del presupuesto, en la fotografía -por cierto, la presentación que voy a utilizar, lógicamente, la compartiremos con todos ustedes si lo
estiman necesario- de estos grandes números que aparecen aquí la segunda columna se refiere al presupuesto del año 2022, la tercera es la previsión de liquidación del año 2022 y la otra ya es el presupuesto del año 2023, con un reflejo de la
diferencia entre el presupuesto del año 2023 y la previsión de liquidación del año 2022. Lo digo por aclarar las siglas que aparecen ahí. Lo que ponen de manifiesto estos números -y ahora lo vamos a desarrollar con un poco más de detalle-, lo más
relevante, lo que quiero destacar es que cuando hablamos del presupuesto de este año 2023 hablamos de una cifra escalofriante -podemos decir- por su entidad, más de 204 000 millones de euros. Esto es una evidencia de la relevancia que tiene la
Seguridad Social dentro de nuestros presupuestos generales y dentro de la articulación de nuestro Estado democrático.


Lo que hay aquí lo vamos a ir viendo y voy a tratar de llamar la atención sobre los aspectos más significativos, que tienen que ver con la evolución de las cotizaciones sociales, que tienen que ver con las aportaciones del Estado. Empezaré
por aquellos aspectos que reflejan los recursos no financieros del sistema, que se incrementan en casi un 8 % respecto no del presupuesto, sino de la previsión de liquidación. Esto es importante señalarlo porque, como ven ustedes, en realidad el
resultado del año 2022, la previsión de liquidación del año 2022 es mejor de lo inicialmente presupuestado. (La señora vicepresidenta, Padilla Ruiz, ocupa la Presidencia). Esto supone que si hablamos primero de la partida correspondiente a las
cotizaciones sociales, la previsión de 152 000 millones de euros, una cifra evidentemente récord, refleja un crecimiento que ya fue extraordinario del año 2021 al año 2022, con un aumento de 8400 millones de euros, un 6,4 %, que, como digo, se
mantiene y, digamos, se intensifica en el año 2023, con una previsión de crecimiento de las cuotas respecto de la previsión de liquidación de este año de más de 11 800 millones de euros, que representa un 8,4 %. Enseguida vuelvo sobre ello, pero
permítanme apuntar aquí que, dentro de los recursos no financieros de la Seguridad Social, hay que hacer referencia lógicamente, y luego lo detallaré, a las aportaciones del Estado, que suman 38 904 millones, repartidos en dos grandes bloques: las
aportaciones del Estado finalistas y las que están vinculadas directamente al cumplimiento de la primera recomendación del Pacto de Toledo. Aquí quisiéramos señalar también que, aunque hasta ahora me he referido exclusivamente a la sección 60, que
es propiamente la de Seguridad Social, en el ámbito de responsabilidad de nuestro ministerio está desde el año 2020, como muy bien saben, la sección 07, que es la que corresponde a las pensiones de clases pasivas. Esas pensiones de clases pasivas,
que son financiadas a través de una aportación del Estado, este año se elevan por encima de los 20 000 millones de euros.


Pero quiero centrarme primero en el resultado de las cotizaciones sociales, porque quizá lo primero, lo más relevante en este punto, es el buen comportamiento de las cotizaciones sociales, que si miramos para atrás estaban más o menos
estabilizadas, en términos de PIB, en el entorno de los 9,5 puntos. Si miramos para atrás -hasta el año 2013 hemos pintado aquí, pero nos podríamos ir más para atrás-, vemos que durante todo este tiempo el volumen que han representado las
cotizaciones sociales respecto del PIB se situaba en ese entorno de los 9,5 puntos. A partir del año 2019 se produce un incremento importante, incremento que en ese año 2019 desde luego tiene que ver con la subida del salario mínimo,

Página 31

la importantísima subida del 22,3 % que se produce ese año. Pero además vemos, y se consolida después de unos años tan convulsos como 2020 y parte de 2021, que en este punto se consolida una proporción de ingresos derivados por cotizaciones
en términos de PIB que alcanza ya el 11 % y que refleja una gran musculatura para hacer frente a los retos que tenemos por delante, sobre todo a ese gran reto que supone desde la perspectiva de la Seguridad Social la jubilación de la generación del
baby boom. En este sentido, quisiera destacar algunos elementos, aunque no quiero tampoco incidir demasiado en ello, que reflejan o explican mejor esta evolución tan positiva. Si analizamos lo que está sucediendo en el mercado de trabajo en
términos de empleo, en términos de afiliación, lo que constatamos desde el año 2020, desde ese mes de febrero previo a la pandemia, es que llevamos ahora mismo diecisiete meses consecutivos de crecimiento del empleo en términos desestacionalizados.
Esta es una situación inédita que refleja una evolución muy positiva del mercado de trabajo que va mucho más allá del nivel del que partía antes de la crisis de la pandemia vinculada al COVID. Esto que trato de decirles ahora se refleja muy bien
-creo- en este gráfico, en el que se ve la trayectoria de la afiliación: se produce una quiebra en marzo de 2020 -una caída muy significativa, fundamentalmente concentrada en empleos de carácter temporal- y a partir de ahí una progresiva
recuperación -con una pequeña curva en la primavera del año 2021- con un crecimiento ininterrumpido de diecisiete meses que nos sitúa en unos niveles desconocidos de afiliación, sólidamente por encima de los 20 100 000 afiliados. Esto supone además
que en el último año, sobre todo desde agosto, que fue el momento en el que se alcanzó el nivel previo a la crisis del COVID -hablo de agosto del año pasado-, se han creado 729 000 empleos en este país. Además, en lo que va del año 2022, pese a las
extraordinarias dificultades de la coyuntura en muchos frentes, pero desde luego con todas las incertidumbres vinculadas a la invasión rusa de Ucrania, en este contexto de altísima inflación, pese a todo, el mercado de trabajo está demostrando una
fortaleza desconocida, que sin duda -y ahora insistiré un poco más sobre ello- está vinculada a la mejora de ese mercado de trabajo, a la mejora de la calidad del empleo, lo que supone que hasta el mes de septiembre de año 2022 hayamos acumulado, se
hayan creado 385 000 empleos más. Sin duda, esta es una noticia muy positiva y, además, constata esa mejora de la calidad del empleo. Efectivamente, el empleo ha mejorado sustancialmente en términos de calidad, y la prueba más evidente -aquí nos
podríamos detener mucho más, pero me concentro en destacar lo más llamativo- es esta curva que refleja la evolución de la contratación indefinida y cómo el volumen de trabajadores y trabajadoras con un contrato indefinido ha pasado de representar
poco más del 70 % a situarse claramente por encima del 80 -en el 83 %-, con una tendencia que parece imparable de consolidación de un tipo de empleo mucho más estable que al que estamos acostumbrados. Simplemente, por añadir un dato más, les diré
que en el último año, hasta el mes de septiembre, se han creado 1,7 millones de contratos indefinidos nuevos; es decir, no es que se hayan celebrado 1,7 millones más, sino que hay un 1,7 millones de trabajadores y trabajadoras más con contrato
indefinido.


Todo ello se refleja, como decía, en un crecimiento, en un mantenimiento y en una intensificación del ritmo de evolución de los ingresos derivados de cotizaciones, que, como se refleja en este gráfico, alcanza un nivel que se sitúa por
encima del 8 % -llega hasta el 8,4 %-, con una parte superior, si ven el año 23, que corresponde al impacto que tiene el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, del que hablaré en un momento; esa es una parte de ese crecimiento de 2 puntos de
los 8,4. Pero, además, lo que vemos es dos tercios más, dos tercios desiguales de crecimiento, en los que hay una parte, la más oscura, que tiene que ver con la evolución del crecimiento del empleo, y otra parte, la azul más clara, que refleja una
evolución, un crecimiento de las bases de cotización. Respecto a la evolución de los últimos años, del año 22 y del año 21, que fueron años de gran crecimiento de las cotizaciones, vemos que el principal motor del crecimiento de las cotizaciones
fue el aumento del empleo. Ahora vemos un reparto más equilibrado, donde el empleo pierde algo de peso y lo ganan las bases de cotización, un reflejo, entre otros factores, de esa mejora de la calidad del empleo a la que me refería hace un momento.


Decía antes que una de las grandes novedades de este presupuesto es la puesta en marcha de esto que vinimos a denominar en la Ley 21/2021 mecanismo de equidad intergeneracional, que va a permitir volver a dotar el fondo de reserva con una
aportación, derivada exclusivamente del MEI, de casi 2800 millones. Cuando sumamos el excedente previsible en materia de gestión de la incapacidad temporal de las mutuas, se va a incrementar la aportación al fondo de reserva hasta algo más de 2950
millones. Pero ahora mi interés está en detenerme en esta medida concreta, en el MEI, una novedosa aportación al fondo de reserva, que, como decía, llegó a acumular casi 70 000 millones de euros en el año 2011 y sufrió una merma muy rápida, sobre
todo en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Se da la vuelta a esta situación, con el planteamiento -ustedes lo conocen bien- de hacer sucesivas dotaciones al fondo de reserva en los

Página 32

próximos años, hasta el año 2032 -es lo que dice la Ley 21/2021-, lo que nos va a permitir estar en mejores condiciones para hacer frente a lo que queremos ilustrar en el gráfico de la derecha. Ese gráfico me parece muy ilustrativo por el
gran reto que tiene nuestro sistema por delante. Ese reto -insisto en que se ve muy bien en el gráfico- tiene que ver con la jubilación de la generación del baby boom. Este gráfico de su derecha refleja la evolución del número de altas de
pensiones. Como pueden ver, las pensiones de incapacidad permanente o las pensiones de viudedad se mantienen previsiblemente estables a lo largo del tiempo en todo el marco, hasta 2060. Pero donde hay un comportamiento completamente anómalo es en
la evolución del número de jubilaciones. Esa joroba que aparece ahí -se ve muy bien- no es otra cosa que la jubilación de la generación del baby boom. Esto es muy relevante, porque lo que vemos es que, una vez agotado el efecto del baby boom, la
situación del sistema, reflejado a través de las altas en jubilación, vuelve a ser la que tenemos ahora. Esto significa que tenemos que prepararnos de una manera equilibrada y sensata para estas décadas que vienen ahora, sabiendo que después de ese
pico viene una caída muy importante del número de altas de jubilación y, por tanto, una caída muy importante del gasto en pensiones y que, no en el largo plazo, si hablamos de 2050, sino en el muy largo plazo, si hablamos de 2060 o de 2070, la
propia evolución demográfica nos va a volver a situar en cotas parecidas a las que tenemos hoy. Esta es la idea de poner estos dos gráficos conjuntos. Con ese mecanismo de equidad intergeneracional estamos tratando de prepararnos para esto que
viene a continuación. Con las medidas que hemos implementado y las que estamos implementando estamos en buenas condiciones de poder asumir o de poder hacer frente a esta situación extraordinaria con fortaleza, con firmeza y con confianza en la
situación futura.


Hay que decir, además -desde el punto de vista de los ingresos esto es muy relevante también-, que se viene consolidando desde el año 2021 -se inició en 2021, en el año 2022 se dio un paso importante y se consolida este año- la aportación
del Estado en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo. Esa separación de fuentes se recoge muy claramente en una recomendación prolija en detalles. Como saben los portavoces, exigió mucha discusión y dio un resultado con el
que todas las partes, todos los grupos, estuvieron razonablemente satisfechos. En cumplimiento de esa recomendación del Pacto de Toledo, la aportación es de casi 20 000 millones de euros -19 888, para ser más exactos-. Esto nos permite acercarnos
mucho a ese horizonte que habíamos calculado en el año 2021 de en torno a 23 000 millones de euros, que corresponderían a esos mal llamados gastos impropios, a esos gastos de una naturaleza no contributiva, que es lo que persigue esta aportación.
Esto nos permite -esto es muy relevante- parecernos más a los países de referencia de nuestro entorno europeo. Hasta este momento teníamos una estructura de financiación del sistema demasiado dependiente de las cotizaciones sociales, en claro
contraste con lo que pasa en países como Francia o Alemania, donde la implicación del Estado en la financiación de la Seguridad Social y, en particular, de la financiación de pensiones, es muy superior a la que tiene lugar en nuestro país. Además
de eso, se consolidan, como es habitual -no es novedoso-, las aportaciones de naturaleza finalista, en conceptos que ustedes conocen perfectamente relativos a los complementos por mínimos. Estamos hablando de una cantidad importante del gasto de
pensiones, más de 7200 millones de euros. Tenemos también entre esas aportaciones finalistas el ingreso mínimo vital, una nueva prestación que se puso en marcha en un momento particularmente complicado de este país -luego hablaré un poco más sobre
ellos-, que creo que, más allá de las expectativas que pudieron generarse en su momento, está ofreciendo unos resultados sencillamente extraordinarios, y creo que no es exageración, a la vista de los datos que luego compartiré con ustedes. Y,
naturalmente, dentro de esas aportaciones finalistas, están también las pensiones no contributivas, que superan los 3000 millones de euros y que, en conjunto, nos permiten consolidar otra seña de identidad de los sistemas de Seguridad Social de
referencia en el ámbito comparado, que es la consolidación de ese nivel no contributivo. Si juntamos todos los conceptos, ese nivel contributivo alcanza una cifra muy importante, la de 19 000 millones de euros, dirigidos a personas que están en
situación de particular vulnerabilidad social y económica.


Paso a la otra vertiente del presupuesto, la que tiene que ver con los gastos. Esta es la fotografía general. Aquí voy a destacar algún aspecto concreto y después me centraré en el principal capítulo de este presupuesto de gastos, las
transferencias corrientes. Aquí destacaría primero -lo que estamos comparando es la previsión de liquidación del año 2022 con el presupuesto del año 2023- el crecimiento del capítulo 1, gastos de personal, que es un reflejo de los compromisos
asumidos en materia salarial con los funcionarios públicos, de la relevancia que esto tiene en la opinión pública y de la preocupación que genera en la ciudadanía -luego hablaré de ello- y también incorpora un número significativo de

Página 33

funcionarios a la Seguridad Social, que deben servir a muchas de las necesidades que ahora mismo tiene nuestro sistema de atención.


Llamaría la atención igualmente sobre el crecimiento del capítulo 6, inversiones reales. Estamos hablando de unas cifras que, comparadas con las transferencias corrientes, son casi -si me permiten la broma-irrisorias, aunque estamos
hablando de partidas muy importantes. El capítulo de inversiones se incrementa en 86 millones de euros, que supone un 23 % más, y esto tiene que ver, fundamentalmente, con las inversiones vinculadas al plan de recuperación, al que me referiré en la
parte final de mi intervención.


Pero sobre todo quiero detenerme en el capítulo 4, transferencias corrientes. Por tratar de sintetizar grandes números y no aburrirles excesivamente con detalles prolijos, hemos tratado en esta diapositiva de sintetizar las principales
partidas de gasto en materia de prestaciones, empezando, lógicamente, por la partida de pensiones. Aquí hay que hacer un matiz, y enlazo con lo que decía al principio. Aparecen clases pasivas, y ya saben que esto es una sección distinta, la 07,
pero sí interesaba que vieran, entre otras cosas porque es una materia responsabilidad del ministerio y de la secretaría de Estado, igualmente, una fotografía completa del esfuerzo que dedica el Estado al pago de las pensiones, que en este año va a
suponer algo más de 190 000 millones de euros, donde el grueso, 166 000, a grandes rasgos, son las pensiones contributivas, las no contributivas veíamos hace un momento que se cifran en torno a 3000 millones de euros y clases pasivas son algo más de
20 000. Todo eso suma los 190 000, contributivas, no contributivas y clases pasivas, lo que comparado con los presupuestos del año pasado supone algo más de 16 000 millones de euros más de gasto en esta prestación estrella del sistema.


En segundo lugar, por relevancia de volumen, tenemos las prestaciones de incapacidad temporal. La partida presupuestada es de 11 764 millones de euros, lo que supone una caída significativa respecto del año pasado, que lo que refleja,
fundamentalmente -luego me detendré un poco más sobre ello-, es el agotamiento -esperemos no tener que arrepentirnos de esta previsión- del impacto que han tenido en el año 2020, en el 2021 y todavía en el 2022 las incapacidades temporales
vinculadas al COVID. Previsiblemente esta situación ya se ha normalizado, y esto es lo que explica que el volumen de gasto -insisto en que luego lo veremos algo más en detalle- se reduzca casi en un 13 %.


Después, hemos agrupado -destacaré alguna de ellas con un poco más de detalle a continuación- el conjunto de prestaciones vinculadas a la familia, donde están, señaladamente, el IMV, las prestaciones por nacimiento y cuidados, las
prestaciones de riesgo por embarazo, de lactancia o el cuidado del menor con enfermedad grave. Todo este conjunto, unido a las prestaciones vinculadas a la dependencia, que gestiona el Imserso, pero que están dentro del presupuesto, de la sección
60, suma un total de algo más de 13 000 millones de euros, que suponen un crecimiento de casi 350 millones de euros. Además de eso, tenemos las transferencias al fondo de reserva. Decía que el grueso son los 2700 largos millones de aportación
derivada del mecanismo de equidad intergeneracional y el resto son esos excedentes en la gestión de la incapacidad temporal de las mutuas. Todo eso va a sumar un total de 204 000, si quitamos la parte de clases pasivas, que es una sección distinta,
y si sumamos todo, por ver el volumen que gestiona el ministerio y, en concreto, la secretaría de Estado, estaríamos hablando de 224 000 millones de euros.


Permítanme que señale los aspectos más relevantes de algunas de estas prestaciones. Empezaré, lógicamente, por el gasto en pensiones y, en particular, por el mantenimiento del poder adquisitivo. El reconocimiento de este derecho a la
revalorización de pensiones, que se produce como consecuencia de la aprobación de la Ley 21/2021, en cumplimiento no solo del plan de recuperación, sino más significativamente, por lo que implica directamente a esta Cámara, de la recomendación
segunda del Pacto de Toledo, supone que, dados los niveles de inflación que tenemos -esta es una cuestión que está suscitando un debate, en el que luego podemos entrar en más detalle, si lo estiman pertinente-, a nosotros nos suscita poco detalle.
Es una ley que se aprueba con el apoyo en esta materia y que cuenta con esa nueva regla de revalorización de las pensiones, tomando como referencia el promedio de la variación interanual del mes de diciembre del año anterior al mes de noviembre. La
aplicación de esa regla es la que se traduce en este presupuesto, como no puede ser de otra manera, cuando estamos hablando del reconocimiento de un derecho. Eso explica que la revalorización, que no sabemos todavía hasta dónde va a llegar o dónde
se va a situar exactamente, va a estar en torno a los 8,5 puntos de PIB.


Además, me gustaría destacar también la evolución tan radical que se ha producido en esta materia en los últimos años. Me parece que es una de las grandes transformaciones que se ha producido en nuestro país en los últimos años y que, de
alguna forma, ha pasado muy desapercibida. El esfuerzo que

Página 34

hace la Seguridad Social en el pago de las prestaciones por nacimiento y cuidado es muy importante y se ha intensificado de una manera muy notoria desde el año 2019, con ocasión de aquel Decreto Ley 6/2019, que equiparó la duración del
permiso que antes era de maternidad y paternidad y ahora de nacimiento y cuidado de los dos progenitores. Esto ha supuesto un crecimiento constante del gasto en esta materia. La caída que aparece en 2022 tiene como explicación que el dato que
hemos puesto ahí -me estoy dando cuenta ahora- corresponde al presupuesto y no a la previsión de liquidación, que está por encima del resultado de 2021. Lo que vemos es un crecimiento constante y una consolidación de una medida que tiene una
importancia extraordinaria en términos de igualdad. Además, hablamos de prestaciones con un peso relevante en el presupuesto, de los casi 12 000 millones de euros de la incapacidad temporal. Aquí hemos querido reflejar la evolución que se ha
producido en estos últimos años. Esta es una prestación que tiene un componente cíclico muy importante. Desde luego, aunque ya había una tendencia al alza en los años 2020, 2021 y 2022, esto se explica fundamentalmente por el impacto que tiene la
cobertura de incapacidad temporal vinculada a la COVID. Lo que aquí hemos querido reflejar también es que, superada esa situación -esperemos que definitivamente- y como lo tenemos previsto para los próximos meses -ya lo hemos llevado a la Mesa del
diálogo social-, nuestra intención es adoptar medidas que mejoren la gestión de la incapacidad temporal, de manera que podamos reducir el volumen de esta partida. Hay que tener en cuenta también que el volumen de afiliados ahora es mucho más alto
del que teníamos en el año 2017 o en años anteriores. Pero, en todo caso, si ven la evolución del gasto deflactado por afiliado, lo que refleja este gráfico es que para el próximo año, como consecuencia de la mejora de la calidad del empleo y de
esas medidas que deben contribuir a la mejora en la gestión de la prestación, esto nos debería ayudar a revertir esa tendencia al alza y a contener ese crecimiento importante de esta prestación.


No quiero entretenerme más, pero me gustaría decir que, cuando hablamos de prestaciones del sistema, tiene una extraordinaria relevancia el ingreso mínimo vital. Es la más nueva de las prestaciones, pero, además, es una prestación que se
articula como recurso último del sistema para atender situaciones de necesidad, con un volumen importante de recursos -estamos hablando de un presupuesto de casi 3100 millones de euros- y con unos resultados de los que, más allá de las expectativas
que pudiera haber al principio, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Esta es una prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social que ha llegado a más de quinientos mil hogares, a quinientas mil unidades de convivencia, que beneficia a
más de un 1,4 millones de personas y que tiene un componente también fundamental cuando analizamos y tratamos de abordar uno de los graves problemas de nuestro país, la pobreza infantil. Esta prestación beneficia directamente a seiscientos mil
menores. Además, hay 250 000 del complemento de ayuda a la infancia, que es una medida adicional a este ingreso mínimo vital y que se dirige, precisamente, a atender situaciones que afectan a los más desprotegidos, que son los menores.


En síntesis, todo este panorama de ingresos y de gastos nos lleva a un resultado final en términos de déficit de la Seguridad Social que nos anticipa un déficit de medio punto de PIB, de 0,5 décimas. Creo que todos tenemos que felicitarnos
por este resultado, porque consolida una trayectoria clara de acercamiento al equilibrio presupuestario. Realmente, se ha producido de forma acelerada una mejora sustancial de la situación financiera del sistema. En el año 2017 -si nos remontamos
en el tiempo- el déficit del sistema alcanzaba 1,6 puntos de PIB, a los que hay que sumar 7000 millones de euros de desembolso del fondo de reserva, que se utilizó entonces. Hemos pasado de esa situación a otra que en el año 2022 nos permite
situarnos en el 0,5, que mantenemos en el año 2023, a pesar de las enormes dificultades de la coyuntura y a pesar de ese esfuerzo extraordinario que vamos a hacer en cumplimiento de la ley a la hora de revalorizar las pensiones. Yo creo que esto
nos orienta a una situación de equilibrio, desde la que estaremos en mejores condiciones para afrontar ese reto que tan gráficamente representaba esa curva, esa joroba a la que antes hacía referencia, del número de altas de pensiones, que es la
jubilación de la generación del baby boom.


Finalmente, la última parte de mi intervención, mucho más breve, pretende ocuparse de cómo este presupuesto también se proyecta en una mejora de la gestión de la Seguridad Social, una mejora que tiene que ver primero con la incorporación de
nuevos efectivos a la Seguridad Social. Este es un asunto al que, desde luego, mi antecesor y querido amigo y compañero, Israel Arroyo, en las comparecencias de los dos últimos años dedicó parte de la intervención. No quiero detenerme
excesivamente aquí, pero sí llamar la atención acerca de que los esfuerzos que se han hecho durante estos años, en esta legislatura por revertir esta situación ahora empiezan a ofrecer frutos concretos, que se traducen en incorporación de nuevos
efectivos, de nuevos funcionarios a la Seguridad Social, después de una década que ha sido devastadora en términos de personal; lo ha sido en el conjunto de las administraciones públicas y, en

Página 35

particular, en la Administración General del Estado, y, si hablamos específicamente de la Seguridad Social, ha sido dramática la situación, la evolución y la pérdida de efectivos que hemos vivido en estos últimos años. Estamos en un punto
en el que empezamos a revertir esta situación, y para eso, con carácter de urgencia, lo que en parte ya ha sucedido durante este año es que se han incorporado en torno a 350 nuevos funcionarios de carrera, y está previsto que aproximadamente otros
350 se incorporen en lo que queda de año, a lo que vamos a añadir la incorporación de 1615 funcionarios interinos, que van a cubrir las plazas que se han venido convocando en el marco de las ofertas de empleo público de estos últimos años, cuyos
procesos selectivos están en desarrollo para su cobertura definitiva.


Evidentemente, somos conscientes de que, si hablamos específicamente de esos 1615 funcionarios interinos, esta no es una solución definitiva, no es una solución estructural, pero, desde luego, para una plantilla de poco más de veinte mil
funcionarios, la incorporación durante este año de más de dos mil trescientos es un importantísimo balón de oxígeno, que debe traducirse en una mejora -algo que nos preocupa mucho- de la atención a los ciudadanos. Somos conscientes de que la
Seguridad Social tradicionalmente ha venido siendo una Administración modélica y de que esta política de restricción de personal de la última década ha tenido consecuencias devastadoras, que ahora estamos tratando de revertir. Ello viene de la mano
de esta dotación de personal y, ya desde una perspectiva más estructural, a través de lo que debe ser la creación de la agencia estatal de la Administración de Seguridad Social, que, como saben, es otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la
recomendación 8, que estaba prevista en el acuerdo social tripartito de 1 de julio del pasado año 2021, que se tradujo en una disposición adicional de la Ley 21/2021, en la que se establecía un mandato al Gobierno de presentación de un proyecto de
ley. Ese proyecto de ley no se ha presentado todavía, pero, desde luego, esta es una de las piezas claves sobre las que estamos trabajando ahora mismo, que confiamos que próximamente pueda ver la luz, porque nos ha de servir para situar a la
Seguridad Social, para reforzar la extraordinaria capacidad que demuestra y ha demostrado durante estos años de crisis, y nos debe permitir modernizar y profundizar en la digitalización de nuestro sistema, lo que, en última instancia, se traduzca en
una mejor atención a los ciudadanos.


Desde el punto de vista de la gestión, también haré algunas consideraciones muy breves sobre el nuevo sistema de cotización de autónomos, pero, por último, dentro de la gestión, también quisiera hacer una referencia, casi telegráfica, a las
inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Del sistema de cotización de autónomos, ustedes conocen muy bien su contenido. Entre otras cosas, el ministro compareció en la Comisión del Pacto de Toledo unos días
antes de la aprobación del Decreto Ley 13/2022, después de la suscripción del acuerdo con los interlocutores sociales, donde viene a establecerse un nuevo sistema, un sistema que se va a implantar de forma gradual, con una cadencia temporal que va a
permitir su revisión cada tres años, con un horizonte en 2032, cuando ya tendremos un sistema plenamente basado en los ingresos reales, en los rendimientos netos de la actividad por cuenta propia, el cual introduce unos elementos de flexibilidad que
van a permitir a los autónomos a través de los instrumentos que a su disposición pone la Seguridad Social una gestión ágil de la cotización y las vicisitudes o incidencias que tienen que ver con esta cotización. Todo ello -y me importa mucho
destacarlo, porque fue un pacto muy complicado, pero creo que muy satisfactorio, en última instancia, para todos- es fruto de un diálogo social, en el que no solo estaban representados los interlocutores sociales, organizaciones empresariales y
sindicales más representativas, sino también las principales organizaciones de autónomos, con todo lo que ello supone en términos de legitimidad de este nuevo sistema.


No quiero entretenerme más, porque creo que me he entretenido un poco más de la cuenta; simplemente, quiero llamar la atención sobre las novedades que va a suponer en la cotización y cómo desde la Seguridad Social y, en particular, desde la
Tesorería General de la Seguridad Social se van a poner todos los medios para facilitar a los autónomos, a las autónomas una gestión ágil de ese nuevo sistema de cotización a través de una aplicación que ustedes quizá conozcan, porque se utiliza
mucho en la gestión del sistema especial de empleados de hogar. Se trata de la aplicación del Importass, donde la Tesorería, con carácter acelerado, de aquí a antes de finales de año, va a introducir no solo una información muy completa del nuevo
sistema de cotización para los autónomos, sino también un simulador de cómo calcular esa cuantía. Como saben, a partir de enero, quien realiza una actividad por cuenta propia, en función de las previsiones de ingresos que tenga y con la posibilidad
de ir cambiando esa cuota cada dos meses, va a anticipar su previsión de resultados a lo largo del año, y esa cuantía se regularizará en el ejercicio siguiente, devolviendo cuando se ha pagado de más y completando la parte que falte

Página 36

durante ese período. De esta forma, antes de final de año ya vamos a tener un simulador, que va a permitir que los autónomos puedan empezar a familiarizarse con ella y ver las posibilidades que esta aplicación ofrece. A partir del 1 de
enero esta aplicación estará plenamente operativa, y creemos que va a suponer un mecanismo particularmente relevante a la hora de facilitar la gestión de estas cotizaciones del RETA.


Por último, quiero decir muy brevemente en cuanto al plan de recuperación que los compromisos que nosotros tenemos asumidos son fundamentalmente en términos estructurales, y lo más relevante, como muy bien saben, son las reformas
comprometidas dentro del componente 30. El año pasado ya dimos cumplimiento a buena parte de esos compromisos con la Ley 21/2021 y a lo largo del año hemos dado cumplimiento a otros dos hitos pendientes, que tienen que ver con la reconfiguración de
los planes colectivos de pensiones y empleo y con este sistema de cotización de autónomos. Nos faltan dos hitos para culminar las reformas de este componente, lo que significa que estamos ya en la recta final, con todo lo que ello implica de
credibilidad y confianza en la labor que estamos realizando como país frente a nuestros socios europeos y la Comisión Europea en la implementación de ese conjunto de reformas que deben servir para reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de
pensiones.


Pero además tenemos inversiones específicas en otros componentes, como decía antes, como el 11, de modernización de las administraciones públicas, y el 19, que tiene que ver con las capacitaciones digitales en la Administración, que en
nuestro caso se traducen en inversiones específicas, de las que permítanme que señale de manera destacada el nuevo centro de procesamiento de datos que se va a construir en Soria, que va a permitir jubilar el centro que tiene la Gerencia de
Informática en Horcasitas, al tiempo que va a reflejar el compromiso de vertebración que tiene la Seguridad Social en el conjunto del territorio respecto de las zonas más despobladas, y consideramos que es una iniciativa muy relevante. Es una
inversión de 88 millones de euros, una inversión muy importante, la cual viene acompañada de otras menos cuantiosas pero de las que por lo menos quisiera destacar todo el esfuerzo que se va a hacer en cuanto a un nuevo modelo de atención a la
ciudadanía, con una inversión de 46 millones de euros, que esperamos que sirva, junto a esa incorporación de los nuevos funcionarios, para intensificar y mejorar sustancialmente la atención a los ciudadanos.


Acabo recapitulando telegráficamente algunas de las ideas que he tratado de exponer a lo largo de estos minutos, empezando, lógicamente, por señalar que este es un presupuesto que está dirigido a mejorar la atención de los ciudadanos, como
no puede ser de otra manera, está orientado a las necesidades de la ciudadanía, que es la finalidad última de la Seguridad Social, pero lo hace de una manera equilibrada, tratando de reforzar esa doble dimensión de la sostenibilidad social y
económica de nuestro sistema. Y esto se traduce, por señalar algunos aspectos particularmente relevantes, en ese mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, un esfuerzo muy importante, que da cumplimiento a un mandato legal y al
reconocimiento de un derecho, y se traduce también en una consolidación de las fuentes de ingresos del sistema, tanto en lo que tiene que ver con la culminación del principio de separación de fuentes como con esa mejora del mercado de trabajo, que
se traduce en un crecimiento sustancial de las cotizaciones sociales, y todo ello acompañado de novedades que guardan relación con un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, que va a repercutir positivamente en las condiciones
en las que se desarrolla la actividad por cuenta propia, reforzando las certidumbres, reforzando las confianzas, que es algo imprescindible para cualquier actividad económica pero muy particularmente para la que se realiza por cuenta propia. Y todo
ello en un contexto que nos permite ofrecer unas cuentas equilibradas, con un déficit ya muy reducido, de 5 décimas de PIB, pese al contexto inflacionista en el que nos encontramos, y con una voluntad, primero, de dar cumplimiento a los compromisos
que tenemos asumidos con la Comisión Europea, con los socios europeos en el marco del plan de recuperación, y con el espíritu que tiene un instrumento tan relevante como la Seguridad Social. A la vista de lo que he expuesto, es evidente que el
sistema de Seguridad Social es un sistema clave desde el punto de vista de la atención a las necesidades de la ciudadanía -decía que este es el fin último de la Seguridad Social-, pero también es un instrumento clave de nuestro sistema productivo,
de toda la actividad económica de empresas y trabajadores. Y en este sentido, este presupuesto probablemente refleja más que ninguna otra parte del presupuesto ese papel de la Seguridad Social como pieza irrenunciable de nuestra sociedad, de
nuestro modelo de convivencia.


Muchísimas gracias.

Página 37

La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señor secretario de Estado, señor Suárez, por esta primera intervención en la comparecencia. Le adelanto que creo que los grupos parlamentarios van a agradecer que nos haga llegar la
presentación que ha utilizado. Ya que lo ha ofrecido al principio de su intervención, le tomo la palabra.


Pasamos al turno de portavoces, de menor a mayor y por tiempo de cinco minutos.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Gracias, señor Suárez, secretario de Estado, por su comparecencia.


Si ya en tiempos ordinarios los presupuestos de su departamento son de especial relevancia, este año son cruciales. A buen seguro ya conoce la posición de mi grupo parlamentario respecto a su departamento. Nos parece inaudito que uno de
cada dos euros del presupuesto para 2023 se gaste en pensiones y en pagar los intereses de deuda; inaudito, pero también injusto, temerario e irresponsable, porque cuando menos es preocupante que un país que pretende crecer y garantizar un Estado
del bienestar sostenible para las futuras generaciones prevea gastar hoy la mitad de todo su presupuesto en estas prestaciones.


Ha hablado usted de la prestación estrella del sistema, que es la partida de las pensiones, una partida que usted llama -insisto- prestación estrella del sistema, que ha aumentado un 11,5 % respecto al ejercicio anterior, elevándose hasta
los 190 000 millones de euros; una prestación estrella que va a estrellarse o va a hacer reventar el sistema, porque solo el gasto en pensiones supera el doble del gasto destinado a Justicia, Interior, Educación, Trabajo, Sanidad, Ciencia, Defensa,
Exteriores y Transporte juntos.


Nosotros -lo dijimos en el Pleno, en la comparecencia del presidente Sánchez la semana pasada y lo repetí ayer en las sucesivas comparecencias- hemos pedido formalmente que se convoque de nuevo el Pacto de Toledo para que entre todos podamos
hablar del mecanismo de sostenibilidad del sistema de pensiones antes de que este Gobierno hipoteque el futuro de varias generaciones. El Gobierno justifica su discurso hablando de que la revalorización de las pensiones está en una de las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Efectivamente, quiero recordar a todo el mundo que las recomendaciones no son vinculantes -son recomendaciones-, y por eso se llevó a una ley de la reforma de pensiones a finales del pasado año 2021, cuando mi
grupo parlamentario votó en contra de esa reforma de la ley de las pensiones exponiendo las mismas justificaciones que ahora estamos manifestando públicamente acerca de la insostenibilidad del sistema, además de haber presentado dos votos
particulares al Pacto de Toledo.


Usted se justifica y justifica al Gobierno diciendo que era necesaria esta primera parte de la reforma del sistema de pensiones para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está claro que era uno de los hitos
donde había que hacer check para que Bruselas nos hiciera la transferencia de una serie de millones. Pero todo el mundo tiene que saber que Bruselas solo comprueba si ese check se ha hecho, si se ha llevado a cabo una reforma de este componente 30,
y no entra a valorar el fondo de las leyes que aquí se aprueban. De hecho, nuestro grupo parlamentario ya ha presentado en Bruselas, ante la Comisión Europea nuestra denuncia de lo que está pasando con el sistema público de pensiones. Nosotros
llevamos denunciando esta situación desde el año pasado, desde esa aprobación de la ley de reforma de las pensiones, y desde entonces venimos reclamando un pacto de rentas que no solo implique a empresas y trabajadores del sector privado, sino
también al Estado, como acaba de hacer el Gobierno socialdemócrata de Portugal, que ha incluido a las empresas, a los trabajadores y también al Gobierno, al Estado para poder llegar a un acuerdo, a un pacto con los pensionistas y los funcionarios.
Ciudadanos propone que de cara a 2023 la revalorización de las pensiones sea progresiva. ¿Hay que revalorizar las pensiones? Claro. ¿Hay que revalorizar a todas por igual, de acuerdo a la inflación, que este año es desorbitada y está situada en
el 8,5 %? No. Hay que hacer una revalorización de las pensiones que sea progresiva, y que quien más capacidad económica y menor riesgo de pérdida de poder adquisitivo tenga contribuya más al esfuerzo para evitar que las cuentas públicas se
conviertan en insostenibles y puedan reventar.


Por otra parte, el Gobierno se justifica diciendo que no se van a revalorizar las pensiones de otra forma que no sea conforme al IPC porque eso es cumplir la ley, como si cualquiera que propusiera lo contrario estuviera cayendo en una
irregularidad, en la ilegalidad. O ustedes dicen también que es un derecho mantener el poder adquisitivo. Claro, también es un derecho ser todos iguales ante la ley, pero ¿por qué los asalariados sí y los pensionistas no tienen que entrar en ese
pacto de rentas? ¿Es incumplir la ley pedir en un acuerdo extraordinario en un momento extraordinario -como supone este pacto de

Página 38

rentas- que se incluya a los pensionistas, que son el 25 % de la población? ¿Es ilegal decir que sí, que se revaloricen las pensiones, pero no todas por igual, sino de acuerdo a como lo hagan los salarios? ¿Es ilegal o es incumplir la ley
denunciar que estos presupuestos son injustos? Es más, ¿era ilegal cuando el PSOE desde la oposición pedía al Gobierno de Rajoy no aplicar la revalorización de las pensiones? Creo que entramos en un terreno peligroso, y que nosotros pidamos
modificar la ley, una ley como cualquier otra, la ley de presupuestos generales del Estado, por otra más justa no es incumplir la ley, es pedir una ley justa en la coyuntura actual, con una alta inflación, en la que todos tenemos que apretarnos el
cinturón, repartir de forma equitativa los costes del pacto de rentas y construir también un sistema de pensiones que garantice la suficiencia económica no solo ahora sino también para los pensionistas futuros, los más jóvenes, si queremos que sigan
disfrutando del Estado del bienestar.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señora Muñoz.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidenta. Y gracias también al señor Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social, por toda la explicación y por facilitarnos la documentación que nos va a dejar después de su intervención,
en la que ha considerado todos los números, resumidos. Las cuentas las tenemos en los presupuestos, pero es mucho más fácil verlas mediante las diapositivas que nos ha mostrado, en las que ha basado sus reflexiones y explicaciones.


Hay que señalar que el Gobierno ha logrado en estos años algo que parecía era imposible de conseguir, sobre todo si miramos hacia atrás y cómo fue España en las crisis anteriores, fundamentalmente en la última, en la crisis de 2008, con esa
crudeza tan relevante que mostró a partir de 2012, cuando se puso en marcha una reforma laboral que reducía los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los que empobrecía más, y cuando prácticamente se cargaba la
negociación colectiva, o la debilitaba muchísimo, o cuando en 2013 se llevó a cabo la reforma de las pensiones con el Partido Popular, que llevaba asociada una revalorización al 0,25 %, la cual empobreció enormemente a los pensionistas, de modo que
este año, con la inflación que tenemos, estaríamos viviendo unas condiciones dramáticas por lo que se refiere a esas condiciones de vida de los pensionistas y las pensionistas de nuestro país.


Sin embargo, este Gobierno, con una brutal crisis sanitaria como fue la del COVID y una guerra como la de Ucrania, que ha conllevado una enorme inflación y subida de precios que está afectando gravemente a las familias, ha conseguido poner
sobre la mesa que es posible gestionar las crisis de otra manera, y además gestionar tres crisis en una sola legislatura de otra manera. ¿Y cómo lo ha hecho? Mejorando las pensiones contributivas y no contributivas, indexándolas de nuevo al IPC
-lo cual va a suponer que no van a perder poder adquisitivo-, mejorando las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras y, por tanto, también los ingresos de la Seguridad Social para poder mantener este sistema público de protección a los
trabajadores, los pensionistas y las personas que se encuentran sin empleo en nuestro país, y poniendo sobre la mesa un nuevo derecho como es el ingreso mínimo vital, que ya ha conseguido llegar a medio millón de hogares.


Esto significa una gran protección y todavía va a seguir mejorando. Y aquí me gustaría, si puede ser, que profundizase un poco más en referencia a ese complemento a las rentas, que, si no recuerdo mal, he escuchado alguna vez que se va a
poner en marcha lo antes posible. Aumentan también las plazas de funcionarios, ya que, como bien sabemos, al igual que en otras administraciones, el personal de la Seguridad Social -no solamente porque estamos en esta comparecencia, sino porque
actúa directamente con la población española protegiéndola- se había visto muy mermado, sobre todo por el anterior Gobierno del Partido Popular, que frenó absolutamente la creación de plazas de funcionarios y, por tanto, dejó a la Administración
tiritando -perdónenme la expresión-. Y además está la nueva ley de autónomos, que va a mejorar este régimen, se va a aplicar a partir de enero y va a resultar mucho más sencillo mediante la aplicación que nos ha comentado que se va a poner en
marcha, algo que fue una demanda de los nuevos empresarios, de los trabajadores autónomos, de los emprendedores y de las emprendedoras, que necesitan esa facilidad tanto a la hora de crear empresas como en su gestión diaria. Y no se habla mucho de
progresividad cuando hablamos de cotizaciones, pero es verdad que se va a adecuar mucho mejor la relación de los ingresos respecto a las cotizaciones de los autónomos, con menos pagos de cotizaciones para aquellos autónomos y autónomas que tengan
menores ingresos y un mayor pago por

Página 39

parte de aquellos autónomos y autónomas que tengan mayores ingresos, como impera en buena lógica. Voy terminando ya. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional -que no es sospechoso de ser de izquierdas, que no es sospechoso de ser
socialista ni de ser comunista, como ya sabemos- ha dicho que España no va a entrar en recesión. Incluso el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que, al contrario del resto de países de la Unión Europea, España va a ser el que más va a
crecer en los próximos años y, en concreto, en el próximo año. Es decir, está avalando el trabajo que está haciendo este Gobierno y avalando, por tanto, ese cambio de paradigma respecto a cómo gestionó la crisis anterior el Partido Popular, que
generó mucha pobreza, más desigualdad y muchos dramas familiares, con todo lo contrario, con mayor protección, con mayor creación de empleo y con mayor posibilidad de creación de empresas más fuertes, lo que va a hacer que este país sea mucho más
fuerte.


Por último, con respecto a las pensiones, hemos escuchado y vamos a escuchar muchos argumentos para que las pensiones no se revaloricen con el IPC, para que el sistema público de pensiones cada vez sea más débil y, por tanto, se abra a la
privatización. Pues no, este Gobierno tiene muy claro que el sistema público de pensiones tiene que proteger a los pensionistas y a las pensionistas de nuestro país, sobre todo a aquellos que tienen las rentas más bajas y que, por tanto, han podido
cotizar menos por tener una estructura de salario y haber una estructura del mercado laboral en España mucho más débiles. Eso es lo que tiene que hacer un Gobierno en un Estado democrático: proteger a los más débiles y hacer que nuestra economía
vaya mejor, como bien ha avalado el Fondo Monetario Internacional.


Por tanto, por parte de mi grupo parlamentario no quiero más que darle las gracias por el trabajo que están haciendo, felicitarles y decirles que estamos en el buen camino.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señora Franco.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.


Gracias, secretario de Estado, señor Suárez, por su exposición y la presentación realizada.


Comienzo por unas obviedades que hay que repetir todos los años, pero, bueno, no queda otra. El presupuesto de la Seguridad Social no es un presupuesto independiente que se tenga que considerar por separado, sino que estamos hablando del
capítulo 6 de los presupuestos generales del Estado. Segunda obviedad, al consolidar todos los capítulos, se eliminan las transferencias; transferencias que no suponen más que traspasar los déficits de unos capítulos a otros de los presupuestos
generales del Estado.


Fijadas estas premisas, que es pura contabilidad básica, observamos en el presupuesto de la Seguridad Social lo siguiente. Primero, unas cotizaciones sociales inferiores a las pensiones contributivas en 14 702 millones de euros, 1000
millones de euros más que en el presupuesto del ejercicio 2022. Se crea una brecha que se irá agrandando a la vista de la actual pirámide poblacional y ante la pronta jubilación de la generación del baby boom. Es importante destacar que 14 702
millones es 5,2 veces superior a la aportación de 2793 millones de euros del mecanismo de equidad intergeneracional. Segundo, para cubrir los 204 208 millones de euros de gastos, sin considerar las pensiones de las clases pasivas, son necesarias
transferencias por 38 900 millones de euros y préstamos por 10 000 millones de euros. Tercero, se plantea un incremento del ingreso por las cotizaciones sociales del 11,5 % y se vincula este crecimiento a la elevación de las bases máximas de
cotización y al crecimiento económico.


Al Grupo Parlamentario VOX le preocupa, en primer lugar, la insolvencia del Gobierno a la hora de realizar estimaciones fiables. Recordemos que en los presupuestos generales del Estado del año pasado las estimaciones de crecimiento del PIB
se situaban en el 7 % -ahora ya se está estimando un crecimiento del 4,4 %-; estimación de crecimiento del PIB para 2023 que ha realizado el Gobierno en el 2,1 %, crecimiento que ya han puesto en cuestión tanto el Banco de España como la AIReF, que
lo reducen al 1,4 % y al 1,5 %, respectivamente. En segundo lugar, la falta de interés en eliminar los déficits de las cuentas públicas; falta de interés que se demuestra en el programa de estabilidad, que prevé unos déficits de las cuentas
públicas del 5 % este año y del 3,9 %, el 3,3 % y el 2,9 % en los años 2023, 2024 y 2025, respectivamente. En tercer lugar, la falta de sensatez y de buena gestión, que se demuestra con un continuo incremento de la deuda pública, actualmente en 1,5
billones de euros, lo que supone 31 350 euros por español; un importe que supone un 117 % del PIB. Debemos más de lo que somos capaces de generar en un año. Esto realmente es inaudito.


Pensar que, con este escenario de déficits previstos y el elevado nivel de deuda, podemos mantener en el futuro este nivel de transferencias a la Seguridad Social sin reducir otro tipo de gastos es

Página 40

sencillamente una ingenuidad o simplemente una completa irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad ya que supone subir un 8,6 % las bases máximas de cotización cuando en España la tasa de paro es del 12,4 %, la más alta de la zona euro
cuya media se sitúa en el 7,6 %. Una irresponsabilidad ya que esta subida no solo aumenta los costes laborales, sino que tendrá también un efecto desincentivador en la creación de empleo. Nos debemos preguntar las razones por las que desde el año
2008 las tasas de paro en España son entre un 1,7 y un 2,2 superiores a la media de la zona euro. Una irresponsabilidad ya que este aumento en el coste laboral supone un sobreesfuerzo adicional para las empresas, tras el aumento del precio de la
energía, las materias primas y los bienes intermedios y otros impuestos, creciendo la probabilidad de tensiones adicionales en la inflación. Una irresponsabilidad ya que aquellas empresas con problemas para trasladar el aumento de costes a los
precios, que son principalmente las pequeñas y medianas empresas, ante la caída de sus márgenes de producción podrían verse abocadas a reducir su actividad o su creación de empleo o a aumentar menos los salarios, con el consiguiente impacto negativo
sobre las rentas agregadas del trabajo. Una irresponsabilidad por no tener en cuenta la situación económica y las proyecciones macroeconómicas, como las realizadas por el Banco de España para el periodo 2022-2024, que muestran que el crecimiento y
el empleo parecen perder vigor, que existe un deterioro en los indicadores de confianza empresarial, que se observa una debilidad en los indicadores de consumo y actividad y que se apunta un descenso en la facturación empresarial.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señor Sáez Alonso-Muñumer.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabezón Casas.


El señor CABEZÓN CASAS: Muchas gracias, presidenta.


Señor Suárez, bienvenido a esta Comisión, asumiendo su nueva responsabilidad como secretario de Estado. Nos gustaría que compareciera más y que no venga, como su anterior predecesor, de Comisión de Presupuestos en Comisión de Presupuestos,
sino que venga a explicar a la Comisión las políticas de su departamento con más periodicidad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Centrándonos en el presupuesto, el Gobierno nos presenta unos presupuestos generales del Estado que, una vez más, se construyen sobre unas previsiones erróneas, pero no solo son erróneas, sino que son irresponsables; me atrevería a decir
que son extremadamente irresponsables. Son unas cuentas que no piensan en los pensionistas ni en el modelo de bienestar, piensan exclusivamente en las convocatorias electorales que vienen y, como comprenderá, el Partido Popular no puede apoyar
esto. Porque, señor Suárez, ¿de verdad cree que es social hipotecar a las generaciones más jóvenes? ¿Creen que la incertidumbre sobre la solvencia del sistema de pensiones es algo social? No, señorías. Eso no es social, es socialista y no es lo
mismo, y esto no es algo que diga el Partido Popular, esto lo dice todo aquel que sea mínimamente responsable. El Banco de España, sin ir más lejos, expresaba ayer serias dudas sobre la reforma del Gobierno que ustedes nos plantean. Hoy ha sido la
AIReF, que ha dicho que el presupuesto nace viciado y está lleno de inconsistencias. Son dos enmiendas a la totalidad en toda regla, señor Suárez, y ustedes empeñados en seguir adelante con esta tramitación. Señor secretario de Estado, ¿usted
considera que estas cuentas mejoran o empeoran la equidad intergeneracional? Porque ya ha dicho el Banco de España que la empeoran. Pero no es solo el Banco de España, es el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la AIReF y hace unos minutos
Funcas; todos ponen en cuestión estas cuentas y la política de pensiones de este Gobierno.


Señor Suárez, hoy en esta sala se ha hablado de un presupuesto lleno de inconsistencias y me va a permitir que lea las principales valoraciones de la AIReF y del Banco de España; valoraciones que dicen que la recuperación económica completa
ya se va a retrasar a 2024, que existe un grave problema o un grave peligro de convertir en permanentes los gastos destinados a combatir la inflación y los gastos energéticos, que el Gobierno no da la información necesaria para realizar su trabajo,
que estas deficiencias se están convirtiendo en una práctica presupuestaria que en 2023 se ha agravado y que la aprobación de las nuevas medidas una semana después de aprobar el presupuesto desvirtúa la calidad del presupuesto. Esto no lo dice el
Partido Popular, esto lo han dicho dos organismos independientes de este país: el Banco de España y la AIReF. Y con todas estas inconsistencias, señor Suárez -me va a permitir la licencia-, parece que estas previsiones presupuestarias que ha hecho
la ministra de Hacienda las haya hecho como el que compra -como ella misma dice- Juanolas o Ricolas y creo que España se merece más rigor.


También es inconsistente para la Comisión Europea. Estos presupuestos -como les recordaba el presidente de mi partido hace muy poco- son simplemente parches, como su mecanismo de equidad

Página 41

intergeneracional, que es uno de los parches que más miedo da a la Comisión y que antes de que entre en vigor ya les está exigiendo que lo reformen, que lo rectifiquen, que no llega a cubrir la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.


Señor Suárez, vemos bien que en la dotación del Fondo de Reserva vayan los ahorros del mecanismo de equidad intergeneracional, ¿pero no le resulta a usted incongruente que en un sistema de déficit se hagan dotaciones al Fondo de Reserva?
¿Se van a mantener los parámetros de gasto y de uso de ese Fondo de Reserva o van ustedes a gastarlos, como suelen hacer? ¿Saben qué presupuestos de Seguridad Social necesitan los españoles? Unos que sean solventes, realistas y basados en cuentas,
que no en cuentos. Unas cuentas que piensen en la suficiencia del sistema, pero también en la sostenibilidad. Unos presupuestos que salgan del diálogo en el Pacto de Toledo, al que solo acuden a pedir los votos y al que usan de parapeto para
enfrentar a los ciudadanos; unos presupuestos comprometidos con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el cumplimiento de la ley. Por esa razón, la revalorización anual de las pensiones sobre la base del IPC real se presenta como el
mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones. Unas cuentas que tengan en cuenta a los agentes sociales y no unas cuentas que les enfrenten; unas cuentas que piensen en los colectivos más desfavorecidos y aquellos
a los que la gestión de este Gobierno más ataca; unas cuentas que busquen mejorar el porvenir de los futuros pensionistas y que crean en los tres pilares de nuestro sistema de Seguridad Social, no que para desarrollar el segundo sea a costa del
tercero. En definitiva, necesitan unas cuentas que den seguridad y tranquilidad hoy, mañana y pasado mañana. Y ni el Banco de España ni la Comisión Europea ni los centros de estudios ni desde luego el Partido Popular creen que estos presupuestos
vayan en esa dirección. Van en la dirección opuesta.


Empieza ahora la tramitación parlamentaria y yo les pido -en nombre de todo mi grupo parlamentario- que estén dispuestos a dialogar y a mejorar todo aquello que se pueda corregir, que créanme que es mucho. Por ejemplo, dejen de poner cargas
al empleo y a quienes lo creen y dejen de mirar a los empresarios, a los autónomos y a los pequeños comerciantes como los enemigos, porque si hay algo que sí es social, es el empleo. No nos cansamos de repetírselo, la mejor política social es el
empleo, más y mejores empleos para poder tener más y mejores pensiones. Y sus presupuestos se alejan de todo esto y los pensionistas, señor Suárez, no pueden ser quienes acaben sufriendo las consecuencias de sus políticas.


Y me va a permitir que para concluir le pregunte también por uno de los anuncios que el presidente del Gobierno hizo la semana pasada sobre las ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel, de desgravaciones o deducciones en las
cuotas en las contingencias comunes de la Seguridad Social. Supongo que será un gasto impropio y nos gustaría que nos señalara qué coste va a tener para la Seguridad Social y cuántas empresas de estos territorios se van a poder ver beneficiadas,
después de un trabajo colectivo de estos tres territorios para conseguir que la Comisión Europea nos facilitara estas ayudas al funcionamiento.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mercè Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.


Gracias, señor secretario de Estado, señor Suárez, por su intervención y por sus explicaciones. Estamos de acuerdo. Estos presupuestos generan certidumbre a nuestras pensiones, a nuestros pensionistas y también estabilidad al sistema
público de pensiones; garantizan por fin el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC, tal y como establece el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. Y este es un aspecto muy importante, porque por fin se ha consagrado ese
derecho en la ley. Y, además, avanzan hacia el equilibrio presupuestario. Estos presupuestos refuerzan la estructura de ingresos, gracias a la asunción por parte de los presupuestos generales del Estado de aquellos gastos que no corresponden
propiamente a la Seguridad Social, tal y como el Pacto de Toledo establecía y tal como hemos estado reivindicando a lo largo de todos estos años en el Pacto de Toledo. Ahora hay algunos grupos que se desdicen o se lo piensan o se lo repiensan,
exactamente no entendemos bien las posturas de algunos grupos parlamentarios. Y es importante porque supone la asunción por parte de los presupuestos generales del Estado de aquellos gastos que no corresponden a la Seguridad Social a la implicación
directa del Estado como garante del sistema de protección social. Pero además, desde luego, suponen la mejora de los ingresos por cotizaciones a consecuencia de la dinámica del mercado laboral,

Página 42

y los datos están ahí. Yo he oído a la portavoz de Ciudadanos, al de VOX y el del Partido Popular que dan opiniones y repiten frases hechas, pero no se basan en datos. A mí me hubiera gustado que se hubieran mirado y referido al
presupuesto general del Estado sección de la Seguridad Social, porque no han hablado más que de titulares para tuits. Y es triste, porque hablamos de algo muy importante que, además -fíjense-, se ha cuestionado la previsión de ingresos del
presupuesto y la propia presidenta de la AIReF lo ha dejado bien claro en su comparecencia, ha dicho que la estimación de las cotizaciones para 2023 -y leo textualmente- está alineada con las establecidas en los presupuestos generales del Estado.
Por tanto, no acabamos de entender los socialistas, el Grupo Socialista, esta inquina que tiene la derecha cuando cuestiona datos que son objetivos y no son opiniones.


Estos presupuestos ponen en marcha -y lo decía el secretario de Estado- el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Este es un gran avance, es una reivindicación histórica de los autónomos y supondrá una mejora de
ingresos al sistema y también en las prestaciones en las pensiones futuras. Y nos alegramos, creemos que por fin ya es una realidad, viene del diálogo social, del acuerdo con el Gobierno y, desde luego, recoge las recomendaciones del Pacto de
Toledo.


Insisto, los hechos nos avalan, señores del Partido Popular, es que ustedes no pueden decir lo mismo de sus presupuestos, de cuando hacían sus presupuestos con la mayoría absoluta. Fíjense qué diferencias hay entre la reforma del Partido
Popular de 2013 y la reforma de las pensiones que ha hecho este Gobierno de coalición. Primero, hoy el poder adquisitivo está garantizado. La reforma de 2013, les recuerdo que suponía la pobreza en pensiones porque recortaba las pensiones un 40 %
en veinte años, pero, oiga, me vuelven otra vez con la misma matraca. Le insisto a la señora de Ciudadanos que atienda un poco porque me parece que no se lo ha leído -ah, veo que no está; bien, se lo tendré que explicar después-. Es que no lo
acabo de entender. Está confirmado, llevaba a la pobreza y no solo a la pobreza, sino que llevaba a un crash económico en 2050. Porque si resulta que en vez de 9 millones de pensionistas en 2050 vamos a ser 16 y nos van a recortar las pensiones,
los pensionistas no van a poder consumir y sabemos que el consumo es un índice determinante en las cuentas económicas del Estado. Por tanto, nos abocaban a un crash económico. Francamente, los hay que no aprenden. Como decía, primero, hoy está
garantizado el poder adquisitivo. Segundo, gracias a la reforma de este Gobierno de coalición, hoy un pensionista cobra un 17 % más de lo que hubiera cobrado con el 0,25 del señor Rajoy. Señor Cabezón, es así; me sabe mal, pero es así. Tercero,
hoy las pensiones mínimas están garantizadas y revalorizadas al doble; con ustedes, no. Cuarto, hoy un pensionista con la pensión media -y gracias a la reforma de este Gobierno- cobra 1353 euros al año más. Recordamos que con la reforma de Rajoy
era un 0,25. Y hoy el incremento del IPC para 2023 -con un 8,5-, estamos hablando de 34 veces más de aquel nefasto 0,25.


¿Qué diferencia hay con el Gobierno del señor Rajoy, no? Bueno, pues seguimos, porque es que no nos acordamos. El PP dejó en 2018 el mayor déficit de la historia de la Seguridad Social, más de 18 000 millones de euros. Hoy la previsión -y
aquí es que no escuchan-. Hablamos de un déficit del 0,5 y están diciendo que esto es catastrófico, pero si lo dejaron ustedes con un déficit de 1,6. Entonces, no acabamos de entender esa insistencia, esa inquina en cuestionar unos datos que hoy,
evidentemente, son una realidad.


Fíjense, hoy estamos en una senda para acabar en equilibrio presupuestario y lo ha dicho el secretario de Estado. Con lo cual, no acabamos de entender esa insistencia en cuestionar unas cuentas que hoy, con los datos encima de la mesa, son
incuestionables. Insisto y continúo, el PP dejó en 2018 el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, temblando. Bueno, pues resulta que este Gobierno dice: No, hay que apostar por el Fondo de Reserva porque eso quiere decir tranquilidad y
seguridad y, evidentemente, credibilidad en el sistema. Hoy, después de once años, es la primera vez que el Fondo de Reserva vuelve a crecer y creo que nos tendríamos que felicitar, no acabo de entender el no a estas cuentas de la derecha.
Evidentemente, hay un compromiso indubitado de este Gobierno con la sostenibilidad del sistema de pensiones, que recupera la fortaleza y genera certidumbre. Estamos cumpliendo con el Pacto de Toledo, con el diálogo social, con la ley y con los
pensionistas de hoy y de mañana. En cambio, otros están incumpliendo ya no el Pacto de Toledo, sino todo. ¡Es que se están desdiciendo de lo que dijeron hace un año! De verdad, ustedes no son de fiar.


No entiendo el especial ensañamiento de la señora Muñoz y de la señora Arrimadas, de Ciudadanos, y del señor Feijóo con los pensionistas. Es injusto, insolidario e irresponsable y se me acaban los 'in' del diccionario. Es generar
incertidumbre gratuita -presidenta, voy acabando- y alarma innecesariamente. El señor Feijóo y la señora Arrimadas insisten en incumplir el Pacto de Toledo y que no se aplique el IPC y le preguntaría al secretario de Estado: ¿qué supondría aplicar
a unos pensionistas el IPC y a otros no?

Página 43

Además de incumplir la ley y el pacto, ¿un trato discriminatorio? ¿Impedir que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo? Es que estamos en lo mismo: que si lo pierden no lo recuperan. Ustedes están sordos.


La señora PRESIDENTA: Tiene que acabar, señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Acabo. Estos presupuestos demuestran la capacidad extraordinaria de nuestro sistema de protección social -lo hemos demostrado con la pandemia, con el volcán de La Palma y con la crisis de Putin- y lo estamos
reforzando. Estos presupuestos -y el secretario de Estado lo ha dicho- están destinados a generar confianza. Con lo cual, criticamos insistentemente la alarma social que los partidos de la derecha están creando innecesaria y gratuitamente.


Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra ahora el secretario de Estado para contestar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchísimas gracias, señorías.


Es siempre muy ilustrativo recibir los distintos puntos de vista, que a todos nos sirven para aprender cosas y reforzar algunos argumentos, pero está visto que no he sido muy exitoso en el planteamiento de algunas cuestiones.


Para empezar -sigo el orden de intervenciones-, yo he hablado de las pensiones como prestaciones estrella. Creo que las pensiones, más que ninguna otra prestación de la Seguridad Social, constituyen el principal instrumento de atención de
las necesidades sociales y son -algo que, si me permiten, es casi poético- la mejor expresión de la solidaridad entre generaciones. Desde ese punto de vista, no hay más que pasearse por Europa para ver el peso que el gasto o la inversión en
pensiones -podemos decirlo así- tiene para encontrarnos con que no somos ninguna singularidad. Por eso, sinceramente, me sorprende mucho esta crítica tan feroz a una medida -la de la revalorización- porque, de nuevo, si nos paseamos por Europa, nos
encontramos con que el debate sobre la revalorización de las pensiones en absoluto se está produciendo en los términos en que se está produciendo aquí. Los países de nuestro entorno tienen mucho más interiorizado el mecanismo de revalorización de
las pensiones. Con una inflación alta el esfuerzo es mayor, pero no hay un cuestionamiento de este mecanismo. Me parece que este debate ahora, si me lo permiten, es extemporáneo. Lo digo porque, como muchos de ustedes saben, yo participé desde la
Dirección General de Ordenación como apoyo técnico en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y se dedicó mucho tiempo a esta cuestión. Hubo un consenso muy amplio en esta cuestión. De hecho, en el momento en que las recomendaciones superaron ese
escollo todo fue mucho más sencillo. Esto respondió a la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la revalorización de las pensiones y a una experiencia -permítanme que lo diga así- casi traumática por la aplicación de una reforma
desafortunada. Ese índice de revalorización anual suponía una congelación o una semicongelación de las pensiones al 0,25 %, que había producido, en una circunstancia como esta, unos resultados inimaginables, porque políticamente no pueden
concebirse desde ninguna perspectiva por la injusticia social.


Cuando reflexionamos sobre la revalorización -y esto es algo que yo quisiera compartir con ustedes-, reabrir el debate sobre esta cuestión ahora, después de este largo trayecto en el Pacto de Toledo y en la tramitación de la ley, cuando
parecía que era un asunto cerrado, yo creo que -lo digo con todo el respeto- peca de no enfocar adecuadamente en qué estamos hablando.


La revalorización de las pensiones no es una decisión de política económica -claro que tiene una dimensión de política económica, es indiscutible-, sino un derecho. ¡Es un derecho! Pero no lo es porque lo dice el artículo 58, que lo dice
ahora muy claramente, sino porque lo dice también el artículo 50 de la Constitución, lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional y lo dice la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este
es el elemento que deberíamos incorporar al debate. Esta es una cuestión sobre la que no podemos decidir en función de cuál es la coyuntura: si la coyuntura es buena, revalorizo las pensiones y, si no lo es, no las revalorizo o no las revalorizo
tanto. Los derechos no funcionan así. Para la sociedad es una pieza fundamental la revalorización, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, porque los pensionistas, una vez que salen del mercado de trabajo, ya no tienen
capacidad de rectificación, y es fundamental transmitir

Página 44

a los pensionistas certidumbre y confianza. La mejor manera de transmitir esa certidumbre es a través de este mecanismo, que es un mecanismo que existe en todos los países de la Unión Europea. Después de la experiencia fallida que tuvimos
en este país, parece mentira que tratemos de volver a salirnos de esa trayectoria de normalidad a estos efectos.


Sobre la revalorización, quisiera añadir que somos conscientes de que tiene un impacto económico muy importante, pero precisamente por el daño que producen unos niveles de inflación tan alta en la población se están adoptando medidas y,
entre otras medidas, que se aplican de forma -por decirlo de alguna manera- natural, está esta que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo. Estamos pensando en todo tipo de pensionistas. La pensión media se sitúa en torno a los 1100 euros
-los niveles de inflación que tenemos ahora son niveles muy importantes-, pero con pensiones más altas, dentro de un sistema que tiene una lógica contributiva y cuando se ha hecho un esfuerzo a lo largo de toda una carrera de cotización, el modo
razonable y equilibrado de que se solucione esto en los países de nuestro entorno es garantizando el poder adquisitivo. Con lo cual, yo creo que es un debate que, de verdad, no está bien enfocado y se olvidan -y permítame que insista de esta forma-
de que estamos hablando no de una decisión de política económica, sino de un derecho.


Dicho esto, la portavoz de Ciudadanos, la señora Muñoz, ha planteado también otras cuestiones relacionadas con las implicaciones que esto tiene en términos de sostenibilidad futura, es decir, cómo la articulación o la plasmación de este
presupuesto viene a hipotecar el futuro de los jóvenes. Creo que de nuevo tendríamos que distinguir dos planos distintos. La mejor manera de que los jóvenes no tengan en el futuro una pensión digna es que deterioremos el actual sistema de
pensiones. Así seguro que no la van a tener. Precisamente tratamos de preservar lo que con gran esfuerzo se ha hecho a lo largo de todas estas décadas, un sistema de Seguridad Social que tiene muchas insuficiencias, naturalmente, pero que tiene
muchas fortalezas y que constituye un elemento esencial -lo decía antes- para atender las situaciones de necesidad y como motor de crecimiento económico. Es fundamental tener esto claro y por eso, porque estamos muy preocupados por los jóvenes,
también he hecho énfasis en destacar los cambios que se han producido en el mercado de trabajo, que está viviendo una radical transformación en estos últimos meses como consecuencia de un doble factor. En primer lugar, por la reforma laboral -esto
es indiscutible- y, en segundo lugar, porque todos hemos aprendido de las crisis y de las políticas que se han afrontado durante las crisis, lo que ha permitido que se produzca en el mercado de trabajo un cambio de mentalidad por parte de todos los
actores: empresas, trabajadores, sindicatos y me atrevería a decir jueces. Todo esto contribuye a que la calidad del empleo esté mejorando de forma acelerada y es la mejor noticia para los jóvenes en términos de garantía del futuro de sus
pensiones. Por tanto, hay que preservar lo que hasta ahora hemos logrado, lograr de esa forma una adecuada atención a los mayores y, al mismo tiempo, trabajar en esa línea de fortalecimiento y mejora del mercado de trabajo que les va a permitir en
el futuro tener a ellos también unas pensiones dignas.


En relación con la intervención de la portavoz del Grupo Unidas Podemos, la señora Franco, me pedía algún dato específico del ingreso mínimo vital. Le voy a dar algún dato concreto, pero, sobre todo, me voy a remitir, que creo que tiene
mucho interés, a la comparecencia que el jueves se producirá en la Comisión de Trabajo de la secretaria general de Inclusión, Milagros Paniagua, que aportará todo el detalle de una prestación que realmente ha contribuido en un momento verdaderamente
difícil a establecer un mecanismo que completa la acción protectora de nuestro sistema, focalizada en aquellas personas que tienen mayor necesidad y que tiene un impacto particularmente positivo en los niños. En ese sentido, se explica que, con el
Decreto ley 20/2020 del IMV, que luego se tramitó como proyecto de ley y se convirtió en la Ley 19/2021, se incorporara este complemento de ayuda a la infancia que, como decía, ahora fija, más allá de lo que es propiamente el ámbito del IMV, el
acceso, con unos umbrales superiores a los que establece la ley para la prestación, a un complemento para otras familias que tienen niños y que tienen unos niveles de renta y de patrimonio por debajo de unos límites concretos y que da lugar a que
ahora mismo haya más de 250 000 prestaciones reconocidas.


Y en relación con la reflexión que hacía de lo que se ha hecho y cómo se ha hecho en estas circunstancias, quisiera insistir en la idea sin ningún ánimo -entiéndaseme la expresión- partidista de que se pueden afrontar las crisis económicas
-estamos viviendo dos crisis económicas en esta legislatura muy serias- de una forma distinta a cómo se afrontó la última crisis económica. En esta crisis el Ministerio ha puesto particular énfasis en atender las situaciones de necesidad a través
de la creación del IMV y a través del fortalecimiento del sistema de Seguridad Social en su conjunto, y en particular de pensiones, con un esfuerzo adicional que permite mejorar la confianza que los ciudadanos y las ciudadanas tienen

Página 45

de este país en un sistema que es un mecanismo estabilizador esencial para preservar no solo un nivel mínimo de bienestar, sino una cohesión social que permita al mismo tiempo un desarrollo económico intenso.


En relación con las reflexiones, los apuntes y las críticas que hacía el portavoz de VOX, el señor Sáez, hay un aspecto en el que me interesa particularmente detenerme por explicar a qué responde esa obviedad que pone de manifiesto una
supuesta incoherencia del sistema porque el volumen de cotizaciones sociales no sirve para cubrir el gasto en las pensiones contributivas. La lectura que se hace a menudo de este asunto es que parece que es un indicador de los problemas de
sostenibilidad del sistema y yo creo que de lo que no nos damos cuenta es de que en realidad ese tipo de análisis podía ser pertinente en un momento distinto, es decir, podía ser pertinente en la década de los ochenta e incluso de los noventa,
cuando la realidad demográfica y económico-productiva de nuestro país era distinta. Si nos paseamos por Europa, nos encontramos con que la implicación del Estado en la financiación de los sistemas de la Seguridad Social y, en particular de
pensiones, es mucho mayor que la que se produce en nuestro país. Esto lo estamos corrigiendo a una velocidad intensa y, desde ese punto de vista, estamos reforzando, y este era uno de los mensajes que quería transmitir, esa estructura de ingresos.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, por favor.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Sí, perdón, voy abreviando.


En países como Francia, el Estado hace un esfuerzo en la financiación de pensiones que supone un 25 % del total del gasto. Si es Alemania, nos vamos a un 33 %. Ese es el esquema de referencia, mucho más en un modelo al que vamos en el que
hay cada vez más un peso relativamente menor del factor trabajo y una mayor dependencia del factor capital. En ese esquema es lógico -y mucho más en un momento como el que tenemos con una nueva perspectiva de evolución del sistema en el que va a
haber tensiones vinculadas a la jubilación de la generación del baby boom- imprescindible y natural que el Estado haga un esfuerzo mayor en la financiación.


Hablaba también de la irresponsabilidad por la subida de las bases máximas. Esto lo ha dicho el ministro estos últimos días y simplemente quiero recordar que no hay una regla establecida para determinar la subida de las bases máximas y
precisamente esa es una de las cosas que estamos negociando ahora con los sindicatos y la patronal en la Mesa de Diálogo Social, y esa falta de reglas nos lleva a que en el año 2013 o en el año 2014 subiera la base máxima un 5 % con niveles de
inflación casi 0, o que en los años 2020 o 2021 se congelaran las bases máximas o que en el año 2022, con una inflación del 2,5 %, subieran solo un 1,7 %.


En un momento como este, en el que hay que exigir un esfuerzo mayor a quien más tiene, esa subida de bases de 8,6 puntos parece una decisión lógica y equilibrada.


Me refiero ahora a la intervención que hacía el portavoz del Grupo Popular, el señor Cabezón. Evidentemente, todos estamos, y esto hay que reconocerlo, en un contexto de enorme incertidumbre y todos los organismos como el Banco de España,
la AIReF, la OCDE y el FMI hacen previsiones y estimaciones de los indicadores económicos, que a veces coinciden más y otras menos. En realidad, no estamos hablando de diferencias tan grandes como se puede apuntar, pero, en cualquier caso, lo que
yo quisiera resaltar es que está habiendo también desviaciones positivas, porque estamos poniendo mucho énfasis en la previsión de crecimiento para el año 2023, pero ponemos menos énfasis en que el propio Banco de España o la AIReF están anticipando
un crecimiento mayor del que se esperaba para el año 2022, y esa es una buena noticia también. Creo que conviene ser prudentes y que cada uno desde su ámbito haga los análisis que correspondan y que en conjunto todos ellos sirvan para enriquecer el
debate y no sacar más las cosas de contexto.


También hablaba de la dotación del Fondo de Reserva, y me ha alegrado escuchar que le parece bien que se hagan esas dotaciones, y preguntaba si íbamos a cambiar los criterios de desembolso del Fondo de Reserva. Sí, vamos a cambiarlos y esto
ya está previsto en la Ley 21/2021, porque esas aportaciones deben acumularse en el Fondo de Reserva por lo menos hasta 2032. Digamos que se convierte en este caso en una aportación finalista para en esa década de los treinta, cuando empiecen esas
tensiones vinculadas al incremento del número de pensionistas, poder utilizar esos recursos.


Dos comentarios más y ya acabo. Siento haberme extendido tanto. Ha hecho una referencia también al IPC real, dando a entender que en realidad no lo estamos aplicando. Cuando la recomendación segunda del Pacto de Toledo habla del IPC real,
más allá del rigor técnico, por decirlo de alguna forma -y ustedes

Página 46

estaban ahí-, trataba de desmarcarse de las previsiones de IPC, y precisamente eso es lo que nos llevó a establecer una regla que utiliza ya datos concretos de inflación y no simples previsiones.


Por último, con esto acabo ya, dice -y es una expresión que utiliza mucho- que la mejor política social es la política de empleo. Permítame que lo diga así, con todo el afecto, pero nosotros tenemos una posición un poco más ambiciosa,
porque creemos que son dos políticas distintas: una cosa es la política social y otra es la política de empleo. Evidentemente, las dos están íntimamente conectadas. Creo que lo que está sucediendo ahora mismo en el ámbito de la Seguridad Social
es la mejor expresión de que las cosas se están haciendo de forma adecuada tanto en el ámbito de la política de empleo como en el ámbito de la política social.


Quedo a su disposición para aclarar, más allá de esta comparecencia, los datos o la información que necesiten, aparte de facilitarles lógicamente la presentación.


Muchísimas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones.


Paramos cinco minutos y continuamos. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (GARCÍA ANDRÉS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002476), PLURAL (Número de expediente 212/002554), VOX (Número de expediente
212/002371), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002709), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002675).


La señora PRESIDENTA: Retomamos la sesión de la Comisión.


Damos la bienvenida al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Gonzalo García Andrés.


Sin más, le doy la palabra para que exponga lo que crea conveniente.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (García Andrés): Muchas gracias, presidenta.


Buenos días. Señorías, comparezco ante la Comisión de Presupuestos para presentar el cuadro macroeconómico que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.


Durante el último año se ha producido un empeoramiento muy marcado del entorno exterior en el que se desenvuelve la economía española. Ya comentaba en mi comparecencia del año pasado que, desde la primavera del año 2021, estábamos
asistiendo en la economía mundial, como consecuencia de la intensidad de la recuperación económica tras la pandemia, a crecientes fricciones en la oferta que estaban dificultando ese proceso de recuperación. Pues bien, con la guerra de Rusia en
Ucrania, a partir de finales de año y, sobre todo, a partir del 24 de febrero, a esas fricciones en la oferta se ha añadido una fuerte subida del precio de las materias primas agrícolas, y, en particular, una multiplicación -que ha llegado hasta
multiplicarse por diez- del precio del gas natural, que determina, como saben, el precio de la electricidad; y esto por el uso deliberado que el Gobierno ruso ha hecho de su suministro de gas natural a Europa, como un instrumento de presión dentro
de su estrategia bélica.


Vivimos, por tanto, en una situación de excepción en los mercados energéticos europeos, que ha supuesto un incremento de los precios de la energía con efecto sobre la renta disponible de las familias y sobre los costes de las empresas, que
se ha manifestado en un aumento de la tasa de inflación y, posteriormente, en un aumento de los tipos de interés. Vivimos, de nuevo, en un entorno de elevada incertidumbre, y, a pesar de todo ello, los datos -como tendré oportunidad de explicarles
con más detalle a lo largo de mi comparecencia- indican que la economía española se ha desenvuelto durante este año y en este entorno tan complejo con enorme solidez y resiliencia. Lo veremos en el comportamiento de la actividad, en el
comportamiento, en particular, del mercado de trabajo, del empleo y del paro, en la mejora continuada de las finanzas públicas y en la solidez del sector exterior.


Y todo esto por el seguimiento de una estrategia de política económica en la que se incardina este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que está marcada por el esfuerzo inversor, en esta ocasión con más de 43 000 millones de
euros en el presupuesto, asociado y combinado a ese gran impulso de reforma estructural, que sus señorías conocen muy bien porque son parte de él; combinado,

Página 47

además, con una respuesta a esta situación tan compleja, que tiene como objetivo fundamental, por una parte, evitar el arraigo de la inflación de este episodio de inflación alta y, por otra parte, asegurar un reparto justo del impacto que
está teniendo la guerra en nuestra economía. Además, es una estrategia de política económica y fiscal que está marcada por la responsabilidad fiscal, es decir, por ser capaces de responder a las urgencias que nos plantea la situación económica y al
apoyo a las empresas y a los hogares, pero hacerlo continuando con la reducción del déficit y la deuda y con el estricto cumplimiento de los objetivos fiscales.


Dedicaré la primera parte de mi intervención a repasar la situación económica y la respuesta de política económica. En segundo lugar, abordaré con más detalle el cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado para el año 2023. Y, finalmente, acabaré situando este presupuesto dentro de la estrategia de política económica y repasando brevemente el presupuesto de mi secretaría de Estado, que, como saben, es sencillo y no nos llevará
mucho tiempo. Si luego tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestar.


Como les decía, en medio de una recuperación muy intensa de la economía global tras la pandemia y una recuperación muy intensa de la economía española, hemos vuelto a asistir a un empeoramiento del entorno exterior con factores endógenos y
exógenos; los endógenos tienen que ver con esos cuellos de botella por ese incremento del coste de los fletes, del transporte, de los materiales de construcción, esa escasez de chips y semiconductores. Esto ya lo apreciábamos desde mediados del
año 2021. Como les decía, lo comentamos en mi última comparecencia aquí en el ámbito de las comparecencias de presupuestos. Pero lo que realmente ha supuesto un elemento de deterioro adicional ha sido ese alza de los precios de las materias
primas, que no solo son las energéticas, son también los precios de los fertilizantes, de otros inputs que se utilizan para producir alimentos, pero que en el caso del gas ha desempeñado un papel fundamental. Estamos ante un shock fundamentalmente
de gas, de precios del gas, que ha llegado a multiplicarse por diez y que, tal y como está configurado el funcionamiento del mercado eléctrico en Europa, ese precio impacta directamente en el precio de la electricidad. La electricidad es un input
fundamental para todas las familias, para toda nuestra actividad diaria y para todas las empresas y, por tanto, es un shock de gran intensidad.


El petróleo también ha aumentado en precio, pero de manera más moderada, en torno al 60 %. Las subidas del precio del gas han ido reflejando el cierre del flujo de gas procedente de Rusia a la Unión Europea. Esto se inició ya a finales del
año pasado con los movimientos de la compañía gasística rusa para tratar de limitar la constitución de reservas de gas en la Unión Europea; es una estrategia deliberada y premeditada. Y, luego, por supuesto, se produjo una subida muy fuerte del
precio del gas en el mes de marzo, cuando se produjo la invasión; luego se volvió a producir en junio y en agosto coincidiendo con hitos en ese proceso de cierre del flujo del gas. Estimamos que el flujo de gas de Rusia a la Unión Europea se ha
reducido en un 80 % interanual, y hoy está reducido, como saben, a la mínima expresión.


Como consecuencia de estos acontecimientos, la inflación ha subido en la OCDE hasta el entorno del 10 %. Esta es una tasa de inflación que no conocíamos desde hace décadas, que tiene elementos de asimetría entre las diferentes regiones; en
Estados Unidos, aproximadamente, el 60 % de esta inflación tiene que ver con factores de demanda. En el caso de la Unión Europea y en el caso de España, la inflación tiene en gran medida que ver con estos elementos de oferta, estas subidas de
costes a las que hacía referencia.


Por último, para configurar este marco exterior tan complejo al que nos enfrentamos, los bancos centrales, lógicamente, en respuesta a esta subida de la inflación y ante el riesgo de que se desanclen las expectativas de inflación, han
acelerado la salida desde una situación monetaria extraordinariamente laxa y han subido los tipos de interés, como bien saben. Y no solo los tipos de interés a corto plazo, es decir, los tipos de intervención de los bancos centrales, sino que los
tipos de la deuda pública, los costes a los que se financia el Tesoro público en el mercado, que anticipan la evolución de esos tipos de interés a corto plazo que marca la política monetaria, han subido de manera muy abrupta y muy intensa, con
subidas de 250 puntos básicos desde el inicio del año.


Esto, en conjunto, lo que supone es un gran shock de oferta, un choque por el lado de la oferta, que, además, viene acompañado de subidas de tipos de interés y de incertidumbre; y supone, por un lado, un empeoramiento de lo que llamamos la
relación real de intercambio, que es la relación entre los precios que pagamos por las importaciones y los precios que recibimos por las exportaciones. Con esa subida de los precios del gas, de los precios del petróleo y de otras materias primas
que importamos nos empobrecemos, porque tenemos que comprar lo que necesitamos para producir y para consumir a un

Página 48

precio más alto de lo que exportamos. Por otra parte, se produce este aumento de la inflación, que es fundamental que no arraigue. La inflación es un temible fenómeno económico que, además, golpea de manera más fuerte a los trabajadores,
los asalariados de las clases de menor renta, y es muy importante que no arraigue en nuestra economía. Durante la pandemia, el objetivo fundamental de la estrategia de política económica era evitar que tuviéramos efectos duraderos, que tuviéramos
esa histéresis sobre la capacidad de crecimiento de la economía, sobre el tejido empresarial y también sobre la empleabilidad de los trabajadores. Ahora, en este episodio el objetivo fundamental es que la inflación no arraigue y que este descenso
de la inflación, que hemos observado desde el final del verano y que va a continuar durante los próximos meses, se produzca lo más rápido posible y alcancemos una tasa de inflación de nuevo cercana al 2 % lo antes posible.


Frente a esta situación, la respuesta de la política económica ha seguido combinando la adopción de medidas muy contundentes en el corto plazo para hacer frente a las necesidades y las urgencias, pero dentro de un horizonte, dentro de una
visión, de una dirección a medio y largo plazo, que, en este caso, está marcada por las inversiones y por las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de esta respuesta, ya desde el verano de 2021, el Gobierno ha
venido adoptando medidas para reducir los precios de la energía, reducir los beneficios extraordinarios en el ámbito del mercado eléctrico, porque, como ustedes saben, si bien es el precio del gas el que determina el precio de la electricidad, el
gas solo se utiliza en un porcentaje que, en el caso de España, va desde el 15 % al 30 % en función de distintos factores. Por tanto, era un elemento de agravamiento del problema de eficiencia, de equidad y del problema macroeconómico que estamos
afrontando el tener que pagar por toda la electricidad que generamos el precio que nos fija el gas, que está distorsionado por las manipulaciones del suministro que está haciendo el Gobierno ruso.


Al mismo tiempo, se ha reducido el precio de la energía y se han adoptado medidas para apoyar a los hogares que sufren con la inflación y con la subida de los precios de la energía un deterioro de su renta disponible, con un especial
esfuerzo para proteger a los sectores más vulnerables, pero también con medidas que protegen y compensan parte de esa pérdida de poder adquisitivo para toda la clase media trabajadora que sufre las consecuencias de la inflación. También hemos
adoptado medidas para apoyar a las empresas que están sufriendo una subida generalizada de costes y, en particular, a aquellos sectores más afectados: los que tienen que ver con el transporte por carretera, el sector primario, aquellos que utilizan
de manera más intensiva la electricidad o el gas.


Pero esta situación no se puede responder solo con medidas que faciliten la digestión de este aumento de los precios de la energía, porque nosotros asumimos que una parte de esa subida de los precios de la energía va a ser estructural, no va
a desaparecer. Por tanto, dentro de la estrategia de respuesta de política económica, se han adoptado medidas estructurales para facilitar la adaptación estructural de la economía y para acelerar la transición energética, que, como ya saben, es un
elemento fundamental del plan de recuperación. Por tanto, hemos estado adoptando medidas para acelerar el despliegue de energías renovables, para acelerar el autoconsumo, la investigación para el almacenamiento y, en alguna medida, para que podamos
mirar hacia adelante, salir mejorando y haciendo que nuestro sistema económico y energético sea menos dependiente, sea más limpio y nos proporcione una energía más barata para los consumidores y también para la producción de las empresas españolas y
extranjeras que puedan venir a invertir aquí.


Lo cierto es que, vista esta estrategia y si atendemos a los datos del comportamiento de la economía española durante este año, por los resultados, yo creo que reflejan con mucha claridad esa solidez y esa resiliencia de la economía
española. En primer lugar, en el PIB. Durante el primer semestre, en general, de este año 2022 la economía ha estado creciendo a unas tasas cercanas al 7 % interanual de la mano, sobre todo, de la inversión y de las exportaciones de bienes y
servicios.


En segundo lugar, por el comportamiento del empleo. Señorías, llevamos dieciséis meses de crecimiento ininterrumpido del empleo en términos desestacionalizados. Estamos por encima de los veinte millones de afiliados, por debajo de los tres
millones de parados. Es decir, no estábamos en estas métricas de utilización del factor trabajo desde el inicio de la crisis financiera. Pero es que, además, como resultado de esa estrategia de protección del empleo y de las rentas salariales y
del esfuerzo de reforma que ha impulsado el Gobierno, junto con los agentes sociales, y cuya mejor plasmación ha sido la reforma laboral, estamos asistiendo a una mejora cualitativa muy profunda en el mercado de trabajo, aunque solo llevamos unos
meses de entrada en vigor de la reforma laboral. Tenemos hoy dos millones más de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con un contrato indefinido, la precariedad ha comenzado a

Página 49

replegarse como consecuencia de esta reforma, dos tercios de los jóvenes tienen contratos indefinidos hoy, estamos en una tasa de temporalidad, medida por la afiliación, por debajo del 20 %, por primera vez en nuestra historia. Es decir,
estamos asistiendo a un cambio no solo desde el punto de vista de la creación de empleo, sino desde el punto de vista de la calidad en la creación de empleo y del buen funcionamiento del mercado de trabajo. Esto es esencial porque este ha sido el
foco de debilidad histórico del comportamiento de la economía española.


El tercer elemento que ilustra esta solidez es el sector exterior. Las exportaciones de bienes, incluso con una coyuntura adversa para el sector del automóvil, que es uno de nuestros principales sectores de exportación, han alcanzado
máximos históricos. Por supuesto, como saben, el sector turístico se ha recuperado y está ya en niveles muy próximos al año récord de 2019. Además, también las exportaciones de servicios no turísticos han tenido un comportamiento extraordinario.
De esta manera, lo que es un empeoramiento del saldo energético, lógicamente, por el aumento muy marcado de los precios del gas y del petróleo, se ha más que compensado con el buen comportamiento de la exportación, nos permite mantener un superávit
por cuenta corriente y capacidad de financiación y, si atendemos a la posición de inversión internacional neta que sintetiza la posición deudora y acreedora de España respecto al resto del mundo, hemos bajado del 65 % del PIB. Esto es veinte puntos
menos de los que teníamos en 2020.


Por último, esto se ha hecho compatible con una reducción del déficit y de la deuda pública. El año pasado la reducción del déficit fue de 3,3 puntos; este año, a julio, con todos los datos de las administraciones públicas menos los de las
corporaciones locales, estamos en 1,9 % del PIB, un nivel muy similar al que teníamos en el año 2019. Es decir, esto lo estamos haciendo, además, reduciendo el déficit y la deuda pública.


Es cierto que seguimos teniendo como principal problema la inflación que, en un principio, reflejó la subida de los precios de la energía y, posteriormente, hemos visto cómo se reflejaba también la subida de los precios de los alimentos y la
subida de los costes como se trasladaba a los precios. Para completar el resultado de esta respuesta de política económica es importante destacar que estas medidas que ha ido adoptando el Gobierno en los tres paquetes de medidas que ha adoptado -el
primero a finales de marzo, el segundo a finales de junio y el tercero en septiembre- ha supuesto una reducción de la inflación que estimamos en 3,5 puntos en términos interanuales y, además, ha permitido para aquellas familias que están en los
primeros cuatro deciles de renta compensar otros tres puntos y medio de pérdida de poder adquisitivo con medidas como las subidas temporales en las pensiones no contributivas, en el ingreso mínimo vital, el cheque de 200 euros y el resto de medidas
que se han tomado para compensar esa pérdida de renta disponible en los colectivos más vulnerables.


Como saben, dentro de esta estrategia, España ha liderado la respuesta en la Unión Europea a esta situación de excepcionalidad energética. Llevamos meses, más de un año, pidiendo un cambio, una respuesta que permita cambiar y adaptar el
funcionamiento del mercado eléctrico a esta situación para romper el vínculo entre el precio del gas y el precio de la electricidad. Como saben, este esfuerzo cristalizó en la aprobación del mecanismo ibérico, que nos ha permitido separar el precio
del gas y el precio de la electricidad. La aplicación de este mecanismo desde el mes de mayo nos ha ahorrado a los consumidores y a las empresas más de dos mil millones de euros. Por tanto, como les decía, esta resiliencia, esta solidez está muy
ligada a la estrategia de política económica seguida.


Paso a detallarles el cuadro macroeconómico para los presupuestos. Las hipótesis con las que se ha realizado el cuadro macroeconómico son las derivadas de las proyecciones del Banco Central Europeo y también de las propias hipótesis y
estimaciones y previsiones que hacemos en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es decir, para el año que viene hemos utilizado supuestos de crecimiento global de en torno al 3 %, crecimiento de nuestros mercados de
exportación del 0,9 %, unos tipos de interés a corto plazo del 2 % y del tipo a diez años del 3,5 %, un tipo de cambio dólar-euro que está en la paridad y unos precios de las materias primas -que son uno de los factores claros de incertidumbre en el
entorno actual- muy próximos a los que tenemos ahora de 97 euros en el caso del precio del petróleo y de 118 euros/megavatio hora en el caso del precio del gas.


Partiendo de estas hipótesis, la previsión para el crecimiento en este año 2022 es del 4,4 %, la hemos revisado una décima al alza. Este es un indicador que sintetiza esa solidez que ha tenido la economía española a la hora de prolongar su
fase de recuperación, de crecimiento y creación de empleo en un entorno extraordinariamente complejo. Para el año 2023, el crecimiento del PIB sería de 2,1 %, con una composición, en la cual sería la demanda interna la que estaría sosteniendo este
crecimiento, con una inversión de casi el 8 %, muy ligada a la ejecución del plan de recuperación. El consumo privado subiría

Página 50

un 1,3 %, el consumo público crecería menos, un 0,4. En conjunto, la demanda interna crecería un 2,4 %, por tanto, sería, como les decía, el principal sostén del crecimiento, mientras que la demanda externa, después del fuerte crecimiento
de las exportaciones de este año, que explican una parte importante del crecimiento, tendría una leve contribución negativa.


Este crecimiento del PIB del año que viene nos permitiría seguir creando empleo y reduciendo la tasa de paro hasta el 12,2 % el año que viene y -muy importante también- nos permitiría seguir avanzando en términos de crecimiento de la
productividad, con un crecimiento de la productividad por ocupado de 1,5 %. En términos de precios, de los precios que están en el cuadro macroeconómico, que son los que nos marcan los deflactores de los componentes del PIB, el deflactor del PIB se
moderaría el 3,8 %, y el del consumo privado, que es el que más se aproxima a la inflación, bajaría hasta el 4,1, confirmando esa tendencia al descenso de la inflación que hemos observado y que ha conseguido que la inflación española se sitúe por
debajo de la media de la zona euro y por debajo de la media de la Unión Europea.


Además, para el año que viene seguiremos teniendo un superávit por cuenta corriente y una capacidad de financiación hacia el resto del mundo, es decir, producimos más de lo que consumimos y, por tanto, ahorramos y podemos transferir al resto
del mundo un 2,9 % del PIB, en parte como consecuencia de ese superávit por cuenta corriente, de un superávit en la balanza de bienes y servicios y, en parte también, por el efecto de las transferencias del plan de recuperación.


Para complementar este cuadro macroeconómico, como hacemos ya desde 2018, hemos incluido en el cuadro, y también en el plan presupuestario, indicadores de sostenibilidad, y observamos una mejora sustancial tanto en la generación obtenida por
fuentes renovables, que alcanza el 46 %, como en indicadores de desarrollo de digitalización, de género o de cohesión, con un descenso del número de hogares en paro y con un descenso significativo de la tasa de abandono escolar temprano.


Los riesgos a este escenario -ya los han escuchado probablemente a estas alturas- son fundamentalmente tres: las oscilaciones, las tensiones adicionales que se puedan producir en los precios de la energía como consecuencia de las decisiones
que pueda tomar Rusia o el resto de productores de hidrocarburos; el efecto que puede tener sobre la demanda de exportaciones la evolución de la economía, en particular de la zona euro -ya saben que las previsiones para economías como Alemania e
Italia para el año que viene son relativamente negativas- y también el efecto que pueda tener una subida más abrupta o más rápida de los tipos de interés sobre el consumo y la inversión.


Paso ahora a señalar cómo encajan estos presupuestos generales del Estado, este proyecto de ley, dentro de una estrategia de política económica que tiene que ser equilibrada y tiene que ser flexible cuando nos estamos enfrentando a un shock
de oferta como el que les he descrito. Un objetivo fundamental de esa estrategia es el descenso de la inflación, que la inflación no arraigue; otro fundamental es que el reparto de estos costes del deterioro de la relación real de intercambio que
estamos sufriendo se haga de manera justa y que no sean otra vez los trabajadores y aquellos que están en una posición de mayor debilidad los que tengan que sufrir una parte mayor de este coste y, al mismo tiempo, que sigamos avanzando, no que
mantengamos, sino que avancemos más rápido en el proceso de transformación que a través de la inversión pública y privada y de las reformas estructurales estamos acometiendo con el plan de recuperación.


Del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado destacaría esa cifra de 43 000 millones de inversión, que supone sostener un volumen que ya el año pasado era muy intenso y supone un esfuerzo inversor que nos va a ayudar a acelerar
el cambio de nuestra economía para adaptarnos al cambio climático, una realidad que estamos sufriendo de manera cada vez más intensa y de la que todos los ciudadanos durante este verano, con esta situación de la energía, con la sequía, con los
problemas hídricos, somos cada vez más conscientes de la urgencia y de la necesidad de abordarla.


He estado siguiendo antes el debate con mi compañero, el secretario de Estado de la Seguridad Social, y efectivamente se habla mucho de equidad intergeneracional, pero el primer problema que tenemos de equidad intergeneracional es el cambio
climático y las consecuencias que va a tener sobre nuestros hijos y nuestros nietos. Para eso, el instrumento fundamental es la inversión y la reforma, y eso es lo que siguen haciendo estos presupuestos, que además se complementan con medidas como
las contenidas en el Plan Más Seguridad Energética, aprobado la semana pasada, y que lo que pretenden es proteger en un entorno complicado de precios de la energía y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia y el despliegue de las energías
renovables y del almacenamiento.


Esta política fiscal, de la que ahora detallaré los números fundamentales, requiere complementarse con un pacto de rentas. Desde el primer momento, el presidente del Gobierno, cuando intervino para

Página 51

hablar del Plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, habló de la necesidad de un gran pacto de rentas que nos permitiera, como ya lo hizo durante la pandemia, de manera negociada, de manera acordada con los agentes
sociales, transitar por una situación exógena complicada. Pues bien, toda esta respuesta que les he descrito incorpora muchos elementos que lo que hacen es contribuir por parte del Gobierno a este pacto de rentas, con medidas que apoyan la renta
disponible de las familias, con medidas que alivian los costes para las empresas, con medidas que reducen los beneficios extraordinarios de aquellos sectores que han ampliado sus márgenes y que se están beneficiando de esta coyuntura. Lo que
seguimos pidiendo a los agentes sociales es que hagan ese esfuerzo de encontrarse en un acuerdo de negociación colectiva que suponga un compromiso de moderar y de mantener los márgenes empresariales para el futuro y de que se pacten subidas
salariales acordes con la situación, pero que sean moderadas y que nos permitan que la inflación baje de manera estable y duradera.


Voy acabando esta parte de la intervención. El plan presupuestario que hemos mandado a Bruselas este fin de semana señala una política fiscal con las medidas del presupuesto, que es en gran medida neutral. Hay una pequeña mejora en el
saldo estructural, pero esto -y es muy importante tenerlo en cuenta- sin tomar en consideración ese impulso de inversión de 25 000 millones de euros que mantiene la inversión financiada con las transferencias del plan de recuperación, de manera que
en conjunto la política fiscal está haciendo una contribución a la mejora del comportamiento de nuestra economía tanto desde el punto de vista contracíclico como con la subida de tipos de interés, las subidas de precios de la energía, que claramente
tienen un efecto de moderación de la evolución del consumo y la inversión. Esa inversión compensa este efecto, pero además tiene ese efecto estructural sobre el nivel del crecimiento potencial. Esta política fiscal tiene que tener un elemento de
flexibilidad, por eso habrán leído que en el plan presupuestario se ha incluido un escenario alternativo, en el cual, con los ingresos adicionales que está mostrando la ejecución del presupuesto durante 2022, asociado al buen comportamiento del
empleo y también al efecto de la inflación, nos permite seguir adaptando las medidas que se han tomado a la evolución de la situación porque, frente a la incertidumbre, es fundamental -creo que ya lo hemos experimentado durante estos años- que la
política económica mantenga la flexibilidad y la capacidad de actuación.


Es muy importante que tanto en este escenario como en el escenario de los presupuestos generales se cumplan los objetivos fiscales de déficit y de deuda y se cumpla además la regla de gasto europea, que establece que el crecimiento del gasto
nominal computable no puede superar el valor de referencia -es la manera de medir la orientación de la política fiscal- y también esa recomendación que hizo la Comisión Europea en primavera de que la política fiscal fuera neutral y prudente, con un
límite al crecimiento del gasto corriente por debajo del valor de referencia.


Cumplimos estos objetivos, y con esto voy a la última parte de mi intervención, que se refiere al presupuesto de mi secretaría de Estado. El presupuesto de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es de 849 millones de
euros. El gasto no financiero cae un 3,7 %; en conjunto, sube un 5,3 %, fundamentalmente por el incremento del capítulo 8, en el que tenemos las partidas de las contribuciones a instituciones financieras internacionales. Destacaré simplemente que
hay una reducción de 61 millones de euros en la transferencia corriente del capítulo 4 de contribución del préstamo a Grecia, un aumento de 30 millones de la contribución a fondos climáticos en este capítulo 4 y en el capítulo 8 un aumento neto de
70 millones euros que no genera déficit -siendo capítulo 8-, porque sobre todo refleja la contribución al aumento de capital del Banco de Desarrollo de América Latina, la Corporación Andina de Fomento.


Señorías, en definitiva, después de lo que sucedió con la pandemia, estamos volviendo a afrontar una segunda situación exógena de gran dificultad en el entorno global en que nos desenvolvemos, con particular atención a la economía europea y
a Europa. Frente a esta situación, la estrategia de política económica vuelve a ser muy activa, combinando los instrumentos de la regulación, de la reforma estructural y de la política fiscal -la autorización del gasto, los impuestos y, sobre todo,
la inversión- con los objetivos de seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo y profundizar en esa mejora cualitativa del mercado de trabajo -que es esencial para que España pueda llegar a una situación en la que aumente el crecimiento
potencial y el crecimiento de la productividad, que es uno de los objetivos fundamentales de la política económica a medio y largo plazo y es la base del crecimiento del bienestar material de los ciudadanos a medio y largo plazo-, y que lo hagamos
además impulsando la transición energética, reduciendo la desigualdad y aumentando las oportunidades, en particular para los jóvenes, que se han llevado la peor parte de estos últimos quince años, en los que la economía global y la economía europea
han tenido que sufrir varias situaciones exógenas anómalas. Reitero que estos datos indican que

Página 52

la economía española ha dado muestras de gran solidez y de resiliencia como consecuencia de las medidas que se han tomado y que podemos afrontar con confianza en el próximo año, conscientes de que vamos a poder mantener el crecimiento de la
actividad en el empleo en esta etapa expansiva que iniciamos el año pasado y reforzar las bases de un crecimiento más sostenible y justo.


Gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su exposición.


Pasamos ahora a los grupos parlamentarios. En primer lugar, Ciudadanos. Tiene la palabra la señora María Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta. Gracias, secretario de Estado.


Siento no compartir el excesivo optimismo de las autoridades del Gobierno respecto a la evolución de la economía. No comparto su diagnóstico, pero tampoco la situación que reflejan sus cuentas. Es un optimismo al que en dos días le ha
caído un buen jarro de agua fría, no solo por el Banco de España ayer, sino también hoy por la contundencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ahora mismo, hace escasamente unos minutos, Funcas ha publicado las previsiones
económicas para España en lo que queda de año y para el año que viene, y nada menos que rebaja el crecimiento de 2023 de un 2 % anterior a un 0,7 %, e incluso avisa de una entrada en recesión técnica este último trimestre y en el primer trimestre
del año que viene.


Dicho esto, más allá de las previsiones de cómo evolucionará la economía, siempre complejas y obviamente sujetas a incertidumbre, a mi grupo le resultan especialmente preocupantes las previsiones estrictamente presupuestarias. Hoy nos
presentan un escenario -lo han ido presentando los distintos altos cargos del Gobierno que han comparecido- en el marco de este proyecto de presupuestos, mientras que en la Comisión Europea se presenta un escenario alternativo con mayores gastos y
también mayores ingresos. Le quiero preguntar a usted a qué debemos atenernos y qué estamos aprobando realmente cuando se voten estos presupuestos.


También, siendo justa con usted, lo cierto es que su secretaría, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, aunque tiene un peso crucial en el devenir de la economía española, no lo tiene tanto a efectos presupuestarios. Y siendo
también justos, sabe usted que compartimos gran parte de los objetivos que se ha marcado este Gobierno en varias de las reformas económicas de las que usted y yo hemos participado en incontables encuentros. En Ciudadanos llevábamos años pidiendo
una reforma de la Ley Concursal que diera una verdadera segunda oportunidad a miles de empresas; llevábamos años pidiendo que se pusiera el foco en el crecimiento empresarial, con el fin de mejorar la productividad de nuestra economía, que se
traduce en mejorar las condiciones laborales a medio y largo plazo, y pidiendo también -no solo por indicar otro ejemplo- la aprobación de un marco legal para el fomento de las startups. Por eso, lo he dicho muchas veces en la tribuna, cuando he
tenido que debatir y fijar el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario al respecto, nos apena que, compartiendo el objetivo y habiendo abordado el Gobierno esas reformas económicas en ámbitos donde realmente era necesario, la gran mayoría de
ellas al final hayan pecado de falta de ambición. Lamentamos que España pierda otra vez el tren de las reformas y se quede atrás en ganar competitividad. Podría entrar en los motivos de esa falta de ambición, pero no tengo tiempo; usted los sabe
perfectamente. Quiero preguntarle, por ejemplo, ¿cree que la reforma de la Ley Concursal y la aprobación de la ley crea y crece van a ser realmente transformadoras en nuestra economía? ¿Va el Gobierno a garantizar la unidad de mercado en España y
permitir que las empresas se aprovechen de economías de escala para ser más productivas?


Finalmente, le quiero preguntar sobre los fondos europeos. El lunes, el gobernador del Banco de España confirmó algo de lo que todo el mundo iba percatándose: el potencial transformador y de impulso al crecimiento de los fondos europeos va
a ser mucho menor del esperado. Ha sido una verdadera decepción que en el enfoque que el Gobierno ha dado al uso de estos fondos haya quedado demasiado claro lo que iba a pasar. Nosotros llevábamos dos años advirtiendo que ese dinero no se iba a
invertir, que se iba a gastar, y hoy sabemos que esas sensaciones eran correctas. El uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tanto en los presupuestos del año pasado -los hoy vigentes- como en estos que estamos debatiendo
para 2023, va a tapar agujeros de gastos corrientes en lugar de aprovecharlos para abordar reformas de calado e inversiones que no haríamos de otra forma, y ya no es que sea una oportunidad perdida, sino que roza la irresponsabilidad. ¿Qué va a
pasar con todo el nuevo gasto corriente, que ahora se imputa a los fondos europeos cuando estos se acaben? ¿Tienen todos los programas imputados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fecha de caducidad? Porque los

Página 53

bonos de conectividad a las pymes, las mejoras de las infraestructuras digitales, la modernización de la Administración General del Estado, incluso las políticas de inclusión vinculadas al ingreso mínimo vital dependen del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. Yo quiero pensar que todos estos programas tienen una vocación estructural, y en este caso nos enfrentamos a un serio problema de ajuste de las cuentas públicas.


Por último -si la presidenta me deja- ha hablado usted de un gran pacto de rentas, ha detallado usted las medidas, exige a empresarios y asalariados que lo alcancen, que se pongan de acuerdo y, sin embargo, no he oído nada de que el Estado
tenga que sumarse a ese gran pacto de rentas, como ha hecho el Gobierno socialdemócrata de Portugal, entrando también en ese gran pacto, evitando que pensiones y sueldo de funcionarios se revaloricen completamente al IPC.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra la señora Nogueras.


La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, secretario.


Disculpen si tal vez rompo un poco la dinámica de las comparecencias, pero escuchándole hoy a usted y también a los secretarios que han estado aquí antes, me pregunto cómo podemos estar hablando de los presupuestos de 2023 si aún no se han
ejecutado los de 2021 y los de 2022, al menos en Cataluña. En los presupuestos de 2021, las inversiones se han ejecutado solo en el 35 %, y los últimos datos que nos han llegado esta semana nos confirman que los de 2022 solo se han ejecutado en un
16 %. Por lo tanto, a mí me parece raro preguntarle sobre unos presupuestos, los de 2023, cuando aún no han pagado los de 2022 ni los del 2021. De hecho, tenemos centenares de páginas con preguntas y datos y voy a intentar resumirlos, pero me
inquieta que hagamos ver que esto no está pasando.


También quería preguntarle si vale la pena que presentemos enmiendas potentes, porque en los últimos presupuestos aprobamos todos los grupos parlamentarios, excepto PSOE y Podemos, una enmienda para un fondo COVID extraordinario de 9000
millones de euros, de los cuales 1600 eran para Cataluña, y prácticamente el mismo día que se aprobó el Gobierno anunció que nunca pagaría estos millones de fondos, que hubieran ido bastante bien. Por lo tanto, ustedes hablan de la solidez y a mí
me parece que no va muy en serio todo esto, que es poco sólido y que, de hecho, en algunos aspectos parece hasta irresponsable.


Se habla poco de las previsiones que ustedes hacen, porque a finales de 2020 nos hicieron una previsión de crecimiento para 2021 de 9,8 % y al final fue de 5,5; a finales de 2021, hicieron una previsión de crecimiento del 7 %, y es del 4,4
-creo que hoy usted lo ha dicho-, y ahora nos hacen una previsión del 2,1 %, y los expertos más optimistas nos hablan de un de un 1,2. Su discurso -de hecho, el suyo y, a nivel político, el del Partido Socialista, de los de Podemos y de los Comuns-
es optimista, utilizan mucho la palabra transformación, pero, mirando los números, a mí me parece que estamos ante un modelo económico muy recaudatorio y muy subsidiario. De hecho, me preocupa que no se esté transformando prácticamente nada y me
preocupa que se esté dando la espalda a las pequeñas y medianas empresas, que al final son aquellas que generan riqueza, ocupación y progreso. En Cataluña las pequeñas y medianas empresas representan el 99,8 % del tejido empresarial, y creo que no
es una noticia nueva para usted si le digo que se sienten abandonadas y que no se las está ayudando, y a las pocas ayudas que se han puesto a disposición de autónomos, por ejemplo, ha sido muy complicado acceder; ni el 30 % han podido acceder a
ellas. Usted mismo ahora hablaba de que son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que sufren más los efectos de la crisis y a mí me cuesta encontrar alguna ayuda real a la pequeña y la mediana empresa. De hecho, entendiendo que es la
compensación del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica, ¿ahora tocaba pagar los 1360 millones de euros de compensación a las eléctricas, cuando van a cerrar miles de empresas porque no pueden pagar la factura eléctrica?


También hablaba de flexibilidad. Le recordaba antes que ha sido muy complicado para muchos autónomos poder acceder a las ayudas. Por lo tanto a mí me parece muy monolítico todo y poco flexible, viendo los resultados. Medidas... Es que no
me gusta hablar de medidas porque a mí me parece que lo que han ido haciendo ha sido poner parches.


Voy terminando. Antes la diputada socialista ha sacado el debate -que me parece que lo hacen siempre que se les acaban los argumentos- izquierda-derecha: porque las derechas..., porque las derechas..., porque las izquierdas..., porque las
izquierdas... No sé si el Partido Socialista se considera de izquierdas o de derechas, pero a mí no me parece muy de izquierdas que no se ejecuten los

Página 54

presupuestos en Cataluña. Tampoco me parece muy de izquierdas que no se aproveche el capital económico que llega de Europa, los fondos europeos. Un dato muy preocupante es que no ha pasado solo con los Next Generation, sino que desde 2014
la absorción que ha hecho el Estado español es del 53 %, y esto quiere decir que es el último de la cola en absorción. Otros países que económicamente no están bien -como le ocurre al Estado español- sí que están aprovechando en un 70 y un 80 % los
fondos europeos. Insisto, no solo los Next Generation, estamos hablando de los fondos europeos desde 2014. Tampoco sé si es muy de izquierdas, en estos momentos de crisis absoluta, compensar a las eléctricas. Tampoco considero muy de izquierdas
el 155 y no cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Iba a terminar con el tema de las infracciones que llegan por los procedimientos de trasposición de las directivas europeas -que hay decenas-, pero lo dejo solo en la pregunta. Me gustaría saber qué recursos se prevé destinar en estos
presupuestos a la trasposición de directivas de la Unión Europea cuyo plazo de trasposición ha expirado.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Guijarro.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señor García Andrés. Bienvenido a la Comisión de Presupuestos.


Hemos empezado este trámite parlamentario con la presencia en esta Cámara de la tecnoestructura por antonomasia, diría yo así, utilizando el término de Galbraith, es decir, el gobernador del Banco de España y, esta mañana, la presidenta de
la AIReF. A mí, francamente, me ha parecido que ambos personajes han hecho un esfuerzo claro por matizar, por corregir, por entender que la situación es compleja, que es variante, que hay mucha incertidumbre, es decir, se han esmerado en elegir
adjetivos, en matizar y rematizar determinadas cuestiones. Pues bien, no ha servido de nada. Le tengo que decir, señor secretario de Estado, que no ha servido de nada porque la oposición, que está presente en esta Cámara, ha decidido hacer una
lectura completamente parcial, castrada ideológicamente, según la cual todo lo que es cal va a la basura y todo lo que es arena me lo quedo para mí. Entonces, aparentemente, la tecnoestructura -según ellos- habría venido a decir que España se va al
abismo. Esto es lo que estos portavoces han entendido. Creo, señor secretario de Estado, que tiene usted que hacer un esfuerzo muy grande porque, como verá usted, el velo ideológico que campa por esta Cámara no es velo, sino que es traje de cuero,
así, bien grueso, bien grueso.


Entro ya en algunos de los temas que usted ha mencionado. El pacto de rentas -en esto insisto mucho- no se trata de un pacto a la vieja usanza o entendido como partes que se reúnen y pactan. Yo creo que todos tenemos claro que se trata de
un pacto que fomenta y promueve el Gobierno de la nación en los roles que le corresponden. Digo todo esto porque si tenemos que esperar a un pacto con el señor Garamendi, estando donde está ahora mismo, que el hombre parece que se ha echado al
monte... Es muy difícil irse al monte a recoger al jefe de los patronos para sentarle en una mesa y que tenga que acordar. Entonces, habrá que imponerle el acuerdo, insisto, habrá que imponerle el acuerdo, igual que -siempre digo esto- el Gobierno
británico del año 1945 impuso el pacto socialdemócrata a partir de un ejercicio de gobierno donde no se pactó nada con nadie, pactó el Gobierno con la ciudadanía que le votó. Ese fue el pacto que dio lugar, como digo, al nacimiento del Estado de
bienestar, y desde mi grupo parlamentario seguimos pidiendo que se revisite o que de alguna forma se busquen escenarios como los que ya se vivieron hace casi setenta años.


Respecto al efecto motor de los fondos europeos, esta es una de las cuestiones, señor García Andrés, que más hemos discutido aquí, y precisamente por lo evidente, no hace falta ni que lo explique. Decía yo en algunas otras intervenciones
que me había sorprendido que el gobernador del Banco de España ayer calculara muy a la baja el efecto que tuvieron los fondos europeos en el año 2021. Él decía que en un primer momento se habían estimado en cien puntos básicos, y en los últimos
estudios recientes, a partir de los efectos en el año 2021, se quedaban en veinte, es decir, una pérdida del 80 % sobre el efecto que tendrían que haber tenido. Esto me preocupa, y querría preguntarle cómo espera usted que se dé el impacto en el
PIB de estos fondos europeos.


También le pido, si puede ser, una cierta valoración más cualitativa, más de olfato, es decir, no tanto numérica. Me gustaría que usted, ya que es secretario de Estado de fomento y apoyo a la empresa, me dijera si siente que efectivamente
ese dinero de los fondos europeos está regando el ecosistema de

Página 55

pequeñas y medianas empresas en España, porque es verdad que está habiendo problemas. Sabíamos que los flujos no iban a ser un chorro abierto sin más, sino que los propios procedimientos siempre están sujetos a determinadas cuestiones, y
por eso le pido un poco esa valoración más cualitativa, más del día a día.


Por ir terminando, usted ha iniciado su intervención insistiendo mucho en los efectos y en la importancia que tiene ahora mismo la inversión, la formación bruta de capital fijo en nuestro país, precisamente de cara a esa transformación
productiva. Es un entusiasmo que compartimos, pero sí le digo que me preocupa especialmente, respecto a este capítulo, señor García Andrés, el escenario de subida de tipos que nos estamos encontrando y que nos vamos a encontrar en un futuro más o
menos inmediato. Digo todo esto porque asumo que una subida de tipos, si continuamos por esa senda, va a lastrar la inversión y, por lo tanto, vamos a tener un serio problema para seguir en el camino de la transformación productiva de la que tanto
hablamos, por no hablar de las posibilidades de que acabemos todos en una recesión, lo cual, como digo, sería una auténtica tragedia.


Ya para terminar, tenemos que hablar de presupuestos, pero sobre todo me interesan las iniciativas legislativas que se han fomentado y se están fomentando en estos últimos meses desde su secretaría de Estado, unas iniciativas que para mi
grupo parlamentario van a ser claves para esa transformación que estamos esperando. Saco de aquí startups, puesto que esto pertenece a otra secretaría de Estado, pero quería preguntarle por concursal y crea y crece. ¿Qué tipo de dotaciones
presupuestarias tienen para asegurar un cumplimiento cabal el próximo año?


Finalmente, está todavía en fase de anteproyecto el proyecto de ley de la autoridad independiente de defensa del cliente financiero, que sabe que es un tema que nos preocupa especialmente. Yo confío, supongo que igual que lo hace usted, en
que podamos sacar a BOE esta iniciativa no sé si a comienzos del próximo año, pero no demasiado tarde y, por lo tanto, quería preguntarle qué tipo de dotación presupuestaria hay para esta iniciativa y cómo espera usted implementarla en el próximo
año.


Por lo demás, gracias por sus respuestas y por la generosidad de la presidenta también.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo VOX, va a intervenir el señor González Coello de Portugal. Adelante.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias, señora presidente.


Gracias al secretario de Estado por estar hoy con nosotros. Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la verdad es que me sorprende el tono utilizado por usted en la presentación, grandilocuente, yo creo que de celebración.
Creo que no ha podido ver la intervención del gobernador del Banco de España de ayer y, obviamente, no ha visto la intervención de la presidenta de la AIReF de esta mañana, en la que ha hecho una enmienda a la totalidad a sus presupuestos. Usted ha
explicado que es el punto nuclear donde se crea el cuadro macroeconómico, pero lo que nos ha quedado claro es que si a los militares se les presupone el valor, a usted no hace falta presuponerle la resiliencia; es usted una persona resiliente,
porque nunca he visto un cuadro macroeconómico que hayan tumbado tan rápido y desde tantos sitios. Ha venido y nos ha dado unas cifras -no sé si son producto de la alucinación o si me he tomado algo en el agua y no me he enterado- de unos
presupuestos zombis que sigue defendiendo, y me deja perplejo.


Luego ha hablado de los éxitos, supuestamente, de su gestión. Ha incidido varias veces en el incremento del gas. Ha dicho que el gas ha subido diez veces y que Europa ha reducido las compras de gas a Rusia drásticamente. Bueno, pues el
Gobierno de España ha multiplicado por cuatro esas compras, es algo curiosísimo, y cuando teníamos el gas a las puertas de casa, en Argelia, nos peleamos con los argelinos. Por lo tanto, no sé qué quiere usted celebrar. Ha dicho que la culpa es de
la inflación. Mire, la guerra de Ucrania, como usted sabe, empieza el 24 de febrero. En el mes de febrero la inflación alcanzó el 7,4 %. Yo creo que en cuatro días no se disparó la inflación, cuando la del mes de enero ya estaba en el 6,1 %.
Suiza tiene una inflación del 3,5 %, sufre la guerra de Ucrania como la podemos estar sufriendo nosotros; a lo mejor es el factor Franco, que ellos no tienen a Franco ahí metido. No lo sé. No entiendo su tono de exposición, y lo he visto en algún
otro portavoz, cuando la situación es profundamente preocupante.


La presidenta de la AIReF ha dicho que no saben de dónde salen 1200 millones de euros. A lo mejor usted nos puede clarificar dónde están esos 1200 millones de euros. Estos presupuestos son probablemente ilegales, en cuanto que atentan
contra el artículo 134 de la Constitución, en sus apartados primero y segundo, y probablemente contra el 135, en el apartado 1, puesto que lo que está claro -y quedó

Página 56

demostrado con su cuadro macroeconómico y con el plan B que han mandado a ustedes Europa- es que sus escenarios de ingresos y gastos no son los reales y ustedes lo saben y, por lo tanto, están deteriorando aun más la labor de esta Comisión y
la labor que tenemos nosotros de control del Gobierno. Además, son ilegítimos, puesto que el cuadro macroeconómico sobre el que se sustentan es una falacia.


A mí me sorprende que celebre los datos económicos. Un 91 % más de insolvencias empresariales en el mes de septiembre del año 2022 que en el año 2021; no sé qué hay que celebrar ahí. En el segundo trimestre del año 2022 se han creado 86
000 empleos menos que los creados en el mismo período de 2018, cuando ustedes llegaron al poder; la caída del paro en el segundo trimestre es también inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2018, cuando ustedes llegaron al poder; la
tasa de actividad prácticamente es la misma, y -dato muy importante que usted ha mencionado- el empleo ha crecido, cierto, pero por debajo de lo que lo ha hecho el PIB en términos relativos, que nadie se equivoque con los absolutos. Todos los
indicadores relevantes del mercado de trabajo muestran un peor comportamiento que los anotados al salir de la recesión en 2014 y al llegar ustedes al Gobierno, y si hiciésemos la comparación con el segundo trimestre de 2021, repetiríamos lo mismo.


Ya que usted apoya a la empresa, la destrucción de más de cien mil empresas desde que ustedes llegaron al Gobierno hasta agosto del año 2022 quiere decir que esa parte de su secretaría de Estado no lo está haciendo bien. Este es un dato
matemático. Si hay cien mil empresas menos, está claro que no las han apoyado, puesto que han desaparecido, junto con la destrucción del tejido productivo, del conocimiento y de la riqueza que había en ellas. Tal vez si en vez de dedicarle 10 371
millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o 5399 al de Derechos Sociales y Agenda 2030 o si no multiplicáramos por cuatro el número de asesores que tiene el presidente Sánchez en la Moncloa versus los que tenía Rajoy
en su último Gobierno, con un presupuesto de Presidencia superior a los 300 millones, algo inédito en la democracia, podría irle mejor a las empresas españolas.


Lo que me queda claro es que el principal problema de la economía española no es económico, sino político. La coalición gubernamental es el núcleo del problema. Estos presupuestos son el último canto del cisne de la política colectivista
puesta al servicio de un modelo socioeconómico insostenible. Si el PP de Rajoy fue, en términos técnicos, el último Gobierno socialdemócrata en el sentido clásico del término, el que ustedes representan muestra el fracaso estrepitoso del único
Gobierno socialista y comunista que existe en Occidente.


Le quiero hacer cuatro preguntas. ¿Qué opinión tiene del funcionamiento del INE y de sus cambios de criterio respecto a la estimación del PIB? ¿Qué le ha parecido la salida de don Mariano Bacigalupo del Consejo de la CNMC para incorporarse
a la CNMV? ¿Con qué grado de ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se va a cerrar el año 2022 y cuánto se ha ejecutado hasta la fecha? Esta es otra de sus responsabilidades y, por los datos que teníamos a
fecha de junio, peor no se podía hacer, como ha mencionado otra portavoz. Por último, ¿cuándo van a hacer la primera revisión oficial del PIB en su secretaría?


Nada más, muchas gracias y, ¡hala!, ánimo. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Popular, tiene usted la palabra.


El señor CASTELLÓN RUBIO: Muchas gracias, presidenta. Señor secretario de Estado, bienvenido.


Otros años les pedíamos a ustedes que fuesen rigurosos, pero este año, y más después de escucharle el tono triunfalista con el que usted se ha dirigido a esta Comisión esta mañana, hay que rogarles que no sean tan burdos. Es que si alguien
tenía alguna duda de que los presupuestos generales del Estado de 2023 eran las cuentas del Gran Capitán, entre ayer y esta mañana esas dudas han quedado despejadas por los dos únicos organismos independientes que Pedro Sánchez aún no ha manoseado,
pues tanto AIReF como Banco de España han vapuleado los presupuestos generales del Estado con una enmienda a la totalidad.


Todas las semanas escuchamos a la vicepresidenta Calviño hablar de la fortaleza de la economía española y usted utiliza hoy los términos solidez y resiliente, para que no faltasen. Como dijo hace dos semanas la vicepresidenta, la economía
española está aguantando bien. Yo no sé si es que ustedes no salen a la calle, pero lo cierto es que se ha confirmado -ustedes ya lo han reconocido- que hasta el año 2024, y solo si se ejecutan los fondos de recuperación, no alcanzaremos el
crecimiento precrisis, ese que otros países alcanzaron ya el año pasado. No es de extrañar, cuando hasta sus propios actos desacreditan sus optimistas afirmaciones. En abril, cuando ustedes enviaron la actualización del programa

Página 57

de estabilidad, previeron un crecimiento para 2023 del 3,5 % y ahora lo han reducido un 40 %. Por tanto, ¿tanto optimismo? Reducen hasta un 2,1 el crecimiento, a pesar de que las expectativas sobre ese crecimiento han sido rebajadas por
todos los organismos independientes: la Airef cree que vamos a crecer un 29 % menos; el Banco de España, un 33 %; BBVA, más de la mitad, y esta mañana Funcas ha dicho que vamos a crecer un 60 % menos, hasta el 0,7, el año que viene, y habla, como
se ha dicho aquí, de recesión técnica.


Por eso, ya nadie puede creer a este Gobierno, porque ustedes, como el año pasado, pero este año de manera más burda, como decía, primero han fijado el gasto para, posteriormente, en el ministerio en el que usted es alto cargo cuadrar y dar
cobertura vía presupuestos. Como se decía por parte de la AIReF, es un presupuesto con deficiencia en calidad informativa, que es la manera sutil de decir que es un presupuesto poco transparente porque es falso. Es falso porque, además, contiene
unas previsiones que luego van a tener que rectificar, pero que de partida ya invalidan las cuentas para 2023. Y es falso porque, además, en ese afán de mentir ustedes hasta han infraestimado los ingresos. ¿Con qué objetivo? Con el de disponer de
mayor margen para que Sánchez saque conejos de la chistera, cuando ni siquiera las encuestas del CIS lo sostengan. Por no hablar de los gastos, de los que la AIReF esta mañana ha dicho que o bien no recogen las medidas anunciadas por Sánchez una
semana después de la formulación de los presupuestos o bien convierten en estructurales los gastos derivados de la recaudación adicional como consecuencia de la inflación. En mi opinión, señor secretario Estado, creo que es una grave
irresponsabilidad.


Tenían la posibilidad de hacer un presupuesto para salvar a las economías familiares, sin embargo ustedes han decidido que hay que hacer un presupuesto para que Sánchez haga campaña electoral sufragada con los impuestos de los españoles,
porque estas son unas cuentas que solo le valen a Pedro Sánchez y que, además, dejan a mucha gente atrás. Se olvidan de diez millones de personas con ingresos inferiores a 14 000 euros a las cuales no les deflactan el IVA. Se olvidan de la clase
media, pues les suben 8000 millones de impuestos en IRPF y, además, esperan recaudar de la clase media 2000 millones más en IVA. Y, lo que más grave, estos presupuestos consolidan una pérdida de poder adquisitivo de más de un 20 % para las
familias. De eso usted hoy no nos ha dicho nada. Fíjese si es así que, con la previsión de crecimiento y teniendo en cuenta que estos presupuestos apenas contemplan generación de empleo, la previsión de ingresos solo se va a poder cumplir si
mantenemos en alta tasa la inflación y si, además, no se prorrogan las medidas fiscales en vigor para contener el precio del gas y de la electricidad. Por lo que ya, sin paños calientes, ustedes confían la ejecución de estos presupuestos a la
inflación y a seguir recaudando a costa del empobrecimiento de los hogares. Por cierto, usted dijo aquí el año pasado que iba a ser una inflación transitoria. No es nada nuevo, porque la señora Calviño hasta antes de ayer ha venido diciendo que,
claro, transitoria va a ser porque algún día se tendrá que terminar.


Para los presupuestos generales del Estado, el Ministerio de Economía tiene dos grandes responsabilidades: la elaboración de las previsiones macro, a las que usted se ha referido, y la coordinación de los fondos europeos. De la segunda
solamente voy a decirle una cosa, porque ustedes confían toda la recuperación a los mismos. En septiembre, en el Ministerio de Economía las obligaciones reconocidas netas son de un 44 % y los pagos realizados un 5,25 %. Y, respecto al cuadro
macro, quiero decirle que son de una inconsistencia pasmosa. Con un incremento de la presión de los costes empresariales sobre los márgenes y donde la inflación ya se ha extendido a las cadenas de valor, no se puede decir que la aportación de
formación bruta de capital al PIB va a pasar de 6,5 a 9,5 %. Eso es una temeridad y una falsedad. Igual que, cuando se incrementan los concursos de acreedores y se están disparando las disoluciones empresariales, aparte del encarecimiento del
crédito, ustedes dicen que la aportación de la inversión en construcción se va a incrementar un 120 %, del 3,8 al 9,5. Por no decir -voy terminando, señora presidenta; gracias por su generosidad- que todas las variables subyacentes están
absolutamente sesgadas, algo que ya hicieron el año pasado, solo que este año retuercen lo que ya torcieron en 2021, en un escenario además en el que, bajo nuestro punto de vista, contemplan ustedes algunos riesgos, pero no todos los que incluyen
las previsiones del Banco de España y la AIReF. Por eso, el crecimiento no se sostiene y, por eso, estos presupuestos no se sostienen y son falsos.


Permítame que le diga que, además de unas cuentas electoralistas, ustedes nos han traído unos presupuestos que no van a ser útiles, ni para los españoles ni para las familias ni para las empresas, aunque tampoco le van a servir a Pedro
Sánchez para ganar ningunas elecciones.


Muchas gracias. (Aplausos).

Página 58

La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedro Casares.


El señor CASARES HONTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, también, señor secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, así como al conjunto del Ministerio de Asuntos Económicos -se lo he dicho más veces- por la
extraordinaria respuesta de política económica del Gobierno durante estos años ante la difícil coyuntura social que hemos tenido que atravesar.


Me permitirá que antes de hacer alguna reflexión sobre la política económica, el cuadro macroeconómico y los presupuestos no deje de contestar dos cosas al resto de partidos políticos, especialmente a VOX y al Partido Popular. Señorías de
VOX, toda la crítica política que quieran hacer es bienvenida, llevan haciéndolo siempre en esta Comisión, pero aunque busquen titulares hay afirmaciones que no se pueden dejar pasar. Estos presupuestos, señorías, ni son ilegítimos ni son ilegales,
son los presupuestos que el Gobierno, como competencia constitucional, presenta ante el Congreso de los Diputados y será esta Cámara, señorías de VOX, la que decida si finalmente se aprueban, como esperemos que así sea por el bien del conjunto de
los españoles y de las españolas. Son unas cuentas, señorías de VOX -creo que no les gusta escuchar esto y solo se quedan con algunos de los matices-, que han sido avaladas por la AIReF y también el propio gobernador del Banco de España ha dicho
que son creíbles tanto los ingresos como los gastos, incluso cree que puedan mejorar algunas de las previsiones del propio Gobierno, como el déficit y la deuda.


Señorías del Partido Popular, les digo lo mismo que a VOX, y es que hagan toda la crítica política que quieran, pero, desde luego, no es a la que nos tienen acostumbrados. Por ejemplo, dicen que este Gobierno no cuenta con el respaldo de la
AIReF porque es la última institución que no hemos manoseado. Yo no sé si ustedes están acostumbrados a manosear o no las instituciones, pero, desde luego, este Gobierno de España no. Por cierto, le diré, por si no lo recuerda, que ha sido este
Gobierno, el mismo Gobierno, el que ha propuesto a la presidenta de la AIReF, avalado también por esta Cámara. A eso llaman manosear las instituciones del Estado. Tampoco es necesario recurrir a la mentira cuando se dice que estos presupuestos
suben masivamente los impuestos a la gente. Yo no sé qué presupuestos se han leído ustedes, porque estos presupuestos, señorías del Partido Popular, son los que bajan, por ejemplo, el IRPF a la mitad de los españoles y las españolas, los que bajan
las aportaciones de los autónomos y los que bajan también el impuesto sobre sociedades a las pequeñas y medianas empresas. Eso sí, estos sí son los presupuestos que suben las aportaciones a las grandes corporaciones financieras y energéticas, que
sé que son a las que ustedes defienden.


Pero, señorías del Partido Popular y de VOX, hay muchas otras cuestiones que el secretario de Estado hoy ha abordado y que creo que tenemos también que tratar. Creo que es de agradecer -se lo decía al principio al secretario de Estado- la
política económica que este Gobierno ha hecho. Ha sido una política económica expansiva durante la pandemia y el volcán y también para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Nos ha permitido salvar miles de empleos, de empresas
y también hacer frente a las duras consecuencias que hemos vivido y que todavía padecemos. Es una política económica exitosa, coordinada, por cierto, con la Unión Europea, que nos ha permitido recuperar todo el empleo perdido durante la crisis y
tener hoy, por ejemplo, más afiliados a la Seguridad Social que nunca en nuestra historia. Es una política económica que, a diferencia de la que aplicó el Partido Popular en la anterior crisis, nos ha permitido que esta crisis sea mucho más breve y
la recuperación mucho más rápida. Es una política económica también la de este Gobierno que ha permitido reducir la inflación en el mes de septiembre en más de 1,5 % o controlar los precios de la energía, gracias a la excepción ibérica que hemos
impulsado en Europa. Es una política económica que está liderando, sí, también, las mayores transformaciones estructurales de nuestro país, con la reforma laboral, la reforma educativa, la ley de formación profesional, la ley de telecomunicaciones
o la ley del cambio climático, o la revolución del clima de negocios, con la Ley Concursal, la ley crea y crece o la ley de startups, que nos permitirán crecer más en el futuro y ser más resilientes también a lo que acontezca. Nos permitirá
también, señorías, avanzar en un mayor bienestar de nuestra ciudadanía junto a muchas de las políticas que hemos desplegado, como la creación del ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las
pensiones conforme al IPC, que tanto molesta a algunos partidos, como al de Ciudadanos. Y todo con inversiones sin precedentes, como las que contemplan los fondos europeos o estos presupuestos generales del Estado, que son los de mayor inversión
social de nuestra historia, con la mayor partida de becas de la democracia, con políticas sin precedentes para la

Página 59

juventud o partidas para la ciencia, la innovación, la transformación digital, las infraestructuras o la transición ecológica.


Son unos presupuestos que apoyan a las familias, que lo van a seguir haciendo en 2023, con medidas como la gratuidad del transporte ferroviario, y también apoyan a todo nuestro tejido productivo y, especialmente, a las pequeñas y medianas
empresas. Son unos presupuestos que, a su vez, realizan las mayores transferencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos para avanzar en una mejor financiación, y todo ello, sí, con responsabilidad fiscal, reduciendo el déficit público y la
deuda pública. Son unos presupuestos, por tanto, fundamentales -termino, señorías- para apoyar la actividad económica, el empleo, a las clases medias y trabajadoras y para reforzar nuestro sistema y Estado del bienestar. Todo esto en un contexto
de incertidumbre. Llevamos muchísimo tiempo trabajando esa incertidumbre y, por eso, es más importante nuestra posición y acertar en las políticas, no volverse a equivocar, como hizo el Partido Popular en el pasado. Es tiempo de sumar, de que
entre todos y todas aprobemos estos presupuestos generales del Estado y, por supuesto, de contribuir a mejorarlos en el trámite parlamentario.


Muchas gracias, señor secretario de Estado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Paso la palabra al secretario de Estado para que pueda contestar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA (García Andrés): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones.


Ya saben que cuando intervengo aquí -ya he intervenido alguna vez- utilizo siempre los datos. Dentro de mi trabajo el optimismo o el pesimismo no forman parte de los ingredientes con los que trabajo. Tengo que trabajar con los datos, y con
ellos he hecho la exposición. Les he descrito cuál es la situación, que vuelve a ser una situación muy compleja, pero les he descrito también algo que, aparentemente, no encajan bien y que a todos nos debería congratular, que es el muy buen
comportamiento de la economía española en este entorno tan complicado.


Respecto a las previsiones que han comentado varias de sus señorías, les diré, primero, que en un entorno de esta incertidumbre es muy normal que exista dispersión entre las previsiones. Por otra parte, no les oigo mencionar que todo el
mundo ha revisado al alza la previsión para 2022, y es justo en este 2022 cuando la economía española ha sufrido la parte más intensa de ese shock de oferta que les he comentado. Ha sido el golpe más duro -les he detallado la intensidad de ese
golpe-, y lo hemos sufrido en 2022; y aun así vamos a crecer el 4,4 o el 4,5. Por otra parte, de cara al crecimiento para el año 2023, claramente tenemos incertidumbre. Los datos del tercer trimestre, cuyo avance conoceremos la semana que viene,
muestran que el empleo ha crecido y que la actividad se ha moderado -eso creo que está clarísimo-, que va a avanzar de manera más moderada. Pero en nuestro análisis pesa mucho ese comportamiento del empleo y también la ejecución del plan de
recuperación. Quizá en otras de las previsiones es un elemento más limitado.


Además, me llama la atención cómo se aferran a otras previsiones, que les parece el elemento fundamental, porque no entran a explicar cuál es su planteamiento respecto a otros. Las previsiones y el cuadro macroeconómico son una base para
elaborar la previsión de ingresos, pero la ejecutoria de este Gobierno, en unas condiciones económicas extraordinariamente difíciles, lo que prueba es que los objetivos fiscales se han cumplido. El año pasado, señorías, el déficit cayó 3,3 puntos,
más de un 1,3 puntos de mejora respecto al objetivo fiscal que teníamos comprometido y, como les he dicho, en este año tan complejo el déficit sigue reduciéndose. Me llaman la atención las referencias a lo que ha comentado la AIReF. Es curioso que
se critique que un Gobierno sea extremadamente prudente en la elaboración de la previsión de ingresos, porque la prudencia en la previsión de ingresos en un entorno de incertidumbre forma parte de lo que es una buena política fiscal y presupuestaria
y la que luego nos da el margen para adaptarse a cambios que se produzcan en la situación. Sobre este punto lo que me gustaría destacar es que todas las previsiones que se han mencionado, las públicas y las privadas, todas, coinciden en que el año
que viene va a seguir creciendo el PIB y el empleo en España, en que se va a reducir el déficit y se van a cumplir los objetivos fiscales y en que, además, vamos a ser de los países desarrollados que más crezcan. Estas tres cosas. Con lo cual,
creo que, más allá de las discrepancias que puedan existir entre los ejercicios de previsión, los datos y el análisis, en un entorno muy incierto, en el que, como sabemos, en particular por los precios de la energía, las cosas pueden cambiar,
confirman ese análisis que les he de señalado.

Página 60

Han mencionado varios de ustedes el plan de recuperación y el uso de los fondos. En el Ministerio de Economía desde hace meses llevamos haciendo un trabajo de seguimiento del impacto económico del plan en tiempo real, con datos directamente
obtenidos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la base de datos de licitaciones, que lo que hace es seguir las convocatorias que publican el Estado, sus organismos dependientes y organismos autónomos, las comunidades autónomas y las
corporaciones locales para hacer ese seguimiento del impacto económico del plan. Pues bien, el análisis que hemos realizado indica que ya en los años 2021 y 2022 hay un canal importante de efecto económico del plan de recuperación, que son las
expectativas, y que afecta a la inversión. Repasando hacia atrás cualquier salida de la economía española de una crisis profunda, como fue la de la pandemia, no hay precedentes de una recuperación tan rápida de la inversión, y esto es porque el
plan supone un elemento de certidumbre, de aseguramiento, de confianza para los empresarios, que son los que invierten. Porque aquí estamos hablando de la inversión pública, pero la inversión en bienes de equipo y en propiedad intelectual de la
contabilidad nacional son decisiones que toman las empresas, y esas decisiones ya reflejan el impacto del plan desde el año pasado. No está la diputada de Junts, que habla de los fondos y de si es de izquierdas o de derechas, pero la respuesta
europea a esta crisis creo que es un gran logro colectivo para Europa, en un momento muy difícil para la Unión Europea por la amenaza que tenemos a la seguridad y a nuestro modo de vida, y esa respuesta en gran medida es por políticas
socialdemócratas como las que ha defendido este Gobierno de coalición. Creo que tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera han sido fundamentales en alumbrar ese plan de recuperación, que es ahora nuestra mejor defensa frente a
la situación en la que nos ha puesto el Gobierno de Rusia. Por lo tanto, creo que es justo reconocer ese impulso, ese valor, esa trascendencia que tiene no para este Gobierno, sino para este país y para Europa el plan de recuperación.


En esa estimación que estamos haciendo no está solo el efecto de las expectativas, sino directamente el efecto de la ejecución de inversiones. Esos datos -no las expectativas, sino los datos- indican que estamos en niveles de convocatorias
de más de 2000 millones de euros al mes, señorías, y este ritmo se está incrementando. Por tanto, este año y el año que viene esa inversión pública y privada, ese apoyo a la inversión privada en las empresas, va a ser un impulso fundamental para el
crecimiento del PIB, de ahí nuestra previsión de crecimiento de casi el 7 % para la inversión. Pero el impacto del plan no se agota ahí, como les decía, porque ustedes han sido protagonistas de ese impulso de reforma estructural. Ya sé que hay
quienes no votaron una reforma acordada con los sindicatos y con los representantes de los empresarios, que ha empezado a hacer que la precariedad en este país empiece a retroceder, y lo haga muy rápido, señor Castellón. Ya sé que es difícil
alegrarse. No se alegran. Se equivocaron al no apoyar una reforma de ese calado, que está teniendo impacto, que está dando empleo a jóvenes que han ido encadenando contratos precarios y que hoy tienen un contrato indefinido. Ahora es difícil
reconocerlo, pero creo que a todos nos debería alegrar. Y esas reformas en el mercado de trabajo van a suponer un impacto para el PIB que va a ser duradero. En conjunto, estimamos que ese efecto va a ser de media de 2,6 puntos de aumento en el
nivel del PIB entre 2021 y 2031. Ese aumento, que no es en la tasa de crecimiento, ya será de 1,9 puntos en este año 2022 y subirá por encima del 2 % el año que viene y el siguiente, constituyendo, como les decía, un elemento fundamental de apoyo
al crecimiento económico.


Además, me han preguntado varias de sus señorías por las reformas estructurales, las que hemos trabajado de manera conjunta. Como les vengo diciendo, creo que ese es uno de los elementos fundamentales, uno de los ingredientes que permite
dar al plan de recuperación ese impulso de transformación. De nuevo me preguntaba la diputada de Junts por la transformación. Es que llevamos años de crecimiento, de evolución y de cambio acelerado en la economía, y de lo que se trata es de darle
un impulso. Pues bien, esas reformas -me preguntaba la señora Muñoz por ellas- creo que, efectivamente, van a ser transformadoras. Y es verdad que quizá no sean las reformas ideales, de libro de texto o de propuesta de think tank, pero yo creo que
son reformas prácticas, reformas que van a mejorar el funcionamiento del marco en que operan las empresas.


En el caso de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, señor Guijarro, con nuestros recursos dentro de la secretaría de Estado y el resto de ministerios vamos a hacer el desarrollo de esta ley, al igual que vamos a aprobar el
anteproyecto de ley de la autoridad de defensa del cliente financiero. No vamos a tener una partida presupuestaria para reforzarlo, pero no se preocupe, porque seguiremos trabajando para aprovechar al máximo todo el potencial de esas reformas,
clima de negocios y el potencial de mejora para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Yo creo que el caso de la reforma concursal

Página 61

es otro ejemplo muy claro. Es una reforma complicada y hay que seguir trabajando en su aplicación, pero es fundamental para un entorno de cambio y un entorno claramente de reestructuración.


Respecto al pacto de rentas que han mencionado también varios de ustedes, señor Guijarro, no creo que haya que imponer el pacto, me parece que es fundamental en el marco actual y, sinceramente, de nuevo confío mucho en los agentes sociales,
que han hecho gala de una responsabilidad impresionante en momentos muy complicados. Ahora volvemos a tener un momento complicado que afecta a los trabajadores, afecta a las empresas, y confío en que vayan a poder con todo el impulso -eso sí, con
todas las medidas que ha adoptado ya el Gobierno- completar ese pacto de rentas para que tengamos un horizonte más despejado de mejora de la inflación y de bajada de la inflación. Al señor Guijarro le preocupaba la subida de los tipos de interés.
Usted, que tiene conocimiento y simpatía por la economía poskeynesiana, ya sabe que los tipos de interés no tienen por qué ser el determinante fundamental de la inversión, cuando existen otras políticas y otros elementos que impulsan esa inversión.
Tenemos un impulso inversor en la transición energética con un horizonte claro, de apoyo con incentivos a esas inversiones, tenemos unas expectativas de medio y largo plazo que son positivas, estamos invirtiendo en capital humano, es decir, todo ese
marco va a hacer que este proceso inversor siga. Por supuesto, el coste de utilización del capital es uno de los elementos para las decisiones de los empresarios, pero cuando las expectativas, la estabilidad y los incentivos acompañan la inversión
claramente va a estar ahí.


Respecto a los temas más puramente fiscales del presupuesto, por los que han mostrado también preocupación algunos de los portavoces de la oposición, de nuevo la ejecutoria del Gobierno en este ámbito yo creo que nos avala y también nos
avala la prudencia a la hora de elaborar las previsiones de ingresos, porque creo que están leyendo la prensa y saben los paquetes fiscales que han adoptado otros países europeos en las últimas semanas. En nuestro caso, hemos adoptado medidas con
este enfoque que ya ha comentado también el portavoz del Grupo Socialista y el de Unidas Podemos de tomar medidas focalizadas, de apoyo a las familias, de apoyo a las empresas, pero con un elemento muy claro de responsabilidad fiscal. No les he
oído algunas de las propuestas que han venido lanzando en los últimos meses de bajadas masivas de impuestos, y quizá no sea ya por el jarro de agua fría, sino por el desastre que ha supuesto la decisión del Gobierno del Reino Unido, que ha tenido
que rectificar. Esa sí que ha sido una política económica que ha suscitado unanimidad, porque todos los analistas, los organismos internacionales y los mercados han coincidido en que ese tipo de políticas son las peores para este entorno, porque lo
que hacen es alimentar la inflación, generar un problema de insostenibilidad fiscal y, además, agravar la desigualdad.


Desde nuestra óptica, la mejor contribución que se puede hacer a la responsabilidad fiscal es aumentar la base de cotizantes a la Seguridad Social, de bases imponibles, sin subir los tipos impositivos, como estamos haciendo en los últimos
años y de manera cada vez más clara como un elemento estructural. En el plan presupuestario que hemos mandado a Bruselas hemos hecho una primera estimación -por supuesto, es una primera estimación que habrá que ir afinando y confirmando con el paso
del tiempo- de que las medidas de política económica, en particular durante la pandemia, han conseguido aflorar 285 000 afiliados, de los cuales 35 000 serían autónomos procedentes de la economía sumergida, y de que las reformas en el mercado de
trabajo van a suponer un descenso de 510 000 trabajadores desempleados en términos estructurales. Estas mejoras, que son las que están detrás de la evolución de los ingresos públicos, suponen una mejora del saldo estructural de la economía española
de 7 décimas del PIB, y realmente esta es la manera de reforzar las bases de la sostenibilidad fiscal, de la capacidad de las administraciones públicas de seguir apoyando esa transformación de la economía, esa inversión en las bases del crecimiento
futuro, esas reformas y esa generación de oportunidades para nuestros jóvenes.


Termino ya, señorías. He notado en algunas de las intervenciones de los portavoces de la oposición una cierta avidez por tener que afrontar nuevas calamidades. Miren, ya hemos soportado suficientes calamidades externas durante este
Gobierno. Hemos tenido una pandemia, estamos afrontando una guerra en las puertas de Europa y una situación energética totalmente excepcional. Los datos muestran que la manera en la que se ha respondido desde la política económica del Gobierno
-que es muy diferente a la de los gobiernos del Partido Popular y, por supuesto, muy diferente a la de la política económica que defiende VOX- está generando buenos resultados. Yo creo que debería ser una razón para alegrarse cuando se trata de
mejoras en el empleo, en la estabilidad, en las oportunidades y, además, con responsabilidad fiscal. Desde el Gobierno vamos a seguir en esta línea con flexibilidad, con prudencia y respondiendo a una situación que, efectivamente, es muy compleja.


Muchas gracias.

Página 62

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones.


Vamos a parar diez minutos y vamos a cambiar a la sala Constitucional. La siguiente comparecencia será dentro de diez minutos en la sala Constitucional. (Pausa).


Se suspende la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.


- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (GONZÁLEZ VERACRUZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente 212/002603), CIUDADANOS (Número de expediente 212/002479),
PLURAL (Número de expediente 212/002556), VOX (Número de expediente 212/002373), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002711), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002678).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Reanudamos la sesión con este cambio de sala que ha venido bien, para estirar las piernas al menos. Como saben, llevamos un poco de retraso.


Ahora iniciamos la comparecencia de la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz. Siéntase como en su casa, que lo es. Tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (González Veracruz): Buenas tardes.


Presidenta, señorías, no se pueden imaginar la emoción que siento ahora mismo al volver a esta casa y encontrarme con tantos de ustedes, tan queridos y tan admirados por mí, y hacerlo ahora desde el otro lado. Como muchos de ustedes saben y
para los que conozco menos, fui parlamentaria en tres legislaturas, aunque en realidad fueron dos, en la X y en la XII Legislatura, porque la XI Legislatura fue aquella rápida y tan rara que tuvimos. Fui diputada por Murcia. Es un honor y la
verdad es que estoy realmente emocionada, no esperaba sentirme tan emocionada cuando es mi casa, obviamente, y así me siento. Muchas gracias, presidenta, por ese calor.


Hoy comparezco como secretaria de Estado de un ámbito -ya lo comentábamos- que históricamente ha cosechado grandes acuerdos entre los distintos partidos, acuerdos de país que han facilitado que a través de los años y de las legislaturas se
avance en algo tan trascendental como es la tecnología. Un área donde yo creo que se hace honor al valor de la palabra, a la política con alturas y se decide con mucho sentido común, algo que es de agradecer. En mi época, desde el grupo de la
oposición, apoyamos una ley muy importante como es la ley de teleco. Hoy quiero empezar agradeciéndoles a todos los grupos su talante y su apoyo también a las últimas tres leyes que recientemente han visto la luz en esta Cámara. Así que, de
antemano, les agradezco su talante, su trabajo para conseguir los objetivos de país que nos marcamos, ya que creo que esta área es más de todos que quizás otras.


Acudo hoy a esta Comisión por primera vez como Gobierno para informar a sus señorías sobre las propuestas presupuestarias de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para el ejercicio del año 2023. Quiero
expresar mi satisfacción por comparecer en esta Cámara como secretaria de Estado de este departamento adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde convergen competencias y políticas implementadas por el Gobierno para
la digitalización del país como palanca de modernización económica, desarrollo empresarial e instrumento clave para la cohesión social; una tarea que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, me ha encomendado recientemente, hace tan
solo unos días, y que ya estoy desempeñando con pasión y entrega, dando continuidad -y esto es muy importante- a la labor de mi antecesor, Roberto Sánchez, con quien creo que sin duda se ha acelerado el proceso de transformación digital de nuestro
país.


El Gobierno está inmerso en esta transformación desde hace cuatro años, y esta secretaría, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, está volcando todos sus esfuerzos para garantizar una red de
telecomunicaciones robusta y resiliente, que conecte a la ciudadanía y a las empresas de todo el territorio del país y que impulse el crecimiento económico y la desaparición de las brechas digitales, en especial, la de conectividad. Son los datos
los que avalan la buena marcha de los planes puestos en marcha por la secretaría de Estado para reducir esa brecha de conectividad, algo que es una de nuestras principales prioridades en este departamento.

Página 63

Mientras que en 2018 la diferencia de cobertura de 100 megas entre zonas rurales y urbanas era de 42 puntos porcentuales, en 2021 es solo ya de 20 puntos. Seguimos reduciendo esa diferencia y seguiremos haciéndolo en 2023 -estos
presupuestos van enfocados también en esa dirección- hasta cerrar completamente la brecha digital. Estos presupuestos del Gobierno para 2023 dan una respuesta social a la situación económica que hoy se vive, haciendo posible que la ciudadanía esté
más protegida en nuestro Estado de bienestar, pero también nos permitirán seguir avanzando en la agenda transformadora para lograr un país más moderno, sostenible, justo e igualitario.


Las cuentas que presento ante ustedes están encaminadas a seguir implementando la Agenda España Digital 2026, nuestra hoja de ruta de trasformación digital, alineada con el despliegue de inversiones y las reformas del Plan de recuperación, y
financiada, como ustedes saben, en gran medida por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Quiero únicamente recordar, porque la verdad que el dato es abrumador, que la digitalización es uno de los cuatro ejes centrales del plan de
recuperación y que concentra el 30 % del presupuesto, 20 000 millones de euros.


Desde esta secretaría de Estado nos centramos en tres planes que forman parte de la agenda digital: la conectividad digital, el despliegue de la tecnología 5G y el desarrollo de España como hub audiovisual europeo. Ahí es donde se han
dirigido los recursos financieros que hemos diseñado en estos presupuestos, pero también a impulsar los planes y desarrollar el ecosistema de la industria microelectrónica y semiconductores en España en el marco de un proyecto estratégico y clave
para nosotros, como es el PERTE Chip. Se trata de un proyecto ambicioso de país que pretende situar a España entre los países a la vanguardia del sector de los chips y contribuir a la autonomía estratégica de la Unión Europea. El PERTE Chip es
prueba de que el Gobierno, además de estar en la resolución de los temas urgentes de las situaciones sobrevenidas de emergencia, está en la prospectiva en el futuro a medio plazo en aquello que España tiene que liderar y va a conseguir liderar.


Permítanme, señorías, repasar las acciones del año 2022. Me parece oportuno poner en valor los pasos dados para contextualizar los que tenemos previsto dar en el próximo ejercicio con los presupuestos que hoy presentamos en esta Cámara.
Durante este año, la actividad de la secretaría de Estado ha sido muy intensa, ha dado buenos resultados, una actividad satisfactoria, dados los hitos del plan de recuperación cumplidos en el ámbito de las inversiones y su ejecución, de lo que luego
hablaremos, y también en el de la reforma, del que ustedes han sido protagonistas activos.


En primer lugar, quiero destacar las tres leyes fundamentales para el sector de las telecomunicaciones. Como ya saben ustedes, se aprobaron en el pasado trimestre, en algunos casos con muy amplio apoyo. Están ya en vigor y procede llevar a
cabo su desarrollo reglamentario, en lo que ya estamos trabajando y seguiremos haciéndolo durante 2023. Me refiero, por supuesto, a la Ley General de Telecomunicaciones, a la Ley de Comunicación Audiovisual y a la de Ciberseguridad 5G. Aprovecho
este punto para reiterar el relevante papel de Roberto Sánchez, mi antecesor, en este desarrollo normativo, así como en el despliegue de las inversiones, para que conste en el Diario de Sesiones este reconocimiento como protagonista clave de la
transformación digital reciente de nuestro país.


En el despliegue de la Agenda España Digital 2026 nos acercamos cada vez más al objetivo fijado en materia de conectividad: que el cien por cien de la población tenga acceso a redes de muy alta capacidad, de al menos 100 megabits por
segundo, en 2025; es decir, que consigamos llegar a todos los rincones de España. Este compromiso, este objetivo, es capital para el Gobierno porque se trata de igualdad de oportunidades, porque cada vez que encendemos un nuevo barrio estamos
hablando de miles de personas que no tenían posibilidad de conectarse y que pasan a estar conectadas, y son miles de posibilidades para emprendedores y emprendedoras que antes no tenían.


Ayer decía en la toma de posesión -y lo reitero- que para el Gobierno de España esa es la filosofía de todos los Presupuestos Generales del Estado, es muy importante conseguir que tenga la misma igualdad de oportunidades un ciudadano del
centro de Madrid o de Barcelona que una ciudadana de una pedanía de Murcia o de Castilla y León. Ese es el gran objetivo, y para eso perseguimos la meta en materia de conectividad, que es llegar a todos los rincones de España en 2025.


Bajo el paraguas del programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, el Programa ÚNICO, que ustedes bien conocen, se ha trabajado desde 2021 para impulsar el despliegue de la fibra hasta el hogar y conectar todos
los rincones, y también para desplegar el 5G. Impulsar los servicios asociados a esta tecnología e impulsar la investigación de la tecnología 6G es otro de los grandes objetivos de la secretaría de Estado y, por supuesto, se ven reflejados en los
objetivos de los presupuestos.

Página 64

Hace unas semanas se publicó la resolución provisional de la segunda convocatoria del Programa ÚNICO-Banda Ancha, que llevará la conexión ultrarrápida a más de 720 000 hogares empresas y locales; cincuenta proyectos adjudicados, que
recibirán 244 millones de euros para llevar a cabo este despliegue y que, junto con los de 2021, comprenden un total de 2 millones de unidades inmobiliarias, hogares, empresas y locales. A final de 2023, cuando se ejecuten los programas, el de 2021
y el de 2022, se estima que la cobertura ya alcanzará al 95 % de la población.


Hay que resaltar también que se acordó la transferencia de 80 millones de euros a las comunidades autónomas durante este año para seguir impulsando la conectividad digital en polígonos industriales, centros logísticos y empresas, y para
facilitar los bonos de conectividad a colectivos vulnerables -importantísimo- y la adaptación de infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios construidos antes de 2021.


Para avanzar en el despliegue del 5G en las zonas rurales, vamos a lanzar el UNICO 5G Redes-Backhaul. Ayer mismo, la Comisión Europea dio definitivamente luz verde a esta convocatoria, a este programa. Además, estamos a punto de resolver
otras dos convocatorias para el despliegue del 5G, que han recibido muchas solicitudes: en primer lugar, la convocatoria UNICO Sectorial 5G, centrada en el desarrollo de proyectos tractores en 5G, y en segundo lugar, la convocatoria 5G avanzado y
6G, que está dirigida a la investigación e innovación en torno a la próxima tecnología móvil tanto en universidades como en centros de estudio, también en empresas, para que España genere capacidades que nos permitan desarrollar nuestra propia
tecnología 6G.


Como ustedes también saben, estamos a punto de iniciar la licitación de la banda de frecuencias de 26 gigahercios, una de las prioritarias para el despliegue de esta tecnología disruptiva en Europa. Tras la publicación de la consulta
pública, lanzaremos la convocatoria para la subasta. Con esta subasta que forma parte -tengo que recordarlo- de los hitos del plan de recuperación para 2020, completamos el proceso de adjudicaciones de banda de frecuencias, proceso imprescindible
para el desarrollo también del 5G en nuestro país.


Como ustedes saben, es competencia de esta secretaría de Estado y de la secretaría general la ordenación de las comunicaciones audiovisuales, un sector con gran potencial y prestigio en el mundo y que estamos impulsando a través del Plan
España, Hub Audiovisual de Europa. En 2022 se lanzó la web, Spain Audiovisual Hub, como punto descentralizado de información sobre el sector y para la industria, incluyendo la ventanilla única, el Bureau, para resolver dudas. En este ámbito,
quiero resaltar que se han lanzado dos convocatorias de ayudas, que se resolverán próximamente. Una de ellas es la de red.es, dotada con 24,8 millones de euros, que se dirige a entidades locales para financiar proyectos de infraestructuras que
permitan acoger la innovación avanzada y la creación, distribución y manejo de la información por las pymes del sector audiovisual. La otra está destinada a proyectos de I+D empresarial de aplicación a los ámbitos audiovisual y de videojuegos, en
colaboración con el CDTI.


Una vez puestos en contexto, paso a centrarme en el proyecto presupuestario de esta secretaría de Estado que, insisto, da continuidad al trabajo realizado hasta ahora y cuyos resultados reflejan la solvencia del equipo de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El importe total asciende a casi 2500 millones de euros. Hablamos de un incremento del 70 % respecto a las cuentas del ejercicio en el que nos encontramos. Antes de entrar en los detalles
de cada uno de los capítulos y de cada uno de los servicios, quiero señalar que el relevante aumento procedente principalmente de la inyección de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el proyecto estratégico del PERTE Chip. Como
en los dos años anteriores, las cuentas de 2023 están divididas en dos grandes bloques, el servicio 12 y el servicio 50. El presupuesto ordinario corresponde al servicio 12, destinado a las funciones ordinarias de la secretaría de Estado, y el
presupuesto para ejecutar las actuaciones del Plan de Recuperación con cargo a los fondos Next Generation está dentro del servicio 50. El proyecto de presupuestos que presentamos hoy incluye 59,6 millones de euros, casi 60 millones de euros, para
el servicio 12 -un 7 % más que en 2022- y 2392 millones de euros para el servicio 50 con cargo al mecanismo, un plan que supone un 75 % más que en el ejercicio actual. Como decía, es un incremento derivado de lo presupuestado para el PERTE Chip.


Empiezo presentándoles el presupuesto del servicio 12, con el que esta secretaría desarrolla sus funciones ordinarias de gestión de las telecomunicaciones y del sector audiovisual. Esas actuaciones comprenden la actividad habitual de la
secretaría de Estado, como son la administración del espacio radioeléctrico, la atención a los usuarios y usuarias y consumidores y la inspección de las redes. Para que se entienda mejor a qué destinamos las partidas del presupuesto del servicio
12, mencionaré algunas de

Página 65

las actuaciones realizadas en 2022. Por ejemplo, hasta el 1 de septiembre -que son los datos consolidados de los que disponemos- se han atendido más de 17 000 consultas de usuarios y se han resuelto casi 12 000 reclamaciones a través de la
unidad de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales. Hasta mediados de octubre se han tramitado casi 33 000 autorizaciones de puesta en servicio de estaciones radioeléctricas de telefonía móvil. Si tenemos en cuenta las
estaciones de servicios como radiodifusión, satélite, etcétera, ya se han tramitado más de 40 000 autorizaciones. Está previsto que se cierre el año con 7000 estudios de solicitudes relacionadas con títulos habilitantes del uso del espectro
-otorgamiento, renovación o cancelación- y se emitan cerca de 4000 autorizaciones y licencias de estación de radioaficionado. Está previsto aprobar unos 75 000 proyectos técnicos de estaciones radioeléctricas, casi la mitad estaciones de telefonía
móvil, y también hemos participado en más de medio centenar de reuniones internacionales de organismos multilaterales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Prevemos que estas actividades se incrementarán en 2023 como consecuencia de
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebrará en el segundo semestre de 2023, así como la Presidencia española de la Unión Europea. Con estos datos, es evidente la ingente cantidad de trabajo del equipo de la secretaría de Estado.
Si, además, tenemos en cuenta la gestión del plan, que es añadida, no puedo más que aplaudir y agradecer toda la entrega y profesionalidad del personal de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de Infraestructuras Digitales.


Si hacemos zoom en los números del servicio 12, cuyo presupuesto asciende a casi 60 millones de euros -un 7 % más que en 2022-, vemos que el aumento se debe principalmente al incremento del capítulo 2, referente a gastos corrientes en bienes
y servicios, donde se incluyen los gastos asociados a la Presidencia española de la Unión Europea para el segundo semestre del próximo año. Por hacer un repaso ordenado de los capítulos, quiero señalar que los gastos de personal del capítulo 1
ascienden a 19,5 millones de euros, casi la misma partida prácticamente que en 2022. En el capítulo 2, como acabo de mencionar, se han previsto 2,2 millones de euros de incremento. La mayor parte procede de esa partida para la Presidencia
rotatoria de la Unión Europea, así como los fondos previstos para desarrollar actuaciones relacionadas con la difusión del plan de recuperación, algo que nos parece clave para que la población conozca los programas de ayudas que estamos poniendo en
marcha y que, como saben, son muchos y novedosos, para que puedan llegar todos esos fondos y los empresarios, autónomos y la ciudadanía en general los puedan solicitar. En el capítulo 4, transferencias corrientes, se recogen las aportaciones a
organismos internacionales, manteniéndose estable para 2023 respecto al ejercicio actual, con 2,8 millones de euros. El capítulo 6 recoge las inversiones reales y el presupuesto aumenta en 1,2 millones de euros respecto a 2022, un incremento que de
nuevo corresponde a los gastos derivados de la Presidencia europea por parte de España. En el apartado de transferencias, el capítulo 7, se aprecia una reducción respecto a 2022. Lo más destacable -porque además forma parte de las prioridades del
Gobierno recogidas en el plan para hacer de España el hub audiovisual de Europa- es el presupuesto de ayudas al sector audiovisual en 5,5 millones de euros. Cabe resaltar que el Plan de Impulso al Sector Audiovisual contiene también medidas
financiadas, el componente 25, con fondos gestionados por otros departamentos ministeriales. En el capítulo 8 se han incluido 2 millones de euros para una transferencia a la SEPI que se destine íntegramente a la ampliación de capital social de
SEMIS, la sociedad creada para el desarrollo del PERTE Chip.


Con esto termino el servicio 12 y paso a poner el foco en el presupuesto del servicio 50, destinado a la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación y financiado a cargo del Next Generation. El presupuesto de 2023 asciende a casi 2400
millones de euros, un 75 % más que el año anterior, de los que 1150 millones corresponden al PERTE Chip. Este bloque enmarca la diferencia del presupuesto de la secretaría de Estado. Es la gran novedad y la apuesta manteniendo, por supuesto, el
resto de compromisos. Con respecto a los 1150 millones del PERTE Chip se prevé un préstamo de 80 millones de euros a SEMIS, la sociedad creada para desarrollar el proyecto estratégico y, por otro lado, una partida de ayudas de capital 7 por valor
de 350 millones de euros destinada directamente a ayudas a empresas privadas, a sociedades, entidades públicas, fundaciones y comunidades autónomas, entre otros. Como ustedes saben, al margen de las actuaciones relacionadas con el PERTE Chip, que
recogen un gran impulso para el mismo para este ejercicio presupuestario, las actuaciones de la secretaría de Estado se centran en el despliegue de la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio, con especial atención a las zonas rurales o de
menor densidad de población y también con especial atención al impulso a la tecnología 5G, lo que denominamos componente 15 del plan. Con el objetivo de seguir mejorando la conectividad y mantener el ritmo actual para alcanzar el objetivo del cien
por cien de la población

Página 66

conectada en 2025 se han incluido más de 1200 millones de euros para la ejecución de los programas de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión social, el ÚNICO, en sus diferentes categorías: ÚNICO banda ancha, ÚNICO
edificios, ÚNICO colectivos vulnerables, redes 5G, etcétera. Es decir, con estos recursos prevemos financiar las actuaciones de 2023 para seguir desplegando las redes de muy altas capacidades en toda España y también desplegar la tecnología 5G
tanto en el ámbito de las infraestructuras como en la investigación y el desarrollo. El potencial de esta tecnología es tal que desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones queremos impulsar su despliegue siguiendo el modelo que tan buenos
resultados ha dado en las últimas décadas en nuestro país de colaboración público-privada y que nos ha convertido en uno de los países líderes en conectividad a día de hoy. Vamos a seguir financiando el despliegue del 5G en aquellas áreas en las
que los operadores tardarían años en llegar con su modelo de despliegue convencional, para que las oportunidades y beneficios que supone esa tecnología, el 5G, lleguen a toda la población desde el primer momento. Este es el objetivo de la próxima
convocatoria de ÚNICO-Backhaul que, como ya les he anunciado antes, lanzaremos en unos días, y de otras que prevemos lanzar con recursos previstos para 2023. Entre ellas, apostaremos por el despliegue de las infraestructuras digitales
transfronterizas, las investigaciones en 6G y la renovación y sostenibilidad de las infraestructuras.


Concluyo ya subrayando que la digitalización, como los números y los resultados indican, sigue siendo una de las prioridades de este Gobierno como palanca fundamental de crecimiento económico y como herramienta clave para cerrar las brechas
digitales y garantizar igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía, con un alto grado de ejecución de los ejercicios anteriores, algo que me parece muy resaltable con las cantidades que estamos manejando. Cuando ahora faltan tan solo dos meses
para cerrar el ejercicio 2022, quiero anunciarles que la previsión es del 81 % de ejecución de los presupuestos previstos. Ya saben que tenemos dos meses de margen y que puede variar, pero esta es la previsión que tenemos hoy en la secretaría.
Estamos hablando de millones y millones de euros que, especialmente en los últimos años, han acelerado la trasformación digital de nuestro país. Nos hemos consolidado como uno de los países líderes de la Unión Europea, estamos en el pódium de la
conectividad europea con una de las redes de fibra óptica más extensa de Europa y queremos seguir estando ahí.


La propuesta de presupuesto, señorías, que traemos a las Cortes incluye los recursos financieros necesarios para desarrollar los problemas claves de la agenda digital, para ampliar la conectividad, el despliegue 5G y, por supuesto, para
seguir transformando España en un país más moderno, más sostenible y mucho más igualitario.


Muchísimas gracias, paso a escucharles. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Quiero, además, agradecerle, sin que nos oigan el resto de comparecientes, que se ha limitado muy bien al tiempo, lo que nos viene muy bien con el
retraso que teníamos, así que se lo agradecemos y, por lo tanto, pido a también a los portavoces que hagan lo propio.


Para el turno de portavoces, por tiempo de cinco minutos, comienza el Grupo Plural. Señor Bel Accensi tiene la palabra.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta. Vamos a intentar no agotarlos.


En primer lugar, quiero darle la bienvenida y decirle que estoy muy contento de reencontrarme con María González, en este caso como secretaria de Estado. Muchísimas felicidades y muchísima suerte, que te la mereces, en el desarrollo de tu
función.


Hacía la secretaria de Estado mención a tres leyes importantes que se han aprobado a lo largo del último periodo de sesiones, que son la Ley General de Telecomunicaciones, la ley de ciberseguridad y la ley audiovisual. Yo también quería
aprovechar -con la discrepancia en algunos momentos y en algunas de estas leyes, como en la ley de lo audiovisual, donde no acercamos las posiciones suficientes- para dejar constancia, porque no he tenido ocasión de hacerlo antes, de mi
agradecimiento personal y de mi grupo a Roberto Sánchez por su trabajo y por su predisposición a intentar llegar a acuerdos. Con el tema de lo audiovisual nosotros fuimos críticos porque creo que perdimos una oportunidad, pero, en todo caso,
también estamos pendientes del desarrollo reglamentario. Como la nueva secretaria ha dicho que eso se va a rematar durante el 2023, estaremos expectantes, pero, ¿son conscientes ustedes de que este desarrollo reglamentario no solo lo espera esta
Cámara, sino también todo el sector? Es necesario para clarificar la implementación de algunas de las regulaciones y, por tanto, allí estaremos. Pero quiero reiterar mi agradecimiento a Roberto Sánchez.

Página 67

Dicho esto, respecto al presupuesto, aunque ya nos ha avanzado que en 2022 van a alcanzar un 81 % de ejecución, y tal y como está el patio eso es mucho, se lo reconozco, en 2023 ustedes tienen un reto porque han incrementado su presupuesto,
como usted ha indicado, en un 70 %, por lo que no va a ser tan fácil alcanzar este 80 %. Cuando la secretaria de Estado de Digitalización comparecía ayer no me dolió prendas reconocer que la ejecución de los fondos en el ámbito digital seguramente
era la parte de más éxito y donde los fondos han tenido más permeabilidad de cara a la pequeña y mediana empresa, lo que contrastaba con la situación que se está viviendo con los PERTE, que han generado muchísima expectación, pero cuya concreción
está tardando mucho. Si uno habla con las pequeñas y medianas empresas lo que le dicen es que todavía no ven la luz al final del túnel en relación con los PERTE. Por tanto, estos 1150 millones del PERTE Chip los consideramos una buena noticia,
pero ya le aseguro que el reto va a estar en qué grado de ejecución se va a poder presentar en el 2023, que usted sabe mejor que yo que es muy importante para el sector. También quería preguntarle si nos puede avanzar qué grado de concreción y qué
papel van a tener las comunidades autónomas en este PERTE.


Hay otro tema, en relación a 5G y las dificultades que pueden tener algunas empresas en el desarrollo del 5G en España que, como me consta que el portavoz Txema Guijarro se lo va a plantear, no lo voy a hacer yo, pero tengo la misma
preocupación, no con tanto ardor guerrero de defender a China como puede tener mi compañero, pero sí respecto a la preocupación de que las empresas puedan operar en igualdad de condiciones y sin ninguna reticencia en el conjunto del Estado español.
En todo caso, esto seguro que se lo plantea el portavoz de Unidas Podemos.


Por mi parte, nada más, cumplo la promesa, presidenta, y no he agotado mi tiempo.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señor Bel.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos es el turno del señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes y bienvenida, señora González. Como siempre, es un gusto tenerla aquí y es un gusto volverla a ver después de unos añitos ya.


La verdad es que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones no tiene demasiados comentarios por nuestra parte, más allá de constatar que el trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos años ha tenido un efecto muy potente, y en ese
sentido el papel del anterior secretario de Estado debe ser reconocido. Es verdad que usted asume la secretaría de Estado con una serie de retos absolutamente trascendentales que nos preocupan, sobre todo, por la importancia que tienen para el
futuro del país y no tanto porque los proyectos se estén desarrollando de una manera u otra, porque de hecho lo que nos consta es que la fluidez de esos desarrollos es más que aceptable.


De los tres ejes estratégicos que marca la Agenda España Digital 2026 que están bajo su responsabilidad -y que usted ha citado-, por ir un poco a ese detalle, cuando aprobamos la ley en junio habíamos hablado de la necesidad de asegurar la
conectividad para el cien por cien de la población. Esta era una de las metas que había quedado ahí constatada y entiendo que vamos por buen camino por las palabras que acaba usted de pronunciar. No sé si nos puede usted dar algún dato adicional
al respecto puesto que, como digo, quizá sea el elemento más importante para cerrar la brecha digital, como usted misma ha dicho.


Luego también está el tema de convertirnos en un hub audiovisual, también después de la aprobación, vamos a decir, tumultuosa de aquella ley, no por nada, sino porque la complejidad de lo que allí se hablaba era supina. De hecho, como digo,
hay que felicitar al anterior secretario de Estado por conseguir que saliera, porque francamente llegamos a determinados puntos donde pensé que no iba a salir. Por tanto, el hecho de que tengamos un marco normativo y de que haya recursos
disponibles me parece que es por lo menos una salida creíble y un objetivo asumible.


En tercer lugar, estaba el tema del despliegue de la tecnología 5G, y aquí es donde, efectivamente, el compañero Bel me ha dado paso para que yo ahora venga con toda la retahíla, no tanto pro-China, porque francamente me han llamado chino
toda la vida, pero no me considero prochino especialmente. (El señor Ramos Esteban: Es por el bigote). Puede ser por el bigote, incluso por la calva. El caso es que yo, sobre todo, lo que defiendo aquí son los intereses de España y de los
españoles. Lo que sí me preocupa es que, en estos días y horas de ajetreo geopolítico y geoestratégico, se haya instalado un cierto prejuicio y algún tipo de veto no escrito, tácito no a determinadas compañías o a determinadas soluciones
tecnológicas -que eso se puede entender desde un punto de vista técnico-, sino directamente un veto a determinados

Página 68

países. Así como le pregunto por China, le podría preguntar por cualquier otro país. Es decir, lo que no me gustaría es que viniera un tercer país -y aquí voy a hablar de Estados Unidos- a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es
lo que no tenemos que hacer. Como digo, ahí sí que me parece muy importante defender la soberanía de nuestro país también a la hora de tomar estas decisiones. Y si la solución tecnológica es norteamericana, bienvenida sea, y si es China, también
bienvenida sea, y si es ghanesa, también bienvenida sea. Pero, por favor, tratemos de tomar decisiones en este sentido bajo una perspectiva geopolítica, vamos a decir, neutra. Sé que es difícil en estos tiempos, pero sí me parece algo exigible.


También respecto al 5G, le querría preguntar sobre el papel que han desempeñado o van a desempeñar los operadores locales, los pequeños operadores que han tenido también un papel histórico en los últimos veinte o treinta años, dinamizadores
de determinadas corporaciones locales y demás. Creo que ese papel podría extenderse a través de la colaboración con este tipo de organismos. Entiendo que en la secretaría de Estado que usted dirige van también por este camino, pero si me pudiera
dar algún detalle, se lo agradecería.


Por lo demás, efectivamente, todos estamos muy pendientes de que el PERTE que está bajo su mando salga bien sí o sí porque no nos podemos permitir el lujo de que salga mal no ya solo por la cantidad de recursos que se están volcando en él,
sino por la capacidad motora que el éxito de este programa tendría para el futuro a medio y largo plazo de nuestra economía. En ese sentido, sí creo que todos debemos hacer un esfuerzo por asegurarnos que cumplimos con estos objetivos.


Por lo demás, poco más. No quiero hacer una evaluación de los repartos de las partidas presupuestarias -esto que usted ha citado- porque me parece que van en línea con lo que ya se ha venido trabajando en otros años y, por lo tanto, solo
confío y deseo que la gestión de los mismos responda al interés nacional y se pueda seguir cumpliendo con esos objetivos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señor Guijarro.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Gracias, presidenta.


Señora González, gracias por su comparecencia hoy y su vuelta a esta casa. Acaba de ser nombrada, como usted ha dicho, nueva secretaria de Estado de Telecomunicaciones en sustitución de Roberto Sánchez debido, supuestamente, a la jubilación
de este último. Le recuerdo que como secretaria de Estado le es de aplicación la normativa sobre incompatibilidades recogida en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, y en la que debe usted desempeñar sus funciones con plena dedicación, imparcialidad e
independencia. Esto último permítame que lo ponga en duda dada su trayectoria, ya que lleva ligada al PSOE toda la vida (un señor diputado: Como es lógico), desde el año 2003 como secretaria general de las Juventudes Socialistas de Murcia, como
diputada por la Asamblea Regional de Murcia entre 2007 y 2011, como diputada en esta casa las legislaturas que usted ha dicho y siendo nombrada como consejera del CDTI, y, si me lo permite, con escasa experiencia en materia de telecomunicaciones, en
contraposición con su antecesor, el señor Sánchez, que sí era ingeniero de telecomunicaciones y tenía un amplio currículum en la materia. Una vez más, este Gobierno colocando amiguetes afines en puestos de especial sensibilidad y relevancia. En
fin, ustedes sabrán.


Vayamos a analizar algunas de las partidas de su departamento. (El señor Ramos Esteban: Y lo dice uno de VOX). ¿Perdona? ¿Le puedo decir al portavoz o al diputado del PSOE que deje a este diputado continuar? Luego tendrá él la
oportunidad de hablar.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Continúe.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Vamos a las partidas de su departamento, como le decía.


Con respecto a los bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables, han reducido ustedes un 75 % esta partida, hasta 10 millones de euros, ya que se han eliminado en su totalidad las transferencias de capital a empresas privadas,
exactamente 30 millones de euros; solo se hacen transferencias a comunidades autónomas. ¿Puede usted explicar el motivo?


Con respecto a la partida que incluye la renovación y sostenibilidad de infraestructuras, la reducen también un 50 %, hasta los 20 millones de euros, por las menores transferencias de capital a comunidades autónomas. Por cierto, única
partida de gasto. Este departamento tiene como objetivo lograr la cobertura

Página 69

de redes fijas ultrarrápidas con más de 100 megabytes y de la red 5G en España, en particular en las zonas rurales, y también en los corredores de transporte transfronterizos.


También me gustaría hablarle de la partida que se refiere al despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas, I+D+i y digitalización. En esta partida se produce un incremento considerable de hasta un 440 %, llegando hasta los 1350
millones de euros, debido, principalmente, a la creación de nuevas partidas de gasto. Es curioso que han pasado de una sola partida de gasto, consistente en transferencias de capital a empresas privadas por 250 millones de euros, a nuevas partidas
de gasto como son las transferencias de capital a sociedades, entidades públicas, empresariales, fundaciones y resto de sociedades y entidades del sector público estatal, llegando a conceder un préstamo de 800 millones al sector público. ¿En qué
consiste dicho préstamo, señora González?


Como partidas curiosas -lo ha mencionado usted también- está la que tiene que ver con la Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que se destinará a gastos corrientes en bienes y servicios un
importe de 1,93 millones para la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea; esa misma, por cierto, para la que Sánchez se ha reservado 145 millones para su sprint final hacia la Moncloa en el segundo semestre del año que viene. Nada más
y nada menos que un 60 % de presupuesto más que su antecesor, el señor Rodríguez Zapatero. Na, un incremento sin importancia, que permita dar la suficiente publicidad al presi para intentar dar la vuelta a las encuestas. Vaya hipocresía: me
guardo para mí lo que le quito a los españoles.


Para terminar, señora González, nos preocupa el último informe de cobertura de banda ancha, publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de julio de 2022, en el que, discrepando con los datos que usted ha dicho,
la cobertura rural de redes de más de 100 megabytes alcanzaba el 68,13 % a 30 de junio de 2021; ha dicho usted que casi un 80 % a finales de 2021. Es cierto que las poblaciones de menos 500 habitantes son las que se encuentran por debajo de dicha
penetración. En relación con las redes móviles, la cobertura rural agregada al 5G ha pasado -eso sí que es cierto- desde 2021 del 0 al 26,1 %, pero sabe usted que sigue siendo muy escasa en comparación con el ambicioso Plan España Digital
2020-2025.


Señora González, muchos de los municipios con poca densidad de población que existen hoy en España apenas disponen de capacidad en sus redes de Internet, con velocidades extremadamente lentas en comparación con la media nacional. El hecho
de no disponer de Internet o de no disponer de Internet estable y de calidad sirve de palanca, como usted sabe, para ahondar en la despoblación de zonas que ya tienen problemas de densidad de población por otros motivos de carácter económico, esto
es, por falta de industria, de centros de enseñanza, por motivos salariales, incluso por falta de oportunidades.


Ya termino, señora presidenta. Es imprescindible, señora González, reducir la brecha digital en las zonas rurales, y le voy a poner tres ejemplos -y finalizo-: hoy existen provincias en zonas rurales sin cobertura de Internet. De hecho,
en algunas comunidades, tres de cada diez viviendas en zonas rurales, no disponen de conexión ultrarrápida. En Galicia, un informe de CoGaVe sobre la deficiencia en conexión y cobertura de telefonía móvil -fíjese, le estoy diciendo de telefonía
móvil- es realmente sonrojante: en Lugo apenas tiene el 60 % de cobertura móvil, Orense el 65, La Coruña el 78 y Pontevedra el 80 %.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Señor Jiménez, tiene que ir terminando, por favor.


El señor JIMÉNEZ REVUELTA: Termino, solo diré dos palabras.


Mientras que la Xunta de Galicia manifiesta que existe una cobertura del 98 %, nada más lejos de la realidad.


Tiene usted mucho trabajo por delante y un gran reto para hacer que realmente llegue la conectividad a las zonas más despobladas y cumplir con ese ambicioso plan digital para una conectividad del cien por cien de fibra de más de 100
megabytes.


Nada más. Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias.


Por el Grupo Popular, es el turno del señor Cortés Carballo.


El señor CORTÉS CARBALLO: Buenas tardes.


Bienvenida, señora González, a esta Comisión y enhorabuena por su reciente nombramiento. Le deseo acierto y valor, como los tuvo su antecesor. Digo valor porque observará que, a pesar de las presiones, sobre todo de los grupos que apoyan
al Gobierno, a veces con propuestas que desvarían, y lo

Página 70

digo así de claro -lo hemos podido ver con la ley audiovisual y con la ley de telecomunicaciones-, su antecesor se mantuvo firme para que el texto final fuera un texto que realmente apostara por lo que España necesitaba y no por las
inquietudes secesionistas de unos y otros que apoyan al Gobierno. Y lo digo porque se encontrará con eso en todas y cada una de las leyes que va a tener que tramitar. Con el señor Roberto Sánchez hemos tenido una buena interlocución -creo que
hemos mejorado sensiblemente las leyes que hemos negociado como la ley de telecomunicaciones, la de Ciberseguridad 5G, que se hizo a través de real decreto, y la ley de comunicación audiovisual- y esperamos tener esa misma buena ventura con usted.
Eso sí, como le digo siempre, la línea roja es el bien y el interés general de España y no el interés general de los grupos independentistas de esta Cámara.


En cuanto a lo que le espera, usted lo sabrá igual que yo, tiene un montón de normativas europeas por tramitar: el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva relativa a reducir los costes del despliegue de la alta velocidad, la
Digital Services Act y la participación de organismos internacionales de radiocomunicación. Tiene un montón de reuniones técnicas previstas en el ámbito nacional e internacional, todas de carácter muy técnico, como usted comprenderá, y mi pregunta
es muy simple: ¿Qué cree que, desde su perspectiva profesional y su trayectoria, puede aportar usted en estas reuniones de comités internacionales?


En cuanto a la gestión de este año, de la cual, evidentemente, no le puedo pedir explicaciones a usted, pero sí le puedo pedir que me dé información -si no la tiene ahora, le ruego que me la pase por escrito-, no puedo estar satisfecho con
esa intervención que ha hecho ni con las distintas intervenciones de su socio de Gobierno. Evidentemente, la red 5G no se está desplegando y la red 5G está paralizada a día de hoy por dos motivos fundamentales. Uno, por la inacción de este
Gobierno, que no ha desbloqueado todavía la licitación de la banda de 26 gigahercios -usted ha dicho que se haría y de hecho está previsto que se haga en el año 2022, pero usted me dirá, estando ya a finales de octubre, cuándo vamos a hacerlo en el
año 2022- y está provocando retrasos y, dos, porque se aprobó el Real Decreto Ley de Ciberseguridad 5G hace meses y seguimos esperando el esquema de seguridad. Por tanto, los operadores no pueden desplegar redes porque no saben con cuáles
proveedores pueden hacerlo y con cuáles no. Entonces, ya que ustedes dicen que con la red 5G se conseguirá la cobertura del 75 % de las poblaciones rurales en zonas de difícil acceso, entiendo que debería ser una prioridad. Por tanto, le rogaría
que me explicara este retraso injustificado si tiene conocimiento de él y, si no, que me contestara por escrito.


En cuanto al despliegue único, usted ha dado una serie datos, pero tengo que decirle que hay un malestar generalizado en todos los operadores independientes a la hora de hacer los despliegues en las zonas rurales. Como bien saben ustedes,
presentamos una serie de enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones precisamente para favorecer y agilizar los despliegues porque un trazado puede necesitar permisos de hasta cinco administraciones distintas, por no contar la parte privada.
Ejemplos son la comisión interministerial o el punto único para la solicitud de permisos. No se ha hecho absolutamente nada a día de hoy. ¿Qué está provocando eso? Entre otras cosas, que se retrasen los plazos de los permisos y que no se cumplan
los plazos para la ejecución de los distintos programas a veces. Eso es gestión y diligencia y, por tanto, espero que acelere realmente lo importante que no es ni más ni menos que agilizar los procesos administrativos para hacer los despliegues.
De nada sirve dar subvenciones para despliegues si luego tardan años -y digo años- en conseguir los permisos para hacer los despliegues, sobre todo en esas zonas rurales que atraviesan cuencas hidrográficas, carreteras de diputaciones, carreteras
comarcales, carreteras de comunidades autónomas, etcétera.


En cuanto al PERTE Chip, todos nos congratulamos de la inversión y de que el Gobierno esté apostando por la industria de los PERTE en España, pero quiero decirles que ya llevamos dos años de retraso en los que hemos visto cadenas de montaje
de automóviles paradas por falta de suministros y hemos tramitado iniciativas parlamentarias en esta Comisión y en la Comisión de Industria que han sido rechazadas sistemáticamente por su partido, que sustenta al Gobierno. Dos años después vienen
con un PERTE -bienvenido sea-, pero le recuerdo que todos tenemos imágenes en la retina de miles de coches parados en los párquines de las fábricas sin terminar por falta de microchips. Nos podíamos haber ahorrado estos dos años que de momento
están perdidos.


Con relación al sector de los contenidos digitales, ustedes presentaron el hub audiovisual y se comprometieron con nosotros, y así lo hicieron en distintas iniciativas -y termino ya-, en que el sector del videojuego fuera una de las líneas
prioritarias, no solamente el sector cinematográfico, y tengo que decirles que dos años después seguimos esperando las medidas específicas para el sector del videojuego, el sector del videojuego de entretenimiento y también el sector del videojuego
de formación y capacitación

Página 71

profesional para la industria. Por tanto, no ha llegado nada a este sector, salvo la exigua subvención que ya existía por parte del CDTI. ¿Dónde están los fondos del hub audiovisual del fondo de reconstrucción para el sector de los
videojuegos? Ya se lo digo yo, de momento no ha llegado absolutamente nada a este sector, un sector que, además, está muy atomizado, con empresas muy pequeñas que, lógicamente, necesitan respaldo.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Tiene que terminar.


El señor CORTÉS CARBALLO: Le hago dos preguntas de carácter más técnico. ¿Cómo van las negociaciones con la Comisión para financiar los elementos pasivos de las redes 5G? Ustedes hablan de fomentar las acciones para dar un impulso a
España como hub de datos del sur de Europa en cables y satélites. No conozco ninguna iniciativa al respecto más allá del titular, y me gustaría que usted pudiera profundizar en ello.


Por último, se tomó la decisión de centralizar las ICT en vez de en las provincias en el propio ministerio a través de una subcontratación de empresas. Quisiera saber cómo está funcionando y si no cree que desde el punto de vista legal
puede provocar algún problema que una empresa esté auditando la licencia y los proyectos de otras empresas cuando forman parte del mismo sector productivo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señor Cortés.


Para terminar el turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Nasarre Oliva.


La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, presidenta.


En el Grupo Socialista le damos la bienvenida a su casa, señora González Veracruz, secretaria de Estado. Nuestra más sincera enhorabuena por su nombramiento. Hay algunos parlamentarios, como el diputado de VOX, que parece que desconocen su
trayectoria tanto profesional como parlamentaria. A muchos de los aquí presentes nos gustaría tener el currículum, la trayectoria y las capacidades que usted tiene. (Aplausos).


También quería agradecer sinceramente a su predecesor, Roberto Sánchez, su trabajo durante este tiempo en la secretaría de Estado, porque ha sido un honor también coincidir con él. Gracias por su exposición de los presupuestos de 2023
porque parece, señor Cortés, del Grupo Parlamentario Popular, que no se está dando cuenta de que estamos en la comparecencia de presupuestos y que la secretaria de Estado tomó posesión ayer. Parece que tuviera que tener aquí una comparecencia...
Creo que debería pensar que lleva solo unas horas en el cargo, por así decirlo. Gracias por su exposición sobre el apartado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.


Estos presupuestos se acomodan al perfecto engranaje de la maquinaria de recuperación de nuestro país; son unos presupuestos por y para preservar nuestro Estado del bienestar, el de las clases medias y trabajadoras, el de las pymes y el de
las economías domésticas, que lo fortalece, lo cuida y lo refuerza, un bienestar de todos y para todos, no para unos pocos, como las señorías de la derecha nos recuerdan muchas veces. Son unos presupuestos responsables en este contexto nada irreal,
teniendo en cuenta el compromiso de estabilidad presupuestaria, con la prudencia necesaria. Como siempre, el Gobierno progresista cumple con la ciudadanía. Estos presupuestos en el área de telecomunicaciones apoyan encarecidamente el tejido
productivo de este país con una inversión récord. Hablaba de más de 20 000 millones de euros en digitalización, con un 70 % más de incremento, con los fondos europeos, con inversiones en I+D+i hasta 30 000 millones de euros en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aumentando partidas y ejecutando hasta un 81 %, como nos comentaba la secretaria de Estado.


Si tantas cuestiones plantean de los fondos, miren en la web las convocatorias y los plazos, que es totalmente clara, transparente y real. El año que viene, el año 2023, con estos presupuestos estamos sentando las bases de un impacto
económico real en el producto interior bruto estatal por la contribución del plan de recuperación. Ya que se produce ese salto del año 2022, el año que viene ya no tenemos expectativas, sino un efecto contracíclico real tanto en las inversiones
como en las reformas, entrando de lleno la tecnología y lo digital en nuestra economía y en nuestra vida.


Como bien explicaba la señora González, una prioridad de la política de investigación, desarrollo, innovación y digitalización es la transformación digital de España, una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico,
lograr la reducción de la desigualdad, aumentar la productividad

Página 72

y aprovechar todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías digitales para toda la población y en todos los territorios, incluyendo las zonas rurales, cohesión territorial -y sé bien de lo que hablo-, asegurando el respeto de los
valores constitucionales y europeos y la protección de los derechos individuales y colectivos.


Con la Agenda España Digital 2026 se fija la hoja de ruta del Gobierno en línea con la estrategia digital europea. En telecomunicaciones son destacables los siguientes ejes y objetivos que debemos remarcar y resaltar: garantizar una
conectividad digital adecuada para el cien por cien de la población reduciendo la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, como así nos comentaba la señora González; continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G,
contribuyendo al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial; poner en marcha esos planes estratégicos con carácter tractor y desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y de producción de
la industria española de microelectrónica y semiconductores, y el importante PERTE Chip -los semiconductores son un elemento de fuerte importancia geoestratégica-, dotado con 12 250 millones de euros de inversión pública que pretende potenciar y
atraer inversiones en torno a la industria de los semiconductores y las tecnologías relacionales, que serán claves para alcanzar la autonomía estratégica. Estas inversiones contribuirán a que España se sitúe a la vanguardia del progreso industrial
y tecnológico. De igual modo, en el Grupo Socialista queremos destacar el programa de innovación tecnológica de las telecomunicaciones, dotado con 205 millones de euros, con los que se financian ejes importantes de actuación, entre los que se
encuentran el impulso de las transformaciones digitales en todos los sectores productivos, en la ciudadanía y en el sector público, mediante programas y actuaciones encaminadas a acelerar el desarrollo de la economía del dato, la digitalización,
adoptar tecnologías digitales emergentes y habilitadoras con especial foco en la inteligencia artificial, en el big data, en el Internet de las cosas, en el blockchain, en las tecnologías habilitadoras digitales, en la nube y en los ejes
fundamentales de un proyecto de país moderno, digital y competitivo.


Con el impulso de su secretaría de Estado, señora González, este tiempo que no podemos conjugar, lleno de obstáculos, guerra y pandemia, no se olvida de este futuro tecnológico, que ya es presente digital en nuestro país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señora Nasarre.


De nuevo, en el segundo turno de intervención, tiene la palabra la secretaria de Estado, la señora González Veracruz.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (González Veracruz): Muchísimas gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios por su tono educado y respetuoso y por su trabajo como
representantes del pueblo español.


Voy a intentar responder uno a uno pero, en general, querría darles las gracias por su cortesía en mis cien días de secretaria de Estado, aunque no llevo ni diez. (Risas). Voy a intentar responder a todos, por supuesto, pero respecto a
aquellas preguntas que no conteste por falta de tiempo o porque no me ha dado tiempo de tomar nota de algunas de ellas volveré a comparecer en el Congreso para contestarlas, como es procedente, o se las contestaré por escrito. Es más, mi talante en
política ha sido siempre de escucha y de transparencia y, si ustedes así lo desean, tendremos oportunidades de encontrarnos en distintos momentos para profundizar en aquellos asuntos importantes para el país. Si hay algún un problema real respecto
a las cuestiones que me han planteado que esta secretaría pueda resolver, estaré a su disposición y mi ofrecimiento es sincero.


Voy a intentar ir por orden. Señor Bel, estamos trabajando en el desarrollo reglamentario e insisto en la idea de escucha activa. Considero que es un desarrollo reglamentario fundamental, necesario y urgente que está esperando el sector, y
a ello le está dedicando ya gran esfuerzo el equipo. En cualquier caso, para cualquier aportación, aclaración o preocupación, como las que indicaba el señor Guijarro, estamos a su disposición, incluso para la creación de algún espacio permanente de
conversación. Por mi parte, saben ustedes -especialmente lo que me conocen- que no va a quedar, pero también tienen que saber ustedes que el Gobierno tiene una ingente cantidad de presupuestos que ejecutar. Coincido con ustedes en que el reto de
estos presupuestos es esa ejecución presupuestaria, aunque todavía nos quedan dos meses, y sé que al haberme subido en un tren en marcha hay que correr día a día para llegar a todo y, por supuesto, también a la próxima ejecución presupuestaria.

Página 73

Señor Bel, enlazo con la pregunta que me hacía sobre el PERTE. Me agrada saber que la expectación que tenemos en el Gobierno con el PERTE es valorada por el resto de partidos, porque realmente es un proyecto estratégico que puede ser
transformador y vanguardista. Creo que tenemos las capacidades suficientes para liderarlo y me gustaría resaltar la gran labor que está haciendo Jaime Martorell, nuestro comisionado para ello. Es un reto muy grande que tenemos que seguir
concretando porque, señor Bel, todavía es pronto para definir el papel de cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Es una idea que tenemos muy clara -la vicepresidenta la tiene muy clara también, valga la redundancia- y es que queremos que el PERTE chip
sea un elemento de cohesión y conexión de España con un papel clave de cada comunidad autónoma en la medida de sus posibilidades. Además, hay factores que no dependen de nosotros ni de la opinión de este Gobierno, sino que se irán sucediendo en
función de la gestión, por ejemplo, en el objetivo de atraer inversiones o atraer las fábricas. Con lo cual, es pronto para definir eso, pero ustedes saben que ya se está trabajando en la interlocución con las distintas administraciones y con el
sector empresarial para tenerlo claro y para tener una foto lo más certera posible del momento en el que nos encontramos para generar las sinergias y multiplicar ese ecosistema, que es el que queremos promocionar desde el PERTE.


Señor Guijarro, gracias por sus palabras. Con respecto a China, creo entender que se refiere usted sobre todo a la ciberseguridad, en la que tanto trabajaron. Puedo afirmar que nuestras decisiones van a ser propias y autónomas, pero, sobre
todo, que, en el caso del desarrollo de la ciberseguridad 5G, se van a enmarcar en la regulación y las recomendaciones comunitarias, que es como considero que debe ser. No lo sé, pero supongo que el resto de compañeros a los que les ha planteado la
cuestión le habrán respondido en la misma dirección, pero en este caso, en el caso de la ciberseguridad y en el esquema de seguridad nacional que tenemos que plantear, en el que ya estamos trabajando, va a ser siempre sobre la base de la
información, regulación y recomendación comunitaria.


Con respecto a la preocupación de los operadores locales en el despliegue de la 5G, por supuesto que a día de hoy cada operador hace su despliegue. Los suministradores compiten en igualdad de condiciones pero, además, la frecuencia de la 5G
que estamos liberando está a disposición de todo el mercado, obviamente de la manera más eficiente posible. Es muy relevante, y lo decía antes en mi discurso, que la banda de 26 gigahercios salga en breve a subasta no solo por la cantidad
disponible de espectros que va a liberar, sino porque contempla licencias nacionales de ámbito autonómico y frecuencias para autoprestación. Creo que ahí es donde está el marco, en la preocupación que me expresaba.


El señor Guijarro ha valorado el objetivo de conectividad. Uno de los objetivos más importantes del Gobierno es alcanzar el cien por cien -un objetivo muy ambicioso- en 2025. No suelo ser una mujer autocomplaciente, la verdad, y así ya
respondo a alguna de las cuestiones que se han planteado, sobre todo porque soy una mujer de ciencias y por mi trayectoria en la que he estado investigando, pero también son formas de ser. No me gusta hablar de opiniones ni de cosas -nunca lo he
hecho como parlamentaria- y siempre he tratado de documentarme con mucho rigor, porque creo que es lo que hay que hacer y porque considero que es como respetamos a la ciudadanía que nos vota y que nos escucha. Entonces, cuando yo digo que en cuanto
a conectividad -y me pedía también algún dato más, que además contrasta con los que se han escuchado aquí- estamos en una posición de liderazgo, en el pódium de la conectividad de Europa, me estoy basando en el índice DESI de la Unión Europea, que
nos ha subido dos puestos. Ahí están los datos de la Unión Europea, no son los nuestros propios, de cobertura. Si profundizamos un poco más en el informe de cobertura que todos los Gobiernos y todas las secretarías de Estado de distintos colores
han hecho, el aumento de cobertura y de conectividad es evidente, como es evidente que se está cerrando la brecha digital. Eso también lo dice la Comisión Europea en el informe DESI, que les invito a leer de forma detallada.


Más datos. La cobertura poblacional en el despliegue de fibra óptica, con los datos de junio 2021 para ser muy exactos, es del 88,31 %. Está muy por encima de la media europea, que está en un 50 %. Considero que con ese dato no tendría
que seguir dando otros, pero hay muchísimos más. En las zonas rurales la cobertura a día de hoy es del 68,13 %, cuando en Europa es del 33 %, y ya he dado antes el dato de cómo hemos cerrado esa brecha. Además, estos datos son de junio de 2021. A
día de hoy estos datos ya son mejores, pero, como no tengo los datos, no se los voy a dar hoy, ya se los daré en la próxima comparecencia. Esta es la realidad de los datos. Ahora la prospectiva, en lo que estamos trabajando minuto a minuto -por
eso les pediría que moderaran esos discursos catastrofistas, pero no por mí, que acabo de llegar hace catorce o quince días -no los he contado bien porque no me ha dado tiempo a contarlos bien-, sino por respeto a Roberto Sánchez, mi antecesor, que
creo que ha hecho una labor

Página 74

brillante, como ustedes han dicho, y que no se reconoce en algunos de los discursos que hemos escuchado esta tarde y por respeto al gran equipo de profesionales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,
profesionales que se encargan de que todo esto funcione, de que todo esto salga bien y de que yo pueda hoy dar los datos que doy aquí- es tener en 2024 una cobertura del 95 % para alcanzar en 2025 el cien por cien, y en las zonas rurales el 85 %
para 2024. Con respecto a la conectividad y demás preguntas del señor Guijarro, creo que ya las he contestado.


Señor Jiménez, le he respondido a algunos de los datos que ha dado y que me han impresionado porque son totalmente diferentes a los que manejamos. Solo quiero decirle que para mí es un orgullo mi trayectoria política, sobre todo, la
profesional, que me la he trabajado con sudor y esfuerzo, y que también es un orgullo pertenecer a este Gobierno, y es absolutamente normal que a usted no le guste. Le aseguro que he sentido una ola de apoyo, no solo de partidarios como diría
usted, sino del sector y de todas las personas que trabajaron conmigo en otra época y que saben perfectamente cómo soy y cuáles son mis capacidades.


Por responderle al señor Cortés, considero, de verdad, que la imagen catastrófica que da no refleja la realidad que yo conozco con los datos, con el despliegue del 5G, con la ejecución del 81 % y de tantos millones de euros que son
inversiones reales y que están llegando a miles y miles de hogares. Cuando termine de ejecutarse la convocatoria -sacamos la resolución provisional hace un par de semanas- va a llegar a dos millones de hogares, de empresas, de locales y de
personas, en definitiva. Señor Cortés, entiendo perfectamente no solo su papel, sino que quiera tener una expectativa mayor. Eso es absolutamente loable, pero le aseguro que, de su discurso y de todo lo que trabajemos durante este tiempo, me voy a
quedar siempre con aquello que se pueda mejorar en esta secretaría y con aquellos puntos que podamos acordar, como ya se ha hecho, porque creo que es lo que suma y lo que aporta para el país.


Si usted se siente más cómodo, no tengo ningún problema en que nos reunamos con el señor Arturo Azcorra que, como usted sabe, ha sido elegido secretario general. En cualquier caso, creo que poco a poco irá viendo cómo las titulaciones no
dan capacidades para una representación política o una secretaría de Estado y puede usted perfectamente preguntárselo a los anteriores secretarios de Estado, también de su partido, que tienen trayectorias profesionales impecables, como pudiera ser
la mía, y que no tienen por qué estar directamente relacionadas con su brillante profesión que alabo.


Respondo algunas preguntas concretas que me ha hecho. Con respecto al despliegue del 5G, en ningún caso consideramos que se haya frenado el despliegue del 5G. Hay anuncios prácticamente todas las semanas de los distintos operadores que,
como usted sabe, llevan su ritmo de iniciativa privada, y ahí está la clave de nuestro modelo: facilitar en todo aquello que podamos, aspectos regulatorios y demás, el despliegue del 5G por parte de los operadores y nosotros, como sector público,
apoyar, financiar y llegar a aquellos sitios en los que el mercado no lo va a hacer para que lleguemos al mismo tiempo. Es un reto que este Gobierno por sus valores y convicciones se plantea que en nada influye al despliegue natural.


En cuanto a algunas de las observaciones que nos ha planteado, hay ya un grupo que trabaja en los permisos, tratando de solucionar problemas concretos con carreteras o confederaciones hidrográficas pero, efectivamente, si usted quiere más
información al respecto, por medio de preguntas escritas o directamente hablando conmigo se la trasladaré. Con respecto al 5G, me preguntaba por la convocatoria, no sé si era un error o intencionadamente, de las pasivas. (El señor Cortés Carballo:
De las activas, no de las pasivas). Suponía que se refería a las activas, porque todos sabemos lo que pasó con la convocatoria de las pasivas, lo que indica la posición que tiene España con respecto a Europa, que es uno de los hándicaps que estamos
teniendo a la hora del desarrollo de los programas de 5G, de las activas. La verdad es que estamos de enhorabuena en la secretaría porque justo nos han dado la luz verde en la Comisión Europea para la convocatoria backhaul, que arranca con todo el
proceso que supone para el despliegue de las activas. Esto será en unos días y seguimos trabajando arduamente para la otra convocatoria de activas, que ojalá estuviera solo en nuestras manos y me pudiera mojar más hoy en decir una fecha, pero no es
así. Yo le puedo asegurar que en la secretaría estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que salga ya, pero que, en cualquier caso, saldrá como muy tarde en 2023, si no conseguimos que sea antes, y, por lo tanto, llegaremos al objetivo de
despliegue del 5G.


Creo que he ido respondiendo a la mayoría de preguntas, al menos todas las que ahora mismo tengo en mente. Les resalto que, aunque en una comparecencia de presupuestos tengamos que ir programa a programa o podamos ver algún problema
concreto a solucionar, creo que no debemos perder el gran objetivo, el foco, la realidad de lo que estamos hablando.

Página 75

Hoy España no está en la situación en la que estaba hace unos años cuando yo estaba ahí, por ejemplo, y era la portavoz de tecnología. Hablamos de muchísimos millones de euros movilizados y de una cantidad ingente de trabajo que está
haciendo el personal de la secretaría para llegar a una ejecución tan importante como la que ahora mismo tenemos prevista del 81 %. Si hacemos el 81 % de los presupuestos del año pasado, veremos que es una cantidad que está llegando a las empresas,
que está llegando a las comunidades autónomas, que está llegando a las entidades locales, que está llegando a la ciudadanía, que está transformando realmente la economía y generando cohesión territorial y siendo una oportunidad sin precedentes para
la España vaciada. Ese es el compromiso y lo que creo que reflejan los presupuestos.


Al final, muchas palabras se las lleva el viento. Yo he escuchado muchas cosas en esta casa que luego no han estado avaladas por un presupuesto o han estado pintadas en un presupuesto y no se han ejecutado. Estos planes con los que yo me
comprometí ayer en mi toma de posesión como son los objetivos de conectividad, despliegue del 5G como tecnología disruptiva y absolutamente transformadora para nuestra economía, el hub audiovisual -que era una de las cosas que me faltaba por
responder; si me da permiso la presidenta, en un par de minutos respondo sobre el hub- y el PERTE chip están reflejados en los presupuestos y es nuestro compromiso de máxima ejecución durante el año de ejecución de 2023.


Con respecto al hub audiovisual, no recuerdo en concreto cuál era exactamente la pregunta. (El señor Cortés Carballo: Videojuegos). Videojuegos. Perfecto, gracias por el apunte, señor portavoz del Partido Popular. La convocatoria de
videojuegos del hub audiovisual la conozco bien porque procedo del consejo del CDTI. Ya ha salido la convocatoria, ha sido de forma reciente, con lo cual es normal que todavía no tuviera conocimiento de ello. Creo que decía que no había llegado,
pero una vez que ha salido la convocatoria, que llegue y que el resultado se vea es inminente. En mi opinión, lo más importante del hub audiovisual es que es la primera vez que un Gobierno decide poner todos sus esfuerzos de forma
interdepartamental en algo tan importante y en lo que España tiene tanta proyección internacional como es el audiovisual.


Yo he tenido oportunidad de tener contacto con el sector y es realmente esperanzador todo lo que estamos movilizando -algunas de las medidas que ya he explicado en mi discurso en torno al hub audiovisual- y lo que viene por delante. A mí me
parecen muy importantes los 5,5 millones de euros que vamos a gestionar nosotros directamente, pero el componente 25 del plan, que en esta ocasión gestionan otros ministerios, tiene que conseguir que España, con la fortuna de una lengua como la
española, sea un polo de atracción, de inversión y de talento que, como en el caso del PERTE chip, pero en el que tenemos menos base o menos bagaje, nos ayude a promocionarnos, a generar una atracción económica también en esa materia.


No les canso más, mis queridas señorías. Ha sido una experiencia para mí inolvidable estrenarme en esta casa como Ejecutivo en lugar de como Legislativo. Les agradezco de corazón, a pesar de alguna cosa, el tono, que seguro que irá
mejorando a lo largo de los meses y conforme vayamos trabajando más. Mi disposición es total y, sobre todo, sincera. Así que, muchas gracias y hasta muy pronto. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señora González.


Me van a permitir que le dé las gracias por su disposición al diálogo y a la colaboración que ha mostrado hacia todos los grupos parlamentarios, y me van a permitir que le diga además que, a pesar de las escasas veintiocho horas desde su
toma de posesión, le aseguro que no se ha notado ni ha mermado su intervención ni las respuestas que ha dado en esta comparecencia.


Muchas gracias. (El señor Píriz Maya: Pido la palabra por una cuestión de orden. ¿Puedo hablar?). Sí.


El señor PÍRIZ MAYA: Solo un minuto para hablar, por el buen funcionamiento de la Comisión y por el buen funcionamiento que estamos llevando a día y medio de Comisión, sobre los tiempos de intervención. Creo que esta mañana ha habido
intervenciones -creo no, porque lo he revisado- de más de ocho minutos de otros grupos. La intervención más extensa que se ha producido en nuestro grupo ha sido la de mi compañero, de siete minutos y veinte segundos, al que se le ha llamado la
atención y prácticamente se le ha cortado la palabra. Por el buen funcionamiento de la Comisión, yo me comprometo a que nuestros

Página 76

diputados no sobrepasen el tiempo, pero pido que la misma flexibilidad que se tiene con otros grupos se tenga con nosotros. Solo quería hacer constar eso.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Le pido disculpas si en mi rodaje como presidenta de esta Comisión y vicepresidenta desde ayer he cometido algún error, pero no se preocupe, porque a partir de ahora seré más estricta, por el bien de
todos, con todos los grupos parlamentarios. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (GASCÓN CATALÁN). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente 212/002602), CIUDADANOS (Número de expediente 212/002469), PLURAL (Número de expediente 212/002549), VOX
(Número de expediente 212/002429), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002752), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002627).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Para no perder más tiempo, vamos a reanudar las comparecencias. Es el turno del secretario de Estado de Hacienda, el señor Gascón Catalán. Muchísimas gracias, es un honor tenerle aquí en la
Comisión de Presupuestos. Suya es la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Gascón Catalán): Buenas tardes.


Muchas gracias, el honor es mío. Es mi primera comparecencia como secretario de Estado de Hacienda, aunque he tenido ocasión de comparecer unas cuantas veces como director de la Agencia Tributaria tanto en esta Comisión como en la Comisión
de Hacienda, y lo hago con el mismo gusto de siempre.


La verdad es que llevo cuatro meses en el cargo, pero es como si llevará, yo que sé, cuatro o cinco años porque es casi imposible que puedan pasar tantas cosas en tan poco tiempo. Pero, bueno, es lo que nos toca vivir, son tiempos de
incertidumbre, de inestabilidad, y el mero hecho de que se presente el proyecto de presupuestos y que se pueda aprobar un presupuesto, el tercero de forma consecutiva en el tiempo, yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista de la
estabilidad económica y de la estabilidad del país.


El proyecto de presupuesto para 2023 y las cifras que lo acompañan se basan en un escenario macroeconómico que ha sido avalado por la AIReF. Hay que tener en cuenta que las previsiones, en términos de PIB nominal, de los organismos
internacionales, de los analistas nacionales y, en particular, de la AIReF coinciden con las previsiones del Gobierno. Se prevé un crecimiento del PIB nominal del 5,9 o del 6 %, esto hace, puesto que la correlación entre el PIB nominal y los
ingresos tributarios es muy directa, que las cifras de ingresos entren dentro de lo previsible y de lo alcanzable.


Los organismos internacionales, en general, están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento para el año 2023 no en términos nominales, sino en términos reales, incluso dando resultados negativos para la zona euro, afortunadamente no
para España, pero también es cierto que las previsiones a corto plazo en cuanto al cierre de 2022 están mejorando; lo cual, vaya lo uno por lo otro. Desde luego, todo esto va a permitir que se cumplan las referencias previstas para el año 2022 en
términos de déficit público y de reducción de la deuda pública, y todo esto va a ser posible porque, aunque los gastos están creciendo, también lo están haciendo en similar medida, incluso en superior medida, los ingresos. Si proyectamos las cifras
que aparecen en el presupuesto al año 2023, nos encontramos con una previsión de crecimiento de los ingresos no financieros del 6 % y de los ingresos tributarios del 7,7 %.


Supongo que el tema que más expectación ha despertado y que puede resultar más interesante que yo explique ahora es la existencia de un escenario 2 en el plan presupuestario que se remitió este sábado a la Comisión Europea y que llama la
atención puesto que no se había hecho en años anteriores. También es verdad que estamos viviendo tiempos de tal incertidumbre que lo que se prevé en un momento determinado en ocasiones no te queda más remedio que revisarlo a los tres meses o
incluso a veces incluso en menos tiempo. Entonces, ¿a qué se debe la existencia de este escenario 2?


Lo primero que hay que decir es que el hito fundacional, llamémosle así, de los presupuestos -no solo del presupuesto del Estado, sino también el presupuesto de las comunidades autónomas y de las entidades locales- es la aprobación del
límite de gasto no financiero, lo que comúnmente se conoce como techo de gasto. El techo de gasto se aprueba por el Consejo de Ministros en el mes de julio, este año en la última semana de julio, y, lógicamente, a partir de esas cifras, que se
basan en la previsión de ingresos entonces disponible, es cuando se construyen los presupuestos de todas las administraciones

Página 77

públicas; insisto, no solo del Estado, sino también de las comunidades autónomas y corporaciones locales que, lógicamente, necesitan conocer qué entregas a cuenta les van a llegar del Estado y cuáles van a ser las previsiones de
liquidaciones del sistema de financiación. Claro, en el mes de julio la información disponible sobre la evolución de los ingresos es muy limitada todavía. El último informe mensual de recaudación presentado en julio es el correspondiente al mes de
junio, que responde a las operaciones, a los devengos de impuestos de las grandes empresas, en los meses inmediatamente anteriores, abril y mayo; es decir, respecto a las grandes empresas, en julio se dispone de información sobre cuatro meses y, en
relación con las pymes, únicamente se dispone de información respecto del primer trimestre, y en esas fechas no sabemos todavía cuál va ser el resultado neto de la presentación de la declaración de la renta de la campaña anual del IRPF que termina
el 30 de junio, y mucho menos qué va a pasar con la campaña anual del impuesto sobre sociedades, que se presenta en general en el mes de julio. Por tanto, en ese momento se dispone de información muy parcial.


La proyección de ingresos de ahí a fin de año tiene que ser una proyección de ingresos prudente. Si recordamos cuando se produjo la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros, podemos imaginarnos perfectamente cuáles fueron
los comentarios generalizados que se produjeron entre los analistas, y eran que era una previsión de ingresos que podía ser prudente, pero que, desde luego, se podía ver afectada por múltiples riesgos relacionados con la incertidumbre económica y
con la crisis energética. Es decir, si hubiéramos hecho una previsión de ingresos superior a la que hicimos en julio, probablemente todo el mundo hubiera dicho que era una auténtica temeridad. Lo que hicimos fue jugar con los datos que teníamos,
proyectarlos a fin de año con prudencia y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos.


Como vivimos tiempos no voy a decir inéditos porque las crisis son recurrentes aunque no se repiten o, si se repiten y riman, no riman en rima consonante, sino en rima asonante, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues volver a leer la situación.
Estamos en octubre y vemos que nuestra previsión de ingresos se queda corta y que podemos cerrar el año con una previsión superior a la anterior. Otros años había muchas más incertidumbres. Nosotros también el año pasado éramos optimistas, pero en
esta Cámara casi todo el mundo me dijo que estábamos pecando de exceso de optimismo, aunque nosotros pensábamos que íbamos a cerrar cumpliendo, desde luego, las previsiones de ingresos, cosa que luego se produjo.


¿Qué es lo que sucede este año? Que los analistas, la AIReF, el Banco de España, todo el mundo empezaban a compartir información diciendo que su propia previsión de cierre de ingresos iba a ser superior a la del techo de gasto. Con lo
cual, lo que hemos hecho, sencillamente, en el escenario 2 es analizar dónde estamos ahora ya, en octubre -hoy es 18 de octubre-, y ver cómo podemos cerrar el ejercicio, y de ahí viene un margen fiscal que, proyectado al ejercicio 2023, nos permite
llegar a la conclusión de que podemos estar en condiciones de que si hay que prorrogar las medidas de alivio adoptadas como consecuencia de la crisis energética, nos lo podamos permitir sin que eso suponga apartarnos de la senda de consolidación
fiscal.


Yo creo que es muy importante tener claro cuál es el margen disponible con carácter general. Quiero decir, aquí no se trata de identificar euro a euro de dónde van a salir esos potenciales ingresos adicionales que podemos obtener en el año
2023 y mucho menos de averiguar en qué gastos concretos se van a materializar esos ingresos si finalmente se prorrogan las medidas, porque, si hiciéramos tal cosa, estaríamos aprobando un presupuesto alternativo y no se trata de eso. Presupuesto
solo hay uno, lo que pasa es que manejamos otro escenario más, que puede ser previsible, que puede cumplirse o no, que está ahí y que nos permite marcar y trasladar a la Unión Europea que tenemos cierto margen fiscal para adoptar medidas adicionales
si fueran necesarias.


¿Por qué no podemos en este momento, y mucho menos podíamos en el mes de julio, hacer una proyección de cuáles van a ser los gastos adicionales a asumir en el año 2023? Porque ni siquiera en este momento sabemos en qué condiciones vamos a
llegar a enero, no sabemos qué medidas habrá que prorrogar, no sabemos durante cuánto tiempo habrá que hacerlo. Estamos llenos de incógnitas. Además, cuando se aprueban medidas coyunturales en una situación de crisis lo normal es hacerlo mediante
un decreto ley y que las medidas sean temporales para tres o para seis meses. En este momento, decir: el año que viene habría que adoptar tal medida fiscal y que se aplique durante todo el año, sería un ejercicio, a mi juicio, basado en unas
expectativas que distan mucho de estar apoyadas en datos reales, porque los datos están evolucionando todos los días.

Página 78

Luego, hay otro factor que yo considero extraordinariamente importante, y es que esa previsión de crecimiento de los ingresos para el año que viene se mueve entre el 11 y el 12 % -que va en sintonía con lo que decía ayer, por ejemplo, el
gobernador del Banco de España; es decir, su análisis es muy parecido al nuestro-, que también sale al paso para decir que tenemos margen, pero no tenemos margen para cualquier cosa. Cualquiera que vea los informes mensuales de recaudación de la
Agencia Tributaria verá que en el último mes con información disponible los ingresos estaban creciendo a un 19 %. Bueno, pues no vamos a cerrar en el 19 %, eso no es así. Tenemos incertidumbres, no sabemos qué va a pasar con los pagos fraccionados
de sociedades en octubre y diciembre y tenemos una bolsa de devoluciones derivadas del ejercicio 2020, y también en menor medida del ejercicio 2021, multimillonaria que tenemos que gestionar, y esto va a reducir los ingresos de manera significativa
en lo que queda de año. Es decir, no se va a multiplicar por dos ni muchísimo menos la tasa de crecimiento de los ingresos que está prevista en la ley de presupuestos. Por tanto, yo creo que tenemos que tener claro que en este momento lo que tiene
que aprobar el Parlamento, si así lo considera oportuno, es un proyecto de presupuestos basado en unas previsiones muy prudentes y, por otro lado, tenemos que seguir leyendo la situación prácticamente semana a semana para ver qué margen fiscal
tenemos, si hay que seguir adoptando medidas coyunturales y que todo eso no vaya en contra de la senda de reducción del déficit público y de la consolidación fiscal.


Otro factor que considero muy relevante y que hay que poner encima de la mesa -lo comentaba la presidenta de la AIReF- es que hay que analizar las medidas que se están aplicando para ver si son eficientes y si están cumpliendo un papel
redistributivo en términos de equidad. Esto es un tema absolutamente crítico, es decir, que en ocasiones no queda más remedio que adoptar medidas de carácter general que afectan al conjunto de los contribuyentes porque, por ejemplo, en la
imposición indirecta es extraordinariamente difícil, por no decir imposible, personalizar o focalizar las medidas. Cuando rebajas el IVA de la electricidad, cuando rebajas el IVA del gas, lo haces de manera generalizada para todo tipo de
consumidores. No se pueden personalizar como las medidas de gasto o como las medidas del IRPF. Estas medidas tienen carácter general. Al ser medidas de carácter general, tienes que ver si benefician en mayor medida a los contribuyentes de rentas
bajas para mantener los correspondientes efectos en términos de redistribución, pero todo eso hay que verlo dentro del paquete conjunto, hay que ver también qué está pasando con medidas focalizadas a colectivos más vulnerables, hay que ver qué está
pasando con el ingreso mínimo vital, las mejoras que se están produciendo en las prestaciones monetarias de carácter público y, en definitiva, todo tipo de medidas que van dirigidas a colectivos que ni siquiera están sometidos a la presentación de
la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque esas son las decilas más bajas de la distribución de la renta del país.


Respecto del IRPF, también es importante destacar que, si se focalizan las medidas, se puede actuar sobre las decilas que están inmediatamente por encima en términos de renta de los contribuyentes que no declaran el impuesto. De ahí viene
la medida de la reducción del trabajo personal, de la tributación de los rendimientos del trabajo personal para las rentas entre 15 000 y 20 000 euros, de tal manera que vayamos consiguiendo que todo el paquete de medidas no solamente sea efectivo,
sino también cumpla un papel desde el punto de vista redistributivo. Yo creo que hay que marcar distintos niveles de protección, un nivel de protección general con medidas que afectan al conjunto de los ciudadanos y luego medidas que se van
dirigiendo a colectivos concretos y entre las que, por supuesto, las de mayor intensidad tienen que ser las que se dirijan a los colectivos más vulnerables.


La otra cara de la moneda son las medidas que afectan a los colectivos que tienen mayores rentas o mayores patrimonios, es decir, mayor capacidad económica, y ahí podemos poner encima de la mesa medidas como la subida de la tributación de la
renta del ahorro para los contribuyentes con rentas del ahorro superior a 200 000 o 300 000 euros, con un punto porcentual y dos puntos porcentuales respectivamente de subida, o las medidas dirigidas al establecimiento de un impuesto de solidaridad
de las grandes fortunas, que tiene una capacidad recaudatoria potencial de 1500 millones que está relacionado con la existencia o no de tributación efectiva en el impuesto sobre el patrimonio en las comunidades autónomas. Hay muchas más medidas,
hay ahí una medida en el impuesto sobre sociedades para evitar la compensación del cien por cien de las pérdidas obtenidas por las empresas que forman parte de grupos consolidados en el impuesto y otras medidas que tienen carácter técnico, pero que
también tienen su importancia, como puedan ser las relativas al IVA para la trasposición de directivas o clarificaciones relativas al lugar de realización del hecho imponible o a la modificación de la base imponible en los casos de insolvencia. Hay
también medidas que son derivadas de sentencias del Tribunal Constitucional, como, por ejemplo, los coeficientes aplicables en el impuesto sobre el valor de los terrenos

Página 79

de naturaleza urbana. Otras medidas tienen carácter territorial, como las relativas a la reserva de inversiones en Canarias o el régimen especial de Baleares. Hay una reducción del IVA para determinados productos relacionados con la
higiene femenina. Hay una mejora en la deducción por maternidad, hay un ajuste en retenciones para evitar errores de salto, precisamente derivados de la mejora en la reducción por rendimientos del trabajo personal. En definitiva, hay una larga
lista de medidas que no han tenido tanto éxito mediático como las que he citado en primer lugar, pero que también tienen su importancia y que acompañan al proyecto de ley de presupuestos.


En términos del presupuesto de beneficios fiscales, simplemente he de decirles que hay mucho continuismo, que realmente las variaciones que se producen en el presupuesto de beneficios fiscales más bien obedecen al crecimiento de las bases, y
en la medida que crecen las bases, lógicamente los incentivos que se aplican sobre dichas bases también crecen, pero es importante destacar que cuando hay evaluaciones, cuando se produce un spending review, por ejemplo, como los que realizó hace
unos años la AIReF, eso es tenido en cuenta por el Gobierno, por el Ministerio de Hacienda, para la toma de decisiones de política fiscal. Por ejemplo, la AIReF consideró que era un incentivo revisable que no estaba cumpliendo al cien por cien su
papel el relativo a los planes de pensiones, y eso fue corregido en una ley de presupuestos anterior, y la AIReF también hizo una valoración muy favorable de la reducción de los rendimientos del trabajo personal, y precisamente sobre ella vamos a
operar en esta ley de presupuestos para potenciar una medida que sí está cumpliendo su finalidad y que encima, de acuerdo con el informe de la AIReF, está sirviendo para la creación de empleo.


Por lo que se refiere a otros aspectos que considero relevantes, como ustedes saben, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay dos componentes que se refieren al ámbito tributario, uno de ellos es el componente 27, sobre
prevención y lucha contra el fraude fiscal, y otro es el componente 28, de reforma fiscal. Respecto al componente 27, lo más significativo que tenemos entre manos en estos momentos es la elaboración de un informe de evaluación de los efectos de la
ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la Ley 11/2021. Vamos a presentar a la Unión Europea un informe de evaluación de carácter intermedio y el año que viene, en el cuarto trimestre, presentaremos un informe definitivo. Por supuesto,
hay mucho trabajo interno en el ministerio para llevar a cabo esta evaluación, pero también hemos pedido ayuda externa y de hecho hay un par de fundaciones especializadas en temas tributarios que van a contribuir con sus correspondientes informes
para que ese informe sea lo más plural y lo más representativo posible sobre el estado de la prevención y lucha contra el fraude en nuestro país


En cuanto al componente 28, la reforma fiscal, es evidente que tenemos que tener en cuenta los condicionantes que estamos viviendo en este momento. Uno de ellos no menor es la crisis energética, otro de ellos muy relacionado con el anterior
son los retrasos que se están produciendo en la armonización, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Por ejemplo, la directiva sobre productos energéticos, por razones fáciles de entender, se ha demorado en su presentación, y esto
también condiciona la toma de decisiones interna por los Estados miembros, o, por ejemplo, las medidas para poner en marcha los pilares 1 y 2, que suponen una cierta refundación de la tributación, al menos de los grandes grupos multinacionales, en
el impuesto sobre sociedades, también se ha demorado hasta el 1 de enero de 2024. En estos casos ¿qué estamos haciendo? Pues adoptando decisiones parciales, decisiones en ocasiones de carácter temporal, como decisiones puente para llegar a esas
soluciones estructurales que van a venir de la mano de la armonización europea y de la armonización internacional y con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por ejemplo, como decía antes, establecemos una limitación
para el año 2023 de la compensación de pérdidas dentro de los grandes grupos económicos y a partir del año 2024 confiamos en que ya se aplicará la tributación mínima internacional porque llegaremos a un acuerdo en el seno de la Unión Europea y en el
seno de los organismos internacionales más globales. Respecto a la tributación energética, aunque no sea el momento de plantearse cambios estructurales, sí que se puede actuar sobre otras figuras tributarias periféricas como pueda ser el impuesto
sobre residuos, el impuesto sobre plásticos, el impuesto sobre gases fluorados, es decir, se siguen adoptando medidas de reforma fiscal, pero lógicamente todo está condicionado por la coyuntura que vivimos en este momento.


Por lo que se refiere a la financiación territorial, lo más destacado que tengo que decir es que también estamos constatando que los entes territoriales, que ejecutan el 43 % del gasto público si consideramos la Seguridad Social y un
porcentaje mucho mayor si excluimos la Seguridad Social, están teniendo una evolución muy favorable en sus ingresos públicos.


Los ingresos que gestionan las comunidades autónomas en tributos cedidos no sometidos a entregas a cuenta están creciendo un 19 % respecto al año anterior. Incluso hay alguna figura como el impuesto

Página 80

sobre transmisiones patrimoniales, muy relacionado con el mundo inmobiliario, que está creciendo nada menos que un 25 %. Todo esto unido a las transferencias que se producen como consecuencia de la aplicación del sistema de financiación, va
a provocar que el año que viene las comunidades autónomas dispongan de un 24,15 % más de recursos de los que dispusieron en el año 2022, de los cuales, 124 000 millones serán como consecuencia de los incrementos de las entregas a cuenta y 10 000
millones procederán de las liquidaciones positivas de los principales impuestos. Y todo esto, por supuesto, complementado con la posibilidad de que acudan para obtener financiación si lo necesitan a los mecanismos de financiación ya existentes, el
Fondo de Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidación Autonómica, el FLA, y proyectos que puedan ser financiados por otras vías más recientemente incorporadas al sistema, como pueda ser, por ejemplo, REACT Unión Europea.


En cuanto a las entidades locales, en este caso la financiación que les va a llegar crece un 5 % respecto del año inmediatamente anterior. La cifra en términos absolutos es de 23 235 millones, y también en este caso tenemos fondos para la
financiación de las entidades locales, en definitiva, para ayudarles a hacer frente a sus gastos en unos momentos en los que la posibilidad de obtener financiación fuera del sistema es muy complicado. Todo esto tiene que permitir que se cumplan las
referencias, son meras referencias porque las reglas fiscales están suspendidas, previstas precisamente con motivo de la aprobación en julio del techo de gasto, que es un déficit del 0,3 % en el caso de las comunidades autónomas, y un superávit del
0,1 % en el caso de las entidades locales.


Termino esta rápida exposición -espero que no haya sido demasiado rápida- haciendo referencia también al crecimiento del presupuesto de la Agencia Tributaria, crecimiento que tiene que servir, entre otras cosas, para absorber el crecimiento
de plantilla que, además, es uno de los hitos que comprometimos con la Comisión Europea en el componente 27 del plan de recuperación.


Y, por supuesto, quiero agradecer el trabajo que están realizando todos los funcionarios dentro del Ministerio de Hacienda, que se pone muy especialmente de manifiesto con ocasión de la presentación del Presupuesto.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchísimas gracias, señor secretario de Estado. No por rápida ha sido menos explícita y bien explicada su intervención. Muchísimas gracias.


Pasamos al turno de los grupos parlamentario. Empezamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Martínez, tiene la palabra.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, señor Gascón. Celebro que sea usted el secretario de Estado de Hacienda, porque le avala su trabajo en la Agencia Tributaria y ya sabemos que las cosas las hace serias y habla claramente de ciertos asuntos. Pero tengo que
decirle una cosa. Nos ha llamado la atención que el Gobierno trabaje para estos presupuestos con dos escenarios, pero no porque no se utilicen escenarios a la hora de hacer previsiones. Esta mañana, algún portavoz de los partidos del Gobierno
decía que cómo no podemos creer que eso pueda suceder; sí creemos que eso puede suceder. Ustedes vienen, lo cuentan, pero cuando traen los presupuestos aquí tráiganlos en esos términos, no que cuando los mandan a Bruselas es cuando muestran ese
segundo escenario, esas dudas, la incertidumbre; lo pueden contar aquí. Eso es lo que sorprende sobre todo. Ya el fondo habrá que analizarlo, pero lo que sorprende realmente es eso, que cuando llegan aquí los presupuestos llegan con ese doble
escenario.


Ha hablado de la previsión de ingresos, ¿cómo se ha realizado? Lo digo porque hay impuestos que están pendientes de tramitar, impuestos que han sido anunciados y que a día de hoy no aparecen en los presupuestos generales del Estado. Hoy ha
dicho -lo ha confirmado la AIReF, además, a una pregunta que le hemos hecho desde Ciudadanos- que el 50 % de los ingresos que ha habido en 2022 venían a través de los ingresos que ha habido de más por el problema de la inflación. ¿Cómo nos tomamos
esa previsión de ingresos? Porque el Gobierno cada vez que hace la previsión de ingresos con un impuesto de nueva creación suele modificar las previsiones, y nos llama la atención que tengamos que confiar en esa previsión de ingresos.


He comentado en otras comparecencias -no hay que llevarse las manos a la cabeza- que ha habido una llamada de atención por parte de Bruselas sobre unos hitos que hay que conseguir para que la llegada de los fondos sea como deben llegar a
España y como todos esperamos que lleguen. Lo digo porque no es que se hayan congelado los fondos, pero sí se ha llamado la atención sobre que hay que conseguir una serie de hitos, entre otros, que se pueda acceder a cómo se están gestionando esos
gastos

Página 81

de esos fondos, y realmente nos preocupa. No nos preocupa que se haya congelado, cosa que no hemos dicho en ningún momento, sino que pudiera haber algún problema con la llegada de las próximas partidas de fondos que tienen que llegar a
nuestro país, de las que depende el futuro de nuestra economía. Nos gustaría saber qué riesgo existe, cómo se está trabajando para solucionar ese problema, si llegaremos a ese hito que hay que conseguir y qué pasaría si no llegaran.


Quería preguntarle sobre la consolidación. Ayer compareció la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, que hablaba de que ya estaba previsto cómo se iba a ir reduciendo el déficit de aquí a 2025, pero realmente no habló claramente de
qué se va a hacer para llegar a esa consolidación y a esa reducción del déficit. Dijo qué cifras quiere alcanzar, prevé alcanzar, pero no cómo. Porque decía que quizá había un plan, pero que no estaba en el papel, y realmente cuando un país se
acoge a esa cláusula para no cumplir el techo de gasto y tener esa posibilidad va aparejado que tenga en mente que exista un proceso de consolidación para que después haya una sostenibilidad financiera del país. Queremos preguntarle si usted es
capaz de explicarnos por qué se tienen los datos que quieren conseguirse de déficit y no el camino que se va a coger, y qué medidas se van a utilizar para llegar realmente a esas cifras de déficit. También nos ha comentado hoy la presidenta de la
AIReF que está previsto que en 2023 el 75 % de los ingresos que reciban las arcas públicas provengan de ingresos derivados del aumento de la inflación, eso lo ha comentado aquí esta mañana. Entonces, ¿cómo nos tomamos esto, qué medidas y qué
iniciativas van a tomar el Gobierno y el ministerio para conseguir llegar a esas cifras de déficit?


Por último, quería preguntarle sobre el impuesto a la banca y a las eléctricas, que va a empezar la tramitación, que está pendiente de una enmienda a la totalidad que ha presentado Ciudadanos. ¿Qué le parece que sea un impuesto que se haya
llamado prestación patrimonial, ya que incluso la ministra en una sesión de control habló de impuestos? ¿Y qué le parece que sea un porcentaje que recaiga sobre ingresos y no sobre rendimientos, es decir, sobre beneficio extraordinario, y que no
exista una definición real de beneficio extraordinario, que es lo que anunció al principio el Gobierno y que Europa nos ha dicho que debería ir reflejado sobre beneficios extraordinarios?


Muchísimas gracias. Siento la demora, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señora Martínez.


Por el Grupo Plural, el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias al secretario de Estado de Hacienda por su comparecencia y su información. Si me permiten un comentario previo, a efectos de que conste en el Diario de Sesiones. El portavoz del Grupo Popular, el señor Mario Cortés, en
su intervención anterior, después de mi intervención, ha hecho una alusión a los grupos independentistas de la Cámara y decía que no se había cedido a nuestras pretensiones. Dado que el único presente y el único que había intervenido era yo, me
siento aludido. Simplemente quiero decirle al señor Mario Cortés que podemos discrepar, que podemos ver las cosas diferentes, pero yo nunca le voy a decir al señor Mario Cortés ni a ningún diputado del Partido Popular que desvarío. Yo tengo dicho
a mi familia que cuando me vean desvariar no me dejen salir de casa. Por tanto, le pediría al señor Mario Cortés que si ve que desvarío, llame a mi mujer, porque ella va a tomar las medidas necesarias para que yo no acuda a esta Cámara. (Risas).


Dicho esto, señor secretario de Estado, la verdad es que a usted le ha tocado un papel, es el primer miembro del Gobierno que nos viene a hablar claramente del escenario 2 y de esta peculiaridad del escenario 2. Yo no voy a decir que no se
haya esforzado, porque se ha esforzado en intentar explicarlo, lo que pasa es que mi función aquí también es poner en evidencia que, hombre, estas explicaciones muy coherentes no son, y me voy a intentar explicar, más que nada por respeto a la
Cámara y a los diputados, que somos los que vamos a aprobar el presupuesto. Se lo dice uno que ha aprobado los dos presupuestos anteriores y que, si ustedes son benévolos y ceden a nuestras pretensiones, tiene intención de aprobar el tercer
presupuesto.


Viene a justificar el escenario 2 diciendo que en julio se aprueba un techo de gasto y unas estimaciones sobre la base de unos datos que tiene el Gobierno en junio; que después esto varió y es cuando se hizo el escenario 2. Primera
matización: ustedes cuando aprueban el techo de gasto lo hacen con una previsión de un cuadro macro en el que preveían un crecimiento del PIB del 2,7, y cuando traen los presupuestos los traen con un 2,1. Por tanto, si de julio a octubre da para
corregir el cuadro marco y las previsiones de crecimiento del PIB, mi pregunta es: ¿por qué no da para corregir los ingresos y los gastos? Porque podría ser perfectamente factible. Usted ha hablado de la previsión de ingresos y la ha intentado
justificar.

Página 82

Evidentemente, todos estiman que son mucho menores -9000 millones, 10 000 millones- de lo que figura en el presupuesto. A mí me molesta enterarme de esta situación por un documento que se envía a Bruselas y que el Gobierno no venga a
explicarlo aquí, porque al fin y al cabo quien tiene que avalarle las cifras es el Congreso de los Diputados.


También ha dicho: Esto nos da un margen fiscal para adoptar unas medidas adicionales, unos gastos que se tendrán que prorrogar, pero que no es seguro que se tengan que prorrogar, y se va a hacer de tres meses en tres meses y tienes que ser
prudente. Incluso se ha atrevido a decir que, claro, que usted no sabe si se atrevería a avanzar la prórroga de estas medidas con tanta antelación. Pues yo le digo que su presidente, nuestro presidente del Gobierno lo ha hecho tan ricamente. Vino
el jueves aquí y dijo que las medidas de gratuidad para el transporte público por ferrocarril se alargan, no tres ni seis meses, sino, de un porrazo, un año. ¿Por qué? Porque el contexto de inflación, el contexto de crisis se va a perpetuar. Mi
reflexión es: si se alargan algunas medidas y otras medidas no se alargan, tampoco lo veo muy coherente.


En todo caso -estoy a punto de finalizar-, llevamos ya dos días y no acabamos de tener el agua clara, aparte de que es usted el que realmente tiene los datos y dada su experiencia, nos genera cierta preocupación intelectual que el gobernador
del Banco de España ayer planteaba una situación que es que el crecimiento que se está viendo en los ingresos tributarios no responde exclusivamente al efecto de la inflación ni al crecimiento de la propia economía, sino que hay un porcentaje de
este crecimiento que no se corresponde con las elasticidades históricas y que no sabe bien a qué puede responder. La presidenta de la AIReF, aunque lo ha intentado, tampoco ha sabido encontrar una explicación. El gobernador apuntaba a que quizá
una parte se debía a la economía sumergida que aflora, aunque yo tengo mis dudas. Me gustaría saber qué explicación se da desde la secretaría de Estado a esta situación.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señor Bel.


A continuación, es el turno del Grupo Confederal de Unidas Podemos, señor Guijarro García.


El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.


Bienvenido, señor Gascón. Como siempre, es un gusto tenerle otra vez aquí, en la Comisión de Presupuestos. Yo querría tratar básicamente tres temas, en dos de los cuales usted se ha explayado y un tercero sobre financiación autonómica que
apenas ha tocado, pero que a mi grupo parlamentario y a este diputado en particular nos interesa especialmente.


El primer punto sería el de los ingresos públicos. No voy a repetir lo que ha dicho el señor Bel, porque creo que ha planteado una serie de dudas que usted seguramente será capaz de responder. Pero cuando hablamos de ingresos públicos, le
quería decir que aquí desde hace ya unas cuantas semanas, incluso meses, venimos escuchando la letanía por parte de la oposición de que básicamente el Estado se está llevando así, de najas, 27 000 millones de euros, por la cara por decirlo de una
forma más o menos vulgar. Es decir, el efecto de la inflación habría supuesto que los españoles nos empobreciéramos para dar al Estado unos 27 000 millones de euros extra. Yo me pregunto si acaso el Estado, con estos 27 000 millones de euros que
dicen que son extra, no tiene que afrontar un escenario inflacionista, es decir, que el poder de compra del propio Estado se ha visto disminuido por el efecto de la inflación. En todo caso, entiendo que hay efectos que claramente reducen esta cifra
de una manera colosal, pero me gustaría preguntarle, si efectivamente ha habido un aumento de recaudación, cuál ha sido el aumento real una vez deducidos y descontados los efectos compensadores.


Respecto al segundo punto que quería mencionarle, la lucha contra el fraude, que también es uno de los temas recurrentes que hemos tratado, usted ha hablado de los esfuerzos que se han venido haciendo últimamente, y querría preguntarle
cuándo cree usted que alcanzaremos el objetivo de llegar a la media europea de plantilla, que era uno de los hitos que nos habíamos marcado. Entiendo que vamos transitando esa senda, pero querría saber cuándo llegaremos a puerto. Sobre la lucha
contra el fraude también hablamos el año pasado, no sé si lo recuerda, del famoso estudio sobre la economía sumergida. Aunque esto estaba ya explicitado en la Ley 11/2021, de lucha contra el fraude, no sé si está previsto que lo puedan acometer y
en qué momento, o si nos puede usted indicar cómo avanza esta cuestión.


El tercer y último punto tiene que ver con el sistema de financiación autonómica. Yo soy diputado alicantino y en el País Valencià, en la Comunidad Valenciana este tema nos está quemando ya a unos niveles insoportables. Han pasado ocho
años desde que caducó el sistema de financiación autonómica, entiendo que las comunidades autónomas remitieron a comienzos del año en curso una serie de propuestas y no sé si me puede usted anticipar qué avances se han producido y si tienen ustedes
alguna

Página 83

previsión para afrontar un tema tan acuciante como el de la financiación autonómica, que, como digo, es básicamente la que sustenta el Estado de bienestar en este país en la medida en que está transferida.


Nada más. Muchas gracias por su comparecencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señor Guijarro.


El siguiente turno es para el Grupo Parlamentario de VOX, señor González Coello de Portugal.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Muchas gracias. Con la venia, señora presidente.


Muchas gracias, señor secretario de Estado. Yo comparto la enhorabuena por sus nuevas altas responsabilidades, y la verdad es que le agradezco profundamente que haya asistido en su anterior responsabilidad a la Comisión de Hacienda de
manera voluntaria y recurrente; ha sido usted una excepción. La ministra de Hacienda lleva sin pisar la Comisión de Hacienda desde el mes de marzo del año 2021. Han pasado veinte meses desde que la señora ministra no pasa por esta Comisión, lo
cual es una anomalía en todas las legislaturas que yo he podido repasar. Como parece ser que van bien las cosas, no hace falta que venga a esta Comisión.


Tengo varias preguntas. ¿Qué porcentaje atribuye usted a la inflación y cuánto al crecimiento económico en estos incrementos de la recaudación que usted nos ha adelantado y que se recogen? ¿En qué se basa la subida de estos 9656 millones
adicionales de ese plan presupuestario actualizado que han mandado a Europa y que no ha pasado por el Congreso? Yo coincido con lo que se ha dicho en esta sala. Si han sido capaces de corregir en los presupuestos la subida del PIB un 0,6 -del 2,7
al 2,1-, me parece que es absolutamente imprudente que no lo hayan hecho. Es más, yo pienso mal y creo que no lo han hecho a propósito, porque podían haber cambiado las bases y tener unos presupuestos más reales. Estos presupuestos, desde mi punto
de vista, son unos presupuestos zombis que no representan la realidad y, por eso, han mandado una cosa a Europa que poco o nada tiene que ver con lo que nos hemos tenido que leer, con mucha paciencia, mis compañeros y yo. La realidad es que -ya se
expresó ayer por alguna otra diputada del Partido Popular- nosotros creemos que ustedes están violentando -no usted personalmente- el artículo 134 en sus apartados 1 y 2 de la Constitución, puesto que no reflejan ni los ingresos ni los gastos y, por
lo tanto, el 135 en su apartado 1. Y con la exposición que ha hecho la presidenta de la AIReF esta mañana, que ha sido básicamente una enmienda a la totalidad de los presupuestos, abre ahí un antecedente peligrosísimo que va en línea con la
degradación de las instituciones a la cual nos ha traído este Gobierno.


¿Es cierto que el Gobierno tiene la intención de revisar el valor catastral de un total de 825 000 inmuebles en toda España, con el consiguiente incremento del IBI y plusvalía municipal? Me gustaría que nos hablara también sobre ese punto.
Desde mayo del año 2018, como sabe usted, la deuda española ha aumentado en 329 000 millones de euros, a pesar de tener ingresos récord. O sea, el año pasado tuvimos ingresos récord, llevamos cuatro años con un histórico esfuerzo de los españoles
que no se había reconocido, no ganando más -porque la renta per cápita desafortunadamente está como está-, sino que han pagado más, y seguimos teniendo más deuda y más déficit. Le recuerdo las cuarenta y dos subidas que ha hecho este Gobierno,
aunque ya las conoce usted perfectamente: ocho subidas del IRPF, cuatro subidas del impuesto de sociedades, una subida del impuesto de patrimonio, una subida del IVA, bebidas azucaradas y edulcorantes, una subida del impuesto de sucesiones y
donaciones, diez subidas de impuestos varios -Tobin, matriculación, las primas de seguro, entre otros-, diecisiete subidas de las cotizaciones sociales -que es un impuesto al trabajo puesto que no es voluntario, hay que pagarlas sí o sí-. Y las
doce subidas que, como usted ha mencionado antes, ha anunciado el Gobierno esta semana: la limitación del periodo de pago fraccionado aplazado de impuestos empresariales, de 36 a 12 meses; la subida fiscal número 44, sería la modificación del
canon digital, que va a triplicarse bajo el nuevo marco diseñado por el Gobierno; la subida número 45, el aumento de la plusvalía municipal a través de los cambios de los valores de catastro; las subidas números 46 y 47, el repunte del IBI y del
IRPF a través de los cambios de los valores de catastro; la subida 48, la creación del impuesto de solidaridad para grandes fortunas, que armoniza Patrimonio para impedir su bonificación en regiones como Madrid o Murcia; las subidas 49 y 50: la
revisión al alza del IRPF, del ahorro del 26 al 27 % para rentas de más de 200 000 euros y del 26 al 28 % para las rentas de más de 300 000 euros -cuando sabemos que la recaudación sobre estas rentas es ridícula, porque, desafortunadamente, hay muy
poquitos españoles que ganan en eso, pero bueno-; las subidas 51 y 52: la subida del 8,6 % en las bases máximas de las cotizaciones sociales y el recargo en la cotización social de las empresas a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional;
y la 53 y la 54: la creación de un nuevo impuesto aplicado a la banca y de otro gravamen

Página 84

que afectará a las compañías eléctricas. ¿Cree que esto nos hace más competitivos en el entorno europeo cuando las empresas y los autónomos españoles han recibido muchísimas menos ayudas, especialmente al circulante, que nuestros países
vecinos -y ya termino, señora presidente- o cree que esto va a restar competitividad y, por lo tanto, productividad a nuestro sector privado, que es lo que nos mantiene a todos los que estamos aquí?


Termino con el último punto. He visto que en la lucha contra la implicación tributaria y el fraude fiscal -y me alegro por la mayor dotación que tiene su agencia- hay un elemento que es la detección de signos externos de riqueza que no
resulten acordes con el historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes. Al leer este punto me acordé de lo que sucedió con el presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara, que salió con un reloj en la muñeca que vale 55 000
euros y dijo que era falso. Entonces, el delito es porque había comprado un reloj falso o porque llevaba algo que no se puede pagar con sus ingresos conocidos, puesto que lleva en la carrera política toda la vida. Claro, dijo que era falso y que
lo había comprado en un mercadillo.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Tiene que terminar, señor diputado.


El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Mi pregunta es si estas cosas las van a investigar, porque hay siete fotografías en Twitter de escenarios suyos con relojes donde este es el más barato.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Señor Elorriaga, tiene la palabra.


El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, secretario de Estado.


Yo creo que ha estado inteligente el secretario de Estado a la hora de hacerse eco desde el comienzo del desconcierto que ha causado la publicación de este plan B y, sobre todo y especialmente -y a eso me quiero referir-, a la confusión que
ha creado en materia de ingresos. Creo que sería bueno que pudiese aprovechar ahora el turno de réplica para aclarar algunos extremos sobre los que existen dudas razonables, pero fácilmente despejables.


En primer lugar, quiero hacer una consideración, estamos ante unos presupuestos que mantienen una pauta común con los de los últimos años y es que profundizan en una vertiginosa e injusta subida de la presión fiscal. El año 2018 terminó con
una presión fiscal del 35,2 % del PIB; según estos presupuestos, 2023 acabará con un 39 % del PIB; y, según el plan B, incluso se superará el 40 % del PIB de presión fiscal. La subida de 5 puntos de PIB en cuatro años, en un período muy
complicado para todos los españoles, da una buena muestra de cómo está actuando el Gobierno. Mientras la renta per cápita desciende, sin embargo, se produce un brutal incremento de los ingresos públicos basado, sobre todo, en la tributación de
rentas salariales, bien sea en el IRPF, bien en las cotizaciones de la Seguridad Social o en el consumo. Es decir, un incremento brutal de la tributación que soportan asalariados y consumidores. Se mantiene una retórica política de confrontación
entre ricos y pobres, propia de un marxismo absolutamente rancio, pero al tiempo lo que se hace es exprimir las rentas salariales a todos los españoles.


Planteo otra cuestión: el gobernador del Banco de España advirtió ayer del riesgo que se deriva de consolidar gastos estructurales financiados con ingresos tributarios que tal vez sean coyunturales, ahí es donde quiero conocer su opinión.
En primer lugar, las estimaciones que el Gobierno ha hecho históricamente en los últimos años sobre el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales han resultado realmente inexactas. Lo cierto es que incluso el impuesto de
transacciones financieras pierde recaudación constantemente. Me gustaría saber qué piensa. Es decir, ¿por qué se han producido estas diferencias tan importantes y qué ocurrirá si estos impuestos pasan a ser un recurso de la Unión Europea? También
me gustaría saber -ya se ha preguntado- si las ganancias observadas en la recaudación monetaria se deben a incrementos de precios o a un cambio de bases imponibles que los está permitiendo.


En segundo lugar, las estimaciones contenidas en los presupuestos no se ajustan a la realidad, pero no porque los cuadros macroeconómicos sean mejores o peores -que también-, sino porque hay dudas muy razonables sobre qué ingresos están
contemplados. Y sobre esto van preguntas muy concretas. Es decir, los presupuestos contemplan ingresos de 3500 millones provenientes de dos figuras tributarias inexistentes, los gravámenes temporales sobre el sector energético y financiero -que

Página 85

están contenidos en este momento en una proposición de ley que no ha superado el trámite de enmienda a la totalidad-, sin embargo, no contemplan -aunque sí lo hace el plan B- otros impuestos que han sido anunciados formalmente desde el
Ministerio de Hacienda, como el de grandes fortunas, que no aparecen presupuestados en el presupuesto de ingresos. Por eso, le quiero hacer preguntas muy concretas. ¿Qué base y qué tipo impositivo han sido tomados en consideración para hacer la
estimación de estos ingresos? Es decir, del decreto de entidades de crédito y el que recaería eventualmente sobre el sector energético. Por otro lado, dado que hay ya aprobado un reglamento de la Unión Europea que configura este impuesto, me
gustaría saber en qué medida -utilizando los datos contenidos en ese reglamento, que son de cumplimiento obligatorio para España- variarán los ingresos previstos en la proposición de ley ahora en trámite parlamentario. Y dado que el Gobierno ha
dirigido una consulta al Banco Central Europeo sobre la viabilidad o la adecuación al ordenamiento comunitario del impuesto sobre entidades financieras, me gustaría saber qué piensa hacer el Gobierno si la respuesta por parte del Banco Central
Europeo es negativa, es decir, es discrepante con lo que se pretende hacer.


El plan B que, de su propia exposición se deduce que es el que más se ajusta a la realidad, tiene unas cifras que efectivamente no coinciden con las anteriores. Es un caso realmente sorprendente de presupuestación, están impuestos que no
existen y, sin embargo, no están contemplados impuestos que parece que van a existir. En cualquier caso, dado que para que genere impuestos -como se ha anunciado en el plan B- este nuevo impuesto sobre el patrimonio debería estar aprobado a 31 de
diciembre de este año, puesto que el ingreso monetario entonces se produciría en junio del año que viene, la pregunta es también sencilla: ¿cuál es la base imponible que se ha tomado en consideración para calcular los ingresos tributarios que va a
generar este nuevo impuesto que figura en el plan B? ¿Permanecerán exentos o no los patrimonios empresariales y profesionales, y qué tipos impositivos se aplicarán?


Y termino ya -le pido perdón a la presidenta por incumplir- con una última cuestión. Nosotros venimos reclamando reiteradamente que se adecúe la tarifa del IRPF a las tasas de inflación, algo a lo que el Gobierno se ha negado, aunque no así
algunas comunidades autónomas cuyos gobiernos forman parte del Partido Socialista. En cualquier caso, yo quería hacer una pregunta muy concreta: ¿consideran que esta disparidad de tarifas en el IRPF que se va a producir, como consecuencia de la
actualización o la adecuación a la inflación o no entre distintos territorios, es también un caso de competencia fiscal indeseable, como se ha manifestado para otras figuras tributarias? En cualquier caso, por un lado, las medidas que se han
adoptado -lo ha dicho usted y creo que conviene resaltarlo- no afectan en nada al 20 % de las familias que no son declarantes del IRPF, y por otro lado, se está produciendo un error de saldo muy notable con los mayores.


Una última cosa, y ya termino. Me gustaría saber si los 100 euros por hijo, ya que se ha presumido de nuevos incentivos para las madres trabajadoras, están contemplados o no como beneficios fiscales, o si están presupuestados, porque los
datos que arrojan la información que adjunta el presupuesto y el plan B parecen no ser claros al respecto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Gracias, señor Elorriaga. Le prometo que no le vamos a contar nada a su compañero.


A continuación, tiene el turno por el Grupo Socialista la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias.


Bienvenido, señor Gascón, hoy aquí a la Comisión de Presupuestos. Lo hace hoy como secretario de Estado de Hacienda, antes lo hacía como director de la Agencia Tributaria. Por tanto, mis primeras palabras son para felicitarle en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista por el nombramiento de su nueva responsabilidad; una responsabilidad que, como bien han dicho otros compañeros de la Comisión, está bien avalada por su buena gestión como director de la Agencia Tributaria. Además, me
gustaría también felicitarle por el gran trabajo que ha supuesto todo el desarrollo de estos presupuestos, una felicitación que también quiero que se haga extensa a los trabajadores del Ministerio de Hacienda, porque realmente en un contexto de
tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, es muy difícil haber presentado unos presupuestos en tiempo y forma. Por tanto, la primera cuestión que querría poner en valor precisamente es esa, es el hecho de que por tercera vez el Gobierno haya
podido presentar unos presupuestos para que este Parlamento pueda aprobarlo en tiempo y forma y que esta semana, cuando

Página 86

se están produciendo todas las comparecencias del Gobierno, tengamos la posibilidad de preguntar todas las cuestiones que no están claras o aquellas cuestiones que deban requerir o que requieran mayor explicación.


De hecho, le agradezco también directamente su intervención porque, como usted sabe, llevamos aquí desde las ocho y media de la mañana, y hemos tenido varias intervenciones por parte de varios comparecientes. A mí lo que me ha llamado la
atención es cómo es posible que teniendo los resultados que estamos teniendo, cuando estamos mejorando las expectativas de crecimiento del año 2022, cuando a pesar de las dificultades y de la incertidumbre se está consiguiendo reducir el déficit y
la deuda, logrando una senda de estabilidad y consolidación a lo largo del tiempo, se le esté echando en cara a este Gobierno el hecho de que este siendo prudente en los ingresos. La verdad es que llama muchísimo la atención, porque es claro que se
están presentando unos presupuestos en tiempo y en forma, y que además se está haciendo de manera prudente; una prudencia que no solo la vemos en estos presupuestos, sino que la hemos visto a lo largo de toda la legislatura, como así se constatan
los resultados que hemos tenido tanto en el 2020 como en el 2021. Unos presupuestos en los que vemos cómo se van ejecutando y vemos que hay una mayor elasticidad de los ingresos fiscales. Lo vimos en el año 2020, en el que hubo una caída del PIB
muy fuerte, pero la recaudación no cayó con la misma fuerza, lo que nos permitía adivinar que había una mejor elasticidad. En el 2021, con un incremento de la inflación media de un 3 %, también observamos un incremento importante de la recaudación
de un 15 %. Ahora, en estos momentos, vemos cómo el Gobierno está siendo muy prudente y ante un incremento de la inflación no está considerando todos esos ingresos a la hora de establecer el gasto que incorporan los presupuestos, y deja aparte
todas aquellas medidas que se contemplan de forma temporal. Por tanto, me llama mucho la atención cómo de alguna forma se esté llamando la atención al Gobierno, cuando realmente es lo que debemos exigirle al Gobierno, que sea prudente en sus
cuentas.


Otra cuestión que me gustaría poner en valor es la distinta forma de abordar la crisis, qué diferencia a la hora de abordar la crisis. Ante una situación tan complicada, ante la pandemia, ante los efectos de la guerra, este Gobierno está
adoptando medidas para evitar los grandes efectos que está teniendo.


La verdad es que no me he puesto el contador. Discúlpeme, presidenta, pero veo que está marcando el tiempo, así que no sé si han pasado ya los cinco minutos.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Le queda un poquito.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.


Como decía, por sintetizar, el Gobierno ha sido prudente. Hay una distinta forma de abordar la crisis: cómo lo ha hecho el Gobierno socialista y cómo lo hizo el Gobierno del Partido Popular en años anteriores. En aquel entonces lo que se
hizo fue una subida generalizada de los impuestos, se recortaron derechos, se recortó gasto social y no consiguieron reducir ni déficit ni deuda. Por el contrario, ahora con tanta incertidumbre conseguimos bajar impuestos, impuestos focalizados y
de alguna forma mejorar la progresividad subiendo los impuestos a aquellos que tienen mayor capacidad para poder contribuir en estos momentos. Además, estamos consiguiendo reducir el déficit y la deuda, y conseguir presentar los presupuestos más
sociales de la historia.


En tercer lugar, me gustaría también poner en evidencia la solidez y la resiliencia de la economía española que estamos teniendo con los resultados que estamos viendo cuando, tanto el Fondo Monetario Internacional como diversos organismos
internacionales, nos dicen ya que España es uno de los pocos países que se espera que crezca, el que más, el año que viene y que, además de crecer, será uno de los pocos que no entrará en recesión.


Por último, se ha planteado la cuestión de la elevada presión fiscal, aunque creo que esa presión fiscal continúa siendo inferior al resto de los países. Me gustaría preguntarle en qué situación nos encontramos con respecto del resto de los
países y si es verdad que estamos en una posición en la que hay países a nuestro alrededor que tienen impuestos mucho más bajos que nosotros.


Había otra cuestión que quería preguntarle, pero ya la ha preguntado otro compañero. Así que, muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Muchas gracias, señora Blanquer.


De nuevo, el secretario de Estado de Hacienda tiene la palabra para las respuestas.

Página 87

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Gascón Catalán): En primer lugar, gracias por los parabienes y enhorabuenas. Son tantas preguntas que la verdad es que no sé ni por dónde empezar; sobre todo, para respetar mínimamente el tiempo,
porque hay mucho de lo que hablar.


Vamos a ver, están los famosos dos escenarios. Ustedes preguntan a uno de los escenógrafos que por qué hay cambio de escenario. El cambio de escenario se produce en el momento en que hay que presentar el plan presupuestario, que tiene unas
fechas tasadas y que hay que cumplir. ¿Hubiera merecido una comparecencia ad hoc? Es posible, porque nunca ha habido un plan presupuestario con una revisión tan importante como este, probablemente tampoco una variación de circunstancias tan
grande, pero es que coincide justo con las comparecencias. Con lo cual, yo no explicaría nada distinto a lo que estoy explicando ahora. Con esto quiero decir que explicaciones estamos dando tan pronto como podemos. El plan presupuestario se
remitió a Bruselas el sábado. Insisto, no es un presupuesto alternativo, no es un estado de ingresos y gastos que vaya al detalle, en absoluto. Se trata de explicar al conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, también a la Unión Europea, que la
evolución de los ingresos está siendo favorable y que eso puede permitir que exista margen fiscal para adopción de medida, si fueran necesarias, para hacer frente a la crisis energética.


En algunos casos hay medidas que yo creo que ofrecen pocas dudas de que se van a prorrogar. El señor Bel me decía poco menos que, confrontando con el presidente del Gobierno, alguna ya se ha anunciado como que va de serie y que se va a
incorporar para el año 2023, pero es que yo creo que nadie discute esa medida. Quiero decir que es una medida que solo tiene efectos positivos en este momento: reduce el consumo energético, favorece la movilidad urbana y tiene un coste aceptable.
Otras medidas pueden ser más opinables e incluso su prolongación en el tiempo, probablemente haya que hacerla en función de cuál sea la evolución de los precios. Por tanto, yo creo que es importante también esperar a ver cuáles son las conclusiones
de la AIReF, que está analizando precisamente los efectos de las medidas. A eso me refería. En algunos casos está muy claro, pero en otros casos no está en absoluto claro que haya que prorrogar esas medidas, al menos en su definición actual.
Vamos a ir paso a paso y se adoptará por decreto ley y lo más próximo a la entrada en vigor de la medida, como corresponde a la figura del decreto ley.


Las previsiones de ingresos se construyen -si nos referimos al escenario 2- sobre el incremento de la base que vamos a obtener en el año 2022, más o menos los impactos de las medidas normativas, porque hay algunas que suman y hay otras que
restan, y todo eso teniendo en cuenta cuál es el cuadro macro. Me decían que el escenario 2 se podía haber modificado porque se ha modificado el cuadro macro. Hombre, pues puedes hacerlo, pero hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es
que si modificas el cuadro macro por lo que se refiere al PIB nominal, sí que implica cambiar los ingresos, pero si modificas el PIB real y no modificas el nominal, no tienes por qué hacerlo. En estos momentos la previsión de crecimiento del PIB
nominal del Gobierno y del Banco de España para el año que viene coinciden y la del Gobierno no ha variado respecto a la previsión de julio, con lo cual esa necesidad de cambio no la hemos tenido.


En segundo lugar, si estuviéramos actualizando las cifras de ingresos y gastos cada vez que tuviéramos un nuevo dato que subiera el marcador, ninguna Administración pública podría hacer sus cuentas. En julio tenemos que dar una cifra para
que las comunidades autónomas y los ayuntamientos y, por supuesto, también el Estado construyan sus presupuestos. Si decimos que esa cifra está sujeta a revisión, en función de lo que pase en septiembre, no habrá presupuestos en ninguna
Administración pública española en enero, es una servidumbre que tenemos. ¿Podemos cambiar el calendario de planificación presupuestaria? Por supuesto que se podría cambiar, pero si no lo hemos cambiado en cincuenta años no seré yo quien diga que
sería bueno hacerlo. El calendario está bien como está, el problema que tenemos es que el escenario es muy móvil y tenemos que acostumbrarnos a este tipo de vaivenes. Entonces, que los gobiernos -no necesariamente solo el Gobierno central-
modifiquen sus escenarios sin necesidad de tocar el presupuesto, yo creo que cada vez va a ser más frecuente, porque los hechos cambian continuamente. Lo que hay que hacer es explicarlo, y eso es lo que yo estaba intentando hacer ahora.


Hay otra pregunta clave. De todo ese crecimiento de los ingresos, ¿qué parte se puede estar originando por la inflación? Si lo referenciamos simplemente al PIB nominal, que es lo que entiendo que ha hecho esta mañana la presidenta de la
AIReF, y el PIB nominal lo descompones en PIB real más deflactor, y dices que el deflactor es tres veces más grande que el crecimiento del PIB real, pues tres veces más viene vía precios de lo que te viene vía crecimiento económico. El gobernador
del Banco de

Página 88

España hizo ayer un análisis un poco más en profundidad. Dijo efectivamente que había un 30 % del crecimiento en los ingresos que tenía muy difícil explicación. Habló de residuos, se declaró agnóstico sobre cuál era el origen de semejante
crecimiento y el 70 % restante, si no recuerdo mal, dijo que un tercio se podía deber al crecimiento real y dos tercios al nominal, con lo cual ahí ya estamos bajando a un 45 % como consecuencia de los precios. Estamos haciendo un estudio -se lo
anticipo- porque el tema lo merece, merece un estudio más en profundidad que está haciendo el Servicio de Estudios de la Agencia Tributaria porque no es nada sencillo.


Está bien la correlación con el PIB nominal, pero cada impuesto tiene sus propias características. Por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades, si decimos que está creciendo la recaudación a causa de la inflación, estamos diciendo que las
empresas ganan más dinero gracias al incremento de precios, y yo no digo que en algún sector no pueda ocurrir, pero en otros es que es exactamente al revés. No puedes trasladar a los clientes el incremento de costes, con lo cual tu beneficio
disminuye. Por tanto, intuitivamente, yo tiendo a pensar que se van a netear los dos efectos. En los principales impuestos especiales la base imponible normalmente se calcula en función de unidades vendidas, es decir, los precios son irrelevantes,
con lo cual el impacto de la inflación yo no lo veo por ninguna parte. En el impuesto sobre la renta lo que tributan son rendimientos y plusvalías, aunque se puede producir progresividad en frío, es decir, ahí hay un cierto efecto de la inflación,
al igual que en el IVA, obviamente también, porque el IVA lo que grava son bases imponibles, que normalmente son los precios. Entonces vamos a calcular cuánto sale, pero así intuitivamente me parece que no pueden ser cifras tan altas como estas que
acabo de citar, pero esperaremos a que el estudio esté disponible.


En cualquier caso, la gran pregunta no es esa. Yo creo que la planteó ayer el gobernador del Banco de España y varios de ustedes la han traído a colación, y es qué parte de ese crecimiento de los ingresos es estructural y qué parte es
coyuntural. Esa es la gran pregunta, si ese 30 % de residuos lo vamos a tener para siempre y qué es lo que va a suceder. Para esa pregunta -yo no soy agnóstico-, yo no tengo una respuesta clara. Habrá que analizarlo mucho más despacio porque es
realmente complicado de responder.


Lo que sí les puedo decir es que una preocupación del gobernador del Banco de España, yo creo que no se va a materializar en un riesgo y es que nos pase lo mismo que nos pasó con la crisis financiera. Con la crisis financiera, si ustedes
recuerdan, se produjo un derrumbamiento de la recaudación y simplemente, en tres años, perdimos 41 000 millones e incluso, en dos años, perdimos más, pero también fue porque se generalizaron las devoluciones en el IVA. El año 2002 yo creo que no es
representativo, hay que irse al año 2010 para hacer la comparación. De esos 40 000 millones que perdimos, 28 000 los perdimos en el impuesto sobre sociedades. En renta e IVA perdimos porque cayó el consumo, hubo una reducción de los rendimientos
de las familias, pero desde luego no fue un desplome y se produjo una recuperación atenuada en el tiempo, pero que se fue consiguiendo poco a poco. La gran pérdida la tuvimos en el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué fue así? Porque en el año
2007, el 45 % de las bases imponibles del impuesto procedían del sector inmobiliario y del sector financiero, una cosa inédita, pero no ya en España, sino en el mundo. Claro, cuando se derrumban estos dos sectores, se produce un cataclismo, y
todavía, ni de lejos, estamos a la mitad de la recaudación de lo que recaudaba el impuesto sobre sociedades entonces, y esperemos que no vuelva a esa recaudación, porque sería síntoma de que estamos padeciendo otra burbuja. Con lo cual, lo que nos
pasó entonces no nos va a pasar, eso lo tengo claro. Ahora, decir que necesariamente los ingresos que estamos recibiendo en este momento se van a convertir en estructurales y que ese incremento paulatino, que se ha ido produciendo en la presión
fiscal, se va a mantener a igualdad de medidas normativas, desde luego, en este momento yo creo que no hay nadie que esté en condiciones de decirlo. De hecho, en las conversaciones con la Unión Europea me han preguntado y les he devuelto la
pregunta diciéndoles: si vosotros tenéis información y capacidad de análisis para darnos alguna pista, desde luego, será bienvenida, porque estamos todos intentando encontrarle la explicación.


¿Puede influir en la reducción de la economía sumergida? Por supuesto que sí. Les voy a dar un dato que yo creo que es muy revelador. En el año 2017, o sea, hace apenas seis años, las retiradas de dinero en cajeros automáticos eran tanto
como los pagos con tarjeta de crédito, o sea, los españoles pagábamos la mitad con tarjeta, la mitad en efectivo. Ahora, el pago en TPV, mediante tarjeta de crédito, duplica, según las estadísticas del Banco de España, las retiradas de dinero en
cajeros automáticos. Eso se tiene que notar, evidentemente, en términos de trazabilidad de las operaciones y reducción del margen para economía sumergida. Seguimos dándole vueltas. Estamos intentando, a través del Instituto de Estudios Fiscales
llegar a alguna conclusión, pero les resultará revelador a ustedes que cuando en el plan presupuestario se ha incluido un recuadro en el que se habla de afloración de empleo sumergido, no hayamos puesto nada del

Página 89

fraude fiscal. ¿Por qué? Porque no lo tenemos suficientemente trabajado como para llegar a conclusiones. No me gustaría ser triunfalista en ese punto. Sí les puedo dar un dato que para mí es muy importante, y es que en los últimos siete
años las bases imponibles fiscales, descontando efectos normativos, están creciendo más que el PIB nominal y que la demanda interna. Eso puede ser un síntoma de que efectivamente algo se mueve y de que el cumplimiento fiscal está mejorando. ¿Hasta
qué punto? No soy capaz de decirlo, pero bueno, por lo menos es un dato en positivo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Se han producido incrementos de impuestos y el proyecto de ley de presupuestos y las normas que se están tramitando en paralelo los incorporan, pero hasta ahora en estos últimos años el saldo neto de las medidas normativas es negativo, es
decir, las bajadas de impuestos superan en impacto recaudatorio a las subidas impositivas, y eso es así debido al enorme esfuerzo que tuvimos que hacer como consecuencia de la crisis sanitaria y, después, como consecuencia de la crisis energética.


Les voy a dar una cifra que es absolutamente apabullante. La Agencia Tributaria ha pasado de gestionar impuestos a gestionar también ayudas sociales, porque hay que hacer llegar inmediatamente al tejido productivo y a los ciudadanos ayudas
en los momentos de crisis y, desde luego, cuando tienes instrumentos tecnológicos de primer nivel estás en mejores condiciones que otras administraciones públicas para desarrollar ese tipo de políticas. Pues solo en el cuarto trimestre, lo que
tenemos previsto es que la Agencia Tributaria en términos de menores ingresos derivados de bajadas de impuestos tenga que gestionar 2000 millones y en ayudas directas otros 2000 millones largos, incluyendo el descuento de los 20 céntimos, la ayuda
de 200 euros, las ayudas al sector transporte o las ayudas a las gasintensivas. Pues son entre 4000 y 4500 millones solo en un trimestre de ayudas canalizadas.


¿Hacia dónde van los ingresos que se están obteniendo como consecuencia de la positiva evolución de la recaudación? Pues a este tipo de políticas, es evidente, y el resto de las administraciones públicas entiendo que están haciendo lo
mismo, de ahí que lo que haya que ver es cuál es el impacto global. No hay que ver solo la política de ingreso y la política del gasto, hay que tener, como decía Fuentes Quintana hace muchísimos años, una visión global de la Hacienda pública y ver
el conjunto y qué efectos redistributivos tiene. El IRPF no es la panacea, en el IRPF los contribuyentes de menor renta están excluidos. Entonces, tenemos que tener políticas focalizadas a ese segmento de contribuyentes, que pueden verse
complementadas con otras políticas que, si queremos, pueden ser progresivas, también el impuesto sobre la renta.


Cada país busca su fórmula. Yo no voy a ser quien critique lo que están haciendo los demás, pero también les digo una cosa. Cuando nosotros compartimos reuniones internacionales, a mí no me vale que un país me diga que está haciendo no sé
qué cosa especial con el impuesto sobre el gas, quiero que me cuente cómo funciona el conjunto. Por ejemplo, un país que yo admiro muchísimo y con el que tenemos una relación privilegiada es, evidentemente, Portugal. Entonces, claro, Portugal se
suele poner como ejemplo de política atractiva de capital, e incluso de ciudadanos que en un momento determinado se pueden ir para allá como consecuencia de reducciones fiscales. Pues Portugal tiene menos renta per cápita que nosotros y la misma
presión fiscal que España. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el milagro? El milagro es que el tipo general del IVA en Portugal es el 23 %, 2 puntos más que en España; el tipo reducido, el 13 %, 3 puntos más que en
España; y el superreducido, el 6 %, 2 puntos más que en España. Es decir, que para cuadrar las cuentas públicas hay que hacer números y te tienen que explicar el conjunto, porque si no te puedes llevar una imagen equivocada de dónde hay margen y
dónde no lo hay.


La política de salida de la crisis entiendo que, después de la amarga experiencia de la crisis anterior, pasa por mantener políticas de estímulo que sean compatibles con las sendas de reducción del déficit público, aunque las reglas fiscales
estén suspendidas. Lo que no podemos hacer es destinar esa recaudación adicional que nos llega directamente a reducir déficit en un momento como este. La prioridad, desde luego, son las necesidades del momento. Insisto, sin tirar la casa por la
ventana y teniendo claro que esas referencias hay que cumplirlas, que hay que dar una imagen clara de seriedad y de compromiso a los mercados. ¿Eso se puede pintar en un cuadro en el que aparezca un año detrás de otro cuál va ser la reducción y las
medidas concretas que se vayan a ir aplicando? Por supuesto que se puede hacer, pero en un escenario de más estabilidad. En este momento, cuando estamos revisando cada tres meses las previsiones, pues entiendo que es bastante difícil llegar más
allá del compromiso a la reducción. Porque cada año tienes que ver qué vas a hacer al año siguiente y qué medidas de estímulo vas a poner encima de la mesa, porque no te queda otra. Es absolutamente imposible no hacerlo. Insisto, es muy
complicado ir más allá del compromiso genérico de reducción del déficit público y, por supuesto, de reducción en consonancia de la deuda pública.

Página 90

La verdad es que ha habido muchas preguntas también por parte del señor Elorriaga sobre cómo se han calculado los impuestos. Cada uno tiene su metodología, evidentemente. En el caso de los nuevos gravámenes, por ejemplo, pues se parte de
la base de las cifras históricas disponibles de los grandes grupos. Por ejemplo, en el sector bancario, de cuáles son sus intereses netos y cuáles son sus comisiones netas, se proyectan a un escenario más actualizado y se les aplica un tipo
impositivo del 4,5 %. En el caso de las compañías eléctricas, petroleras y gasistas, se parte de su cifra de negocio, se extrapola de acuerdo con el crecimiento previsible de esa cifra de negocios y se le aplica el tipo impositivo del 1,2 %. El
impuesto de solidaridad de las grandes fortunas es un impuesto que se construye con el impuesto sobre el patrimonio y no se tocan sus variables, la única variable que se toca es el mínimo exento, que pasa a 3 millones, es decir, todo lo demás se
queda igual, el límite conjunto con el IRPF, la exención por empresa familiar o la exención por vivienda habitual. No se toca ninguno de los parámetros, con lo cual se trata de simular qué sucedería si ninguna comunidad autónoma aplicara el
impuesto sobre el patrimonio y solo se aplicase el nuevo impuesto, y eso da lugar a la recaudación potencial de 1500 millones.


Esta medida no estaba incluida en las cifras del presupuesto y, además, efectivamente, lo han dicho todos ustedes, aquí lo que tenemos son dos vehículos normativos en paralelo. Tenemos, por un lado, el proyecto de ley de presupuestos y, por
otro lado, una proposición de ley que se está tramitando en este momento. Hay una enmienda a la totalidad planteada por Ciudadanos y, evidentemente, mientras esté viva esa enmienda todavía no se ha cerrado el plazo para enmiendas parciales y, en
consecuencia, esto va a suponer que hasta el mes de noviembre no entremos en el análisis de esas enmiendas parciales, pero el objetivo sigue siendo que su aprobación se produzca antes del 31 de diciembre. Utilizando ese instrumento normativo, se
podría aprobar el impuesto sobre la solidaridad de las grandes fortunas y, a su vez, la limitación de la deducibilidad de gastos de compensación de pérdidas dentro de los grandes grupos consolidados. Todo esto, si se aprobase antes del 31 de
diciembre, evidentemente ratificaría las cifras que están contenidas en el presupuesto con impacto recaudatorio en el año 2023.


Respecto a lo que se ha acordado en Europa, y yo creo que este también es un punto que tiene su interés, en Europa se ha estado debatiendo un cambio regulatorio en el sector eléctrico, en el sector gasista y en el sector petrolero, y, en
concreto, también la aprobación de un gravamen, que le han llamado levy, no lo han llamado tax, y no se ha tramitado por las reglas de unanimidad de los impuestos, sino que se ha tramitado por las reglas de otros ámbitos regulatorios que no exigen
la unanimidad. Por tanto, el hecho es que en España hemos conceptuado como gravamen estas figuras, y resulta que ahora en Europa también se están conceptuado como gravamen y no como impuesto. Lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido dejar
libertad a los Estados miembros para que consigan resultados equivalentes, pero con sus propias figuras impositivas o gravámenes, o como lo quieran definir en cada uno de los países, construidos sobre la base que entiendan más oportuna. Es decir,
lo fundamental es que se refieran a estos sectores y que se consigan unos resultados recaudatorios equivalentes a los previstos por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se dice: Es que en Italia existe un impuesto que grava los beneficios
extraordinarios en línea con lo que defiende la Unión Europea. No es cierto, en Italia existe un impuesto que pretende calcular cuáles son los beneficios extraordinarios a partir de la evolución de las declaraciones de IVA, y en España lo que
hacemos es, en un caso, irnos a los márgenes de beneficios y, en otro caso, a las cifras de negocios. Pero lo que le preocupa a la Comisión Europea y lo que le preocupa al resto de los socios no es cómo articules la medida, sino cuál es el
resultado que vas a alcanzar. Veremos cuál es el impacto recaudatorio de estas medidas. Efectivamente, en el pasado cometimos errores en la estimación de cuál iba a ser el impacto recaudatorio de algunos impuestos. Sin ir más lejos, en el
impuesto sobre servicios digitales la propia Unión Europea manejaba unas estimaciones que no se han cumplido ni de lejos. Pero, en estos otros casos entendemos que hay mucha más información sectorial, porque la información está concentrada en muy
pocos grandes grupos económicos, que permiten afinar bastante más las expectativas recaudatorias. En cualquier caso, todo esto es extraordinariamente complejo, como se pueden imaginar, y no es tan fácil como prever el impacto recaudatorio de una
modificación en la tarifa del IRPF o que afecte a las retenciones.


No quiero aburrirles más, pero estoy a su disposición para cualquier otra cosa, pero ya fuera de esta sesión.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por las explicaciones.


Paramos cinco minutos mientras llega el próximo compareciente. (Pausa).

Página 91

- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (MARTÍNEZ LÓPEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CIUDADANOS (Número de expediente 212/002545), VOX (Número de expediente 212/002385), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 212/002732), SOCIALISTA Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002663).


La señora PRESIDENTA: Retomamos la sesión de comparecencias dando la bienvenida al secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López, al que le doy la palabra para que haga la exposición que entienda pertinente.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Gracias, presidenta.


Señorías, buenas tardes, comparezco ante ustedes para dar a conocer los presupuestos destinados al programa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.


En relación con las dos comparecencias que he tenido en esta Comisión de Presupuestos, creo que hoy partimos de una novedad y esa novedad es que ya tenemos la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada, como sus señorías saben, el 5 de
este mes de octubre en el Senado y, por tanto, estamos ante una novedad importante a la que, sin lugar a dudas, estos presupuestos tratan de dar respuesta. Esta es una ley que fortalece nuestra democracia y culmina el camino democrático y de
reconciliación emprendido por nuestro país desde la transición política de la dictadura a la democracia. La Ley de Memoria Democrática, como todos ustedes saben, es el fruto de una mayoría de las Cámaras que, en el trámite parlamentario,
enriquecieron el Proyecto de Ley de Memoria Democrática gracias al proceso de diálogo y de negociación. Una ley que impulsa decisivamente las políticas públicas de memoria democrática y que se vertebra en torno a los grandes principios del derecho
internacional humanitario: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición o, como decimos en la ley, el deber de memoria. Es una ley que sitúa a las víctimas en el centro de la acción pública; una ley que, una vez aprobada
por las Cortes, va a entrar en vigor -espero que esta misma semana- tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado; una ley a la que estos presupuestos -como decía al principio- que presentamos hoy vienen a dar efectividad y a dar cumplimiento.


Hablando en concreto del presupuesto asignado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que se encuentra en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, este asciende a 13 952 000 euros, que van a servir para consolidar
la puesta en marcha de las medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, la defensa, el fomento y la divulgación de la memoria democrática. Estamos, por tanto, ante un presupuesto histórico, nunca mejor dicho, entre otras
cosas, porque es el mayor presupuesto que se haya destinado en la historia de la democracia a políticas de memoria. Concretamente, desde el presupuesto pasado, este presupuesto se incrementa en 2 125 700 euros, es decir, cerca de un 18 % más que en
el ejercicio anterior. El incremento es muy expresivo del compromiso que tiene, en este caso, el Gobierno de España con las políticas de memoria democrática. Una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de los dos presupuestos anteriores.
Tengo que decir que duplica el presupuesto más alto de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que quintuplica el presupuesto residual que le dio el Partido Popular en el año 2012.


Con este presupuesto que hoy presentamos se da cumplimiento efectivo al compromiso del presidente del Gobierno en la sesión de investidura. Es un presupuesto que destina el 29,67 % a financiar actuaciones directas de la secretaría de
Estado; un 21,5 % a las actuaciones de transferencias a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla; un 11,83 % tendrá como destinatarios finales a las entidades locales; un 4,3 % a entidades sin ánimo de lucro; cerca de un 3 % a universidades y
centros de investigación; casi un 14 %, exactamente un 13,98 %, de inversiones reales, que se incrementan un 62,5 % respecto a lo aprobado en el año 2022, y a lo que hay que sumar otro 7,16 % a transferencia de capital, que irá dirigido a
memoriales de Teruel y La Rioja. Como puede observarse, los casi 14 millones de euros dan un sólido respaldo a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática que se ha aprobado en las Cortes Generales y que está a expensas de ser publicada en el
Boletín Oficial de del Estado.


¿Qué actividades pretendemos desarrollar? En los dos últimos años he tenido la oportunidad de comparecer en esta Comisión de Presupuestos y he explicado las líneas de política de memoria democrática que plasmaban el compromiso del Gobierno
y que venían a dar respuesta a las recomendaciones y a las reiteraciones que, sistemáticamente, nos venían haciendo desde los organismos internacionales de derecho humanitario. El nuevo presupuesto, por tanto, viene, en primer lugar, a dar

Página 92

continuidad y a consolidar las actividades de memoria democrática que veníamos desarrollando en los dos anteriores presupuestos, pero, a la par, viene a dar un nuevo impulso, incorporando nuevos mandatos de la Ley de Memoria Democrática que
abren los nuevos escenarios en el cumplimiento de los principios de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición o, como decimos en la ley, el deber de memoria.


Me voy a referir, en primer lugar, a aquellas iniciativas y proyectos que consolidan los avances alcanzados hasta ahora. Este presupuesto contempla la actuación de la tercera anualidad del plan cuatrienal de exhumación de víctimas de la
Guerra Civil y de la dictadura. Como saben ustedes, la búsqueda de los desaparecidos constituye una obligación y una responsabilidad del Estado. Por tanto, se configura como una política pública que ha de impulsar y acometer el Gobierno de una
manera directa. Esto lo viene a decir de una manera mucho más clara la Ley de Memoria Democrática cuando habla, precisamente, del derecho a la verdad de las víctimas. Hasta ahora el planteamiento que hemos venido haciendo en relación con la
exhumación de fosas partió de lo que llamamos un plan de choque al que se destinó, desde el primer momento, un 1,5 millones de euros: 750 000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro y 750 000 euros destinados a la Federación Española de Municipios
y Provincias para que la FEMP impulsara, con los ayuntamientos, políticas de exhumaciones. A partir de ahí en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hicimos un estudio de cuál podría ser el plan cuatrienal de exhumaciones de fosas para
hacerlo, conjuntamente, con las otras partes del Estado. Las otras partes del Estado son las comunidades autónomas y también las entidades locales. Cuando hablo de entidades locales hablo de ayuntamientos y hablo de diputaciones. Por tanto, el
plan cuatrienal está anclado en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Pues bien, para 2023 el presupuesto que hay para exhumaciones es de 6 350 000 euros que se distribuyen de la siguiente
manera. En primer lugar, a las comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla, hay una transferencia de 3 millones de euros. Asimismo, para las entidades locales hay una doble línea. Una primera línea a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias, fundamentalmente, destinada a lo que podemos decir que son las fosas pequeñas o las medianas fosas. A eso hemos destinado un millón de euros, de la misma manera que en el presupuesto de 2022. Después, siguiendo la estela
del presupuesto del año pasado, tenemos 650 000 euros destinados a las grandes fosas. Cuando hablo de grandes fosas me estoy refiriendo, fundamentalmente, a fosas de más de mil cadáveres que tengamos recogidos a través de los estudios previos de
carácter histórico. Esto lo va a hacer la Administración General del Estado no sola, sino en colaboración con el resto de instituciones públicas. Un ejemplo es lo que hicimos en Sevilla, llegando a un acuerdo con la comunidad autónoma, con la
diputación, con el Ayuntamiento de Sevilla y, en este caso, también con la Administración General del Estado para exhumar la gran fosa de Pico Reja de la que en este momento les puedo indicar que se han extraído ya más de 1400 cadáveres objeto de
violencia política como consecuencia de los bandos de Queipo de Llano. Por lo tanto, las grandes fosas tienen un tratamiento especial. En este caso concreto se van a destinar 275 000 euros a la gran fosa de Jaén, 275 000 euros a la gran fosa que
hay en Ciudad Real y unos 100 000 euros directamente a la fosa de Huelva. Esta situación viene a completar, desde el punto de vista de exhumaciones con las entidades locales, el plan que ya iniciamos en grandes fosas con estos grandes
ayuntamientos. Hay una novedad que antes no podíamos llevar a cabo porque no teníamos la Ley de Memoria Democrática, que es que la propia Administración pueda contratar directamente para completar lo que otras administraciones están llevando a cabo
o, de alguna manera, las fosas que entendamos que tienen carácter estratégico poder llevarlas a cabo desde la contratación directa de la Administración General del Estado. Vuelvo a reiterar que esto no ocurría y no lo podíamos hacer sin la Ley de
Memoria Democrática. A ello, concretamente, destinamos un millón de euros.


Por otro lado, seguimos con las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, que es como se llamará a partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, con cerca de 500 000 euros para seguir exhumando los cuerpos que los familiares
no demanden. Tengo que decir que, en este momento, hay 110 peticiones de exhumaciones; peticiones de exhumaciones que vienen de unos y de otros, peticiones de exhumaciones que proceden de lo que podemos llamar las víctimas de los vencidos y
peticiones de exhumaciones que también vienen de las víctimas de los vencedores y que, en estos momentos, están paralizadas desde el punto de vista jurídico.


Asimismo, una vez aprobada la ley, pondremos en funcionamiento el banco de ADN a través de la adquisición de un nuevo software que ya tenemos, prácticamente, muy muy avanzado, pero que, hasta ahora, sin la Ley de Memoria Democrática no
podíamos adquirir el software para hacer todo el

Página 93

planteamiento de conocimiento de la identificación genética a través del ADN. Todo esto, por tanto, hace referencia a lo que podemos llamar la tercera anualidad del Plan Cuatrienal de Fosas.


Hay un segundo elemento que me parece importante destacar y es la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, a universidades y a OPI para actividades relacionadas con la memoria democrática en torno a tres
grandes líneas. La primera línea son los estudios e investigaciones sobre búsqueda y localización de fosas y sobre la problemática general de memoria democrática; la segunda es la organización de cursos, jornadas, etcétera, para divulgación y, la
tercera es la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental -escrito, oral, audiovisual o intelectual- de la memoria democrática. A esta política de subvenciones está destinado un millón de euros, subvenciones que van en
competencia, es decir, es una convocatoria competitiva la que está planteándose desde las universidades hasta el mundo asociativo.


En tercer lugar, el presupuesto de 2023 contempla la elaboración de un censo general de víctimas. Desde el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se emitió un informe en el año 2014 que venía a decir que era preciso
y necesario que el Estado democrático español tuviera un censo oficial de víctimas, algo que los que hemos frecuentado muchísimo los archivos internacionales nos hemos encontrado prácticamente en todos los países de la Europa occidental. Es curioso
que todavía en España nos estemos moviendo con cifras por estimaciones, es decir, un historiador da una cifra sobre víctimas y otro historiador da otra. El Estado democrático necesita un censo oficial de víctimas y la ley nos mandata hacer un
registro y un censo oficial de víctimas recogiendo prácticamente todos los marcos de archivos, de bases de datos documentales, de obras de referencia especializadas, así como los que nos puedan administrar las distintas entidades públicas. Para
este censo destinamos 300 000 euros. Ya hemos estado trabajando en ello y tenemos una base sobre la que avanzar este censo de víctimas porque el Estado español, el Estado democrático, se debe dotar de un censo oficial de víctimas y no seguir con
estimaciones. ¿Cuántas son las víctimas de los vencidos? Pues se habla de 150 000. ¿Cuántas son las víctimas de los vencedores? Se habla de 50 000... Que el Estado tenga, definitivamente, el censo oficial que merecemos todos los españoles para
conocer a fondo qué es lo que ha pasado y quiénes son esas víctimas.


En cuarto lugar y en el marco de las medidas de continuidad y consolidación, está la resignificación del Valle de Cuelgamuros en el presupuesto de 2023. ¿Qué es lo que contemplamos aquí? Fundamentalmente, es un concurso de ideas a escala
internacional para el centro de interpretación que se va a instalar en el recinto del monumento. Muchas veces, cuando hablo de la memoria y me preguntan qué es resignificación, lo digo de una manera muy clara: resignificar es explicar, explicar
quién construye el valle, en qué momento histórico se hace y, además de eso, cuál es la simbología del valle, simbología que no es otra cosa que esa simbiosis entre religión y política que caracterizó lo que venimos llamando nacionalcatolicismo. En
torno a eso hay todo un conjunto de investigaciones que explican realmente el Valle de Cuelgamuros en su globalidad. Para eso ya avanzo que dentro de pocas semanas pondremos en marcha una nueva página web del Valle de Cuelgamuros.


En quinto lugar, en estas medidas de continuidad y de consolidación de los presupuestos anteriores, se van a llevar a cabo diferentes actuaciones para el conocimiento y la divulgación de la memoria democrática. Cuando hablamos de memoria
democrática no empezamos en la República ni en la guerra ni en el franquismo, cuando hablamos de memoria democrática empezamos en las Cortes de Cádiz de 1812. Si empezamos en las Cortes de Cádiz de 1812, tenemos que conmemorar los distintos
aspectos, episodios y etapas que supusieron un avance en todo el futuro proceso que sería la vida liberal democrática de este país. En ese sentido, en el año 2023 vamos a tener la oportunidad de contemplar una exposición dedicada al trienio liberal
doscientos años después. Estamos en el año 2023, dentro de esos doscientos años del trienio liberal, al que acabamos de hacerle un congreso internacional. Asimismo, vamos a tener la oportunidad de contemplar una exposición sobre la generación del
cambio, esa generación que va en torno a 1968 en España, y que hace posible todo el proceso de cambio, pero no solamente el cambio político y de los estudiantes contra Franco, sino todo un cambio generacional en este país, y vamos a tener una magna
exposición sobre esa generación del cambio.


El año que viene se cumplen ciento cincuenta años de la I República española y, evidentemente, habrá que hacer una reflexión sobre lo que supuso y, asimismo, haremos un congreso internacional.


Vamos a continuar con las itinerancias de las exposiciones que ya tenemos en marcha. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de tener en la Universidad de Granada la exposición de Manuel Azaña que inauguraron los reyes en la Biblioteca
Nacional, exposición que ya ha estado en Zaragoza y que,

Página 94

precisamente, el día 21 de este mes irá a Barcelona, donde se expondrá en el Archivo de la Corona de Aragón para que se conozca quién fue Manuel Azaña y su papel en todo este proceso de la vida política española. Posteriormente, vamos a
itinerar también la exposición de Clara Campoamor, que en este momento está en la Biblioteca Nacional, y también una exposición que en este momento está en Málaga, y sobre la que yo me comprometí aquí el año pasado, sobre la Desbandá, ese recorrido
de más de 150 000 personas desde Málaga hasta Almería y después la diáspora hasta el exilio, está en Málaga y después irá por carretera de Málaga a Almería.


En séptimo lugar, vamos a dar continuidad y reforzar las líneas de actuación en proyectos en los que venimos trabajando: elaboración del censo de edificaciones realizada con mano de obra forzada, elaboración del censo y retirada de
simbología franquista y, también tenemos que implementar y desarrollar el portal de la página web de memoria democrática, la actualización del mapa de fosas -que todos los años hay que ir actualizando- y la página web del Valle de Cuelgamuros, así
como la creación de los datos siguiendo el plan estatal de exhumaciones.


Vistos cuáles son los elementos de continuidad y de consolidación de las políticas que hemos venido llevando a cabo, tenemos nuevos mandatos por parte de la Ley de Memoria Democrática. Un primer mandato es realizar la promoción y
declaración de lugares de memoria. Cualquier país democrático al que vayamos tiene sus lugares de memoria y España también tiene que tenerlos. Ya la ley establece tres lugares: el valle de Cuelgamuros, también el Fuerte de San Cristóbal y el
Centro Documental de la Memoria de Salamanca. La propia ley nos mandata la elaboración de un inventario estatal de lugares de memoria democrática y para ello se necesita la suscripción de convenios con las comunidades autónomas, con las que
evidentemente hay que llegar a acuerdos a la hora de hacerlo. Vamos a poner en marcha la creación de un centro de memoria democrática de España, también el museo de la Guerra Civil, el centro de la paz en Teruel y el centro de memoria en Logroño,
en colaboración, el primero, con la Comunidad de Aragón y el segundo, en colaboración con la Comunidad de La Rioja. Algo que nos parece de gran interés es que es curioso que si vamos a Inglaterra nos vamos a encontrar cantidad de lugares de memoria
liberales y lo mismo sucede con Francia, pero, ¿me pueden decir ustedes cuántos lugares de memoria liberales hay en España? Díganme alguno. Aquí la ley nos mandata avanzar y declarar lugares de memoria liberales, por ejemplo, las Cortes de Cádiz,
el monumento a Mariana Pineda, el monumento al general Torrijos en Málaga o, por ejemplo, a los mártires de la libertad en Almería, que son cuatro referentes liberales importantes. Es cierto que son del primer liberalismo español, pero son muy
importantes porque prácticamente estamos huérfanos de lugares de memoria liberales, y la ley va desde el año 1812 en adelante.


En segundo lugar, la ley nos mandata también para la creación del consejo de memoria democrática como órgano esencial para el impulso de las políticas de memoria y para recoger la representación y participación de la sociedad civil,
especialmente del movimiento memorialista. Por tanto, tendremos presupuesto para el consejo de memoria democrática.


En tercer lugar, se recogen en el presupuesto elementos para la constitución de comisiones técnicas en cumplimiento de lo dispuesto por la ley: la comisión sobre la memoria y reconciliación del pueblo gitano en España, la comisión para el
estudio de las medidas de reparación de carácter económico que se han llevado a cabo tanto por la Administración General como por las comunidades autónomas, para analizar las cuantías que tenemos -yo a veces lo he expresado públicamente- y, en este
caso, lógicamente lo que tendremos que hacer es afinar, con la finalidad de, si hay lagunas, plantear su reparación; y después, la comisión para el estudio de los supuestos de violación, de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha
por la consolidación de la democracia.


En cuarto lugar, otro tipo de medidas que tienen mucho que ver con los archivos. Cuando la ley habla de derecho a la verdad, habla fundamentalmente de la recuperación de material que esté a expensas de prácticamente su deterioro, de la
necesidad de acceso a los archivos y de la remoción de los obstáculos que puede haber, con la finalidad de que no los haya, para poder hablar y garantizar el derecho a la verdad que tienen los familiares y la sociedad. En este sentido, hay 500 000
euros para un programa de convenio y otros instrumentos jurídicos para la adquisición de documentos referidos al golpe, la guerra o la represión política de la Dictadura, convenios de colaboración con las comunidades autónomas, programas de
tratamiento archivístico integral de los fondos documentales para su conservación, y mantenimiento, preservación y custodia de archivos y otros documentos y bienes de los documentos de la Presidencia de Gobierno, tal y como establece la disposición
adicional decimotercera.

Página 95

En quinto lugar, tendríamos que poner en marcha la realización de una auditoría de incautaciones producidas durante la guerra y de la Dictadura.


Y, por último, y más que nunca, es necesario reforzar esta idea de que la memoria de España no es una memoria autárquica; la memoria de España es una memoria que tiene mucho que ver con la memoria de Europa. Nosotros formamos parte de la
construcción de la memoria europea, y lo digo porque váyanse ustedes el día 24 de agosto a París y verán cómo se rinde homenaje en los jardines del Ayuntamiento de París a aquellos españoles que fueron los primeros que entraron en París y lo
liberaron -algo reconocido muy recientemente porque hasta ahora no se había reconocido nunca esa posibilidad-, cómo lucharon en la resistencia los españoles republicanos del exilio o cómo lucharon también en los cuerpos regulares o en las fuerzas
guerrilleras que liberaron cerca de cincuenta departamentos, junto con las fuerzas del Interior. Por tanto, formamos parte de la memoria democrática europea.


Vamos a tener la Presidencia de Europa el próximo año y, en función de eso, vamos a implementar políticas que tengan que ver con ello. En primer lugar, un congreso, un encuentro para ver qué políticas de memoria hacen, en relación con los
lugares de memoria, los veintisiete miembros de la Comunidad Europea. En segundo lugar, estamos en el año de Picasso y tendremos que hacer un congreso sobre la figura de Picasso en el contexto del mundo de la política a escala europea y a escala
internacional. Y, en tercer lugar -me parece muy importante-, esta Ley de Memoria Democrática es una ley que tiene en cuenta el papel de agencia, el papel activo de las mujeres en la lucha por los derechos fundamentales y por las libertades.
También en relación con la doble represión que sufrieron las mujeres, pero en este caso en el marco europeo, tenemos que hablar de la igualdad de hombres y de mujeres. Por tanto, vamos a hacer una exposición de cómo contribuyen las mujeres de los
veintisiete países de Europa al propio proceso de construcción de la memoria europea y al propio proceso de construcción de lo que la Unión Europea es en estos momentos.


Termino, señorías. La Ley de Memoria Democrática, que acaba de ser aprobada por las Cortes Generales, ofrece las herramientas necesarias para un eficaz desarrollo de las políticas de memoria democrática y las líneas de actuación se plasman
en estos presupuestos generales del Estado para 2023. Acabo de exponer sus líneas fundamentales.


Señorías, vuelvo a reiterar algo que vengo diciendo siempre que comparezco en esta Comisión de Presupuestos: la memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra, de todas, y las de la dictadura franquista, su reconocimiento,
reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de calidad de la democracia. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a sentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos
de repetir los errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado.


Y termino como siempre he terminado en esta Comisión de Presupuestos: el olvido no es opción para una democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones en relación a la memoria democrática que contiene el proyecto de presupuestos.


Seguidamente, pasamos la palabra a los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal.


El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también al compareciente, don Fernando, secretario de Estado.


Lo primero que quiero es agradecerle su exposición. Ha hablado de muchas cosas de la Ley de Memoria Histórica -me parece bien, es su ley-, pero poco de dinero. Ya sabe usted que yo con este tema del dinero sobre esta competencia concreta
que le toca a usted ejercitar y gestionar -lo hemos hablado a veces, incluso en privado, usted y yo- siempre he estado preocupado, no yo en primera persona sino mi grupo parlamentario. Me refiero esencialmente a que España tiene que cumplir una
serie de obligaciones internacionales, y usted lo remite todo a la Ley de Memoria Histórica, a la nueva Ley de Memoria Democrática, pero a mí me importa más, desde luego, mantener el buen nombre de España dentro de ese discurso, que comparto
también, de que tenemos una memoria democrática, dentro, efectivamente, de la memoria democrática europea y la lucha contra el fascismo y la tiranía. A pesar de que haya otros documentos, como es el caso de las recomendaciones del Consejo de Europa
y del comisario para los Derechos Humanos, sobre todo me interesa el cumplimiento de las obligaciones a que

Página 96

se refiere el informe del relator especial de Naciones Unidas, de 24 de julio del año 2014, sobre España y la Guerra Civil, cuyos datos son importantes y cuyas materias -que debemos tratar dentro de la sede de memoria democrática- son las
que son, teniendo en cuenta que la nueva Ley de Memoria Democrática, en mi opinión -también me ha escuchado esta opinión alguna vez-, se excede en relación con el tratamiento de estas materias.


Pero vamos al dinero, que es para lo que estamos aquí. 13,95 millones, casi 14 millones, como usted ha dicho, un 17,97 % más que el ejercicio anterior. Es claramente insuficiente para cumplir con las obligaciones que nos exigen estas
organizaciones internacionales y especialmente Naciones Unidas, por lo que se refiere esencialmente -lo más preocupante- a que llevamos un enorme retraso y da vergüenza ajena como país este retraso en exhumaciones, y en resignificación de monumentos
y retirada de símbolos, un retraso inaceptable. Mi grupo parlamentario apoyó esta ley en el año 2007. Conceptualmente hemos estado siempre a favor de la memoria histórica, que se llamaba entonces, memoria democrática, que se llama ahora -me parece
bien el nombre también-, sin perjuicio de que, como ya me lo ha oído decir muchas veces, creemos que esta ley comete muchos excesos, y esto dejando de lado todos los cambalaches que tuvieron ustedes con Esquerra Republicana, con la enmienda a la
Transición española, con la posible enmienda a la Ley de Amnistía, cosa verdaderamente vergonzosa en la tramitación de una ley tan importante como esta, que debía conseguir los máximos consensos.


Cómo voy a estar en contra de lo que está usted diciendo en relación con los monumentos de memoria democrática, en relación con los liberales, la Constitución de Cádiz o el monumento a Torrijos de Málaga. No lo diga usted muy alto, no vaya
a ser que se vayan a enfadar sus socios de Podemos, porque, claro, ha repetido usted hasta la saciedad el Trienio Liberal y los liberales y uno se viene arriba; uno de Ciudadanos se viene arriba con estas cosas y, luego, en el Pleno del Congreso de
los Diputados escuchamos las críticas de Podemos hacia los liberales. En fin, no le deseo a usted que tenga ningún problema con su socio de Gobierno.


Habla usted de que se trata de exhumar entre 20 000 y 25000 cadáveres. En este informe del relator especial de Naciones Unidas se hablaba de 45 000 cadáveres en 2382 fosas. Luego, nos encontramos con cosas como, por ejemplo, lo ocurrido en
el Ayuntamiento de Villadangos, y fue precisamente Paco Igea, mi compañero, el que resolvió los problemas con el ayuntamiento en un pueblo que no estaba en el mapa de fosas. Le pregunto, por lo tanto, primero, por el mapa de fosas, si es correcto,
si estos cálculos son correctos, pero sobre todo le pregunto también -ha hecho usted hincapié en este tema- por el plan cuatrianual. Me ha parecido entenderle que está en estudio. (Rumores). Hombre, no sé. Yo le he escuchado que están estudiando
cosas, que necesita una cooperación con los ayuntamientos y comunidades autónomas, que la necesita, obviamente. Le pido mayor especificación en este sentido. Y sobre todo le digo una cosa: sí, distingamos efectivamente entre grandes fosas,
etcétera, pero la previsión presupuestaria para exhumar los 33 841 cadáveres de Cuelgamuros fue de 57 millones de euros, y usted va a dedicar a esto 6 millones de euros. Me parece que el presupuesto es claramente insuficiente. Hombre, le agradezco
que le dé 275 000 euros al Ayuntamiento de Huelva, porque yo soy de Huelva, y me parece bien lo que está diciendo con respecto a Jaén, aunque creo que se ha confundido de cifra, son 100 000, no 275 000; y a familias e instituciones sin fines de
lucro, 1 600 000 euros.


Voy terminando, no me llame la atención. Resignificación, 1 950 000 euros para Cuelgamuros; es muy poco también, hay que hacer la base de datos de ADN... Pero le voy a preguntar más cosas: ¿cómo está el concurso de ideas para la
resignificación? Y le quiero hacer otra pregunta. Usted ha dicho muchas cosas muy interesantes -y yo creo que muy positivas-, como la exposición de Manuel Azaña en Barcelona -yo la he visto aquí, en Madrid-, la de Clara Campoamor, lo de La
Desbandá, lo de la I República española, ¿esto tiene reflejo presupuestario? ¿O está usted haciendo un brindis al sol o expresando deseos que luego no van a tener apoyo? Y digo lo mismo respecto a los monumentos a Torrijos, a las Cortes de Cádiz,
a Almería, etcétera. ¿Usted ha previsto, por ejemplo, que pueda haber pleitos en materia de esa revocación que han hecho ustedes sobre títulos nobiliarios concedidos por el franquismo? Ustedes sostienen que no va a haber pleitos porque la ley dice
que se puede expropiar sin indemnización. En fin, yo creo que la Constitución dice otra cosa y usted, de constitucional, sabe bastante más que yo. Puede haber pleitos y no lo han presupuestado.


Respecto a los archivos de memoria histórica, le digo lo mismo, con 1 millón de euros no sé yo si va a llegar. Y no me dice usted nada respecto a los temas de educación ni de formación de la Función pública, ni si ustedes han cuantificado
también el coste de los actos de jurisdicción voluntaria que prevé

Página 97

la ley en materia de verdad -que es otro de los temas importantes-, ni si ustedes han previsto, como le decía, los pleitos que pueda haber sobre títulos nobiliarios.


También nos ha llamado la atención, por cierto, Naciones Unidas sobre el tema de la justicia universal, que tenemos restringida y no parece que este Gobierno tenga ningún interés en ampliar de nuevo el concepto de justicia.


La señora PRESIDENTA: Señor Bal, tiene que ir acabando.


El señor BAL FRANCÉS: Termino.


En materia de remoción de símbolos y de monumentos conmemorativos de exaltación del fascismo, igualmente le pido que concrete más sobre el presupuesto, sobre el dinero, que es lo que hemos venido a ver aquí.


De nuevo, enhorabuena por su exposición, porque por lo menos es usted una persona apasionada por lo que es su competencia, y da gusto ver que hay personas en el Gobierno que tienen tanto interés como usted.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de VOX, el señor Contreras.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Gracias, presidenta.


Como ya se ha señalado, el presupuesto de memoria democrática va a experimentar un incremento de casi el 20 %, llegando casi a los 14 millones de euros. Son exactamente 14 millones de euros más que lo que nosotros consideramos que debería
invertirse en memoria democrática. Ya es conocida nuestra posición sobre esto. Consideramos que las llamadas políticas de memoria democrática son políticas de reeducación histórico-moral de la población. Su finalidad es el adoctrinamiento y la
inculcación en las mentes de todos los españoles de una ecuación según la cual izquierda es igual a democracia y derecha es igual a fascismo. Además, si alguna duda podía quedar, me parece que ha quedado despejada con la exposición que ha hecho el
señor secretario de Estado, en la que se remonta, nada menos, que al Trienio Liberal y a comienzos del siglo XIX, intentando apropiarse -apropiarse- de la historia del liberalismo español. Dice que resignificar es explicar. Le pregunto cómo
piensan resignificar, explicar el hecho de que, por ejemplo, la izquierda española en octubre de 1934 se levantase en armas contra el resultado electoral de noviembre de 1933 en un intento de golpe de Estado que produjo 1400 muertos, principalmente
en Asturias, pero también en otras provincias.


Se intentan apropiar de la figura de Clara Campoamor, quien escribió en su obra La revolución española vista por una republicana lo siguiente sobre la forma en que la toma de la calle y los ataques a iglesias y a centros políticos de la
derecha habían acabado con cualquier sombra de Estado de Derecho en la primavera de 1936: En el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha y la patronal. Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los
enemigos, se atacó a todos los adversarios tildándolos de 'fascistas' -entre comillas-, iglesias y edificios públicos eran incendiados, en las carreteras del sur eran detenidos los coches como en los tiempos del bandolerismo y se exigía a los
viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. ¿Cómo resignificarán todo esto?


Hay una partida que crece de manera notable, que es la partida dedicada a estudios y trabajos técnicos, que se va hasta los 2 760 000. Tengo que preguntarle si entre esos trabajos técnicos figura la preparación de un eventual
desmantelamiento del Valle de los Caídos, porque usted, en declaraciones a Televisión Española, dijo lo siguiente: Eliminar la cruz del Valle de los Caídos es como si vas a Auschwitz y lo primero que eliminas es un crematorio. Tendría que
preguntarle si se ratifica en estas declaraciones, en esta equiparación entre el símbolo del genocidio nazi y el símbolo que más de dos mil millones de cristianos tienen por sagrado, porque la cruz es el lugar donde Cristo redimió al mundo, según
creen los cristianos. (La señora vicepresidenta, Padilla Ruiz, ocupa la presidencia). Entonces, ¿esa resignificación que preparan va a incluir la voladura al estilo talibán de la cruz más grande del mundo, va a incluir la clausura de la basílica,
va a incluir la expulsión de la comunidad benedictina? El Valle de los Caídos es una de las grandes realizaciones del arte español del siglo XX, no es un monumento político. Su sentido es religioso y no político, y por eso no está presidido por
una estatua de Franco ni por un símbolo franquista, sino por el símbolo cristiano universal de la cruz. Tampoco es un mausoleo, Franco no quería ser enterrado allí; el enterramiento de Franco fue una improvisación del rey Juan Carlos en 1975.

Página 98

El sentido trascendente, que no político, del Valle de los Caídos es el hermanamiento postrero de los caídos de ambos bandos más allá de la muerte, la esperanza de que ambos se hayan abrazado en la otra vida. Así lo dijo, por ejemplo el
papa Juan XXIII, que convocaría el Concilio Vaticano II, como es sabido, y abriría la iglesia a la modernidad, en el breve Salutifera Crucis, publicado en 1960: La cruz del Valle extiende sus brazos piadosos a modo de alas protectoras bajo las
cuales los muertos gozan de eterno descanso. Allí, acabados los padecimientos, duermen juntos el sueño de la paz a la vez que se ruega sin cesar por toda la nación española. Hasta aquí la cita. Por toda la nación española, efectivamente. Desde
1959 los benedictinos del Valle de los Caídos rezan por los caídos de las dos Españas sin distinción de izquierdas o derechas. ¿Van ustedes a interrumpir esa oración perpetua?


Finalmente, el Valle de los Caídos, en contra de lo que se dice, no fue construido por esclavos. Les remito a la rigurosa investigación del profesor Alberto Bárcenas. A partir de 1950 solo hubo trabajadores libres, antes había habido
presos, pero eran presos que habían solicitado estar allí acogiéndose al régimen de conmutación o redención de penas por el trabajo. Se llegaban a conmutar hasta seis días de pena por cada día trabajado; por cierto, no eran trabajos forzados, ya
que se les pagaba un jornal equivalente al que recibieron los obreros de la época y vivían con ellos sus familias. En todo caso, nadie trabajó allí contra su voluntad. No hay ninguna razón por la que debe hablarse del Valle de los Caídos como
símbolo del totalitarismo, sino que es un símbolo de la redención cristiana y del perdón entre las dos Españas. Por eso, nosotros llamamos a su respeto.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Padilla Ruiz): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Presidenta, muchas gracias. Señor secretario de Estado, buenas tardes. Muchas gracias por la comparecencia de esta tarde aquí, en esta Comisión de Presupuestos.


La verdad es que estamos aquí para escuchar una aportación económica a la ley quizás más sectaria de todo el periodo democrático, como es la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que yo en una ocasión he denominado ley Bildu o ley de
memoria totalitaria. Por cierto, he de recordarle que se le ha fastidiado el espectáculo mediático de la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, ¿verdad? Ya no pueden utilizarlo como efecto bomba de humo
para disimular los aspectos negativos de la gestión de este Gobierno en España.


Quiero recordar que la ley -de la que usted tanto se ha pavoneado, que nosotros votamos en contra y ya hemos anunciado que la derogaremos en su momento- trataba de imponer su verdad y atentaba contra el pluralismo, que es consustancial a la
democracia y que persigue el entendimiento de todos los españoles; es sectaria, excluyente y ataca frontalmente a la Transición, que eso es lo que más nos preocupa al Grupo Parlamentario Popular. Señor secretario de Estado, usted ha hablado del
olvido. No, nosotros la Transición no la concebimos como el olvido, la concebimos como un esfuerzo que hicieron las partes contendientes, las partes enfrentadas para tener un futuro más generoso con miras de futuro democrático y no con un pasado
belicoso. Usted ha dicho que otros grupos parlamentarios -no ha mencionado a Bildu expresamente, ha dicho que hubo grupos parlamentarios- enriquecieron este texto en la tramitación parlamentaria. El enriquecimiento de Bildu, de verdad, de los
herederos políticos de los asesinos etarras fue para abrir la puerta y salir corriendo. Evidentemente, cualquier ley que fuera apoyada por un grupo filoterrorista tendría que ser descalificada en un Estado democrático. ¿Qué aportación hizo Bildu?
Extender el periodo -vamos a llamarlo 'franquista', entre comillas- hasta el 31 diciembre del año 1983. Ya sabe usted lo que esto significa: investigación del Gobierno de la UCD, de la Transición democrática... O sea, ustedes quieren reescribir
la Transición como punto de partida y, luego, escribir otra a su modo y semejanza. En cuanto a las reparaciones económicas de esta ley, será para una de las partes contendientes nada más: los vencidos. Y no hay que olvidar que desde que comenzó
la Transición hasta 2005 hubo ya una reparación de más de 16 000 millones de euros que beneficiaron a 574 000 personas, ¿verdad?


La fundamentación que hacen ustedes de la revisión de la Ley de Amnistía atenta contra la Constitución, atenta contra la modificación del Código Penal y atenta también contra el Código Civil. En definitiva, ustedes no mencionan -claro, no
quieren enfadar a sus socios de Gobierno, a los bilduetarras- los 379 asesinatos de ETA sin resolver, que ha tenido que ser puesto de manifiesto por una comisión del Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones, que les ha tenido que sacar los
colores en cuanto a que ustedes no están haciendo absolutamente nada para el esclarecimiento de estos asesinatos sin resolver.

Página 99

En definitiva, le digo que Bildu no puede ser el notario que reescriba la historia de España. Esta sección 25, este programa de memoria democrática no es un hecho aislado, no es una isla aislada, está dentro de un concepto global de
presupuestos que han sido enmendados ya en muchas ocasiones por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y la AIReF. Ayer mismo oíamos que estos presupuestos no consolidan un crecimiento hasta el año 2024. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia). Y, además, no hay que considerar como políticas de consolidación de gasto estructurales ese exceso de recaudación que ustedes están teniendo, que no revierte a las clases más desfavorecidas en la sociedad española.
Con estos presupuestos creceremos menos, tendremos más inflación, más paro, más déficit y más deuda, y además no atiende a todo el mundo. ¿Qué pasa con las personas que ganan menos de 14 000 euros? ¿Por qué no se les ayuda de alguna manera bajando
el IVA a los productos básicos para completar bien la cesta de la compra? Y también olvidan a la clase media, a la que se le vuelven a subir los impuestos por la puerta atrás, que es la inflación, y que con el incremento de la presión fiscal han
perdido prácticamente un 20 % de poder adquisitivo. Y, mientras tanto, ustedes, alegremente, incrementan un 18,3 % la partida destinada a la alta dirección, 933 millones, don Fernando, y 37 más de los 252 millones más que en el año 2018 nosotros
incluimos en el último presupuesto que realizamos. Y, por supuesto -cómo no, es consustancial al Gobierno de España-, hasta 158 millones se incrementa la partida de propaganda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y mientras, hay gente que lo está
pasando mal.


Esta sección 25 es especialmente escandalosa, dentro de este concepto general de presupuesto, porque es el reflejo contable de lo que nos van a suponer estas futuras campañas electorales, locales y autonómicas, y fundamentalmente también las
generales; es el presupuesto de campaña sanchista que vamos a acabar pagando todos los españoles.


Señor secretario de Estado, su programa económico de memoria democrática está realizado nada más que para implementar la Ley de Memoria Democrática -como usted bien ha alabado-; Ley de Memoria Democrática dictada por Bildu, y no sirve,
precisamente, para lo que tenía que ser el objetivo de esta ley: la localización, exhumación y entrega de los restos de las víctimas de la Guerra Civil a sus familiares, que es lo que el Grupo Parlamento Popular ha puesto de manifiesto en múltiples
ocasiones, es decir, apoyar esas exhumaciones.


Ustedes mantienen un abultado entramado administrativo; ustedes hacen transferencias corrientes a gente de su entorno afines ideológicamente para reescribir la historia en atentado a esa unidad de España; y de los 13,5 millones de euros
destinados al programa, ustedes dedican nada más que el 33 % a las exhumaciones, y el resto va para altos cargos, para confianza, para personal, para libros, conferencias, etcétera, para seguir adoctrinando con su propia reescritura una etapa
dolorosa, muy dolorosa, de la historia de España. Desde luego, volver a escuchar en esta sala Constitucional todo lo relativo a Franco, el Valle de los Caídos, etcétera... Es que, de verdad, ya han pasado muchos años y seguimos con el raca, raca,
raca este. Esta partida no piensa ni en los familiares de las víctimas ni en las personas más vulnerables, sino en esa creación de infraestructuras que le he dicho.


Termino ya. Por último, en los objetivos de la programación ustedes hablaban de incorporar mil víctimas al censo nacional de víctimas; no han incorporado a ninguna. En cuanto a la recogida de material genético, lo mismo: hablaron de 500
personas, y nada más que lo han hecho con 50. Evidentemente, estamos de acuerdo con todo lo que se refiere al banco de ADN, porque es el punto de partida para las exhumaciones y su identificación, pero que todavía, según la memoria, no hayan
procedido a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del Banco Nacional de ADN a nivel nacional demuestra que es todo pura propaganda, satisfacción de los intereses políticos, suyos y de los socios de Gobierno.


Ya voy terminando, señora presidenta. Muchas gracias por su generosidad. Le he pasado al señor letrado una batería de preguntas que le rogaría, señor don Fernando, nos contestara por escrito.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valentín García.


El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señor Martínez, señor secretario de Estado, por la exposición tan magnífica que ha hecho no solo del cuadro presupuestario sino también de las políticas de memoria de este Gobierno, políticas de memoria que este Gobierno,
desde 2018, estableció como un compromiso clarísimo y que el Gobierno de coalición volvió a refrendar en el programa conjunto de Unidas Podemos y del Partido Socialista; compromiso político también del Grupo Parlamentario Socialista con las
políticas de memoria,

Página 100

y, lo más importante, compromiso presupuestario, porque ya vivimos la etapa en la que cuando gobernaba el Partido Popular no dedicaban ni un euro a las políticas de memoria. Pero, claro, escuchando la exposición se entiende: no se ha
publicado todavía la Ley de Memoria Democrática en el Boletín Oficial del Estado, y hay quienes, como el señor Feijóo, ya quieren derogarla. Pero es que VOX ha ido más lejos: ha presentado una PNL para discusión en la Comisión Constitucional en la
que piden la derogación, y, mucho más grave, declarar Bien de Interés Cultural el Valle de Cuelgamuros y que se declaren bienes protegidos por el patrimonio todos los símbolos, todos los escudos y todos los nombres de calles que exaltan el
franquismo. Y todo eso lo hace sin ninguna vergüenza. El problema no es que lo haga VOX, el problema es que el Partido Popular lo secunda. Porque ahora se escandaliza de que la ley de memoria vaya a establecer la retirada de los símbolos que
exaltan el franquismo, pero VOX alentó, y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid rompió a martillazos las placas de las calles dedicadas a Indalecio Prieto y a Largo Caballero, y no se ruborizaron. (Aplausos). Sin embargo, ahora les
preocupa mucho que vayamos a retirar del callejero a aquellos genocidas que en una democracia europea como la española no deberían tener ningún lugar de exaltación, ni en el callejero ni en los símbolos ni en un lugar como el Valle de Cuelgamuros.


El señor Contreras ha ido mucho más allá que ninguna de las veces que ha intervenido en la Comisión Constitucional, en la de Presupuestos o en el Pleno del Congreso, y hoy ha dicho algo así como que si resignificamos el Valle de Cuelgamuros
estamos ofendiendo a 2000 millones de creyentes.


Si alguien, señor Contreras, ofendió al cristianismo, ese fue Francisco Franco, que puso la religión católica al servicio de su dictadura, y a usted solo le ha faltado pedir a título póstumo el título de candidato a Premio Nobel para el
señor Francisco Franco. Es una vergüenza democrática en un Congreso de los Diputados elegido democráticamente que alguien se atreva a decir lo que usted se ha atrevido a decir hoy aquí. En ningún otro país europeo la derecha democrática del
equivalente al Partido Popular les permitiría estar en ningún Gobierno ni les permitiría apoyar ninguna de sus iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid para retirar del callejero nombres como los de Indalecio Prieto y Largo Caballero. Pero la
culpa no es suya, señor Contreras, la culpa es del Partido Popular, porque el Partido Popular no apoyó la Ley de Memoria Democrática. Nos quedamos, señor Mateu, esperándoles, pero no llegaron, llevan cuarenta años de retraso. (El señor Mateu
Istúriz: Año 2002, ¡aquí!, ¡aquí!). Mientras no condenen el franquismo ustedes llegarán tarde a Europa y a la democracia española. (El señor Suárez Lamata: Como siempre, te has pasado veinte pueblos. ¡Impresentable!, ¡impresentable!).


La señora PRESIDENTA: Espere un momento, espere un momento.


No tienen ustedes la palabra, no tienen ustedes la palabra.


El señor GARCÍA GÓMEZ: ¿Qué es impresentable? ¿Perdón, señor diputado, qué es lo que es impresentable?


La señora PRESIDENTA: ¿Nos callamos y dejamos que el orador siga? ¿Sí?


El señor GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.


Por tanto, valoramos positivamente que casi 14 millones de euros se vayan a destinar en este presupuesto a memoria democrática y valoramos que una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Memoria pueda ser implementada
presupuestariamente.


Me gustaría resaltar que estamos especialmente satisfechos con las actuaciones en las exhumaciones. Es un deber de todos los poderes públicos, es un deber ético de la sociedad española devolver a sus familias los cuerpos de los españoles
que están todavía desaparecidos. Y de todo lo que usted ha contado en relación con las actuaciones del Gobierno desde el punto de vista presupuestario, me quedaría con el esfuerzo que vamos a hacer para poner fin a la ignominiosa historia de fosas
y de desaparecidos que tiene este país. Se lo debemos a los luchadores de la democracia y se lo debemos a los liberales también desde 1812, que creo que todavía no se habían afiliado al Partido de Ciudadanos. (Risas).


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.

Página 101

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Muchas gracias, presidenta, y muchísimas gracias, señorías, por sus intervenciones. Se las agradezco realmente.


En primer lugar, voy a tratar de comentar las reflexiones que hacía el representante de Ciudadanos, el diputado Edmundo. En relación con el informe de Pablo de Greiff de 2014, si algo tiene esta Ley de Memoria Democrática es que sigue a pie
juntillas prácticamente las recomendaciones hechas reiteradamente al Estado español en 2014 y precisamente vertebra la ley en torno a los grandes principios del derecho a la verdad que tienen las familias, de la justicia, de la reparación y del
deber de memoria. Le tengo que decir que ese informe ha cambiado el sentir a escala internacional del derecho internacional humanitario e incluso la propia concepción sobre políticas de memoria. Ese es un informe clave en la historia de la memoria
a escala global. Evidentemente, esta ley tenía que responder a ese informe y tenía que responder también al informe del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, que prácticamente viene a decir lo mismo apuntando otros
elementos más. Por lo tanto, me congratulo de que estemos de acuerdo en esa apreciación que antes me comentaba.


En relación con el tema de las víctimas y de los desaparecidos, hay que precisar bien las cosas porque podemos estar dando datos que posiblemente no sean los ajustados a este momento y creo que tengo la obligación política y la obligación
moral de situarlo. Por término medio casi siempre se ha dicho que en la época de la posguerra hubo 114 000 desaparecidos. Yo añado, como experto en este tipo de temas y por haber dirigido bastantes investigaciones al respecto, que posiblemente
hubiera muchos más de 114 000 desaparecidos en la posguerra, pero esa situación no es la situación que tenemos hoy. Cuando se sigue hablando de 114 000 desaparecidos, yo digo: hay que hablar con precisión. Y para hablar con precisión lo primero
que hice cuando el presidente del Gobierno me nombró director general de Memoria Histórica, vinculado al Ministerio de Justicia, es contratar a unos especialistas para que hicieran un estado de la cuestión, porque teníamos que afrontar seriamente y
desde el Estado el proceso de las exhumaciones como política principal que debíamos abordar. En función de eso, se hizo un estudio que se nos entregó en aquel momento, que ha servido de base para el plan cuatrienal que tenemos en marcha, no que
vamos a poner en marcha; esta es la tercera anualidad, como voy a tener oportunidad de comentarles. Esos 114 000 desaparecidos, evidentemente, no existen ahora por varias razones. En primer lugar, porque han pasado ochenta años y muchos de esos
cadáveres estaban en cunetas, y España a lo largo de ochenta años ha cambiado toda su infraestructura viaria, con lo cual eso prácticamente, con alguna rara excepción, no existe. Primera idea. Segunda idea. Hubo fosas cerca de arroyos, de ríos,
etcétera, y después de ochenta años esa situación ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, esas fosas también han podido desaparecer. En tercer lugar, cuando se produce la extracción de cadáveres para transportarlos al llamado Valle de los Caídos
entonces -a partir de la Ley, Valle de Cuelgamuros-, se transportaron 33 800 cadáveres. En torno a 12 000 -algo más de 12 000- procedían de fosas comunes, que, muchas veces con nocturnidad y alevosía, sacaron de cementerios y de fosas que no
estaban en cementerios y se los llevaron al Valle de los Caídos, sin conocimiento ni asentimiento de los familiares. En torno a 12 000 de esos 33 800; el resto, 21 000, van con el asentimiento de los familiares. En este momento estamos haciendo
un estudio para conocer exactamente todo el proceso de acarreo de cadáveres de toda España al llamado Valle de los Caídos. Es la vez que más ocurrió este tipo de actuaciones y, por lo tanto, necesitamos en el proceso de la resignificación del valle
conocer precisamente todo esto, que se está investigando en este momento con un grupo de investigación potente de la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, hay ya 500 fosas que se exhuman, más de 12 000 cadáveres, que pueden ser no solamente de
víctimas republicanas, sino también de militares, y en este momento se está estudiando para saber exactamente de qué se está hablando y que la ciudadanía conozca perfectamente esta situación. Por lo tanto, ya hay 500 fosas y 12 000 cadáveres que
hay que restar.


Al principio de la Transición se hizo toda una política de exhumación de cadáveres, como dicen los científicos, como dicen los forenses, sin rigor científico. Dicho de otra manera, sin la identificación genética para poder entregárselos a
sus familiares si se localizaban. Se cogía una fosa, se sabía que estaban allí, se acumulaban y se ponía un monolito. Eso ocurre en los primeros años de la Transición y termina en el año 1984, y no fue una política pública de Estado, fue una
política espontánea que vinieron a hacer los ayuntamientos democráticos, las asociaciones civiles, los sindicatos, los partidos de izquierda, etcétera, y los propios familiares, con lo cual también hay todo un conjunto de exhumaciones que hay que
restar de los 114 000 que se decían. Y después, desde el año 2000 hasta la actualidad, sí que se han hecho exhumaciones ya con rigor científico, tratando de hacer una identificación genética a través del ADN. Podemos estar hablando de la
exhumación de cerca de mil fosas desde el año 2000 hasta la actualidad,

Página 102

y podemos estar hablando en este momento de cerca de 12 000 cadáveres exhumados. Planteado esto, ¿de qué estamos hablando a la hora de afrontar el Plan cuatrienal de fosas cuando lo redactamos en la Secretaría de Estado? Estamos hablando
de entre 20 000 y 25 000 cadáveres que son susceptibles en este momento de tratar de exhumar para entregárselos a sus familiares y que les den digna sepultura.


Le voy a hacer el balance. Decía usted que si estamos estudiando. No. El primer año que yo estuve de secretario de Estado hicimos un plan de choque, que ya procedía de la época de Justicia. Eran 1,5 millones: 750 000 de asociaciones y
otra parte, a través de la FEMP, de los municipios. ¿Y por qué metemos a los ayuntamientos? Porque es la Administración más cercana a la ciudadanía, quién conoce realmente a los familiares, quien conecta con ellos perfectamente. Sé que se nos ha
criticado a veces porque estamos trabajando con los ayuntamientos. Es la Administración más cercana y, por lo tanto, hay que intervenir con ellos. Y no solamente eso, sino que los ayuntamientos, las diputaciones, son Estado, no es solamente la
Administración General del Estado. Y el planteamiento que hace Pablo de Greiff, el planteamiento que hacen las organizaciones internacionales de carácter humanitario no es otro que decir que el liderazgo sobre las exhumaciones lo tiene que tener el
Estado, y eso es lo que aparece en la Ley de Memoria Democrática. El liderazgo lo tiene que tener el Estado y nosotros lo tenemos, y desde el plan cuatrienal empezó el Estado sistemáticamente a intervenir con todos los instrumentos de que en esos
momentos nos dotaba la llamada Ley de Memoria Histórica del año 2007. Hoy tenemos nuevos instrumentos de los que nos dota la Ley de Memoria Democrática.


Ese plan cuatrienal ya está en la tercera anualidad, pero tenemos ya dos anualidades con dos presupuestos. Le voy a dar datos para que sepa cuál es el estado de la cuestión en este momento. Y le voy a dar datos comparados. Durante la
etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, seis años, fue cuando más exhumaciones se hicieron, 177 en seis años. Desde que iniciamos el plan de choque hasta la actualidad estamos actuando en 504 fosas. Vea usted la diferencia de lo hecho en seis años
y lo hecho en dos años. En dos anualidades y un plan de choque, 504 fosas. ¿Qué cálculos prevemos, siguiendo el ritmo que tenemos, en una legislatura? En legislatura y media terminamos con las fosas comunes en España. Ese es el planteamiento y
ese es el objetivo, y este presupuesto del año 2023 está en esa clara orientación. Lo digo para que vea con exactitud qué es lo que se está haciendo y a dónde va el presupuesto, y en este momento son 6 300 000 euros de este presupuesto destinados
fundamentalmente a localización, búsqueda, exhumación e identificación, que lo estamos haciendo con el Instituto Nacional de Toxicología, que está trabajando con nosotros, y con distintos laboratorios de universidades que tienen las comunidades
autónomas, etcétera. Me parece que es importante tener en cuenta esto porque es una de las políticas prioritarias más importantes que tiene el Gobierno en este momento.


En segundo lugar, me preguntan dónde está el dinero para esas exposiciones. He dicho que tenemos dinero para las exposiciones que he mencionado y aparecen en el presupuesto: Trienio Liberal, La generación del cambio: estudiantes contra
Franco, 150 Aniversario de la Primera República. Hay consignación presupuestaria y aparece como tal. ¿Cómo vamos a mover -porque el dinero ya nos lo hemos gastado- la exposición Azaña? Simplemente es la itinerancia y también en colaboración con
otras instituciones. Por ejemplo, cuando llevamos la exposición de Azaña a la Universidad de Granada, esta colaboró económicamente con nosotros a la hora de hacer la itinerancia. De la misma manera lo estamos haciendo con otras instituciones, y en
otras, si no es posible, lo hacemos nosotros directamente. En el presupuesto también hay dinero para itinerancia, en este caso para la de Azaña, la de Clara Campoamor, que de aquí posiblemente vaya al ayuntamiento de Sevilla -los que nos piden, los
ponemos en orden de petición y van las exposiciones-, o La Desbandá, que el día 31 se levanta de Málaga y pasara a Almería por aquello de la carretera de Málaga a Almería. Por lo tanto, tenemos consignación presupuestaria y no estoy haciendo un
brindis al sol, señor diputado; no hago un brindis al sol, a mí me gusta trabajar con seriedad, en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática trabajamos con rigor, tanto nosotros como nuestros directores, porque el director general y nuestros
asesores somos gente que estamos curtidos en el rigor científico y evidentemente trabajamos con esa rigurosidad que se nos tiene que exigir no solamente como profesionales, sino también como representantes de los partidos políticos.


Hablaba usted de liberales. La democracia procede del liberalismo. Es un elemento clave, por eso hablamos del liberalismo democrático. ¿Cuándo se inicia el liberalismo democrático? ¿Quién apunta al liberalismo democrático? Empieza en la
Constitución de Cádiz del año 1812. En ese interregno de tres años entre el absolutismo de Fernando VII y los Cien Mil Hijos de San Luis, la segunda etapa de absolutismo de Fernando VII, hay un oasis donde se aplica por primera vez la Constitución
de 1812, y es un auténtico crisol de cómo luego se van a desarrollar las políticas de la España liberal y de la España

Página 103

democrática. Profundizar exactamente sobre el liberalismo del trienio es algo que yo aconsejo a muchísima gente, porque aprenderían muchísimo, sobre todo cuando en este país se está falto de muchas lecturas. Aquí prácticamente ya se leen
los doscientos caracteres y leer dos páginas a veces cuesta muchísimo. Yo lo he visto mucho en relación con la Ley de Memoria Democrática, porque mucha gente ha interpretado la Ley de Memoria Democrática y yo pensaba: pero si a estos lo que les
hace falta es leerla, no otra cosa. Y luego han falseado cualquier cosa. Hace falta leer; los políticos tienen que leer, hay que exigirnos a los políticos que leamos, y se lee poco, tristemente se lee poco. Por eso hablo del liberalismo
democrático, porque de ahí arranca el partido democrático y eso hay que estudiarlo, y de ahí arranca el sexenio democrático y eso hay que estudiarlo. Además, hay que reflexionar sobre lo que supuso la Primera República y todas las tendencias
democrático-republicanas, que son las que luego van a llegar a cristalizar en lo que fue la Segunda República con sus luces y sus sombras. Y aquí es cuando se plantea el tema de la verdad. Aquí no hay ningún sectarismo, aquí se trata de si estamos
con la democracia o estamos con otras interpretaciones diferentes, o estamos con las dictaduras. Aquí no hay otra cuestión y los que llevamos toda nuestra vida estudiando e impartiendo clases en la universidad sobre esto sabemos con rigor qué es
una cosa y qué es otra. Por lo tanto, cuando yo oigo tantas cosas como se han dicho de la ley, pienso en la falta de lectura que hay para no quedarse en los años cuarenta, con las interpretaciones de Joaquín Arrarás, que era el hagiógrafo de
Franco. Y venga a repetir las mismas cosas aquí, en el Congreso de los Diputados, y lo he escuchado en el Senado; vergüenza ajena, porque me ha dado vergüenza ajena escuchar ese tipo de cosas y la falta de rigor y de lectura a la hora de poder
afrontar esto con seriedad. La historia es un proceso muy complejo, no es unidireccional, es el mundo de las complejidades y hay que analizarlas todas para poder acercarnos científicamente y con rigor a estos análisis. Así que no me hable de
justicia universal, no me ponga usted a mí, en memoria democrática, la justicia universal, por el amor de Dios, que ya están otros que evidentemente tienen que tratarla, y usted lo sabe bien. Yo creo que, a grandes rasgos, he tratado de comentarle
la situación, creo que era necesario para aclarar determinados conceptos en estos procesos.


Me dice de nuevo el representante de VOX que se hace política sectaria. Yo tan solo vengo a decir que se lea la Constitución. El artículo 27.2 de la Constitución española habla prácticamente del desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y, luego, de una manera mucho más clara, la Ley Orgánica de Educación, que nadie ha tildado de inconstitucional, dice que hay una apuesta por la
democracia. Al diputado de VOX, que es diputado por Sevilla, le voy a leer lo que dice la ley orgánica, porque no está mal recordarlo. Señala la ley orgánica '... la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la
historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad. El estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y
con sentido crítico'. Sin que haya por el momento reproche de inconstitucionalidad alguna. Eso es lo que hace la Ley de Memoria Democrática. No tergiversen, por favor. No manipulen.


Usted, que es catedrático de universidad, no solo haga una lectura, no se ancle usted en Joaquín Arrarás. He escuchado todas sus intervenciones y la verdad es que me ha preocupado, y me ha preocupado por el gremio. Los que somos
catedráticos de universidad vemos las complejidades de las cosas y hacemos distintas lecturas. Lea usted otras cosas, que luego le darán luz a los procesos y los verá mucho más complejos, no de una forma unidireccional. Y, sobre todo, no repita
usted lo que dice Joaquín Arrarás, que después copia Pío Moa y que después copia César Vidal, y nos lleva usted solamente en ese camino. Yo creo que los que estamos acostumbrados a hacer ciencias sociales lo tenemos que hacer con rigor, más que
nada para no denigrar el gremio. Eso no estaría nada mal. No le estoy aconsejando nada, simplemente hago una reflexión en voz alta sobre sus intervenciones cuando le he escuchado en el Congreso de los Diputados. Y se lo digo con todo el respeto
(rumores), de la misma manera que cuando usted habla de la exposición de Clara Campoamor. Le voy a hacer una pregunta, ¿ha ido usted a visitar la exposición de Clara Campoamor? La tenemos todavía en la Biblioteca Nacional, no estaría nada mal que
la visitara, porque evidentemente usted vería cómo se hace un análisis riguroso y completo de cuál es el pensamiento de Clara Campoamor en cada momento de su trayectoria como abogada, como periodista, como luchadora por los derechos de las mujeres y
por la conquista del voto femenino. No estaría mal, nos viene bien a los científicos ver cosas distintas de lo que normalmente trabajamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reflexionar más, y yo creo que eso le vendría -permítame que se lo diga, con
toda la humildad- bastante bien. (Rumores).

Página 104

No se preocupe usted, no se preocupe, no se va a destruir la Cruz del Valle de Cuelgamuros. Es que lo vienen diciendo reiteradamente y, desde el primer momento, ni a mí ni al Gobierno nos habrá escuchado decir que se va a destruir la Cruz
del Valle de Cuelgamuros. No me explico por qué lo están reiterando permanentemente, eso es intoxicar, eso es manipular y eso no es bueno. No es bueno para la conciencia crítica, para la conciencia ciudadana, permítame que se lo diga. No se va a
destruir. Entre otras cosas, y hago referencia a que tengan una información más ajustada de mi intervención en 24 horas, allí decía exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora: No se va a destruir. Y puse un ejemplo. Primero, porque la cruz en
ese monumento, que es el gran monumento franquista -léase usted el decreto de 1957 y verá cuál es el objetivo que tiene y, si no, mire más atrás, 1940. Váyase usted al decreto de creación de 1940 y verá cómo precisamente estaba destinado solo y
exclusivamente a unos. Luego, como tenían mucho hueco, había que traer más. Por favor, léase las cartas de Camilo Alonso Vega. No se las voy a leer aquí ahora, pero léaselas para que pueda hacer un análisis mucho más ajustado-, supone la
simbiosis entre religión y política, que en ese momento es el nacionalcatolicismo. Esa es la expresión del nacionalcatolicismo y, como es la expresión del nacionalcatolicismo, evidentemente a la hora de explicarlo la cruz se tiene que mantener.
Cada uno puede tener sus creencias y yo las respeto todas, pero aquí, a la hora de la explicación, la cruz se tiene que mantener porque nos explica. De la misma manera, cuando uno va a un campo de concentración nazi -no sé si habrá estado usted en
alguno de ellos- ve un horno crematorio. Si alguien piensa que hay que quitar un horno crematorio porque es feo, me parece que eso es tergiversar la historia. Hay que dejarlo para que todo el mundo lo vea y, sobre todo, por las garantías de no
repetición, por el deber de memoria que tenemos para que no se vuelvan a repetir los hechos traumáticos del pasado. Así es que yo creo que está suficientemente aclarada esa situación.


En cuanto al diputado del Partido Popular, le tengo que decir al señor Mateu, que nos venimos viendo en varias Comisiones y que le agradezco que me reitere prácticamente las mismas cosas que dijo en contra o en la defensa del veto a la Ley
de Memoria Democrática, que lógicamente fue rechazado en las Cortes y, por tanto, no voy a entrar en este debate porque es un debate ya realizado, de la misma manera que las enmiendas, que fueron rechazadas en las dos Cámaras. No ha lugar aquí a un
debate que ya se ha producido en su momento y que se ha producido perfectamente. Permítame que le diga que me quedé realmente asombrado cuando ustedes presentaron una enmienda en el Congreso y en el Senado en la que pedían que se mantuviera, además
de los títulos franquistas, la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. (Denegaciones por parte del señor Mateu Istúriz). Sí, sí, que se mantuviera. No se la han leído bien. ¿Es así o no es así, señor Mateu? Es así. La Orden Imperial del Yugo y
las Flechas es una orden imperial que otorgaba Franco y le voy a decir, para que usted lo tenga fresco, quiénes fueron los beneficiarios de esa orden imperial: Hitler, Mussolini, Rudolf Hess, Himmler... El Partido Popular quiere que se mantenga
eso. En su enmienda decía que se mantuviera y, claro, la verdad es que yo no entendía nada. No entiendo nada, señor Mateu. No entiendo nada. Cuando el portavoz del Grupo Socialista les dice aquí que se homologuen con los países de su entorno y
con las derechas democráticas del entorno europeo, no le falta razón. ¿Cómo vería la derecha francesa o cómo vería la derecha alemana que ustedes pusieran una enmienda para mantener la Orden Imperial del Yugo y las Flechas? Además de Hitler,
Mussolini, Rudolf Hess, Himmler y otros cuantos más. Es impensable, es impensable. Sin duda, señor Mateo, me preocupa porque han perdido ustedes una gran oportunidad de homologarse con el resto de las derechas democráticas europeas. Y lo digo con
sentimiento, de verdad, y lo digo así porque me hubiera gustado que lo hubieran hecho porque sus homólogos europeos, todos, con los ojos cerrados hubieran votado esta ley que ya la hicieron ellos similar después de la Segunda Guerra Mundial.


Les voy a aclarar algo más. Digo que no entro en la Transición, porque cuando hablan de la Transición lo que denoto -me mira la presidenta, termino rápidamente-, lo reitero, es que o no se la han leído o que falsean la ley. La verdad es
que ha sido una pena el debate parlamentario que ustedes han mantenido. No han entrado en el contenido de la ley; han hablado de la Transición ¡y, ahora, resulta que la Ley de Memoria Democrática es la que mejor ensalza la Transición de todas las
leyes que se han hecho en la democracia! ¿Quieren que les lea la exposición de motivos? (Varios diputados: Nooo, por favor, no hace falta). ¿Quieren que se la lea? No tengo ningún inconveniente en leérsela. (Varios señores diputados: Que no,
que no). ¡Bueno, es que como se ponen así! No quieren ¿no? No quieren que se la lea. (Varios señores diputados: ¡No, no, no!). Léanse la exposición de motivos. No falseen; no han discutido la ley, no han discutido los principios de la ley.
Han ido tangencialmente hablando de que si la Transición, que si Bildu... No, no, lo que está ahí, lo que está ahí. No estaría mal. (Protestas).

Página 105

Las tergiversaciones que se hacen en relación con la disposición decimosexta. ¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática? Lo dice en el artículo 1, lo dice en el artículo 3, lo dice en el artículo 21, lo dice en el artículo 69. ¿Qué es lo
que dice? Que el ámbito temporal de la Ley de Memoria Democrática es la entrada en vigor de la Constitución de 1978 -por todos lados-. Mire usted, cuando dice: es que quieren que se investiguen las violaciones... Mentira, ¡falso, falso, falso!,
no se investigan. No se investigan. Porque la ley dice en el artículo 29 de una manera mucho más clara que hay derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la Dictadura hasta la promulgación de la
Constitución, y que lo hará un fiscal de Sala. Eso es lo que dice la ley. No me digan ustedes que se va a investigar hasta 1983 porque es falso, radicalmente falso. ¡No pueden ustedes lanzar a la ciudadanía tantas falsedades y tantas
intoxicaciones! Sí que va a haber una comisión de estudio que va a estudiar las vulneraciones de la gente que luchó por la libertad, la consolidación de la libertad. ¡Eso no lo dicen ustedes! ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Qué esconden? ¿Por qué
no han entrado en los contenidos? Yo creo que ustedes han llegado al artículo 1 de la ley, han visto que hay que condenar y repudiar el franquismo y a ustedes les ha echado para atrás. (El señor Mateu Istúriz: ¡Nooo!).


Miren, ustedes, les he seguido desde el año 2002. Yo soy riguroso en estas cosas, les he seguido y la única vez... (Protestas.-El señor Manglano Albacar: ¿Pero esto es una comparecencia de presupuestos?). Perdónenme ustedes, perdónenme
ustedes... (El señor Mateu Istúriz: Hombre, por favor, esto es un adoctrinamiento... Aquí no se habla de...-El señor Suárez Lamata: Preséntese a diputado y como diputado debata el presupuesto).


El señor PÍRIZ MAYA: Señora presidenta, por una cuestión de orden pido la palabra.


La señora PRESIDENTA: No, no están en posesión de la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Voy a terminar pronto.


La señora PRESIDENTA: No están en posesión de la palabra. Cada uno en su turno habla de lo que entiende. La presidenta ha dejado a cada uno hablar de lo que quería, a veces de temas presupuestarios y a veces menos presupuestarios, así que
guarden silencio.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (Martínez López): Voy terminando.


Vamos a ver, les he seguido realmente y, es cierto, ustedes condenan el 20 de noviembre de 2002 la vulneración de los derechos humanos durante la guerra, fundamentalmente; lo hacen ustedes en 2002 y en 2004 también, y pare usted de contar.
Luego ya, abstenciones cuando se ha planteado en proposiciones no de ley. ¡Hombre, yo he tenido la oportunidad de presentar, cuando era senador, una proposición no de ley y ustedes se abstuvieron cuando se planteaba el repudio y la condena! No me
digan ustedes que no cuando lo he visto porque yo mismo he presentado una proposición de ley cuando estaba en el Senado. (El señor Mateu Istúriz: ¿Y en la proposición no de ley sobre el comunismo ustedes se abstuvieron o votaron en contra?). Por
amor de Dios, no me vengan ustedes con...


Termino con el tema de las exhumaciones. Creo que antes, cuando contestaba a Edmundo Bal, lo he aclarado suficientemente, pero le tengo que agradecer al portavoz del Grupo Socialista que lo haya recordado. Con las exhumaciones estamos de
acuerdo. Estupendo. Pero cuando Rajoy entra a gobernar, inmediatamente le dicen: Usted había dicho que iba a derogar la ley de memoria histórica. Y dijo en la televisión, todavía lo tengo grabado: Presupuesto cero. Evidentemente, desde la
Administración General del Estado no se implementaron políticas de exhumaciones. ¿Sabe usted dónde se implementaron política de exhumaciones? En las comunidades autónomas; en algunas comunidades autónomas, algún ayuntamiento y algunas
asociaciones, con dinero que venía incluso desde el exterior.


Así es que yo creo que estamos ante un buen presupuesto, creo que el presupuesto va a implementar las políticas de memoria que nos exigen en este momento los organismos internacionales humanitarios, y en este caso el Gobierno de la nación
tiene un compromiso adquirido por el presidente en la sesión de investidura y, evidentemente, en este caso trata de cumplir ese compromiso.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Paramos cinco minutos.

Página 106

El señor PÍRIZ MAYA: Presidenta, por el artículo 71.3, por alusiones.


La señora PRESIDENTA: ¿Por alusiones directas?


El señor PÍRIZ MAYA: Sí, se ha puesto en duda el decoro de un grupo parlamentario como es el mío y quiero poder explicarlo.


La señora PRESIDENTA: A los grupos parlamentarios está claro, como en toda la sesión, pero personales no ha habido.


El señor PÍRIZ MAYA: El artículo 71.3 habla de falta de decoro al grupo parlamentario. Lo dice exactamente el artículo que estoy invocando, por eso quiero el uso de la palabra. Va a ser un minuto, no va a ser más.


La señora PRESIDENTA: Diez segundos.


El señor PÍRIZ MAYA: Es el tercer año que este compareciente viene, y esta técnica habitual de hablar de todo menos de presupuestos ya la conocíamos. Nos parece deleznable que se utilice una comparecencia de presupuestos en la que se viene
a hablar de números para faltar al decoro a nuestro grupo parlamentario. Nos parece que debería ser criticable y debería la propia presidenta -y si no, nosotros presentamos una queja formal- quejarse ante el compareciente, porque no son actitudes
de un miembro del Gobierno de este país, porque no se viene aquí a hablar de lo que ha grabado en su VHS, como es la última frase que ha dicho, sino que se viene a hablar de presupuestos, que para eso es esta Cámara y para eso es esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: Muy bien. Gracias por la explicación.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: Señora presidenta, me adhiero a la protesta del Grupo Popular. El compareciente ha convertido su respuesta en un festival de sectarismo y de desprecios...


La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, no está en el uso de la palabra.


El señor CONTRERAS PELÁEZ: ... alejándose del rigor de una discusión presupuestaria, y quiero que conste nuestra protesta.


La señora PRESIDENTA: Hacemos una pausa de cinco minutos para que llegue el próximo compareciente. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (OLONDRIZ DE MORAGAS). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/002428), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002756), SOCIALISTA
Y CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002628).


La señora PRESIDENTA: Vamos a retomar la sesión, espero que de una manera más tranquila.


En este caso, damos la bienvenida a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, doña Inés Olondriz de Moragas. Voy a dar la palabra a los diferentes grupos parlamentarios para que hagan las preguntas o las intervenciones que
entiendan convenientes. Ahora sí voy a ser rigurosa con los cinco minutos porque, como saben, vamos con un poco de retraso.


En primer lugar, el Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra la señora doña María Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretaria. Yo voy a hablar de la Comunidad Valenciana, de mi comunidad.


Pese a los casi 13 500 millones de euros comprometidos por el Gobierno en los presupuestos para 2023, para el próximo ejercicio que estamos debatiendo ahora, pese a que estos presupuestos elevan a 2651 euros la inversión por habitante en la
Comunidad Valenciana, los valencianos seguimos siendo el territorio peor tratado por el sistema de reparto autonómico y, sobre todo, los alicantinos, porque es la provincia de Alicante la peor tratada nuevamente. Aunque los presupuestos generales
del Estado para 2023 destinan 610 euros más por valenciano, también estos presupuestos elevan la cantidad para el

Página 107

resto de comunidades autónomas, por lo que seguimos 360 euros por debajo de la media, lo que implica 1800 millones de euros aproximadamente de infrafinanciación. Y es que en la Comunidad Valenciana llevamos desde el año 2002, año tras año,
recibiendo una financiación por habitante ajustada por debajo de la media. La inacción del Gobierno de España para actualizar el sistema de financiación autonómico desde 2014 o para presentar un nuevo modelo que elimine y compense el maltrato
financiero continuado se viene produciendo desde entonces con determinadas comunidades autónomas y, en particular, con la Comunidad Valenciana. Otro año más que tenemos que hablar, y que yo personalmente hablo aquí, de desigualdad entre españoles
por el hecho de vivir en una comunidad autónoma o en otra. Otro año más que hablamos de mantener unos privilegios por conveniencia política favoreciendo unos territorios y actualizando y mejorando los cálculos, por ejemplo, del ventajoso cupo
vasco. Otro año más instando y reclamando al Gobierno un fondo de nivelación transitorio de financiación autonómica para la Comunidad Valenciana que permita alcanzar la media nacional de financiación por población ajustada; un fondo que debería
ser recogido en los presupuestos generales del Estado para 2023 y siguientes, siempre que no se implementara un nuevo sistema de financiación autonómica para las comunidades de régimen común. Y un año más que llevo pidiendo un fondo de compensación
de deuda de financiación autonómica de la Comunidad Valenciana que recoja los importes no actualizados desde el año 2014 del sistema de financiación autonómica y que ha generado una deuda adicional por infrafinanciación; un fondo, en definitiva,
para disminuir el nivel de deuda actual de la Comunidad Valenciana. Un fondo que debería ser recogido en los presupuestos generales del Estado para 2023 y siguientes hasta que no se implementara, como decía antes, un nuevo sistema de financiación
autonómica para las comunidades de régimen común.


Ahora veremos -lo estamos viendo ya en el ámbito político en las distintas comunidades, sobre todo en la mía- cómo el Partido Popular se rasga las vestiduras cuando en sus gobiernos de mayoría absoluta con Mariano Rajoy no quiso arreglar la
financiación, pero es que ahora también vemos al Partido Socialista Obrero Español que lo hace igualmente. Y yo estoy aquí, en esta comparecencia, y me pregunto dónde está el señor Baldoví, que dónde está Compromís, porque no lo veo, y comprometió
el voto que le concedieron muchos valencianos en la investidura del presidente Sánchez a cambio de un sistema de financiación autonómico nuevo que fuera justo con la Comunidad Valenciana en ocho meses. No está aquí el señor Baldoví exigiendo su
parte del trato. No están esas promesas que el señor Baldoví arrancó a Sánchez para apoyarle en su investidura. Pues si Baldoví no está, sus promesas han caído en saco roto una vez más, porque no le interesan a este Gobierno. Y tengo que decir
que si su gestión es igual en la Comunidad Valenciana, a la que están llevando las reivindicaciones de la financiación para el futuro de la comunidad, va por muy mal camino.


Seguimos exigiendo transparencia en la financiación para los territorios. Seguimos exigiendo igualdad. Seguimos exigiendo que se nos trate como ciudadanos de primera.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Miguel Ángel Bustamante.


El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Gracias, presidenta.


Como en los últimos años, el papel del Gobierno tiene que ser asegurar la financiación de las administraciones territoriales, garantizando los recursos suficientes para atender las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, el funcionamiento
de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, evitando así los efectos de las sucesivas crisis económicas que se han dado desde la toma de posesión del Gobierno de coalición: primero, la crisis
económica derivada de la pandemia y, posteriormente, la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Gracias al apoyo financiero del Estado en los años 2020, 2021 y 2022, con dotaciones extraordinarias a las comunidades autónomas por un importe de más
de 43 000 millones; el Fondo COVID de ayuda a empresas y entidades locales, y las distintas medidas que se han tomado, han dado lugar a que, a pesar de la caída del producto interior bruto provocada por la pandemia, el saldo fiscal de las
administraciones territoriales en su conjunto no se haya visto deteriorado respecto a 2019, y que las cifras de déficit y deuda de las entidades territoriales apenas se hayan visto afectadas por las sucesivas crisis económicas. Pero más allá de las
cifras, lo importante es que, por ejemplo, gracias a la inversión pública, los niveles de empleo están en cifras superiores a los últimos catorce años, por lo que nos hacemos la reflexión de qué hubiera pasado con los presupuestos de ajustes ante la
crisis económica de Montoro y del Partido Popular o qué hubiera pasado si el Estado no

Página 108

hubiera intervenido con recursos propios en la economía, protegiendo el empleo, como se hizo, por ejemplo, a través de los ERTE, protegiendo más de 3,5 millones de empleos cuando cesó la actividad económica.


Con estos presupuestos, que tienen además el mayor gasto social de la historia de España, las comunidades autónomas van a alcanzar los mayores recursos procedentes del sistema de financiación, con más de 135 000 millones, lo que supone un 24
% más que en 2022; la inversión territorializada aumenta, es decir, aumenta la inversión del Estado en los territorios. Andalucía, y queremos destacar ese hecho, como comunidad autónoma con mayor peso poblacional, con un 18 % del peso poblacional
de España, no obstante, en cuanto a inversión territorializada, sigue lejos de los datos del año 2009. En cuanto a entidades locales, va a aumentar un 5 %, y se van a recibir más de 23 000 millones. Yo me acuerdo de las más de sesenta alcaldías
que nuestro espacio tiene en Andalucía y me acuerdo de nuestros alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla que siempre hemos reivindicado que los ayuntamientos tengan más capacidad, y que hay que seguir mejorando para que los ayuntamientos
sean instrumentos de transformación social de nuestras realidades como institución más cercana a los ciudadanos y ciudadanas.


Por último, y sobre el sistema de financiación, nuestro grupo parlamentario ha venido insistiendo en la urgente necesidad de abordar dos cuestiones que son claves: la construcción de un sistema fiscal justo, y sistemas de financiación
también justos, y la reforma fiscal para configurar un sistema tributario progresivo, donde aquellas personas físicas y jurídicas que más tienen más contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos. Quiero felicitar la actuación del Gobierno en
ese sentido, contraria a las políticas de la derecha en las comunidades autónomas donde gobierna. Un ejemplo nuevamente es Andalucía, donde se suprime el impuesto de patrimonio a aquellas 17 000 personas más ricas frente a los más de 8 millones de
andaluces y andaluzas que vivimos en el territorio. De ahí nuestra felicitación a la acción del Gobierno para que aquellos que tienen un patrimonio superior a 3 millones de euros contribuyan con más recursos o que aquellas rentas del capital
superiores a 200 000 y 300 000 euros anuales aumenten la contribución para mejorar los servicios públicos.


Acabo, presidenta. Asimismo, en cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, es fundamental abordar de forma urgente en diálogo con las comunidades autónomas, también con las entidades locales, de manera que se vincule una
reforma fiscal que permita resolver la deficiencias de los sistemas vigentes y garantice recursos suficientes para sostener los servicios públicos de calidad en aquellos aspectos que son competencia de las comunidades autónomas y también de los
ayuntamientos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo VOX, el señor Sáez Alonso-Muñumer.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, presidenta. Y gracias a la secretaria general por la comparecencia.


En el libro amarillo de los presupuestos generales del Estado, en el capítulo 7, de financiación de los entes territoriales, se menciona que el desarrollo del Estado de las autonomías ha supuesto un intenso proceso de descentralización
administrativa, es una afirmación francamente incompleta. Lo que se ha producido es un extraordinario incremento del gasto político, de las ineficiencias, de la burocracia, de la insolidaridad y de las duplicidades. En el capítulo 7 de los
presupuestos generales del Estado se menciona que en el año 2023 se alcanzará la cifra de 135 273 millones de euros en el sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común más Ceuta y Melilla, y se alcanzarán 23 235
millones de euros en la financiación de las entidades locales correspondiente a la participación en los tributos del Estado en concepto de entregas a cuenta del ejercicio y de liquidación del año 2021. Hablamos, por tanto, de unas cifras
elevadísimas que crecen año tras año, sin que se haya llevado a cabo un análisis profundo en el que se compare el funcionamiento y la eficiencia en la gestión de las distintas administraciones autonómicas y locales y la Administración General del
Estado. El sentido común y la realidad de un déficit estructural de la economía española en el 4 %, según la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, aconsejan realizar un análisis completo de la gestión de la totalidad de las
administraciones públicas, y de esta forma saber si nuestro modelo de Estado es capaz de prestar servicios de calidad y de modo eficiente a los ciudadanos.


A este respecto podemos señalar los estudios realizados por Unión Progreso y Democracia en el año 2010, donde se estimaba el sobrecoste por las ineficiencias en el funcionamiento de las comunidades

Página 109

autónomas, una vez tenida en cuenta la externalización de servicios en 20 408 millones de euros. Otro análisis es el realizado por el Instituto de Estudios Económicos ha elaborado un índice de eficiencia del gasto público, en el que nuestro
país obtiene una puntuación de 74,4, muy por debajo de la media de 100 de la OCDE. No solo eso, sino que este índice muestra un deterioro en la eficiencia del gasto público de unos 10 puntos en dos años, al pasar de 84,6 en 2019 a 74,4 en 2021, lo
que denota una pérdida relativa de eficiencia en comparación con otros países de la OCDE. Las conclusiones de este estudio son que España podría reducir su gasto público en un 14 % y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra
mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE. En este estudio se plantean una serie de medidas que pueden servir de base para la reforma del gasto público y que son de puro sentido común. Me voy a referir a
seis de ellas.


Primera, profundizar en una gestión profesionalizada e independiente. Se debe tratar de evitar una gestión altamente politizada que introduce ineficiencias y aumentos de costes. Segunda, realizar una evaluación constante de las políticas
públicas, una recomendación recurrente de los distintos organismos internacionales, que ayudaría a priorizar qué necesidades públicas deben atenderse y de qué forma se deben atender. Tercera, fomentar la colaboración público-privada, aprovechar la
especialización, eficiencia productiva y potencial innovador de las empresas, lo que redundaría en ganancias de eficacia y eficiencia en el gasto público. Cuarta, mejorar la colaboración y cooperación entre organizaciones públicas y reducir la
burocracia. El exceso de burocracia existente en la actualidad no beneficia a nadie y genera sobrecostes para las administraciones y mayores cargas para las empresas y ciudadanos. Quinta, profundizar la flexibilidad y orientación al mérito en el
empleo público. Potenciar las carreras profesionales dentro de la Administración permitiría una mejor atracción del talento. Sexta, realizar un presupuesto basado en el desempeño. El criterio dominante en la elaboración de presupuestos sigue
siendo el incrementalista, ignorando cuáles son las necesidades reales de gasto. Este criterio supone la anulación de cualquier estímulo a la mejora de la eficiencia, la reducción de duplicidades y la detección de gastos no imprescindibles. Me
gustaría saber si está de acuerdo con estas medidas.


Para finalizar, quiero hacerle una serie de preguntas. ¿Considera adecuado y recomendable que se realice por parte del Gobierno un análisis de la eficiencia del gasto público? ¿Considera el Gobierno que todos los gobiernos autonómicos
gestionan con igual eficiencia sus recursos públicos? Por último, ¿cómo valora el Gobierno la especial falta de rigor en el cumplimiento del objetivo de reducir el déficit en comunidades autónomas como la valenciana, la de Murcia o la de Cataluña?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Manglano.


El señor MANGLANO ALBACAR: Muchas gracias, señora presidenta. Señora secretaria general, bienvenida.


Mi intervención va a estar dividida en dos partes. En la primera le voy a hacer una serie de preguntas concretas. Si no le da tiempo a responderlas, agradecería que se conviertan en preguntas escritas que le lleguen a su secretaría
general. En la segunda parte le haré tres consideraciones generales.


Paso a las preguntas concretas. La partida dedicada a estudios y trabajos técnicos en su secretaría general pasa de 65 000 euros en 2022 a casi 195 000 euros en 2023. ¿Por qué sube tanto y a qué piensan dedicar dichos fondos? Otras
indemnizaciones, dentro de la partida indemnizaciones por razón de servicio, tienen un importe de 36 000 euros. ¿A qué se refieren con esas otras indemnizaciones? Por otro lado, una partida cuyo nombre es inversión de reposición asociada al
funcionamiento operativo de los servicios se dobla entre 2022 y 2023, pasando de 122 000 euros a 260 000 euros ¿Por qué y a dónde va ese dinero? Otra pregunta: ¿a qué se refieren los gastos en inversiones de carácter inmaterial, cuyo importe
asciende a 818 000 euros en 2023? Si nos puede dar algún ejemplo del gasto, se lo agradeceré. Y, por último, una pregunta evidente: ¿por qué bajan las aportaciones patrimoniales a los fondos de financiación de las comunidades autónomas de 18 a 15
000 millones de euros y en el caso de los entes locales de 3000 a 1000 millones de euros?


Paso ahora a las consideraciones generales. Primera cuestión. La ejecución del Ministerio de Hacienda es la segunda peor de todo el Gobierno de España a 31 de agosto, después de Industria. Me gustaría saber por qué, qué explicación tiene
usted y en qué medida esa baja ejecución está pudiendo afectar a la ejecución de los fondos Next Generation, en particular en lo que se refiere a las comunidades autónomas y a los entes locales.

Página 110

Segunda cuestión. Aquí le agradecería que no me use el truco del almendruco que usó con mi compañero el año pasado, es decir, no diga que se ha quedado sin tiempo, para no responder. Él le pregunto por plusvalías y no le respondió. Yo le
voy a preguntar por plusvalías y le ruego, porque esto es lo más importante que le voy a preguntar, que me responda. La pregunta es muy clara: ¿por qué han subido los coeficientes máximos del impuesto de plusvalías? Esto lo han hecho bastante de
tapadillo y, además, yo no veo ninguna justificación objetiva para hacerlo, y me explico. El superávit de los municipios en 2021 es del 0,27 %, es decir, tienen sobrefinanciación. Es que usted misma, en su comparecencia del año pasado, se quejaba
de las posiciones de liquidez que tenían los ayuntamientos, que llegaban a 31 000 millones y se llevaba las manos a la cabeza diciendo: 'es que no nos dejan que nos presten ese dinero, porque nos han rechazado el decreto que quisimos aprobar'.
Veía que los ayuntamientos tenían sobrada liquidez, se quejaba de ello, con esta voracidad fiscal que define a este ministerio, ¿verdad?, no pueden ver una capacidad económica sin querer meter ahí un impuesto nuevo o, por lo menos, que les presten
más o menos voluntariamente, sin embargo al año siguiente aprueban una subida de los coeficientes máximos del impuesto de plusvalía. Es que no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por cierto, añado un argumento más: los períodos de
pago a proveedores están bajando, los municipios están en mejor situación de liquidez. Por tanto, si en su conjunto los municipios no necesitan que se les suban los coeficientes máximos del impuesto de plusvalías, ¿por qué lo hacen? La única
explicación que se me ocurre es que haya algunos municipios en particular que sí que estén en mala situación y, entonces, decidan subirles esos coeficientes. Pero claro, que se los suban a todos por las necesidades de unos pocos me parecería muy
injusto. Y por cierto, ¿qué efecto va a tener esto? Pues precisamente el que a ustedes tanto les molesta, que es mayor competencia fiscal. Como algunos municipios sí que se irán al máximo de esos coeficientes del impuesto de plusvalías y otros
permanecerán muy bajos, va a haber mayor competencia fiscal entre los municipios. ¿Es eso lo que buscan, que haya más competencia fiscal entre los municipios? Porque es exactamente lo que van a conseguir con esta medida. Espero que después no
vayan por ahí diciendo que los municipios del PP hacen dumping fiscal y se les ocurra crear un impuesto para impedirles que nos suban los coeficientes de máximos del impuesto de patrimonio.


Última consideración. No voy a insistir mucho en el sistema de financiación autonómica, porque basta que la ministra de Hacienda prometiese que lo iba a reformar para que todos sepamos que no lo va a reformar, es decir, no ha llegado a
número dos del PSOE diciendo la verdad, sino que es evidente que ha llegado por su capacidad para mentir. Entonces, lo que sí que me preocupa -esto es lo que le traslado- es que estén creando un sistema de financiación autonómica de facto, no por
una ley, con luz y taquígrafos, porque lo que vemos es que, con estos impuestos nuevos de solidaridad que se están sacando de la manga o esta tentación que tienen para impedir que las comunidades que bajan impuestos los bajen, crean un sistema de
financiación autonómico de facto, y esto es peligrosísimo para el sistema de financiación.


Termino ya. Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Olóndriz.


Debatimos la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la sección 38 del proyecto de presupuestos generales para 2023, unos presupuestos con récord de recursos para las comunidades autónomas y también para los
ayuntamientos y ciudades autónomas. Estos presupuestos para 2023 tienen como objetivo consolidar la recuperación económica en la actual coyuntura global de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania y proteger a la mayoría social,
garantizando un sistema de bienestar y de protección. El papel del Gobierno es asegurar la financiación de las administraciones territoriales, garantizando recursos suficientes para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer el
funcionamiento de los servicios públicos fundamentales -la sanidad, la educación y los servicios sociales-, evitando que los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania afecten a la cartera de prestaciones. En estos momentos es necesario
fortalecer el papel de las comunidades autónomas y las entidades locales en la prestación de los servicios sociales, sobre todo por los colectivos más vulnerables. Esta es la clave de la salida de la actual crisis derivada de la escalada de precios
por la crisis energética. Las entidades territoriales, igual que la Administración central, han recuperado sus ingresos no financieros por el crecimiento económico experimentado los dos últimos años, debido al incremento de la recaudación por
tributos cedidos, no sujetos a entregas a cuenta y liquidación, con un incremento hasta agosto de este

Página 111

año del total de recaudación del 19,4 % respecto al ejercicio 2021, y donde también destaca el comportamiento de la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con el crecimiento del 23 % en
relación al año 2021 también.


Con respecto a la financiación de las administraciones territoriales, el año 2023 puede considerarse el de la consolidación del proceso de estabilización de las cuentas de las administraciones territoriales, ya que estas registraron en 2021
una situación próxima al equilibrio presupuestario. Las comunidades autónomas recibirán una cifra récord de recursos del sistema de financiación en 2023, como ya se ha dicho, 134 336 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 24,15 % con respecto
a 2022, de los que 123 356 serán entrega a cuenta y 10 981 millones procedentes de la liquidación de 2021.


Con este proyecto de presupuestos vemos cómo, en cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas recibirán 178 000 millones de euros más que en los cinco últimos años del Gobierno de Mariano Rajoy, es decir, el 40 % más de
recursos que en aquellos negros periodos de recortes para salvar a la banca y el enriquecimiento ilícito. Del mismo modo que las comunidades autónomas, las corporaciones locales, verán incrementada su financiación en la participación de los
tributos del Estado, que pasará de 22 122 millones de euros en 2022 a 23 235 millones en 2023, es decir, un 5 % más, un incremento de 1113 millones de euros que van a garantizar a las entidades locales el buen funcionamiento del Estado del
bienestar.


Señorías, los presupuestos generales para 2023 incluyen recursos adicionales similares a los de 2022 que van a percibir como transferencias las corporaciones locales ajenas al sistema de financiación local, elevándose el importe de 732
millones en 2022 a 1682 millones en 2023, para dotar de mayor financiación en 2023 a las corporaciones locales con saldos globales negativos en las liquidaciones de participación en los tributos del Estado de 2020. En definitiva, más recursos para
las comunidades autónomas y ayuntamientos con unos presupuestos de justicia social y eficacia económica.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para contestar tiene la palabra la secretaria general.


La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Olóndriz de Moragas): Gracias, presidenta.


Voy a intentar contestar a todas sus preguntas y si me falta tiempo, me voy a quedar hasta que las conteste. (El señor Manglano Albacar pronuncia palabras que no se perciben). Eso para empezar.


El objetivo del Gobierno, en la parte de los presupuestos que son competencia de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local que dirijo, es asegurar la financiación suficiente para que las comunidades autónomas y las entidades
locales puedan seguir prestando los servicios a la ciudadanía con normalidad y así apuntalar el crecimiento económico en un entorno que está siendo francamente muy difícil no solo para el Estado, sino también para todas las administraciones
públicas.


En cuanto a las preguntas de VOX, está claro que hay un modelo de Estado que defienden ustedes, que respeto absolutamente, que es muy distinto al que está plasmado en la Constitución, que constituye el Estado autonómico. A partir de ahí,
evidentemente, las diferencias de opinión siempre serán muy elevadas. Es verdad -y estoy de acuerdo no únicamente en el caso de las administraciones públicas, sino en general- que siempre se tiene que intentar ser lo más eficiente posible en la
gestión de los recursos, pero esto me vale tanto para una comunidad autónoma como para el Estado, para una familia o para una empresa privada. O sea, que ahí, evidentemente, qué le voy a decir, que sí, que estoy de acuerdo con las mejoras de
eficiencia.


Si nos centramos ya en el proyecto de presupuestos del Estado para el año que viene en lo que concierne a comunidades autónomas y a entidades locales, vemos que, gracias a la mejora económica que ha habido en 2022 y que seguirá habiendo,
aunque más moderada, en el año 2023, los recursos de las comunidades autónomas crecen un 24 %. Es verdad que parte de ese gran crecimiento viene motivado por la liquidación positiva del año 2021 que se practicará en el año 2023, que asciende a 10
981 millones de euros, cuando este año la liquidación correspondiente al año 2020 es negativa. Ahí, evidentemente, hay una mejora de 14 000 millones, pero en la parte de las entregas a cuenta también se produce esa mejora por el mayor crecimiento
económico del 80 %. Es cierto, como han dicho algunos de ustedes, que la suma de esas dos partidas, los 135 273 millones, es la cifra histórica en el sistema de financiación autonómico, incluso si lo comparamos con los últimos años, años 2020 y
2021, donde se han puesto, además de los recursos del sistema, recursos adicionales. Creemos que esos recursos tienen que ser

Página 112

suficientes para las comunidades autónomas tanto para cumplir con sus competencias como para poder seguir prestando servicios. Es cierto que esta vez el hincapié se pone más en los servicios sociales debido al impacto que está teniendo la
crisis de Ucrania mientras que en el año 2020-2021 ha sido más en el gasto sanitario, pero en cualquier caso tiene que servir para seguir prestando estos servicios y también para reducir su nivel de déficit. Las referencias de déficit que hemos
puesto para el año 2023 para las comunidades autónomas tienen ese 0,3 % del PIB y consideramos que esa financiación a través del sistema les tiene que permitir cumplir con esos objetivos. Además, hemos de tener en cuenta que los ingresos que están
teniendo las comunidades autónomas por los tributos que están totalmente cedidos y que no están sujetos al sistema de entregas a cuenta también les está evolucionando muy favorablemente. Es cierto que las tasas de crecimiento que estamos viendo
hasta el mes de agosto de este año, del 19 %, no se van a mantener porque va a haber una desaceleración -de eso estamos convencidos-, pero seguirá siendo una tasa muy elevada.


Para poder atender las necesidades y la financiación de las comunidades autónomas, además del sistema de financiación, está el Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, que dota de liquidez a aquellas comunidades autónomas que por su
situación todavía no están financiándose en el mercado. Preguntaba el diputado del Grupo Popular por qué la aportación patrimonial el año que viene baja de 18 000 millones a 15 000 millones. La aportación patrimonial se calcula de la siguiente
manera. Por un lado, se analiza cuál es el importe de los vencimientos de deuda que tienen las comunidades autónomas en el año correspondiente -en este caso, en el año 2023- y a eso se le suma el importe de la liquidación negativa del año
2008-2009, que las comunidades autónomas todavía están reintegrando al Estado para financiarles esa parte y la parte del déficit. ¿Qué pasa? Que para financiar todo esto, primero hay que tener en cuenta que no todas las comunidades autónomas se
financian a través del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, pero para financiar sus necesidades se cuenta con el producto de las amortizaciones de los préstamos del fondo, porque las comunidades autónomas van amortizando los préstamos con
el fondo, y eso para el año que viene estimamos que será una cifra por encima de los 21 000 millones de euros. Los 21 000 millones de euros más estos 15 000 es un importe que consideramos más que suficiente para cubrir las necesidades que le
comentaba en las comunidades autónomas, es decir, vencimientos de deuda, déficit y devolución de la liquidación negativa de 2008 y 2009.


¿Por qué la cifra es distinta? Como se pueden imaginar, las amortizaciones de deuda de las comunidades autónomas no son cada año la misma cifra, la referencia de déficit tampoco es la misma y las amortizaciones que recibe el fondo de
préstamos anteriores tampoco son las mismas. Pero nosotros estamos convencidos de que con la dotación patrimonial de 15 000 millones será más que suficiente. Además, siempre lo calculamos con cierta holgura, porque hay comunidades autónomas que
este año 2022 no se están financiando a través de los mecanismos y que no han pedido financiarse el año que viene, pero si las cosas se ponen muy mal al año que viene, si necesitan financiarse por el fondo, no va a haber ningún problema. Eso en
cuanto a la financiación. En cualquier caso, con todas estas medidas que se han aprobado en años anteriores, este año -me refiero a 2023- gracias a Dios no tenemos que aprobar medidas adicionales porque el sistema ya está dando recursos
suficientes. Lo que ha pretendido el Gobierno con eso es que estas dos crisis que llevamos enlazadas, la pandemia y la crisis económica derivada -y cuando empezábamos a salir, llega la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania, que se
ha convertido en una guerra que está durando mucho más de lo previsto-, no se conviertan en más deuda para las comunidades autónomas y de ahí esos recursos adicionales. Si miramos el dato de deuda de las comunidades autónomas en términos de PIB que
había a finales del año 2019, era del 23,7 %. Evidentemente, en 2020 subió por la propia caída del PIB, un efecto denominador muy importante, pero nosotros prevemos que el año que viene acabaremos el año con una cifra de deuda PIB de comunidades
autónomas que estará por debajo de la que había en 2019. Ese ha sido el objetivo del Gobierno en cuanto a las comunidades autónomas, dotarlas de recursos suficientes para que pudiesen prestar los servicios y focalizarse en la prestación de
servicios en estos años que han sido ciertamente complicados sin que tuviesen que preocuparse por ir engrosando su nivel de deuda, que, evidentemente, en algunos casos es importante.


Esto lo enlazo con los comentarios que ha habido en la sala sobre esa reforma del sistema de financiación autonómica que no llega. Entiendo la frustración, porque la frustración también la tengo yo. Ustedes saben perfectamente que hubo un
comité de expertos en 2017 que elaboró un informe que fue analizado minuciosamente por el Comité Técnico Permanente de Evaluación, que está en la sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que sus conclusiones se elevaron al Consejo de
Política Fiscal

Página 113

y Financiera el 7 de febrero de 2020. No nos olvidemos de que el 14 de marzo de 2020 se decretaba un estado de alarma en este país y no porque al Gobierno le apeteciese decretarlo, sino por una coyuntura desfavorable a nivel mundial que
llevó a todos los países a tomar medidas excepcionales. Evidentemente, en aquel momento no podíamos atacar la deseada reforma del sistema de financiación autonómica. Eso no quiere decir que en la secretaría general hayamos dejado aparcado ese tema
ni muchísimo menos, pero en ese momento nos tuvimos que enfocar y focalizar todas las energías en dotar de recursos a las comunidades autónomas fuera del sistema, porque no estábamos a tiempo de reformarlo, con recursos adicionales. Como les decía,
en la secretaría general hemos seguido trabajando; de hecho, en diciembre de 2021 enviamos a las comunidades autónomas un informe técnico sobre la metodología de cálculo de la población ajustada, que es un elemento central del sistema de
financiación autonómica. El sistema de financiación que está vigente actualmente ya se diseñó con ello, por lo que tiene muchos años, y nosotros considerábamos y seguimos considerando que la mejora de datos estadísticos, la mejora de información
nos permitía hacer un análisis técnico más profundo. Hicimos ese análisis técnico, se lo enviamos, previamente a haber tenido conversaciones con todas las comunidades autónomas para entender y capturar mejor cuáles eran sus preocupaciones en cuanto
a la población ajustada, el 3 de diciembre de 2021, les pedimos sus observaciones y como fecha límite para recibirlas pusimos el 31 de enero de 2022. Todas las comunidades autónomas nos hicieron sus observaciones, evidentemente cada una desde su
punto de vista y según cómo les afectaba, cosa que es perfectamente comprensible, y la intención era seguir trabajando ahí. Y no nos hemos parado, pero es que el 24 de febrero el señor Putin invadió Ucrania. No es que nosotros no queremos reformar
el sistema de financiación, no es que sea una cosa que no nos interese o consideremos que no se tenga que hacer. Soy una de las personas de este país más convencida de que el sistema de financiación se tiene que reformar; lo que pasa es que tienen
que entender que la coyuntura, desgraciadamente, no nos ha permitido dedicarle todas las energías que nos hubiese gustado.


En cuanto al sistema de financiación actual, les voy a dar mi opinión. Tiene dos fallos que son fundamentales: uno que creo que ningún sistema de financiación autonómico va a resolver jamás y otro que es manifiestamente mejorable. El que
no se va a resolver jamás es que los sistemas de financiación autonómica pasados, presentes y futuros no van a poder prever crisis económicas como las que sufrimos en los años 2008 y 2009 o como la que hemos sufrido en el año 2020, con una caída del
PIB por encima del 10 %. Eso no hay sistema de financiación que pueda preverlo, porque estaríamos sobredimensionando los sistemas de financiación para los años normales del ciclo. O sea, ese problema lo vamos a tener sí o sí. En la crisis
financiera lo que se decidió fue lo siguiente: a las comunidades autónomas se les ha dado más recursos; si luego hay unas liquidaciones negativas, que nos lo devuelvan en cinco, diez o veinte años. En esta ocasión, en la crisis de 2020, lo que el
Gobierno decidió fue: como el sistema de financiación no lo podemos reformar, vamos a dotar de recursos adicionales y en el caso de la liquidación negativa de 2020, a aquellas comunidades cuyo saldo global haya sido negativo se lo vamos a
neutralizar para que no estén veinte años devolviendo esas liquidaciones. Pero ya digo que ese defecto lo va a tener cualquier sistema de financiación. Y el otro defecto, que me parece muy significativo y que tiene una solución técnicamente
clarísima, es que no puede haber un GAP de financiación por población ajustada como el que hay actualmente entre la comunidad autónoma que recibe más y la que recibe menos; o sea, un GAP de 800 euros por habitante ajustado no tiene ningún sentido.
Eso es lo que se tiene que resolver y nosotros vamos a ir trabajando para seguir avanzando en eso.


También hay que señalar una cuestión y es que la complejidad técnica existe. No voy a negar que existe una complejidad técnica para diseñar un sistema de financiación, pero creo que está más en la parte política. O sea, el sistema de
financiación autonómica se tiene que aprobar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están las comunidades autónomas. Que comunidades autónomas que están gobernadas por el mismo partido tengan posiciones distintas, legítimas todas
ellas, supone un problema para afrontarlo. Y luego se tiene que aprobar en Cortes Generales, y ahí están los partidos. Evidentemente, creo que es necesario que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos, porque se tiene que reformar una ley
orgánica, la LOFCA, y se necesita el consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Hasta qué punto los partidos políticos están dispuestos a hacer el esfuerzo? Lo sabrán ustedes mejor que yo.


Para acabar con el tema de las comunidades autónomas, porque no me quiero olvidar del resto de preguntas, contestando al comentario de Ciudadanos de que tiene que haber un fondo transitorio para las que están infrafinanciadas, en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera que tuvimos en julio del año 2021

Página 114

propusimos a las comunidades autónomas si estaban de acuerdo en que de la dotación adicional de 13 400 y pico millones de euros que estaba prevista para el año 2021 una parte fuese para las infrafinanciadas y no hubo consenso. Es que el
sistema de financiación autonómica, nos guste o no, se tiene que consensuar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo digo porque intentos se hacen, pero se llega hasta donde se llega.


Enlazo con el caso de las entidades locales. En este caso, el crecimiento del sistema de financiación local para el año que viene es de un 5 %, un 2,5 % por las entregas a cuenta y el resto por la liquidación del sistema de dos años atrás,
es decir, de 2021. Además, en ese caso, igual que hicimos el año pasado, las entidades locales tuvieron una liquidación negativa en 2020 que se determinó en 2022. En el caso de las comunidades autónomas, como les decía antes, lo que se hizo fue
compensar esa liquidación negativa en el mismo año 2022. Y en el año 2023 la normativa dice que la devolución de las liquidaciones negativas se hace en tres años. También estamos compensando a las entidades locales para que no tengan que soportar
ese problema de la liquidación negativa. En el caso de las entidades locales, eso se hace en tres años. Una parte se empieza en el último trimestre de este año -por eso en el presupuesto de 2022 hay 732 millones y se va a hacer el reintegro por
parte de las entidades locales y la compensación para neutralizar ese reintegro a partir de octubre; básicamente, en diciembre es el grueso- mientras que para el año que viene, como es un año completo, la cifra de la compensación es mucho mayor:
1682 millones. Las entidades locales siguen teniendo liquidez y unos remanentes de tesorería para gastos generales que están por encima de los 22 000 millones de euros. Si uno analiza los datos de liquidez del Banco de España, en junio estaban ya
en 35 000 millones de euros. Esto ahora lo enlazo para contestarle a la pregunta sobre el impuesto de plusvalía.


Hay que tener en cuenta que el impuesto de plusvalía no es obligatorio para las entidades locales, sino que lo aplican aquellas que lo quieren aplicar. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece los coeficientes máximos, pero esto
no quiere decir que las entidades locales tengan que aplicar esos coeficientes; es voluntad de las entidades locales en sus ordenanzas fiscales aprobar qué coeficiente van a aplicar. Por tanto, aunque se hayan subido los coeficientes máximos, si
una entidad local no quiere aplicar el coeficiente máximo, nadie le obliga. Usted ha comentado que se están subiendo los coeficientes máximos; lo que no ha comentado es que de los veintiún coeficientes que hay, once se suben, dos no se tocan y
ocho se bajan. O sea, que al final es decisión de las entidades locales, primero, si quieren imponer el impuesto, que no están obligadas, y si lo quieren imponer, qué capacidad normativa quieren utilizar. En ningún momento le hemos dicho a una
entidad local qué política fiscal tiene que seguir; lo que tiene que hacer es ajustarse a lo que marca la ley. Y si se les da más margen, entonces las entidades locales decidirán. Es cierto que el subsector de entidades locales está muy saneado,
pero está muy saneado en su conjunto. Luego hay más de 8100 municipios y hay algunos que están pasando más dificultades, que tienen más problemas, y ahí puede considerar el equipo de gobierno que haya en el ayuntamiento utilizar ese margen porque
les pueda venir bien. Otros dirán: pues yo no lo aplico. Y otros dirán: es que yo no impongo el impuesto. O sea, que la verdad es que ahí la casuística es muy variada, pero no es ninguna imposición.


En cuanto a por qué en el Fondo de Financiación de Entidades Locales la aportación patrimonial del año que viene es de 1000 millones y no de 3000 millones, es porque en el año 2022 había una previsión de un mecanismo de pago a proveedores
extraordinario. No sabíamos cuántas entidades locales iban a acudir a él y nos cubrimos para poder atender las necesidades que las mismas manifestasen. Al final, han sido menos y en el año 2023 no está ese mecanismo. Los mecanismos de pago a
proveedores se hacen puntualmente, no son cada año, ni mucho menos. En cualquier caso, en años anteriores la dotación era de 1000 millones -también es para que aquellas entidades locales que no pueden financiarse en condiciones de mercado tengan
acceso al Fondo de Financiación de Entidades Locales- y creemos que es suficiente.


Me ha hecho una serie de preguntas sobre el presupuesto del Ministerio de Hacienda en general, pero yo no le puedo contestar sobre la ejecución del Ministerio de Hacienda en general porque no es mi competencia y no conozco las cifras. Y
tampoco le puedo hablar sobre los Next Generation porque esto lo lleva la secretaria general de Fondos Europeos, que va a comparecer en breve. A ver si soy capaz de contestar a todo en el tiempo. Y luego me hecho una serie de preguntas sobre el
presupuesto de mi propia secretaría general. Ha hecho referencia a estudios y a trabajos técnicos y a las inversiones y por qué subían. A usted las subidas le parecen impresionantes, pero a mí la verdad... Ahora le voy a explicar. En relación
con las inversiones, nosotros gestionamos todos los datos de las comunidades autónomas, de las

Página 115

entidades locales, con unas aplicaciones que tenemos que de vez en cuando hay que poner al día. Las tenemos que ampliar porque se han ido tomando medidas que requieren de desarrollos informáticos adicionales y mayor capacidad y a eso es a
lo que nos dedicamos. Le aseguro que poquito más. Y en cuanto a la parte de indemnizaciones por razón del servicio, también aumentan. En el año 2021 no nos pudimos desplazar en ningún momento. Tenga en cuenta que nosotros llevamos todo el tema
de financiación territorial y a veces los equipos se tienen que desplazar in situ por algún ayuntamiento que tiene alguna necesidad especial. No me parece que sea descabellado el presupuesto que tenemos ahí.


Creo que he contestado a todos, pero para no llevarme una bronca la próxima vez... Hablaba de que hemos creado un sistema de financiación autonómica de facto con la creación del impuesto de solidaridad. Este impuesto todavía no está
aprobado, así que de momento no hemos creado nada ahí, pero es que la recaudación del impuesto de solidaridad se la queda el Estado, eso no modifica la recaudación de las comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas que no aplican el
impuesto sobre el patrimonio porque han decidido no aplicarlo seguirán sin aplicar el impuesto sobre el patrimonio y sin recaudar nada de ese impuesto; las que lo aplican, seguirán aplicándolo en los términos en los que lo están aplicando y
seguirán recaudando en los términos en los que están recaudando. Y lo que pasará con el impuesto a las grandes fortunas es que en aquellos territorios donde haya un presupuesto de patrimonio, ese se deduce y, por lo tanto, el Estado se queda la
diferencia, si es que la hay, porque en la mayoría de los casos en los que el impuesto sobre el patrimonio está vigente, donde se está cobrando, no la va a haber o va a ser muy pequeña. Y en cuanto a las medidas que se han tomado de fondos
adicionales estos años, ustedes no saben lo que es gestionar una crisis sanitaria como la que tuvimos, lo que es gestionar un volcán como el que tuvimos y el problema que nos está causando la guerra en Ucrania. En serio, no se lo deseo a nadie. Yo
llevo dos años y medio en este puesto y le aseguro que tiempo libre no tengo ni un segundo, pero también acepté el trabajo encantada de la vida.


Creo que he respondido a todas las preguntas y que me he ajustado al tiempo, intentando enlazar un tema con otro.


La señora PRESIDENTA: Sí, muy bien, muy bien.


La señora SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL (Olóndriz de Moragas): Les agradezco su atención y les deseo que no dure mucho más el día de hoy. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En cinco minutos volvemos con la próxima compareciente. (Pausa).


- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (CABALLERO FERNÁNDEZ). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX (Número de expediente 212/002425).


La señora PRESIDENTA: Volvemos a la sesión, con la que creo que es la penúltima compareciente, dando la bienvenida a la secretaria general de fondos europeos, doña Mercedes Caballero Fernández.


Voy a pasar la palabra a los diferentes grupos parlamentarios para que hagan las intervenciones que entiendan pertinentes. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, interviene María Muñoz.


La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, secretaria. El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, según el propio Gobierno, incluye unos 25 000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, y de estos la mayor parte
proceden del principal instrumento, que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concreto 23 840 millones de euros, y el resto de la última anualidad del incremento del paquete de ayudas de reacción rápida por la pandemia COVID-19, el
llamado REACT-EU. El 72 % de estos fondos se van a repartir entre inversiones en I+D+i, en industria, en energía y en infraestructuras, concretamente 4556 millones para la Política Industrial España 2020-2030; 3005 millones para la rehabilitación
de vivienda tanto en actuaciones en materia de vivienda, como en fomento de la edificación, con construcciones que cuenten con eficiencia energética; 2625 millones de euros para conectividad digital, ciberseguridad y despliegue del 5G; 2161
millones de euros para modernización y digitalización de las administraciones públicas; y 1346 millones de euros para políticas de inclusión y asuntos sociales.


Yo creo que no es nuevo, todo el mundo sabe que mi grupo parlamentario, Ciudadanos, siempre hemos defendido aquí y en Europa dentro del Partido Liberal que los fondos de recuperación europeos

Página 116

eran una oportunidad histórica para la transformación de nuestra economía y para la modernización de nuestra sociedad. Sin embargo -ya lo he comentado esta mañana con el secretario de Economía-, resulta una verdadera decepción el enfoque
que desde el Gobierno se da al uso de estos fondos. Hace dos años no quedaba demasiado claro en qué se iban a gastar ustedes el dinero, cada vez teníamos más la sensación de que se lo iban a gastar y no lo iban a invertir, y hoy sabemos que esa
sensación era correcta, porque el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tanto en los presupuestos de 2022 como en estos para 2023 va destinado a tapar agujeros de gastos corrientes, en lugar de aprovecharlos para abordar
reformas de calado e inversiones que no podríamos hacer de otra forma. Por tanto, no es que sea una oportunidad perdida, sino que roza la irresponsabilidad. Bonos de conectividad a pymes, mejoras de infraestructuras digitales, modernización de la
Administración General del Estado e incluso políticas de inclusión vinculadas al ingreso mínimo vital dependen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Yo quiero pensar que todas estas medidas o estos programas tienen una vocación estructural
para nuestra economía, para nuestra sociedad. Por tanto, nos enfrentaremos a un serio problema de ajuste en las cuentas públicas cuando se acaben estos fondos, cuando este gasto corriente que ahora se imputa a los fondos europeos se acabe.


En definitiva, consideramos que este Gobierno no está siendo fiel a los principios recogidos en el reglamento que daba origen al paquete Next Generation, aprovechándose de esa falta de supervisión detallada a nivel europeo. Hay que advertir
que un mal uso de los fondos europeos puede tener un gran coste para España, especialmente a medio y largo plazo y de cara a futuras transferencias de los fondos europeos ordinarios, como los fondos de cohesión o la PAC, y de los extraordinarios,
como la nueva iniciativa del Repower EU para medidas energéticas con motivo de la invasión en Ucrania. En este sentido, quiero preguntarle qué mecanismos tiene previsto poner en marcha su Gobierno para asegurar que el contenido de las futuras
reformas se ajusta a las recomendaciones del semestre europeo que tiene que realizar España y qué acciones va a impulsar el Gobierno para evitar que la falta de ambición de la mayoría de sus supuestas reformas pueda poner en cuestión el uso que hace
España de los fondos europeos.


Además, hemos tenido la ocasión de comprobar esta semana -como si esta semana fuera larguísima, pero realmente empezó ayer- con el gobernador del Banco de España algo que hemos venido percibiendo y criticando, y es que las empresas siguen
esperando que los recursos lleguen realmente a sus cuentas para poder poner en marcha las inversiones y los proyectos tractores que servirán para hacer más competitiva nuestra economía. De hecho, el gobernador del Banco de España advirtió ayer de
que el efecto tractor está siendo mucho más bajo o teniendo un efecto mucho más pequeño en la economía de lo que se había previsto en un principio. Quiero preguntarle cómo tiene previsto su Gobierno cumplir con los objetivos tanto del plan de
recuperación como con el reglamento de los fondos Next Generation si los fondos no están llegando a las empresas. Y la última pregunta es cuándo prevé el Gobierno poner en marcha el sistema informatizado de seguimiento de los fondos europeos que
comprometió con la Comisión Europea y que permitiría valorar la ejecución de los fondos europeos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Plural, tiene la palabra la señora Mariona Illamola.


La señora ILLAMOLA DAUSÀ: Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda o bona nit.


Señora secretaria general, también bienvenida. Yo voy a tratar dos cuestiones muy concretas. Una es en relación no con los Next Generation ni con el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino primero con los fondos
estructurales en general. ¿Por qué? Pues porque en el periodo 2014-2020 es sabido por fuentes de la Comisión Europea que España ha sido el país que menos ha absorbido, poco menos del 50 %, según la página oficial de la Comisión. Entonces, yo
quería saber en el periodo 2021-2027, en el que estamos ahora, qué previsiones tiene el Gobierno de España para no repetir este mal resultado y este bajo nivel de absorción. No le puedo preguntar por el nivel de absorción del periodo 2021-2027
porque estamos empezando y supongo que no tiene lógica, evidentemente, pero me gustaría saber qué previsiones tienen para evitar que esto vuelva a suceder.


En relación con el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los Next Generation en general, también conocíamos hace unos días -no sé exactamente cuántos, también voy perdida, como la portavoz de Ciudadanos, en qué día
realmente aparecía la noticia- por la agencia norteamericana Bloomberg que había un incumplimiento en el hito 173, sobre el sistema de auditoría y control, y que

Página 117

España había recibido dos toques por el retraso. Se tenían que haber cumplido unos hitos en el tercer trimestre de 2021 y ha habido una prórroga de nueve meses, pero todavía no se ha cumplido. Entonces, la pregunta es cuándo lo cumplirán,
porque hasta que no cumplan este hito no se puede solicitar el nuevo pago. Por tanto, no es que esté congelado este dinero, evidentemente no, esto lo sabemos, pero se tiene que cumplir para poder solicitarlo, es requisito previo. Por ello, me
gustaría saber cuándo lo cumplirán y cuándo, por tanto, solicitarán el tercer pago.


Se lo digo porque realmente nos sorprende este retraso en el cumplimiento, porque el calendario de los hitos se lo impuso España y, además, fue el Gobierno de España, que no lo hizo ni en colaboración con las comunidades ni con otros entes
ni con partidos de la oposición, sino que el propio Gobierno trazó el Plan España Puede y lo hizo todo tal y como consideró, supongo yo, que era más adecuado, a nosotros no nos lo pareció en su momento. Por tanto, si está incumpliendo su propio
calendario, ¿esto es debido a la mala previsión con que se hizo? Además, tengamos en cuenta que deriva en parte, como se comentaba también ahora, del Real Decreto 36/2020, un real decreto que tampoco nos gustó, que no apoyamos y que nunca hemos
podido debatir ni presentar enmiendas, porque el periodo se va prorrogando sine die. Entonces, nos tenemos que ceñir a lo que tenemos y, encima, sin poder hacer nada al respecto y no estando de acuerdo con el mismo.


Respecto a este tercer pago, también le pregunto qué nivel de cumplimiento existe respecto de las veinte reformas y las nueve inversiones que creo que son las que deben cumplirse, que son los hitos a los que se comprometieron, cuáles faltan
y si es por ello también que el Gobierno presiona al Legislativo para que aprobemos leyes rápidamente a una velocidad exprés para poder cumplir con estos hitos, cuando no es culpa nuestra que no se haya cumplido, porque el calendario no lo pudimos
fijar de ninguna forma.


Por último, en los presupuestos anteriores, los de este año 2022, hay una partida para digitalizar los consulados. Yo lo he preguntado varias veces y nunca me lo han aclarado. Si usted me lo puede aclarar, se lo agradeceré. ¿Qué relación
existe entre digitalizar los consulados y mejorar la economía productiva? Porque no lo entiendo, aunque puede parecer una pregunta muy básica. Lo siento, pero agradeceré la clarificación. Y también me gustaría saber por qué en esta digitalización
de los consulados no se ha incluido, por ejemplo, digitalizar el Registro Civil. Los consulados se quejan de que lo tienen que hacer todavía manual y con distintos colores. Quizá sí que mejoraría la productividad de los consulados si esto se
digitalizara. Simplemente le quería hacer estas preguntas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Joan Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señora secretaria general, señora Caballero. Me voy a centrar en los fondos europeos Next Generation, que creo que son los que mayor preocupación han suscitado y que es uno de los elementos fundamentales en la acción del
Gobierno desde la pandemia. Como bien sabemos, el Consejo Europeo acordó el lanzamiento del programa Next Generation para hacer frente seguramente a la mayor crisis que ha vivido Europa desde la Gran Depresión. El Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia es un pilar fundamental y es el que ha puesto a disposición de los Estados miembros 672 500 millones de euros, de los cuales España va a recibir 160 000 millones de euros hasta el año 2026. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que
hacer es felicitar al Gobierno de coalición por hacer una muy buena negociación en Europa, pese a que todos hemos vivido en directo, incluso a través de la televisión, cómo el Partido Popular se ha paseado por Europa para boicotear que esos fondos
europeos llegasen a España. Pese a eso, repito, España ha sido el primer Estado miembro en acordar la documentación normativa para poder disfrutar esos fondos europeos, en recibir el primer tramo y también es el único Estado miembro que hoy en día
ya ha recibido también el segundo tramo.


Ante esa situación, yo quería formularle básicamente dos preguntas, que son las que nos preocupan al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem. La primera es que nos explicase de forma breve, evidentemente porque tiene poco
tiempo, qué medidas se están llevando a cabo para que las entidades locales -que tienen, como usted sabe, una estructura administrativa mucho más limitada que las administraciones autonómicas, aunque evidentemente, podríamos dejar al margen a
determinadas ciudades importantes de este país, pero la mayoría de administraciones locales no tienen esa estructura administrativa- puedan sacar el máximo provecho posible de los fondos europeos Next Generation y que no haya ninguna entidad local
que se pueda quedar sin alguno de esos fondos europeos, no porque no

Página 118

tenga proyecto, sino porque no tiene una estructura administrativa que le pueda garantizar optar a ese mecanismo.


Segunda pregunta. También queríamos saber cuál es el estado actual del registro de entidades que están interesadas en los proyectos estratégicos, porque desde su departamento han anunciado alguna vez que se publicaría un listado sobre estas
entidades interesadas. Nosotros no hemos conseguido acceder a este listado, y ya sabe que hay incluso algunos PERTE que están en marcha. Queríamos saber de qué manera o qué mecanismo está previendo su departamento para poder ofrecer esa
información en cuanto al registro de entidades que están interesadas en esos proyectos estratégicos. Básicamente, señora secretaria general, estas son las dos preguntas que más nos preocupan al grupo parlamentario.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Inés Cañizares.


La señora CAÑIZARES PACHECO: Gracias, presidenta.


Señora secretaria, muy buenas tardes. Bienvenida a esta casa. Mire, a la mayoría de los españoles nos preocupa realmente la ejecución de los fondos, pero la ejecución a pie de calle, es decir, que la inversión y el dinero llegue a la
economía real y que no se quede en la economía oficial. Seguir el rastro de los fondos europeos resulta realmente complicado, ya que aunque sí fluya la información de los ministerios, no ocurre lo mismo con la que procede de determinados organismos
ejecutores de otro orden. Entre que se recibe el dinero de Bruselas, el Estado transfiere los fondos a las distintas administraciones y organismos, se llevan a cabo las convocatorias y se aprueban los proyectos la verdad es que los plazos se
dilatan mucho hasta que el dinero llega al bolsillo del ciudadano o de las empresas. Por más vueltas que le damos a todas las bases de datos y plataformas de todos los ámbitos territoriales no somos capaces de saber sin dudar, sin dudar, cuál es la
cifra mágica de ejecución. Porque, claro, luego el papel lo aguanta todo, y cuando hablamos de ejecución presupuestaria unos hablan de autorizaciones, otros de gastos comprometidos, otros de obligaciones reconocidas y otros de pagos realizados. En
este sentido le digo que, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2022, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital compareció en la Comisión Mixta para la Unión Europea y detalló que, a fecha 14 de septiembre de 2022, las obligaciones
reconocidas alcanzaban un importe en torno a 12 000 millones de euros, lo que representa una ejecución que no llega al 45 %. Sin embargo, ayer la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos nos dijo que a día 30 de septiembre, o sea, quince días
después, la ejecución de los fondos es de un 76,8 %. Y también ayer la secretaria de Estado de Digitalización, doña Carmen Artigas, nos dice, por ejemplo, que el despliegue del kit digital dentro de su secretaría de Estado se lleva con un
escrupuloso rigor y control presupuestario y que conocen hasta el último euro.


Entonces, ¿cómo accedemos nosotros a estas ejecuciones? No digo ya en tiempo real, sino por lo menos con un decalaje de un mes. Claro, también la ralentización de las adjudicaciones -y no lo digo yo, también lo aseguran instituciones como
el Banco de España o la AIReF- genera dudas del verdadero impacto que, sobre el crecimiento de la economía, están teniendo los fondos, porque de la misma forma también ellos desconocen esa ejecución real.


Por ejemplo, la adjudicación de los PERTE, el primero que se hizo, el del vehículo eléctrico y conectado, que fue el primero en ponerse en marcha con una dotación de 3986 millones, y en 1 de agosto se publica una resolución provisional de
ayudas con un total de 700 millones; es decir, menos del 25 %. Yo creo que el Gobierno nada tiene que ocultar con esto, se vaya más o menos rápido en la ejecución, lo que tiene que limitarse es a decir la verdad, porque la percepción que existe
entre las instituciones y los ciudadanos en general es de oscurantismo. Por ello, aunque no sea su mayor virtud, creo que debería hacer un ejercicio de transparencia, al menos en esto. Tampoco lo ha hecho, por ejemplo, con los presupuestos,
anunciando un plan B a Bruselas que no ha traído a este Congreso, que lo llevamos hablando aquí ya dos días.


Otra cuestión. Por ejemplo, la IGAE ha presentado en una única ocasión la ejecución finalista de los fondos, creo que fue en el mes de agosto de 2021, y nunca más lo ha hecho. ¿Por qué? El pasado 19 de septiembre de 2022 varios técnicos
de la Comisión Europea llegaron a Madrid para comprobar la forma en que se están ejecutando esos fondos europeos, y la principal conclusión que han trasladado es que es bastante escasa. Mire, es que es realmente complicado conocer con exactitud el
destino de los fondos, porque esa plataforma que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, CoFFEE, en la cual cada región española debería trasladar un detalle de la ejecución de los proyectos que realicen con fondos europeos

Página 119

no está disponible en la actualidad, con el agravante de que el anuncio de la creación de esta plataforma se realizó hace aproximadamente un año. Si entramos en CoFFEE nos encontramos, en letra negrita, con lo siguiente: Aviso importante,
el sistema CoFFEE está actualmente habilitado exclusivamente para ministerios y en breve disponible para comunidades autónomas y entidades locales.


Estas preguntas que le voy a hacer ya se las enviamos al ministerio por escrito, pero aún no nos han contestado. Mi pregunta es: ¿cuál es el motivo por el que esa plataforma CoFFEE no está en funcionamiento aún? ¿Qué medidas va a promover
el Gobierno para mejorar la transparencia en cuanto a la ejecución de fondos europeos? ¿Va a promover el Gobierno una ejecución más efectiva y rápida de los fondos europeos? Yo les digo una cosa, llamen a la Agencia Tributaria, por ejemplo, o a la
Dirección General de Tráfico y pregúntenles cómo lo hacen, porque ellos sí que son los más eficientes de todas las administraciones públicas, o sea, que si quiere se puede llegar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Elvira Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.


Secretaria, buenas tardes, ya casi noches. La virtualidad de su comparecencia hoy tiene una doble vertiente, que atiende a un único objetivo, que es el control de los Presupuestos Generales del Estado y el de uno de sus componentes, los
fondos, que tiene una importancia vital para conseguir que se cumplan las previsiones del Gobierno.


En efecto, a lo largo del plan presupuestario y en las memorias del presupuesto se señala reiteradamente la importancia de los fondos del mecanismo para alcanzar el objetivo de recuperación de nuestra economía, y conseguirlo adaptándolo a
los tiempos que vivimos y haciéndonos más resistentes a futuras crisis. Pero mis preguntas no van a ir en relación con los impactos previstos sobre el PIB y el empleo, porque bastante hemos oído ya del Banco de España y de la AIReF, sino sobre
otras cuestiones clasificadas en cuatro bloques, con un añadido.


El primero, en cuanto a la selección de los proyectos. Secretaria, ¿se está contrastando que todos y cada uno son generadores de crecimiento y empleo, como es el objetivo del mecanismo? ¿Se está comprobando que no generan gastos
estructurales o que se cumple el principio de adicionalidad? Voy a dar algún ejemplo, que parece que no cumplen estos requisitos: campañas masivas de publicidad para vender la bondad de nuestras pensiones públicas o del ingreso mínimo vital, con
su sello; inversión en la construcción de instalaciones para prestar enseñanza pública y no colaboración público-privada; o la aplicación al mecanismo de las cuotas al menos de 2021 y 2022 a la Agencia Espacial Europea, que con anterioridad se
pagaba por el presupuesto ordinario del Ministerio de Industria. Ya sabemos que las cuotas al programa ISA generan proyectos en España, pero eso pasaba antes por el presupuesto del ministerio, con lo cual el principio de adicionalidad no se cumple
y son 300 millones en un PERTE muy importante.


Segundo. Por lo que respecta a la ejecución de los fondos, el sistema elegido por el Gobierno ha sido principalmente o mayoritariamente el de las decisiones centralizadas con la ejecución descentralizada en comunidades autónomas, en
corporaciones locales, en entidades, en fundaciones, en fondos sin personalidad jurídica. Esto ha llevado no solo a procedimientos mucho más largos para llegar al gasto final que, como decía la compañera que me ha precedido, es el que importa, sino
otro tipo de distorsiones que les señale. Se observan quejas por falta de adecuación a las necesidades de los territorios que provocan convocatorias en parte desiertas, por ejemplo, el diseño de los programas de vivienda. Se observan conflictos
competenciales en la elección concreta del enfoque o requisito de las inversiones, el qué y el cómo, el diseño de la financiación de escuelas infantiles o de centros asistenciales, o en algunos casos la elección de vehículos que por sí solo suponen
retrasos. Un ejemplo paradigmático son los 950 millones que dedican este año 2023 en el Ministerio de Industria para un llamado fondo de conversión con instituciones soberanas que no se sabe ni lo que es ni está creado. ¿Así cómo vamos a ejecutar?
¿Cuál es su opinión sobre lo que le he señalado? ¿Este diseño está perjudicando la ejecución?


Tercero. Por lo que respecta a la transparencia de las operaciones, aquí voy a coincidir con alguno de los que me han precedido. Hace unos días conocimos el reproche de la falta de información, que era en realidad el del incumplimiento de
un hito por la falta de puesta en marcha de la plataforma CoFFEE, que tenía que dar información sobre gasto real y beneficiarios. Permítame la pregunta: ¿puede suponer retraso en la recepción de los fondos? El reglamento es claro en las
obligaciones de información de los

Página 120

países miembros y la falta de esa plataforma plenamente activa lo está perjudicando. ¿Para cuándo el CoFFEE? Recordemos que estuvo regulado por dos órdenes ministeriales del año pasado, de septiembre, y que debió ponerse en marcha justo
ahora hace un año. Las presentaciones de la vicepresidenta y los cuadros de colores y el trileo con las fases presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado no sustituyen de ninguna manera a la necesaria rendición de cuentas que nos exige
Europa y necesitamos los españoles. Disculpe, pero esto es de actualidad. ¿Esta es la causa del cese de la directora general del plan y del mecanismo que hemos conocido hoy mismo?


Cuarto. Por lo que respecta a los ingresos y los pagos, quisiera hacerle una pregunta rara, pero concreta: ¿nos dan dinero por hacer leyes o para hacer inversiones? ¿La liquidación del mecanismo comportará entregas con aplicación concreta
a gastos efectivos? A mí me han dicho que no, y no me lo puedo creer. Quiero que usted me lo cuente. Es decir, cuando se liquide el mecanismo si van a ver lo que nos han dado y si realmente nos lo hemos gastado en inversiones concretas. No lo
vamos a poder justificar con la aprobación de leyes, a las que me refería que nos traen a matacaballo. A esta fecha nos han dado 31 000 millones y parece que vamos a solicitar 6000 millones más, si no entendí mal a la vicepresidenta económica
anteayer. ¿Tiene una idea aproximada de cuántos pagos materiales finales se han hecho en este momento? Digo finales y yo creo que sabe usted perfectamente que es a lo que me refiero.


El añadido presupuestario, y ya termino. El presupuesto para el 2023 del servicio 50 crece en 1792 millones de euros, pero las operaciones no financieras caen una cantidad similar, compensadas por un crecimiento de 3574 millones de euros de
los activos financieros. ¿Están avanzando ya en el segundo bloque de préstamos del mecanismo?


La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, tiene que acabar.


La señora RODRÍGUEZ HERRER: Ya estoy terminando. Vamos, ya he terminado, por decirlo de alguna manera.


¿Cuándo vamos a conocer su aplicación concreta y el contenido de esa aplicación? Aquí ha habido alguna queja de que nos enteramos con todo hecho. Espero que las preguntas me las conteste en su calidad de responsable de la calidad de los
proyectos que enviamos a Europa y garantía de que, al final del procedimiento, consideren que son acordes con los objetivos de creación del mecanismo, que no en vano se financia con deuda mancomunada europea.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Guillermo Meijón.


El señor MEIJÓN COUSELO: Moitas grazas, presidenta.


Gracias, señora secretaria general, señora Caballero, no tempo do luscofusco, que diríamos en Galicia.


A mí me enternece la preocupación por los fondos europeos del Grupo Popular, porque es un interés que no está basado en la ejecución, en la aplicación, en la cogobernanza. No, el primer interés que tenían era que esos fondos no llegaran a
este país; esa fue la primera fase, en la que invirtieron todo su tiempo en Europa. Luego vino la segunda fase, la de meter ruido, enturbiar, embarrar todo lo que tenía que ver con los fondos. Y ahora nos encontramos ya en encuentros en la
tercera fase (risas), encuentros en la tercera fase con dos protagonistas principales, el ínclito Rafael Hernández y la inefable señora Ayuso. La señora Ayuso, de forma breve, asertiva, afirma: 'La Unión Europea congela los fondos de recuperación
para España'. El señor Hernando, en su estilo más incisivo, más mordaz, dice: 'Acostumbrado a mentir y engañar a todo el mundo y que no pase nada, ahora parece que la Unión Europea va a congelar los fondos'. Dice él que esto es debido a la
incompetencia y negligencia del Gobierno sanchezstein. (Aplausos). ¿Esto es ignorancia, insolvencia, mala fe? Me lo tienen que decir. (La señora Rodríguez Herrer: ¿Me lo dice a mí? La culpa no es mía). Se lo digo a usted, del Partido Popular.
Dice que cualquier información de ese tenor es infundada, añadiendo que todos los hitos y objetivos de los pagos hasta la fecha se han cumplido. Eso sí, los tuits de difamación siguen ahí. Y cuando esos tuits de esos personajes del Partido Popular
siguen ahí, tengo que pensar, por supuesto, que hay absolutamente mala fe en lo que se está queriendo trasladar a la opinión pública. Por eso le digo que me enternece el interés que tienen respecto a que estos fondos se resuelvan adecuadamente, que
es lo que está haciendo este

Página 121

Gobierno. Solo cabe que nuestro grupo felicite al Gobierno, concretamente a su presidente, el señor Sánchez, pionero en la petición del Plan Marshall, (risas) de la que ustedes se han reído, efectivamente, como se ríen ahora, porque no
querían que viniera. Pero son los únicos que se han reído, porque ni siquiera los partidos de su arco parlamentario en Europa se reían de esa cuestión, que la han tenido que copiar y se han sumado. (Aplausos). Y han quedado ustedes vergonzantes
ante el conjunto de Europa, así es como han quedado.


Señora Caballero, me parece que son cerca de 70 000, entre empresas, entidades locales, universidades y centros de investigación, los que están participando de estos fondos, y ya llegaron más de 31 000 millones de transferencia y creo que
van a llegar 6000 millones más. Me gustaría que usted me dijera cómo ve la salud de la cogobernanza, tan importante en este tema, porque sí me preocupa mucho que quienes se ríen puedan seguir poniendo palos en las ruedas desde otros ámbitos, me
preocupa y mucho. Por eso me gustaría saber cómo entiende usted esa salud de la cogobernanza.


Y si me permite un pequeño apunte más, me gustaría saber cómo ve usted ese acuerdo de asociación que ahora se ha trasladado a Europa, que me parece que es uno de los elementos novedosos que se han dado en los último tiempos, así como la
adenda que permite incrementar esos 140 000 millones iniciales con los que contaba ese plan que va a conseguir que este país vuelva a ser lo que era y, sobre todo, como diría un colega nuestro, que no lo reconozca ni la madre que lo parió.
(Aplausos).


Moitas grazas.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Paso a la palabra la secretaria general para que pueda contestar como entienda conveniente.


La señora SECRETARIA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (Caballero Fernández): Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señorías. Es un placer comparecer e intentaré responder de la manera más directa que pueda a todas las preguntas que me han
formulado.


Comenzaba la señora Muñoz, de Ciudadanos, manifestando su preocupación por que se utilizasen los fondos para tapar agujeros de gasto corriente, en vez de tener una finalidad inversora. Le digo desde ya que eso no es posible. El plan de
recuperación solamente es posible en aquellos supuestos expresamente acordados con la Comisión Europea y recogidos como hito u objetivo en la decisión de implementación del Consejo, en el Council Implementing Decision, ese CID del que todos habrán
oído hablar. El resto son gastos de inversión. Aproximadamente, las operaciones de capital son un 89 % en el conjunto de los presupuestos, servicio 50. Son gastos de inversión, no gastos corrientes. Jurídicamente, no es posible, más allá además
de que todo esto -insisto- está acordado con la Comisión Europea.


Por otro lado, usted cuestiona qué reformas se han llevado a cabo, dónde están esas reformas que tendrían que transformar la economía, y en ese sentido las echa de menos. Pero, en ese sentido, permítanme recordarles, por ejemplo, hasta la
fecha -y pongo solamente algunos ejemplos- reformas que han salido con la participación de todos ustedes. ¿Impulso reformista? La Ley General de Telecomunicaciones, la ley audiovisual, la ley de cambio climático, la ley para la reducción de la
temporalidad del empleo público, la ley de educación, la ley de formación profesional, la ley de ciencia o la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, entre otras. Y no hemos acabado, tenemos que seguir, porque la ambición reformista
del plan de verdad que es enorme, y no depende solo del Ejecutivo, también depende del Legislativo. Su participación también es decisiva para que este plan se ponga en marcha, la colaboración de todos es necesaria. Y en este sentido, enlazo con lo
que señalaba la portavoz del Grupo Plural, quien destacaba también los plazos de las normas. La razón es la misma, los hitos y objetivos hay que cumplirlos. Yo no estaba aquí cuando la Comisión se reunió con ustedes a puerta cerrada, pero
probablemente la Comisión Europea, cuando se reunió con el Congreso y creo que con el Senado también, les pondría de manifiesto que ellos entienden que este es un compromiso de todo el país, que también afecta al Legislativo y, por tanto, los plazos
están para todos. Esa es la razón, ni más ni menos.


La portavoz del Grupo Plural ponía también de manifiesto su preocupación -es algo que han planteado la mayoría de ustedes, así que lo explico sin ningún problema- por el hito 173, recientemente aparecido en prensa. Señorías, ese hito estaba
en el primer desembolso y también en el segundo, y el hito estaba cumplido. Además ustedes mismos marcaron los hitos. Pregunta por qué no se han cumplido. Claro que se cumplieron. Lo que marcaba el primer hito era que el sistema tenía que
existir, y lo que marcaba el primer hito era el diseño del sistema. Recordemos, por favor, que a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en los fondos estructurales, las características del modelo se cierran en septiembre de 2021.

Página 122

Se cierra en agosto del año 2021 el acuerdo de financiación, y el acuerdo operacional se firma después. El CID fue en julio -lo recuerdo de memoria, pero creo que la sucesión, si no me equivoco, fue así-, el acuerdo de financiación fue en
agosto y el acuerdo operacional fue en septiembre. Son esos los elementos que definen los requisitos que hay que cumplir. Si los requisitos del modelo no están cerrados, es muy difícil que se pueda diseñar un sistema de gestión que tiene que hacer
frente al cumplimiento de esos requisitos. El diseño se hace con la colaboración de gente muy experta en todo esto y experta en gasto público, y se hace, pero el desarrollo del propio sistema lleva su tiempo, no conozco ninguna aplicación con un
volumen tan ingente de beneficiarios y de recursos que se ponga en marcha ni en uno ni en dos meses.


Pero lo más importante de todo -porque entiendo la preocupación, la comparto y la entiendo perfectamente-, el sistema ya está abierto a las comunidades autónomas y entidades locales y ya están entrando. Les puedo decir que en estos momentos
ya hay cargados 491 proyectos del ministerio en CoFFEE, así como 560 subproyectos entre los tres niveles de administración, y acabamos de abrir hace poco. Estamos trabajando intensamente con ellos para ponerlo en marcha, en un sistema que no es
sencillo por una razón muy clara, y es que este sistema no ha existido nunca. Se trata de una planificación vinculada al cumplimiento de hitos y objetivos, con una colaboración estrecha entre tres niveles de Administración pública, donde la
política pública se engarza desde el diseño hasta la ejecución, desde la Administración General del Estado hasta la entidad local, pasando por la comunidad autónoma y respetando, por supuesto, la distribución competencial que establece la
Constitución, como no puede ser de otra manera. Lógicamente, integrar todo eso resulta un proceso complejo, que estamos poniendo en marcha. Y permítanme que les diga que lo que hemos hecho, por supuesto con apoyo de programadores en el ámbito
privado, pero con un diseño de funcionarios y el Ministerio de Hacienda y con la colaboración del resto de ministerios, es digno de mención, es un ejemplo, y estoy convencida de que cuando esté en marcha se verá porque permitirá el seguimiento del
plan. Además, es algo que no se está pidiendo solo España, se está pidiendo a todos los Estados miembros. Lo único que sucede es que España va antes, nada más. Por tanto, se está pidiendo a todos los Estados miembros, incluso a Francia, que tiene
un Estado unitario; o a Italia, que tiene un Estado regional, se le pide exactamente igual, solo que nosotros vamos antes. Estamos en marcha. Les insisto, el COFFEE ya se está cargando y tenemos que ir corriendo, y cada vez mucho más, en
colaboración con todos ellos.


Respondo a la pregunta, que es común, acerca de qué estamos haciendo para para garantizar que esto va a funcionar. Señorías, llevamos ya creo 1700 empleados públicos formados desde la Secretaría General de Fondos Europeos para la
Administración local -y respondo a su pregunta sobre la gobernanza-, las autonómicas y la Administración General del Estado, porque somos perfectamente conscientes de que si no ayudamos a nuestros compañeros funcionarios y empleados públicos a que
conozcan el funcionamiento en un sistema nuevo difícilmente se van a poder incorporar. Y eso es lo que estamos haciendo, en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales y el INAP. Además, vamos a poner en marcha próximamente a través de las
nuevas tecnologías, de la web, módulos específicos de formación para ayudarles en la carga de los proyectos. Créanme que estamos avanzando. Autocomplacencia ninguna, y reto y asunción de la responsabilidad todo, pero siendo muy conscientes de la
responsabilidad de lo que tenemos por delante nosotros y el resto de las administraciones públicas y los ministerios, que se están dejando la piel en llevar esto adelante.


Me preguntaba la portavoz del Grupo Plural sobre el sentido que tiene digitalizar los consulados. Este es un proyecto que sin duda alguna desde el Ministerio de Exteriores se podrá explicar de una manera más clara, pero hay que verlo
inserto en un procedimiento de modernización de las administraciones públicas, es ahí donde está. En la medida en que las administraciones públicas presten un servicio más rápido a los ciudadanos, eso redundará en una mayor eficacia en el tejido
productivo. Es eso lo que subyace, estar dentro del ámbito de las reformas que tienen que ver con la modernización de las administraciones públicas.


El señor Mena, del Grupo de Podemos, me preguntaba sobre qué medidas se están implantando para ayudar a las administraciones locales. Como le decía, tenemos la formación, además de una colaboración directa con diputaciones y ayuntamientos a
través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con quienes tenemos una relación constante -la última vez, la semana pasada estaba reunida con ellos- para escuchar cuáles son los problemas que hay a pie de tierra y viendo cómo se pueden
solucionar. Y otro elemento fundamental es que muchas veces las propias diputaciones llevan a cabo economías de escala, como, por ejemplo, con los planes antifraude, que muchas veces han puesto a

Página 123

disposición del resto de los ayuntamientos de la provincia para que el esfuerzo sea menor. Hay que generar economías de escala, con procedimientos que sean comunes y sencillos para todos ellos. Comparto su preocupación y, sin duda, en ello
estamos trabajando.


Preguntaba también por el registro de entidades interesadas. Tenga en cuenta que el registro central del Ministerio de Hacienda agrega la información de los registros sectoriales que hace cada ministerio. Por tanto, hay que atender
específicamente -de memoria no me lo sé, discúlpeme- a las particularidades que tenga el registro sectorial de cada PERTE, porque será lo que aparezca agregado en el registro general.


La señora Cañizares me preguntaba por la transparencia y la ejecución presupuestaria. La IGAE publica mensualmente la contabilidad presupuestaria del servicio 50 con todo el nivel de detalle. Está ahí, es pública y es transparente.
Algunas de las comunidades autónomas no están publicando, otras no sé si empezarán a hacerlo próximamente, pero en el momento en que podamos porque la informática lo permita se dará igualmente cuenta del estado de ejecución. Ahora mismo lo está
haciendo la IGAE con carácter mensual.


La señora Rodríguez, portavoz del Grupo Popular, manifestaba su preocupación por el principio de adicionalidad. Lógico, pero permítame que le cite el caso de ERSA. Sus cuotas son una cosa, pero para qué se destinen es otra. Esas cuotas lo
que intentan en ese proyecto, por encima de todo, es facilitar la participación de los proyectos españoles más punteros para que se unan a los que hay en Europa. Eso es lo que se busca y esa es la finalidad concreta de un proyecto que tiene
particularidades. No le puedo dar el detalle, pero no nos fijemos solo en la cuota, sino en la finalidad de la cuota.


Resto de principio de adicionalidad, Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, Plan de Choque para la Economía de los Cuidados, Plan Nacional de Competencias Digitales, Transformación Ambiental del Sistema Agroalimentario
y Pesquero, hoja de ruta del hidrógeno renovable, ¿no hay adicionalidad ahí?, ¿no hay inversión ahí? Son proyectos muy punteros y ambiciosos que tenemos que conseguir gestionar adecuadamente, pero la adicionalidad claro que está ahí.


Me planteaba también el problema del diseño del plan. Busca la adicionalidad, eso es lo que está detrás, y con un elemento transformador y ambicioso en las reformas y las inversiones.


Hay una pregunta que le agradezco mucho que me la haya formulado, porque me da la oportunidad de explicarlo, y es el cese de la directora. La directora es una magnífica profesional, que pidió su cese por razones personales no ahora, sino
hace aproximadamente más de dos meses, pero, por razones organizativas, para dejar todo convenientemente organizado y traspasado, ha dado la casualidad, de verdad, de que ha coincidido con la noticia publicada por la Comisión. Desde aquí quiero
agradecer profundísimamente su profesionalidad y dedicación, porque ha sido una pieza clave para conseguir que 31 000 millones de euros vinieran a España. Por tanto, le agradezco muchísimo la pregunta, porque me permite clarificarlo.


Por otra parte, me ha hecho una pregunta -como es experta en presupuestación, entiendo que me la haga- cómo vamos a vincular las inversiones y las leyes. Señoría, es que esto está desacoplado, no estamos certificando gasto. Es un modelo
totalmente diferente al de gestión habitual de fondos europeos. Aquí no estamos certificando gasto, aquí hay un conjunto de desembolsos que se producen como consecuencia del cumplimiento de un conjunto de reformas e inversiones, de medidas que
tienen hitos y objetivos, pero no hay un cálculo asociado acerca de cuánto cuesta una ley. Ciertamente, luego hay que ejecutar en inversiones los 69 500 millones, por supuesto, pero no hay un cálculo asociado, ni lo que tiene la Comisión en su
cabeza, como sí sucede con los estructurales, es la certificación del gasto o la factura del gasto. Lo que ellos están mirando es que hemos negociado un conjunto de reformas e inversiones que van a transformar el tejido productivo y que un primer
desembolso vale esto, un segundo desembolso vale esto otro, etcétera. Entonces, esa no es la forma habitual de funcionar.


Señor diputado del PSOE, la salud de la cogobernanza se ha puesto en marcha con toda la voluntad del Gobierno para colaborar con las comunidades autónomas y las entidades locales. Se lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir, y lo digo en
referencia a su faceta relativa a la actividad legislativa. Es fundamental la tarea de todos, esto es un plan país, no es un eslogan. O, mejor, lo digo en positivo: Como todos vamos a cumplir, el plan saldrá. Todos tenemos la responsabilidad y
la obligación de ponerlo en marcha. El acuerdo de asociación que se ha aprobado recientemente en Consejo de Ministros es el inicio del arranque, si me lo permite, del periodo 2021-2027. Los programas operativos se están diseñando en estos momentos
de la mano del ministerio y las comunidades autónomas y están negociándose con la Comisión, lo que permitirá la gestión de esos fondos estructurales adicionales, que son del orden de 35 000

Página 124

millones, N+2 hasta 2027-2029. Y, en cuanto a la adenda del plan de recuperación, ya han oído a la vicepresidenta primera del Gobierno, estamos trabajando intensamente en el tema y se presentará próximamente, en los próximos meses.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por sus explicaciones y también por atenerse a los tiempos, ya que vamos un poco tarde, como ya sabe.


Señorías, suspendemos por tiempo de cinco minutos. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL (CUERPO CABALLERO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VOX (Número de expediente 212/002374), POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002716), SOCIALISTA Y
CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN (Número de expediente 212/002676).


La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos, y vamos a desarrollar la última comparecencia.


Damos la bienvenida al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, don Carlos Cuerpo Caballero.


Voy a dar la palabra a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para que planteen lo que lo que entiendan conveniente.


Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Joan Mena.


El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta. Buenas noches ya, señor secretario.


Quería a dar dos datos que me parecen importantes antes de preguntarle por dos preocupaciones que tenemos en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos -En Comú Podem. El primero es que, según los datos del Tesoro Público para el pasado mes
de septiembre la deuda del Estado en circulación asciende a casi 1,3 billones, de los que el Banco Central Europeo tiene el 31 %, y el segundo dato es que para el próximo año entre la financiación neta y las amortizaciones resultan unas emisiones
brutas un 8 % más que las previstas para el año 2022, y eso hace que el endeudamiento neto descienda a 70 000 millones de euros, es decir, 5000 millones de euros menos de los que hubo en el año 2022.


Ante eso, ya le decía que tenemos dos preocupaciones por parte de nuestro grupo parlamentario. En el 2021 el Tesoro realizó la primera emisión, como usted sabe, de un bono verde, con gran éxito entre los inversores, para contribuir a la
financiación de los compromisos de España con la transición ecológica. En 2022 también se han hecho operaciones de emisión de este tipo, y queríamos saber qué importe de la deuda en circulación está bajo este instrumento, bajo el instrumento del
bono verde, cuál ha sido la acogida por parte de los inversores y cuál es la previsión de emisión de bonos verdes para el año 2023. Y la segunda preocupación es que durante el presente ejercicio la vida media de la deuda muestra una tendencia
descendente. Se espera que la vida media de la deuda del Estado se estabilice en estos ocho años. De hecho, en la previsión de gastos para hacer frente a la financiación de la deuda recogida por los presupuestos de 2023 se constata un cambio de
tendencia con respecto a los dos últimos ejercicios. En 2023, por ejemplo, la carga financiera aumentará un 3,7 %, es decir, 1100 millones de euros más, hasta los 31 275 millones de euros. Ante eso estamos observando que la política monetaria
contractiva ya está teniendo un efecto negativo en el coste de la deuda del conjunto de los países europeos.


En ese sentido, nos gustaría conocer su opinión acerca de la decisión del Banco Central Europeo de acelerar la subida de tipos, las medidas que se han llevado a cabo por parte de su departamento para esquivar el aumento del coste de la deuda
y también el efecto que podría tener sobre el coste de la deuda el hecho de que el Banco Central decidiese reducir su balance, es decir, vender títulos de deuda de los Estados. Estas son las dos preocupaciones fundamentales que teníamos.


Muchas gracias por su comparecencia, señor secretario.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Manso.


El señor MANSO OLIVAR: Muy buenas noches.


Señor secretario general, le doy la bienvenida a esta Comisión. Ya ve usted a qué horas le hacen trabajar.


Les vuelvo a felicitar, como hago todos los años. Ya conoce usted mi dicho de que ustedes son la segunda mejor Dirección General del Estado, después de la de la Guardia Civil, y vuelven a demostrarlo

Página 125

otro año más. Sin embargo, ya se empieza a notar algo que nosotros pronosticamos hace dos años. Su antecesor en el cargo me decía entonces en esta misma Comisión que los papers mostraban que los tipos se mantendrían en el medio plazo. Ya
le advertí de que daba lo mismo lo de los papers, que podían decir lo que quisieran, porque antes o después el cisne negro de la subida de tipos llegaría. Y ha llegado y, como bien ha dicho el señor de Izquierda Unida, los gastos financieros por
primera vez empiezan a subir el volumen total. Ustedes este año ya van a pagar 1000 millones más que el año pasado -1200 para ser exactos- y, si se mantuvieran los tipos actuales, este incremento podría ser año tras año de en torno a 1500 millones,
con lo cual en un plazo de seis años el coste de la deuda podría irse hasta los 40 000 o 45 000 millones. Lógicamente, estoy hablando ceteris paribus, si se mantuviera este nivel de tipos de interés.


Yo he revisado su boletín estadístico -lo revisó todos los meses por otros motivos; entre otras cosas, porque soy un apasionado- y hay alguna cosa que me preocupa. En abril ustedes alcanzaron un plazo máximo de vencimiento de la deuda de
8,15 años, que han reducido a 7,91 al cierre de septiembre, es decir, han reducido el plazo de vencimiento medio de la deuda en tres meses. Puede no parecer mucho, pero ustedes iban siempre subiendo el plazo y ahora empiezan a reducirlo. No sé si
están haciendo esto como modo de abaratar el coste medio de la cartera, dado lo que se están incrementando los tipos. Lógicamente, una manera de abaratar el coste de la cartera es reducir su plazo de vencimiento medio. No sé si lo están haciendo
por eso, pero me gustaría que me respondiera, porque me preocupa.


Segunda parte. Yo no le voy a pedir que se manifieste usted sobre la política monetaria del Banco Central. Entiendo que usted no tiene competencias ni tiene por qué decirle al Banco Central lo que tiene que hacer, usted simplemente sale al
mercado y captura lo que necesita, pero sí me preocupa que, mientras que el año pasado tenía que hacer unas emisiones brutas en torno a 150 000 millones, este año tiene 193 000 millones. Entonces, tiene casi un 25 % más de emisión bruta en este
ejercicio en unas condiciones que no le voy a decir que sean más altas -sabe usted que es un precio afectante en el fondo-, pero con este anuncio de reducción de balance no sé si usted espera que los tipos todavía puedan llegar a subir más, incluso
por encima del 3,5 % que ha puesto el Ministerio de Economía como tipo de deuda a diez años, porque estamos ya en el 3,39 %. Entonces, no sé si el 3,5 % para la de diez años es un buen pronóstico por parte del Gobierno.


Dicho esto, me iba a meter ahora propia y lógicamente a hablar de deuda pública, de gasto financiero y de los problemas que conlleva la reducción de plazos y la política monetaria restrictiva -como viene el director general del Tesoro hay
que hablar de eso-, pero también quería hablarle del gasto de su departamento, de su unidad. Ustedes pasan de 479,7 millones a 582,9, un incremento de 100 millones de euros que no llega al 20 %. Básicamente, usted sabe que se mantienen dos
partidas y yo solo quería que me contestase a qué responden. Estoy casi seguro de la respuesta, pero a lo mejor no es esa y estoy pecando de soberbio; por eso, prefiero que me saque de la duda. Las transferencias corrientes las incrementan
ustedes en 30 millones y la adquisición de activos financieros en 70 millones. Aparte de otro pequeño incremento, porque lógicamente ustedes también experimentan un incremento de los gastos financieros de financiación que les es imputable -sería el
millón restante-, básicamente los poco más de 100 millones están explicados en estas dos grandes partidas.


Por lo demás, no le arriendo las ganancias este año. Yo creo que va a sufrir mucho para colocar esos 193 000 millones, pero estoy convencido de que lo va a seguir haciendo igual de bien en la Secretaría General del Tesoro, lo que nos ha
permitido a los españoles vivir por encima de nuestras posibilidades durante mucho tiempo al mejor coste que había en cada momento.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Buenas noches, señor secretario general. Bienvenido de nuevo. Desde su última visita, nos vemos con 3 puntos más de interés en la deuda a diez años, sin cumplir lo necesario para reducir de forma drástica la deuda, ni en crecimiento
económico ni en reducción de los déficits primarios, e incrementando de nuevo el importe de la deuda y sin rebajar mucho la ratio deuda-PIB. Es decir, con una peor situación que el año pasado, en una situación de España más débil que el año pasado
y sumando un riesgo más: los tipos de interés. Quería preguntarle cómo esperan que afecte a nuestra deuda la subida de los tipos de interés y de la prima de riesgo. En el caso de la prima, más o menos se ha duplicado desde antes de

Página 126

la pandemia, especialmente después de la invasión de Ucrania, cuando teóricamente esta situación afectaba más a Alemania que a España. ¿Puede explicarnos la razón de por qué los mercados confían menos en España en estos últimos meses?


También quería preguntarle si podrán seguir este año con esa senda de reducción del tipo medio de la deuda. A pesar de que las familias y las empresas están pagando ya buena parte de los déficits generados por este Gobierno a través del
ilimitado crecimiento de impuestos, la realidad es que fundamentalmente la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Quería pedirle si me podría confirmar el incremento de deuda pública desde junio de 2018, cuando llegó el presidente Sánchez al
Gobierno, hasta la previsión que tienen en los presupuestos del año que viene, hasta 2023; es decir, cuál ha sido la subida de la deuda de estos años. También querría decirle que, a pesar de la supuesta reducción drástica del déficit de la que
habla el Gobierno, la deuda neta prevista para 2023 pasa de 80 000 a 70 000 millones. La verdad, no vemos tanta reducción. La estrategia de alargamiento de los plazos de vencimiento de la deuda que se lleva implantando desde el año 2014 ha dado
sus frutos. Damos la enhorabuena de parte de nuestro grupo al Tesoro de nuevo por este trabajo. Quería preguntarle si van a seguir con esta estrategia o han considerado que se ha llegado al límite.


La sostenibilidad de la deuda nos preocupa especialmente. Nos decía usted el año pasado que la ratio está clara: deuda-PIB; debemos reducir el numerador e incrementar el denominador, no hay más opciones. Pero no estamos reduciendo el
déficit al ritmo deseado, porque reducir sin más el déficit partiendo del 10 % y solo con el incremento de ingresos no lo consideramos responsabilidad fiscal. Se podría haber hecho mucho más, en especial en la eficiencia del gasto público.


Tampoco crecemos al ritmo deseado. Recordemos que somos el único país de Europa que no ha recuperado los niveles prepandemia. El Banco de España y la AIReF ya estiman esta recuperación en el primer trimestre de 2024, cuatro años después.
La presidenta de la AIReF nos confirmaba el año pasado que el Gobierno está incumpliendo el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es decir, este Gobierno no está trabajando bien por la
sostenibilidad de la deuda, uno de los principales riesgos que tenemos en España. Usted nos decía el año pasado que uno de los elementos clave a la hora de conseguir un mayor crecimiento económico y hacer esto compatible con una reducción de las
ratios, tanto de deuda como de PIB, es el plan de recuperación, un elemento diferencial con respecto a crisis anteriores. La verdad es que ojalá pudiéramos valorarlo, pero seguimos sin tener todavía información real y veraz de la aplicación del
plan y de sus consecuencias y objetivos. Hay algo que sí depende del Gobierno y que podría plantearse en los presupuestos generales del Estado para 2023, pero el Banco de España nos decía ayer que seguimos por debajo de la media de la Unión Europea
en aquellos gastos que son de futuro, como es la educación y las inversiones. Es decir, que aquí tampoco estamos haciendo los deberes. El único factor a favor de la sostenibilidad de la deuda era la tendencia decreciente del coste de la deuda de
la carga financiera en términos absolutos, pese al mayor volumen de deuda en circulación, pero esto es posible que termine también si se mantienen las subidas de tipos de interés y continúa incrementándose nuestra prima de riesgo.


También quería preguntarle si trabajan ya con alguna previsión de las nuevas reglas fiscales y cuándo se implantarán de nuevo, si tienen alguna noticia en el Tesoro. Desde el año 2016, la Comisión Europea utiliza en su procedimiento de
desequilibrios macroeconómicos un umbral del 133 % de la ratio deuda-PIB en el caso del sector privado no financiero como indicador a partir del cual conviene corregir un desequilibrio macroeconómico. ¿Puede decirnos si sabe cuál es el valor de
esta ratio en el momento actual? Creo que está más o menos por estos valores, que está en el límite. Si lo sumamos al 118 % más o menos de la deuda pública, superamos por un poquito el 250 % del endeudamiento país. Me pregunto si cree que es
razonable este nivel de endeudamiento y, sobre todo, si cree, como secretario general del Tesoro, que estamos en disposición de asumir una nueva crisis.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por último, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ CABALLERO: Muchas gracias, presidenta.


Ha quedado claro que la hoja de ruta del Gobierno es una hoja de ruta responsable fiscal y socialmente. Es una hoja de ruta social porque protege a la clase media y trabajadora de este país y utilizamos los recursos para hacer política de
protección para la gente: más de 226 000 millones para combatir los efectos de la inflación y el frío en los hogares en invierno. También es responsable porque reduce el déficit

Página 127

y la deuda pública y sigue en esa senda, es responsable porque tiene una hoja de ruta de responsabilidad fiscal y de reducción de deuda pública que seguimos cumpliendo. Ahí están los datos: cinco trimestres consecutivos de reducción de
deuda pública y una reducción del déficit presupuestario mayor de la esperada en los presupuestos del año pasado. Es una hoja de ruta que ha sido avalada por las previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la AIReF y, por lo tanto, este
Gobierno cumple.


A veces, escuchando a la derecha, parece que cuando ellos gobiernan tienen una fórmula mágica por la que desaparece la deuda pública y desaparece el déficit, pero la realidad les desmiente. Como dice mi portavoz de presupuestos, la señora
Mínguez, el dato siempre mata al relato del Partido Popular. En el relato del Partido Popular, con ellos no habría deuda pública, pero el dato es que durante los años del señor Rajoy la deuda pública se multiplicó hasta 446 000 millones de euros y
con recortes. El relato negro de la derecha hace tres años era que este Gobierno no sería capaz de aprobar unos presupuestos en tiempo y forma. Aprobamos los de 2021 en tiempo y forma, los de 2022 los aprobamos en tiempo y forma y vamos camino de
aprobar los terceros presupuestos anuales en tiempo y forma. El relato negro del Partido Popular dice que el déficit público se disparará, pero el dato real es que en 2023 habremos reducido el déficit en casi 7 puntos desde el año de la pandemia.
El dato, la realidad, desmiente el relato negro de la derecha. La realidad es que con el Gobierno de Pedro Sánchez la ratio deuda pública-PIB se sigue disminuyendo. Tenemos deuda pública, por supuesto, y seguiremos reduciéndola como está haciendo
este Gobierno, pero la deuda de ahora se emplea en proteger a la ciudadanía en un contexto difícil. Nuestra deuda no se dedica a salvar a los bancos mientras abrasaban con recortes e impuestos a la gente, como hacían los gobiernos del Partido
Popular.


Los socialistas atendemos la deuda pública, pero también atendemos la deuda del público, esa deuda que preocupa a las familias cuando no existe, por ejemplo, una sanidad pública universal. Porque la libertad que defiende el neoliberalismo
es la libertad de la gente humilde para endeudarse en las cosas que importan, como la vida, como la salud. La libertad del neoliberalismo es la libertad de la gente humilde para endeudarse 8000 euros por una operación de apendicitis, 9000 euros por
una luxación de cadera o 4000 euros por un tratamiento de quimio. Porque nos preocupa también la deuda del público, en estos presupuestos aumentamos en más de 400 millones de euros la inversión en la sanidad pública. Y, si le preocupa al portavoz
del Partido Popular la sanidad y la educación que en sus gobiernos recortaron, ahora una oportunidad y les pedimos aprobar en estas cuentas una inversión histórica en materias sociales. Y estas materias sociales las financiamos mediante impuestos
justos para los que más tienen; sobre todo impuestos justos que se dedican a los que menos tienen y más lo necesitan. Porque la crisis no puede ser la excusa para aumentar la deuda pública y la deuda del público, como hacen los gobiernos de la
derecha bajando impuestos a las grandes riquezas mientras aplican recortes a la mayoría social. Ese no es el camino, porque también genera inseguridad financiera. Es el camino que ha seguido la primera ministra Liz Truss y que se ha demostrado que
es un error. Liz Truss ha rectificado y ha pedido perdón por su bajada de impuestos a los ricos. Todavía sigue el tuit de la señora Ayuso defendiendo las medidas de la señora Truss, con el silencio cómplice del señor Feijóo. Yo les recomendaría
que le digan ya que lo retire para que no pase más vergüenza la señora Ayuso.


Por lo tanto, señor secretario general, les animamos a continuar en el buen camino de la responsabilidad financiera y también en el impulso a proyectos tractores como son esos bonos verdes que, sin lugar a dudas, suponen una gran oportunidad
de transformación económica para nuestro país, especialmente para comarcas industriales como en la que yo vivo, Puertollano. Es por eso que quisiera preguntarle qué ventajas se aprecian desde la emisión de estos bonos verdes hace dos años hasta la
actualidad.


Para terminar, como hacemos cada año -y siguiendo la felicitación del portavoz de VOX-, nosotros nuevamente le felicitamos por su labor, que es también felicitar la labor de este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Pasamos la palabra al secretario general para que pueda contestar.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL (Cuerpo Caballero): Muchas gracias.


Siento tener que tenerles aquí a esta hora, pero a lo mejor me enrollo porque el tema me gusta. Si es necesario, me corta y paramos, aunque voy a intentar ser bastante conciso.

Página 128

Tenía preparadas unas diapositivas -más que unas diapositivas son unos gráficos- intentando recoger algunos vectores generales de la actuación del Tesoro a lo largo de los últimos años, sobre todo de este último año, que creo que pueden
servir para intentar contestar a todas las preguntas de las que he tomado buena nota y que pueden quedar bastante resumidas. (Apoya su intervención en una presentación digital).


En primer lugar, la parte del presupuesto de Tesoro creo que, efectivamente, está muy bien identificada. Nosotros tenemos un presupuesto muy sencillo en cuanto a que la mayor carga del presupuesto de Tesoro está relacionado con los
compromisos de aportaciones a las instituciones multilaterales. Esto se puede ver también por los distintos epígrafes, por los distintos capítulos. Efectivamente, aquí el aumento se centra en dos epígrafes específicos, que son transferencias
corrientes y activos financieros. Ahora les doy el detalle de estas dos partidas, pero simplemente quería resaltar que cuando hacemos la separación por programas en el programa relacionado con instituciones multilaterales financieras tenemos
básicamente el 90 % de nuestro presupuesto. Como les decía, es un presupuesto bastante sencillo, orientado precisamente a la aportación de España a estas instituciones internacionales. En este sentido, el incremento que tenemos en el presupuesto
de este año en las transferencias corrientes, que son los 30 millones que había identificado, están relacionados sobre todo con las reposiciones o con las aportaciones a fondos climáticos, que vienen arrastradas por los compromisos plurianuales que
existen dentro de los compromisos que ha habido por parte tanto del Ministerio de Transición Ecológica como del Gobierno en su conjunto, en especial, entre otros, por ejemplo, al Fondo Verde para el Clima. Luego tenemos la parte específica de los
activos financieros que son las reposiciones de capital de las instituciones financieras y, en este caso, sería la primera aportación a la ampliación de capital de una de las instituciones financieras, que es la institución para el desarrollo en
América Latina, la CAF. Estos 70 millones corresponden a la primera anualidad de la ampliación de capital de la CAF, que tiene unas anualidades decrecientes a lo largo de los próximos años.


Ese sería el resumen rápido de las novedades que tienen que ver con los compromisos asumidos en el marco de nuestra participación en estas políticas a nivel internacional y en las instituciones que las sustentan, tanto en los ámbitos de
cooperación al desarrollo como en los ámbitos verde o de sostenibilidad y también en algunos ámbitos más técnicos relacionados, por ejemplo, con los trabajos en elementos de programas macrocríticos del Fondo Monetario Internacional o del Banco
Mundial. Como resumen rápido, supongo que era lo que tenía identificado, con lo cual no les sorprendo ni les descubro nada.


En cuanto al tema del programa de financiación, creo que hay varios elementos aquí que se han venido solapando en las preguntas y me gustaría empezar por la definición de nuestro programa de financiación y este incremento que han
identificado algunos de ustedes en el programa de emisión bruta en el año 2023 con respecto al año 2022. Como ven en este gráfico, el elemento reseñable no es tanto el año 2023, sino el año 2022. ¿Por qué es un año especial el 2022? Lo pueden ver
en este cuadro. El año 2022 es especial debido a la reducción que hubo en las amortizaciones, es decir, no tanto a la emisión neta, sino que cuando nos desplazamos unos diez años hacia atrás las emisiones netas en la época de crisis fueron mucho
menores, con lo cual las amortizaciones relacionadas con las emisiones por entonces son mucho menores este año 2022 y, por lo tanto, vuelven a una situación más normalizada a partir de 2023. Luego veremos que esto tiene un impacto, entre otras
cosas, por ejemplo, en la evolución de la vida media de la cartera, puesto que, como tenemos menores amortizaciones que se van yendo de nuestra cartera con una vida residual muy pequeña, esto no supone un elemento positivo para el incremento de la
vida media de nuestra cartera y, por lo tanto, tiene esa ligera corrección a la baja. No es un elemento de decisión de estrategia de financiación, sino más bien viene derivado de la ausencia de esas amortizaciones, es decir, de estos vencimientos a
muy corto plazo que dejarían nuestra cartera.


Dicho esto, había alguna pregunta también respecto a la evolución y a los niveles. Yo quiero recalcar aquí, en el gráfico de la derecha -la línea está en términos trimestrales-, la evolución que ha habido desde el pico que evidentemente
tuvimos el año de la pandemia, donde en términos trimestrales se alcanzó el 126 % del PIB, habiéndose ya reducido 10 puntos porcentuales en el último año y medio. Yo creo esto es significativo, sobre todo cuando vemos que partíamos de unos niveles
cercanos al 100 %. Es decir, esta reducción está ya en torno al tercio de la subida que tuvimos durante la pandemia que, como todos saben, tenía no solo una buena justificación detrás en cuanto a las medidas de apoyo a hogares y empresas, sino por
supuesto también un reflejo claro en la amortiguación del impacto de la propia pandemia en nuestra economía y la ausencia de cicatrices o de efectos estructurales hacia adelante -y yo creo que es uno de los elementos más importantes-

Página 129

una vez que hemos salido y hemos podido empezar la recuperación ya desde mediados del año pasado.


Entrando un poco más en materia, en cuanto a la evolución de algunas ratios especialmente importantes para Tesoro, yo creo que todo el mundo identifica el esfuerzo que hizo Tesoro en cuanto al aumento de su vida media como una de las
estrategias principales de reducción del riesgo de refinanciación y, por lo tanto, de la sostenibilidad a medio plazo y de la preparación, porque todo esto tenía como gran objetivo ser capaces de estar preparados y hacer los deberes para cuando se
volviera a una época de normalización de los tipos de interés. No hay que olvidar que la época que acabamos de pasar es una época de tipos de interés anómalos o anormalmente bajos. En ese sentido, estamos en un proceso de normalización y los
esfuerzos derivados de la estrategia de Tesoro en los últimos años han producido, como pueden ver en el gráfico de la derecha, que el riesgo de refinanciación -es decir, el porcentaje de nuestra cartera que tenemos que ir refinanciado año a año-
esté por debajo de los principales países emisores del área euro. Es decir, este esfuerzo tiene un reflejo claro en cuanto a nuestra actuación y a nuestro acceso a mercado.


Aquí comentaban también la evolución de la prima de riesgo. Yo creo que es un elemento reseñable y por eso lo he querido reflejar en el gráfico de la rentabilidad en diez años, donde se ve también la prima de riesgo, que es el área gris que
viene en el gráfico. Como pueden ver, pese a la reversión de las rentabilidades, es decir, al aumento progresivo de las rentabilidades de nuestro bono a diez años en este caso, conforme se ha ido normalizando, conforme se va normalizando la
política monetaria, tenemos una prima de riesgo contenida en unos niveles pre-COVID, que yo creo que es un elemento fundamental, sobre todo cuando tenemos cualquier aproximación a cuál está siendo la percepción de los mercados de la emisión de deuda
de España. Yo creo que en este caso, como se puede ver perfectamente en el gráfico, el mantenimiento de un riesgo de crédito específico de España igual al que teníamos en la época anterior al COVID señala lo que comentábamos anteriormente, que es
que para el mercado, para los inversores, no ha habido un impacto estructural relacionado con el shock de COVID y con el shock que estamos teniendo ahora relativo al impacto de la guerra en Ucrania. En este sentido, creo que se puede ver
perfectamente también no solo en la valoración de los mercados con nuestra prima de riesgo estable, sino también en el mantenimiento de nuestro rating por parte de las principales agencias financieras. Es decir, allá donde lo veamos, lo que tenemos
es una valoración positiva de nuestra situación en cuanto a acceso a los mercados financieros. Creo que esto tiene un reflejo muy claro cada vez que salimos a una subasta o a una sindicación con un acceso profundo y líquido a los mercados. Y
permítanme que cualifique este acceso, porque no solo es que tengamos un acceso profundo a los mercados, sino que además creo que hemos conseguido revertir una vulnerabilidad previa, como pueden ver en el gráfico de la derecha, que era una excesiva
dependencia de tenencia de nuestra deuda en manos domésticas. Aquí hemos conseguido irnos a ratios de tenencia en manos de inversores no residentes, en línea con países como Alemania o Francia. Yo creo que es otro indicador que viene a señalar el
nivel de confianza que tienen ahora mismo los mercados financieros en cuanto a la emisión de los títulos públicos por parte del Tesoro de España. Yo creo que estos son elementos que se van sumando a la hora de hacer una valoración específica de
cuáles son las consideraciones también de sostenibilidad hacia delante.


En cuanto a los elementos relativos a los costes, que yo creo que es también otro de los puntos principales que se ha señalado, aquí todos somos conscientes -es de Perogrullo, pero creo que hay que decirlo- de que conforme suben los tipos de
interés llega un momento en el cual la inercia que llevamos de descenso de nuestro coste medio topará o alcanzará un mínimo y tenderá a volver a niveles más normalizados. En este caso, me gustaría señalar el peso de esa inercia y, entre otras
cosas, de dónde viene esa inercia. Por una parte viene, como les decía, del reducido riesgo de refinanciaciones. Tenemos un porcentaje escaso de nuestra deuda que refinanciar cada año, con lo cual nos impacta menos esa subida de tipos. Por otra
parte, lo que tenemos -que se puede ver en el gráfico de la derecha- es que nos van cumpliendo lo que llamamos 'cuponazos', es decir, van cumpliendo bonos que se emitieron a tipos muy altos y los sustituimos por bonos a tipos todavía muy por debajo.
Esto nos permite mantener esa inercia y, como ven también en el gráfico de la izquierda, nos ha permitido tener este coste de la deuda en circulación en estos niveles tan bajos históricamente. En ese sentido, hay que poner en relieve y en
perspectiva la situación actual de los tipos.


Otro elemento importante también es que uno de los indicadores clave a la hora de considerar la sostenibilidad de cualquier deuda, tanto a nivel público como privado, es el coste del servicio de esa deuda, es decir, poner el numerador -los
intereses, en este caso- en relación con tu capacidad de pago,

Página 130

ya sea tu capacidad de generar renta -es decir, tu PIB-, ya sea algún elemento adicional, como pueden ser los ingresos. Hay distintos tipos de métricas en este caso. Pues bien, lo que se prevé para los próximos años es el mantenimiento de
estas métricas también en unos niveles o en unos rangos históricamente bajos -y creo que han pasado por aquí otras instituciones que coinciden-, ahondando de nuevo y aportando un elemento adicional a la característica sostenible y a la fortaleza de
nuestras emisiones hacia adelante. Aquí tienen algunos de estos dos indicadores, la evolución de los intereses en el porcentaje de PIB o el porcentaje de los ingresos, pero también hay un elemento que quería resaltar que está a la derecha, que es
la variación del gasto en intereses que se prevé desde la salida de la crisis anterior hasta este año. En este sentido, lo que se puede ver es cómo España, frente a los otros tres grandes países del área euro, ha sido el país que más recorrido ha
tenido en cuanto a reducir la carga, no solo en términos nominales, sino en porcentaje de su producción, demostrando de nuevo ese cambio estructural y esta mejora estructural en sus indicadores relativos a la cartera y, por lo tanto, a la
sostenibilidad hacia delante.


Por último, el tema de los bonos verdes, que es un elemento del cual nos sentimos particularmente orgullosos en Tesoro, por lo que permítame que lo comente. Ya saben que hicimos una sindicación, una emisión inaugural, en el tercer trimestre
del año pasado de 5000 millones que tuvo una enorme sobresuscripción de hasta 60 000 millones y, a partir de ahí, hemos ido haciendo sucesivas reaperturas de esta emisión inaugural. Lo que hemos venido observando son varios elementos positivos como
consecuencia de esta política de emisión de bonos verdes. Por una parte, en términos estrictamente financieros, lo que hemos visto es lo que se conoce como el 'greenium', es decir, una ventaja financiera, una prima positiva en cuanto al menor coste
para el Tesoro y, por lo tanto para los ciudadanos, de emitir bonos verdes frente a bonos marrones tradicionales. Es decir, la oferta que hay ahora mismo de bonos verdes de calidad, como es el nuestro, es más escasa y, por lo tanto, hemos
conseguido con una emisión de bonos verdes de elevada calidad -ahora me centraré en este aspecto y en por qué lo considero así- un ahorro financiero para el contribuyente. Luego, hay un elemento adicional que está relacionado con el hecho de que la
emisión de bonos verdes nos permite ampliar la base inversora de nuestra cartera, y esto de nuevo es un elemento que reduce el riesgo hacia delante y nos permite afianzar nuestra sostenibilidad en los próximos años.


Y, por último, tenemos una ventaja que está relacionada con los proyectos que sirven de base a la emisión de estos bonos verdes, es decir, una ventaja de reducción de emisión que va asociada a los proyectos que se han financiado de forma
nacional con los bonos verdes. En los próximos días o próximas semanas publicaremos informes de evaluación de los proyectos que se han financiado con los bonos verdes, de tal forma que se pueda apreciar, efectivamente, esta tercera ventaja que, más
allá de la ventaja financiera o de diversificación, es una ventaja en cuanto a la reducción de las emisiones, es decir, que esto de verdad está contribuyendo a una mayor sostenibilidad ambiental en este sentido, con lo cual diríamos que ayuda a
cerrar el círculo. Y aquí me preguntaban también cuál es el futuro previsible de la emisión de bonos verdes hacia delante. Hay un elemento importante que me gustaría señalar y es que sabemos que la emisión de bonos verdes del Tesoro ha venido para
quedarse; queremos que esto configure un elemento estructural de nuestra cartera hacia delante. Hay otro punto importante, que es que tenemos que ser muy conscientes de que la emisión de bonos verdes tiene que ir ligada a la identificación de
proyectos de alta calidad, es decir, proyectos de inversión en el ámbito medioambiental y de lucha contra el cambio climático que supongan que esta cartera elegible configure un pack de elevada calidad en la emisión del bono verde, de tal forma que
cuando salgamos a competir al mercado a la hora de emitir nuestros bonos se nos identifique como un emisor de alta calidad, entendiendo que uno de los potenciales problemas que los inversores intentan evitar es lo que se conoce como greenwashing, es
decir, poner una etiqueta verde a proyectos que no lo son. Pues bien, precisamente esta identificación previa es lo que nos permite tener esa demanda de alta calidad porque lo entienden así. De hecho, si no recuerdo mal, el año pasado una
evaluadora independiente hizo un análisis de nuestro proyecto de bonos verde dándole una nota por encima de otras emisiones de bonos verdes como, por ejemplo, de la Comisión Europea o de otros grandes países europeos. Yo creo que este elemento de
mantener la alta calidad de los proyectos de base a la emisión de bonos verdes también va a ser un elemento estructural hacia delante.


Hay un elemento adicional que preguntaban que es el tema de las reglas fiscales, cuál es nuestra previsión con respecto a lo que va a proponer la Comisión o a lo que vamos a acordar los Estados miembros. Aquí, sí que me gustaría resaltar
varios elementos. En primer lugar, a lo largo de este último año hemos ido trabajando muy intensamente para ser capaces de poner sobre la mesa propuestas constructivas en el ámbito de la reforma del marco fiscal europeo. En este sentido, seguro
que habrán

Página 131

leído -y, si no, lo podemos circular- un artículo, o lo que se conoce en la jerga europea como un non paper, conjunto de España y Países Bajos. En materia fiscal diríamos que es una alianza poco frecuente, puesto que normalmente se nos
puede identificar en polos opuestos. Yo creo que el esfuerzo que hemos estado haciendo en el ministerio y en el Gobierno, en este caso, ha sido para intentar avanzar para tener un marco de reglas fiscales que esté adecuado a la situación actual
pospandemia, donde necesitamos evidentemente tener en cuenta las características individuales de los países a la hora de emplazarles a la creación de espacios o colchones fiscales para atender a posibles futuros shocks y en cuanto a la necesidad de
un marco que tenga en cuenta la necesidad de inversión para la transición verde y para la transición digital. Además, las inversiones, sobre todo en cuanto a transición energética, se están viendo aún más incentivadas precisamente porque estamos
siendo conscientes de las ventajas que supone estar desconectados de las fuentes de energía que puedan ser, en este caso, más perjudiciales para nuestra economía y, por lo tanto, una diversificación concentrada en energías renovables. Todo este
tipo de elementos hemos entendido que suponían un vector común para todos los países europeos y, por lo tanto, no cabía esta diferenciación norte-sur tradicional en el marco de reglas fiscales y, sobre la base de ello, hemos hecho una propuesta
junto a Países Bajos que esperamos que ayude y que en parte sirva también de referencia a la Comisión Europea cuando ellos presenten su propuesta a finales de este mes, que entendemos que la presentarán en los próximos días o próximas semanas. A
partir de la propuesta de la Comisión tendremos que entrar a discutir entre los Estados miembros para llegar lo más rápido posible a un acuerdo y, por lo tanto, tener un marco nuevo de reglas que esté ajustado a la situación a la actual, lo que
llamamos fit for purpuse. En ese sentido, yo creo que el trabajo se está haciendo y la presión por parte de España para llegar a un nuevo marco también.


El último mensaje en este aspecto que quería recalcar es que entendemos -y yo creo que eso tiene que estar claro también- que la ausencia actual de aplicación o implementación del marco de reglas, puesto que está en activo la cláusula de
escape, no implica una situación o una actuación de irresponsabilidad en términos fiscales, sino al contrario; por eso mi primera diapositiva hacía referencia a la evolución tanto del déficit como de la deuda. Tenemos que ser capaces de mostrar
que estas sendas decrecientes tienen recorrido y que, por lo tanto, estamos intentando combinar o ajustar dos elementos -yo creo que lo dije el año pasado, pero sigo convencido de ello- que normalmente en crisis anteriores ha sido imposible ponerlos
de forma conjunta, que es una senda de consolidación de reducción de déficit y de deuda en porcentaje del PIB asociada a un plan de inversión masiva, como es el plan que nos permite el Next Generation EU y el dinero del plan de recuperación. En
otras crisis ha quedado claro que la inversión era uno de los primeros elementos que sufría cuando teníamos que reducir nuestras ratios de deuda y déficit. Pues en este caso estamos siendo capaces de combinar ambos elementos, de tal forma que no
solo pensemos en el numerador, sino también en el denominador, para intentar tener este refuerzo positivo de ambos conceptos.


Hay un elemento por el que no me han preguntado, pero lo voy a mencionar porque yo creo que es muy importante como acción del Tesoro y me gustaría recalcarla, y son los esfuerzos y el avance que estamos haciendo en colaboración con el sector
financiero en los temas de inclusión financiera. En los últimos meses ha habido varios avances en inclusión financiera: uno relacionado con la atención personalizada a mayores y discapacitados que, como saben, hubo una ampliación del protocolo de
atención por parte de las entidades financieras garantizando esta atención personalizada a mayores y personas con discapacidad; y, recientemente, si no recuerdo mal la semana pasada, ha habido una nueva ampliación de este protocolo con un
compromiso especial que es el de ser capaces de tener una provisión de servicios financieros presenciales en el cien por cien del territorio. Yo creo que estos dos compromisos en materia de inclusión financiera son clave y, además, están imbricados
y van a venir a complementar la propia creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, que esperamos que se pueda avanzar en los próximos meses. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por las explicaciones y les pido perdón por las horas.


Levantamos la sesión y mañana a las nueve de la mañana volvemos.


Eran las diez y diez minutos de la noche.