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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 596, de 23/03/2023
cve: BOCG-14-D-596
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de marzo de 2023
Núm. 596
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000003 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página3)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página4)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000014 Subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España.
Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos... (Página4)
PERSONAL
299/000004 Personal eventual para la atención de los señores Presidentes de Comisión.
Cese... (Página4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico.
Enmiendas... (Página5)
Aprobación... (Página7)
162/001142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la
Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social.
Enmiendas... (Página8)
Aprobación con modificaciones... (Página10)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000280 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar para recuperar la confianza en nuestra economía... (Página11)
172/000281 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública para rastrear los fondos públicos gastados en las
tramas de corrupción... (Página12)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000200 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español.
Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara... (Página12)
173/000201 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud
mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página19)
Aprobación... (Página25)
173/000202 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las políticas que va a impulsar el Gobierno para devolver a los españoles el respeto a su presunción de inocencia y a la igualdad ante
la ley, con independencia de su sexo.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara... (Página25)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PLENO
051/000003
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
GARCÍA EGEA, Teodoro 17-03-2023
Alta:
LÓPEZ MOYA, Antonia 21-03-2023
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Murcia:
LÓPEZ MOYA, Antonia PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: LÓPEZ MOYA, Antonia.
Circunscripción: Murcia.
Número: 403.
Fecha: 21-03-2023.
Formación electoral: PP.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000011
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (061/000006)
Suplentes
Baja:
GARCÍA EGEA, Teodoro 17-03-2023
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000013
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000004)
Número de miembros al 21 de marzo de 2023: 88
Baja:
GARCÍA EGEA, Teodoro 17-03-2023
Alta:
LÓPEZ MOYA, Antonia 21-03-2023
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000014
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, en relación con
la solicitud de la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de automoción en España, creada en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de
prórroga del plazo para la finalización de sus trabajos, ampliar dicho plazo por seis meses.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
PERSONAL
299/000004
Cese
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de marzo de 2023, la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con efectos de
16 de marzo de 2023, de D.ª María Carmen Cuadrado Gutiérrez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Política Territorial.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001111
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 521, de 28 de octubre de 2022.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Mazón Ramos, Diputado del Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico.
Enmienda
De adición.
Se propone añadir un punto número 2:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un análisis sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, que aborde si los descuentos existentes son suficientes para mantener la adecuada protección de los hogares más vulnerables. Según los resultados de dicho
análisis, se adoptarán las medidas que procedan.
2. Incluir en dicho análisis el estudio de la implantación de un sistema de carácter universal que establezca un precio fijo y aceptable para un consumo mínimo tanto eléctrico como térmico'.
Justificación.
Repetidamente, desde el PRC, hemos insistido en la necesidad de establecer un sistema de carácter universal que establezca un precio fijo y aceptable para un consumo mínimo tanto eléctrico como térmico.
Existen unos mínimos vitales que el Estado debe garantizar para que los ciudadanos no caigan en situaciones de vulnerabilidad incompatible con nuestros tiempos.
Al margen de medidas económicas de carácter monetario como el SMV y otro tipo dirigidas a colectivos concretos, y al igual que el Estado garantiza unos servicios públicos gratuitos y universales, como la Educación, la Sanidad y la ayuda a la
Dependencia, el consumo de agua, luz y energía para la calefacción y agua caliente, que son también servicios públicos, si bien gestionados en gran medida por el sector privado, deberían estar sometidos a un régimen de carácter social que evitara
los sobresaltos que padecen la mayoría de los hogares españoles cuando llegan a fin de mes la factura de la luz o del gas.
Este planteamiento no puede resultar extraño ni novedoso, pues ya está establecido en muchos lugares en servicios como el abastecimiento de agua, saneamiento, recogida de basura, etcétera.
Puede tener más o menos dificultad pero es totalmente posible, especialmente en un sector como la energía que siempre ha estado intervenido por el Estado.
Además de la conveniencia de establecer medidas de progresividad en el aspecto económico, que son un imperativo constitucional, tendría como efecto colateral un incentivo poderoso para el ahorro energético, pues una vez superados unos
determinados mínimos de consumo operaría el mercado sin someterse a unos precios fijos, y llevaría al consumidor a cuidar su economía particular.
Esta PNL que presenta el PSOE es una buena oportunidad para que los distintos grupos políticos de esta Cámara puedan posicionarse sobre esta propuesta.
Hasta hoy sólo hemos podido expresarlo en distintos debates, sin ocasión de someterla a la consideración de sus señorías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-José María Mazón Ramos, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico.
Enmienda
Modificación y adición de un segundo punto, quedando el texto como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.
Administración General del Estado, un análisis sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, que aborde si los descuentos existentes son suficientes para mantener la adecuada protección de los hogares más vulnerables. Según los
resultados de dicho análisis, se adoptarán las medidas que procedan.
2. Dar cumplimiento a su obligación, contenida en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 10/2022, de reformar el cálculo de la tarifa PVPC para reducir su exposición al mercado mayorista'.
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2023.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el bono social eléctrico y el bono
social térmico (BOCG: serie D, número 521, de 28 de octubre de 2022), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se debatirá como punto cuarto del orden de día en la sesión n.º 243 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 14 de
marzo de 2023.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación de la parte dispositiva de la proposición no de ley, que quedará con la siguiente redacción:
Texto que se propone:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
hogares más vulnerables. Según los resultados de dicho análisis, se adoptarán las medidas que procedan
- Realizar un estudio sobre el impacto de las medidas del Gobierno en el coste de la energía.
- Llevar a cabo un análisis sobre la evolución de la economía de las familias españolas tras la puesta en marcha de las medidas del Gobierno en materia energética.
- Fomentar los sistemas de almacenamiento hidroeléctrico.
- Derogar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
- Paralizar el cierre de centrales nucleares y estudiar el desarrollo de futuras plantas de energía nuclear, así como explorar y explotar nuestros hidrocarburos para garantizar la soberanía energética'.
Justificación.
Las familias españolas están padeciendo las consecuencias de las políticas de este Gobierno en materia energética. La pobreza energética es consecuencia, entre otros factores, de la falta de soberanía energética: el hecho de que España
dependa casi por completo de fuentes de energía extranjeras no hace sino encarecer el precio de la electricidad y, por ende, incrementar el número de personas que no pueden afrontar su coste.
De igual modo, las políticas al servicio del fanatismo climático limitan la capacidad de España para explorar y explotar nuestros recursos. En este sentido, la misma Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética,
'con carácter general, limita los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en territorio español'.
Frente al Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, VOX apuesta por la soberanía energética, cuyo ejercicio ha de estar ordenado a obtener una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure unos precios de la luz
asequibles para las familias y empresas españolas.
Esta es la única forma de combatir las políticas del fanatismo climático asumidas por este Gobierno, 'causa real de la hiperinflación de los precios de la electricidad que está provocando el colapso de las economías familiares y de las
pequeñas y medianas empresas' 1.
Es exigencia prioritaria del bien común, por tanto, garantizar, con respeto al principio de subsidiariedad, las condiciones necesarias para el disfrute de bienes básicos como la energía, cuya privación es contraria a la dignidad de la
persona y una expresión de injusticia social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/001111
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 521, de 28 de octubre de 2022, en sus propios términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un análisis sobre el bono social eléctrico y el bono social térmico, que aborde si los descuentos existentes son suficientes para mantener la adecuada
1 https://gaceta.es/actualidad/soberania-energetica-la-guerra-climatica-de-la-ue-contra-las-economias-de-europa-20220322-0922/.
protección de los hogares más vulnerables. Según los resultados de dicho análisis, se adoptarán las medidas que procedan'.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001142
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la
Seguridad Social, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 569, de 10 de febrero de 2023.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en los artículos 183 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de modificación a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario
Popular, para que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social, para su debate en
Pleno.
Enmienda
De modificación.
Texto propuesto:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- De manera inmediata 'se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de
buena Administración' como mandata el Defensor del Pueblo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en especial las relativas a la incorporación del conocimiento de lenguas propias entre las capacidades de los funcionarios públicos
en Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales.
- (Igual).
- Realice una evaluación del sector público, para hacerla más eficiente y efectiva, que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder así plantear una reordenación de la Administración Pública, especialmente en el ámbito de la
Administración de la Seguridad Social, incluyendo la transferencia de servicios a CC. AA. que tengan reconocida la posible asunción de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- De manera inmediata 'se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de
buena Administración' como mandata el Defensor del Pueblo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incorporando -a la mayor brevedad posible, y de acuerdo con los principios básicos del funcionamiento administrativo- el personal
necesario para tal fin, así como implementando las herramientas digitales que favorezcan su consecución.
- Que se regulen medidas para que los servicios de atención a los ciudadanos prestados por las oficinas de la Administración General del Estado y de la Administración de la Seguridad Social recuperen la calidad y la eficacia que les son
propias, eliminando las cargas administrativas y burocráticas que impiden su adecuado funcionamiento.
- Se apruebe un Plan de Contingencia que supere de manera definitiva -en todo el ámbito de la Administración General del Estado, y particularmente en el marco de la Administración de la Seguridad Social-, el colapso existente en los
diferentes servicios de atención a los ciudadanos en estas administraciones.
Administración de la Seguridad Social'
Justificación.
Adaptación a las necesidades del sistema.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la
Administración de la Seguridad Social.
Enmienda
De modificación.
Se propone la siguiente redacción:
'El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a la labor prestada por el personal al servicio de la Administración General del Estado, especialmente en el ámbito sanitario, educativo, Servicio Público de Empleo Estatal y de
Seguridad Social, dadas sus importantes funciones en el mantenimiento del Estado del Bienestar, fundamentalmente en tiempo de crisis y tal y como se ha puesto de manifiesto en la reciente pandemia del COVID-19.
En base a ello, insta al Gobierno a que, de acuerdo con el principio de eficacia que preside la actuación de la Administración recogido en el artículo 103 de la Constitución, adopte cuantas medidas redunden en la mejora de las condiciones de
prestación de su servicio y, así, realizar una gestión más eficiente en su atención a la ciudadanía.
En especial,
1. Continuará reforzando la dotación de las plantillas de la Administración General del Estado y, en especial, de la Administración de la Seguridad Social en cumplimiento de la Recomendación 8 del Pacto de Toledo, de forma paulatina e
ininterrumpida, a través de planes específicos de recuperación y renovación que contribuyan a paliar los efectos del elevado número de vacantes producidas en el organismo.
2. Mantendrá la inversión en recursos electrónicos, así como la formación de los empleados públicos, para continuar avanzando en un sistema de atención personalizada, también vía telemática o telefónica, ágil y sencillo que asegure el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
3. Seguirá adoptando medidas en la línea del refuerzo de la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal con el fin de ofrecer una mejora en la atención a la personas
mayores y colectivos de personas vulnerables y paliar la brecha digital.
4. Continuará desarrollando mecanismos de seguimiento destinados a corregir las deficiencias que pudieran producirse, especialmente en el ámbito de la atención ciudadana en el territorio, dado el sustancial incremento de prestaciones que
gestionan'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-Isaura Leal Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
162/001142
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se corrijan inmediatamente las deficiencias
de los servicios de atención a la ciudadanía por diferentes ámbitos de la Administración General del Estado y, especialmente, la Administración de la Seguridad Social, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 569, de 10 de
febrero de 2023, en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- De manera inmediata 'se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de
buena Administración' como mandata el Defensor del Pueblo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incorporando -a la mayor brevedad posible, y de acuerdo con los principios básicos del funcionamiento administrativo- el personal
necesario para tal fin, así como implementando las herramientas digitales que favorezcan su consecución.
- Que se regulen medidas para que los servicios de atención a los ciudadanos prestados por las oficinas de la Administración General del Estado y de la Administración de la Seguridad Social recuperen la calidad y la eficacia que les son
propias, eliminando las cargas administrativas y burocráticas que impiden su adecuado funcionamiento.
- Se apruebe un Plan de Contingencia que supere de manera definitiva -en todo el ámbito de la Administración General del Estado, y particularmente en el marco de la Administración de la Seguridad Social-, el colapso existente en los
diferentes servicios de atención a los ciudadanos en estas administraciones'.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000280
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar para recuperar la confianza en
nuestra economía, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al gobierno para que explique las
medidas que piensa adoptar para recuperar la confianza en nuestra economía.
Exposición de motivos
España es, junto a República Checa, el único país europeo que no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia, a pesar de ser el país que más ha incrementado su endeudamiento relativo y ser el segundo país que más fondos europeos
ha recibido.
El incremento del gasto público, una vez que se redujo el gasto coyuntural asociado a la pandemia, ha disparado la deuda pública hasta superar el billón y medio de euros, lo que en un entorno de fuertes subidas de tipos de interés,
incrementa la vulnerabilidad de nuestra economía y el riesgo de una crisis de deuda.
También somos el único país europeo que ha incrementado impuestos en plena pandemia; en España el Gobierno ha subido más de 40 figuras tributarias, incluyendo nuevos impuestos que minan nuestra competitividad, situándonos a la cabeza de la
OCDE en incremento de la presión fiscal desde 2019.
Junto a esta voracidad recaudatoria, los autónomos y empresas españolas sufren un ataque continuo por parte de diferentes miembros del Gobierno -incluyendo al Presidente- y una deriva populista que ha llevado a modificar el marco
regulatorio, incluso con carácter retroactivo, saltándose los más elementales controles legislativos.
El resultado es indiscutiblemente nefasto para nuestra economía: los autónomos y pequeñas empresas quiebran, incluso una de las más grandes ha decidido marcharse, y en muchas ocasiones son atacadas nominativamente por el Gobierno e incluso
por el Presidente del Gobierno. E igualmente censurable resulta la actuación del gobierno a través de la SEPI en su intromisión en la gobernanza de una cotizada como INDRA.
Los datos objetivos son incontestables: según la última EPA (4T22), el número de trabajadores autónomos disminuyó en 34.700 personas ese trimestre; en el último año 111.200 autónomos cerraron sus negocios. Por su parte, los registros de
empresas cotizantes de la Seguridad Social muestran que se ha intensificado el cierre de empresas: 10.520 en febrero; 14.840 en lo que llevamos de año; 29.279 desde junio de 2022; 67.915 desde el inicio de la pandemia, y 93.937 desde que
gobierna Sánchez.
Y siendo negativo el horizonte para nuestros autónomos y empresas, no es más halagüeño el escenario para las familias, que han sufrido la mayor caída de renta disponible de todos los países de la OCDE y cada vez tienen más dificultades para
llegar a final de mes.
El fracaso del 'escudo social' es patente viendo los últimos datos de desigualdad y pobreza:
La Tasa AROPE, que mide el riesgo de exclusión o pobreza, ha aumentado 2,3 puntos en los últimos dos años: en España hay 13 millones de españoles en riesgo de exclusión social.
Hay 3,5 millones de personas en situación de pobreza, casi un millón más que en 2018.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta esta interpelación urgente al Gobierno para que explique las medidas que piensa adoptar para que los autónomos, las empresas y las familias recuperen la confianza en
nuestra economía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000281
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Hacienda y
Función Pública para rastrear los fondos públicos gastados en las tramas de corrupción, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente a la ministra de Hacienda y Función Pública sobre las medidas que va
a adoptar el ministerio de Hacienda y Función Pública para rastrear los fondos públicos gastados en las tramas de corrupción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000200
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el
tejido productivo español, cuyo texto se inserta a
continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente a la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español.
Exposición de motivos
Los fondos europeos de recuperación Next Generation EU son una oportunidad histórica para nuestro país. La respuesta de la Unión Europea a la emergencia sanitaria del COVID-19 ha permitido que tengamos a nuestro alcance la posibilidad de
transformar nuestra economía y prepararla para los retos de competitividad del mundo actual. Sin embargo, el sistema diseñado por el Gobierno para el reparto de estos fondos ha sido defectuoso, como ya denunciamos desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos cuando presentamos una enmienda a la totalidad al Real Decreto-ley 36/2020.
En esa enmienda a la totalidad planteábamos un modelo mucho más ágil para el estudio de proyectos, la agregación de los mismos y la entrega de fondos a aquellos que presentaran un mayor potencial de viabilidad. Pese a ello, ni siquiera el
Partido Popular ni VOX aceptaron este modelo que planteábamos los liberales. De hecho, fue precisamente el Grupo Parlamentario VOX quien salvó el Real Decreto-ley 36/2020 que establecía el reparto de los fondos preferido por el gobierno de PSOE y
Podemos.
Por desgracia, la realidad ha parecido darnos la razón. Nuestras administraciones no estaban preparadas para la absorción adecuada de estos fondos. Según informan varios medios de comunicación de acuerdo con cifras facilitadas por el
propio Gobierno, se había presupuestado para 2022 transferencias por valor de 28.500 millones de euros para reformar el modelo económico a través del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR). Sin embargo, según las cifras de ejecución
disponibles, a fecha de noviembre del año pasado y esperando las cifras de ejecución total del año 2022, muestran que el Gobierno solo ha conseguido ejecutar 15.700 millones. Esto supone únicamente el 55 % de lo previsto para 2022, y ni siquiera
sabemos cuánto de ese dinero se ha transferido efectivamente al tejido productivo y cuánto sigue en las arcas de alguna administración.
Seguimos sin tener cifras claras de ejecución de fondos, y la prueba más clara es que organismos independientes estiman cifras de ejecución siempre más bajas que las del Gobierno. FEDEA estima que solo el 27 % de los fondos de 2021 llegaron
al tejido productivo, y apenas un 10 % hasta noviembre de 2022. Además, el impacto macroeconómico de las inversiones ha sido decepcionante: el gasto financiado por subvenciones del Fondo de Recuperación durante los primeros nueve meses de 2022 fue
la mitad de lo proyectado por el gobierno en su plan presupuestario, según el análisis de la Comisión Europea.
Es más, las empresas ya han denunciado que los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran que los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia planteado por el Gobierno y aprobado por
la Comisión Europea no están llegando al tejido empresarial. Así lo ha recordado en varias ocasiones la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEDE), advirtiendo de que, si los fondos no son aprovechables por parte de las empresas
para transformarse, crecer y generar empleo de calidad, esta habrá sido una oportunidad perdida para situar a España a la vanguardia de Europa en materia de competitividad.
De hecho, la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE ha elaborado un informe de Seguimiento de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el que se observa que el ritmo de publicación y adjudicación
de estas convocatorias es todavía muy lento. Según estos resultados, publicados a finales de 2022, solo el 9,1 % de los fondos previstos para los PERTE se han adjudicado, algo más de 3.000 millones de euros. Esta cifra es claramente insuficiente
para ejercer ese potencial transformador y tractor que, supuestamente, deben tener los PERTE para la economía española.
A todo esto, se suma la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno para contentar a sus socios independentistas que contempla la eliminación del delito de sedición del Código Penal y una reforma del delito de malversación. Esta
reforma afecta directamente a los delitos por los que fueron condenados los líderes del procés independentista en Cataluña, y beneficiará a aquellos dirigentes que participaron en aquel golpe al Estado de Derecho y que están aún pendientes de
juicio. Ahora, la pena para el delito de malversación sin ánimo de lucro será, como máximo, de cuatro años de prisión frente a los doce años que podían imponerse con el Código Penal anterior.
Esta reforma, por tanto, puede hacer más fácil que representantes institucionales deriven fondos públicos a fines ilícitos. Es más, el Comisario Europeo de Justicia, el liberal Didier Reynders, ha afirmado en el Pleno del Parlamento Europeo
de esta semana que 'la reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación', por lo que 'la Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la
UE, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE'. Es decir, que la Comisión Europea está valorando si esta reforma podría abrir la puerta a un uso fraudulento de fondos europeos a gran escala.
Por tanto, las preocupaciones de la Comisión Europea pueden afectar a la capacidad de maniobra para utilizar estos fondos por parte de nuestras Comunidades Autónomas y municipios, especialmente en una situación tan delicada como la actual,
con una inflación rampante que está elevando el coste de la vida para familias y hogares. Es, precisamente, para paliar este tipo de impactos negativos para lo que nacieron tanto Next Generation EU como REPowerEU, y no sería aceptable bajo ningún
concepto que un peaje del Gobierno con sus socios independentistas pusiera en peligro estos fondos para la ciudadanía y las empresas españolas.
Es más, la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que vistió nuestro país a finales del pasado mes de febrero, en la que participaron las eurodiputadas de Ciudadanos Susana Solís y Eva María Poptcheva, ya
alertó de que existe poca transparencia en la forma en la que el Gobierno de España y los diferentes gobiernos autonómicos rinden cuentas sobre la ejecución de fondos europeos. En definitiva, nuestro país se juega su reputación en materia de
gestión presupuestaria y su imagen como socio europeo fiable en este cometido de tanta trascendencia, también, para la economía y la sociedad españolas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Moción
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Flexibilizar la forma en la que los fondos europeos pueden adaptarse a las diferentes realidades y necesidades territoriales desde el punto de vista socioeconómico, y trabajar con las Comunidades Autónomas en facilitar el acceso a la
información sobre fondos europeos por parte de empresas y ciudadanos.
2. Reformar la manera de informar sobre la ejecución de fondos europeos, evitando reportar como ejecutados los fondos únicamente con convocatorias resueltas, de forma que las cifras proporcionadas por el Gobierno y por las Comunidades
Autónomas reflejen de forma fidedigna el impacto real de los fondos europeos en el tejido productivo español.
3. Integrar en el proceso de toma de decisiones sobre fondos europeos la realización de estudios prospectivos para detectar aquellos proyectos con un mayor valor añadido para la economía española y, posteriormente, la realización periódica
de evaluaciones de impacto para cuantificar el impacto real que esos fondos están teniendo en la modernización del tejido empresarial de nuestro país.
4. Eliminar trámites burocráticos innecesarios para el acceso de pymes y autónomos a convocatorias de fondos europeos, garantizando su participación en proyectos, proporcionando la asistencia técnica necesaria para asegurar una buena
utilización de esos recursos y detectando de forma más adecuada los mayores márgenes de mejora e impacto positivo que pueden tener estos fondos para este tipo de empresas y emprendedores.
5. Asegurar, a la mayor brevedad posible, la interoperabilidad de los sistemas de información y seguimiento sobre fondos europeos entre el Gobierno de España, los diferentes gobiernos autonómicos y la Comisión Europea, de forma que los
datos sobre ejecución sean reales, verificados, accesibles y actualizados de la forma más ágil posible, y mejorar la disponibilidad al público de dichos datos'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Tomás Guitarte Gimeno, perteneciente a la Agrupación de Electores 'Teruel Existe', y miembro del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las
siguientes enmiendas a la moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para
su debate en el Pleno.
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto 6.
'6. Fomentar que los fondos europeos sean de verdad un instrumento para la cohesión territorial, y que contribuyan a subsanar la deuda histórica de inversión que el Estado tiene con las provincias menos pobladas de España y la ausencia de
proyectos tractores en el medio rural'.
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto 7.
'7. Evaluar y corregir los mecanismos de asignación de fondos, de manera que la ejecución de los mismos no agrande la brecha urbano-rural, ni fomente las migraciones desde entornos rurales a entornos urbanos'.
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto 8.
'8. Analizar los sistemas de información y transparencia de las Comunidades Autónomas sobre la planificación de los proyectos europeos, para mejorar el método de selección y de toma de decisiones, con objeto de que resulten elegidas
aquellas propuestas con mayor capacidad de innovación y de arrastre e impacto socio-territorial y que respeten los valores del medio ambiente y de la biodiversidad'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-Tomás Guitarte Gimeno, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda de modificación a la moción consecuencia de interpelación urgente a la
Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que se
debatirá como punto 5.º del orden del día de la sesión n.º 243 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 14 de marzo de 2023.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del primer apartado de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
'1. Flexibilizar la forma en la que los fondos europeos pueden adaptarse a las diferentes realidades y necesidades territoriales desde el punto de vista socioeconómico, y
el acceso a la información sobre fondos europeos por parte de empresas, autónomos y ciudadanos'.
Justificación.
Es fundamental facilitar el acceso a la información sobre los fondos europeos por empresas, autónomos y españoles. En este sentido, además de que resulta irrelevante la Administración a través de la cual estos recursos se canalicen, esta
obligación de información no debe configurarse de forma diferente según cuál sea la concreta Administración que canalice la concesión de los fondos, por lo que se considera pertinente su supresión. Lo que se trata de poner de manifiesto es que lo
importante son los destinatarios finales de las ayudas (empresas, autónomos y ciudadanos), no los sujetos a cargo de canalizarlas.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del segundo apartado de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
'2. Introducir las reformas necesarias a la hora
únicamente con convocatorias resueltas, de forma que las cifras proporcionadas por las administraciones receptoras, incluyendo sus entes dependientes
impacto real de los fondos europeos en el tejido productivo español'.
Justificación.
Mejora técnica, en línea con la justificación de la enmienda anterior.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del tercer apartado de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
'3. Integrar en el proceso de toma de decisiones sobre fondos europeos la realización de estudios prospectivos para detectar y priorizar aquellos proyectos con un mayor valor añadido para la economía
bienestar de los españoles y, posteriormente, la realización periódica de evaluaciones de impacto para cuantificar el impacto real que esos fondos están teniendo en la modernización del tejido empresarial de nuestro país, en la creación de puestos
de trabajo y en la mejora de las condiciones de vida de los españoles'.
Justificación.
Mejora técnica, con el fin de incluir la mejora del bienestar de los españoles, y no meramente el beneficio económico de las empresas, como uno de los objetivos de los fondos.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del cuarto apartado de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
'4. Promover cuantas medidas sean necesarias para aumentar de manera efectiva la participación de pymes y autónomos en proyectos financiados con cargo a los fondos europeos, incrementando así la capilaridad de estos en el tejido productivo
español.
En particular, lograr de forma efectiva la unidad de mercado en España y eliminar trámites burocráticos innecesarios para el acceso de pymes y autónomos a convocatorias de fondos europeos, garantizando su participación en proyectos,
proporcionando la asistencia técnica necesaria para asegurar una buena utilización de esos recursos y detectando de forma más adecuada los mayores márgenes de mejora e impacto positivo que pueden tener estos fondos para este tipo de empresas,
Justificación.
Las pequeñas y medianas empresas representan una parte sustancial del tejido productivo español. Promover su participación en los proyectos asociados a los fondos europeos tendrá un innegable efecto positivo en el conjunto de la economía de
España.
Asimismo, el correcto funcionamiento de la asignación de fondos exige, además de la eliminación de trámites burocráticos, la unidad de mercado que garantice una distribución armónica de estos en el territorio español.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación del quinto apartado de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
'5. Asegurar, a la mayor brevedad posible, la interoperabilidad de los sistemas de información y seguimiento sobre fondos europeos entre las administraciones públicas
autonómicos
Justificación.
Mejora técnica, en el sentido de la justificación de las enmiendas 1 y 2.
Enmienda
De adición.
Se propone la introducción de un nuevo apartado seis a la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, cuyo texto queda redactado como sigue:
Texto que se propone:
'6. Impulsar la adopción de cuantas medidas sean necesarias para desvincular la obtención de fondos europeos de la consecución de objetivos climáticos impuestos de espaldas a los españoles y de cuestiones netamente ideológicas, como las
relacionadas con la ideología de género, sino que encuentren su fundamento en la generación de empleo, productividad y riqueza para la sociedad española'.
Justificación.
La recepción de fondos europeos no debe estar condicionada al cumplimiento de imposiciones ideológicas, como los criterios 'de género', ni a la adopción de políticas que suponen la ruina económica de la nación, como las energéticas, y que se
han impulsado de espaldas a los españoles. Al contrario, estos fondos han de ir dirigidos a incrementar la productividad y la competitividad de la economía, como manera de mejorar la prosperidad y bienestar de los españoles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación del Grupo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la falta de ejecución de fondos europeos de recuperación y su impacto en el tejido productivo español.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir trabajando en el modelo de cogobernanza, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, así como con los agentes sociales y los grupos parlamentarios para impulsar las conferencias sectoriales y las
comisiones técnicas, conocer las nuevas realidades, intercambiar nuevas propuestas y articular de este modo el diseño de los futuros programas a ejecutar.
2. Continuar desarrollando las manifestaciones de interés con ciudadanos, empresas y autónomos, para lograr su implicación, conocer sus necesidades y prioridades, articular mejor y de una manera más eficaz los distintos programas y
convocatorias, agilizar los procedimientos administrativos y eliminar cuellos de botella.
3. Seguir trabajando para mantener el flujo de inversión en nuestro país derivado de la ejecución del plan, tanto a través de las transferencias a las Comunidades Autónomas para que realicen las inversiones, como a través de la
participación y el lanzamiento de convocatorias por parte del Estado y de los proyectos estratégicos.
4. Articular de forma eficiente y en todo el territorio los proyectos de las Comunidades Autónomas y las manifestaciones de interés lanzadas, de manera que se avance en el impacto real del plan en términos de crecimiento y de creación de
empleo, con el fin de lograr una economía española más sostenible e inclusiva, con una mayor cohesión social y territorial.
5. Continuar impulsando los Comisionados de los PERTE como organismos responsables de impulsar los proyectos estratégicos y centralizar los contactos con las empresas, así como las mesas de seguimiento de los PERTE activadas, para resolver
de forma ágil las necesidades y retos que se planteen en el desarrollo de las inversiones, con participación del ecosistema empresarial y los agentes sociales.
6. Seguir desplegando los procedimientos aprobados para la correcta ejecución del plan, y que esta ejecución sea la más acelerada posible, sin poner en riesgo ni el control, ni la transparencia, ni la buena gestión de los fondos europeos,
sin menoscabar los mecanismos de auditoría, en línea con las recomendaciones de las instituciones europeas y las mejores prácticas de la UE, y en constante colaboración, coordinación y diálogo con todos los representantes políticos, económicos y
sociales de nuestro país'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-Isaura Leal Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en
Común.
173/000201
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre las
políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos.
Exposición de motivos
La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad.
La conducta suicida podría definirse, según la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), como un continuo que va desde aspectos cognitivos como la ideación suicida, hasta los conductuales, como el intento de suicidio o el
suicidio consumado. Aunque los pensamientos suicidas no siempre conducen a la conducta suicida, son un factor de riesgo para esta última.
El alarmante incremento de casos de intento de suicidio y de suicidio consumado de jóvenes, como son los casos más recientes de Sallent o Tarragona, que hemos conocido a través de los medios de comunicación, lo vienen detectando y
denunciando los psicólogos y orientadores.
Como señala la citada Fundación el centro escolar, además del centro de salud, es un observatorio privilegiado. Y desde donde deben promoverse los factores de protección necesarios para prevenir la conducta suicida entre los menores de
edad: educación en los centros educativos para que los niños y
adolescentes desarrollen habilidades para gestionar adecuadamente emociones, resolver conflictos, autoestima, asertividad, habilidades prosociales como la empatía y el respeto. Pero los centros educativos se ven cada día más desbordados, y
demandan más profesionales especializados y planes de acción o protocolos efectivos para enfrentarlo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que en España en el año 2022 fueron 22 fallecidos por suicidio los que tenían menos de 15 años, 8 adolescentes más que el año anterior, y entre los 15 y 29 años se quitaron la vida más
de 316 jóvenes, 16 más respecto al año anterior.
Según el estudio de ANAR 'Conducta suicida y salud mental, en la Infancia y la Adolescencia en España (2012-2022)', entre 2012 y 2022, los casos atendidos por ideación suicida se han multiplicado por 23,7 y los intentos de suicidios por
25,9. Y en el periodo post-COVID-19, la tasa de crecimiento ha sido del 146,8 % en las ideaciones suicidas y del 207,1 % en los casos de intento de suicidio.
Dicho estudio expone cómo la situación de crisis sanitaria producida por la pandemia ha supuesto una ampliación de los riesgos psicosociales (aislamiento, maltrato intrafamiliar, hacinamiento, abuso de las tecnologías, barreras asistenciales
a la salud mental, pobreza) que influyen en las conductas suicidas de niños o adolescentes.
En el periodo analizado (2019-2022), solo el 44 % de los niños o adolescentes con conducta suicida, ha recibido tratamiento psicológico. Destaca una tendencia creciente, a partir del año 2021, de casos que han requerido un tratamiento
psicológico. En 2022 el 46 % de los casos precisaron de este tipo de tratamiento, un 174 % más que en 2020.
En la última década, de enero de 2012 a agosto de 2022, recibió 589.255 llamadas de niños, adolescentes y adultos de su entorno, relacionadas con la conducta suicida. Del total de llamadas, 19.242 han requerido de orientación especial por
parte de un profesional, consultas que han experimentado una tasa de crecimiento en este periodo de 1.271,5 %, multiplicándose por 13,7.
La insuficiencia de orientadores escolares necesarios ante el incremento de asuntos de esta índole y las nuevas figuras como el coordinador de bienestar y protección, cuyo perfil profesional y atribuciones está por definir, que contempla la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, requieren de un desarrollo legislativo, específico y riguroso, así como de una
memoria económica, que permita la consolidación de esta figura en el tiempo.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la sesión de interpelación de este Grupo Parlamentario del pasado 8 de marzo, manifestó que todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional y la salud del alumnado es
una de las prioridades de este Gobierno y que lo importante es seguir dando respuesta a un asunto sustancial para la comunidad educativa y para la sociedad en su conjunto. Alegó ser consciente de la seriedad de este problema y de la necesidad de
continuar intensificando los esfuerzos para combatirlo, como algo que debe implicar al conjunto de la sociedad y de las instituciones, puesto que es un problema transversal, multifactorial y que, desde luego, no puede ser abordado solo desde una
única perspectiva como es la educativa. La ministra reconoció, asimismo, que al Ministerio le corresponde trabajar desde la cogobernanza y desde la colaboración con las comunidades autónomas. En definitiva, desde el Gobierno de la Nación se mostró
su disposición a seguir trabajando con las comunidades autónomas, con el profesorado, y con las familias, para seguir abordando y dando respuestas y soluciones, porque este tema, dijo, requiere seguir trabajando e incorporando soluciones.
Por ello, avocando a la buena disposición del Gobierno para alcanzar este objetivo, se propone abordar de manera integral la detección precoz de los casos de niños o adolescentes con conducta suicida y de salud mental, que permita actuar con
la mayor celeridad posible en una coordinación y derivación entre centros educativos y administraciones competentes en educación, derechos sociales y sanitarias.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar, con carácter urgente, a la Conferencia Sectorial de Educación para la elaboración de un Protocolo integral para la prevención, detección y atención de la salud mental
y de la conducta suicida en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo, mediante la aprobación de un programa de cooperación territorial plurianual que aborde la detección precoz de los casos de niños y adolescentes con conducta suicida, y
permita actuar con la mayor celeridad posible. A tal efecto, se impulsará:
- La coordinación y derivación efectiva entre centros escolares, centros sanitarios y servicios sociales.
- La actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia, así como planes de convivencia y los reglamentos de los centros educativos.
- Un plan específico de formación del profesorado y profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
- La dotación de personal suficiente, especializado, perfectamente cualificado y adecuado a las necesidades y demandas de los centros educativos.
- La definición del perfil profesional y requisitos del coordinador de bienestar y protección de los centros educativos, contemplada en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- El incremento progresivo del número de orientadores escolares, conforme a la recomendación de la UNESCO.
- El tratamiento psicológico especializado con la frecuencia, inmediatez y duración adecuada.
- La convocatoria extraordinaria del examen de Psicólogo Interno Residente (PIR) para paliar la carencia actual de estos especialistas, especialmente en
- Atención Primaria y el incremento progresivo de plazas de formación sanitaria especializada en la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
- Información actualizada de los servicios y recursos disponibles para que los niños y adolescentes y sus familias puedan solicitar apoyo y ayuda.
- La incorporación de las actuaciones y prácticas educativas de éxito basadas en evidencias científicas destinadas a la prevención y orientación de problemas de salud mental.
- Implantación de campañas de prevención y sensibilización social, en particular dirigidas a los alumnos espectadores.
- Las reformas legislativas precisas para proteger a los niños y adolescentes tanto del ciberacoso como del acceso a contenidos inapropiados a cada edad.
- El avance en políticas de investigación educativa y social en convivencia escolar'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre las
políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, incluida en el
punto 6 del orden del día de la sesión núm. 243 del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el martes 14 de marzo de 2023.
Enmienda
De modificación.
Se propone la modificación de la parte dispositiva de la moción consecuencia de interpelación urgente, que quedará con la siguiente redacción:
Texto que se propone:
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
salud mental y
territorial y plurianual que aborde la detección
1. Creación de un Plan Nacional de Prevención de la conducta suicida en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo con especial atención a los factores que influyen en este comportamiento y, en particular, a:
a) Las situaciones de acoso y de ciberacoso.
b) Las situaciones de pobreza y orfandad.
c) Las discriminaciones por razón de lengua, sexo, raza, religión o discapacidad.
d) Los trastornos mentales y la disforia sexual.
e) Las situaciones de consumo de drogas de abuso.
f) La exposición a fármacos que puedan alterar el desarrollo fisiológico normal.
2. Elaboración de un Plan Nacional de protección de la salud mental en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo que incluya los siguientes aspectos:
-
-
convivencia, así como reglamentos de centros educativos, con el objetivo de marcar las pautas de actuación ante casos de acoso escolar y tendencias suicidas.
- Protocolos específicos de formación del profesorado y profesionales que trabajan en centros escolares para la detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar, acoso, ciberacoso y acceso a contenidos apropiados a cada edad.
-
-
2
-
- Información actualizada de los servicios y recursos disponibles para que los
-
- Implantación de campañas de prevención y sensibilización social, en particular dirigidas a los alumnos espectadores de prácticas de acoso escolar.
-
3. Impulso de una Ley General de Convivencia Escolar que incluya las directrices y contenidos de la Estrategia Nacional de protección de la salud mental y de prevención de la conducta suicida en la infancia y la adolescencia en el ámbito
educativo'.
Justificación.
Hace quince meses que se aprobó en la Comisión de Educación y Formación Profesional una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a impulsar un 'Plan Estatal para la enseñanza y aprendizaje de la convivencia y combatir el acoso escolar'.
Desde entonces, nada se ha puesto en
marcha. El último Plan Estratégico de Convivencia Escolar lleva seis años sin actualizarse. Por tanto, es urgente y necesario promover una Ley General de Convivencia Escolar que aborde el problema de los trastornos mentales en nuestros
jóvenes así como, de manera muy especial, la prevención del suicidio. Es importante destacar que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años.
Según los estudios llevados a cabo por la Fundación ANAR, desde 2012 a 2022 los casos atendidos por ideación suicida se han multiplicado por 24 y los intentos de suicidio por 26 2. A estas cuestiones se añaden otros factores como las
medidas restrictivas por la COVID-19, con los confinamientos, que han implicado el aumento en un 28 % del número de casos de depresión y de trastornos de ansiedad en la población, especialmente entre las mujeres y los jóvenes 3. Esta situación se
ha visto propiciada por la pérdida de seres queridos durante la epidemia y las situaciones de incertidumbre personal, económica y social vividas.
Los expertos atribuyen este aumento a que las redes han tenido un papel importante sobre el aislamiento, de efecto contagio a través de webs tóxicas, y el ciberacoso. La falta de control parental y las conductas poco seguras en internet son
factores que afectan al crecimiento de este tipo de acoso. Asimismo, diversas cuestiones relacionadas con el fenómeno 'trans' no pueden descartarse como elementos favorecedores de depresiones y suicidios.
Además de estas circunstancias, es necesario terminar con la multiplicidad de protocolos de actuación en función de la región con diferencias entre protocolos de prevención, detección y actuación. En conclusión, nos encontramos ante un
entorno nuevo, cambiante, en el que es cierto que faltan recursos, profesionales y formación continuada y específica, pero en el que lo que más se precisa es una Estrategia Nacional que incluya un Plan Nacional de Protección de la Salud Mental y un
Plan Nacional de Prevención del Suicidio en la Infancia y Adolescencia, englobando todas estas acciones en una Ley General de Convivencia Escolar tan necesaria y urgente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de Interpelación del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta
suicida ante el alarmante incremento de casos.
Enmienda
De modificación.
'El Congreso de los Diputados afirma que el bienestar emocional y la salud mental del alumnado es una de las prioridades del Gobierno de España, reconociendo su importancia, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir
los trastornos de carácter emocional o de salud mental de la población escolar española.
Por todo ello insta al Gobierno en el marco de sus competencias y atendiendo a las competencias propias de cada Comunidad Autónoma, y en relación con el bienestar emocional y la salud mental de la población escolar española, a:
- Continuar trabajando y colaborando de una manera constante con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, tanto a nivel técnico como directivo, aplicando de manera coherente la
2 Conducta suicida y salud mental en la infancia y adolescencia en España 2021-2022.
3 Prevalencia mundial y carga de trastornos depresivos y de ansiedad en 204 países y territorios en 202 debido a la pandemia de COVID-19'.
https://www.thelancet.com/iournals/lancet/article/PIISOI40-6736(21102143-7/fulltext.
Estrategia nacional de Salud Mental y el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024; así como lo establecido en la Ley Orgánica de Educación en relación a la obligatoriedad de que todos los centros educativos incorporen la educación
emocional, tengan un protocolo de actuación y cuenten con la figura del coordinador de bienestar.
- Continuar aplicando el primer Programa de Cooperación Territorial sobre Bienestar Emocional en el ámbito educativo, prestando especial atención a:
potenciar entre el profesorado, equipos directivos, equipos de orientación e inspección educativa la formación específica en alfabetización e indicadores en bienestar emocional y en salud mental que contribuya a la detección temprana de
casos y a crear un ambiente escolar positivo y seguro;
impulsar la formación que contribuya a una intervención basada en el buen trato en la infancia y la adolescencia, y el respeto de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, a través de planes específico de formación del
profesorado y de profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar;
facilitar el conocimiento del profesorado, equipos directivos, equipos de orientación e inspección educativa de los protocolos activos de derivación del alumnado en situación de riesgo a los servicios de atención primaria de salud mental;
promover la divulgación de buenas prácticas que sirvan para promocionar el bienestar emocional del alumnado y para realizar el seguimiento de casos de salud mental en el ámbito educativo, para paliar los posibles efectos provocados en el
desarrollo académico, personal y social del alumno y para combatir el estigma;
difundir actuaciones para sensibilizar y prevenir sobre el abuso de las TIC en la infancia y adolescencia y las conductas adictivas con y sin sustancias; así como potenciar acciones formativas tanto al profesorado como al alumnado en este
contexto;
favorecer la intervención comunitaria en el campo de la salud mental y desarrollo del bienestar emocional, proporcionando las conexiones entre los profesionales de los centros escolares, los centros sanitarios y los colectivos locales que
apoyen a la infancia y juventud;
elaborar y difundir materiales e instrumentos que contribuyan a la formación e información de la comunidad educativa sobre bienestar emocional y salud mental;
- Aumentar, en la medida de lo posible, los recursos humanos en las secciones y departamentos de apoyo y orientación escolar orientados a la intervención en el campo de la promoción del bienestar emocional y de la salud mental del alumnado,
como se está haciendo con el PCT de bienestar emocional.
- Continuar realizando, actividades de formación para equipos directivos, departamentos de orientación, familias y, muy especialmente, para el profesorado.
- Continuar difundiendo y promocionando las buenas experiencias que llevan a cabo los centros educativos.
- Continuar realizando intervenciones de refuerzo de la atención al alumnado con trastorno mental y de la conducta, estableciendo la implantación de prácticas restaurativas como forma habitual de resolución de conflictos, así como
actuaciones de seguimiento, evaluación y revisión del Protocolo para la prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo.
- Seguir reactivando el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, para la puesta en común de las buenas prácticas de toda la comunidad educativa en el ámbito de la salud mental y en la prevención de cualquier tipo de alerta sobre
conductas suicidas y causas derivadas que lo motiven o promocionen.
- Seguir potenciando con campañas informativas el servicio de atención telefónica gratuito u otros tipos de ayuda para las víctimas de acosos u otro tipo de maltrato en el ámbito escolar'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2023.-Isaura Leal Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000201
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la
prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar, con carácter urgente, a la Conferencia Sectorial de Educación para la elaboración de un Protocolo integral para la prevención, detección y atención de la salud mental y de la
conducta suicida en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo, mediante la aprobación de un programa de cooperación territorial plurianual que aborde la detección precoz de los casos de niños y adolescentes con conducta suicida, y permita
actuar con la mayor celeridad posible. A tal efecto, se impulsará:
- La coordinación y derivación efectiva entre centros escolares, centros sanitarios y servicios sociales.
- La actualización y cumplimiento de los decretos de convivencia, así como Planes de convivencia y los reglamentos de los centros educativos.
- Un plan específico de formación del profesorado y profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
- La dotación de personal suficiente, especializado, perfectamente cualificado y adecuado a las necesidades y demandas de los centros educativos.
- La definición del perfil profesional y requisitos del coordinador de bienestar y protección de los centros educativos, contemplada en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- El incremento progresivo del número de orientadores escolares, conforme a la recomendación de la UNESCO.
- El tratamiento psicológico especializado con la frecuencia, inmediatez y duración adecuada.
- La convocatoria extraordinaria del examen de Psicólogo Interno Residente (PIR) para paliar la carencia actual de estos especialistas, especialmente en Atención Primaria y el incremento progresivo de plazas e formación sanitaria
especializada en la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
- Información actualizada de los servicios y recursos disponibles para que los niños y adolescentes y sus familias puedan solicitar apoyo y ayuda.
- La incorporación de las actuaciones y prácticas educativas de éxito basadas en evidencias científicas destinadas a la prevención y orientación de problemas de salud mental.
- Implantación de campañas de prevención y sensibilización social, en particular dirigidas a los alumnos espectadores.
- Las reformas legislativas precisas para proteger a los niños y adolescentes tanto del ciberacoso como del acceso a contenidos inapropiados a cada edad.
- El avance en políticas de investigación educativa y social en convivencia escolar'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
173/000202
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las políticas que va a impulsar el Gobierno para devolver a los españoles el respeto
a su presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, con independencia de su sexo, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2023.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente a la ministra de Igualdad sobre las políticas que va a
impulsar el Gobierno para devolver a los españoles el respeto a su presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, con independencia de su sexo.
Exposición de motivos
I
Nunca como hoy han estado tan amenazadas en la España contemporánea la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Ambos mecanismos protectores del Estado de Derecho -uno con entidad de derecho fundamental, otro con carácter de
principio sustentador de la democracia-, que garantizan una defensa contra la arbitrariedad de los poderes públicos y contra la iniquidad de los particulares, están siendo grave y sistemáticamente menoscabados por los dos partidos que sostienen la
coalición de Gobierno.
Esto sucede principalmente a través de la aprobación de normas y la adopción de políticas públicas en materia de la llamada 'violencia de género' que, como es sabido, criminalizan al hombre por el mero hecho de serlo. Si nos atenemos a la
XIV Legislatura, entre tales normas destacan la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia 4; la Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas
huérfanas víctimas de la violencia de género 5; la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual 6; y la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 7.
Estas leyes vienen acompañadas de numerosas actuaciones puestas en marcha por el Gobierno, tales como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2020-2022, la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025, el
Protocolo General de Actuación para la difusión de la campaña de los Puntos Violeta, el Plan 'España te protege contra la violencia machista' o la concesión de subvenciones -por valor de 649.045.530 euros desde el año 2021 hasta la fecha 8- para
desarrollar actuaciones en materia de prevención integral de la 'violencia de género'.
II
La 'violencia de género' es un concepto sustentado sobre una premisa radicalmente falsa: que existe una clase de violencia que solo puede ser infligida por hombres, por el mero hecho de serlo, contra mujeres, por el hecho de ser tales.
Esta premisa incurre en una falacia de generalización carente de fundamento científico, pues no puede afirmarse que todos los hombres sean violentos, ni tampoco que la causa de los actos violentos cometidos por hombres sea necesaria y únicamente el
sexo de sus víctimas.
4 Esta ley, entre otras cosas, introduce en los procedimientos judiciales reguladores de las relaciones paternofiliales el componente de 'violencia de género', produciendo que una mera sospecha carente de respaldo judicial pueda determinar
que un padre se vea privado de la guarda y custodia de sus hijos o del derecho de visitas.
5 Se trata de una ley que discrimina entre los huérfanos menores en función de la causa que haya provocado la situación de orfandad, de modo que solo podrán beneficiarse de la protección que brinda la norma cuando aquella derive de un acto
de 'violencia de género'. Es decir, se crean huérfanos de primera y segunda categoría y se proporciona un trato de favor a aquellos cuyas madres fueron asesinadas por sus padres.
6 Nos remitimos al apartado V de la exposición de motivos.
7 Por medio de esta ley podrán abortar las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno; asimismo, se precipita la decisión de abortar al eliminar los tres días de reflexión previos a la práctica del aborto y la obligatoriedad de
proporcionar información acerca de los recursos y ayudas disponibles para continuar con el embarazo. La cuestión de la 'violencia de género' está presente en diferentes puntos de la ley.
8 Así consta en el programa 232C del Ministerio de Igualdad de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2021, 2022 y 2023:
Año 2021: 180.121.060 euros. Página 35. Acceso en línea:
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_E_G30.PDF.
Año 2022: 209.182.580 euros. Página 37. Acceso en línea:
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_22_E_G30.PDF.
Año 2023: 259.741.890 euros. Página 37. Acceso en línea:
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/PGEROM/doc/L_23_A_G30.PDF.
Además, el hecho de denominar esta clase de violencia como 'de género' y no 'de sexo' desvela el verdadero sustrato que subyace a sus postulados: la ideología de género. Esta corriente es una evolución del feminismo radical que, a
diferencia de aquel, ha terminado por abdicar de su pretensión esencial de defensa de la mujer. Rechaza la realidad biológica sexuada del ser humano y pretende sustituirla por un constructo denominado 'género', que se rige únicamente por la
voluntad autónoma del sujeto.
Si, como decíamos en el párrafo anterior, carece de sentido afirmar que la violencia tiene 'sexo', con mayor razón, y sobre la base de la biología, constituye una manipulación y una mentira aseverar que tiene 'género'.
En virtud de lo expuesto hasta el momento, toda actividad política que se sustente sobre la noción ideológica de la violencia 'de género', como viene siendo propio de los gobiernos de uno y otro signo desde hace más de tres lustros, estará
viciada ab initio por tener como punto de partida un concepto escindido de la realidad lógica antropológica, biológica y jurídica. Esta falacia de raíz provoca que las políticas en materia de 'violencia de género', con la excusa de proteger a las
mujeres, generen daños graves y evidentes en la sociedad española, principalmente en dos ámbitos: la igualdad de los españoles ante la ley y la presunción de inocencia.
III
Pese a que el artículo 14 de la Constitución Española ('CE') afirma con contundencia que 'los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna [...]', asistimos a una flagrante desigualdad provocada por
normas y políticas públicas que imponen un trato diferenciado al hombre y a la mujer por el mero hecho de su sexo.
Y es que, según prescribe la legislación de 'violencia de género', una misma conducta tiene distintas consecuencias jurídicas en función del sexo de quien la realiza y de quien la padece. Estos efectos perniciosos no se refieren solo a la
calificación jurídica de los actos; alcanzan también el ámbito de la competencia judicial (pues existen tribunales específicos en los que solo se enjuicia a los varones, cosa inédita en el Derecho comparado); de la guarda y custodia de los hijos
menores (véase, a título de ejemplo, el artículo 92.7 del Código Civil, en la redacción dada por la disposición final segunda de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia); o
de la asistencia social (de la que pueden beneficiarse las que se digan víctimas de 'violencia de género' incluso sin necesidad de resolución judicial, a tenor de lo dispuesto en preceptos como el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
Es innegable, por tanto, que la regulación en materia de 'violencia de género', por definición, produce una quiebra en la igualdad de todos los españoles ante la ley, desigualdad que es alimentada por un Gobierno que busca abiertamente el
enfrentamiento entre uno y otro sexo. Esta herramienta dialéctica tiene como objetivos otros fines de control social, tales como abanderar al bando 'oprimido' o acabar con la fuerza de la familia como sustrato social para crear, en último término,
individuos desarraigados, solos y manipulables 9.
IV
Otro grave daño directamente provocado por la normativa en materia de 'violencia de género' es el menoscabo de la presunción de inocencia, regulada en el artículo 24.2 CE. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que vincula a
todos los poderes públicos' 10 y que constituye una garantía básica del sistema democrático 11, en tanto que limita al legislador (que no podrá configurar normas penales que contengan presunciones de culpabilidad ni atribuyan al acusado la carga de
probar su inocencia) y a los
9 No en vano, 'el wokismo (progresismo feminista-multiculturalista-LGTB-ecologista) es el resultado de una mutación del marxismo, y el marxismo siempre fue intolerante. El modus operandi del marxismo siempre ha sido dividir la sociedad en
colectivos y enfrentarlos, declarando a unos opresores y otros oprimidos. Antes lo hacía sobre todo con las clases sociales, y ahora lo hace también con los sexos, las razas y las orientaciones sexuales', afirma Contreras, J. F., en
https://www.eldebate.com/cultura/20221128/francisco-jose-contreras-el-feminismo-ha-caido-en-una-deriva-toxica-y-paranoica_75467.html.
10 STC 31/1981, de 28 de julio, FJ 2.
11 SSTC 34/1996, de 11 de marzo, FJ 3; o 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3.
poderes públicos en general (que tendrán que ajustar su comportamiento con los ciudadanos a dicha presunción) 12.
Por el contrario, la legislación y las políticas públicas en materia de 'violencia de género' presumen la culpabilidad del varón y la inocencia de la mujer y, en consecuencia, quiebran la presunción de inocencia del hombre y producen una
inversión de la carga de la prueba.
Este menoscabo de la presunción de inocencia genera una evidente injusticia e indefensión, no solo procesal sino en todos los niveles de la vida: el varón denunciado o acusado es, a menudo, tenido por culpable y catalogado como tal en su
ambiente familiar y de amistad; puede perder el trabajo; o encontrarse privado de la guarda y custodia de sus hijos o de la posibilidad de visitarlos, etc. Todo ello, agravado por el frecuente juicio mediático que, en los casos de 'violencia de
género', se suele producir (auspiciado y alimentado precisamente por los poderes públicos, que en sus redes sociales emiten a menudo juicios de valor con carácter previo a que recaiga la oportuna resolución judicial).
V
Mencionamos anteriormente que las políticas en materia de 'violencia de género', en último término, ni siquiera benefician a las mujeres a cuya protección dicen servir. Esta afirmación se apoya sobre los siguientes datos, proporcionados por
el Instituto Nacional de Estadística:
- El número de víctimas mortales de 'violencia de género' permanece prácticamente estable, sin experimentar reducción a pesar de ser este uno de los propósitos continuamente aducidos por el Gobierno. Si nos ceñimos al último trienio, vemos
que ha habido 49 víctimas en 2020, 48 en 2021 y 49 en 2022 13.
- Por otro lado, las víctimas no mortales han aumentado, concretamente en un 3,2 % en el año 2021 respecto del año anterior, hasta un total de 30.141 14. El dato es aún más alarmante si se analizan las agresiones por rango de edad: el
mayor incremento se produjo entre las menores de 18 años, que pasaron de 514 a 661, lo que supone un 28,6 % más que en 2020 15.
Y todo ello, a pesar de las ingentes cantidades de dinero público destinados a este departamento ministerial.
A estas cifras hay que añadir las de las víctimas hombres, ignoradas por las estadísticas oficiales emanadas del Ministerio de Igualdad -solo porque no son mujeres, ya que la propia definición de la 'violencia de género' las excluye-.
Concluimos, por tanto, que la normativa y las políticas de 'violencia de género' propician que, de facto, en España haya víctimas de primera categoría (las mujeres y, siempre y cuando se trate de víctimas indirectas de la 'violencia de
género', sus 'familiares o allegados menores de edad' 16, que reciben un mejor tratamiento jurídico y asistencial) y víctimas de segunda categoría (los concebidos no nacidos; los bebés, los niños y los adolescentes; los hombres adultos y las
personas mayores). El Gobierno, en lugar de buscar las verdaderas causas de la violencia -de toda violencia-, trivializa con ella y desatiende a todas aquellas víctimas que no le otorgan rédito político. En cambio, este Grupo Parlamentario condena
toda forma de violencia y la considera una lacra social, pero reitera que solo se le podrá poner fin atendiendo a sus verdaderas causas y legislando de un modo que no discrimine a las víctimas.
Otro ejemplo del fracaso estrepitoso de las políticas 'de género' en su supuesto fin protector de la mujer lo encarna a la perfección la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Tal y como este
Grupo Parlamentario y ciertos informes de organismos consultivos advirtieron, numerosos delincuentes sexuales (más de 700 hasta el momento, número que se sigue incrementando cada día) están viendo reducidas sus condenas desde la entrada en vigor de
la ley conocida como 'solo sí es sí'. El Gobierno, conocedor de la posibilidad de la revisión de las penas a la
12 Cfr. STC 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2.
13 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres hombres/tablas_1/10/&file=v02001.px.
14 https://www.ine.es/prensa/evdvg 2021.pdf.
15 Idem.
16 Así lo dispone el artículo 1 (apartados 3 y 4) de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
baja 17, perseveró contumazmente en el impulso de la norma 18, incurriendo así en un absoluto desprecio de la seguridad de todos los españoles y, en particular, de aquellas mujeres a quienes dice proteger, dada la posibilidad de reincidencia
de los delincuentes excarcelados prematuramente. Ese es el feminismo de este Gobierno: de carteles y manifestaciones, de grandilocuencias, que a fin de cuentas deja indefensas a las mujeres.
VI
Recapitulemos lo expuesto hasta ahora: las normas y políticas públicas en materia de la mal llamada 'violencia de género' parten de una premisa errónea, generan numerosas injusticias y están siendo inútiles para el fin que dicen perseguir.
A estos argumentos, que siquiera por razones de lógica debieran ser suficientes para fundamentar un viraje en la actuación del Gobierno y un cese en sus políticas de 'violencia de género', hay que añadir una última reflexión: estas
políticas no son gratuitas, sino que suponen un coste que ha de ser sufragado por los esforzados bolsillos de los españoles.
Concretamente, el Ministerio de Igualdad, creado específicamente en 2008 19 sobre, entre otras bases, el concepto de 'violencia de género', supone para el erario un gasto que no cesa de aumentar: 459.332.060 euros en 2021 20; 525.105.640
euros en 2022 21; 573.123.610 euros en 2023 22. A estas cuantías hay que sumar las que los demás Ministerios (e incluso, al presente, los fondos europeos) destinan a la referida cuestión.
En una situación socioeconómica caracterizada por la crisis, con una inflación disparada y un número creciente de familias que no pueden afrontar los gastos básicos de la compra o la calefacción, resultan a todas luces prescindibles los
miles de millones de euros que se han destinado hasta ahora a la implantación social del concepto de 'violencia de género' y a la financiación de actividades basadas en la lucha contra ella.
VII
La práctica totalidad de las actuaciones del Ministerio de Igualdad merecen la más enérgica repulsa por lo ya expuesto: la vileza de sus principios inspiradores se manifiesta en todas sus acciones. De esta manera, unas pretendidas
políticas de igualdad son utilizadas para efectuar un linchamiento mediático y social, así como el señalamiento y arrinconamiento de quienes disienten de la ideología 'oficial'.
Es evidente que el feminismo, y las manifestaciones que se celebran con ocasión del '8M', son utilizadas y puestas al servicio de una posición netamente política que pretende imponerse de manera exclusiva y excluyente y que, disfrazada de
reivindicación, no es sino la que se promueve como ideología oficial del Estado. Tal es el interés político de estas manifestaciones 'feministas' para el actual Gobierno, que en el año 2020 este paralizó de forma criminal la adopción de cualquier
medida contra el coronavirus a la celebración de estas concentraciones; y ello, a pesar de que ya conocía la magnitud de la extensión de la enfermedad. El último ejemplo fue el de ayer, con los gritos de 'qué pena me da [...] que la madre de
Abascal no pudiera abortar', jaleados por la Sra. Rodríguez Martínez. Tampoco pueden olvidarse los cánticos vertidos en una manifestación de mujeres que tuvo lugar en las puertas del Congreso durante el mes de febrero de 2020, en la que se
coreaban cánticos como 'una copa menstrual en la boca de Abascal' o 'Madrid será la tumba de Abascal'.
VIII
Por último, el artículo 92.1 CE establece que 'las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos'. Por cuanto aquí nos ocupa, no
17 Por la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable (artículos 9.3 y 25 CE).
18 Que castiga en exceso lo que antes era un abuso sexual, pero infrapena, en cambio, las conductas otrora tipificadas como agresiones sexuales.
19 Su configuración primigenia se plasmó en el Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad.
20 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2021Ley/MaestroTomos/PGEROM/doc/L_21_E_G30.PDF.
21 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Ley/MaestroTomos /PGE-ROM/doc/L_22_E_G30.PDF.
22 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/ PGEROM/doc/L_23_A_G30.PDF.
es justo para los españoles que jamás se les haya consultado acerca de una cuestión tan grave, y con tanto impacto en la vida de una persona, como es si quieren mantener la legislación 'de género', con lo que supone de derogación de la
presunción de inocencia y de irrelevancia de la igualdad entre los españoles que se vive hoy en España o si, por el contrario, quieren eliminarla y devolver a nuestro ordenamiento jurídico la presunción de inocencia y la igualdad.
Un conjunto de normas que, acompañadas de medidas públicas, fomentan la división entre sexos, el enfrentamiento en las familias, la sospecha en las relaciones de pareja, la quiebra de derechos constitucionales y el violentamiento de
principios esenciales del sistema jurídico deben ser, cuando menos, consultadas a los ciudadanos españoles que, aunque no las hayan apoyado, desgraciadamente las sufren día a día, sufragan su aplicación con sus impuestos y viven su constante
imposición. Este es el sentido de la propuesta de referéndum consultivo que plantea el Grupo Parlamentario VOX: que sean los españoles quienes decidan si quieren garantizar la igualdad y el principio de presunción de inocencia.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Impulsar las medidas que sean necesarias para restaurar de manera efectiva la igualdad de todos los españoles ante la ley y el principio de presunción de inocencia, así como para reparar el daño infligido a personas inocentes a causa de
las perversas consecuencias de la legislación 'de género' promovida por este Gobierno.
2. Interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público con el fin de restaurar la igualdad de todos los españoles ante la ley y el principio de
presunción de inocencia y, en particular, la persecución con la máxima firmeza de las denuncias falsas en materia de violencia doméstica.
3. Someter a referéndum consultivo, en los términos del artículo 92 de la Constitución española, por su carácter de especial trascendencia para los españoles, la supresión del conjunto de políticas en materia de igualdad (y, en particular,
las de 'violencia de género'), por la vulneración que suponen de la igualdad de todos los españoles ante la ley y del principio de presunción de inocencia.
4. Entretanto esta consulta no se produzca, utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para acometer las siguientes medidas, con carácter urgente:
a) Suprimir el Ministerio de Igualdad, departamento innecesario en sus funciones, injusto e ideológico en los medios políticos que acomete al servicio de aquellas y oneroso en su estructura. Promover en su lugar la creación de un Ministerio
de Familia que tenga en cuenta las necesidades de las familias como eje de todas las políticas públicas.
b) Promover la derogación de toda legislación que atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género -que
consagra la asimetría penal y vulnera gravemente la presunción de inocencia-, así como de todas sus disposiciones normativas de desarrollo.
c) En sustitución de las normas anteriores, promover la aprobación de una ley de violencia doméstica que regule -con contundencia y con escrupuloso respeto del contenido del artículo 14 de la Constitución Española- toda forma de violencia en
el seno del ámbito familiar, con independencia de la identidad de los sujetos activos o pasivos de la misma.
d) Eliminar el uso del término 'género' en las normas de cualquier rango, tanto las que en adelante se promulguen como las ya dictadas, y sustituir la perspectiva de 'género' en la elaboración de las normas por una perspectiva de familia'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2023.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.