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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 488, de 29/09/2021
cve: DSCD-14-CO-488 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2021 XIV LEGISLATURA Núm. 488

SANIDAD Y CONSUMO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ

Sesión núm. 48

celebrada el miércoles,

29 de septiembre de 2021



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Consumo (Garzón Espinosa):


- A petición propia, para exponer los contenidos del anteproyecto de Ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo. (Número de expediente 214/000134) ... (Página2)


- Para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su ministerio para evitar la subida de la luz a los consumidores en plena ola de frío y nieve por la borrasca 'Filomena', en enero de 2021. A petición del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 213/000778) ... (Página2)


- Para explicar, tras la subida del 27 % de las tarifas eléctricas por parte de las empresas energéticas en pleno temporal de frío, las medidas urgentes que tomará para dar solución a esta situación así como las acciones de contención de
precios a futuro para que un hecho así no vuelva a repetirse. A petición del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 213/000781) ... (Página2)


- Para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su ministerio para evitar la espectacular subida de la luz a los consumidores durante el primer trimestre de 2021. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 213/000999) ... (Página2)


- Para informar sobre el impacto en los consumidores del nuevo recibo de la luz que se pondrá en marcha a partir del mes de junio de 2021. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001079) ... href='#(Página2)'>(Página2)



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- Para explicar la situación respecto al nuevo máximo de la factura de la luz en el mes de abril en relación con su anterior comparecencia del 27/01/2021, así como para dar cuenta de la inminente entrada en vigor de la nueva factura de la
luz. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 213/001102) ... (Página2)


- Para que dé explicaciones sobre la nueva factura de la electricidad, incluyendo sus principales elementos y los objetivos buscados, así como del impacto económico que la subida del coste de la luz tiene para los hogares. A petición del
Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/001191) ... (Página2)


- Para informar sobre las medidas y actuaciones que ha llevado a cabo su ministerio para evitar durante el año 2021 el elevado incremento del precio de la energía eléctrica y de la factura de la luz a los consumidores y usuarios de bienes y
servicio, y el impacto negativo sobre la economía del hogar de la subida del índice armonizado de precios al consumo (IAPC), según el informe del Banco de España. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/001433) ... (Página2)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Ruego tomen asiento en sus escaños, que vamos a proceder a tramitar el orden del día dedicado a la celebración de las ocho solicitudes de comparecencia del ministro de
Consumo que figuran en el mismo. Las comparecencias se van a celebrar acumuladamente. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido a esta que es su Comisión.


Doy lectura a las comparecencias que vamos a sustanciar en la tarde de hoy: a petición propia, para exponer los contenidos del anteproyecto de Ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo; para informar sobre las
actuaciones llevadas a cabo por su ministerio para evitar la subida de la luz a los consumidores en plena ola de frío y nieve por la borrasca Filomena, en enero de 2021, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; para explicar,
tras la subida del 27 % de las tarifas eléctricas por parte de las empresas energéticas en pleno temporal de frío, las medidas urgentes que tomará para dar solución a esta situación, así como las acciones de contención de precios a futuro para que
un hecho así no vuelva a repetirse, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por su ministerio para evitar la espectacular subida de la luz a los consumidores durante el primer trimestre de
2021, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular; para informar sobre el impacto en los consumidores del nuevo recibo de la luz que se pondrá en marcha a partir del mes de junio de 2021, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular; para
explicar la situación respecto al nuevo máximo de la factura de la luz en el mes de abril en relación con su anterior comparecencia del 27 de enero de 2021, así como para dar cuenta de la inminente entrada en vigor de la nueva factura de la luz,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario VOX; para que dé explicaciones sobre la nueva factura de la electricidad, incluyendo sus principales elementos y los objetivos buscados, así como del impacto económico que la subida del coste de la luz tiene
para los hogares, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Ciudadanos; y para informar sobre las medidas y actuaciones que ha llevado a cabo su ministerio para evitar durante el año 2021 el elevado incremento del precio de la energía eléctrica y de la
factura de la luz a los consumidores y usuarios de bienes y servicio, y el impacto negativo sobre la economía del hogar de la subida del índice armonizado de precios al consumo, según el informe del Banco de España, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Popular.


Estas son las solicitudes de comparecencia y, por tanto, este es el orden del día que, como saben, vamos a realizar como siempre venimos haciendo en esta Comisión de forma acumulada. Les recuerdo los tiempos de intervención y organización
de las intervenciones: tras la palabra del señor ministro de Consumo, tendrán una intervención de menor a mayor los grupos que han solicitado comparecencia por tiempo de diez minutos; después, por tiempo de siete minutos, podrá intervenir el resto
de grupos que quiera intervenir, también de menor a mayor, y por último, habrá un turno de réplica de tres minutos para todos los grupos que también deseen intervenir.


Comenzamos con la comparecencia. Muy buenas tardes, señor ministro, tiene la palabra.



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El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Es un placer por supuesto comparecer en esta sesión. Son muchas las comparecencias que se han solicitado y, por tanto, voy a tratar de sintetizar los dos motivos fundamentales por los que estamos hoy aquí: el
primero, para explicar una de las normativas que ha pasado ya una primera vuelta por el Consejo de Ministros y que, por tanto, vendrá más temprano que tarde a esta Cámara y en la que ustedes pueden hacer incorporaciones y otra serie de aportaciones
como les parezca oportuno, y el segundo, es el relacionado con las actividades del Gobierno en relación con los precios de la luz.


Sin embargo, primero, quisiera aprovechar la oportunidad para iniciar mi intervención mandando un mensaje de cariño a todo el pueblo de La Palma, así como mi solidaridad a todas las familias afectadas que, naturalmente, están pasando por
unos momentos muy difíciles. Afortunadamente se está abriendo camino, desde el primer minuto, un ejercicio de solidaridad enorme por parte del pueblo, por parte de las administraciones públicas, un ejercicio de responsabilidad pública que yo creo
que es muy notable. Yo estuve también allí presente, donde anunciamos que estamos desde el Ministerio de Consumo trabajando en determinadas medidas que tienen como objetivo incrementar la protección de las familias afectadas y hacer que en estos
momentos tan difíciles y tan duros para ellas lo último en que se tengan que preocupar es de cuestiones vinculadas a relaciones contractuales, que naturalmente en muchos de los casos no van a poder seguir siendo satisfechas, pero que podrían seguir
siendo cobradas. En ese sentido, hay una serie de preocupaciones con este tipo de cuestiones que nosotros tenemos que resolver, usando por supuesto todos los mecanismos, desde la figura del consumidor vulnerable hasta aquellos otros que proceda.


También quiero aprovechar, ya que hoy el Día internacional de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, para hacer algún comentario. Saben ustedes que nuestro país, como los países de nuestro entorno, tenemos un sistema
agroalimentario, de distribución y de consumo desarrollado, pero que hay una parte de esa alimentación que se pierde, que se desperdicia, desde la cosecha hasta el consumo minorista, que se estima que es de hasta el 14 %. Naturalmente, eso no solo
es una pérdida directa, sino que todos los recursos que se han utilizado para la producción de esos alimentos -estamos hablando de la tierra, del uso de la energía, del agua, de la mano de obra, etcétera- también se han desperdiciado y son también
recursos que asimismo generan una huella en el cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Esta es una problemática que desde el Ministerio de Consumo estamos contemplando desde el primer momento como saben ustedes,
porque alguna vez lo hemos planteado tanto aquí como en el Senado. Entendemos que el nivel actual de desperdicio alimentario es insostenible y tenemos que poner en marcha medidas adecuadas y hemos empezado incorporando una de esas medidas en el
anteproyecto de ley que hoy presentamos aquí, que es el motivo por el que comparezco a petición propia y que yo creo que va a ayudar a adoptar esas medidas que son necesarias también a escala mundial y local para incorporar tecnología, soluciones
innovadoras y nuevas formas de trabajar y buenas práctica que nos permitan ir reduciendo esos niveles tan elevados e insostenibles de desperdicio alimentario.


Por tanto, voy a distribuir la intervención en dos partes. La primera parte se trata de explicar este proyecto de ley de modernización, partiendo de la idea que hemos también traído a colación varias veces para contextualizar y es que
nuestro país llevamos cuarenta años con un déficit democrático en esta línea de trabajo en la que los abusos y fraudes de grandes empresas en nuestro país han sido generalmente impunes por la falta de recursos suficientes desde la Administración
pública. Auténticos casos de estafa conocidos como el dieselgate o las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo, han tenido una respuesta desde la Administración pública a efectos de sanción prácticamente nula, a diferencia de otros países. Esta es
una materia sobre la que hemos trabajado aquí, hemos discutido sobre ello, y ahora ese anteproyecto de modernización y de régimen sancionador viene a resolver la parte procedimental, proporcionándonos un instrumento para resolver este tipo de laguna
que no habíamos podido hacer hasta ahora.


La segunda cuestión es que las materias de la normativa de consumo está obsoleta, porque en los últimos diez años se había dejado de lado y, por lo tanto, había una necesidad de modernizarla, sobre todo porque los hábitos de consumo en esta
última década se han transformado, igual que se han transformado las relaciones comerciales, igual que se ha transformado en última instancia la tecnología. Por lo tanto, esta ley que venimos a presentar -y que, insisto, es un anteproyecto y, por
lo tanto, van a tener ustedes la oportunidad de trabajarla en el ámbito de las enmiendas y demás en esta Cámara- tiene dos partes: la parte relacionada con el régimen sancionador y la parte relacionada con la modernización.


En cuanto al régimen sancionador, para que nos entendamos, se trata fundamentalmente de tener un instrumento que permita al Gobierno ser capaz de sancionar, junto con las comunidades autónomas y



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otras autoridades competentes, aquellos casos de fraudes y abusos que se han acreditado en diferentes ámbitos, sin perjuicio de la vía penal y sin perjuicio de otras vías donde pudiera tener otras líneas de trabajo. Esto viene a cumplir un
punto del acuerdo de Gobierno y, por lo tanto, también con esto estamos dando avances en la línea del cumplimiento del acuerdo de Gobierno, que ya saben ustedes que para nosotros es lo que dota de legitimidad a todo el trabajo que estamos haciendo
desde el Gobierno, y desde el Ministerio de Consumo muy particularmente. Durante estas cuatro últimas décadas han sido las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar todas las competencias sancionadoras, pero el Gobierno central, digamos,
no había hecho sus deberes, a diferencia de esas comunidades autónomas que sí que lo habían hecho para intentar proteger a las personas consumidoras y a su ciudadanía ante ese tipo de eventos, que algunos han sido más conocidos, como los que ya he
citado, como el dieselgate o las cláusulas suelo, pero que en otros casos han sido mucho menos conocidos, bien fuera porque tenían una incidencia menor en términos globales, o bien fuera porque solo obedecía al ámbito de una sola comunidad autónoma.


Esta modificación que proponemos en la ley tiene como objetivo ser capaces de incorporar este mecanismo sancionador para el Gobierno, para el Estado, pero, al mismo tiempo, ser capaces de complementarlo y de hacerlo siempre respetando
absoluta y pulcramente todas las competencias de las comunidades autónomas, que -como decía- son las que hasta ahora han desarrollado esta herramienta. Pero, con la configuración actual, con los casos que hemos puesto de relieve y que ya hemos
traído con un poquito más de detalle aquí mismo, se ha puesto en evidencia que había una insuficiencia o, como he dicho antes, una laguna. Por lo tanto, nos dotamos de un instrumento que permite hacer frente a infracciones de las siguientes
tipologías: que puedan afectar a la unidad de mercado y a la competencia del mismo; que tengan incidencia, por ejemplo, en varios Estados miembros; que se produzcan a través de Internet si el infractor no está localizado en España; o para
aquellas infracciones que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas, para que existan mecanismos de colaboración.


De hecho, abro un pequeño paréntesis para explicar que, desde el Ministerio de Consumo, desde la Dirección General de Consumo, hemos puesto en marcha un proyecto piloto para mejorar la colaboración entre las comunidades autónomas, cuando
reciban denuncias masivas, por parte de la ciudadanía, relacionadas con los mismos hechos. Desde el 1 de julio de 2021 se ha puesto en marcha este proyecto piloto para realizar un tratamiento colaborativo de todo este tipo de denuncias, para
mejorar la eficiencia, para generar sinergias y para, en última instancia, poner a disposición todos los recursos de todas las administraciones para poder cumplir el objetivo, que es naturalmente el de proteger a la ciudadanía. En el caso de la
recepción por parte de varias o de todas las comunidades autónomas de una denuncia sobre los mismos hechos, la dirección general asume la centralización de las comunicaciones iniciales con la parte denunciante y las empresas denunciadas, llevando a
cabo una labor de investigación, que en el fondo lo único que tiene son dos objetivos: en primero lugar, determinar en qué comunidades autónomas habría consumidores afectados y, por tanto, qué comunidades autónomas tienen legitimación para llevar a
cabo las actuaciones -insisto, las competencias están ahí-, y en segundo lugar, hacer una valoración inicial de la fundamentación de la denuncia. Así estamos maximizando e incrementando la eficiencia en la colaboración entre las comunidades
autónomas y el Gobierno central, respetando pulcramente todas las competencias y permitiendo cubrir las lagunas que existían hasta este momento.


El régimen de sanciones va a ser -como no puede ser de otra forma- efectivo, proporcionado y disuasorio, cumpliendo el doble objetivo de proteger a la ciudadanía y evitar que las empresas tengan incentivos para cometer algún tipo de fraude y
abuso. De hecho, la propia existencia de la norma, la propia existencia de este instrumento, ya de por sí va a desincentivar con mucha probabilidad este tipo de comportamiento, básicamente porque hasta ahora este comportamiento ha quedado impune y,
por lo tanto, una empresa podía saber que si iniciaba un proceso de fraude o de abuso, al final no iba a tener una penalización. En el momento en el que este instrumento existe, aunque no haga falta que se ponga en marcha, ya las propias empresas
van a ser mucho más reacias a hacer ese tipo de actividades. Las sanciones pueden ser de hasta un millón de euros o de ocho veces el beneficio ilícito obtenido. Cuando las infracciones tengan dimensión europea pueden tener hasta un 4 % del volumen
de negocio anual del empresario en España como sanción, y de forma adicional a la multa se podrán imponer sanciones accesorias como el comiso de mercancías o el cierre de establecimientos. En definitiva, se trata de una política que tiene como
objetivo que pueda existir como herramienta disuasoria. Como les decía también anteriormente, todo esto sin perjuicio de las otras vías, que pueden ser las civiles, las penales o de otro orden que les pudiera corresponder.



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En definitiva, se trata de dotarnos de un instrumento, que yo creo que va a permitir al Gobierno hacer frente a muchos abusos y fraudes -insisto- sin necesidad incluso de usar el instrumento, y esto es algo muy importante. De esta manera
corregimos un déficit democrático, hay que pensarlo en términos casi panorámicos. En este momento una infracción que cubriera el perfil, por ejemplo, del dieselgate o de las cláusulas abusivas, es decir, que tuvieran lugar en varias comunidades
autónomas o en toda la Unión Europea, incluso, quedaban sin sanción en nuestro país y sin ningún tipo de perjuicio para la empresa y, por lo tanto, sin ni siquiera poder evitar el riesgo moral que eso supone cuando un Estado es incapaz de hacer
frente a ese tipo de comportamiento. Con esto lo resolvemos, con un régimen sancionador que es efectivo, proporcional y disuasorio.


La segunda parte se refiere a la modernización. Como les decía, en las últimas décadas las políticas de consumo en nuestro país -y esto ya lo hemos hablado alguna vez aquí en esta misma sala- han sido dejadas de lado, honestamente. Así
como la cultura del consumo en otros países de la Unión Europea, y por supuesto de países anglosajones, es una política mucho más desarrollada y con instrumentos legales y regulatorios mucho más preparados, en nuestro país ha sido dejado de lado.
Eso nos ha llevado a que, efectivamente, nuestra regulación o nuestras normas se hayan quedado obsoletas frente a grandes transformaciones, no solo sociales sino también económicas y digitales, que tienen que ver -como decía al principio- con el
cambio de hábitos especialmente relacionados con los hábitos digitales o de comercio online.


La pandemia ha promovido que cada vez haya más consumo online, que cada vez haya más relaciones comerciales y contractuales online, pero esto no era un fenómeno de los últimos dos años; este es un fenómeno que viene arraigando desde hace
bastante tiempo y al que había que adecuar una normativa para la defensa de las personas consumidoras. Por lo tanto, cada vez más empresas utilizan las redes sociales, Internet o los servicios de información, para vender su producto, para
publicitarse y para otras herramientas comerciales. Pero, mucha de esta información puede ser perfectamente falsa, se puede lograr a partir de la venta a través de un tipo de pago distorsionado, o puede haber, en definitiva, una serie de
incumplimientos de lo que nosotros entendemos que son relaciones comerciales justas. En este sentido, lo que hacemos es transponer la directiva de modernización y aprovecharla e incorporarla en este anteproyecto de ley.


¿Qué se incorpora en este proyecto? Por ejemplo, hablamos de la calidad dual de los productos, pasándose a considerar como desleal la comercialización de un bien como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando dicho
bien presente una composición o unas características significativamente diferentes, es decir, en el fondo es un intento de engañar al consumidor. Hablamos también de publicidad encubierta, una publicidad que tienen los servicios de la sociedad de
la información y las redes sociales como ámbitos en los que este tipo de práctica comercial también debe ser considerada como engañosa. Por ejemplo -y esto es algo que todos, como personas consumidoras, los que estamos aquí, que en algún momento lo
somos, lo habremos sufrido en algún momento-, cada vez es más habitual que determinado consumo de servicios, también de bienes pero sobre todo de servicios, se haga en virtud de las puntuaciones que se van viendo en determinadas plataformas que
ordenan ese tipo de consumo. Hablamos de cuando se hace un viaje o de cuando se compra un producto cualquiera. Nos fiamos de las puntuaciones y nos fiamos de las reseñas, lo que nos deja vulnerables ante la posibilidad de que ni esa puntuación se
corresponda con puntuaciones reales donde detrás haya un consumidor que realmente lo haya practicado y están dejándonos, en última instancia, vulnerables frente a prácticas que intenta manipular ese tipo de información en cualquier sentido. En este
caso lo que hacemos es incorporar esos puntos para considerar la práctica consistente en esos cambios de la puntuación como publicidad engañosa y desleal cuando no está justificado, porque así sucede, que detrás hay personas reales haciendo las
reseñas o que detrás lo que hay es un empresario que no está cumpliendo con la normativa, tal y como quedará finalmente recogida, es decir, con justicia y con sustancia frente a lo que nosotros consumimos habitualmente.


Hay otro elemento muy similar a este y es que cuando nosotros accedemos a una búsqueda, por ejemplo, de un viaje, vamos también a otra plataforma donde no solo nos fiamos de la puntuación y de la reseña, sino que al mismo tiempo el orden en
el que nos aparece puede ser distinto si lo hacemos desde nuestro ordenador o si se hace desde otro ordenador. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de algoritmos que son capaces de reconocer determinados registros que hay en distintos ordenadores,
en diferentes usuarios, y que nosotros como consumidores desconocemos el motivo real que hay detrás de ordenarlo de esa manera. Con esta norma lo que tratamos es de mejorar enormemente la



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transparencia para que quede claro por parte de la empresa oferente por qué está establecido en ese orden, qué tipo de criterio se ha utilizado. Ustedes saben que esto son prácticas comerciales que están mucho más desarrolladas que la
regulación en las que se utilizan algoritmos, en las que se utilizan determinada recogida de datos, incluso de las aplicaciones que utilizamos por servicios móviles, y se nos dan productos personalizados, incluso con precios personalizados. Por lo
tanto, nosotros no somos capaces de adquirir una conciencia de la visión panorámica de lo que estamos consumiendo. Creo que eso puede ser corregido y lo que hacemos al trasponer esta directiva es ser capaces también de cambiarlo. Al mismo tiempo,
se trata de clarificar todo lo que tiene que ver con la transparencia, con el reparto de responsabilidades cuando hay tres actores: un intermediario, un proveedor y el comprador final, para que quede claro, después, cuáles son las responsabilidades
en caso de que en esa relación contractual hubiera después una queja o una demanda, para que todo el mundo sepa qué responsabilidad tiene la plataforma de intermediación con respecto a ese contrato final. Hay otras muchas más cosas que podría ir
incorporando pero, en cualquier caso, creo que será suficiente con este resumen de elementos que son muy cotidianos, es decir, pueden parecer menores, pero los ejemplos que he puesto, a veces muy vinculados al consumo de ocio, tienen que ver con
prácticas muy habituales que están sujetas a procesos, desgraciadamente, de fraudes y de abusos.


Para terminar pongo un ejemplo más: la reventa de entradas. Saben ustedes que en el ámbito cultural hay unos procesos que se han puesto de moda en los últimos años, por los cuales determinados agentes utilizan herramientas informáticas
conocidas como bots para comprar entradas de manera masiva, de tal manera que las compran a un precio bajo en comparación con el precio al que después las venden. Se trata de la reventa de toda la vida, pero de manera sistematizada para que al
precio se le pueda sacar una ganancia adicional. Al hacerlo de esa manera, prácticamente, se está dejando al oferente, el vendedor original, sin posibilidad de poder ofrecer a un precio asequible esas entradas a su público. Hablamos, sobre todo,
de conciertos y de producciones culturales a gran escala. Esto queda prohibido con este tipo de utilización y existen mecanismos suficientes en la ley para que esto no pueda suceder, algo que desgraciadamente en este su momento está sucediendo.
Esta norma viene a cubrir otra serie de deficiencias que les planteaba anteriormente y que hacen, no solo que el precio de la entrada no sea más alto, sino que no haya ciertos agentes intermediarios -sería muy generoso decir que eso es
intermediación- que incrementan sus beneficios a costa de subir el precio de las entradas.


Finalmente, en relación con lo que dije del desperdicio alimenticio, quisiera decirles que en este anteproyecto de ley aparece un punto recogido para contribuir a reducir el desperdicio alimentario. Saben ustedes que los supermercados, las
empresas de distribución de alimentación minorista tienen la posibilidad de bajar sus precios, de hacer determinadas ofertas, pero la normativa actual establece que cuando se pone un producto en oferta se tiene que poner, junto con el mismo, el
precio que tenía antes de esa oferta y que ese precio tiene que ser el mínimo de los que hayan estado vigentes en el mes anterior. ¿Eso qué hace? Sin entrar en complejidades, lo que significa es que desincentiva a todos los supermercados a bajar
el precio por motivos de caducidad del producto. Yo veo que un producto está a punto de caducar, que lo voy a tener que retirar del mercado y podría bajar el precio muchísimo. Eso es lo que, según el sentido común, es lo normal. Sin embargo, la
normativa actual, con objeto de prevenir otro tipo de prácticas en otro tipo de ámbito, establece que si eso es así, y lo bajas prácticamente a cero, ese precio va a afectar a futuras promociones. Por lo tanto, la empresa que está pensando también
en una viabilidad de medio y largo plazo no tiene ningún incentivo para hacer una rebaja del precio de manera alta, importante, de productos que están a punto de caducar. Con esto corregimos esta cuestión y permitimos, por lo tanto, que esta rebaja
del precio no afecte a esa cuantificación y a la que se tiene que poner al lado del precio rebajado. De esta forma estimulamos, por decirlo de alguna manera, que las empresas puedan ofrecer en última instancia, cuando se acerca la fecha de
vencimiento o caducidad del producto, unas ofertas y reducir el precio de manera bastante notable, para que de esa manera pueda la gente consumirlo. Es una contribución que puede ser modesta y que desde luego tiene que ir acompañada de otra serie
de procesos integrales y estructurales, pero que ya incorpora este anteproyecto de ley. Asimismo, ya nos hemos comunicado con los supermercados y con las empresas del sector y lo han acogido con bastante gratitud.


Dicho esto, pasamos al segundo ámbito: el precio de la luz. Trataré también de ser sintético con objeto, no solo de poder responder a sus preguntas con más tiempo sino, sobre todo y muy particularmente porque, hasta cierto punto, gran
parte de lo que dijimos en las últimas comparecencias sobre esta materia no ha cambiado. Es decir, nosotros seguimos teniendo tensionado el mercado



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energético y tenemos un mercado mayorista donde se establecen los precios de la energía que está funcionando a través de un sistema, el sistema marginalista. A través de las directivas europeas se optó por ese sistema, pero es un sistema
que está demostrando ser muy poco eficiente, ya que está permitiendo que exista un gap, una brecha para muchas tecnologías que produce una serie de beneficios extraordinarios que se conocen como beneficios caídos del cielo. Esa tensión en el inicio
de la cadena, en el inicio de los precios de la energía, amenaza con trasladarse al eslabón final de la cadena que es el precio de la factura de la luz. Saben que por el medio hay una serie de componentes sobre los que nosotros estamos tratando de
afectar. Las causas que nos movió para comparecer aquí a principios de este año -algunos grupos lo pidieron como si la causa fuera la Filomena, pero ya pudimos debatir sobre ello y sabíamos que no era Filomena la que ocasionaba esas tensiones
energéticas y el tiempo nos ha dado la razón porque no ha habido este tipo de fenómenos en los meses siguientes y el mercado ha seguido tensionado- siguen estando ahí. Les tengo que decir que, según aparecen en los mercados de futuros, estas
tensiones van a continuar más tiempo. Son tensiones que tienen que ver con varios factores: geopolíticos, de suministro del gas, de cómo funciona el mercado marginalista. Cuando uno observa cómo están operando los agentes económicos en el mercado
de futuros, que son contratos que se establecen para que en su vencimiento puedan tener lugar a los precios acordados en el día de hoy, con un mercado secundario donde ahí también se produce cierta especulación, nos sirve como señal para
anticiparnos y saber lo que va a suceder.


Las tensiones en los mercados energéticos pueden continuar perfectamente hasta primavera del año que viene, si no más. Por lo tanto, ahí tenemos un problema estructural, que nace de varias causas. Una de ellas, y es evidente por cómo
funciona el sistema marginalista, es que nosotros somos un país sin gas. Nosotros no tenemos gas y, por lo tanto, cuando queremos cubrir la demanda a nivel nacional con energías que proporcionamos directamente nosotros y que sean más baratas, como
pueden ser las renovables, es decir, todo el abanico de energías renovables más la nuclear -y no se cubre, evidentemente-, necesitamos echar mano de energías que se importan, y esa energía importada suele ser el gas natural, un gas que además tiene
sobre su precio un coste adicional, que es el coste de emisión de CO2, que también ha subido, para mandar señales en el ámbito de la transición ecológica a escala internacional.


En definitiva, las causas que ya valoramos y estudiamos hace más de seis meses siguen estando presentes, van a perdurar en el tiempo, desgraciadamente, y el propósito de este Gobierno, como también será el de otros Gobiernos afectados por
esta dinámica, que es internacional y que está operando en todos los países, es conseguir que, mientras que el sistema no cambie -cosa que sería deseable, es decir, que el sistema no fuera marginalista, porque es un sistema que, insisto, es
ineficiente-, nosotros seamos capaces de evitar que esas tensiones y subidas históricas de los precios de la energía se acaben trasladando a los precios finales de la factura de la luz. Esta es la misión fundamental del Gobierno de España.


He de decirles que no existe en este momento ningún registro riguroso acerca de cómo está la factura de la luz, porque no existe un indicador único. La factura de la luz es el final de la cadena. Sabemos cómo está de tensionada el
principio de esa cadena, suponemos que se está produciendo un traslado de esos incrementos, pero depende de muchos factores, como la estructura del mercado energético en nuestro propio país o los contratos establecidos, pues no todos los
consumidores tenemos el mismo tipo de contrato ni el mismo tipo de potencia ni el mismo tipo de tarifa, en definitiva no existe un único indicador que nos esté diciendo de manera clara cómo está variando, ni siquiera de media, la factura de la luz
final, porque hay una tarifa que es libre y hay otra regulada, y, aun así, dentro todavía hay enormes diferencias y heterogeneidad. No obstante, entendemos que las medidas que estamos poniendo en marcha compensan, mitigan en gran medida, si no
totalmente, gran parte de esas tensiones en el origen de la cadena. Pero lo primero que hay que decir es que la clave está en la estrategia a medio plazo, que consiste en invertir en energías renovables lo suficiente como para que la producción, la
generación de energías renovables y las más baratas puedan cubrir en condiciones normales toda la demanda. De esa manera no haría falta echar mano de las energías que son más caras y que ya trasladan ese sobrecoste.


En segundo lugar, mientras eso sucede, porque, como es lógico, son estrategias de país que suponen varios años, lo que hay que hacer es incidir claramente en la situación coyuntural. La forma más fácil de hacerlo reside en la parte fiscal,
que, reduciendo los ingresos del Estado, permite reducir la parte impositiva, de manera que, si el sistema funciona bien, se traslada a la bajada de precios. Ahora expresaré un matiz sobre ese punto, porque desconocemos en qué momento nos
encontramos, pero, evidentemente, lo que



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nos dice la teoría es que podría suponer una bajada de impuestos, podría suponer una bajada del precio, dependiendo de la estructura del mercado. Por eso, el Gobierno, como también anunciamos en su momento en Comisión, bajó el IVA del 21 al
10 %, suspendimos el impuesto sobre generación del 7 %, bajamos los impuestos especiales y, por lo tanto, redujimos prácticamente al máximo el peso de lo fiscal en la factura. Esto hace que estas herramientas hayan podido mitigar y compensar gran
parte de las tensiones que se están generando en el inicio de la cadena. ¿Funcionará? Creemos que, desde luego, compensa y mitiga, si bien, como les decía, no tenemos indicadores claros sobre cómo está afectando eso a cada familia, porque,
evidentemente, cada una tiene un contrato y unas tarifas distintas, incluso hay familias que tienen pleno autoconsumo y, por lo tanto, están fuera de la línea general que aquí estamos marcando.


Por otra parte, todo esto depende mucho de la estructura de mercado. Lo hemos dicho muchas veces y ya hemos discutido sobre ello. Nuestro país tiene una estructura de mercado con forma de oligopolio y hay tres grandes empresas que
prácticamente controlan la totalidad de las compras y ventas en estas subastas y, por lo tanto, tienen una gran capacidad de intervención sobre los precios de la energía. Esta mañana la vicepresidenta segunda comparecía, como yo también lo hacía,
en la sesión de control y proporcionaba unos datos que les traigo de nuevo. Estos datos se refieren a que las empresas españolas energéticas tienen unas rentabilidades y unos beneficios muy superiores a los que tienen sus homólogos en otros países,
y son el resultado de una anomalía, ya que, mientras que en otros países el nivel de competencia efectiva en el mercado energético es mucho mayor, en España el nivel de competencia dentro de este mercado es mucho menor porque hay tres grandes
empresas que lo copan prácticamente todo y, por definición, esa estructura de mercado permite imponer unos márgenes de beneficio muy superiores. El margen de beneficio medio de las empresas energéticas en la Unión Europea es del 10 %, en Alemania
es del 5 % y en España es casi del 20 %, es decir, en nuestro país el margen de beneficio de las empresas energéticas es casi el doble que la media de la Unión Europea y bastante más que en Alemania.


En última instancia, este es el resultado de esa estructura de poder en el mercado energético, que en gran parte también es debida a cuestiones como la existencia de un mercado marginalista, en el que, como saben ustedes, se proporcionan
esos beneficios extraordinarios o beneficios caídos del cielo. Aquellas empresas que proporcionan las tecnologías más baratas se ven beneficiadas con precios finales en el mercado mayorista más elevados, y es que el coste de esas tecnologías se
suele mantener constante, imaginemos a 20, y de repente la energía se está vendiendo a 180, de modo que, evidentemente, la diferencia, el gap es directamente un beneficio, que no guarda relación con la productividad de la empresa; simplemente es
una ganancia, como se dice bien, caída del cielo. Y eso es lo que hace que este Gobierno haya puesto en marcha medidas -ya lo hemos explicado y, por tanto, no abrumaré a sus señorías con esta información- destinadas a reducir esa cantidad de
beneficios extraordinarios y en reducir los costes del sistema para rebajar los precios finales de la luz.


Junto a ello, hemos puesto en marcha una serie de medidas de regulación del mercado energético. Hay una serie de normas que han llegado ya al Parlamento, como la del fondo, que serán discutidas en este Congreso, y todas van a contribuir a
reformar el mercado energético y a rebajar los precios de la factura de la luz, siempre a expensas de que estamos hablando de una cadena que comienza con los precios de la energía y termina con la factura de la luz, que en cada familia puede ser
distinta. Entonces, es ahí donde hacemos toda la intervención, en toda esa cadena. Creemos que lo estamos haciendo bien, que estamos tomando las medidas adecuadas. Nos hubiera gustado que nuestro país dispusiera desde el principio de mecanismos
más potentes para que cuando hubieran llegado estas tensiones hubiésemos estado más preparados, pero, desgraciadamente, estos son las mimbres con las que tenemos que hacer la cesta y, por lo tanto, son las herramientas que tenemos. También ponemos
claramente en alerta a todas las administraciones para hacer frente a todas estas tensiones, que pueden continuar en el tiempo y van a exigir nuevos debates y mucha atención. Esperemos que, efectivamente, todas las empresas estén claramente
alineadas con el cumplimiento de la ley y de las normas que aprobamos, puesto que son normas absolutamente necesarias y empresas que tienen margen suficiente como para asumir este tipo de normativa nueva.


En resumen, creo que con esto traslado nuestra preocupación, nuestra intervención y nuestra acción política respecto a los precios de la luz. Insisto, he tratado de ser pedagógico, y soy consciente de que son temas sensibles y complicados.
No he entrado en cuestiones que hemos tratado en otras ocasiones, como el bono social, el bono térmico, etcétera, aunque no tengo ningún problema de considerarlo en las preguntas, pero la panorámica que les he ofrecido y con la que trabajamos en el
Gobierno es con la que nosotros creemos que, al final, podremos garantizar y proteger a las familias trabajadoras de estos



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vaivenes del mercado, que, si me lo permiten, ni siquiera es como dijo aquel milagro económico que acabó en la cárcel: es el mercado, amigos; ni siquiera es eso. Es un sistema que asigna los precios de manera profundamente ineficiente,
permitiendo que haya empresas que, sin tener un incremento en los costes, pueden tener beneficios extraordinarios adicionales sencillamente por existir en ese mercado, y eso creo que es absolutamente insostenible. Otros Gobiernos de la Unión
Europea han planteado ya las dudas y sus quejas de manera clara ante las autoridades pertinentes, y esperemos que más temprano que tarde la Comisión Europea y las instancias correspondientes también hagan lo posible por cambiar este tipo de mercado
marginalista, porque es verdaderamente un despropósito. Mientras tanto, a nosotros nos toca hacer cosas, y eso es lo que estamos haciendo.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor ministro.


A continuación corresponde la intervención por tiempo de diez minutos de los portavoces de los grupos que han solicitado comparecencia.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenas tardes.


En primer lugar, quiero agradecerle las explicaciones y el carácter de las mismas. Como usted ha señalado, ha intentado ser pedagógico. Otra cosa es que se esté más o menos de acuerdo, pero creo que ha sido fácil seguir su disertación.
Como uno ya se ha acostumbrado a ser sincero y a estas alturas de la vida ya va a ser complicado intentar no serlo, voy a decir algo que probablemente no le ayude pero que creo hay que señalar. Nosotros estamos bastante de acuerdo con los análisis
de fondo que usted realiza. Esto es lo que quizá no le ayude, porque al final seguramente que Euskal Herria Bildu coincida con usted será material o munición para otros grupos a la hora de denostar su posición. No obstante, creo que hacen un
análisis atinado sobre los factores, tanto en lo que tiene que ver con el primer punto, en lo relativo a la normativa que hoy ha venido a presentar, como con el otro aspecto, el precio de la luz, que probablemente tiene una actualidad mucho más
candente.


Respecto a lo que tiene que ver con la presentación del anteproyecto de ley, decía usted algo que desde posiciones de izquierdas es difícil no estar de acuerdo, incluso desde izquierdas soberanistas. Usted hablaba del déficit democrático
provocado por los abusos y fraudes de las grandes empresas, y estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que va a intentar abordar este anteproyecto de ley afecta a casi toda la arquitectura del Estado español, es decir, las élites del Estado español de
hace ochenta años consiguieron saltar el Rubicón de la Dictadura a la democracia sin mojarse la suela de los zapatos, porque siguieron ocupando las mismas posiciones de privilegio. Y a partir de ahí, nos ha hablado de una serie de ejemplos, como
las cláusulas suelo o el dieselgate, en lo que tiene que ver con las materias susceptibles de mejora en este anteproyecto, que creemos que son buenos ejemplos tanto de eso a lo que usted se refería y yo acabo de recordar como también de las
dificultades que tiene el poder público, que tiene el Estado para hacer frente a estas élites, que no se presentan a las elecciones pero condicionan la vida de todos y todas y condicionan a los Gobiernos que hemos votado todas y todos, con
independencia de la opción política elegida, es decir, a veces el poder está más fuera de estos muros y más cerca de torres altas de la capital que de las sedes o los templos de la soberanía popular.


Usted ponía como ejemplo, y ha hecho mucha insistencia en ello, el régimen sancionador, y me parece razonable lo que se ha señalado en torno a la necesidad del mismo. Me parecen razonable los casos y las casuísticas concretas, que conocemos
todos y todas. A nada que naveguemos por las redes sociales encontramos ejemplos claros de lo que ha dicho tanto en referencia a la reventa de entradas como de la publicidad engañosa, etcétera. Sin embargo, al hablar del régimen sancionador, no
podía dejar de venirme a la cabeza la ineficacia de los regímenes sancionadores del Estado español respecto a determinadas empresas y en determinados supuestos. Pondré un ejemplo, que me llevará al siguiente punto, al que usted ha hecho referencia,
que es el del precio de la luz. En el año 2004 a Iberdrola se le inició la apertura de un proceso de investigación por una supuesta irregularidad o práctica irregular. Finalmente se demostró que era cierta esa práctica irregular y trece o catorce
años después fue sancionada, tras un largo proceso judicial, al que seguramente ningún consumidor puede hacer frente, pero sí una gran eléctrica, porque tiene los bufetes y los recursos suficientes para poder hacerlo. Ahora bien, el resultado final
de todo esto no fue una sanción ejemplar ni ejemplarizante, sino una sanción que suponía menos del 10 % del beneficio que había obtenido practicando ese ilícito. ¿Qué significa esto?



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Significa que para cualquier empresa ávida de beneficios o de entregar a sus accionistas cada vez más beneficios, llegando a esos niveles que usted ha señalado tan desorbitados con respecto a Alemania o Europa, probablemente incurrir en
prácticas no legales no es la peor de las maneras si quiere mantener esos beneficios, porque sabe que el precio que va a pagar es irrisorio en comparación con lo que va a ganar y que buena parte de lo que va a ganar lo puede dedicar a campañas de
marketing e imagen que limpien esa hipotética mancha que le pueda generar una sanción o una condena.


A continuación me centro en lo que tiene que ver con el precio de la luz. Y usted hoy nos ha vuelto a señalar elementos que realmente ya venimos oyendo en esta Cámara no solo en los últimos días, sino que podría decir semanas, meses o todo
2021, es decir, la subida del precio de la luz es una constante. Eso no significa que desde el Gobierno no se hayan hecho cosas para evitar que fuera así. Lo que se ha demostrado es que las cosas que ha hecho el Gobierno resultan insuficientes
ante el poder de ese oligopolio al que usted se ha referido. Usted lo ha dicho con claridad -y por eso digo que estoy de acuerdo-, ha dicho que el oligopolio tiene gran capacidad sobre la fijación de precios. Pero la respuesta que está dando el
Gobierno ante esa gran capacidad para la fijación de precios del oligopolio ha sido reducir su capacidad recaudatoria, para así aliviar la carga final en los bolsillos de los consumidores, sin apenas tocar a quienes determinan en gran medida los
precios, que, en cualquier caso, si ven reducida su tasa de beneficio por lo que suponga la tasa impositiva, la pueden compensar subiendo nuevamente los precios. Y así nos encontramos con una escalada continua, que hoy nos lleva a 189,90 y que hay
quien augura -y seguramente que no se equivocará- que en los próximos días nos va a llevar a los 200 euros megavatio/hora, frente a los 45 creo recordar que costaban tal día como hoy hace un año, es decir, cuatro veces más.


Esa es la triste realidad a la que nos enfrentamos y respecto de la que nosotros nos encontramos un poco más pesimistas, porque es verdad que entre las causas que usted ha señalado, y creo que ha sido correcto, nos ha hablado de realidades
geoestratégicas, del gas, pero creo que también hay que señalar otro elemento, que no es un fenómeno meteorológico, es decir, que tiene algo que ver con la acción directa de los poderse públicos, y es la apuesta que en Estado español y también en mi
país, en Euskal Herria, se ha hecho durante un determinado tiempo, por ejemplo, por las centrales de ciclo combinado, en detrimento de otro tipo de instalaciones, que podrían ser las vinculadas a las energías renovables. Ya no entro a valorar la
idoneidad o bondad o no de esas medidas, pero en cualquier caso han tenido consecuencias. Si uno vuelca toda la fuerza en un modelo energético determinado, no apostando por otros, y se encuentra con esta tormenta perfecta si sirve la expresión,
ahora se ve atado de pies y manos ante un problema que -y agradezco que así se diga- ya que se reconoce como estructural, porque era un poco extraño oír a otras personas del gabinete que usted comparte decir continuamente que este era un problema
coyuntural. Se decía ya en febrero, en marzo, en abril, pero, al final, esto era tan coyuntural como la propia edad: uno nace y muere, pero lo que no sabe es con cuántos años y de qué manera.


No le oculto que me gustaría que desde el Estado, desde el poder público se hiciera mucho más, que se hablara claramente de la intervención pública, de por qué lo que era de todos y todas pasó a manos privadas para enriquecer a unos pocos, a
esas élites de las que hablábamos antes, perdiendo la capacidad de beneficiarnos todos y todas de lo que era recursos de todos y todas, porque incluso estaban antes de que se fundaran esas empresas, es decir, los ríos y todos los recursos naturales
no pertenecen a esas empresas de por vida o per se, sino que los consiguen extraer o apoderarse de ellos. Y seguramente aquí también sería bueno que se hablara de las dinámicas que en el Estado español han acompañado a esa privativación de sectores
estratégicos, que son las puertas giratorias. Llevándolo al terreno de su negociado, al tema del consumo, puedo entender perfectamente que un consumidor político, léase cualquier ciudadano que vota a una opción política, se sienta profundamente
estafado si ve que aquellas opciones a las que ha votado no solo no han conseguido beneficiar su situación -digo la de cada uno de sus votantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de vida y con la carestía de los precios-, sino que lo
que ha hecho ha sido beneficiar a aquel a quien ha votado para colocar a más o menos personas en los consejos de administración. Y esto ha sido recurrente no de todos los partidos, es cierto, pero sí de bastantes y sí de aquellos que han tenido
modelos de Gobierno en el Estado español. Por tanto, creo que ahí es donde hay que trabajar.


Termino con dos cuestiones. Como le digo, no minusvaloro los esfuerzos que está haciendo el Gobierno, pero creo que se engaña si considera que eso es suficiente. Por ejemplo, (enseña un cartel) las izquierdas soberanistas independentistas
en el Estado español ya estamos promoviendo iniciativas que no son contra este Gobierno, son contra el oligopolio eléctrico, y le decimos que hay que desenchufar



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ese oligopolio. Decimos que el 8 de octubre -es una iniciativa propia, como ha habido otras muchas a lo largo y ancho de la geografía del Estado español, en estas naciones que están en la actualidad en el Estado español- vamos a promover
una iniciativa en contra del oligopolio eléctrico, pero nos gustaría que el Gobierno nos dejara atrás con iniciativas mucho más ambiciosas que las que he señalado, porque de ese modo no haría falta que nosotros hiciéramos esto y en cualquier caso
estaríamos defendiendo lo que ustedes están haciendo. Efectivamente, todo este debate, que e coyuntural o ceñido a la luz en lo que tiene que ver con el precio de la factura, esconde algo más, que seguramente a usted no se le escapa, como no se me
escapa a mí y no se escapa a quienes hemos seguido más o menos de cerca diferentes procesos emancipatorios y diferentes procesos de la izquierda, incluso en la gestión de Gobierno y sobre cómo se intenta derrocar a esos Gobiernos desde esas nuevas
formas de guerra, que no tienen que ver con la guerra convencional, sino con el low fare y otro tipo de cuestiones. ¿A usted no le parece que un oligopolio con esa capacidad de poder como la que este tiene no está intentando con ello -como decía un
profesor universitario, que además creo que es de su formación, el señor Sánchez Mato, de manera muy brillante- generar una espiral retorcida y diabólica que lleve a un aumento del precio la luz, de modo que se eleve la inflación, y, como se eleva
la inflación y sabe que el Banco Central Europeo está retirando posiciones y admitiendo o aceptando que crezca el euríbor, sabe también que crecerán las hipotecas, y, por tanto, se encontrará con un clima social que haga que la gente si no estalla,
desde luego, se cabreé mucho? ¿Y contra quiénes lo harán? Contra aquellos que decían que iban a mejorar la vida de la gente pero que, por no haberse atrevido a hacer frente a estos oligopolios de manera más decidida, han acabado arrastrados por
ellos.


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Termino ya.


Por eso, le animaría a que, en la medida en que usted pueda, insista en este Gobierno para que sean mucho más audaces y términos como el de la intervención o el de la expropiación, que en Berlín han vuelto rescatar y a poner de moda, no sean
elementos exóticos para lanzarnos entre nosotros y nosotras, sino para defender a los y las ciudadanas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Gracias, señor Garzón, por su comparecencia, muy clara y muy didáctica. Mi intervención va a tener dos partes, una en cuanto a la luz y otra referida a la ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo. La primera parte
me va costar más porque hay cosas que no me va a gustar decirle, pero tengo que hacerlo, dada la situación actual y la crisis energética que están sufriendo los españoles.


Hoy he leído que se hablaba de una tormenta perfecta. Yo no voy a culpar al Gobierno del precio de la luz: el gas, el carbón, la electricidad y el petróleo se alinean para que nos encontremos en esta situación, y ello afecta a muchos
aspectos de la vida, no solo a los hogares, puesto que se encarecen muchos productos, destruye la economía, muchas empresas, puede lastrar la recuperación, en definitiva puede hacer mucho daño, pero le pido que haga un ejercicio de reflexión
interna. No hace falta que me responda a esto, pero creo que es una reflexión que debe hacer, y reconozco que me gustaría que fueran otros los compañeros de su partido a los que me estuviera dirigiendo en este momento. Imagine lo que hubieran
hecho muchos dirigentes de Podemos si el precio de la luz de hoy hubiese sido con ellos en la oposición. Y le doy algunos datos para este ejercicio: Pablo Iglesias guardó un minuto de silencio en el hemiciclo por las víctimas de la pobreza
energética -hoy no sé cuánto tiempo estaría callado-, o desde su grupo parlamentario se acusó al Gobierno en el Pleno por la muerte de una mujer en un incendio causado por una vela que decían que aquella había encendido por culpa del Gobierno.
Entonces, ¿qué harían si estuvieran en la oposición, cuando el precio de la luz se ha multiplicado por más de cuatro en un año? Sea honesto consigo mismo en ese sentido, porque creo que todos imaginamos la que habrían montado al Gobierno de estar
ustedes en la oposición. Tampoco el Partido Socialista hubiese estado lejos, lo que pasa es que normalmente en Podemos había más aspavientos.


Ustedes no han sido capaces de rectificar esta escalada de la ruina para los hogares españoles porque no saben qué hacer, con lo cual en aquella situación difícilmente habrían sabido qué hacer. Creo que tienen que reflexionar y, cuando en
un futuro, lejano o cercano, estén en la oposición, piensen cómo



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tiene que comportarse una oposición y vean, por ejemplo, cuál es la actitud de mi grupo parlamentario en este caso, en el caso de la pandemia, y en esta Comisión saben cuál es la actitud de mi grupo parlamentario. En Ciudadanos pensamos que
ustedes han reaccionado muy tarde. Han adoptado alguna medida que nosotros compartimos. Las propusimos en enero -en alusión a cuando usted se ha referido a Filomena, cuando se pensaba que la borrasca podía estar detrás de la escalada del precio de
la luz-, como la bajada de impuestos. Es más, hay impuestos -y usted tiene formación económica- que gravan dos veces lo mismo. Hay un impuesto que en el trayecto de la factura de la luz se paga en origen y al final, de modo que hay impuestos que a
lo mejor no tienen sentido en la luz. La segunda medida que les propusimos en aquellas fechas, en enero, y que han adoptado es la de usar los ingresos por los derechos de emisión de CO2 para aliviar la factura, una buena decisión también. Sin
embargo, otras medidas que han adoptado son, como poco, preocupantes, ya que algunas de las que está adoptando el Gobierno ahora pueden afectar en los sobrecostes del futuro, dado que lo desplazará al coste del año que viene o, en el peor de los
casos, creará una bola de déficit de tarifa que llevará a un endeudamiento a muchos años vista. Además, la intervención del mercado mayorista puede suponer la quiebra de la seguridad jurídica y poner en riesgo inversiones.


¿Qué quiero decirle con esto? En la medida en que puede, el Gobierno lo que hace es salvar el presente, si bien está gravando el futuro. Según las decisiones que tomen, no sé si será en el futuro cercano, del año que viene, o a muchos años
vista, de modo que jóvenes que hoy están jugando con la pelota es el salón de su casa se van a encontrar pagando una factura de luz muy grande por las decisiones que se tomen ahora. Creo que adolecen de mala praxis en muchas cuestiones, pero le voy
a decir que la peor de todas es salvar los platos de hoy -más o menos, porque no los están consiguiendo salvar- hipotecando el futuro de los jóvenes. Los carga la factura energética, pagarán una energía cara, pero además la pagarán con contratos en
precario en su trabajo en un país más contaminado por su inacción en políticas verdes eficaces, que también se ven afectadas por esto -y se lo diré un poco más adelante-, en una España más desigual, porque les habrán ido dando en cada ejercicio
presupuestario más privilegios a los partidos nacionalistas. A mí no me importa, como decía el portavoz de Bildu, que él esté de acuerdo con sus medidas energéticas -decía que le hacía un mal favor-, lo que me preocupa es lo concerniente a las
decisiones o acuerdos a los que puedan llegar, que inciden en materia de derechos, libertades, inversiones y unidad e igualdad de los españoles. Los jóvenes heredarán una España más oscura, más fría, donde la luz y la calefacción serán un lujo,
menos unida, más desigual y más deforestada también, porque España se quema y aquí no se hace nada y los pirómanos ni entran en prisión. A todos los españoles les ha dolido, pero sé que a usted le ha dolido el incendio igual que a mí por eso que
viene a llamarse el kilómetro sentimental, porque se quemaba nuestra patria chica.


Hago hincapié en las políticas verdes, y lo traigo a colación por esto, porque el hachazo que han pegado pone en riesgo las inversiones en energía solar y fotovoltaica, y la viabilidad de las tecnologías no emisoras de CO2 se pueden ver
afectadas por estas decisiones. Por eso digo que compartimos algunas de las decisiones que han tomado, pero otras no. Así, dicen ustedes que quieren descarbonizar, pero pegan un hachazo a todos los contratos energéticos a largo plazo y abocan a
las renovables a pérdidas. Dicen que quieren descarbonizar, pero con esta medida traen ustedes más carbón que los Reyes Magos a casa del niño de La Profecía. Estas son decisiones muy desacertadas en cuanto a un Gobierno que se dice verde y apuesta
por las renovables. Le proponemos la extensión del bono social eléctrico para los consumidores más vulnerables. Lo ha mencionado usted, pero, evidentemente, aunque por una razón de economía del tiempo iba a dejarlo para el turno de preguntas, me
gustaría que me dijera qué piensa de esta posibilidad. Además, esto se puede financiar -le digo cómo pagarlo- con cargo al aumento de los ingresos del Estado en el mercado de derechos de emisión de CO2, destinándolo a este bono. En cuanto a los
impuestos a la energía, les pido que los mantengan reducidos al menos hasta que se recuperen los niveles de empleo y PIB previos a la crisis del COVID, de la pandemia. Mantengan esto en el tiempo y convoquen una mesa de la energía. Las decisiones
sobre este asunto que se tomen ahora, para evitar el parcheo, el remiendo débil y muy corto en el tiempo, que no solucione nada, salvo el presente absoluto, deben tomarse con todos los partidos que están aquí y con los actores sociales. La mesa de
la energía debería ser ahora mismo la mesa más operativa de España y no otras mesas que hay por ahí, que no aportan nada bueno a nadie y a ustedes menos.


Ahora entro en la parte que me alegra más tratar con usted: la ley que ha presentado hoy aquí. Es una ley muy necesaria y el anteproyecto es muy interesante, han hecho un buen trabajo. Hay cuestiones que tengo que señalar, tres puntos
concretamente, para no hacer eterna mi intervención. Bueno, eterna



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no; me cortan el micro y ya está. Hay tres aspectos que no nos terminan de convencer. En primer lugar, la ley contiene cuestiones muy necesarias. No ha mencionado, y me parece muy importante, aunque a lo mejor yo no me he dado cuenta, el
tema de la calidad dual de los productos. Debe acometerse este tema, el hecho de que un producto tenga más calidad donde se le exija que el mismo producto vendido con diferentes regulaciones. Que se ajuste el producto en función de la exigencia
del país es inadmisible y que esto se acometa por ley es muy bueno. En segundo lugar, el tema de los bots para la venta y reventa de entradas es una decisión acertadísima y yo sopesaría llevarlo a más ámbitos. Hay más ámbitos que podrían verse
beneficiados, pero desde luego este es fundamental. Y en tercer lugar, las reseñas falsas. El tema de las reseñas y valoraciones falsas hace polvo al pequeño empresario, al que tiene menos medios, porque no puede competir. No pueden pagar lo que
pagan otros y tener tantas estrellitas como tienen otros en un mismo producto, viéndose muchas veces abocados en páginas muy poderosas que determinan muchas veces dónde va a ir uno a alojarse o qué silla comprarse. Esto aclara el mercado y lo
aclara también para el consumidor. Nos parece fundamental que el consumidor entienda bien qué tiene delante.


Termino ya. Quería comentarle los puntos problemáticos que vemos en la ley, pero, como se me acaba el tiempo, lo haré en mi segunda intervención. No obstante, la ley es muy buena -nos gusta-, es muy necesaria, actualiza el mercado y a
priori, salvo cosas raras, podemos apoyarla con algunas enmiendas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.


El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.


Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia. Ha venido hoy a hablarnos del anteproyecto de ley de modernización y régimen sancionador en materia de consumo y tanto en la rueda de prensa de 20 de julio, en la que presentó el
anteproyecto, como en esta comparecencia explica el anteproyecto como una iniciativa de este Gobierno socialcomunista. Incluso ha dicho que se trata de un punto del acuerdo de Gobierno socialcomunista. Oculta usted, señor ministro, que realmente
se trata del mero cumplimiento con las obligaciones de España como Estado miembro de la Unión Europea. Se trata de la trasposición de la Directiva 2019/2161, cuyo plazo de trasposición termina el 28 de noviembre de este año 2021, es decir, en menos
de dos meses. Este ocultamiento u omisión, señor ministro, es disculpable en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero no en esta sede del Poder Legislativo. El artículo 7 de la citada directiva, que establece el plazo de trasposición,
también establece que cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente directiva, que no se ha hecho en esta presentación. Por eso, señor ministro, no está bien atribuirse una iniciativa que no
le corresponde. Eso podrá hacerlo en ruedas de prensa, como ejercicio de propaganda, pero no en esta sede parlamentaria.


Por otro lado, curiosamente, converge su interés como ministro del marginado Partido Comunista en la coalición de Gobierno para asumir alguna competencia en el ministerio trampa y vacío de contenido que le encomendó el presidente Sánchez con
el interés de este grupo parlamentario VOX, que es el de todos los españoles, para eliminar la desigualdad entre españoles que impone el Estado autonómico, en contra del artículo 14 de nuestra Constitución española. Y, por último, en relación con
el anteproyecto, ha hablado también del desperdicio alimentario. Convendrá conmigo, señor ministro, en que este es un problema propio de las sociedades prósperas. Ni en su querida Cuba ni en Venezuela existe ese problema, pero a usted le sirve
para proponer una intervención en los precios del mercado.


El Grupo Parlamentario VOX solicitó su comparecencia para que explicase la situación relativa a los nuevos precios máximos de la electricidad desde su comparecencia del pasado 27 de enero. Respecto a esta solicitud de comparecencia, se ha
limitado a repetir lo que ya dijo en esta sede hace ocho meses. Le voy a recordar algunas de sus declaraciones de la citada comparecencia: Este Gobierno está comprometido con satisfacer todos los objetivos del acuerdo de coalición. Este Gobierno
tiene muy claro el papel social que juega la energía en nuestro país y en nuestras vidas y lo que se ha estado haciendo hasta ahora va en la dirección correcta. Señor ministro, han pasado nueve meses. ¿Sigue pensando que su Gobierno va en la
dirección correcta? Su propaganda se repite, pero la realidad es tozuda y el precio ha seguido subiendo y marcando nuevos máximos históricos. ¿Recuerda las declaraciones de los líderes de PSOE y Podemos cuando la luz subía un 8 %? ¿Qué ha pasado?
¿Ya nadie tiene que dimitir? ¿Se han



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olvidado de sus promesas en la oposición que aplicarían si gobernaban? En un ejercicio de buena voluntad, podría llegar a pensar que ustedes se esfuerzan por solucionar el problema, pero incluso en ese caso estarían demostrando una absoluta
incompetencia funcional de gravísimas consecuencias para todos los españoles, que se enfrentan a una factura de la electricidad y el gas cada vez más cara. Hoy, 29 de septiembre, llegaremos a los 208 euros megavatio/hora mientras que la media anual
de 2019 y 2020 no llegaba a los setenta euros megavatio/hora, es decir, más del triple de la media de los dos años anteriores. Ha dicho que no quiere abrumarnos con las medidas que van a adoptar para reducir los denominados beneficios caídos del
cielo. Por favor, concrete en esta comparecencia dichas medidas. No se preocupe, que no nos vamos a aburrir ni a abrumar; quizá sí a asustar, pero tenemos mucho interés en conocer las medidas que este Gobierno socialcomunista tiene previstas para
disminuir los beneficios de un sector estratégico como el eléctrico. Por cierto, no ha hablado hoy de la empresa pública que anunciaba Podemos. ¿Sigue en pie ese proyecto o lo han descartado?


Ha insistido hoy en que gran parte de lo dicho desde la última comparecencia no ha cambiado. Es que usted vino aquí diciendo que lo iban a cambiar. Dos tercios de la factura no tienen nada que ver con el pool que fija el precio de mercado
del megavatio/hora, sino que son impuestos y peajes. Después de habernos mentido afirmando que la Unión Europea no lo permitía, han bajado el IVA al tipo reducido del 10 % de manera provisional. Es el tipo que pedía también el Partido Popular.
VOX exige que el tipo impositivo debe ser el superreducido del 4 %, que es lo propio de un bien de primera necesidad. Y en cuanto al impuesto especial, han reducido significativamente el tipo impositivo, que también coincide con lo que pedía el
Partido Popular. El Grupo Parlamentario VOX exige la supresión del impuesto por ser un caso claro de doble imposición fiscal.


Como la actualidad manda -usted mismo ha hecho referencia, señor ministro, a la erupción volcánica del Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en nuestra isla bonita-, en el Consejo de Ministros celebrado ayer aprobaron unas medidas para
paliar las consecuencias de la erupción volcánica. Entre ellas, figuran actuaciones en materia de consumo dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas afectadas. Le agradecería que las concretase un poco más si puede.
Por otro lado, me gustaría que nos explicase qué van a hacer para evitar que las ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma sufran los mismos problemas que muchos de los damnificados por el terremoto de Lorca de 2011. Son muchos los
atrapados en el laberinto administrativo de las supuestas ayudas y, después de haber recibido una cantidad insuficiente para reconstruir sus casas, tienen al Gobierno de España como un usurero despiadado e implacable que reclama el 140 % del importe
de la ayuda al aplicar el recargo de apremio y los intereses de demora. Insisto en la pregunta, ¿qué van a hacer para que estas tristes realidades no se repitan con los damnificados del volcán de La Palma?


La situación generada por el volcán me recuerda a la acción del socialismo en la vida de quienes son sepultados por sus utopías. Precisamente en Canarias, ante el lema que el Partido Popular obligó a cambiar a su candidata de 'Socialismo o
libertad' a 'Comunismo o libertad', el presidente socialista Torres manifestó que en Canarias el comunismo es libertad. Los terrenos sepultados por la lava parece que han obedecido al grito chavista de '¡exprópiese!'. Y el Gobierno de Canarias, en
lugar de ofrecer compensaciones o ayudas a las familias que han perdido su hogar o su medio de trabajo para que puedan recomenzar con libertad, se las va a asignar, les va a asignar unas casas que ya ha comprado el Gobierno de Canarias. Otro
portavoz que me ha precedido ha hablado de Berlín y las expropiaciones. Está muy bien traído para lo que quiero recordar aquí, porque cuando era niño recuerdo en Berlín a los Trabant o, como decían allí en tono burlesco, los Trabis, que eran los
coches que asignaba el régimen comunista de la extinta y horrible República Democrática de Alemania. No había libertad de elección, el Estado tenía el monopolio de repartir los coches de la única empresa pública. Eran una miseria en comparación
con los coches que fabricaban sus compatriotas de la República Federal de Alemania: Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW. Creo, sinceramente, señor ministro, que en el caso de La Palma, donde se ha generado un grave quebranto en la economía y el
trabajo de los palmeros, deberían aprender del pasado y promover planes de ayuda compatibles con la libertad. Ya está bien de aprovecharse de la miseria que ustedes mismos propagan en tantos ámbitos de la sociedad y la economía.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Riolobos.



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La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes. En primer lugar, quiero aprovechar mi intervención para mandar un abrazo solidario a todos los ciudadanos de La Palma y también a nuestros compañeros y autoridades, que sabemos que están sufriendo mucho, lo están pasando
fatal y, en fin, yo creo que todo el apoyo que se les dé por parte del Gobierno y de todas las instituciones será poco.


Yo voy a intervenir en la primera parte solo para hablar de las cuatro comparecencias por las cuales viene aquí hoy esta tarde el ministro, las que había pedido el Partido Popular; primero, cuando subió la luz por Filomena, después, cuando
se hizo el balance del primer trimestre y había subido la luz, luego, cuando se puso en marcha en junio la nueva tarifa horaria, que fue un escándalo nacional, y al final por el impacto en el IPC de la subida de la energía. Fíjese usted si le
preocupa poco este problema, señor ministro, que usted viene aquí hoy no para hablar de la luz y de las propuestas que ha hecho en defensa de los consumidores, que es una dejación de funciones tremenda, usted viene a hablarnos aquí de la
trasposición de una directiva -después de su réplica hablaré de ello, en la segunda parte de mi intervención- que no tiene nada que ver, por supuesto, con la energía y con el problema que en este momento preocupa a la mayoría, al cien por cien de
los ciudadanos españoles, que es su recibo de la luz y el impacto que está teniendo sobre toda la economía, sobre el IPC, sobre la cesta de la compra, sobre la subida de servicios básicos, etcétera. ¡Es increíble! Esta mañana cuando yo le
preguntaba usted me acusaba de que habíamos hablado muchas veces. No es verdad, hablamos en enero porque vino usted a contar algo aquí y yo le dije en enero con un gráfico: usted puede bajar el recibo de la luz ya. Y no nos han hecho ni caso. Y
en junio, cuando volvió a comparecer, le sacamos el tema y usted dijo que no iba a hablar de ello porque no venía a eso, que se iba al día siguiente a contar alguna cosilla al Senado. Pero aquí, en este Parlamento y en esta Comisión, las veces que
se ha hablado, salvo la primera, ha sido porque se lo ha pedido el Partido Popular o lo hemos sacado el resto de los partidos políticos, porque sí estamos con los ciudadanos, no estamos en la Moncloa, no estamos en el despacho de los ministros y
sabemos exactamente qué es lo que está pasando.


Señor ministro, yo creo que ustedes no son conscientes del agobio real que están pasando cientos y yo diría que millones de familias en este momento en nuestro país y también empresas. Y le digo más, lo que trae su ideología comunista es
pobreza. Y eso no lo digo yo, eso es la historia, nada más hay que leer la historia y ver cómo están los países comunistas para saber que eso es una auténtica verdad, que es un axioma casi. Nosotros le acusamos, señor ministro, de ser culpable por
inacción de la subida del recibo de la luz -y sé perfectamente diferenciar lo que es la subida de la energía y lo que es la subida del recibo de la luz, aunque usted esta mañana me acusaba de lo contrario-, de la opacidad en el recibo de la luz, de
ser unos egoístas porque tienen una voracidad recaudatoria inaudita -y luego se lo voy a contar-, de ser culpables y de no defender a los consumidores. Pero ¿cómo puede permitir que en plena tormenta y crisis eléctrica se modifique el sistema
tarifario obligando a que las familias tengan que lavar y planchar a las tres de la mañana? ¿Realmente usted cree que eso es normal? Es más, creo recordar que usted dijo en un tuit -de los pocos que hay sobre el tema de la luz, que serán dos o
tres en nueve meses-: voy a pedir que se modifiquen los tramos horarios. Y no lo ha hecho, ni lo ha hecho, ni lo ha conseguido, ni probablemente lo habrá planteado. Aparte de esto, creo que es corresponsable de que al subir la energía y el precio
de la luz en el recibo, lo que es el recibo de la luz, al final se haya traducido en una subida de la inflación espectacular. Estamos en 4 puntos y ustedes habían previsto 0,9. Imagínese usted el Banco de España diciendo que el 30 % de la
inflación se debe a la subida de la energía, a la subida de la luz, lo que significa que solo en la subida de la cesta de la compra creo recordar que son más de cien productos los que han visto subido su precio, más el coste de los servicios, más el
coste de la gasolina, el gas, el butano. Es decir, en este momento estamos en una tormenta perfecta que afecta a los consumidores de una forma decisiva. ¿Y usted viene aquí a hablarnos de la trasposición de una directiva y con el único objetivo de
meter una cosita nueva, que es lo único que han metido, para ver cómo incrementan el régimen sancionador? Porque de lo que se trata aquí es de recaudar, que es lo que más le gusta a usted como ministro, recaudar por las bebidas azucaradas, recaudar
por la luz, recaudar por todo.


La situación en este momento es muy preocupante, porque el Instituto Nacional de Estadística ya ha hablado de que el PIB baja también por encima de las previsiones del Gobierno. Eso significa poner en peligro la recuperación económica y,
además, más paro. Imagínese usted a las familias, ese 1200000 de consumidores vulnerables que están recibiendo el bono social eléctrico que, por cierto, puso en marcha el Partido Popular -ni el Partido Socialista, ni ustedes, que lo único que están
haciendo es ampliarlo un poquito- y el bono energético, que es una cosita ahí que casi no se entera la gente de que existe. Le digo



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una cosa, la situación es muy preocupante. ¿Qué va a pasar con la campaña de invierno, señor ministro? Me gustaría que en la réplica me contara qué propuestas va a hacer usted y su Gobierno para proteger con un paraguas a las familias no
solo por la subida de la energía eléctrica, que ya lo es, sino por la subida del gas, porque hay muchas comunidades de vecinos y de propietarios en las que su calefacción es por gas, y se habla ya de que dos millones de familias no van a poder poner
la calefacción este invierno, porque no van a poder asumir el coste del gas. En ese sentido, señor ministro, yo espero que ustedes tengan ya algo claro. Pero no se escaquee diciendo, como hace en algunos ámbitos, que en el tema de la luz no tiene
competencia. Oiga, usted es Gobierno, y las decisiones que toma el Gobierno son decisiones colegiadas por completo. Por lo tanto, usted tiene todas las competencias del mundo para exigir en el Consejo de Ministros lo que tenga que exigir para
defender a los consumidores. Pero ¿usted recuerda lo que yo le decía en enero?: Señor ministro, usted puede corregir muchas cosas en el recibo. Pero no me hizo ningún caso, ni miró el recibo. Es más, esta mañana me acusaba de no saber
diferenciar lo que es el precio primario de la energía y lo que es el recibo de la luz. Lo sé perfectamente, ahora se lo voy a volver a explicar con otro gráfico un poquito distinto, pero a ver si ya lo entiende usted de una vez por todas. Es
decir, que usted y su Gobierno tienen instrumentos para bajar ya un 20 % el recibo de la luz, sin hacer nada más, y no lo hacen porque no quieren, porque no les da la realísima gana, porque lo que ustedes quieren es recaudar. ¿Usted sabe que de lo
que es la estructura de la economía de la energía, de los más de 20000 millones que son, 15000 millones se los lleva el Gobierno entre unas cosas y otras, entre impuestos, cargas, no sé qué, no sé cuántos, más Red Eléctrica, etcétera? Y de esos
15000 millones ustedes no quieren quitar nada. Es decir, su actuación es de un egoísmo absolutamente brutal teniendo en cuenta cómo lo están pasando las familias.


Mire, yo se lo voy a explicar. (Muestra un gráfico). Este sería un gráfico muy sencillito donde le vuelvo a explicar lo que ya le expliqué en enero y le volví a recordar en junio. Este es el círculo que recoge todos los costes
energéticos. El 32,6 % son cargos, subvenciones, compensaciones extrapeninsulares, amortización de déficit y otros costes. Eso lo pueden quitar si quieren casi todo y remitirlo a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué tenemos que pagar
los consumidores de energía cosas que no tienen nada que ver con la energía? El presidente Casado lo ha dicho muy claro, vamos a cobrar lo que se consume más los costes de transporte y los que sean complementarios, y retiremos del recibo de la luz
toda la grasa, vamos a adelgazar el recibo de la luz, vamos a quitar 9000 millones. Ustedes no quieren quitar esos 9000 millones, quieren ingresarlos, porque los necesitarán para viajes, para pagar a los asesores, para pagar las cargas de esos
múltiples ministerios y ministros que hay. (Rumores). El 22 % son peajes. ¿Sabe quién cobra eso? Red Eléctrica Española, una empresa pública que depende del Gobierno. El 21 % es el IVA y otros impuestos. Los ciudadanos tienen que saber
-también se lo explico a mis compañeros- que el recibo de la luz tiene tres impuestos, un bien básico tiene tres impuestos. Primero, el IVA, que ustedes han bajado; sí, claro, pero ¿hasta cuándo lo han bajado? Han bajado el IVA ustedes hasta
finales de diciembre. ¡Qué bonito! Por si acaso ya empieza a bajar el gas y empiezan a bajar los derechos de CO2. No, bajen el IVA definitivamente, como propone el Partido Popular. Luego usted me va a decir: es que ustedes pusieron ese IVA. Sí,
claro, pero cuando la luz estaba a la mitad de precio que ahora o mucho menos todavía. Cuando estaba al 8 % ustedes pedían minutos de silencio y manifestaciones en la calle, y ahora, con precios del 200 % e incrementos en la factura eléctrica de
casi el 40 % que nos va a llegar a todos de media -lo han dicho las asociaciones de consumidores, no me lo he inventado yo-, resulta que ustedes no dicen nada. Usted no ha dicho nada, dos tuits a lo largo del verano: parece que está subiendo la
luz, no sabemos qué va a pasar... ¡Hombre, que es usted el ministro de Consumo y 29 millones de consumidores dependen de usted! Señor ministro, de verdad, ¿usted está a gusto con lo que está haciendo? Si no está a gusto, si no le hacen caso en el
Consejo de Ministros, váyase, y eso sí, llévese si puede al señor Sánchez. Usted viene aquí a contarnos la trasposición de una directiva, con el problemón que tienen las familias con la subida del recibo de la luz. ¡Es increíble!


Le decía que el 32 % son gastos que no tienen por qué estar, el 21 % el IVA, el 22 % transporte y el 24 % lo que consumimos. Usted puede hacer todo lo que quiera para bajar el recibo de la luz. Le quiero preguntar una cosa porque se me
está acabando el tiempo. Señor ministro, además de la subida de la luz...


La señora PRESIDENTA: Se le ha acabado el tiempo.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Le estaba diciendo que el gas es un tema muy preocupante, probablemente dos millones de familias no puedan poner la calefacción.



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La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señora Riolobos.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Ya termino, presidenta.


¿Qué ha pensado usted hacer para proteger a los más vulnerables, a las familias en general, a los trabajadores y a los que peor lo están pasando?


Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al resto de grupos parlamentarios que deseen intervenir.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene palabra la señora Gorospe.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro. Empezando por el primer punto, el anteproyecto de modernización y régimen sancionador, la verdad es que con la presentación de la cuestión que ha hecho me ha desconcertado un poco. Usted ha
comenzado su intervención más o menos diciendo que durante décadas -esto es lo que usted ha dicho- las comunidades autónomas sí habían desarrollado sus deberes, pero el Estado no los había hecho; que las comunidades autónomas habían desarrollado su
capacidad sancionadora, pero el Estado no había hecho los deberes. A mí se me han puesto los pelos como escarpias, se puede usted imaginar. Durante décadas Gobiernos sucesivos no han intervenido en un tema y de repente llega usted y pienso: esto
va a ser una centralización pura y dura, una injerencia en el ámbito competencial. Pero la realidad es lo que le han venido a decir portavoces que anteriormente han hablado.


En la nota de prensa que ustedes sacaron -pero no lo ha comentado- decían: con el anteproyecto de ley para la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de
consumo el Gobierno inicia los trámites para trasponer al ordenamiento español la Directiva 2019/216. Es decir, en su nota de prensa lo que dicen es que es una trasposición de la directiva, que con la norma lo que pretenden es tener competencia
sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países o a la unidad de mercado, cuando sucedan en varios Estados de la Unión Europea... Dice: el régimen sancionador es un nuevo régimen sancionador competencia del Estado teniendo en
cuenta que las acciones comerciales son cada vez más transfronterizas. Sigo un poco desconcertada porque no sé por qué usted ha puesto el acento en que el Estado intervenga en deberes previos a esta trasposición y, si es así, me gustaría saber
cuáles son esos, porque probablemente estaremos en contra. Es decir, si durante décadas las comunidades autónomas han estado interviniendo en este tema, lo han estado haciendo bien y los Gobiernos sucesivos que ha habido no han tenido necesidad de
ver que tienen que reforzar su rol, ¿por qué usted viene y lo hace? Salvo que una trasposición de directiva a usted le parezca poco y lo quiera vestir con otra apariencia. Me gustaría que nos dijera si es así. En este escenario internacional, que
entiendo entra a intervenir el Estado en esas relaciones o fraudes entre distintos Estados, me gustaría saber cómo queda y si realmente, ante esa impunidad de grandes empresas como grandes compañías telefónicas, donde todo son facilidades para
entrar y todo son complicaciones para salir, realmente los consumidores van a ver su rol mucho más protegido por ustedes. Como también aborda el régimen sancionador, me gustaría saber si han tenido que hacer ajustes o cómo queda la jerarquía
normativa con otro régimen sancionador que pueda estar vigente. Eso en relación con el anteproyecto de ley de modernización y régimen sancionador.


En cuanto a la segunda parte de su intervención, en relación con la luz, a riesgo de equivocarme casi afirmaría cien por cien que si usted, en lugar de ministro de Consumo, fuera un portavoz del grupo parlamentario como nosotros, no se
hubiera conformado con la exposición que ha hecho para defender a las y los consumidores de la situación que están viviendo como consecuencia de la factura de la luz. Tengo la sensación de que no se habría conformado, que le parecería poco.
Intentaré enfocar. Usted es ministro de Consumo y tiene que defender a los consumidores. Sin pretender hacer un debate en torno al modelo energético, cuál tiene que ser el mix, creo que usted ha hablado mucho de que no todos sabemos la casuística,
suponemos que la traslación de los factores es muy compleja, podríamos, suponemos... Tienen que reaccionar con más rotundidad, y usted, ministro de Consumo al que corresponde la defensa de los consumidores, con mucha más rotundidad. Tiene que
reaccionar y proteger esto, porque es la máxima. Tiene que decirnos cuáles son las medidas que pretenden acometer y si tiene usted alguna posibilidad de hacer algo o cómo pretende hacerlo. Por ejemplo, volviendo a sus propias palabras, decía: no
todos tenemos el mismo tipo de contrato -efectivamente, es así-, no todos tenemos el mismo tipo de tarifa -efectivamente, es así-, y todo esto condiciona cómo impacta en la factura de la luz la subida



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del precio de la luz. ¿Qué está haciendo usted desde el ministerio para poder informar y para que las personas refuercen y tengan herramientas para saber en qué situación de vulnerabilidad añadida están por total desconocimiento, por no
disponer de esta información? Desafortunadamente, no todo el mundo tiene capacidad de poder tener una información real de su contrato, de su tarifa de luz. En ese sentido, como Ministerio de Consumo, insisto -estoy intentando enfocar nuestro
planteamiento desde esa posición-, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Decía: por el medio hay una serie de componentes sobre los que estamos tratando de intervenir. Estamos tratando de intervenir es poco activo para un ministro de Consumo, y
más siendo usted, porque estoy segura de que usted hubiera sido mucho más rotundo si estuviera ejerciendo el rol que nosotros ejercemos aquí.


Usted ha dicho que, tras las razones estructurales que hay, somos un país sin gas y ha hablado de los costes de emisiones de CO2 y de que no se ha avanzado hacia un modelo energético -veo que se me termina el tiempo- con energías renovables.
Si se hubiera utilizado el gas como energía de transición hacia ese nuevo modelo de energías renovables, ¿estaríamos en una situación más ventajosa? ¿Cuál es la valoración que hace usted al respecto? Y tengo una última cuestión, pero la dejo para
el siguiente turno.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural van a compartir tiempo la señora Cañadell y la señora Calvo. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la señora Cañadell, que tendrá en torno a tres o cuatro minutos y, después, tendría
tres minutos la señora Calvo.


Tiene la palabra, señora Cañadell.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, ministro, y gracias por la información que nos ha dado durante su intervención. No sé si es casual o no que el día que comparece el ministro de Consumo para dar cuenta de las medidas que va a tomar el Gobierno para contener
la factura de la luz esta vuelve a marcar un máximo histórico. Además, hoy el INE ha comunicado que la cesta de la compra es un 4 % más cara que hace un año. La principal causa de este incremento se atribuye al precio de la electricidad, que ha
aumentado un 35 % en los últimos doce meses. Todo esto se traduce en la tasa de inflación más alta de los últimos trece años. Ante este escenario y el incesante aumento del precio de la luz se ha puesto de manifiesto que este Gobierno, y por ende
su ministerio, va absolutamente a remolque de la situación, sin capacidad de prever los drásticos incrementos, a la vez que se muestran incapaces de ofrecer soluciones a largo plazo, más allá de parches simbólicos más de cara a la galería.


Usted, durante su intervención, ha dicho literalmente: La misión fundamental del Gobierno de España es evitar que estas subidas de precio lleguen al consumidor final. Se lo digo con todo el cariño del mundo, en la actualidad no están
logrando que estas subidas no lleguen al consumidor final. Por ello, desde el Partit Demòcrata le queremos plantear las siguientes cuestiones. En relación con el Real Decreto-ley 17/2021, que se aprobó en Consejo de Ministros hace pocas semanas,
¿se plantea el Gobierno convertir estas medidas temporales en permanentes? Concretamente, nos interesa saber si la reducción del IVA sobre la energía eléctrica del 21 al 10 % será de forma indefinida, tal y como pedimos desde el Partit Demòcrata
hace unos meses mediante una proposición no de ley en esta Cámara. ¿Tiene previsto el Gobierno potenciar la instalación de paneles solares en los edificios privados para favorecer el autoconsumo?


Usted ha dicho durante su intervención que la estrategia es a medio plazo. A ver si nos puede facilitar información más detallada al respecto, como si tienen pensado ofrecer incentivos fiscales de algún tipo, tal y como hacen muchos
ayuntamientos aplicando bonificaciones al IBI, a aquellos inmuebles con instalaciones fotovoltaicas en aras de aumentar la producción de energía limpia y sostenible.


¿Cómo valora el Gobierno que una de las mayores empresas del sector eléctrico haya paralizado sus nuevas inversiones en renovables a raíz del Real Decreto-ley 17/2021? ¿Cree el Gobierno, y este ministro en particular, que una solución para
contener el precio de la electricidad es la creación de una compañía eléctrica pública? ¿Cómo valora que la eléctrica pública creada por el Ayuntamiento de Barcelona tenga un precio de la energía entre un 9 % en hora punta y un 27 % en hora valle
más caro que en la competencia privada? Además, nos preocupa también la deriva que puede tomar el precio del gas -usted ha hablado también durante su intervención al respecto-, sobre todo porque nos acercamos al invierno y esto puede agravar aún
más la situación de pobreza energética de muchos hogares. De hecho, el precio de los futuros de gas natural ya se acerca a los 200 dólares cuando terminaron el año 2020 a 45 dólares, cosa



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que nos indica la tendencia que seguirá con toda probabilidad el precio de este recuso. Por ello, le planteamos las siguientes preguntas. ¿Se plantea el Gobierno aumentar el descuento que se aplica a los consumidores vulnerables y a los
consumidores vulnerables severos mientras dure esta subida de precios? Termino, presidenta. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar que se incremente también el precio del gas si la crisis entre Marruecos y Argelia se recrudece y,
finalmente, Argelia cierra el gasoducto Magreb-Europa, que pasa por Marruecos?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra la señora Calvo.


La señora CALVO GÓMEZ: Gracias, presidenta.


Señor ministro, como usted venía diciendo -si me permite el juego de palabras-, el Gobierno ha ido desconectando de la factura eléctrica algunos diferenciales para ajustar el precio de manera coyuntural. Ya lo ha comentado usted: el
impuesto especial, el de generación, han bajado el IVA, han recortado los beneficios caídos del cielo de nucleares o hidráulica, preparan el fondo para liberar la electricidad de los Recore, etcétera. Pero todo esto, como decía, son soluciones
coyunturales y el problema de España es estructural, del sistema marginalista al que obliga la Unión Europea. En nombre de esos 29 millones de consumidores que usted representa, ¿por qué no proponen poner un tope al precio de la nuclear como, por
ejemplo, ha hecho Francia, donde la cuarta parte de la energía generada con esta tecnología se paga a un máximo de 42 euros el megavatio/hora? ¿Por qué no proponen dejar fuera de la subasta del mercado mayorista la nuclear y la hidráulica para que
no puedan vender la electricidad que producen al precio más caro marcado por el ciclo combinado? De esta manera tendríamos una subasta para las renovables que daría entrada al gas solo para ajustar. Y, sobre todo, ¿por qué no hacen un decreto-ley
para que todas las comercializadoras de último recurso contraten el 50 % de la energía que comercializan a precio cerrado, para reducir así a la mitad la volatilidad de precios?


Otra cuestión no menos importante, y de la que consideramos que no se está hablando lo suficiente, es que estamos ante una grave crisis, que para algunos incluso rememora la del petróleo en los setenta, que es la subida generalizada y global
de los precios de las materias primas como efecto colateral del COVID, que ya está afectando al bolsillo de los consumidores. Hemos visto grandes multinacionales con las plantas paradas por desabastecimiento de algunos productos, pero aún es más
preocupante una subida de materias primas tan alta que no va a poder ser encajada por el mercado. Según el estudio publicado hoy mismo por la patronal PIMEC, un 83,3 % de las pymes catalanas está sufriendo ya problemas en el suministro de materias
primas y componentes, un 94,2 ha experimentado aumentos de precio significativos de los aprovisionamientos desde principios de año con una subida media del 119 % y la cuarta parte de las empresas se enfrenta a un duplicado de los costes de estas
materias primas. Y, claro, estamos hablando de energía, estamos hablando por tanto de petróleo o de gas, pero también de madera, de cobre, de hierro, de plástico, de resinas, de semiconductores, y también, en gran parte, del precio de los
alimentos. La pregunta, por tanto, sería qué va a hacer el Gobierno, y en concreto su ministerio, para interceder y que se pueda ayudar a estas empresas e industrias para que esos precios no vayan subiendo de manera incontrolada porque esto va a
afectar finalmente, como decía, al consumidor.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Buenas tardes.


Buenas tardes, ministro. Como es habitual, lo siento pero debo rogarle que me disculpe ya que no me voy a quedar al segundo turno de intervención. Lo siento muchísimo pero es difícil combinarlo todo para los grupos que somos relativamente
pequeños.


Dicho esto, usted es el ministro socialcomunista, pues ejerza, por favor. Es decir, lo que le pido es que ejerza de ese mote que le ponen porque ya me gustaría verlo. ¡Oiga, le hago la ola! El problema es que no ejercen.


Respecto al primer punto de su intervención, que es el tema de la trasposición de la directiva, ya sabe que no estamos de acuerdo con el tema competencial, que creemos que es una ley que irrumpe en las competencias que se habían venido
ejerciendo sin ningún problema por las comunidades autónomas



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tanto en materia de consumo como de inspección, de sanción y demás. Por tanto, cuando la traigan al Congreso nos vamos a pelear por las competencias, porque ni un paso atrás con las cuatro competencias mal contadas que tenemos, y esta era
exclusiva. De modo que si empezamos con los análisis de las competencias exclusivas impropias, con la unidad de mercado... Bueno, la unidad de mercado. Cuando estudié la carrera fue mi gran deseo. La unidad de mercado está casi por encima del
principio de igualdad entre los españoles, y lo fundamenta, vaya. Como usted puede imaginar, no lo compartimos y menos ahora que nos están diciendo que estamos tan globalizados y que debemos aprender cosas de la internacionalización. Pero la
reflexión de fondo es otra, y voy al tema de la luz.


El precio de la factura de la luz, aunque sea un problema estructural, que no lo dudo, aunque sea un problema que tiene poliédricas causas y múltiples razones para existir, en el fondo, si lo junta, si lo pone al lado del problema de la
vivienda, del problema del agua, lo que nos está diciendo es que no tenemos ciudadanos, tenemos consumidores. Y lo que nos está diciendo es que estos ciudadanos no tienen ningún derecho si no tienen recursos económicos. Y lo que nos está diciendo
es que los Gobiernos deben hacer auténticos esfuerzos para que no se le queden por el camino la mitad de los ciudadanos, de esos consumidores o ciudadanos-consumidores, a los que los buitres carroñeros de determinados oligopolios no tienen presentes
como personas. Por tanto, cuando una sociedad ha asumido, como parece que se ha hecho, que si no tienes fondos económicos ni te mereces vivienda, ni te mereces electricidad, ni te mereces calefacción, ni te mereces luz, ni te mereces agua ni ningún
suministro básico, pues tenemos un tipo de sociedad fácilmente manipulable. Yo soy muy poco conspiranoica, pero la tesis del uso del precio de la factura de la luz como elemento disruptivo y demoledor del sistema para que provoque el aumento en la
inflación con la posterior afectación a las hipotecas, a los alquileres y que estas lógicas económicas se impongan por delante de las lógicas democráticas creo que es una de las razones serias que están ocurriendo. ¿¿¿y lo que es más lamentable???
La verdad es que voy a ser muy breve, porque, aunque no se lo crean sus señorías, las señoras y señores diputados, a ninguno de nosotros nos es agradable decir cosas desagradables de compañeros; pero, claro, después de la intervención del Partido
Popular -porque mientras iba hablando he pensado: mírate oligopolios, venga, a ver quién hay-, yo no sé cómo pueden tener el cinismo de decir según qué cosas. Si quiere, le leo todos sus ministros, presidentes y más que han ido a parar a
eléctricas. Oigan, llámenlos a ver si bajan los precios. (La señora Riolobos Regadera pronuncia palabras que no se perciben) He dicho oligopolio. ¿Le leo los presidentes, le leo Aznar, le leo Acebes, o no hace falta? Y ellos (señalando a los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista) exactamente igual. (Rumores).


La señora PRESIDENTA. Por favor. Silencio.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Pero, ¿sabe qué pasa? Que del partido del ministro, no. (La señora Riolobos Regadera: Sus compañeros). ¿Los míos? ¡Anda ya! (Rumores.-La señora Riolobos Regadera pronuncia palabras que no se perciben).


La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio. Ruego silencio.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bueno, se pone usted muy nerviosa; yo me he callado mientras usted decía barbaridades. (La señora Riolobos Regadera: Háblele al ministro y no a mí).


La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio. Ruego Silencio.


Continúe.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Por favor, vengamos todos con nuestro Valium, nuestro Tranxilium, con nuestro yoga, y nos lo tomamos con calma. Yo no la he interrumpido en ningún momento y para mí lo que usted dice es escandaloso y para usted
lo que yo digo es escandaloso. Efectivamente, es el juego de la democracia. Mientras yo no insulte, tengo todo el derecho a decir que me parece que sus posiciones políticas son ruines, son mezquinas, son falsas y, además, están hechas
deliberadamente para que un determinado sector de la sociedad decida que este Gobierno no debe continuar. Y se lo digo con esta tranquilidad porque creo que puedo hacerlo, que estoy en mi derecho legítimo.


¿Sabe qué pasa? El Gobierno, en estos momentos y como medida precautoria, ha bajado los impuestos. A ustedes, como son muy liberales -luego les voy a explicar lo de los liberales de Inglaterra-, les parece muy bien. Pues a mí me parece
fatal. Como solución coyuntural para aligerar el peso de la factura de la luz quizá sí, pero no podemos descapitalizar el Estado. El Estado deberá hacer frente a



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políticas de necesidades muy importantes con los ERTE, con la Seguridad Social, con las pensiones, con toda una serie de cosas. Las pensiones no vienen de los impuestos y no tendrían que venir de los Presupuestos Generales del Estado, pero,
dicho esto, el Estado va a tener que hacer frente a educación, a sanidad, a transportes, a carreteras, y los impuestos sirven para eso. Por tanto, descapitalizar a quien tiene que garantizar los servicios básicos a los ciudadanos es un tiro en el
pie. Lo comprendo, porque es rápido, porque está en su mano y porque lo pueden hacer inmediatamente, pero como tesis para aligerar de algún modo las cargas en este ciudadano-consumidor es una mala tesis porque, al final, nos vamos a dividir entre
consumidores severos vulnerables, consumidores vulnerables y los ricos. Vamos a acabar así como siga todo esto. Por tanto, tomen nota de cómo lo paramos y cómo los paramos.


Y voy a Inglaterra, que estarán de acuerdo conmigo en que no pueden ser tachados o sospechosos precisamente de un socialismo o comunismo muy intenso. Pues ellos tienen un tope en los precios de la luz para la gente de la calle, es decir,
para el consumidor último. Ahora me van a decir: Sí, pero es que están quebrando sus eléctricas. Efectivamente, algunas de ellas. Tenían treinta y seis -treinta y seis-, pero es que tenemos tres; bueno, tiene tres el Estado. Tenían treinta y
seis y algunas han quebrado, sí. Esto les gusta a ustedes, es el libre mercado. En cualquier caso, es evidente que es un Gobierno capaz de decir: hay suministros básicos que no pueden ser negados a nadie. Y la energía, el agua, la vivienda, la
sanidad, la educación, son algunos de ellos. Un día alguna empresa fantástica nos va a hacer pagar -no digo ya lo del impuesto al sol, me lo ahorro- por respirar.


La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Termino.


Vamos a ver cuántos ministros de los grupos mayoritarios habrá en su consejo de administración.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Gracias, presidenta.


Bienvenido, señor ministro. Le agradezco siempre su disposición para venir a esta Cámara. Sé que no siempre se encuentra usted aquí con lo que querría, porque imagino que cuando viene es para que sus señorías puedan ejercer la función de
control y, a la vez, intentar buscar ideas nuevas, contribuciones para intentar mejorar la legislación que usted presenta. Pero cuando usted viene aquí se encuentra intervenciones lo más disparatadas que uno se pueda imaginar, obviedades que usted
ya sabe, pero aportaciones ninguna y preguntas muy pocas, por lo que intuyo poco interés por la función de control que nos corresponde y también poco interés por la legislación sobre la protección de las personas consumidoras.


Dicho esto, me refiero a distintas cosas que usted ha explicado y que suponen mejoras que va a incorporar la legislación mediante este proyecto en preparación. En concreto, al Grupo Confederal nos han parecido necesarios los cambios que se
incorporan para proteger del fraude a personas que, en determinadas circunstancias, se encuentran en situación de consumidores vulnerables. Nos referimos, por ejemplo, a las ventas inducidas en excursiones dirigidas a personas mayores o en visitas
comerciales no autorizadas, a las que usted ha hecho referencia al explicar el aumento del plazo de desistimiento. Son recurrentes, por ejemplo -ya que se ha hablado tanto del aumento del precio de la luz-, las prácticas de las comercializadores de
gas y luz, que acuden a este método: van sin ser invitados a las casas de personas particulares, sobre todo personas mayores, para endosarles un contrato que ni desean ni necesitan y con el único objetivo de continuar aumentando más sus beneficios
privados a costa de aumentar las facturas de estas personas. Nos preguntamos y le trasladamos esta cuestión: ¿el ministerio tiene prevista alguna campaña informativa para que las personas que se encuentran en esta situación conozcan sus derechos y
puedan ejercerlos de manera efectiva?


Asimismo, se ha referido usted a los cambios que introduce la normativa respecto a los fraudes localizados en las compras por Internet, práctica cada vez más en alza a pesar del aumento de emisión de gases por el aumento a su vez del
trasporte por carretera y a pesar de las condiciones laborales de las personas que se dedican a dicho reparto. Son conocidos los casos de compra por Internet de productos cuya entrega va acompañada de postales o cupones en los que se anuncian
descuentos en próximas



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compras o incluso devolución íntegra del importe de compra a cambio de una reseña favorable que posicione falsamente el producto en los primeros puestos de valoración en su categoría. También son conocidos los grupos organizados de compra
en plataformas digitales, que muchas veces empujados por una empresa que -como usted ha dicho- hace de mal llamada mediadora, y actúan como distorsionadores de las opiniones reales para incentivar las compras. El resultado, entre otros, es que las
personas que llegan antes a dicho producto en su consulta por Internet acaban comprando un producto que no cumple con la calidad esperada. En este punto, queremos saber su opinión sobre el porqué de la dejadez y el vacío legal que existía en la
legislación española hasta el momento, a pesar, como usted ha indicado, de que esta práctica es conocida desde hace tiempo.


También ha hecho usted referencia a las medidas que se pretenden adoptar para reducir el desperdicio alimentario por la caducidad de los productos. Entendemos que la manera actual de anunciar los precios rebajados disuadía a las
comercializadoras de bajar los precios a los productos con una fecha de caducidad temprana y, por tanto, reducía las posibilidades de venta y aumentaba el desperdicio. Celebramos, obviamente, esta modificación y añadimos algunas consideraciones que
seguramente escapan de las competencias de su ministerio, pero que seguro que usted será capaz de canalizar y coordinar con los ministerios competentes. Se trata de la relación tiempo/espacio -no voy a hablar de física cuántica, más que nada porque
no soy conocerá de esta especialidad-, pero cuando las personas disponen de poco tiempo, a saber, por jornadas laborales largas o porque tienen que compaginar las responsabilidades familiares o personales, tienden a hacer compras en grandes
superficies, donde abundan los envasados en grandes cantidades y escasean los productos a granel. Esto genera que se compre más producto del que se puede consumir y, a la vez, se produzca una gran cantidad de residuo plástico, fácilmente evitable.
Al mismo tiempo, las viviendas son cada vez más pequeñas, por lo que se dificulta la posibilidad de almacenar los productos en las condiciones necesarias para su durabilidad, y en ocasiones resulta un Tetris poder colocar los distintos cubos para la
separación de residuos. Creemos que esto es producto de una visión capitalista, que culpa al individuo de responsabilidades que son colectivas, a la vez que le ahoga en un sinfín de obligaciones, muchas veces inasumibles. El resultado es el
desperdicio de alimentos y la generación de residuos de manera innecesaria. Ministro, ¿cree que sería posible una coordinación con las autoridades competentes para que las viviendas estén preparadas para la necesaria separación de residuos, que los
horarios laborales se racionalicen para disponer de tiempo para las tareas de cuidado, que suponen, como decíamos, la compra de alimentos y, a la vez, que los comercios ofrezcan los alimentos en cantidades racionales y minimicen los envoltorios que
no resultan para nada necesarios?


Por último, y recuperando ahora la primera parte su exposición, queríamos manifestar nuestro agradecimiento por el refuerzo que supone el nuevo régimen sancionador de las competencias de las comunidades autónomas. Sabemos que, a pesar de la
buena labor que, como usted ha dicho, están haciendo muchas comunidades para impedir prácticas abusivas de la comercialización, la laguna existente hasta el momento en el ordenamiento jurídico español mermaba la efectividad de sus esfuerzos. No se
entiende cómo en un mundo interconectado, donde se saben necesarios los mecanismos transfronterizos, incluso internacionales, de cooperación, no se haya legislado para dar protección y aumentar la disuasión de prácticas comerciales abusivas que
traspasen las fronteras de las comunidades autónomas. Nos preguntamos si ha tenido la oportunidad de compartir este aspecto con las distintas comunidades y cuál ha sido su acogida.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Jódar.


La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quería utilizar la portavocía de esta Comisión para que nuestro grupo parlamentario también muestre nuestra solidaridad, cariño y preocupación para con los ciudadanos de La Palma.


A continuación, quería darle las gracias, señor ministro, por su comparecencia, y también mostrar empatía con su ministerio, con el cargo que usted ocupa, por los insultos que hoy ha recibido en el Pleno del Congreso de los Diputados por
parte de algunos diputados del Grupo Parlamentario Popular. La semana pasada fue mi compañera y diputada Laura Berja la que, por defender los derechos y libertades de las mujeres, fue llamada bruja por una señoría de VOX; hoy le ha tocado a usted.
Entiendo que esta no es la tónica habitual ni en lo que debe convertirse el Congreso de los Diputados, porque los ciudadanos



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nos están mirando y ese no es el ejemplo ni el comportamiento que merecen de nuestras responsabilidades. Una derecha, además, con una doble vara de medir: crítican al ministro por su ideología comunista, pero se arrodillan ante la derecha
fascista por necesidad. Así que sea usted bienvenido a esta Comisión y muchas gracias por su intervención.


Las líneas de trabajo que ha venido avanzándonos acerca del inminente inicio del trámite de audiencia e información pública del borrador del texto elaborado por su ministerio para trasponer la directiva es, además de interesante, muy
conveniente. La pandemia -lo hemos mencionado en esta Comisión en otras ocasiones- ha supuesto la consolidación de un cambio en los modelos de consumo de las personas. El comercio electrónico es ya parte de nuestro día a día y comienza a ser
imprescindible regularlo para atajar ciertas prácticas que implican desprotección para los consumidores. Es -ya lo ha dicho usted- un compromiso del Gobierno de coalición incidir en medidas que conlleven mayor y mejor protección para los
consumidores ante los posibles abusos por parte de las grandes empresas. Con este objetivo viene trabajando nuestro grupo parlamentario desde el inicio de la legislatura, no solo a raíz de la pandemia, así que nos alegra mucho ver cómo uno de los
puntos clave de la transposición de la directiva europea que nos ha anunciado el señor Garzón fue no hace mucho una proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta Comisión. Me estoy refiriendo concretamente al uso de bots para la adquisición
masiva de entradas con la intención de revenderlas a un precio mayor, y en este sentido tendremos que ir avanzando para ir extendiendo este tipo de medidas a otros bienes, en los que también están, lamentablemente, proliferando esta clase de
prácticas con la utilización de bots. Nuevas formas de adquisición, nuevas formas de abuso y, por tanto, nuevos retos a los que la política debe dar respuesta desde el Legislativo, pero también desde el Ejecutivo, como así está haciendo este
ministro y este ministerio.


Otro punto que me gustaría destacar de lo expuesto aquí es el tema de los derechos de los usuarios de comercio electrónico. Es fundamental garantizar que la decisión de compra que toman es realmente libre y no está dirigida por el
posicionamiento del producto en las búsquedas online. Los hábitos de consumo han cambiado enormemente en los últimos años y, como decía anteriormente, se han consolidado durante la pandemia, pero si las fake news son un instrumento poderoso que
llega incluso a intentar influir en la propia democracia, imaginen lo que puede suponer la manipulación de los resultados en las búsquedas de un determinado producto. Me estoy refiriendo, como supondrán, a cuestiones como las reseñas falsas o sin
comprobar. De aquí la importancia del establecimiento del régimen sancionador, pero de un régimen sancionador real en el que no compense saltarse la norma porque la multa sea escasa. Los usuarios también ganan derechos a la hora de ser
consumidores y el incremento de la indemnización mínima en caso de infracciones que afectan al contrato, además de la resolución de este y la ampliación del plazo para ejercer el derecho de desistimiento, suponen una mejora respecto a la situación
actual. Además, este ministerio ya aprobó recientemente la definición de la figura del consumidor vulnerable, en el que no solo se tenía en cuenta la circunstancia de la renta, sino también la de la edad, el origen, el idioma o su brecha digital.
Ahora se amplía con la creación del suministro mínimo vital, que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses, lo cual se suma a los cuatro ya existentes. La acción política pensando en las personas es y será el sello de
este Gobierno de coalición, y la ampliación de los derechos de quienes más lo necesitan.


Ahora pasaré a intervenir respecto a la segunda parte de su exposición. Los precios de la energía, como usted bien ha dicho, no son lo mismo que los precios de la factura eléctrica. De hecho, lo que está en récord histórico son los precios
de la energía en el mercado mayorista, y para que eso no se traslade a la factura de la luz y perjudique a las familias trabajadoras, este Gobierno está poniendo en marcha una serie de medidas que permitan que, aunque el precio de la energía esté en
máximos vergonzosos, no repercuta o repercuta lo menos posible minorando la factura de la luz. Ustedes, señorías de la derecha, han votado en contra de estas medidas; han votado en contra de bajar el IVA de la luz a la familias españolas del 21 al
10 %. ¡Han votado en contra! ¿Y por qué? Pues, miren, sean valientes y digan la verdad; la verdad es que ustedes, señorías de la derecha, están encantados con la subida del precio de la luz, así que no hagan más teatro. Han encontrado un filón
con el que arremeter contra el Gobierno de España y a ustedes no les interesa que baje el precio de la luz, por eso votan en contra de las medidas para aminorarlo. Por ello, montan en cólera cuando un Gobierno de España, por primera vez en la
historia, anuncia que las eléctricas tendrán que devolver parte de sus beneficios extraordinarios, hasta 2600 millones, y piden y exigen al Gobierno de España que mantenga intactos los beneficios de las eléctricas; esto lo dice su partido. ¡Esto
lo dice su partido! Su propuesta: financiar la bajada de la luz a través de los



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Presupuestos General del Estado, y así que lo paguen todos los españoles; estas son sus propuestas. ¡Estas son sus propuestas! Porque los Presupuestos Generales del Estado no salen por ciencia infusa, salen de los impuestos de los
ciudadanos y las ciudadanas y sirven para financiar servicios públicos de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Lo que resulta grosero es saber que ustedes conocen perfectamente que los beneficios sobre venta de las eléctricas españolas se
sitúan en un 18,5 %, cuando la media europea es del 10 %, cuando la media alemana es del 5 %, cuando la media de beneficios de una empresa eléctrica española triplica a la de los alemanes, y aquí ustedes no dicen nada. A las eléctricas hay que
protegerlas, a las familias no.


Señorías de la derecha, lo que es imperdonable en política es la hipocresía. Dicen estar preocupados por el incremento del precio de la luz, pero votan en contra de las medidas para que se bajen, y además se rasgan las vestiduras cuando
este Gobierno mete la mano en las eléctricas para rebajar la factura de la luz de las familias españolas y proponen que lo paguemos todos los españoles vía presupuestos. Pero ¿de parte de quién están ustedes? ¿De parte de quién están ustedes?
Aclárense. Este Gobierno lo tiene claro: está de parte de las familias y va a seguir trabajando y poniendo medidas, cuantas sean necesarias para minorar y contrarrestar lo máximo posible...


La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señoría, por favor.


La señora SÁNCHEZ JODAR: ... el aumento del precio de la energía.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, para contestar a los anteriores intervinientes, el señor Garzón


El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, agradezco todas las intervenciones y particularmente el tono porque creo que, más allá de las discrepancias, es un tono razonable, lejos de otras cosas que se han escuchado esta mañana, como bien indicaba la portavoz del
Partido Socialista, y de otros tonos que escuchamos habitualmente, y que desgraciadamente tendemos a normalizar, cuando eso lo único que hace es deteriorar la calidad democrática de las instituciones y de nuestra democracia en general.


Trataré de responder a todas las preguntas, las he ido anotando sistemáticamente. Comienzo por la intervención del señor Matute, del Grupo Parlamentario Bildu. Ha hecho una intervención y una reflexión que comparto en gran amplitud.
Honestamente, creo que es una reflexión acertada en el diagnóstico y en algunos de los planteamientos. Hay una cuestión, en relación con la primera parte, la modernización y el régimen sancionador, en la que sí quisiera hacer hincapié a todos los
asistentes, porque es una diferencia que nosotros percibimos -yo lo percibo como ministro-, por ejemplo, en los consejos informales de ministros de Asuntos de Consumo de la Unión Europea. Hay una lógica de cultura del consumidor -lo he dicho otras
veces- que en España está infradesarrollada, en la que mucha población no sabe ni siquiera cuáles son los derechos que les asisten en el ámbito de consumo, pero también hay un correlato en la parte empresarial. Así como en otros países es mucho más
habitual encontrar grandes empresas -muchas veces tecnológicas, pero no necesariamente- que incorporan el derecho del consumidor como un elemento de competitividad -si te atiendo mejor, probablemente ganaré más dinero, luego es un vector de
actualización y de modernización-, en nuestro país hay una tendencia general a verlo como un lastre, como un coste que desgraciadamente pesa y al que no hay que echarle mucha cuenta. Eso tiene que ver, efectivamente, con una cierta cultura del
consumo que nosotros tratamos de revertir, porque entendemos que no estamos hablando de cosas abstractas; estamos hablando del dinero de las familias trabajadoras, de sus presupuestos, de derechos básicos y de evitar fraudes y abusos.


Por lo tanto, cuando hablamos de ese tipo de cultura hablamos también de estructura de poder, de estructura empresarial. Tenemos un país que es distinto al resto de países en muchos aspectos y uno de ellos, sin duda alguna, es la estructura
de la propiedad y, en particular, la estructura de la propiedad de las grandes empresas. Por eso, tiene usted razón cuando plantea con escepticismo la pertinencia o no de un régimen sancionador, porque le avala la historia precedente, ya que muchos
abusos y fraudes de grandes empresas han quedado impunes y los que han sido sancionados lo han sido de manera prácticamente irrisoria, de tal manera que se ha desincentivado su repetición en el tiempo, lo que los economistas llamamos riesgo moral.
En última instancia es un diseño institucional que permite la reproducción de un delito o de una mala práctica de manera sistemática. ¿Por qué ha sido así? No lo sabemos aunque hay múltiples causas, pero lo cierto es que esto no solo está en el
sentido común popular, sino que también es



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una realidad. Entendemos que una forma de combatirlo es introducir una modificación que nos dé un instrumento para tener en esta batalla, por el cumplimiento de las normas y de los derechos de las personas consumidoras. Por tanto, su
escepticismo está basado en hechos reales, pero son los mismos hechos que fundamentan y justifican por qué este régimen sancionador es necesario.


Haré una apreciación, tanto al portavoz del grupo VOX como a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, porque probablemente no me he explicado bien al inicio y eso ha causado confusión en las intervenciones. Lo cierto es que el
anteproyecto de ley que nosotros traemos incorpora directivas, pero no son todo directivas, esto es importante. Además, dentro de las directivas -ustedes conocen bien el funcionamiento en este tipo de casos- hay rangos: hay algunos elementos que
son obligatorios, pero hay otros elementos que son voluntarios y se pueden acoger o no. Además, en algunos casos el rango puede ser un rango alto, es decir, una lectura e interpretación estricta de lo que queremos poner, o una flexibilización.
Nosotros hemos ido a un rango alto, es decir, a una lectura estricta y hemos incorporado y mejorado todo en el ámbito de las directivas. Sin embargo, el régimen sancionador no es parte de la directiva; el régimen sancionador viene a resolver un
problema que había ocurrido -que de hecho yo planteé en mi primera intervención aquí- porque había casos de fraudes y de abusos -un poco en línea con la intervención del señor Matute- que no habían sido puestos en marcha por las administraciones
públicas españolas, pero sí por la francesa, la italiana o la alemana, como el caso del dieselgate. Es decir, una empresa, una grandísima empresa como Volkswagen truca sus motores y los medidores, para en última instancia engañar a los consumidores
y tener más beneficios, y esta empresa tiene una sanción correspondiente de diferente modalidad en función de cada país: en algunos casos son multas, y en otros casos, es la retirada de algunas concesiones o subvenciones. En fin, ha habido un
abanico amplio de medidas puestas en marcha desde Alemania hasta Polonia, Francia, Italia o Reino Unido, pero en España, no.


Esa es la enorme paradoja, España no hizo nada. Todas las cuestiones que ha habido vinculadas al dieselgate han ido por la vía penal, gracias a un trabajo mancomunado de víctimas y asociaciones que han vehiculado esas denuncias. Por tanto,
ahí había claramente un síntoma de que algo faltaba. Eso que faltaba, nosotros interpretamos que era un régimen sancionador, que respetase la totalidad de las competencias de las comunidades autónomas que sí habían tenido esos instrumentos para sus
ámbitos competenciales cuando la afectación era en la propia comunidad autónoma, pero no por ejemplo cuando se producía en el ámbito europeo o en todas las comunidades autónomas ya que carecían de los instrumentos suficientes. Lo que hacemos es
ponerlo a su disposición para ejercer algo que no estaba ejerciendo nadie. Por tanto, no hablamos sino de un incremento de la eficiencia y de la eficacia de las sanciones. Nosotros entendemos que esto funciona de manera positiva en el juego de
incentivos, dado que solo la propia existencia de esta ley -como he citado antes- parece que sugerirá a las empresas que no pueden comportarse como se comportaban antes, porque ahora sí hay un instrumento, del que ya eran perfectamente conocedoras,
que no existía antes.


A Volkswagen le ha salido gratis, en términos de relación con la Administración pública, hacer lo que hizo en España, pero no le ha salido gratis en otros países. Esa anomalía necesita una resolución y, aunque la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular e incluso el portavoz del Grupo Parlamentario VOX le hayan restado importancia, es de la máxima importancia, no solo por el trabajo que se está haciendo sino porque va a ser un instrumento que va a quedar para el futuro para
que haya unas relaciones más justas y haya un reequilibrio de la correlación de fuerzas entre el ámbito público y el ámbito privado. Utilizando una metáfora muy conocida del jurista Ferrajoli, en esta dimensión las grandes empresas eran un poder
salvaje porque no tenían ningún tipo de contrapeso en el ámbito público. Podían ejercer este tipo de fraude sin tener ninguna penalización, más allá de la judicial que ya saben ustedes que es lenta y costosa para el que denuncia. Normalmente,
estas son barreras de entrada suficientes para que la mayoría de los afectados no decidan iniciar una vía judicial porque les va a consumir mucho tiempo, mucho dinero, mucha energía y ansiedad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es
reequilibrando esa relación. Esto tiene que ver con la reflexión más profunda que hacía el portavoz de Bildu, el señor Matute, porque aquí de lo que estamos hablando es de poder.


Saben ustedes que, a pesar de las intervenciones habituales del portavoz del Grupo VOX y del Grupo Parlamentario Popular, de cierta nostalgia por ciertas etiquetas, lo que he reclamado en numerosas ocasiones, si se dan ustedes cuenta, no son
a determinados pensadores de ánimos más de izquierdas, sino que he reclamado, en este mismo foro, leer con genuino interés a personajes históricos, pensadores como Adam Smith o los pensadores de la Ilustración escocesa. ¿Por qué? Porque aquí de lo
que estamos



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hablando -el elefante que no se ve en la habitación- es de la estructura de mercado, del poder de un mercado oligopólico. Este es el elefante en la habitación sobre el que nunca se pronuncian los supuestos liberales de este país y, sin
embargo, es la enorme paradoja. Se lo he planteado antes, pero no tengo inconveniente en volver a repetirlo. Si el margen de beneficio en Alemania es del 5 % para estas empresas, es del 10 % de media en la Unión Europea y es del 20 % en España,
algo está pasando; algo que tiene que ver con la estructura de mercado. La estructura de mercado no es así por casualidad, es porque tiene una herencia histórica, para empezar -lo que en economía o en ciencias sociales se llama dependencia de la
senda, path dependence-, y desde luego tiene otra explicación: todos los intentos que hay para que esto no haya cambiado en el tiempo, porque evidentemente no ha cambiado esta estructura de mercado que permite esto. Pero si se dan ustedes cuenta
no hablo de una cuestión abstracta, hablo de que esto es expresión de una injusticia, es decir, de un poder excesivo por parte de determinados actores.


Si vamos a la Central de Balances del Banco de España, lo que tenemos son los márgenes de rentabilidad. ¿A ustedes les parece razonable, al margen de su afiliación partidista, que la media de rentabilidad de las empresas en el país sea del
9 % y la de los suministros de energía del 15 %? Hay una anomalía en que estos sectores sean tan extraordinariamente rentables. De hecho la teoría económica dice que esto no debería ser así, porque entonces los fondos irían directamente a ese
mercado y lo harían más competitivo. Pero es que no está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque la estructura de mercado hace que tres grandes empresas -lo explicamos con profusión en una comparecencia anterior- tengan más de 60 % de las compras y
tengan más de 60 % de las ventas en el mercado mayorista. Al mismo tiempo, como también tienen sus propias comercializadoras, están aprovechando incluso momentos de tensión como este para eliminar a muchas comercializadoras pequeñas e
independiente, que es algo que decía también la portavoz de Junts hace un rato al referirse a algunas comercializadoras catalanas. Al final estos son momentos de crisis y de tensión que el propio oligopolio utiliza para reforzarse.


Me sorprende enormemente -lo digo ya, por deformación profesional de economista y de alguien que viene de la universidad- que los grupos liberales de este Congreso no hayan hecho ni una sola mención a esto, porque es la clave de todo, la
estructura de poder de aquí. La paradoja, el corolario, sería que yo soy el liberal aquí, es decir, soy quien está promoviendo políticas para que ese poder tan enorme de tres grandes se distribuya de una manera más justa, con más actores en el
mercado. Lo curioso es que los supuestos liberales, sin embargo, no mencionan el elefante en la habitación, por las razones que sean. No se cita -no voy a entrar ahí, yo soy economista y no psicólogo- por las razones que sean. A mí me parece eso
la expresión de un problema grande.


Me preguntaba una de las portavoces del Grupo Parlamentario Plural y también el señor Matute mi opinión sobre la pertinencia o no de una empresa pública. Yo diría que una empresa pública precisamente es un instrumento que tienen otros
países, no con el objetivo de bajar los precios, porque es un fenómeno algo más complicado, sino para oponer y contrastar y contrapesar el poder de la privada. Estamos hablando de tres grandes empresas, que no son tres grandes empresas cualquiera
sino que son tres grandes empresas participadas por fondos de inversión en gran parte, y por cierto, normalmente fondos de inversión extranjeros. Los fondos de inversión tienen un objetivo, por el que ellos hacen dinero: sacar la máxima
rentabilidad en el menor espacio de tiempo posible. No se preocupan por los consumidores, no se preocupan por las familias trabajadoras, no se preocupan por la marcha macroeconómica de las familias. Su naturaleza, como la del escorpión y la rana
en aquella fábula, es la que es. Por lo tanto, cuando tú ves que ese es el criterio central del comportamiento de esas empresas, lo que necesitas es compensar y distribuir mejor el mercado. La presencia de una empresa pública desincentiva
determinados comportamientos de escorpión dentro de ese mercado. Por eso algunos de nosotros somos partidarios de la existencia de una empresa pública, no solo porque esa empresa pública, generadora de electricidad pero también comercializadora,
pudiera revertir ese beneficio en el caso de que existiera sino, sobre todo, porque tiene otra lógica distinta.


Yo creo, como el señor Matute, que bajar impuestos no es la solución; no es la solución si hablamos de una solución permanente. Todos sabemos cuáles son los costes de bajar impuestos y son dos, ya se lo he dicho a la portavoz Riolobos en
alguna ocasión y también a la portavoz del Grupo Popular en el Senado. El primer problema es que despatrimonializamos el Estado y los instrumentos de apoyo. No se puede, señora Riolobos, pedir incrementar el bono social y pedir bajar impuestos
porque, probablemente, una cosa se anula con la otra. Porque si el Estado no tiene recursos no puede ayudar a las familias trabajadoras, y si no tiene impuestos tampoco tiene recursos, sobre todo en el ámbito de la unión monetaria en la que no
tenemos instrumentos monetarios propios. Ese es uno de los problemas. Y el



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segundo problema es que una bajada de impuestos en un mercado oligopólico -se sabe por la teoría económica y la evidencia empírica- no necesariamente se traslada a precios, ya que a veces se mantiene el precio y lo que se hace es subir el
margen de beneficio. Esto es contabilidad y puede justificar por qué ocurre esto. Sin embargo, nosotros creemos que una presión agresiva, como la que estamos haciendo, puede funcionar. ¿Qué opinan los actores aquí aludidos, las tres grandes
empresas y otra cuantas más? No les he preguntado, aunque tengo sospechas de lo que piensan por lo que leo en prensa. Aquí también hay política y también juegan un papel. Su nula participación en este debate al respecto de las decisiones de las
empresas privadas, también es sugerente de por dónde van estas cuestiones.


Creo que el señor Matute acertaba, como también otro portavoz, cuando hablaba de la necesidad de inversiones estratégicas, es decir, de haber promocionado previamente y a partir de ahora tecnologías más baratas. Me preguntaba la portavoz
del Grupo Vasco, en este sentido, mi opinión sobre la figura del gas en una transición. Si le soy sincero, sin ser un especialista en la materia, yo le diría que no tenemos tiempo. Es decir, en un proceso de transición de esta naturaleza, ante un
fenómeno como el cambio climático y demás, no podemos suponer que en el largo plazo, dentro de diez años, la situación va a seguir prácticamente igual y se va a poder hablar de unas transiciones o transacciones rápidas o baratas. Yo creo que hay
que ser mucho más radical, más contundente. De hecho tenemos que promocionar algo a lo que también se ha referido el señor Matute: el autoconsumo. Creo que otros portavoces también lo han planteado. Hay familias que viven en viviendas
unifamiliares, que tienen unas fuentes de suministro de autoconsumo a los que la factura de la luz y estas tensiones no les están afectando. Esa es un poco la lógica. Pero, no nos engañemos, son viviendas unifamiliares, en el sentido de que tienen
terreno suficiente para poder instalar la tecnología adecuada. La mayor parte de la población vive en edificios, la mayor parte de la población está concentrada en ubicaciones que requieren cambios normativos y además con un nivel de eficiencia
mucho menor, porque al final la densidad poblacional es la clave en esta ecuación. Nosotros estamos desde el Gobierno, desde el Ministerio de Transportes, estudiando una reforma de la vivienda, una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal
precisamente para facilitar el autoconsumo. Cuanto más autoconsumo haya en nuestro país, más al abrigo estaremos frente a fenómenos externos y más al abrigo estaremos de los elementos discrecionales del oligopolio. Es un oligopolio con poder -ya
termino la parte que corresponde al señor Matute-, tiene el sector con más beneficios de este país, casi el más lucrativo y ese dinero también se invierte en publicidad. Por lo tanto, esa publicidad son los ingresos de otros actores que influyen en
la política y todo eso hace que la estructura de poder de este país se vea comprometida y también, lógicamente, las relaciones políticas que estamos aquí manifestando.


Señor Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos, estoy de acuerdo con su criterio. Le agradezco sus comentarios, los malos y los buenos, como es lógico, como corresponde como servidor público, pero, en particular, le agradezco el tono y la
sinceridad con los que los transmite. Hablaba usted de una tormenta perfecta. Me planteaba usted qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos en la oposición. Yo no soy partidario de los contrafácticos, en general, porque me parece especulativo,
pero entiendo lo que quiere trasladar. Yo estoy cómodo con mis posiciones previas. Alguna vez algún portavoz me ha querido sacar mis tuits y le he dicho que sigo estando de acuerdo. No tengo ahí ningún tipo de reparo en decir que sigo pensando lo
mismo. Sigo pensando que hay que hacer muchas cosas, sigo pensando que lo que se ha hecho hasta ahora son avances en la línea correcta, pero que hay muchas cosas que cambiar que se deducen claramente de mis intervenciones. Creo que este Gobierno
tiene que asumir una perspectiva republicana, y permítame que le exprese que con republicanismo no me refiero solo a la idea de cambiar la jefatura del Estado sino al pensamiento político republicano que nace de la concepción de libertad positiva.
Es decir, solo hay libertad si la gente tiene sus suministros básicos garantizados, si la gente tiene un acceso a la vivienda, si la gente tiene acceso a la sanidad. Solo si se dan esas necesidades satisfechas, ese bienestar material, es un
prerrequisito de la libertad. Es una concepción positiva -yo soy de esa corriente- de la Ilustración republicana. Por lo tanto, creo que este Gobierno tiene que evitar por todos los medios y, cueste lo que cueste, que en este país haya gente que
no pueda encender la calefacción porque no tiene dinero para hacerlo, que no pueda tener agua porque no tiene dinero, o cualquier otro de los elementos que hemos planteado. Para mí eso es central, y las reformas tienen que ir encaminadas para
garantizar esos mínimos a partir de los cuales se puede empezar a hablar de libertad, si no es muy difícil hablar de libertad cuando la gente tiene privaciones tan fundamentales. De hecho, no es razonable. Por lo tanto, en esa línea, cuando
hablamos de pobreza energética hablamos de medidas para proteger a las familias trabajadoras y hablamos, sin duda, de algunos elementos que la portavoz del Partido Popular ha citado, como el bono social. Nosotros estamos cumpliendo -no al ritmo que
nos gustaría,



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quizás esto nunca pueda ser así- con proteger a las familias trabajadoras, al mismo tiempo que hacemos cambios de políticas estructurales, dentro de una lógica de transición ecológica y descarbonización, es decir, de reducción de las
emisiones de dióxido de carbono, que tienen claramente un objetivo de país. No son cosas que se hacen de hoy para mañana, pero que tienen un horizonte. Las reflexiones al respecto, en gran parte, las comparto.


Hablaba usted también de los bonos sociales. El bono social es un instrumento de protección, es un instrumento útil, pero es un instrumento que tiene que ser reformado. Forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición reformarlo y estamos
en proceso de hacerlo. Es reformable porque, según nuestros datos, el porcentaje de población que podría acogerse a los mismos es muy superior al que realmente se acoge. Ahí lo que hay también es un conflicto de interés: empresas
comercializadores son las que conceden ese bono y se lo detraen de sus ingresos. Eso es una anomalía porque la empresa comercializadora no tiene el incentivo de decirte: ojo, tiene usted derecho a esto, pero me lo voy a restar yo. Eso es una
anomalía, veremos cómo se puede reformar para que, efectivamente, ese instrumento, que viene de épocas anteriores, pueda ser aún más útil.


Hablaba usted de la mesa de energía, y yo siempre soy partidario de hablar con todo el mundo, pero, como he descrito antes, es un sector muy particular. No es el diálogo social con sindicatos y patronal tal cual, sino que es un sector que
-solo tiene que abrir los medios de comunicación para darse cuenta- tiene una posición beligerante contra la soberanía popular, por parte de algunos actores que anteponen sus beneficios; posición legítima, pero los que somos demócratas planteamos
otras cuestiones.


Le agradezco profundamente el apoyo al anteproyecto. Por supuesto, aquello que no le convenza lo podemos discutir y plantear. Como le decía antes, el anteproyecto incluye directivas que están llevadas al máximo, en un rango alto, son
estrictas. Nosotros creemos que son muy útiles porque modernizan unas normas que se habían quedado obsoletas, de la misma manera que la regulación previa del régimen sancionador -vuelvo a subrayar que no es parte de la directiva- era del año 1983.
Es obvio que la sociedad ha cambiado, el año 1983 es dos años antes de que yo naciera, para que nos hagamos una idea de la necesidad de actualización que existe.


El portavoz del Grupo VOX con su crítica inicial ha hablado, precisamente, de que esto no era trabajo nuestro. Usted sabe ya, por la corrección que le acabo de plantear, que no es así, que es un trabajo nuestro. Nosotros incorporamos estas
directivas dentro de un proyecto más amplio que incluye novedades e innovaciones propias del Ministerio de Consumo y que la lectura e interpretación de esas directivas son también propias. Por supuesto, cuando llegue a este Congreso, evidentemente,
ustedes, como grupo parlamentario acreditado, podrán hacer las enmiendas que les parezcan oportunas y modificarlo en la dirección que les parezca oportuna.


Usted está asustado con la intervención de precios en el mercado, pero yo creo que es una cuestión más estética que práctica. El mercado siempre está regulado, siempre. No existe el mercado desregulado, el mercado está siempre regulado.
Estará mucho, poco o regular, pero está regulado siempre. De hecho, lo que nosotros hacemos es regular el mercado en función de los contextos y de los objetivos políticos. Creo que lo que hemos explicado ha sido claro.


Pedía usted un poquito más de precisión. Sin ningún problema. Nosotros, además de la parte fiscal, que sí que profundicé con la retirada de ese impuesto de generación del 7 %, con los impuestos especiales, la reducción importante y con el
IVA, tiene usted que saber que nosotros hemos, prácticamente, reducido la totalidad de todos los cargos del sistema. Por ejemplo, está el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema, que se está debatiendo aquí en el Congreso, y por tanto, lo
conoce usted perfectamente. Al mismo tiempo, también conocerá la ley para minorar la retribución del mercado del precio del CO2, porque también está por aquí, si no recuerdo mal, o está a punto de llegar. Debe conocer también la regulación que
hemos hecho para los beneficios caídos del cielo; unos beneficios caídos del cielo que ya he explicado a qué se deben y que nosotros los vamos a dedicar a bajar los precios de la factura sufragando los costes del sistema. Asimismo tiene que
conocer también un elemento que ha sido central en varias intervenciones -en particular la de la portavoz del Grupo Popular-, que es además una preocupación generalizada y justificada. El gas está encareciéndose de cara a la temporada de invierno.
Esto significa que nuestras previsiones plantean que, en ausencia de una intervención clara, el gas subiría entre un 30 %y un 40 %, lo que quiere decir que estaríamos dejando a mucha gente fuera de la posibilidad de calentar su hogar en invierno.
Por esa razón, nosotros hemos intervenido para congelar la tarifa de último recurso, conocida como TUR, de manera que se han congelado los precios y este incremento del 30 % al 40 % no se va dar.



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Este es un ejemplo práctico de por qué la terminología que usted usa de estar en contra de la intervención de precios no obedece a cuestiones, digamos, de problemáticas cotidianas porque, gracias a esta medida, el 30 % o 40 % de subida que
correspondería al alza trimestral no se va a producir. Y no se va a producir por razones fundamentadas y, sobre todo, porque -entiéndanme bien, y lo vuelvo a repetir, casi le diría como liberal- no se está produciendo un incremento de la
productividad de las empresas. Los costes de las empresas se mantienen iguales, lo único que suben son los márgenes de beneficio, y esos márgenes de beneficio suben a expensas del bolsillo de las clase trabajadora. Así de sencillo, no hay una
innovación que justifique un incremento de precios, no hay una situación especial, no, la mayoría de las tecnologías se mantienen con el mismo coste. Estructura de costes igual, margen de beneficio crecido. Si esto a ustedes les parece razonable,
serán lo que quieran pero no son liberales. Además, creo que serán parte de una minoría de la población que justifique eso, porque no tiene justificación, sobre todo, haciendo mención a suministros básicos. No estamos hablando del mercado de lujo,
estamos hablando de suministros básicos esenciales para la vida.


Hablaba usted de las medidas de consumo y de La Palma. Ha tenido la virtud de poder hablar de La Palma y de la República Democrática Alemana a la vez, lo cual es, en cierto sentido, bastante virtuoso, pero yo seré más conciso. Nosotros
estamos trabajando, precisamente, porque hay muchas personas que han perdido viviendas de La Palma y tienen relaciones contractuales previas de suministros, por ejemplo, de energía, agua, luz teléfono, Internet, gimnasios, lo que fuera, que son
contratos de pago sucesivos que las empresas les siguen cobrando si no hay alteración. Creemos que las empresas van a ser sensibles a esta temática, pero todos sabemos que el foco pudiera desviarse y nosotros tenemos que estar vigilantes ante esa
cuestión. Estamos en conversaciones con la Administración autonómica y con los cabildos y ayuntamientos, de todo tipo de color, para ser capaces de que estas personas de lo último que se preocupen sea de las relaciones contractuales sobre un bien
que ya no existe, entre otras cosas, y otras más que puede haber. Creo que son medidas razonables, que todo el mundo las comprende y todo el mundo las debe apoyar para que estas personas puedan reiniciar su vida y reconstruirla lo antes y lo mejor
posible.


La portavoz del Grupo Popular nos hablaba sobre la modificación del sistema tarifario. Siento corregirla otra vez, porque de verdad que yo no estoy aquí para corregir a nadie. Lo único que le tengo que recordar es que las tarifas las pone
la CNMC, y la CNMC es una entidad independiente. Por eso mi tuit... (La señora Riolobos Regadera: ¿Y el marido de la ministra?).


La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Riolobos, silencio.


El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): De verdad, señora Riolobos, yo no vengo a debatir con usted ni a corregirla, ni le tengo animadversión. De verdad que es usted una persona muy cercana y no tengo nada contra usted, ni mucho
menos, todo lo contrario. Lo que le estoy diciendo es que cuando nosotros hemos hablado de las tarifas lo hemos hecho en términos de una realidad y es que las tarifas y el sistema las propuso la CNMC. Puede preguntarles a ellos, pero ellos
propusieron esa tarifa en particular, después de que hicieran un estudio exhaustivo y riguroso que planteaba que el 80 % de los consumidores se iban a beneficiar a partir de los hábitos de consumo previos. Es decir, el 80 % de los consumidores que
mantuvieran constancia en sus hábitos de consumos energéticos, se iban a beneficiar de esta tarifa. Hay un 20 % que no lo haría. Esta es la justificación que da la CNMC, que -insisto- es un organismo independiente.


Me ha hablado usted también de la inflación. Nosotros claro que estamos preocupados por la inflación, como puede estar preocupado cualquier analista, pero no debemos hacernos trampa jugando al solitario. No tiene ningún sentido. Señora
Riolobos, la inflación acaba de anunciarse que es en torno al 4 %. En gran medida, es una subida derivada de los precios de la energía, pero tiene usted que saber que una cosa es la inflación normal, la que aparece en los grandes titulares, puestos
muchas veces por personas sin demasiada formación económica, y otra cosa es la inflación subyacente, que es la que no incorpora los precios energéticos, que está en el 1 %, que se ha mantenido constante y que refleja que no estamos ante lo que los
macroeconomistas llamarían un proceso inflacionario clásico, sino ante una subida de los precios energéticos, que es la causa de todo ello, y no tiene por qué revertir en otros aspectos de la vida. Sin embargo, eso no significa que no estemos
atentos, sino simplemente que no nos hagamos trampas al solitario.


Está usted insistiendo en que lo que a mí me gusta es recaudar, cuando eso es una paradoja. Se lo he dicho esta mañana, señora Riolobos, yo no soy el ministro de Hacienda, y además no tengo esas



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funciones ni ningún tipo de aspiración similar. Sin embargo, quienes subieron los impuestos fueron ustedes. El impuesto de generación del 7 %, que hemos retirado, lo puso el Partido Popular, el impuesto al sol es del Partido Popular, el
IVA al 21 % es del Partido Popular. Me dirá usted que eran otros tiempos, pero eso no es justificación alguna, por lo menos para su argumento de que a mí me gusta recaudar, porque, a tenor de los acontecimientos, a quien le gusta recaudar es a
usted, es decir, como representante del Partido Popular, y particularmente en este campo.


De nuevo, voy a hacerle otra serie de correcciones. Red Eléctrica no es pública: tiene un tope del 20 % público y, por tanto, no puede ser pública. Es una información incorrecta la que usted tiene. Y los peajes los fija la CNMC y los
cargos están bajados al máximo. El gráfico que usted me ha presentado está caducado, tiene que actualizarlo, porque no es correcto.


Al mismo tiempo, sobre el bono social, ya he hablado anteriormente de que queremos modificarlo para que funcione. No me duelen prendas en decir que esto fue del Partido Popular en su origen y que tenía utilidad, pero ahora hay que
mejorarlo. Yo mismo he hablado aquí, en el Congreso, con el señor Montoro para decirle que algunas de sus reformas están bien. Es decir, a mí no me van a encontrar en esa pelea partidista acerca de que todo es bueno o todo es malo. Por lo tanto,
el bono social es un instrumento que el Partido Popular utilizó y es útil, pero hay que mejorarlo porque tiene deficiencias, y a partir de ahí hay que expandirlo. Y nuestra lógica es bastante más contundente que la que existía previamente. Por
supuesto, nosotros somos partidarios -creo que otros portavoces lo habían planteado- de que estas medidas fiscales -es de sentido común- se puedan prolongar en el tiempo si la necesidad lo justifica. Son medidas que de momento tienen un carácter
temporal, pero, evidentemente, en virtud de las circunstancias, se pueden prolongar en el tiempo. No hay ningún problema, porque, de hecho, nosotros vamos analizando la realidad.


La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco me preguntaba lo mismo, y espero que con la aclaración que he hecho sobre la trasposición y el real decreto esté resuelta su pregunta. En resumen, diría que nosotros no alteramos las competencias
existentes, sino que ejercemos una función que no se ejercía previamente, y para eso tenemos unas experiencias positivas, como el proyecto piloto que describí al inicio, básicamente por la lectura que había hecho antes para el caso Volkswagen, pero
que podía servir perfectamente también para el caso de las cláusulas suelo, es decir, son fenómenos similares que ya denotaban que había un problema. Eso quiere decir que las comunidades autónomas han hecho sus deberes, pero es compatible con que
haya cosas que mejorar y que esa parte sí corresponda al Gobierno central.


Dice usted que intuye que no me conformaría con estas medidas políticas. Creo que lo que estamos llevando a cabo lo estamos haciendo bien. Somos un Gobierno de coalición y tenemos nuestros propios debates sobre los ritmos y los contenidos.
Antes de marcharse, la portavoz de Junts hacía una serie de reflexiones sobre algunos de los componentes que forman parte de ese debate y son legítimos, pero, evidentemente, creo que el resultado final, el saldo neto está siendo positivo, dentro de
una situación que está desbordando a todos los Gobiernos, empezando, desde luego, por el caso extremo de Reino Unido y siguiendo con los demás de la Unión Europea. El caso español tiene singularidades y creo que todavía hay recorrido para
abordarlas.


Habla usted de una cosa correcta, de la capacidad que tenemos nosotros de transparencia y para explicar a los ciudadanos que tienen margen, incluso como consumidores, y es una tarea que tenemos que acometer con prontitud. Le reconozco que
es un poco extraño hacerlo en un momento como el actual, porque puede malinterpretarse decir que lo que hay que hacer es leer mejor las condiciones del contrato. Puede malinterprestarse y estoy convencido de que algunos portavoces utilizarían esa
intervención aquí para atacar al Gobierno, pero, sin duda, hay una realidad, y es que las empresas comercializadoras suelen tender a intentar convencer al consumidor de que necesita una potencia contratada mucho más elevada de la que realmente
necesita, por ejemplo, y esos son sobrecostes para la familia y beneficios extraordinarios. Habitualmente, las familias -es algo que ustedes pueden comprobar con sus familiares, yo, al menos, lo he hecho con los míos- no saben ni qué contrato
tienen, si tienen tarifa regulada o tarifa libre, y, si lo saben, no conocen exactamente cuáles son las condiciones. Es un sistema complejo, es un mercado complicado, hay muchos actores y la mayor parte de la gente se conforma con lo que conoce,
como además es lógico, por otra parte. Por tanto, hay mucho margen de mejora, pero es un margen de mejora tanto en el ámbito de la transparencia como de la información. De hecho, creo que hace un año presentamos, junto con la Comisión Nacional del
Mercado de la Competencia, un comparador de precios para que la gente pudiera comparar desde Internet, desde la página web de la CNMC los precios de las



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comercializadoras y ver si, efectivamente, estaban en un contrato que fuera el más barato posible. Todas estas cuestiones ayudan; no resuelven, pero ayudan, y sobre todo, a veces se trata de cantidades importantes para las familias.


En referencia al gas, ya respondí antes y creo que con ello sería suficiente.


Del Grupo Parlamentario Plural, la señora Cañadell me preguntaba lo mismo, si podíamos prolongar las medidas transcurrida la fecha prevista de duración, y estoy convencido de que sí.


Sobre el autoconsumo, ya he respondido antes. Los cambios que estamos promoviendo en la Ley sobre Propiedad Horizontal tienen que ver con ello, con la lógica de ir hacia un modelo de más autoconsumo y menos dependencia energética por parte
de las empresas privadas y en este caso de suministro masivo.


Sobre la compañía de electricidad pública, ya ha dado mi opinión anteriormente. Y lo mismo sobre el precio del gas. Esto es importante, porque de nuevo subrayo que subiría un 30 o 40 % si no topáramos, como ya hemos hecho, y esta es una de
las últimas medidas que hemos puesto, la tarifa de último recurso, que creo que contribuirá. No les puedo decir lo que va a pasar dentro de un mes, porque los mercados tienen otro funcionamiento, pero creemos que esto es suficiente.


La otra portavoz del Grupo Plural hacía referencia a uno de esos debates y propuestas que son interesantes, que yo también recojo y que ya forman parte del debate en el seno del Gobierno de coalición y del ecosistema en el que estamos
hablando.


La portavoz del Grupo Republicano, que se tuvo que marchar, nos preguntaba sobre el régimen sancionador de la competencia. Creo que ya lo he explicado: no se vulnera ningún tipo de competencias; todo lo contrario, lo que hacemos es
mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo, hacía una reflexión sobre ciudadanos o consumidores que en gran parte puedo compartir.


Mi agradecimiento, desde luego, a la portavoz del Grupo Unidas Podemos y a la portavoz del Grupo Socialista, señora Sánchez Jodar, por el apoyo expresado. En relación con la intervención del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el
desperdicio alimentario no es una cuestión menor, es muy importante desde múltiples dimensiones de la vida, tanto en referencia a proporcionar alimentos a gente que los necesita, como, desde luego, en referencia a evitar el impacto ecológico que
tiene todo ese tipo de procesos de deterioro y mejorar la eficiencia. Respecto a la medida que nosotros hemos planteado, decía el portavoz de VOX que se trata de una intervención de precios, pero no es así. De hecho, es una medida con la que está
de acuerdo la patronal, es decir, la dieron la bienvenida porque resulta positiva para reducir el desperdicio alimentario. Además, será una cuestión que tendremos que seguir abordando, porque se trata de una ayuda incluida en el anteproyecto de
ley, aunque también hay otras muchas cuestiones.


A la portavoz del Grupo Socialista, señora Sánchez Jodar, el agradecimiento por aquellas palabras que dijo al inicio. Creo que el Congreso se merece otro tipo de cultura política. Yo le digo que llegué aquí en 2011, no he conocido otra,
pero tengo la esperanza de que se produzca un cambio en algún momento, porque sí es verdad que se ha agudizado en los últimos años un desprecio y una especie de competición -hacía también referencia a ello el portavoz de Ciudadanos- por ver quién
dice la palabra más gruesa, y las palabras van acompañadas de consecuencias. Por eso a la portavoz del Partido Popular ya le eché en cara en su momento ciertas palabras, que hoy ha vuelto a repetir: lo de llamarme traidor, que son palabras
gruesas. (La señora Riolobos Regadera: No le he llamado traidor, he dicho que había traicionado). Sí, hoy me ha dicho traidor, pero no pasa nada. La cuestión es que ojalá entre todos consigamos que eso sea sencillamente excepcional, en el
sentido estadístico de la palabra.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


A continuación, como saben, los portavoces que deseen intervenir tienen un turno de réplica de tres minutos.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Gorospe.


La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias.


Una cuestión menor; es casi una anécdota, pero me gustaría conocer su opinión. Uno de los temas en los que usted suele incidir mucho es en el control de la publicidad del juego. No tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy, pero
sí es una cuestión relacionada con el ámbito de la coherencia de las políticas públicas. Suelen trabajar mucho o insisten en el control de la publicidad del juego respecto de la protección de las personas con adicción al juego, y hoy en su
intervención en relación con la luz se ha



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referido también a la necesidad de controlar las emisiones de CO2. Creo que es muy importante lanzar mensajes coherentes en políticas públicas, porque es lo que da significado y credibilidad a lo que se hace. Y la anécdota o el hecho sobre
el que quiero preguntarle es acerca de que se nos ha trasladado que durante el verano en alguna playa, al menos en las gaditanas, la gente veía cómo volaba una avioneta -emisiones de CO2 mientras el Gobierno estaba promoviendo una línea de
intervención a corto plazo sobre control de vuelos- que hacía publicidad de la venta de lotería por parte de un organismo público a través de una empresa que depende de la Dirección General de Patrimonio y del departamento de Hacienda. Por tanto,
fíjese qué falta de coherencia de políticas públicas: emisión de CO2, publicidad de juego y además en un entorno abierto. ¿Cómo valora usted este tipo de mensajes? Difícilmente la gente puede entender que me esté diciendo esto y, sin embargo,
haga otra cosa.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias.


Yo soy muy aficionado a la historia militar, y una avioneta de esas características consume lo mismo que un motocarro, porque su motor es muy pequeñito, o sea, no imaginemos un avión.


En cuanto a la transposición de la directiva y la ley de modernización del régimen sancionador en materia de consumo, ustedes han ido al rango alto. Yo soy muy crítico con el Gobierno muchas veces, pero, cuando hacen algo bien, creo no
conseguimos nada no reconociéndolo, y creo que esta ley es mucho más eficaz con un régimen sancionador, que no impone la directiva; de hecho, esta no dice nada. Creo que hay que reconocer cuando algo va bien, y con el tema de la luz no, pero con
esto creo que aciertan.


Tres cuestiones que me preocupan de la ley: en primer lugar, que sea el empresario quien tenga que verificar la veracidad de las reseñas o las valoraciones puede ser un problema. ¿Por qué? Por la capacidad que tengan los empresarios para
verificarlo y, sobre todo, porque puede darse el hecho de que un empresario grande o alguien con más fuerza bombardee a otro con reseñas y valoraciones y cope su capacidad de verificación, y en esto le garantizo que estoy con mi equipo, pero creo
que sería bueno encontrar entre todos algo que solvente la situación. Un segundo punto es que la obligatoriedad de informar en los mercados en línea de que la normativa de protección de derechos de consumidores y usuarios no aplicará transacciones
entre particulares está muy bien, pero habría que explicarlo claramente, porque el consumidor puede creer que está más desprotegido si hace su transacción con un particular. Podemos pensar en una fórmula en la que no parezca que se diga que no está
protegido por las leyes de consumo, de modo que considere no comprar. Es decir, estoy hablando de debilidades que vemos en al anteproyecto. Por último, hay que ser muy cautos con que no se sancione dos veces una misma acción. Esto parece de
Perogrullo, pero, al existir la competencia autonómica y aparecer el régimen sancionador estatal, podemos encontrarnos con alguna doble sanción, aunque esto ya me preocupa menos que los dos aspectos anteriores.


Y ya que estamos hablando de consumo electrónico, finalizo animando a que vayamos también a las tiendas físicas -esto también compete al ministro de Consumo-, porque han sido muy castigadas durante la pandemia y en ellas encontramos cosas
que no hay en el comercio electrónico, como que nadie asesora como un tendero, y muchas veces te llevas una sorpresa. El último cómic que me ha gustado no me lo hubiese llevado si no hubiese ido a mi tienda de cómics. Y, como sé que os interesa
mucho y me vais a preguntar al salir, es ¡Universo!, de Albert Monteys. (Risas).


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadell.


La señora CAÑADELL SALVIA: Gracias, presidenta.


Solamente quiero agradecer al ministro su tono en las dos intervenciones, tanto en la inicial, como en la que ha dado respuesta a nuestras preguntas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Rodríguez.



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El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.


Señor ministro, le recuerdo que, además de a solicitud propia, comparece usted en la sede de la soberanía nacional para dar cuenta e informar en cumplimiento de la función de control al Gobierno que tenemos constitucionalmente atribuida. Ha
dicho que ha tomado nota exhaustivamente de las preguntas que hemos formulado, por lo que supongo que hay preguntas que no quiere responder. Por esta razón y apelando a la Presidencia para que le recuerde su posición ante esta comparecencia, le
repito las preguntas que no ha respondido a este portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


En primer lugar, respecto de la subida del precio de la luz y el gas, con el 8 % el Gobierno tenía que dimitir, pero, si el Gobierno es de izquierdas, ya nadie tiene que dimitir, aunque la subida sea de varios cientos por cien. ¿Se han
olvidado de sus promesas en la oposición que aplicarían si gobernaban?


En segundo lugar, ¿sigue en pie la propuesta de Podemos de crear una empresa eléctrica pública? Por favor, no deje de responderme.


En cuanto a La Palma, ha hablado de medidas en relación con los contratos de suministros, y, siendo esto algo bueno, convendrá conmigo en que dejar de pagar la luz o Internet es completamente insuficiente y no tiene nada que ver con
reiniciar la vida o recomenzar. ¿Qué van a hacer para que no se repita el laberinto administrativo que ha acabado con el Estado exigiendo el 140 % de las ayudas por compensaciones a damnificados por el terremoto de Lorca de 2011? ¿Cómo vamos a
evitar que se repita?


En cuanto al anteproyecto, por supuesto que en toda trasposición de directivas hay margen; en esa flexibilidad consiste la esencia de una directiva europea, en contraposición al reglamento europeo. Pero le reitero mi queja: Ha planteado
el anteproyecto como una iniciativa de su Gobierno, y la realidad es que se trata del mero cumplimiento del plazo de transposición, que vencerá el 28 de noviembre.


Le he preguntado sobre la intervención de precios en relación con el desperdicio alimentario, y usted al principio de su segunda intervención lo ha atribuido al mercado de electricidad y el gas, cuestión respecto de la que no se lo he
comentado.


En cuanto a cierto discurso teórico, no me ha quedado muy claro. ¿En qué quedamos, es usted liberal o comunista? Ha citado al discípulo de Norberto Bobbio, el positivista Luigi Ferrajoli, en referencia a las grandes empresas que tienen un
poder salvaje, después se ha apoyado en hipótesis sobre el abuso de posición de Adam Smith y en la Ilustración escocesa para defender la intervención del mercado. De verdad, señor ministro, me cuesta creer que alguien que defiende el régimen
económico comunista se permita hablar de teoría económica. Aunque no haya sido capaz de comprenderlo estudiando economía, le animo a estudiar un poco de historia para tomar conciencia empírica de que el comunismo es un fracaso en lo económico, en
lo político, en lo social y en lo cultural. Es incomprensible que le hayan dejado propagar la utopía comunista en la universidad y ahora pretenda hacerlo en el Gobierno.


Señor Garzón, ante su espíritu comunista de control e intervención en la vida de los españoles, le recordamos que desde VOX seguiremos defendiendo la libertad y la prosperidad de todos los españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Riolobos.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, presidenta.


Señor ministro, yo le he dicho esta mañana que usted había traicionado; no le he insultado en absoluto. Si usted quiere deducir eso, es su problema. Y por eso se lo digo también a la portavoz del Partido Socialista, porque parece que no
entienden las cosas.


Sinceramente, señor ministro, creo que usted y el señor Sánchez son teóricos con corazón de piedra, propio de la izquierda caviar, porque no son conscientes realmente de lo mal que lo está pasando muchísima gente. Su escudo social ha
saltado por los aires y hay muchas familias y autónomos que se están quedando atrás. Fíjese usted si son listos los ciudadanos que en la última encuesta de opinión el 84 % de los ciudadanos, incluidos los votantes de Izquierda Unida, Podemos, el
Partido Comunista y también del PSOE, por supuesto, consideran culpable y responsable del tarifazo al Gobierno de España. Fíjese usted si son listos, porque, claro, porque ellos ya saben lo siguiente. Cuando gobernaba Zapatero y el PSOE en este
país, subieron la luz un 60 % y nos dejaron una deuda de 27000 millones. Y eso es lo que van a intentar hacer ustedes ahora.


Respecto a la inflación, dice usted que hay una inflación subyacente, etcétera. No, señoría, la inflación es el impuesto más injusto que hay, porque a los que más afecta es a las rentas más bajas, a los trabajadores, a las clases medias.
Le voy a poner un ejemplo. Yo lleno el depósito de fueloil, y



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habitualmente son sesenta litros y suelo pagar 60, 67 euros; el otro día lo llené, sesenta litros, y fueron 84, 85 euros. Y eso le pasa a toda la gente, no solo a mí. Ahora mire usted la inflación y si están subiendo los precios; a mí me
parece que están subiendo y mucho. Igualmente -y no lo digo yo, lo dijo en esta sala la ministra de Transición Ecológica-, el año pasado una familia media española pagó 512 euros por la luz, este año se estima que van a ser 644 euros: fíjese usted
si lo van a notar muchas familias. Y se está expulsando a muchas personas de la clase media, arrojándolas a otro sistema.


Sobre lo de los 15000 millones que se queda el Gobierno, me dice usted que tengo que rectificar el gráfico. No, no lo voy a rectificar. (Muestra un gráfico). ¿Sabe por qué? Porque el IVA -y se lo vuelvo a explicar otra vez a la compañera
del Partido Socialista- ustedes lo han bajado hasta diciembre. Cuando lo bajen definitivamente, lo quito del gráfico. ¡Claro, es que no lo han quitado, es mentira! Y el resto de medidas que han puesto son hasta marzo. ¿Por qué? Porque ustedes
han hecho un cálculo y han considerado hasta entonces y que el recibo llega en abril o mayo, ya en primavera, cuando parece que el CO2 y el gas ya no van a estar tan caros, y lo que haya que pagar de más ya se pagará en el recibo a partir de ese
momento. Eso es lo que ustedes han dicho, pero, señor ministro, eso es hacerlo mal, y los ciudadanos lo saben.


Para terminar, me gustaría repetirle una cosa. ¿Cuál es el paraguas para proteger a los más vulnerables pero también a todos los ciudadanos? Al final, estamos todos muy mal. ¿Va a haber desabastecimiento de gas? ¿Lo tiene usted previsto?
¿Lo ha pensado?


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Jódar.


La señora SÁNCHEZ JÓDAR: Gracias, señora presidenta.


Señora Riolobos, fíjese si esta portavoz entiende sus consideraciones que, en vez de entrar en su provocación, lo que va a hacer es tener más educación. (Aplausos).


Señora Riolobos, le voy a recordar qué fue lo que ustedes hicieron en plena crisis económica, cuando millones de ciudadanos habían perdido sus empleos y su medio de vida. Ustedes decidieron crear un impuesto al sol para castigar el
autoconsumo de las familias españolas, decidieron subir el IVA de la luz a todos los españoles -insisto, en plena crisis económica-, decidieron aprobar un decreto para frenar la implementación de las energías renovables, decidieron introducir un
nuevo impuesto en la factura de la luz de un 7 % -el impuesto de generación, ese lo crearon ustedes en plena crisis económica-, decidieron fijar la rentabilidad razonable de cada una de las plantas eléctricas españolas -eso sí, que las empresas
eléctricas no perdieran ni un solo euro- y decidieron prohibir por decreto el cierre de plantas que incumplían la legalidad europea y no eran rentables. Y usted habla del precio de la gasolina. ¿Qué hicieron ustedes para bajar el precio de la
gasolina? Meternos en una guerra injusta e ilegal como fue la de Irak. Eso es lo que hicieron ustedes, esas son sus medidas. (Aplausos). Dice la Sagrada Biblia -este libro seguro que lo conocen-, en el Evangelio de san Mateo, capítulo 7,
versículo 16: 'Por sus hechos los conoceréis'. ¡Vaya si los conocemos!


¿Qué ha hecho este Gobierno para contrarrestar el aumento disparatado del precio de la energía? Señoría, el 24 de junio el Gobierno de España aprueba la reducción del 21 % al 10 %, pero ustedes votaron en contra; también suspender el
impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el 7 % con el que ustedes crujieron a las familias españolas en plena crisis económica, y también votaron en contra; reducir el impuesto especial eléctrico, que grava costes, cargos y
consumos, y lo bajamos del 5,1 % al 0,5 %; además, por primera vez en la historia las eléctricas tendrán que devolver parte de sus beneficios extraordinarios para rebajar la factura de la luz, pero ustedes se oponen, a las eléctricas que ni las
toquen. (Muestra un gráfico). Estos son sus logros en materia de energía eléctrica. Por eso le hablaba de postureo, de hipocresía y de teatro. Igualmente, modificar la tarifa del gas -esto también lo está haciendo este Gobierno-, reduciendo su
tope del 28 % al 4 %; realizar nuevas subastas de energía; aportar novecientos millones de euros adicionales de los derechos de CO2 para reducir la factura final; crear el suministro vital, que prohibirá la interrupción del servicio por impago
durante seis meses más; modificar la Ley del agua, para usar criterios de racionalidad en los embalses y evitar que se repitan situaciones como la del embalse de Ricobayo, en Zamora. Y tenemos un objetivo: a pesar de sus votos en contra y de sus
palos en las ruedas, a final de año se pagará por la luz lo mismo que en 2018.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para contestar y cerrar el debate, tiene la palabra el señor ministro de Consumo.


El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Muchas gracias. Seré breve.


En primer lugar, en relación con la pregunta de la portavoz del Grupo Vasco, no me gusta considerar de ese modo lo que ha dicho usted, independientemente de que el señor Guillermo Díaz sepa cuánto emite - seguro que tiene razón, porque lo
conocerá bien-, creo que es un mensaje que no corresponde. Nosotros estamos trabajando -aprovecho la oportunidad para decirlo- en un real decreto de juego seguro para que los mensajes que se lancen desde los operadores hacia aquellos que sigan
jugando -ya hemos terminado con la parte de publicidad- tengan una mayor protección, lo que incluye el tipo de mensajes que se pueden lanzar. En este ámbito estamos más satisfechos, porque desde el 1 de septiembre, como ustedes saben, ya no hay
ningún tipo de publicidad de las casas de apuestas en ningún soporte publicitario, y ese es un cambio tremendo respecto de lo que ocurría en verano no solo en la playa de Cádiz, porque viendo la Eurocopa cualquiera podía constatar que esos tiempos,
afortunadamente, ya quedaron atrás.


Mi agradecimiento al portavoz de Ciudadanos, señor Díaz. Creo que los planteamientos que ha hecho son muy sensatos y razonables. Algunos puntos son impuestos por la directiva y también son preocupaciones nuestras. Queremos que sea un
sistema eficaz, y estamos hablando de cómo los reguladores también estamos aprendiendo de las nuevas tecnologías. Recordemos, por ejemplo, el proceso de las cookies, que se convirtió en un infierno, y cada vez que entramos en una página web tenemos
que dar a aceptar todas. Se buscaba algo positivo, pero al final no salió del todo bien, esa es mi percepción como usuario. Por tanto, queremos evitar que, siendo noble el objetivo, conduzca a un laberinto o conlleve costes de transacción muy
altos, porque eso al final es intolerable. Tenemos que hacer que sea práctico y eficaz, y con ese fin estaremos encantados de recibir todas las enmiendas y comentarios, porque estamos ante la oportunidad de hacer algo que resulte positivo, también
para esos comerciantes de cercanía, a quienes ha hecho referencia, y nosotros compartimos que, por razones ecológicas y de protección del tejido social, del barrio, es muy importante hacer un consumo de cercanía, especialmente después de la
pandemia. Yo también soy de cómics, así que veré qué tal está ese que ha mencionado, porque la verdad es que no lo conozco.


En relación con el Grupo Parlamentario VOX, señoría, yo estoy aquí para responder a todas las preguntas, además suelo ser un libro abierto y respondo sin ningún problema. Lo que no puedo hacer es responder a determinadas preguntas, como la
primera que ha formulado, porque no son preguntas, sino comentarios, aun siendo legítimos y que puedo compartir o no, y esta segunda opción es el caso en referencia a dicha pregunta. Pero no puedo responder, puesto que es su opinión.


En cambio, ha hecho otras dos preguntas pertinentes sobre la empresa pública -pertinente en su expresión abstracta-, sobre lo que ya respondí cuando contesté a los otros intervinientes, de modo que ya he dado mi opinión. No obstante, si
quiere un resumen rápido, le diré que estoy de acuerdo con que haya una empresa pública.


Asimismo, preguntaba en relación con una cuestión regulatoria y administrativa sobre el pasado terremoto en Lorca. Las medidas que les he presentado para la población de La Palma son las de competencia del Ministerio de Consumo. Sin duda,
van dentro de un paquete, junto a muchas más medidas, que no me corresponde explicar y desbrozar, pero todas ellas se llevarán a cabo de manera que resulte un proceso eficaz. Eso es lo que se está diseñando en este momento, porque, como usted sabe,
este martes se aprobaron una serie de declaraciones, pero todavía no están en el conjunto y totalidad de las medidas, que irán viniendo según se vayan preparando. Así que puede estar usted convencido de que nuestro objetivo es que sean eficaces y
que sean administrativamente útiles.


Me ha planteado algunas cosas, como su insistencia en que yo estoy equivocado con algunos temas, en los que yo no creo que esté equivocado y, por lo tanto, pues ahí lo dejamos; es decir, que es su opinión contra la mía y es perfectamente
legítimo. Solo quiero decirle que yo trato de fundamentar todas nuestras opiniones y nuestras actuaciones con datos y con el rigor que podemos alcanzar. También le digo que, si está extrañado o inquieto por mi deriva intelectual, la verdad es que
yo tengo una ventaja y es que tengo seis o siete libros por ahí publicados, donde puede usted profundizar en mi pensamiento. Si usted no quiere hacer un gasto que incremente las arcas de lo comunista, se lo puedo ofrecer gratuitamente para que, en
cualquier caso, lo lea y seguro que tendrá con mayor acercamiento un conocimiento de mi persona, incluso, para después criticarme. Esa ventaja la tiene usted.



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A la portavoz del Grupo Parlamentario Popular le quiero decir que, en realidad, ha habido una confusión. Yo no me he sentido insultado por su intervención esta mañana y la portavoz tampoco se refería a ello; se refería a que hay compañeros
suyos en la bancada detrás de mí que sí me estaban insultando de una manera grosera, vulgar, de una manera absolutamente inapropiada, para distraerme según yo hablaba. Supongo que el objetivo era que me equivocara a la hora de hablar. Bueno, este
es un tipo de práctica un poco subterránea, que está siendo demasiado habitual y que ojalá podamos desterrar en algún momento de la práctica. A eso es a lo que se refería la portavoz del Partido Socialista y a eso me refería yo. Por supuesto, las
palabras pueden tomar una intensidad u otra y ahí entramos en diferentes aspectos.


Decía usted de la inflación que es un fenómeno injusto. La inflación es un fenómeno que hay que controlar, es un fenómeno complejo. Usted ha puesto el ejemplo de la gasolina; correcto, es decir, los suministros que están creciendo, los
suministros energéticos forman parte de la inflación de ese 4 %. La inflación estándar es la que incorpora los precios energéticos y precios de alimentos no elaborados, y la inflación subyacente es la inflación que no incorpora esos componentes.
Por eso, la inflación subyacente es del 1 % y la inflación normal es del 4,1 %, creo recordar. Eso significa que nosotros estamos tan preocupados por el crecimiento de los suministros básicos que estamos compareciendo aquí; que hemos comparecido,
que volveremos a comparecer y que nos verán hablar en cualquier momento sobre esta preocupación, es decir, es una preocupación real. La inflación es un fenómeno complejo; no necesariamente acaba con la riqueza financiera neta de las familias,
porque la inflación también afecta al nivel de deudas en tipos reales y puede beneficiar a los prestatarios, pero, en cualquier caso, es otro tema.


Usted dice que no va a actualizar el gráfico. Como usted quiera; lo único que le digo es que ese gráfico no representa la realidad. Si lo quiere seguir presentando, pues muy bien, yo no le voy a coartar su libertad de equivocarse.


Sobre el desabastecimiento de gas, que sepa usted que todos los Gobiernos están haciendo lo posible para que no suceda ninguno de esos extremos. Esto, además, no es ya ni siquiera un problema; como usted sabe, hay instrumentos suficientes.
Cuando nosotros anunciamos las medidas hace dos martes -creo que fue- del mercado energético, hubo algunas informaciones que decían que las grandes empresas iban a responder. Usted sabe perfectamente, porque es de un partido que ha gobernado, que
el Estado tiene instrumentos suficientes para garantizar los suministros de ese tipo y para intervenir, de manera que se vea implicada la inteligencia del país, se vea implicado el Ejército. Estamos hablando de suministros básicos y estratégicos de
este país y todos los que han gobernado saben que eso existe, por lo que ahí tenemos siempre recursos suficientes.


Me preguntaba usted por la vulnerabilidad de los consumidores. Para nosotros es la principal preocupación. Al margen de la afectación en los presupuestos familiares evidentemente, que puede ser mayor o menor, en los estratos medios de la
sociedad donde más afecta es a los consumidores más vulnerables. De hecho, gran parte de la regulación de este ministerio ha ido dedicada a proteger a esos consumidores vulnerables; hasta tal extremo, señora Riolobos, que aprobamos un real
decreto-ley de consumidores vulnerables que ustedes votaron en contra e incluso recurrieron al Constitucional. El proyecto, en cualquier caso, está recurrido por el Partido Popular.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias por su comparecencia.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las siete y cinco de la tarde.