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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 760, de 05/10/2022
cve: DSCD-14-CO-760
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 760
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RUIZ I CARBONELL
Sesión núm. 32
celebrada el miércoles,
5 de octubre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003486) ...
- Sobre la cultura del buen trato en los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003538) ... (Página6)
- Relativa a la puesta en marcha de la Estrategia de desinstitucionalización. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/003754) ...
- Sobre medidas para paliar las dificultades de accesibilidad en los cajeros automáticos de las oficinas de las entidades bancarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003764) ...
- Relativa a la elaboración de un estudio sobre la incidencia de la eutanasia desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente
161/004032) ... (Página15)
- Relativa a regular la figura de la asistencia personal recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/004410) ... (Página18)
- Sobre la mejora de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/004470) ... (Página22)
- Sobre medidas de mejora del ingreso mínimo vital. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/004294) ... (Página26)
Votaciones ... (Página29)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DESTINADA A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003486).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para tramitar una serie de proposiciones no de ley.
Les recuerdo que tienen cinco minutos para exponer la proposición no de ley que figure en el orden del día, tres minutos para defender las enmiendas y dos minutos para fijar posición. También les recuerdo que, aunque esta vez han hecho los
deberes, todos los grupos, sobre todo los grandes, deben indicarnos quién intervendrá para exponer cada una de las proposiciones no de ley.
Ha habido tres peticiones de cambiar el orden. Aquí tenemos un problema de difícil solución pues, por lo que estoy viendo -y tal como lo he comentado antes-, están presentes todos los grupos grandes, pero, en cambio, no lo están los
pequeños en estos momentos. Es posible que alguno de ellos haya adaptado su agenda de esta tarde, de manera que no pueda estar aquí cuando se tramite su proposición no de ley; con lo cual, es complicado tomar una decisión en este sentido.
La señora ANGULO ROMERO: Tengo una Ponencia a las cinco.
El señor PRESIDENTE: Pero a lo mejor alguien viene más tarde porque es de otro grupo pequeño que solo tiene un vocal, y resulta que aquí se habrá discutido ya la proposición no de ley.
La señora ANGULO ROMERO: En ese sentido, ¿la podemos pasar a la última, a ver si así me da tiempo a resumir la Ponencia?
El señor PRESIDENTE: Creo recordar que es la sexta. ¿No?
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Si no les importa a los que están presentes que pase a la primera...
El señor PRESIDENTE: El problema no es por los que estamos aquí presentes, sino por los que no lo están, los ausentes, porque yo creo que para los grupos grandes no es complicado, pero para los pequeños sí lo será.¿Hay alguien que esté en
contra de que la sexta proposición no de ley sea la última? (Denegaciones). Creo que no habría problema, porque se habrá enterado todo el mundo de ello a lo largo de la sesión.
Comenzamos con la proposición no de ley 1.º, relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Cristina López.
La señora LÓPEZ ZAMORA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Las personas con discapacidad se encuentran diariamente con barreras en espacios y servicios públicos. Los poderes públicos tenemos el deber y la obligación de eliminar estas barreras para conseguir la inclusión
que garantice que todas las personas tengamos la mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de nuestras capacidades y deseos. Repito, es obligación de los poderes públicos la implementación de políticas públicas
que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, también en el educativo.
En el curso 2020-2021, la cifra total del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que recibió una atención educativa diferente a la ordinaria ascendió a más de 748 000 alumnos y alumnas. De ellos, casi 228 000 la recibieron por
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastorno grave, y más de un 17 % de este alumnado estudió en centros de educación especial dedicados exclusivamente a alumnado con discapacidad.
Los programas de formación para la transición a la vida adulta ofrecen ofertas formativas adaptadas al alumnado de educación especial y permiten la adquisición de competencias profesionales para las posteriores etapas educativas, formativas
o laborales. La cualificación profesional en todos sus niveles contribuye a la elevación y mejora de la calidad de vida de las personas y al fomento del empleo que, cuanto mayor sea, mayor y mejor será la cualificación de una persona y más
posibilidades tendrá de desenvolverse con éxito en su entorno y de, como mínimo, valerse por sí mismo o por sí misma. Con esta finalidad existen los programas de cualificación profesional, conocidos a menudo como programas de transición a la vida
adulta, que están pensados para ayudar a los alumnos a salir adelante solos cuando cumplan los veintiún años. Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista considera relevante que en dichos programas se incorpore una oferta de formación
profesional específica al entorno productivo, y que estén adaptados al alumnado que lo cursa en los centros de educación especial.
Señorías, los alumnos y las alumnas de centros de educación especial necesitan la titulación para poder trabajar porque son niños y niñas que están completamente cualificados y capacitados para desarrollar una labor profesional. Por lo
tanto, creemos fundamental capacitar a los centros de educación especial para que salgan con la titulación desde dicho centro. Repito, niños y niñas perfectamente cualificados y capacitados para desarrollar una vida laboral.
Para ello en el Grupo Parlamentario Socialista instamos al Gobierno a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, impartiendo los
módulos específicos en los centros de educación especial para la obtención de los títulos de cualificación profesional en los programas de transición a la vida adulta que se desarrollan en los centros de educación especial.
En relación con las enmiendas presentadas, les adelanto que no aceptaremos ninguna de ellas, ni la del Partido Popular ni la de VOX, y no debe sorprenderles. Sus enmiendas alteran completamente el sentido del texto presentado por nuestro
grupo. Les da lo mismo de lo que hablemos, ya que ustedes siempre se centran en atacar alguna ley aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez; en este caso, a la LOMLOE, y nuevamente les diremos que en ningún momento hace referencia en su texto al
cierre de los centros de educación especial. Es más, el texto de la ley dice literalmente que se matriculará en dichos centros a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada y se les seguirá prestando el apoyo que necesiten.
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista protegen los centros de educación especial. Dejen el mantra, porque la LOMLOE recoge la protección de los centros de educación especial como opción de elección de las
familias. Por supuesto, también apostamos por una educación inclusiva, pero, de verdad, dejen el mantra, porque de ninguna manera es en detrimento de los centros de educación especial. En el caso de VOX, además de este mantra, siguen con el suyo
propio de renegar de las comunidades autónomas, cuando estas tienen competencias en educación. Eso sí, ustedes, señorías de VOX, aunque renieguen de las comunidades autónomas, sí tienen un vicepresidente autonómico y, evidentemente, como reniegan
de ellas, sin funciones, pero que sí se dedica a faltar el respeto a las personas con discapacidad con sus palabras.
Me gustaría finalizar pidiendo nuevamente, como también lo han pedido desde las diferentes organizaciones de personas con discapacidad, que apoyen la reforma del artículo 49 de la Constitución para que se elimine el término disminuidos y
continuemos así reconociendo los derechos de las personas con discapacidad. PP y VOX ya se opusieron a esta reforma en el Parlamento. Señorías, no jueguen con esto. Pido que recapaciten sobre esta cuestión aquí en el Parlamento. Desde el
Parlamento es el momento de dar dignidad a las personas con discapacidad y, con ello, dignificar la acción política.
Por último, también les pido que voten a favor de esta iniciativa para garantizar la autonomía personal y el derecho a la educación y al empleo de las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Trías, del Grupo Parlamentario VOX, para defender su enmienda, por tres minutos.
La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes, señorías.
La PNL que debatimos hoy ya se ha debatido en la Comisión de Educación, la misma, exactamente la misma. Debería darles vergüenza, repito, debería darles vergüenza que, para el mismo contenido, nos hagan perder el tiempo con su propaganda
política, porque esta PNL contradice su propia ley. Es una PNL en la que el Partido Socialista, que es el partido del Gobierno, se insta a sí mismo a favorecer la escolarización de los alumnos de formación profesional en centros de educación
especial. Se contradice no solo con lo aprobado en la LOMLOE, sino también con esta misma proposición no de ley que debatimos, cuando en la exposición de motivos cita la LOMLOE y afirma que uno de los principios de estas enseñanzas es la inclusión
educativa.
La educación inclusiva no es tal como ustedes la plantean, porque ¿qué hay más inclusivo que un centro de educación especial? Los centros de educación especial son centros especializados -ya lo he repetido en varias comisiones y en varias
ocasiones y no nos vamos a cansar de hacerlo- donde los niños reciben atención especializada en esos años sensibles de su desarrollo y donde todas las intervenciones, y de manera singularísima la atención temprana, son esenciales de cara al
desarrollo óptimo de las capacidades singulares de esos niños que necesitan una atención profesional y personalizada.
Por eso en nuestra enmienda proponemos, entre otras cosas, la derogación de la disposición adicional cuarta y del apartado 50 de la LOMLOE, artículos de su ley que prevén -sí, lo prevén- la desaparición y la muerte lenta de los centros de
educación especial. Porque, señoría, ¿qué diferencia hay entre atención especializada y atención muy especializada? Ustedes están jugando con los alumnos que necesitan una atención especializada en centros de educación especial con la ambigüedad
que han introducido en la Ley de Educación y que ha sido denunciada no solo por nosotros, sino también por numerosos colectivos de asociaciones de niños con necesidades educativas especiales.
Además, el artículo 50 contempla que sean las administraciones educativas y no los jueces las que, en caso de discrepancia, decidan dónde las familias deben escolarizar a sus hijos y siempre, siempre, priorizando la educación inclusiva y la
Administración.
Así que hoy solo podemos celebrar que nos den la razón a lo que hemos defendido desde el principio: que la escolarización en centros de educación especial, que es lo que hoy plantean aquí, es precisamente una de las opciones más inclusivas
y la que permite la transición a la vida adulta de todas estas personas con necesidades educativas especiales.
Les agradecería que dejaran de engañar y de hacer propaganda. Les recuerdo también que el director general de Deportes de la Comunidad de Castilla y León es de VOX y es ciego. (Varios señores diputados: ¿Y qué?).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, para defender su enmienda, la portavoz del Grupo Popular.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Carmen González.
El señor PRESIDENTE: Carmen González Guinda.
Cuando usted quiera.
La señora GONZÁLEZ GUINDA: Muchas gracias, presidente.
Señorías del PSOE, como ya se ha dicho aquí, ustedes defendieron esta PNL en junio en la Comisión de Educación y hoy, tres meses después, nos la vuelven a presentar en esta Comisión. ¿Qué han hecho ustedes en estos casi cuatro meses?
Porque, señorías, ustedes gobiernan y en esta PNL ustedes se ponían deberes. Señorías, esta proposición está registrada por su grupo cuando no se había aprobado la Ley de Formación Profesional. Ustedes podían haberse autoenmendado si lo que de
verdad querían era reconocer las competencias profesionales a los cursos de transición a la vida adulta, pero nos traen aquí una iniciativa que no es más que una declaración de buenas intenciones y demuestran además un importante desconocimiento de
los centros de educación especial. En los centros de educación especial hay programas de transición a la vida adulta y programas profesionales, nosotros estamos de acuerdo en que los programas de transición a la vida adulta tengan un reconocimiento
competencial, competencias profesionales, pero es que los programas profesionales que se imparten en los centros de educación especial también lo tienen que tener. Esos programas profesionales, en su propia Ley de Formación Profesional, podrían
haber tenido el reconocimiento que permitiera obtener un título de formación
profesional a esos alumnos. De ese modo, los alumnos de centros de educación especial también titularían. Porque lo que ustedes hacen con su iniciativa es dar por sentado que los alumnos que cursan sus estudios en un centro de educación
especial simplemente tengan el reconocimiento de competencias profesionales y no de competencias académicas. Por tanto, ustedes ya no solo parten de una situación equivocada, sino que discriminan a la educación especial. Un alumno que acude a un
centro ordinario puede titular. Un alumno que acude a un centro de educación especial no titula. Tenían una gran oportunidad de haberlo incluido en la nueva Ley de FP. Sin embargo, ustedes no aceptaron nuestra enmienda en la Comisión de Educación
cuando se debatió esta PNL, porque su concepto de la educación especial está absolutamente equivocado y es discriminatorio. A mí también me gusta llamar a estos centros de educación especializada. ¿Por qué? Porque tienen alumnos, no tienen
alumnos especiales, sino que tienen magníficos alumnos que, con los apoyos dados por unos profesores especializados en sus necesidades específicas, consiguen formarse y avanzar hacia una vida plena e independiente y hacia un acceso al trabajo, que
es la mejor herramienta de inclusión. Por cierto, no vamos a cejar en la derogación de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE. No es que sea una obsesión nuestra -que también-, porque nosotros estamos en contacto con los centros de educación
especial, con las familias y con los alumnos y les remito, señorías del PSOE, a las declaraciones de la Plataforma Educación Inclusiva, SÍ, Especial TAMBIÉN -por cierto, no pertenecen a ningún partido político ni a ninguna organización sectorial-
que llenaron las calles con su exigencia. ¿También ellos están exagerando cuando dicen que con la disposición adicional cuarta se va a producir un trasvase de los alumnos de los centros de educación especial a la escuela ordinaria, dejando dichos
centros como meros centros de referencia? ¿Son necesarios los centros de referencia? Claro que sí, pero sin menoscabo de los centros de educación especial. Señorías del PSOE, escuchen a la calle, que están ustedes muy alejados de la realidad del
día a día y de los verdaderos problemas que preocupan a la gente, porque les puedo asegurar que este tema preocupa -y mucho- a las familias con hijos en centros especiales, en centros de educación especial, escúchenlos y entenderán nuestra enmienda.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación iniciarán el turno de fijación de posiciones los grupos que no han presentado ninguna enmienda. En estos momentos solo hay un grupo, que es el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú-Podem-Galicia en Común. Por tanto,
tiene la palabra su portavoz, Marisa Saavedra.
Cuando quiera.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes. En una sociedad inclusiva no sobra nadie, todas las personas aportan algo a ella con su presencia y participación y todas tienen capacidades que deben desarrollar al máximo. Esta concepción tiene grandes implicaciones
educativas. No podemos aceptar la idea de que algunas personas no puedan tener acceso a determinados niveles de formación o que no puedan avanzar en el logro de competencias personales que promueven esos niveles educativos, que consideramos que son
de oferta imprescindible para el conjunto de la población. La educación tiene la obligación de adaptarse para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de cualquier alumno o alumna y remover las barreras que impidan el acceso de estos a
la educación. En concreto, la formación profesional ofrece herramientas para alcanzar competencias que permitan la mejor inserción laboral de las personas y también debe de atender al principio de inclusión, igual que el resto del sistema
educativo. La nueva Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional establece, en su artículo 70, que cuando las medidas y alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad de inclusión no
sean suficientes para las personas con discapacidad, podrán efectuarse ofertas de Grado A, B, C, D en modalidad específica, dirigidas a personas con necesidades educativas especiales, con lo cual tenemos ahí un abanico de medidas y de salidas en
función de la realidad de cada persona. En el caso de las ofertas de FP del sistema educativo, las personas estudiantes escolarizadas en estos centros ordinarios o en centros de educación especial -establece la ley- podrán permanecer escolarizadas,
al menos, hasta los veintiún años. Por tanto, consideramos pertinente esta PNL, porque responde a lo estipulado por esta ley.
Para acabar. Por un lado, hay que lamentar la demagogia del Partido Popular y de VOX que, hablando en relación con este tema de los centros de educación especial y de la LOMLOE, utilizaban a las familias y a las personas con discapacidad
para instalar discursos demagógicos cuando realmente la ley no plantea la desaparición de los centros de educación especial, sino que tienen que ser una opción más.
Por último, también pedimos el apoyo de la derecha a la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el concepto tan denigrante de disminuidos y mejorar la redacción del articulado de la Constitución para que responda y atienda a
la dignidad de las personas con diversidad funcional o con discapacidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tendría la palabra la portavoz del Grupo Socialista para decir si acepta o rechaza las enmiendas, aunque entiendo que ha dicho que las rechazaba. ¿Es así?
La señora LÓPEZ ZAMORA: Sí, rechazamos las dos enmiendas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muy bien.
- SOBRE LA CULTURA DEL BUEN TRATO EN LOS CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003538).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, proposición no de ley sobre la cultura del buen trato en los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia, del Grupo Parlamentario Socialista, y para
defender la iniciativa tiene la palabra su portavoz, doña Sonia Guerra.
La señora GUERRA LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy aquí una proposición no de ley sobre la cultura del buen trato en los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia. A nosotros nos gustaría, antes que nada, recordar
algunos datos que muestran cómo la realidad sociodemográfica en nuestro país se ha visto modificada en los últimos tiempos debido a la gran esperanza de vida, que se ha visto incrementada. En los últimos cincuenta años se ha multiplicado por tres
la población mayor de sesenta y cinco años en nuestro país y se ha quintuplicado, es decir, se ha multiplicado por cinco la población mayor de ochenta años. El 80 % de las personas que viven en residencias son personas mayores de ochenta años y eso
lo debemos tener en cuenta cuando hacemos políticas públicas, porque el diagnóstico nos ayuda a planificar, a pensar y a redefinir los servicios públicos para darles respuesta a esas personas. El hecho de que el 80 % de las personas que viven en
los centros residenciales sean mayores de ochenta años nos hace pensar en un perfil de persona mayor vulnerable, gran dependiente y que necesita cuidados de larga duración. Pero el hecho de que una persona sea una persona gran dependiente que
necesite cuidados de larga duración o que sean personas vulnerables no implica que pierdan su condición de ciudadanía y durante demasiado tiempo en este país la institucionalización de las personas, ya sea por edad o por capacidad, ha significado
muchas veces la vulneración de sus derechos de ciudadanos y ciudadanas. A la gente mayor se la empieza a tratar en esos centros como a un todo homogéneo en el que las necesidades tienen respuestas homogéneas y en ningún momento se tiene en cuenta
su subjetividad política como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Eso es tal que así, que únicamente el 4 % de las personas mayores que viven en residencias dicen estar allí por voluntad propia, únicamente el 4 %, es decir, solo cuatro
personas de cada cien dicen que están en un centro residencial por voluntad propia. Por tanto, nuestra obligación como poderes públicos, por un lado, es trabajar todo lo que se pueda en la atención domiciliaria para permitir que las personas
mayores sean, el máximo tiempo posible, autónomas en sus centros residenciales, conviviendo en la comunidad en la que están viviendo, teniendo relación con sus seres queridos y también con sus vecinos y vecinas, al mismo tiempo que repensamos los
modelos residenciales para que se conviertan en centros de vida, en centros de vida activa y saludable para las personas mayores, y no en centros a los que ir a morir. Las persona mayores, como les decía, señorías, son ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho, con capacidad para decidir sobre sus vidas, sobre las cosas más importantes de su vida, pero también sobre las cosas más triviales, sobre sus aspectos más triviales, como a qué ahora levantarse, a qué hora irse a dormir, qué
desayunar, cuándo desayunar, qué comer, cuándo comer, con quién comer, con quién relacionarse y a qué dedicar su tiempo libre. No puede ser que estemos tratando a las personas mayores como si fueran un colectivo homogéneo que no tienen exigencias
específicas en función de sus necesidades. Por tanto, debemos repensar esos centros residenciales y por eso este Gobierno, Unidas Podemos y el Partido Socialista presentaron en el consejo territorial de este verano un nuevo modelo residencial para
que esas residencias
se conviertan en centros de vida, como decía, con núcleos convivenciales mucho más pequeños, pero también con espacios más grandes en los que poder participar de la vida activa de la comunidad, en los que se puedan compartir espacios entre
las personas que viven en esos centros residenciales, pero también con otras personas mayores que puedan vivir en esos barrios, en esos pueblos y en esas ciudades y, por ejemplo, que en lugar de tener unas comidas a domicilio pudiesen ir a comer al
comedor de ese centro residencial.
Acabo ya, presidente, porque veo que usted me mira. (El señor presidente hace gestos negativos con la cabeza). Por tanto, lo que pretendemos con esta PNL es poner en el centro la necesidad de aplicar unas políticas activas y saludables
para la gente mayor y también que a las personas mayores, que ya son personas dependientes, se les considere ciudadanos de pleno derecho y que el buen trato se sitúe...
El señor PRESIDENTE: Ahora sí.
La señora GUERRA LÓPEZ: ...como centro de atención a las personas en situación de dependencia.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, para defender su enmienda, su portavoz doña Georgina Trías.
La señora TRÍAS GIL: Buenas tardes.
El Partido Socialista propone en esta PNL un cambio profundo del modelo de atención residencial. De verdad que si lo quieren, señorías del Gobierno, háganlo con un proyecto de ley y no con una PNL en Comisión que, como todos sabemos, solo
sirve de altavoz mediático. Ustedes están en el Gobierno, por lo que si de verdad quieren mejorar el modelo de atención residencial, pónganse manos a la obra, pero ya. No lancen iniciativas para que parezca que quieren hacerlo. Nosotros les
sugerimos que empiecen esa ley poniendo solución a la enorme diferencia de atención que hay en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Desde nuestro grupo parlamentario creemos firmemente que debemos hacer un esfuerzo mucho mayor para
que nuestros mayores estén bien cuidados. Hay que fomentar en España una cultura del cuidado de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, ya sea por edad o por su situación de dependencia. En nuestras enmiendas proponemos sustituir
el buen trato por la palabra cuidado, porque consideramos que es más amplio y responde mejor a lo que, como sociedad, debemos brindar a nuestros mayores. Porque, señorías, buen trato puede confundirse con lo que algunos en los hospitales llaman
tratamiento de confort, que consiste en ir sedando poco a poco a nuestros mayores. Si no hay un familiar luchando por sacar adelante al enfermo, lamentablemente, hoy tiene muy pocas posibilidades de vivir, y lo digo por haberlo padecido
recientemente en mi propia experiencia. Es más fácil aplicar tratamiento de confort cuando hay dolor que paliar el dolor. Lo difícil es ir a la raíz del dolor y luchar por erradicarlo. Lo difícil, además de curar, es cuidar y darle de comer
cuando no puede hacerlo por sí mismo. El cuidado implica luchar por la vida de nuestros mayores, tengan la edad que tengan, ver cuál es el origen del dolor y poner todos los medios para solucionarlo. Lo más fácil es tirar la toalla, decir que
sufre mucho y sedarlo. Lo difícil, lo que es un verdadero cuidado a un mayor dependiente, es cambiarle cuantas veces haga falta, no solo las que tocan; ayudarle a comer cuando no puede hacerlo por sí mismo; alegrarle con visitas y conversaciones;
darle nuestro tiempo; permitir que dé paseos al aire libre; estar pendiente de que haga la rehabilitación, aunque no le apetezca, y recupere autonomía; de que la haga y, sobre todo, de que recobre la ilusión por querer hacerla; que pueda estar
lo más cerca y tener el mayor contacto con sus familiares, porque nuestros mayores, solo estando rodeados de personas que les quieran, pueden sentirse seguros y recobrar la ilusión de vivir. Porque no lo olvidemos, la opción de llevar a un familiar
a una residencia nunca es fácil. Para una familia, en general, es siempre el último recurso. Muchas familias querrían acoger a su familiar en casa, pero muchas veces resulta imposible hacerlo, porque cuando hay un alto grado de dependencia, muchos
de estos mayores, para que su calidad de vida sea óptima y no se degrade antes de tiempo, necesitan atención continuada veinticuatro horas, los siete días de la semana y trescientos sesenta y cinco días al año. Eso requiere ayudas de profesionales
en el domicilio familiar las veinticuatro horas que, como pueden imaginar, la mayor parte de las familias no pueden costearse. Ya voy acabando. Así se ven abocadas a ingresar a su familiar en un centro residencial. ¿Y qué hacen las familias?
Buscar el que está más cerca de casa, por eso hemos añadido una enmienda para garantizar no solo las visitas de familiares después de la COVID-19, sino para promover esas visitas, que son las que verdaderamente hacen que nuestros mayores se
recuperen. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, para fijar posición, por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz doña Pilar Garrido.
Cuando quiera.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
Mi grupo parlamentario, desde luego, comparte los objetivos que persigue esta iniciativa del Grupo Socialista. Es decir, estamos hablando finalmente de garantizar la calidad de vida de las personas mayores y eso conlleva poner en el centro
ese buen trato dirigido a las personas mayores en todos los servicios que se les presten. Sabemos que alcanzar estos objetivos requiere de medidas estructurales de medio plazo y otras medidas más urgentes de implementación inmediata. En relación
con estas últimas -y respondiendo un poco a lo que decía la portavoz de VOX-, le voy a contar algunas de las cosas que ya ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este ministerio, junto con las comunidades autónomas, aprobó un
acuerdo histórico: el acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD. Por fin, tenemos unas garantías de que empezamos a caminar hacia ese nuevo modelo, como decíamos, centrado en las personas. El acuerdo supone una
transformación muy relevante y es muy relevante en la medida en la que se abandona la homogeneidad y las respuestas empaquetadas del modelo residencial tradicional. Un modelo que responde o intenta responder a cada persona según sus necesidades y
sus preferencias. Todas las comunidades autónomas deben de garantizar -si les preocupa a las señorías de VOX- unos mínimos que tienen que ver con los ratios mínimos del personal y con la mejora en la calidad del empleo, que se va a aplicar, por
fin, por primera vez, en todas las comunidades autónomas. En definitiva, se prioriza un modelo de atención donde se fomenta la autonomía y la dignidad de las personas mayores. Queda mucho por hacer, pero, en todo caso, ya se están dando pasos
importantes para que el modelo residencial tradicional ponga en el centro a las personas y, por tanto, garantice la felicidad y la buena vida de ellas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Popular en el Congreso, su portavoz, don Carmelo Romero.
Cuando quiera.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Guerra, si yo fuese usted retiraría la PNL por desfasada y porque se le ha pasado el tiempo. Usted la presentó en diciembre del año 2021 y estamos ya finalizando el año 2022. Además, pide usted acordar aquí lo que ya está acordado
con las comunidades autónomas, que, por cierto, casi el 50 % de esas comunidades autónomas votó en contra de ese acuerdo. Aun así, el Gobierno les dijo a las comunidades autónomas que se podían ejecutar los fondos europeos hasta el año 2026.
Ahora, hace unos días, les acaban de decir nuevamente a las comunidades autónomas que todo eso que les dijo no es así, que tienen que terminar todas las actuaciones en el año 2023; algo casi imposible de efectuar. En el Plan de choque y el impulso
del Sistema para la Autonomía de la Atención a la Dependencia, que se aprobó en septiembre del año 2020, se recoge una gran cantidad de objetivos amplios, que no voy a mencionar aquí, y con los que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Estamos
absolutamente de acuerdo en que se ejecute ese plan de choque en dependencia y estamos de acuerdo en el cronograma que se presentó en enero del año 2021. Para ello es necesario una cosa: Que se pongan a trabajar y que pongan interés en hacerlo.
(Aplausos). Menos hablar, menos propaganda y trabajar un poquito más; eso es lo que hay que hacer. En España se invierte apenas el 0,75 % del PIB en estas políticas, muy lejos de la media de los países de nuestro entorno que alcanza el 1,5 % del
PIB. Es decir, nuevamente, en esto también estamos a la cola con respecto a Europa. En la ejecución del plan de recuperación, a fecha de hoy, señores -a fecha de hoy-, apenas han ejecutado ustedes 107 millones de euros de un total de 808 millones
de euros del PERTE de economía social y de los cuidados. Señorías, apenas queda ya poco más de un año para que finalice el plan de choque. Como sabéis, el plan de choque va del año 2021 al 2023.
Término. Gasten el dinero para no tener que devolverlo y, por favor, gástenlo mejor que el que se gastaron en los ERE de Andalucía. Para finalizar, señor presidente, quiero hacer un homenaje a los profesionales de la residencia de mayores,
porque ellos son la auténtica avanzadilla del buen trato a nuestros mayores en las residencias.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora González Guinda: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Bien.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista para decir si acepta o rechaza la enmienda.
La señora GUERRA LÓPEZ: No aceptamos enmiendas ni lecciones de los dos partidos que han decidido no investigar los protocolos de la vergüenza en la Comunidad de Madrid. (Aplausos.-La señora Saavedra Muñoz: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Parece que ha quedado claro.
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/003754).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de la estrategia de desinstitucionalización, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia
en Común. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra su portavoz, doña Pilar Garrido.
Cuando quiera.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.
El cuidado residencial ha sido históricamente una de las principales formas de responder ante el riesgo social que suponían las situaciones de dependencias y de cuidados de larga duración. Según los datos del INE del 2019, en España hay más
de 300 000 personas mayores en residencias y más de 260 000 personas en situación de discapacidad, que también residen en centros residenciales. En el 2020, en torno a 17 000 niños y niñas y adolescentes vivían también en esos centros
residenciales. Las evidencias y también las propias recomendaciones de la OMS en varios informes apuntan a que la prestación de servicios de apoyo de proximidad basados en la comunidad contribuyen a mantener a las personas en sus domicilios con la
atención que precisen y esto permite que estén, de manera permanente, conectados con su entorno, con sus vecinos y con sus familiares. Sabemos que estas respuestas más personalizadas también constituyen una pieza clave para propiciar vidas dignas y
vidas plenas y también para algo que nos importa mucho: para reducir la pérdida de autonomía de las personas mayores. Sin embargo, todos sabemos que el modelo actual ha tendido a institucionalizar a las personas que requieren este cuidado
despojándolas, en muchas ocasiones, de su autonomía y de su libertad de decisión. Los principales efectos de la institucionalización incluyen la segregación de usuarios; la despersonalización; la eliminación de signos y símbolos de
individualidad, de que unas y otras somos personas, pero todas distintas; la rigidez de las rutinas; horarios fijos para despertarse, para comer y para hacer actividades; el trato homogéneo y la falta de privacidad, entre algunas cuestiones que
podemos comentar. Por tanto, lo que queremos es que estos centros cambien la manera de funcionar, sean centros que no segreguen, con ambientes que favorezcan el encuentro y desde donde sea fácil acceder a los servicios sanitarios y sociales de
proximidad, especialmente para aquellos que puedan sufrir una situación de dependencia. También sabemos que la crisis de la COVID-19 nos enseñó y tenemos algunos aprendizajes, por lo que yo considero que es urgente impulsar la Estrategia Nacional
de Desinstitucionalización que promueva un proceso de transformación del modelo de cuidados de larga duración. En este sentido, ya se han dado algunos pasos que son importantes. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha aprobado la
Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, por ejemplo, que, entre sus retos estratégicos, plantea abordar una Estrategia Integral de Desinstitucionalización que priorice los servicios y apoyos en la comunidad, así como la promoción de la
autonomía personal, el desarrollo de proyectos de vidas que se puedan desarrollar en la comunidad e igualmente la reducción del número de personas en situación de discapacidad que viven en entornos institucionalizados. Por otro lado, en el Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del SAAD se vienen adoptando algunos acuerdos que contemplan, como uno de los ejes de actuación, la necesidad de procurar los cuidados en los entornos de proximidad, mirando el sistema hacia el impulso de las
atenciones comunitarias con carácter preferente, en consonancia con lo que establece también el pilar europeo de derechos sociales. Podríamos añadir que, en los últimos dos años, hay fondos europeos que van a estar destinados a articular estos
cambios que estoy explicando. Hay convocadas subvenciones para la realización de proyectos de innovación en la materia de prevención de esta institucionalización y para el desarrollo de servicios de apoyo comunitario en el ámbito de los cuidados de
larga duración, que están vinculados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Asimismo, se
contempla la financiación -ya se está haciendo- de varios proyectos piloto para demostrar empíricamente cómo pueden funcionar estas nuevas políticas y utilizarlas como experiencias de aprendizaje. Se pretende experimentar con nuevas
fórmulas y soluciones de desinstitucionalización que generen aprendizajes que puedan ser transferidos luego a mayor escala y que contribuyan al desarrollo de nuevas políticas sociales.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, para defender las enmiendas que han presentado, en primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario VOX, su portavoz doña Rocío de Meer.
Cuando quiera.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En esta ocasión analizamos una iniciativa, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, en la cual viene a plantearse que en España hay demasiada gente necesitada de cuidados y que además progresivamente va a ir en aumento, pasaremos de un 5,2
% a un 6,1 % previsto para el año 2040. En 2033, efectivamente, habrá más de 12 millones de personas mayores en nuestro país, por lo que, como ellos lo denominan en su propia iniciativa, la tendencia poblacional de España presenta un claro desafío.
Señorías, no es un desafío, es un suicidio programado por todos ustedes. (La señora Saavedra Muñoz: ¡Uy, uy, uy!). ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, la base de todo lo que estamos proponiendo es poder afrontar las causas de un
problema que han creado ustedes. ¿Por qué? Porque, para empezar, se han cargado el modelo natural y esencial de cuidados que es la familia. Ustedes han convencido a las mujeres del mundo de que la maternidad les oprime, de que el aborto es algo
bueno, han convencido a las mujeres del mundo de que tienen que ser meros factores de producción económica y además han enemistado a los hombres con las mujeres en el mundo. Por tanto, se ha encargado, efectivamente, el modelo natural de cuidados.
Una sociedad fuerte es una sociedad de familias fuertes y esto tiene una primera consecuencia evidente (Risas) -no se rían, señorías, porque esto es de sentido común-, es el suicidio demográfico y el envejecimiento poblacional, y, si no, miren los
datos, porque los datos no mienten, no hay ideología en los datos, solo hay datos. Ustedes dicen aquí que su solución es analizar el modelo de cuidados, pero la realidad es que, ya lo ha dicho el señor Escrivá, la solución que ustedes tienen para
el invierno demográfico es clarísima, es la inmigración masiva, señorías, y lo han dicho ustedes en repetidas ocasiones. Su conclusión en la PNL es que ustedes quieren aportar lo que ustedes denominan un nuevo enfoque capaz de concertar acciones en
lo cotidiano para favorecer espacios ricos en oportunidades que inviten al encuentro y a la ayuda mutua, acelerando una transformación radical que conserve los elementos esenciales que nos hace ser personas que promuevan el encuentro en la
diversidad, reconocida y valorada. Queda muy bonito, pero es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque, si tú quieres abordar un suicidio demográfico con inmigración masiva, lo primero que vas a provocar en la gente, en los ancianos y en los barrios
en los que ellos viven de toda la vida, es un choque cultural. Esta es la realidad y, si no, díganselo a todos los ancianos que son atracados permanentemente en Parla y en Fuenlabrada, por la técnica del mataleón, por bandas de marroquíes, o
dígaselo a la señora de noventa años violada recientemente en Alicante. (Rumores.-La señora Garrido Gutiérrez: ¡Hala!). Señorías, que ustedes nieguen un problema no significa que no exista, y nosotros estamos aquí representando a 4 millones de
españoles que lo piensan. Por lo tanto, con todo el derecho. No venimos aquí a caerles bien a ustedes ni a agradarles los oídos, sino a decirles las cosas que ustedes no quieren escuchar.
Ustedes hablan de no modificar las costumbres y de no entorpecer la vida de los ancianos de este país, pero convierten sus barrios en Argel. Esa no es la solución. Señorías, la solución pasa, en primer lugar, indiscutiblemente, por una
estrategia de lucha contra el invierno demográfico; en segundo lugar, por crear una sociedad de familias fuertes, porque será la única manera de tener una sociedad fuerte; en tercer lugar, por restaurar valores como el respeto a los mayores porque
es imprescindible restaurar un valor que, efectivamente, no se tiene en otras culturas y por ello asistimos a los escenarios que asistimos, y en último lugar -termino, señor presidente-, por tomarse de una vez en serio el servicio de autonomía y
ayuda a la dependencia. Hay que dotarlo de mayor financiación, reducir su burocracia y acabar de una vez por todas con las diferencias autonómicas del servicio de dependencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra para defender su enmienda el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor José Ortiz.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.
La verdad es que yo no entiendo por qué esa manía del Grupo Parlamentario VOX de criminalizar a los migrantes. El hecho de que un militante de VOX pegue a alguien no quiere decir que todos los militantes de VOX sean matones. Por tanto,
rechazamos cualquier estrategia que criminalice a los migrantes.
Señorías, debatimos en esta PNL el modelo de atención a personas que necesitan cuidados de larga duración y se propone la puesta en marcha de una estrategia nacional de desinstitucionalización para promocionar la autonomía de las personas.
Todos sabemos -y creo que todos estamos de acuerdo- que una persona que necesita cuidados está mejor en su casa. Eso todos lo sabemos, pero, como dice el refranero popular, no es lo mismo pregonar que dar trigo. ¿Y por qué digo esto? Porque el
que propone esta proposición no de ley es el Grupo Podemos, el mismo que forma parte del actual Gobierno y el mismo que ostenta el Ministerio de Derechos Sociales, sin que avance nada en esta dirección.
En la pandemia quedaron de manifiesto las deficiencias del sistema -especialmente a lo que a residencias se refiere- y todos asumimos que había que mejorarlo, actualizar protocolos, mejorar los recursos y también, señorías, mejorar la
financiación. Esa es la clave: la financiación. ¿Quién financia esta estrategia para que las personas que requieran cuidados de larga duración puedan permanecer en su vivienda? En muchos casos estamos hablando de asumir el coste, con esta
estrategia, del contrato de tres profesionales al día las veinticuatro horas para el cuidado de una persona mientras que lo requiera. Por tanto, de ahí, y con sentido de la responsabilidad, la enmienda que hemos presentado. Porque Podemos lo
olvida. Quizá por eso y porque el dinero público no es de nadie, y así nos va, solicitamos que se incorpore a la propuesta de acuerdo que el Gobierno garantice la financiación destinada a las comunidades autónomas que permita desarrollar todos los
retos planteados en esta materia. La financiación es fundamental. ¿O quieren que ocurra lo mismo que está ocurriendo con el sistema de dependencia?
Señorías, pongo dos ejemplos. Según los datos cerrados del año 2021, el sistema de dependencia en Andalucía ha tenido un coste de 1202 millones de euros, de los cuales el Estado solo ha asumido 304 millones de euros; 75 % la comunidad
autónoma y 25 % el Gobierno. Pensaba que era algo único de Andalucía, pero no es así. Esta mañana me he fijado en la Comunidad de Madrid y en la señora Ayuso, la que tanto critica la izquierda porque dicen que recorta, que su Gobierno es el de la
vergüenza y que no apuesta por las políticas sociales y, según el certificado de la Comunidad de Madrid sobre el coste de la dependencia, el coste total de la dependencia en Madrid durante el año 2021 ha sido de 1263 millones de euros. ¿Saben
ustedes cuánto ha puesto el Gobierno Podemos Socialista, el Gobierno que, según dice, apuesta por las personas que más lo necesitan? El 20 %; en total 274 millones de euros. ¿Saben lo que ha puesto el Gobierno de Ayuso de la Comunidad de Madrid,
al que ustedes criminalizan y al que acusan de no apostar por las políticas sociales? 989 millones de euros. Esa es la realidad. Ustedes apuestan por las políticas sociales con la pancarta. Es decir, no cumplen con sus obligaciones en cuanto a
la financiación del actual sistema de dependencia y pretenden ahora ampliar el catálogo de servicios, olvidándose de algo muy importante, de quién lo financia. Y también olvidan que para la puesta en marcha de esta estrategia es fundamental el
acuerdo con el tercer sector.
Por último -termino, presidente-, en esa estrategia también será necesario el estudio de los casos, porque hay personas que, en función de su situación, seguramente estarán mejor en un centro por los servicios que ofrece. En definitiva -y
acabo, presidente-, ¿está el Grupo Popular a favor de mejorar la atención de las personas que requieran cuidados de larga duración? Sí. ¿Está el Grupo Popular a favor de que el Gobierno asegure la financiación de las comunidades autónomas, y de
ahí nuestra enmienda? Sí. Esperemos que salga adelante porque, de lo contrario, esta PNL sería un brindis al sol y aquí no estamos para perder el tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Julio del Valle.
El señor DEL VALLE DE ISCAR: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención va a ser muy breve para sumarnos a esta proposición no de ley, que tiene en su corazón la desinstitucionalización de muchas de las personas que actualmente están en residencias. Creemos que
estar o no estar en una residencia tiene que ver más con la decisión de la persona que está en esa situación que con una decisión colectiva que afecta a los derechos de esas personas.
Me gustaría que el portavoz del Partido Popular -en esa Arcadia feliz que es la Comunidad de Madrid- escuchase lo que denunció hace muy pocos días don Mariano Turégano García, que está institucionalizado en un centro de la Comunidad de
Madrid gestionado por una empresa privada, en el Pleno de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Denunció -creo que cualquier persona con sensibilidad lo habrá escuchado y le habrá afectado porque todos tenemos un padre, una madre o un abuelo
en esa situación- la falta de dignidad que existe en las residencias de Madrid. Entonces, no es una cuestión de dinero, que seguramente también, sino de cómo se está tratando a nuestros mayores en algunas comunidades autónomas. El Grupo
Parlamentario Socialista quiere decirle a don Mariano que le hemos escuchado y que todas las políticas que estamos haciendo van en la línea de mejorar su vida, si quiere vivir en una residencia, y de darle todos los apoyos posibles, si finalmente
decide residir en su domicilio o en su entorno particular.
También quiero decir a la portavoz de VOX que, por cierto, nos reclama respeto cuando no tiene ninguno hacia esta Cámara porque se acaba de ir por la puerta sin escucharme. He tenido que escuchar toda su cantidad de estupideces seguidas,
unas detrás de otras. (La señora Romero Vilches: Tiene una Ponencia). Y yo tengo más cosas que hacer también en la vida. (La señora Seva Ruiz: Pues que no defienda la proposición). Ya le digo que el respeto que nos reclama a todos se lo puede
aplicar en primera persona y tener un poco de respeto a los que también hablamos.
Quiero decir a la gente de VOX que toda su pantomima y su trampantojo para no hablar de desinstitucionalización es porque, en vez de tener un modelo centrado en las personas, tienen un modelo pensado en los amiguetes que gestionan las
residencias de muchas comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones sobre este punto, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para decir si rechaza o acepta las enmiendas presentadas.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Rechazo las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LAS DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003764).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al cuarto punto del orden del día: proposición no de ley sobre medidas para paliar las dificultades de accesibilidad en los cajeros automáticos de las oficinas de las entidades bancarias. Es
del Grupo Parlamentario Socialista y, para defenderla, tiene la palabra su portavoz, Yolanda Seva, por cinco minutos.
La señora SEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar mi intervención, querría dejar constancia de un error en la redacción que sus señorías habrán apreciado y entendido. No son 'entidades bancadas', sino 'entidades bancarias'.
Me gustaría comenzar mi intervención con las palabras de miembros del Proyecto Abedul, de personas con movilidad reducida. Quisiera expresar las serias dificultades que encontramos las personas que utilizamos una silla de ruedas cada vez
que requerimos hacer uso de un cajero automático para sacar dinero, ya que son muy escasos aquellos cuyo diseño es plenamente accesible a las personas con movilidad reducida. Trato de exponer el problema a fin de que se estudie la posibilidad de
que las entidades bancarias se pongan de acuerdo en adoptar unas medidas unificadas dirigidas a los clientes en estas situaciones.
Son manifestaciones de usuarios que se encuentran en una situación de desigualdad a la hora de llevar a cabo actividades cotidianas de su día a día. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta PNL para garantizar derechos e instar a las
entidades bancarias a que faciliten el uso de los cajeros automáticos en igualdad de condiciones para las personas mayores y con movilidad reducida.
Este Gobierno ha dado pasos de gigante para la inclusión y la atención personalizada de nuestros mayores y personas con discapacidad, pero todavía quedan barreras físicas que dificultan el acceso igualitario a la realización de operaciones
básicas en los cajeros automáticos que se encuentran en la vía pública o en el interior de las entidades bancarias. Por ello, en febrero de 2022, se actualizó el Protocolo
estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, garantizando una atención personalizada a nuestros mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades, con atención presencial, mejora
del acceso a cajeros y conversiones con lenguajes y vista adaptados y simplificados; se tramita el Proyecto de ley de servicios de atención al cliente y el anteproyecto de la autoridad de defensa de los clientes financieros; el plan de
recuperación transfiere a las comunidades autónomas 140 millones de euros con el fin de expandir las competencias digitales de la población, y se dirigen acciones a la formación e inclusión de la población mayor y personas con discapacidad,
especialmente en las zonas rurales.
Con todas estas medidas, todavía nos encontramos con dificultades, con barreras físicas que debemos solventar y, para ello, este grupo parlamentario insta a la promoción de medidas para garantizar la inclusión financiera real de los
ciudadanos españoles. La realización de una simple operación, como la retirada de dinero, no puede convertirse en una odisea para este colectivo, en un ataque a sus derechos. Si miramos a nuestro alrededor, podemos comprobar que muchos cajeros
están instalados en huecos en la fachada con un escalón que impide el acceso si el usuario va en silla de ruedas, y aquellos que están adaptados en el interior tienen el lector de tarjeta a una altura que hace imposible su apertura. Son obstáculos
en los que no nos fijamos, pero existen y hacen en ocasiones difícil el uso ágil de operaciones que facilitan nuestro día a día sin tener que estar supeditados a un horario o a la realización de colas que podríamos evitar, así como el hecho de no
tener que pagar comisiones adicionales porque los cajeros adaptados no coinciden con la entidad bancaria con la que se opera. Transferencias, pagos de recibos, cobro de cheques, retirada de efectivo, ingresos, etcétera, los cajeros constituyen una
forma ágil de desenvolverse y sería mucho más fácil eliminando barreras, dificultades y desventajas.
El Grupo Parlamentario VOX presenta una enmienda de adición, cuyo punto primero queda recogido en el acuerdo alcanzado por la vicepresidenta primera con el sector y que confunde dependencia con discapacidad y movilidad reducida. Además,
ahora ponen el énfasis en las zonas rurales, cuando no hace mucho votaron en contra de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad y Consumo sobre medidas para combatir el riesgo de exclusión financiera en
el medio rural. ¡Una fantasía! Respecto al punto cuarto, quiero informarles de que existe dentro del plan estratégico la elaboración de un informe anual de seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas para garantizar el acceso en igualdad
de condiciones. Por estos motivos, espero que -ahora sí- VOX vote a favor de esta proposición no de ley que dota de derechos a las personas con discapacidad, porque nosotros votaremos nuestra PNL en sus términos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo VOX, su portavoz, Reyes Romero, para defender la enmienda a esta proposición no de ley. Cuando quiera, tiene tres minutos.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. VOX es una formación verdaderamente comprometida en garantizar unas condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos españoles, independientemente de su edad o de la parte del territorio en la que habiten y, en
este sentido, somos conscientes de que unos mínimos servicios bancarios se han convertido ya en una necesidad imprescindible en nuestro mundo actual para poder hacer ciertas transacciones comerciales o incluso para comprar lo más elemental del día a
día. Hemos visto también cómo en los últimos años se ha producido una concentración de entidades bancarias que han cerrado miles de oficinas en toda España, con la consiguiente pérdida de la atención personalizada y cercana que ofrecían los
empleados en las oficinas. No es el momento de hacer valoraciones de lo que supone este proceso empresarial, que puede tener su parte positiva pero también tiene su parte negativa, pero no cabe duda de que para muchas personas en España esta merma
de servicios constituye un problema que puede llegar a ser bastante grave.
Por otro lado, es evidente también que los adelantos tecnológicos, en general, han facilitado la vida a los usuarios de bancos gracias a inventos como el cajero automático o la banca telemática. Sin embargo, también parece claro que estos
cambios no afectan por igual a una persona joven que vive en una ciudad o a una persona mayor que vive en aldeas pequeñas o en zonas rurales. Aquí sí que hay una verdadera brecha; aquí sí que hay que hablar de desigualdades que exigen la
intervención pública, prudente y razonable para tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas sencillas perjudicadas por estos procesos. Por eso, como hace esta PNL, nos parece bien velar por que esos cajeros automáticos, especialmente
los que se sitúan en zonas poco pobladas y que no tienen alternativas en muchos
kilómetros a la redonda, garanticen la accesibilidad a personas que a menudo se mueven en sillas de ruedas o que usan bastón o andador.
Asimismo, hemos intentado completar esta PNL con un par de enmiendas de adición que lo que pretenden es recabar el compromiso de esas mismas entidades bancarias -que, como hemos dicho, hacen una labor esencial e imprescindible en nuestros
días- para dar un servicio adecuado allí donde se necesita. Nosotros rehuimos de lo que sería una imposición autoritaria y hablamos de acuerdos y compromisos, siguiendo el modelo que se tomó en el Protocolo estratégico para reforzar el compromiso
social y sostenible de la banca, porque no todos los ancianos tienen cerca un hijo o un nieto que les ayude. Yo misma he visto largas colas de personas mayores en una ciudad como Sevilla, delante de pantallas que les resultan incomprensibles, para
poder realizar sus trámites bancarios. Ahora admitiendo estas enmiendas tienen una ocasión ideal de demostrar su solidaridad con estas personas afectadas por la brecha digital o que viven en zonas poco pobladas, porque lo único que pretenden es
mejorar la vida de las personas que más lo necesitan para intentar no dejar a nadie atrás y acabar con el mantra de que no apoyamos las proposiciones que presenta la izquierda. Como bien le dijimos allá en junio de 2020 a su exministro de Derechos
Sociales, Pablo Iglesias, estamos para garantizar que todas las personas reciban el mejor cuidado, y en eso siempre nos van a encontrar. Por eso, aunque no acepten nuestras enmiendas, que entendemos que supondrían una mejora, vamos a votar a favor
de la PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, entramos en el turno de fijar posiciones.
Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Marisa Saavedra. Tiene dos minutos.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
La accesibilidad universal y el diseño universal son principios que iluminan la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad y también la internacional. Esto es: todos los espacios, servicios, bienes y actividades
de acceso público deben ser realmente accesibles a todas las personas, independientemente de sus circunstancias. Es el entorno el que debe estar libre de barreras para permitir el acceso y la participación de todas las personas. La Ley general de
derechos de las personas con discapacidad establecía unos plazos ya largamente sobrepasados para adecuar el entorno a esta accesibilidad universal. Han pasado nueve años desde su promulgación; nueve años y las barreras de todo tipo siguen
manteniéndose hasta en nuevas adecuaciones de espacios y servicios. También los cajeros automáticos que se han renovado frecuentemente lo han hecho sin atender a este principio, que también es una obligación para las empresas privadas. Esto
continúa así después de tantos años porque ha habido gobiernos de la derecha, gobiernos del Partido Popular y de su escisión VOX (rumores), que redujeron extraordinariamente las aportaciones para hacer realidad este acceso universal, fueron muy
laxos en su exigencia y no lo consideraron prioritario.
Este Gobierno de coalición está avanzando de manera firme en la accesibilidad y el diseño universal para que realmente sean principios rectores de la actividad pública y privada. El Plan España País Accesible, que forma parte del Plan de
choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de políticas de inclusión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, promueve la accesibilidad universal, priorizando la accesibilidad en el entorno rural y las zonas
vulnerables. Se ha desarrollado normativamente el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad para la utilización de los espacios públicos urbanizados, también cajeros automáticos y otras terminales de servicio, y se está trasponiendo
por fin la normativa europea, que supone un avance y un referente en la accesibilidad universal y regula expresamente la accesibilidad a estos servicios, a los cajeros automáticos y las entidades bancarias. Por tanto, nos parece muy pertinente esta
PNL y alineada totalmente con las políticas que ya -ahora sí- está desarrollando este Gobierno de coalición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra su portavoz Miguel Ángel Paniagua. Cuando quiera, tiene dos minutos.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, le recuerdo a la portavoz de Podemos que VOX no es una escisión del Partido Popular (rumores); quizá Más País o algún otro partido puedan ser escisiones, pero en el caso de VOX no lo es.
¿De verdad necesitamos que el Congreso le diga al Gobierno que garantice cumplir la ley? Y en el punto 2 se dice que hay que revisar la normativa. Pero ¿qué propuesta es esa? Y encima con una PNL, teniendo en cuenta el caso omiso que
habitualmente hace el Gobierno a las PNL que se aprueban. ¿Qué pretende el Grupo Socialista con esta PNL? Porque no nos lo ha contado. Parece que solo quiere aparentar que se preocupa por las personas excluidas, mientras el Gobierno del propio
PSOE y Unidas Podemos no hace nada por ellos. No necesito recordarles la evolución creciente de los datos de personas vulnerables en nuestro país, pero lo fácil es cobrarles un impuesto a los bancos en vez de exigirles que cumplan con la normativa
y se preocupen de las personas vulnerables. Un nuevo impuesto cuando, prorrateando los datos de agosto, se incrementará la recaudación en 2022 en 40 500 millones de euros.
Como les decía, todo pose. Un ejemplo: a mi provincia se acercó el secretario general del Tesoro y la única senadora socialista de Palencia trasladó a los medios de comunicación el interés del Ministerio de Asuntos Económicos por llegar a
acuerdos con la Diputación Provincial de Palencia y la Junta de Castilla y León, ambas gobernadas por el Partido Popular, para resolver el problema de la exclusión financiera. Le pregunté por escrito al Gobierno cómo iba a plasmar esta colaboración
y no me contestó nada sobre posibles acuerdos. Eso sí, me trasladó que el Gobierno viene impulsando y haciendo seguimiento a un marco de medidas a nivel nacional para tratar de manera holística la problemática descrita. ¡Genial! Es decir, lo
tratamos como un todo para no hacer nada concreto. ¿Por qué, en vez de presentar esta PNL, no se molestan en llegar a acuerdos con las administraciones territoriales y las entidades financieras para solucionar el problema de la accesibilidad y la
exclusión financiera? Porque en la solución de los problemas no es en lo que están pensando, sino solo en vender su supuesta preocupación. No podemos estar en contra de que se exija cumplir la normativa, pero no vamos a apoyar una PNL ridícula que
no tiene fondo ni objetivo ni utilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para expresar si acepta o rechaza las enmiendas.
La señora SEVA RUIZ: La votaremos en sus términos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA EUTANASIA DESDE LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente
161/004032).
El señor PRESIDENTE: A continuación, iniciamos el punto 5.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la elaboración de un estudio sobre la incidencia de la eutanasia desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24
de marzo, de Regulación de la Eutanasia. Es del Grupo Parlamentario VOX y, para defenderla, tiene la palabra su portavoz Reyes Romero. Cuando quiera, tiene cinco minutos.
La señora ROMERO VILCHES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, VOX es un partido que está decididamente a favor de la vida; el único de esta Cámara, porque hay otros partidos que decían ser provida o que lo dicen todavía cuando quieren ganar votos en determinados ambientes, pero luego, a la
hora de la verdad, votan sistemáticamente en contra de la vida humana. Aquí tienen una buena ocasión para demostrar de qué lado están.
Nosotros, los de VOX, tenemos autoridad moral para proponer iniciativas como la que hoy presentamos en esta sala, iniciativas que lo que pretenden es que la sociedad reflexione sobre el triste y sombrío camino de muerte que ha emprendido con
la ley de la eutanasia. Nuestra postura al respecto ya ha quedado bastante clara en muchas ocasiones: VOX es el único partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La dignidad del ser humano no permite que se contemple
siquiera la posibilidad de que nuestro sistema público de salud se convierta en una instancia que se dedique a eliminar vidas humanas consideradas residuales. A la misma profesión médica, como siempre la hemos entendido desde Hipócrates hasta la
actualidad, le repugna la idea de que el personal sanitario tenga la facultad de quitarle la vida a sus semejantes, aunque sea a demanda de estos. Los médicos se preparan para curar, señorías, no para matar. Así se recoge en su juramento
hipocrático. Cuando una persona en su sano juicio escucha la expresión 'yo me quiero morir', lo que todos entendemos es que esa persona
está sufriendo y necesita ayuda. A nadie se le ocurriría darle un veneno a esa persona sufriente con la excusa de que se lo ha pedido ella. Y cuando una persona en un hospital, en una situación médica complicada, nos dice que se quiere
morir, lo que nos está diciendo es que no quiere padecer y necesita urgentemente unos cuidados especiales. Los protocolos de nuestros hospitales y las condiciones técnicas de la medicina actual permiten una atención digna a las personas que se
encuentran en esa situación gracias a los cuidados paliativos, sin necesidad de recurrir a la solución final que supone la práctica de la eutanasia. Por eso, VOX registró ayer en el Congreso una ley de cuidados paliativos, para que todos los
enfermos reciban en el proceso final de su vida los cuidados que merecen.
Ustedes, los partidos que defienden la cultura de la muerte, se agarran a la voluntad de los interesados, al muy socorrido argumento del derecho a elegir, pero siempre lo usan en un contexto equivocado. Por ejemplo, a la hora de elegir
escuela o de escoger el idioma en el que rotular tu negocio, parece lógico que se haga al gusto del consumidor, pero en esos casos imposición y mano dura. En cambio, cuando se trata de eliminar vidas humanas, entonces sí existe el derecho a elegir.
No hace falta haber estudiado derecho para entender que la expresión de la voluntad no es tan sencilla como parece a simple vista; a veces se producen situaciones de error, de intimidación o de miedo que vician una declaración de voluntad. Muchas
veces la persona que expresa su voluntad puede estar presionada por terceros, estar engañada, haber tomado sustancias que oscurecen la conciencia o encontrarse en una situación traumática; y está claro que una persona en un hospital con una grave
dolencia está en una situación de vulnerabilidad máxima, sometida a dolor y, a veces, a aislamiento, confusión o desesperanza. A menudo ha tomado fármacos, está presionada por sus familiares o incluso por el sistema sanitario, cuyos recursos
económicos sabemos que son limitados. Tenemos derecho, pues, a desconfiar de que esas declaraciones de voluntad supuestamente libres puedan estar condicionadas, mediatizadas o simplemente manipuladas.
Además, la experiencia de los países que más tiempo llevan aplicando la eutanasia nos dice que estamos ante una típica pendiente resbaladiza en la que, supuestamente, se legisla para casos extremos muy graves, como ocurrió con la ley del
aborto, pero que inevitablemente se convierte en práctica rutinaria y se utiliza en supuestos cada vez más frecuentes, hasta el punto de que empieza a haber una presión psicológica sobre todos los pacientes que tienen determinado diagnósticos o que
han alcanzado cierta edad. Lo vemos en el país pionero en este siniestro asunto de la eutanasia, en Holanda. Allí en el año 2001 se aprobó esta ley y en los primeros cinco años de vigencia el número de casos no superaba los 2000 al año; en
cambio, hoy, veinte años después, en 2020, estuvo muy cerca de los 7000 casos y continúa creciendo. Ahora las enfermedades mentales o degenerativas, como la ELA o la COVID, son causas muy frecuentes que se esgrimen para solicitar la muerte,
aplicándose incluso a niños. A lo mejor aquí, como diría la señora Montero, los niños, las niñas y 'les niñes' también tienen derecho a que se les aplique esta barbaridad.
Como digo, el objetivo de nuestra iniciativa es recabar de primera mano información de cuáles son las consecuencias que está provocando esta práctica, en qué condiciones concretas se está aplicando, observando además las desigualdades y
desequilibrios que se producen como consecuencia de este Estado autonómico en el que incluso los ataques al derecho a la vida se aplican en cada territorio de una manera aleatoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra su portavoz, don José Ortiz, para defender la enmienda que han presentado a esta proposición no de ley. Cuando quiera, tiene
tres minutos.
El señor ORTIZ GALVÁN: Gracias, presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, queremos dejar claro que estamos en contra de la Ley Orgánica 3/2021, de 29 de marzo, de Regulación de la Eutanasia. Este grupo parlamentario considera que esto se trata de un
suicidio asistido, y así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Una alternativa a esta ley era la que se presentó por parte de nuestro grupo parlamentario, la ley de garantía y universalización de los cuidados paliativos, una ley con
derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida. Señorías, es que estamos hablando de algo muy serio. Además, este grupo presentó una PNL en defensa de los pacientes para tener un instrumento legal que extendiera
y permitiera la igualdad y la equidad en el tratamiento paliativo en todo el territorio nacional. Es decir, hemos hecho nuestro trabajo de ofrecer una alternativa.
Para el Grupo Parlamentario Popular, que tengo el honor de representar, lo fundamental es que se legisle sobre derechos y garantías que aseguren la aspiración a morir de forma digna, con un adecuado y avanzado tratamiento paliativo. Tenemos
que recordar que en el año 2018 el Partido Socialista votaba en contra de la eutanasia; tres años más tarde votaba a favor. Es lo que tiene estar vendido a los socios parlamentarios para seguir manteniendo un mandato acabado y desgastado. Ojalá
-y se lo decimos desde el corazón- vuelva el PSOE de toda la vida y deje atrás el sanchismo.
La aprobación de esta ley fue en contra de la declaración y doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de asociaciones médicas, del Comité de Bioética de España y de muchos organismos y entidades que
manifestaron su rechazo a la ley. Los cuidados paliativos son una forma asistencial que tiene por objeto la calidad de vida y el bienestar de las personas que son incurables. Nosotros -lo volvemos a decir- estamos a favor de la vida y no de la
muerte. El retroceso en los cuidados paliativos sitúa a España en la cola de Europa. El 70 % de las unidades del dolor no disponen de recursos avanzados y, además, hay una inequidad en el tratamiento dependiendo del territorio, dependiendo de cada
comunidad autónoma. Por lo tanto, señorías, tenemos el deber de legislar en pro de la vida y de dar soluciones para dignificar la condición humana. Esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y lo vamos a seguir diciendo, porque además contamos
con la opinión favorable de muchos organismos y entidades y, sobre todo, de expertos médicos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en lo que manifiesta la PNL sobre que debe existir transparencia -ahí estamos de acuerdo-, pero en el Grupo Parlamentario Popular consideramos que se deben añadir dos puntos a esta PNL y, por eso, presentamos
una enmienda de adición que añade los puntos 3 y 4. Ya concluyo, presidente. El nuevo punto 3 instaría a actualizar la estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud y el último punto, el 4, sería para impulsar una ley de garantía
y la universalización de los cuidados paliativos. Confiamos en que sean aceptadas, porque, de aceptarse, irían con la mayoría social de este país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, ya para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Pilar Garrido. Cuando quiera, tiene dos minutos.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.
Creo que me van a sobrar, porque es difícil responder a la cantidad de barbaridades que contiene el texto de la PNL. Hablar de la ley de eutanasia o de la eutanasia en términos de homicidio legal, horror disfrazado de compasión o, ahora
mismo, lo de la cultura de la muerte realmente son grandes barbaridades.
La eutanasia significa etimológicamente 'buena muerte' y la propia ley define lo que es: 'El acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento'.
Aquí parece que las convicciones de VOX se mueven, porque siempre defendéis la libertad individual, pero ahora apostáis por la imposición del deber de vivir en condiciones, para muchas personas, penosas e irreversibles y, además, en contra de los
deseos y las convicciones más íntimas de esas personas, con lo cual la libertad individual a veces sirve y otras veces no sirve.
Por otro lado, en el texto se hace alusión a Cataluña y a Euskadi en el sentido de que la ley de la eutanasia parece que se aplica adecuadamente. Esto tiene que ver con la aplicación y el respeto a la ley, al contrario de lo que pasa en
otras comunidades autónomas, donde no se ponen los medios necesarios para aplicarla. Por lo tanto, podríamos hablar al menos de negligencia de estas administraciones; administraciones donde ustedes gobiernan o donde gobierna la derecha. Aquí
también se produce una discriminación; tanto que hablan ustedes del derecho a la igualdad de todos los españoles, aquí hay una discriminación porque los catalanes y las vascas podemos acogernos a una ley que está legalmente vigente mientras que en
otras comunidades donde gobiernan ustedes parece que se pasan esta ley por el arco del triunfo. Además, es verdad que no aplican una ley -y, por lo tanto, actúan al menos de manera negligente-, pero tienen un problema mayor -y con esto acabo-,
porque el hecho de poner trabas a este derecho sucede en casos como el que conocimos hace unos meses de una mujer -creo que era a principios de julio- que había pedido en el Hospital Gómez Ulla de Madrid el derecho a la eutanasia y, tras no tener
ninguna respuesta y pasados unos meses, decidió reservar una habitación en un hotel y quitarse allí mismo la vida. Así pues, denle una vuelta a este tema, por favor.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, en este caso, Carmen Andrés. Cuando quiera, tiene dos minutos.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Gracias, presidente.
Buenas tardes, diputados y diputadas. La Ley Orgánica 3/2021, de Regulación de la Eutanasia, ya contempla la medida objeto de su proposición, señorías de VOX. En su artículo 18 dispone que las comisiones de garantía y evaluación de las
comunidades autónomas elaborarán y harán público un informe anual -la ley acaba de cumplir justo un año- de evaluación sobre su aplicación. INGESA elaborará este informe para las ciudades de Ceuta y Melilla. El informe se remitirá al Ministerio de
Sanidad, que presentará y hará públicos los datos conjuntos. Vuelvo a repetir que ha pasado un año desde la entrada en vigor de la ley y, por lo tanto, los informes anuales tendrán que ser elaborados enseguida por las comunidades autónomas. ¿Cuál
es el objetivo de estos informes? Pues ser un elemento armonizador y un factor adicional de garantía de calidad asistencial y de que se está cumpliendo la ley, de que se está facilitando el derecho de las personas que quieren acogerse a él, que es
un objetivo muy distinto al que persiguen ustedes con su proposición, que es precisamente poner trabas al ejercicio de este derecho reconocido legalmente a todos y cada uno de nosotros a una muerte digna. Las leyes son de obligado cumplimiento,
también cuando no se está de acuerdo.
Intoxicaron con bulos todo el proceso de tramitación de la ley y hoy vuelven a hacerlo. Siguen insistiendo en que la decisión la puede tomar otro, pero no. Es una decisión personalísima -así lo dice la ley-, hasta tres veces hay que
manifestar el consentimiento, que es reversible en todo momento; y, en el caso de no estar en plenas facultades, la ley exige el testamento vital o un documento equivalente. Por lo tanto, son bulos que tienen ustedes siempre a mano para
desacreditar y evitar la aplicación de la ley. No cejan en su empeño, pero no lo van a conseguir, porque la mayoría social de este país -siete de cada diez personas- está a favor de la eutanasia; por cierto, más de la mitad de sus votantes, miren
usted la encuesta del CIS. Las fuerzas políticas, junto con estos siete de cada diez españoles y españolas, haremos posible que se siga cumpliendo la ley. Defenderemos el derecho a una muerte digna, así como trabajamos por una vida digna.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, y solo a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda, la portavoz del Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra.
La señora ROMERO VILCHES: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- RELATIVA A REGULAR LA FIGURA DE LA ASISTENCIA PERSONAL RECOGIDA EN LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/004410).
El señor PRESIDENTE: Ahora deberíamos discutir el punto 6.º del orden del día, pero hemos acordado que se hará al final. (Asentimiento). Por lo tanto, pasamos al punto 7.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a
regular la figura de la asistencia personal recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Es del Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla, tiene la
palabra su portavoz, Alicia García. Cuando quiera.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
En España la asistencia personal tiene un largo camino social, jurídico y administrativo por recorrer. Está regulada en el catálogo como una prestación de la ley de dependencia y autonomía personal. Se recoge también en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en el artículo 19 ya se hace una mención específica a la vida independiente.
Debatimos esta proposición no de ley y solicitamos precisamente al Gobierno regular urgentemente la asistencia personal. Llevan más de cuatro años en el Gobierno y no acaban de concretarlo. Pedimos que se haga contando con las comunidades
autónomas en el marco del consejo territorial, porque no puede ser de otra manera. ¿Por qué lo hacemos? Porque la asistencia personal permite a las personas vivir donde decidan. Estamos convencidos de la importancia que tiene esta prestación para
promover
que las personas con discapacidad o las personas mayores puedan vivir en su entorno familiar el mayor tiempo posible con los apoyos necesarios para estar en su casa o donde ellos decidan. La asistencia personal permite elegir en libertad.
Es la persona quien elige la prestación que en cada momento de su vida pueda necesitar para atender sus singularidades, ya que aunque se tenga el mismo tipo de discapacidad las necesidades de apoyo pueden ser distintas. Por tanto, permitiría elegir
en libertad y dar protagonismo a la propia persona.
Desde luego, hablar de estrategias de desinstitucionalización, como hemos hecho hoy aquí, sin hablar de regular la asistencia personal no tiene mucho sentido. Además, este servicio de asistencia personal, que es muy versátil y flexible,
podría ser compatible con otras prestaciones porque es perfectamente adaptable a cada persona y a cada situación específica, por lo que es una auténtica garantía, como su propio nombre indica, de personalización de la atención. ¿Y por qué? Porque
además de ser un apoyo importante para las personas con discapacidad y dependencia también es una prestación que genera empleo y que se adapta al territorio y a las necesidades específicas de la sociedad y de la propia persona, especialmente en el
medio rural. Asimismo, consideramos que esta regulación debe abordar una completa regulación de la propia figura del asistente personal, definiendo con claridad la capacitación y la formación de las personas que ejerzan las funciones de asistencia
personal. Ya hay experiencias y, además, este tema está consensuado entre todas las discapacidades, por eso pedimos que se haga de conformidad con lo reclamado por las entidades especializadas en el ámbito de la discapacidad y la dependencia.
¿Por qué quieren eliminar vía enmienda que las entidades especializadas formen parte de la regularización de esta prestación? La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, reclamó en su congreso sobre asistencia
personal la regulación de la asistencia personal como clave para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y mayores. El presidente de PREDIF, Francisco Sardón, afirmó que lo que las personas con discapacidad piden es que la
regulación tenga en cuenta sus intereses y los de los asistentes personales y que se haga con equidad para que todas las personas que lo deseen puedan tener un asistente personal. El presidente del CERMI advirtió que el movimiento asociativo ha
hecho sus deberes, ya que no era fácil consensuar entre todas las discapacidades la figura de la asistencia personal, y ahora tenemos que hacer nosotros nuestros deberes.
Apoyen esta PNL y estarán apoyando al CERMI, a PREDIF y, en definitiva, a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Por ello, presentamos como una necesidad acuciante regular esta prestación, determinando su finalidad,
características y los objetivos principales, de tal manera que se encamine a lograr una vida lo más independiente posible de la persona en situación de dependencia, facilitando su acceso a aspectos tan importantes como la educación, la cultura, el
ocio o el tiempo libre. También ahora el Ministerio de Derechos Sociales tiene la responsabilidad de liderar un proceso de construcción entre las comunidades autónomas y consensuar un modelo para regular esta figura, que es una necesidad imperiosa
a fin de fijar intensidades, la formación y las relaciones laborales específicas dentro de un marco legal, acuerdo que ya existe en el marco del CERMI. Por eso, solicitamos su apoyo para que el Gobierno regule a la mayor brevedad posible la figura
de la asistencia personal.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En este caso hay tres enmiendas, una del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, otra del Grupo VOX y otra del Grupo Socialista.
A continuación, tiene la palabra para defender las enmiendas presentadas por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos su portavoz, Marisa Saavedra, para lo cual tiene tres minutos.
La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Gràcies, president.
El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales acordó en enero de 2021, a propuesta del Gobierno, la puesta en marcha del Plan de choque para el impulso del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Una de las
medidas contempladas en este plan de choque es la regulación de la figura del asistente personal. Este plan, tras años de recortes y degradación de los servicios por parte del Partido Popular, recogía dos cuestiones importantes: una mayor
financiación, y con ello más servicios y prestaciones, y la agilización de los procedimientos de gestión de la atención a la dependencia para acabar con las listas de espera. Es decir, este Gobierno de coalición ha impulsado una política de
atención a la dependencia diametralmente opuesta a la realizada por el Partido Popular, que en sus años de Gobierno prácticamente liquidó la financiación y redujo ayudas y servicios a la dependencia. Este Gobierno impulsa un nuevo modelo de
cuidados que entre sus principios contempla la atención en la proximidad o la desinstitucionalización -es decir, atender a las personas en su entorno- y la atención
centrada en la persona, respetando su dignidad, sus proyectos vitales y también su intimidad, lo que implica modelos más flexibles de atención. Por todo ello, este Gobierno está abordando el recurso de la asistencia personal que el Partido
Popular obvió por completo cuando gobernaba y que tanto han reivindicado los movimientos de vida independiente y las entidades y organizaciones del ámbito de la discapacidad. Lo está impulsando tanto en el seno del consejo territorial, como se ha
dicho, como en el ámbito de las reformas legislativas promovidas por el Ejecutivo. Recientemente finalizó el plazo del procedimiento de consulta y audiencia pública para modificar varios artículos de la Ley de Dependencia para adecuarlos a la
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, entre los cuales se encuentran los referidos a la asistencia personal. El consejo territorial ya está abordando este tema sin haber alcanzado aún el consenso suficiente. Se está trabajando
y, por tanto, se está abordando esta cuestión que plantea esta PNL de manera muy intensa por parte del Gobierno. Por tanto, hemos planteado una enmienda a esta PNL que hace referencia a continuar el esfuerzo que ya está realizando el Gobierno de
coalición. Si se acepta esta enmienda, votaremos a favor de la de la PNL.
Para acabar, quiero manifestar el asombro de mi grupo parlamentario ante la hipocresía del Partido Popular, que durante años se ha dedicado a demoler la Ley de Dependencia (la señora García Rodríguez: Eso no es verdad) sin desarrollar en
absoluto o prácticamente nada ni promover este recurso de la asistencia personal, y desoyendo sistemáticamente a la sociedad civil y a las entidades de la discapacidad y a todo el movimiento de la diversidad funcional, que reivindicaba de manera
insistente una atención adecuada a la dependencia y en concreto este recurso de asistencia personal. En este momento el Gobierno de coalición está trabajando intensamente para que sea una realidad y desarrollarlo en toda su dimensión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario VOX, su portavoz, Juan Carlos Segura. Cuando quiera, tiene usted tres minutos.
El señor SEGURA JUST: Muchas gracias, presidente.
Evidentemente, nuestro grupo está a favor de la asistencia personal a personas discapacitadas, como no podía ser de otra forma. Pero los diputados de VOX tenemos dos funciones fundamentales: una es buscar pufos del Gobierno y del PSOE, que
es lo mismo, y la otra es detectar chiringuitos. Así pues, cada vez que tengo acceso a una PNL descubro un chiringuito que me sale en el texto, de los miles o cientos que hay y que se están creando continuamente. Y aquí me sale un chiringuito con
un nombre que, como estoy en la Comisión de Transportes, me recuerda a un tren de lo largo que es: el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia. (Risas). No está mal el nombre. El
citado consejo depende del Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Si alguien tiene que hablar, por favor, que salga fuera.
El señor SEGURA JUST: Este chiringuito o este organismo ministerial, vamos a llamarlo con este nombre, tiene como función coordinar las comunidades autónomas. Como las comunidades autónomas llevan velocidades diferentes, unas van muy
rápidas, unas conceden, por ejemplo, más horas a la asistencia personal a los discapacitados y otras menos, pues se supone que este chiringuito-organismo tiene que coordinar a las comunidades autónomas, pero esto es como si quisiera coordinar a una
tortuga y a una liebre en una marcha. Lo único que se puede hacer es retener a la liebre para que la tortuga la alcance, con lo cual esta coordinación es absurda. Además, tenemos este organismo y no sabemos el presupuesto que tiene ni el personal
con que cuenta, y nos consta que coordina, pero no hace absolutamente nada por los discapacitados. Tenemos por un lado a los discapacitados y, luego, hay otras personas que son las personas capacitadas para ganar dinero a costa de los
discapacitados. Esto en España se rige según estos términos y en lo que a esta Comisión atañe.
Evidentemente, tenemos un nuevo fracaso de las comunidades autónomas. Cada comunidad aplica su propia política en referencia a la asistencia personal y a todo tipo de cuestiones relacionadas con el mundo de la discapacidad. Unas aplican
más horas -el discapacitado tiene más horas, por ejemplo, en una comunidad de asistencia personal, una persona que viene a su casa a asistirle, a ayudarle, a ducharle, a bañarle, a hacerle la comida o a lo que sea- y otras comunidades tienen menos
tiempo. Con lo cual aquí entramos otra vez en el principio de discriminación de los españoles, en este caso de los
discapacitados, que nos introduce el sistema este, que califico como pernicioso, de las comunidades autónomas. Por eso estamos contra las comunidades autónomas, señor presidente, porque crean desigualdad entre los españoles y más entre los
discapacitados, porque, como son personas más débiles, esa desigualdad se hace más patente entre discapacitados que entre personas, vamos a decir, normales (rumores.-La señora Seva Ruiz: ¿Perdón?) o sin discapacidad, como lo quieran entender
ustedes. La función de una PNL es que el Congreso inste al Gobierno a regular la participación de las autoridades, y con las autoridades se refiere a las comunidades autónomas. Nosotros creemos que habría que dar prioridad quizás a los
ayuntamientos o a las entidades privadas, porque, habiéndose demostrado que las comunidades autónomas lo están haciendo muy mal, pues si alguien lo hace mal, que se aparte de en medio y que lo hagan los ayuntamientos o las entidades privadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Fuensanta Lima. Cuando quiera, tiene usted tres minutos.
La señora LIMA CID: Voy a intentarlo.
El señor PRESIDENTE: Inténtelo.
La señora LIMA CID: Después de haber escuchado las aberraciones plasmadas por parte del portavoz de VOX, yo lo único que le puedo decir es que todas las personas tenemos capacidades y discapacidades (aplausos), y ninguna somos normales ni
anormales, pero su intervención ha dejado claro dónde tiene usted su discapacidad patente. (Rumores).
En el estudio de esta PNL creo que vamos a llegar a puntos de acuerdo, pero perdonad por la primera intervención, porque las personas dependientes no se merecen que tengamos que subir la voz en ninguna circunstancia y hay que ser totalmente
respetuosos ante el tema que estamos tratando. Por lo tanto, comienzo.
En primer lugar, tenemos claro que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supuso un cambio radical en la política social. Y lo segundo que quiero dejar patente por parte del Grupo
Socialista tras el estudio de esta PNL es que es curioso que pidan máximos quienes no cumplieron ni con los mínimos, que eran las aportaciones del Estado a la ley de dependencia.
Tenemos la certeza de que es fundamental regular el funcionamiento de la asistencia personal. No me negarán que el camino que se ha andado en esta legislatura ha sido mucho, pero somos conscientes de que queda muchísimo por hacer. Ha
supuesto una política palanca en el Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Las cuidadoras profesionales han vuelto a tener cubierta su cotización a la Seguridad Social, aquellas 170 000 que en el año en el que estaba gobernando el
Partido Popular se las dejó sin cotización a la Seguridad Social. Ha pasado también por el Consejo de Ministros el acuerdo de actualizar anualmente la base de cotización de las trabajadoras que reducen su jornada por tener que asistir a una persona
dependiente. Se ha puesto en marcha el Plan de Choque 20212023, que, sin poner nada más que las cantidades de 2023, 3600 millones, ha supuesto que en este caso, en junio y con datos oficiales, 37 064 personas no estén ahora mismo en la lista de
espera y que 130 931 personas sean nuevas beneficiarias reconocidas por el PIA. Se ha hecho un estudio de evaluación que creo que nos deberíamos estudiar todas y todos los integrantes que estamos aquí, que consta de 578 páginas y que este Grupo
Socialista se ha empapado, porque ahí han participado todos los colectivos, el tercer sector, expertos y también todas las instituciones que trabajan conjuntamente en pro de los derechos de las personas dependientes. Y también se ha presentado un
anteproyecto de modificación de la ley de dependencia, cuya consulta pública ya ha finalizado, y que ha pasado también por el consejo territorial.
Nosotros hemos presentado una enmienda simplemente para continuar el camino que se ha iniciado, que es aquello que aprobamos en Pleno tras el debate del estado de la nación en su resolución 27, apartado 2, para que lo hagamos dentro del plan
de choque de la dependencia y el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad.
Finalizo, presidente. Lo que debemos perseguir quienes estamos aquí, y deberíamos estar de acuerdo, es que las personas deben tener la posibilidad de elegir dónde y cómo vivir, y que lo hagan en un entorno abierto al tomar sus propias
decisiones, con los apoyos necesarios y, en definitiva, disfrutar de una vida digna y plena.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En este punto tan solo nos queda ver...
El señor SEGURA JUST: Señor presidente, por alusiones directas, quería decir algo muy brevemente.
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
¿En base a qué artículo?
El señor SEGURA JUST: En base a una alusión directa. Yo quiero decirle a la diputada del Partido Socialista que yo tengo una hija...
El señor PRESIDENTE: Un momento, le he dicho que espere un momento. Tiene usted la palabra, pero que sea muy corto y sin entrar en debate.
El señor SEGURA JUST: Yo tengo una hija con discapacidad y ningún diputado de la bancada socialista me tiene que explicar absolutamente nada con respecto a esto. Yo solamente he querido decir que las personas normales son personas que
hacen vida normal y los discapacitados lamentablemente no pueden hacer vida normal. (Rumores.-Una señora diputada: Personas con discapacidad).
El señor PRESIDENTE: Le hemos entendido.
Solo nos queda que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos diga si rechaza o acepta las enmiendas.
La señora GARCÍA RODRÍGUEZ: Vamos a ofrecer una transaccional, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
- SOBRE LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/004470).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, que es la Proposición no de ley sobre la mejora de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Es del Grupo Parlamentario Republicano.
Para defender esta iniciativa, tiene la palabra su portavoz, Norma Pujol. Cuando quiera, tiene cinco minutos.
La señora PUJOL I FARRÉ: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas.
Sabemos que la proposición no de ley que presentamos hoy el Grupo Republicano es de una gran importancia para muchas familias, para muchos niños y niñas que padecen una enfermedad grave o cáncer, porque si cualquier enfermedad impacta en la
vida de las personas de manera manifiesta, es necesario ponerse en la piel de aquellas familias a las que de un día para otro les cambia la vida debido a la detección de cáncer o de otras enfermedades graves en sus hijos e hijas en casa. Intento
ser empática y ponerme en su piel, pero realmente me cuesta mucho debido al dolor y desesperación que deben sentir.
La prestación CUME, recogida en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, ha facilitado que progenitores y tutores puedan hacerse cargo de los niños y niñas a través de unos criterios exhaustivos que ayudan a delimitar muy bien quién tiene
y quién no tiene acceso a dicha prestación, pero la realidad es que el acceso a esta prestación está lleno de obstáculos e impedimentos, convirtiéndose muchas veces en un corsé que provoca muchos problemas en una logística familiar que ya de por sí
es muy compleja y muchas veces desesperante ante las dudas que se plantean en las vidas de sus hijos e hijas. Hablamos de complejidad en la gestión familiar porque los tratamientos de estos menores implican en muchos casos el desplazamiento fuera
de su territorio, lejos de su casa.
La prestación CUME, sin entrar en estructuras familiares monoparentales, para las que aún es todo más difícil, está vinculada a que ambos progenitores se encuentren en activo, algo que no siempre es posible debido precisamente al
desplazamiento que incumbe, pero también por la propia necesidad de atención al menor afectado especialmente, así como de otros posibles menores que formen parte de la unidad familiar.
Las tareas de cuidados deben estar correctamente reconocidas y ello implica recoger en la normativa la imposibilidad de que un solo progenitor se ocupe del cuidado del menor afectado en caso
de que haya más de uno, tanto por la carga física como por la psicológica que supone estar veinticuatro horas al día, siete días a la semana y 365 días al año pendiente de enfermedades tan graves como las que engloba la prestación de la
CUME.
Por todo ello, los puntos de esta proposición no de ley son simples pero claros, y estamos trabajando ahora con distintos grupos parlamentarios para llegar a una posible transaccional en la que queden recogidas las sensibilidades de todos
los grupos cuando hablamos de estas prestaciones tan importantes para la vida de estos chicos y chicas, niños y niñas, y todas las familias que están en estas circunstancias.
Si hoy estamos aquí con esta PNL es gracias a las familias que se están organizando en todo el Estado, en nuestro caso familias catalanas, que unen esfuerzos para reclamar cambios que les ayuden a superar los obstáculos a ellas y a las
familias que en un futuro se pueden encontrar en la misma situación. Es precisamente por ellas, pero especialmente por los menores, que ya sufren bastante y que necesitan ser cuidados, por lo que hoy debemos conseguir consenso y hacer que esta PNL
sea aprobada y salga adelante. Pero no solo esto, tiene que ser el punto de partida para que se implementen cambios reales, para que el acuerdo de extender la prestación más allá de la mayoría de edad, hasta los veintitrés años, sea una realidad,
como comentaban los compañeros de otros grupos, y también para ir más allá y seguir mejorando esta normativa y que el sistema de cuidados se siga fortaleciendo y poniendo en el centro de toda política, reivindicando su importancia vital en el
desarrollo de nuestras sociedades.
Hoy, en esta intervención, quiero recordar a dos familias muy próximas que están luchando por esta prestación. Una es la familia de Nikolái, de Flix, y otra la familia de Iris, de Olot. El Grupo Republicano estará siempre a favor de poner
a las personas en el centro y de que todas las familias y niños tengan los mismos derechos. El Grupo Parlamentario Republicano estará siempre para poder ganar en igualdad de oportunidades y para crear una sociedad más justa e igualitaria. La
mejora de la CUME es un ejemplo claro de ello y creo que el consenso sería una muy buena noticia para los niños, las niñas y las familias que padecen una enfermedad grave.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario VOX y otra del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En primer lugar, tiene la palabra por tres minutos el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan Carlos Segura. Cuando quiera.
El señor SEGURA JUST: Gracias, señor presidente.
En mi anterior intervención he hecho una alusión a la quiebra del Estado de las autonomías, y aquí nos encontramos un poco con lo mismo de la exposición anterior. En la misma exposición de motivos, Esquerra Republicana de Catalunya habla de
que hay una falta de despliegue normativo en el cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades. Evidentemente, hay unas comunidades autónomas que tienen normativas, hay otras comunidades autónomas que no tienen ninguna normativa, hay
otras que tienen una normativa más restringida y otras que tienen normativas más ampliadas. Pero otra vez tenemos aquí el guirigay autonómico que hace que, en definitiva, las perjudicadas sean las familias, lo que me hace pensar que incluso habrá
familias que pensarán en un cambio de domicilio a la comunidad autónoma de al lado que tendrán más ayudas CUME que en la comunidad autónoma donde está. Esto evidencia la incapacidad de las comunidades autónomas para establecer políticas generales y
similares en temas tan básicos como dar una prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
En el Grupo Parlamentario VOX, evidentemente, queremos que las CUME aumenten porque es una ayuda salarial para las familias. Y, otra vez, en el asunto de la Administración competente yo creo que habría que darle la oportunidad a los
ayuntamientos, que gestionan mucho mejor que las comunidades autónomas cuestiones de este tipo y otros tipos similares. El CUME siempre suele ser escaso. Las familias, además, tienen muchas dificultades para acceder a estas ayudas y se ven
obligadas a interponer demandas judiciales en los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia españoles en todas las comunidades autónomas están plagados de demandas contra la Administración pública, en este caso autonómica, por la falta de
las ayudas CUME, porque la Administración lo que hace es poner pegas; por ejemplo, que se supera la edad para recibir la prestación; por ejemplo, que se exige la hospitalización del hijo para cobrar la prestación. Nosotros entendemos que la
prestación tiene que ser per se, porque es un bien para la familia. Quizá, para evitar estas demandas lo que habría que hacer es que solo o también se precise un cuidado ambulatorio, un cuidado directo, un cuidado continuo y un cuidado permanente
hacia
el menor, así como aumentar la edad del hijo causante de la prestación, siempre que exista esa necesidad de los cuidados. Con lo cual, desde el ansia, el deseo de expandir el CUME, entendemos que no solo es un tema económico, sino que
además habría que alcanzar cuestiones como otro tipo de prestaciones que se tendrían que estudiar en el futuro: la conciliación laboral, cuidados médicos ampliados y cuestiones de ortopedia, que hasta la fecha, por lo menos en esta vía, no están
contemplados.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, su portavoz, Diego Movellán. Cuando quiera, tiene tres minutos.
El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere comenzar haciendo un reconocimiento especial a todas aquellas familias y a todos aquellos progenitores, adoptantes o acogedores que en estos momentos están cuidando a sus hijos con
cáncer o con enfermedad grave o rara. Somos conscientes y conocedores de su dedicación, de su esfuerzo, de las renuncias en el día a día y del coraje, y por ello siempre estaremos trabajando para dar respuesta a sus reivindicaciones. Lo hemos
hecho en el pasado, lo seguimos haciendo hoy y lo haremos en el futuro.
Lo hicimos en el pasado en esta misma Cámara, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el 20 de octubre del año pasado, cuando pusimos voz a los miles de padres y madres que reclamaban mejoras en la prestación CUME, mejoras en la acción
protectora de la Seguridad Social. Esa PNL fue aprobada por la unanimidad de todos los grupos de las Cortes Generales, y lo que decía es que la prestación continuará más allá de la mayoría de edad legal de los menores cuando las circunstancias que
daban derecho a la prestación siguieran vigentes. Lo hicimos a través de una enmienda a los presupuestos generales con ese objetivo de ampliar la cobertura y con un propósito claro, que es ayudar a todas aquellas familias, especialmente a aquellas
con hijos con enfermedades minoritarias, crónicas y degenerativas, que acaban generando un alto grado de discapacidad que, lejos de solucionarse cuando se cumple la mayoría de edad legal, se agrava, puesto que en muchos casos no existen tratamientos
efectivos. Lo hicimos también en el Senado, a través del Grupo Parlamentario Popular, con esa proposición de ley para la reforma del artículo 42.1.c) -estamos hablando de noviembre del año 2020-, que ha llegado aquí, al Congreso, y cuyo periodo de
enmiendas se ha ampliado sesenta y nueve veces. ¿Qué perseguíamos con esa proposición de ley? Dar respuesta a la realidad que están viviendo muchas familias, que se ven obligadas a trasladarse a otras comunidades autónomas para acceder a
diagnósticos o tratamientos, y que en la actualidad lo tienen que hacer con permisos laborales no retribuidos, dejando de percibir ingresos, ya que esta contingencia no está recogida en la Seguridad Social.
Frente a esta acción positiva del Grupo Parlamentario Popular, nos encontramos con un Gobierno que pone trabas a la mejora de la cobertura CUME y de la Seguridad Social a los padres y madres con hijos enfermos de cáncer o enfermedades
graves. Yo no sé si valoran el coste económico frente al beneficio social de la acción protectora de esta prestación. Estamos hablando de que hace diez años que se puso en funcionamiento y han sido veintidós mil las prestaciones concedidas, y en
este año estamos hablando de nueve mil expedientes en vigor. Y digo que ponen trabas porque no cumplen la PNL que aprobamos por unanimidad; han ampliado sesenta y nueve veces la reforma de la Ley de Seguridad Social para permitir esos permisos
retribuidos a los padres y madres, y no dan soluciones efectivas a los problemas que se están viviendo en el día a día: problemas para las prórrogas cuando cumplen dieciocho años por parte de las mutua; se está dejando fuera a aquellos con edades
comprendidas entre dieciocho y veintitrés años y que lo solicitan por primera vez, y además no dan la posibilidad, que es algo que propone el Partido Popular a través de una enmienda, de que esta prestación fuera alternativa, es decir, que la puedan
disfrutar ambos progenitores.
Hablaba de que hemos trabajado en el pasado, en el presente apoyando esta iniciativa, como haremos hoy, y en el futuro con la presentación de nuevas iniciativas, porque entendemos que se tiene que prestar una especial atención -y finalizo,
presidente- a aquellas familias cuyos hijos, unido a una enfermedad, tienen un alto grado de discapacidad. Por eso, presentaremos iniciativas que esperamos que sean aprobadas por el resto de grupos políticos.
Esperamos llegar a un acuerdo, pero le diría a la señora proponente que, a veces, más vale estar menos acompañado que estar con una compañía de palabra pero no con hechos, como estamos viendo con este Gobierno, que las familias se encuentran
con trabas y el Gobierno mira para otro lado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra Mercedes Pérez, por un tiempo de dos minutos.
Cuando quiera.
La señora PÉREZ MERINO: Buenas tardes.
La denominada prestación CUME compensa -como sabemos y como se ha explicado aquí- la pérdida de ingresos que sufren los progenitores que reducen su jornada laboral y su salario para cuidar de manera directa, continua y permanente del menor a
su cargo. Los fondos proceden de la Seguridad Social, pero es la entidad gestora o la mutua la que dicta resolución y gestiona la ayuda. Esta ayuda, regulada -como han expuesto aquí antes- en el Real Decreto 1148/2011, estaba dirigida hasta el
pasado 31 de diciembre únicamente a padres y madres con menores de edad con cáncer o enfermedades graves. A través de ella, el padre o la madre del niño podían reducir su jornada laboral a un mínimo del 50 o a un máximo del 99 %, sin que esa
reducción supusiese un detrimento en los ingresos salariales. Es decir, tenían derecho a una reducción horaria sin reducción económica. No obstante, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se produjo la ampliación de
dicha prestación hasta los veintitrés años. Sin embargo, tal y como denuncian las asociaciones, este compromiso se redactó de manera poco explícita, por lo que las mutuas gestoras, a las que corresponde la gestión y el pago de la prestación
económica, se están acogiendo a un vacío legal para no otorgarlas.
La norma, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, dice que se mantendrá la prestación a aquellas familias cuyos hijos superen la mayoría de edad en el año 2022, pero lo que ha pasado es que muchos niños han cumplido los diecinueve años,
por ejemplo, en octubre y, por lo tanto, han estado dos meses sin recibir esa ayuda. Como la norma dice que se mantendrá y no que se reanudará, las mutuas se acogen a ese matiz para no seguir dando dicha prestación.
Esa barrera se ha unido así a muchas otras problemáticas. Los afectados cuentan que hay compañías que están exigiendo documentación que la ley no requiere y que retiran la ayuda al trabajador alegando erróneamente que el niño ha mejorado o
que no tiene en cuenta los conflictos que pueden surgir entre parejas separadas. Algunas también se extralimitan en sus funciones al decidir el porcentaje de reducción de la jornada, que puede ir del 50 al 99 %.
En coherencia con las demandas de las asociaciones, mi grupo parlamentario se posiciona a favor de la PNL del Grupo Parlamentario Republicano en esta materia, es decir, trabajar de manera coordinada con las comunidades autónomas para
establecer un marco normativo que permita unificar y clarificar los criterios de acceso a la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, aumentar la dotación, complementar la prestación CUME, extender la
prestación a ambos progenitores -ya finalizo- y equiparar los permisos de reducción de jornada a los que se encuentran sujetos los funcionarios del decreto que regula la CUME para el resto de trabajadores. Y, por supuesto, es nuestro deseo
establecer en el marco de la futura ley de familias mejoras en el diseño de la ampliación que mantengan esta cobertura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Maribel García, por dos minutos.
La señora GARCÍA LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
Hoy el Grupo Republicano nos trae a debate una iniciativa sobre la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Esta prestación económica está incluida dentro de la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social. El objetivo es compensar la pérdida de ingresos que sufren al tener que reducir su jornada con la consiguiente disminución de salarios, y el importe de la prestación depende del salario del trabajador y del porcentaje de jornada
que se haya reducido.
Son las familias, madres y padres, las que nos reivindican constantemente la mejora de esta prestación, que les permita garantizar el cuidado y atención constante que sus hijos e hijas precisan. El Partido Socialista siempre ha contribuido
a avanzar en este sentido, porque sabemos que hay que dar una respuesta adecuada y justa a las familias con menores que sufren enfermedades graves y que, en muchos casos, son causa de discapacidad y de grandes necesidades de apoyo.
En 2019, siendo ministra nuestra compañera Magdalena Valerio, la Seguridad Social amplió el catálogo de dolencias graves que pueden dar lugar al reconocimiento de la prestación e incluyó tres nuevas patologías pediátricas. Además, se
estableció la posibilidad de dar cobertura a otras patologías
graves que, por indicación expresa del facultativo, precisen de cuidados permanentes en régimen de ingreso hospitalario u hospitalización a domicilio.
En los últimos presupuestos generales aprobados para el actual año 2022, los grupos parlamentarios acordamos una importante mejora al ampliarse el periodo de percepción hasta los veintitrés años, de manera que se completaba así la normativa
que originó la prestación, impulsada y aprobada en 2011 por un Gobierno socialista.
Mi grupo coincide ampliamente con la mayoría de las cuestiones que pone de relieve esta iniciativa. Por eso vamos a seguir trabajando, para mejorar aún más la CUME en la negociación que se inicia en breve con la tramitación parlamentaria de
los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023, que es donde cambiamos la realidad de nuestro país, vinculándola directamente a las cuentas del Estado. Sabemos que hay que seguir dando respuesta a las familias y así contribuir a
garantizar el bienestar y los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, solo para expresar si rechaza o acepta las enmiendas, la portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Cuando quiera.
La señora PUJOL I FARRÉ: Vamos a presentar una enmienda transaccional con el PP y rechazamos el resto de enmiendas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
- SOBRE MEDIDAS DE MEJORA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/004294).
El señor PRESIDENTE: Ahora entramos en el último punto del orden del día, que es el que habían dejado aparcado: proposición no de ley 6.º sobre medidas de mejora del ingreso mínimo vital, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Angulo, por cinco minutos.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.
A pesar, señorías, del empeño del Gobierno en negar la crisis económica y social en la que nos han metido, la realidad es incuestionable: cada día son más las familias que no pueden atender sus necesidades básicas por la subida de la luz,
el gas, los alimentos o la inflación. Ustedes hablan de justicia social, pero hoy hay más de 13 millones de personas en España en situación de pobreza y exclusión. Casi 4 millones padecen carencia material severa y tenemos una de las tasas de
pobreza más grandes de Europa. Los bancos de alimentos alertan de la cronificación de la pobreza y ha aumentado un 20 % la demanda de alimentos.
La realidad es la mejor prueba del fracaso del llamado escudo social del Gobierno y la verdadera cara antisocial de este, porque, en el momento de mayor recaudación de la historia -27 000 millones de euros más a costa del empobrecimiento de
los españoles-, el Gobierno se niega a bajar los impuestos a las familias, ni tan siquiera los que afectan a la cesta de la compra, cuya subida es la más alta de los últimos cuarenta años, como les pedimos desde el Partido Popular.
Se ha demostrado que la propaganda no resuelve los problemas y esto ha ocurrido también con el ingreso mínimo vital, una prestación que no está sirviendo para lo que nació: reducir la pobreza y procurar la inclusión social y laboral de sus
beneficiarios. Dos años después de su aprobación, la pobreza ha crecido alarmantemente en España y aun así apenas lo percibe el 13 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, solo uno de cada cinco hogares en exclusión, y se rechazan
casi el 70 % de las solicitudes.
La AIReF, en su opinión sobre el ingreso mínimo vital, manifiesta que su capacidad para reducir la pobreza está siendo limitada y que apenas ha alcanzado el 50 % de los beneficiarios previstos. Además, es preocupante el elevado número de
personas, 400 000 dice la AIReF, el 57 % de los posibles beneficiarios, que, teniendo derecho a recibirlo por estar en situación de pobreza, ni tan siquiera lo están solicitando.
Las causas son las mismas que llevamos repitiendo mucho tiempo: un programa inestable y complejo; un procedimiento inaccesible; unas valoraciones erróneas; una resolución lenta; una necesidad de recursos de los que se carece; un
excesivo coste o esfuerzo en relación con lo que luego se va a percibir; un difícil acceso a datos e Internet y otras causas. Por lo tanto, es necesario abandonar el triunfalismo si lo que se quiere es que llegue a quien realmente lo necesita, que
es lo que no está ocurriendo.
A lo mejor ustedes hoy nos hablan de una anunciada actualización de su importe, como hemos oído, pero, señorías, la actualización de cero euros para esos cientos de miles de familias a las que se les ha denegado o que ni siquiera saben cómo
pedirlo, aun necesitándolo, será de cero euros.
Les proponemos en nuestra proposición que mejoremos la gestión y la tramitación para que llegue a quien lo necesita, simplificar la documentación y cumplir los plazos para las resoluciones y que estas vengan motivadas para evitar más
indefensión aún a personas vulnerables obligadas a recurrir a ciegas -en el 2021 se representaron 102 000 reclamaciones administrativas- y que se ejecuten provisionalmente las sentencias estimatorias, porque la gente no puede esperar. Pedimos
reforzar los medios del INSS para atender presencialmente a unas personas que sufren la mayor brecha digital, pues la falta de efectivos está incluso provocando el cierre de los centros de atención de la Seguridad Social.
Nos anuncia también el señor ministro en algunas ocasiones futuras contrataciones de interinos y, para nosotros, además de ser una medida precaria, es insuficiente, como denuncian los sindicatos, para acabar con la lista de tres meses para
ser atendido y con la espera de otros tres o cuatro meses para cobrar la prestación. Y, a pesar de lo que digan, tampoco están cumpliendo con el principal objetivo del ingreso mínimo vital, por lo menos para el PP, que es conseguir la inclusión
social y laboral, es decir, que nadie tenga que depender de la prestación.
Debe cumplirse ya con lo establecido en la ley del IMV y ofrecer de manera simultánea a la prestación económica un itinerario sociolaboral personalizado e individualizado que les dé una oportunidad de salir de la exclusión; y esto tampoco
está siendo así. El Gobierno ha optado por otorgar proyectos piloto a unas comunidades sí y a otras no a desarrollar en dos años que excluyen, por eso mismo, a un gran número de beneficiarios del ingreso mínimo vital.
Insistimos, y con esto termino, en que debe cumplirse lo dispuesto en la ley y ofrecer en igualdad de condiciones esos itinerarios a todos los españoles beneficiarios del ingreso mínimo vital, vivan donde vivan y de manera simultánea a la
prestación, porque, si no, no se estará cumpliendo ese principal objetivo que debe tener esta prestación, que es la inclusión social y laboral.
Hemos acordado una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, al que agradecemos su sensibilidad al saber y reconocer que todos estos problemas están ocurriendo, y pedimos que exija al Gobierno que la cumpla. Esperemos que no se quede
solo en buenas palabras y que esa buena voluntad se materialice de una vez por todas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario VOX y otra por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra para defender su enmienda su portavoz, Rocío de Meer, por tres minutos.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. En VOX pensamos que todas aquellas personas que quedan fuera del circuito económico de un país por razones ajenas a su voluntad, efectivamente, deben ser ayudadas por el Estado.
Debe haber un sistema asistencial fuerte que pueda combatir los índices de pobreza. Hemos visto -y probablemente ustedes también la han visto- la última encuesta de calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística y sus cifras son
absolutamente intolerables y dan auténtico pavor, ya que el 27,8 % de la población española está en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza. Hay más de 13 millones de personas en España en riesgo de pobreza. Por un lado, asistimos a un
escenario en el cual en España hay hoy en día 1,5 millones de personas que no tienen acceso a las necesidades básicas, lo cual es algo también muy, muy grave y que hay que combatir. Por otro lado, asistimos a un escenario en el cual hay 2,5
millones de niños en riesgo de pobreza. El panorama es absolutamente desolador y pensamos que figuras como el ingreso mínimo vital, que pueden servir para paliar la pobreza y para disminuir los índices, tendrían que partir de una premisa básica muy
importante y es la prioridad nacional.
Sé que ustedes están llenos de prejuicios permanentemente y que se ponen un poco nerviosos cada vez que nos escuchan hablar de esto, pero nuestro sistema asistencial no puede ser un sistema que
ampare a todas las personas del mundo sin límites. Para que sea un sistema asistencial efectivo, para que nosotros podamos disminuir esos 13 millones de personas y para que ese 1,5 millones de personas que no tienen acceso a los recursos
básicos puedan tener acceso a los recursos básicos, tenemos que tener un sistema que funcione -sin ningún tipo de pensamiento mágico como que desde España tenemos la obligación de ayudar a todos los pobres del mundo- y hemos de encargarnos de
ayudar, en primer lugar, a los españoles. Cualquier ideología política que lleve por bandera ayudar a todos los pobres del mundo está partiendo de la base de abandonar a los nacionales y nosotros en VOX sabemos que la prioridad nacional es la única
manera de combatir la desigualdad social.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, Pilar Rodríguez.
Cuando quiera, tiene la palabra por tres minutos.
La señora RODRÍGUEZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes. Nuestro grupo tenía muy claro cuál debía ser el objetivo del ingreso mínimo vital: brindar la ayuda necesaria a las familias en situación de vulnerabilidad. El ingreso mínimo vital es una asistencia social que previene y
evita, en la medida de lo posible, que las personas vivan en situaciones de pobreza extrema. De esta manera, en el Grupo Socialista fijamos claramente nuestra intención y nuestra responsabilidad como gestores y servidores públicos al asegurar que
las personas en situación de vulnerabilidad puedan generar una rentabilidad y una estabilidad económica que les permita salir de esa condición. Tal es así, que esta medida ha supuesto el mayor avance en derechos sociales desde la ley de
dependencia, convirtiéndose en el quinto pilar del Estado del bienestar en nuestro país junto a educación, sanidad, pensiones y ley de dependencia.
A esta PNL hemos presentado una enmienda de modificación y finalmente hemos acordado una enmienda transaccional, porque entendemos que no se trata de garantizar la simplificación en los procedimientos, garantizar la atención presencial,
garantizar itinerarios o reforzar los medios personales y materiales, porque eso ya venimos realizándolo, sino de seguir garantizándolos y de seguir impulsando estas y otras medidas, y este grupo tiene ese compromiso. De hecho, conocedores de las
dificultades y preocupados por una buena gestión para la ciudadanía, desde la implantación de la prestación se facilitó en distintos soportes el formulario para su solicitud, se activó una línea 900 gratuita de información específica y se reforzó el
personal para dichas gestiones con un cupo extraordinario de 1000 funcionarios interinos. La atención presencial se está recuperando paulatinamente con cita previa y las resoluciones, que tienen un plazo legal de hasta seis meses, a fecha de hoy se
están resolviendo en dos. Quiero decir con esto que no solo nos preocupa, sino que también nos ocupa y seguiremos velando por el buen cumplimiento.
Señorías del Partido Popular, entiendo que si están preocupadas por todo lo que han expuesto en la PNL, estarán también preocupadas por la renta mínima social en mi tierra, en Andalucía, y que así se lo harán llegar al señor Moreno Bonilla,
porque, como se dice por allí, él vio el cielo abierto cuando se implantó el ingreso mínimo vital, ya que el señor Moreno Bonilla dejó de ejecutar 20 millones de la renta mínima, sin importarle dejar a más de 5000 familias andaluzas sin acceder a
ella.
Termino. El Grupo Socialista trabaja y seguirá trabajando por las personas más vulnerables y esperamos, por el bienestar de estas personas, que allá donde gobiernen también lo hagan ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz, Sara Giménez.
Cuando quiera, tiene dos minutos.
La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidente.
En relación con la proposición no de ley, nosotros mostramos nuestra conformidad porque en el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya en el trámite del ingreso mínimo vital manifestamos la necesidad de simplificar trámites y, además, incluso de
hacer constar que hay realidades a las que el ingreso mínimo vital no está llegando. No está llegando a determinadas familias que comparten la misma vivienda por tener una relación de parentesco, aunque sean unidades de convivencia diferente. No
está llegando a jóvenes que están emancipados sin hijos y que, por sus situaciones culturales, en muchas ocasiones intentan independizarse,
pero se encuentran en situación de pobreza. A estas realidades actuales el ingreso mínimo vital no está llegando y es urgente adaptarlo para ampliar la mirada y mejorar la respuesta de este escudo social.
El ingreso mínimo vital no se ha de limitar a una ayuda meramente asistencial y animo al propio Gobierno a que refuerce las acciones de los itinerarios de la promoción e impulse la compatibilidad del empleo con la prestación. No tenemos que
condenar a la gente a que se mantenga en situaciones de pobreza -ya estamos en una segunda línea de intervención en relación con el ingreso mínimo vital-, sino sacarla de las situaciones de pobreza y para ello hay que impulsar esa compatibilidad del
ingreso mínimo vital con la inserción sociolaboral.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, su portavoz, Pilar Garrido.
La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
El Gobierno dio un paso histórico con la aprobación del ingreso mínimo vital, generando un nuevo derecho social, una garantía de unos ingresos mínimos para todas las personas en todo el Estado que se encontraran en situación de exclusión
social y de vulnerabilidad económica. Es una medida de carácter estructural, pero también destinada a aquellas que perdían sus ingresos de forma sobrevenida, sobre todo, porque -debo recordar- se aprobó en una situación muy difícil, una situación
de pandemia que obligó a actuar de urgencia. Esa rapidez y esa urgencia a la hora de sacar adelante este ingreso mínimo vital también ha hecho que en sucesivas ocasiones el Consejo de Ministros y esta Cámara hayan aprobado reformas que mejoran este
ingreso mínimo vital y que tenían que ver con mejorar la gestión y la tramitación para que fuera más sencilla. También se ha ido ampliando en sucesivas ocasiones a nuevos colectivos que entraban dentro del paraguas de este ingreso mínimo vital.
Por lo tanto, se han ido dando pasos, si bien es verdad que hay que seguir trabajando en esa mejora en la gestión, en la tramitación y en la simplificación para que llegue a todas las familias y a todas las personas necesitadas.
Acabo diciendo que, en todo caso, me llama la atención que el Partido Popular haga esta reclamación y le sugeriría que fijara un poco la atención en las rentas de garantía de sus comunidades. Por poner un ejemplo, la Comunidad de Madrid,
donde gobiernan, desde hace mucho tiempo tiene la renta de garantía más baja de todo el territorio -creo que alrededor de 400 euros-, seguida de Galicia, donde también gobiernan, o de Andalucía. Además, el alcance de estas rentas de garantías en
estos territorios, por ejemplo en Andalucía, solo cubre el 3,2 % de la población que se encuentra en el umbral de pobreza; en Galicia el 6 % y en Castilla y León o Madrid no llega al 10 %. Con lo cual, está bien empujar el ingreso mínimo vital,
pero también pedimos a las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, donde gobierna la derecha y la extrema derecha, que destinen algunos recursos, si tanto les importa acabar con esta pobreza estructural, a las rentas de garantías autonómicas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Para terminar este punto del orden del día, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para decir si acepta o rechaza las enmiendas o si ha llegado a algún acuerdo.
La señora ANGULO ROMERO: Presidente, hemos acordado una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el orden del día y, por tanto, votamos en un par de minutos o tres para que puedan llegar algunos miembros de la Comisión. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Empezamos la votación. Votamos siguiendo el orden del día; es decir, la proposición no de ley 6.º vuelve a ser la sexta.
Primera, proposición no de ley relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda, proposición no de ley sobre la cultura del buen trato en los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 9; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera, proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de la Estrategia de desinstitucionalización, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 14.
La señora SEVA RUIZ: La primera votación está mal, señor presidente. O somos 34 o somos 32.
El señor PRESIDENTE: Ahora no podemos volver hacia atrás, y no cambia el sentido de la votación.
Queda aprobada.
Punto 4, proposición no de ley sobre medidas para paliar las dificultades de accesibilidad en los cajeros automáticos de las oficinas de las entidades bancarias. Es del Grupo Parlamentario Socialista y se somete a votación en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 5, proposición no de ley relativa a la elaboración de un estudio sobre la incidencia de la eutanasia desde la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Se vota con una enmienda que se ha aceptado del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 6, proposición no de ley sobre medidas de mejora del ingreso mínimo vital. Es del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y se somete a votación con una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 7, proposición no de ley relativa a regular la figura de la asistencia personal recogida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Es del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y se somete a votación con una transaccional que ha sido repartida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 8, proposición no de ley sobre la mejora de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Es del Grupo Parlamentario Republicano. Se somete a votación con una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Solo queda un tema antes de levantar la sesión. Me dice el letrado que hemos de hacer constar en el acta el tiempo de la prórroga de la Subcomisión. La haremos por tres meses esperando que sobren como mínimo dos. ¿De acuerdo?
(Asentimiento).
Por tanto, queda prorrogada por tres meses.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.