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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 604, de 04/04/2023
cve: BOCG-14-D-604
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de abril de 2023
Núm. 604
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa al reconocimiento del genocidio armenio... (Página3)
Comisión de Justicia
161/004945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la implementación efectiva de la Ley 2/2023, de protección a las personas informantes de
corrupción... (Página4)
Comisión de Interior
161/004930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo urgente y suficiente de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos
españoles de la red de Aena con la finalidad de subsanar los problemas recurrentes de congestión y saturación en los controles fronterizos... (Página6)
161/004932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la dotación médica adecuada de los servicios sanitarios penitenciarios en Galicia... (Página8)
161/004941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a impulsar las medidas climáticas e higiénicas necesarias para mejorar la habitabilidad y calidad de
vida en los centros penitenciarios... (Página9)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo urgente y suficiente de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos
españoles de la red de Aena con la finalidad de subsanar los problemas recurrentes de congestión y saturación en los controles fronterizos... (Página12)
161/004938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la línea de AVE Madrid-Región de Murcia... (Página14)
161/004939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las actuaciones para recuperar la circulación en ambos sentidos tras el colapso del viaducto de Castro en la A-6...
161/004940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los trenes de ancho métrico en Galicia y a la mejora de los servicios ferroviarios entre Ferrol y Ribadeo...
161/004942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la necesaria inversión en el aeropuerto de Peinador y la situación actual de la pista del aeropuerto de Peinador en Vigo...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al refuerzo urgente y suficiente de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos
españoles de la red de Aena con la finalidad de subsanar los problemas recurrentes de congestión y saturación en los controles fronterizos... (Página18)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la supresión de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Retirada... (Página20)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la adaptación normativa de la denominación de la horchata de chufa en sintonía con las recomendaciones de la OMS... (Página21)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la protección de los inversores minoristas a través del asesoramiento financiero en el marco de la Estrategia de Inversión Minorista de la Unión Europea...
(Página21)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004944 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Plural y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el reconocimiento de los derechos de los trabajadores esenciales vacunados con
AstraZeneca... (Página23)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002178 Pregunta formulada por el Diputado Joaquín María García Díez (GP), sobre valoración de la situación de las comunicaciones de la provincia de Lugo con el resto de la península... (Página24)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página25)
184/102967 Autor: Aizcorbe Torra, Juan José
De Meer Méndez, Rocío
López Álvarez, María Teresa
Ruiz Solás, María de la Cabeza
Motivos que justifican el incumplimiento del Gobierno del acuerdo alcanzado en julio de 2021 con los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como previsiones acerca de reforzar la plantilla para acercar sus ratios a
las recomendadas por la Unión Europea.
Corrección de error... (Página25)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/004943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu, Diputado del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del Genocidio
armenio para su debate en la Comisión de Exteriores.
Exposición de motivos
El Genocidio armenio fue el primer exterminio, científicamente planificado, organizado y ejecutado en la historia de la humanidad. Algunos sectores, como las autoridades turcas, siguen negando y relativizando la existencia de este hecho.
Entre 1915 y 1923, los llamados 'Jóvenes Turcos', cometieron un crimen contra la humanidad, deportando y ejecutando a más de un millón y medio de armenios, por razón de su origen étnico. Esta masacre ha sido conocida como 'el Genocidio
armenio'.
Tras la Primera Guerra Mundial, los tribunales de posguerra de la propia Turquía condenaron a muerte a varios 'Jóvenes Turcos' por el exterminio cometido, en base a pruebas recogidas por los propios militares turcos y pruebas recopiladas por
países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Las fuentes de la época no dejan duda sobre la barbarie cometida especialmente contra la minoría armenia, así como contra la asiria y la griega póntica, entre otras.
A pesar de todas las evidencias, Turquía siempre ha negado la existencia de tal hecho, argumentando que las muertes no respondieron a un plan de exterminio, sino que fueron producto de luchas interétnicas, enfermedades y hambre, producido
durante el confuso período de la Primera Guerra Mundial.
Este Genocidio ha sido reconocido por varios estados como: Francia, Portugal Bélgica, Alemania Países Bajos, Suecia, Italia, Grecia, Chipre, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Líbano, Estados Unidos y Argentina entre otros.
De igual forma, organizaciones como la ONU y la Unión Europea han reconocido esté exterminio. Esta última, así lo ha ratificado en la resolución del Parlamento Europeo de junio de 1987; reafirmada por posteriores resoluciones (28 de
febrero de 2002, 1 de abril de 2004 y 15 de abril de 2015), expresando que los hechos sufridos entonces por la población armenia constituyen un auténtico exterminio, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción
del Crimen de Genocidio, aprobado en diciembre de 1948.
A día de hoy, el peor de los males que puede producirse tras un crimen como el mencionado, 'la negación y relativización' son habituales al tratar el hecho en estados como el turco, que no sólo castiga penalmente la afirmación de la
existencia de este Genocidio, sino que ejerce presiones intolerables a todos aquellos estados que se han dignado a reconocer y condenarlo.
En definitiva, para que este doloso crimen no sea olvidado y para que cicatricen las heridas que, aún hoy, persisten y que provocan una tensa relación entre estados como el turco y el armenio, es necesario y justo realizar una declaración
por parte del Estado español de reconocimiento del Genocidio Armenio. Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados de España reconoce públicamente el Genocidio armenio como un crimen contra la humanidad que produjo el exterminio de más de 1,5 millones de armenios en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923.
De igual manera, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas de oportunas en relación a la conmemoración de esa tragedia para que su recuerdo ayude a honrar la memoria de las víctimas y a prevenir los crímenes contra
la humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2023.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Justicia
161/004945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
relativa a la implementación efectiva de la Ley 2/2023, de protección a las personas informantes de corrupción, para su debate en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
De acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 'la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a
violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de amenazas a la seguridad humana'.
El 16 de febrero de 2023, el Congreso de los Diputados dio un paso importante en la lucha contra la corrupción mediante la aprobación del proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y
casos de corrupción. La ya publicada Ley 2/2023 es fruto de la transposición de la directiva europea 2019/1937, conocida como 'Directiva Whistleblowing', y contó con un amplio respaldo de los grupos parlamentarios; tan solo el Partido Popular y
Vox se opusieron.
Por primera vez en nuestro país se establece un sistema para que aquellas personas que sean testigos de infracciones o irregularidades en el ámbito laboral, puedan denunciarlas de manera segura; y sean protegidas frente a cualquier
represalia que puedan sufrir. Así, la Ley articula un mecanismo eficaz para luchar contra los daños para el interés general, que pueden ser desde amenazas al medio ambiente, la contratación pública, los servicios financieros o la seguridad de los
productos, hasta perjuicios económicos para la Hacienda Pública.
Para ello, se establece la obligación de las entidades tanto del sector privado como del sector público de crear (si no lo tuvieran ya) un canal interno de información. La Ley prevé también un canal externo de información a través de la
creación de una Autoridad Administrativa Independiente (A.A.I.) de ámbito estatal, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, o bien de los órganos administrativos competentes en las comunidades autónomas. Además, también se protege a
la persona denunciante que haga una revelación pública bajo ciertas condiciones.
El sistema interno de información debe garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la correspondiente entidad u organismo. Para ello es fundamental que las organizaciones y entidades (i)
incentiven la denuncia o revelación de información de interés público; (ii) sepan cómo gestionar la información recibida; (iii) protejan y cuiden de las personas
denunciantes; (iv) tomen medidas contra aquellas personas que hayan cometido cualquier irregularidad, incluida cualquier represalia contra la persona denunciante; y (v) evalúen regularmente el sistema de denuncia, implementando las mejoras
necesarias.
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas y administraciones públicas van a tener que realizar un esfuerzo importante para adaptarse a las exigencias de la Ley y garantizar la protección y el anonimato de las personas denunciantes. A ese
respecto, el plazo de tres meses previsto para crear un canal de gestión de información seguro y eficaz es relativamente corto.
Es fundamental que el Estado apoye, mediante campañas informativas y acciones formativas, a las organizaciones tanto del sector público como del sector privado en la implementación del canal interno de información. Entre los aspectos a
divulgar debe constar la necesidad de formación del personal encargado del canal interno, la capacidad de investigación de las entidades, la evaluación del sistema de información, y la realización de reportes externos.
Con respecto al canal externo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante representa una alternativa confidencial y segura para que la persona denunciante pueda remitir información sobre posibles infracciones o irregularidades.
Esta A.A.I. tiene además importantes funciones de investigación y protección a la persona denunciante. En particular, la A.A.I. tiene potestad para sancionar a las empresas y demás entidades que vulneren la ley, con multas que pueden alcanzar el
millón de euros. Ese organismo también tiene el mandato de acordar medidas de protección a la persona denunciante, incluidas medidas cautelares, así como de acordar la prestación de apoyo financiero y psicológico, con carácter excepcional.
La ley establece que el Consejo de Ministros deberá aprobar mediante real decreto el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., con las disposiciones oportunas sobre su organización, estructura y
funcionamiento, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo, el plazo de transposición de la 'Directiva Whistleblowing' terminó el pasado 17 de diciembre de 2021; y por ello, el pasado 15 de febrero, la Comisión Europea
(CE) anunció que llevará a España y a otros Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Teniendo en cuenta el anuncio de la CE, y sobre todo, las importantes funciones y prerrogativas que está llamada a desempeñar la
A.A.I., el Consejo de Ministros debe aprobar su estatuto a la mayor brevedad posible.
Más allá de la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva europea, como por ejemplo, las modificaciones oportunas en las leyes procesales, es fundamental priorizar
la creación de la A.A.I. dadas las funciones que ostenta para la protección de las personas informantes, la investigación de las denuncias y la imposición de sanciones.
Además, a efectos de respaldar la cultura de la denuncia, el Ministerio de Justicia debería conceder premios nacionales, con carácter anual, a aquellas personas que, de manera desinteresada y haciendo frente a posibles represalias, destapan
casos de corrupción especialmente graves.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su firme compromiso de luchar contra la corrupción, e insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha con carácter urgente todas las medidas y acciones necesarias para apoyar a las entidades privadas y públicas en la creación del canal interno de información previsto en la Ley 2/2023, coadyuvando a garantizar su
funcionamiento eficaz y seguro en el plazo de tres meses previsto en la ley.
2. Impulsar la aprobación de incentivos a la denuncia en las entidades del sector público, para que la persona informante de corrupción sea percibida como un modelo, sin que ello signifique revelar la identidad de la persona informante sin
su consentimiento expreso.
3. Elaborar y aprobar a la mayor brevedad posible el Real Decreto que establezca el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Autoridad Administrativa Independiente, a fin de proteger adecuadamente a las personas
informantes de corrupción, hacer efectivas las medidas de apoyo a que se refiere la ley, y posibilitar la imposición de sanciones a las entidades que incumplan la Ley.
4. Crear los Premios Nacionales de lucha contra la corrupción, para reconocer el mérito de aquellas personas que más se hayan destacado en la lucha contra la corrupción en cada año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2023.-Roberto Uriarte Torrealday y Jaume Asens Llodrà, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Interior
161/004930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo urgente y
suficiente de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos españoles de la red de Aena con la finalidad de subsanar los problemas recurrentes de congestión y saturación en los controles fronterizos,
para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Los aeropuertos españoles de la red de Aena cerraron el pasado mes de febrero con una cifra de más de 16,6 millones de pasajeros, dato que representa un incremento cercano al 40% con respecto al mismo mes de 2022 y supera en más de un 2% las
cifras del mes de febrero de 2019. Del total de pasajeros comerciales en febrero de este año, más de 10,5 millones corresponden a vuelos internacionales, en tanto que más de 6 millones a vuelos de carácter doméstico, y situándose el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la cabeza de la red en número de pasajeros, con más de 4,17 millones, que suponen un aumento del 0,6% sobre febrero de 2019.
Sin embargo lo anterior, en fechas recientes precisamente las terminales T4 y T1 del aeropuerto madrileño volvían por enésima vez a ser objeto y escenario de atascos, colapso y caos organizativo en las zonas de control de pasaportes como
consecuencia fundamentalmente de la falta de un adecuado e imprescindible número de efectivos de la Policía Nacional por culpa de la falta de previsión del Departamento del Interior que dirige el Ministro Fernando Grande-Marlaska. En este sentido,
resulta oportuno poner aquí de manifiesto que sólo en lo que transcurre del mes de marzo de este año alrededor de 5.000 pasajeros han perdido sus vuelos de conexión debido a las interminables colas de hasta más de 1 hora de duración, lo cual
repercute también en la operativa de las aerolíneas en forma de acumulación de retrasos sobre la hora de salida inicialmente prevista en los vuelos programados.
En efecto, habría que remontarse a inicios del mes de octubre de 2021 -una vez las restricciones a la movilidad y a viajar derivadas de la pandemia empezaban a ser suavizadas y con ello, la reactivación gradual y paulatina del tráfico
aeroportuario-, para recordar la denuncia de la propia Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España y a más de 60 compañías aéreas que operan en nuestro país, solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez que
reforzase a la mayor brevedad los controles fronterizos tras la reapertura de algunos países y las nuevas medidas migratorias con Reino Unido aplicables tras el Brexit, que obligan al sellado de los pasaportes como se venía haciendo con los viajes
hacia y desde terceros países.
Con posterioridad de nuevo en el mes de diciembre de ese mismo año 2021 justamente con antelación al desarrollo de la campaña de Navidad, esta misma asociación de referencia del sector aéreo volvía a apremiar sin éxito al Gobierno de España
a que reforzase la dotación policial en los controles fronterizos de las principales vías de llegadas de turistas a nuestro país, a través de las cuales debe recordarse que llegan anualmente más del 80% de quienes nos visitan desde el extranjero. A
partir de ahí y tres meses más tarde, concretamente en marzo de 2022, ALA instaba nuevamente al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez a que aumentase los efectivos policiales en
los controles fronterizos antes de Semana Santa, tras seguir detectándose un tránsito poco fluido e incidencias en algunos recintos aeroportuarios de enorme importancia como son los casos de Alicante, Málaga, Palma de Mallorca o los
aeropuertos canarios, entre otros.
Cabe subrayar que a lo largo de todo este tiempo, los propios colectivos policiales, como ha sido el caso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), se han venido sumando en términos parecidos a la denuncia de ALA, advirtiendo sobre la
existencia de una infradotación permanente de medios y efectivos en la mayoría de los aeropuertos españoles. Por último, añadir que organizaciones tan representativas de la cadena de valor turística española como resulta el caso de la Mesa del
Turismo ha remitido recientemente al titular responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska una carta donde por tercer año consecutivo le reprende sobre la falta de solución a esta situación ya recurrente, exponiendo que 'a las puertas del Puente
de San José y de la Semana Santa asistimos con estupefacción a la misma situación que ya soportamos en 2021 y 2022 y nos preguntamos por qué resulta tan difícil para Interior solucionar esta problemática que enfada con toda razón a los viajeros,
genera caos en los aeropuertos y proyecta una penosa imagen de España como destino turístico', según palabras del propio Presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. Respecto a este último aspecto no menor, resulta obligado no pasar por alto como
a lo largo de todo el año 2022 destacados medios de comunicación internacionales se hacían eco del descontrol reinante en las áreas de control de pasaportes de los aeropuertos españoles, con el consiguiente daño reputacional para una potencia
turística mundial como es España.
Fruto de lo anterior, el Grupo Popular en el Congreso, entre numerosas iniciativas de carácter parlamentario, presentaba en diciembre de 2021 una primera Proposición no de Ley para que el Gobierno incrementase con carácter de urgencia los
efectivos de la Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional para agilizar el control de pasaportes. A posteriori, en mayo de 2022, el mismo Grupo Popular registraba una
PNL relativa a Turismo Seguro, entre cuyas medidas instaba al Gobierno socialista a reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos
en el contexto de una fase decisiva para acelerar y consolidar la definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras estar conviviendo con la pandemia durante más de dos años. Por último, el pasado 14 de marzo este
mismo Grupo Parlamentario solicitaba la comparecencia en sede parlamentaria de hasta tres Ministros -los titulares de Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e Industria, Comercio y Turismo respectivamente-, con el objetivo de rendir
cuentas y exponer en su caso, las medidas de refuerzo previstas ante la persistencia de un problema, cuya resolución no tendría por qué revestir mayor complejidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, con el objetivo de proporcionar de una vez por todas una solución definitiva a una dinámica tan perjudicial como incomprensible, que se viene reproduciendo a lo largo del tiempo de manera más gravosa en el
caso de aquellos aeropuertos españoles con mayores volúmenes de tráfico internacional de viajeros por causa exclusiva de la falta de planificación, organización y gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, y dañando en definitiva, el correcto
funcionamiento de los flujos turísticos, -principal motor de crecimiento socioeconómico del país-, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Reforzar e incrementar urgentemente en proporción suficiente la dotación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de los aeropuertos de la red de Aena -especialmente en aquellos aeropuertos
con mayor densidad de tráfico internacional-, con el propósito de poner fin a los daños y perjuicios que se vienen ocasionando a pasajeros domésticos, viajeros internacionales, así como a la operativa de las compañías aéreas desde el año 2021,
garantizando un óptimo y ágil funcionamiento de los controles de pasaportes.
- Maximizar la protección y el desarrollo de determinados aeropuertos españoles como hubs o nudos logísticos mundiales teniendo en cuenta su valor global para los intereses turísticos de la Marca España, evitando por consiguiente debilitar o
agraviar sus posiciones por causa de problemas asociados a la falta de un correcto y eficiente funcionamiento de nuestros aeropuertos.
- Adopción de cualesquiera medidas pertinentes o necesarias de cara a subsanar y prevenir problemas adicionales de deterioro de la percepción o coste reputacional de nuestra marca país relacionados con colapsos, pérdidas masivas de vuelos de
conexión, retrasos significativos en las salidas de vuelos o largos tiempos de espera, atribuibles a la falta de suficientes efectivos policiales en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2023.-Agustín Almodóbar Barceló, Ana Belén Vázquez Blanco, Andrés Lorite Lorite e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/004932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la dotación médica adecuada de los servicios sanitarios penitenciarios en Galiza para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A partir de las tres de la tarde y hasta las ocho del día siguiente por la mañana, los ayuntamientos de Curtis, Vilasantar, Sobrado y Aranga, que suman una población de 9.000 habitantes y más de 500 núcleos de población dispersos por sus 416
km2, cuentan con un único PAC (Punto de Atención Continuada sanitaria) de referencia, el de Curtis y con un único facultativo para atender el servicio de urgencias.
Resulta evidente, que cuando es necesario que el médico o médica se desplace fuera del PAC para atender una visita domiciliaria, el resto de urgencias que se puedan producir, tanto en domicilio como las desplazadas hasta el centro de salud,
quedan sin cobertura alguna. Así mismo, es necesario destacar que las visitas domiciliarias en un área rural tan extensa y con una población tan dispersa tienen una duración que, solo en tiempos de desplazamiento se vuelve complicada y larga.
A la dificultad que supone atender los servicios sanitarios en estas circunstancias se suma ahora la lamentable situación por falta de personal médico del Centro Penitenciario de Paradela sito en la parroquia del mismo nombre y próximo al
citado PAC de Curtis.
Este Centro Penitenciario, con una población de 1.200 reclusos cuenta 'oficialmente' con 9 médicos en plantilla de ellos 7 vacantes y uno de reciente jubilación que nos deja un panorama de un solo facultativo real para cubrir el servicio las
24 horas los 365 días del año.
Por la ausencia de dotación de personal médico en el centro penitenciario ha tenido como consecuencia que las y los facultativos del PAC y del Centro de Saúde fueron requeridos por el 061 para atender emergencias sanitarias de la población
reclusa. Por lo tanto, la falta de cobertura de las 9 plazas de personal sanitario del centro penitenciario se hace recaer ahora sobre el Centro de Saúde de Teixeiro que cuenta con un único médico a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Esto
sobrecarga el servicio de salud, dejándolo incluso muchas veces desatendido, pues, si deben acudir a atender una urgencia entre los presos, dejan sin atender las consultas o posibles emergencias en el centro de salud.
La situación se ve agravada por la falta de protocolos y las dificultades que se añaden a las visitas por las estrictas medidas de seguridad para el acceso a la atención de la urgencia carcelaria.
El problema de la falta de personal médico para atender los servicios sanitarios en los centros penitenciarios de Galiza no se da únicamente en el centro de Teixeiro, es algo común y generalizado en todos ellos.
Así, aunque en 2003 se publicó en el BOE la legislación que permitirá que los distintos servicios de salud asuman las competencias en materia de sanidad penitenciaria, esta transferencia aún no se ha producido. Por el momento, esta sigue
siendo una competencia del Ministerio de Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, el Ministerio ha optado por la opción de desmantelar y desatender irresponsablemente sus obligaciones, dejando sin cubrir las
plazas de personal sanitario vacantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Cubrir y dotar, a la mayor brevedad posible, las plazas vacantes de personal médico del Centro Penitenciario de Teixeiro así como el resto de plazas vacantes en los centros penitenciarios situados en Galiza.
2. Llegar a un acuerdo con la Xunta de Galiza y el Sergas sobre las competencias sanitarias a respeto de los Centros Penitenciarios de titularidad estatal en el territorio gallego, que debe ir acompañado por la adecuada y suficiente
dotación económica.
3. Establecer protocolos de actuación para futuras emergencias que aseguren una cobertura adecuada de las mismas, la seguridad del personal y la agilidad en la respuesta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
161/004941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar las medidas
climáticas e higiénicas necesarias para mejorar la habitabilidad y calidad de vida en los centros penitenciarios, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El artículo 3.3 del Reglamento Penitenciario, instaurado en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, establece que el 'principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración
de que el interno es sujeto de derecho y no se haya excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos
del internamiento'.
Según se prevé en el artículo 25.2 de la Constitución Española, las personas presas gozan de todos los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional, excepto los que puedan verse afectados por el contenido del fallo
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
Por mandato del artículo 19.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, tanto las dependencias destinadas a alojamiento nocturno de las personas recluidas como aquellas dependencias en las que se desarrolle la
vida en común deberán satisfacer las necesidades higiénicas y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones climáticas de la localidad.
Estos extremos se recogen asimismo en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela. Concretamente, en las reglas 13 y 18:
'Regla 13.
Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán cumplir todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie
mínima, la iluminación, la calefacción y la ventilación.'
'Regla 18.1. Se exigirá de los reclusos aseo personal y, a tal efecto, se les facilitará agua y los artículos de aseo indispensables para su salud e higiene.'
En relación con las necesidades higiénicas, según el artículo 222 del Reglamento Penitenciario, relativo a los lotes higiénicos, en el momento del ingreso cada persona interna recibirá los artículos y
productos necesarios para la higiene personal diaria, así como preservativos y la ropa de uso personal y de cama, y que estos artículos se repondrán periódicamente.
Hasta finales de 2022, esta periodicidad en la reposición de artículos ha sido mensual, tal y como se recoge en las distintas instrucciones que sobre los lotes higiénicos se han ido dictando para irse adecuando a las circunstancias.
Sin embargo, en respuesta dada por el Gobierno a la pregunta 184/95708, relativa a la periodicidad del reparto y composición de los lotes higiénicos, se informa que 'se ha modificado la cadencia de reparto con el fin de optimizar la
utilización de los recursos, dado que los lotes higiénicos se elaboran en la localidad de Ocaña (Toledo), y con un reparto bimensual a los Centros Penitenciarios se optimiza el gasto en transporte'.
En cuanto a la composición de los lotes, se informa que se ha reducido la cantidad de alguno de los productos, lo que podría ir en detrimento de las condiciones higiénicas, al haberse reducido por ejemplo la cantidad de lejía, o el gel que
se suministraba; productos que se han demostrado necesarios durante la pandemia para garantizar una higiene óptima y la prevención de enfermedades.
En lo relativo a las condiciones climáticas, diversos colectivos vienen alertando sobre las altas temperaturas que se alcanzan en el interior de algunas prisiones competencia del Gobierno estatal, particularmente en época estival. Lo hacía
en el verano de 2022 la Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a través de una queja presentada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la que solicitan medidas para combatir
el calor dentro de los centros.
No obstante, las condiciones climáticas en determinadas prisiones también son deficientes en invierno. Las asociaciones de defensa de las personas que se encuentran en prisión han constatado y denunciado periódicamente la falta de
calefacción en algunas, llegando a haber celdas con temperaturas de 0 °C. Así, a raíz de una queja presentada en 2018, relativa a las condiciones de la prisión de Córdoba, la Audiencia Provincial obligó a este centro penitenciario a activar la
calefacción.
En 2017, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10 de Andalucía estimó la queja planteada por una persona presa del centro penitenciario Puerto I, señalando que la dirección del centro debería 'adoptar las medidas necesarias para la
instalación de sistemas de calefacción adecuados a las características del centro'.
La Oficina del Defensor del Pueblo también se ha pronunciado a este respecto. Así,a raíz de una visita en mayo de 2020 al Centro Penitenciario Madrid IV, situado en Navalcarnero, había hecho la siguiente sugerencia, en relación con la queja
20003680, que consta aceptada, pero no implementada:
'Revisar el funcionamiento del sistema de climatización del centro y evaluar la temperatura durante todo el año para evitar que existan oscilaciones excesivas de la temperatura en las celdas, adecuándola al clima y a la estación del año.'
Desde que en el año 1992 se pusiese en funcionamiento el centro penitenciario Madrid IV, embrión de lo que posteriormente serán los Centros Tipo, ha habido diversos cambios en los planteamientos arquitectónicos de las prisiones a nivel
estatal, produciéndose un cambio de paradigma de los Centros Tipo en el año 2007, tras el plan de 2005, con la construcción del centro Puerto III. A partir de la construcción de este centro, según la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado SME, SA (SIEPSE) se produciría una mejora de los procesos constructivos buscando la eficiencia y la sostenibilidad (por ejemplo, se instalan por primera vez paneles solares para agua caliente sanitaria).
Otra fecha clave, según dicha entidad, sería el 2011, con Murcia II. En esta nueva etapa arquitectónica se introducen los planes de vigilancia medioambiental y se implantan los primeros planes de integración paisajística.
Actualmente, y en relación con los compromisos adquiridos por la SIEPSE 1 con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuanto a gestión medioambiental e integración paisajística, estaríamos en una nueva etapa arquitectónica.
Según se explica desde la propia SIEPSE, los compromisos adquiridos con la Agenda 2030 se concretan, entre otros, en los siguientes objetivos:
- Gestión eficiente de los recursos naturales, principalmente en el consumo de agua y energético, incorporando energías renovables.
1 https://www.siepse.es/gestion-medioambiental/
- Promoción de los sistemas de reciclaje, recuperación y la reutilización de materiales, así como reducción de la generación de residuos.
- Humanización de las instalaciones, haciéndolas inclusivas.
En relación con estos objetivos y con el compromiso adquirido, habría asumido el reto de mejorar cuantitativa y cualitativamente el desarrollo de un modelo arquitectónico sostenible, fundamentado en los siguientes principios básicos:
- Adaptación arquitectónica a las condiciones climáticas locales.
- Utilización de materiales de construcción sostenibles.
- Uso de energías renovables, como la energía solar térmica, la energía fotovoltaica, la aerotermia la microgeneración y la biomasa.
- Uso más racional de los recursos agua y energía.
- Uso de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia.
En respuesta a la pregunta parlamentaria 184/91760 sobre este tema, desde el Gobierno se contestaba que 'no se establecen indicaciones generales desde los Servicios Centrales en esta materia, dada las diferencias climatológicas de los
establecimientos penitenciarios que dependen de la Administración General del Estado. Por tanto, son los Consejos de Dirección de los centros penitenciarios los que acuerdan, a través de Instrucciones u Órdenes de Servicios, las medidas a tener en
cuenta cuando las condiciones climatológicas se vuelven extremas', poniendo a continuación algunos ejemplos de esas medidas, como control médico de aquellas personas con patologías que les hacen más vulnerables al calor, modificación del régimen
horario y suspensión del cumplimiento de sanciones de aislamiento y de privación de paseos que requieran permanecer en las celdas, entre otras.
En sentido general, se señala en la respuesta que 'los Centros Penitenciarios no se proyectaron para instalar sistemas de refrigeración en las celdas de los internos ni en las zonas comunes, exceptuado el departamento de enfermería y el
departamento de visitas íntimas y familiares', y se hace mención a las mejoras en esta materia en reformas y centros nuevos, sin que existan, como señalan al inicio de su contestación, indicaciones generales desde los Servicios Centrales en esta
materia ni una planificación generalizada para dar solución al problema.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad de las prisiones, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para acondicionar los centros penitenciarios, dentro del compromiso ya existente de la SIEPSE con la Agenda 2030, de tal manera que se ajusten a las condiciones climatológicas de su entorno, adoptando las
medidas necesarias para la instalación de sistemas de climatización adecuados a las características de cada centro.
2. Impulsar el uso de energías renovables en la climatización de los centros penitenciarios, con el fin de hacer realidad los compromisos adquiridos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
3. Estudiar la posibilidad de ampliar las zonas verdes dentro de las prisiones.
4. Estudiar ajustes en el reparto de lotes higiénicos, acorde con los principios de sostenibilidad medioambiental y económica, que garanticen un suministro regular y suficiente de los productos esenciales para la higiene diaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Ismael Cortés Gómez, Diputado.-Enrique Fernando Santiago Romero y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/004933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo urgente y
suficiente de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos españoles de la red de Aena con la finalidad de subsanar los problemas recurrentes de congestión y saturación en los controles fronterizos,
para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Los aeropuertos españoles de la red de Aena cerraron el pasado mes de febrero con una cifra de más de 16,6 millones de pasajeros, dato que representa un incremento cercano al 40% con respecto al mismo mes de 2022 y supera en más de un 2% las
cifras del mes de febrero de 2019. Del total de pasajeros comerciales en febrero de este año, más de 10,5 millones corresponden a vuelos internacionales, en tanto que más de 6 millones a vuelos de carácter doméstico, y situándose el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la cabeza de la red en número de pasajeros, con más de 4,17 millones que suponen un aumento del 0,6% sobre febrero de 2019.
Sin embargo lo anterior, en fechas recientes precisamente las terminales T4 y T1 del aeropuerto madrileño volvían por enésima vez a ser objeto y escenario de atascos, colapso y caos organizativo en las zonas de control de pasaportes como
consecuencia fundamentalmente de la falta de un adecuado e imprescindible número de efectivos de la Policía Nacional por culpa de la falta de previsión del Departamento del Interior que dirige el Ministro Fernando Grande-Marlaska. En este sentido,
resulta oportuno poner aquí de manifiesto que solo en lo que transcurre del mes de marzo de este año alrededor de 5.000 pasajeros han perdido sus vuelos de conexión debido a las interminables colas de hasta más de 1 hora de duración, lo cual
repercute también en la operativa de las aerolíneas en forma de acumulación de retrasos sobre la hora de salida inicialmente prevista en los vuelos programados.
En efecto, habría que remontarse a inicios del mes de octubre de 2021, -una vez las restricciones a la movilidad y a viajar derivadas de la pandemia empezaban a ser suavizadas y con ello, la reactivación gradual y paulatina del tráfico
aeroportuario-, para recordar la denuncia de la propia Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España y a más de 60 compañías aéreas que operan en nuestro país, solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez que
reforzase a la mayor brevedad los controles fronterizos tras la reapertura de algunos países y las nuevas medidas migratorias con Reino Unido aplicables tras el Brexit, que obligan al sellado de los pasaportes como se venía haciendo con los viajes
hacia y desde terceros países.
Con posterioridad de nuevo en el mes de diciembre de ese mismo año 2021 justamente con antelación al desarrollo de la campaña de Navidad, esta misma asociación de referencia del sector aéreo volvía a apremiar sin éxito al Gobierno de España
a que reforzase la dotación policial en los controles fronterizos de las principales vías de llegadas de turistas a nuestro país, a través de las cuales debe recordarse que llegan anualmente más del 80% de quienes nos visitan desde el extranjero. A
partir de ahí y tres meses más tarde, concretamente en marzo de 2022, ALA instaba nuevamente al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez a que aumentase los efectivos policiales en los controles fronterizos antes de Semana Santa, tras seguir
detectándose un tránsito poco fluido e incidencias en algunos recintos aeroportuarios de enorme importancia como son los casos de Alicante, Málaga, Palma de Mallorca o los aeropuertos canarios, entre otros.
Cabe subrayar que a lo largo de todo este tiempo, los propios colectivos policiales como ha sido el caso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), se han venido sumando en términos parecidos a la denuncia de ALA, advirtiendo sobre la
existencia de una infradotación permanente de medios y efectivos en la mayoría de los aeropuertos españoles. Por último, añadir que organizaciones tan representativas de la cadena de valor turística española como resulta el caso de la Mesa del
Turismo ha remitido recientemente al titular responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska una carta donde por tercer año consecutivo le reprende sobre la falta de solución a esta situación ya recurrente, exponiendo que 'a
las puertas del Puente de San José y de la Semana Santa asistimos con estupefacción a la misma situación que ya soportamos en 2021 y 2022 y nos preguntamos por qué resulta tan difícil para Interior solucionar esta problemática que enfada con
toda razón a los viajeros, genera caos en los aeropuertos y proyecta una penosa imagen de España como destino turístico', según palabras del propio Presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. Respecto a este último aspecto no menor, resulta
obligado no pasar por alto como a lo largo de todo el año 2022 destacados medios de comunicación internacionales se hacían eco del descontrol reinante en las áreas de control de pasaportes de los aeropuertos españoles, con el consiguiente daño
reputacional para una potencia turística mundial como es España.
Fruto de lo anterior, el Grupo Popular en el Congreso entre numerosas iniciativas de carácter parlamentario, presentaba en diciembre de 2021 una primera Proposición no de Ley para que el Gobierno incrementase con carácter de urgencia los
efectivos de la Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional para agilizar el control de pasaportes. A posteriori, en mayo de 2022 el mismo Grupo Popular registraba una
PNL relativa a Turismo Seguro, entre cuyas medidas instaba al Gobierno socialista a reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos
en el contexto de una fase decisiva para acelerar y consolidar la definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras estar conviviendo con la pandemia durante más de dos años. Por último, el pasado 14 de marzo este
mismo Grupo Parlamentario solicitaba la comparecencia en sede parlamentaria de hasta tres Ministros -los titulares de Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e Industria, Comercio y Turismo respectivamente-, con el objetivo de rendir
cuentas y exponer en su caso, las medidas de refuerzo previstas ante la persistencia de un problema, cuya resolución no tendría por qué revestir mayor complejidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, con el objetivo de proporcionar de una vez por todas una solución definitiva a una dinámica tan perjudicial como incomprensible, que se viene reproduciendo a lo largo del tiempo de manera más gravosa en el
caso de aquellos aeropuertos españoles con mayores volúmenes de tráfico internacional de viajeros por causa exclusiva de la falta de planificación, organización y gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, y dañando en definitiva, el correcto
funcionamiento de los flujos turísticos -principal motor de crecimiento socioeconómico del país-, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Reforzar e incrementar urgentemente en proporción suficiente la dotación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de los aeropuertos de la red de Aena -especialmente en aquellos aeropuertos
con mayor densidad de tráfico internacional-, con el propósito de poner fin a los daños y perjuicios que se vienen ocasionando a pasajeros domésticos, viajeros internacionales, así como a la operativa de las compañías aéreas desde el año 2021,
garantizando un óptimo y ágil funcionamiento de los controles de pasaportes.
- Maximizar la protección y el desarrollo de determinados aeropuertos españoles como hubs o nudos logísticos mundiales teniendo en cuenta su valor global para los intereses turísticos de la Marca España, evitando por consiguiente, debilitar
o agraviar sus posiciones por causa de problemas asociados a la falta de un correcto y eficiente funcionamiento de nuestros aeropuertos.
- Adopción de cualesquiera medidas pertinentes o necesarias de cara a subsanar y prevenir problemas adicionales de deterioro de la percepción o coste reputacional de nuestra marca país relacionados con colapsos, pérdidas masivas de vuelos de
conexión, retrasos significativos en las salidas de vuelos o largos tiempos de espera, atribuibles a la falta de suficientes efectivos policiales en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2023.-Agustín Almodóbar Barceló, Ana Belén Vázquez Blanco, Andrés Lorite Lorite e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/004938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la línea de
AVE Madrid-Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La llegada del AVE a Murcia el pasado mes de diciembre, tras varios años de retraso desde que pudo hacerlo en 2018 por causa de una decisión exclusivamente política del Gobierno de Pedro Sánchez, abrió un horizonte de esperanza en las
comunicaciones ferroviarias de la Región de Murcia que, sin embargo, se ha visto dilapidado en apenas dos meses ante el lamentable servicio que se está ofreciendo por RENFE, tanto en duración de los viajes como en frecuencias diarias y precio de los
billetes.
En efecto, en cuanto a la duración de los trayectos, tal y como se pudo comprobar en el viaje inaugural de la infraestructura, la distancia entre Murcia y Madrid se puede recorrer sin ningún problema en 2 horas y 20 minutos, que es lo que
todos los ciudadanos esperaban con ilusión, pero se han encontrado con que los servicios comerciales puestos en funcionamiento por RENFE oscilan entre las 2 horas y 45 minutos y las 3 horas y 40 minutos, algo absolutamente desfasado en cuanto a
tiempos de viaje.
En relación con las frecuencias, hemos pasado de tener, con los antiguos trenes propulsados a gasoil, cuatro convoyes diarios directos de ida y vuelta entre ambas ciudades, a únicamente dos de ida y vuelta con los AVE, más otros dos que
pasan antes por Alicante, y en todos los casos realizando además otras paradas intermedias.
Y todo ello acompañado de una política de precios a todas luces excesivos a la vista del lamentable servicio que se está prestando. De este modo, la consecuencia directa es que, mientras en toda España van los AVE llenos, en Murcia la
ocupación apenas alcanza el 30%, pese a tratarse de la séptima ciudad más grande de España y capital de una comunidad autónoma en la que vivimos más de un millón y medio de personas.
Se debe destacar, además, que, en relación con la línea de AVE entre Murcia y Cartagena, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió dividir su ejecución en tres tramos, cambiando las previsiones del anterior Ejecutivo de la Nación. En la
actualidad, en uno de ellos se encuentran licitadas las obras, otro está en fase de expropiaciones para poder licitar los trabajos y en un tercero se acaba de licitar la redacción del proyecto, para lo cual existe un plazo de tres años.
Y no obstante lo expuesto, la recientemente cesada Secretaria de Estado de Transportes anunció hace unos meses que la línea entraría en servicio en 2026, algo que se antoja prácticamente imposible salvo que se dé un acelerón extraordinario a
los tres tramos citados, en ninguno de los cuales han empezado las obras, por lo que se convierte en imprescindible el dar un fuerte impulso a todas las actuaciones referidas.
En lo que respecta a la futura línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, también anunciada su puesta en marcha para 2026 por el ministro de Presidencia, la misma se ha dividido en diversos tramos, encontrándose las obras en torno al
40% de ejecución en la provincia de Murcia y sobre el 20% en la de Almería.
Sin embargo, hay dos tramos fundamentales en los que aún no han empezado los trabajos, la variante de Totana y, la más importante, el soterramiento de Lorca, en el que ni siquiera se han licitado aún las obras, todo lo cual nos lleva a ser
muy pesimistas de cara a que pueda cumplirse con el horizonte temporal comprometido desde el Ejecutivo.
Así pues, se impone igualmente aquí un rotundo impulso a las labores en marcha en todos los tramos en ejecución y, muy en particular, a la licitación del soterramiento de Lorca, con la finalidad de que dicha línea de AVE entre ambas
provincias pueda entrar en funcionamiento en 2026, tal y como ha comprometido el Gobierno.
Finalmente, y de cara a completar una red de alta velocidad en las debidas condiciones que permita la conexión más rápida y directa entre las provincias de Murcia y Almería con Madrid y el resto de la Península, es igualmente imprescindible
que se proceda a la electrificación de la línea convencional en ancho ibérico existente entre Murcia y Albacete, conexión histórica natural entre ambas capitales.
Por tal motivo, deberá darse un impulso al acondicionamiento del trazado, ya contemplado en la Red Transeuropea de Transporte, al objeto de acelerar los plazos inicialmente previstos para que se pueda convertir en una realidad a la mayor
brevedad posible.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Acuerde la mejora del servicio de AVE en la línea entre Murcia y Madrid, aumentando el número de frecuencias diarias directas entre ambas capitales, con nuevos servicios sin paradas intermedias y con origen y destino en la estación de
Atocha de la capital, lo que permitirá tiempos de desplazamiento por debajo de las 2 horas y 20 minutos.
2. Acelere la redacción de los proyectos pendientes de finalización, la licitación de las obras y el inicio de los trabajos en los diferentes tramos en los que se ha dividido la futura línea del AVE entre Murcia y Cartagena, al objeto de
que la misma pueda entrar en servicio en 2026, tal y como ha anunciado el Gobierno.
3. Impulse las obras en todos los tramos en ejecución y, muy en particular, la licitación del soterramiento de Lorca, con la finalidad de que la futura línea de AVE entre Murcia y Almería pueda entrar en funcionamiento en 2026, tal y como
ha comprometido el Gobierno.
4. Inicie los estudios y trabajos necesarios para acelerar la electrificación de la línea en ancho ibérico entre Murcia y Albacete.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Isabel María Borrego Cortés y Juan Luis Pedreño Molina, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las actuaciones para
recuperar la circulación en ambos sentidos tras el colapso del viaducto de Castro en la A-6, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La sociedad lucense asiste perpleja al deterioro constante en los últimos años de las comunicaciones e infraestructuras de nuestra provincia en la red de carreteras del Estado y sus líneas ferroviarias.
La falta de inversiones en mantenimiento y conservación de los kilómetros de carreteras nacionales y autovías está teniendo graves consecuencias, como en la A-6 con la caída del viaducto de Castro o el derrumbe parcial en la N-642 en A
Mariña.
Son solo dos ejemplos a los que se pueden sumar el lamentable estado de la N-120 entre Monforte y Ponferrada y, todavía mucho peor, el estado insoportable para los miles de usuarios que se trasladan por la N-540 entre Lugo y Ourense y que
cada día utilizan más ciudadanos para coger el tren hacia la meseta, porque ese tren ya no circula durante meses entre Lugo y Monforte y entre esa ciudad y Ourense.
Cabe añadir que las infraestructuras de nueva construcción, como la A-54 entre Lugo y Santiago, siguen acumulando retrasos después de largos períodos de inactividad durante los últimos años.
Pero si sobre la A-54 el Gobierno es incapaz de concretar un compromiso de finalización, la otra autovía, la A-56, que nos une con Ourense, tiene todavía 90 km sin proyectos ni presupuestos.
Son solo ejemplos que evidencian el olvido de este Gobierno con Lugo, donde las nuevas infraestructuras no acaban de completarse y las ya existentes evidencian su deterioro por falta de inversiones en conservación.
En materia ferroviaria la situación todavía es más grave ante la falta de compromisos para reducir los tiempos de viaje entre Lugo y Ourense, o por no invertir ni un euro en mejorar la línea entre Lugo
y A Coruña, o por dejar la línea de ancho métrico en A Mariña morir lentamente, o por excluir a Lugo de los proyectos de la red de mercancías.
Cabe recordar que desde el Grupo Parlamentario Popular se propusieron enmiendas a los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE 2023) para realizar los estudios necesarios que permitiesen evaluar la viabilidad técnica y económica de
nuevos trazados ferroviarios para conectar la actual línea Lugo-A Coruña con Santiago de Compostela y con A Marina, propuestas rechazadas por los grupos que sustentan al actual Gobierno.
Sin duda alguna, el derrumbe del viaducto de Castro en la A-6, algo sin precedentes en nuestra historia reciente, está generando preocupación por la situación general y por la falta de plazos concretos y justificados para su reconstrucción.
Muy recientemente se producía un accidente con un camión en el desvío alternativo al tramo cortado de la A-6, diseñado y ejecutado por el Gobierno, y que pudo haber tenido graves consecuencias y que ha vuelto a evidenciar las carencias y
peligrosidad de este desvío.
Últimamente y desde el gobierno gallego se criticó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana priorice los trabajos de reconstrucción de los viaductos en dirección Madrid y no ejecute las obras necesarias de manera
simultánea en ambos sentidos, y que tras casi 9 meses desde el colapso del puente no se acabe de dar información concreta y fiable por las sucesivas rectificaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que las obras de reconstrucción de los viaductos afectados por el colapso en la A-6 en Castro se ejecuten de manera simultánea en ambas calzadas y sentidos entre Galicia y Madrid.
2. Hacer públicos los plazos de ejecución y finalización de los trabajos para restablecer la circulación en ambos sentidos de esta infraestructura estratégica y esencial.
3. Presentar un plan integral, con su cronograma y presupuesto, de las actuaciones necesarias en la red de carreteras del Estado en la provincia de Lugo para este año 2023.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, María del Carmen González Guinda, Celso Luis Delgado Arce y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los trenes de ancho métrico
en Galicia y a la mejora de los servicios ferroviarios entre Ferrol y Ribadeo, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El pasado 20 de febrero de 2023, en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se informaba de que la ministra Raquel Sánchez 'ha trasladado a los presidentes de Asturias y Cantabria el fuerte compromiso del Gobierno y
el Ministerio con la mejora de los servicios de Cercanías de ambas comunidades autónomas y su implicación directa en la resolución del contratiempo que ha supuesto un retraso en la entrega de los nuevos trenes de ancho métrico para que sea el menor
posible'. Anunciaba que 'el diseño definitivo del material rodante estará listo este verano, que las primeras unidades se empezarán a fabricar a finales de año y que en 2026 circularán los primeros trenes'.
Decía que 'en línea con el objetivo de resolver el contratiempo, mitigar sus consecuencias cuanto antes y ofrecer a los usuarios del ferrocarril el mejor servicio, la ministra ha anunciado un plan de acción encaminado a reforzar los
servicios ferroviarios, renovar y modernizar toda la flota de ancho métrico con
la ampliación del contrato y nuevas licitaciones, y a acelerar las inversiones en la infraestructura contempladas en el Plan de Cercanías. Para impulsar la ejecución los Planes de Cercanías de Asturias y Cantabria se creará la figura de un
Comisionado'.
Anunció también la ministra el acuerdo de 'extender la aportación económica actual para la gratuidad de las cercanías ferroviarias en Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes
pendientes en el contrato en curso. Para ello, el Ministerio habilitará a través de los Presupuestos Generales del Estado sendas partidas económicas de aportación a la financiación del sistema de transporte público de Asturias y Cantabria, para
aplicar las correspondientes bonificaciones y mejoras en la prestación del servicio'.
Ha causado gran malestar en Galicia el hecho de que esa Comunidad no fuera convocada a dicha reunión del pasado 20 de febrero y su exclusión del acuerdo de extensión de la gratuidad aludida anteriormente.
Procede recordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el 29 de junio de 2020, comunicó que 'Renfe adjudica a CAF la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros', detallando que se
adquirían 26 trenes eléctricos y 5 híbridos que, además de en Asturias y Cantabria, podrían utilizarse en Galicia y Castilla y León.
Además, Renfe comprometió en 2018 un plan de actuación para mejorar la calidad del servicio ferroviario entre Ferrol y Ribadeo, donde el material rodante es causante de la mayoría de las incidencias y precisa ser modernizado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Corregir el agravio anunciado y extender la aportación económica actual para la gratuidad de los trenes de ancho métrico en Galicia más allá del 31 de diciembre de 2023 y hasta la entrega de las unidades de trenes pendientes en el
contrato en curso.
2. Aprobar en 3 meses un Plan de actuación para mejorar la calidad del servicio ferroviario entre Ferrol y Ribadeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Joaquín María García Díez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco, Marta González Vázquez, María Valentina Martínez Ferro, Tristana María
Moraleja Gómez, Javier Bas Corugeira, Juan Manuel Constenla Carbón, Diego Gago Bugarín, Mario Garcés Sanagustín y Andrés Lorite Lorite, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la necesaria inversión en el aeropuerto de Peinador y la situación actual de la pista del aeropuerto de Peinador en Vigo para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El aeropuerto de Peinador, en Vigo, es la terminal aeroportuaria que presta servicio al conjunto del sur de Galiza. Se trata de una infraestructura de carácter estratégico atendiendo la singular importancia en términos socioeconómicos y del
tejido industrial y empresarial del área de Vigo. Peinador registró el pasado año 2022 cerca de un millón de pasajeros/as en más de 9.500 vuelos comerciales.
Sin embargo, es manifiesta la falta de inversión ejecutada por los sucesivos gobiernos españoles que impacta negativamente, ya no solo por poner freno al desarrollo del potencial aeroportuario de la terminal, sino comprometiendo su propia
operatividad. Una falta de apoyo que se ha venido verificando en los últimos ejercicios por la negativa, expresada en su voto contrario a enmiendas formuladas por el BNG, a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a
la puesta en marcha de un Plan de Dinamización del Aeropuerto de Peinador que, entre otras cuestiones, permitiese la mejora infraestructural de la terminal, incluyendo lógicamente su pista.
El pasado 20 de marzo, a las 19:00 h, el aeropuerto de Peinador fue cerrado tras la detección de un bache en el firme de la pista. Esta situación, que se prolongó por espacio de más de 20 horas, provocó el desvío de cerca de una decena de
vuelos a otros aeropuertos generando un evidente perjuicio a pasajeros y pasajeras. Es la tercera vez en un lapso de apenas año y medio, que un defecto en la pista de rodadura de la terminal acaba provocando su cierre. Sucedió el 31 de diciembre
de 2021 y otro socavón se repetiría el 8 de julio de 2022. Resulta especialmente grave e indicativo, que el último bache registrado se situase en la misma zona del originado en 2021, lo que deja en evidencia un deficiente mantenimiento de la pista.
Así mismo, debemos señalar que este último incidente se produce después de sucesivos compromisos por parte de Aviación Civil y Aena de que se procedería al asfaltado integral de la pista, sin que este se haya materializado hasta la fecha y
sin que conste un plazo concreto y verificable para su ejecución.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Proceder con la máxima celeridad para proceder al reasfaltado de la pista del aeropuerto de Peinador, en Vigo, al efecto de evitar que la aparición de nuevos socavones comprometa la operatividad de la terminal y a poner en marcha un Plan de
Dinamización del aeropuerto, dotado con al menos 2,5 millones de euros, destinado a la mejora de sus infraestructuras y su potenciación tanto en tráficos aéreos de pasajeros como de carga comercial, así como a permitir la apertura de la terminal
durante las 24 h del día.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2023.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/004931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo urgente y
suficiente de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos españoles de la red de Aena con la finalidad de subsanar los problemas recurrentes de congestión y saturación en los controles fronterizos,
para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Los aeropuertos españoles de la red de Aena cerraron el pasado mes de febrero con una cifra de más de 16,6 millones de pasajeros, dato que representa un incremento cercano al 40 % con respecto al mismo mes de 2022 y supera en más de un 2 %
las cifras del mes de febrero de 2019. Del total de pasajeros comerciales en febrero de este año, más de 10,5 millones corresponden a vuelos internacionales, en tanto que más de 6 millones a vuelos de carácter doméstico, y situándose el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la cabeza de la red en número de pasajeros, con más de 4,17 millones, que suponen un aumento del 0,6 % sobre febrero de 2019.
Sin embargo lo anterior, en fechas recientes precisamente las terminales T4 y T1 del aeropuerto madrileño volvían por enésima vez a ser objeto y escenario de atascos, colapso y caos organizativo en las zonas de control de pasaportes como
consecuencia fundamentalmente de la falta de un adecuado e imprescindible número de efectivos de la Policía Nacional por culpa de la falta de previsión del Departamento del Interior que dirige el Ministro Fernando Grande-Marlaska. En este sentido,
resulta oportuno poner aquí de manifiesto que sólo en lo que transcurre del mes de marzo de este año alrededor de 5.000 pasajeros han perdido sus vuelos de conexión debido a las interminables colas de hasta más de 1 hora de duración, lo cual
repercute también en la operativa de las aerolíneas en forma de acumulación de retrasos sobre la hora de salida inicialmente prevista en los vuelos programados.
En efecto, habría que remontarse a inicios del mes de octubre de 2021 -una vez las restricciones a la movilidad y a viajar derivadas de la pandemia empezaban a ser suavizadas y con ello, la reactivación gradual y paulatina del tráfico
aeroportuario-, para recordar la denuncia de la propia Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que aglutina el 85 % del tráfico aéreo en España y a más de 60 compañías aéreas que operan en nuestro país, solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez que
reforzase a la mayor brevedad los controles fronterizos tras la reapertura de algunos países y las nuevas medidas migratorias con Reino Unido aplicables tras el Brexit, que obligan al sellado de los pasaportes como se venía haciendo con los viajes
hacia y desde terceros países.
Con posterioridad de nuevo en el mes de diciembre de ese mismo año 2021 justamente con antelación al desarrollo de la campaña de Navidad, esta misma asociación de referencia del sector aéreo volvía a apremiar sin éxito al Gobierno de España
a que reforzase la dotación policial en los controles fronterizos de las principales vías de llegadas de turistas a nuestro país, a través de las cuales debe recordarse que llegan anualmente más del 80 % de quienes nos visitan desde el extranjero.
A partir de ahí y tres meses más tarde, concretamente en marzo de 2022, ALA instaba nuevamente al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez a que aumentase los efectivos policiales en los controles fronterizos antes de Semana Santa, tras seguir
detectándose un tránsito poco fluido e incidencias en algunos recintos aeroportuarios de enorme importancia como son los casos de Alicante, Málaga, Palma de Mallorca o los aeropuertos canarios, entre otros.
Cabe subrayar que a lo largo de todo este tiempo, los propios colectivos policiales como ha sido el caso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), se han venido sumando en términos parecidos a la denuncia de ALA, advirtiendo sobre la
existencia de una infradotación permanente de medios y efectivos en la mayoría de los aeropuertos españoles. Por último, añadir que organizaciones tan representativas de la cadena de valor turística española como resulta el caso de la Mesa del
Turismo ha remitido recientemente al titular responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska una carta donde por tercer año consecutivo le reprende sobre la falta de solución a esta situación ya recurrente, exponiendo que 'a las puertas del Puente
de San José y de la Semana Santa asistimos con estupefacción a la misma situación que ya soportamos en 2021 y 2022 y nos preguntamos por qué resulta tan difícil para Interior solucionar esta problemática que enfada con toda razón a los viajeros,
genera caos en los aeropuertos y proyecta una penosa imagen de España como destino turístico', según palabras del propio Presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. Respecto a este último aspecto no menor, resulta obligado no pasar por alto como
a lo largo de todo el año 2022 destacados medios de comunicación internacionales se hacían eco del descontrol reinante en las áreas de control de pasaportes de los aeropuertos españoles, con el consiguiente daño reputacional para una potencia
turística mundial como es España.
Fruto de lo anterior, el Grupo Popular en el Congreso entre numerosas iniciativas de carácter parlamentario, presentaba en diciembre de 2021 una primera Proposición no de Ley para que el Gobierno incrementase con carácter de urgencia los
efectivos de la Policía Nacional en los puestos fronterizos de aquellos aeropuertos y puertos con mayor densidad de tráfico internacional para agilizar el control de pasaportes. A posteriori, en mayo de 2022 el mismo Grupo Popular registraba una
PNL relativa a Turismo Seguro, entre cuyas medidas instaba al Gobierno socialista a reforzar y garantizar en todo caso la capacidad y dotación adecuada de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos
en el contexto de una fase decisiva para acelerar y consolidar la definitiva recuperación de los destinos españoles y del negocio aeroportuario tras estar conviviendo con la pandemia durante más de dos años. Por último, el pasado 14 de marzo este
mismo Grupo Parlamentario solicitaba la comparecencia en sede parlamentaria de hasta tres Ministros -los titulares de Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e Industria, Comercio y
Turismo respectivamente-, con el objetivo de rendir cuentas y exponer en su caso, las medidas de refuerzo previstas ante la persistencia de un problema, cuya resolución no tendría por qué revestir mayor complejidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, con el objetivo de proporcionar de una vez por todas una solución definitiva a una dinámica tan perjudicial como incomprensible, que se viene reproduciendo a lo largo del tiempo de manera más gravosa en el
caso de aquellos aeropuertos españoles con mayores volúmenes de tráfico internacional de viajeros por causa exclusiva de la falta de planificación, organización y gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, y dañando en definitiva, el correcto
funcionamiento de los flujos turísticos -principal motor de crecimiento socioeconómico del país-, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Reforzar e incrementar urgentemente en proporción suficiente la dotación de plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los puestos fronterizos de los aeropuertos de la red de Aena -especialmente en aquellos aeropuertos
con mayor densidad de tráfico internacional-, con el propósito de poner fin a los daños y perjuicios que se vienen ocasionando a pasajeros domésticos, viajeros internacionales, así como a la operativa de las compañías aéreas desde el año 2021,
garantizando un óptimo y ágil funcionamiento de los controles de pasaportes.
- Maximizar la protección y el desarrollo de determinados aeropuertos españoles como hubs o nudos logísticos mundiales teniendo en cuenta su valor global para los intereses turísticos de la Marca España, evitando por consiguiente, debilitar
o agraviar sus posiciones por causa de problemas asociados a la falta de un correcto y eficiente funcionamiento de nuestros aeropuertos.
- Adopción de cualesquiera medidas pertinentes o necesarias de cara a subsanar y prevenir problemas adicionales de deterioro de la percepción o coste reputacional de nuestra marca país relacionados con colapsos, pérdidas masivas de vuelos de
conexión, retrasos significativos en las salidas de vuelos o largos tiempos de espera, atribuibles a la falta de suficientes efectivos policiales en los filtros fronterizos de los aeropuertos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2023.-Agustín Almodóbar Barceló, Ana Belén Vázquez Blanco, Andrés Lorite Lorite e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/004738
Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2023 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley sobre la supresión de la Fundación Pluralismo y Convivencia, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 567, de 7 de febrero de 2023.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/004937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
adaptación normativa de la denominación de la horchata de chufa en sintonía con las recomendaciones de la OMS para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El exceso de peso -obesidad y sobrepeso- en la población general; tanto la infantil, como la adulta, tiene graves consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), para paliar este
problema, recomienda que la ingesta calórica total de la dieta incluya menos del 10% de azúcares libres o naturales, presentes en la miel, los jarabes, los zumos y concentrados de frutas, incluso apunta que un consumo inferior al 5% conlleva
beneficios adicionales para la salud.
La industria alimentaria ha realizado esfuerzos en los últimos años en esta línea, reduciendo el contenido de azúcares añadidos de sus productos. En el caso de la horchata, que es una bebida tradicional valenciana con un consumo arraigado y
cada vez más extendido, la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de horchata de chufa está reglada en el Real Decreto 1338/1988 de 28 de octubre. En él se establece para tener la denominación de 'horchata de chufa', es decir,
para considerarse horchata de chufa como tal, dicha bebida debe contener, entre otros requisitos, un 10% de azúcares. Este condicionante, que no se le precisa a ninguna otra bebida no espirituosa (al menos el hecho de requerir un contenido mínimo),
provoca que la bebida de chufa con una proporción menor de los azúcares indicados en dicho decreto no podrá considerarse horchata.
Consideramos que las recomendaciones de la OMS sobre el consumo de azúcares son materia prioritaria para la alimentación de la población, y que la normativa debería adaptarse en el sentido de incentivar, concienciar y condicionar la
industria alimentaria hacia un consumo más saludable. En el caso de la horchata, el Real Decreto que regula su elaboración, como se ha explicado, complica la posibilidad de ajustar los indicadores de azúcar a la evidencia científica sobre el
consumo responsable, pues perdería la denominación. Este condicionante acarreará problemas, a medio y largo plazo, a productores, vendedores y trabajadores de la chufa, así como las distintas empresas que las comercializan.
Por todo lo anteriormente explicado, realizo la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a adaptar la normativa en materia de elaboración de la horchata, Real Decreto 1338/1988 de 28 de octubre, y ajuste los parámetros establecidos a valores inferiores a los recomendados por la Organización Mundial
de la Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2023.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias del Diputado del PDeCAT don Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, una Proposición no de Ley para
la protección de los inversores minoristas a través del asesoramiento financiero en el marco de la Estrategia de Inversión Minorista de la Unión Europea.
Exposición de motivos
La Estrategia de Inversión Minorista definida en el Plan de Acción de la Unión de Mercados de Capitales tiene como objetivo que los inversores minoristas se beneficien de una adecuada protección en el acceso a mercados abiertos con servicios
y productos financieros competitivos y rentables, en particular a través de un asesoramiento imparcial, para satisfacer su necesidad de planes de ahorro para la jubilación mediante inversiones a largo plazo sostenibles. Con estas bases se pretende
impulsar la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales para canalizar el ahorro a largo plazo hacia las empresas y, con ello, mejorar su acceso a la financiación y acelerar la recuperación económica y la transición
ecológica y digital. En este marco, los asesores financieros constituyen un elemento clave para que los inversores minoristas puedan acceder a todo tipo de productos financieros en condiciones de seguridad para satisfacer sus preferencias de
sostenibilidad y mejorar la previsión privada para la jubilación, especialmente en el contexto actual de elevada inflación, actuando, así como 'guardianes del sistema financiero' -como reconoce el Plan de Acción de la Unión de los Mercados de
Capitales-.
En el contexto de los trabajos preparatorios de la Estrategia de Inversión Minorista se ha entablado el debate sobre la prohibición del cobro de incentivos. Se trata de una opción que presenta la comisaria para los Servicios Financieros, la
Estabilidad Financiera y la Unión de Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, sobre la presunción de que el asesoramiento no independiente es un 'mal asesoramiento'.
Sin embargo, el asesoramiento no independiente sigue siendo la modalidad principal de asesoramiento financiero. La prohibición de incentivos generaría una 'brecha de asesoramiento' (advice gap). Así lo demuestra la experiencia de Reino
Unido y de los Países Bajos, donde, tras introducir la prohibición, ha aumentado el recurso al asesoramiento independiente, pero solamente para grandes fortunas; mientras que, en conjunto, la inversión asesorada ha descendido, especialmente entre
los clientes vulnerables. Este indeseable resultado de la prohibición de incentivos compromete los objetivos perseguidos por la Estrategia de Inversión Minorista y, en particular, la sostenibilidad de las inversiones.
Frente a este enfoque, deben adoptarse medidas que garanticen el acceso y participación a largo plazo de los inversores minoristas en los mercados de capitales, en línea con los objetivos de sostenibilidad. Para ello, se propone el
mantenimiento del modelo de mercado abierto de MiFID II, basado en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos de inversión. Este marco debe reforzarse mediante los requisitos de
conocimientos y competencia y la exigencia a los asesores de un compromiso ético de actuar en el mejor interés del cliente (según el art. 24.1 de la MiFID II). A su vez, las normas de gobierno de productos, que vinculan al asesor y acotan el
ámbito de la evaluación de idoneidad que los asesores deben llevar a cabo antes de recomendar una inversión, podrían mejorarse para considerar los resultados de la estructura de costes de los productos, de modo que estos representen no solo
soluciones adecuadas, sino óptimas en términos de relación calidad-precio. Este criterio que debe incluirse también como elemento de la evaluación de idoneidad, de modo que los asesores se comprometan a recomendar la mejor de las opciones
disponibles en términos de relación calidad-precio.
En suma, no se trata de contraponer modelos de negocio -con o sin incentivos-, sino de mejorar la calidad del asesoramiento, garantizando que los asesores cumplan unos requisitos mínimos en términos de conocimientos y competencia y
reforzando su deber de diligencia. El marco legal debe facilitar la prestación de servicios de calidad en libre concurrencia sobre la base de la actuación en el mejor interés del cliente a lo largo de toda la vida del producto, con el fin de
favorecer la canalización de la inversión minorista hacia inversiones sostenibles, de acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Inversión Minorista.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para promover que se mantenga el modelo de asesoramiento financiero establecido en MiFID II y, en particular, de
regulación del cobro de incentivos, reforzando la protección de los inversores minoristas a través de la prestación de asesoramiento en su mejor interés, con el fin de canalizar la inversión minorista hacia inversiones sostenibles, de
acuerdo con los objetivos de la Estrategia de Inversión Minorista.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2023.-Ferran Bel Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes por representación de sus portavoces, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de
los derechos de los trabajadores esenciales vacunados con AstraZeneca para su debate en instancia en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El pasado 11 de marzo de 2021 se aprobó, en el Congreso de los Diputados, la creación de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en el Estado. Las conclusiones y recomendaciones de esta
Comisión se llevaron a cabo en la sesión del día 23 de marzo de 2022.
En estas recomendaciones se incluyeron, a instancias de ATEAVA (Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca), que compareció en la Comisión, algunas referidas a las personas afectadas por la administración de la
vacuna AstraZeneca y la necesidad de reconocerles la totalidad de sus derechos y promover medidas que eviten repetir situaciones y consecuencias similares. Así pues, se recomendó la publicación de los lotes de vacunas COVID-19 que se habían
suministrado a personas que presentaron reacciones adversas, y estudiar su correlación; también se recomendó la promoción de estudios sobre tales reacciones adversas y sus consecuencias a largo plazo para la salud de las personas afectadas; y, por
último, también se incluyó la recomendación de 'evaluar la necesidad de establecer medidas de acompañamiento a las personas afectadas, como asistencia médica y psicológica, prestación farmacéutica y de servicios de rehabilitación, todo ello para
reforzar la confianza en futuros procesos de vacunación'.
Asimismo, ATEAVA y APAVaC19 (Personas Afectadas por las Vacunas COVID-19) cuentan con el apoyo de los siguientes sindicatos y asociaciones: CSIF, USO, UGT, Confederación Intersindical, ANPE, CCOO-Enseñanza, FESVet, ACAIP, ASP y APFP.
Justamente, con la voluntad de 'reforzar la confianza en futuros procesos de vacunación' entendemos que es necesario huir de apriorismos y confrontaciones estériles. Reconocer que puedan existir personas afectadas por la vacuna AstraZeneca
no pone en jaque todo el sistema de vacunación, sino todo lo contrario, garantiza la protección de ciudadanos y ciudadanas que necesitan medidas de acompañamiento y protección, reforzando la confianza de la ciudadanía con el sistema público de
vacunación. Ya que les garantizamos que si por algún motivo, por muy improbable que fuese, sufrieran reacciones adversas, las Administraciones públicas no les van a abandonar.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:
1. Presentar un informe a la Comisión de Sanidad y Consumo sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones que se elevaron al Gobierno por parte de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de
Vacunación.
2. Avanzar en el cumplimiento efectivo de las recomendaciones números XXI, XXIII y XXIV de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación debido a su impacto en la garantía de derechos de las
personas afectadas.
3. Llevar a cabo un registro de todas las personas que han desarrollado efectos secundarios graves tras la vacunación contra la COVID-19, en especial las personas trabajadoras esenciales vacunadas con AstraZeneca.
4. Reconocer la vacunación como hecho causante de la sintomatología mencionada y, en consecuencia, garantizar los correspondientes efectos administrativos, legales y laborales que sean necesarios para una adecuada atención y adaptación de
sus vidas (incluida la adaptación de los requisitos de obtención del pasaporte COVID-19 para las personas que han tenido efectos adversos con alguna de las vacunas frente a la COVID-19).
5. Reconocer como contingencia profesional los efectos secundarios padecidos por las personas trabajadoras esenciales que, en tal condición, tuvieron que vacunarse frente a la COVID-19 con AstraZeneca y que, de no mediar su condición de
esencial, hubieran sido vacunadas frente a la COVID-19 con otra modalidad de vacuna.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2023.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Concep Cañadell Salvia, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del
Grupo Parlamentario Plural.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/002178
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Joaquín García Díez.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la situación actual de las comunicaciones de la provincia de Lugo con el resto de la península?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2023.-Joaquín María García Díez, Diputado.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Educación y Formación
Profesional, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/102358.
Núm. registro: 257150.
Autor iniciativa: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Objeto iniciativa: Desigualdad de trato entre gallego y español en la futura prueba de acceso a la Universidad.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 580, de 27 de febrero de 2023.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/002179.
184/102967
Advertido error en los autores de la iniciativa publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 585, de 6 de marzo de 2023, página 49, se subsana a continuación:
Donde dice: 'López Martín, María Teresa', debe decir: 'López Álvarez, María Teresa'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2023.