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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 499, de 19/09/2022
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 499, de 19/09/2022
9. Destinar más Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, a la recuperación y gestión forestal sostenible en las zonas
afectadas, así como a la dotación de infraestructuras y medios de
extinción.
10. Habilitar, antes situaciones excepcionales como las vividas durante
los días del mes de julio, los protocolos de contingencia que permitan la
participación de otras unidades del ejército, diferentes del operativo de
intervención propio en los supuestos de grave riesgo, catástrofe,
calamidad u otras necesidades públicas, para reforzar las labores de
prevención, apoyo a la extinción y extinción de los incendios forestales
y/o como operativo de vigilancia y disuasión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/004395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para un 'Plan
Zamora' de prevención, reconstrucción y recuperación de los incendios
forestales, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Los incendios forestales son, como en otros países del sur de Europa, un
fenómeno enormemente destructivo para las personas, sus bienes, y el
medio ambiente. Y si bien pueden originarse de forma natural, en España
el 96% de ellos tienen causa en la actividad humana. La superficie
forestal de España supone más de la mitad de su territorio - unos 27
millones de hectáreas de bosque. De estos bosques, que presentan una
enorme variedad según la zona del país en que se encuentren, cada año
suelen quemarse decenas o incluso cientos de miles de hectáreas. Algo
que, desde 1961, ha supuesto un total de 8 millones de hectáreas
quemadas. Esto significa que casi el 30% de los bosques españoles ha
ardido en los últimos 50 años.
La provincia de Zamora se está viendo especialmente castigada este 2022,
con dos incendios que ya se han colocado entre los diez peores de lo que
va de siglo en España: Sierra de la Culebra y Losacio, este último el
peor de nuestra historia. Además, este incendio devoraba 10.000 hectáreas
en 4 horas, convirtiéndolo en uno de los más veloces desde que hay
registros; 'un fuego inextinguible', según relataban los bomberos de la
zona, que se alimentaba del monte y las altas temperaturas. Según datos
del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales, Zamora
acumula en torno a un tercio de toda la superficie quemada en España en
lo que va de año, con más de 67.000 hectáreas. Esta cifra supera con
creces la media prevista para mediados de julio, y representa más del 6%
del territorio total de la provincia. Es también casi la mitad de todo lo
que ha ardido en Zamora en lo que va de siglo.
Ello se debe, en gran parte, a que está en la zona de España que más ha
notado las intensas olas de calor de este 2022, en términos relativos.
También se debe, en parte, a la deficiente gestión medioambiental de la
Junta de Castilla y León, especialmente en lo relativo a la vital tarea
de desbroce y limpieza del monte durante los meses previos al verano.
También la dotación personal y económica del personal de emergencia se
debe mejorar (se han dado casos de equipos de prevención que, tras una
jornada de trabajo desbrozando el monte se han tenido que incorporar a
tareas de extinción) y a las estrategias de reforestación (el 40% de los
grandes incendios forestales en España se han producido en superficies
repobladas). Además, resulta especialmente lamentable el porcentaje,
antes señalado, de incendios originados por la actividad humana, tanto de
forma imprudente como intencionada. Las penas previstas para esta
peligrosísima conducta, no sólo para las personas sino también para
nuestro medio ambiente y tesoros naturales, deben aumentar, especialmente
en el caso de que no haya habido riesgo para la vida o integridad física
de las personas (en estos supuestos los pirómanos se enfrentan a penas de
uno a cinco años).
Las soluciones no pasan meramente por repoblar por un lado mientras los
bosques arden por el otro, sino por realizar una planificación preventiva
generadora de empleo en el medio rural, y especialmente en las zonas
afectadas. El sector forestal tiene una gran importancia socioeconómica
por sus múltiples aprovechamientos, que son la base de la ganadería
extensiva y un recurso fundamental para la soberanía alimentaria, además
de ser clave para el ciclo hidrológico y la biodiversidad. Sin embargo,
el medio rural, que es el que sostiene el mantenimiento de bosques y
montes, se encuentra ante un panorama desolador que no hace sino
dificultar enormemente una adecuada labor de prevención de incendios,
continuada y sostenible. Hasta un tercio de los grandes incendios
forestales en España se dan en ámbitos de monte bajo. La España vaciada y
el reto demográfico son conceptos repetida y justamente usados para
reclamar las infraestructuras y servicios que necesita el mundo rural.
Sin embargo, también tienen un efecto directo sobre el drama de los
incendios forestales, ya que un bosque bien cuidado y mantenido necesita
de gente que pueda vivir en sus cercanías.
Ante esta situación, se ha hecho más evidente la vulnerabilidad de España
ante los impactos del cambio climático. Esta vulnerabilidad viene dada,
por un lado, por nuestras características geográficas y climáticas, con
primaveras cada vez más secas que contribuyen a que la vegetación
adquiera propiedades más combustibles; pero también, por otro lado, por
la incapacidad de las administraciones de destinar los recursos
necesarios a la gestión forestal para el cuidado de bosques y entornos
silvestres, cuyo abandono actúa como gasolina cuando se declara un
incendio. De hecho, ya en 2017 el Tribunal de Cuentas Europeo llamó la
atención de las autoridades nacionales al considerar que los fondos
europeos destinados a la mejora de la gestión forestal, la prevención de
incendios forestales y el cuidado del medio ambiente para evitar este
tipo de catástrofes que acaban con nuestro patrimonio natural, con el
modo de vida de miles de españoles, con los hogares y negocios de cientos
de familias y, en el peor de los casos, incluso con vidas de nuestros
conciudadanos.
Es más, los vecinos de las comarcas afectadas por estos terribles
incendios han expresado de forma muy clara su rechazo a la dejadez de las
instituciones autonómicas en materia de gestión forestal y prevención de
riesgos. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y
VOX, fue incapaz de poner en marcha de forma coordinada y efectiva el
dispositivo de respuesta en el primero de los incendios que se declaró en
la provincia de Zamora hace unas semanas, y los errores cometidos
entonces se han vuelto a repetir. Esto ha provocado que sean los propios
vecinos los que tengan que poner en peligro tanto sus vidas como sus
bienes para intentar poner coto al fuego, con las consecuencias que esto
ha tenido para muchos de ellos. Incluso los recursos destinados a las
brigadas de extinción han sido escasos y casi insultantes, haciendo que
el propio chef José Andrés haya acudido a proporcionar comidas a los
brigadistas por la falta de alimentos provistos por la Junta de Castilla
y León a estos profesionales que se juegan la vida contra las llamas en
el campo y el monte. Como el procurador Francisco Igea señalaba hace
escasos días en las Cortes de Castilla y León, una mera media hora de
tardanza en responder a un incendio puede hacerlo casi imposible de
extinguir. La inversión en prevención y respuesta rápida es fundamental.
Este necesario cuidado de nuestro monte no es un 'gasto', como algunas
fuerzas políticas lo quieren pintar. Es una inversión en viabilidad del
medio rural, preservación de la biodiversidad, absorción de carbono y,
por encima de todo, protección de los bienes y las vidas de sus
habitantes. El último y más devastador ejemplo lo tenemos en Zamora,
donde el fuego se ha cobrado ya dos vidas, además de la incalculable
destrucción infligida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar un 'Plan Zamora' de prevención, reconstrucción y recuperación
de los incendios forestales que han asolado la provincia, conjunto entre
las administraciones central y autonómica, y que incida especialmente en
la reforestación inteligente para proteger a los nuevos bosques de
futuros incendios. El modelo de este plan será extensivo a otras
provincias y territorios que sufran incendios forestales, así como las
medidas siguientes.
2. Celebrar una Conferencia de Presidentes de carácter extraordinario para
impulsar el compromiso de que las Comunidades Autónomas redoblen la
coordinación y los recursos destinados a la prevención de incendios y la
gestión de recursos forestales, limpiando de malezas campos y montes y
aprovechando estos recursos para la generación de energía mediante
biomasa.
3. Revisar el régimen sancionador para los supuestos de incendios
originados por la actividad humana, con el objetivo de maximizar la
capacidad de disuasión para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de
intencionalidad. Revisar especialmente el régimen penal previsto en el
Capítulo de incendios del Código Penal (arts. 351-358), incrementando las
penas, sobre todo para supuestos sin peligro para la vida o integridad
física de las personas.
4. Impulsar una revisión de las estrategias de reforestación autonómicas
para asegurar que sirven también como estrategias de prevención de nuevos
incendios, buscando el equilibrio entre el sostenimiento de especies
autóctonas con un entorno más seguro ante incendios.
5. Incorporar al Plan de Medidas ante el Reto Demográfico medidas para
incentivar el establecimiento y desarrollo vital de la agricultura y la
ganadería como activos fundamentales frente a los incendios forestales.
6. Impulsar la cooperación entre administraciones, con especial incidencia
en la facilitación de trabajos silvícolas, reforzando las ayudas para
mantener el monte durante todo el año y aligerando las cargas
burocráticas para quienes las reciben.
7. Presentar un plan de refuerzo de la dotación, tanto personal como
económica, de los servicios de emergencias y extinción de incendios. Este
plan deberá evitar la temporalidad y la focalización en el verano,
ampliando las tareas de prevención a todo el año y generando así empleo
verde. También deberá evitar, en la medida de lo posible, responsabilizar
de las tareas de extinción a los equipos encargados simultáneamente de la
prevención.
8. Revisar los parámetros para declarar temporadas de riesgo de incendios,
de forma que no sólo se califique como alto riesgo los meses de julio,
agosto y septiembre, sino que se base en indicadores de humedad, sequedad
de las masas forestales, vientos y estado de gestión del matorral.
9. Modificar los niveles de riesgo actuales para facilitar la coordinación
entre Comunidades Autónomas y el Gobierno central en materia de respuesta
ante incendios, de forma que la Unidad Militar de Emergencias (UME) pueda
intervenir en labores de respuesta ante incendios en aquellos de nivel 1,
y no sólo a partir de aquellos que son declarados como nivel 2.
10. Invertir en nuevos medios de detección temprana y respuesta rápida
ante incendios en sus primeros treinta minutos de desarrollo, incluyendo
la vigilancia de zonas de riesgo mediante drones y la instalación de
sensores y detectores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-María Carmen
Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/004416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña
Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel,
doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras
Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las recientes medidas energéticas
adoptadas por el Gobierno, para su discusión en la Comisión para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. Situación y dependencia energética de España.
La energía es un bien estratégico y fundamental para el correcto
funcionamiento de la Nación, esencial para el desarrollo de la industria,
las empresas, el empleo, los salarios y, en definitiva, para el bienestar
de toda la población española.
La dependencia energética representa, a grandes rasgos, la energía
consumida (recursos energéticos y electricidad) que es adquirida a otros
países. Esto se traduce en un elevado coste económico que afecta
directamente a todos los españoles, comprometiendo la prosperidad y el
futuro de España.
La dependencia energética ocasionada por las políticas aplicadas por los
sucesivos gobiernos en las últimas décadas provoca en la actualidad un
desembolso anual de más de 20.000 millones de euros que, en lugar de
utilizarse para la mejora de la Nación y producir crecimiento económico,
se destinan a la compra de energía de manera constante y temeraria, a
pesar de que nuestro país es capaz de disponer y producir un elevado
autoabastecimiento energético.
Esta dependencia energética supone un grave daño y debilidad para la
Nación que afecta a todos los españoles, generando pobreza, pérdida de
industria y empleo y, en definitiva, reduciendo la prosperidad, el futuro
y bienestar social en España.
Nuestra Nación cuenta con un sector de generación de energía (eléctrica y
térmica) compuesto por diferentes tecnologías de producción. Se destacan
aquellas que, por su robustez y estabilidad, sientan la base firme de la
generación eléctrica (nuclear e hidráulica fluyente), y, de forma
complementaria, por un conjunto de tecnologías (cogeneración, solar,
eólica, ciclos combinados, hidroeléctrica modulable, etc.) que, en
función de su perfil de generación y disponibilidad técnica y económica,
suministran el restante de la energía necesaria.
De la actual estructura de generación de energía eléctrica y térmica, más
del 52% depende del abastecimiento de recursos energéticos o minerales
adquiridos a otros países (hidrocarburos, uranio, tierras raras o litio)
a pesar de disponer en España de potenciales reservas probadas y
probables 156.
156 España dispone de reservas de tierras raras potenciales en Campo de
Montiel (Ciudad Real), conocido como el proyecto de Matamulas, Monte
Galiñeiro en Pontevedra (entre Vigo y Gondomar, desestimado por razones
ambientales) y en las proximidades de las Islas Canarias (la isla Gran
Canaria, zona protegida), así como de uranio e hidrocarburos.
El total del petróleo, gas natural y carbón consumido por los españoles es
importado desde otros países, como consecuencia de las políticas
energéticas aplicadas a pesar de tener probables reservas en suelo
nacional de las que poder abastecerse 157.
Las pérdidas competitivas y estructurales provocadas por las arbitrarias
medidas de la política energética de España, contraria a los intereses de
nuestra Nación, basadas en agendas climáticas y agravadas como
consecuencia de la sumisión por los distintos gobiernos a intereses
globalistas, ha ocasionado el cierre y desmantelamiento precipitado en
España de instalaciones estratégicas como las centrales térmicas de
carbón o las nucleares. A pesar de ello, este tipo de instalaciones están
activas y en desarrollo en el resto de Europa, empeorando la situación de
dependencia e inestabilidad de España 158 159 160.
Esta situación expone a los españoles a una grave dependencia que nos deja
a merced de los efectos negativos de las coyunturas internacionales y, en
particular, de los elevados precios que se están sufriendo actualmente,
perdiendo seguridad y soberanía en España.
Segundo. Medidas del Gobierno.
El Gobierno demuestra en todo momento que nunca ha tenido como fin
principal el bien común ni el interés por responder a las necesidades
reales de los españoles. Por el contrario, toda la trayectoria del
Ejecutivo está dictada, en primer lugar, por el propósito incondicional
de permanecer en el poder; y en segundo lugar por un sometimiento ciego e
irracional a los postulados de la agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La ingente y constante regulación, con medidas arbitrarias y
contradictorias, consecuencia de las nefastas políticas llevadas por el
Gobierno, es lo que ha provocado las terribles consecuencias que ahora
sufre la población española. Todo ello atribuido siempre a circunstancias
ajenas al Gobierno y sin responder de manera eficaz y efectiva a las
situaciones acontecidas.
El Gobierno es hostil al desarrollo de la tecnología nuclear y del gas
rechazando construir nuevas centrales nucleares y ampliar la vida útil de
las existentes. Por ello, el Ejecutivo aboca a España a la dependencia
mediante la importación de gas, petróleo o electricidad producidos por
métodos tecnológicos prohibidos o desincentivados en España, lo que
muestra una contradicción respecto a los fines pretendidos. En
definitiva, se trata de medidas incoherentes que incrementan la
dependencia energética de España y suponen la aparición de una mayor
debilidad estratégica.
Por si fuera poco, las últimas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo,
contenidas en el Real Decreto-ley 14/2022,de 1 de agosto,de medidas de
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte,en materia de becas
y ayudas al estudio,así como de medidas de ahorro,eficiencia energética y
de reducción de la dependencia energética del gas natural,incluyen unas
medidas que obligan a los españoles a reducir su consumo, estableciendo
unas determinadas temperaturas y horarios para apagar luces, bajo la
amenaza de graves sanciones. Las medidas contenidas en la citada norma
suponen un nuevo confinamiento energético que, lejos de solucionar
ninguno de los problemas energéticos que padece España, supone una nueva
restricción de los derechos y libertades de los españoles y nos hace más
dependientes si cabe. Además, las decisiones en materia de política
exterior y de energía de los últimos años, sobre las que VOX lleva mucho
tiempo advirtiendo, han llevado a la actual situación de grave crisis
energética, llegando incluso a incrementarse la dependencia del gas ruso
en cuatro veces respecto a los valores previos a la guerra, en parte
provocada, en cierta medida, por la política del actual Gobierno en el
Norte de África.
157 Más de un billón de m3 de gas 'olvidado' bajo tierra. ¿Por qué España
vetó el 'fracking'? (vozpopuli.com)
(25/04/2022)https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/gas-fracking-espana.html El gas para 70 años que España no quiere explotar (larazon.es)
(25/04/2022)
https://www.larazon.es/economia/20220312/6ul3guybujggfcwnfffht4qulu.html?activate-overIay=true&utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=lrzn_org_Mo_7_26 El Colegio de Geólogos pide explo
rar el gas y el petróleo
de España (larazon.es) (04/04/2022)
https://www.larazon.es/economía/20220316/tzzdgx7qzvcwhcxmrajptxal4i.html.
158 Alemania reactiva el carbón para consumo eléctrico (03/08/2022)
https://rebelionenlagranja.com/noticias/alemania-reactiva-el-carbon-para-consumo-electrico-20220801 El Reino Unido autoriza la construcción de una
nueva planta nuclear (03/08/2022)
https://www.sne.es/noticias/el-reino-unido-autoriza-la-construccion-de-una-nueva-planta-nuclear/
159 Pedro Iglesia (Carbunión): 'Fue un error no quedamos con una reserva
mínima de carbón nacional. Nos sitúa en desventaja' | Medio Ambiente
(elmundo.es)
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/04/08/624db36ae4d4d8004c8b45a3.html (25/04/2022).
160 Endesa adelanta a 2027 el cierre de todas sus centrales de carbón en
España - El Periódico de la Energía (elperiodicodelaenergia.com)
(25/04/2022).
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-adelanta-a-2027-el-cierre-de-todas-sus-centrales-de-carbon-en-espana/
Tercero. Conclusión.
La dependencia energética de España y los efectos negativos que está
ocasionando sobre el bienestar de los españoles puede reducirse a la
mínima expresión posible con la puesta en marcha de políticas
comprometidas y dirigidas a garantizar y proteger la soberanía energética
de los españoles. Es primordial poner a disposición de los españoles
todas las capacidades que tiene nuestra Nación para alcanzar la
consecución de ese objetivo.
España afronta la necesidad de alcanzar la soberanía energética para
evitar los daños que causa la dependencia energética. La situación actual
muestra la importancia de utilizar todos los recursos disponibles
(materiales, tecnológicos y humanos), además de tener la posibilidad de
explorar, aprovechar y producir recursos energéticos para alcanzar una
posición más estable, segura y soberana. Todo ello debe realizarse en
unas condiciones económicas favorables, con las medidas óptimas para
cuidar y conservar el medio natural y garantizar así la continuidad de la
Nación y su pueblo.
Así mismo, España necesita una energía sostenible, limpia, eficiente y
barata, que asegure unos precios asequibles para las familias, para los
autónomos y para las empresas y que impulse, y no lastre, la creación de
riqueza.
Desde el Grupo Parlamentario VOX se lleva años denunciando la situación de
dependencia energética y solicitando la creación de un Plan Nacional de
soberanía energética que asegure la soberanía de España en esta materia,
que permita la exploración, estudio y aprovechamiento de todos nuestros
recursos en materia energética, contando además con un plan de recursos
hídricos que sirva para la generación eléctrica, así como la explotación
de todas las infraestructuras relacionadas con la energía. Es
imprescindible usar todos los recursos de que dispone España, incluida la
energía nuclear, para la consecución de la soberanía energética y
garantizar a los españoles el suministro a precios competitivos.
En conclusión, debe legislarse hacia la soberanía energética de España,
eliminando toda barrera que exista. Es por ello necesario y urgente
derogar todas las leyes incoherentes y alejadas de los intereses de los
españoles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner en marcha un Plan de contingencia Energético que será ejecutado
con carácter de urgencia por parte de todos los poderes públicos
competentes asegurando un suministro energético suficiente y a precios
asequibles en tanto se diseña y se pone en marcha un Plan Nacional de
Soberanía Energética que pase por la reducción y eliminación de tributos
y la reversión de cualquier proceso de desmantelamiento de la capacidad
productiva de centrales térmicas de carbón o de energía nuclear.
2. Diseñar un Plan Nacional de Soberanía Energética que garantice la
Soberanía Energética de la Nación Española, empleando todas las fuentes
de energía posibles ahora y en el futuro.
3. Promover la derogación de todas las leyes climáticas que han hipotecado
nuestra producción energética y que arruinan el campo, la industria y los
hogares. En particular, debe impulsarse la derogación inmediata de los
artículos 9 y 10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, y cuanta legislación existan que impida la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y el
aprovechamiento de yacimientos de minerales, fortaleciendo así la
soberanía energética de España y siempre respetando los paisajes y el
entorno.
4. Fomentar la inversión y actualización del parque de generación nuclear,
y asimismo promover la extensión de la vida útil de las centrales
nucleares existentes y estudiar y en su caso programar de modo inmediato
la instalación de nuevas plantas de energía nuclear garantizando su
seguridad.
5. Derogar de forma inmediata el Real Decreto-ley 14/2022,de 1 de
agosto,de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
transporte,en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas
de ahorro,eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural,puesto que dichas medidas perjudican a las
empresas, las familias y los trabajadores de nuestra nación y no evitan
la dependencia energética que sufre España.
6. Promover todos los mecanismos necesarios de cara a paralizar todos los
desmantelamientos de centrales térmicas que existan actualmente en
España, reconectándose todas de nuevo a la red nacional
como la base para iniciar la recuperación de la soberanía energética.
España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos
contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los
españoles.
De igual forma, insta al Presidente del Gobierno a que convoque de
urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para establecer las medidas
oportunas dentro de sus competencias con las que afrontar con garantías
para España la actual crisis energética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Ricardo Chamorro Delmo, doña
Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso de Miguel,
doña María Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras
Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, en sus respectivas condiciones de
Portavoz sustituto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para la adopción de un verdadero Plan Nacional del
Agua que garantice el abastecimiento y la distribución de agua a todos
los españoles y permita combatir los períodos de sequía, para su
discusión en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
Exposición de motivos
Primero. La grave situación de sequía.
La prolongada ausencia de lluvias y las altas temperaturas de la temporada
estival están causando una grave situación de sequía en la mayor parte de
España con varios territorios en alerta roja por escasez. Por ejemplo, la
reserva hídrica de las cuencas del Guadiana, el Guadalquivir y
Guadalete-Barbate se encuentra a menos del 26,7 %, 25,6 % y 29 %,
respectivamente; y las del Tajo y el Segura apenas superan el 40 % 161.
Además, los pronósticos son peores para los próximos meses 162.
161 Agropopular (2022). 'Reserva hidráulica: la cuenca del Guadalquivir se
sitúa al 25,6%'. 26 de julio. Disponible en:
https://www.agropopular.com/reserva-hidraulica-260722/
162 Onda Cero (2022). 'Así afecta la sequía histórica en España: las
comunidades autónomas que ya aplican restricciones'. 27 de julio.
Disponible en:
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/asi-afecta-sequia-historica-espana-comunidades-autonomas-que-aplican-restricciones_2022072762elle76b4bll000014264b4.html
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En el caso del agua embalsada, los embalses y pantanos cerraron el mes de
julio al 37,9 %,su nivel más bajo en una década 164, lo cual pone de
manifiesto la situación delicada en la que se encuentra España para las
próximas semanas y que exige la adopción de medidas eficaces para
asegurar el abastecimiento de agua a todos los españoles.
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163 Agropopular (2022). 'Reserva hidráulica: la cuenca del Guadalquivir se
sitúa al 25,6%'. 26 de julio. Disponible en:
https://www.agropopular.com/reserva-hidraulica-260722/
164 RTVE (2022). 'Los embalses en España cierran julio con el volumen de
agua para consumo al 37,9%, su nivel más bajo en una década'. 3 de
agosto. Disponible en:
https://www.rtve.es/noticias/20220803/estado-embalses-espana-datos/2281701.shtml
165 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2022).
Informes y mapas de seguimiento. Disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-nacional-de-la-sequia/informes-mapas-seguimiento/
La actual situación está suponiendo consecuencias negativas para todos los
sectores económicos ante las restricciones al suministro que se han
adoptado. Por ejemplo, algunos agricultores de zonas como la Axarquía
malagueña se han visto obligados a sacrificar sus cultivos de aguacates o
mango con podas severas o arranque de los árboles para salvar el resto de
la cosecha 166, además de la adopción de las primeras medidas de
limitaciones al consumo de agua en varias zonas. En este sentido, las
regiones de Galicia, Cataluña y Andalucía están a la cabeza en número de
restricciones en muchos municipios porque ya han empezado con cortes de
suministro, racionamiento diario por persona y el cierre de grifos en
playas 167.
No obstante, son medidas puntuales que perjudican a los españoles y que
sólo responden a la irresponsabilidad de ciertos políticos de no haber
adoptado las soluciones apropiadas en el tiempo para evitar que esta
situación se produjese. En este sentido, hay que destacar que el problema
de la sequía en España no es nuevo, sino que se produce con demasiada
frecuencia desde años atrás.
España necesita infraestructuras hídricas para almacenar, distribuir y
asegurar el abastecimiento de agua anual, así como la conservación y
fomento del regadío. Todo ello, mediante un Plan Nacional del Agua que
lleve el agua a todos los españoles sin distinción mediante una autopista
del agua por la que la misma fluya hacia todos los rincones de España. La
planificación hidrológica, por tanto, es esencial para garantizar el
abastecimiento de agua y combatir la sequía.
Sin embargo, la planificación hidrológica del Gobierno se centra
exclusivamente en los postulados ecologistas y desatiende las necesidades
de los españoles, tanto de los particulares como de las empresas,
especialmente del sector primario 168. Es evidente que la aplicación
radical de los caudales ecológicos impuestos lleva a España a reducir la
garantía y la disponibilidad de agua 169.
Segundo. La irregular disponibilidad de agua en España.
- Las condiciones naturales de España.
Las condiciones meteorológicas de España generan un régimen de
precipitaciones que se caracteriza por su extraordinaria irregularidad.
Por ello, la mayor parte del territorio ha tenido siempre numerosos
problemas relacionados con el agua.
La alternancia de estaciones secas y húmedas requiere de una gestión
integral de los recursos que garantice la disponibilidad anual. Ello
precisa de una planificación nacional con sus correspondientes
infraestructuras. Es más, si España no dispusiese de los embalses,
pantanos y otros almacenamientos de agua, padeceríamos sequías extremas
de forma anual.
La estructura económica de nuestro país, con fuerte participación
agrícola, demanda grandes cantidades de agua en las épocas de reducida
pluviosidad 170.
Si observamos el reparto del agua, encontramos cuencas hidrológicas con
mayor disponibilidad (principalmente el norte de España) y territorios
con falta de agua (como la costa mediterránea); al margen, como es
natural, de las condiciones propias de los archipiélagos canario y
balear.
Esta diferencia en la disponibilidad de agua se aprecia en las reservas
hídricas estivales entre la vertiente atlántica y la vertiente
mediterránea. Ello exige, por tanto, que se establezcan medidas para
distribuir el agua entre todas las cuencas, de forma que a ningún
español, independientemente de donde viva, le falte el agua.
166 Agroinformación (2022). 'La factura de la sequía: Los agricultores
deben sacrificar sus aguacates y la aceituna de mesa para salvar la
cosecha'. 2 de agosto. Disponible en:
https://agroinformacion.com/la-factura-de-la-sequia-los-agricultores-deben-sacrificar-sus-aguacates-y-la-aceituna-de-mesa-para-salvar-la-cosecha/
167 Onda Cero (2022). 'Alerta por sequía: estas son las comunidades
autónomas con restricciones al consumo de agua'. 3 de agosto. Disponible
en:
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/alerta-sequia-estas-son-comunidades-autonomas-que-restringen-consumo-agua
2022080362ea83a4142d7b0001800712.html
168 Aenverde (2021). 'España sufre un déficit hídrico del 32% con respecto
a la Unión Europea, según Fenacore'. 28 de diciembre. Disponible en:
https://www.aenverde.es/espana-sufre-un-deficit-hidrico-del-32-con-respecto-a-la-union-europea-segun-fenacore/
169 Federación Nacional de Comunidades de Regantes de Aguas en España
(2021). 'Alegaciones a la implantación del régimen de caudales
ecológicos'. 21 de diciembre. Disponible en:
http://www.fenacore.org/empresas/fenacoreweb/Alegaciones%20FENACORE%20PPHH fir mado.pdf
170 MARROQUÍN, Adolfo (2013). 'España y el Agua', Hoy. Blog. Disponible
en: https://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2013/01/21/espana-y-el-agua/
[**********página con cuadro**********]
- La importancia de las infraestructuras hídricas.
Sin las infraestructuras hídricas que se desarrollaron durante el siglo XX
en España, según datos de la Federación Nacional de Regadíos y Regantes
('FENACORE'), en condiciones de régimen natural, sólo aprovecharía un 9 %
sus recursos hídricos frente al aprovechamiento de más del 40 % de
algunos 171 países europeos. Es decir, presentamos un déficit hídrico
comparado del 32 % 172.
Es más, esta federación también señala que, pese a la oposición de los mal
llamados grupos ecologistas, este sistema de infraestructuras hídricas
que inundan la geografía nacional son un elemento esencial para combatir
fenómenos naturales como las inundaciones o la sequía 173.
- Algunas ineficiencias hidrológicas en España: el Convenio de Albufeira y
las políticas de conducción del agua.
Por un lado, de los siete ríos más importantes de España, tres son
internacionales con Portugal (Guadiana, Tajo y Duero) y los volúmenes de
agua que deben pasar al país hermano están regulados por el Convenio de
Albufeira (1998) 174. Este Convenio establece que deberán llegar a
Portugal 2.700 Hm3 por el río Tajo. Sin embargo, en los últimos 30 años
están llegando 6.000 Hm3 anuales a Portugal. Si bien el caso del Río Tajo
es un ejemplo, no es menos cierto que estamos 'vertiendo al Atlántico más
del doble del agua a la que estamos obligados con Portugal', como
defendió don Santiago Abascal Conde en la moción de censura al presidente
del Gobierno, don Pedro Sánchez 175.
Así pues, se están superando las cantidades acordadas entre los dos países
cuando ese excedente podría emplearse para abastecer a la España
necesitada de agua mediante un sistema eficiente de reparto del agua
entre todos los españoles. Por otro lado, un importantísimo problema es
el generado por las políticas regionalistas que enfrentan territorios
españoles entre sí por el agua, desencadenado unas políticas de
desviaciones de agua donde se ha primado más el regionalismo que el
asegurar el abastecimiento de agua a todos los españoles y reconocer los
beneficios que ello conllevaría. Por ejemplo, en la región de Murcia, la
recepción de agua del Tajo al Segura ha permitido la fijación de
población rural,
171 La Voz de Asturias (2022). 'Asturias, entre las excepciones de la
España seca'. 29 de abril. Disponible en:
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2022/04/29/asturias-excepciones-seca-peninsula/00031651225303264381767.htm
172 ÁLVAREZ, Juan Ignacio (2021). 'España solo aprovecha sin embalses el
9% de sus recursos hídricos frente al 40% de la UE', El Economista. 27 de
diciembre. Disponible en:
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11541509/12/21/Espana-solo-aprovecha-sin-embaIses-el-9-de-sus-recursos-hidricos-frente-al-40-de-la-UE-.html
173 Agrodigital (2022). 'Fenacore: España aprovecharía un 32 % menos sus
recursos hídricos que la UE sin obras de regulación. 12 de enero.
Disponible en:
https://www.agrodigital.com/2022/01/12/fenacore-espana-aprovecharia-un-32-menos-sus-recursos-hidricos-que-la-ue-sin-obras-de-regulacion/
174 Boletín Oficial del Estado ('BOE'). Convenio sobre cooperación para la
protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas
hidrográficas hispano-portuguesas,hecho'ad referendum' en Albufeira el 30
de noviembre de 1998. 12 de febrero de 2000. Disponible en:
https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE~A~200Q-2882
175 [Vídeol 'Discurso de Santiago Abascal en la moción de censura al
gobierno de Sánchez', VOX España. 21 de octubre de 2020. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=pckbJrOq4QA
la creación de 300.000 puestos de trabajo en veinticinco años y ha frenado
un proceso de desertificación que el ecologismo radical decía que era
irreversible 176.
No obstante, tal y como ha venido defendiendo desde sus inicios el Grupo
Parlamentario VOX, una desviación de agua puntual es insuficiente
mientras no se conecten todas las cuencas y llegue el agua a todos los
rincones de España. Para ello es necesario adoptar una política real
nacional a través de un verdadero Plan Nacional que cree una autopista
del agua por la que la misma pueda circular y llegar a donde se necesite.
El agua es un recurso escaso, pero mientras hay zonas donde hay
abundancia, en determinadas regiones de España su escasez es un problema
de primera magnitud. El agua de todos y no de las regiones donde se
encuentra, por lo que es imprescindible establecer la interconexión de
cuencas y establecer las infraestructuras necesarias para hacer llegar el
agua a los lugares que se precise.
Tercero. Las políticas ineficaces de los distintos gobiernos.
Las políticas de los distintos gobiernos a la hora de elaborar la
planificación hidrológica de España no han permitido establecer los
mecanismos de reparto óptimos del agua y la adopción de las medidas
necesarias contra la sequía. Aunque desde hace tiempo se viene
relacionando los episodios de sequía con el llamado cambio climático, la
realidad es que la falta de agua en numerosas zonas responde a la falta
de planificación y a la mala gestión de los distintos gobiernos durante
décadas 177.
En este sentido, el problema de la sequía viene agravado por las medidas
erróneas, ineficaces e insolidarias que los distintos gobiernos han
venido aplicando en España. Así, desde hace muchos años no ha habido un
auténtico plan hidrológico nacional que contemple la disponibilidad de
agua en su conjunto, sin diferencias regionales, para garantizar el
abastecimiento de agua a todos los españoles.
Más bien, al contrario: las políticas de los gobiernos pasados han
fomentado lo que se conoce como la guerra del agua, es decir, las
disputas entre las distintas administraciones regionales por este
esencial recurso. Ejemplos de ello son las continuas peleas por el
trasvase del Tajo-Segura o la derogación del trasvase del Ebro. En vez de
primar las necesidades de los españoles, han venido anteponiendo los
intereses partidistas mientras los españoles se mueren de sed.
Esta ha sido, por desgracia, la línea que algunas normas como el Real
Decreto 684/2017 178, la Ley 1/2018 179 o el reciente Real Decreto-ley
4/2022 180 han venido aplicando a los problemas de agua en España y que
no han servido para resolverlos, ya que no se contempla la sequía como un
problema nacional que exige una respuesta nacional.
Las políticas encaminadas a la gestión del agua deben ser políticas
nacionales por cuanto el agua es un recurso de todos los españoles y por
lo tanto debe poder ser aprovechada por todos, con respeto al medio
ambiente y entendida, además, como generadora de prosperidad.
Cuarto. Conclusiones.
Desde hace mucho tiempo, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los
Diputados lleva exigiendo el diseño e implementación de un verdadero Plan
Nacional del Agua que abarque todas las demandas hidrológicas de las
regiones de España a través de una autopista del agua: un sistema
nacional
176 [Vídeo] 'Discurso de Santiago Abascal en la moción de censura al
gobierno de Sánchez', VOX España. 21 de octubre de 2020. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=pckb[rOq4QA
177 REJÓN, Raúl (2022). 'Una sequía agravada por el cambio climático
extiende las restricciones de agua por España', elDiario.es. 3 de agosto.
Disponible en:
https://www.eldiario.es/sociedad/sequía-agravada-cambio-climatico-extiende-restricciones-agua-espana_1_9219971.html
178 Boletín Oficial del Estado ('BOE'). Real Decreto 684/2017, de 30 de
junio, por el que se declara la situación de sequía prolongada en la
parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan
medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 1 de
julio de 2017. Disponible en: https://www.boe.es/diario
boe/txtphp?id=BOE-A-2017-7584#:~:text=A%2D20177o2D7584-,ReaI%20Decreto%20684%2F20177o2C%20de%2030%20de%20junio%2C%20por,%C27oAB%20B
OE7o20%C27oBB%20n%C3%BAm.
179 Boletín Oficial del Estado ('BOE'). Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la
que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la
sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio. 7 de marzo de 2018. Disponible en:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3171
180 Boletín Oficial del Estado ('BOE'). Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario
por causa de la sequía. 16 de marzo de 2022. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4136#:~:text=Ayuda-,Real%20Decreto%2Dley%204%2F2022%2C%20de%2015%20de%20marzo,de%2016%2F03%2F2 022
de suministros hídricos que integre la gestión e interconexión de cuencas,
la conservación del medio natural y garantice el acceso al agua a todos
los españoles, sin importar donde residan.
Este Plan Nacional debe contemplar medidas y recursos contra la sequía y
que acaben con la actual desigualdad, natural o creada por las políticas
fallidas, en el acceso a los recursos hídricos. Cada gota de agua es
importante, por ello debe estudiarse cualquier iniciativa tendente a un
ahorro de agua sin que ello suponga restricciones, como puede ser
estudiar la viabilidad de introducir tecnología, nuevas formas de riego
o, incluso, la posibilidad del reciclaje de aguas. También será
imprescindible establecer formas de almacenamiento de agua para cuando
más se necesite, ya sea mediante depósitos, balsas o pantanos.
El Plan Nacional del Agua debe poner fin a la 'guerra del agua' entre
territorios y ciudadanos españoles, un conflicto artificial promovido por
las comunidades autónomas, las oligarquías regionales y los activistas
climáticos contrarios al desarrollo de España y al Bien Común de todos
los españoles. El agua es un recurso nacional y no se puede apropiar por
algunas regiones mientras otras carecen de ella. Hay que tener en cuenta
que España tiene agua, aunque no se encuentre repartida de forma
uniforme, por lo que este plan debe avanzar en la solidaridad entre
regiones de forma que lo que es de todos se disfrute entre todos. No debe
excusarse la falta de voluntad política en los efectos de un pretendido
cambio climático, ni intentar solucionar el problema mediante nuevas
restricciones o exigencias a los españoles, como parece es la única
voluntad del actual Gobierno, sino que, ante este persistente problema de
la sequía, se requieren medidas eficaces que garanticen el acceso al agua
por todos los españoles en igualdad de condiciones y en cualquier parte
de España, así como garantizar la solidaridad entre las regiones
españolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al diseño y aplicación de
un nuevo Plan Nacional del Agua que garantice el abastecimiento de agua a
todos los rincones de nuestra Nación y a todos los españoles con
independencia de donde residan, ponga fin a la 'guerra del agua' entre
regiones y permita combatir los episodios de sequía con efectividad
mediante la interconexión de cuencas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Cultura y Deporte
161/004367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el deporte como elemento rehabilitador en los centros
penitenciarios, para su debate en la Comisión Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El deporte constituye un área fundamental en la reeducación y reinserción
de la población reclusa. La práctica deportiva en las instituciones
penitenciarias ayuda a minimizar la tensión y reducir la posibilidad de
incidentes y conflictos entre los/as internos/as, al fomentar las
relaciones interpersonales positivas entre las personas privadas de
libertad, y el personal del centro penitenciario, haciendo hincapié en el
respeto mutuo.
Los programas de intervención físico-deportiva se pueden abordar desde dos
vertientes: la práctica deportiva y la que supone la participación de la
población reclusa en competiciones deportivas. En el desarrollo de las
escuelas socio-deportivas se plantearán los siguientes aspectos:
- Enseñanza y formación de la práctica deportiva como elemento de
reinserción y reeducación.
- Charlas y coloquios formativos enfocados a una vida sana y saludable a
través del deporte.
- Aspectos para desarrollar con los internos en relación con los 'valores
positivos del deporte en equipo'.
La nueva Ley del Deporte prevé el acceso a la práctica deportiva es un
derecho fundamental ya que es un medio de afirmación y realización, así
como un vector de ciudadanía y solidaridad, al mismo tiempo que es
evidente que mejora la salud física y psíquica.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que gran parte de las personas que
ingresan en los centros penitenciarios presentan un deterioro físico
acusado, a veces con carencias graves de salud. La experiencia nos dice,
que una mejora de la condición física va a incidir positivamente en el
estado psicológico. Por ello, las actividades físicas y deportivas son
una herramienta fundamental que no puede faltar en ningún programa de
tratamiento de reinserción.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1 Promocionar actividades de carácter interno, a través del personal
laboral correspondiente: actividades recreativas, escuelas deportivas,
campeonatos internos y/o el entrenamiento de las capacidades físicas, con
el objetivo de la mejora de la condición física y psíquica.
2. Incentivar actividades de carácter interno con la participación de
personas ajenas a la institución, supervisadas y en colaboración con el
personal laboral correspondiente: deporte federado, actividades con ONG,
cursos, conferencias, y actividades de carácter puntual.
3. Realizar actividades en el exterior del centro penitenciario:
campeonatos intercentros y salidas programadas.
4. Facilitar a Instituciones Penitenciarias, en colaboración con el
personal laboral correspondiente, los servicios de los profesionales de
las ciencias de la actividad física y el deporte, técnicos de formación
profesional de la familia de la actividades físicas y deportivas o
técnicos deportivos adecuados para la puesta en funcionamiento de
escuelas deportivas, principalmente de fútbol, fútbol sala, baloncesto,
tenis en los centros penitenciarios por medio de las Federaciones
Territoriales correspondientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Juan Luis Soto
Burillo, Mariana de Gracia Canales Duque, Javier Antón Cacho, David
Serrada Pariente y Rafael José Vélez, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón
Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/004355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley ayudas sobre
la participación de las comunidades autónomas en los espacios del ICEX en
ferias internacionales, para su debate en la Comisión de Asuntos
Económicos.
Exposición de motivos
La escalada de la inflación, los problemas derivados de la excesiva
dependencia de nuestro modelo energético, la inevitable desestabilización
de todas las economías a nivel mundial como consecuencia de
la guerra en suelo europeo o la inflación, amenazan con recrudecer la
crisis económica y social derivada de la pandemia. Desafíos que exigen
una respuesta contundente por parte de los poderes públicos. Medidas que
amortigüen el impacto del conflicto bélico.
En este contexto, no cabe duda de que nuestro país, cuyas exportaciones
supusieron el 26,99% de su PIB en el año 2021, debe hacer esfuerzos por
incrementar la presencia exterior del tejido productivo español,
facilitando a nuestras empresas la diversificación de mercados y el
acceso a acciones de promoción, como las ferias comerciales, que tan
buenos resultados tienen a la hora de entablar relaciones comerciales y
encontrar un hueco en otros países.
Pero especialmente ahora, cuando están cambiando las reglas
internacionales del comercio, al tiempo que se define un nuevo mapa
geopolítico tras la finalización del conflicto en Ucrania.
Un buen posicionamiento de la marca España, de nuestras empresas,
productos y servicios, es el punto de partida imprescindible para que
escalemos posiciones en el ranking de exportaciones respecto al PIB que,
a finales del año pasado, nos situaba en un discreto puesto 72 de 191
países.
En este contexto, la labor de promoción de la internacionalización debe
ser un ejemplo más de coordinación entre administraciones. El ICEX, como
punta de lanza del impulso exterior de nuestro tejido productivo, está
presente en numerosas acciones promocionales en otros países.
Sin embargo, la posibilidad de participar en el stand oficial de España
supone para las distintas comunidades autónomas un coste que, en las
actuales circunstancias, puede llegar a ser un obstáculo insalvable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que rebaje un
cincuenta por ciento el coste de la participación de las comunidades
autónomas en los espacios reservados por el ICEX en ferias
internacionales, para facilitar el acceso de todas las empresas del país
interesadas en este tipo de acciones promocionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Teodoro García
Egea, Isabel María Borrego Cortés, Juan Luis Pedreño Molina y Miguel
Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
la instalación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) en
viviendas anteriores al año 2000 y la revisión del marco reglamentario
actual, para su debate en el Pleno y en la Comisión de Asuntos Económicos
y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La ICT es la sigla de Infraestructura Común de Telecomunicaciones;
consiste en el diseño y la instalación en los edificios y viviendas de
las infraestructuras necesarias para permitir que los servicios de
telecomunicación lleguen al ciudadano. Los servicios que se canalizan a
través de estas infraestructuras engloban: Servicios de Radio y
Televisión Terrestre y Satélite, así como los servicios de telefonía
disponible al público (voz) y de servicios de Banda Ancha (datos).
En cuanto a la legislación, el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones actual para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones es
el RD 346/2011, fue el resultado de actualizar el anterior RD 401/2003
para incluir principalmente la tecnología de fibra óptica. Igualmente, el
RD 346/2011 se desarrolló con la Orden ITC 1644/2011 y mediante los RD
805/2014 y RD 391/2019 se fueron aprobando los Planes técnicos nacional
de la televisión digital terrestre (TDT), para facilitar el dividendo
digital que permitiría utilizar
frecuencias antes destinadas al servicio de TDT para ser utilizadas en la
prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha.
La principal ventaja de este Reglamento consiste en optimizar las
infraestructuras en cada edificio para que cada usuario reciba de forma
ordenada cada una de las instalaciones recogidas en el reglamento de la
ICT, preparadas para hacer llegar los servicios de telecomunicaciones, de
tal manera que se unifica en una red colectiva toda la infraestructura,
diseñando a su vez la construcción, previendo posibles avances
tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones. Igualmente, el
Reglamento delimita responsabilidades entre todos los agentes implicados
en su diseño, instalación y la prestación de servicios.
El diseño de la ICT corresponde a ingenieros competentes en
telecomunicaciones, quienes tienen el conocimiento para redactar el
proyecto técnico (memoria descriptiva: descripción, ubicación,
cálculos,... + planos + pliego de condiciones: calidades, materiales a
utilizar, normativa... + presupuesto) así como el acta de replanteo y los
certificados fin de obra. Por su parte, el arquitecto redacta el proyecto
arquitectónico de la edificación que contemplará los espacios necesarios,
teniendo en cuenta el Proyecto Técnico de Telecomunicaciones (PTT)
redactado por el ingeniero.
En el artículo 3 del RD 346/ 2011 se define el ámbito de aplicación del
Reglamento que se aplicará:
1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista
continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de
nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de
propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal.
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de
arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen una
sola vivienda.
Según el Reglamento, además de otras posibles circunstancias, la
contratación de la dirección de obra en obras ICT es obligatoria cuando
el Proyecto Técnico se refiera a la realización de infraestructuras
comunes de telecomunicación en edificios o conjunto de edificaciones de
más de 20 vivienda o cuando se incluyan elementos activos en la red de
distribución.
Con fecha del 4 de octubre 2020, entró en vigor la Orden Ministerial
ECE/983/2019, 'Modificaciones ICT', por la que se introducen
modificaciones técnicas de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones y se regulan las características de reacción al fuego
de los cables de telecomunicaciones en el interior de viviendas y
edificaciones en general para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.
Es un hecho que las instalaciones de telecomunicaciones en edificaciones
anteriores al año 2000 no se ajustan a un criterio normativo ya que no
fueron desarrolladas siguiendo el concepto de infraestructura común y se
encuentran, dada su antigüedad, obsoletas, tanto desde el punto de vista
de la legislación como de su mantenimiento.
Igualmente, ya han pasado más de 10 años desde la última actualización del
Reglamento, por lo que se hace necesario elaborar un nuevo marco
reglamentario que recoja la importante evolución tecnológica que las
telecomunicaciones han desarrollado en la última década, y que tan
importante son para la Sociedad, como así se ha demostrado en la
situación de pandemia por COVID sufrida en los últimos años, relacionadas
con la Ultra Alta Definición en contenidos de Televisión (UHD), Internet
de las cosas (loT) y el 5G que permitan la prestación de futuros
servicios básicos, como pueden ser la teleasistencia sanitaria (medición
de parámetros de salud en tiempo real), eficiencia energética y del
abastecimiento de agua en las viviendas, teletrabajo con alta tasa de
transmisión de datos, seguridad presencial y física, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para impulsar las medidas
necesarias para:
1. Fomentar la digitalización de todos los hogares españoles, modificando
el programa UNICO-Edificios para subvencionar los proyectos ICT en las
viviendas anteriores al año 2.000 y en las reformas realizadas en los
edificios de vivienda comunitarias al 100% de los gastos elegibles.
2. Actualizar después de más de una década la normativa vigente
relacionada con el reglamento de ICT contemplado en el RD 346/2011 y
desarrollo normativo, incorporando en los edificios y viviendas
infraestructuras para nuevas tecnologías relacionadas con la Ultra Alta
Definición en contenidos de Televisión (UHD), Internet de las cosas (loT)
y el 5G que permitan la prestación de futuros servicios básicos, como
pueden ser la teleasistencia sanitaria (medición de parámetros de salud
en tiempo real), eficiencia energética y del abastecimiento de agua en
las viviendas, teletrabajo con alta tasa de transmisión de datos,
seguridad presencial y física, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2022.-Juan Luis
Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Concepción Gamarra
Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para la modificación del Real
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, sobre medidas excepcionales en materia
de revisión de precios en los contratos públicos de obras, para su
posterior debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.
Exposición de motivos
El incremento desbocado de costes, precios y materias primas, como
consecuencia de los actuales niveles de la inflación en nuestro país que
ha llegado a superar las dos cifras, está teniendo un impacto directo en
la ejecución de los contratos de obra del sector público, que fueron
licitados y adjudicados a unos precios pre-crisis, que hoy ya no pueden
mantenerse o no resultan competitivos para las empresas adjudicatarias.
La consecuencia directa de ello, es que un número muy significativo de
contratos públicos, fundamentalmente de obra, estén siendo paralizados
por no poder llevarse a término en sus primitivas condiciones. Pensemos
por ejemplo que, entre marzo de 2021 y marzo de 2022, la energía se ha
disparado un 85 %, los materiales siderúrgicos un 50 %, los bituminosos
un 44 %, la cerámica un 39.6 %, la electricidad un 178.3 %, el cobre un
20 %, la madera un 16.5 %, y el aluminio un 55.4 %, por poner solo
algunos ejemplos denunciados por la Confederación Nacional de la
Construcción.
La solución a este problema no tenía fácil encaje con la legislación
vigente a la fecha, no encontrando respuesta en la actual regulación de
la Ley de Contratos del Sector Público. En este contexto, el Gobierno
aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, con el loable objetivo,
al menos en teoría, de permitir la revisión excepcional de precios de los
contratos de obra del sector público en esta especial coyuntura,
extendiendo dicha posible revisión a supuestos que no quedaban cubiertos
por la normativa general sobre contratación pública.
A pesar de la acertada intención con la que nació esta ley, recientemente
hemos conocido que Hacienda viene rechazando, de facto, la revisión del
precio de más del 80 % de las obras que lo han solicitado. Ello es así
con fundamento, dicen, en que es necesario que los trabajos de
construcción se hayan estado ejecutando durante los 12 meses del
ejercicio 2021 (previsión no contenida en la norma) y que las obras
estuvieran en marcha a la entrada en vigor del Decreto en marzo de 2022.
Es decir, el Gobierno deja fuera de la revisión, en una interpretación
arbitraria y restrictiva de la ley que él mismo aprobó, las obras de
menos de 12 meses de duración, las obras que hubieran comenzado
posteriormente a enero de 2021, o las obras que hubieran terminado antes
de marzo de 2022, por poner solo algunos ejemplos reflejo del absurdo de
la interpretación del Gobierno. Es por todo ello, por lo que el sector de
la construcción se ha puesto en alerta ante lo que puede terminar
resultando otro decreto-propaganda del Gobierno, fallido en su intención
de suponer una ayuda real a los afectados y que, además, no es
susceptible de mejora alguna al no haberse aprobado su tramitación
parlamentaria como Proyecto de Ley.
Debemos recordar que el sector de la construcción aporta un muy
significativo 12.5 % al PIB y más de 1,3 millones de empleos en nuestro
país, por lo que es de una preocupación capital que cientos de las
empresas que lo forman -la mayoría, pymes-, se encuentren al borde de la
quiebra por trabajar a pérdidas desde hace meses al deber enfrentar un
incremento de los costes cercano al 30 %.
Es por todo ello, por lo que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Título II
del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, sobre medidas excepcionales
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, en
el siguiente sentido:
- Explicitar en el artículo 6 que son susceptibles de revisión excepcional
de precios, los contratos públicos de obras que hubieran comenzado entre
el 1 de enero de 2021 y la fecha de entrada en vigor del Decreto en marzo
de 2022, con independencia de que las mismas se encuentren aún en
ejecución en dicha fecha, o ya hubieran concluido, y con independencia de
su duración.
- Ampliar la lista de materiales contenida en el artículo 7 a efectos de
determinar el reconocimiento de la revisión excepcional de precios, a
otros muchos elementos determinantes para el sector de la construcción,
como el cemento, la madera, la cerámica o el vidrio, entre otros.
- Facilitar el cauce burocrático y procedimental dirigido a obtener la
revisión del precio y que, hoy, está plagado de condicionantes que
dificultan enormemente en la práctica su aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2022.-Edmundo Bal
Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
cobertura por parte del Consorcio de Seguros para aquellos vehículos de
refugiados ucranianos, para su debate en la Comisión de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Desde finales del mes de febrero Ucrania está viviendo la ilegítima
invasión por parte de Rusia. Las tropas rusas han llegado a muchas
ciudades ucranianas y han destrozado todas sus infraestructuras,
viviendas y centros públicos de todo tipo, culturales, educativos,
religiosos, sanitarios etc.
En medio de este caos y con múltiples denuncias por abusos sexuales y
crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas, un gran número de
nacionales ucranianos (normalmente mujeres, ancianos y niños) han tenido
que iniciar un éxodo forzoso a otros países del continente europeo para
salvar sus vidas. En dicha huida han salido de su país llevando consigo a
sus familiares, sus mascotas y el poco equipaje que pudieron recoger: En
muchos casos pudieron hacer ese viaje en sus propios vehículos pensando
que esos vehículos les facilitarían la posibilidad de poder encontrar un
trabajo en nuestro país, con el que poder sacar a su familia adelante
para que cuando la guerra termine, confiemos en que sea pronto y puedan
volver a su país a continuar con sus vidas en paz.
Por parte del Gobierno español y los Gobiernos autonómicos se han
implementado medidas para escolarizar a los niños, atender sanitariamente
a aquellos refugiados que pudieran necesitarlo, a en señarles el idioma y
a concederles un permiso extraordinario de residencia y trabajo para que
puedan ganarse la vida.
Muchos que tuvieron la fortuna de poder traerse algún vehículo se
encuentran con la circunstancia de que no tienen el seguro obligatorio de
vehículos ni lo puede n costear por el momento. En otros países europeos
se está implantando esta medida que, sin duda, supone una ayuda para una
mejor integración laboral de los refugiados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Por medio del Consorcio de compensación de seguros, dependiente
del Ministerio de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, se emita un
documento de Exención de seguro de responsabilidad civil obligatorio que
permita a aquellos vehículos con matrícula de Ucrania y propiedad de
ciudadanos ucranianos, que tengan reconocida la condición de refugiados,
puedan circular legalmente y con la cobertura del propio consorcio para
el caso de verse inmersos en algún tipo de accidente de circulación. Y
todo ello mientras el conflicto armado se mantenga activo.
Segundo. Que se ponga en vigor la medida a la mayor brevedad y se dé
cuenta de la aplicación de la misma en el plazo de un mes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de agosto de 2022.-Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/004361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el
intrusismo y las pseudociencias, para su debate en la Comisión de Sanidad
y Consumo.
Exposición de motivos
España es líder en el sector de la Cirugía Estética. En atención a los
datos publicados por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica
Estética (ISAPS), en el año 2019 se realizaron 381.364 intervenciones con
cirugía y 159.429 sin cirugía. Estos dos últimos años, ha aumentado la
demanda en más de un 10 %, a pesar de la crisis económica y sanitaria
provocada por la Covid-19.
De acuerdo con la Orden SAS/1257/2010, de 7 de mayo, por la que se aprueba
y publica el programa formativo de la especialidad de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora, la 'Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es una
especialidad médica que se ocupa de la corrección quirúrgica de todo
proceso congénito, adquirido, tumoral o involutivo, que requiere
reparación o reposición de estructuras que afectan a la forma y función
corporal, y que en su faceta estética trata alteraciones que sin
constituir en sí mismas un proceso patológico, provocan un deterioro de
la salud en la medida que interfieren en el bienestar físico y psíquico
de las personas'.
Asimismo, se trata de una especialidad médica reconocida en todos los
países de la Unión Europea, que tiene por objetivo enseñar y entrenar a
los médicos residentes para adquirir los conocimientos, habilidades
prácticas y actitudes que les capacite para el desempeño de la
especialidad, con la garantía de eficacia y seguridad que la sociedad
exige.
Otras especialidades de ciencias de la salud, entre otras Oftalmología,
Cirugía Oral y Maxilofacial y otorrinolaringología, tienen también
competencias en cirugía estética en su ámbito de actuación.
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su título I,
artículo 4, establece que 'el ejercicio de una profesión sanitaria, por
cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título
oficial que habilite expresamente para ello'.
La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética reclama la
realización de las modificaciones legislativas necesarias para regular
los servicios que se prestan desde las clínicas privadas de cirugía
estética.
Asimismo, se ha generado en los últimos meses alarma social ante las
noticias de muertes a causa de las negligencias médicas relacionadas con
cirugías estéticas, como lo sucedido recientemente en la Región de
Murcia.
Es prioritario, por lo tanto, promover las acciones necesarias para
garantizar la seguridad del paciente en esta área, asegurando que todas
las actividades sanitarias sean realizadas por profesionales médicos que
dispongan de una titulación oficialmente reconocida.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las
comunidades autónomas y en el marco de sus competencias, a:
1. Fijar criterios comunes sobre el control y cumplimiento de la normativa
junto a las Comunidades Autónomas y en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de los centros sanitarios
con autorización de la unidad asistencial U.47 Cirugía Estética.
2. Facilitar a los pacientes información sobre las competencias y técnicas
que pueden realizar los especialistas de Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética y otros especialistas médicos de acuerdo con las competencias
del programa formativo oficial de su especialidad.
3. Modificar el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se
establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, con objeto de reforzar los artículos de la
norma que correspondan, y fortalecer las garantías de que todas las
actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la
titulación oficialmente reconocida.
4. Luchar por la erradicación de cualquier intrusismo y pseudociencia que
afecte a las distintas especialidades de profesiones médicas y
desarrollar el Plan Nacional de Pseudoterapias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2022.-Ana Prieto
Nieto y Marisol Sánchez Jódar, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón
Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/004373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir al
Gobierno la puesta en marcha de medidas personales y materiales que
rompan con la brecha de uso que está generando la digitalización de
servicios esenciales para los usuarios, especialmente en las zonas
rurales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El pasado 31 de mayo recibíamos con asombro la noticia de que RENFE iba a
invertir más de 13 millones de euros en la contratación de servicios de
atención remota en estaciones (ARES).
Dicho contrato incluía:
1. La adquisición e instalación, según las funcionalidades requeridas, de
equipos terminales en 134 estaciones, así como el personal del centro de
atención remota que prestará soporte a los viajeros.
2. El mantenimiento integral de los equipos, incluyendo un posible
vandalismo o mal uso de las instalaciones, si se produjera.
3. La dotación de redes de comunicaciones y del soporte informático
necesario para el funcionamiento del sistema.
4. La atención presencial a distancia, utilizando los ya tan extendidos
call center, lo que supone la sustitución de pantallas por personas, y si
ya había un déficit de información al usuario, parece más que probable
que la situación no mejorará con una atención que deja de ser presencial
para convertirse en telemática.
El artículo 9.2 de la Constitución Española establece que 'corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que integran sean reales y
efectivas'.
Igualmente, el artículo 51.1 y el 51.3 dicen: 'los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos...'
La digitalización de los procesos comerciales y administrativos ha
irrumpido en nuestro día a día y lo ha hecho de una forma precipitada y
sin tener en cuenta que hay una parte muy significativa de la sociedad
que no son 'nativos digitales'. Esta aceleración ha supuesto un
importante hándicap para todos aquellos que, por su edad, formación o
condiciones personales, no han podido adecuarse a las nuevas formas de
realizar gestiones profesionales, personales o administrativas que hace
pocos meses, se podían todavía realizar presencialmente.
Las limitaciones físicas, la salud, los cambios socioculturales, o incluso
la falta de accesibilidad en muchas zonas rurales, y ahora la brecha
digital, han convertido a muchos usuarios de servicios públicos en
vulnerables.
Hablar de brecha digital es hablar de 'brecha de uso' porque hay que tener
competencias y conocimientos digitales para utilizar, por ejemplo, los
servicios de atención remota en estaciones de zonas rurales, muy
dispersas y con una población muy envejecida, o para utilizar los cajeros
que actualmente sustituyen a las oficinas bancadas de pueblo que tan
necesarias y esenciales son en nuestros municipios.
Se está sustituyendo a las personas por las máquinas sin tener en cuenta
que la actividad bancada o las infraestructuras de transporte público
deben llegar a todos los usuarios de estos servicios, con las modalidades
que más se adecúen a cada uno de ellos, garantizando la igualdad de
derechos de los consumidores, sin que tengan que quedar a merced de una
máquina que, en la mayoría de los casos, no saben utilizar, a la que no
pueden adaptarse y que les lleva a situaciones de vulnerabilidad y
frustración personal.
Y al igual que los servicios financieros deben cubrir necesidades de
interés general y particular de manera permanente, también la gestión de
las infraestructuras ferroviarias debe funcionar de manera regular,
cercana, continua y presencial, a objeto de garantizar que el interés del
ciudadano está por encima del interés de quien presta el servicio, sea
una entidad privada, como en el caso de los bancos, o una entidad
pública, como en el caso de Renfe.
Por otro lado, el eje 7 del documento del Gobierno de España, 'Plan de
Recuperación 130 medidas frente al Reto Demográfico', Refuerzo de los
Servicios Públicos e impulso de la Descentralización, contempla en su
descripción que el objetivo de este apartado es la prestación de los
servicios públicos básicos a toda la población, sin que la distancia o
las debilidades demográficas sean motivo de reducción de su calidad y
accesibilidad.
Mejorar la prestación de servicios básicos en el medio rural, así como
reforzar la seguridad de las personas y los mecanismos de protección
civil o impulsar la descentralización de servicios e infraestructuras
públicas hacia las provincias en declive demográfico, son las finalidades
de las medidas asociadas a este eje, pero la realidad es que el gobierno
está implantando medidas que van en sentido contrario a lo que promulga
su documento de lucha contra el Reto Demográfico.
Teniendo en cuenta que los poderes públicos deben garantizar los derechos
de los españoles y evitar situaciones de discriminación por razón de
circunstancia personal o social, el Grupo Parlamentario Popular presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Materializar las medidas necesarias para romper con la brecha de uso que
está suponiendo la transformación digital de servicios esenciales para
los consumidores y usuarios, como son la gestión de infraestructuras
ferroviarias o los servicios bancarios, ambos de interés general para el
ciudadano.
- Garantizar la igualdad real y efectiva de todos los territorios de
España, prestando especial atención a las zonas rurales y/o con riesgo de
despoblación y revirtiendo la falta de inversión que sufren los servicios
de cercanías en nuestro país.
- Asegurar el correcto servicio a todos los usuarios, evitando a toda
costa la exclusión personal y social de las personas en situación de
mayor vulnerabilidad, y no perjudicando a las zonas rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2022.-Elena Castillo
López, Marta González Vázquez, Carmen Navarro Lacoba y Carmen Riolobos
Regadera, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, don Juan Luis Steegmann Olmedillas,
don Antonio Salvá Verd, don Victor González Coello de Portugal, don Julio
Utrilla Cano, don Juan José Aizcorbe Torra y doña Rocío de Meer Méndez,
en sus respectivas condiciones de Portavoz Sustituto y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de un Plan Nacional de prevención y rápida respuesta contra
posibles epidemias, para su discusión en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
Primero. La experiencia del covid-19 en la propagación de patologías
infecciosas procedentes del exterior.
Una de las principales conclusiones que se pudieron extraer de la llegada
del Covid-19 a España fue la inexistencia de unos protocolos efectivos
para contener una enfermedad infecciosa de este tipo, con tan alta
capacidad de propagación. Desde un primer momento, VOX solicitó el cierre
de los aeropuertos y fronteras como una medida inicial de contención. Sin
embargo, la inacción del Gobierno de España pese a la constatación de la
situación de extrema urgencia que se vivía en Italia propició que un buen
número de personas contagiadas pudieran deambular por España sin ningún
control sanitario.
Es evidente que extremar las precauciones sanitarias respecto a las
personas que llegan a nuestra Nación es fundamental para el control de
enfermedades que proceden del exterior. Se hace, pues, preciso incorporar
mecanismos suficientes para el control de enfermedades que provienen de
fuera de nuestras fronteras, mediante la necesidad de un control
sanitario a los viajeros e inmigrantes que llegan a territorio español.
Es preciso recordar que las medidas sanitarias eventualmente adoptadas en
terceros países no son responsabilidad del Gobierno, pero sí lo es evitar
que enfermedades infecciosas que proceden del exterior puedan entrar en
España, así como hacer lo posible para que no se repitan en el futuro los
errores cometidos en la gestión del Covid-19.
Segundo. Seguridad nacional y la seguridad sanitaria.
La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional ('Ley
36/2015'), según reza su preámbulo, se promulgó al objeto de mejorar la
coordinación de las diferentes Administraciones Públicas, buscando marcos
de prevención y respuesta para ayudar a resolver los problemas que puede
suscitar una actuación compartimentada, organizando a diversos niveles y
de manera integral, la acción coordinada de los agentes e instrumentos al
servicio de la Seguridad Nacional.
La Seguridad Nacional, a efectos de la Ley 36/2015, se entiende, según su
artículo 3, como 'la acción del Estado dirigida a proteger la libertad,
los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de
España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir
junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el
cumplimiento de los compromisos asumidos'.
De entre los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional que
requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los
derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para
garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales, cabe
destacar: (i) la ciberseguridad, (ii) la seguridad económica y
financiera, (iii) la seguridad marítima, (iv) la seguridad del espacio
aéreo y ultraterrestre, (v) la seguridad energética, (vi) la seguridad
sanitaria y (vii) la preservación del medio ambiente (artículo 10 Ley
36/2015).
A fin de dar rápida respuesta a los riesgos y amenazas, de acusada
transversalidad, o la combinación de estos rasgos con su naturaleza
abierta e incierta, como sucede en las situaciones de interés para la
Seguridad Nacional, se hace necesario implicar a los distintos agentes e
instrumentos de la Seguridad Nacional. Ello revertirá en una actuación
reforzada y resultará más eficiente si se realiza de forma coordinada.
A tal efecto, el artículo 6 de la Ley 36/2015 prevé la cooperación entre
el Estado y los distintos territorios españoles, disponiendo que, en las
materias propias de esa ley, ésta 'se realizará a través de
la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, sin
perjuicio de las funciones asignadas al Consejo de Seguridad Nacional'
(artículo 6.1 Ley 36/2015).
En particular, corresponderá a la Conferencia, como órgano de cooperación
entre la Administración General del Estado y las distintas
administraciones territoriales 181, el tratamiento y resolución con
arreglo al principio de cooperación de aquellas cuestiones de interés
común relacionadas con la Seguridad Nacional, como las siguientes
(artículo 6.2 Ley 36/2015):
'a) Procedimientos técnicos para asegurar la recepción de la información
sobre Seguridad Nacional de carácter general por parte de las Comunidades
Autónomas, y la articulación de la información que éstas han de aportar
al Estado.
b) Fórmulas de participación en los desarrollos normativos sobre Seguridad
Nacional, mediante procedimientos internos que faciliten la aplicación de
las actuaciones de la política de Seguridad Nacional, así como en la
elaboración de los instrumentos de planificación que se prevea utilizar.
c) Problemas planteados en la ejecución de la política de Seguridad
Nacional y el marco de las respectivas competencias estatutarias
autonómicas.'
Así pues, y a efectos de lo que a esta iniciativa concierne, se debe
desarrollar un Plan Nacional de prevención y rápida respuesta contra
posibles epidemias con objeto de contener la difusión de pandemias y
endemias tanto propias como de carácter importado a través de
instrumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a la normalidad
y evaluación, a fin de que, en el marco de la referida Conferencia
Sectorial, se permita dar una respuesta efectiva a un ámbito de especial
interés para la Seguridad Nacional, como es la seguridad sanitaria.
Tercero. Plan nacional de prevención de enfermedades infecciosas y
refuerzo de la salud pública.
Existe la imperiosa necesidad de formalizar una estrategia enfocada a
trazar un marco ético y jurídico que nos facilite una respuesta global a
todas las grandes crisis sanitarias que puedan presentarse en el futuro.
Con este objetivo, y con el fin supremo de proteger a los españoles, se
propone el desarrollo de un Plan Nacional de prevención y rápida
respuesta contra posibles epidemias para la prevención de las pandemias y
enfermedades infecciosas que pudieran llegar a España. Y este Plan, dadas
las circunstancias expuestas, debe prestar especial atención a los
riesgos que puedan originar los flujos de la inmigración ilegal.
En palabras del Dr. Rafael Matesanz, creador de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) y Jefe de Sección de Nefrología del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid 'es indispensable un
fortalecimiento y agilización de la estructura del Ministerio de Sanidad.
Se echa en falta sobre todo la existencia de un liderazgo del Sistema
Nacional de Salud, que debe pasar por: Presencia de profesionales
expertos y de prestigio al frente del Ministerio. Creación de estructuras
coordinadoras temáticas dirigidas por profesionales de prestigio y
capacidad de liderazgo'. De esta forma, sería necesario pues un
incremento de la dotación presupuestaria de nuestro Sistema Nacional de
Salud, para alcanzar los estándares medios de la Unión Europea.
En dicho Plan se establecería el refuerzo de la red de vigilancia y se
potenciaría la vigilancia epidemiológica a través de la conformación de
dos anillos microbiológicos: uno interno, mediante la puesta en marcha de
un sistema de detección en nuestro país; y otro, externo, a través del
cauce diplomático oportuno, de especial relevancia en terceros países
cuyos sistemas de salud resultan más precarios, ineficaces o poco
transparentes en el control de enfermedades transmisibles.
Dicho plan de acción puede tomar como base dos plataformas estratégicas:
de una parte, la constituida por los protocolos de vigilancia de gripe;
de otra, las enseñanzas extraídas de la epidemia de Covid-19. En este
marco, resulta también necesaria la revisión y actualización del 'Plan
Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de Gripe' 182 de
2005 y 2007, así como la de sus anexos, en especial del XIII 183, en
vistas a su aplicación a futuras emergencias de salud pública.
Por otra parte, también es prioritario potenciar la Red cooperativa para
el estudio de las enfermedades infecciosas importadas por viajeros e
inmigrantes (+Redivi). Esta Red cooperativa produjo material
181 La cooperación con las ciudades de Ceuta y Melilla, en los asuntos
relacionados con la Seguridad Nacional, también se articulará en la
mentada Conferencia, formando parte de la misma un representante de cada
una de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la
Ley 36/2015.
182
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfrransmisibles/docs/PlanGripeEspanol.pdf
183
https://www.sanidad.eob.es/ciudadanos/enfLesiones/enflransmisibles/docs/AnexoXIII MedidasNoFarm.pdf
informativo y protocolos de actuación que tenían mucho interés, como por
ejemplo el establecimiento de centros centinela imbricados en la atención
primaria. Sin embargo, pareciera que esta Red ha sido abandonada por los
sucesivos gobiernos de España, ya que los documentos no se actualizan
desde hace una década 184.
Potenciando estas dos estrategias, este Grupo Parlamentario quiere dotar a
España de una mejor, mayor y más ágil capacidad de respuesta en materia
de detección, investigación y secuenciación de posibles pandemias que
puedan sufrir nuestros compatriotas, ya que su principal propósito es la
defensa de los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un Plan Nacional de prevención de enfermedades infecciosas
para la contención de pandemias y endemias, tanto propias como de
carácter importado, con estricto respeto a los derechos y libertades
fundamentales de los españoles y su régimen protector.
2. Incluir, en el referido Plan Nacional, un apartado específico dedicado
a la prevención, contención y rápida capacidad de respuesta frente a las
enfermedades que puedan tener su origen en la entrada de viajeros e
inmigrantes en España.
3. Incluir, en los protocolos establecidos para la entrada en España, la
documentación acreditativa de la vacunación de quién pretende entrar en
nuestro territorio junto a la documentación que actualmente se solicita.
4. Comparecer semestralmente, en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad
Nacional, y sin perjuicio de la comparecencia anual a que está obligado
conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 36/2015, de 28 de
septiembre, de Seguridad Nacional, a través del Secretario de Estado,
para informar sobre la evolución de los riesgos que hayan surgido en los
ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional, haciendo especial
hincapié en aquellas amenazas relativas a la seguridad migratoria,
microbiológica y epidemiológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2022.-Juan Luis
Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Víctor González Coello de
Portugal, Julio Utrilla Cano, Juan José Aizcorbe Torra y Rocío de Meer
Méndez, Diputados.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/004384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de
Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para adoptar las medidas necesarias para alcanzar una cobertura de
las plazas de personal médico en la sanidad pública suficientes para
garantizar y cubrir las necesidades de la población en condiciones de
calidad del servicio, así como en el ámbito del personal facultativo
sanitario, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La carencia y poca estabilidad de facultativos en la sanidad pública es
uno de los principales retos estructurales a los cuales se enfrenta el
sistema sanitario actualmente. Esta carencia existente en diversas
Comunidades Autónomas se ha visto agravada con la pandemia provocada por
la COVID-19, que ha mermado las bolsas y en algunos casos las ha agotado.
En el caso de la Comunitat Valenciana, según alertan los sindicatos, el
agotamiento de las bolsas de medicina está imposibilitando la cobertura
de las vacaciones en periodo estival, donde la presión asistencial se
incrementa especialmente, por la movilidad y factores turísticos, y está
impidiendo cubrir servicios tanto en emergencias sanitarias y en
determinados departamentos de salud, como por ejemplo el de Vinaròs, el
de la Marina Baixa o el de Xàtiva-Ontinyent.
184
https://www.sanidad.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migracion/ migracion.htm#red
La falta de cobertura de plazas de medicina comienza a afectar a la
calidad asistencial, en un momento especialmente sensible como es el
verano, generando un empeoramiento de la asistencia tanto para la
población valenciana como para aquellas personas que viajan los
municipios valencianos durante los meses de julio y agosto.
Atendiendo a esta situación y a las singularidades territoriales, es
fundamental afrontar el reto para conseguir una cobertura de las plazas
de medicina en la sanidad pública suficiente, así como al ir ampliando el
personal sanitario para mejorar la calidad asistencial. Este reto se basa
precisamente en enfrentar los factores que están detrás de la carencia de
personal sanitario, donde las Comunidades Autónomas juegan un papel
fundamental en cuanto a la garantía de las condiciones laborales o la
suficiencia de plazas de estudios de medicina, pero donde el Estado tiene
un papel necesario, tanto en la limitación actual a la creación de
plazas, mediante la tasa de reposición, o en aquellas competencias
relativas a la convalidación de titulaciones de medicina en universidades
extranjeras.
Por todo aquello anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para alcanzar una cobertura de las
plazas de personal médico en la sanidad pública suficientes para
garantizar y cubrir las necesidades de la población en condiciones de
calidad del servicio, así como en el ámbito del personal facultativo
sanitario.
2. Eliminar la tasa de reposición, como medida necesaria para plantear
planes de incremento de los profesionales de los servicios públicos, y en
concreto del sistema sanitario público.
3. Facilitar los procesos de convalidación de titulaciones de medicina de
universidades en el extranjero, para posibilitar el ejercicio de la
profesión en España a los profesionales facultados para ello.
4. Planificar un aumento de las plazas de MIR en función de las
proyecciones de las necesidades futuras del sistema sanitario de salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Plural.
161/004411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
poner a disposición del sistema sanitario los recursos e inversiones
necesarios para optimizar el acceso a técnicas de diagnóstico rápidas en
el proceso asistencial de la neumonía, para su debate en la Comisión de
Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La neumonía actualmente es una de las infecciones más frecuentes y la que
causa mayor morbilidad y mortalidad en adultos y en niños. Según datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 la neumonía
ocasionó más de 10.400 fallecimientos en nuestro país (más de 8.300 en
2013), representando el 2,43 % de todos los fallecimientos (el 2,13 % en
2013). Por lo tanto, desde 2013, el número de fallecimientos se ha
incrementado un 25 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,6
%. Durante el mismo periodo, el número de fallecimientos totales se ha
incrementado un 9,6 %, con tasa de crecimiento anual compuesto del 1,8 %.
Como estos datos muestra, la neumonía se presenta como uno de los
problemas respiratorios más extendidos en España: una de cada cinco
personas que la sufre debe ingresar en el hospital para recibir
tratamiento. Lograr una detección e intervención precoz de la enfermedad
es clave para evitar complicaciones. Las innovaciones en el campo del
diagnóstico microbiológico han hecho posible el desarrollo de pruebas
rápidas, las cuales suponen una gran ventaja frente a las pruebas
convencionales para esta enfermedad. Sin embargo, éstas no representan
las técnicas de detección de neumonía mayoritarias en el Sistema Nacional
de Salud.
Las técnicas de diagnóstico microbiológico convencional aportan resultados
en 48-72 horas. Por tanto, y dada la naturaleza de la neumonía, si el
tratamiento antibiótico inicial es inapropiado, el retraso en 72 horas de
un cambio terapéutico tiene consecuencias clínicas. Por este motivo, el
papel de las técnicas de diagnóstico microbiológico rápido es fundamental
en el manejo de estas infecciones. Los procedimientos tradicionales de
identificación y cultivo representan una metodología lenta y de escaso
rendimiento que, en ocasiones, proporcionan resultados tardíamente,
condicionando terapias inadecuadas.
De hecho, el retraso en administrar el tratamiento antibiótico apropiado
se acompaña de mayor mortalidad. Esto obliga, en los pacientes que tienen
factores de riesgo para infección por microorganismo multirresistente o
en los pacientes graves, a utilizar pautas de tratamiento antibiótico
empíricas muy amplias y en muchos casos de varios antibióticos en forma
combinada. En cambio, las pruebas microbiológicas de diagnóstico rápido,
al identificar rápidamente el microorganismo causal de la infección,
permiten ajustar el tratamiento al menor espectro posible, reduciendo la
presión antibiótica.
En la actualidad, pese a estar disponibles, las tecnologías de biología
molecular para el diagnóstico de la neumonía se usan de forma
infrecuente, aunque su impacto clínico, al aplicarlas junto con programas
de optimización terapéutica, es elevado, demostrando disminución de la
mortalidad intrahospitalaria. Estas tecnologías identifican pacientes con
coinfecciones virales y bacterianas, cuyo pronóstico puede ser peor, y
detectan genes de resistencia a los antibióticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner a disposición del sistema sanitario los recursos e inversiones
necesarios para optimizar el acceso a técnicas de diagnóstico rápidas en
el proceso asistencial de la neumonía.
2. Fomentar la incorporación progresiva de la plena disposición de los
servicios de microbiología todo el año, 24 horas al día.
3. Implementar modelos de valor basados en una gestión coste-efectiva, que
permita contribuir a la sostenibilidad del sistema y a la lucha frente a
las resistencias bacterianas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2022.-Elvira Velasco
Morillo, Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez, María
Teresa Angulo Romero, Carmen Riolobos Regadera, Elena Castillo López,
José Ignacio Echániz Salgado, Gabriel Elorriaga Pisarik, Ana María Pastor
Julián y José Ortiz Galván, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre medidas de apoyo a las mujeres durante la lactancia
materna, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
En el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU)
emitió un comunicado en Ginebra, donde se reconoció la lactancia materna
como un derecho humano para bebes y madres que debe ser fomentado y
protegido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como estrategia de
salud pública, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 primeros meses
de vida y, junto con otros alimentos complementarios, hasta los dos años
o más, mientras madre y lactante así lo deseen.
España, como país miembro de la OMS y firmante de las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud, ha aprobado, entre otras, la Estrategia
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, aprobada en
2004 (Resolución WHA57.17), el Plan de acción mundial para la prevención
y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (Resolución
WHA 66.10), que incluye la promoción de la lactancia materna y la
alimentación complementaria entre las intervenciones clave para
reducir los factores de riesgo modificables comunes de las enfermedades no
transmisibles, así como el Plan de Aplicación Integral sobre Nutrición
Materna del Lactante y del niño pequeño, cuya Meta Mundial n.º 5 para el
año 2025 contempla aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida hasta un 50 %, como mínimo.
Para ello se propone que los países miembros incluyan en las políticas
nacionales sanitarias la Estrategia Mundial para la Alimentación del
Lactante y el Niño Pequeño de la OMS y la Iniciativa para la Humanización
de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), entendiendo que el
aumento de las tasas de lactancia materna en todo el mundo, pueden ayudar
a impulsar los avances en las demás metas mundiales de nutrición (retraso
del crecimiento, anemia en las mujeres, bajo peso al nacer, sobrepeso
infantil y emaciación). Así como, avanzar en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 2 recoge como meta
asegurar el acceso de todas las personas, en particular las que están en
situación de pobreza y las personas en situaciones vulnerables, incluidos
los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año.
En España, la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva establece
entre sus objetivos la promoción de la lactancia materna. Sin embargo,
según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, la tasa de lactancia materna
exclusiva a los 6 meses es del 39 % en nuestro país.
Pese a que la lactancia materna es un proceso natural, las madres
necesitan apoyo e información para iniciarla y mantenerla todo el tiempo
que ellas y sus hijos e hijas deseen.
Las mujeres deben conocer los beneficios de la lactancia materna para la
salud integral de los niños y las niñas así como las ventajas para la
madre lactante. Procurando así una decisión informada, resolviendo
cuantas dudas o interrogantes se puedan presentar, especialmente en la
primera maternidad y promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado en
todas las etapas.
Se estima que los abandonos en las primeras semanas de lactancia se
producen por dificultades en el inicio de la lactancia, como: dolor
durante el amamantamiento, poca ganancia de peso en el lactante,
sensación de falta de leche en la madre, anquiloglosia en el lactante,
etc., para los que las mujeres no han obtenido el asesoramiento necesario
para hacerles frente. Y a estas dificultades, se añade la idealización
que socialmente se hace, tanto de la maternidad como del puerperio.
Cabe destacar que, en el año 2020, la OMS y UNICEF hicieron un llamamiento
a los gobiernos para garantizar el acceso de las mujeres a un
asesoramiento cualificado sobre lactancia materna, que puede contribuir a
incrementar su duración y a facilitar que se haga en exclusiva, generando
confianza en una etapa de gran vulnerabilidad física y emocional para las
mujeres. Asimismo, se recomendaba encontrar soluciones innovadoras para
garantizar su acceso de manera ininterrumpida, en el contexto sanitario
de la pandemia.
En 2021, el Ministerio de Sanidad suscribió el convenio con la Iniciativa
para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)
para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y
potenciación de la humanización de la asistencia al nacimiento.
Cabe señalar la reciente aprobación por el Gobierno de España del Plan
Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, para promover una
alimentación saludable en la infancia y la adolescencia, a través del
desarrollo de diversas medidas, como son los programas de promoción de la
lactancia materna. En esta línea, se han de impulsar políticas efectivas
con enfoque intersectorial y de equidad en el Sistema Nacional de Salud
(SNS).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar garantizado el acceso de las mujeres el SNS a asesoramiento
sobre lactancia materna en todas sus etapas, incluido el embarazo, basado
en la evidencia científica y acompañada de una atención humanizada y
respetuosa con su opiniones y preferencias, proporcionando información y
apoyo que permita que las mujeres puedan hacer una elección informada
sobre cómo iniciar, mantener y terminar con la lactancia, si ese es su
deseo.
2. En el marco de la Estrategia de Salud Digital y con la colaboración de
las Comunidades Autónomas, proporcionar en el SNS herramientas digitales
para el asesoramiento y apoyo a las mujeres durante la lactancia,
especialmente en atención primaria.
3. Difundir, en colaboración con las comunidades autónomas y los
profesionales sanitarios, información sobre la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), para
incrementar el número de centros sanitarios que solicitan esta
acreditación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2022.-Ana Prieto
Nieto, Marisol Sánchez Jódar, Julio Navalpotro Gómez, Carmen Andrés Añón,
María Luisa Carcedo Roces, Josefa Andrés Barea, Rafael José Vélez, José
Ramón Ortega Domínguez, Agustín Zamarrón Moreno, Daniel Vicente Viondi,
Elvira Ramón Utrabo y José Luis Aceves Galindo, Diputados.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/004422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para
la defensa y mejora de la asistencia sanitaria privada y su contribución
a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
En el año 2015, los gobiernos de todo el mundo acordaron una hoja de ruta
común para alcanzar el desarrollo sostenible a través de la llamada
Agenda 2030, que incluía 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a
alcanzar por parte de todos los Estados, no sólo por parte de aquellos
países en desarrollo. En la consecución de estos Objetivos de Desarrollo
Sostenible es necesaria la colaboración entre todos los actores con
relevancia en políticas públicas, desde las propias instituciones a las
empresas privadas, pasando por supuesto por la sociedad civil y la propia
ciudadanía.
En concreto, el objetivo número 3 versa sobre salud y bienestar, y aspira
a poder garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades. La pandemia de COVID-19 ha sido un gran reto para la consecución
de las metas asociadas a este objetivo, aunque previamente a dicha
emergencia sanitaria global se habían conseguido avances importantes en
la mejora de la esperanza de vida y la reducción de la incidencia de
algunas causas de muerte comunes asociadas a la mortalidad infantil y
materna.
De acuerdo con el último informe publicado por la Fundación Instituto para
el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 'Sanidad privada,
aportando valor 2022', recuerda también el valor de la sanidad privada a
la hora de alcanzar el objetivo 17, haciendo referencia a la necesidad de
'sumar voluntades y multiplicar esfuerzos' entre el sector público y el
sector privado en el ámbito sanitario, aludiendo, por boca de su
presidente Juan Abarca, a que 'solo podremos disfrutar del mejor sistema
sanitario si somos capaces de diseñarlo de una forma colegiada, teniendo
en cuenta a todos los agentes implicados en su desarrollo y definición,
poniendo al paciente como protagonista del sistema'.
En ese informe, además, muestra que el sector sanitario privado representa
en 2022 el 29,4 % de la inversión sanitaria total en nuestro país,
suponiendo ya en torno al 2,7 % del PIB. De forma contraria a lo que se
defiende por parte de algunas partes interesadas contrarias al papel
crucial de la sanidad privada, el gasto público destinado a atención
sanitaria por vía de colaboración público-privada en materia de
conciertos, concesiones y mutualismo administrativo representa únicamente
un 0,66 % del PIB. En base a estos datos, el sector de la sanidad privada
libera recursos a la sanidad pública por un estimado de 5.679 millones de
euros, si el uso que el asegurado realiza es mixto entre recursos
públicos y privados (por ejemplo, acudiendo al centro de salud público
para medicina de familia, pero acudiendo a especialistas por la sanidad
privada), y por un estimado de 15.628 millones de euros si el asegurado
utiliza exclusivamente el sistema privado. Además, la tendencia es de
aumento en el número de asegurados, lo que implica que dicho ahorro al
sistema público irá en aumento.
El sector de la sanidad privada, además, lleva a cabo en torno al 30,8 %
de las intervenciones quirúrgicas, ascendiendo al 39,1 % si se tiene en
cuenta los conciertos sustitutorios y la red de utilización pública, y
atiende el 24.2 % de las urgencias, ascendiendo al 30,9 % si se utilizan
los mismos parámetros citados anteriormente. Además, la sanidad privada
cuenta con el 56 % del total de los centros hospitalarios del Sistema
Nacional de Salud y el 32 % de las camas hospitalarias existentes en
nuestro país. En cuanto a centros de asistencia sanitaria sin
internamiento, como centros polivalentes, centros de diagnóstico,
centros de salud mental, de reproducción asistida o de diálisis, la
sanidad privada cuenta con el 75 % del total de la red del Sistema
Nacional de Salud.
Una parte esencial de ese papel crucial que desempeña la sanidad privada
recae también sobre los en torno a 400.000 autónomos que desarrollan su
actividad profesional en la sanidad privada, tanto facultativos como
fisioterapeutas, podólogos, psicólogos clínicos, ópticos-optometristas,
dietistas-nutricionistas, farmacéuticos, dentistas y odontólogos,
terapeutas ocupacionales, y muchas otras profesiones sanitarias que son
el pilar de la atención sanitaria en nuestro país. Para reconocer ese
papel, que la ciudadanía además ha querido agradecer de forma clara
durante y tras la pandemia de COVID-19, es necesario poner atención
también en la mejora de las condiciones en las que desempeñan su labor.
Actualmente, un médico autónomo que atiende un paciente en la sanidad
privada o un fisioterapeuta que realiza una sesión percibe en torno a 5-6
euros, mientras que un facultativo que realice una cirugía puede percibir
entre 22 y 45 euros por ella, de acuerdo con las cifras de la sectorial
de sanidad de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA). Además, con el incremento de asegurados por la sanidad
privada que se mencionaba anteriormente, se está ejerciendo una mayor
presión sobre estos profesionales, que se ven obligados a atender más
pacientes de los que sería recomendables para una atención sanitaria de
mayor calidad para que esas remuneraciones puedan serles suficientes para
poder llevar a cabo su vida con normalidad, especialmente en un contexto
de inflación.
Esta problemática se deriva del desfase existente en los baremos del
sector, que ocurre desde 1989, cuando el Gobierno de España renunció de
su capacidad para actuar como interlocutor entre los diferentes actores
del sector para poder establecer unos baremos adecuados que permitan que
la sanidad privada pueda seguir jugando su papel esencial en la
relajación de la presión asistencial del Sistema Nacional de Salud a
tiempo que se asegura el atractivo que el sector privado supone para los
profesionales sanitarios por sus condiciones laborales y la rentabilidad
que estos profesionales puedan obtener de aplicar su formación y
experiencia a la salud y el bienestar de la ciudadanía. Pese a ello, los
baremos de tarificación que establecen lo que perciben estos
profesionales por su actividad llevan sin actualizarse unos 30 años.
Por todo ello, y por su compromiso con la sanidad privada de calidad y con
el papel que ésta tiene en la sostenibilidad global del Sistema Nacional
de Salud, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evitar actuaciones y mensajes por parte de miembros del Consejo de
Ministros que tienen como objetivo criminalizar la atención sanitaria
privada, pese al papel que ésta desempeña a la hora de cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en concreto
en relación con el Objetivo 3 referente a la salud y bienestar de la
ciudadanía.
2. Recuperar el papel de intermediario para facilitar la creación de una
Comisión Mixta, como la que ya existe en otros ámbitos similares, de
forma que se favorezca un diálogo entre todas las partes interesadas del
sector público, de las aseguradoras privadas y de los profesionales
sanitarios para la actualización de baremos de referencia para
remuneración de los profesionales sanitarios de la sanidad privada.
3. Reforzar los trabajos para una mejor colaboración entre el sector
público y el sector privado, de forma que se maximicen las sinergias
entre ambos sectores con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y el bienestar de la ciudadanía.
4. Facilitar la participación de los representantes de la sanidad privada
en el Observatorio de Salud adscrito al Ministerio de Sanidad,
permitiendo un mayor intercambio de información y buenas prácticas sobre
calidad asistencial e indicadores sobre evaluación de la asistencia
sanitaria.
5. Trabajar, con las Comunidades Autónomas, las aseguradoras privadas y
los profesionales sanitarios autónomos, para la mejora de las condiciones
de contratos y la seguridad jurídica de los mismos, con el objetivo de
que la sanidad privada pueda seguir desempeñando ese papel crucial en la
atención sanitaria de calidad a la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2022.-Guillermo
Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/004423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para
garantizar la calidad asistencial a la ciudadanía y evitar el intrusismo
laboral en las profesiones sanitarias, para su debate en la Comisión de
Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Los profesionales sanitarios son el puntal del Sistema Nacional de Salud,
y así lo han demostrado con motivo de la pandemia de COVID-19. Ese claro
reconocimiento ha llevado a muchos otros profesionales a tener la
voluntad de desempeñar actividades sanitarias, siendo conscientes tanto
de ese valor que la población otorga a su salud y bienestar como de la
mayor concienciación sobre la necesidad de cuidar esa salud y bienestar
tras la emergencia sanitaria.
De este modo, en nuestro país se han comenzado a dar, de forma más
extendida, casos de intrusismo laboral y de competencia desleal, con
profesionales no cualificados ofreciendo servicios para los cuales no
están preparados y, además, haciéndolo de forma engañosa a la ciudadanía.
También se han dado más casos de profesionales que han decidido prestar
sus servicios en instalaciones que no cuentan con autorización sanitaria
ni con estándares de gestión de residuos y de esterilización de material
que son esenciales para este tipo de asistencia, con el perjuicio que eso
supone para los profesionales que sí cumplen con esos requisitos.
Uno de los ámbitos en los que este tipo de prácticas han sido más
extendidas ha sido la salud mental, como consecuencia de la incidencia
que la pandemia y sus restricciones asociadas ha tenido sobre el
bienestar emocional de los españoles, especialmente de niños y
adolescentes. Muchas personas, por desconocimiento y atraídos por los
precios o por la falta de recursos en el sector público, recurren a este
tipo de servicios. Por desgracia, y más allá de que este tipo de terapias
puedan ser útiles para algunos casos, estos servicios suelen ofrecerse
con tretas engañosas, con apariencia de profesional sanitario y obviando
su formación y capacitación técnica para realizar intervenciones
psicológicas.
También han proliferado plataformas digitales de psicología clínica y de
medicina online que prometen una atención profesional sin contar con
garantías legales ni deontológicas, lo que no sólo supone un engaño al
paciente sino también puede suponer un riesgo para su salud y su
bienestar, al ofrecer una falsa sensación de 'curación' que puede acabar
siendo perjudicial para su verdadera recuperación. Todo ello sumado,
además, a los problemas de responsabilidad civil que pueden derivarse de
un diagnóstico erróneo o un tratamiento contraindicado cuando el
profesional al otro lado de la web no es tal, tal y como alerta la
sectorial de sanidad de la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA).
Es una buena noticia que exista una mayor variedad de servicios, de
diferente carácter, para responder a una mayor variedad también de
demandas por parte de los ciudadanos en relación con su salud y su
bienestar. Es más, hay determinadas prácticas que pueden funcionar para
algunos casos particulares y que quizás no requieren un carácter
propiamente sanitario. Sin embargo, es de vital importancia que no se
publiciten de forma engañosa ni se intente hacer pasar este tipo de
servicios por una asistencia sanitaria al uso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio urgente sobre el afloramiento de este tipo de
publicidades engañosas en el ámbito sanitario y sobre el impacto del
intrusismo laboral en la actividad profesional de los trabajadores
autónomos del sector sanitario.
2. Aclarar los límites de los ámbitos de intervención de profesionales
sanitarios en relación con otras profesiones no sanitarias, de forma que
se ofrezca una mayor claridad tanto a profesionales como a la ciudadanía
sobre las diferentes prácticas permitidas en cada uno de esos ámbitos.
3. Asegurar el cumplimiento de la normativa que castiga el intrusismo
laboral, y reforzar asimismo las labores de supervisión e inspección para
detectar este tipo de prácticas, incluyendo además una adecuada sanción
para evitar que sigan produciéndose.
4. Reforzar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, con los
profesionales sanitarios y con los actores de la sanidad privada, las
campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre el
peligro que tiene este tipo de intrusismo laboral, especialmente el
derivado de la publicidad engañosa, para su salud y su bienestar.
5. Facilitar la identificación veraz y concreta de profesionales que
ofrecen este tipo de servicios, especialmente los que se realizan de
forma telemática, para asegurar la seguridad y confidencialidad de los
medios utilizados, las cualificaciones profesionales del que las imparte,
los elementos de responsabilidad civil del mismo, y las posibilidades de
queja y reclamación para el usuario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2022.-Guillermo
Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
161/004429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la deslocalización de
los servicios de atención telefónica al cliente como sucede en el caso de
la empresa Teleperformance que gestiona el servicio de atención
telefónica de Unión Fenosa Distribución (UFD), para su debate en la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El sector de las empresas de atención telefónica, los llamados Contact
Center o Cali Center, son una importante fuente de empleo en Galiza, que
se sitúa en el tercer puesto del Estado español por número de personas
trabajadoras -unas 10.000 aproximadamente-, de las cuales cerca de la
mitad desarrollan su labor en centros de trabajo situados en el área de A
Coruña. Sin embargo, el futuro de muchos de esos puestos de trabajo se ve
amenazado por procesos de deslocalización.
Así, a partir del próximo mes de septiembre, el servicio de atención
telefónica al cliente de Unión Fenosa Distribución (UFD), que presta el
servicio de atención de averías eléctricas de la distribuidora del Grupo
Naturgy, pasará a ser realizado en más de un 80 % por personal de
Colombia. Este servicio se venía prestando, desde hace más de 25 años,
tanto en galego como en español, desde la delegación de Teleperformance
en la ciudad de A Coruña, dando cobertura a toda la clientela de la
Distribuidora (UFD) del grupo Naturgy, no solo en Galiza, sino también en
otras zonas del Estado donde esta compañía tiene desplegada su red de
distribución.
Se trata de un servicio básico y esencial para la ciudadanía, al que los
clientes se dirigen cuando tienen cualquier problema con su suministro
eléctrico, para notificar cortes, averías, subidas de tensión, altas y
bajas en el servicio de electricidad, reclamaciones, etc. Sin embargo,
este servicio tan importante pasará, desde principios de septiembre, a
realizarse desde Colombia lo que supone la pérdida de 90 puestos de
trabajo que van a ser deslocalizados. La empresa tan solo se compromete a
mantener en la ciudad de A Coruña unos 20 puestos de trabajo para
'asegurar' la atención en galego, medida claramente insuficiente para dar
una adecuada cobertura y garantizar los derechos lingüísticos de las
personas usuarias a ser atendidas en galego. El volumen de usuarios hace
que los 20 puestos no sean suficientes pero, además, dado que su jornada
de trabajo se desarrollaría en tres turnos de 8 a 22 h, las llamadas que
se produzcan fuera de este horario van a ser atendidas desde Colombia sin
garantizar el derecho de una atención adecuada.
En los últimos años, viene siendo habitual que el Grupo Naturgy (antigua
Unión Fenosa con matriz galega), traslade fuera de Galiza los puestos de
trabajo de los servicios de atención al cliente de las empresas de su
grupo. Así sucedió ya en 2013, cuando la empresa denominada en aquel
momento 'Gas Natural Fenosa' decidió eliminar la atención al cliente de
su filial 'Unión Fenosa Comercial' o en 2019 cuando se deslocalizó a Reus
el servicio de atención a la clientela del mercado regulado de GNSUR
(actual Comercializadora Regulada Gas&Power). Todos estos servicios
estaban siendo prestados desde distintos puntos de Galiza, en su mayoría
desde Teleperformance A Coruña y, poco a poco, se han ido eliminando para
llevarlos fuera.
A todo ello se suman, además, otras decisiones, que también suponen la
restricción de servicios y la eliminación de puestos de trabajo, como son
el traslado del Centro de Operación de Redes de UFD de A Coruña a Madrid
o el cierre del antiguo Museo de Arte Contemporánea de Unión Fenosa.
No es de recibo que empresas que obtienen ingentes beneficios mediante la
explotación de recursos naturales en Galiza, donde se asumen los costes
ambientales por la generación de energía, ni siquiera asuman el
compromiso de mantener puestos de trabajo y apuesten por la
deslocalización a otros territorios.
En los últimos años, en Teleperformance A Coruña, debido a estos procesos
de deslocalización y cambio de contratas se han destruido más de 800
puestos de trabajo que daban servicio a empresas como R Cable, Naturgy,
Orange y, ahora, también el de UFD, donde llegó a haber más de 900
personas empleadas.
Los procesos de deslocalización, además de la pérdida de puestos de
trabajo, supone una clara pérdida de calidad en los servicios que se
prestan a la ciudadanía, apostando por un modelo de atención en que prima
únicamente el criterio económico, sin importar la calidad, proximidad,
conocimiento de la realidad, la observancia de los derechos de los
consumidores o los derechos laborales de los trabajadores.
Los poderes públicos deben velar por garantizar un modelo de atención en
que se asegure un trato adecuado y próximo a la clientela, en que se
promueva y favorezca la adquisición de experiencia, formación o salud de
las personas trabajadoras. Por el contrario, se desprecia el saber hacer
de las y los trabajadores y se prima la atención al mayor número posible
de llamadas e incrementar la facturación, poniendo en segundo plano la
resolución y la calidad en la gestión de la demanda que solicitan
usuarios y usuarias.
El personal que desempeña el trabajo de UFD en la actualidad tiene más de
25 años de experiencia acumulada, pero va a ser substituido por otro
completamente nuevo y ajeno a la realidad cotidiana, a la geografía y
formas de habitar el territorio propias de Galiza que reúnen las personas
usuarias de UFD. Condiciones difícilmente entendibles por quienes se
encuentran a miles de kilómetros de distancia.
Las personas usuarias necesitan, para resolver sus consultas, que las
atiendan de una forma personalizada, próxima, con empatía, siendo
resolutivos y conociendo siempre de primera mano su realidad inmediata.
Se necesita además que puedan comunicarse en su propia lengua y que se
respeten también sus derechos a la protección de datos, que pueden
ponerse en riesgo con la deslocalización a países con una legislación más
laxa en esta materia.
El BNG defiende otro modelo, pues entiende que los poderes públicos deben
garantizar una atención a los consumidores y usuarios de calidad y
próxima. Debe exigirse que se mantengan opciones de atención presencial y
que, en el caso de la atención telefónica se aseguren, por un lado, los
derechos de la ciudadanía a una atención óptima, cercana, accesible y en
su propia lengua, y por otro, el mantenimiento de puestos de trabajo con
condiciones laborales dignas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Realizar las gestiones, mediaciones y negociaciones precisas para
impedir la deslocalización del servicio de atención telefónica al cliente
de Unión Fenosa Distribución por parte de la empresa Teleperformance.
2. Adoptar, en colaboración y coordinación con la Xunta de Galiza, en el
ejercicio de sus respectivas competencias, las medidas precisas para
garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la citada
empresa en A Coruña.
3. Acometer los cambios normativos necesarios para garantizar una atención
a las personas consumidoras y usuarias de calidad y una adecuada
prestación de los servicios, asegurando la resolución real de demandas e
incidencias y no sólo la rapidez en la gestión pero sin solución de los
problemas trasladados.
4. Asegurar la protección de datos efectiva respecto de la información
sensible facilitada por las personas usuarias en el caso de
deslocalización de los servicios.
5. Garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a una atención en
galego deforma ágil y sin incremento en la espera o retraso en la
tramitación de la incidencia.
6. Condicionar el acceso de las empresas eléctricas a fondos públicos
(como pueden ser los fondos europeos Next Generation) o la concesión de
autorizaciones para la instalación de nuevas plantas de generación de
energía eléctrica a que, entro otros criterios, los beneficios obtenidos
por su actividad tenga un retomo económico en el propio territorio
productor, asegurando, por ejemplo el mantenimiento de puestos de trabajo
existentes y la creación de nuevos empleos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2022.-Néstor Rego
Candamil, Diputado.-Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Plural.
161/004431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para
la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el
transporte público, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 supuso un gran reto para nuestro Sistema Nacional
de Salud, pero también un shock para nuestras vidas, para nuestra
economía y para nuestra salud y bienestar. A lo largo de los primeros
meses de la pandemia fueron necesarias unas medidas muy duras, invasivas
de la libertad individual, para intentar contener la expansión de esta
enfermedad, que tenía una elevada letalidad especialmente en aquellas
personas más vulnerables. Por ello, se tomaron medidas nunca vistas como
el confinamiento o se decretó el uso obligatorio de mascarillas, a veces,
incluso, con administraciones extralimitándose en sus competencias para
hacer efectivas dichas medidas.
Por suerte, la llegada de las vacunas contra el COVID-19 ha marcado una
gran diferencia en la situación epidemiológica. Desde que la vacunación
comenzó a extenderse a toda la población, las peores cifras de la
pandemia no han dejado de caer, llegando incluso a propiciar un cambio en
la forma de realizar el seguimiento de la emergencia sanitaria.
Actualmente, este seguimiento se limita a las personas de mayor
vulnerabilidad, que son quienes aún vacunados pueden cursar la enfermedad
de forma más grave en una mayor proporción, aunque incluso en esta
situación las posibilidades de que curse grave siguen siendo mucho
menores que hace un año y, por supuesto, infinitamente menores que en lo
peor de la pandemia.
Es por ello que, desde Ciudadanos, hemos querido avanzar en la
recuperación de esas libertades cedidas a lo largo de 2020 y de 2021.
Precisamente, los liberales fuimos los primeros en arrimar el hombro
cuando era necesario tomar medidas muy duras para hacer frente al mayor
reto sanitario del último siglo, y también hemos sido los primeros en
querer devolver a los españoles la normalidad de sus vidas, reconociendo
esos esfuerzos que realizaron en su momento y aliviando por fin la
responsabilidad de sus espaldas.
Con esta motivación, en junio de 2021 fuimos los primeros en plantear la
necesidad de retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en
exteriores, teniendo en cuenta tanto la evolución de la pandemia como el
menor riesgo de contagio existente al aire libre. El Gobierno y el resto
de las fuerzas parlamentarias se negaron a apoyar esa petición, afirmando
que se trataba de una temeridad que pondría en riesgo miles de vidas. Tan
sólo unos días después, el Gobierno decidió tomar finalmente la decisión
de retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores, dando
la razón a Ciudadanos y a la evidencia científica, pero causando con sus
titubeos cierta incertidumbre entre los españoles.
Lo mismo ocurrió el pasado mes de abril, cuando desde Ciudadanos
defendimos la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en
interiores. En la defensa de nuestra propuesta con este fin, el resto de
las fuerzas parlamentarias y el Gobierno afirmaron que se trataba de una
decisión irresponsable que pondría en riesgo la evolución positiva de la
pandemia. Apenas una semana después, y tras haberse asegurado el apoyo
parlamentario para poder cambiar las reglas de obligatoriedad del uso de
mascarillas sin contar con el Congreso de los Diputados, el Gobierno tomó
la decisión de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en interiores,
con la excepción del transporte público y de centros y establecimientos
sanitarios.
El pasado mes de julio, en el seno del Debate sobre el Estado de la
Nación, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos volvimos a plantear la
necesidad de retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas también en
el transporte público, precisamente en línea con los avances de la
situación epidemiológica. La retirada de la obligatoriedad del uso de
mascarillas en exteriores y en la mayoría de los interiores no ha
provocado repuntes de la enfermedad, especialmente en términos de
gravedad o letalidad. Es por ello que una medida tan restrictiva como la
obligatoriedad del uso de mascarillas más allá de los centros sanitarios
no se justifica, al causar más perjuicio en términos de salud mental que
el beneficio en salud pública que produce. No en vano, uno de los grandes
problemas que han afectado a la salud mental, especialmente de niños y
adolescentes, ha sido la inseguridad que les ha causado el uso
generalizado de mascarillas, así como la sensación de hastío y fatiga que
producía el no ver un horizonte de salida de la situación de
excepcionalidad. Por ello, retirar progresivamente restricciones era tan
necesario en el último año, y hoy es aún más urgente teniendo en cuenta
las bajas tasas de hospitalización, de ingresos en unidades de cuidados
intensivos y de fallecimientos por COVID-19.
Lamentablemente, en julio los liberales españoles volvimos a quedarnos
solos planteando la necesidad de acabar con la obligatoriedad del uso de
mascarillas en el transporte público. Este verano, las sucesivas olas de
calor históricas que ha vivido nuestro país han supuesto un perjuicio
adicional para cumplir con esa obligatoriedad del uso de mascarillas en
el transporte público, especialmente en aquellos transportes que no
contaban con climatización adecuada o en los que dichos sistemas de
climatización no funcionaban correctamente. Todo ello, además, con una
ocupación de camas UCI por COVID-19 de poco más del 3% a nivel nacional,
con los hospitales sin presión asistencial pese a la retirada de la
obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores y con cifras de
mortalidad muy centradas en la población más vulnerable.
Por todo ello, es momento de seguir avanzando en la recuperación de
libertades, y los liberales españoles volveremos a estar a la vanguardia
de esa demanda, como ya lo hicimos en junio de 2021, en abril de 2022 y,
más recientemente, el pasado mes de julio. Es momento de cumplir con la
ciudadanía española, con la misma responsabilidad que esta demostró en
los peores meses de la pandemia, y retirar la obligatoriedad del uso de
mascarillas en todos los interiores, con la excepción de centros
sanitarios y sociosanitarios, como las residencias de ancianos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real
Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, con el objetivo de eliminar la
obligatoriedad del uso de mascarilla en el transporte público y en los
establecimientos sanitarios (oficinas de farmacia, botiquines, ópticas,
ortopedias y establecimientos de audioprótesis) con efecto inmediato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2022.-Guillermo
Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/004428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para facilitar la estabilización del
personal de investigación en el Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para su debate en la Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país es la mejor
esperanza para que nuestra economía pueda ser competitiva en el S. XXI,
facilitando que nuestras empresas puedan competir
con otras a nivel global en base a la proporción de valor añadido, y no en
base a la reducción de costes. Asimismo, el Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación es el principal motor del avance del conocimiento
en nuestro país, propiciando nuevas investigaciones de gran relevancia
científica, social, tecnológica y humana que puedan empujar más allá los
límites de lo conocido.
Sin embargo, durante años se ha maltratado nuestro Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación, considerándolo como un gasto superfluo en lugar
de lo que realmente es: una inversión en el futuro económico y social de
nuestro país, y una apuesta por situar a España a la vanguardia de los
avances que están teniendo lugar a nivel global. La pandemia de COVID-19
ha demostrado que son aquellos países que invierten más y de forma más
eficiente en sus robustos sistemas de ciencia aquellos que han
conseguido, primero, capear mejor los efectos de la emergencia sanitaria
y, segundo, proporcionar una solución en forma de vacuna para poner fin a
la pandemia.
En España, los ajustes presupuestarios que comenzaron en 2010 afectaron de
lleno a la ciencia de nuestro país, y sólo en 2017 cuando Ciudadanos fue
decisivo para la aprobación de Presupuestos Generales del Estado se
rompió esa tendencia y se volvió a incrementar el presupuesto destinado a
la I+D. Como consecuencia de ese abandono propiciado por el bipartidismo,
muchos de nuestros investigadores dejaron de considerar España como un
país para poder llevar a cabo sus proyectos profesionales y personales, y
se produjo la conocida como 'fuga de cerebros', que llevó a miles de
científicos a buscar suerte en otros países con sistemas de ciencia e
innovación más estables y robustos. Frente a la precariedad y la
temporalidad que ofrecían nuestras universidades y centros de
investigación, en otros países los proyectos contaban con financiación
suficiente, existían contratos estables y bien remunerados, y las
posibilidades de crecimiento profesional y académico eran mayores.
Desde Ciudadanos propusimos una reforma de nuestro mercado laboral para
atajar esta problemática, de forma complementaria a nuestra apuesta
presupuestaria por la ciencia y la innovación. De este modo, se
establecería un contrato único indefinido con indemnización creciente,
que dejara atrás los contratos temporales y precarios para dar paso a un
nuevo modelo de mayor flexibilidad para el empleador y mayor seguridad
para el empleado. Lamentablemente, el resto de las fuerzas parlamentarias
se han negado sistemáticamente a establecer este nuevo modelo que ya
tiene éxito en otros países, renunciando a dotar a nuestro mercado
laboral de la potencia necesaria para crear empleo de calidad de forma
sostenida en el tiempo. El pasado febrero de 2022 se aprobaba, gracias a
los votos decisivos de Ciudadanos, una reforma laboral que, pese a no
abordar completamente la problemática existente, sí avanzaba en la
dirección correcta para reducir la temporalidad. Al mismo tiempo, se
tramitaba una reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación que contemplaba la creación de nuevas
modalidades contractuales ajustadas a esa reforma laboral y que serían de
aplicación al personal de investigación.
El trabajo parlamentario de los liberales españoles fue también decisivo
para la aprobación de esa reforma y, en concreto, para mejorar las
perspectivas de desarrollo profesional del personal de investigación.
Gracias a Ciudadanos, nuestros investigadores, tecnólogos, personal de
gestión y personal de apoyo a la investigación tendrían una mejor
perspectiva laboral y una mayor certidumbre sobre su crecimiento personal
y profesional. Así pues, se establecía también que la contratación de
investigadores, salvo en supuestos muy específicos como los proyectos
financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de marcado
carácter temporal en sí mismo, sería de carácter indefinido.
Lamentablemente, el Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda en
el Senado que finalmente fue aprobada por mayoría gracias a un acuerdo
entre el Partido Popular (PP), VOX y los independentistas catalanes de
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Cataluña (JxCAT). De
acuerdo con esta enmienda, los investigadores españoles podrían volver a
ser expulsados a la temporalidad y la precariedad con el argumento de que
hacer frente a los costes de los derechos laborales adquiridos con el
nuevo modelo de contratación haría imposible el desarrollo de la ciencia
y la innovación en nuestro país. Sin embargo, numerosos centros de
investigación y universidades ya han comenzado a poner en marcha este
modelo de contrato, que fue aprobado de forma separada a la reforma de la
ley de ciencia mediante el Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, que
facilita la contratación indefinida en las instituciones del Sistema
Público de Ciencia, Tecnología e Innovación como universidades, centros
de investigación, fundaciones y consorcios. Es decir, ya varios agentes
del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación han abrazado ese nuevo
modelo que otorga una mayor estabilidad y certidumbre a los científicos e
investigadores y a sus carreras.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos entendemos que los cambios pueden
ser difíciles de asumir, especialmente para los conservadores cuyo
proyecto político se basa en que nada cambie. Sin
embargo, eso no puede servir de argumento para sumir a los investigadores
en una precariedad y temporalidad que llevan arrastrando durante una
década, lastrando las propias perspectivas de desarrollo y competitividad
de España. De acuerdo con las estimaciones, el coste de pasar de una
indemnización de 12 días, lo recogido según la regulación laboral
aplicable actualmente, a una de 20 días se incrementaría únicamente en un
1 %. Un coste adicional pero asumible en términos absolutos si los
centros de investigación y las universidades contaran con una
financiación adecuada y suficiente para llevar a cabo sus proyectos de
investigación y sus partidas presupuestarias destinadas a la contratación
de personal y sus recursos humanos.
Es decir, la solución a esta problemática no reside en seguir empujando a
los investigadores a la precariedad, cronificando el problema y
desaprovechando el talento que tenemos y que formamos en nuestro país. La
solución reside en proporcionar a los centros de investigación y las
universidades los recursos necesarios que sean suficientes para poder
abrazar este cambio de modelo que nos permitirá escalar posiciones en el
ámbito de la I+D a nivel europeo y a nivel global, como ya están haciendo
algunos de esos centros de investigación y universidades. Es más, los
fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podrían
también contribuir a hacer más sencilla esa transición, ya que pueden ser
utilizados para financiar inversiones que reduzcan el impacto de las
reformas estructurales, como es en este caso la reforma laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con las Comunidades Autónomas un mecanismo de financiación
extraordinario para asegurar que los centros de investigación y las
universidades de todo el territorio nacional cuentan con la financiación
suficiente para implementar el nuevo modelo de contratación estable de
investigadores y costear las obligaciones derivadas del mismo.
2. Estudiar la posibilidad de financiar ese mecanismo con aportaciones del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en línea siempre con las
directrices fijadas para el uso, supervisión y evaluación de los fondos
Next Generation EU establecidas a nivel de la Unión Europea.
3. Propiciar, de forma acordada con las Comunidades Autónomas y los
agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, un plan para la
suficiencia presupuestaria a medio y largo plazo de los centros de
investigación y las universidades, de forma que se apueste decididamente
por la I+D como motor de la competitividad, el crecimiento económico y la
creación de empleo en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2022.-Juan Ignacio
López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/004426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley de impulso a la financiación de la
asistencia humanitaria, para su debate en la Comisión de Cooperación para
el Desarrollo.
Exposición de motivos
El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
declarado en 2008 como tal por una resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas para conmemorar el asesinato de 22 trabajadores
humanitarios en un atentado perpetrado en Bagdad, en Irak. Con la
celebración de este día, los diferentes gobiernos nacionales tienen el
objetivo y el deber de abogar por la supervivencia, el bienestar y la
dignidad de las personas que se enfrentan a situaciones humanitarias
críticas y también de los profesionales que se encargan de prestarles
apoyo.
En 2022, pese a que la situación en términos globales ha mejorado mucho,
sigue habiendo importantes retos humanitarios. Por ejemplo, la pandemia
de COVID-19 ha demostrado que la salud global puede seguir suponiendo una
amenaza para el bienestar y el desarrollo humano, y las epidemias son
capaces de provocar disrupciones importantes en sociedades y economías
por todo el mundo. Además, el cambio climático está mostrando cada vez
más su incidencia y su carácter de multiplicador de riesgos, lo que tiene
impacto a su vez en que catástrofes naturales por fenómenos extremos,
sequías, hambrunas y otro tipo de situaciones derivadas sean cada vez más
frecuentes y se presenten con mayor gravedad.
A todo esto se suman, además, las crisis humanitarias de carácter más
tradicional: las derivadas de conflictos entre Estados o de conflictos
dentro de un mismo Estado. Actualmente, y según el Consejo de Relaciones
Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), existen al menos una decena
de conflictos activos en África, unos quince en Asia y dos tanto en
América Latina como en Europa. Esta conjunción de contextos complicados
hace que en torno a una de cada 29 personas en el mundo se encuentre en
situación de necesidad humanitaria, una cifra que ha aumentado en los
últimos años y que marca ya un récord nunca visto en décadas.
Ante todas estas situaciones críticas, los trabajadores humanitarios
responden con profesionalidad y con sentido de la responsabilidad. Son
ellos quienes tienen que enfrentarse a experiencias de gran riesgo para
su salud y para su bienestar, incluso a situaciones que pueden poner en
riesgo su vida y su integridad. Sin embargo, esta dedicación no se ve
reflejada en el apoyo institucional y financiero que su labor merece. De
acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), se necesitan en
torno a 41.000 millones de dólares estadounidenses al año para dar
respuesta a las necesidades humanitarias de la población global.
En este contexto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos propuesto
dar más importancia a la financiación de la asistencia humanitaria, tanto
por los beneficios que esto supone para las personas en situación de
necesidad como por la contribución que esto tendría a la estabilidad
mundial y al desarrollo económico y humano a nivel global. Actualmente,
existe un objetivo compartido de destinar al menos un 10% del presupuesto
de cooperación para el desarrollo a ayuda humanitaria, aunque dicho
porcentaje es insuficiente y ni siquiera se está cumpliendo en España.
Debido a la necesidad de adaptación de la ayuda humanitaria y de sus
profesionales al nuevo contexto global, desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos consideramos que es necesario establecer un objetivo de
financiación más ambicioso: el 15 %. De hecho, los liberales ya
conseguimos que dicho objetivo se aprobara por la mayoría de las fuerzas
parlamentarias del Congreso de los Diputados en el seno de los trabajos
para la reforma de la cooperación española, y esperamos que así se
refleje en el texto final de la nueva Ley de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible.
Teniendo esto en cuenta, y en conmemoración del Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria celebrado el 19 de agosto, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el compromiso
de destinar, al menos, un 15% del presupuesto de la cooperación española
a la ayuda humanitaria y al apoyo a sus profesionales, tal y como aprobó
el Congreso de los Diputados a cuenta de los trabajos de la Subcomisión
para el estudio de la actualización del marco normativo y sistema de
cooperación internacional para el desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 2022.-Juan Ignacio
López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/004365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para prevenir el Sexilio en el ámbito rural, para su
debate en la Comisión de igualdad.
Exposición de motivos
En los últimos años, los delitos de odio han aumentado de forma
considerable, llegando a producirse 610 episodios de este tipo de delitos
en los siete primeros meses del 2021. Esta cifra aumenta un 9,3 % con
respecto al año 2019 (último año comparable). De estos delitos,
aproximadamente un 20 % son delitos por motivo de orientación sexual
(Datos facilitados a los medios de comunicación por el ministro del
interior).
Esta LGTBIfobia que encontramos en todos los rincones de nuestro país,
está produciendo que cada vez sean más las personas que se han visto
obligadas a abandonar sus lugares de origen y residencia, especialmente
en zonas rurales, para evitar el rechazo de sus vecinos y vecinas. Es lo
que se conoce con el nombre de Sexilio.
Cuando una persona lesbiana, gay, bisexual o transexual emigra de un
barrio a otro, de una ciudad a otra o del pueblo a una ciudad, busca un
lugar donde el anonimato y una mayor tolerancia le permitan vivir su
sexualidad abiertamente, con total libertad, libre de prejuicios y sin
exponerse al rechazo, el odio o la violencia.
Aunque, es necesario realizar más estudios, porque apenas existen que
recojan datos de este fenómeno en toda su amplitud, asociaciones del
colectivo LGTBI han comenzado a recabar información que ponen de
manifiesto el Sexilio que se está produciendo especialmente de las zonas
rurales a la ciudad.
Una encuesta, 'A long way to go for LGBTI equality 2020', publicada por la
Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) mostró cómo el porcentaje de
gente que nunca ha manifestado abiertamente su sexualidad en España es
mayor en pueblos que en ciudades. También reveló que mientras el 42 % de
la población europea vive en ciudades y el 27 % en zonas rurales, las
personas LGTBI que participaron en la encuesta vivían en un 47 % en las
primeras y un 13 % en las segundas'.
Según un estudio realizado por la Asociación de Miguelturra por el Amor y
el Respeto al Orgullo (AMPARO LGTBI) el 15 % de las personas LGTBI que
reside en zonas rurales de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha,
se marchan para evitar la homofobia. De hecho, esta comunidad ya está
tomando medidas con la recién aprobada Ley de Diversidad Sexual y
Derechos LGTBI.
El estudio de la realidad LGTBI de La Palma puesto en marcha por el
Cabildo insular y la Asociación Violetas pone de relieve que casi el 12 %
de sus integrantes ha salido de la Isla para vivir con libertad su
sexualidad. Un 13,9 % no se ha ido, pero se lo ha planteado, mientras que
un 29,3 % no se fue expresamente por esos motivos, pero su salida de la
Isla hizo que viviera de manera más libre como persona LGTBI.
El miedo de las personas LGTBI a mostrarse tal y como son en el mundo
rural es alto. En lugares en los que todos los vecinos y las vecinas se
conocen, el miedo al insulto, a la vejación, a quedar marcados, hace que,
para estas personas y sus familias, la realidad sea dura. De ahí que
opten por irse a la ciudad como opción para poder expresar y vivir su
sexualidad. La consecuencia inmediata de este sexilio rural es una mayor
despoblación de las zonas rurales. Muchas de las personas LGTBI que optan
por emigrar son jóvenes a quienes la LGTBlfobia les está expulsando de su
lugar de origen, por lo que es importante incorporar el Sexilio a las
causas de la despoblación que amenaza nuestros pueblos.
Evitar que la LGTBIfobia obligue al Sexilio requiere promover campañas,
especialmente en el mundo rural, que den visibilidad a la realidad LGTBI
y ofrezcan referentes de esa diversidad, con el objetivo de que cualquier
persona pueda vivir y expresar libremente su sexualidad en cualquier
lugar de nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar campañas sobre visibilidad LGTBI en las zonas rurales de
España, así como campañas de prevención de la violencia y de los actos
discriminatorios hacia las personas LGTBI.
2. A través del Consejo de Participación de las personas LGTBI, establecer
los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración de las
personas LGTBI dentro de España.
3. Teniendo en cuenta los datos que se obtengan mediante el punto
anterior, contemplar, en su caso, el sexilio como causa de despoblación
dentro de las medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de
España.
4. Promover los valores basados en la igualdad de todas las personas y en
la diversidad sexual.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2022.-Raquel Pedraja
Sáinz y Laura Berja Vega, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela
Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Seguimiento y Evolución de los Acuerdos del Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género
161/004376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Carla Toscano de Balbín, doña
María Magdalena Nevado del Campo, doña Patricia de las Heras Fernández,
doña María Teresa López Álvarez y doña María de los Reyes Romero Vilches,
en sus respectivas condiciones de Portavoz sustituto y Diputadas del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de la guarda y
custodia compartida, para su discusión en la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género.
Exposición de motivos
Primero. Patria potestad y guarda y custodia en las crisis matrimoniales.
Todos los padres tienen una serie de obligaciones de cuidado para con sus
hijos. Cuando estos son menores no emancipados, dichas obligaciones se
integran en el concepto jurídico de patria potestad (artículos 154 y 156
del Código Civil, 'CC'), que engloba funciones tales como 'velar por
ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una
formación integral', o 'representarlos y administrar sus bienes'.
Cuando acontecen o una crisis matrimonial (concepto que engloba la
separación, la nulidad y el divorcio) o una ruptura de una pareja no
matrimonial, las obligaciones de los padres para con sus hijos menores no
decaen; así lo explícita el artículo 92 CC. En tales situaciones entra en
juego otro concepto jurídico, la guarda y custodia, distinto de la patria
potestad, que hace referencia al cuidado cotidiano de los menores y a las
decisiones que se toman para desempeñarlo.
Segundo. Guarda y custodia compartida y exclusiva.
Existen dos posibles regímenes de guarda y custodia de los hijos menores
cuando sobreviene una situación de crisis matrimonial o de pareja, entre
los cuales decidirá el Juez, plasmando dicha decisión en una resolución
motivada en el interés superior del menor (artículo 92 CC) 185:
- Guarda y custodia compartida entre los dos padres, en la que se produce
una implicación igualmente activa por su parte en el cuidado de los hijos
comunes, gracias a un reparto temporal equitativo
185 El Juez puede decretar la guarda y custodia compartida en dos
situaciones. La primera de ellas se regula en el art. 92.5 CC: 'cuando
así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o
cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento'.
La segunda situación es la vía contenciosa del artículo 92.8: 'el Juez, a
instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá
acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de
esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor'. En
este segundo caso surge la necesidad de un informe por parte del
Ministerio Fiscal, preceptivo pero no vinculante (tal y como determinó la
STC 185/2012, de 17 de octubre), regulado en el artículo 92.6: 'en todo
caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá
recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan
suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del
Fiscal, las partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio
menor, y valorar las alegaciones de las partes, la prueba practicada, y
la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para
determinar su idoneidad con el régimen de guarda'.
de los tiempos de convivencia con los hijos. Se trata de una solución más
parecida a la situación que, por norma general, se desarrolla en las
familias con carácter previo a una ruptura.
- Guarda y custodia exclusiva de uno de los padres y derecho de visitas a
los menores del otro. En este régimen, es el padre custodio el que lleva
a cabo la labor de cuidado cotidiano de los hijos, mientras que el padre
no custodio solamente pasará con ellos unas determinadas horas a la
semana. Habitualmente se impone al progenitor no custodio la obligación
de contribuir, mediante una pensión de alimentos, a las cargas económicas
que comporta la crianza de los hijos menores de edad, discapacitados o
mayores de edad, pero aún dependientes económicamente (artículos 93 y 142
CC).
Tercero. Guarda y custodia compartida e interés superior del menor.
1. Interés superior del menor
El interés superior del menor o favor filii es, al mismo tiempo, un
derecho -sustantivo y procesal- y un criterio interpretativo. Así se
infiere de la literalidad del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia:
'Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le
conciernan,tanto en el ámbito público como privado.'
Se trata, además, de un derecho-principio que no solo goza de
reconocimiento en España sino en todo el panorama internacional 186. En
su faceta de criterio hermenéutico, hay que resaltar que el interés
superior del menor no es un principio cualquiera, ya que tiene la
consideración de principio rector en materia de Derecho de Familia.
El interés superior del menor es un concepto cuyo contenido es dinámico
187; ha sido-y continúa siendo- objeto de desarrollo doctrinal y
jurisprudencial. Coincidimos con el sector de la doctrina que entiende
que el ordenamiento debe preservar que el menor, que es titular de
derechos fundamentales, pero carece de la suficiente madurez y capacidad,
pueda efectivamente ejercerlos en el presente y en el futuro. En este
sentido, el concepto jurídico indeterminado del interés superior del
menor se llenaría de contenido al pasar a englobar la dignidad del menor,
el respeto y el fomento de todos los derechos de que es titular, y la
protección del libre desarrollo de su personalidad y de su bienestar
integral 188.
2. Guarda y custodia como elemento integrador del interés superior del
menor.
Una cuestión que, según han entendido la doctrina y la jurisprudencia
mayoritarias, forma parte del interés del menor es la guarda y custodia
compartida 189. Para los menores constituye un bien tener un padre y una
madre y pasar tiempo de calidad con ambos. Esto ha de preservarse en la
medida de lo posible, incluso en las situaciones de crisis matrimonial o
de la pareja, pues permite que los menores tengan vínculos afectivos
significativos con ambos padres y que los dos se impliquen intensa y
directamente en su cuidado y educación, lo que redunda en su mejor
desarrollo, y posibilita también a los padres 'seguir ejerciendo los
derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad
parental' 190.
La jurisprudencia ha sido clara al afirmar que 'ante todo se ha de partir
(SSTS de 16 de febrero de 2015, Rc. 2827/2013) de que el régimen de
guarda y custodia compartida debe ser lo normal y deseable, señalando la
Sala (SSTS de 29 de abril de 2013, 25 de abril de 2014, 22 de octubre de
2014, Rc. 164/2014) que la redacción del artículo 92 no permite concluir
que se trate de una medida excepcional,
186 La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y ala adolescencia habla del 'el reconocimiento
internacional del derecho del niño a mantener contacto directo y regular
con ambos progenitores'. Por otra parte, es preciso citar también el
Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. Acerca de la interpretación del artículo 3.1, véase la
Observación general N.º 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial.
187 Cfr., v. gr., RAVETLLAT BALLESTE, L, 'El interés superior del niño:
concepto y delimitación del término', Educatio Siglo XXI, Vol. 30, n.º 2,
p. 92.
188 Op. Cit., p. 96. El autor se hace eco, en particular, de la opinión de
ROCA TRÍAS,E., en 'El interés del menor como factor de progreso y
unificación del Derecho Internacional Privado, discurso de contestación a
la académica de número Dra. Alegría Borrás, en su discurso de ingreso en
la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña', Revista
Jurídica de Cataluña, 1994, n.º 4; y Familia y cambio social (De la casa
a la persona),Cuadernos Civitas, Barcelona, 1999.
189 https://www.actuall.com/
familia/la-ciencia-avala-la-custodia-compartida/ En este artículo de
prensa se cita una serie de estudios académicos que acreditan que la
guarda y custodia compartida es más beneficiosa para los menores que la
exclusiva.
190 STS368/2014, de 2 de julio (fundamento jurídico segundo).
sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable,
porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a
relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis,
siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea' 191. Y ello por
entender que, con este régimen:
'a) [Se fomenta] la posibilidad de los hijos de disfrutar de la presencia
de ambos progenitores, pese a la ruptura de las relaciones de pareja,
siendo tal presencia similar de ambas figuras parentales y constituye el
modelo de convivencia que más se acerca a la forma de vivir de los hijos
durante la convivencia de pareja de sus padres, por lo que la ruptura
resulta menos traumática;
b) Se evitan determinados sentimientos negativos en los menores, entre los
cuales cabe relacionar los siguientes: miedo al abandono; sentimiento de
lealtad; sentimiento de culpa; sentimiento de negación; sentimiento de
suplantación; etc.,
c) Se fomenta una actitud más abierta de los hijos hacia la separación de
los padres que permite una mayor aceptación del nuevo contexto y se
evitan situaciones de manipulación consciente o inconsciente por parte de
los padres frente a los hijos; [entre las cuales cabe citar, por su
gravedad, la alienación parental 192, entendida como aquella conducta
consistente en la manipulación de los menores que un progenitor lleva a
cabo para impedir o destruir sus vínculos con el otro progenitor].
d) Se garantiza a los padres la posibilidad de seguir ejerciendo sus
derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad
parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y
crecimiento de sus hijos,evitando,así,el sentimiento de pérdida que tiene
el progenitor cuando se atribuye la custodia al otro progenitor... 193.'
Tales ventajas hacen preferible la guarda y custodia compartida como
modelo de cuidado de los hijos menores cuando acontece una crisis
matrimonial o de pareja.
3. Tendencia jurisprudencial en materia de guarda y custodia en España.
Pese a lo expuesto, del examen de los datos más recientes sobre atribución
de guarda y custodia en España se deduce que aún existe cierta
resistencia a la hora de valorar que lo mejor para los menores, como
regla general, es la guarda y custodia compartida. Muestra de ello es que
en 2020 solo un 41,4% de los casos se decretó este modelo de custodia
194. Por lo tanto, la tendencia general de los Juzgados de Primera
Instancia sigue siendo, a pesar de la contundencia de los
pronunciamientos reiterados del Tribunal Supremo, la guarda y custodia
materna.
4. Las particularidades de la guarda y custodia de los bebés.
Los primeros momentos de la vida del hijo presentan una serie de
especificidades que aconsejan que esta fase reciba un tratamiento
específico en materia de guarda y custodia. En particular, debido a que,
entre el momento del nacimiento y los seis meses de vida, alrededor del
50 % de los bebés reciben lactancia materna 195. Transcurridos los seis
meses, el porcentaje disminuye, si bien es una práctica frecuente hasta
los dos años y beneficiosa para el bebé 196.
Durante ese tiempo, siempre que concurra lactancia materna y con el fin de
hacer esta posible, en beneficio del hijo, conviene que la guarda y
custodia la ostente la madre. Al cumplir los dos años (o antes, si
finalizase el periodo de lactancia materna), sería conveniente reconducir
el régimen de custodia a uno compartido por ambos padres, para hacer
posible una mayor implicación del padre en la vida del niño desde la edad
más temprana posible.
191 STS 3217/2015, de 15 de julio, fundamento jurídico tercero.
192 Como ejemplo de la aceptación en sede judicial de esta conducta
denominada de 'alienación parental' cabe citar, entre otras, las
siguientes resoluciones: Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,
Sección 1.ª, de 9 de julio de 2013; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
de lo Civil, Sección 1.ª, de 16 de marzo de 2016; Sentencia del Tribunal
Supremo, Sección 1.ª, Sala de lo Civil, de 22 de septiembre de 2016; Auto
del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección 1.ª, de 19 de abril de
2017.
193 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12,
673/2020, de 12 de noviembre, fundamento jurídico tercero.
194 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/ es/ operacion.htm?c=estadistica
C&cid=1254736176798&menu
=ultiDatos&idp=1254735573206#:~:text=En%202020%20hubo%2077.200%20divorcios,separaci%C3%B 3n%20de%20parejas%20con%20hijos.
195 COMITÉ DE LACTANCIA MATERIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA,
Lactancia materna en cifras: tasas de inicio y duración de la lactancia
en España y en otros países,2016, pp. 5-6.
196 COMITÉ DE LACTANCIA MATERIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA,
Lactancia materna, el mejor inicio para ambos, 2016, p. 2.
5. La mediación en la guarda y custodia compartida.
La mediación es un instrumento de resolución de conflictos en el que dos o
más partes intentan llegar a un acuerdo con la intervención de un
tercero-el mediador-. Se regula en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles ('LMACM'). Se trata de una
herramienta que, por sus notas específicas, y ya sea un instrumento
alternativo 197 o complementario a la vía judicial, resulta especialmente
propicia como cauce para el establecimiento de un régimen de guarda y
custodia compartida.
Si la mediación es extrajudicial, permite soluciones más prácticas y
adaptadas a la realidad, a las necesidades y a los tiempos de las partes;
supone un menor coste económico; facilita una mayor cercanía emocional
entre las partes y un mayor protagonismo de estas en las decisiones; y
aligera la carga de los Juzgados de Familia. Si nos referimos, en cambio,
a la mediación intrajudicial, presenta como ventajas que permite poner
fin al proceso judicial con mayor rapidez y que las partes tengan un
mayor control del objeto y el resultado del proceso, y que brinda además
mejores tasas de cumplimiento de lo acordado.
Sin embargo, se observa en España una falta de desarrollo legal y de
promoción práctica de la mediación 198, a excepción de la Guía práctica
para la mediación intrajudicial del Consejo General del Poder Judicial,
que está suponiendo un impulso para esta clase particular de mediación.
Por otro lado, si bien no se trata exactamente de una labor de mediación,
los Centros de Coordinación de Parentalidad desarrollan una labor
complementaria a la de esta en materia de conflictos familiares: el
coordinador 'asiste a los progenitores para implementar su Plan de
Parentalidad, [en el cual] se detallan los compromisos que asumen ambos
respecto a la guarda,el cuidado y la educación de los hijos en el día a
día, no reguladas en sentencia y que generan el conflicto' 199.
Cuarto. Conclusiones.
El Grupo Parlamentario VOX considera que ha de protegerse el derecho de
los menores a relacionarse con ambos padres (y con su familia extensa, si
bien no es este el objeto de la Proposición no de ley). A tal fin, se ha
de modificar la regulación del CC en materia de guarda y custodia, para
recoger literalmente la preferencia por el régimen de guarda y custodia
compartida, en atención al bien de los menores.
Dicha modificación redundará en una mayor seguridad jurídica y pondrá fin
a la tendencia a la guarda exclusiva que, aún a la baja, persiste en
España. Asimismo, traerá consigo una unificación de los distintos
regímenes aplicables en España, toda vez que ciertas regiones, a las que
se aplica con preferencia su legislación foral en materia de Derecho de
Familia, ya reconocen como norma general la guarda y custodia compartida
para los casos de crisis matrimoniales 200.
Por otro lado, se ha de promover el cumplimiento en sus términos de las
resoluciones judiciales en materia de guarda y custodia, ya que ello
redunda en beneficio del interés del menor y de la familia. Y, en este
sentido, en primer lugar, han de ofrecerse en todo el territorio español
ayudas como la mediación (previa a recaer resolución judicial) o los
centros de coordinación de parentalidad (de forma coetánea al proceso o
incluso posterior). Además, en segundo lugar, han de agravarse las
consecuencias jurídicas del incumplimiento de las resoluciones
judiciales, especialmente las consistentes en el incumplimiento del
régimen de visitas establecido, así como de las conductas tendentes a
alienar a los menores en contra del otro progenitor.
197 La mediación, incluso aunque finalice con acuerdo entre las partes, si
este no se protocoliza o, en su caso, ratifica judicialmente, no gozará
de efectos de cosa juzgada.
198 Por ejemplo, y según datos del Consejo General del Poder Judicial del
año 2014, mientras que en el ámbito penal (sujeto a otra regulación
distinta en materia de mediación) se desarrollaron 2.243 mediaciones
intrajudiciales, en Derecho de familia solo se efectuaron 1.139, la
mitad.
199
https://www.fundacionfilia.org/2020/02/04/el-servicio-de-intervencion-en-coordinacion- parental-en-2020/
200 V. gr., Ley de las Cortes de Aragón 2/2010, de 26 mayo de igualdad en
las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los
padres, luego refundida en el Código del Derecho Foral de Aragón (Decreto
Legislativo 1/2011, de 22 de marzo), o Libro 2.º del Código Civil de
Cataluña relativo a la persona y la familia.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la modificación de la legislación aplicable en materia de
Derecho de Familia, en aplicación de la reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo y con el doble fin de propiciar seguridad jurídica y una
mayor consecución del interés de los hijos menores o hijos con
discapacidad, que se establezca como preferente la guarda y custodia
compartida por ambos padres en los casos de ruptura de su relación, y con
independencia de la oposición de una de las partes. La única excepción a
esta regla de la preferencia por la guarda y custodia compartida la
constituirán los primeros meses de la vida del niño, en los cuales,
cuando concurra lactancia materna exclusiva y en tanto que esta dure -con
un plazo máximo de dos años-, la custodia del hijo la ostentará la madre,
y se reconocerá un amplio régimen de visitas al padre no custodio.
2. Promover el endurecimiento de las consecuencias jurídicas del
incumplimiento de las resoluciones en materia de guarda y custodia de los
menores, que redundan en un menoscabo de su interés superior y en un
empeoramiento de las condiciones del ejercicio del derecho-deber de
cuidado de sus padres.
3. Promover el recurso habitual a la mediación judicial y extrajudicial en
Derecho de Familia, en desarrollo de la Ley 5/2012,de 6 de julio,de
mediación en asuntos civiles y mercantiles y de las propuestas contenidas
en el Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva
2008/52/CE. Y, en este sentido,
a. Promover el uso de centros públicos de mediación y de intervención
parental en toda España, y dotarlos de los medios necesarios para el
adecuado desempeño de su labor.
b. Aprobar un Protocolo nacional de mediación familiar, análogo al
publicado por el CGPJ pero que abarque también la mediación
extrajudicial, que:
i. establezca la mediación como herramienta de obligado conocimiento para
las partes que deciden iniciar un proceso judicial;
ii. fomente la posibilidad de que los jueces deriven a las partes a los
servicios de mediación, siempre que lo consideren beneficioso para el
caso concreto y con independencia del momento procesal en que estén,
suspendiendo el procedimiento hasta que finalice la mediación;
iii. promueva que, una vez recaiga resolución judicial, las partes que
tengan hijos bajo su patria potestad acudan a un centro de intervención
parental durante al menos dos meses, donde se les prestará ayuda (de
mediación, psicológica, etc.) para asumir y gestionar de manera autónoma
el cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado, a fin de prevenir futuros
incumplimientos y procedimientos de modificación de medidas.
4. En el caso de hijos mayores de edad, aunque no exista ya custodia, el
juez podrá decidir mantener la pensión de alimentos para el hijo mayor de
edad, es decir, después de los 18 años. Será así en aquellos casos en los
que el hijo no tenga independencia personal y económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2022.-Carla Toscano
de Balbín, María Magdalena Nevado del Campo, Patricia de las Heras
Fernández, María Teresa López Álvarez y María de los Reyes Romero
Vilches, Diputadas.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/004396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Carla Toscano de Balbín, doña
María Magdalena Nevado del Campo, doña Patricia de las Heras Fernández,
doña María Teresa López Álvarez, doña María de los Reyes Romero Vilches y
doña Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Sustituto y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso al servicio de
atención a las víctimas de violencia doméstica a todas las personas, para
su discusión en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.
Exposición de motivos
Primero. La atención telefónica a las víctimas de violencia sobre la
mujer.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2006 se aprobó
la puesta en funcionamiento de un teléfono para la atención de víctimas
de violencia sobre la mujer, dentro de un 'catálogo de medidas urgentes
contra la violencia de género' 201.
En virtud de la Resolución de 19 de junio de 2007, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se atribuyen recursos públicos de numeración al servicio de
información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia
de género 202 ('Resolución de 2007'), 'se atribuye el número corto 016 al
servicio de información y asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas
de violencia de género [sic]'. En esta Resolución se desglosan las
prestaciones del servicio, que son las siguientes:
a) 'Información actualizada sobre los derechos de las víctimas y los
recursos disponibles para su atención.
b) Asesoramiento jurídico.
c) Atención y derivación de las llamadas de emergencia relacionadas con la
violencia de género [sic]'.
Por su parte, la Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ('Resolución de
2021') decretó la modificación de los apartados 1 y 3 de la Resolución de
2007, ampliándose los recursos de la siguiente manera: 'este número podrá
utilizarse, además, para la prestación mediante mensajes cortos de texto
y mensajes multimedia de servicios de información y asesoramiento de la
misma naturaleza o complementarios al de información telefónica' 203.
La gestión del servicio del número de teléfono '016' corresponde hoy al
Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género que, conforme a los Presupuestos Generales del Estado
vigentes, cuenta con presupuesto suficiente para atender 80.000 llamadas
en 53 idiomas durante el ejercicio. La última adjudicación publicada del
servicio, de 29 de enero de 2021, refleja un importe total (sin
impuestos) de 1.510.000 euros 204.
Los servicios de atención se dirigen, por un lado, a las posibles mujeres
víctimas de la llamada 'violencia de género' -en los términos en que la
definen según lo establecido en la discriminatoria 205 Ley
201
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2006/refc20061215.aspx
202 Junto al 016 coexiste el Servicio Telefónico de Atención y Protección
para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Se trata de 'una
modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las
víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las
eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365
días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren'. Es un
servicio gestionado por la Federación Española de Municipios y
Provincias, mediante convenio de colaboración suscrito con el Ministerio
de Igualdad:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm
203 En este sentido fue modificado igualmente el apartado 3 del resuelvo
tercero -sobre el tratamiento de las llamadas al número atribuido-,
estableciendo que 'tanto el envío de mensajes al 016, como, en su caso,
la recepción de mensajes desde el 016, serán gratuitos para el usuario y
no dejarán registro en la factura'
204
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjUlJTC3Iy87KtUlILEnNyUuNz?MpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyUlzLcvOjky3dVA3SXHISQ8OM84LzOyKMqlONzMsdbW31C3JzHOEURlUN/
205 La ley viola el principio de isonomía, reconocido en el artículo 14 de
la Constitución Española. En el texto prevalece de forma sistemática la
discriminación por razón de sexo hacia el varón, de forma particular en
lo que se refiere a la tutela judicial y penal, creando tribunales de
excepción y previendo penas superiores para los varones por la comisión
de los mismos delitos. V. gr., el artículo 36 de la norma modifica el
Código Penal para establecer una pena superior en el delito de lesiones
'si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o
hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad,
aun sin convivencia'. Es decir, prevé, en las mismas circunstancias,
penas distintas para mujer (pena de prisión de tres meses a tres años o
multa de seis a doce meses) y varón (pena de prisión de dos a cinco
años).
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género 206-; pero desde la firma del nuevo
contrato para la prestación del servicio '016', también se dirige a las
posibles mujeres víctimas de 'violencia doméstica,violencia
sexual,acoso,mutilación genital femenina,matrimonio forzoso, aborto y
esterilización forzosos o acoso sexual' 207.
Segundo. La atención a todas las víctimas de violencia doméstica.
La Resolución de 2021 reconocía que la propia norma constituía un avance
en el desarrollo del Convenio de Estambul, celebrado en 2011 y ratificado
por el Reino de España en 2014,señalando -en una referencia literal de su
artículo 24- que el mismo 'insta a los Estados Partes a tomar las medidas
necesarias para establecer a nivel nacional guardias telefónicas
gratuitas, accesibles las 24 horas del día, siete días por semana, para
proporcionar a las personas que llamen,confidencialmente y respetando su
anonimato,consejos relativos a todas las formas de violencia incluidas en
su ámbito de aplicación'.
Sin embargo, más allá de las diferencias que este Grupo Parlamentario
pueda tener con lo sostenido en el Convenio, llama la atención que,
siendo este invocado tan recurrentemente por las normas de reciente
tramitación parlamentaria, se ignore el hecho de que su ámbito de
aplicación no solo comprende la violencia contra las mujeres en
particular, mas también la violencia doméstica en general 208 (es decir,
la padecida por hombres y mujeres), como reconoce el Convenio desde su
Preámbulo.
En definitiva, una afanada voluntad de desarrollo del Convenio de
Estambul, de ser coherente, debería observar la atención a todas las
personas que padezcan violencia doméstica, independientemente de su sexo.
Lo antedicho se asienta sobre la base del principio de igualdad y el
derecho a la vida y a la integridad física y moral, reconocidos
respectivamente en los artículos 14 y 15 de la Constitución Española a
todos los españoles, y se ampara, asimismo, en la competencia material
exclusiva que otorga la Carta Magna al Estado en su artículo 149.1.1.ª
sobre 'la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer el acceso al
servicio de atención a las víctimas de violencia doméstica a todas las
personas, independientemente de su sexo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2022.-Carla Toscano
de Balbín, María Magdalena Nevado del Campo, Patricia de las Heras
Fernández, María Teresa López Álvarez, María de los Reyes Romero Vilches
y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.-José María Figaredo Álvarez-Sala,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/004417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
elaboración de un plan de acción para atajar la oleada de casos de
agresiones por pinchazo y de sumisión química, para su debate en la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género.
206 Este tipo de violencia se refiere a aquella ejercida (1) 'como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia'; (2) 'comprende todo acto de violencia
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad'; y (3) se
refiere igualmente a aquella 'que con el objetivo de causar perjuicio o
daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de
edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero'.
207 https://www.congreso.es/entradap/114p/e20/c_0202350_n_000.pdf
208 El INE recoge 8.240 víctimas por violencia doméstica en el año 2021.
Exposición de motivos
La sumisión química es la administración de una sustancia que anula la
voluntad de una persona, con el objeto de la comisión de un delito, muy
especialmente una agresión sexual.
Durante este verano, se han producido numerosos casos de ataques
realizados con pinchazos producidos con una jeringuilla, a niñas y
mujeres, en discotecas, fiestas y locales de ocio, con un objetivo que
aun hoy se desconoce. Se corresponden con el fenómeno conocido
internacionalmente como 'needle spiking', que comenzó en Gran Bretaña y
Francia y ahora se evidencia tanto en Bélgica como en España. Las jóvenes
sienten pinchazos en brazos o piernas y después se sienten mareadas; sin
embargo, al realizárseles las pruebas toxicológicas no se detecta
presencia de sustancia alguna, en ocasiones sí quedan trazas del
pinchazo.
En estos meses hemos tenido conocimiento de unos setenta casos de
pinchazos que se han dado en España, en Baleares, Cataluña, País Vasco,
Andalucía, Cantabria y Asturias. La difusión de los casos, en muchas
ocasiones a través de las redes sociales mediante el testimonio de las
propias víctimas, ha creado un clima de alarma y preocupación
generalizada, muy especialmente entre las jóvenes y sus familias.
A pesar de que la ministra de Igualdad se apresuró a calificar estos
ataques como ejemplos de 'sumisión química', varios expertos, como Manuel
López-Rivadulla, catedrático de toxicología de la Universidad de Santiago
de Compostela, afirman que es imposible que con un pinchazo se pueda
administrar a una persona una sustancia capaz de anular su voluntad.
Algunas comunidades autónomas, como la de Extremadura o la de Cataluña,
emitieron una alerta sobre sumisión química a través de pinchazos, en la
que recomienda que la víctima se desplace de manera inmediata al servicio
de urgencias más próximo, puesto que son los profesionales que atienden
estos servicios los que se encuentran en mejor situación para su
detección, o que llame inmediatamente al 112, siguiendo después las
instrucciones que se le darán. Se recuerda en esa alerta que es
fundamental la recogida de muestras biológicas con fines toxicológicos lo
antes posible, para poder detectar las posibles sustancias implicadas en
un caso de sospecha de sumisión química. También, en el caso de sospecha
de agresión sexual, se activaría el protocolo correspondiente.
Nos encontremos o no frente a un nuevo modelo de sumisión química, que más
bien parece descartarse, lo que sí está claro es que se trata de un nuevo
fenómeno de violencia contra las mujeres, en el que, con fines aún no
claros, se agrede a jóvenes y se intimida y atemoriza a todas las
mujeres. Se precisa de una decidida intervención de los ministerios con
competencias en las áreas involucradas en este problema, como son los de
Igualdad, Sanidad e Interior. El primero, por ser solamente mujeres las
afectadas; el segundo, por tratarse de un problema frente al que los
servicios de urgencias de los hospitales tienen que actuar con rapidez, y
el de Interior, por tratarse de una grave violación de la seguridad de
las mujeres, atacadas en locales y lugares públicos.
Hasta ahora conocemos tan solo una intervención, del Ministerio de
Igualdad, que firmó un convenio el pasado 28 de julio con la Federación
Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche), para el
establecimiento de 'puntos violeta' en la entrada de los
establecimientos, con un código QR en los baños con información básica
sobre cómo actuar ante una agresión sexual. Siendo una iniciativa
positiva, creemos que no basta para devolver la tranquilidad a las
mujeres.
Las intervenciones profesionales ante la sospecha de un caso de sumisión
química son ahora mismo variables, y en relación con esta oleada de
ataques mediante pinchazo, vemos cómo algunas comunidades autónomas han
establecido procedimientos similares a los de la sumisión química, y
otras en cambio, no. Resulta necesario crear un protocolo común que guíe
las intervenciones médicas y legales de todas las personas que
intervienen, una vez que se presenta un posible caso. Hay que recordar
que la situación de nerviosismo e incluso amnesia con la que acuden las
víctimas al hospital hace especialmente importante la preservación de
pruebas, algo que debe conjugarse con la atención sanitaria inmediata,
con extracción de muestras bajo cadena de custodia, y la orientación a la
víctima. La complejidad y especificidad del problema hace necesario su
abordaje integral, la prevención a la población en general y muy
especialmente a las jóvenes, la elaboración de los protocolos y guías y
su implantación, en colaboración con las comunidades autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar a la mayor brevedad posible un plan de acción ante el
creciente número de agresiones por pinchazos a mujeres, que cuente entre
sus actuaciones, al menos, con las siguientes:
2. Crear un protocolo único, sanitario y policial, de detección e
intervención en caso de sospecha de sumisión química y en cualquier tipo
de denuncia de haber sufrido un pinchazo en un local de ocio nocturno o
fiesta.
3. Reforzarla seguridad ciudadana en las fiestas donde se prevén
aglomeraciones y puedan darse casos de agresiones con pinchazo.
4. Poner en marcha una campaña de sensibilización sobre este fenómeno, al
objeto de dar a conocer los pasos a seguir en el caso de que se produzca
una agresión con pinchazo, pero también para que los posibles agresores
desistan de sus acciones a través de la información sobre el castigo a
este tipo de delitos.
5. Recabar, desde el ministerio de Igualdad, toda la información posible
sobre estos casos, su incidencia en todo el territorio del país, sus
características, forma de actuación de los agresores y tipología de las
víctimas, al objeto de poder prevenir acertadamente nuevas agresiones y
tipificároste nuevo modelo de violencia contra las mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2022.-Carmen Navarro
Lacoba, Marta González Vázquez, Beatriz Álvarez Fanjul, Rosa María Romero
Sánchez, Tristana María Moraleja Gómez, Margarita Prohens Rigo, María
Auxiliadora Pérez Díaz, María Soledad Cruz-Guzmán García, Alicia García
Rodríguez, Carmen Riolobos Regadera, César Sánchez Pérez y Diego Gago
Bugarín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/004364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso al servicio
de comedor escolar al alumnado matriculado en las etapas de Educación
Infantil y Primaria, para su debate en la Comisión de Derechos de la
Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
El apartado segundo del artículo 9 de la Constitución Española encomienda
a los poderes públicos 'la responsabilidad promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas'. A su vez, el artículo 27 afirma que
'todos tienen el derecho a la educación, que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales'.
El incremento experimentado en los últimos meses del Índice de Precios al
Consumo (IPC) está poniendo en dificultades a las familias españolas,
especialmente a aquellas con menores ingresos, a las que la inflación
afecta especialmente. Esta situación se hace especialmente preocupante si
tenemos en cuenta las elevadas tasas de riesgo de pobreza que con
carácter estructural soporta España en comparación a la mayoría de países
de la Unión Europea. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para
el año 2021, el 27,8% de la población está en riesgo de pobreza o
exclusión, la tasa más alta desde el año 2016.
La ausencia de ingresos suficientes por miles de familias en España tiene
un impacto directo sobre la alimentación de los menores. Según el informe
publicado recientemente por Educo, titulado 'Comedor escolar universal y
gratuito: un objetivo alcanzable y urgente', 370.000 niños, niñas y
adolescentes no comen carne, pescado o pollo cada dos días en nuestro
país. A pesar de situación, solo el 11%del alumnado recibe alguna ayuda o
beca para poder asistir al comedor.
La desigualdad territorial en lo relativo a la oferta de servicio de
comedor escolar en los centros públicos es otro de los elementos que cabe
destacar del informe de Educo. Mientras que en comunidades autónomas como
Madrid, Cataluña o Cantabria, más del 90% de los centros públicos cuentan
con servicio de comedor escolar, en otras regiones como Extremadura o
Castilla-La Mancha la tasa supera por poco el 50%. Las regiones más
rezagadas en lo relativo a la oferta del servicio de comedor escolar son
Ceuta y Melilla, con una cobertura del 41,2 % y 23,1 % respectivamente.
Por otra parte, según expone el policy brief elaborado por el Centro de
Políticas Económicas EsadeEcPol, titulado 'Jornada escolar continua: Cómo
la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo', la
jornada escolar continua supone una pérdida de 8.048 millones de euros al
año para las familias ya que el cuidado tras las clases de los niños en
jornada escolar matinal (o continua) obliga, en caso de no tener ayuda
externa, a que las familias reduzcan sus jornadas laborales o abandonen
el empleo
La infancia y la adolescencia es una etapa vital fundamental para el
desarrollo intelectual y socio-emocional de las personas que debe ser
objeto de especial protección por parte de los poderes públicos,
especialmente en el marco del sistema educativo, entre cuyos principios
se encuentra la equidad como medio para garantizar la igualdad de
oportunidades.
La adopción de medidas por parte de las administraciones educativas
dirigidas a aumentar el número de usuarios del servicio de comedor
escolar en centros públicos no solo es una medida viable económicamente,
la inversión necesaria que haría que el comedor escolar fuese universal y
gratuito sería del 0,13% del PIB según Educo, sino que tendría efectos
positivos en los ámbitos de la salud, la conciliación y la economía.
Además, el policy brief de EsadeEcPol destaca que 'las evaluaciones
experimentales de los programas de comedor también tienen un efecto
positivo sobre el rendimiento académico, el comportamiento y la
concentración del alumnado'. Este hecho también es uno de los argumentos
esgrimidos por Educo en favor de un acceso universal y gratuito a los
comedores escolares, a la vez que destaca que esta medida 'garantizaría
que los niños y niñas vayan a la escuela después del mediodía, lo que
previene el absentismo escolar'.
Tampoco se puede obviar, especialmente en el contexto actual, el carácter
distributivo de esta medida, que ayudaría a aliviar la economía de miles
de familias que han visto como los productos básicos de la compra se
encarecían en los últimos meses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Ampliar la cobertura y cuantía de las becas comedor para llegar a un
40% de todo el alumnado matriculado en la Etapa de Educación Infantil y
Primaria.
2. Programar el desarrollo y mejora de las infraestructuras escolares en
los centros públicos de Educación Infantil y Primaria para hacer posible
un comedor en cada centro educativo.
3. Promover, en colaboración con el resto de administraciones educativas,
hábitos alimentarios saludables a través de los comedores escolares.
4. Promover, en colaboración con el resto de Administraciones educativas,
que el espacio del mediodía se integre dentro del proyecto educativo de
los centros.
5. Encomendar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de
España una evaluación periódica del impacto de las ayudas o subsidios de
carácter estatal dirigidos a atender los gastos de comedor escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2022.-Sara Giménez
Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/004403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque
Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la
seguridad viaria en el paso elevado de la vía férrea A Coruña-Palencia en
Oza dos Ríos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
La vía de tren en el centro de Oza dos Ríos, ahora perteneciente al
fusionado Concello de Oza-Cesuras, divide en dos el núcleo urbano y
cuenta con un paso elevado sobre la carretera AC-840 de titularidad de la
Xunta de Galiza. Este paso elevado se produce mediante un puente que deja
un vano muy estrecho provocando problemas de seguridad viaria por la
falta de un paso seguro para peatones, sin arcén ni aceras. La vía se
estrecha bajo el puente dejando apenas circular a dos vehículos pequeños,
pero sin que exista lugar para que transiten los peatones, sillas de
ruedas o carritos, que necesariamente deben invadir la carretera
arriesgándose a ser arroyados por los coches que, tras una curva cerrada,
se adentran bajo la vía.
Solucionar este problema, una de las mayores y más peligrosas barreras
arquitectónicas de la comarca es una antigua reclamación de los vecinos y
vecinas, incluyéndose como promesa en el momento de la fusión de los
Concellos de Oza y Cesuras, pero que nunca se llegó a ejecutar.
Una de las posibles soluciones pasa por eliminar 200 metros de pendiente
del paso elevado para cambiarlos por pilares, lo que permitiría ampliar
el vano para la construcción de aceras y arcén de seguridad. El
desarrollo de este proyecto correspondería a Adif de quien depende la vía
férrea, que de hecho en 2017, realizó trabajos previos para avanzar en
esta obra, realizando prospecciones en el subsuelo de la línea férrea A
Coruña-Palencia en este punto, para comprobar el estado del talud y su
estabilidad.
Con este estudio se determinaría la naturaleza geológica del suelo a ambos
lados del talud, lo que permitiría redactar el proyecto para la
construcción del paso bajo la vía. En aquel momento, desde el Ministerio
de Fomento, se anunciaba que la obra contaba con un presupuesto de más de
800.000 euros y que tras finalizarse la zona contaría con una calle de
dos direcciones con aceras a cada lado bajo la vía.
Sin embargo, no se conocen más avances para la eliminación del estrecho
paso a nivel, sin que se haya consignado ninguna partida específica para
esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ni
2022.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a mejorar la
seguridad vial en Oza dos Ríos dotando de un paso seguro para los
peatones y viandantes que circulan bajo el talud del paso elevado de la
vía férrea A Coruña-Palencia que no dispone de arcenes ni aceras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2022.-Néstor Rego
Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Política Territorial
161/004360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el papel de todas las Administraciones Públicas en el
nuevo modelo de economía circular, para su debate en la Comisión de
Política Territorial.
Exposición de motivos
El artículo 45 de la Constitución Española recoge el derecho de todos a
disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de
conservarlo. Al mismo tiempo insta a todos los poderes públicos a velar
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Todo ello
implica apostar por una economía compatible con la utilización racional
de todos los recursos naturales, que proteja y mejore la calidad de vida
de la ciudadanía y la preservación de nuestro entorno.
El actual sistema económico está basado en un modelo de crecimiento
apoyado en la producción de bienes y servicios, que conlleva un uso
intensivo de recursos naturales y crea una elevada presión sobre el medio
ambiente, provocando un gran impacto sobre los recursos y los sistemas y
generando grandes volúmenes de residuos que acentúan el cambio climático
y la contaminación.
Es evidente la insostenibilidad del actual modelo 'lineal' como patrón de
desarrollo económico, y se hace necesario avanzar en la implementación de
un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento. Así surge el término
'economía circular', definido como un nuevo ciclo de desarrollo y
transformación, que avanza optimizando el uso de los recursos, fomentando
la eficiencia de los sistemas productivos, promoviendo que productos,
materiales y recursos permanezcan activos el mayor tiempo posible, y
paralelamente, disminuyendo la cuantía de los residuos generados.
El momento excepcional en el que nos encontramos por la crisis mundial que
estamos sufriendo, derivada de la pandemia por la COVID-19, ha puesto de
manifiesto la necesidad de impulsar políticas públicas que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos con el fin de lograr pueblos y ciudades
más sostenibles, saludables y seguros.
Así, es responsabilidad de todas las Administraciones Públicas trabajar
coordinadamente junto con el sector privado y la ciudadanía en la
búsqueda de soluciones que den respuesta a las necesidades actuales y
futuras.
Por todo ello, debemos poner especial atención al papel tan fundamental
que desempeñan los distintos gobiernos estatales, autonómicos y locales,
en este proceso de cambio y transformación. En nuestro país, cerca del
80% de la población vive en ciudades, y es en ellas donde se va a ganar o
perder la batalla por la sostenibilidad, por lo que deben tener el mayor
protagonismo en la recuperación.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por
el Gobierno de España recoge entre sus objetivos consolidar la transición
ecológica a través de inversiones en materia medioambiental para avanzar
hacia una España más verde, más digital, más cohesionada e igualitaria.
Entre sus ejes de actuación, con el objetivo de transitar hacia un modelo
de producción y consumo más sostenible, está el de la consolidación de la
economía circular.
En junio del 2020, el Consejo de Ministros aprobó la 'Estrategia Española
de Economía Circular. España Circular 2030' (EEEC) que sienta las bases
para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor
de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante
el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de
residuos, y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se
pueden evitar. La Estrategia contribuye así al objetivo de España por
lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de
los recursos y competitiva.
La Estrategia Española de Economía Circular se alinea con los objetivos de
los dos planes de acción de economía circular de la Unión Europea,
'Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular'
de 2015, y 'Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa
más limpia y competitiva' de 2020, además de con el Pacto Verde Europeo y
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
La economía circular cuenta con 3.782 millones de euros en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales 850 millones de
euros se destinan a la implementación de la Estrategia Española de
Economía Circular, plasmada en la normativa de residuos y del fomento del
reciclaje y la reutilización.
En este proceso de cambio y avances es necesario seguir apostando por el
compromiso de las ciudades en favor de la economía circular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su compromiso con la declaración
de Valladolid 'El Compromiso de las ciudades por la economía circular'
aprobada por la FEMP e insta al Gobierno, en colaboración con el resto de
las administraciones y agentes implicados, a:
1. Seguir impulsando y fomentando el protagonismo de todas las
Administraciones Públicas en la aplicación de la 'Estrategia de Economía
Circular. España circular 2030', aprobada por el Consejo de Ministros en
junio de 2020 con el fin de lograr una adecuada transición hacia el nuevo
modelo de sostenibilidad.
2. Favorecer campañas de formación, divulgación e información del nuevo
modelo de economía circular que permita dar a conocer mejor entre la
ciudadanía los objetivos de este.
3. Seguir apoyando a los gobiernos autonómicos y locales con los recursos
suficientes que les permitan seguir siendo actores principales en la
adaptación al nuevo modelo de sostenibilidad del siglo XXI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Josefa Andrés
Barea, Antidio Fagúndez Campo, Ariagona González Pérez, Patxi López
Álvarez, Gema López Somoza, José Losada Fernández, María Dolores Narváez
Bandera, Esther Padilla Ruiz, María Inmaculada Oria López, José Luis
Ramos Rodríguez, Mariano Sánchez Escobar y Herminio Rufino Sancho
Íñiguez, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/004375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para instar
al Gobierno a establecer incentivos económicos o profesionales a los
empleados públicos del Estado para favorecer la ocupación de los puestos
vacantes en las Delegaciones del Gobierno de Comunidades Autónomas de
difícil cobertura, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La indemnización por residencia, también conocido como plus por
residencia, es una retribución complementaria de carácter compensatorio,
con una larga tradición en la normativa de función pública española y que
encuentra su origen histórico en las especiales características,
fundamentalmente geográficas, de algunos de nuestros territorios.
Este complemento histórico en la Administración General del Estado (AGE)
ha tenido por objeto resarcir a los funcionarios públicos de los mayores
gastos que vienen soportando por razón de su residencia en una
determinada Comunidad Autónoma o territorio y que la han convertido en
zona de difícil cobertura.
Desde la publicación de la Resolución de 17 de abril de 2000, de la
Subsecretaría de Presidencia, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2000 por el que se
modifica otro Acuerdo anterior (de diciembre de 1992) sobre indemnización
por residencia, no se han revisado las cuantías de las indemnizaciones
pese a haber transcurrido casi veintidós años y pese a que la situación
actual respecto al encarecimiento de la vida y de la vivienda han
cambiado sustancialmente.
Durante este largo periodo de tiempo, también ha cambiado la situación
política, económica y social en algunas Comunidades Autónomas donde el
desafío separatista, la 'inmersión lingüística' en la Enseñanza (con
absoluta falta de respeto y desprecio al bilingüismo y al castellano por
parte de la autoridades educativas autonómicas), el hostigamiento del
entorno independentista, la división social y los problemas de
convivencia, ha provocado que los funcionarios de nuevo ingreso no
soliciten plazas en esas Comunidades Autónomas y que los ya existentes
soliciten en los concursos de traslados destinos en otras zonas de
España.
Todo ello unido a la carestía de la vida en determinados territorios
provoca que el personal de la AGE y la presencia del Estado sean cada vez
más residuales en los mismos.
Por tanto, sería aconsejable revisar la relación actual de los territorios
donde es necesario establecer indemnizaciones por la dificultad de
cobertura de los puestos vacantes.
Todo lo anterior, está produciendo también una gran inestabilidad en las
plantillas de la AGE en las dependencias y Áreas de Delegaciones del
Gobierno ocasionando por una parte, la sobrecarga de trabajo de los
funcionarios destinados en esos territorios con el consiguiente aumento
del estrés laboral y por otra, la repercusión directa que tiene en los
ciudadanos al privarlos de unos servicios públicos ágiles y de calidad.
Otra consecuencia negativa de la falta de funcionarios de carrera es que
se pongan 'parches temporales' contratando a funcionarios interinos.
Temporalidad que resulta enormemente negativa por aumentar la precariedad
laboral y suponer una falta de profesionalización y continuidad en la
gestión de los servicios públicos.
En la actualidad el sistema retributivo de indemnización por residencia se
aplica a los funcionarios que prestan servicios en Baleares, Canarias, el
Valle de Arán y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Pluses o
complementos, como señalamos, que no se actualizan desde hace veintidós
años.
Pero además de la necesaria actualización de las cuantías, también es
imprescindible en la AGE un estudio en profundidad de las CC.AA. o
territorios de difícil cobertura, de sus mermadas y envejecidas
plantillas por la escasez de funcionarios y por la ausencia de
incorporación de los de nuevo ingreso, analizar las cargas de trabajo por
funcionario, de los tiempos medios de resolución y de respuesta a las
peticiones de los ciudadanos, etc. Para una vez detectadas las
incidencias conforme a los anteriores parámetros, impulsar el
establecimiento de un plus o incentivo económico o profesional con la
finalidad de dotar de estabilidad, eficacia y eficiencia a los servicios
públicos prestados por la Administración del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio exhaustivo para establecer las CC.AA. o territorios
donde es necesario dotar de nuevas indemnizaciones.
2. Abordar un estudio en profundidad de las dependencias y Áreas
dependientes de las Delegaciones del Gobierno en las distintas
Comunidades Autónomas, detectar las que tienen dificultad para la
cobertura de las plazas, así como sus causas, y establecer pluses o
incentivos económicos o profesionales que permitan dotar de estabilidad a
las plantillas con la finalidad de prestar unos servicios públicos
eficaces y eficientes.
3. Revisar y actualizar las cuantías de las indemnizaciones por residencia
actualmente contempladas en la Resolución de la Subsecretaría de
Presidencia, de 17 de abril de 2000, así como para los nuevos territorios
que sean incluidos en la relación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 2022.-Llanos de Luna
Torraba y José Antonio Bermúdez de Castro Fernández,
Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para promover la cohesión territorial a través de la l+D+l en
zonas rurales, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Es un hecho que los recursos y fondos destinados a investigación en España
son menores a los de otros países europeos. No obstante, pese a que los
recursos son limitados, España tiene una gran calidad y volumen de
producciones científicas. Las escasas políticas públicas en l+D+l de la
última década, bajo el gobierno del Partido Popular, han tenido como
consecuencia que la juventud abandone sus lugares de origen con destino
al extranjero u a otros grandes núcleos de población de nuestro país,
donde es más probable que accedan a un puesto de trabajo. Los pueblos y
las provincias más pequeñas, como pueden ser Soria, Teruel y Cuenca, han
sido las mayores perjudicadas de esta fuga de talento, acelerando su
proceso de envejecimiento. Al final, gran parte de la investigación se
realiza en grandes ciudades.
La próxima modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Innovación y la Tecnología, actualmente en tramitación, conseguirá
retener el talento e incentivar la producción de ciencia en nuestro país,
también en zonas más despobladas o en riesgo de despoblación.
Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es la, hasta ahora,
política de centralización de centros y empresas de investigación, que ha
apartado la capacidad de los núcleos rurales de retener el talento. Una
descentralización de estos supondría el fortalecimiento de la cohesión
económica, social y territorial de las zonas rurales, lo cual tiene una
importante repercusión a nivel nacional. No debemos olvidar, en este
sentido, que la mayor parte del territorio nacional son zonas de baja
densidad de población.
Además, existen numerosos incentivos que pueden motivar el desplazamiento
de personal investigador a zonas rurales como son: la disminución del
coste de vida, la mejora de la conciliación familiar y la proximidad a
las zonas sobre las que existen activos de investigación, como pueden ser
recursos naturales, biodiversidad, etc.
Aunque están aumentando los presupuestos destinados a investigación, aún
queda mucho camino por recorrer. Es necesario, por un lado, estimular
planes y programas que ayuden a frenar la fuga de talento en estas zonas
y, por otro, desarrollar políticas territoriales que permitan fijar
población. Apostar por la localización de centros de investigación e
innovación en zonas distintas a las grandes ciudades promovería la
generación de oportunidades y la mejora de la calidad del empleo y de la
vida. Un ejemplo de ello es el reciente 'Real Decreto 209/2022, de 22 de
marzo, por el que se establece el procedimiento para la determinación de
las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público
institucional estatal y se crea la Comisión consultiva para la
determinación de las sedes'.
Además, respecto a las inversiones privadas en materia de l+D+l, las
grandes zonas pobladas tienen ventajas competitivas respecto a las zonas
rurales, puesto que los costes de los proyectos en estas últimas son más
elevados. Esto impide la atracción de inversión y repercute negativamente
en los investigadores e investigadoras, desplazándolos a los grandes
núcleos urbanos y generando una paradoja circular: menos oportunidades
laborales se traduce en menos población, lo que desincentiva la
generación de proyectos que, a su vez, impide la generación de empleo.
En definitiva, abordar el reto de la despoblación de forma transversal
requiere la implicación de diferentes actores, por lo que la l+D+l se
configura como fundamental para abordar esta cuestión y para promover la
cohesión territorial en nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Promover, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades
locales, medidas que impulsen la cohesión territorial, permitan la
promoción, atracción y retención del talento científico e innovador en
zonas despobladas o en riesgo de despoblación.
2. Impulsar medidas que favorezcan la labor investigadora de forma más
equitativa en nuestro país.
3. Apostar por potenciar, en zonas rurales, el papel que tiene la
ciudadanía como beneficiaría del conocimiento y la innovación impulsando
acciones que favorezcan su transferencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2022.-Josefa
Andrés Barea, Antidio Fagúndez Campo, Ariagona González Pérez, Patxi
López Álvarez, Gema López Somoza, José Losada Fernández, María Dolores
Narváez Bandera, Esther Padilla Ruiz, María Inmaculada Oria López, José
Luis Ramos Rodríguez, Mariano Sánchez Escobar y Herminio Rufino Sancho
Íñiguez, Diputados.-Isaura Leal Fernández y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2022.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001897
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz
adjunto y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y
don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior
Texto:
¿Cuál ha sido la gestión llevada a cabo desde el Departamento que dirige
de la invasión migratoria que vivió nuestra Ciudad Autónoma de Melilla el
pasado 24 de junio cuando cerca de 2.000 inmigrantes intentaron acceder
de manera ilegal a nuestro país, saldándose dicho intento con veintitrés
fallecidos y múltiples agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado heridos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2022.-Francisco José
Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
181/001898
A la Mesa de la Comisión de Interior
Don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoz
adjunto y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y
don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro del Interior
Texto:
¿Qué medidas y políticas van a adoptarse desde el Ministerio del Interior
para salvaguardar la soberanía nacional de nuestro país, después de
situaciones vividas como la del pasado 24 de junio, cuando cerca de 2.000
inmigrantes intentaron acceder de manera ilegal a nuestro país,
saldándose dicho intento con veintitrés fallecidos y múltiples agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado heridos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2022.-Francisco José
Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro y Francisco
Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001915
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Óscar Gamazo Micó.
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno perjudica a los
valencianos atacando la movilidad de los usuarios de la línea C1 del
núcleo de Rente Cercanías de Valencia al anular el contrato para la
duplicación de la vía ferroviaria de 22 kilómetros entre las estaciones
de Adif de las ciudades de Cullera y Gandía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2022.-Óscar Gamazo
Micó, Diputado.
181/001952
A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, doña Patricia de las Heras
Fernández, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, don Rubén Darío Vega Arias y don Juan Carlos Segura Just,
Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué impacto se espera que tenga el nuevo Mapa Concesional de transportes
de viajeros en autobús en las zonas con menor población de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-Patricia Rueda
Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Rubén Darío Vega Arias,
Cristina Alicia Esteban Calonje, Juan Carlos Segura Just y José María
Figaredo Álvarez-Sala, Diputados.
181/001957
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Víctor Valentín Piriz Maya.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno los continuos retrasos, problemas y averías de la
nueva línea férrea entre Madrid y Badajoz inaugurada por el Gobierno de
España en julio de 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2022.-Víctor
Valentín Piriz Maya, Diputado.
181/001971
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Macarena Montesinos de Miguel, don César Sánchez Pérez, don Óscar
Clavell López, doña Belén Hoyo Juliá, don Agustín Almodóbar Barceló, don
Vicente Betoret Coll, don Luis Santamaría Ruiz y don Óscar Gamazo Micó.
Texto:
¿Cómo justifica el Gobierno las rutas desde la Comunidad Valenciana a
otras autonomías que dejan de prestarse de forma directa y para las que
el usuario deberá realizar transbordo, y que afecta a 2.701 rutas? Entre
ellas las que nos unen a Castilla-La Mancha con 964 enlaces perdidos,
Andalucía con 495, Extremadura 335, Cataluña 277, Aragón 241 o Murcia con
230 conexiones que se perderían de prosperar el Nuevo Mapa Concesional de
los servicios de Transporte público interurbano regular de viajeros por
carretera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Macarena
Montesinos de Miguel, César Sánchez Pérez, Óscar Clavell López, Belén
Hoyo Juliá, Agustín Almodóbar Barceló, Vicente Betoret Coll, Luis
Santamaría Ruiz y Óscar Gamazo Micó, Diputados.
181/001972
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Doña Macarena Montesinos de Miguel, don César Sánchez Pérez, don Óscar
Clavell López, doña Belén Hoyo Juliá, don Agustín Almodóbar Barceló, don
Vicente Betoret Coll, don Luis Santamaría Ruiz y don Óscar Gamazo Micó.
Texto:
¿Cómo justifica el Gobierno la eliminación de 65 paradas y 225 líneas de
autobuses en la Comunidad Valenciana afectando directamente a una
población de 511.183 habitantes que recoge el Nuevo Mapa concesional de
los servicios de Transporte público interurbano regular de viajeros por
carretera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Macarena
Montesinos de Miguel, César Sánchez Pérez, Óscar Clavell López, Belén
Hoyo Juliá, Agustín Almodóbar Barceló, Vicente Betoret Coll, Luis
Santamaría Ruiz y Óscar Gamazo Micó, Diputados.
181/001980
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Joaquín María García Díez.
Texto:
¿Qué razones han llevado al Gobierno a encargar una asistencia técnica
externa para esclarecer las causas del hundimiento del buque Villa de
Pitanxo y haberlo ocultado a las familias de los marineros fallecidos y
desaparecidos en su reunión con la Ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2022.-Joaquín
María García Díez, Diputado.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/001895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña
Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña María de
la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Qué impacto se espera que tenga el nuevo Mapa Concesional de transportes
de viajeros en autobús en las zonas con menor población de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2022.-Patricia Rueda
Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés
Alberto Rodríguez Almeida, María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados
181/001936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de los Reyes Romero Vilches, don Francisco José Contreras
Peláez, doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo
Álvarez-Sala, doña Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez
Almeida y doña María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿Qué participación está manteniendo el Gobierno en las comisiones de
seguimiento celebradas junto con los representantes de los trabajadores y
de la empresa de Abengoa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2022.-Patricia Rueda
Perelló, María de la Cabeza Ruiz Solás, Mireia Borrás Pabón, María de los
Reyes Romero Vilches, Francisco José Contreras Peláez y Andrés Alberto
Rodríguez Almeida, Diputados.
181/001951
A la Mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Doña Patricia Rueda Perelló, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña
Mireia Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y doña María de
la Cabeza Ruiz Solás, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Texto:
¿De qué manera impactarán al sector del comercio español las represalias
comerciales de Argelia hacia España por la posición del Gobierno sobre la
cuestión del Sáhara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2022.-Patricia Rueda
Perelló, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de
la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
181/001935
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez
Texto:
¿Dónde está el escudo social de los 3,5 millones de personas en situación
de carencia material severa y de los 13 millones de españoles en riesgo
de pobreza o exclusión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001899
Diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado
en el Grupo Parlamentario Plural.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas
Puchades.
Texto:
¿Cuál es la posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ante la propuesta de la Comisión Europea de proceder al cierre a la
actividad pesquera de un total de 94 áreas que van desde el Golfo de
Cádiz y hasta la zona norte del Gran Sol (hasta el oeste de Escocia), una
medida que afectará a los barcos que tienen contacto con el fondo, como
es el arrastre y el palangre de fondo y que tendrá un impacto muy
negativo sobre la actividad de flotas especialmente en la gallega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Néstor Rego
Candamil, Diputado.
181/001963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña María
Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel
Mariscal Zabala, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario
VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno suspender las obligaciones sobre
diversificación, rotación de cultivos y barbechos, amparándose en las
excepciones establecidas en el Reglamento de Ejecución de la Comisión
Europea de 27 de julio de 2022, con los objetivos de incrementar la
producción agrícola y asegurar la soberanía alimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo,
Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
181/001981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rubén Darío Vega Arias, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María
Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel
Mariscal Zabala, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario
VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para combatir la presencia
del alga asiática (Rugulopteryx okamurae) en las costas de las islas
Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2022.-Rubén
Darío Verga Arias, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Ricardo Chamorro
Delmo, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Jesús Requejo Novoa
y doña Patricia Rueda Perelló, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y
sectores afectados por el incendio forestal declarado en la Sierra de
Mijas (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras
Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Patricia Rueda Perelló, Diputados.
181/001942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Jesús Requejo Novoa
y doña Georgina Trías Gil, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y
sectores afectados por el incendio forestal declarado en Herradón de
Pinares (Ávila)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras
Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Georgina Trías Gil, Diputados.
181/001943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Jesús Requejo Novoa
y doña Georgina Trías Gil, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y
sectores afectados por el incendio forestal declarado en Gemuño (Ávila)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras
Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Georgina Trías Gil, Diputados.
181/001944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez, don
Pedro Jesús Requejo Novoa y doña Georgina Trías Gil, en su condición de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y
sectores afectados por el incendio forestal declarado en Cebreros y Hoyo
de Pinares (Ávila)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras
Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Georgina Trías Gil, Diputados.
181/001945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez, don Pedro Jesús Requejo Novoa
y doña Georgina Trías Gil, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a los vecinos, familias y
sectores afectados por el incendio forestal declarado en Navalonguilla
(Ávila)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2022.-Ricardo
Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras
Peláez, Pedro Jesús Requejo Novoa y Georgina Trías Gil, Diputados.
181/001959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mireia Borrás Pabón, don Ricardo Chamorro Delmo, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo
Novoa, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Vicepresidente Tercera y Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Garantizarán las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1
de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del
transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas
de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia
energética del gas natural el suministro energético a las familias
españolas durante el próximo invierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2022-Mireia Borrás
Pabón, Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.
181/001960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mireia Borrás Pabón, don Ricardo Chamorro Delmo, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo
Novoa, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el
abastecimiento energético a las familias españolas el próximo invierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2022-Mireia Borrás
Pabón, Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.
181/001961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mireia Borrás Pabón, don Ricardo Chamorro Delmo, don Ángel López
Maraver, don Luis Gestoso de Miguel, doña María Magdalena Nevado del
Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo
Novoa, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Cómo va a facilitar el Gobierno que las pequeñas empresas y los autónomos
puedan cumplir con las medidas obligatorias que contempla el Real
Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad
económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de
reducción de la dependencia energética del gas natural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de agosto de 2022.-Mireia Borrás
Pabón, Ricardo Chamorro Delmo, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de
Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez
y Pedro Jesús Requejo Novoa, Diputados.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001964
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué medidas ha propuesto o va a proponer el Ministerio de Consumo para
reducir el precio de la factura del gas a los consumidores en los
próximos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001965
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuántos clientes has sido transferidos y a que comercializadora como
consecuencia de la inhabilitación de comercializadoras independientes de
electricidad por la crisis energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001966
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué actuaciones ha realizados el Ministerio de Consumo para garantizar
los derechos de los consumidores afectados por la inhabilitación de
comercializadoras independientes de electricidad por la crisis
energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001967
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuántos consumidores/clientes se han visto afectados por la
inhabilitación de comercializadoras independientes de electricidad por la
crisis energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001968
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué medidas ha propuesto o va a proponer el Ministerio de Consumo para
controlar la subida imparable se la inflación en España hasta finales de
2022 y reducir el coste de la cesta de la compra para los consumidores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001969
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué medidas ha propuesto o va a proponer el Ministerio de Consumo para
recuperar la confianza del consumidor, que ha ido desplomándose desde
hace meses hasta alcanzar en julio el nivel de 2008, fecha de la anterior
crisis económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001970
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Que actuaciones y soluciones ha propuesto el Ministerio de Consumo para
frenar y contrarrestar la escalada de la subida de precios al consumo en
el año 2022?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001973
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué propuestas ha hecho o tiene previsto hacer el MICO para garantizar el
suministro básico eléctrico y de gas a los consumidores en el hogar ante
la crisis del gas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001974
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuántos consumidores y en qué cantidad de se han visto afectados por los
'cargos normativos' en su factura de la luz, como consecuencia de la
implementación del tope para los precios del gas que se usa para generar
electricidad establecidos en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
181/001975
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Cuánto va a costar a los contribuyentes españoles la creación de la
Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador por parte
del Gobierno en el Real decreto 621/2022, por el que se modifica la
estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2022.-Carmen
Riolobos Regadera, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/001946
A la Mesa de la Comisión de Igualdad
Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada del Grupo Parlamentario
VOX.
Dirigida a la Ministra de Igualdad.
Texto:
¿Sobre qué base sostiene que no hace falta que una mujer pueda reflexionar
ni ser informada cuando se trata de tomar la decisión de acabar con la
vida humana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2022.-Lourdes Méndez
Monasterio, Diputada.
181/001962
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Marta González Vázquez, María Auxiliadora Pérez Díaz Beatriz
Álvarez Fanjul y Edurne Uriarte Bengoechea.
Texto:
¿Considera el Gobierno que el apaleamiento con un bate de béisbol sobre el
escenario del Festival 'El Orgullo de Ripollet' -financiando, en parte,
por el Ministerio de Igualdad- de dos figuras con las caras de Isabel
Díaz Ayuso y Santiago Abascal es acorde con los objetivos políticos de
dicho ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2022.-Marta
González Vázquez, María Auxiliadora Pérez Díaz, Beatriz Álvarez Fanjul y
Edurne Uriarte Bengoechea, Diputadas.
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género
181/001896
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Rosa Romero Sánchez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 4.200 del Eje 4
'Garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por
violencia de género a través del reconocimiento expreso (a efectos de la
generación del derecho a la pensión de orfandad) de que la madre causante
víctima de violencia de género sea considerada en alta o situación
asimilada a la de alta; y aplicar un incremento de hasta el 70 % de la
base reguladora en el caso de que la madre sí cumpliese los requisitos
mínimos de cotización, cuando los ingresos de la unidad familiar de
convivencia se situaran por debajo del 75 % del Salario Mínimo
Interprofesional'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2022.-Rosa María
Romero Sánchez, Diputada.
181/001900
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 7.244 del Eje 7
'Instar al Gobierno de España a liderar, en el ámbito de la UE, la
promoción de un Pacto sobre medios de comunicación y violencia de
género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001901
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 7.245 del Eje 7
'Mejorar, en colaboración y con respecto a las competencias de las
Comunidades Autónomas, la progresiva adaptación de los recursos de apoyo
y atención, como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer
independientemente de su diversidad funcional/discapacidad'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001902
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 7.246 del Eje 7
'Promover un sistema acreditativo de centros contra la violencia de
género, identificando aquellos centros públicos o privados,
educativos, sanitarios o de cualquier otro ámbito, en los que se dé
especial importancia a la prevención y detección de la violencia de
género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001903
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 7.247 del Eje 7
'Trasladar al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de que se
evalúe la formación en materia de igualdad de jueves y juezas y fiscales,
así como el grado de cumplimiento y alcance de estas medidas de
formación'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001904
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 7.248 del Eje 7
'Acordar con la Comisión Nacional de Estadística Judicial la modificación
de los boletines estadísticos judiciales sobre violencia de género (con
el fin de ampliar indicadores de seguimiento de la respuesta judicial a
todas las formas de violencia contra las mujeres)'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001905
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 7.249 del Eje 7
'Instar a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio
sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando
víctima y agresor figuran como responsables de crédito hipotecario a
efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la
legislación para evitar situaciones de violencia económica'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Alicia García
Rodríguez, Diputada.
181/001906
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.283 del Eje 10
'Modificar la LO 1/2004 para que en sus artículos 16 y 30 (relativos al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al OEVM), se
recoja la obligatoriedad de remitir a la Comisión de Seguimiento del
presente Pacto, con periodicidad anual, los informes sobre la evolución
de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos en los que se
establezca en la misma ley'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001907
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.284 del Eje 10
'Imponer la obligación de que las actuaciones incluidas en las
estrategias o planes nacionales para erradicar todo tipo de violencia
contra las mujeres, sean evaluadas en los términos fijados en las propias
estrategias y planes, y que los resultados de las mismas sean presentados
en el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto con una moratoria no
superior a un año'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001908
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.285 del Eje 10
'Establecer las medidas y mecanismos oportunos para que, a través de
fichas específicas, se realice el seguimiento y evaluación de los
créditos presupuestarios destinados a sufragar las políticas integradas
en el Pacto contra la Violencia Machista por las diferentes
administraciones, organismos y entidades públicas participantes, así como
de la consecución de los objetivos para los que fueron realizadas estas
asignaciones'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001909
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.286 del Eje 10
'Requerir a la Delegación del Gobierno para la Violencia de género la
remisión a la Comisión de Seguimiento del Pacto con carácter anual de un
informe sobre el desarrollo y aplicación del Plan Nacional de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001910
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.287 del Eje 10
'Requerir a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para
que remita con carácter anual a la Comisión de Seguimiento del Pacto y
haga públicos en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, los datos de las campañas de sensibilización
realizadas, desagregadas por inserciones así como el número de impactos
por medio y sus respectivas partidas presupuestarias'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001911
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.288 del Eje 10
'Comisión Mixta de seguimiento que evaluará anualmente el presupuesto
destinado por las diferentes Administraciones'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001912
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.289 del Eje 10
'Finalizado el periodo de duración del Pacto de Estado, a los cinco años,
se evaluarán los resultados y aplicación del mismo por parte de la
Comisión Mixta de seguimiento'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001913
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.290 del Eje 10
'Todas las reformas se llevarán a cabo con escrupuloso cumplimiento de
las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2022.-Beatriz
Álvarez Fanjul, Diputada.
181/001914
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Beatriz Álvarez Fanjul.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 10.282 del Eje 10 'Se
propone la constitución, como Comisión Permanente no legislativa del
Congreso de los Diputados, de una Comisión de seguimiento y evaluación de
los acuerdos del Pacto. Con este fin se incluirá la creación de esta
comisión parlamentaria en la futura modificación de la LO 172004. En
tanto no se produzca esta modificación, la creación de la Comisión deberá
acordarse por el procedimiento previsto en el artículo 50 del Reglamento
de la Cámara. La creación de la Comisión de Seguimiento atiende a la
necesidad de estar permanentemente atentos al cumplimiento de los
acuerdos alcanzados en la Subcomisión para un Pacto en materia de
Violencia de Género. Además, busca establecer un sistema que permita la
revisión y actualización de las recomendaciones del mismo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2022.-Beatriz Álvarez
Fanjul, Diputada.
181/001917
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.265 del Eje 8
'Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de
concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001918
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.266 del Eje 8
'Difundir por parte de las Administraciones Públicas información sobre
violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y los
derechos que las asisten'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001919
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.267 del Eje 8
'Establecer un sistema de análisis estadístico que recoja las violencias
machistas que sufren las mujeres que ejercen la prostitución'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001920
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.268 del Eje 8
'Implementar instrumentos de protección de emergencia para las víctimas
de matrimonio forzado'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001921
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.269 del Eje 8
'Identificar y eliminar las trabas existentes para la obtención del
derecho de asilo de las víctimas de matrimonio forzado'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001922
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.270 del Eje 8
'Mejorar la información a las víctimas de Trata, también sobre el derecho
de asilo'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001923
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.271 del Eje 8
'Identificación de las víctimas. Cumplimiento de la Instrucción del
Cuerpo Nacional de Policía que indica que la Policía vaya acompañada
por ONG's cuando realiza intervenciones en este ámbito. Acompañada
preferentemente por supervivientes o mediadoras que saben cómo tratar y
ayudar a las víctimas. Reforzar las Unidades de Rescate: Con equipos
multidisciplinares y con supervivientes de la Trata'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001924
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.272 del Eje 8
'Estudiar con las Comunidades Autónomas la posibilidad de implantar
turnos de oficio especializados en la protección de víctimas de trata en
las distintas Comunidades Autónomas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001925
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.260 del Eje 8
'Intensificar la cooperación internacional en materia de trata de
personas con fines de explotación sexual, aumentando los fondos de
cooperación internacional para facilitar la labor de detección de casos y
el posterior apoyo a las víctimas retornadas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001926
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.255 del Eje 8
'Fomentar la investigación en violencias sexuales: estudios diagnósticos,
desarrollo estadístico, unificación de datos y publicidad de los mismos.
Realizar estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los
tipos de violencias sexuales'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001927
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.256 del Eje 8
'Incluir nuevos haremos e indicadores en la Macroencuesta de la
Delegación del Gobierno para la violencia de género, sobre todos los
tipos de violencia sexual. Asimismo, recomendar a los diferentes
observatorios la inclusión de dichos indicadores, con especial atención
al llamado 'acoso callejero''?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001928
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.257 del Eje 8
'Impulsar la aprobación de una LO 1/2004 de lucha integral y
multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la
prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la
eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios
y programas de protección social y recuperación integral de las
víctimas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001929
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.258 del Eje 8
'Plasmar, en indicadores objetivamente verificables, el enfoque integral
de derechos humanos que contempla el Plan Integral de Lucha contra la
Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018,
durante la realización de informes de seguimiento y evaluaciones finales,
los cuales deberán remitirse a la Comisión de Seguimiento del Pacto'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001930
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.259 del Eje 8
'Modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a
testigos y peritos en causas criminales, para mejorar la protección de
víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001931
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.260 del Eje 8
'Intensificar la cooperación internacional en materia de trata de
personas con fines de explotación sexual, aumentando los fondos de
cooperación internacional para facilitar la labor de detección de casos y
el posterior apoyo a las víctimas retomadas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001932
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.262 del Eje 8
'Reforzar la persecución de oficio del delito de trata, y poner en marcha
servicios y programas de protección social y recuperación integral de las
personas que han sido explotadas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001933
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.263 del Eje 8
'Evaluar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones, para que se protejan los
derechos humanos básicos de las víctimas de trata a pesar de la estancia
irregular'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
181/001934
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué grado de ejecución y desarrollo tiene la medida 8.264 del Eje 8
'Realizar un estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las
respuestas operativas que deben implementarse para que las
actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en
espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas
las viviendas'?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2022.-Carmen Riolobos
Regadera, Diputada.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001916
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputado don Óscar Gamazo Micó.
Texto:
¿Va el Gobierno a autorizar un nuevo Plan de Productividad Adicional para
la reducción de la bolsa de Exámenes Prácticos del Permiso de Conducir de
la Jefatura Central de Tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2022.-Óscar Gamazo
Micó, Diputado.
181/001979
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Diego José Gago Bugarín, don Teodoro García Egea, don Óscar
Gamazo Micó, don Javier Bas Corugeira, don Jaime Miguel Mateu Istúriz,
don Joaquín María García Díez, don Juan José Matarí Sáez y Diputadas doña
Tristana Moraleja Gómez y doña Paloma Gázquez Collado.
Texto:
¿Que medidas está llevando a cabo el Gobierno para atajar el problema del
envejecimiento del parque automovilístico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2022.-Diego José
Gago Bugarín, Teodoro García Egea, Óscar Gamazo Micó, Javier Bas
Corugeira, Jaime Miguel Mateu Istúriz, Joaquín María García Díez, Juan
José Matarí Sáez, Tristana María Moraleja Gómez y Paloma Gázquez Collado,
Diputados.