Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 621, de 12/05/2023
cve: BOCG-14-D-621
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de mayo de 2023
Núm. 621
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados.... (Página3)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000030 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para el estudio de la Inteligencia Artificial.... (Página19)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las actuaciones para recuperar la circulación en ambos sentidos tras el colapso del viaducto de Castro en la A-6. ...
162/001198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la mejora de la vida de las personas con discapacidad y de sus familias en el entorno rural. ...
162/001199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la línea de AVE Madrid-Región de Murcia. ... (Página23)
162/001200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los trenes de ancho métrico en Galicia y a la mejora de los servicios ferroviarios entre Ferrol y Ribadeo. ...
162/001201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la reducción del IVA para productos sin gluten. ... (Página26)
162/001202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa y promoción del sector olivarero y oleícola español. ... (Página27)
162/001203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados. ... (Página31)
162/001205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, contra la prohibición de usar coches de combustión en las ciudades europeas. ... (Página33)
162/001206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la soberanía energética en el parque de generación eléctrica de España. ... (Página36)
162/001207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda. ... (Página40)
162/001208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de los derechos digitales.... (Página42)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000046 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1220/2021, promovido por el Gobierno Vasco, contra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. ... (Página44)
232/000049 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1760/2021, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, contra la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como voto particular concurrente y voto particular formulados a la misma. ... (Página45)
232/000086 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 825/2022 promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por
el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana....
46
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
005 Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
CARCEDO ROCES, María Luisa (GS) (núm. expte. 005/000258/0001)2 ... (Página4)
MANGLANO ALBACAR, Percival (GP) (núm. expte. 005/000390/0001)1 ... (Página9)
SÁNCHEZ JÓDAR, Marisol (GS) (núm. expte. 005/000264/0001)2 ... (Página14)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000030
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Plural.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para el estudio de la Inteligencia Artificial.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a Instancias de los Diputados del PDeCAT Sergi Miquel i Valentí y Ferran Bel i Accensi, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996 sobre
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones en el seno de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el estudio
de la Inteligencia Artificial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-Sergi Miquel i Valentí y Ferran Bel Accensi, Diputados.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Exposición de motivos
La inteligencia artificial hace tiempo que ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad con creciente presencia en nuestra vida cotidiana. El grado de revolución que su implosión va a suponer está aún por ver, pero no
sería descabellado asimilarla a la generada por Internet, constituyendo el mayor reto al que se ha enfrentado la humanidad hasta la fecha.
La inteligencia artificial tiene aplicación en multitud de sectores, desde la agricultura, la educación, la salud, la logística y la movilidad, las telecomunicaciones, las finanzas hasta en el ámbito de la seguridad y la defensa. No
obstante, su irrupción comporta cambios sociales importantes, así como una serie de riesgos éticos y problemáticas, especialmente en cuanto a su impacto sobre el empleo, pero también sobre la protección de datos y la privacidad de los usuarios, al
igual que un riesgo de propagación de desinformación.
De todo lo anteriormente expuesto se deriva nuestra propuesta de creación de la presente subcomisión.
I. Objeto.
El objeto de la creación de esta subcomisión es:
A) Estudiar los riesgos que conlleva la Inteligencia Artificial, entre otros aspectos, en la privacidad de los usuarios, en el potencial para difundir desinformación, en el respeto a los derechos de autor y en la generación neta de puestos
de trabajo.
B) Estudiar los asuntos más relevantes relacionados con la Inteligencia Artificial que deben ser regulados.
II. Reglas de organización y funcionamiento.
a) Composición:
La subcomisión estará compuesta por tres representantes de cada Grupo Parlamentario de más de cien diputados, dos representantes de cada grupo con un número superior a 8 e inferior a 100 y un representante de cada uno de los restantes
grupos.
Aquellos Grupos con un representante en la subcomisión podrán designar un suplente.
b) Adopción de acuerdos:
En los acuerdos que adopte la subcomisión se adaptará el criterio de voto ponderado, establecido en el artículo 52.3 del Reglamento.
c) Plazo de finalización de los trabajos de la subcomisión:
La subcomisión deberá finalizar sus trabajos y emitir su informe en el plazo de 5 meses contados a partir del día de su constitución. En cualquier caso, la subcomisión deberá emitir unas conclusiones antes del fin del segundo periodo de
sesiones parlamentarias del 2023.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las actuaciones para
recuperar la circulación en ambos sentidos tras el colapso del viaducto de Castro en la A-6, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La sociedad lucense asiste perpleja al deterioro constante en los últimos años de las comunicaciones e infraestructuras de nuestra provincia en la red de carreteras del Estado y sus líneas ferroviarias.
La falta de inversiones en mantenimiento y conservación de los kilómetros de carreteras nacionales y autovías está teniendo graves consecuencias, como en la A-6 con la caída del viaducto de Castro o el derrumbe parcial en la N-642 en A
Mariña.
Son solo dos ejemplos a los que se pueden sumar el lamentable estado de la N-120 entre Monforte y Ponferrada y, todavía mucho peor, el estado insoportable para los miles de usuarios que se trasladan por la N-540 entre Lugo y Ourense y que
cada día utilizan más ciudadanos para coger el tren hacia la meseta, porque ese tren ya no circula durante meses entre Lugo y Monforte y entre esa ciudad y Ourense.
Cabe añadir que las infraestructuras de nueva construcción, como la A-54 entre Lugo y Santiago, siguen acumulando retrasos después de largos períodos de inactividad durante los últimos años.
Pero si sobre la A-54 el Gobierno es incapaz de concretar un compromiso de finalización, la otra autovía, la A-56, que nos une con Ourense, tiene todavía 90 km sin proyectos ni presupuestos.
Son solo ejemplos que evidencian el olvido de este Gobierno con Lugo, donde las nuevas infraestructuras no acaban de completarse y las ya existentes evidencian su deterioro por falta de inversiones en conservación.
En materia ferroviaria la situación todavía es más grave ante la falta de compromisos para reducir los tiempos de viaje entre Lugo y Ourense, o por no invertir ni un euro en mejorar la línea entre Lugo y A Coruña, o por dejar la línea de
ancho métrico en A Mariña morir lentamente, o por excluir a Lugo de los proyectos de la red de mercancías.
Cabe recordar que desde el Grupo Parlamentario Popular se propusieron enmiendas a los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE 2023) para realizar los estudios necesarios que permitiesen evaluar la viabilidad técnica y económica de
nuevos trazados ferroviarios para conectar la actual línea Lugo-A Coruña con Santiago de Compostela y con A Mariña, propuestas rechazadas por los grupos que sustentan al actual Gobierno.
Sin duda alguna, el derrumbe del viaducto de Castro en la A-6, algo sin precedentes en nuestra historia reciente, está generando preocupación por la situación general y por la falta de plazos concretos y justificados para su reconstrucción.
Muy recientemente se producía un accidente con un camión en el desvío alternativo al tramo cortado de la A-6, diseñado y ejecutado por el Gobierno, y que pudo haber tenido graves consecuencias y que ha vuelto a evidenciar las carencias y
peligrosidad de este desvío.
Últimamente y desde el gobierno gallego se criticó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana priorice los trabajos de reconstrucción de los viaductos en dirección Madrid y no ejecute las obras necesarias de manera
simultánea en ambos sentidos, y que tras casi 9 meses desde el colapso del puente no se acabe de dar información concreta y fiable por las sucesivas rectificaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que las obras de reconstrucción de los viaductos afectados por el colapso en la A-6 en Castro se ejecuten de manera simultánea en ambas calzadas y sentidos entre Galicia y Madrid.
2. Hacer públicos los plazos de ejecución y finalización de los trabajos para restablecer la circulación en ambos sentidos de esta infraestructura estratégica y esencial.
3. Presentar un plan integral, con su cronograma y presupuesto, de las actuaciones necesarias en la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo para este año 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2023.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, María del Carmen González Guinda, Celso Luis Delgado Arce y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la mejora de la vida de
las personas con discapacidad y sus familias en el entorno rural, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los últimos datos publicados el pasado 16 de septiembre de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentan una primera aproximación demográfica de
las personas con discapacidad en el Medio Rural en España.
En esta Encuesta realizada en colaboración con el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se presentan los datos demográficos de la población con discapacidad residente en el Medio Rural, (entendiéndose por rurales, aquellos municipios
menores de 10.000 habitantes), de manera comparada con los datos de las poblaciones urbanas (denominadas como Zonas Urbanas, y que contemplan municipios de más de 50.000 habitantes) y las poblaciones intermedias (denominadas como Zonas Intermedias y
que contemplan municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes).
Un total de 951.862 personas residentes en el Medio Rural tienen algún tipo de discapacidad, esto supone el 22 % del total de las personas con discapacidad, de las cuales el 55 % son mujeres.
Por otra parte, se observa un mayor envejecimiento en la zona rural que en la urbana. Así, mientras que en el Medio Rural el 37 % de las personas con discapacidad tiene más de 80 años, en las zonas urbanas este porcentaje es del 32 %.
Estos datos llevan a la conclusión de que la población con discapacidad que reside en el medio rural tiene un perfil sensiblemente más envejecido y feminizado que la que reside en entornos urbanos.
En relación con el tipo de discapacidad, las personas con discapacidad residentes en el ámbito rural, en términos relativos, presentan mayor dificultad en las actividades relacionadas con la movilidad (54%), la vida doméstica (49 %) y el
autocuidado (33 %).
Teniendo en cuenta la importancia de mantener la población en los pueblos, y tal y como se reconoce en la actual Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que advierte que 'las personas con discapacidad se siguen enfrentando a
mayores desafíos en las zonas rurales, y que estas dificultades se relacionan y se retroalimentación con los fenómenos de despoblación, precariedad laboral, escasez de servicios y aislamiento', deben por tanto impulsarse y mejorarse las acciones que
al efecto se realizan por las distintas Administraciones Públicas en sus respectivas competencias, máxime cuando la referida Estrategia reconoce la ruralidad como un factor multiplicador de las barreras que afrontan.
Por tanto, asumiendo el Objetivo 6 del Eje 3 de dicha Estrategia que es se basa en mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, incluidas las
zonas de transición justa, para el acceso y disfrute de sus derechos y los servicios básicos de salud, servicios sociales, comunicación y transporte.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un Estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos para mejorar el bienestar de las familias con personas con discapacidad que residen en un entorno rural.
- Con base en el citado Estudio, una vez elaborado su diagnóstico y propuestas de actuación, establecer un cronograma de desarrollo y planificación con las Administraciones competentes en la materia, que lleve financiación adecuada y
suficiente para su puesta en funcionamiento.
- Promover servicios de proximidad centrados en las personas, vinculados con los servicios de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contemple intervenciones de carácter ambulatorio en zonas con grandes
limitaciones de infraestructuras.
- Impulsar medidas específicas destinadas a las mujeres con discapacidad, especialmente en las regulaciones y en las políticas orientadas al desarrollo rural.
- Priorizar el impulso al despliegue de servicios de respiro en el marco del servicio y prestaciones del SAAD, a fin de ofrecer apoyo y velar por el bienestar de familiares cuidadores en entornos rurales.
- Desarrollar, a la mayor brevedad posible y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, el Objetivo 6 del Eje 3 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que se basa en mejorar la respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, incluidas las zonas de transición justa, para el acceso y disfrute de sus derechos y los servicios básicos de salud, servicios sociales, comunicación y transporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2023.-María del Carmen González Guinda, Alicia García Rodríguez, Margarita Prohens Rigo y Marta González Vázquez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la línea de
AVE Madrid-Región de Murcia, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La llegada del AVE a Murcia el pasado mes de diciembre, tras varios años de retraso desde que pudo hacerlo en 2018 por causa de una decisión exclusivamente política del Gobierno de Pedro Sánchez, abrió un horizonte de esperanza en las
comunicaciones ferroviarias de la Región de Murcia que, sin embargo, se ha visto dilapidado en apenas dos meses ante el lamentable servicio que se está ofreciendo por RENFE, tanto en duración de los viajes, como en frecuencias diarias y precio de
los billetes.
En efecto, en cuanto a la duración de los trayectos, tal y como se pudo comprobar en el viaje inaugural de la infraestructura, la distancia entre Murcia y Madrid se puede recorrer sin ningún problema en 2 horas y 20 minutos, que es lo que
todos los ciudadanos esperaban con ilusión, pero se han encontrado con que los servicios comerciales puestos en funcionamiento por Renfe oscilan entre las 2 horas y 45 minutos y las 3 horas y 40 minutos, algo absolutamente desfasado en cuanto a
tiempos de viaje.
En relación con las frecuencias, hemos pasado de tener, con los antiguos trenes propulsados a gasoil, cuatro convoyes diarios directos de ida y vuelta entre ambas ciudades, a únicamente dos de ida y vuelta con los AVE, más otros dos que
pasan antes por Alicante, y en todos los casos realizando además otras paradas intermedias.
Y todo ello acompañado de una política de precios a todas luces excesivos a la vista del lamentable servicio que se está prestando. De este modo, la consecuencia directa es que, mientras en toda España van los AVE llenos, en Murcia la
ocupación apenas alcanza el 30%, pese a tratarse de la séptima ciudad más grande de España y capital de una comunidad autónoma en la que vivimos más de un millón y medio de personas.
Se debe destacar, además, que, en relación con la línea de AVE entre Murcia y Cartagena, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió dividir su ejecución en tres tramos, cambiando las previsiones del anterior Ejecutivo de la Nación. En la
actualidad, en uno de ellos se encuentran licitadas las obras, otro está en fase de expropiaciones para poder licitar los trabajos y en un tercero se acaba de licitar la redacción del proyecto, para lo cual existe un plazo de tres años.
Y no obstante lo expuesto, la recientemente cesada Secretaria de Estado de Transportes anunció hace unos meses que la línea entraría en servicio en 2026, algo que se antoja prácticamente imposible salvo que se dé un acelerón extraordinario a
los tres tramos citados, en ninguno de los cuales han empezado las obras, por lo que se convierte en imprescindible el dar un fuerte impulso a todas las actuaciones referidas.
En lo que respecta a la futura línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, también anunciada su puesta en marcha para 2026 por el ministro de Presidencia, la misma se ha dividido en diversos tramos, encontrándose las obras en torno al
40% de ejecución en la provincia de Murcia y sobre el 20% en la de Almería.
Sin embargo, hay dos tramos fundamentales en los que aún no han empezado los trabajos, la variante de Totana y, la más importante, el soterramiento de Lorca, en el que ni siquiera se han licitado aún las obras, todo lo cual nos lleva a ser
muy pesimistas de cara a que pueda cumplirse con el horizonte temporal comprometido desde el Ejecutivo.
Así pues, se impone igualmente aquí un rotundo impulso a las labores en marcha en todos los tramos en ejecución y, muy en particular, a la licitación del soterramiento de Lorca, con la finalidad de que dicha línea de AVE entre ambas
provincias pueda entrar en funcionamiento en 2026, tal y como ha comprometido el Gobierno.
Finalmente, y de cara a completar una red de alta velocidad en las debidas condiciones, que permita la conexión más rápida y directa entre las provincias de Murcia y Almería con Madrid y el resto de la Península, es igualmente imprescindible
que se proceda a la electrificación de la línea convencional en ancho ibérico existente entre Murcia y Albacete, conexión histórica natural entre ambas capitales.
Por tal motivo, deberá darse un impulso al acondicionamiento del trazado, ya contemplado en la Red Transeuropea de Transporte, al objeto de acelerar los plazos inicialmente previstos para que se pueda convertir en una realidad a la mayor
brevedad posible.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Acuerde la mejora del servicio de AVE en la línea entre Murcia y Madrid, aumentando el número de frecuencias diarias directas entre ambas capitales, con nuevos servicios sin paradas intermedias y con origen y destino en la estación de
Atocha de la capital, lo que permitirá tiempos de desplazamiento por debajo de las 2 horas y 20 minutos.
2. Acelere la redacción de los proyectos pendientes de finalización, la licitación de las obras y el inicio de los trabajos en los diferentes tramos en los que se ha dividido la futura línea del AVE entre Murcia y Cartagena, al objeto de
que la misma pueda entrar en servicio en 2026, tal y como ha anunciado el Gobierno.
3. Impulse las obras en todos los tramos en ejecución y, muy en particular, la licitación del soterramiento de Lorca, con la finalidad de que la futura línea de AVE entre Murcia y Almería pueda entrar en funcionamiento en 2026, tal y como
ha comprometido el Gobierno.
4. Inicie los estudios y trabajos necesarios para acelerar la electrificación de la línea en ancho ibérico entre Murcia y Albacete.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2023.-Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los trenes de ancho métrico
en Galicia y a la mejora de los servicios ferroviarios entre Ferrol y Ribadeo, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 20 de febrero de 2023, en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se informaba de que la ministra Raquel Sánchez 'ha trasladado a los presidentes de Asturias y Cantabria el fuerte compromiso del Gobierno y
el Ministerio con la mejora de los servicios de Cercanías de ambas comunidades autónomas y su implicación directa en la resolución del contratiempo que ha supuesto un retraso en la entrega de los nuevos trenes de ancho métrico para que sea el menor
posible'. Anunciaba que 'el diseño definitivo del material rodante estará listo este verano, que las primeras unidades se empezarán a fabricar a finales de año y que en 2026 circularán los primeros trenes'.
Decía que 'en línea con el objetivo de resolver el contratiempo, mitigar sus consecuencias cuanto antes y ofrecer a los usuarios del ferrocarril el mejor servicio, la ministra ha anunciado un plan de acción encaminado a reforzar los
servicios ferroviarios, renovar y modernizar toda la flota de ancho métrico con la ampliación del contrato y nuevas licitaciones, y a acelerar las inversiones en la infraestructura contempladas en el Plan de Cercanías. Para impulsar la ejecución
los Planes de Cercanías de Asturias y Cantabria se creará la figura de un Comisionado'.
Anunció también la ministra el acuerdo de 'extender la aportación económica actual para la gratuidad de las cercanías ferroviarias en Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes
pendientes en el contrato en curso. Para ello el Ministerio habilitará a través de los Presupuestos Generales del Estado sendas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para
aplicar las correspondientes bonificaciones y mejoras en la prestación del servicio'.
Ha causado gran malestar en Galicia el hecho de que esa Comunidad no fuera convocada a dicha reunión del pasado 20 de febrero y su exclusión del acuerdo de extensión de la gratuidad aludida anteriormente.
Procede recordar que el Mitma, el 29 de junio de 2020, comunicó que 'Renfe adjudica a CAF la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros', detallando que se adquirían 26 trenes eléctricos y 5 híbridos que,
además de en Asturias y Cantabria, podrían utilizarse en Galicia y Castilla y León.
Además, Renfe comprometió en 2018 un plan de actuación para mejorar la calidad del servicio ferroviario entre Ferrol y Ribadeo, donde el material rodante es causante de la mayoría de las incidencias y precisa ser modernizado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Corregir el agravio anunciado y extender la aportación económica actual para la gratuidad de los trenes de ancho métrico en Galicia más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el
contrato en curso.
2. Aprobar en 3 meses un Plan de actuación para mejorar la calidad del servicio ferroviario entre Ferrol y Ribadeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2023.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez, María Valentina Martínez Ferro, Tristana María
Moraleja Gómez, Javier Bas Corugueira, Juan Manuel Constenla Carbón, Diego Gago Bugarín, Mario Garcés Sanagustín y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción del IVA para productos sin gluten, para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Cada vez es más conocido por la sociedad en general que las personas celíacas no pueden comer productos con gluten como consecuencia de la enfermedad que padecen. Lo que tal vez desconozcan es que la dieta estricta a base de productos sin
gluten es la única solución a la intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en varios cereales como la cebada, centeno o trigo. Esa es la única y permanente solución, porque desafortunadamente hoy por hoy la enfermedad celíaca
no se cura. No tratar la enfermedad con una dieta libre de gluten tiene como consecuencia una reacción anormal del sistema inmunitario que daña el intestino delgado. La detección precoz y la dieta sin gluten son, por tanto, la clave del abordaje
frente a la enfermedad.
Ante esta realidad, afortunadamente, cada vez son más las medidas que las distintas administraciones están adoptando en el ámbito de sus competencias. Por poner algún ejemplo: el Programa de salud infantil que Osakidetza comenzó a
desplegar en 2022 en toda la Red de Atención Primaria ha incorporado entre las nuevas actuaciones el cribado de la enfermedad celíaca dirigido a grupos de riesgo y los comedores escolares de la CAPV tienen menús específicos para celíacos.
Siendo una enfermedad incurable, las y los celíacos y sus familias sufren con carácter permanente en sus bolsillos el impacto del alto precio de este tipo de productos sin gluten. La FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España)
ha publicado recientemente un informe de precios de productos específicos para personas celíacas al objeto de determinar el valor aproximado que gasta una persona celiaca para seguir la dieta sin gluten, arrojando unos resultados verdaderamente
llamativos.
El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad en su
artículo 72 reduce el tipo impositivo aplicable temporalmente del IVA a determinados productos, como el pan común sin gluten y la harina panificable sin gluten que del 4 % han pasado a tributar al 0 %, y la pasta alimenticia sin gluten, que pasa del
10 % al 5 %.
No obstante, la medida tiene carácter temporal y su vigencia finaliza el 30 de junio de 2023, dado que la medida fue propuesta como respuesta a la situación circunstancial de alta inflación que estamos sufriendo y no como respuesta a una
situación de naturaleza estructural y permanente, como es la necesidad de ingerir una dieta sin gluten de por vida como único tratamiento a una enfermedad. Esta situación debe corregirse y mantenerse la reducción de manera indefinida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener indefinidamente la reducción del tipo impositivo aplicable al pan común sin gluten, a la harina panificable sin gluten y a la pasta sin gluten, prevista en el artículo 72 del Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre.
2. Ampliar la reducción del tipo impositivo aplicable del IVA a otros alimentos para pacientes celíacos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2023.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
162/001202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa y promoción del
sector olivarero y oleícola español, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El sector olivarero en España.
El aceite de oliva es un pilar fundamental de nuestro sistema agroalimentario. En España existen casi 350 millones de olivos y sus cultivos abarcan más de 2 millones y medio de hectáreas 1, lo que nos convierte en el líder mundial en
superficie 2, producción y comercio exterior. A nivel comparado, la producción española de aceite de oliva supone el 70% de la producción de la Unión Europea, así como el 45% de la producción mundial 3.
En relación con el empleo, el sector olivarero mantiene más de 350.000 puestos de trabajo en la agricultura y más de 15.000 en la industria, así como más de 32 millones de jornales por campaña 4. Además de su indiscutible importancia
económica, el sector tiene una gran repercusión social, ambiental y territorial, ya que el cultivo se extiende por la práctica totalidad del territorio nacional.
El aceite de oliva es, a día de hoy, el tercer producto agroalimentario más exportado por nuestro país, llegando a más de 150 países y contribuyendo notablemente al saldo positivo de este sector económico. Así, España se posiciona como el
principal actor en el mercado mundial del aceite de oliva, producto caracterizado por una tendencia de consumo creciente, debido a sus propiedades beneficiosas desde el punto de vista nutritivo y saludable 5. Por supuesto, la tradición olivarera de
España nos brinda aceites de enorme calidad y reconocidos en todo el mundo.
1 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en adelante, 'MAPA'): Aceite de oliva. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/aceite.aspx
2 RTVE (2020). 'El Olivo: España atesora el mayor olivar del mundo'. Programa: Memoria de delfín. 30 de noviembre. Disponible en:
https://www.rtve.es/radio/20201130/olivo-espana-atesora-mayor-olivar-del-mundo/2058859.shtml
3 MAPA, op.cit.
4 Ibidem.
5 MAPA, crp.cit.
Segundo. Cuestiones específicas del sector olivarero.
Son varios los problemas que afectan al olivar español y que lo perjudican notablemente. Entre estos se encuentran la implantación de un sistema de etiquetado nutricional que no respeta las características nutricionales propias del aceite
de oliva, los aranceles impuestos por Estados Unidos, la falta de diferenciación de métodos de producción en olivares, la especulación con las tierras agrarias para la implantación de renovables en olivares o los acuerdos con terceros países que
socavan nuestra soberanía alimentaria y hacen depender a nuestro sistema alimentario del exterior, entre otras.
I. Nutri-Score. El Reglamento (UE) n.º 1169/2011, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor exigía mostrar en los alimentos determinada información con el fin de proteger la salud de los
consumidores y garantizar su derecho a la información. En 2016 el Gobierno de Francia puso en marcha una iniciativa de identificación que acabó dando lugar al sistema de etiquetado nutricional frontal conocido como Nutri-Score. Este entró en
vigor, con carácter voluntario, en 2017; en España se implantó al año siguiente con la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Carcedo 6.
Sin embargo, la aplicación del sistema Nutri-Score perjudica a la dieta mediterránea y al aceite de oliva español como alimento vertebrador de la misma. El algoritmo empleado en este etiquetado global de alimentos no refleja ni su calidad
ni su composición nutricional, y lo equipara sin más a otro tipo de aceites, como de colza 7. A pesar de que este etiquetado daña la reputación de productos españoles, típicamente integrantes de la dieta mediterránea, el Gobierno, con su Ministerio
de Consumo al frente, lo defiende y sigue de forma acrítica y entusiasta.
II. Los aranceles de Estados Unidos. En 2018 el gobierno de los Estados Unidos decidió imponer aranceles del 35 % a la aceituna española con motivo de las ayudas de la Política Agraria Común a los agricultores. Esta acción motivó una
disputa legal internacional ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que falló en contra de los Estados Unidos en noviembre de 2021 e instó 8 a este país a la eliminación de los aranceles 9.
Sin embargo, aunque los Estados Unidos se comprometieron con la Unión Europea a adecuar su legislación antes del 14 de enero de 2023, esa medida continúa aplicándose, habiendo sido sólo rebajados determinados aranceles durante un período de
tiempo muy limitado y no con carácter general ni definitivo 10.
La consecuencia de esta disputa es la pérdida de posición de mercado de los productos oleícolas españoles en Estados Unidos en favor de nuestros competidores 11, como Túnez, Italia o Marruecos; lo cual complica la recuperación futura en
dicho mercado.
III. La revalorización del olivar tradicional. Dentro del sector olivarero y oleícola español destaca el olivar tradicional, por su repercusión social, ambiental y territorial. Este tipo de cultivo representa el 70 % de la producción
española de aceite 12.
De un tiempo a esta parte se viene implantando el modelo intensivo o superintensivo, que es más rentable para las explotaciones de olivar 13. Sin embargo, valorar de manera agregada de ambos tipos de
6 [Nota de prensa] Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018). 'Carcedo: 'Vamos a implantar el etiquetado frontal de calidad nutricional para aportar mejor información a los consumidores de alimentos y bebidas'. Disponible
en: https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4424
7 Incluso, afirmaciones recientes del llamado 'padre de Nutri-Score', Serge Hercberg, ejemplifican las consecuencias perniciosas de este sistema de etiquetado frontal para con la producción española (TORRES DEL CERRO, Antonio (2023). 'El
padre del NutriScore: 'El aceite de oliva no puede tener la nota máxima''; EFE agro. 27 de enero. Disponible en: https://efeagro.com/nutriscore-aceite-oliva/.
8 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2021). 'España aplaude la decisión de la OMC y pide a EEUU eliminar la imposición de aranceles contra la aceituna negra española'. Gobierno de España. 19 de noviembre. [Nota de prensa]
Disponible en:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/19112-aceituna-negra-eeuu.aspx
9 Olimerca (2023). 'España exige acabar con los aranceles de la aceituna en EEUU'. 10 de enero. Disponible en: https:// www.olimerca.com/noticiadet/espana-exige-acabar-con-los-aranceles-de-la-aceituna-en-eeuu/
e0d4022182de34b4686d7cf6a733010f
10 Valencia Fruits (2022). 'La solución a los aranceles a la aceituna negra española se complica en EEUU'. 3 de octubre. Disponible en:
https://valenciafruits.com/la-solucion-a-los-aranceles-a-la-aceituna-negra-espanola-se-complica-en-eeuu/
11 MONAGO, T (2021).
12 DE VEGA, Alejandro (2023). 'Entrevista a David Erice, coordinador del proyecto AOVE Tradicional'; Interempresas. 8 de marzo. Disponible en:
https://www.interempresas.net/Produccion-Aceite/Articulos/466039-Entrevista-David-Erice-Coordinador-provecto-AOVE-Tradicional-(Union-Pequenos-Agricultores.html
13 [Blog] Olivar del Lentisquillo: 'Olivar Intensivo, Superintensivo o Tradicional'. Disponible en: https://olivardellentisquillo.com/intensivo-superintensivo-o-tradicional/
cultivos, sin distinguir entre la rentabilidad de unos y otros, constituye una injusticia si se tienen en cuenta los respectivos costes de producción 14.
Por tanto, es necesario favorecer y proteger el cultivo tradicional del olivar como un método de producción diferenciado del modelo intensivo, por su alta calidad y la sustentabilidad de su procedimiento, sin que ello implique la
desprotección de ninguno de ellos.
IV. La implantación de explotaciones de energías renovables en zonas de olivares. El problema de la rentabilidad en el olivar tradicional es esencial para entender la sustitución de tierras de cultivo de olivar por enormes parques
fotovoltaicos, ya que estos proporcionan una fuente de ingresos más rentable para los agricultores. No obstante, esta práctica también ha generado controversia debido a su impacto negativo en la naturaleza, en los ecosistemas y en la biodiversidad.
Por otro lado, la sustitución de cultivos fomenta la especulación de las tierras agrarias y tiene un impacto negativo en la soberanía alimentaria y en el medio rural a medio y largo plazo 15.
V. Dependencia exterior de nuestro sistema alimentario. La implantación del sistema Nutri-Score ejemplifica la dependencia de nuestro sistema alimentario de decisiones que se acuerdan al margen de los españoles. Sin embargo, este no es el
único caso, ya que también la nueva Política Agraria Común (2023-2027) puede suponer la pérdida de alrededor del 25 % de las ayudas que recibe el olivar español 16. En concreto, la aplicación del nuevo requisito de eco regímenes puede tener una
repercusión muy negativa en el olivar español, ya que de su cumplimiento dependerá el acceso a las ayudas 17.
Además, la Unión Europea, con el apoyo del Gobierno español, está financiando con hasta 115 millones de euros la producción de aceite en Marruecos, competidor directo de España, a través de la plantación de 600.000 nuevos olivos en el
territorio marroquí 18.
Tercero. Otras cuestiones del sector olivarero.
Al tiempo que el sector olivarero español padece los problemas anteriormente expuestos, su situación se agrava debido al aumento del precio de la energía, de los combustibles, de los fitosanitarios, de los abonos o del coste de recolección
19, la reducción del número de jornales o los nuevos requisitos que exige la normativa ambiental 20.
De esta manera, el cultivo del olivo en España se situaba en el 2021 en casi un millón y medio de toneladas. Sin embargo, en 2022 descendió hasta las 780.000 toneladas, lo que supone una caída de la producción de un 47,8% 21. Algunas
organizaciones agrarias han calificado este ejercicio como 'la peor campaña del siglo en el olivar' 22.
14 Olimerca (2020). 'Aumentan las diferencias de costes de cultivo entre los distintos tipos de olivar'. 23 de julio. Disponible en:
https://www.olimerca.com/noticiadet/aumentan-las-diferencias-de-costes-de-cultivo-entre-los-distintos-tipos-de-olivar/add97fed5aa0a912c4cdd4d863fb0240
15 Por ejemplo, en Cartaojal (Málaga) hay en marcha 4 proyectos por los que se van a arrancar 900 hectáreas de olivo, desmantelando el modelo de vida de cientos de personas y sus familias con un valor. Además, estos planes se suman a otros
megaproyectos: sólo en Andalucía hay 1.200 proyectos previstos con el beneplácito de la Junta y del Gobierno de España y la oposición de más de setenta alcaldes andaluces. En BENITO, Agustín (2023). 'La España rural se levanta contra la
sustitución de olivos por placas solares'; La Gaceta de la Iberosfera. 2 de marzo. Disponible en: https://gaceta.es/espana/el-mundo-rural-se-levanta-contra-la-sustitucion-de-olivos-por-placas-solares-20230302-0600/ Y MARTÍN-ARROYO, Javier
(2022). 'Alcaldes andaluces se rebelan ante la avalancha de 1.200 parques de energías renovables'; El País. 20 de septiembre. Disponible en:
https://elpais.com/espana/andalucia/2022-09-20/el-campo-andaluz-exige-transparencia-a-la-junta-ante-la-avalancha-de-1200-parques-de-energias-renovables.html
16 Olimerca (2022). '¿A qué desafíos se enfrenta el olivar ante la nueva PAC 2023-2027?' 15 de diciembre. Disponible en:
https://www.olimerca.com/noticiadet/a-que-desafios-se-enfrenta-el-olivar-ante-la-nueva-pac-2023-2027/7b3efb1e5d9043aa9307b44f10cbbdb2
17 ASAJA Sevilla (2022). 'Las exigencias medioambientales de la nueva PAC pueden hacer perder a los olivareros andaluces la cuarta parte de sus ayudas'. 21 de diciembre. Disponible en: https://www.asaja.com/publicaciones/las_exigencias
medioambientales_de_la_nueva_pac_pueden_hacer_perder_a_los_olivareros_andaluces_la_cuarta_parte_de_sus_ayudas_10662
18 OLIMERCA (2022). 'Marruecos prepara nuevas apuestas en el olivar'. 14 de noviembre. Disponible en:
https://www.olimerca.com/noticiadet/marruecos-prepara-nuevas-apuestas-en-el-olivar/1343b95eddbc9f2a33f742d467cdccb7#:~:text=Tiene%20previsto%20plantar%20600.000%20olivos%20en%201os%20pr%C3%B3ximos%208%20a%C3%B1os&text=%2D%20La%20Uni%C3%B3n%20
Europea%20v% 20Marruecos,trav%C3%A9s%20del%20programa%20Tierra%20Verde.
19 FERNÁNDEZ, Petra (2023), op. cit.
20 YÁÑEZ, Estrella (2023). 'Los requisitos de la PAC para los olivareros'; Diario de Sevilla. 10 de enero. Disponible en: https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/administracion/requisitos-PAC-olivareros_0_1753925586.html
21 FERNÁNDEZ, Petra (2023), op. cit.
22 VÍLCHEZ, María Eugenia (2023). 'Miguel Cobos: 'Estamos ante la peor campaña del siglo en el olivar de Córdoba''; SER. 21 de febrero. Disponible en:
https://cadenaser.com/andalucia/2023/02/21/miguel-cobos-estamos-ante-la-peor-campana-del-siglo-en-el-olivar-de-cordoba-radio-cordoba/
Asimismo, la sequía que asola algunas provincias ha hecho que la cosecha de la última campaña haya sido un 80 % menor que en años anteriores 23. Se trata de un dato que contrasta con la capacidad hídrica de España, que, pese a disponer de
agua suficiente para cubrir toda su demanda interna, no es capaz de llevar el agua a todos los rincones de nuestro territorio debido a las nefastas políticas que se han ido aplicando por los sucesivos Gobiernos de España, y a la ausencia de un Plan
Nacional del Agua.
En definitiva, es necesario acometer una profunda revisión de las políticas nacionales para orientarlas a la defensa de los verdaderos intereses de nuestro sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos y, en particular, del aceite de
oliva.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. En el plano nacional:
- Impulsar el reconocimiento del sector olivarero y oleícola como un sector esencial para España por su aportación económica, social y ambiental, a través del desarrollo de políticas de defensa y promoción de los intereses del sector
olivarero español que garanticen su protección y desarrollo en todo el territorio nacional.
- Desarrollar políticas de promoción del consumo de aceite de oliva que comprendan, entre otras cuestiones, sus excelentes propiedades para la salud, favoreciendo a su vez la recuperación y práctica de la dieta mediterránea.
- Favorecer la compra y utilización de productos españoles por parte de las Administraciones Públicas.
- Promover la modificación de la legislación española a fin de exigir un correcto envasado y etiquetado que respete los intereses de nuestros productores.
2. En el ámbito internacional:
- Promover el desarrollo de los mecanismos de control necesarios para evitar actividades de especulación sobre la aceituna y el aceite de oliva españoles.
- Impulsar en las instancias europeas la suspensión de la aplicación del etiquetado nutricional frontal Nutri-Score por su perjuicio al sector olivarero y oleícola español, así como para proteger la producción agroalimentaria española y la
dieta mediterránea.
- Exigir en las instituciones europeas la suspensión de los acuerdos agrícolas firmados entre la Unión Europea y terceros países, como Marruecos, que perjudican al sector olivarero y oleícola español y que fomentan la competencia desleal de
estos países
3. En relación con la necesidad de desarrollo de otras políticas nacionales:
- Diseñar con urgencia un Plan Nacional del Agua que garantice el abastecimiento de agua a todos los rincones de España y a todos los españoles con independencia del lugar donde residan, que ponga fin a la guerra del agua entre regiones y
que permita combatir los episodios de sequía con efectividad mediante la interconexión de cuencas.
- Priorizar la implantación de energías renovables (eólica y fotovoltaica) en tejados, suelos degradados, vertederos, canteras antiguas, minas a cielo abierto o terrenos industriales en desuso, evitando que nuestros campos se conviertan en
vastas extensiones de paneles solares'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2023.-Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel, Manuel Mariscal Zabala y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
23 BOTO-EÍERVÁS, Alfredo (2023). 'Las comarcas olivareras, atenazadas por la sequía y por la inflación'; Antena 3. Disponible en:
https://www.antena3.com/noticias/economía/comarcas-olivareras-atenazadas-sequia-inflacion_2023012263cd884cf0501d00013b2f0e.html#:~:text=La%20sequ%C3%ADa%20es%201a%20responsable,%2C%20Arag%C3%B3n%2C%20Valenda%20o %20Extremadura.
162/001203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Según el informe del Parlamento Europeo sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género de 2018, al analizar la brecha laboral de género se observan dos fenómenos claves: el primero, que las mujeres
pasan de dos a diez veces más tiempo que los hombres prestando cuidados sin remuneración, brecha que se ensancha cuando las familias tienen descendencia y las necesidades de cuidado se multiplican; el segundo, 'que una cuarta parte de las mujeres
sigue perteneciendo a la categoría de trabajadoras familiares no remuneradas, lo que significa que no reciben remuneración directa alguna y que se produce una evidente segregación de las mujeres en sectores que suelen caracterizarse por una baja
remuneración, prolongadas jornadas de trabajo y regímenes de trabajo por lo general informales, lo que da lugar a que las mujeres obtengan unas prestaciones monetarias, sociales y estructurales inferiores a los del trabajador varón medio'.
Esta realidad de los cuidados es un factor clave de la feminización de la pobreza, porque todavía hoy en día el mandato social de los cuidados recae de forma excesiva y desequilibrada sobre las mujeres, afectando más al equilibrio entre la
vida laboral y la personal de las mujeres que a la de los hombres. Esta realidad se agudizó durante la pandemia, limitando la capacidad de las mujeres de atender a las demandas de sus respectivos empleos y aumentando el coste para su salud, entre
otros efectos adversos.
En septiembre de 2021, en su intervención sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen anunció una futura comunicación sobre la Estrategia Europea de Cuidados, situando a los cuidados en el centro
de la agenda de los próximos años en Europa, como contribuidores netos para el avance del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Siguiendo el plan de trabajo previsto, en el mes de julio de 2022 la Comisión Europea presentó dicha estrategia, una
'Estrategia Europea de Atención para garantizar servicios de atención de calidad, asequibles y accesibles en toda la Unión Europea y mejorar la situación tanto de los beneficiarios como de las personas que los cuidan, de manera profesional o
informal'.
En España, ligado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2022, el PERTE Economía Social y de los Cuidados, con una inversión de 808 millones de euros en los próximos 4 años,
con el objetivo de impulsar políticas palanca trasversales que permitan la transformación de la Economía de los Cuidados e impulsar el impacto de este modelo económico y desarrollar los sectores vinculados al cuidado de las personas, ámbitos en los
que se puede generar empleo de calidad y estable, así como un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, que combata la despoblación rural y fomente la igualdad de género.
Como señalan desde ONU Mujeres y la CEPAL, 'la inversión en políticas de cuidados genera un triple dividendo': contribuye al bienestar de las personas, permite la creación directa e indirecta de empleo y rentas y favorece la participación
de las mujeres en el mercado de trabajo, y supone un retorno en ingresos para el Estado vía impuestos y cotizaciones sociales'.
Los cuidados son un extenso sector productivo, con una particularidades propias y diferentes a otras actividades económicas dada su utilidad social, pero con una enorme contribución económica, una demanda en constante aumento y un enorme
potencial de transformación social. La economía de los cuidados pone en el centro lo que sucede en los hogares y las familias, para los que crea bienes y servicios para su consumo directo, pero sin limitar las responsabilidades de los cuidados a la
esfera privada, sino en una esfera nueva de responsabilidad compartida entre familias, Estado y mercado.
Además, dada la realidad social de países como España y la actual crisis derivada del déficit de cuidados, la economía de los cuidados abre la puerta a nuevas oportunidades productivas, nuevos modelos de negocio y nuevos nichos de empleo de
calidad, impulsando el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, a la vez que crea oportunidades de mejora tanto para las personas que demandan estos servicios, como para las personas que los prestan.
Ahora bien, dada la organización social del cuidado y el funcionamiento de los distintos regímenes de cuidado, urge romper con los mecanismos que perpetúan su funcionamiento en las sociedades actuales y que generan tensiones que no son
neutras para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y por tanto, para su participación pública, laboral, política o económica, porque no hay que olvidar que las dimensiones público y privadas de los cuidados están interconectadas y son
interdependientes.
Ante la actual crisis de cuidados, hay que poner los cuidados en el centro, fomentar su potencial transformador de la economía y la sociedad y sumarlos a la recuperación, para no dejar a nadie atrás. Los cuidados deben ser un conductor del
cambio con la gente en el centro de todas las políticas, fortaleciendo su producción. Pero no hay que perder de vista que la rápida transformación de todas las economías en el marco de las transiciones digital y ecológica coincide en tiempo y
espacio con la necesidad de avanzar hacia una nueva organización social de los cuidados en unas sociedades que envejecen.
Todos estos desafíos requieren gobernar los procesos de transformación desde los poderes públicos, que son los que deben y pueden hacer frente a los desequilibrios y desigualdades que esos procesos generen, desarrollando capacidades
políticas e instrumentos capaces de afrontar los cambios y sus consecuencias. Y para poder ejecutar esta tarea con éxito es necesario recoger datos y elaborar indicadores para conocer el estado de situación de las cosas, así como con herramientas
de seguimiento para evaluar los avances, corregir los desequilibrios, elaborar recomendaciones y medidas correctoras y plantear nuevas soluciones, en caso necesario.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Situar los cuidados en el centro de la política económica y elaborar una Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados, con un enfoque de misión de país, basada en evidencia científica, que ponga en valor los cuidados para la sociedad
y la economía, con el objetivo de diseñar un nuevo modelo de organización social de los cuidados capaz de cubrir las necesidades de la población en todo el territorio nacional, reducir las desigualdades e impulsar el crecimiento económico y el
bienestar social. Una Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados para avanzar en la igualdad de género, el trabajo digno y la digitalización justa, a través de inversiones e innovaciones tecnológicas y sociales.
2. Impulsar la puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre la Economía de los Cuidados, por parte del Consejo Superior de Estadística, para que elabore propuestas y recomendaciones sobre las necesidades nacionales en materia estadística
relativa a la Economía de los Cuidados con el objetivo de que, en caso de que así se determine por los servicios estadísticos de la Administración General del Estado, se diseñe un sistema de información estadística integral e innovador que sirva
como fuente de información estadística de calidad, fiable en cuanto a los resultados y estable en el tiempo y los calendarios de publicación.
3. Avanzar en la creación del HUB de vanguardia de los cuidados incluido en el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, para focalizar y difundir el conocimiento de la Economía de los Cuidados, con el objetivo de situarlo como
referente para el intercambio de conocimiento con las entidades que componen el amplío ecosistema de los cuidados en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2023.-Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, José Carlos Durán Peralta, Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, María Ángeles Marra Domínguez,
Begoña Nasarre Oliva, José Luis Ramos Rodríguez, María Tamara Raya Rodríguez, Diego Taibo Monelos y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Manuel Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, en sus respectivas
condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley contra la prohibición de usar
coches de combustión en las ciudades europeas, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
El pasado 10 de enero de 2023 el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Bretón, afirmó expresamente durante su participación en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid que nuestra democracia en Europa ha
decidido que para el 2035 no vamos a poder comprar coches de combustión en Europa.
Las palabras del comisario Bretón muestran, una vez más, la desmesura e irrazonabilidad de las imposiciones ideológicas de los oligarcas europeos, quienes, sin consultar previamente a los ciudadanos, adoptan decisiones de gran perjuicio para
los europeos a los que teóricamente representan.
Muchas de las políticas decididas por las élites europeas están separadas por una enorme distancia con las necesidades y con las capacidades de las naciones pertenecientes a la Unión Europea. La razón de ello es que se adoptan conforme a
una agenda global cuyo contenido no ha sido aprobado ni refrendado por ningún sujeto soberano, incluido el español, sino por las referidas élites, atendiendo a intereses particulares o corporativos.
No en vano, en no pocos casos, de realizarse las debidas consultas populares, los europeos rechazarían de lleno estas políticas, que se materializan, por ejemplo, y a los efectos de la presente iniciativa, en decisiones como la de prohibir
la venta de automóviles de combustión en la Unión Europea a partir de 2035. Se trata de una política con un marcado carácter ideológico y carente de fundamento racional, inexplicable más allá de los intereses de unas oligarquías que han decidido
empobrecer a los habitantes de un continente, produciendo efectos desfavorables en la vida y en la economía de los europeos.
Segundo. 'Objetivo 55': Una política para élites.
El 14 de julio de 2021 se presentó el paquete de medidas 'Objetivo 55' (o 'Fitfor 55'). Este contempla un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de
garantizar que las políticas de la UE se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo 24.
En concreto, 'Objetivo 55' propone [elevar] la ambición en materia de clima para 2030 comprometiéndose a reducir las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030. Entre las medidas contempladas para lograr dicho compromiso destaca la
propuesta de la Comisión Europea de revisar las normas en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas 25.
Por su parte, el Consejo de Medio Ambiente de 28 de junio de este año 26 acordó elevar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas nuevos para 2030 al 55% en el caso de los coches y al 50 % en el de las
furgonetas. Del mismo modo, acordó introducir un objetivo de reducción del 100 % de las emisiones de CO2 para 2035 para los coches y furgonetas nuevos 27. En consecuencia, parece claro que no se producirá una flexibilización en los objetivos de
reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas para los años 2030 y 2035.
24 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ [fecha de consulta: 23 de junio de 2022]
25 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10906-2021-INIT/es/pdf [fecha de consulta: 29 de junio de 2022
26 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10493-2022-INIT/es/pdf y https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/lemke-in-eu-sitzung-deutschland-fuer-verbrenner-aus-ab-2035-11483015
27 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/
Tercero. Críticas por parte de naciones europeas y operadores del sector automovilístico.
Países como Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania se mostraron partidarios de retrasar la fecha para alcanzar el objetivo del 100 % de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas 28. Del mismo modo, propusieron para el
año 2035 una reducción de un 90 % de las emisiones de CO2 en la flota de coches nuevos y de un 80 % en la de furgonetas nuevas 29. Todo ello, con la idea de evitar costes desproporcionados e innecesarios para la industria de la automoción y los
consumidores 30.
Igualmente, la industria automovilística, ha criticado esta radical decisión relativa al parque móvil por su carácter prematuro e irreflexivo y por los efectos altamente perjudiciales que va a provocar. Sus reticencias se fundamentan en
motivos similares a los recogidos en el expositivo anterior:
- La Unión alemana de la industria automovilística (Verband der Automobilindustrie e.V.) ha mostrado su preocupación por la ausencia de una infraestructura de recarga y repostaje que sea capaz de garantizar la aceleración de la
implementación de sistemas de propulsión alternativos para antes de 2040 31.
- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles ('ACEA') ha señalado que cualquier regulación a largo plazo que vaya más allá de esta década es prematura en esta etapa inicial, por lo que se reclama una revisión transparente a mitad de
camino para definir los objetivos posteriores a 2030 32. De hecho, desde ACEA se afirma que se necesita una inversión de 280.000 millones de euros para reforzar la infraestructura de recarga privada y pública de Europa 33.
- La Asociación Española de Proveedores de Automoción ('Sernauto') calcula que, dentro del sector de componentes, 72,000 puestos de trabajo se verán directamente amenazados por esta medida 34.
Además de cuanto antecede, son muchos los ciudadanos que no tienen la capacidad económica suficiente para adquirir vehículos de cero emisiones, pues los precios, como se ha comprobado, son muy altos. Y, en todo caso, las exiguas
subvenciones no facilitarían el acceso a estos vehículos salvo para una minoría pudiente.
En cambio, durante el Consejo de Medio Ambiente antes citado, el Gobierno de España -fiel sirviente de los postulados de la Agenda 2030 y de sus élites promotoras- se mostró partidario de establecer el límite temporal de cumplimiento de los
objetivos de reducción de emisiones de CO2 en turismos y furgonetas en 2030 y 2035.
Sin embargo, esta postura resulta especialmente llamativa, habida cuenta de que las exigencias europeas -que, como se aprecia, cuentan con el respaldo entusiasta del Ejecutivo entran en abierta contradicción con los propios objetivos fijados
por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética ('Ley 7/2021').
En concreto, el artículo 14.2 de la Ley 7/2021 establece como fecha límite para la prohibición de los motores de combustión en turismos y comerciales ligeros el año 2040, en los siguientes términos:
'En desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050 se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como
vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal
efecto, previa consulta
28 https://video.consilium.europa.eu/event/en/25946
29 https://www.tomshw.it/automotive/stop-alla-vendita-di-auto-benzina-e-diesel-in-ue-litalia-punta-a-posticipare-il-provvedimento/. Estas discrepancias ya fueron reconocidas en la Nota de la Presidencia para el debate de orientación del 17
de marzo de 2022 al señalar: En cuanto a los objetivos cuantificados, varias delegaciones manifestaron su apoyo a la propuesta de la Comisión para turismos y furgonetas en 2025, 2030 y 2035. Varias delegaciones defendieron el refuerzo o la
anticipación de determinados objetivos o incluso la introducción de metas intermedias; otras pidieron, por el contrario, una mayor progresividad, o incluso aplazar la decisión sobre el objetivo del 100% de reducción de emisiones a partir de 2035,
para todos los vehículos ligeros o solo para las furgonetas. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6668-2022-INIT/es/pdf.
30 https://www.abc.es/motor/motoreco/abci-espana-no-secunda-peticion-cinco-paises-europeos-prorrogar-motor-combustion-202206281500_noticia.html
31 https://www.vda.de/dam/jcr:a2dba006-94ec-4d6e-8ceb-b221218a6963/V4JPositionspapier_FitFor55_2021-05-28_EN.pdf?mode=view
32 https://autoreport.es/fit-for-55-acea-critica-el-objetivo-de-cero-emisiones-para-2035-y-pide-una-revision-a-medio-camino/
33 https://autovista24.autovistagroup.com/news/what-does-the-eu-internal-combustion-engine-ban-mean-for-the-automotive-industry/
34 https://gaceta.es/economia/el-fin-de-los-coches-de-gasolina-y-diesel-destruira-500-000-empleos-en-europa-20220621-1146/
con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.'
Cuarto. Decisiones de especial trascendencia diseñadas, promovidas y adoptadas a espaldas de los ciudadanos.
Como muestra de que las decisiones adoptadas al margen de la voluntad popular y sometidas a las imposiciones de las élites globalistas afectan gravemente a los europeos, nos encontramos con el establecimiento de las denominadas 'Zonas de
Bajas Emisiones' (ZBE). Se trata, según el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de áreas delimitadas dentro de las ciudades donde solo pueden circular determinados tipos de vehículos, según el etiquetado medioambiental que les haya asignado la Dirección
General de Tráfico con base en un discutible criterio.
'3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad
incluyendo, al menos:
a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. (...)'
Esta medida, consecuencia del fanatismo climático, afecta a más de 149 municipios españoles. Sin embargo, estas medidas ideológicas no se promueven exclusivamente desde el Gobierno de la Nación y su ámbito ideológico, sino que existen
municipios, como Madrid, que llevan padeciéndolas muchos años contra la voluntad de sus vecinos 35.
Quinto. Necesidad de someter las decisiones políticas de especial trascendencia a referéndum consultivo.
Estas políticas elitistas contra el interés de los españoles y europeos, que nuestro Gobierno asume complacientemente, tienen un gran impacto en la vida diaria de millones de españoles -así como en el resto de las sociedades europeas-,
provocando enormes perjuicios y amenazando gravemente la prosperidad futura de las naciones de la Unión Europea.
Se trata, por tanto, de políticas de especial trascendencia que, por su enorme afectación a los intereses nacionales y a las personas y su gran perjuicio al bienestar de los españoles, deberían ser sometidas a referéndum consultivo, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Española.
Solo dando voz a los españoles en las cuestiones que realmente les afectan podrá garantizarse que nuestro país y nuestros compatriotas no sufren las consecuencias de la deriva de las instituciones europeas y del servilismo del Gobierno de
España que, en ambos casos, parecen hacer de la promoción de los intereses de oligarquías y de la puesta en marcha de políticas irracionales de decrecimiento económico y de ruina su único programa de gestión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a someter a referéndum consultivo, en los términos del artículo 92 de la Constitución, por su carácter de especial trascendencia para los españoles, el conjunto de políticas en materia
ambiental y energética dictadas a espaldas de los intereses nacionales, que incluyen las crecientes limitaciones en la utilización de coches de combustión particulares en las ciudades españolas.
35 El actual alcalde de Madrid, don José Luis Martínez-Almeida (PP) presentó como una de propuestas programáticas nucleares a las elecciones municipales de 2019 el cierre de la ZBE municipal, conocida como 'Madrid Central'. En los carteles
para aquella cita electoral podía leerse '#ConAlmeida Madrid Central se acaba el 26 de mayo'?(https://gaceta.es/actualidad/almeida-el-alcalde-que-prometio-derogar-madrid-central-y-sujeta-la-pancarta-a-rita-20210821-1231/). El hoy regidor municipal
manifestó: 'Creemos que la medida conocida como Madrid Central ha perjudicado a los madrileños, al comercio y no ha mejorado la calidad del aire. Por eso, acabaremos con Madrid Central'. Sin embargo; no solo no se ha acabado, sino que se ha
modificado su denominación y el Sr. Martínez-Almeida presume hoy de su buen funcionamiento.
Entretanto esta consulta no se produzca, el Congreso de los Diputados insta asimismo al Gobierno a utilizar todo mecanismo que esté a su alcance para paralizar cualquier iniciativa de la Unión Europea que pueda perjudicar a los españoles, a
su empleo y a su prosperidad, o que no tenga en cuenta las necesidades y capacidades de nuestra Nación.
Por último, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la derogación inmediata de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por los evidentes perjuicios que está produciendo a los españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2023.-Víctor González Coello de Portugal, Agustín Rosety Fernández de Castro, Víctor Manuel Sánchez del Real, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.-José María
Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/001206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús
Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la soberanía energética en el parque de generación eléctrica de España, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Impulso de la soberanía energética.
La soberanía energética es la capacidad de una nación para asegurar la máxima producción y abastecimiento de recursos energéticos para sí, con fuentes propias o ajenas. Debe entenderse como la posibilidad estratégica de, en las mejores
condiciones, aprovechar los recursos propios, adquirir materias primas y tecnología y disponer de fuentes energéticas seguras, abundantes y económicas para la industria y el consumo nacional. En caso de tener que acudir a fuentes externas, es
necesario que estas sean baratas, asequibles, duraderas y estables.
España depende en aproximadamente un 75 % del exterior para sus necesidades energéticas primarias y esto lo convierte en uno de los países más dependientes en términos energéticos. Luchar contra esta debilidad, que resulta indudablemente en
una vulnerabilidad estratégica y una merma en la competitividad de la economía española, debe ser una prioridad.
España, además, tiene la posibilidad de producir buena parte de la energía primaria que exige la demanda nacional. Sin embargo, las políticas desarrolladas en las últimas décadas por los sucesivos gobiernos españoles han incrementado
nuestra dependencia energética del exterior, generando la referida debilidad estratégica, que es cada vez más nociva para los intereses de la Nación.
Las políticas energéticas se han visto condicionadas por unas políticas ambientales erradas y, más recientemente, por unas leyes climáticas que son contrarias a los intereses de España. Estas leyes, producto del fanatismo climático,
incomprensiblemente han prohibido la exploración, la explotación y la investigación de nuestros recursos energéticos. Además, han sido la causa de un encarecimiento sin precedentes de las facturas que nuestras familias y empresas tienen que pagar,
de forma que han profundizado en la deslocalización de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.
En suma, establecer la prioridad medioambiental como criterio básico, y casi único, de la política energética de España ha supuesto empeorar nuestra dependencia energética y ha hecho más vulnerable y menos competitiva a nuestra economía, y
más débil a nuestra Nación en el mundo.
Segundo. Tecnologías y recursos críticos para la soberanía energética.
El mix energético español cuenta con diferentes tecnologías para la producción de energía eléctrica. En él han de destacarse aquellas tecnologías que, por su robustez, seguridad de suministro y aporte masivo de potencia, sientan la base
firme de la generación eléctrica. En particular, se debe destacar la generación nuclear y la hidráulica fluyente, junto con otras tecnologías que, en función de su perfil de generación y disponibilidad técnica y económica, suministran el resto de
la energía necesaria, y que son la cogeneración, la solar, la eólica, los ciclos combinados o la hidroeléctrica modulable, entre otras.
A. El gas.
En las últimas décadas se ha favorecido al gas como fuente de suministro tanto para la actividad industrial como para la generación eléctrica. Las plantas de ciclo combinado se priorizaron frente a otras tecnologías como la nuclear.
Posteriormente, de forma incomprensible, España ha prohibido que se pueda realizar cualquier prospección para aprovechar posibles yacimientos de gas de tipo convencional o de esquisto (fracking).
En este sentido, según el Colegio de Geólogos, España cuenta con abundantes recursos energéticos que no han sido ni siquiera explorados. Es evidente que la exploración, el aprovechamiento de los propios recursos fósiles y el establecimiento
de unas condiciones económicas y técnicas favorables para su explotación fortalecería la soberanía del modelo energético español al reducir sus importaciones de hidrocarburos.
B. Energía nuclear.
En cuanto a la generación energética nuclear, el parque español consta de cinco emplazamientos con siete reactores activos en total: Almaraz I y ll (Cáceres), Aseó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós
II (Tarragona). El sector nuclear es capaz de generar cada año entre 55.000 y 60.000 GWh, lo que representa, aproximadamente, el 20 % de la electricidad consumida en España, con cerca del 6,3 % del total de la potencia eléctrica instalada.
Además, España cuenta con la capacidad de cubrir el ciclo completo de combustible nuclear mediante la integración de su parque de generación con la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), y cuenta con un centro de
almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad en El Cabril (Córdoba). Asimismo, dispone de una industria nuclear competitiva y ciertamente prestigiosa a nivel mundial.
En una situación como la actual, con elevados precios, se estima que, para asegurar un suministro seguro y económico, sería conveniente que España pudiera alcanzar una producción eléctrica nuclear del 34/40 % (nivel muy superior al actual
20,8 % 36). Estos niveles de producción también harían que la factura eléctrica de los hogares, industrias y transportes fuera más reducida y estable.
Por ello, la conservación, actualización y extensión de vida útil de las centrales existentes en el territorio nacional resulta absolutamente necesaria, junto con la planificación de la ampliación de la actual potencia existente.
En el ámbito nuclear es necesario hacer referencia a los denominados reactores modulares pequeños ('SMR'), que son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW(e) por unidad, lo que representa cerca de un
tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Los SMR pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono. En este punto es necesario citar el caso de Canadá, que
recientemente ha incluido a los SMR en la categoría de tecnologías energéticas limpias junto a otras tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono 37.
A pesar de tener un escaso tamaño, los SMR poseen unas características muy avanzadas, que permiten su instalación y utilización de manera rápida y progresiva, reduciendo así los plazos e inversiones requeridas. Además, precisan de una menor
cantidad de combustible, lo que los convierte en una opción económica, limpia y que puede ser puesta en servicio con relativa facilidad en lo que respecta a inversiones y plazos.
36 https://www.foronuclear.org/actualidad/noticias/la-energia-nuclear-produce-en-espana-el-208-de-la-electricidad-en-2021/#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20nuclear%20produjo% 20en,electricidad%20en%202021%20%2D%20Foro%20Nuclear
37 https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-government-recognises-nuclear- as-clean-en
Mediante la integración de este tipo de generación en el modelo energético español, será posible anticipar con mayor seguridad las condiciones de suministro en relación con costes y precios y contribuir a la mejora de la competitividad
económica y el desarrollo industrial y económico.
Tercero. Situación del autoconsumo y cogeneración en españa
Paradójicamente, a pesar de la enorme dependencia exterior, las sucesivas políticas desarrolladas en materia de energía no han facilitado ni la cogeneración, ni la instalación de una capacidad de autoconsumo, de forma que familias y empresas
puedan satisfacer, al menos parcialmente, sus necesidades energéticas. De este modo disminuiría la dependencia exterior y se incrementaría la eficiencia energética del conjunto del país.
España cuenta hoy con aproximadamente 2.000 MW de potencia eléctrica instalada en régimen de cogeneración; en torno a la mitad de esta potencia instalada se encuentra detenida o fuera de servicio debido a las medidas relativas a la llamada
'excepción ibérica'.
Igualmente, el autoconsumo energético de familias, comunidades de vecinos y pymes, que incipientemente se está desarrollando actualmente por el alza de los precios, podría mejorar el uso de los recursos energéticos propios, a la vez que se
reduce la factura de la luz para familias y empresas y también la dependencia exterior.
Este autoconsumo se ha visto lastrado en las últimas décadas por innumerables trabas legislativas y regulatorias que beneficiaban en exclusiva a las empresas de distribución y de generación mediante el bloqueo del potencial energético
existente.
Consideramos que, en el marco de reducción de la dependencia energética y de la consecución de la soberanía energética, es importante que todos los recursos energéticos al alcance de familias y empresas puedan ser puestos en valor como forma
de mejorar la eficiencia energética global y reducir las importaciones de productos energéticos.
Cuarto. Conclusión.
Para revertir la pérdida de soberanía energética derivada de las decisiones de los sucesivos gobiernos de España es preciso, en primer lugar, promover de manera inmediata la derogación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, por cuanto implica la prohibición de la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.
De la misma forma, consideramos que se dan las circunstancias para que, en nuestro país, como en Canadá, Finlandia, Polonia, Italia, Reino Unido, Francia y otros, se abra el imprescindible debate para poder examinar y valorar las
posibilidades de construcción de nuevas centrales nucleares, y optar por la inmediata ampliación de la vida útil de las ya existentes, paralizando en todo caso el proceso de desmantelamiento actual, con plenas garantías de seguridad. Si se
continuara con esta política de reducción deliberada de los recursos energéticos propios, se estaría perpetuando el modelo de importación de gas, petróleo o electricidad producidos en otros países, en detrimento de la soberanía energética, bien al
que cualquier nación debe tender.
Hasta la fecha, y durante muchas décadas, los sucesivos gobiernos han tomado siempre medidas que han supuesto el aumento de la dependencia exterior y el incremento de la factura energética para familias y empresas, a la vez que se nos ha
llevado al extremo de imponernos restricciones en el consumo energético y, posiblemente, próximos racionamientos de dicho consumo. Esto es, han actuado a impulsos del fanatismo climático que se ha impuesto en las organizaciones internacionales, o
bien de los intereses particulares de sectores productivos
La política energética de nuestro país no puede seguir supeditada a prioridades medioambientales establecidas de forma ajena a nuestros intereses y con dudosos criterios científicos que suponen, en la práctica, la carencia de un
abastecimiento seguro, económico y sostenible. Tal condicionamiento va contra los intereses de España y contra las necesidades de los españoles, hipotecando su porvenir.
Por ello, VOX aboga por que se pregunte a los españoles sobre el futuro del modelo energético de nuestro país y se modifiquen las bases de dicho modelo energético, priorizando la soberanía energética y la seguridad de suministro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover que sean sometidas a referéndum consultivo, en los términos del artículo 92 de la Constitución y por su indudable trascendencia para el nivel de vida de la población y para el interés nacional, las políticas públicas en materia
de energía, para que los españoles puedan optar entre dos modelos contrapuestos, el de dependencia energética, fomentado por los sucesivos gobiernos de España y que ha conducido a la situación actual, y el de soberanía energética.
2. Impulsar y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para paralizar todos los cierres y desmantelamientos de las centrales térmicas convencionales y nucleares existentes en España, así como para conectarlas de nuevo a la red
nacional y, de esa forma, disminuir los costes de la energía eléctrica. España debe adaptar los plazos de la transformación energética a sus capacidades y necesidades, sin poner en peligro el suministro energético, el empleo y la prosperidad
nacional.
3. De la misma manera, fomentar la rehabilitación de las centrales nucleares existentes, favoreciendo así la extensión de su vida útil. Para ello, se deben fomentar en los organismos competentes los trámites correspondientes para evaluar
su coste, beneficio y viabilidad técnica y condiciones de operación.
4. Facilitar que las empresas energéticas inviertan en complementar la generación eléctrica con bombeo hidráulico, estableciendo un modelo de suministro eléctrico de todas las tecnologías no gestionables hibridado, reduciendo así su
imprevisibilidad y la necesidad de ajuste con gas en el momento de casación.
5. Promover la modificación y derogación de todas las barreras legislativas que imposibilitan el aprovechamiento de nuestros recursos minerales y energéticos. En particular, debe impulsarse la derogación inmediata de los artículos
9,10,11,14,29, la disposición transitoria segunda y la disposición final quinta de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que impiden la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y de minerales.
6. Fomentar, en colaboración con los organismos competentes, el estudio de viabilidad técnica y económica de la utilización de los emplazamientos de las actuales centrales nucleares para implantar en dicha localización los SMR y, en
particular, considerar los anteriores emplazamientos de las centrales nucleares cerradas en España como Zorita o Garoña, así como en los nodos de vertido de antiguas centrales térmicas clausuradas.
7. Iniciar programas en el CIEMAT, CSIC y otros organismos públicos y empresas privadas para fomentar la investigación, la colaboración y el desarrollo de tecnología nuclear modular que permitan impulsar proyectos propios y, con ese fin,
poner en marcha los trámites correspondientes para la elaboración de una hoja de ruta para desarrollar un reactor nuclear modular español.
8 Para mejorar el aprovechamiento de los recursos energéticos de España por parte de familias y empresas y reducir así la dependencia del exterior, impulsar la enmienda de forma urgente del marco regulatorio actual en tres sentidos:
a. Facilitar la cogeneración eléctrica a través del aprovechamiento calorífico de las diferentes actividades económicas mediante la utilización de la potencia instalada o la ampliación de esta con un sistema retributivo que garantice esta
actividad.
b. Facilitar la instalación de medios de autoconsumo y autogeneración eléctrica para familias, comunidades de vecinos, pymes y asociaciones, de forma que las empresas distribuidoras eléctricas deban facilitar el desarrollo de estas
instalaciones, de baterías de acumulación y, además compensen económicamente de forma clara y a precios de mercado la producción propia y la potencia vertida a la red. De este modo se incentivará esta actividad y se retribuirá adecuadamente,
generando ahorro y potenciales beneficios a familias, comunidades de vecinos y pymes, a la vez que se mejora el aprovechamiento de los recursos existentes en nuestro país.
c. Reducir el IVA aplicable a las actividades dirigidas a la instalación de medios de autoconsumo y autogeneración eléctrica del 21 % al 10 %, a fin de reducir el coste fiscal, especialmente a las familias y otros usuarios sin capacidad
alguna de repercusión del impuesto'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2023.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez y Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/001207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don Rubén Darío Vega Arias, don Onofre Miralles Martín y don Juan Carlos Segura Just, en sus
respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de
Ley para facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El derecho a la propiedad privada y la necesidad de su tutela.
1. La Constitución Española (CE) garantiza el derecho a la propiedad privada en el apartado primero del artículo 33, señalando la existencia de una función social que delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Este derecho,
calificado como uno de los derechos fundamentales de la persona (Sentencia del Tribunal Constitucional 204/2004, de 18 de noviembre), está intrínsecamente ligado a la idea de libertad, en tanto que constituye una suerte de vertiente patrimonial del
libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, que además se orienta al bien común y a la mejora de la sociedad.
2. Con ello, se afirma que la defensa de la propiedad responde a un respaldo expreso e inequívoco de que los particulares puedan preservar, de modo necesario, un ámbito de poder sobre los bienes económicos y, particularmente, sobre su
vivienda, que constituye la base de su hogar y, por tanto, el fundamento físico de su posterior desenvolvimiento en la comunidad. Se trata, pues, de una auténtica institución jurídica que incide en la apropiación y gestión privada de los bienes y
proporciona a toda persona un cauce para ejercer una función responsable en la sociedad y economía y que tiene, de esta manera, una indudable trascendencia social que ha de ser protegida y estimulada.
3. Entre los bienes objeto de propiedad privada que más afectados se han visto, se encuentra la vivienda. A este respecto, el artículo 47 CE, en sede de principios-rectores de la política social y económica, establece que todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (...). Se mandata así a las autoridades de
todo rango a que su actuación esté informada por la necesaria materialización y protección del derecho al disfrute de una vivienda, como estructura física que acoge el hogar de una persona y que contribuye a la formación de la identidad de esta en
muy variados planos.
4. Como consecuencia de los artículos constitucionales referidos, pero también como una de las más básicas condiciones de unas verdaderas libertades civiles y como exigencia lógica del bien común, el ordenamiento jurídico debe promover y
facilitar el acceso de los españoles a una vivienda ya sea en alquiler o en propiedad, particularmente de aquellos que no dispongan aún de una, por todos los medios disponibles.
5. Por ello, esta Proposición no de ley, que debe complementarse necesariamente con medidas en otros campos, como es el incremento del parque de vivienda pública o la promoción de la vivienda en alquiler, se inscribe en un propósito de
defensa de la consideración de la vivienda como bien de primera necesidad, y no como lujo al alcance de unos pocos, y asimismo como prius en el desarrollo por los españoles de un proyecto de vida y familia que, como se ha reiterado, ha de ser
amparado y fomentado por los poderes públicos.
Segundo. La dificultad de la juventud española para adquirir una primera vivienda.
6. Según la última encuesta de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la edad media de emancipación de los españoles se sitúa en los 29,8 años, tres por encima de la media europea (26,4 años) 38. Asimismo, en la última Encuesta
Continua de Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativa al año 2020, se ha constatado que el 55,0 % de los jóvenes entre 25 y 29 años vivía con sus padres o con alguno de ellos en 2020. Del mismo modo, se señala que
este porcentaje ha crecido 6,5 puntos en los siete últimos años 39.
7. Como afirmaba el Banco de España en su Informe Anual de 2021, la emancipación se ve particularmente condicionada por la precariedad laboral, aunque no solo por ella, por cuanto entran en juego otras consideraciones culturales y sociales
también relevantes.
38 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210812-1 [fecha de consulta: 30 de enero de 2023].
39 https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf [fecha de consulta: 30 de enero de 2023].
8. En este sentido, la última Encuesta Anual de Estructura Salarial, elaborada por el INE, muestra cómo frente a los 25.165,511 euros de ganancia media anual por trabajador en 2020, la ganancia media anual de los trabajadores de entre 20 y
24 años se situó en 12.925,08 euros; la de los trabajadores de entre 25 y 29 años, en 18.372,47 euros; y la de los de edad comprendida entre los 30 y 34 años, en 21.321,13 euros. Esta situación lleva a que, en España, actualmente sean los jóvenes
quienes encuentren más dificultades para la adquisición de una primera vivienda 40.
Tercero. La necesidad de establecer incentivos fiscales en la adquisición de vivienda.
9. Conforme señala el Banco de España en su informe de El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019 41, uno de los factores que ha dificultado el acceso a la vivienda de los españoles, y que, por tanto, ha incrementado la edad de
emancipación de los jóvenes, es la eliminación de los incentivos fiscales en la adquisición de vivienda.
10. Desde el año 2010, los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido ('IVA') en relación con los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y
anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente no han dejado de subir. En el año 2007, este gravamen era de un 7 %; en el año 2010, de un 8 %; y, aunque en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la
calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 se establece de forma transitoria un IVA reducido (4 %), en el año 2013 comienza a
aplicarse un tipo de gravamen del 10 %, que se mantiene en la actualidad.
11. Este incremento resulta en un encarecimiento del precio de la vivienda y dificulta la adquisición de un inmueble a muchas personas que no han podido todavía acceder a una vivienda habitual en propiedad, propósito que, como se expuso
supra, debe ser fomentado por los poderes públicos como elemento esencial en la libertad de los ciudadanos.
12. No en vano, el periodo transitorio durante el que se aplicó el referido IVA reducido del 4 % coincidió con uno de los momentos más duros de la crisis económica iniciada en 2007, con el que se pretendió facilitar el acceso a un bien de
primera necesidad como es la vivienda.
Cuarto. Conclusión.
13. Existiendo actualmente una crisis internacional, y partiendo del especial interés económico-social que supone que cualquier español adquiera su primera vivienda, se hace necesario, entre otras medidas, facilitar su proceso de
emancipación mediante el establecimiento de estímulos fiscales en la compra, que serán de aplicación también a todos aquellos, no jóvenes, en la misma situación.
14. Por ello, se propone la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de aplicar el tipo reducido del 4 % de este impuesto a la adquisición de aquel inmueble destinado a ser la
primera vivienda habitual.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de aplicar un tipo reducido del 4 % de este impuesto a la adquisición de aquel
inmueble destinado a ser la primera vivienda habitual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2023.-Patricia Rueda Perelló, Cristina Alicia Esteban Calonje, Onofre Miralles Martín, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just y Rubén Darío Vega Arias, Diputados.-José
María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
40 https://www.ine.es/prensa/ees_2020.pdf [fecha de consulta: 30 de enero de 2023].
41 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2013.pdf [fecha de consulta: 30 de enero de 2023],
162/001208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de los Derechos Digitales para su debate en el Pleno del Congreso
de los Diputados.
Exposición de motivos
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden político y de la paz social. Esa concisa
formulación de la Constitución Española expresa una concepción de la persona y del Estado válida para el momento presente y para el futuro.
El intenso progreso de la investigación científica, las invenciones y las tecnologías digitales o basadas en lo digital plantean la necesidad de asegurar que el marco normativo garantiza la protección de los derechos individuales y
colectivos de las personas, los valores constitucionales que constituyen el único cimiento posible de la convivencia, para garantizar la misma protección en los entornos offline y online.
Por todo ello, el Gobierno de España elaboró la Carta de Derechos Digitales, coordinando el trabajo realizado por el Grupo asesor de Expertas y Expertos constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Vivimos en una sociedad digital de cuyos entornos, dispositivos y servicios dependemos más cada día. En este contexto, no se trata necesariamente de introducir derechos digitales distintos a los derechos fundamentales ya reconocidos o de
que las nuevas tecnologías y el ecosistema digital se erijan por definición en fuente de nuevos derechos.
La persona y su dignidad son la fuente permanente y única de los mismos y la clave de bóveda tanto para proyectar el Ordenamiento vigente sobre la realidad tecnológica, como para que los poderes públicos definan normas y políticas públicas
ordenadas a su garantía y promoción.
Sin embargo, el desarrollo y la progresiva generalización de estas tecnologías y de los espacios digitales de comunicación e interrelación que ellas abren dan lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben resolverse mediante la
adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del Ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes constitucionales y de la seguridad jurídica de la ciudadanía, operadores económicos y Administraciones públicas en sus
respectivos ámbitos competenciales.
Así, la Carta de derechos digitales no trata de crear nuevos derechos fundamentales, sino de perfilar los más relevantes en el entorno y los espacios digitales o describir derechos instrumentales o auxiliares de los primeros. Se trata de un
proceso naturalmente dinámico dado que el entorno digital se encuentra en constante evolución con consecuencias y límites que no es fácil predecir.
El texto tiene su base en los notables avances ya realizados en España para el reconocimiento de los derechos digitales, entre los que cabe destacar el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales y el recientemente aprobado Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
No obstante, dicha Carta también reconoce una serie de derechos de carácter muy novedoso, y que cada vez tienen una mayor relevancia en la sociedad digital. Ejemplo de esto son los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías,
cuyo literal es el siguiente:
'XXVI Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías.
1. Las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías podrán ser reguladas por la ley con la finalidad de:
a) Garantizar el control de cada persona sobre su propia identidad.
b) Garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en la toma de decisiones.
c) Asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos.
d) Regular el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica.
e) Asegurar que las decisiones y procesos basados en neurotecnologías no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados.
2. Para garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación, y de acuerdo en su caso con los tratados y convenios internacionales, la ley podrá regular aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías
que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas.'
En este sentido, es especialmente relevante garantizar que la totalidad de los derechos recogidos en la Carta, que por sí misma no tiene carácter normativo, se vean reflejados y reconocidos en el ordenamiento jurídico español.
Por otro lado, España ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.
Los Estados miembros de la UE asumen la Presidencia del Consejo por turnos de seis meses según un sistema de rotación igual y orden determinado (en la actualidad, Decisión 2016/1316 del Consejo). El Tratado de Lisboa creó la figura de los
Tríos, grupos informales de tres Presidencias que se coordinan para dar continuidad a los trabajos a lo largo de dieciocho meses. España inaugurará, como en 2010, un Trío que completarán sucesivamente Bélgica y Hungría a lo largo de 2024.
Durante su semestre, corresponde a los representantes del Estado miembro presidir nueve de las diez formaciones del Consejo -la excepción es el Consejo de Asuntos Exteriores- y sus órganos preparatorios: el Comité de Representantes
Permanentes (COREPER) y la gran mayoría de los grupos de trabajo.
La Presidencia española de 2023 se desarrollará en el último tramo del ciclo institucional europeo, antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024 y el posterior nombramiento de una nueva Comisión. En
consecuencia, España tendrá una particular responsabilidad de culminar las negociaciones de gran número de expedientes abiertos en las grandes líneas de trabajo de la Unión, entre las que se encuentra la transformación digital. Asimismo, las
iniciativas que España impulse tendrán una incidencia en el siguiente ciclo europeo.
La Presidencia del Consejo se enmarca en el estado de los debates en curso en la Unión, pero el Estado miembro retiene la capacidad de señalar como prioritarios los ámbitos en los que considera que debería concentrarse mayor atención. Estas
prioridades, habida cuenta del desarrollo de los expedientes legislativos y de la coyuntura en la que comience el semestre, se encapsulan en el Programa que se presenta poco antes del inicio de la Presidencia.
Por todo ello, dicha Presidencia española puede suponer una plataforma de gran proyección para impulsar y liderar el debate en torno a los Derechos Digitales, particularmente en lo relativo a nuevos derechos como los ya citados y
relacionados con las neurotecnologías.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Garantizar la integración de los postulados de la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional.
2. Fomentar, en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europa, un debate entre los Estados Miembros que sitúe a los derechos digitales en el centro de las prioridades políticas de la Unión.
3. Potenciar el debate en lo relativo a las neurotecnologías y a los neuroderechos.
4. Impulsar a nivel internacional y europeo el desarrollo de marcos normativos que protejan los derechos digitales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2023.-Begoña Nasarre Oliva y Pedro Casares Hontañón, Diputados.-José Zaragoza Alonso e Isaura Leal Fernández, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000046
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1220/2021, promovido por el Gobierno Vasco, contra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de
seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1220-2021, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; la disposición adicional única; las disposiciones transitorias
primera y segunda, y las disposiciones finales del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y
telecomunicaciones. Ha comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don César Tolosa Tribiño.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido
1.º Declarar extinguido, por pérdida sobrevenida del objeto, el presente recurso de inconstitucionalidad núm. 1220-2021, interpuesto por el gobierno de la Comunidad Autónoma, del País Vasco contra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, en relación con el artículo 3.uno y dos (respecto de la modificación de los
artículos 9.2.c) y 10.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas); en relación con el artículo 6.uno (que modifica el artículo 6.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones).
2.o Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Madrid, a 19 de abril de 2023.
232/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1760/2021, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como voto particular concurrente y voto particular formulados a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1760-2021, interpuesto por cincuenta y dos diputados del Grupo Parlamentario VOX del Congreso de los Diputados, contra la totalidad de la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, subsidiariamente, contra los apartados cincuenta y seis, cincuenta (inciso 'y la voluntad de las familias que muestren su
preferencia por el régimen más inclusivo'); cincuenta y cinco (inciso 'para evitar la segregación del alumnado'); uno (inciso 'a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas'); cincuenta y tres; ochenta y tres
(inciso 'los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos público desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas... y no separarán al alumnado por su género'); diez; dieciséis, diecisiete, veintiséis y veintisiete;
once, catorce, veinticinco, veintiocho bis y setenta y ocho; ochenta y nueve; cuatro; diecinueve; veinte; trece; veintiuno; veintitrés; veinticuatro; veintiséis; treinta y uno; treinta y seis bis; treinta y dos; noventa y ocho; setenta
y cinco; setenta y seis; setenta y seis bis y setenta y ocho ter del artículo único de la Ley Orgánica 3/2020. Ha formulado alegaciones el Gobierno de la Nación. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de abril de 2023.
232/000086
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 825/2022 promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer
Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo
Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 825-2022, interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario VOX del Congreso contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. Han comparecido el Congreso de los Diputados y el Senado. Ha formulado alegaciones el Gobierno de la Nación. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 18 de abril de 2023.