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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2022 XIV LEGISLATURA Núm. 756
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles,
28 de septiembre de 2022
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión:
- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Mesa. (Número de expediente 041/000016) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la promoción del reconocimiento público de la excelencia y profesionalidad de los empleados públicos de las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003340) ... href='#(Página3)'>(Página3)
Decaída del orden del día:
- Relativa a la reforma de la financiación local. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. (Número de expediente 161/003416) ... (Página6)
Proposiciones no de ley. (Continuación):
- Por la que se insta al Gobierno a actualizar, revisar y adecuar los complementos de residencia e insularidad de los empleados públicos del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/004025) ... (Página6)
- Sobre medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/004132) ... (Página9)
- Relativa a racionalizar el gasto público. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/004230) ... (Página13)
- Sobre el mínimo del 15 por ciento del impuesto de sociedades aprobado por el Parlamento Europeo para que Canarias quede exenta dado su régimen económico y fiscal. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/004234) ... (Página17)
- Relativa a la modificación del artículo que regula el devengo del IVA en las operaciones sometidas al régimen especial del criterio de caja, en el sentido de eliminar la previsión de que el impuesto se devengue en todo caso el 31 de
diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, por ser contrario a la directiva europea en materia de IVA. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/004350) ... href='#(Página22)'>(Página22)
Votaciones ... (Página24)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA MESA. (Número de expediente 041/000016).
El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece a todos ustedes, vamos a dar comienzo a esta sesión sustanciando el primer punto del orden del día. Les comunico que ha presentado la renuncia el señor Ramos Rodríguez, que como saben todos
ustedes, ha sido vicepresidente primero de esta Comisión. Por el trato personal que he tenido con él, le deseo que en su nueva encomienda le vaya todo lo políticamente bien que sea posible y quiero agradecer a título personal su buena disposición
con esta Presidencia y su buen comportamiento en el órgano de gobierno de esta Comisión.
A partir de ahí, procede elegir la Vicepresidencia primera de la Mesa y yo les pregunto a los distintos grupos políticos si desean proponer a alguna persona. (La señora Blanquer Alcaraz pide la palabra).
Por el Grupo Parlamentario Socialista, adelante, señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: El Grupo Parlamentario Socialista propone a doña Rafaela Crespín Rubio. (El señor Ruiz Navarro pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz.
El señor RUIZ NAVARRO: El Grupo Parlamentario VOX propone a Juan Carlos Segura Just.
El señor PRESIDENTE: Al haber dos candidatos es evidente que hay que hacer la elección mediante votación secreta por papeleta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Congreso. El señor letrado dará lectura a los nombres de
los miembros de la Comisión y procederemos a la votación.
Por el señor letrado se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados miembros de la Comisión, presentes y sustituidos, quienes van depositando su voto en la urna.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna de sus señorías se ha quedado sin votar? (Denegaciones).
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: Señorías, votos emitidos, 33; 18 votos ha obtenido doña Rafaela Crespín Rubio, 5 ha obtenido don Juan Carlos Segura Just y ha habido 10 votos en blanco. En consecuencia, queda proclamada como vicepresidenta primera la
señora Crespín Rubio, a la que felicito e invito a ocupar su lugar en la Mesa. (Así lo hace la señora vicepresidenta, Crespín Rubio.-Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA EXCELENCIA Y PROFESIONALIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003340).
El señor PRESIDENTE: Señorías, proseguimos con el orden del día y pasamos al debate de las proposiciones no de ley incluidas en él. La primera proposición no de ley es relativa a la promoción del reconocimiento público de la excelencia y
profesionalidad de los empleados públicos en las administraciones públicas, propuesta por el Grupo Parlamentario VOX. Le doy la palabra a su portavoz.
El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
El objetivo que perseguimos con esta PNL es muy simple: impulsar la excelencia del servicio público mediante reconocimiento al funcionario que más se esfuerza por alcanzarla. Convendrán conmigo en que cualquier gesto que realiza el
empleador en virtud del cual se premia al trabajador diligente supone un incentivo para continuar con la mejora y la superación profesional y personal. En las administraciones públicas existen pocos incentivos para la superación personal y
profesional. Es cierto que existe el complemento de productividad en muchas de ellas, pero, normalmente, también lo es que para el funcionario medio la cuantía percibida en virtud de este concepto suele ser más bien escasa y, lógicamente por ello,
también escasamente motivadora. Además, la productividad suele destinarse a premiar el esfuerzo laboral vinculado al desempeño de tareas propias de un puesto de trabajo, es decir, se paga un plus, por ejemplo, al funcionario que más escritos pase
por registro, al funcionario que expida más certificaciones o al funcionario que más expedientes resuelva, lo cual está muy bien. Sin embargo, lo que no existe es un reconocimiento como el que proponemos nosotros, en forma de medalla, al trabajador
público que más se esfuerce para que su Administración camine hacia la mejora de la calidad. ¿Y cómo se mejora la calidad? Pues impulsando el cumplimiento de los fines que señala nuestra Constitución en el artículo 103, como pueden ser, por
ejemplo, el servicio con objetividad a los intereses generales, la innovación para construir una Administración más eficiente o, simplemente, prestando servicios relevantes al Estado vinculados, entre otras cosas, a un cumplimiento ejemplar de los
deberes.
Señorías, mejorar el funcionamiento de la Administración es, en definitiva, mejorar el servicio público, y mejorar el servicio público es servir con diligencia a los intereses de España y de los españoles. A nuestro juicio, la concesión de
una medalla que podría ir incluso acompañada de una mejor remuneración -ligada, por ejemplo, a la productividad- sería una forma idónea para impulsar la transformación de nuestra Administración en una estructura más eficaz y eficiente. Además,
ayudaría, entre otras cosas, primero, a potenciar que el funcionario sienta como suya la estructura y, con ello, que quiera implicarse en su funcionamiento; segundo, a crear una predisposición en el funcionario a ir mejorando en su trabajo de forma
natural; tercero, a generar una cultura del esfuerzo y de la excelencia en el trabajo, que se oriente hacia el premio y no hacia el castigo, y, cuarto -y no menos importante-, a ayudar a romper esa dinámica de la rutina que habitualmente acompaña
al trabajo en las administraciones. Es precisamente este último punto el verdadero cáncer de la Administración. La rutinización del trabajo es el mayor enemigo de la superación y de la innovación.
Es cierto, como dicen los teóricos de la economía, que la riqueza de una sociedad la crea el sector privado, pero no cabe duda de que el sector público -es decir, las administraciones- coadyuva a crearla cuando funciona adecuadamente. Sin
la Administración pública colaborando con el sector privado, este encuentra dificultades para poder avanzar. Si coincidimos en que los españoles merecen tener la mejor Administración posible, esta no llegará sin contar con los funcionarios
públicos. Por eso, nosotros desde aquí tenemos que poner los medios necesarios para que los funcionarios públicos quieran implicarse en alcanzar esa Administración que necesita España, y una de las maneras de lograrlo es reconocer el trabajo bien
hecho. Tengamos claro que sin la cultura del esfuerzo y el reconocimiento a quien la práctica no hay superación ni progreso posible en ningún ámbito de la vida. Y créanme si les digo que la cultura del esfuerzo cuando tiene recompensa es
contagiosa. Incentivar las buenas prácticas es bueno para la sociedad y el ejemplo de quienes lo hacen es la mejor motivación. Por todo ello, señorías, les pido que apoyen esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Confederal Unidas Podemos, el señor Honrubia tiene la palabra.
El señor HONRUBIA HURTADO: Muchas gracias.
Seré breve porque realmente creemos que no tiene mayor profundidad la cuestión. Me sorprende la visión o la percepción que se desprende del funcionamiento de las administraciones y del sector público en los planteamientos que hace el Grupo
Parlamentario VOX. No sé si es que no se han reunido lo suficiente con colectivos de trabajadores y trabajadoras de los múltiples sectores que componen este sector y no han visto la pasión con la que desempeñan su trabajo y el amor que sienten por
él. No creo que sea necesario hablar de medallas ni de otro tipo de cuestiones para que realicen su trabajo con total esfuerzo y con total dedicación, intentando innovar y hacer lo máximo posible y siempre pensando en el bien común y en dar un
servicio de la máxima calidad. Creer lo contrario pone de manifiesto esa sospecha permanente que ustedes tienen sobre el funcionamiento de lo público, de la Administración y, por supuesto, de sus trabajadores y trabajadoras, a los que solo ha
faltado que les llamara vagos.
Sobre lo que plantean, simplemente quiero decir que, por supuesto, que vamos a estar de acuerdo con la existencia de mecanismos de reconocimiento de los méritos alcanzados por empleados públicos en un determinado momento; creo que a esto
nadie se puede oponer. Ahora, ¿realmente es necesario que se cree un real decreto específico con lo que ustedes piden, que es que se cree una distinción en forma de medalla, etcétera? Pues la verdad es que no, entre otras cosas, porque el
ordenamiento legal actual ya permite que se otorguen este tipo de reconocimientos y, de hecho, viene haciéndose desde hace mucho tiempo en diferentes sectores, organismos y administraciones. Por tanto, lo que ustedes plantean aquí no deja de ser
más que una ocurrencia.
Por otro lado, algo evidente es que si ustedes hablan con los trabajadores y las trabajadoras del sector público lo que les van a decir es que ellos no quieren medallas; lo que quieren es tener condiciones dignas y unos salarios
consecuentes con el trabajo que desempeñan, que no haya recortes y, en definitiva, que se cuide al sector público y se eviten ciertas tentaciones de desmantelamiento, de privatización, etcétera, que al final es lo que viene defendiendo la derecha.
Para conocer la opinión que en estos sectores se tiene respecto de lo que plantean, ayer consulté con un representante sindical y citaré textualmente lo que me dijo, porque creo que refleja perfectamente lo que opinan respecto de esta ocurrencia que
usted ha defendido: Menos medallas y más dinero para sueldos, para recursos humanos y para medios y equipamientos, porque las medallas ni garantizan la calidad de los servicios públicos ni protegen el derecho a los trabajadores y trabajadoras ni
impiden las privatizaciones. Los políticos tienen que hacer leyes que protejan los servicios públicos y protejan a sus trabajadores y trabajadoras. Las medallas ya nos las pondrá la sociedad por todo lo que le aportamos desde lo público que esta
gente de la derecha y la extrema derecha quiere destruir, desmantelar y privatizar. Realmente no utilizó el término 'gente', pero prefiero ahorrarme el término utilizado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Constenla tiene la palabra
El señor CONSTENLA CARBÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la nueva vicepresidenta. Enhorabuena por su nombramiento.
El Grupo Parlamentario VOX trae a esta Comisión una PNL en la que se recoge el deseo de crear una distinción para premiar la excelencia profesional del personal dependiente de las administraciones públicas, con el fin de reconocer hechos
extraordinarios en el desarrollo de su actividad. En el Reino de España en la actualidad ya existen registradas un total de cuarenta y seis órdenes y condecoraciones civiles dependientes de Administración General del Estado y reguladas en el
derecho premial, distinciones que reconocen y alaban acciones meritorias y ejemplares, estando la mayoría de ellas destinadas y delimitadas a campos como pueden ser la política, la justicia, la cultura, la sociedad, la seguridad, etcétera. No
obstante, ninguna de ellas está destinada a reconocer la carrera profesional y a ensalzar la entrega y vocación de servicio público de los trabajadores de las administraciones públicas a título personal. Como se recoge en la exposición de motivos
de la PNL presentada, si bien la legislación española ya recoge su programa de reconocimiento en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado,
nos encontramos con el otorgamiento de galardones a instituciones y organizaciones, merecedoras de distinciones por la calidad, excelencia y desempeño extraordinario de trabajo y que contribuyen notablemente al interés general de los administrados,
pero en ningún momento se contempla el reconocimiento a título personal de los
trabajadores públicos, que son las piezas fundamentales e imprescindibles para el acercamiento de la Administración al administrado.
Si bien el Partido Popular está de acuerdo con la creación de distinciones que reconozcan la carrera profesional de los empleados públicos, así como su vocación de servicio público y su entrega, también somos conscientes de la necesidad de
un reglamento claro y objetivo que armonice las diferentes propuestas y que homogeneice los criterios de merecimiento y circunstancias para el otorgamiento de las distinciones, que escuche a los representantes sociales de los empleados públicos y
que garantice la transparencia en la acreditación de los méritos de los premiados con el fin de no desvirtuar el objetivo para el que se quiere crear esa distinción. Por lo tanto, en mi grupo apoyaremos esta iniciativa, como no podía ser de otra
manera, ya que toda acción que incentive y ponga en valor la entrega de los empleados públicos será bienvenida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Constenla.
Para finalizar esta con iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora López tiene la palabra.
La señora LÓPEZ SOMOZA: Gracias, presidente.
Muy buenas tardes, señorías. Señorías de VOX, la verdad que nunca dejarán de sorprenderme. Vienen con una proposición no de ley del año 2021; se ve que no han tenido imaginación suficiente para traer nuevas propuestas o tal vez es que no
se encuentran ustedes lo suficientemente motivados. Presentan una PNL que pretende asociar la eficiencia y la eficacia de todos los empleados públicos con la entrega de medallas. Además, pretenden asociar la mejora de la calidad de los servicios
públicos también con la entrega de estas medallas. Cuando leí el texto de la PNL la verdad es que no me lo podía creer. Me parece un auténtico despropósito, así como un insulto aberrante hacia todos nuestros empleados públicos.
Vayamos por partes. En primer lugar, tenemos unos servicios públicos de calidad, únicos en el mundo; y no lo digo yo, no es una opinión mía, sino que está reconocido por diversos organismos internacionales. Y esto es gracias a la
profesionalidad de todos los empleados públicos y a su gran vocación de servicio público. También gracias a los impuestos, esos que ustedes dicen querer bajar, pero ¿saben lo que pasa cuando se bajan los impuestos? Eso implica un servicio público
menos, como sanidad, como educación, como dependencia. Entiendo que ustedes puedan pagárselos, pero la gran mayoría social de este país necesita servicios públicos y de calidad. Se trata de defender y de proteger el Estado de bienestar.
Señorías de VOX, ¿cómo se les ocurre cuestionar la profesionalidad y la vocación de los empleados públicos? ¿De verdad creen que los empleados públicos no dan el cien por cien cada día en su puesto de trabajo o que necesitan medallas para
eso? Cada día los empleados públicos de todas las administraciones de este país realizan una labor encomiable. En situaciones excepcionales, como la pandemia, dieron aún más, incluso algunos de ellos su propia vida. Con todo, plantean otorgar
distinciones por la prestación del servicio público, pero, como ya han dicho algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, les anuncio que esto ya existe. Ya se están concediendo en algunos ámbitos, como la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio en materias educativas; la condecoración de la Orden de Isabel la Católica o la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, por poner solo algunos ejemplos.
Señorías, el reconocimiento e impulso de la excelencia de los empleados públicos, el agradecimiento a su trabajo y el premio por su vocación y dedicación al servicio público se demuestran con hechos, como decía el sindicalista que mencionaba
el portavoz de Podemos; hechos como proponer mejoras en sus condiciones laborales y no cuestionar su trabajo y su eficacia con propuestas como estas. A los empleados públicos se les premia apoyando el aumento de la oferta de empleo público con la
creación de más plazas o apoyando los planes de estabilización. ¿Saben también cómo se les motiva? Apoyando las subidas salariales que plantea todos los años el Gobierno progresista en los Presupuestos Generales del Estado. Señorías de VOX,
señorías del Grupo Popular, ¿apoyarán este año los Presupuestos Generales del Estado para 2023 o seguirán dejando de lado a la clase media y trabajadora, a todos los empleados públicos y al Estado de bienestar?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.
DECAÍDA DEL ORDEN DEL DÍA:
- RELATIVA A LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-GALICIA EN COMÚN. (Número de expediente 161/003416).
El señor PRESIDENTE: Les anuncio que el punto 3.º del orden del día, la proposición relativa a la financiación local que había presentado el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos, ha sido retirado.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (CONTINUACIÓN):
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ACTUALIZAR, REVISAR Y ADECUAR LOS COMPLEMENTOS DE RESIDENCIA E INSULARIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/004025).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a debatir la proposición que figura en el 4.º punto del orden del día por la que se insta al Gobierno a actualizar, revisar y adecuar los complementos de residencia e insularidad de los empleados públicos del
Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la proponente, la señora Llanos de Luna.
La señora DE LUNA TOBARRA: Gracias, presidente.
La indemnización por residencia -también conocida como plus por residencia- es una retribución complementaria de carácter compensatorio que tiene una larga tradición en la normativa de la Función pública española y que se basa en especiales
características, especialmente geográficas, de algunos de nuestros territorios. Este complemento histórico en la AGE, en la Administración General del Estado, tiene por objeto resarcir a determinados funcionarios los costes superiores que conlleva
que tengan la residencia en zonas de difícil cobertura dentro de nuestro país. Desde la publicación de la Resolución de 17 de abril de 2000, de la Subsecretaría de la Presidencia, sobre indemnización por residencia, no se han revisado las cuantías
de las indemnizaciones, pese a haber transcurrido más de veintidós años y pese a haber cambiado mucho la situación actual, el encarecimiento de la vida y también algunas situaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, como, por ejemplo, en
Cataluña, que se ha convertido en una zona de difícil cobertura debido a la inmersión lingüística, donde la enseñanza no se respeta por parte de las autoridades educativas. El castellano como lengua vehicular junto con el catalán, el hostigamiento,
el entorno hostil, problemas de convivencia, etcétera, unido a la carestía de la vida de aquella comunidad, ha provocado que casi ningún funcionario de nuevo ingreso solicite plaza en Cataluña como primer destino, y los que ya están allí destinados
piden traslado en cuanto hay un concurso y pueden participar para pedir otros lugares de España. Estos problemas, que están reduciendo sensiblemente no solamente el personal de la Administración, sino también la propia presencia del Estado, además
de en Cataluña, ocurren también en el País Vasco.
¿Todo lo anterior qué está produciendo? Una gran inestabilidad en las plantillas de la Administración General del Estado, lo cual supone una sobrecarga de trabajo a sus funcionarios y un estrés laboral debido, precisamente, a la falta de
funcionarios. Y también tiene una repercusión en los ciudadanos, toda vez que no se están prestando los servicios públicos con la eficiencia que sería deseable. El otro día, por ejemplo, hice unas preguntas sobre Cataluña y otras comunidades y,
por ejemplo, en Barcelona, en el INSS, ahora mismo hay 251 vacantes, de las cuales cien están en los centros que hay repartidos por la provincia. ¿Qué ocurre con esto? Que no se está dando el servicio público en los centros de atención e
información debido a que tienen que cerrar por falta de personal. Y lo mismo ocurre con la Tesorería General y con el SEPE, donde solamente en la provincia de Barcelona hay 321 vacantes, etcétera. ¿Qué ocurre con todo esto? Que al no haber
funcionarios de carrera, se intentan poner parches temporales, aumentando la precariedad, a través de funcionarios interinos, lo cual repercute también en que no haya una continuidad de la prestación de la gestión que llevan a cabo y de la
profesionalización de la misma.
Nosotros entendemos que los incentivos que existen actualmente, que están ya establecidos para Baleares, Canarias, el Valle de Arán y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se tienen que actualizar porque, como decía, hace veintidós años
que no se actualizan, pero también consideramos que en la actualidad se tiene que hacer un estudio en profundidad de todas las comunidades autónomas, ver cuánto
personal hay y la edad media de los funcionarios, porque ahora mismo las plantillas de la Administración General del Estado están bastante envejecidas -una media de cincuenta y cinco años y en la Seguridad Social cincuenta y ocho años-,
además de analizar las cargas de trabajo, los tiempos de resolución de expedientes y de servicio, etcétera. Esta mañana la propia ministra decía que para la zona de difícil cobertura una solución era el teletrabajo. Yo creo que estaba confundiendo
zonas despobladas con zonas de difícil cobertura. Cataluña, por ejemplo -ponía el ejemplo de Barcelona-, no es una zona precisamente despoblada, pero sí de difícil cobertura y el teletrabajo no da solución a la atención presencial, que es lo que
está pasando en muchísimas oficinas distribuidas en muchos municipios en cada una de las provincias, que están cerrando por falta de personal. Con lo cual tiene que haber funcionarios que atiendan al público.
Nosotros proponemos en esta PNL, por una parte, revisar y actualizar los complementos existentes ya -como decía- para Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y la Val d'Aran, así como abordar por parte de Función pública un estudio en
profundidad, analizando las zonas de difícil cobertura, viendo qué parámetros, cargas de trabajo, etcétera, y establecer unos incentivos, que pueden ser económicos e incluso profesionales, de carrera profesional, para hacer atractivas esas zonas y
que no nos encontremos en la situación actual de pocos funcionarios y de una plantilla, como decía, con una edad avanzada. Y por último, solicitamos un incentivo económico profesional para dos comunidades -desde luego, está claro que hay graves
problemas de cobertura por parte de funcionarios de la Administración-, como son Cataluña y el País Vasco.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Llanos de Luna.
Se han presentado varias enmiendas por el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra su portavoz.
La señora DE LAS HERAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías del Partido Popular, solicitaron la actualización de la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en Baleares, pero ante la Comisión de Política Territorial, la cual no resultaba
competente por razón de materia. No obstante, como considerábamos que era algo necesario, votamos a favor, lo apoyamos. Ahora lo presentan en la Comisión correcta, después de que el Grupo Parlamentario VOX presentara una iniciativa solicitando la
equiparación de Baleares con Canarias; no ya la actualización, sino la equiparación, que supondría un aumento aún mayor. Además, en esta PNL solicitan la revisión en otros territorios peninsulares -no extrapeninsulares- y el establecimiento, como
acaba de decir, en Cataluña y en el País Vasco. ¿Revisión en otros territorios? Sí, por supuesto, pero para saber qué problemas están surgiendo o produciendo la falta de cobertura en esos territorios, no para establecer por defecto una
indemnización que seguramente no dé solución a esos problemas de cobertura. Por ejemplo, en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla el problema de cobertura es que son territorios extrapeninsulares. Tienen un déficit que se necesita compensar porque
tienen una desigualdad respecto del resto de territorios peninsulares. Sin embargo, como muy bien ha dicho, en Cataluña y en el País Vasco, por ejemplo, los problemas, como también explican muy bien en su exposición de motivos, son el desafío
separatista y la inmersión lingüística, por lo que una indemnización seguiría sin eliminar este problema.
Que nos hablen ustedes de desafío separatista hace gracia cuando aplicaron un 155 ridículo. Y que nos hablen de inmersión lingüística, más que gracia, es insultante. La inmersión lingüística a la que Feijóo tiene sometida a Galicia y el
Partido Popular en general a Baleares creo que no les habilita a ustedes a hablar aquí de ello. El PP, por ejemplo, aprobó en Baleares el estatuto de autonomía, que estableció como lengua propia en Baleares el catalán, la Ley de Normalización
Lingüística, el decreto de mínimos, que son los culpables de que hoy en Baleares no se pueda estudiar en español, y la Ley de Función Pública, que es la que estableció como requisito para ser funcionario el catalán. Y, escuchen, en cuanto a la
iniciativa que nos traen, ustedes gobernaron con mayoría absoluta de 2011 a 2015 y no hicieron absolutamente nada y ahora desde la oposición hacen lo que el Partido Socialista hacía también desde la oposición, porque en su programa de 2011
contemplaba la equiparación de la indemnización por residencia de Baleares con Canarias, pero ahora que gobierna también se dedica a votar en contra, porque hoy también vuelven a votar en contra.
En definitiva, el Grupo Parlamentario VOX está a favor de la actualización de la indemnización por residencia en Baleares y en los territorios en los que lo tienen reconocido, pero estamos en contra de establecer desigualdades entre
españoles por políticas lingüísticas instauradas con su complicidad, donde
la solución no pasa por establecer por defecto una indemnización, sino que hay que analizar los problemas y dar soluciones a esos problemas en cuestión. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda de modificación y una de supresión y si no
las aceptaran, nos abstendríamos en su iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el señor Honrubia.
El señor HONRUBIA HURTADO: Gracias, señor presidente.
Sorprendentemente, cuando vimos la enmienda que presentaba el Grupo Parlamentario VOX, en comparación con la propuesta de PNL que hacía el Grupo Popular, nos pareció bastante sensata en los términos en los que la planteaba, aunque luego, en
el desarrollo de la exposición, ya no tanto. Ciertamente, lo creemos así también. Es decir, entendemos que podríamos llegar a debatir de forma serena, de forma argumentada, la necesidad de que se pueda producir esa revisión y esa actualización en
los territorios donde ya está reconocido el plus de residencia, pero creemos que eso se debería hacer en los espacios de negociación oportunos, teniendo en cuenta la opinión y la capacidad negociadora de los sindicatos. De hecho, sabemos que hay
sindicatos, como Comisiones Obreras, por ejemplo, que llevan impulsando desde hace tiempo una campaña en la línea de esta petición. En realidad, cuando leemos el conjunto de la PNL, al final nos da la sensación de que al Grupo Popular no le importa
realmente esta actualización, sino que una vez más utiliza este asunto para azuzar su campaña de odio contra determinados territorios que ellos consideran desafectos a las políticas de esa España estrecha, esa España pequeña que defienden. Utilizan
cualquier excusa y esta no puede ser más que otra más.
Ustedes dicen que lleva veintidós años sin actualizarse. Realmente, la última actualización se produjo en 2007, porque durante todo el tiempo que ustedes gobernaron -algunos años con mayoría absoluta-, como ya le han dicho, no hicieron
nada. Podrían haberlo hecho; sin embargo, en ese momento no les pareció oportuno. Lo que sí les pareció oportuno, como todos sabemos, fue aplicar sus políticas de recorte, que dejaron en los huesos a la Administración General del Estado, y ahora
vienen ustedes aquí a hablar de que las plantillas están envejecidas, etcétera. Cómo no van a estar envejecidas si ustedes aplicaron políticas de tasa de reposición cero; si ustedes aplicaron un recorte presupuestario en todo el ámbito de la
Administración General del Estado; si ustedes, entre otras cosas, congelaron el sueldo de los funcionarios durante más de un lustro. Que de repente tengan ustedes preocupación por la situación actual de la Administración General del Estado, por la
situación de su plantilla, por el salario de sus trabajadores y trabajadoras, entenderán que realmente no es muy creíble. Lo que sí ha hecho este Gobierno, este Gobierno de coalición, ha sido preocuparse y mostrar esa preocupación a través de los
presupuestos generales del Estado. En los tres presupuestos que ya hemos aprobado hemos incrementado las partidas presupuestarias relacionadas con la AGE. Hemos aumentado el sueldo de los funcionarios un 2 % en 2020, un 0,9 % en 2021 y un 2 % en
2022. Y en cuanto a la indemnización por residencia, como ustedes sabrán, cuando se aumenta el sueldo de los funcionarios, también sufre una actualización en esa misma proporción.
Lo que han hecho ustedes ante estas propuestas, que están en la ley de presupuestos, ha sido votar sistemáticamente en contra y ahora vienen a utilizarlo para otras cuestiones. Nosotros nunca vamos a apoyar sus campañas de difusión de odio
contra Cataluña y Euskadi. Cuando vemos el panorama que presentan de lo que existe o de lo que ocurre en Cataluña, que prácticamente pareciera un país en guerra, una situación de conflicto de guerra, deja usted claro que lo que les preocupa es eso
y no lo que aparentemente piden en la PNL.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Honrubia.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Losada.
El señor LOSADA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Tanto mi grupo parlamentario como el Gobierno de España han venido demostrando estos años su apuesta por la Función pública y por los empleados públicos, implementando medidas que sin duda contribuyen a garantizar unos servicios públicos de
calidad en todo el territorio nacional. Esa apuesta se ha visto reflejada en los dos últimos presupuestos generales del Estado, en los que se han incrementado las retribuciones de los empleados públicos un 3,7 %, presupuestos aprobados -hay que
recordarlo una
vez más- a pesar del voto en contra del Partido Popular. Se está negociando actualmente, como saben, los próximos presupuestos y la respuesta de este Gobierno una vez más será muy distinta a la que dio el Partido Popular cuando gobernó.
Les recuerdo, además, que en estos últimos años se ha aumentado la tasa de reposición en todos los sectores, sobre todo en los sectores más necesarios y prioritarios en estos momentos. En estos tres últimos años ha aumentado un 73 % la oferta de
empleo público y les recuerdo una vez más que se ha aprobado la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Y no es cierto lo que dicen de que no se han revisado las cuantías de las indemnizaciones en veintidós años. En el Real Decreto Ley 11/2006 se procedió a la revisión y consiguiente distribución de las cuantías de las indemnizaciones por
residencia del personal en activo del sector público estatal y del personal al servicio de la Administración de Justicia en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como las cuantías del complemento por circunstancias especiales asociadas al destino de
los miembros de las carreras Judicial y Fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales destinados en dichas ciudades. Ello lo aprobó el Consejo de Ministros en abril de 2007 y no fue posible en Baleares por falta de acuerdo. Desde entonces, la
cuantía de las indemnizaciones por residencia en las Islas Baleares, igual que en el resto de territorios que la devengan, ha sido objeto de modificación anual en el mismo porcentaje que el incremento general establecido para la retribución en las
distintas leyes de presupuestos. Les recuerdo que los territorios que en la actualidad tienen una indemnización por residencia, como recoge la iniciativa, son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las islas denominadas menores del archipiélago
canario y las islas de Gran Canaria y de Tenerife, la isla de Mallorca, las restantes islas del archipiélago balear y el Valle de Arán. El Partido Popular sabe bien que este asunto no solo depende de los presupuestos generales del Estado, sino
también de las adaptaciones y modificaciones normativas pertinentes que hagan posible su solución. Es la tercera vez en pocos meses que tratamos este asunto y la tercera vez que les recordamos que el Partido Popular gobernó durante ocho años con
una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo todas las modificaciones normativas necesarias para dar respuesta a esta problemática y que, sin embargo, no lo hizo.
Este Gobierno, a pesar de estos difíciles años, ha mejorado las condiciones salariales y laborales de todos los trabajadores del sector público. Somos conscientes de que residir en estos territorios puede suponer un coste adicional y
creemos necesario seguir avanzando en la búsqueda de soluciones. En ello está trabajando el Gobierno, pero la solución debe contar con la imprescindible negociación y el acuerdo, un acuerdo fundamental y fundamentalmente con los representantes de
los trabajadores públicos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Losada.
A efectos de votaciones, ¿admite las enmiendas del Grupo Parlamentario VOX, señora LLanos?
La señora DE LUNA TOBARRA: No, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/004132).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley que figura con el número 5 en el orden del día, sobre medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Republicano y para
su defensa tiene la palabra el señor Margall.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente.
Buenas tardes, diputados y diputadas. La lucha contra el fraude fiscal debe ser una política imprescindible para cualquier Gobierno que se considere democrático y para cualquier país que se considere una democracia avanzada. Asimismo, el
incremento de los recursos personales dedicados a la lucha contra el fraude fiscal es una medida esencial para avanzar en el seguimiento y la lucha contra los grandes delincuentes fiscales, como grandes empresas y fortunas, pero el Estado español
ocupa el penúltimo puesto en el ranking europeo de número de empleados en las administraciones tributarias europeas, respecto a la población total y respecto a la población activa, según el informe de Administraciones Tributarias de 2019 de la OCDE.
Asimismo, la OCDE en su informe de 2019 destaca a la Administración tributaria española por ser una de las más envejecidas del mundo, señalando que solo el 20 % de sus empleados tiene menos de cuarenta y cinco años. Así, para equipararse a las
medias
ponderadas de edad europeas, el Estado español tendría que contar con entre 15 000 y 17 500 nuevos efectivos para reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en el Estado y poder recaudar a medio plazo cerca de 34 500 millones
adicionales cada año, según los técnicos de Hacienda, lo cual exige unas ofertas y convocatorias de empleo público anuales, de forma gradual, durante ocho o diez años para asegurar el acceso a la Función pública con la igualdad, el mérito y la
capacidad que se requiere para mejorar el servicio público. Durante la tramitación parlamentaria de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se incorporó, a propuesta del Grupo Parlamentario
Republicano, una nueva disposición adicional sexta, donde el Gobierno se comprometía a dictar la normativa necesaria en el plazo de seis meses para que en un periodo de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación
con el número de obligados tributarios se aproximase a la media europea. Sin embargo, este plazo de seis meses finalizó el pasado 11 de enero de 2022 sin que hoy en día se aprecie ningún avance en esta materia.
Por otro lado, además de una falta de efectivos, también es necesario reestructurar las competencias de estos técnicos. Por eso se cree imprescindible la creación de un nuevo cuerpo superior de técnicos de Hacienda, que permitiría aumentar
las responsabilidades del 83 % de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de prevención y lucha contra el fraude, el control de la legalidad en los tribunales Económico-administrativos, y del 90 %
de los funcionarios del grupo A con competencias superiores en la IGAE en las áreas operativas de control del gasto público y de las subvenciones. Este nuevo cuerpo, adscrito al A1, concentraría la investigación tributaria en los delitos fiscales y
fraudes más abultados, mientras que las personas particulares, trabajadores autónomos y pymes preferentemente podrían recibir cartas detallando las eventuales discrepancias para que puedan justificarlas o, en caso contrario, presentar
voluntariamente declaraciones complementarias. Veintiocho años después de la creación de la Agencia Tributaria, los técnicos de Hacienda solo pueden investigar a particulares, a autónomos y a la mitad inferior del tramo de las pequeñas empresas,
hecho que perjudica gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente PNL, para instar al Gobierno a que cumpla la ley, nada más y nada menos. No inventamos nada, que el Gobierno cumpla lo que la ley de lucha contra el fraude fiscal dice.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Margall.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Confederal de Unidas Podemos. El señor Guijarro tiene la palabra para la defensa de la misma.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. Aun a riesgo de pecar de mal negociador, diré que la enmienda que hemos presentado no es condicional. Es decir, nos parece que tanto la exposición que acaba de hacer el compañero diputado, el señor Margall,
como el propio contenido de la PNL que estamos discutiendo desde nuestro punto de vista es irreprochable, y diría que irreprochable punto por punto. Si nos animamos a hacer una propuesta de enmienda como la que ven ustedes, lo hacemos,
sencillamente, con el ánimo de acercar posturas, sobre todo con el Partido Socialista, para ver si pudiéramos de algún modo tratar de llegar a un cierto entendimiento, puesto que entiendo que los tres grupos aludidos aquí -el Grupo Socialista, el
Grupo Republicano y el nuestro propio- están básicamente de acuerdo con el desarrollo reglamentario y normativo que aprobamos, efectivamente, en la tramitación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal el año pasado.
Evidentemente, un texto legal como el que aprobamos entonces -y ya lo advertimos- no puede ser eficaz si detrás no hay un acompañamiento en términos de recursos, en términos -digamos- de capacidades por parte del Estado. En ese sentido, entendemos
la frustración que de algún modo se sobreentiende a partir de este texto. No solo la entendemos, sino que además la compartimos.
Creemos que la creación de ese cuerpo técnico superior no solo es una cuestión de justicia, sino que redundaría en una mayor eficacia del trabajo de la Agencia Tributaria, en el sentido además de ser más eficaz en los tramos más altos,
aquellos que más cobran y que por casi una norma de la vida presentan una clara correlación positiva en relación con el propio fraude. Cuantos más recursos se posee, uno -digamos- tiende a ser más fraudulento en este sentido y esto, como digo, no
es una opinión ideológica, sino una constatación estadística. Por lo tanto, nos parece que la solución en este sentido está absolutamente bien orientada y atender a la demanda histórica que llevan haciendo los técnicos de la
Administración de Hacienda sobre este tema, como digo, no solo responde a una reivindicación de contenido de carácter meramente sindical, sino que creemos que redundaría, efectivamente, en un mejor servicio eventual para todas las españolas
y españoles.
Así pues, como digo, y por resumir, aun a riesgo de ponerme yo mismo la zancadilla, les diré que votaremos a favor. Solicitamos al Grupo Republicano, evidentemente, que mire con cariño la propuesta de enmienda que hemos hecho, pero, se
acepte o no, este grupo parlamentario votará a favor de la iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente. Tratamos la proposición no de ley sobre medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Es bueno recordar que España se encuentra entre los líderes de Europa en cuanto al
peso de la economía sumergida sobre el PIB, estimada en un 23,1 % por el Instituto de Estudios Económicos, 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. A propósito, el 23 % del PIB supone más de 277 000 millones de euros. Curiosamente, en
el año 2006 Gestha estimaba la bolsa de fraude en España en el 23 %. Eso significa que hemos tenido quince años de sucesivos gobiernos, del PSOE y del Partido Popular, claramente incapaces de reducir el tamaño de la economía sumergida, incapaces de
luchar contra el fraude, incapaces de lograr que se incrementen los ingresos del Estado a través de una reducción de la economía sumergida, incapaces de luchar contra la alteración de la competencia y la mala asignación de recursos que supone el
fraude, incapaces de luchar contra la negativa alteración de la distribución de la renta y la riqueza que genera el fraude.
Para el Grupo Republicano, luchar contra el fraude es aumentar la plantilla y crear un nuevo cuerpo superior de técnicos de Hacienda, o sea, aumentar el gasto público. En VOX consideramos que lo primero que hay que hacer es poner las
condiciones para que el fraude no se produzca. Para ello, primero, hay que impulsar la eficacia y la eficiencia del gasto público. Es una evidencia que el grado de tolerancia fiscal del fraude está influido por la eficacia y la calidad de los
servicios públicos. Segundo, hay que impulsar una simplificación normativa. Es una evidencia que el exceso y la complejidad normativa impulsan el fraude. En España existen más de cien mil leyes y normas de todo tipo. Solo en el año 2021 se
aprobaron 851 normas estatales, con 241 803 páginas; 348 normas autonómicas, con 846 446 páginas y 2176 actos jurídicos adoptados por la Unión Europea. Es un completo desatino. Tercero, hay que llevar a cabo una reducción del tamaño de las
administraciones públicas, fomentar la unidad del mercado interior y eliminar duplicidades. Cuarto, hay que reducir los trámites burocráticos, tema que demandan especialmente los autónomos y las pymes. Quinto, hay que mejorar el cruce de datos
entre las administraciones públicas. Sexto, hay que potenciar la labor consultiva de la Hacienda pública, como se hace en otros países. Séptimo, hay que reducir la carga impositiva y evitar la doble imposición. En fin, para reducir la economía
sumergida hay que tomar medidas preventivas, mejorar la eficiencia del Estado y potenciar la cultura de la excelencia. En este camino siempre encontrarán los españoles a VOX.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su nuevo portavoz, el señor Elorriaga, al que doy la bienvenida y también le deseo todo tipo de éxitos.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya por delante que no sé de dónde ha sacado las cifras de fraude fiscal alguno de los intervinientes anteriores, pero desde luego difieren mucho de las que existen en los trabajos más acreditados, que fijan cifras bastante más moderadas.
En cualquier caso, el tema que nos ocupa es un tema que se ha debatido reiteradamente en esta Cámara. Es una PNL que esconde bajo una reivindicación de lucha contra el fraude fiscal una reclamación puramente corporativa de naturaleza salarial. Es
evidente, porque el incremento de recursos personales que se reclama no se puede conseguir mediante una reclasificación de los funcionarios existentes operada por ley, una reclasificación que, obviamente, en nada alteraría el número de funcionarios
dedicados a la lucha contra el fraude fiscal, pero que sí provocaría un caos organizativo dentro de la Administración tributaria y alteraría de manera radical la estructura de trabajo actualmente existente en la agencia. Es evidente que lo que
pretende es otra cosa, porque, para
reestructurar las competencias de los distintos cuerpos de la Administración no es necesaria su reclasificación a través de una ley, y es evidente también porque, como todo el mundo sabe, el cuerpo superior de inspectores de hacienda del
Estado es uno de los cuerpos superiores de la Administración Tributaria en los que más funcionarios han ingresado por la vía de promoción interna. Es decir, la Administración tributaria, si por algo se caracteriza, precisamente, es por tener un
modelo de carrera profesional interna basado en los principios de mérito y capacidad, que ha permitido a casi la mitad de los funcionarios que actualmente forman parte de los cuerpos superiores acceder desde los cuerpos inmediatamente inferiores.
Por si no quedaba claro lo anterior, la enmienda de Podemos viene a confirmarlo, ya que pretende extender la iniciativa no solo a los funcionarios del cuerpo técnico que actualmente trabajan en la Agencia Tributaria, sino a aquellos que lo
hacen también en las áreas presupuestarias de gestión de gasto y de gestión catastral; es decir, lo extiende sin más a todos los cuerpos técnicos superiores del Ministerio de Hacienda.
Los principios constitucionales de acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que han sido invocados, y la idea misma de una carrera profesional ordenada dentro de la Administración pública son
absolutamente incompatibles con iniciativas de esta naturaleza. Que esta iniciativa llegue, además, a esta Comisión de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que, como objetivo principal conocido, pretende la disolución del Estado
español, es ya en sí misma una señal alarmante de lo que pretende hacer con los funcionarios públicos españoles. Yo simplemente me permitiría recomendar a los dirigentes del sindicato que reiteradamente impulsan esta iniciativa, que pensaran mejor
a quiénes eligen como aliados. Las reivindicaciones salariales, perfectamente normales en cualquier grupo de funcionarios, no deberían encomendarse nunca a los grupos parlamentarios más radicales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Para finalizar, y por 180 segundos, tiene usted la palabra. (Risas).
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente, siempre tan generoso.
Está de moda tirar los impuestos por los suelos, que es lo mismo que tirar por los suelos al Estado del bienestar. Yo creo que estoy de acuerdo con los grupos proponentes en algunas cuestiones. La primera, con que los impuestos son buenos
y necesarios para mantener el Estado del bienestar y que tiene que haber suficientes recursos. Por eso, lo primero es definir el Estado del bienestar y, luego, ajustar los recursos tributarios. No se puede hacer a la inversa, porque si nosotros
mermamos los recursos tributarios quitando impuestos tendremos que explicar cómo afecta al Estado del bienestar. La segunda, con que la justicia fiscal significa progresividad de los impuestos. Tienen que pagar más aquellos que tienen mayor
capacidad económica. Un tercer principio con el que coincidimos es que todos tenemos que contribuir conforme establece la ley, y eso significa que hay que luchar contra el fraude y que el fraude es una prioridad, hasta tal punto que estamos
llegando a máximos históricos. La última cifra es la de 17,2 millones de euros en 2020, que ha significado aumentar en 2500 millones de euros el resultado de la lucha contra el fraude fiscal.
El compromiso del Gobierno es claro y evidente en cuanto a la prioridad y en cuanto a las medidas: se ha aprobado la ley de lucha contra el fraude fiscal; se está poniendo en marcha un plan estratégico en la Agencia Tributaria, y se ha
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el componente 27 para luchar contra el fraude fiscal. Pero yo creo que coincidimos también con el grupo proponente en que la Agencia Tributaria tiene que seguir creciendo, porque se
vio muy mermada durante los gobiernos de Mariano Rajoy, hasta el punto de que, partiendo de 28 000 efectivos, se quedó en 25 500 efectivos. Hoy en día hemos superado los 26 000 efectivos. Nuestro objetivo es alcanzar los 28 000 efectivos en la
Agencia Tributaria, y a las pruebas me remito: en los últimos tres años las ofertas de empleo público han incluido 5500 plazas en la Agencia Tributaria, de las cuales 430 plazas son de inspectores de Hacienda.
Y coincidimos también con los proponentes con que el fraude fiscal no está en el pequeño contribuyente. El fraude fiscal está en el gran contribuyente. Por eso es muy importante la delegación central de lucha contra el fraude de los
grandes contribuyentes. Se está alcanzando máximos de empleo en esa delegación central; en concreto, 250 inspectores de Hacienda, 250 técnicos de Hacienda y los correspondientes agentes tributarios y personal laboral. Coincidimos, por tanto, en
que hay que luchar contra el fraude y centralizarlo y focalizarlo en los grandes contribuyentes, que es donde está principalmente.
Ahora, no coincido con dos cosas, que las quiero dejar muy claras. Por eso vamos a votar en contra. En primer lugar, esto no se hace por arte de birlibirloque, metiendo en un mes a 5000 personas. He dicho que la oferta pública de los tres
últimos años ha sido de 5500 plazas, y esto requiere su procedimiento y su período de maduración. La oferta pública se inicia y hay un periodo de maduración hasta que se hace y empiezan a trabajar las personas que consiguen superar los procesos
selectivos. Además, hay que tener en cuenta algo muy importante, que el envejecimiento de la Agencia Tributaria es tal que hoy en día cada año se jubilan más de mil efectivos, con lo cual tenemos que ir compensando la reposición y añadir más
efectivos. Por tanto, no podemos coincidir con que esto se pueda llevar a cabo en un plazo de un mes. Tampoco podemos coincidir con crear el subgrupo de técnico superior en Hacienda, y voy a explicar por qué. Es una visión antigua de lo que es la
lucha contra el fraude fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, vaya acabando, por favor.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir, presidente.
¿Por qué? Porque antes había lo que se llama una segmentación corporativa. Un inspector inspeccionaba a un sujeto pasivo. Eso se suele mantener con los pequeños contribuyentes, pero para los grandes contribuyentes hay un equipo, hay áreas
funcionales, y, por tanto, tiene que haber inspectores, técnicos, agentes, auxiliares administrativos, porque son los que realmente luchan en conjunto, en equipo. Por tanto, este subgrupo, aparte de que no garantiza la seguridad jurídica que
requiere, no sería ni tan siquiera eficaz.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Señor Margall, a efectos de configurar la votación, ¿acepta o no la enmienda de Unidas Podemos?
El señor MARGALL SASTRE: Con todo el cariño del mundo para el señor Guijarro, no.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Se votará en sus términos.
- RELATIVA A RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/004230).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir el punto número 6, relativo a racionalización del gasto público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la iniciativa y por cinco minutos tiene la palabra su
portavoz, el señor Bas.
El señor BAS CORUGEIRA: Muchas gracias, presidente, y bienvenida, señora Crespín, a la vicepresidencia, y también bienvenido, Gabriel Elorriaga, como nuevo portavoz del grupo en esta Comisión. Quería también agradecer el magnífico trabajo
de su predecesora, Carolina España, que ha dejado el Congreso para dedicarse a llevar la Consejería de Hacienda en la Junta de Andalucía.
Dicho esto, me meto en la materia. Presentamos a esta Comisión una iniciativa en positivo, mirando al futuro, orientada a que la recaudación que generan los ciudadanos con sus impuestos se gestione de la manera más eficiente posible, y a
tenor de lo manifestado por los portavoces en esta Comisión entiendo que estamos todos de acuerdo. Esta gestión eficiente de los servicios públicos hay que realizarla siempre, pero se hace mucho más necesaria en tiempos de crisis, como los que
estamos viviendo. Además, a pesar de que la crisis afecta a todos los países de la Unión Europea, España presenta las peores cifras económicas de todos ellos. La deuda pública española se encuentra próxima al 118 % del PIB, con un volumen récord
de 1,487 billones de euros. Tenemos un déficit público previsto para el 2022 del menos 5 %. El crecimiento del PIB este año se estima en un 4 %, y para el próximo año la mitad, un 2 %. Somos el único país que todavía no ha recuperado los niveles
prepandemia, cifra que, en el mejor de los casos, se alcanzará a finales del 2023. Tenemos la inflación más alta de nuestro entorno en la Unión Europea, con el 10,5 %, y la subyacente en el 6,4 %. Y somos el país con la tasa de paro más alta de
Europa.
Con este oscuro panorama, afrontamos un nuevo escenario: el Banco Central Europeo ha reducido su programa de compra de deudas del Estado y se van a producir subidas de tipos de interés que elevarán la presión sobre la sostenibilidad de
nuestras cuentas públicas por un incremento en los costes financieros de las emisiones del Tesoro. Todo ello con el agravante de que nuestro país lo afrontará sin un plan de consolidación fiscal creíble a medio plazo, como han reclamado la AIReF o
el Banco de España.
Señorías, el Gobierno ha aprobado en julio el techo de gasto para el 2023, que marca otro récord: 198 221 millones de euros. Pero el éxito de la gestión pública no se basa en alcanzar niveles de gasto cada vez más superiores, sino en la
eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Un gasto público mayor no garantiza un mejor resultado. Un gasto público debe gestionarse buscando la eficiencia. No por tener más
ministerios supone una mejor gestión. En todo caso, sí tiene como consecuencia un incremento de los centros de gasto. Por eso, se hace necesario identificar el gasto público corriente no esencial y reducirlo para combatir la inflación y para
disminuir el exceso de consumo de las reservas monetarias. Actuar sobre el gasto público superfluo supone actuar en el plano de la justicia social. Quédese con esto. No se trata de recortar ningún servicio público esencial. Señorías de la
izquierda, abandonen ese mantra de que se quiere recortar en sanidad, en educación o en dependencia, y si alguien lo hace son ustedes; si no, expliquen entonces por qué el Gobierno de Sánchez ha gastado 1700 millones de euros menos en sanidad y en
educación de lo que tenía presupuestado en 2021.
Como decía, no se pretende recortar ningún servicio público esencial, pero sí identificar el gasto público corriente no esencial y reducirlo; de entrada, con los datos que ya se conocen, se podrían reducir 60 000 millones de euros, teniendo
en cuenta que la AIReF identifica 14 000 millones de euros de subvenciones fantasma, que se dedican hasta 16 000 millones a capitalizar empresas públicas deficitarias y que hay mucho margen para recortar duplicidades, cifradas en más de 30 000
millones de euros. Además, con la que les está cayendo a todos los españoles, se podría valorar también si regalar más de 500 millones de euros para financiar la campaña de imagen exterior de Pedro Sánchez es más necesaria que aplicarla a una
rebaja de impuestos, como propone nuestro presidente Feijóo, por ejemplo, bajando el IVA a los productos que integran la cesta de la compra, como la carne y el pescado.
Por todo ello, y con el objetivo de racionalizar el gasto público, proponemos al Gobierno cuatro puntos. Le instamos a potenciar la AIReF como órgano de evaluación de gasto público, dotando a la recién creada División de Evaluación del
Gasto Público de recursos suficientes para que pueda desarrollar su trabajo. Además, le instamos a presentar una estrategia creíble de consolidación fiscal acorde con las orientaciones presupuestarias que determine la Unión Europea sobre los pactos
de estabilidad y crecimiento. Un tercer punto es reducir los ministerios, altos cargos y asesores, abordando una nueva configuración en la estructura del Gobierno, pasando de los veintidós ministerios actuales a una nueva estructura orgánica
similar a la de 2018. Por último, le instamos a diseñar un plan nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones públicas, estatal,
autonómicas y corporaciones locales.
Muchas gracias. Espero contar con su voto favorable. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bas.
No se ha presentado enmiendas a esta iniciativa. Por lo tanto, señor Guijarro, tiene la palabra por Unidas Podemos.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que uno lee la iniciativa y agradece el tono mesurado, aparentemente cargado de una cierta razonabilidad, que no es muy propio de las iniciativas que ha venido presentando el Partido Popular en los últimos años, con lo cual, uno
tiene que agradecer ya ese cierto cambio de tono. En todo caso, sí les querría decir que me da la sensación que, tras ese tono algo más mesurado, no dejan de estar los viejos preceptos de siempre, es decir, bajo ese manto más o menos tecnócrata se
esconden, como siempre, los viejos prejuicios ideológicos. La verdad es que, leyendo la iniciativa, hay muchas afirmaciones que no tienen ningún tipo de fundamento, todo con la idea de trasladar esta idea de que el Estado despilfarra recursos
públicos como principio general de actuación, cosa que es más falsa que una moneda de seis pesetas.
Por ejemplo, hablan de las cuentas públicas, y se les olvida hablar de un contexto complicado, como una pandemia, una guerra en Europa, en fin, esas cosillas que pasan así, últimamente, alrededor nuestro. Se habla de responsabilidad fiscal,
pero, claro, uno echa mano de lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy y no sé si es para echarse a reír o para echarse a llorar, porque con el señor Rajoy la deuda aumentó un 60,7 %, 451 700 millones de euros, a la vez que el porcentaje de gasto en
educación por PIB caía por debajo, por cierto, de la media de la Unión Europea, el de sanidad caía por debajo de la Unión Europea o el de protección social caía por debajo de la Unión Europea. Esto sí que es para que lo vean.
¿Cómo es posible que aumente la deuda y, aun así, la inversión en servicios sociales y demás también se vea deteriorada? Es una cuestión realmente curiosa.
Decía que bajo ese manto de cierta razonabilidad se esconde una carga de profundidad ideológica. Pues aquí tengo un argumento más. Citan ustedes al Instituto de Estudios Económicos, y uno lo lee y podría pensar que se trata de un think
tank, un tanque de pensamiento más o menos sofisticado, y luego leen los textos y son un panfleto derechista infumable (risas) que uno se podría encontrar a la salida del metro de Goya, por ejemplo. De verdad que en un instituto que se llama de
estudios económicos esto parece que no es muy propio.
El Partido Popular -termino- ha venido citando con cierta asiduidad informes del Banco de España. Yo le querría leer un texto que sale de uno de los últimos informes del Banco de España, del regulador, referido al gasto en la
Administración, a ver si también les vale lo que dice el Banco de España cuando habla de estas cosas. Cito literalmente: 'España presenta un peso del sector de Administraciones públicas asimilable al de los países de su entorno, aunque se
encuentra en relación con un grupo de referencia de países europeos (UE 15) con niveles por debajo del promedio'. Esto es demoledor. ¿Dónde está el gigantismo que se supone que hay detrás del Estado español? Aquí los señores del Banco de España
le están diciendo que no hay tal gigantismo y, es más, que todavía nos falta por llegar a la media de la Unión Europea. Cosa con la que, por cierto, mi grupo parlamentario está absolutamente de acuerdo.
Escuchaba al señor Bas hablar de bajar impuestos. En esto yo les pediría, por favor, que consulten con sus compañeros y compañeras en Europa, porque últimamente me da la sensación de que ustedes hablan de peras y ellos de manzanas. Su
desalineamiento es colosal. El Partido Popular Europeo lo que está diciendo ahora mismo es, básicamente, que es el Estado, con sus capacidades, el que está preparado precisamente para soportar unas situaciones de estrés como las que estamos
viviendo, y no recurre al viejo mantra este, de reducción de impuestos. Les recomiendo a los señores y las señoras del Partido Popular...
El señor PRESIDENTE: Señor Guijarro, tiene que ir acabando, por favor.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Ya termino, presidente.
Les recomiendo que, por favor, consulten con sus compañeros y compañeras de Bruselas y que tengan un debate sosegado. Seguro que, escuchando bien a sus compañeros, acabarán convencidos de cuán erráticos están.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González Coello.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Con la venia, señor presidente. Muchas gracias.
Nos gusta esta proposición no de ley. Pero vamos a lo que nos proponen. El primer punto era potenciar a la AIReF, lo cual nos parece muy bien, pero, claro, si lo que queremos es reducir el gasto público, nosotros somos partidarios de hacer
más con menos, no de dotar con más fondos a la AIReF, de los cuales ya dispone, sino que sean capaces de hacer más trabajo. Si empezamos queriendo reducir el gasto, incrementando el gasto, yo creo que mal empezamos. Eso sobre el punto uno.
Sobre el punto dos, presentar una estrategia creíble de consolidación fiscal acorde con las orientaciones presupuestarias que determine la Unión Europea sobre los pactos de estabilidad y crecimiento, estamos totalmente de acuerdo. Va en
línea con lo que hemos venido defendiendo en distintas intervenciones en el Pleno y en esta Comisión, y celebramos que el Partido Popular se una al tren.
Sobre el tercer punto que nos proponen, reducir ministerios, altos cargos y asesores, abordando una nueva configuración a la estructura del Gobierno, pasando de los veintidós ministerios actuales a una nueva estructura orgánica similar a la
de 2018, la pregunta que me hago es por qué a la de 2018, si esa es suficiente o si tendríamos que ir a más. Claro, esto, que está muy bien, y que nos alegra que el Partido Popular lo presente, choca un poco con las últimas políticas que hemos
visto. Es decir, Juanma Moreno en el Gobierno de Andalucía ha pasado de once a trece consejerías, que es lo que tenía Susana Díaz en el año 2018, y tiene veinticuatro altos cargos más respecto a los que tenía el Gobierno de Susana Díaz. Oiga,
quieren una cosa para el Gobierno de España, pero en Andalucía hacen lo contrario. Y si miro lo que hicieron en la última legislatura, el gasto público en el último Gobierno de Andalucía se incrementó por encima de lo que crecieron el PIB y la
inflación. Por lo tanto, va en contra de lo que nos está pidiendo el
Partido Popular aquí, que a nosotros nos parece muy bien. Además, si aumentaran el gasto corriente en especial en esa legislatura también el de la alta dirección.
Borrón y cuenta nueva. Nos parece fenomenal que el Partido Popular inste al Gobierno de España a que reduzca el número de ministerios, que es un verdadero despropósito, y recupere el sentido común.
El último punto es diseñar un plan para la mejora y efectividad y calidad del gasto público. Yo recuerdo, en el primer debate económico, un informe de UPyD que se llamaba 'El coste del Estado autonómico II', donde hablaban de que el gasto,
sin eliminar las comunidades autónomas, que se perdía era de 28 000 millones. En ese debate, me parece que era Iván Ayala, que creo que era de Podemos, dijo literalmente, y me he ido a la bibliografía para buscarlo, que la CNMC había detectado que
se perdían 48 000 millones de euros en contrataciones públicas y corruptelas varias. Bueno, llevan ustedes tres años de Gobierno y, a lo mejor en el cuarto año, detectan dónde están esos 48 000 millones que decía el señor Ayala. Todavía no. Pero
es que esto fue a más. Eduardo Gutiérrez, de Más País, en este mismo debate que se hizo -es público- hablaba que eran 90 000 millones. No sé si son 48 000 o 28 000, pero este decía 91 000. Ya por cerrar, el señor Bermejo, de Ciudadanos, que no
estuvo en el debate, pero sí lo dijo en redes sociales, hablaba de 60 000 millones.
Por lo tanto, hay rango de mejora. Tenemos que volver a esos presupuestos de base cero, recuperar el respeto al dinero que nos dan los ciudadanos, que es dinero ajeno, y utilizarlo de una manera eficaz y eficiente, porque no nos queda otra
en el entorno en el cual nos ha metido este Gobierno de la ruina.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mínguez tiene la palabra.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: Buenas tardes. Gracias, presidente.
Decía el señor González, de VOX, que no entendía por qué comparábamos con el 2018. Es que, señor González, el Partido Popular no puede comparar con el Consejo de Ministros del señor Aznar, porque, de los catorce ministros que tenía, doce
están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales. Por eso no se tira más hacia atrás.
Señores del Partido Popular, tengo una mala noticia para ustedes, y es que mienten. Dicen ustedes que España es la economía que menos crece. Mienten. Según el Fondo Monetario Internacional, va a ser la economía que más va a crecer este
año y el año que viene. Dicen ustedes que España es la economía con mayor déficit. Mienten. Teníamos el mayor déficit de la Unión Europea en el año 2017, el último año de gestión económica del Partido Popular con el señor Rajoy. Grecia, Francia
o Italia hoy tienen más déficit que España. Dicen ustedes que España es la economía con más deuda pública respecto al PIB. Mienten. Todos los partidos de la Unión Europea, después de la gestión de la pandemia, han aumentado su deuda pública. Hay
un total de catorce países con niveles superiores al umbral del 60 %. Ustedes dicen que España es la economía con mayor inflación. Mienten. Catorce son los países que tienen una inflación superior a la española. Y ustedes dicen que España es la
economía con mayor tasa de paro juvenil. ¿Me pueden decir ustedes en qué año de los que gestionó el Partido Popular dejó este país de estar en esos rankings? Hoy, con la reforma laboral, España tiene una menor tasa de paro juvenil, y seguiremos
trabajando en ello.
Tienen en la oposición el discurso muy bien aprendido. La solución: bajar impuestos y recortar gastos. Yo me pregunto si el señor Feijóo se va a hacer un Rajoy, aquello de decir una cosa cuando estamos en la oposición y la contraria
cuando están en el Gobierno, si es que llegan, porque, de momento, a mí lo del impuesto del patrimonio me está recordando la amnistía fiscal que aprobó el Partido Popular. Dicen que no pretende recortar el Estado del bienestar. Pero, entonces, y
discúlpenme, señores del Partido Popular, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Si tan fácil es bajar impuestos y no recortar los gastos, ¿por qué ustedes nos subieron los impuestos y no recortaron los gastos? Congelaron las
pensiones, la de viudedad incluida. Quitaron la paga de los médicos, de los profesores, y llegaron a recortar el subsidio al desempleo un 25 %. Recortaron las becas, la Ley de la Dependencia, la sanidad, la educación. Se gastaron el fondo de
pensiones. Todo ello para ahorrar. Sí, ahorramos todos los españoles. ¿Cuánto? Mucho. Casi 65 000 millones de euros. ¿Y qué hicieron con nuestro ahorro, con nuestro 'apriétense el cinturón'? ¿Saben qué hicieron? Le pusieron un lacito y se lo
regalaron a los bancos. A los bancos. Y hoy, ¿qué nos dicen? Hoy nos dicen que un impuesto a los bancos no. Es decir, que, cuando los bancos tienen beneficio, que ellos se repartan los dividendos y, en cambio, que cuando tienen pérdidas vamos a
socializar las pérdidas y las vamos a pagar entre todos los españoles. Si la receta es tan clara
como bajar impuestos e incluso ustedes pueden llegar a decir no recortar los gastos, ¿por qué ustedes nos hicieron exactamente lo contrario?
Para acabar, señores de VOX, van a tener ustedes mucha faena con el socio que han elegido en el Partido Popular. Ustedes dicen que el chiringuito de Abascal no lo es, un chiringuito de 250 000 euros que le monta Esperanza Aguirre; que lo
de Toni Cantó tampoco lo es, uno de 75 000 euros, en un año aquí, en Madrid, y le aprueban los presupuestos, y lo del vicepresidente de Castilla y León, que no tiene competencias, tampoco es un chiringuito. Pues mire, déjeme que le diga una cosa.
Hace muy poco, muy poco, el Consejo de Cuentas de Galicia publicaba su informe en julio y podemos ver que la herencia del señor Feijóo en Galicia, aparte de incrementar la deuda...
El señor PRESIDENTE: Señora Mínguez, tiene que ir acabando. Lleva usted un minuto más.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: ..., es de 7360 millones -voy acabando ya mismo-. Tiene toda una Administración paralela en Galicia de noventa entidades fuera de control para huir de la rendición de cuentas. Gestionan el 15 % del presupuesto de
la Xunta de Galicia con toda una red clientelar para colocar a los alcaldes, a los consejeros y a toda la oficina de recolocación para sus personas: veintinueve fundaciones, diecisiete agencias, quince sociedades mercantiles, once autónomos...
El señor PRESIDENTE: Señora Mínguez, tiene usted que acabar, porque le voy a cortar.
La señora MÍNGUEZ GARCÍA: ... nueve consorcios, cuatro fondos de capital riesgo y dos entidades públicas empresariales.
El señor PRESIDENTE: Señora Mínguez, no tiene la palabra.
- SOBRE EL MÍNIMO DEL 15 POR CIENTO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES APROBADO POR EL PARLAMENTO EUROPEO PARA QUE CANARIAS QUEDE EXENTA DADO SU RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/004234).
El señor PRESIDENTE: A continuación, señorías, pasamos a debatir la proposición no de ley número 7, que versa sobre el mínimo del 15 % del impuesto de sociedades aprobado por el Parlamento Europeo para que Canarias quede exenta, dado su
Régimen Económico y Fiscal. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no les voy a reproducir la PNL, pero voy a intentar explicarla de manera entendible, sin centrarme en la parte más literal o técnica de la PNL. En el Parlamento Europeo se debatió una directiva europea respecto a imponer un mínimo
del 15 % del impuesto de sociedades a todos los países de la Unión Europea. ¿Cuál fue el problema? Que en Canarias tenemos un fuero histórico, un Régimen Económico y Fiscal y un estatuto de autonomía que tiene determinados rangos inferiores al 15
% del impuesto de sociedades. ¿Qué ocurre? Que ni España ni ningún país ni nadie presentó esta excepcionalidad canaria. Es decir, en Canarias, que gobierna el Partido Socialista también -importante-, dicen que enviaron la documentación al
Gobierno de España. El Gobierno de España no presentó ninguna excepcionalidad canaria, y esto no lo digo yo, lo dice el director general de fiscalidad de la Unión Europea, Benjamin Angel, que dice que allí no se presentó ninguna excepcionalidad
canaria. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿el presidente del Gobierno de Canarias miente cuando dice que les envió la documentación o bien el Gobierno de España no defendió su territorio canario, su régimen económico y fiscal y su estatuto
de autonomía? A ver si alguien me aclara quién fue el responsable o dónde se perdieron los papeles. En fin, la responsabilidad para mí es clara porque los dos son del mismo partido.
¿Consecuencias de esto? No me voy a meter en si el impacto es de 200 millones, de 500 millones, de tanto porcentaje de empresas; no me voy a meter ahí. El impacto de esto es que hay una normativa, un estatuto de autonomía que se incumple.
Es decir, ¿para qué aprobamos estatutos de autonomía, para qué aprobamos normas, para qué están? Para cumplirlas. Lo aclaro porque parece que no queda claro esto. Las normas están para cumplirlas. Entonces, no se trata de si el impacto es mayor
o menor, se trata de que desde que hay un pequeño impacto, por mínimo que sea, ya se está incumpliendo con el Estatuto Autonómico de Canarias, ley orgánica, nada más y nada menos. Entonces, no me vayan a decir -y me
voy a adelantar- que el impacto es reducido, que solo afecta a las empresas de más de 700 millones. Miren, desde que afecta a una sola empresa ya se está vulnerando nuestra legislación.
Les voy a decir una cosa más: en Canarias, el Régimen Económico y Fiscal no es un capricho, es una herramienta que tenemos para, en un territorio ultraperiférico e insular, captar algo de inversión, crear empleo, diversificar la economía.
Y les puedo dar cifras: el paro canario está al 17,8 %, muy por encima de la media española; el juvenil se eleva al casi 42,3 %, y tenemos unas cifras de riesgo de exclusión, de pobreza, que llegan al 37 % de la población. ¿Ustedes en serio creen
que es una población que está como para perder oportunidades de inversión, de creación de empleo, por mínimas o pequeñas que le parezcan al Estado español o a Europa? Es más, no me hablen del impacto residual, señorías, porque esto es otra cosa.
Nosotros no estamos en contra del espíritu de la directiva europea, estamos a favor de que se persiga a las empresas que evaden impuestos, estamos a favor de todo eso, pero es que en Canarias es tan pequeña la capacidad de captación, que es mínimo.
Esto no va en contra del espíritu de la normativa europea. Es más, el Estatuto Autonómico de Canarias, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias tiene anclaje en los tratados europeos, en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, en
reiterada jurisprudencia europea, y en esta novedosa, renovada estrategia RUP, que está muy bien para sacarse fotos, pero cuando tenemos que defender la región ultraperiférica, nos quedamos callados.
Señoría, no estamos para renunciar a oportunidades de creación de empleo en Canarias, y mi pregunta es, si esto se permite, por muy pequeño que les parezca a ustedes el impacto, ¿qué es lo siguiente? Ya nos pasó con las grabaciones
cinematográficas. No -decían-, es que solo afecta a unas cuantas... Es un incumplimiento del REF. Nos pasa con las operaciones triangulares. ¿Dónde ponemos el límite? Si no se respeta la normativa, ¿dónde ponemos el límite? Voy más allá, es
que crea inseguridad jurídica, y los que estamos aquí sabemos que lo primero que quiere una empresa inversora es seguridad jurídica a la hora de invertir en un determinado territorio. Se crea una inseguridad jurídica porque hoy es el impuesto de
sociedades; ayer, las grabaciones cinematográficas; mañana, las operaciones triangulares; pasado mañana, las operaciones de comuneros en las zonas ZEC. Es que no podemos seguir así. Es que las normas están para cumplirlas. Es que nuestro
estatuto de autonomía se aprobó con la unanimidad de todos los partidos. Es que no está solo para sacarse la foto de: 'mira, todos hemos aprobado el estatuto de autonomía'. ¿De qué sirve si después no se defiende, se gobierne o se esté en la
oposición? Entonces, yo lo que pido aquí es un poquito de responsabilidad. Partido Socialista, les estoy señalando la luna, dejen de mirarme el dedo. Esto no es una cuestión de mayor impacto, menor impacto, más empresas, menos empresas, más
millones, menos millones, es una cuestión de respetar la legislación y no podemos estar continuamente con este discurso de recordarles cuál es la legislación canaria. Es que no podemos continuar así, esto se tiene que respetar siempre.
¿Qué pedimos con esta PNL? Pues lo que llevo diciendo todo el rato: que se cumpla con la ley canaria; que se intente arreglar este desaguisado y que se pida a Bruselas que se excepcione la situación canaria, porque hay sobrada
jurisprudencia y legislación para entender la excepcionalidad y la singularidad canaria, esa singularidad canaria que a los canarios les permite desarrollarse mínimamente y que no perjudica en nada el espíritu de la política europea de luchar contra
el fraude fiscal. En realidad, estamos todos a favor de eso, pero el territorio que represento tiene gran necesidad de diversificar su economía y generar empleo. Siempre la ha tenido, pero ahora muchísimo más. Entonces, lo que les pido a todos
los grupos es que se cumpla la ley, por favor; lo único que se está pidiendo con esta PNL es que se cumpla la ley y que se pida a Bruselas lo que se debió pedir antes, que ya no llegamos a tiempo. Y me gustaría, por favor, que alguien me pudiera
aclarar si el Gobierno de Canarias miente y se enviaron los papeles, o si el Gobierno de España nunca recibe los papeles, o si los recibió y nunca los presentó. Uno u otro miente, y me gustaría, por favor, que nos lo aclararan, porque, repito, es
una cuestión vital para nosotros que se cumpla nuestro Régimen Económico y Fiscal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
A continuación, ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario VOX. El señor Manso tiene la palabra.
El señor MANSO OLIVAR: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Nos ha explicado muy vehementemente la señora que representa a Coalición Canaria el problema que tiene. Tenemos un acuerdo de cartelización fiscal -porque no se puede llamar de otra manera más que cartelización fiscal- firmado por 136
países de la OCDE, con la finalidad de establecer un impuesto
de sociedades mínimo del 15 % con el que prevén sacar 150 millones. Y digo 'cartelización' porque si esto lo hubiera hecho un conjunto de empresas, estarían ante los tribunales.
Esto es lógico si se razona como razona el señor Hurtado, que debe pensar que el Estado como corporación está fuera de las leyes naturales y sociales, porque dice: primero se fija el estado del bienestar y luego el gasto. Claro, si
razonamos así, señor Hurtado, efectivamente, necesitamos sangrar como sea a todo el mundo. Esto es, usted primero decide que se compra un Mercedes y luego el Congreso le tiene que subir el sueldo. Pues mal vamos.
Luego, no recuerdo el nombre, la señora también del Partido Socialista, ha acusado de mentir. Vamos a ver, vuelven ustedes con el tema de los bancos, el rescate bancario. Pero si fue el rescate 'cajario', por favor. Fue el rescate
'cajario'. Y luego nos saca unos números, pero se le olvida lo fundamental. ¡Claro que crecemos mucho, porque venimos de muy abajo! Somos el único país que no ha alcanzado el PIB de 2019. Luego hace algunas comparaciones y se compara con los
peores. Estamos por debajo de la media, muy por debajo de la media, en los datos buenos y por encima en los malos. No siempre somos el peor, estoy de acuerdo, pero encima ustedes se comparan siempre con los peores. Parece que no quedando el
último de la clase, ya vamos tirando.
Miren ustedes, este acuerdo de cartelización fiscal es muy difícil que se llegue a cumplir, aunque lo hayan firmado 136 países dentro de la OCDE -no porque sean de la OCDE, que la OCDE solo tiene 34-, y luego el Parlamento Europeo el 19 de
mayo. Primero, es muy inocente. ¿Ustedes se creen que los Estados Unidos, por ejemplo, lo van a cumplir? Ya verán ustedes cómo no lo cumplen. Luego, sobre todo, a los territorios que no lo han firmado o a pequeños territorios, con sus
singularidades, parecidas a las canarias, por ejemplo, pero que son Estados soberanos, ¿les vamos a imponer que cobren el 15 %? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por la fuerza? Benditas democracias.
Nosotros vamos a apoyar esto, pero quisiéramos que la señora Oramas, que ha sido la que ha propuesto o ha firmado esto, se mirase un poquito menos el ombligo y pensara también en territorios como Ceuta y Melilla, que tienen un régimen
fiscal, ahora mismo, por ejemplo, con el impuesto de sociedades, que es de lo que estamos hablando, con una bonificación del 50 % en la cuota íntegra, según el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Pero quisiéramos que se citara
también a Ceuta y Melilla por si acaso en algún momento, a pesar de la reducción del 50 %, esos territorios, que también tienen una singularidad muy especial, tuvieran que llegar a pagar más del 15 %. Nosotros somos todavía más partidarios de otra
cosa: no aplicar ese límite inferior al 15 %. Porque no sé por qué nos hemos tenido que meter un tiro en el pie y eliminarnos la posibilidad de competir fiscalmente con otros territorios y, sobre todo, de eliminársela a los débiles, a territorios
independientes, insulares, pequeños países. Si quieren competir de esa manera, que compitan de esa manera.
Pero, como estamos en lo que estamos, cierro -y perdóneme, señor presidente, ya voy concluyendo- diciendo que queremos que en esa PNL que presentan los señores de Coalición Canaria nos acordemos también de nuestros connacionales de Ceuta y
Melilla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Manso.
Viene a continuación el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos. Tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Antes de comenzar con el contenido del texto, querría dar la bienvenida a la señora Fernández, que creo que es la primera vez que viene por esta Comisión. Bienvenida; espero que nos veamos por aquí unas cuantas veces, que seguro que sí.
En relación con el texto que estamos discutiendo, señora Fernández, lo primero que le querría decir es que nuestro grupo parlamentario ha defendido y va a defender el régimen especial... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio. No se escucha prácticamente al señor Guijarro.
Siga, señor Guijarro. Muchas gracias.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Casi no me escuchaba ni yo. Muchas gracias.
Le decía que, señora Fernández, estamos absolutamente de acuerdo, y no solo de acuerdo, sino que hemos venido defendiendo y vamos a seguir defendiendo un régimen económico y fiscal especial para Canarias, porque, efectivamente, eso es lo que
garantiza que la inserción de la economía canaria en el
ámbito español y europeo se haga de una forma más fluida y, sobre todo, más igualitaria, etcétera, pero aquí lo que estamos discutiendo es otra cosa. Esto es una discusión que comenzó en la OCDE hace ya más de veinte años -para que vean
ustedes lo que tardan las cosas en madurar-, a raíz de una de las conclusiones del grupo de trabajo sobre erosión de bases imponibles. Allí se llegaba a la conclusión de que la única manera de evitar que todos los Estados padecieran esta
competencia hacia ninguna parte que se había establecido a nivel fiscal era precisamente legislar a nivel internacional. Y, señor Manso, las legislaciones internacionales no tienen por qué imponerse a golpe de bayoneta y cañonazo. Hay una cosa que
se llama sistema de Naciones Unidas, Organización Mundial de Comercio; en fin, una serie de entramados que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial que sirven para garantizar una cierta gobernanza pacífica de nuestro planeta y que
necesariamente no implican sacar la ametralladora y disparar contra todo lo que se mueve. Yo sé que esto a la ultraderecha le gusta mucho, pero digamos que las personas normales nos movemos por otro tipo de parámetros.
Yendo de nuevo a la iniciativa, señora Fernández, insisto en que, estando absolutamente de acuerdo con ese régimen canario, lo que no podemos es empezar a hacer excepciones cuando precisamente el objetivo es que no haya excepciones, es que
todas las empresas se enfrenten en los mismos términos a un impuesto de sociedades como el que venimos defendiendo. Insisto mucho en esto porque esto no es óbice para que Canarias siga disfrutando de su régimen especial y que, evidentemente, tenga
las ventajas fiscales que tiene que tener una región ultraperiférica, como es Canarias, para poder avanzar y progresar como el resto de territorios del Estado español. Me parece que ambas cuestiones son perfectamente compatibles. Podemos seguir
dando esas ventajas comparativas al archipiélago canario, a la vez que dejamos de horadar de una vez por todas esas bases imponibles que lo único que ha hecho ha sido perjudicar a los canarios, a los extremeños, a los andaluces y a todo hijo de
vecino de este país. Por lo tanto, mi grupo parlamentario va a seguir defendiendo la idoneidad no ya solo de establecer una armonización del 15 % mínimo en los impuestos de sociedades, sino de extender este criterio a cuantos más países mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, el señor Elorriaga, tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, presidente.
Nos sumaremos a esta iniciativa, pero me gustaría explicar brevemente algunas cosas que se han citado, no siempre con demasiada precisión.
En primer lugar, efectivamente, la fijación de un nivel mínimo de tributación a través de la OCDE es un acuerdo impulsado por 34 países, que son los que forman la OCDE, a través de lo que se ha llamado habitualmente el marco inclusivo, del
que forman parte, de ese sí, 136. Son dos cosas distintas. El marco inclusivo, que se apoya o que se impulsa a través de BEPS, es decir, el acuerdo sobre erosión de bases fiscales y traslado de beneficios entre jurisdicciones, es un acuerdo
ampliamente compartido a nivel global, que ha sido respaldado, entre otros, por los Estados Unidos de América a través del G-20, a través de la OCDE y a través del marco inclusivo. Es decir, que no existen demasiados debates internacionales sobre
la vigencia de ese acuerdo, con independencia de las dificultades prácticas que tiene posteriormente su implantación en los distintos territorios.
En segundo lugar, la especialidad del régimen fiscal canario, y en concreto su especialidad dentro de la Unión Europea, es un elemento decisivo, clave y permanentemente defendido por los sucesivos Gobiernos españoles ante la Unión Europea, y
es cierto que en el caso concreto que ahora nos ocupa ha habido una evidente desidia por parte del Gobierno socialista, que ha sido incapaz de trasladar en este debate concreto cuáles eran las necesidades derivadas de las especialidades del régimen
fiscal canario.
En tercer lugar, y algo se ha dicho también en este sentido, es extremadamente improbable que en el seno de la Unión Europea exista en un futuro más o menos cercano una directiva que obligue de una u otra manera a la implantación de un
modelo de tributación mínima al impuesto sobre sociedades. Las informaciones públicas -esto no es ningún descubrimiento- nos hacen saber a todos que existen determinados países que se oponen firmemente a tal iniciativa y, por lo tanto, dado que es
un marco de unanimidad el de la Unión Europea, lo más probable es que nunca llegue a suceder esto. Aunque también es verdad que los países centrales de la Unión Europea, y entre ellos España a través de su Gobierno, se han manifestado a favor de
introducir una norma nacional -no una directiva europea, sino una norma nacional- que contemplase alguna forma de tributación mínima.
Yo creo que, siendo rigurosos, esta iniciativa habría que reconvertirla hacia un instar al Gobierno a que esa norma nacional de tributación mínima, en su caso, recogiese la especialidad del régimen fiscal canario, que es lo que eventualmente
realmente se puede producir. Pero, insisto, como estamos de acuerdo en el fondo del asunto, apoyaremos la iniciativa, aunque, insisto, creo que debería quedar claro en esta Comisión, para darnos todos por correctamente informados, que es muy poco
probable que exista una directiva de tributación mínima en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, y termino ya, nos sumamos a la iniciativa, denunciamos la desidia del Gobierno socialista en relación con este tema y confiamos en que, si llega a
existir una norma nacional de tributación mínima en el impuesto sobre sociedades que impulsa el Gobierno, se contemplen las especialidades del régimen fiscal canario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fuentes tiene la palabra.
El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos la proposición no de ley relativa a respaldar que Canarias quede exenta de la aplicación del 15 % mínimo de tributación del impuesto sobre sociedades a las multinacionales, dado nuestro régimen económico y fiscal. Y digo
'nuestro' porque yo también soy diputado por la provincia de Las Palmas, al igual que la compañera, y venimos a defender lo mismo con puntos de vista distintos.
Como ya conocen, el Ministerio de Hacienda y Función Pública presentó el 22 de diciembre de 2021 la propuesta de la directiva al consejo sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales de la
Unión. Esta propuesta de directiva establece normas para garantizar un nivel mínimo, como ya se ha dicho, de imposición efectiva a los grandes grupos multinacionales y a los grupos exclusivamente nacionales de gran magnitud que operan en el mercado
único, coherente con el acuerdo alcanzado por el marco inclusivo y sus reglas modelo de la OCDE. Hablamos de empresas cuyas cifras de negocios superen los 750 millones de euros. El nivel mínimo de tributación que se pretende garantizar solo podría
tener incidencia en el régimen fiscal de la zona especial canaria en la medida en que pudiera haber entidades de este régimen que entraran en el ámbito de aplicación de las nuevas reglas de tributación, pero, como bien se dice en la exposición de
motivos de la PNL, el número de empresas afectadas por la medida sería escaso. De igual manera, podría afectar a las entidades que hubieran aplicado la reserva de inversiones en Canarias, de forma que su tributación efectiva hubiese descendido por
debajo del 15 %. Esta aplicación de la directiva no impide que las entidades afectadas sigan beneficiándose de una carga fiscal menor que con el régimen general; es decir, seguirán recibiendo ayuda estatal y, por tanto, no contravienen el derecho
de la Unión Europea ni se conculca la protección constitucional del régimen fiscal canario. Cito unas palabras que no fueron pronunciadas por mí, pero que respaldo con rotundidad, y estoy seguro de que la proponente recordará perfectamente: Si ha
habido un Gobierno que ha defendido el fuero de Canarias ha sido el Gobierno progresista de España, que ha promovido todas las reformas fiscales que permitan la consideración justa de Canarias como región ultraperiférica, con todas las consecuencias
que de ello se derivan. Seguiremos defendiendo en los foros internacionales, con el resto de los países que cuentan con regiones ultraperiféricas, la necesidad de tener una consideración especial con este tipo de regiones. Seguiremos defendiendo
que, a pesar de que queremos un consenso internacional sobre el 15 % en el impuesto de sociedades dirigido a todos los países para que no haya fuga de capitales y, por tanto, situaciones indeseadas de un país a otro, se tenga en cuenta esa especial
sensibilidad en el fuero de Canarias y, por tanto, todas las regiones ultraperiféricas que tienen esta consideración.
Señorías, estas palabras fueron pronunciadas por la ministra de Hacienda -y termino, presidente- a una pregunta en el Pleno de la Cámara formulada por la señora Oramas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuentes.
Señora Fernández, a los efectos de configurar la votación, ¿acepta o no la enmienda?
La señora FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Con todo respeto, no acepto la enmienda, no porque tenga que ver con el ombligo de la señora Oramas, sino porque tiene que ver con la legislación RUP y, con todo el respeto a Ceuta y a Melilla, no son RUP
básicamente, así que no la acepto.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO QUE REGULA EL DEVENGO DEL IVA EN LAS OPERACIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA, EN EL SENTIDO DE ELIMINAR LA PREVISIÓN DE QUE EL IMPUESTO SE DEVENGUE EN TODO CASO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO POSTERIOR A AQUEL EN QUE SE HAYA REALIZADO LA OPERACIÓN, POR SER CONTRARIO A LA DIRECTIVA EUROPEA EN MATERIA DE IVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/004350).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la última proposición no de ley, relativa a la modificación del artículo que regula el devengo del IVA en las operaciones sometidas al régimen especial de criterio de caja, en el
sentido de eliminar la previsión de que el impuesto se devengue en todo caso el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, por ser contrario a la directiva europea en materia de IVA. Ha sido
presentada el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señora Martínez. Vemos los problemas que tiene con su voz y estaremos atentos. Ruego silencio, dado que la voz de la señora Martínez no es la que sería deseable que tuviera.
La señora MARTÍNEZ GRANADOS: La voy a dar por defendida. Me gustaría, pero no puedo. Por favor, vótenla a favor. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Acaba de decir que la da por defendida. Lo digo por si alguien no la hubiera escuchado.
El señor Guijarro, que es el siguiente en intervenir, tiene la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
Lo primero, quiero desear a la compañera una pronta recuperación. Estoy deseando poder discutir y debatir sobre estos temas. Sé que no nos ponemos de acuerdo en muchas ocasiones, pero sí le digo que agradezco esos debates, de los cuales
siempre aprendo.
Sobre la iniciativa en cuestión, la verdad es que no nos oponemos a la misma, salvo porque las previsiones que se indican ya se están cumpliendo. En este sentido, sí nos sorprende un poco el contenido de la propuesta en la medida en que en
los términos previstos en la normativa española ya el empresario puede diferir el ingreso del impuesto sobre el valor añadido a la Hacienda pública hasta el momento de percibir su importe el destinatario de la operación. Esto ya se da, ya ocurre,
ya hay un criterio de caja y, desde luego, si no lo hubiera estaríamos completamente en contra. Este criterio, sobre todo para un impuesto indirecto como el IVA, parece no solo razonable, sino evidente. En todo caso, la opción por este régimen
supone también la obligación de diferir la deducción del impuesto soportado hasta el momento de efectuar el pago del mismo, esto es claro. Pero, por otra parte, se establece una fecha límite de devengo del impuesto, el 31 de diciembre inmediato
posterior a la realización de la operación. Es decir, en realidad, la legislación española está dando todavía más tiempo de lo que daba la directiva, que establecía doce meses precisamente para poder aplicar el criterio de caja. Básicamente, lo
que está diciendo la legislación española es aplíquese el criterio de caja, hasta un límite razonable. Cuando han pasado doce más equis meses y el susodicho no ha liquidado, entonces ya nos encontramos bordeando un territorio donde el fraude fiscal
se hace más fácil, más sencillo y, por lo tanto, la propia directiva europea estableció una limitación que, como digo, a la hora de trasladarse a la legislación española se ha trasladado con una cierta mayor generosidad. Por lo tanto, estando de
acuerdo con el planteamiento, es decir, con la necesidad de aplicar el criterio de caja, sin embargo consideramos que la legislación española ya recoge las previsiones necesarias y suficientes, y en este sentido no vemos la necesidad de introducir
cambios normativos tal y como se solicita en la iniciativa. Por lo tanto, mi grupo parlamentario votará en contra de la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González Coello.
El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Con la venia, señor presidente. Muchas gracias.
Fíjese lo que acabamos de escuchar. O sea, que si una empresa lleva doce meses sin cobrar, tiene que pagar el impuesto. A lo mejor no cobra, pero el impuesto hay que pagarlo. Así es como piensa parte de esta Cámara, que obviamente no ha
trabajado en el sector privado, y así se han ido tantísimas empresas al garete en este mundo.
Yo creo que es muy acertada la propuesta que ha hecho Ciudadanos. Yo creo que es de recibo. La teoría económica define tres costes: Costes de eficiencia, costes de cumplimiento y costes de Administración. Los costes de eficiencia, nos
están hablando del coste de oportunidad, y esto disminuye el tamaño de las economías, reduce el nivel de empleo y ataca directamente a la productividad de las empresas, porque lo que están haciendo es poniendo recursos en el Estado, que siempre es
más ineficiente que el sector privado, de alguien que a lo mejor no ha cobrado o no va a cobrar nunca. Vamos a apoyarlo. Yo creo que el sistema fiscal no debe convertirse nunca en una rémora para el crecimiento económico y para la creación de
empleo, y que las rentas están en aquellas personas físicas o jurídicas que de una manera lícita, con su trabajo, con su esfuerzo y con su talento, ganan el dinero.
Y respecto al criterio de caja y las necesidades operativas de fondos o los fondos de maniobra operativos, diré que una empresa puede ir muy bien, pero, si no tiene caja, quiebra. Y se puede estar facturando muchísimo y resultar que no se
ha cobrado. Yo he llegado a cobrar facturas a 368 fecha factura durante la anterior gran crisis, y sé de lo que estoy hablando.
Votaremos a favor, y además de esto, quiero también rememorar el hambre recaudadora del Gobierno de Sánchez, que lleva recaudados 26 500, 22 500 por un lado, más los casi 4000 que ha dado a las comunidades autónomas por la inflación, y que
el compromiso de este grupo, como no puede ser de otra manera, es reducir los impuestos y devolver cada uno de esos euros que se han quitado de manera ilícita.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Píriz tiene la palabra.
El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señor presidente. Con la venia.
En primer lugar, mi deseo de recuperación pronta a María del Carmen, la compañera de Ciudadanos.
Hoy nos trae aquí una propuesta Ciudadanos que a nosotros también nos parece muy procedente. Creemos que debe aplicarse y que debe legislarse sobre esto para que tanto la sentencia del TSJA como la sentencia del Supremo se empiecen a tomar
en cuenta y las haga propia la Hacienda pública.
En esta PNL hablamos de la España real, porque, mientras este Gobierno decía que no iba a dejar a nadie atrás, hay 14 000 empresas, según la estadística de la Seguridad Social, que han desaparecido en España hasta este año desde el inicio de
la pandemia. En la España real, la que no intentó visitar Sánchez con poco éxito, sino la real, la de los españoles que están en sus calles y en sus casas, hay cientos de miles de autónomos y empresarios que habrán facturado a estas empresas, a
estas 14 000 empresas que han desaparecido ya, y que no cobrarán sus facturas nunca, esto lo tenemos que tener en cuenta, pero tuvieron que adelantar el 31 de diciembre de 2021, o tendrán que adelantar este año si la factura es de 2021, ese IVA que
pagaron pero no han cobrado. ¿Y qué tendría que hacer esta empresa para recuperar ese dinero? Pues tendrá que hacer el montón de gestiones que hay que hacer en este país cuando quieres recuperar un IVA de una factura impagada, que requiere
documento notarial, que requiere procedimiento monitorio, que requiere esperar un mes para una cosa, otro mes para otra. En fin, al final se hace prácticamente imposible para esta empresa el poder cobrar, ya no solo la factura, que no la va a
cobrar de una empresa que ha quebrado, sino el IVA que Hacienda, con su voracidad fiscal, le ha cobrado por anticipado. ¿No será más sencillo que cumplamos con la directiva europea?, me pregunto yo. Los autónomos ya no le piden a este Gobierno
ayuda, como la de los 7000 millones, aquella que aprobaron y que, según la AIReF, una tercera parte de ella no se ejecutó por la incapacidad de la Administración y por la dificultad y la burocracia que tenían.
Piden cosas sencillas y normales, como es no tener que anticipar a Hacienda por ingresos que no han recibido. Hay dos opciones: o la voracidad fiscal de este Gobierno, 23 300 millones de euros a julio de incremento de recaudación, o bajar
impuestos y, en este caso, al menos, no pedirles a los autónomos de este país que financien a la Hacienda pública el 0 % de interés.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
Para finalizar esta iniciativa, la señora Vilches, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora VILCHES RUIZ: Gracias, presidente.
Señorías, con esta iniciativa el Grupo Ciudadanos pretende modificar la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el sentido de eliminar que el impuesto se devengue el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se
hayan realizado las operaciones sometidas al régimen especial del criterio de caja.
El Grupo Socialista votará en contra por tres razones principalmente. La primera es que el motivo de que se establezca una fecha límite del devengo del impuesto a 31 de diciembre del año posterior a la realización de la operación es con la
finalidad de prevenir el fraude del impuesto.
En segundo lugar, el plazo fijado es muy amplio, sobre todo si lo comparamos con otros Estados miembros de la Unión Europea que han puesto como fecha límite de devengo, como máximo, un año después de realizada la operación, y es que, además,
en el caso de que se produzca el impago, la empresa tiene mecanismos legales para recuperar el impuesto cobrado indebidamente. De hecho, según el artículo 80 de la ley del IVA, un crédito se considera total o parcialmente incobrable cuando reúna
las siguientes condiciones. La primera es que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. Es decir, que ya se considera que, a partir de un
año, el crédito puede entrar como incobrable y reducir la base imponible para que no recaiga sobre la empresa.
En tercer lugar, cualquier modificación del régimen de caja debe hacerse de manera coordinada con otros regímenes especiales previstos en la ley del impuesto para las pymes, y siempre en el marco de las previsiones de la directiva. En
definitiva, su propuesta deja una vía abierta al fraude fiscal con el grave perjuicio que ocasiona a las arcas públicas y, por ende, a la ciudadanía, cuando, con el plazo que ya establece la ley, la empresa tiene tiempo suficiente para percibir el
cobro, y de no ser así, la propia ley contempla mecanismos para que la operación quede como incobrable. Por ello, nuestro voto será desfavorable.
Esto es todo, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vilches.
Señorías, en un minuto procederemos a votar. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. Antes de hacerlo, les recuerdo a sus señorías que, nada más acabar esta sesión de la Comisión, hay primero una reunión de Mesa, y cuando acabe, celebraremos una reunión de
Mesa y portavoces.
Empezamos a votar la proposición no de ley número 2, relativa a la promoción del reconocimiento público a la excelencia y a la profesionalidad de los empleados públicos de las administraciones públicas, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La proposición no de ley número 3 ha sido retirada.
Pasamos a votar la número 4, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a actualizar, revisar y adecuar los complementos de residencia e insularidad de los empleados públicos del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La proposición no de ley número 5, sobre la medida de lucha contra el fraude fiscal y la evasión, se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 6, relativa a racionalización del gasto público, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 7, sobre el mínimo del 15 % del impuesto de sociedades aprobado por el Parlamento Europeo, para que Canarias quede exenta, dado su régimen económico y fiscal, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 8, relativa a la modificación del artículo que regula el devengo del IVA en las operaciones sometidas al régimen especial del criterio de caja, en el sentido de eliminar la previsión de que el impuesto se
devengue en todo caso el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se ha realizado la operación, por ser contrario a la directiva europea en materia de IVA, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, al no haber más asuntos, se levanta la sesión y procederemos a la reunión de la Mesa.
Eran las seis y quince minutos de la tarde.